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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 111, de 20/03/2018
cve: DSCD-12-PL-111
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 111
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 106
celebrada el martes,
20 de marzo de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 200-1, de 2 de febrero de 2018. (Número de expediente 122/000168) ... (Página4)

- De los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 173-1, de 10 de noviembre de 2017. (Número de expediente 122/000139) ... (Página13)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de la edad para contraer matrimonio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 309, de 2 de marzo de 2018. (Número de expediente 162/000611) ... (Página24)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a celebrar un debate de estado de la Nación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 288, de 26 de enero de 2018. (Número de expediente 162/000569) ... (Página33)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el modelo educativo del Gobierno. (Número de expediente 173/000083) ... (Página41)


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página49)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Modificación del orden del día ... (Página4)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la situación de la vivienda en alquiler, sea debatida en primer lugar en el apartado correspondiente.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía ... (Página13)

Defienden la toma en consideración la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Lorenzo Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Proposiciones no de ley ... (Página24)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de la edad para contraer matrimonio ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley la señora Heredia Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rodríguez Martínez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bataller i Ruiz, y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Heredia Martín.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a celebrar un debate de estado de la Nación ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley el señor Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Iglesias Turrión.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página41)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el modelo educativo del Gobierno ... (Página41)

Defiende la moción el señor Díaz Trillo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca haciendo uso del turno de fijación de posiciones, y Miquel i Valentí en defensa de su enmienda, así como la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y las señoras Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Trillo.


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) .... (Página49)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones, se aprueba por 205 votos a favor más 1 voto telemático, 206; 126 en contra más 1 voto telemático, 127, y 4 abstenciones más 1 voto telemático, 5.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se rechaza por 93 votos a favor más 1 voto telemático, 94, y 243 en contra más 2 votos telemáticos, 245.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de la edad para contraer matrimonio, se rechaza por 130 votos a favor, 203 en contra y 3 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a celebrar un debate de estado de la nación, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se aprueba por 207 votos a favor y 129 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el modelo educativo del Gobierno, se rechaza por 81 votos a favor, 163 en contra y 92 abstenciones.

Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que figura en el orden del día como punto 24 sea debatida en primer lugar en el apartado correspondiente a las interpelaciones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE CONTROL POLÍTICO DE LAS CORTES GENERALES DE LOS ACTOS Y OMISIONES DEL GOBIERNO Y DEL GOBIERNO EN FUNCIONES. (Número de expediente 122/000168).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración proposiciones de ley, en concreto la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Vasco trae a este Pleno la toma en consideración de la modificación de la Ley del Gobierno y de la Ley del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado para que, respectivamente, en estas leyes se refleje de manera nítida y expresamente que todos los actos y omisiones del Gobierno, incluso del que se encuentra en funciones, están sometidos al control de las Cortes Generales. Aprovecho el inicio de esta intervención y como paréntesis para señalar que en la proposición se contiene un error material, pues las referencias que se hacen al artículo 26 deberán entenderse realizadas al artículo 29 de la Ley del Gobierno. También, como decía, se propone que esa obligación de someterse al control de las Cortes incumbe al resto de autoridades y altos cargos de la Administración General del Estado, sin perjuicio de que el Gobierno se encuentre en funciones, lo cual podría parecer una perogrullada, como coloquialmente se dice, ya que la Administración General del Estado no depende de la confianza de la Cámara. Pero se hace precisa esta aclaración para salir al paso de las tesis del Gobierno, que sostuvo que mientras se encuentra en funciones sus altos cargos no pueden verse sometidos a iniciativas de control de estas Cámaras. Como recordarán, señorías, esta Cámara tiene planteado un conflicto de atribuciones con el Gobierno para que se declare que cuando se encuentra en funciones también queda sometido al control previsto en el artículo 66 de la Constitución, lo que no es óbice para que en ejercicio de la iniciativa legislativa se perfile este criterio nítida y expresamente en el ordenamiento jurídico a través de las modificaciones propuestas. No tenemos, por nuestra parte, duda alguna -como luego argumentaremos- de que las facultades de control de las Cámaras sobre el Gobierno no quedan afectadas porque este se encuentre cesante, pero no podemos dejar de decirlo en todas y cada una de las normas que proceda, pues el Gobierno, contraviniendo el principio de lealtad constitucional, ha buscado apoyatura, retorciendo el ordenamiento jurídico, en esa falta de deber expreso. Falta de concreción que también se encuentra en la misma Constitución acerca de cuáles han de ser las atribuciones y limitaciones del Gobierno en funciones y que el legislador ordinario ha realizado en la Ley del Gobierno. Procede ahora, por tanto, que la Ley del Gobierno concrete y explicite, lo mismo que se hizo con las atribuciones y limitaciones del Gobierno cesante, que sus actos y omisiones también se encuentran sometidos al control de estas Cámaras, las Cortes Generales. Obligación que, por otra parte, se colige de manera indubitada de la misma Constitución y que debe poder leerse sin necesidad exegética alguna, por simple que esta sea, en la Ley del Gobierno, pues esta falta de referencia expresa a los controles a que debe someterse cuando se encuentra en funciones ha sido aprovechada por un Gobierno insumiso para escapar durante trescientos catorce días al control de las Cortes Generales y esta situación, señorías, no puede volver a repetirse en el futuro.

El Gobierno en funciones debe tener en la Ley del Gobierno un mandato expreso, sin lugar a duda, de su obligación de someterse al control de las Cámaras. Esta es una obligación que deriva de la legitimidad democrática y el carácter representativo de las Cortes Generales y no de la existencia de una relación de confianza, como el Gobierno sostiene. En nuestro Estado democrático todos los poderes emanan del pueblo -artículo 1 de la Constitución- y a este le representan las Cortes Generales, que ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno -artículo 66-. Esta función de control de la acción del Gobierno lo es, independientemente de que el Gobierno sea cesante o se encuentre en plenitud tras una confianza otorgada, en virtud del necesario y obligado equilibrio y balance entre los distintos poderes del Estado y en virtud del mismo fundamento de toda la Constitución, ya que su artículo 1 establece un Estado democrático, representativo de la soberanía popular a través de las Cortes, que adquieren, por esa misma función representativa, todas sus funciones constitucionales, sin que puedan quedar mermadas las relativas al control del Gobierno porque este se encuentre en funciones, sin perjuicio -claro está y como es obvio- de que si este tiene disminuidas sus funciones por su situación cesante el control deberá ser coextenso a esas funciones que restan al Gobierno tras haber cesado por cualquiera de los motivos contemplados en el artículo 101 de la Constitución. Asimismo, señorías, la facultad de control de las Cortes sobre el Gobierno a que se refiere el artículo 66 no se identifica, como pretende el Gobierno de manera torticera, con el control que pudiera desenvolver esta Cámara -que no el Senado-, artículo 108, y del que pudiera derivarse responsabilidad del Gobierno por su gestión política, consistente en el cese de su Gobierno y de su presidente, como se recoge en el artículo 101, consecuencia que, como es obvio, solo puede producirse previa investidura del presidente del Gobierno, investidura en la que se extiende la legitimidad democrática desde el Congreso al Ejecutivo por lo que, como corolario, este último tiene responsabilidad ante quien le ha otorgado la confianza si se ve defraudada y decide retirarla con un moción de censura o ratificarla tras la presentación de una moción


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de confianza. Por lo tanto, señorías, las Cortes, una vez constituidas, ejercen en plenitud todas sus facultades, incluidas las de control sobre la acción del Gobierno y sin que puedan exigir responsabilidad política a través de un control sanción que suponga pérdida o ratificación de la confianza ni tampoco proyectar el control fiscalización más allá de las atribuciones que al Gobierno en funciones se le reconocen por la Ley de Gobierno.

Pero lo que resulta inadmisible es el retorcimiento hasta lo absurdo que realizó el Gobierno para eludir las facultades de estas Cortes que lo pretendían someter al llamado control fiscalización a través de interpelaciones y mociones, preguntas, comparecencias o petición de información, sosteniendo que la legitimación política de las Cortes no se correspondía con la del Gobierno, que procedía de una investidura otorgada por una mayoría parlamentaria anterior que caducó tras las elecciones. Señorías, además de que en un sistema de Gobierno parlamentario el vínculo entre el Gobierno en funciones y las Cámaras es institucional y no personal entre los que votaron al presidente y este último, la facultad de control de las Cámaras, amparada en el artículo 66 de la Constitución, el llamado control fiscalización, como hemos expuesto, no necesita de investidura, sino simplemente de la existencia de las Cámaras una vez constituidas, caso de haber sido disueltas, o de la Diputación Permanente para las situaciones de interinidad y no supone que la división de poderes quede hibernada, ni que las Cortes queden en suspenso, ni que el Gobierno deje de existir. El Gobierno entra en funciones como consecuencia de los principios de responsabilidad y continuidad hasta la toma de posesión del siguiente y las Cámaras controlan su actividad con el alcance de las atribuciones que el Gobierno cesante disponga durante esta interinidad.

Señorías, en un régimen democrático no cabe poder sin control ni un sistema de Gobierno parlamentario en el que el Ejecutivo quede libre de fiscalización de las Cámaras. Lo contrario sería aceptar que un órgano constitucional pueda actuar sin contrapeso o que durante el periodo de Gobierno en funciones no existe división de poderes, sin que el Parlamento pueda constatar que aquel cumple sin excederse o sin dejación las funciones que le corresponden y sin que, en su caso, pueda evitar que el Gobierno saliente se proyecte en el futuro y perturbe la orientación y acción del inminente equipo gubernamental. La acción gubernamental en un régimen democrático está en permanente fiscalización para que la opinión pública la visualice y esto es lo que precisamente confiere legitimidad democrática a la actuación gubernamental, incluso cuando está en funciones. Incluso en los estados de alarma, excepción y sitio, que podríamos calificar de situaciones jurídicas extremas, la misma Constitución en su artículo 116 no excluye la responsabilidad del Gobierno y su control, con muchos menos motivos cabe excluirla en situaciones de normalidad constitucional que se producen en los sistemas de Gobierno parlamentarios cuando procede renovar el Gobierno tras su cese.

Voy finalizando. Razones de legalidad constitucional expuestas; razones políticas que constatan la grave anomalía democrática que supone un Gobierno sin control; razones de seguridad jurídica a la que repugnan que pueda sostenerse la existencia de espacios vacíos dentro del artículo 66 de la Constitución; razones para evitar la autoatribución del Gobierno de la función de control de las Cámaras indicando a estas cuándo, cómo y dónde, si en Pleno o Comisión, procede dicho control, articulando comparecencias a petición y negando los controles requeridos, es decir, un control a la carta; razones de lealtad institucional; razones de sentido común y también razones del ius officium que nos corresponde como representantes de la soberanía popular reclaman, a juicio de este grupo parlamentario, que se tome en consideración la iniciativa que se presenta, sin perjuicio de las mejoras que se consideren oportunas en el trámite de enmiendas.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Esta iniciativa del Grupo Vasco incide en la cuestión ya planteada durante la fallida XI Legislatura sobre la obligación o no del Gobierno de la nación a someterse al control parlamentario mientras se encuentre en funciones; es decir, en la etapa que media entre la celebración de elecciones generales y la investidura de un nuevo presidente. Como ha recordado el señor Legarda, en los meses del año 2016 en que se prolongó aquella situación, inédita en la historia de España, se produjo un conflicto de atribuciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, con informes jurídicos asumidos respectivamente por las mesas


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del Congreso y del Senado que fueron contrapuestos por los del Gobierno en funciones con el argumento de que solo debía responder, en su caso, ante la representación del pueblo que lo invistió.

Ante la disparidad de opiniones jurídicas, consideramos necesaria la inapelable interpretación del Tribunal Constitucional para que se proporcione aclaración definitiva ante un supuesto que no se había dado nunca en los treinta y ocho años de período democrático y que también puede tener derivadas extrapolables en las comunidades autónomas, no así en los ayuntamientos, donde es sabido que, ante la falta de acuerdo para elegir a un alcalde por mayoría absoluta, gobierna automáticamente el candidato de la lista más votada en las elecciones municipales. En Foro nos parece que esa es una buena fórmula a explorar para evitar en el futuro los riesgos de repetición de otra parálisis política como la que se produjo en prácticamente todo el año 2016 y que fue consecuencia del irresponsable bloqueo a la práctica de investir al candidato del partido más votado por los españoles, tal y como había sucedido en todas las legislaturas anteriores, y todo ello para rebuscar mayorías aritméticas parlamentarias muy forzadas para tratar de investir a un candidato perdedor avalando, además, sus propios giros copernicanos sobre lo que se había comprometido en campaña.

Me abstendré en la votación, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Esta proposición tiene tanto, tanto sentido común que creo que no deberíamos estar ni discutiéndola. Mire si tiene sentido común que el Partido Popular no ha salido a utilizar el turno en contra, lo cual dice mucho de que esto se cae del cielo de tanto sentido común como tiene. Y tiene tanto sentido común que el informe de los letrados lo dice así, que la interpretación de la Constitución también es así. Yo ya sé que cuando uno gobierna preferiría no tener ningún control, hacer lo que le da la gana y que nadie lo controlara, pero afortunadamente estamos en una democracia y las democracias son justamente para eso, para que los que estamos aquí controlemos a los que están ahí. Eso es así y no tiene vuelta de hoja. ¿Hay que controlar al Gobierno en funciones? Pues claro, en el momento en que está en funciones es justamente cuando más hay que controlarlo porque ha perdido una parte de su legitimidad y somos justamente los que estamos aquí, elegidos en la nueva Cámara, los que tenemos la nueva legitimidad de los ciudadanos. Por tanto, claro que tenemos que controlar al Gobierno, eso es de cajón, y si no podemos controlar al Gobierno una parte de la democracia se está yendo por el desagüe. Por tanto, es legítimo que se tenga que controlar al Gobierno, eso lo entiende hasta un chaval de sexto de primaria. Además, si un Gobierno toma decisiones, los demás lo tendremos que controlar, ¿o tiene que tomar decisiones y los demás solo tenemos que aplaudir? Claro que tenemos que controlar y decir si estamos de acuerdo o no; en definitiva, controlar al Gobierno. Esa es justamente la esencia de la democracia. Y las limitaciones que marca la ley justamente las tiene que tener ese Gobierno que de alguna manera ha perdido la legitimidad. Las limitaciones nunca, nunca puede tenerlas la nueva Cámara, que está plenamente legitimada por las recientes elecciones que los han traído aquí. Por lo tanto, sentido común o, como dirían, "de cajón" que esto se tenga que aprobar. Y espero que el Partido Popular tenga, en fin, sentido común también para aprobar esta proposición.

Moltes gràcies.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gràcies, presidenta.

Buenas tardes. Bona tarda. Avanzo que vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) básicamente por dos motivos que creemos que son de sentido común. El primero es que si cuando un Gobierno está en funciones plenas debe someterse al control de esta Cámara en sus funciones plenas, cuando un Gobierno tenga las funciones limitadas debe someterse al control de esta Cámara en sus funciones, en este caso, en este periodo, limitadas. Lo que no puede suceder es que en trescientos días un Gobierno no comparezca aquí a dar explicaciones sobre lo que está haciendo. Y el segundo es que estamos en total desacuerdo con la lectura que hizo el Gobierno de los hechos normativos que le permitieron, a su juicio, no comparecer en esta Cámara, como he dicho, por más de trescientos días. Por eso consideramos oportuna esta iniciativa, que favorece que en próximas ocasiones, cuando el


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Gobierno se encuentre en una situación parecida a la que dejamos atrás, no pueda acogerse a ninguna ambigüedad para no comparecer en esta Cámara y dar explicaciones a sus actuaciones políticas. Por eso, como decía, vamos a apoyar desde el Partit Demòcrata esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja i Ciuró.

El señor ERITJA I CIURÓ: Gracias, presidenta.

Señorías, durante la legislatura fallida de 2016 el Gobierno del Partido Popular buscó eludir el control parlamentario de las Cámaras alegando que como Gobierno en funciones no debía someterse al control. El argumento solo se sostenía en el hecho de que no existía relación de confianza con las nuevas Cámaras pues no lo habían investido presidente. Esto llegó al Tribunal Constitucional, que tampoco resolvió el problema y en cambio aceptó estimar una petición del Gobierno que en la práctica permite al Ejecutivo en funciones seguir eludiendo el control parlamentario.

Resulta evidente que el Gobierno, por muy en funciones que esté, no deja de gobernar y por lo tanto dirige incluso la Administración General del Estado, acude a cumbres europeas y toma decisiones, y también comete errores. Por poner un ejemplo, recuerden que entonces se tomaron decisiones tan trascendentales como la aprobación por el Consejo de Ministros de los doce planes hidrológicos correspondientes al segundo ciclo de planificación 2015-2020, un elemento de debate imprescindible en el que hoy en día estamos todavía trabajando y debatiendo.

Si un Gobierno en plenas funciones debe someterse al control de las Cortes Generales por sus actuaciones respondiendo a las preguntas de la oposición, con más motivo un Gobierno en funciones, que tiene limitadas sus actuaciones, debería rendir más y mejores cuentas a las Cámaras de su actuación. De hecho, es una cuestión de buena praxis y en definitiva de calidad democrática en una de las funciones principales de las Cortes. De hecho, esta PNL, como han apuntado otros compañeros, no debería haber sido necesaria. En una democracia consolidada ningún Gobierno reniega del control parlamentario, es una de las bases de la democracia. Sin embargo, ya sabemos cómo actúa el Partido Popular: retuerce la interpretación de la ley para fines particulares y no precisamente para el interés público.

Recientemente se nos ha acusado al independentismo de forzar el Reglamento del Parlament de Catalunya para fines particulares. Lo más curioso es que son palabras que vienen de verdaderos profesionales capaces de retorcer la ley hasta límites insospechados. Reconozco que ante esos verdaderos expertos uno se siente empequeñecido. Pero no solo la retuercen sino que, como hemos visto con la aplicación del artículo 155 en Catalunya, son capaces de superar incluso el marco democrático del propio Estado de derecho. De hecho, cada día que pasa la comunidad internacional se sorprende más del grado de cinismo que demuestra el Gobierno del Estado ante anomalías democráticas de este tipo. Por todo ello, pero sobre todo por coherencia democrática, apoyamos esta PL presentada por el Partido Nacionalista Vasco y esperamos que cuando sea aprobada sirva para evitar que en un futuro algún Gobierno actúe como lo hizo el Partido Popular y eluda el control parlamentario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Fueron trescientos dieciséis los días que España tuvo un Gobierno en funciones; todavía lejos del récord que estableció Bélgica en quinientos cuarenta y un días, pero trescientos dieciséis es sin duda una cifra importante, es casi un año. Por hacer una comparación, es más del triple del periodo de cortesía que se da a un nuevo Gobierno antes de evaluar y criticar sus primeras actuaciones. Fueron trescientos dieciséis días sin control parlamentario de su actividad. Esta proposición de ley tiene por objeto aclarar que el Gobierno, aun estando en funciones, habrá de someterse al control político de las Cortes Generales. Además, para el caso de los altos cargos de la Administración General del Estado este deber se contempla como un principio cuya inobservancia podría dar lugar a sanciones. Busca dar respuesta al criterio que mantuvo el Gobierno tras la renovación de las Cámaras en la XI Legislatura para no someterse al control de las Cortes establecido en aquella infausta nota sobre el control del Gobierno en funciones elaborada


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por la Dirección General de Relaciones con las Cortes y que se resumía en: no procede porque no hay relación de confianza entre el Gobierno y las Cortes, el despacho ordinario de los asuntos carece de interés político, las actuaciones de urgencia o de interés general que exceden ese despacho ordinario de los asuntos solo podrán valorarse por el Poder Judicial. Lo sucedido a continuación lo conocen bien sus señorías: a pesar de que una amplia mayoría de esta Cámara, con la excepción del Grupo Popular, aprobó plantear el correspondiente conflicto de atribuciones, el Gobierno mantuvo su criterio y rechazó el requerimiento del Congreso, lo que llevó a que el 10 de mayo de 2016 la Mesa de la Diputación Permanente decidiera llevar el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, y que todavía está pendiente. Los argumentos que allí se recogieron pueden mantenerse para defender y apoyar esta proposición de ley, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional siente en última instancia los términos de esta controversia.

En primer lugar, la función de control del Gobierno por el Parlamento es un principio básico de todo sistema parlamentario que se asienta en el carácter representativo de las Cortes y que no deriva, por tanto, de una relación de confianza entre el Gobierno y esas Cortes. Nuestra Constitución lo dice claramente: las Cortes Generales representan al pueblo español y, como tales, controlan la acción del Gobierno. Sin matices ni excepciones. Esta Cámara tiene claro que no puede exigir responsabilidad política a un Gobierno en funciones -no tendría sentido presentar una moción de censura contra un Gobierno en situación de interinidad- ni tampoco exigirla por sus actuaciones cuando estaba en plenitud de sus facultades, lo que correspondería hacer a las Cortes anteriores, pero sí por lo que hacía o dejaba de hacer como tal Gobierno en funciones. No podemos olvidar que, aun teniendo sus competencias limitadas por razón de esa interinidad, el Gobierno sigue siendo Gobierno; sigue siendo Gobierno y tiene que adoptar, sobre todo en situaciones en las que la interinidad pueda prolongarse, decisiones importantes con contenido político, decisiones en las que influyen criterios de oportunidad, decisiones que no son de puro trámite y que no están totalmente regladas, decisiones, por tanto, sobre las que solo cabe un control político, no meramente jurídico o legal. Pero es que, además, el control al Gobierno trasciende la exigencia de responsabilidad política. En ocasiones será necesario que las Cortes Generales exijan información o reclamen del Gobierno explicaciones por acciones u omisiones ante cuestiones que debe afrontar como tal Gobierno en funciones. En consecuencia, en nuestra democracia no podemos aceptar -ni amparada en nuestro derecho constitucional, ni por lógica, ni por sentido común- la idea de un Gobierno sin control, por mucho que este se encuentre en funciones.

Señorías, durante casi todo 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy provocó una auténtica anomalía constitucional al no someterse al control de las Cortes. Un Gobierno en funciones, un Gobierno limitado que sin embargo tuvo la osadía de erigirse en intérprete de la Constitución y privar a esta Cámara de una de las potestades que le confiere el artículo 66 de nuestra Carta Magna. Una anomalía agravada por el hecho de que ni siquiera los funcionarios ni altos cargos de la Administración General del Estado se sometieron a este control por indicación del propio Gobierno, una tesis inadmisible. Una Administración debe servir siempre con objetividad al interés general. Una Administración nunca puede entenderse en funciones. Era el Gobierno el que se encontraba en esa situación de interinidad; ni lo estaba la Administración ni lo estaba esta Cámara ni lo estaban nuestras Cortes Generales. (Aplausos). Por todo lo cual, nuestro voto será favorable a esta iniciativa, con independencia de que podamos introducir alguna mejora técnica a su redacción original.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.

La señora ELIZO SERRANO: Gracias, presidenta.

Diputadas y diputados, esta iniciativa del PNV apunta al núcleo de qué tipo de democracia tenemos y el tipo de democracia que queremos. Nos toca hablar de calidad democrática, de modelo de Estado y de división de poderes. La crisis ha servido como excusa para recortar el marco democrático. Hemos visto cómo la democracia se ha ido desvirtuando a través de la excepcionalidad constante. Con la excusa de la gobernabilidad y de los acuerdos de Estado se han vulnerado de forma sistemática los grandes acuerdos de modelo democrático. El Ejecutivo ha desbordado sus competencias, inundando poco a poco los demás poderes del Estado, empezando por el Judicial y terminando por el Legislativo.


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Desde que el modelo económico del PSOE y del PP se hizo insostenible, se utilizó la crisis y sus graves estragos en el país para quebrar de forma sistemática las conquistas históricas, las magras conquistas históricas que las movilizaciones de los ochenta consiguieron. Hablamos de derechos sociales y de modelo de convivencia. Esta práctica continúa siendo habitual en esta legislatura y doblega la voluntad popular representada aquí en las Cortes Generales a la voluntad del Gobierno. El veto presupuestario no es el único gesto que ha demostrado que en realidad es el propio Gobierno quien controla las Cámaras. En 2016, durante el Gobierno en funciones de Rajoy, desde la Moncloa se han rechazado varias comparecencias de ministros en Comisión; comparecencias convocadas por el Congreso y respaldadas por los mecanismos de balance de poderes recogidos en la propia Constitución. ¿Cómo es posible que un Gobierno en funciones se atreva a menospreciar la división de poderes? Pues bien, esto se ha hecho retorciendo la interpretación de los artículos que regulan el control parlamentario al Gobierno, el artículo 108 y el artículo 110 de la Constitución española.

