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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 108, de 13/03/2018
cve: DSCD-12-PL-108
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 108
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 103
celebrada el martes,
13 de marzo de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Minuto de silencio ... (Página6)

Exclusión del orden del día ... (Página6)

- Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular. (Número de expediente 172/000110) ... (Página6)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

- Del Parlamento de Cantabria, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 191-1, de 22 de diciembre de 2017. (Número de expediente 127/000004) ... (Página7)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 57-1, de 18 de noviembre de 2016. (Número de expediente 122/000044) ... (Página17)


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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 280, de 12 de enero de 2018. (Número de expediente 162/000550) ... (Página26)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 12 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000006) ... (Página36)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España. (Número de expediente 173/000080) ... (Página44)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda. (Número de expediente 173/000081) ... (Página52)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del sistema Español de Ciencia e Innovación. (Número de expediente 173/000082) ... (Página60)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página70)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página71)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página72)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Minuto de silencio ... (Página6)

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en memoria del niño Gabriel Cruz.

Exclusión del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de excluir la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre las graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, a causa de las actuales previsiones de la Ley Electoral y su deficiente aplicación por parte del servicio consular, lo que se aprueba por asentimiento.


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Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía ... (Página7)

Del Parlamento de Cantabria, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno ... (Página7)

Los señores Casal Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista; Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista, y Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, representantes del Parlamento de Cantabria, presentan a la Cámara la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Alonso Clusa, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Cortés Lastra, del Grupo Parlamentario Socialista, y Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página17)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España ... (Página17)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Salvador Armendáriz y Matute García de Jalón, la señora Sorlí Fresquet y el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Expósito Prieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página26)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España ... (Página26)

Defiende la proposición no de ley el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Matute García de Jalón y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor García Egea.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la enmienda presentada por su grupo parlamentario.

En defensa del resto de enmiendas presentadas intervienen la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alli Martínez, Candela Serna y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Perea i Conillas.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página44)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España ... (Página44)

Defiende la moción el señor Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Postius Terrado, del Grupo Parlamentario Mixto, y Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Blasco Marqués, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Gómez García.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda ... (Página52)

Defiende la moción el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Mayoral Perales.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación ... (Página60)

Defiende la moción la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora González Veracruz.

Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. (Votación) ... (Página70)

Sometida a votación la propuesta del Parlamento de Cantabria, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno, obtiene el voto de totalidad favorable por 188 votos a favor más 2 votos telemáticos, 190, y 131 abstenciones más 1 voto telemático, 132.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, se rechaza por 93 votos a favor más 1 voto telemático, 94; 247 en contra más 2 votos telemáticos, 249, y 1 abstención.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página71)

Sometidos a votación separada los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España, son rechazados todos.


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Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones, se aprueba por 180 votos a favor, 131 en contra y 30 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página72)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España, se rechaza por 30 votos a favor, 130 en contra y 181 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda, se aprueba por 164 votos a favor, 7 en contra y 170 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación, se aprueba por 202 votos a favor, 98 en contra y 41 abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

MINUTO DE SILENCIO.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

Antes de iniciar la sesión del Pleno, vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en recuerdo del niño Gabriel Cruz.

En estos momentos de enorme tristeza y de duelo, el Congreso de los Diputados quiere transmitir su afecto y solidaridad a los familiares y compañeros de Gabriel y mostrar nuestra repulsa hacia cualquier acto de violencia contra la infancia y contra cualquier ser humano. Queremos reconocer también el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así, cómo no, la solidaridad de tantas y tantas personas que desde el inicio se movilizaron y participaron en las labores de búsqueda. (Pausa).

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR XUCLÀ), SOBRE LAS GRAVES LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, A CAUSA DE LAS ACTUALES PREVISIONES DE LA LEY ELECTORAL Y SU DEFICIENTE APLICACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO CONSULAR. (Número de expediente 172/000110).

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la


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Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 26, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Xuclà.

¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:

- DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO. (Número de expediente 127/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos con el punto primero del orden del día, relativo al debate de totalidad de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno. Es por ello que nos acompañan tres representantes del Parlamento de Cantabria, así como su presidenta y el letrado mayor de su Cámara, que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes les doy, a todos, la más cordial bienvenida.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra en primer lugar don Víctor Casal Guillén.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA (Casal Guillén): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, lejos de las discrepancias habituales que mantenemos y mantendremos en el Parlamento de Cantabria, haber sido capaces de ponernos de acuerdo en un tema de una trascendencia como el que nos ocupa, deja la puerta abierta para volver a hablar de la política en positivo. Este es un paso importante para llegar a ese fin. La supresión de los aforamientos viene a ser el cumplimiento de un compromiso que algunos de los partidos con representación en aquella Cámara llevábamos en nuestros programas electorales. Otros no lo llevaban, pero asimismo han comprendido la necesidad de llevar a cabo un trámite que la ciudadanía consideraba necesario, quizá por una percepción errónea de lo que supone, pero al que había que dar una respuesta, y se la vamos a dar, contundente y unánime, renunciando a una condición que nos hacía diferentes del común de la ciudadanía; diferentes y no privilegiados, pero siendo conscientes de que lo importante es el tiempo verbal: hacía, en pasado.

Creo que es evidente que la figura del aforamiento en los políticos es una figura arcaica y condenada a la extinción, una figura de excepcionalidad dentro del marco constitucional que, según su artículo 14, establece que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de cualquier otra causa o condición personal, pero se corrige a sí misma en su artículo 71.3 y en el artículo 102.1, estableciendo las características especiales para diputados, senadores, Presidencia del Gobierno y ministros. Eso, y no otra cosa, es el aforamiento de los políticos: la condición que establece que los representantes públicos solo puedan ser juzgados por los tribunales superiores y no por los de primera instancia. Aunque se ha hecho, y se hace, bastante demagogia con el tema del aforamiento, fundamentalmente porque no se explica correctamente qué es lo que significa, hay que partir de la base de que el aforamiento no es un privilegio sino una condición, establecida originariamente como una garantía de la democracia y lleva aparejada una inviolabilidad y cierta inmunidad. Originariamente, el objetivo era que el cargo público gozase de la condición de aforado si tenía que ser juzgado, pudiera ser sometido a una decisión colegiada como la que supone la de los tribunales superiores, a la que se supone más experta que una individual, y suponiéndose que el Alto Tribunal era más ajeno a las presiones políticas que pudieran ejercerse para distorsionar su decisión. Esto tenía sentido cuando el Estado de derecho iniciaba su andadura, cuando la separación de poderes aún no era una realidad sino una aspiración que empezaba a fraguarse y donde las injerencias seguían siendo la tónica habitual, pero hoy ya no. Con el Estado de derecho plenamente instaurado, la separación de poderes establecida y la judicatura gozando de independencia, el aforamiento se muestra como un simple vestigio del pasado, carente de sentido y condenado a la desaparición. Sin embargo, esta situación, que el aforado solo pueda ser juzgado por los tribunales superiores, tiene un doble filo y no siempre beneficia al aforado. Como ustedes saben, al ser requeridos directamente por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, según corresponda el caso, los aforados pierden la segunda instancia, no quedándoles opciones de recurrir la sentencia. Si la sentencia fuera absolutoria, saldrían ganando al no caber recurso y no poder ser revisada; si fuera


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condenatoria, se les habrían cerrado todas las puertas a continuar con su defensa. En ambos casos se estaría incumpliendo lo recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966, tal y como ya se ha advertido a España hasta en tres ocasiones por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por eso, deberíamos hacer pedagogía y hacer entender a la gente que el aforamiento no es un privilegio. Un privilegio nunca perjudicará a quien lo ostenta. Otras cuestiones son la inviolabilidad o la inmunidad parlamentaria que, aunque provengan de las mismas fuentes y épocas históricas que el aforamiento y estén contenidas en lo que se considera el foro parlamentario, evidentemente aún cumplen una función garantista en el fundamento de la democracia. Ambas siguen siendo necesarias en aras de la defensa de los derechos colectivos que los parlamentarios ejercemos y, por tanto, han de ser mantenidas.