Cuando hablamos de control al Gobierno, estamos hablando de la base de nuestro sistema democrático, de la calidad democrática que queremos para nuestro país. Por eso creemos que la división de poderes, como indica la Constitución, debe ser efectiva y garantizada. Un Gobierno sin control es un Gobierno que no tiene responsabilidad política y, por tanto, antagonista de lo que debe representar un Gobierno en democracia. Esta situación es verdaderamente preocupante. La división de poderes está perdiendo la batalla y esto es parte de un proceso mucho más amplio. Aprovechando la crisis se ha forzado una deriva democrática donde se judicializan los problemas políticos, se politiza la justicia y se ahogan los mecanismos de control sobre el Ejecutivo que son competencia de las Cortes. El Poder Legislativo ha sido vaciado de mecanismos de control efectivo y el Gobierno no solo no es controlado efectivamente por nadie, sino que este controla la actividad de las Cámaras por medio de los vetos presupuestarios. Este intencionado desbarajuste democrático ha llegado a generar un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, resuelto en la imposición del Gobierno por la vía judicial y chocando con el artículo 66 de la propia Constitución. Estamos viviendo cómo el Gobierno retuerce la Constitución para imponerse al Legislativo desde una minoría, está arrinconado el espacio político de la oposición, que suma una representación social mucho mayor que la del grupo parlamentario del Gobierno. Hoy el músculo del Ejecutivo está hipertrofiado, y no solo atenta contra la potestad legislativa sino también contra la misma división de poderes, lo que nos aleja de un Estado democrático de derecho. La imposibilidad de ejercer control político probablemente es un síntoma de la transitoriedad con la que se está pensando el sistema democrático español. En 2016, los ministros de Defensa y de Economía se negaron a comparecer en el Congreso de los Diputados y se cristalizó la irresponsabilidad política del Gobierno en funciones de Rajoy. Necesitamos un modelo de Estado en el que el balance de poderes se tome en serio y en el que la política se vuelva a llenar de contenido y de significante.

Voy a poner varios ejemplos de los que se sustrajeron las competencias del Gobierno en funciones en 2016 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Se tomaron estas decisiones: La deportación de refugiados a Turquía después de que este Congreso apruebe una posición común en contra el 16 de marzo de 2016. Anunciaron recortes de 2000 millones en los presupuestos generales de 2016 para recortar el déficit público, 15 de abril de 2016. Llevaron al Constitucional la Ley sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 22 de abril de 2016. Llevaron al Constitucional el impuesto sobre las viviendas vacías, 22 de abril de 2016. Se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Castilla-La Mancha para impedir la jornada laboral de treinta y cinco horas a los funcionarios, 3 de mayo de 2016. En el marco de la urgencia, se tomaron decisiones evadiendo cualquier control político y fuera de las competencias legales para un Gobierno en funciones y sin control. Necesitamos un Gobierno que sea leal a las necesidades sociales y no a intereses partidistas. Necesitamos una democracia respetuosa con los valores constitucionales y obligada con sus compromisos de representación y eso solo se logra con un control efectivo al Gobierno. El Grupo Confederal cree que no solo hay que establecer reglas de control efectivo al Gobierno en funciones, sino que también es necesario revisar todos los mecanismos actuales; revisar la funcionalidad de las PNL, mociones e interpelaciones para que estas no se queden en estos actos parlamentarios vacíos de contenido. Como decía anteriormente, esta iniciativa es fundamental para la calidad democrática de España y por tanto votaremos a favor. Creemos que es imprescindible que se entienda que la desvirtualización del Poder Ejecutivo se traduce en un abuso institucional, que un Ejecutivo plenipotenciario asfixia el espacio democrático y que únicamente con la disminución del exceso de testosterona política podremos rescatar la democracia dentro del marco constitucional en el que nos encontramos.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para explicar el voto afirmativo del Grupo Socialista; un voto a favor, señor Legarda, que no impide constatar que la fina pluma legislativa del PNV ha tenido mejores tardes. Pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional el conflicto da atribuciones planteado por esta Cámara, parece censurable la oportunidad de esta iniciativa. Si, como nosotros esperamos, el Tribunal Constitucional confirma que las Cortes Generales pueden controlar a un Gobierno en funciones, esta iniciativa dejará de tener sentido, pero si, extrañamente, dijera lo contrario, también. No le faltarán al Tribunal Constitucional poderosas razones para argumentar la inconstitucionalidad de la impunidad política perseguida por el señor Rajoy durante la XI Legislatura: vulneración del principio democrático informador de nuestro entero sistema político, vulneración de los derechos de participación política consagrados en el artículo 23 y vulneración de la función de control atribuida por el artículo 66. La peregrina pretensión del señor Rajoy de vincular investidura y control para sostener su impunidad política ni tenía ni tiene aval constitucional que resulte digno de consideración. Su destrucción argumentativa resulta tan prolija y cansina como innecesaria. Nada en la Constitución permite deducir una limitación de los poderes de las Cámaras ante un Gobierno en funciones. Así lo entendieron desde los albores de nuestro régimen constitucional los primeros Gobiernos democráticos y así lo ilustran los anales parlamentarios.

Siendo este, seguramente, un debate inoportuno, al Grupo Socialista le gusta aprovechar las oportunidades y pensamos que aquí hay hoy una oportunidad; una oportunidad para encarar un reto pendiente, como la reforma de la ley del Gobierno para clarificar las funciones del Gobierno cesante. El 2 de diciembre de 2016, el Grupo Socialista registró una proposición no de ley para la reforma de dicha regulación. El artículo 101 de la Constitución preserva la continuidad del Gobierno, pero obliga a diferenciar entre el Gobierno en plenitud parlamentaria y el Gobierno en funciones. Como ilustra el profesor Reviriego en su obra de referencia, tras los intentos de la UCD en 1980 y del Partido Socialista en 1995, fue en 1997 cuando se alumbró una parca regulación del Gobierno en funciones, que básicamente reitera previsiones constitucionales o explicita reglas inducidas del texto constitucional. Pero la Ley 50/1997 otorga al Gobierno cesante funciones con un potencial expansivo harto problemático. El apartado 3 del artículo 21 se sustenta en conceptos jurídicos indeterminados -despacho ordinario de asuntos públicos, urgencia debidamente acreditada, interés general expresamente acreditado-; conceptos que implican inseguridad jurídica y abocan a la litigiosidad jurídica y política en las peores circunstancias constitucionales imaginables, las de la ausencia de un Gobierno en plenitud. Esta litigiosidad puede llevar, como ocurrió en la XI Legislatura, a poner en cuestión la misma estructura constitucional de separación y equilibrio entre los poderes del Estado. A falta de jurisprudencia constitucional, el Tribunal Supremo tampoco ha zanjado dudas al enjuiciar el concepto "despacho ordinario de asuntos públicos". No en vano su sentencia de 20 de septiembre de 2005 anuló un acuerdo de extradición adoptado por un Gobierno en funciones, mientras que otra sentencia del 2 de diciembre del mismo año confirmaba la denegación de un indulto adoptada también por ese Gobierno en funciones. Esta última sentencia demostró la ausencia de una hermenéutica pacífica del Gobierno cesante, tanto a través de la ponencia como a través del voto discrepante firmado respectivamente en su momento por los profesores y magistrados Lucas Murillo y Eduardo Espín. Pero esta sentencia del Tribunal Supremo sí que intuyó los riesgos que se confirmarían años más tarde. Decía el Tribunal Supremo: El interregno de un Gobierno en funciones solamente será breve cuando prospere una moción de censura. En cambio, en las demás hipótesis la interinidad puede extenderse a lo largo de varias semanas o incluso de varios meses si procediera la disolución de las Cortes Generales prevista en el artículo 99.5 de la Constitución. Esta posibilidad -decía el Supremo- no se ha dado hasta ahora. Fin de la cita. Señorías, estábamos en 2005. Y añadía el Tribunal Supremo: La experiencia autonómica a partir de normas muy parecidas a las del artículo 99 ofrece ejemplos en los que el Gobierno puede permanecer en funciones un período de tiempo significativo. Sin duda, el Tribunal Supremo estaba pensando en el 'tamayazo' de 2003, pero aún no contaba con los ejemplos de Andalucía en 2015, de Cataluña en 2015 y 2016 ni obviamente de la XI Legislatura. Para el Tribunal Supremo, el despacho ordinario de asuntos públicos comprende a aquellos que no implican nuevas orientaciones políticas ni comprometen las que deba fijar un nuevo Gobierno y nada dice el Tribunal Supremo sobre la ampliación de potestades derivadas de la urgencia o el interés general.


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Señorías, la acción del Gobierno en el Estado contemporáneo se ve comprometida por la integración supranacional y por políticas plurianuales que obligan a actuar a un Gobierno en funciones. Por ello, garantizar su continuidad obliga a delimitar sus funciones y a precisar cuándo la urgencia o el interés general amparan una acción distinta al despacho ordinario de asuntos públicos; todo ello, por supuesto, sin menoscabar su control parlamentario. Por ello, señorías, esperamos que la tramitación legislativa de esta iniciativa nos dé la oportunidad de abordar los retos que hemos expuesto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Gracias, presidenta.

Señorías, el PNV nos presenta una proposición de ley desfasada en el tiempo; una iniciativa que habla del Gobierno en funciones en presente y que se refiere al Gobierno cesante actual, aunque supongo que todos sabemos que no es el caso del Gobierno en plenitud de funciones de Mariano Rajoy. Estamos simplemente ante una mera copia -errata del artículo 26 incluida, señor Legarda- de una iniciativa que registraron hace dos años, que no se han molestado en actualizar ni en corregir y que tampoco resolvería la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es si cabe o en qué medida cabe el control parlamentario de un Gobierno en funciones. Es una cuestión que ha dado lugar a todo un conflicto entre los poderes del Estado, pero ustedes han encontrado una forma sencilla de deshacer el nudo gordiano: consagremos por ley nuestra interpretación y asunto resuelto. Más que simple, simplista y contradictorio, como veremos. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular sostenemos, en efecto, que solo un Gobierno que haya recibido la confianza de la Cámara responde solidariamente ante la misma. Ustedes y el amplio coro de la oposición entienden que tal interpretación es un despropósito y proponen resolver por mayoría el conflicto de atribuciones, con la voluntad expresa en su texto de sustraer al Tribunal Constitucional el conocimiento y la decisión sobre el conflicto. Someten la decisión al juego de las mayorías, en vez de someternos todos a las decisiones del alto tribunal, que es lo dispuesto en la Constitución. Esto sí que es un despropósito, señor Legarda; un despropósito patente para todos los que aquí estamos.

Afirman ustedes que procede el control del Gobierno en funciones y que así ha sido puesto de manifiesto indubitadamente por los letrados de la Cámara. En cambio, otra contradicción, lo que proponen es reflejarlo nítida y expresamente en la Ley de Gobierno; es decir, reformar la ley para que diga lo que según ustedes ya dice. Mucha confianza no deben de tener en su posición cuando una vez más, como sucedió con la prisión permanente revisable hace unos meses, no están dispuestos a esperar el fallo del Tribunal Constitucional. Lo cierto, señorías, es que ningún informe jurídico, por mucho que ustedes lo hayan repetido aquí hasta la saciedad, afirma que sea posible el control de un Gobierno en funciones del modo que ustedes pretenden. El informe de la Cámara era más matizado; hablaba de control extraordinario y singularizado. Otros informes niegan simplemente la posibilidad de control del Gobierno en funciones por una Cámara con la que no exista relación de confianza. Buena parte de las fuerzas políticas aquí presentes sostienen una cosa y la contraria según convenga. Si el Gobierno es del Partido Popular cabe control, si el Gobierno no es del Partido Popular no procede control. Yo creo que harían bien en reconocerlo así de claro y nos ahorraríamos muchos debates.

No hay precedentes, señorías -también lo han dicho ustedes, han insistido en ello-, no hay memoria en los anales parlamentarios, señores del PSOE, de sesiones de control a gobiernos en funciones con la actual normativa; no los hay en toda la España autonómica. Incluso, señor Legarda, el artículo 166 del Reglamento del Parlamento vasco, por cierto, excluye la posibilidad de incluir cualquier asunto en el orden del día del Pleno que no sea la investidura de un nuevo lehendakari; ni control ni otras cosas, nada que no sea la investidura de un nuevo lehendakari. En fin, más de cien días estuvo en funciones el Gobierno del señor Mas en Cataluña y no hubo control, comparecencias o sesiones plenarias; las que solicitó el Grupo Popular fueron denegadas y entonces no sostuvieron ustedes que fuera una cuestión de mayoría sino de legalidad. Y porque es una cuestión de legalidad, creemos que la ley debe aplicarse igual para todos. Cuando el Gobierno en funciones lo preside el señor Mas, cuando lo preside el señor Rajoy o cuando lo presida quien lo presida, siempre debe aplicarse igual la ley, porque la aplicación de la ley en democracia no puede depender del criterio de la mayoría. En Andalucía, con una ley del Gobierno prácticamente calcada de la nacional, el Gobierno estuvo más de ochenta días en funciones antes de que Susana Díaz consiguiera la investidura. No hubo control, y cuando se pidió, el PSOE y Ciudadanos respaldaron un informe de los servicios jurídicos que afirmaba en su página 6 que no tenía sentido la labor


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de control político frente a un Gobierno limitado a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Ese criterio tan claro, según PSOE y Ciudadanos, no lo mantuvieron en el Congreso de los Diputados hace dos años y tampoco lo mantienen hoy; misma normativa, mismas fuerzas políticas, una sola diferencia, el Gobierno andaluz en funciones era socialista y aquí no lo era, y parece probable que el próximo tampoco sea un Gobierno socialista. Conclusión, ustedes no tienen un criterio de legalidad, sino un criterio de pura y simple conveniencia política.

Sus contradicciones en esta materia llegan hasta el día de hoy; llegan hasta el Parlamento de Andalucía en contraste con el Congreso de los Diputados en esta misma semana. Porque la reforma de la Ley de Gobierno que plantea aquí el PNV, en el Parlamento de Andalucía la planteará dentro de pocas horas el Grupo Parlamentario de Podemos, y allí, en Andalucía, el Consejo de Gobierno de Susana Díaz ha mostrado su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley. El acuerdo del Consejo de Gobierno, en su página 2, afirma taxativamente que el Parlamento no puede pretender ejercer un control político sobre un Gobierno que ya ha cesado; ni margen para la discusión ni matiz. No puede pretender, ni siquiera pretender, ejercer ese control político. Por tanto, hoy el PSOE votará contra Susana Díaz -quizá de eso se trata, de derrotar a Susana Díaz-, contra el criterio de Susana Díaz; control del Gobierno en funciones en el Congreso y lo contrario en pocas horas en Andalucía. Ciudadanos votará con el PNV control del Gobierno en funciones en el Congreso y lo que diga Susana Díaz en Sevilla, que ya sabemos que es que no procede el control. No cabe mayor incoherencia, pero lo malo es que quizá esta sea toda la coherencia que cabe esperar del oportunismo político de algunos, a no ser que el señor Rivera ponga orden y unifique criterios en esta materia entre Andalucía y el Congreso de los Diputados. (Aplausos).

Frente a tanta incoherencia, el Grupo Popular reitera su posición. Creemos que un Gobierno en funciones no está sometido al control, a la exigencia de responsabilidad política de una Cámara que no le ha otorgado su confianza. El artículo 101 de la Constitución, mediante la institución de la prorrogatio, evita el vacío de poder, mantiene la continuidad de las instituciones, pero no permite que el Gobierno en funciones actúe como si no hubiera cesado. Al contrario, tiene sus facultades limitadas, como establece el artículo 21 de la Ley de Gobierno. No puede desarrollar políticas o tomar decisiones innovadoras, sino limitarse a la gestión ordinaria de asuntos públicos; no puede hacerlo porque carece de la confianza parlamentaria, y si su gestión carece de la relevancia política el control político también carece de sentido.

Termino. Todos los actos del Gobierno están sometidos en todo caso al control jurisdiccional -aquí se hablaba de un Gobierno sin control-, no es, por tanto, un Gobierno sin control, es un Gobierno limitado en sus funciones, como limitado está por ley el Parlamento, por muy nacido que sea de la voluntad popular. El Congreso no puede censurar al Gobierno en funciones o aprobar presupuestos ni puede ejercer el control ordinario que esta proposición de ley pretende. Esta es nuestra posición, incompatible con otras. Parece tarea para el Tribunal Constitucional, pero ustedes expresamente anuncian su voluntad de resolver por mayoría la cuestión evitando todo pronunciamiento jurisdiccional, o sea, orillando la Constitución y el principio de legalidad. Pues bien, si la proposición de ley se convierte en ley tampoco estaría resuelto el conflicto. Todos sabemos que no sería así, que tan solo daría lugar a nuevos recursos y que finalmente debería ser el Tribunal Constitucional quien se pronunciara bien sobre el conflicto de atribuciones, bien sobre la reforma de la Ley del Gobierno o sobre ambos. Por tanto, el Grupo Popular no respaldará una iniciativa nacida de la incoherencia y el oportunismo y que incurre en verdaderos despropósitos constitucionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA. (Número de expediente 122/000139).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.


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Más de cuarenta años después de su aprobación, debatimos la reforma de la llamada Ley de Amnistía para modificarla, pues los grupos firmantes de esta propuesta, así como de otras de similares características para la reforma del Código Penal, hemos entendido necesario revertir la situación de impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo. Por medio de la reforma de la Ley de Amnistía pretendemos impedir que esta sea utilizada, como ha ocurrido en varias ocasiones, para evitar la investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales, mientras que con la referente al Código Penal proponemos la incorporación del principio de legalidad internacional para tales crímenes. Buscamos, pues, modificar los dos impedimentos legales que la judicatura del Estado viene utilizando para rechazar cualquier denuncia sobre los crímenes del franquismo, dando cauces de actuación a todos los jueces para que puedan abrir causas de investigación sobre tales denuncias y de paso colaborar con la justicia argentina, por cuanto que es la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura, no con pocos obstáculos por parte española. Así, recientemente hemos pasado de la alegría por la admisión a trámite de la querella presentada por el Ayuntamiento de Elgeta a una nueva frustración, fundamentalmente de las víctimas, por su archivo, al igual que ha ocurrido con las querellas de Durango, Iruña, Gasteiz o Arrasate. A pesar de ello, más de cuarenta ciudades del conjunto del Estado han tomado decisiones firmes de seguir adelante con la presentación de querellas criminales, y estamos seguros de que con la aprobación de esta propuesta de reforma aumentaría el número de ellas. El impedimento de la actual Ley de Amnistía ha dejado en evidencia que las investigaciones en otros países, en aplicación del llamado principio de jurisdicción universal, son a día de hoy la única vía para la lucha contra la impunidad. La legislación española incorporó en el año 2004 los delitos de lesa humanidad al ordenamiento jurídico español, y ello da pie a una interpretación interesada de la ley por la que declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad, pero olvidan para ello el principio de legalidad internacional suscrito por el Estado español.

El relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greiff, lo ha señalado en reiteradas ocasiones. Los efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos adquiridos por España, algunos incluso anteriores a su propia aprobación. Pablo de Greiff sostiene que la Ley de Amnistía española acabó cumpliendo las funciones de una ley de punto final que se ha utilizado para archivar prácticamente todos los casos que llegan ante los jueces, frente a la práctica de otros Estados en los que, aun no habiendo derogado leyes de amnistía, los tribunales han sido capaces de encontrar interpretaciones que no han impedido la investigación y el procesamiento de posibles responsables de violación de derechos humanos. Igualmente, el relator especial viene constatando con preocupación en sus viajes al Estado la negativa por parte de las autoridades del carácter continuado de la desaparición forzosa. Ello se debe, seguramente, a otro intento por escapar de los estándares internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en relación con los casos de desaparición forzosa, plazos que empiezan a contar desde el momento en que cesa dicha desaparición forzosa bien cuando el desaparecido aparece sin vida o se encuentran sus restos.

Con este panorama esta realidad está lejos de ser cosa del pasado. Este que les muestro (muestra un mapa de España) es el mapa de los miles de fosas con asesinados de la dictadura en todo el Estado; creo que es una imagen más que ilustrativa. Esta realidad, que aún persiste y que ha hecho que cuarenta años después sean miles las personas que siguen demandando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es la que nos trae al debate de hoy. Es el movimiento memorialista que hizo oídos sordos a los llamamientos al olvido realizados cuando se aprobó la Ley de Amnistía el que nos enfrenta constantemente al cierre en falso del franquismo, y es que la Ley 46/1977 nació de una demanda presente en los últimos años del franquismo en todo el territorio, una demanda de exoneración de las actuaciones relacionadas con la resistencia al franquismo al entender que la amnistía debía excusar de toda responsabilidad penal a quienes fueron castigados o pudieran serlo por haberse enfrentado y haber desafiado al fascismo. Esta era la petición por la que muchas personas lucharon y sufrieron represión y algunas incluso fueron asesinadas en las movilizaciones en favor de la misma.

Como diría el diputado Letamendia en aquel debate, la amnistía no es un perdón vergonzante a personas a las que se les continúa considerando delincuentes, sino el reconocimiento a aquellas que han puesto todos sus medios para la lucha contra la dictadura. Sin embargo, para el sobreviviente régimen franquista de 1977 la amnistía respondía a la acepción y significado griego en el sentido de olvido y perdón, y así introdujo dos apartados en el segundo artículo -el e) y el f)- que no estaban contemplados en su redacción inicial pero que fueron impuestos por las fuerzas franquistas, concediendo también la


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amnistía a autoridades, funcionarios y agentes de orden público que heredaba la incipiente y débil democracia.

La Ley de Amnistía lograba así ser fiel reflejo del pacto de Estado que garantizaba la continuidad del franquismo, un pacto de Estado que además de llamar al olvido y al silencio... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor; silencio.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Como decía, la ley así lograba ser fiel reflejo del pacto de Estado que garantizaba la continuidad del franquismo, un pacto que además de llamar al olvido y al silencio en relación con los cuarenta años ya vividos condenaba a otros cuarenta a las víctimas del fascismo, víctimas que reclaman justicia y no encuentran cauces para ello. Mantienen condenado el propio concepto de justicia universal, habida cuenta de que se obstaculiza y no se apuesta por cambiar las leyes que impiden la aplicación estricta de la justicia. Ni siquiera la Ley de Memoria Histórica del año 2007 contempla posibilidades de enjuiciamiento de los actos cometidos durante la dictadura franquista, aunque paradójicamente sí considera ilegítimas las actuaciones de sus tribunales y deroga sus leyes.

Saludamos, y lo queremos decir claro y alto, las intenciones que puedan tener otras fuerzas políticas que pretendan presentar propuestas de modificaciones significativas de esta ley, en las que esperamos que se contemple la exigencia de responsabilidades por todos los crímenes cometidos en aquel periodo y que nosotros sin duda alguna apoyaremos. Saludamos también la actuación de las comunidades autónomas que están aprobando leyes de memoria histórica para dignificar a las víctimas del franquismo en cada uno de sus territorios, porque queremos recordar que en este Congreso solo se ha debatido y aprobado una única ley de víctimas, la Ley de víctimas del terrorismo del año 2011. Nos gustaría ver con la misma premura y contundencia con la que fue aprobada aquella ley que se aprobara también otra para los centenares de miles de víctimas del franquismo porque, a pesar de ser reclamada insistentemente por múltiples organizaciones memorialistas e incluso sindicatos y partidos, estas peticiones siguen siendo ninguneadas y totalmente marginadas. No estaría nada mal, la verdad, una ley de víctimas del terrorismo franquista.

Por todas estas razones, la modificación que sometemos a su consideración entendemos que hoy llega tarde, pero también entendemos que es la única vía para comenzar a saldar la deuda con la verdad y la justicia con las víctimas del franquismo, pues son estas, verdad y justicia, las únicas garantías de no repetición. Para muchos nunca llegaron la amnistía ni las garantías democráticas. La Ley de Amnistía fue también una ley de punto final para garantizar la impunidad del franquismo. En una ley que debía ser de reconocimiento y exoneración para los luchadores contra el franquismo se escamoteó una autoamnistía para el franquismo. Estamos a tiempo de paliar el daño causado a las víctimas del franquismo aprobando esta proposición y actuando con responsabilidad. Quizá alguien tenga la tentación de desviar la atención sobre otras cuestiones aprovechando que es mi grupo el que plantea este debate, aunque venga con el aval de otros grupos. Me refiero a la ya demasiado manida referencia a lo ocurrido en relación con el conflicto en Euskal Herria, venga o no a cuento con el tema que se trata en muchos órdenes del día. Yo les invito a actuar con responsabilidad, a no seguir ahondando en la herida de las víctimas del franquismo y a decir claro a la ciudadanía si se va a seguir apoyando la impunidad del franquismo o se va a contribuir a cambiar las cosas.

Quiero finalizar dirigiéndome con todo el respeto pero directamente a las señorías del Grupo Socialista. En primer lugar, no se fijen en mí a la hora de responder a esta demanda; yo tan solo tenía siete años cuando murió Franco. Fijen su atención en quienes combatieron y sufrieron el franquismo, muchos de ellos desde sus filas. Es perfectamente aceptable que tengan dudas sobre la mejor forma de acabar con la impunidad del franquismo. Ello tiene cabida, cómo no, en cualquier trámite parlamentario. Nosotros estamos abiertos al debate tanto del contenido como de la forma de hacerlo. Por el contrario, argumentar inseguridad jurídica o defectos de forma para no admitir a trámite la propuesta de reforma que hoy hemos traído aquí es echar más tierra sobre las fosas. (Muestra de nuevo el mapa de España). Precisamente la reforma de la Ley de Amnistía nos permitiría acabar con la más absoluta indefensión e inseguridad que sufren las víctimas, que sufren desde hace cuarenta años, algunos, como he dicho antes, ni siquiera pudiendo haber despedido a sus seres queridos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.


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El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no nos duelen prendas reconocer aquí públicamente que tomamos la palabra llenos de indignación pero más de tristeza. Estamos muy tristes y además, repito, no nos duelen prendas reconocerlo ante ustedes, ante miles de familiares de víctimas, ante todas las entidades memorialistas que desde hace décadas trabajan para romper el modelo español de impunidad y homologar la sociedad española a aquellas sociedades que también tuvieron la desgracia de sufrir pasados fascistas, totalitarios y militaristas, que con muchas dificultades han reparado a las víctimas y han hecho prevalecer la verdad y, en definitiva, han fortalecido los valores democráticos venciendo la banalización, la maldita banalización que existe hoy en las sociedades democráticas en todo aquello que compete a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad.

Estamos ante una gran oportunidad perdida; nunca se puede decir que sea la última oportunidad, es cierto, pero aceptarán que estamos ante la penúltima oportunidad porque, después de décadas de voluntad de homologar nuestra sociedad al resto de sociedades, no lo hemos conseguido, ni siquiera hemos conseguido hacer una mínima mella ante este muro de la vergüenza que significa la impunidad. Porque todas las sociedades -digo- han metabolizado su pasado, algunas juzgando a los verdugos, otras, donde no fue posible, creando comisiones de la verdad. Todas las sociedades han buscado la manera de resolver, de metabolizar su pasado, pensando en las generaciones presentes y, sobre todo, pensando en las generaciones futuras. El caso español es un caso anómalo, un caso singular. De hecho, no hay parangón respecto a esta impunidad.

¿Por qué digo que estamos ante una oportunidad perdida? Fíjense que esta proposición de ley está firmada por grupos parlamentarios que votaron a favor de la Ley de la memoria y grupos parlamentarios, como el caso de los republicanos catalanes, que votamos en contra de la Ley de la memoria. Es decir, ha sido un punto de encuentro de aquellos grupos parlamentarios que, ciertamente, en el año 2007 tuvimos opciones -todas legítimas- muy distintas. De hecho, nosotros siempre hemos defendido la anulación de la Ley de Amnistía porque entendíamos y seguimos entendiendo que anular es asumir que, por aberrante, la ley jamás existió y, en consecuencia, los crímenes y los criminales deben ser juzgados; siempre hemos defendido la anulación frente a aquellos grupos parlamentarios, aquellas fuerzas políticas que pretendían la derogación o la modificación. Es cierto que nosotros hoy aquí, haciendo un ejercicio de realismo, somos firmantes de una proposición de ley que no reclama la anulación -que es la posición republicana desde siempre-, sino que nos sumamos a esta proposición que es punto de encuentro, que insta a modificar la ley preconstitucional de 15 de octubre de 1977, Ley de punto final. Modificarla, ¿para qué? Para dejar una puerta abierta al siglo XXI, una puerta abierta para que se pueda juzgar a aquellas personas o aquellos delitos que sean considerados -luego, otro debate deberá discernir cuáles pueden ser considerados así y cuáles no- delitos de lesa humanidad.

¿Por qué digo que es una oportunidad perdida que nos provoca una gran tristeza? Porque hoy en este Parlamento existe una mayoría posible, una mayoría para asumir, para admitir a trámite esta proposición y que luego este Parlamento, que es un Parlamento maduro, un Parlamento de una sociedad democrática avanzada, pueda, ante este reto complejo -es cierto que posiblemente la técnica jurídica sea muy compleja, no lo dudo-, darse la oportunidad de debatirlo. ¿No vamos a darnos una oportunidad a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ante este reto, no nos vamos a dar la oportunidad de debatirlo? Porque, además, todo apunta a que, por desgracia, Ciudadanos y Partido Popular sumarán mayoría absoluta -porque puede ser, porque la ciudadanía es libre y puede votar a Ciudadanos y al Partido Popular-, nosotros lo lamentaremos pero esta es la democracia. Imagínense ustedes una mayoría parlamentaria -que es plausible- de Ciudadanos y Partido Popular. No habrá ni un solo resquicio para que podamos asumir este debate. Por eso, haciendo un ejercicio de excesiva sinceridad, les he dicho antes que subíamos indignados, pero la indignación se torna en profunda tristeza porque solamente pedimos al Partido Socialista que admita a trámite con su voto esta proposición de ley que, repito, está firmada por fuerzas políticas que sí avalaron la Ley de la memoria. Clamamos y no cesamos de clamar, pero entendemos que debería hacerse porque, repito, se nos cierra una puerta que quizás no podamos abrir. Corremos el riesgo de que ocurra lo que les he dicho antes, que la correlación de fuerzas cambie dentro de pocos meses y, si cambia, es evidente que la desesperanza cundirá.

Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo que no tiene la magnitud que tiene esta proposición de ley. El último Gobierno socialista nos reclamó a todos los grupos parlamentarios que designáramos a personas académicamente muy preparadas para poder conformar una comisión de expertos que a lo largo de unos meses trabajase para concluir qué se tenía que hacer con el Valle de los Caídos. Nosotros agradecimos


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al Gobierno socialista que nos asignara al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana la capacidad de designar a un experto, puesto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero creía que era bueno -y nosotros estábamos de acuerdo con él- que fuera una comisión de expertos plural que alcanzara, incluso, distintas visiones académicas e historiográficas. Al final, la comisión concluyó los trabajos. Una vez concluidos dichos trabajos, fueron pasando los meses, los meses, los meses, y acabamos desesperando puesto que veíamos que todo apuntaba a que el Partido Socialista tal vez no iba a ganar las elecciones, cosa que no deseábamos porque la alternativa era el Partido Popular. Nosotros le dijimos al Gobierno socialista: aprobemos las conclusiones puesto que si las aprobamos y luego tenéis la mala suerte de perder las elecciones, al menos los que vengan se van a encontrar con unas conclusiones aprobadas y será dificultoso para ellos negar una acción de Gobierno puesto que van a heredar unas conclusiones del Parlamento español. El Gobierno socialista consideró que no tenía que hacerlo puesto que esto significaba pagar una prenda electoral. Por desgracia, perdieron las elecciones y ganó el Partido Popular. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular durante estos años? Nada; al revés, ha fomentado la cultura de la desmemoria y la banalización de los crímenes del franquismo. Esto va a volver a ocurrir, o al menos existe el riesgo de que ocurra. Pero mientras gobiernen ustedes, siempre hay la posibilidad de que algún día nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, ponernos de acuerdo en admitir a trámite esta proposición de ley. Con ustedes hay esperanza, con ustedes las víctimas tienen alguna esperanza, con ellos, ninguna. Razón por la cual les pedimos que se esfuercen. Creo que las fuerzas políticas de tradición antifranquista, antifascista y democrática agradecerían que ustedes hoy aquí admitieran a trámite esta proposición de ley. Nosotros se lo agradeceríamos y nos sentiríamos muy compañeros de ustedes en este momento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, cuando en octubre de 1977 se debatió y se aprobó en esta Cámara la Ley de Amnistía, el deseo y objetivo de muchos grupos que la apoyaron, entre ellos el Grupo Parlamentario Vasco, eran -y cito textualmente las palabras del ponente Xabier Arzalluz- que ningún vasco -y cuando digo ningún vasco podría haber dicho cualquier otro- quedara en la cárcel o en el exilio -y citaba, además, las palabras que había dicho Txiki Benegas- como paso previo e inexcusable para acceder a una situación democrática. Esa era la ilusión y esa era la posición; era un deber y una obligación. Hoy, cuarenta años más tarde, diferentes grupos hemos firmado esta proposición de ley con el objetivo de introducir un párrafo en la citada ley que pretende enmendar aquello que en su día no fue posible, aquello que, con cuarenta años de retroactividad, parecía fácil pero no lo fue y, si no, que se le pregunten a quienes bregaron para que las cárceles del franquismo quedaran vacías de presos y presas que lucharon contra la dictadura.

Pero, ¿qué fue de aquellos que murieron sin ver la libertad? ¿Qué fue de aquellos que no vieron la reparación de su honor y de su dignidad, qué fue de aquellos que vieron sus vidas arruinadas por pensar diferente y que padecieron el doble castigo de la represión y del silencio, de aquellos que lucharon por anhelar la libertad, por defender los derechos humanos y por reivindicar la pertenencia a un pueblo? Señorías, ¿qué fue también de aquellos que cometieron asesinatos, tortura y violaciones de derechos humanos con la impunidad que les daba la legalidad vigente y el Estado? Sí, señorías, el Estado; un Estado dictatorial y franquista, pero Estado. Las autoridades eran de entonces, pero el Estado era este. ¿Qué fue de quienes se saltaron los principios de libertad y prensa, reunión y pensamiento y respondieron con violencia y represión? Pues que quedaron en la impunidad.

Con la modificación que se introduce se pretende que la interpretación que actualmente se hace la Ley de Amnistía no impida investigar, perseguir y juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos. Tal y como se dice en el preámbulo de esta proposición de ley, las interpretaciones que se han hecho de la Ley de Amnistía han introducido elementos y medidas que no pretenden única y exclusivamente acabar con las consecuencias penales de un hecho, sino que están dirigidas a eliminar su propio carácter criminal, de tal suerte que, conforme a dicha interpretación, se trata de impedir no solo la sanción en sí misma, sino la propia investigación y enjuiciamiento sobre ese hecho o hechos, crímenes que, en suma, se dice que no deberían de perseguirse. Y eso, señorías, es algo que no podemos aceptar. Además, esta modificación que se propone, como se


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ha comentado anteriormente, responde a indicaciones de informes de múltiples organismos internacionales, que han criticado severamente y de forma reiterada que la Ley 46/1977 se haya convertido en un obstáculo legal que impide la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Muchas han sido las advertencias: comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. Pero en este Estado se ha hecho caso omiso a esta serie de advertencias muchas veces, advertencias relacionadas siempre con los derechos humanos; la última, la semana pasada. Porque lo que aquí se confronta jurídicamente es la incompatibilidad de los efectos de la Ley de Amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado español -incluyendo el artículo 2, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles-, señalando que dichos compromisos fueron contraídos por el Estado español con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía, por cuanto la ley fue aprobada el 15 de octubre de 1977 y el pacto internacional fue ratificado por el Estado español meses antes, en abril de 1977. Y en esta legislación internacional los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, así como las violaciones de derechos humanos, están tipificados y asumidos. No podía ser, pues, esta ley un obstáculo para investigar y acceder desde la justicia a las violaciones de esos derechos humanos. Por ello, con la modificación que hoy pretendemos aprobar, la justicia no podrá hacer caso omiso a las diferentes denuncias de colectivos, asociaciones, personas físicas o querellas unitarias que se presenten en torno a tantos y tantos delitos cometidos durante cuarenta años de oscuridad e impunidad. Desde el bombardeo, saqueo y represión brutal de Elgeta, hasta los asesinatos de Vitoria en 1976, pasando por cientos de fusilados, fosas comunes y los dejados en cunetas.

Los que somos herederos políticos de la represión y el exilio por mantenernos firmes en nuestras convicciones, como lo es mi partido e incluso yo personalmente, nieto e hijo de represaliado y condenado, somos los primeros que no entendemos esto como una venganza ni como un ajuste de cuentas. No. La dignidad y el derecho a la reparación no son venganza. La justicia no es abrir heridas. Si no lo ha sido para conculcaciones de derechos humanos más cercanos en el tiempo que con toda legitimidad se reclaman, no lo son tampoco para estos crímenes que, en primer lugar, nunca se aceptaron como tales y se pusieron todo tipo de trabas para ser investigados y aclarados, como lo son en todos los países democráticos. No cabe decir que la amnistía liberó a todos los que pensaban de diferente manera porque los delitos que aquí citamos y deseamos que sean investigados y esclarecidos no lo son por pensar diferente. No, no; se cometieron desde la impunidad y el poder.

Señorías, esta ley que tan importante fue en su momento, todos conocemos cómo y en qué condiciones se aprobó: bajo la amenaza y la presión de quienes no querían que nada cambiara, de quienes no querían que un futuro en democracia pudiera sacar a la luz las atrocidades que se cometieron. Por lo tanto, se hizo la ley que se pudo, y el ejemplo más claro lo tuvimos cuatro años más tarde, con un intento de golpe de Estado que aquí mismo pretendía que volviéramos a esa oscura época pasada. ¿Acaso podría alguien poner la mano en el fuego de que esa ley se hizo con total libertad, sin amenaza velada o directa y sin sospechas de que pudiera tener consecuencias? ¿Acaso lo afirmaría hoy alguien? Por lo tanto, los que están en contra deben de decir si esos crímenes no son delito o si no hay que perseguirlos o si esta no es la mejor forma de hacerlo o si verdaderamente piensan que esa puerta ya se cerró. Respondamos hoy consecuentemente y hagamos la justicia que nos es posible, rescatemos de la indiferencia la dignidad y el deber de responder a la asignatura pendiente de esta democracia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: "Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que este acto, esta intervención, esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento". Estas palabras fueron pronunciadas aquí el 14 de octubre de 1977, el día que se debatía esta ley que algunos quieren hoy demoler, y fueron unas palabras pronunciadas por el portavoz del grupo parlamentario del Partido Comunista y del PSUC don Marcelino Camacho. Desde luego, yo me siento hoy mucho más cerca de él que de las versiones interesadas que han dado algunos que se quieren reclamar como herederos de él y desde luego no creo que por esta iniciativa lo sean. (Aplausos).


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Miren, hay argumentos sobrados de índole jurídica para rechazar esta iniciativa, singularmente la propia Constitución, que en su artículo 9.3 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Pero permítanme que no haga hoy ninguna intervención jurídica, porque esta proposición de ley que se nos trae tiene en su base un profundo contenido político, el profundo contenido político que es demoler una de las bases sobre las que se construyó nuestra transición política. Y por eso no puedo aceptar, no voy a aceptar que se hable en este caso de una especie de salvoconducto que los verdugos exigieron a las víctimas; ni mucho menos, no fue nada de todo eso. No fue una ley de punto final tampoco, como algunos han querido señalar aquí. El objetivo fue muy distinto, y vuelvo otra vez a las palabras del portavoz del Partido Comunista: Quiero señalar que la primera propuesta presentada en esta Cámara ha sido hecha precisamente hecha por la minoría parlamentaria del Partido Comunista y del PSUC el 14 de julio y orientada precisamente a esta amnistía. Y no fue un fenómeno de la casualidad, señoras y señores diputados, es el resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro partido, ya en 1956. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a otros si no borrábamos este pasado de una vez para siempre? Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente para cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso. Cierro comillas. (Aplausos).

Estas palabras, a las que algunos quieren enmendar la plana hoy, en un ejercicio de reescritura de la historia realmente increíble, desde luego nosotros las hacemos nuestras y creemos que forman parte del acervo político de la sociedad española desde el momento en que fueron pronunciadas en esta Cámara. Nosotros no vamos a desandar ese camino que tanto esfuerzo y tanta generosidad costó iniciar. El 1 de abril de 1956, precisamente coincidiendo con el aniversario del régimen franquista, un grupo de estudiantes liderados por Jorge Semprún redactó el manifiesto que sentaría las bases para la reconciliación nacional dos décadas después. El documento, a cargo del Partido Comunista de España y de la Asociación Socialista Universitaria, reunía, por primera vez en un solo sujeto, las dos Españas de la Guerra Civil. Decía: Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, en un solo sujeto, por primera vez. Ustedes quieren escindir ese sujeto hoy y nosotros no les vamos a ayudar. (Aplausos).

El espíritu de esa generación de 1956 lo recogieron después Marcelino Camacho y otros oradores en esta misma tribuna, y por eso no podía haber mejor recuerdo para ellos que el de haber hecho posible la reconciliación entre españoles. Así lo sentían ellos hace cuarenta años y, déjenme que les diga, creo que ese es el sentimiento de la mayoría de la sociedad española también hoy, cuarenta años después. (Aplausos). No es el sentimiento de revancha que ustedes quieren traer aquí sino el de reconciliación el que sigue primando en la opinión de los españoles. Así lo recogía el CIS en el año 2012, cuando señalaba que más del 72 % de los españoles cree que la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia constituye un motivo de orgullo. Y, miren, no es baladí que la historia de nuestro país haya sido trágica a lo largo de tantos años, y por eso no se entiende que haya hoy una nueva izquierda que quiera deshacer precisamente aquello que sí hicimos bien y que sirvió para unir a los españoles hace cuarenta años.

Pero amnistía no es amnesia, en ningún caso. La Ley de Amnistía no fue, como pretenden establecer algunos, un pacto de olvido; al contrario, fue precisamente, como ha explicado el profesor Santos Juliá, por ejemplo, el recuerdo de lo que se quiere olvidar. Precisamente porque recordaban aquello que querían dejar atrás, los españoles de entonces acordaron perdonarse, absolverse mutuamente, en aras de la convivencia y de la reconciliación. Y, sí, podemos admitir que unos pusieron más generosidad que otros. Se puede decir que los vencidos tuvieron más generosidad que los vencedores, entre otras cosas porque hay que recordar que la consecución de esta ley fue una larga batalla de la izquierda, y muy singularmente también en el País Vasco, a lo largo de 1977. Hay que recordar, por ejemplo, la semana proamnistía con trágicas consecuencias en el País Vasco. Fue un triunfo de la izquierda aquella Ley de la Amnistía que ustedes en este ejercicio de ucronía histórica quieren reescribir. Prueba de ello es que solo la vieja Alianza Popular se abstuvo en su aprobación.

Fue también un triunfo del nacionalismo vasco, señores del PNV, fue un triunfo del nacionalismo vasco que propuso en esta Cámara también la Ley de Amnistía y que hoy ustedes quieren demoler. Usted ha


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citado unas palabras del señor Xabier Arzalluz, yo voy a citarle otras de ese mismo día. Él decía: Queremos empezar una nueva etapa democrática, no venimos con el puñal en la mano ni para rascar en el pasado, venimos -dijo- de cara al futuro a construir un nuevo país en el que valga la pena vivir y en el que todos podamos vivir. Y miren, aquella amnistía benefició también a otro tipo de presos, a presos terroristas de ETA, del FRAP, del Grapo y del Mpaiac.

Sí, señorías, se perdonaron muchas cosas en el año 1977. Y a cambio de ese perdón conquistamos la democracia y la convivencia. Pero, miren, como la portavoz del grupo Bildu ha hecho referencia a las víctimas, yo también quiero recordar a las víctimas. El 7 de octubre de 1977 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de amnistía y al día siguiente ETA asesinaba al presidente de la diputación de Vizcaya Augusto Unceta y a sus escoltas. Ese es el pago de la generosidad y el espíritu de reconciliación de ETA y de los asesinos etarras. (Aplausos). Así es como han pagado permanentemente a lo largo de estos cuarenta años la generosidad que la democracia española tuvo con ellos en aquel momento. Y cuando usted hable de memoria y dignidad, yo también quiero hablar de memoria, dignidad y justicia para las más de 857 víctimas, para los 16 000 heridos y para las 42 000 personas amenazadas que, a pesar de esa generosidad que tuvo la democracia española, han tenido que pasar un calvario durante toda esa negra historia.

Valió la pena. Valió la pena, y en gran medida gracias a la izquierda, que hoy reniega de parte de su historia, y por eso, señores de Podemos, de Esquerra Republicana, del PNV y del Grupo Mixto, que son todos firmantes de esta iniciativa, aunque hayan retirado su firma hoy, a todos ustedes les decimos que no cuenten con Ciudadanos para demoler aquello que nuestros predecesores hicieron tan bien y con tanta dignidad.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.

Un saludo fraterno a Ceaqua y a la red de ciudades contra la impunidad franquista que están siguiendo este Pleno: Coruña, Madrid, Barcelona, Zaragoza y hasta cuarenta ciudades que hoy están apoyando nuestra ley. (Aplausos).

Señores y señoras diputadas, intervengo aquí emocionada e interpelada por el aprendizaje de un hombre, señor Prendes, al que tuve la suerte de conocer en mi casa, un hombre humilde, un trabajador metalúrgico de la Perkins Hispania. No era un abogado, era un hombre grande, humilde y un hombre que había sido condenado por el vil régimen franquista a veinte años de prisión. Ese hombre que subió a la tribuna hace cuarenta y un años a defender la Ley de Amnistía, que murió pidiendo que se cambiase la Ley de Amnistía para poder investigar los crímenes del franquismo, se llamaba Marcelino Camacho. (Aplausos). Le he conocido en mi casa, señor Prendes, Marcelino Camacho. (Aplausos). Ese hombre subió a la tribuna aquí a pedir tres cosas, por cierto, el único portavoz que lo hizo hace cuarenta y un años, y una de ellas fue pedir la amnistía política porque nuestras cárceles estaban llenas de presos y presas políticas. Pero no solo la amnistía política, también la amnistía laboral, señor Prendes. ¿Sabe qué es eso? Cientos y cientos de trabajadores despedidas por pensar diferente, por luchar contra el franquismo. Eso es lo que defendía Marcelino Camacho. Y en tercer lugar -fue el único que lo dijo-, Marcelino Camacho subió a esta tribuna -usted se ha olvidado- para defender que las mujeres que habían sido condenadas por cometer delitos de mujeres, esto es, adulterio, salieran de las prisiones franquistas. (Aplausos).

Triste ironía, la Ley de Amnistía se convirtió para Marcelino y para todos y todas ellas en una ley de punto y final; se convirtió en un escudo para no poder investigar lo que ha pasado en nuestro país. Aquel día de alegría, como usted citaba, se convirtió en cuarenta años de tristeza, de mentiras y de amnesia. Nunca pensó Marcelino Camacho que nuestros tribunales vulnerasen el artículo 10 de nuestra Constitución. Sí, señoras y señores del Grupo Socialista, ese artículo que dice que hay que interpretar las leyes -también la Ley de Amnistía- de conformidad con los tratados y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. (Aplausos). Sí, señor Prendes, ese principio general de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Esto es lo que ha pasado en nuestro país. Esa declaración de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad, también de los crímenes de guerra, esa vulneración que están haciendo nuestros tribunales de la Convención contra la tortura y el


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genocidio, esa vulneración del pacto internacional, como señala una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, que dice que puede ser vulnerado el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y tantas y tantas resoluciones del derecho internacional. Señores y señoras del Grupo Socialista, señores y señoras de Ciudadanos, hablamos de vulneración de derechos humanos.

Nos han dicho que hubo una historia en nuestro país de dos bandos, dos bandos que cometieron crímenes terribles y, como los dos los habían cometido, era mejor olvidarse. Nosotras creemos que no; no es mejor olvidarse. Lo más terrible de la aplicación de la Ley de Amnistía no es que impida investigar los crímenes del franquismo, sino que iguala a los asesinos y a sus víctimas. Dice que es igual el torturador que el torturado, es que nos dice que es lo mismo la violencia y el terror que la educación y la cultura y nos dice que es lo mismo el fascismo que la democracia, y el fascismo y la democracia no son lo mismo. (Aplausos). Los negacionistas dicen que los verdugos son lo mismo que las víctimas. Nosotras hoy sabemos que no; las víctimas están ahí arriba, defendiendo la legalidad internacional, y desde luego usted y otros van a impedir que esta ley salga adelante.

Es cierto que el fascismo sacudió toda Europa, que las dictaduras sacudieron toda Europa; no hubo una excepción española. ¿Saben cuál fue la excepción española? La excepción española fue la impunidad. Es lógico que todos los regímenes fascistas intentaran, obviamente, conseguir la impunidad. La enorme diferencia es que el resto de los países lo impidieron por su vía democrática; en sus parlamentos impidieron que nunca más se cometiera tamaña barbaridad. (Aplausos). Esta anomalía que tenemos en España no es posible en Europa. Sería impensable en Europa tener una Fundación Francisco Franco que hiciera a diario apología del franquismo; sería absolutamente impensable.

Señor Prendes, no hay nada más viejo que la amnesia, nada más viejo. Nosotras con esta ley creemos que ha llegado el tiempo de la verdad, un nuevo tiempo de la verdad. Nosotras creemos que ha llegado el tiempo de un país sin miedo, un país que reescriba su historia, la historia de verdad. Nosotras creemos que para pasar la página del franquismo es necesario tener democracia y avanzar en la investigación de sus crímenes. Hablaba Walter Benjamin de la empatía con los vencedores. Nosotras creemos que tenemos que tener empatía con todos los seres humanos. Nosotras creemos que los pueblos tienen que recordar y olvidar cosas juntas, pero no podemos olvidar y recordar cosas juntas si tenemos a los muertos en las cunetas, si las víctimas del franquismo no han podido pasar el duelo ni han podido descansar en paz y en serenidad. (Aplausos). Están tirados en nuestras calles y esto merece justicia.

Les decía que esta ley, señor Prendes, no es para mirar el pasado. No es una ley, si me permiten, para mi padre que sufrió las cárceles franquistas y para sus compañeros y compañeras, para todos ellos. Lo es, si me permiten, para mi hija Carmela, para Oliveta, para nuestras hijas, para que cuando estudien la historia de España y estudien el alzamiento militar puedan decir con orgullo: aquí estuvo mi abuelo. Señores y señoras del Grupo Parlamentario Socialista, permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España. Nunca más una ley de amnistía que provoque amnesia. Por nuestras hijas, por todas ellas, permitan el debate de esta ley. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, en 1966 Marcos Ana, comunista y poeta, había sido condenado a muerte y sufrió largos años de prisión y torturas, pero afirmaba que la mejor manera de replicar a la exaltación franquista de la Guerra Civil era empuñar la idea de reconciliación nacional, exigir la amnistía general e imponer la cancelación total de las responsabilidades contraídas en uno y en otro campo. No era la insistente voz de Marcos Ana una voz en solitario. Es ejemplo de otras muchas que reflejaron la altura moral que se había venido instalando desde hacía tiempo en el discurso político de los republicanos españoles. Como ha mostrado Santos Juliá en su documentado y apasionante libro Transición, en la transversalidad de los espacios públicos y privados se unían las grandes ideas de amnistía y reconciliación de todos los españoles. El propósito colectivo era claro: instaurar un sistema democrático que trajera la paz y la concordia a España, clausurando definitivamente la Guerra Civil y las dos Españas que tantas veces habían helado el corazón de los españolitos que vienen al mundo, como lamentaba y advertía Machado.

El 7 de octubre de 1977 todos los grupos del Congreso -todos- se aunaron para presentar la proposición de ley de amnistía, excepto Alianza Popular, que explicó su voto y se abstuvo pero no se opuso. Señorías, relean o, si no lo han hecho todavía, lean el Diario de Sesiones de la celebrada el 14 de


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octubre de aquel mismo mes. Constatarán que aquella ley no fue una ley de punto final como quieren hacernos creer determinados grupos políticos en su empecinamiento por tergiversar la historia (aplausos) y denostar el sistema constitucional de 1978, al que ambiguamente se vienen refiriendo -pretendiendo dañarlo siempre- como el régimen de 1978. Aquella ley fue el fruto deliberadamente perseguido por unas Cortes democráticas que recogieron el eco de la calle. Recuerdo bien, como algunas de sus señorías, aquel lema exigente y esperanzado que tantas veces coreé en manifestaciones y reuniones universitarias: "¡Libertad, amnistía, estatuto de autonomía!" (Aplausos). Nunca nadie podrá hacernos creer que aquella ley fue producto de la imposición de élites franquistas y de la debilidad de la oposición política de izquierdas; porque fue obra de esperanza para la reconciliación de un pueblo. Y no lo olviden, en la vanguardia estaban fuerzas políticas de la izquierda, en especial comunistas y socialistas.

En estos escaños, señorías, se sentaron para ese debate personas que padecieron y sufrieron prisión, exilio y otras clases de represalias. Socialistas como Alfonso Fernández Torres, Carmen García Bloise, Eduardo López Albizu, Gregorio Peces-Barba, Nicolás Redondo, Enrique Tierno; o comunistas, como se ha recordado aquí, como Marcelino Camacho, Rafael Alberti, Pilar Bravo, Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri o Josep Solé i Barberà; y podría mencionar más nombres. ¿De verdad pueden ustedes pensar, los que recurrentemente denuestan la Ley de Amnistía, que vamos a creer que estas personas, algunas de las cuales participaron en la Comisión que redactó la ley, eran vicarias de -permítanme la expresión- 'élites aggiornadas' del franquismo o de la derecha o simplemente portadoras de la debilidad de la oposición de izquierdas? Manifiestamente no fue así.

Entre estas paredes sostuvo Marcelino Camacho lo que ya se ha indicado anteriormente: Que la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa. Queremos abrir otra, nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido. Entre estas paredes sostuvo Txiki Benegas, que nadie crea que hoy estamos concediendo algo. Hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso con la libertad. Otras voces entonaron el mismo mensaje, y el 15 de octubre se aprobó la Ley 46/1977, de Amnistía, por una amplísima mayoría: 296 votos afirmativos, solo dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo.

Señorías, mediante la proposición que hoy debatimos estamos ante otro intento, uno más, recuerden el año 2011, de modificación de esta ley, incluyendo un nuevo apartado, en su artículo 9, tendente a abrir la investigación y enjuiciamiento de hechos delictivos objeto de amnistía. Con esta iniciativa que vendría a desmontar el concepto de amnistía general y total, entonces querido por la mayoría del pueblo, quedaría por completo desarticulada una ley que fue uno de los grandes pilares del pacto de la transición. Y, señorías ¿con qué efectividad, qué actos derivados de la Ley de Amnistía tendrían que ser revisados? ¿A que sujetos en concreto podría hoy llevarse a los tribunales después de más de cuarenta años desde la entrada en vigor de la ley, y respecto de hechos delictivos que se remontan a la guerra civil y, en todo caso, a una primera etapa de la posguerra, fundamentalmente? Sería difícil precisar este ámbito subjetivo, sin duda reducido. Y ¿sería legítima esta justicia selectiva? No lo sería, porque además estaría pretendiendo la aplicación retroactiva de normas penales, lo que, como es bien sabido, estaría proscrito según el artículo 9.3 de la Constitución por el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como ya se ha recordado, además de verse afectada la seguridad jurídica, en tanto que este principio ha de ser entendido como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes.

Nosotros estamos trabajando con una perspectiva diferente, señorías; una perspectiva que entendemos mucho más productiva. Nuestra reciente proposición de ley de modificación de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, que tanto se ha citado hoy aquí, a la que ha puesto veto el Gobierno del Partido Popular, es buena muestra de ello, porque permitiría ampliar y establecer nuevas medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, abriendo políticas integrales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Por estas razones, señorías -voy terminando-, el Grupo Socialista no apoyará la proposición que hoy debatimos. Les pido que recuerden al comunista Marcos Ana (rumores), que en vísperas de la Ley de Amnistía decía que era muestra de generosidad... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!


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El señor CÁMARA VILLAR: ..., y aun de las más nobles, cuando unos hemos pagado ya -y a qué precio-, y otros no, las responsabilidades que hoy podemos cancelar para todos. Esta sentencia, creo yo, es compendio de generosidad, lucidez y altura de miras, porque lo que se pretendía era poner fin definitivamente a la incertidumbre que -en sus propias palabras- bloquea y condiciona la evolución política de los españoles. Señorías, hoy estas palabras siguen teniendo vigencia a todos los efectos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lorenzo Torres.

El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora presidenta.

Señores diputados, yo he escuchado atentamente todas sus disertaciones respecto a este tema y he escuchado discursos no exentos de mucha emoción y mucha pasión. A mí me gustaría que la pasión que tanto se puso en algunos de ellos para condenar los crímenes franquistas también se pusiera para condenar los crímenes de los terroristas de ETA. (Aplausos). Pero en esta pasión que ustedes ponen en la presente proposición de ley no encontré ningún debate jurídico al respecto, ninguna fundamentación jurídica a lo que proponen hoy ustedes.

Ustedes hablan de derogar la Ley 46/1977, de Amnistía, y mi pregunta es: ¿Qué ocurriría si derogáramos esta ley? Yo se lo voy a explicar. No ocurriría nada, porque existen otras leyes en nuestro ordenamiento jurídico, que también fueron aprobadas por este Parlamento, que impiden enjuiciar los delitos del franquismo. Más que investigar, enjuiciar los delitos del franquismo. No se olviden de que estamos en una sociedad democrática donde el derecho tiene una importancia brutal y aquí nosotros somos los que hacemos el derecho, somos los que hicimos el derecho, somos los que nos dotamos de las normas jurídicas, y nosotros hemos votado una Constitución que dice que no se puede aplicar la ley penal más desfavorable, con lo cual, si se cambia la ley, no se pueden perseguir, no se pueden aplicar penas a los hechos anteriores a la Constitución.

También hablamos de la prescripción -cuestión muy importante-, de si estos hechos son o no imprescriptibles. En el año 2003 en este Parlamento se aprobó una reforma del Código Penal donde se declaraba que este tipo de delitos no prescribían nunca, pero, como digo, esto fue a partir de 2003, y hay una interpretación del Tribunal Supremo que dice que esto no se puede aplicar a los delitos anteriores a 2003. Por tanto, los delitos cometidos en el franquismo, por el paso del tiempo, también estarían prescritos. Pero de esto nadie habla, porque queremos hablar de lo de antes, queremos hablar con pasión, queremos incluso tergiversar la historia. Aquí alguien hablaba de escribir la historia, pero yo creo que más que escribir la historia es tergiversarla.

Por supuesto que nosotros también querríamos que las familias que han sufrido represión por culpa de sus ideas políticas o que tienen muertos en las cunetas puedan enterrarlos, pero una cosa es eso y otra es mentirles diciéndoles que los autores pueden ser perseguidos. Es más, les voy a decir una cosa. Yo eché cálculos respecto a las personas que cometieron estos delitos para ver qué edad tendrían ahora. Desde el año 1977 han pasado cuarenta años; desde la guerra civil, cuarenta años más, por lo que al cometer los delitos tendrían que haber tenido dieciocho años como mínimo, porque si no tendría que aplicárseles la Ley del Menor. Esto sí que sería una banalidad, señor Tardà. Estamos hablando de gente de noventa y ocho años contra la que quieren iniciar procedimientos penales. Yo no sé si queda alguno, pero a la gente hay que explicarla que una cosa es la emoción, otra cosa es la pasión y otra cosa es la legalidad, y con la legalidad en la mano ustedes saben, como yo, que estos delitos no se pueden perseguir. (Aplausos). Dejen de engañar a las personas porque están jugando con sus sentimientos, están jugando con sus emociones y no se merecen esa falta de respeto por parte de ustedes.

Ustedes, señores de Podemos, son otros de los que proponen esta petición. Yo ya sé lo que ustedes proponen o buscan. Ustedes, como siempre, buscan el tuit. Seguramente ya lo estarán escribiendo. Seguramente están escribiendo que el Partido Popular se va a oponer a que se revisen los delitos, a que se persigan los delitos del franquismo. Nosotros no nos vamos a oponer a eso, nosotros estamos hablando de la legalidad vigente, estamos hablando de la Constitución, estamos hablando del Código Penal. Ustedes siempre son la política del tuit; no profundizan, siempre se quedan en la superficie.

Señor Tardà, usted dijo que venía lleno de indignación y de tristeza. Le aseguro que muchas veces, cuando escuché hablar a gente de su partido aquí, yo también me indigné mucho, yo y casi todos los presentes. Para hablar de indignación yo creo que tendría que hacer antes una reflexión. He visto lo que usted propuso en los últimos plenos: que se quitaran los títulos nobiliarios, que se quitara el delito de


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traición contra la patria. Hoy trae esta ley que sabe usted que no tiene ningún recorrido porque no puede pasar nada, porque hay otras leyes, otras normativas que impiden la persecución de estos delitos, pero la trae aquí. Eso a mí también me indigna, me indigna ese engaño que se hace a los ciudadanos. Y siento tristeza sobre todo por sus comentarios y por todo que lo que estamos viendo en este Parlamento.

Decía uno de los intervinientes que esta ley de punto final -que no es una ley de punto final sino la Ley de Amnistía, mejor dicho- era la asignatura pendiente de los españoles. Yo creo que la asignatura pendiente de los españoles no es haber aprobado esta ley que nació del consenso, que nació por petición de la gente en las calles. Yo participé en esas manifestaciones -era jovencito- pidiendo la amnistía: la primera se hizo en La Coruña -ciudad por la que soy parlamentario- en el año 1976, por si no lo recuerdan; fue una amnistía parcial. La segunda se hizo en 1977; salimos toda la ciudadanía a la calle pidiendo esa amnistía porque queríamos construir, queríamos hacer democracia y, gracias a esta amnistía, salió la Constitución. Yo ya sé que a ustedes la Constitución no les gusta, yo sé que en el fondo con la formulación de esta proposición de ley ustedes quieren torpedear la Transición y con ello la Constitución, porque no les gusta la Constitución. (Aplausos). Hay un artículo que dice que la unidad de España se basa en la Constitución. Frente a eso, nosotros tendemos siempre la mano a las víctimas. Nadie impide que se investiguen los delitos, pero lo que no podemos hacer es decir a la gente que se van a perseguir o que se va a enjuiciar a los autores, porque otras leyes lo impiden. Esas leyes también están vigentes y fueron aprobadas por este Parlamento español. La reconciliación no se basa en la persecución, la reconciliación se basa en la verdad, en tender la mano y en decir que aquí estamos todos para buscar soluciones; nunca para crear problemas ni para olvidar, pero tampoco para recordar con rencor y con odio.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL INCREMENTO DE LA EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. (Número de expediente 162/000611).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto II del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de la edad para contraer matrimonio. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Heredia Martín. (Rumores). Silencio, por favor.

Adelante, señoría.

La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, casarse siendo menor de edad significa crecer y madurar muy pronto. La iniciativa que hoy trae el Grupo Parlamentario Popular propone elevar la edad mínima para contraer matrimonio en nuestro país a los dieciocho años, porque entendemos que es una manera de proteger mejor la vida y el futuro de nuestros menores, algo que ya se está haciendo en otros países, no es nada nuevo. Ya se está haciendo en Alemania, se ha hecho en Dinamarca, en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Italia, en Bélgica y en Suecia. También con ello atendemos a lo que nos está reclamando nuestra sociedad civil. Nos lo están reclamando organizaciones tan importantes como Plan Internacional en España, de quien nació esta propuesta hace unos meses, cuando el 10 de octubre en esta misma Cámara presentaron una campaña, la campaña "Niñas al poder", donde cuatro niñas embajadoras nos estuvieron ilustrando sobre su experiencia luchando por elevar la edad de matrimonio en Malawi y en Guatemala, una propuesta que allí fue secundada por todas los portavoces de infancia de los grupos presentes, como la señora Ferrer, del Grupo Socialista, la señora Belarra, del Grupo de Podemos, y también la señora Salmerón, del Grupo Ciudadanos. Pues bien, señorías, seamos coherentes también en nuestro país y hablemos hoy de matrimonio infantil, porque si el matrimonio infantil es injusto en otros países del mundo, también lo es en España, y sobre todo porque afecta mayoritariamente a las niñas y a las mujeres.

Por otro lado, también atendemos a las últimas recomendaciones de los organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una recomendación que no había sido formulada hace tres años cuando modificamos la edad mínima del matrimonio a los dieciséis años. Algunos grupos nos han presentado enmiendas no solamente de esta modificación de las recomendaciones internacionales, sino de todas las recomendaciones que nos hicieron. No se puede albergar en esta propuesta todas y


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cada una de ellas, porque no podemos pedir que se aumente la edad mínima de matrimonio y también que se acabe con el hambre en el mundo. Por tanto, hoy les pido coherencia y que nos ciñamos a lo que estamos pidiendo, que es bastante claro.

Señorías, nosotros creemos que en nuestro país tenemos que seguir adelante mejorando el sistema de protección de nuestros menores, como se hizo en 2015. Se hizo una ambiciosa reforma de veinte leyes... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora HEREDIA MARTÍN: ... donde el Gobierno de España consiguió un amplio consenso para tipificar, entre otras cosas, el matrimonio forzado. Se elevó la edad mínima del consentimiento sexual desde los trece años a los dieciséis y nos convertimos en el primer país en Europa en declarar el interés superior del menor. Por eso, creemos que es lógico plantearnos esta modificación en estos momentos. Tenemos que seguir en esa línea, porque eso significa el interés superior del menor y también el respeto que nos merece el artículo 14 de nuestra Constitución. Todos sabemos lo que implica un matrimonio, todos sabemos lo que conlleva, todos sabemos que está claro que es una decisión muy importante, que hay que asumir obligaciones, responsabilidades y cargas familiares, y sobre todo no es solamente un compromiso, sino que es un contrato. Si un menor no puede hacer ni un contrato de la luz o de alquiler, ¿cómo va a hacer un contrato para casarse con otra persona? ¿Cómo le vamos a dar esa responsabilidad? Eso es lo que venimos a tratar hoy aquí, esta tarde. También se condiciona el futuro de ese menor, está claro. Hay raras excepciones, pero cuando un menor con dieciséis o diecisiete años da el paso de casarse deja de aprender, deja de estudiar, abandona la escuela y se dedica a su familia o en este caso a su matrimonio. Por tanto, estamos degradando la vida de ese menor y privándole de una oportunidad y garantizar su igualdad de oportunidades en la vida. ¿Cómo puede ser que lo que nos parece lógico en otro país no nos parezca bueno para España? Eso es en lo que yo quiero hacer pensar a todos los grupos que están en esta Cámara. Si ampliamos la edad mínima del matrimonio creamos también conciencia social. Con el tiempo, con el paso de los años, se ve raro casarse ya con dieciséis años, y podemos conseguir un gran avance.

Algunos grupos me podrán decir: entiendo que es una medida irrelevante porque hay muy pocos casos, porque es innecesaria. Hay más de 2500 casos de menores que se han casado en los últimos diez años en España, 929 casos de 2013 a 2017. En definitiva, no estamos hablando de pocos casos, sino de 2500 realidades que necesitan que les ayudemos y ser atendidos por nosotros. Los matrimonios tempranos se dan, sobre todo -eso lo sabemos, no hace falta hacer un estudio-, en las familias más vulnerables, porque es verdad -y lo digo desde el conocimiento- que la educación no es tan importante, no es un valor para muchas familias. Nuestros padres prefieren que tengamos un futuro antes que una educación y, por eso, tenemos que ayudar a esas familias que, a lo mejor, no lo tienen tan claro, dándoles una oportunidad a sus hijas o a sus hijos. Les pongo un ejemplo. Una chica que conozco, cercana a mi círculo, ha elegido con dieciséis años casarse. ¿Por qué no le damos también la oportunidad de emprender una educación, una vida profesional? Eso se va a traducir en darle un mejor futuro, no solo a ella sino también a sus hijos. Desde el Gobierno ya se está trabajando en nuevas medidas para luchar contra estas situaciones de discriminación, estas situaciones de pobreza. Asimismo, se está luchando por mejorar la protección de los menores en la violencia. También atañe en este punto hablar de violencia, porque está claro que se dan casos en los que las menores también se meten en el círculo de la violencia cuando se casan a estas edades tempranas. Tenemos que evitarlo y lo podemos hacer aprobando esta tarde esta medida; lo podemos hacer intentando prevenir, como digo, estas situaciones.

Otros grupos me podrán decir también que si se aumenta la edad mínima va a seguir habiendo matrimonios informales o matrimonios forzados. Yo creo que se debería intentar investigar por qué se están dando estos matrimonios. Yo entiendo que ya se están haciendo estudios, señorías; desde las organizaciones sociales, en este caso, se están desarrollando estudios para ver por qué se dan estos matrimonios infantiles. Es una realidad que tenemos en la calle, no solo tenemos que mirar los estudios sino que lo vivimos en la calle, en los barrios más pobres de nuestras ciudades y nuestros pueblos, y lo conocemos de cerca también por lo que nos transmiten las organizaciones sociales y, sobre todo, las organizaciones de los colectivos gitanos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


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La señora HEREDIA MARTÍN: Porque, ¿quiénes son los que se casan prematuramente? Las estadísticas no tienen nombre, pero está claro que detrás de esas cifras hay colectivos vulnerables como el gitano. Tenemos que actuar sobre la edad, sobre todo porque es una decisión jurídica que crea conciencia. Señorías, entre los gitanos hace poco se veía normal casarse con catorce o con quince años, pero ahora eso ya se ve más raro y ya no se están dando esos casos; ahora lo más habitual es casarse con dieciséis. Por eso les pido hoy aquí, como gitana, que demos el paso de impulsarlo a los dieciocho, para que dentro de unos años esos niños gitanos también puedan ver como algo normal el casarse a partir de los dieciocho. (Aplausos). Si hoy cambiamos la edad mínima de matrimonio les puedo asegurar que habrá una niña gitana que se plantee, en vez de casarse, como lo hizo su madre, con dieciséis años, seguir sus estudios y labrarse un futuro, como les decía antes, y mejorar así la inclusión social y, sobre todo, mejorar la igualdad de oportunidades de estas niñas. En definitiva, lo que quiero pedirles desde aquí, desde esta tribuna, es que hoy se olviden de que esta propuesta la presenta el Partido Popular; quiero pedirles que se olviden de que la firma el Partido Popular y que piensen y voten en conciencia si mañana sus hijos les dicen con dieciséis años que se quieren casar, a ver si siguen pensando también lo mismo, con las consecuencias que puede llevar eso.

Quiero darles las gracias a todas las organizaciones que luchan por el interés de las niñas. Desde Unicef, Save the Children y, por supuesto, especialmente a Plan Internacional y, sobre todo, a las organizaciones del pueblo gitano, por todas las mujeres relevantes que están defendiendo los derechos de las mujeres gitanas como Beatriz Carrillo, Sara Giménez o Carmen Santiago. Muchísimas gracias a ellas y, sobre todo, les pido que miren esta medida como lo más coherente y lo más importante que podemos hacer por los menores de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, el Partido Popular, el partido que está gobernando, el mismo partido que no pone en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista con medidas concretas frente al matrimonio forzado, el mismo partido que tiene la obligación por mandato de esta Cámara de traer un proyecto de ley contra la violencia en la infancia -y parece que ni está ni se espera-, este partido nos trae hoy aquí una proposición no de ley para prohibir el matrimonio a los jóvenes de dieciséis y diecisiete años emancipados. Además, empiezan la exposición de motivos con una sospechosa excusatio non petita, dicen: podría parecer que con esta iniciativa tratamos de limitar derechos, pero esto no es así. Continúan: lo que se pretende es defender el interés superior del menor. Estamos de acuerdo, claro que es una prioridad defender el interés del menor, pero, ¿lo es para ustedes realmente? (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Si es así, ¿por qué no han traído esa ley contra la violencia en la infancia, por qué no ponen en marcha ya de una vez el pacto de Estado? Además, es importante decir que hablamos de jóvenes de dieciséis y diecisiete años que ya están emancipados y, por esa emancipación reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, se les otorga una serie de derechos. Por ello, se mire por donde se mire, lo planteen ustedes como lo quieran plantear, esta iniciativa sí supondría una limitación de derechos y, además, la creación de una nueva excepción a la figura jurídica de la emancipación.

Señorías del Partido Popular, vemos cómo día a día se van situando en un espacio más conservador y antiliberal. Sea conveniente o no esta iniciativa, sin entrar en el fondo, entiendan que en una democracia un recorte de derechos se debe justificar con sólidos argumentos. Permítanme que les diga que este medio folio de PNL que les muestro se me queda bastante corto. (Aplausos). Tendremos que valorar si la medida que plantean es equilibrada, si ese recorte de derechos realmente está justificado. Lo que hacen en estos cuatro párrafos es limitarse a dar dos simples datos. Por un lado dicen -sin mencionar fuente alguna- que de 2013 a 2017 se celebraron 807 matrimonios con menores. He ido al INE, que se supone que tiene los datos del Registro Civil, y los datos reflejan que fueron 291. Ustedes hablan de 516 matrimonios de más que el propio INE desmiente. Como mínimo les exigimos que sean rigurosos con los datos que aportan; no sabemos muy bien de dónde los ha sacado, igual me lo puede explicar después, porque no concuerdan con los oficiales. Frente a esos datos les planteamos los reales: en el primer semestre del año 2017 se celebraron en España veintiséis matrimonios con menores implicados, de ellos, seis tenían dieciséis años y los veinte restantes habían cumplido ya los diecisiete. Valoremos que quizás no es lo mismo estar emancipado con dieciséis que con diecisiete porque, ¿por qué se pone el límite en


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los dieciocho y no en los diecisiete o incluso en los diecinueve? Argumenten algo por lo menos. Señorías, repito, se requiere un debate mucho más profundo que el medio folio que nos han traído aquí hoy. Son tan pocos casos que incluso los podrían haber analizado uno a uno.

El segundo y último argumento que utilizan es que una de cada tres niñas en países en vías de desarrollo contrae matrimonio antes de los dieciocho años. Este dato estaría muy bien para debatirlo en Guinea, en Pakistán o en Guatemala donde, desgraciadamente, es así pero, señorías, esto es España, no pinten ustedes una realidad que no es, que luego no van a tener ninguna autoridad moral para quejarse cuando lo hacen otros grupos. Qué les parece si miramos a países de nuestro entorno, de Europa. En Reino Unido, Italia, Noruega la edad mínima es la de dieciséis, exactamente igual que en España. También es cierto, como usted decía, que en países como Dinamarca y Alemania han realizado recientes reformas aumentando la edad a dieciocho, pero lo hicieron de una manera muy diferente, con un debate profundo y, desde luego, con datos veraces, no como los que plantean ustedes. Ciudadanos ha presentado una enmienda en la que simplemente pedimos que esto se debata con la seriedad que se merece. Si no lo aceptan, serán ustedes unos irresponsables y quedarán en evidencia, porque hemos hablado con Plan Internacional y con los responsables del Secretariado Gitano y están de acuerdo con estas enmiendas. Pedimos que se haga simplemente como en esos países, con una evaluación previa y rigurosa, en la que se estudia además qué incidencia puede tener la situación socioeconómica de estos menores o, por ejemplo, la alta tasa de abandono escolar que tenemos en España, una de las más altas de Europa, porque estas cuestiones de fondo tenemos que abordarlas si la finalidad es realmente defender el interés superior del menor.

Finalizo, no sin antes instarles por enésima vez a que pongan en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista, con esas cinco medidas, muy concretas, para luchar contra los matrimonios forzados y a que presenten cuanto antes esa ley para erradicar la violencia en la infancia. Cumplan ya, de una vez, con su palabra, señorías del Partido Popular, y déjense de proposiciones no de ley que ustedes saben perfectamente que se quedarán absolutamente en nada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Reyes.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Boa tarde y grazas, señor presidente.

Diputados y diputadas, la verdad es que lo primero que nos gustaría decir hoy es que estamos un poco confusas con esta iniciativa del Partido Popular, porque si uno entiende que las políticas públicas tienen que responder a las demandas de la sociedad, desde luego no sabemos muy bien a qué demanda responde esta iniciativa y, además, creemos que hay otras demandas más urgentes como las que vimos con las pensiones y lo que vimos el 8 marzo. Y aunque, como demócratas y como feministas, estamos preocupadas, por supuesto, por la posible vulneración de los derechos humanos de las mujeres y de las adolescentes de nuestro país, no entendemos exactamente a qué responde esta iniciativa y por qué la traen hoy aquí; veremos cuáles son, en realidad, los motivos a los que pueda responder.

En primer lugar, nos parece que es una iniciativa confusa en sus planteamientos, porque constantemente está mezclando los distintos términos que se pueden utilizar para hablar del matrimonio. Con la intervención de la portavoz del Grupo Popular lo hemos visto claramente porque, por un lado, mezcla matrimonio forzado infantil con matrimonio forzado adolescente y con matrimonio en general, haciendo una crítica del matrimonio un poco extraña. No seré yo, como feminista, sospechosa de ser una defensora de la institución del matrimonio pero, desde luego, lo que tampoco es correcto es decir que si nos casamos vamos a abandonar nuestras vidas; es como una ideología de otro tiempo. Por otra parte, nos preocupa enormemente que hagan esta propuesta sin tener cifras reales. Es bastante injusto, sobre todo para las mujeres gitanas de nuestro país, que, sin ningún estudio oficial sobre el tema, den por hecho que las que tienen matrimonios forzados a edades tempranas sean las gitanas. ¿En qué se basan para decir esto? Esto es, al fin y al cabo, un estereotipo antigitano y precisamente este tipo de estereotipos son los que se han utilizado por muchas de las personas que hacen que las mujeres gitanas no puedan acceder en las mismas condiciones que nosotras al matrimonio o respecto de cualquier otra cuestión o cualquier otro derecho fundamental que ahora mismo ven vulnerados por su situación. (Aplausos). En este sentido hemos presentado nuestra enmienda; una enmienda que pretende hacer un estudio interseccional y de


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género, porque también es preocupante la ausencia de la perspectiva interseccional y de género en esta iniciativa que es, desde luego, una muestra de su posición en el tema.

En segundo lugar, nos parece que es una propuesta que está bastante confundida también en las causas y en los objetivos. Los matrimonios forzados no son las causas sino las consecuencias de un montón de cosas que les suceden a nuestros adolescentes. ¿Qué les pasa, entre otras cuestiones? Que no tienen las condiciones suficientes para poder decidir. Y tanto que ustedes últimamente quieren hacer políticas feministas, les doy un consejo: hacer políticas feministas tiene que ver con defender la igualdad de las personas, pero, por supuesto, también tiene que ver con defender su libertad. Para tener libertad, para que las adolescentes de nuestro país puedan tener libertad, también tenemos que poder darles las condiciones para ello; es decir, tenemos que poder darles autonomía, y parece que esta iniciativa responde a una serie de iniciativas que el Partido Popular ha ido presentando no solamente en violencia machista -si bien de forma especialmente acusada en violencia machista-, que tienen que ver con medidas que son populistas, punitivas e infantilizadoras, que no quieren darles derecho a las mujeres sino que lo que quieren hacer es prohibir. Esto es, al fin y al cabo, puritanismo, es simplemente quitarles derechos a las mujeres, reprimirlas en vez de darles autonomía y capacidad para decidir sobre sus propias vidas, y eso, señorías del Partido Popular, es también hacer feminismo, eso es hacer libertad y hacer feminismo y con esta iniciativa ustedes también están recortando en derechos. Desde luego, nosotras pensamos que las mejores políticas que se pueden hacer para ayudar a las mujeres tienen que ver con garantizar esas condiciones de libertad, tienen que ver con darles seguridad en ciertas condiciones. ¿Por qué no ponemos en marcha el pacto de Estado? ¿Por qué no acabamos con las cifras que hay de abandono escolar? ¿Por qué no acabamos con todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que ustedes se han empeñado en recortar una y otra vez desde la ley que se aprobó en el 2010? No solamente con las interrupciones voluntarias del embarazo, sino también con todo lo que tiene que ver con la educación sexual y afectiva, que nosotras pensamos que sí podría servir para que las mujeres pudiesen decir, también a los dieciséis y a los diecisiete años, cómo quieren vivir sus vidas, cómo quieren ejercer al fin y al cabo su derecho a unirse a otra persona para formar una familia o simplemente amar a otra persona.

Estas son cuestiones que creemos que podrían poner en marcha si lo que quisieran de verdad fuera ayudar a estas mujeres de dieciséis y diecisiete años. Nosotras sí que nos fiamos de las mujeres de dieciséis y diecisiete años. Nos gusta la España que nos enseñaron el 8 de marzo, no sé si a ustedes les gusta esta España, pero a nosotras, desde luego, sí. Nosotras tenemos claro que las mujeres de este país no se van a seguir fijando en los chicos malos, que ellas tienen muy claro que para fuera lo malo. Queremos que las mujeres puedan decidir y elegir cómo quieren hacer sus vidas y, por eso, nos parece que esta iniciativa ni está apoyada en datos, ni es realista, ni tiene que ver con lo que en estos momentos están demandando las adolescentes de nuestro país, que, sobre todo, está relacionado con trabajos dignos, con una escuela pública y de calidad; en realidad esto, señorías del Partido Popular, responde una vez más a no querer hacer políticas públicas, a no querer invertir ni un solo euro para las mujeres. (Aplausos).

Les diré una cosa para terminar; una cosa que es quizás anecdótica pero que yo creo que refleja bastante bien lo que las mujeres de nuestro país nos están diciendo y lo que nos dijeron de forma especial el día 8 de marzo, que fue un día histórico para el movimiento feminista. Había una pancarta que decía que había una princesa y que esta vez la princesa se salvó sola. En fin, este es el cuento que a día de hoy está vigente en nuestra sociedad, señorías del Partido Popular. Parece que ustedes sigan viviendo en las cantigas de amigo de la Edad Media.

Gracias (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas tardes, señorías.

Nos dicen ustedes en su proposición que traen esta iniciativa para dar cumplimiento a algunas de las recomendaciones del informe de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tengo aquí y al que voy a ir haciendo referencia a lo largo de mi intervención. Lo primero que les quiero aclarar es que en España, de manera general, las personas menores de edad no pueden contraer matrimonio. Voy a repetirlo: no pueden contraer matrimonio. De forma excepcional, puede celebrarse entre menores de edad con consentimiento paterno o judicial. Por tanto, su propuesta en realidad lo que pretende es eliminar todo tipo de excepción y lo hace sin conocer la casuística de los raros casos que se dan en España.


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Señora Heredia, no han pasado ni diecinueve meses de la reforma que elevó la edad mínima para contraer matrimonio y traen ustedes una proposición no de ley que solo busca desviar la atención sobre otros asuntos. Esto no tiene ninguna otra explicación. Les hemos presentado enmiendas. Primero, porque parece lógico que previo a cualquier nueva modificación legislativa contemos con un estudio que analice los efectos de una reforma que no tiene ni diecinueve meses. En segundo lugar, porque creemos que es preciso establecer un plan de acción para el cumplimiento de todas y cada una de las observaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha hecho a España. Ustedes en esta proposición eluden, ocultan y desprecian todas las recomendaciones de Naciones Unidas que afectan a miles de niños y de niñas en asuntos de urgencia vital para ellos. La edad mínima del matrimonio en España es de dieciséis años. El matrimonio precoz es absolutamente residual, representa solo el 0,03 %. De hecho, ustedes se han visto obligadas a argumentar con datos de países en desarrollo que no representan, ¡ni de lejos!, la realidad española, y en su exposición de motivos han contabilizado tres años anteriores a la reforma del 2015 para poder inflar un dato que justificase traer esta propuesta.

No se puede legislar de manera disociativa. Ustedes, que han legislado para desproteger a las mujeres jóvenes, que han legislado para imponerles nada más y nada menos que embarazos, partos y maternidades no deseadas, ¿no se sonrojan cuando demandan que nadie vulnere los derechos de las jóvenes? Les tengo que decir que podrían empezar ustedes por derogar su contrarreforma de la Ley del aborto, porque eso sí que vulnera de manera grave los derechos de las jóvenes de este país. (Aplausos). En España, en el año 2016 cerca del 70 % de los escasísimos matrimonios prematuros que se produjeron eran de extranjeros y ningún estudio nos ayuda a comprender si existen circunstancias de origen étnico o cultural o si son casos de embarazos adolescentes los que vinculan con esos matrimonios prematuros. Por eso, señorías, nosotros, previo a cualquier modificación legislativa, exigimos contar con información que abarque las circunstancias sociales, culturales, étnicas, educativas o de ausencia de educación afectivo-sexual y que puedan abocar a un reducido número de personas a contraer matrimonios tempranos. Solo así estaremos en condiciones de acometer modificaciones que deben tener coherencia con el resto del cuerpo legislativo, y este es un asunto muy importante. Ustedes con esta reforma conseguirían, por ejemplo, el esperpento de imponer a una joven de diecisiete años ser madre pero no dejarla casar. Párense a pensarlo cinco minutos. Esta medida no está entre las medidas urgentes del informe de Naciones Unidas, pero hay otras que sí lo están, como, por ejemplo, señora Heredia, esta que le voy a citar que creo que le puede interesar mucho. Este informe denuncia la discriminación racial y la estigmatización de los niños y niñas romaníes. Recrimina al Gobierno que los niños no acompañados estén excluidos del sistema de protección de infancia. Censura las condiciones en que se encuentran los casi 17 000 niños y niñas que están en atención residencial y la incapacidad del Gobierno para agilizar las normativas sobre adopciones. Reclama el derecho a la identidad -escuche usted bien- y recomienda, por ejemplo, que España se asegure de que los niños y niñas nacidos a través de alquiler de vientre tengan acceso a información acerca de su origen. Reclama reforzar la prohibición del castigo corporal y luchar contra la explotación sexual de niños y niñas. Demanda prestaciones familiares y asignaciones por hijo para familias monoparentales, numerosas o padres desempleados. Así que vamos a ver si somos serios.

El Grupo Socialista apoyará la protección de los niños y niñas en toda su extensión, desde la seriedad y la integralidad en la respuesta que exige el informe de Naciones Unidas y desde luego respetando la coherencia normativa. No vamos a hacer el juego a quien elude y desprecia el resto de recomendaciones del informe y pretende además servirse de situaciones residuales en España para, sin conocer ni aportar ningún tipo de información sobre la casuística, pretender legislar sin respeto al principio de coherencia normativa del orden jurídico. Sean serios. Trabajen para dar respuesta a las recomendaciones respetando el orden de urgencia que les plantea Naciones Unidas. Lo demás atiende a otros intereses que, desde luego, no son los de urgencia, no son los de necesidad que tienen los niños que viven en este país. Tomen ustedes nota, no nos van a distraer; lo urgente es que den cumplimiento a lo que Naciones Unidas les reclama como urgente y no que se saquen del sombrero asuntos que, insisto, son residuales en este país y que no aportan gran cosa. En todo caso, estamos dispuestos a escuchar de ustedes algo razonable, por lo menos alguna vez.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Álvarez.

En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Hablando de menores, la prioridad es hacerse eco de la lucha que desde hace años vienen sosteniendo algunas plataformas, organizaciones y también muchos especialistas, algunos tan reconocidos como el innovador juez de Menores, señor Calatayud, que reclaman que en España necesitamos con urgencia un gran pacto por el menor para alcanzar un acuerdo amplio y evitar controversias en un asunto capital para el futuro de la sociedad española. Esta tarde hablamos de la edad mínima para contraer matrimonio, tal vez, como se acaba de afirmar en esta tribuna, un tema residual. Sin embargo, tenemos pendiente dar respuestas a otros muchos problemas de gran calado en torno a nuestros menores. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). Hace unos meses que la ministra Montserrat animó expresamente a este Parlamento a trabajar sobre el pacto de las tres pes, es decir, promoción, participación y protección del menor, pero no se aprecian avances. A nosotros nos parece bien, señora Heredia, esta proposición del Grupo Popular para instar al Gobierno a ampliar el umbral de edad para contraer matrimonio y, por tanto, extender el marco de protección de los y las menores en España. Aquí sí cabe recalcar el artículo femenino plural porque son, sobre todo, mujeres, niñas y adolescentes, es decir, menores de edad, quienes se han visto sometidas a casamientos haciendo valer la legislación que hasta 2015, año en el que entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria, nos acreditaba como uno de los pocos países de la Unión Europea que autorizaba, previa dispensa judicial, el matrimonio a personas de edad inferior a los dieciséis años. Acreditadas organizaciones internacionales se han aunado para llevar a término un programa de eliminación del matrimonio infantil y, si bien en España las cifras de casamiento se han recortado o han descendido muy significativamente en los últimos años, resulta necesario acompasar nuestra legislación para dotarla de instrumentos y límites para evitar matrimonios impuestos. Esta proposición no de ley, además, va en la línea de igualarnos al marco normativo que tiene la mayoría de los países de la Unión Europea, en general más restrictivos que España en el establecimiento de una edad mínima para el matrimonio de menores sin el consentimiento paternal o judicial. De ahí, señor presidente, que mi voto será favorable.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora Heredia, usted ha vertido unos argumentos que aisladamente considerados tienen cierto interés, pero que colocados en el marco en el que nos estamos moviendo, desde luego, demuestran una irrelevancia ya no solo por la cuestión de los números que usted ha sacado a colación, porque realmente estamos hablando, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, de un 0,03 % de los matrimonios producidos en el primer semestre del año 2017 -de entre las 68 769 personas que se casaron en ese tiempo, únicamente 26 eran menores de edad-; insisto, no solo el argumento cualitativo, sino, sobre todo, el cuantitativo. Cuando hablamos de aumentar la edad para contraer matrimonio, estamos afectando a un derecho que tiene una importante consideración constitucional, ya que en el artículo 32 se reconoce el ius connubii y, por tanto, tenemos que definir varias cuestiones. En primer lugar, qué es lo que se entiende por las finalidades de la institución matrimonial en la sociedad actual para ver realmente cuáles deben ser los requisitos de edad para acceder al matrimonio y también debemos analizar qué es lo que ha pasado, cuál es el camino que ha transcurrido desde que se aprobara la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que por primera vez en nuestro país colocó al menor como centro de su evolución, como sujeto activo en su proceso evolutivo y le dio un papel activo. Por tanto, debemos ver si en ese tiempo, como parece, las condiciones de evolución de la infancia y la adolescencia permiten entender que a determinadas edades se alcanza una mayor madurez y deberíamos enmarcar esto también en el debate sobre si es conveniente ya rebajar la mayoría de edad a los dieciséis años, que es una cuestión sobre la que tenemos que pensar.

En cualquier caso, plantear una propuesta aislada de condicionantes socioeconómicos y aislada de condicionantes de evolución cultural, entendemos que no tiene interés y nosotros, en principio, no podemos apoyar esta propuesta, pero estamos pendiente del resultado del debate porque se han presentado muchas enmiendas y, al final, decidiremos nuestro voto con el resultado de las enmiendas tal como hayan sido transaccionadas, si es que llegan a serlo.

Gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Hoy el Grupo Popular trae a debate una proposición no de ley que pretende modificar de nuevo la edad legal para contraer matrimonio. Digo de nuevo porque en 2015 debatimos la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la edad de los menores para contraer matrimonio se incrementó de los catorce a los dieciséis años. Si bien en su momento podía ser necesario incrementar la edad para contraer matrimonio a los dieciséis años porque el Estado español se encontraba entre los países con una edad más baja para ello, ahora estamos en el otro lado de la balanza y se presenta una modificación que a nivel de sucesos en el Estado español, afortunadamente, es residual en las estadísticas. Por tanto, no acertamos a ver la conveniencia de esta modificación, pues, entre otras cosas, en el reciente Pacto de Estado contra la violencia de género se abordaron muchos temas, entre ellos el de los matrimonios forzosos, y se adoptaron una serie de medidas. Como conclusión de esos trabajos, no surgió la necesidad de incrementar la edad para contraer matrimonio; en cambio, se adoptaron una serie de medidas para proteger a los menores en situación de vulnerabilidad ante un matrimonio forzoso. Prohibir sin proteger se nos antoja poco productivo, por lo que no vamos a apoyar esta modificación de límite legal. Esperaremos a ver si el grupo mayoritario tiene a bien aceptar alguna enmienda para determinar finalmente nuestro voto, pero con la formulación actual este sería que no.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Se presenta a debate una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los dieciocho años, atendiendo a las recomendaciones de una serie de organizaciones internacionales realizadas en 2012. Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico establece la edad para contraer matrimonio a partir de la mayoría de edad, que comienza a los dieciocho años cumplidos, salvo que el futuro contrayente se encuentre emancipado sin haberla cumplido y una vez haya superado los dieciséis años y previa concesión de los que ejerzan la patria potestad por concesión judicial y vida independiente. Este régimen de los menores para contraer matrimonio fue modificado, como ya se ha dicho, en 2015 cuando se eliminó la posibilidad contenida en el artículo 48 del Código Civil para que el juez dispensara el impedimento de la edad a los menores de dieciséis años y con catorce cumplidos. Y también, como se dice en la exposición de motivos de la proposición, en 2015 se reformó el Código Penal, elevado de los trece a los dieciséis años la edad mínima de consentimiento sexual. Por eso, nos llama la atención que ahora, a menos de tres años de haber elevado la edad mínima para contraer matrimonio, se reclame la necesidad de volver a elevar esa edad mínima para contraerlo, impidiéndolo a los emancipados a partir de los dieciséis años, cuando el equipo ministerial es el mismo y las recomendaciones de las organizaciones internacionales que se citan ya se conocían, pues datan de 2012. España, a día de hoy, cuenta con una edad acorde a la media de los países de la Unión, siendo la edad mínima de dieciocho años y pudiendo ser rebajada hasta los dieciséis para los contrayentes si cuentan con consentimiento de sus tutores y en algunos países también con el judicial.

Por otro lado, si analizamos el requerimiento de la edad en otros sectores del ordenamiento jurídico, observamos que por debajo de la edad de dieciocho años existen multitud de ámbitos -y muy relevantes- en los que los menores disponen de capacidad de obrar. Así, a partir de los catorce años, con requisitos y matices, pueden otorgar testamento, ser responsables penales, prestar consentimiento para transferir datos de carácter personal, abrir cuentas en redes sociales o subir fotografías suyas a Internet. Incluso el Reglamento europeo al que ahora estamos adaptando nuestra normativa de protección de datos permite que estos servicios sean contratados entre los trece y los dieciséis años, dejando la decisión a los Estados miembros, y el proyecto de ley orgánica de protección de datos, en debate en la Comisión de Justicia actualmente, propone que esta edad sea los trece años. Por su parte, a partir de los dieciséis años cumplidos los menores pueden dar su consentimiento informado en materia sanitaria, emanciparse -como ya hemos referido-, tener relaciones sexuales consentidas o trabajar con autorización de sus tutores y con algunas limitaciones: trabajos nocturnos, horas extras u ocupar


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puestos insalubres o peligrosos. También pueden conducir determinados vehículos a motor, ser testigos y oídos en juicio, realizar actos de disposición en documentos públicos de sus bienes a través de su consentimiento y realizar actos de administración ordinaria de los bienes adquiridos mediante su trabajo o actividad. En fin, señorías, no es necesariamente los dieciocho años la edad en la que las personas adquieren en casi todos los ámbitos de la vida su capacidad de obrar, tal y como parece hacernos ver la proposición no de ley, a veces incluso de manera errada, como en lo relativo a la responsabilidad penal, a conducir determinados vehículos a motor, a administrar y disponer de sus bienes, o incluso la edad para votar, que ciertamente se encuentra en los dieciocho años, si bien, como ustedes conocen, no está exenta en la actualidad de un profundo debate para su rebaja a los dieciséis años.

Por último, nos llama también la atención la forma de instar el cambio en la edad para contraer matrimonio, mediante una proposición no de ley que insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para elevarla a dieciocho años. No se pide un análisis sosegado sobre el tema, sino directamente que se realicen las modificaciones legales para materializar el incremento de la edad. La verdad es que el asunto es de suficiente enjundia como para merecer un mayor esfuerzo reflexivo y deliberativo. Por todo lo expuesto, señorías, y sin que signifique por nuestra parte prejuicios sobre el fondo del asunto, no podremos apoyar la iniciativa.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta. Molt bona tarda senyores i senyors diputats.

Oriol Junqueras y Quim Forn se encuentran privados de libertad desde hace 138 días. Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, 155 días. Son presos políticos. (Aplausos).

Señorías, el Código Civil establece en su artículo 46 que no pueden contraer matrimonio los menores de edad que no estén emancipados; es decir, en el Estado español la edad mínima para contraer matrimonio está establecida en la mayoría de edad, momento en el que la persona adquiere la plena independencia al extinguirse la patria potestad y alcanzar, por tanto, la plena capacidad de obrar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La mayoría de edad se adquiere, como saben, a los dieciocho años -así lo establece la Constitución en su artículo 12-, salvo en aquellos casos especiales en los que la persona es declarada incapaz. Sin embargo, las personas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho pueden disponer de su persona y de sus bienes como si fueran mayores de edad cuando se encuentran en la situación civil de emancipados. Así lo establece el artículo 323 del Código Civil. En estos casos el Código Civil permite que los menores emancipados puedan contraer matrimonio y también es verdad que en 2015 hubo una reforma por la que se puede contraer matrimonio mediante dispensa a los catorce años de edad. Digo todo esto porque el Código Civil español ya establece la edad mínima para contraer matrimonio, que es a los dieciocho años, y solo existe una excepción, los menores emancipados, que pueden contraer matrimonio a partir de los dieciséis años. Es bueno que sepamos dónde estamos y dónde nos manejamos. El Partido Popular nos presenta esta proposición no de ley -no proyecto de ley a través del Gobierno o proposición de ley a través del grupo parlamentario- sustentada en el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la representante especial del Secretariado General de la Violencia contra los Niños, el grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, así como cuatro titulares de mandatos de procedimientos especiales, emitieron una declaración conjunta en el año 2012, en la que recomendaron a los Estados elevar la edad a dieciocho años, porque una de cada tres niñas -como muy bien dice la proposición no de ley- de países en desarrollo contraen matrimonio antes de los dieciocho años.

Señorías del Partido Popular, Esquerra Republicana es contraria al matrimonio infantil -no es necesario que lo digamos, pero lo decimos por si alguien se equivoca y piensa otra cosa distinta-, nos oponemos, como no podía ser de otra manera, a los matrimonios forzosos. Ya se ha dicho con anterioridad que son una consecuencia y, en todo caso, tienen que ver con unas situaciones que ustedes, en ningún caso, en su proposición no de ley pretenden abordar. Pero debo decirles algo más, las jóvenes y los jóvenes de dieciséis y diecisiete años no son niñas ni son niños, son jóvenes. Y sí, para Esquerra Republicana no son niños, y mucho menos pueden ser considerados niños o niñas cuando están emancipados porque así lo establece la ley y porque se dan una serie de requisitos legales.


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Entendemos que las personas mayores de dieciséis años tienen reconocidos derechos y obligaciones de gran responsabilidad. Por ejemplo, pueden trabajar, y así lo establece, con limitaciones, el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores; pueden testar los mayores de catorce años, y así lo establece el artículo 663 del Código Civil; están obligados a pagar impuestos; tienen pleno consentimiento de los tratamientos médicos; tienen responsabilidades penales según la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Por ello, defendimos en esta Cámara el derecho de las personas mayores de dieciséis años al derecho de sufragio. Y del mismo modo que defendimos que las y los jóvenes mayores de dieciséis años ya han adquirido la madurez y los conocimientos para ser ciudadanos de pleno derecho, debemos defender hoy que las personas de dieciséis y de diecisiete años emancipadas deben poder contraer matrimonio e inscribirse como pareja de hecho.

Termino, señora presidenta, con un apunte procedimental. Señorías del Partido Popular, si de verdad creían que era tan necesaria esta modificación del Código Civil sobre el derecho a contraer matrimonio, ¿por qué no nos han presentado una proposición de ley? ¿Por qué no nos han presentado un proyecto de ley a través del Gobierno? Es llamativo que el partido que sustenta al Gobierno presente iniciativas instándose a sí mismo a hacer algo. Si de verdad tienen la voluntad política para modificar la edad mínima para contraer matrimonio, presenten una proposición de ley o díganle ustedes al Gobierno que sustentan que presente un proyecto de ley.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Heredia Martín si acepta su grupo algunas de las enmiendas presentadas.

La señora HEREDIA MARTÍN: Señora presidenta, estamos todavía valorando las enmiendas de los grupos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CELEBRAR UN DEBATE DE ESTADO DE LA NACIÓN. (Número de expediente 162/000569).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición no de ley de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea por la que se insta al Gobierno a celebrar un debate de estado de la nación. Para la presentación de la iniciativa y la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión.

El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el pasado día 18 mi grupo registró una proposición no de ley instando al Gobierno a celebrar un debate sobre el estado de la nación. Menos de veinticuatro horas después, el ministro portavoz del Gobierno, don Iñigo Méndez de Vigo, aseguró en rueda de prensa que el Gobierno celebraría el debate del estado de la nación -y cito literal- antes de la primavera. Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la primavera ha comenzado hoy a las 17:15, hora peninsular. (Aplausos). Parece evidente que mintió el ministro portavoz, pero no querría yo llamar al señor Méndez de Vigo mentiroso como se llama mentiroso a cualquier plebeyo. Querría utilizar alguna referencia a su altura, para lo que me voy a permitir citar unos versos del gran Quevedo, que, como el señor Méndez de Vigo, era noble. Es una pena que no nos acompañe el portavoz del Gobierno, pero estoy seguro de que en el Diario de Sesiones se hará justicia con estos versos de Quevedo, que dicen así: "Mal oficio es mentir, pero abrigado: / eso tiene de sastre la mentira, / que viste al que la dice; y aun si aspira / a puesto el mentiroso, es bien premiado". La verdad es que nuestros clásicos supieron retratar bien lo que ustedes representan, señorías.

Poemas y mentiras aparte, da la impresión de que ustedes no quieren que este Congreso debata sobre la situación de España. Yo, a diferencia de muchos de ustedes, no llevo aquí ni lustros ni decenios, pero sé que el debate sobre el estado de la nación es una práctica parlamentaria al menos desde 1983. Con excepción de los años electorales, todos los años desde 1983 ha habido debate sobre el estado de la nación. El último que se produjo tuvo lugar en esta Cámara en el invierno del año 2015. Estamos ya en la primavera de 2018. En el último debate sobre el estado de la nación que se produjo aquí no estaba


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Podemos ni estaba Ciudadanos. Yo creo que ya va siendo hora de que en esta legislatura se celebre un debate sobre el estado de la nación.

Pudiera ser que a ustedes les pareciera que en esta legislatura no ha pasado nada extraordinario que merezca un debate de estas características, pero a mí me da la impresión de que sí han pasado algunas cosas extraordinarias. Estamos en una legislatura en la que cuatro ministros de su Gobierno han sido reprobados: el ministro Catalá, por injerencias en los casos de corrupción que afectan al Partido Popular; el ministro Montoro, por la inconstitucionalidad de su amnistía fiscal; el ministro Dastis, por primera vez, por difamar a la escuela catalana en la BBC; por segunda vez el ministro Dastis, y el ministro Zoido, por incumplir la cuota de acogida de refugiados impuesta por la Unión Europea.

Estamos en una legislatura tan poco extraordinaria que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales la amnistía fiscal de Montoro, la indemnización que ustedes dieron a la empresa Castor de Florentino Pérez de 1350 millones de euros y su reforma de 2012 para elegir al presidente de Radiotelevisión Española. Estamos en una legislatura tan poco extraordinaria que los presupuestos generales de 2017 siguen prorrogados. Y tenemos una legislatura muy normal en la que se ha batido el récord de vetos; ha habido más vetos en lo que llevamos de legislatura que en toda la historia reciente de nuestra democracia. Algunos ejemplos son: ley de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, vetada por el Partido Popular; ley de vivienda digna de la PAH, vetada hoy mismo, una ley que evitaba los desahucios sin alternativa habitacional, y así hasta cincuenta y seis leyes vetadas. Esta es la legislatura ordinaria y tranquila de las leyes bloqueadas: la ley que establecía la subida del salario mínimo interprofesional, bloqueada por ustedes en diciembre de 2016; la que establecía la suspensión de la Lomce, bloqueada desde diciembre de 2016; la derogación de la Ley mordaza, bloqueada también, y así tantas y tantas leyes.

Pudiera parecer que estuviéramos en un contexto en el que la corrupción ha desaparecido de España y que, por tanto, no hace falta tener debate sobre el estado de la nación, pero resulta que en esta legislatura se ha confirmado el uso de la caja B para la financiación ilegal del Partido Popular; se ha confirmado su financiación ilegal en campañas electorales; M. Rajoy ha declarado como testigo en un caso de corrupción de su propio partido y el inspector de la UDEF dijo que M. Rajoy indiciariamente era receptor de cobros ilegales; además, se ha producido la apertura de juicio oral contra el Partido Popular por el caso de los ordenadores destruidos de Bárcenas, y han aparecido nuevos megacasos de corrupción que implican a importantes dirigentes de su partido, como el caso Lezo.

A propósito de la situación económica y social, podrían decir ustedes que la situación económica es magnífica. No voy a darles ninguna opinión, simplemente datos: solo nos superan en desigualdad en Europa Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria -son datos de Eurostat-; las tres personas más ricas poseen la misma riqueza en España que el 30 % de la población; tres de cada diez españoles están en riesgo de pobreza -de nuevo, datos de Eurostat-; según Oxfam, siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos en España son mujeres, y la pobreza energética -de nuevo, son datos de Eurostat- afecta nada más y nada menos que a 4,5 millones de personas. Podrían decir ustedes: Pero lo importante funciona, las pensiones. Bueno, pues resulta que en España seis millones de pensionistas cobran menos de 12 000 euros al año, las pensiones han perdido 432 euros de poder adquisitivo de 2010 a 2017 y más de dos millones de mujeres tienen que vivir con una pensión contributiva de menos de 650 euros. Como ustedes comprenderán, los pensionistas no están en la calle por casualidad.

Yo les pregunto una cosa muy sencilla: ¿No les parece que España merece un debate sobre el estado de la nación? Da la impresión de que ustedes solamente dan la cara cuando les obligan a hacerlo, como han demostrado las movilizaciones de los pensionistas. Les pido que den la cara de una vez y asuman que en este país tiene que haber un debate sobre los problemas de España, y no por respeto a la oposición sino por respeto a los ciudadanos y ciudadanas españoles.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Gobierno puede estar paralizado, pero el Parlamento y España no lo están, así que no solo es conveniente lo que nos exponía el proponente, sino que debería ser pronto y, en ese sentido, va


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nuestra enmienda: garantizar que se realice cuanto antes, y en nuestra opinión debería ser en el mes de abril.

Estamos de acuerdo con los proponentes y con lo que dicta el sentido común, es decir, que el debate del estado de la nación es una herramienta de control del Ejecutivo que está perfectamente consolidada. Desde casi el inicio de la democracia, desde los inicios del primer Gobierno de Felipe González, el debate del estado de la nación ha jugado un papel importantísimo en distintos aspectos: en la maduración democrática de la sociedad española, llevando a la calle todos los ámbitos de la cosa pública de forma estructurada, exhibiendo la práctica parlamentaria ante el pueblo español, en el contraste de pareceres, en el balance que cada cual hace de situaciones complejas, en el reparto de roles en un Estado de derecho. Por tanto, además de herramienta de control, creemos que ha sido una herramienta muy importante desde el punto de vista de la pedagogía política de una sociedad que por suerte está ahora madura democráticamente, pero que sigue necesitando en estos momentos más que nunca de lo que se ha sustraído durante tres años seguidos. Desde febrero de 2015 no ha habido debate del estado de la nación y sí ha habido infinitos debates sobre el estado de la nación en foros que no son este: debates fragmentarios, debates sin estructurar... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio. Un momento, señoría. Silencio, por favor.

El señor GIRAUTA VIDAL: Su falta de convocatoria hurta esta forma de participación política, arrebata esa brújula a la ciudadanía, impide el adecuado seguimiento de la política española en una etapa caracterizada precisamente por los mayores retos a los que se ha enfrentado España en muchos años, yo diría que los mayores retos a los que se ha enfrentado al menos desde después del golpe de Estado de Tejero. Basten cinco pinceladas. Un golpe institucional, con amenaza de la integridad territorial del Estado y aplicación por primera vez de esa cláusula de cierre que es el artículo 155 de la Constitución.

Estamos en la última fase de una gravísima crisis económica que ha obligado a someternos al procedimiento por exceso de déficit en Bruselas y a rescatar una parte del sistema financiero y que ha dejado a millones de trabajadores en el paro o en la precariedad. ¿No es el problema de la precariedad un asunto que merece de un formato como el debate sobre el estado de la nación, que se visualiza por parte de un público muy numeroso, muy importante, porque esa es una de las ventajas de esta herramienta consuetudinaria?

La urgencia del replanteamiento de políticas capaces de garantizar el sistema de pensiones. Hay obvia preocupación por el sistema de pensiones, por su sostenibilidad. Mezclen eso con el desfile interminable de casos de corrupción ya en sus fases judiciales, un espectáculo muy poco edificante. Sigo. La falta de movimientos en políticas educativas, de empleo, de I+D+i, capaces de poner a España en posición de aprovechar como una oportunidad, y no de sufrir como una amenaza, la revolución tecnológica que llega, que ya está llegando. España se la juega en esta revolución tecnológica. ¿Qué España queremos ser? ¿No es justo que los españoles juzguen lo que cada cual quiere que sea España? ¿No es justo que los españoles juzguen, en ese formato de éxito que es el debate sobre el estado de la nación, como la tradición demuestra, quién tiene un proyecto para España y quién no lo tiene? Solo quien carece de un proyecto para España puede temer la convocatoria del debate sobre el estado de la nación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene en primer lugar el señor Martínez Oblanca. (Rumores).

Les ruego silencio y que, por favor, ocupen sus escaños.

Adelante.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Insiste el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en unas formas de hacer política con las que no estamos en absoluto de acuerdo. Hoy, señor Iglesias Turrión, la prioridad de España y de Asturias es el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, pieza clave para el crecimiento, el empleo y la superación de las desigualdades, no el debate espectáculo sobre el estado de la nación que pretenden ustedes. El Gobierno ya anunció que en menos de una semana presentará ante esta Cámara ese proyecto de ley para su debate y aprobación por las Cortes Generales, un trámite que se prolongará durante tres meses, casi dos meses aquí en el Congreso de los Diputados, y que exigirá el


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mayor esfuerzo para tratar de alcanzar acuerdos que permitan que España actualice sus cuentas públicas y avance en la solución de los grandes problemas de sus ciudadanos. Es una tramitación larga y compleja que exige un gran compromiso para alcanzar acuerdos que permitan reflejar en las cuentas públicas las respuestas urgentes a problemas como el envejecimiento de la población, la competitividad de la economía, el empleo estable, las pensiones, la financiación autonómica y los servicios esenciales. Por tanto, el ajuste presupuestario es un asunto que requiere el mayor esfuerzo y rigor, y a ello nos dedicaremos desde Foro para dar cumplimiento en plazos y contenidos al pacto con el Partido Popular, lo que marcará ineludiblemente nuestras decisiones de apoyo o rechazo al proyecto de ley de presupuestos para este año. Esta es la gran prioridad parlamentaria, para la que paradójicamente, aun sin conocer el contenido del proyecto de ley presupuestario, ustedes, señor Iglesias Turrión, ya han anunciado enmiendas a la totalidad. Unidos Podemos no quiere que España tenga presupuestos y prefiere el espectáculo. No cuenten con nosotros.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, señora presidenta.

Señor Martínez Oblanca, creo que -y sin que sirva de precedente muchas veces- tiene usted razón, pero también tiene razón el señor Iglesias, y es que hay un refrán castellano que dice: Lo cortés no quita lo valiente. Efectivamente, el debate de presupuestos es un debate fundamental, pero el debate del control al Gobierno es tan fundamental como los presupuestos. Fíjese, 25 de febrero de 2015. Yo estaba en esta misma tribuna y no pude acabar de hacer el debate porque me dio aquel vahído y, en fin, no lo pude acabar. Yo llevaba un abecedario de todas las, digamos, trapacerías del Partido Popular, y me perdonarán la expresión tan simpática. Pues tres años después todo aquello sigue vigente o incluso ha empeorado. Sigue vigente la corrupción del Partido Popular; incluso el presidente del Gobierno ha tenido que ir a declarar. Sigue presente -esta misma mañana han venido los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca- el que cada día se siga desahuciando gente. Sigue presente aquí el tema de la financiación autonómica; llevamos cinco años de retraso. Sigue presente la ley mordaza; cada semana se está metiendo en prisión a gente por expresar sus ideas. Y sigue presente, por ejemplo, la bajada de salarios; cada vez los trabajadores tienen menos parte en la tarta del producto interior bruto. Esto sumado a nuevos problemas: el problema de Cataluña, el problema de los pensionistas en las calles, el problema de las mujeres, el problema de la población en riesgo de pobreza, que no para de aumentar. En definitiva, y acabo, hay una novela del escritor Graham Greene, El americano impasible, que siempre me recuerda al señor Mariano Rajoy: el gallego impasible, que no se pone nervioso por nada y aquí seguimos sin dar la cara. Por tanto, por supuesto que votaremos sí a esta moción porque entendemos que es fundamental que se haga un debate sobre el estado de la nación, también para los graves problemas que tiene este país.

Moltes gràcies, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gràcies, señora presidenta.

Señor Iglesias, compartimos el fondo y la forma de su iniciativa y, por tanto, vamos a votar favorablemente. En efecto, esta está siendo una legislatura inútil; inútil por la inacción del Gobierno. Nunca esta Cámara había sido tan incapaz de promover las reformas legislativas necesarias, pero al mismo tiempo tenemos un Gobierno que a través del veto, con la complacencia de su aliado Ciudadanos, bloquea la capacidad de iniciativa de los grupos de la oposición; usted ha mencionado alguna de estas iniciativas. Y todos coincidimos además en que el momento social, político y económico en el que estamos instalados exigiría -es lo que nos exige, de hecho, la sociedad, nuestros electores- que esta Cámara estuviese afrontando esos retos. En este sentido es muy evidente también que en un sistema democrático la rendición de cuentas es fundamental y el debate de política general forma parte de ese ejercicio de rendición de cuentas de cualquier Ejecutivo. Por tanto, insisto, apoyamos su iniciativa.

Pero, si me permiten, creo que también debemos recordar que en la sala hay un elefante y ese elefante es la cuestión catalana. La opción del Gobierno de haber renunciado a abordar durante años la


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cuestión catalana desde la política y haber optado durante un cierto tiempo por dejar que las cosas se pudriesen esperando que eso lo resolviese y luego optando por la represión policial y por la judicialización penal de lo que es un conflicto político, lleva a esta parálisis gubernamental y a la incapacidad de esta Cámara de poder acordar las cuestiones políticas porque se está ignorando la cuestión catalana, y se demuestra que si se quiere gobernar España no se puede ignorar a Cataluña. No se pueden ignorar los más de dos millones de catalanes que plantean el Estado propio o los dos millones y medio de catalanes que exigen un referéndum político para decidir el futuro político de Cataluña. Mientras la cuestión catalana no esté resuelta, España va a ser difícilmente gobernable. Ahí, señor Iglesias, coincidimos con ustedes en algunas maneras de dar respuesta a ese reto. Ojalá esta proposición no de ley tenga éxito y tengamos ese debate pendiente en las próximas semanas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.

Hablaré desde el escaño porque no voy a hacer el debate del debate ni una precuela del debate. Así que me ceñiré a lo que plantea el Grupo de Podemos sobre la necesidad de hacer un debate sobre el estado del Estado. Yo creo que no hay duda sobre ello, sobre todo porque la última vez que sucedió fue hace unos cuantos añitos. Sobre eso no hay ninguna duda. Ahora bien, sí es verdad que, aunque es una costumbre parlamentaria, el mecanismo está en manos del Gobierno y este puede presentar o no la comunicación y vehiculizarlo de la manera correspondiente. Es verdad también que llevamos los periodos de sesiones, digamos, cambiados; vamos a pie cambiado. Normalmente este debate ocupaba la primera parte del año y en la segunda parte del año era el debate de presupuestos, el gran debate de ese periodo de sesiones. Lo que ocurre ahora es que esto va al revés; ya ocurrió el año pasado y este año se nos anuncia un debate presupuestario próximamente. Lo que sucedería es que en este mismo periodo de sesiones tendríamos dos grandes debates pero entiendo que no tendría que haber problema para ello. Además, parece ser que el propio Gobierno ha manifestado su voluntad de que sea así. Si no lo hace, desde luego le reclamaremos que cumpla su palabra.

Lo que no veo muy claro es el punto número 2, que dice que en el caso de que el Gobierno no comunique la celebración de dicho debate, el Pleno manifiesta su voluntad de convocar un Pleno monográfico. No sé cómo lo vamos a hacer porque el Reglamento dice claramente que es a la señora presidenta a quien le corresponde convocarlo. Por tanto, setenta diputados podrán solicitarlo o dos grupos parlamentarios, pero luego ya sabemos cómo juegan las mayorías en la Junta de Portavoces y en la Mesa. Tanto ustedes, el Grupo de Podemos, como nosotros estamos bastante cansados de comprobarlo. Por tanto, le veo buena voluntad pero poco recorrido a este segundo punto. En cualquier caso, va a salir la proposición no de ley, también con nuestros votos, evidentemente, y confío que el Gobierno cumpla su palabra y que en los próximos años ya se normalice ese ritmo de primer semestre el debate y segundo semestre los presupuestos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

Señorías, les ruego silencio, por favor.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda a totes i a tots.

Muchas gracias, presidenta.

Rajoy ganó las elecciones sin mayoría absoluta y bautizó esta legislatura como la legislatura del diálogo. En aquel entonces, M. Rajoy era consciente de que su minoría parlamentaria le obligaría a hacer concesiones a la oposición y para conseguir la abstención del PSOE a su investidura el líder del PP estructuró, a través de grandes pactos de Estado, las prioridades de un mandato que se intuía -o algunos intuíamos- difícil.

En cuatro meses se cumplirán dos años de esta legislatura, una legislatura en la que las Cortes Generales -ya se ha dicho- han dejado de ejercer en gran medida tres de las potestades que les atribuye la Constitución: la potestad de legislar, la potestad presupuestaria y la del control gubernamental. Ni se legislan ni se aprueban leyes, seguimos sin presupuestos y es una evidencia que la efectividad del


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control del Gobierno es nula. Les recuerdo, por si alguien está desmemoriado, que esta Cámara ha reprobado a cuatro ministros -Dastis, Zoido, Catalá y Montoro- por una amplia mayoría y me parece que los cuatro están aún sentados en la bancada azul. La conclusión es que el Gobierno del Partido Popular, con su colaborador -incómodo, pero necesario- el frente nacional naranja y sus mayordomos del socialismo español tienen más interés, a través del Gobierno, de su justicia, de su policía y de su rey, en extender el miedo entre la ciudadanía para volverla sumisa a su voluntad que en celebrar un debate de política general sobre el estado de la nación para poder valorar, para poder ponderar de forma directa la labor del Gobierno a través de un debate abierto al conjunto del país.

Señorías, la primavera se prevé caliente; las manifestaciones de los pensionistas de este sábado y de días anteriores no tienen precedente; de hecho, son históricas y lo son porque son insólitas, de la misma manera que lo fueron también las movilizaciones feministas del pasado 8 marzo y la movilización general del poble de Catalunya por su república y por sus derechos civiles, con una brutal e impresionante organización colectiva del referéndum del 1 d'octubre, o también la manifestación de este mismo sábado de "Som Escola", en defensa no ya de un modelo educativo sino de un modelo de sociedad basado en la integración y en la convivencia de todos los ciudadanos, sea cual sea su lengua de expresión. Y hoy, ya se ha recordado aquí también, el veto a debatir en sede parlamentaria la ley de la vivienda de la PAH. Pero, ¿saben algo, señorías del Partido Popular? Ustedes están fracasando, su plan está fracasando, pero fracasan porque no dan miedo; de hecho, no dan miedo a nadie, aunque no se atrevan a convocar y a celebrar un debate sobre el estado de la nación. Pueden encarcelar a líderes políticos y sociales, pueden perseguir a artistas y a usuarios de las redes sociales, pueden aprovecharse asquerosamente del dolor infernal del asesinato de un niño para intentar implantar la cadena perpetua, pueden seguir haciendo lo que les dé la real gana, incluso pueden acabar la legislatura sin convocar un debate de política general, fíjense, y lo pueden hacer porque Rajoy, detrás de un plasma y sin sonrojarse, se atreve a todo; de hecho, se atreve a hacer un balance positivo del año 2017 a pesar de lo que se ha vivido y se vive en Cataluña, pero afirmando que fue un año ganado por la recuperación. Y yo me pregunto: ¿un año para la recuperación? Lo que fue y lo que sigue siendo es un año en el que ustedes han puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones, un año en el que tampoco han sido lo suficientemente audaces para llegar a acuerdos en relación con el sistema de la financiación autonómica ni con la reforma territorial, un año en el que no han sido capaces de conseguir más que un pacto con las otras fuerzas y les aviso, porque yo estuve en él, que fue por los pelos. Me refiero al Pacto contra la violencia de género, que ni siquiera han sido capaces de financiar, porque ¿dónde están los 200 millones comprometidos para empezar a erradicar esta lacra?

Acabo. Señorías, no dan miedo. Con o sin debate ya no dan miedo, la ciudadanía no tiene miedo de decir lo que piensa y tampoco tiene miedo de protestar contra unos gobernantes funestos. La gente si siente alguna cosa es vergüenza; vergüenza y me atrevería a decir que también rabia, y puede que hasta un poquito de asco de tener que soportar su autoritarismo y su corrupción. Los independentistas republicanos vamos a votar a favor de solicitar la convocatoria y celebración de un debate de política general sobre el estado de la nación dando luz verde a esta iniciativa que llega después de un año y medio de la investidura, en una legislatura que ha pasado de ser la supuesta legislatura del diálogo a ser, evidentemente, la legislatura del bloqueo, y cabe añadir también que no solo del bloqueo sino del autoritarismo y de la represión.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Silencio, por favor.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo García.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Presidenta, señorías, en febrero se cumplieron tres años del último debate del estado de la nación, por lo que ya debería haberse celebrado algún otro o, como mínimo, haberse convocado al inicio de este periodo de sesiones y, aunque el grupo proponente lo fía un poco un poco lejos, si para el mes de julio pudiese ser, bienvenido sea.

Este debate se ha convertido en una práctica parlamentaria anual desde 1983, con el entonces presidente González, y todos coinciden en que -por no extendernos en su significado- supone la más importante cita del Gobierno con la Cámara, la misma que le otorga la confianza, ante la que responde de su gestión y que representa mejor que ningún otro acto la centralidad política del Parlamento. Como reconoce esta iniciativa, se trata de un debate que se inicia con una comunicación del Gobierno por lo que, con el vigente Reglamento de la Cámara, necesita que el presidente dé el paso para convocarlo.


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Lo cierto es que el hecho de no haber sido celebrado todavía demuestra la escasa -siendo benévolos- consideración que el actual presidente del Gobierno tiene por esta Cámara. En esta legislatura el señor Rajoy asiste a las sesiones de control porque no le queda otro remedio, pero, primero, impide mediante una utilización torticera y sin precedentes la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios. ¡Lleva ya 57 proposiciones de ley vetadas!, tanto de grupos parlamentarios como de las comunidades autónomas, que supone un récord nada desdeñable en un Gobierno que solo ha sido capaz de enviar 17 proyectos de ley, tres cuartas partes de estos para cumplir con la transposición de directivas europeas. Segundo, es el único presidente del Gobierno que en la pasada legislatura se negó a asistir a la sesión de control incumpliendo el deber constitucional. Y en la X Legislatura, que tenía mayoría absoluta, fue el presidente que más comparecencias solicitadas por los distintos grupos parlamentarios rechazó: más de cien. A modo de ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, que es además la ministra encargada de las relaciones del Gobierno con las Cortes, cuando compareció en la Comisión Constitucional del Congreso al ser nombrada, allá por enero de 2012, se permitió afirmar solemnemente lo siguiente: El Gobierno está a disposición de este Parlamento, es nuestra obligación y nuestra vocación rendir cuentas de lo que hacemos como hoy mismo estoy haciendo yo aquí, lo haremos con seriedad y con la verdad por delante, no sabríamos hacerlo de otro modo. ¡Pues menos mal! Aunque desde entonces no volvió a la Comisión hasta el año 2016, cuando vino a exponer las líneas generales de la política de su departamento y de nuevo ha dejado de venir a la Comisión, donde ya acumula una decena de peticiones de comparecencia de los distintos grupos parlamentarios. Tercero, el presidente lleva a gala el hecho de no atender a los mandatos y resoluciones de esta Cámara, incluso los que han sido votados a favor por su propio grupo parlamentario; de hecho, una de las partes más importantes de ese debate sobre el estado de la nación, la presentación y votación de propuestas de resolución, queda inexorablemente devaluada por esa actitud del Gobierno de quitar cualquier relevancia a las resoluciones de la Cámara, donde está representada la soberanía popular. Y, cuarto, la utilización de los decretos-leyes, que están constitucionalmente reservados para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, supone sustituir al Parlamento en sus funciones como titular de la potestad legislativa del Estado en detrimento de los derechos de las minorías parlamentarias, de la calidad democrática y del parlamentarismo. El Gobierno del señor Rajoy ha hecho una utilización abusiva de los decretos-leyes llegando a un porcentaje de los mismos sobre el total de iniciativas legislativas que ningún otro Gobierno había alcanzado en democracia. Cuando el señor Rajoy tuvo mayoría absoluta, 186 diputados, un 34 % de sus normas con rango de ley fueron decretos-leyes; pero en esta legislatura, incluso con 134 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta, ha llegado a un porcentaje aún mayor: ¡más del 75 % de la producción legislativa del Gobierno se ha hecho mediante este instrumento excepcional para legislar!

Señorías, estamos ante un Gobierno que ha demostrado, entre otras cuestiones, dos cosas. Una, que el Parlamento es un sitio incómodo al que solo asiste cuando no le queda más remedio, en la mayoría de los casos por imperativo legal. Y, segundo, su menosprecio al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas.

Termino. Es imprescindible por lo tanto que se convoque este debate sobre el estado de la nación para que el presidente pueda responder políticamente de su gestión ante esta Cámara, por muy incómodo que le resulte. Los presidentes del Gobierno lo son porque son investidos por el Congreso de los Diputados y un presidente del Gobierno no puede menospreciar la centralidad política del Parlamento como hace el actual presidente porque su legitimidad deriva precisamente de la voluntad manifestada por esta Cámara. El Congreso no es un lugar donde se obtiene la confianza y del que ya se pueda prescindir durante el resto de la legislatura y menos cuando no se dispone de mayoría absoluta. Por eso es además un gravísimo error pretender devaluar su protagonismo y centralidad o querer cercenar sus facultades legislativas como viene haciendo desde hace mucho tiempo el señor Rajoy. Por todo lo expuesto, señorías, como es obvio, apoyaremos esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías.

Señor Iglesias, muchas gracias por compartir con nosotros una cita de Quevedo. Si me permite, voy a compartir yo una con usted: La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. (Aplausos.-Rumores). Tengo que reconocer que este debate nos causa cierta perplejidad por el


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contenido de la iniciativa que presenta hoy el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, y es que no es frecuente que su grupo parlamentario, señor Iglesias, presente iniciativas para apoyar precisamente lo que el Gobierno ya ha anunciado que va a hacer. El portavoz del Gobierno, señor Iglesias, ya anunció que se celebraría el debate del estado de la nación en primavera, antes de que termine la primavera. (Aplausos.-Protestas). Yo creo, señor Iglesias, que es un poco absurdo que tengamos un debate sobre la primavera, pero lo podemos tener; en todo caso, la primavera termina el 21 de junio, por tanto lo que anunció el señor ministro portavoz del Gobierno y lo que ustedes piden en el primer punto de su proposición no de ley es exactamente lo mismo: que se celebre el debate del estado de la nación en este periodo de sesiones. En ese sentido, además de mostrar nuestra sorpresa porque ustedes pidan algo que el Gobierno ya ha dicho que va a hacer, nos gustaría trasmitirles que les pedimos la votación separada de los dos puntos de su proposición no de ley porque no tenemos ningún problema en apoyar precisamente que se haga lo que el Gobierno ya ha dicho que se va a hacer. Es un poco extraño que sean ustedes los que lo pidan. (Aplausos).

Señor Iglesias, una vez más esta intervención vuelve a plantear en la Cámara un debate estéril, una iniciativa de impulso político para impulsar algo que no necesita que nadie lo impulse porque el Gobierno ya ha anunciado que se celebrará el debate. Usted ha defendido algo -permítame que se lo diga sin acritud- un poco ridículo. Ya lo hicieron hace unas semanas en la Diputación Permanente, donde plantearon este mismo debate sin contenido, en realidad plantearon un debate para pedir un debate en el que pedir un debate. Eso que ustedes hacen se llama el 'metadebate', debatir sobre debates futuros. Le vuelvo a decir que, con toda normalidad, ese debate se celebrará y se celebrará en este periodo de sesiones, como ustedes piden. La primera parte de su proposición no de ley está bien, estoy de acuerdo, el debate sobre el estado de la nación es una costumbre parlamentaria, surge en 1983 y, como tal costumbre parlamentaria, es vinculante, pero lo que ustedes no dicen es que el presidente del Gobierno ya ha comparecido muchas veces en esta Cámara -lo ha hecho la semana pasada, sin ir más lejos, para hablar de pensiones-; lo que no dicen es que el año 2016 fue un año singular en términos parlamentarios; lo que no dicen es que el año 2017 esta Cámara vivió un momento de gran importancia constitucional como fue el debate y votación de la moción de censura en la que usted pretendió sustituir al presidente del Gobierno, es decir, ser presidente del Gobierno sin pasar por las urnas, y usted, como todos sabemos, fracasó y desde entonces no han hecho otra cosa que perder credibilidad. En realidad, como todos hemos visto, la iniciativa que usted ha defendido hoy es una coartada, es una excusa para tener unos minutos en la tribuna dedicados a un discurso generalista contra el Gobierno. Ustedes han forzado un debate que no era necesario para tener anticipos a cuenta del debate del estado de la nación, para tener avances publicitarios de las posiciones políticas que defenderán cuando ese debate se celebre. (Aplausos).

No podemos compartir la enmienda que presenta Ciudadanos porque es difícilmente compatible con el Reglamento. Ustedes saben, señor Girauta, que el Reglamento afirma que el proyecto de ley de presupuestos, que se va a debatir en la Cámara a partir del mes de abril, tiene preferencia en la tramitación con respecto a cualquier otra iniciativa y, por tanto, no creo que sea serio ni responsable pedir que en el mes de abril se celebren tanto el debate de totalidad de los presupuestos como el debate del estado de la nación. Además, como ustedes saben muy bien, el debate del estado de la nación corresponde en exclusiva convocarlo, pedirlo, al Gobierno; por tanto, me temo, señorías de Ciudadanos, que cada vez actúan ustedes con menos disimulo.

Señor Iglesias, como le decía al inicio, si ustedes admiten la votación separada de los dos puntos de su proposición no de ley, nosotros votaremos a favor de su iniciativa en el primer punto, pero, créame, no ha conseguido usted generar ninguna polémica con este tema. Primero, porque su iniciativa insta al Gobierno a hacer algo que el Gobierno ya ha anunciado que va a hacer y, de este modo, de una forma un poco ridícula, se han convertido ustedes en un grupo que apoya al Gobierno. Segundo, porque el primer interesado en debatir sobre todos los temas que usted ha planteado en esta tribuna de forma atropellada es el presidente del Gobierno, que vendrá a esta Cámara, no tenga ninguna duda, a defender la gestión de su Gobierno con plena convicción y a desmentir con datos objetivos esa imagen siniestra de España que usted se empeña en trasladar a los ciudadanos. Tercero, porque ustedes hace tiempo que perdieron la credibilidad y hoy hemos comprobado con este debate innecesario y repetitivo que también han perdido la creatividad.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pregunto al señor Iglesias Turrión si acepta su grupo la enmienda presentada.


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El señor IGLESIAS TURRIÓN: Sí, la aceptamos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL MODELO EDUCATIVO DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000083).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el modelo educativo del Gobierno. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Díaz Trillo.

El señor DÍAZ TRILLO: Gracias, presidenta.

Señorías, acabamos de conocer hace un momento la noticia de la aparición del cadáver del cabo de la Guardia Civil, Diego Díaz, quien desapareció el sábado en Guillena, en el río Rivera de Huelva, precisamente ayudando a salvar vidas. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Creo, presidente, que puedo hacerme eco del pésame de todas sus señorías y trasladarlo a sus familiares, amigos y compañeros. (Aplausos).

Debatimos hoy la moción consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles se llevó a cabo, donde pudimos comprobar cómo el Gobierno parecía un poco o un mucho ajeno al modelo educativo. Intentó el ministro en aquella comparecencia, a través de esa parábola de los bueyes y el carro, eludir sus responsabilidades. Me permito decir a sus señorías que los bueyes son los Presupuestos Generales del Estado, donde lógicamente van las partidas que hacen posible que este país, después de seis años, salga de la cola de la Unión Europea y del gran número de países del mundo en inversión en educación. Sin duda sin esa inversión es imposible llegar a cambios razonados y razonables después de más de un año que hemos estado en la Comisión debatiendo. Por otra parte, respecto a esa idea o titular que buscaba el ministro el miércoles de la espantada, yo creo que se equivocó. Lo que el ministro ha manifestado a lo largo de este año y medio, en el que ha estado, al parecer, veraneando, es que nos ha tendido una emboscada en toda regla, donde a través de ese acuerdo, de esa voluntad de acuerdo que nos ha llevado muchísimas horas de debate, de discusión y de buenísima voluntad de un partido, lo hemos repetido muchas veces, que es capaz de pactar en el Gobierno y desde la oposición, llegamos a ese límite donde la prórroga que íbamos dando a la Lomce parecía que era una cuestión casi de tomadura de pelo. (Aplausos).

Digo esto porque me temo, señorías, que es una estrategia que tiene que ver con todo lo que concierne al Estado del bienestar. Ustedes están sesteando desde hace año y medio, prorrogando su mayoría absoluta. Háblese de pensiones, háblese de sanidad, háblese de dependencia, siguen con las mismas leyes y con las mismas normas. Prácticamente no hacen nada pero mantienen todo, y lo mismo ocurre con la educación. Esta iniciativa tiene una virtualidad que quiero expresar y entrar en ella directamente, que es la de reiterar acuerdos democráticos. Quizá es paradójico en otros parlamentos, en otros lugares donde se discute de los grandes asuntos que conciernen a la soberanía que reside en esta Cámara, resulta que vamos a reiterar del orden de una decena de proposiciones no de ley y de varias proposiciones de ley. En definitiva, muchísimas iniciativas que promovían salir del atasco, del retraso y de la regresión a la que nos ha llevado esa ley que, por cierto, todos los grupos de la X Legislatura se habían comprometido a derogar. Cierto es que el pacto se estaba convirtiendo en una emboscada, en una trampa, y ustedes -no hablo solo del Partido Popular, que gobierna, sino también del cogobierno de Ciudadanos-, en cuarenta y seis ocasiones, no levantan el cepo que nos han puesto. (Aplausos). Levanten de una vez el veto a la proposición no de ley que permitirá que se pueda paralizar la Lomce de una vez y podamos actuar a partir de esta iniciativa. Queremos hacerlo, dar cuerda al reloj de la equidad, de la calidad, de la igualdad en educación. Y aquí hay una palabra que me importa muchísimo. Llevamos mucho tiempo escuchando la cantinela de la libertad. A nosotros, los socialistas, nos van a hablar de la libertad. Mi compañero, Gregorio Cámara, que es de Granada, hablaba hoy de cuando Fernando de los Ríos le dice a Lenin en aquella conversación famosa: ¿Qué ocurre con la libertad en Rusia? ¿Libertad para qué?, le dice Lenin. Para ser libres. Nosotros llevamos ciento cuarenta años luchando por la libertad, pero les digo una cosa, señorías del Grupo Popular y de Ciudadanos, sin igualdad de oportunidades no hay libertad y más aún si esa igualdad no se da en una franja de cero a dieciocho años, que es donde se está creando precisamente el futuro de una nación. A mí no me preocupa que estemos perdiendo dos años más de una


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buena educación con una financiación justa y ajustada a los cambios que necesita; me preocupa que estemos perdiendo otra generación. (Aplausos). En este sentido, por abundar en lo que hoy nos trae aquí, quiero agradecer especialmente a los grupos políticos su contribución a través de enmiendas. Era complicado componer ese puzzle desde el punto de vista formal, no de contenido. Coincidimos básicamente con todo lo que hemos debatido a lo largo de año y medio en Comisión y en Pleno; y lo más importante, lo ha aprobado la mayoría democrática de este país. Es una auténtica paradoja. La mayoría democrática, la mayoría de la comunidad educativa -diría que la inmensa mayoría-, se ha cargado de infinita paciencia para que ustedes hagan algo y lo hagan ya, y miro en este caso a Ciudadanos porque tiene la oportunidad de levantar el veto y actuar conforme a lo que demanda la sociedad española y la comunidad educativa.

Quiero reiterarles que en la moción, aparte de este preámbulo -es muy importante poder reiterar esa votación-, hay aspectos que hemos compartido todos, muchas veces incluso en la Comisión y en la subcomisión para el pacto, que tienen que ver con la equidad y la calidad, pero desde el punto de vista de una educación que no segregue, que sea inclusiva, que haga compartir y que sobre todo favorezca la incorporación de todos y de todas a un sistema que nos permite afrontar el futuro con esa igualdad de oportunidades que ustedes cercenan y que además imponen con esa idea que tanto les gusta a los dos partidos de la libertad de elegir, que sabemos que siempre va a acabar eligiendo el que tenga medios para hacerlo. Por tanto, una nueva oportunidad, señorías, una nueva razón para cargarnos de razones. Seguramente la gran demanda de la sociedad española por ese pacto por la educación era también una ansiedad por acabar con la Lomce, por volver a recuperar todo aquello que hemos perdido, que tiene que ver, como decía, con la equidad, con la calidad. Termino con algo que me importa particularmente, con una financiación que sea capaz de impulsar todos esos cambios que demanda la sociedad española.

Señorías de los partidos que sé que han apoyado decenas de iniciativas, les conmino a que hoy hagamos ese ejercicio de redundar precisamente en lo que creemos y sobre todo y más importante en lo que necesita la educación de nuestro país.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Díaz Trillo.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que también fijará posición en este turno, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta moción consecuencia de interpelación reincide en el conglomerado y en el batiburrillo que ya resulta toda una tradición del Grupo Parlamentario Socialista en los últimos años. Ustedes vuelven a trasladar al Parlamento sus fobias para trabajar en un acuerdo de Estado esencial para el futuro de España, un ritual acreditado tras su reciente abandono de la subcomisión por el pacto educativo en cumplimiento del ultimátum lanzado por el secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez, empeñado en acentuar su labor de oposición aun a costa de bloquear e impedir avances en una materia vital para la sociedad como es la educación. Para ratificar su nuevo modelo de partido abominan del acuerdo, arrastran a la parálisis y encima pretenden que respaldemos una iniciativa en la que ni tan siquiera citan a los centros escolares ni a los profesores. La ausencia de referencias sobre el profesorado y sobre los aspectos curriculares de los centros es palmaria. Estamos ante otra muestra socialista del no es no y de oponerse con reiteración a todo lo sustancial, aunque ello suponga tirar por la borda el trabajo parlamentario que se estaba realizando en pos de un acuerdo educativo imprescindible para España. Una vez más desde Foro subrayamos que los elementos clave irrenunciables en política educativa son tres: alumnos, profesores y centros escolares. Toda reforma educativa tiene que girar sobre estos elementos clave y tiene que ser producto de un pacto muy amplio, lo más amplio posible. El PSOE es imprescindible. No se autoexcluyan.

La Lomce ha resultado una mala ley, como preveíamos desde su tramitación. Por eso la rechazamos entonces con nuestros votos negativos, porque fue unilateral; apenas se habló de centros escolares y de organización escolar, no se habló de profesores y, como remate, no se trabajó para que la Lomce fuese el resultado de ese gran acuerdo que todo el mundo reclama y que resulta vital para evitar los zarandeos en la política educativa que acaban por resultar nefastos y una pérdida de tiempo y de recursos.

Señor presidente, mi voto será contrario a esta moción conglomerado presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que desecha el acuerdo y que mediante pirotecnia trata de encubrir su abandono de la subcomisión por el pacto educativo.

Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muchas gracias. Bona tarda.

Señorías, esta moción pone de manifiesto la imposibilidad de generar a estas alturas un pacto educativo a gran escala en esta Cámara. Hemos dicho de forma sistemática que este pacto seguramente no vería nunca la luz, porque detectamos poco interés en generar un pacto y mucho en generar ruido alrededor de ese pacto. Aun así, hemos mandado a todos los grupos nuestra propuesta de modelo, porque nos parecía interesante que fueran conocidas por todos los grupos que formaban parte de ese gran pacto. Insisto en que lo hicimos con cierto escepticismo y con cierta distancia, viendo la poca voluntad de los grandes grupos de esta Cámara para generar un pacto educativo. Lo que sí hemos hecho de forma sistemática es poner de ejemplo una vez tras otra lo que la Llei d'Educació de Catalunya supuso para el Parlament de Catalunya y para el pueblo de Cataluña. Una llei donde izquierda y derecha, conservadores y progresistas, nacionalistas y no nacionalistas se pusieron de acuerdo alrededor de un gran pacto que garantizaba una modernización de los centros educativos en Cataluña, que garantizaba la formación de docentes y que consolidaba un modelo lingüístico digno de preservar a juicio de esa gran mayoría. Hoy, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, lejos de adoptar esa actitud que les llevó en los años 2009 y 2010 a generar ese gran consenso en el Parlament de Catalunya, ustedes presentan una iniciativa cerrada, donde no aceptan ninguna enmienda y que a nosotros, que defendemos muchas de las cosas que ustedes incorporan en esa moción, no nos permite votar a favor. No podemos votar a favor porque no podemos apoyar una moción que no protege ni defiende a ultranza las competencias en materia educativa que tiene la Generalitat de Catalunya. Por ello, al no aceptar nuestras enmiendas, vamos a abstenernos en esta iniciativa, dejando escapar una vez más otra gran oportunidad de generar un consenso en materia educativa en esta Cámara.

Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel i Valentí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, que también fijará posición, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, president.

Este Parlamento parece el día de la marmota. El Partido Popular y su muleta, Ciudadanos, se empeñan en prorrogar y paralizar todo lo que no ganan dentro de esta Cámara. Paralizan todas las demandas sociales; hoy ha sido la ILP de la PAH, en otras ocasiones los estatutos autonómicos, la Ley LGTBI en su momento y, como no podía ser menos, la derogación de la Lomce. El día de la marmota. En fin, otra vez a hablar de la Lomce, una ley que no querían ni el profesorado ni el alumnado ni las AMPA, pero que PP y Ciudadanos se empeñan en que no se derogue. Para ello, se aferran a la subcomisión del pacto de Estado por la educación, un pacto de Estado que torpedean porque la educación les importa más bien poco, y una subcomisión en la que misteriosamente ya solo quedan el PP y sus minions, Ciudadanos.

Señora Heredia, decía antes que prohibir el matrimonio podría asegurar el futuro profesional de muchas mujeres. Lo que asegura el futuro profesional es la educación y la aportación. (Rumores). El resumen de la aportación del Partido Popular en el tema educativo ha sido: recortes en inversión educativa, recortes en becas...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

La señora SORLÍ FRESQUET: ... desmantelamiento progresivo de la escuela pública, dinero público directo a escuelas privadas, segregación por sexos, blindaje de la religión, eliminación de programas contra el fracaso escolar, persecución de las lenguas territoriales, eliminación de todo lo que supongan valores cívicos y de convivencia. Eso sí, elaboración de un temario para incluir la defensa en primaria y secundaria. Como siempre, para banderas e himnos sí hay tiempo y dinero, pero para llegar a acuerdos en temas tan importantes como la educación, no. Cuando hablamos de trabajar para tener una educación pública, gratuita y de calidad, entonces se alían con su muleta, Ciudadanos, para que esto parezca el día de la marmota.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlì.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.


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El señor OLÒRIZ SERRA: Presidente, diputadas y diputados, bona tarda.

Volver a empezar. Después de año y medio, volver a empezar. El 15 de noviembre de 2016 subí a esta tribuna cuando el PSOE presentaba un proyecto de ley como alternativa a la derogación de la Lomce. El proyecto de ley quedó congelado y se concretó en un decreto que retrasaba sine die las reválidas. En mi intervención en el Pleno dije textualmente: Es vergonzante y no se puede entender de ninguna manera que solo nos propongan suspender el calendario de su aplicación, manteniendo lo que se ha hecho mal y que continúa perjudicando al conjunto del sistema educativo. Hay una mayoría suficiente en esta Cámara para derogar la Lomce aquí y ahora. Y un año y medio después también hay una mayoría para derogar la Lomce aquí y ahora, pero no quieren. Días después de este proyecto de ley hubo una decisión; Partido Popular, PSOE y Ciudadanos decidieron, con la abstención de los otros grupos, entre ellos Esquerra Republicana, hacer una subcomisión para lograr un pacto social, político y territorial para la educación. Tras ocho meses de comparecencias que obligaron a ampliar la vigencia de la Comisión hasta mayo de 2018, empezó en noviembre un proceso frágil y tedioso de negociación que tenía que acabar en un dictamen que no se ha producido, y no se ha producido porque este proceso se ha roto con la salida del PSOE hace dos semanas, con un Partido Popular que ahora hace la pedagogía moderna de hablar por las esquinas y decidió hacer más caso a Montoro que a los grupos políticos con los que quería dialogar. Yo me pregunto por qué ha tardado tanto el PSOE en darse cuenta de que el Partido Popular no iba a poner el dinero suficiente.

Con la comparecencia hace meses de Montoro en la Comisión a lo mejor habríamos hecho que esta carpeta se cerrase, una más en la ya larga historia que muestra cómo la educación en España no es sino un rehén de la lucha partidista, y eso es así porque este es un país donde la educación está lejos de ser una cuestión de Estado. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Olòriz.

Señorías, les ruego silencio.

Continúe.

El señor OLÒRIZ SERRA: A mí me gustan los medios participativos en el aula, aunque es cierto que algunos necesitarían un poco de refuerzo, pero es igual. (Risas). Muchas gracias.

No es una cuestión de Estado. La verdad -lo digo de corazón- es que los partidos políticos en España creen que ponerse de acuerdo en educación tiene demasiados riesgos y ninguna ventaja, y cuando aparecen las encuestas todo el mundo deja de hablar de pactos. Es cierto que la cuestión de la financiación es importante. También es cierto que en la subcomisión no se ha podido aprobar ningún sistema de financiación. Todas las propuestas han quedado rechazadas debido al acuerdo de que tenía que ser por las tres quintas partes, y esto lo aprobó el Partido Popular y el Partido Socialista sabiendo que ninguna propuesta prosperaría.

Sin una financiación adecuada no es posible un pacto. En su inicio, Esquerra Republicana denunció que sin derogar la Lomce, sin pacto social y territorial previo y sin los medios adecuados este pacto no tendría recorrido, por tanto, lamentamos muchísimo las expectativas frustradas de la comunidad educativa por el tiempo dedicado sin efectos, por el mantenimiento de la Lomce. Nos parecería adecuado no volver a empezar, sino empezar de nuevo bien, y esto significa derogar la Lomce; crear sobre nuevas bases de respeto y participación la actividad de la comunidad educativa; respetar las competencias de los territorios y, aprendiendo de los errores, hacer un pacto de verdad. No volveremos al camino equivocado de las mociones. No volveremos atrás. No volveremos a la tierra del nunca jamás. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Señorías, corría el año 1927 cuando Zweig escribía este libro, Momentos estelares de la humanidad. Tardó veinte años en retratar lo que, a su juicio, eran los catorce instantes que modificaron el rumbo de la historia. El pacto social y político por la educación que firmamos a comienzo de la legislatura PP, PSOE y Ciudadanos pudo ser un momento estelar en la historia de España. Cuarenta años había estado el PP y fundamentalmente el PSOE utilizando la educación como arma arrojadiza entre partidos; diez años había estado el PSOE reprochando al PP que se hubiera levantado del pacto que Gabilondo puso encima de la mesa y que no se llegó a firmar, y cinco años llevaban nuestros niños y nuestras niñas lidiando con el caos y el vendaval que había generado la Lomce en distintas comunidades.


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El 26 de septiembre de 2016 Ciudadanos consiguió, como diría Zweig, el momento estelar para el parlamentarismo porque por primera vez convencimos al PSOE y al PP de que firmaran un acuerdo para abrir una subcomisión en el Congreso en el que todos los grupos políticos en el hemiciclo nos pusiéramos a hablar de educación, y lo más importante es que no solo era nuestra voluntad política, era la voluntad de gran parte de la comunidad educativa, de la opinión pública y sobre todo del sentido común, que exigía que en este país se hiciera un pacto como el que se había hecho, por ejemplo, en Portugal. Ha pasado año y medio, hemos tenido ochenta y tres comparecientes y unos debates, créanme, especialmente relevantes sobre cuestiones importantes dentro de la subcomisión. Lamentablemente, en un ejercicio de irresponsabilidad sin precedentes, los señores del PSOE se han levantado antes de empezar a hablar de lo verdaderamente importante y han tratado de dinamitar -de hecho, lo han dinamitado- el acuerdo por el pacto de la educación.

La educación es una cuestión de Estado, es la cuestión de Estado que necesita consensos. Pero para conseguir consensos, para conseguir acuerdos, se necesitan espacios de trabajo, espacios de diálogo. Una pregunta: ¿Por qué firmaron ustedes esta petición si realmente, como están diciendo, sabían que no iba a funcionar? ¿Por qué los señores de Podemos, que han dicho que era una pantomima, firmaron esta subcomisión y dijeron que querían estar allí dentro si sabían que no iba a funcionar? ¿No habrán sido ustedes quienes han estado haciendo la pantomima durante todo este tiempo? (Aplausos).

Ciudadanos no renuncia a la reforma educativa porque es el futuro, lo contrario del futuro es lo viejuno y lo contrario de negociar, de pelear, de pactar es levantarse de la mesa sin pelear en el punto dos, poniendo excusas peregrinas incluso ante propuestas generosas como las que les hemos puesto encima de la mesa, donde de forma surrealista el PSOE se ha negado a aceptar la propuesta económica de Ángel Gabilondo que el PP ha aceptado. Es una cosa absolutamente surrealista: el PSOE rechazando al PSOE. El nuevo PSOE ha rechazado al PSOE y ustedes han vuelto a las fórmulas maximalistas e inflexibles que nos han mantenido en el bloqueo durante cuarenta años. Con todo mi respeto, ¡qué pena! ¡Qué viejunos! (Aplausos). ¡Qué añoranza tienen del bipartidismo! Siguen atrincherados. Si hace once años el PP no quiso firmar el acuerdo por el pacto por no darle la medalla al Partido Socialista, ahora el Partido Socialista no puede soportar por encima de nada que alguien saque un acuerdo educativo porque creen que la educación es suya. El bipartidismo no ha entendido nada. Si nosotros logramos un pacto por la educación, la medalla no es de ustedes ni de ustedes ni mía, la medalla es de la comunidad educativa, de la opinión pública y de la generación futura. (Aplausos).

Señores del PSOE, les voy a dar dos malas noticias. La primera, aunque no se lo crean, la educación no es suya y ustedes no representan a mucha gente; y la segunda, su actitud en estas semanas, lamentablemente, les deslegitima para poder liderar un cambio educativo. Allá cada uno con su conciencia y sus electores. Esta moción que nos traen es otro ejercicio de cinismo político al que ya nos están acostumbrando. Vuelven a utilizar la educación en un acto propagandístico, pero lo más grave es que esta vez lo hacen con un ataque de amnesia. Ustedes hacen alusión a su proposición de ley del 9 de diciembre. ¿Se la han leído ustedes, señores del PSOE? ¿Se han leído su propia proposición de ley? Yo creo que no, porque esa proposición de ley lo que dice son dos cosas que ya consiguió Ciudadanos; primero, paralizar la Lomce en aquellos aspectos que no hubieran entrado en vigor -señores del PSOE, despierten, que está paralizada-; segundo, establecer un pacto de negociación para hacer una nueva ley educativa; el pacto que ustedes acaban de abandonar levantándose de la mesa. Esto es algo absolutamente incomprensible. Ustedes no piden derogar la Lomce. Léanse su proposición de ley, léansela, y animo al resto del hemiciclo a que se la lean, porque yo sí me la he leído.

En su obsesión por hacerse más Podemos que los de Podemos, lo que hacen es traernos una proposición para la que no necesitan hacer más numeritos, lo que necesitan es volver a sentarse en el pacto educativo y negociar todas las cuestiones que nos traen aquí en un acuerdo de tranquilidad y de pacto. Vuelvan a la cordura; se lo dije la semana pasada. Quieren lavar su conciencia con mociones absolutamente inútiles. ¿Quieren ustedes ser útiles? Siéntese con nosotros, ayúdenos a sacar al Gobierno del Partido Popular y a ponerles en acción. ¿Quieren ser útiles? Siéntense en el pacto educativo y vuelvan a pelear con nosotros. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.


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La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.

Quiero empezar mi intervención recordando y mandando mis condolencias a los familiares y a los amigos de Mame Mbage, el compañero mantero fallecido la semana pasada en Lavapiés. (Aplausos).

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos aquí una moción del Partido Socialista que calla muchísimo más de lo que dice y que necesita un poquito de contexto para entenderse bien, así que vamos a hacer un poco de memoria. En diciembre de 2016 este Congreso daba el pistoletazo de salida a la subcomisión para el pacto de Estado de educación con el apoyo del Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, y nosotros lo dijimos claro desde el primer momento: una subcomisión no es un pacto de Estado, porque básicamente un pacto de Estado lo que tiene que hacer es recoger grandes consensos que ya están presentes entre la gente de nuestro país, y en materia educativa ese consenso estaba ya claramente señalado, lo señalaron con claridad la Marea Verde, las cientos de miles de personas que salieron a la calle a pedir la derogación de la Lomce y la paralización de los recortes y todas esas personas que participaron en las más de cuarenta huelgas educativas que ha habido en España desde el año 2012. (Aplausos).

Sin embargo, quedó claro desde el principio que el Partido Popular no iba a seguir ese camino. Me apena que no esté hoy aquí el señor Méndez de Vigo, porque básicamente lo que ha él ha hecho con esta subcomisión ha sido ganar tiempo para seguir aplicando la Lomce, para blanquear la Lomce y para seguir aplicando y cristalizando esos recortes. Después de más de un año de trabajo en esta subcomisión, con ochenta comparecencias y 180 horas de debate y discusión, el pacto de educación ha entrado en vía muerta. ¿Por qué ha entrado en vía muerta? Pues básicamente porque el Partido Socialista entregó la llave del pacto al Partido Popular, hizo que todas las conclusiones de esa subcomisión tuvieron que contar sí o sí con el apoyo del Partido Popular. El Partido Socialista ha impedido que se visibilice en esta Cámara una cosa que sabe toda España, y es que hay una mayoría en esta Cámara que quiere blindar el 5 % de inversión en el PIB en educación, y eso para 2020, no para dentro de diez años. (Aplausos).

¿Qué pasó después de que el Partido Socialista entregara la llave del pacto al Partido Popular? Pues que el Gobierno presentó una cifra de inversión en educación que era ridícula, dijo que iba a revertir la mitad de los recortes allá por el año 2024. Largo se lo fío, señorías. Entonces el Partido Socialista se llevó las manos a la cabeza y empezó a hacer aspavientos, pero no se pueden hacer aspavientos, señorías del Partido Socialista, cuando son ustedes quienes han impedido que esta Cámara se posicionen para apostar con un 5 % de inversión en el PIB en educación. ¿De verdad pensaban ustedes que el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular que pagaba a Alejandro de Pedro para desprestigiar a la Marea Verde en Internet, iba a ser quien se comprometiera con la educación pública? Era evidente que no, era evidente que el Partido Popular solo se compromete con la Púnica para desmantelar la educación pública. (Aplausos).

Esta ha sido la historia de un pacto fracasado. Nosotras hemos hecho lo imposible para que este pacto estuviera participado por la gente, porque un acto de Estado no tiene sentido si no tiene a la gente dentro. Hemos pedido que se publiquen las actas, que se emitan en streaming los debates, y sin embargo nos lo han hecho imposible. Nos habéis llegado decir en esa subcomisión que si la gente se enteraba de los debates que teníamos podrían influirnos en las conclusiones. Vaya, pues sí, efectivamente, lo que queremos es que la gente influya en nuestras conclusiones porque aquí estamos para representar la voluntad de la gente. (Aplausos). Así que nosotras, de la mano de la ciudadanía y de la comunidad educativa, hemos decidido poner punto y final a este paripé. Hemos perdido un año precioso para derogar la Lomce; hemos perdido un año precioso para apostar por una escuela pública de calidad, inclusiva, laica, para todos y todas y no vamos a permitir que nos hagan perder más tiempo. Basta ya de subcomisiones, señorías del Partido Popular; basta ya de mociones, señorías del Partido Socialista, porque mientras ustedes nos hacían perder el tiempo en esa subcomisión, en este país sigue habiendo niños y niñas como los de Villaquilambre, en León, que siguen estudiando en barracones, mientras seguimos financiando con dinero público escuelas que segregan a niños y niñas por sexo. (Rumores). Tenemos 22 500 profesores y profesoras menos...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Belarra.

Les ruego silencio, señorías. Continúe.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias.

Durante todo este tiempo que nos han hecho perder en la subcomisión, como decía, ha habido 22 500 profesores y profesoras menos en la pública desde que gobierna el partido corrupto en España, y se


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cierran aulas de la pública mientras no deja de crecer la concertada. La tasa de interinidad en España alcanza el 26 %, una de las tasas más altas de toda Europa. Miles de interinos e interinas están saliendo ahora a la calle para decirles que sus condiciones son de máxima precariedad. Una compañera como Ana, interina en Castilla-La Mancha, lleva quince años trabajando como interina y lleva a sus espaldas nada menos que veintiún centros educativos, medio millón de kilómetros, dos coches gastados, 63 000 euros gastados en alquiler. ¿A ustedes esto les parece normal? Porque a mí no me parece normal. Es hora de que esos interinos a los que no les pagan el verano, que hoy están aquí, les llaman por teléfono, hacen la maleta y mañana tienen que estar en una plaza en Cuenca, encuentren aquí una respuesta. Esto que ustedes han convertido, señorías del Partido Popular, en habitual en España, no es normal. Y nosotros se lo decimos claro: no es normal.

Nosotras vamos a trabajar para apostar de una vez por todas por la pública porque estamos orgullosas de la pública, la única educación capaz de garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro país. (Aplausos). Estamos orgullosas de que los profesores y las profesoras puedan tener estabilidad y confianza para hacer bien su trabajo y queremos que las familias no tengan que elegir un centro porque la escuela de enfrente de su casa, una escuela pública, es de la máxima calidad. Yo por vosotros, padre; vosotros, por mí.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Belarra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moneo Díez.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar el pasado miércoles a la portavoz del Grupo Socialista y después de seguir hoy la intervención de su portavoz, no puedo sino manifestar lo que ya ha pasado de ser una sospecha para convertirse en una realidad. Ustedes someten esta moción al Pleno porque necesitan correr una cortina de humo para no justificar lo injustificable: que han saltado, que han dado la espantada del pacto educativo. Y lo han hecho después de año y medio de trabajo; después de que ochenta y tres comparecientes comprometieran su tiempo, su voluntad y sus propuestas; después de que el Gobierno, señorías, paralizase la implantación de la Lomce en aras a crear el mejor clima de entendimiento; después de que todas las comunidades autónomas acordasen trabajan en el Senado y en la Comisión General de Educación en un informe que permitiese mejorar nuestro acuerdo; después de que el Consejo Escolar del Estado -sí, señorías, el Consejo Escolar- también esté trabajando para impulsar con su dictamen las propuestas de la comunidad educativa.

Ustedes, señorías del Grupo Socialista, se han marchado desoyendo, además, los consejos de los propios, de quienes han sido y siguen siendo referentes en su partido. Se han marchado desoyendo a la sociedad española, escandalizada al observar cómo dilapidan una oportunidad histórica para lograr de una vez por todas el acuerdo. Se han marchado cediendo a las presiones de quienes ni han sido ni son ni serán un partido de Gobierno. Pero ustedes sí que son un partido de Gobierno, ustedes han tenido responsabilidades en el Gobierno de la nación y tienen responsabilidades en las comunidades autónomas. La historia de la educación en España -y parece mentira que se lo tenga que recordar yo- se escribe, con sus aciertos y con sus errores, con la presencia de su partido. ¿Cómo pueden ustedes olvidarlo y dar el portazo a un trabajo que transcurría con el máximo compromiso y eficacia y la mayor lealtad?

Hoy comparecen aquí como si nada hubiera pasado, como si los más de 8 millones de alumnos y los 800 000 docentes, que son los directos merecedores del acuerdo, permaneciesen ajenos a la realidad que hemos vivido estos meses. Suben aquí con el mismo discurso de siempre, erigiéndose en garantes de la escuela pública. Permítanme que les diga, a ustedes y a sus compañeros de bancada, que flaco favor están haciendo ustedes a la educación en general y a la escuela pública en particular privándoles de un pacto de quien esta iba a ser la especial beneficiada. (Aplausos). Porque todos tenemos historia, señorías, y su gestión y la gestión de algunos que ocupan vicepresidencias -por ejemplo, en Castilla-La Mancha, a la que ustedes han hecho referencia- arroja los peores datos de abandono educativo temprano que ha soportado el sistema educativo. Es más, el punto y final a sus responsabilidades en el Gobierno de la nación lo pusieron con una tasa de abandono educativo temprano que superaba el 26 % y con un recorte del presupuesto en educación no universitaria superior al 23 %. (Aplausos). Así que, por favor, un poco de coherencia cuando pretendan dar lecciones al resto de los mortales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


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Aun así, señorías, y siendo conscientes de que no son pocas las cosas que nos separan, nosotros hemos cumplido y lo hemos hecho porque, más allá de nuestras legítimas aspiraciones, está la defensa del interés general. Y el interés general requiere que nos pongamos de acuerdo. Por eso modificamos nuestra posición inicial, partidarios como éramos de que el pacto presupuestario tenía que acordarse una vez determinadas las medidas que conformaran el acuerdo en vez de empezar la casa por el tejado. Modificamos nuestra propuesta porque negociar es ceder y sabíamos que para ustedes era importante tratar la financiación al inicio de los trabajos. Les hicimos dos ofertas para lograr el acuerdo, no una, sino dos. Les ofrecimos incorporar al sistema educativo un suelo de 5000 millones de euros que, por cierto, traducido en términos del PIB actual representa el 4,7 %. A nadie se le escapa que, si este era el suelo, con toda probabilidad superaríamos el 5 % del PIB. Pero como sorprendentemente lo rechazaron, les ofrecimos, además, acortar los tiempos y llegar al acuerdo de incrementar 1500 millones en los próximos tres años. Eso sí, condicionados al acuerdo, a las medidas que teníamos que implementar y también al compromiso de las comunidades autónomas que son quienes gestionan el 90 % del presupuesto en educación actualmente. Por dos veces han rechazado ofertas que mejoraban ese 5 % del PIB al que ustedes se aferran. Pero esto no tiene nada que ver ni con la financiación ni con la mejora del sistema educativo.

Señorías, la sociedad española es una sociedad madura, forjada a través de estos cuarenta años en los que los españoles han dado lo mejor de sí mismos, eso permite a los ciudadanos ser exigentes con su clase política y a nosotros nos parece bien. Los españoles no lo van a permitir y nosotros tampoco. Vamos a trabajar hasta la extenuación para alcanzar el pacto, vamos a permanecer en la subcomisión hasta el final y vamos a ofrecer a los españoles el mejor acuerdo para la mejor sociedad, que es la nuestra. Les garantizo que lo vamos a lograr. Nos gustaría hacerlo con ustedes, señores del Grupo Socialista, pero si tiene que ser sin ustedes, así será.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

Silencio, señorías.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Esto de intervenir como último orador del último punto del orden del día tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya he escuchado a todos y la desventaja es que ya no me va a escuchar nadie. (Risas).

Podríamos resumir este asunto con la famosa frase del título del libro de García Márquez Crónica de una muerte anunciada que, además de ser una grandísima novela, fijó el título para una serie de cuestiones que todos usamos constantemente. Esta es una de ellas.

El Partido Nacionalista Vasco, desde el principio, se mostró convencido de dos cuestiones: la primera, nuestra posición en contra de la Lomce, nuestra posición no solo crítica sino contraria, desde que se fraguó hasta sus últimas consecuencias, pero no solo respecto de su aplicación, no solo respecto de la reválida, no, sino respecto de la propia ley, de cómo se había hecho, de cómo se había gestado, de cómo se había desarrollado y de cómo no se habían aceptado ninguna de las enmiendas que se plantearon y, por tanto, de su imposición. Nosotros, en consecuencia, desde un principio, fuimos partidarios de su derogación. También éramos conscientes de que la defensa del sistema educativo vasco, de que el blindaje del sistema educativo vasco era nuestro leitmotiv y base fundamental de acción en esta materia. Con todo esto, ustedes aprobaron la creación de una subcomisión; nosotros, no, nos abstuvimos. ¿Por qué? Porque no creíamos que pudiera tener futuro algo que se ha demostrado que no lo tiene y porque, además, nuestro escepticismo nos ha llevado a la conclusión de que los intereses particulares han primado una vez más en esta serie de cuestiones.

Nosotros no gañamos a nadie, desde un principio planteamos las bases por las que nosotros participaríamos o no en esta subcomisión, que son las siguientes: el reconocimiento y respeto a la singularidad y derecho que tiene Euskadi y que le capacita para la elaboración, aprobación y ejecución de leyes y modelo educativo propio rechazando cualquier medida que suponga una reducción competencial en materia educativa; la denuncia de toda injerencia e invasión en el ámbito competencial en esta materia en Euskadi; el rechazo a los recursos que el Gobierno del Estado ha presentado ante la normativa y decisiones que tienen las instituciones vascas competentes en materia educativa, y el rechazo a la


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uniformización y recentralización de la educación. Les dijimos: señoras y señores de la subcomisión, o se acepta esto o nosotros no vamos a participar. Y se nos dijo: esperen un poquito, que ya se tratará ese tema en un momento dado. No se levanten porque eso lo vamos a tratar en el capítulo VIII, relativo al tema territorial. En definitiva, esperamos. ¿Qué ocurrió? Que otros, los que dijeron que no nos levantáramos, se levantaron antes que nosotros. Ante esa situación, la descomposición de esa subcomisión ha llevado a que todas nuestras perspectivas y todos nuestros planteamientos tuvieran razón.

Ante esta tesitura, el Partido Socialista nos presenta una moción. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señores del Partido Socialista, cada vez que subo aquí siempre digo lo mismo: no pueden presentarnos su programa electoral con doce puntos en una moción ni podemos pretender resolver el problema de la educación ni cambiar el sistema educativo con una moción. ¿Consideran ustedes que la moción es el mejor elemento legislativo para poder llegar a aquello que ustedes plantean? Yo entiendo su posición a la hora de plantear la moción, incluso puedo compartir más de uno, de dos, de cuatro o de cinco puntos de los que ustedes presentan en la misma, pero no creemos que sea el mejor sistema, entre otras cosas, porque da la sensación de que ustedes han dejado un terreno en el que no se sentían cómodos. (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Tienen todo el derecho del mundo a no sentirse así, y ahora han trasladado el debate a otro lugar, a ver si todos bailamos a una música que ustedes han marcado.

Nosotros podemos estar de acuerdo con muchos de sus planteamientos, pero vamos a decidir nosotros cuándo y cómo entramos en esa dinámica porque, entre otras cuestiones, consideramos que el cambio del sistema educativo, en lo que afecta a Euskadi, no se va a decidir aquí ni vamos a aceptar que se decida aquí; se va a decidir donde se debe decidir, que es en Euskadi, porque somos competentes en la materia y porque tenemos capacidad, como hemos demostrado, y no vamos a aceptar ninguna otra ingerencia. Visto como ha quedado el panorama de la subcomisión, evidentemente la defensa de las competencias de Euskadi y la no recentralización son una quimera y nuestras sospechas se han convertido en realidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Díaz Trillo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor DÍAZ TRILLO: No, ninguna.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE CONTROL POLÍTICO DE LAS CORTES GENERALES DE LOS ACTOS Y OMISIONES DEL GOBIERNO Y DEL GOBIERNO EN FUNCIONES. (Número de expediente 122/000168).

La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones.

Votamos, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 3 votos telemáticos, 338; a favor, 205 más 1 voto telemático, 206; en contra, 126 más 1 voto telemático, 127; abstenciones, 4 más 1 voto telemático, 5.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración.


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- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA. (Número de expediente 122/000139).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana y Mixto, de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 3 votos telemáticos, 339; a favor, 93 más 1 voto telemático, 94; en contra, 243 más 2 votos telemáticos, 245.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL INCREMENTO DE LA EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. (Número de expediente 162/000611).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo que hemos acordado en el debate. En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al incremento de la edad para contraer matrimonio. La votamos en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 130; en contra, 203; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CELEBRAR UN DEBATE DE ESTADO DE LA NACIÓN. (Número de expediente 162/000569).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a celebrar un debate de estado de la nación. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 207; en contra, 129.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL MODELO EDUCATIVO DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000083).

La señora PRESIDENTA: Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el modelo educativo del Gobierno. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 81; en contra, 163; abstenciones, 92.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Señorías, muchas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las siete y treinta minutos de la tarde.

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