Para ir finalizando -creo que no es cuestión de utilizar todo el tiempo disponible, una vez que todos los grupos políticos del Parlamento de Cantabria estamos de acuerdo en la cuestión y que supongo que mis compañeros también querrán intervenir-, es sumamente valorable haber conseguido el acuerdo por parte de todos los grupos políticos de llevar adelante esta reforma del estatuto de autonomía. Señorías, gracias, porque con un gesto como este que hoy estamos teniendo estamos consiguiendo volver a ser judicialmente iguales que aquellos a los que representamos, y en esa igualdad descansa el principio de democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra don Pedro José Hernando García.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA (Hernando García): Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Hoy presentamos a su consideración la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria con el objetivo de eliminar el fuero procesal previsto para los miembros del Parlamento y también para los miembros del Gobierno y su presidente. Hace casi diez años, el 15 de abril de 1998, en esta Cámara, otro diputado regionalista, Rafael de la Sierra, afirmaba que Cantabria era comunidad autónoma porque las Cortes Generales habían reconocido las condiciones y características para convertirse en ello, e hizo especial hincapié, entre algunos murmullos de los parlamentarios asistentes, en la existencia de una justificada tradición histórica de una conciencia de comunidad, de identidad y de diferencia de todos los que conformamos hoy la Cantabria constitucional. Eso es hoy también el fundamento de nuestra propuesta. Los cántabros y cántabras ejercemos hoy nuestra facultad de autogobierno para decidir que en nuestra comunidad autónoma nadie sea más que nadie, para que la igualdad del artículo 14 y el derecho del artículo 24.2 al juez ordinario predeterminado por la ley sean reales y efectivos, para que la pertenencia a una institución como el Parlamento o el Gobierno no determine un tratamiento distinto, que tendría su justificación en otras épocas históricas, pero no en el siglo XXI.

Nuestro estatuto regula en los artículos 11 y 20 un sistema de inmunidad parlamentaria y gubernamental en el que el fuero procesal es una parte básica. Debe quedar claro que no hablamos de la posibilidad de eliminar ni la inviolabilidad ni la inmunidad ante la detención ni los derechos y los deberes de los parlamentarios, sino solo acabar con el fuero procesal. Esta posición está plenamente justificada porque el aforamiento presenta diferencias importantes con el resto de las prerrogativas, entre otras, porque inviolabilidad e inmunidad remontan su parecer histórico hasta la Carta Magna de Juan sin Tierra de 1214 y todas las constituciones españolas, mientras que el aforamiento aparece por primera vez en la Constitución canovista de 1876 y en la regulación posterior de la Ley de 9 de febrero de 1912. Es decir, no es una prerrogativa consustancial a los cargos de diputados, sino que es un añadido del siglo XIX que prácticamente no tiene ejemplar en el derecho comparado. Lo que hoy pedimos aquí los representantes del Parlamento de Cantabria es que no queremos ser aforados, que queremos que nos juzguen los mismos jueces que al resto de los cántabros, y esa expresión de la voluntad popular en nuestro Parlamento no debiera ser alterada por las Cortes Generales, que nos representan a todos y a todas y que debieran asumir la autonomía política de Cantabria en la gestión de sus intereses, siempre dentro del marco constitucional. Si en España hay miles de aforados, que se afronte su mantenimiento o eliminación para jueces, policías o militares por quien tenga competencia; que cada comunidad autónoma pueda decidir en positivo si considera o no que sus políticos deben ser aforados, e incluso, señorías, que ustedes puedan analizar la previsión constitucional del artículo 71, que les protege más allá de los diputados de Cantabria


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con la figura del suplicatorio. Pero si todo eso no se discute, si no se toman medidas que avancen en los cambios que pide la sociedad, esta inacción no debe impedir que los cántabros decidamos, como ha decidido nuestro Parlamento por unanimidad, que la inmunidad procesal quede suprimida.

Señorías, nuestro estatuto se realizó igual que la Carta Magna, siguiendo una situación que se vivía en el año 1978 que nada tiene que ver con la que se vive en la actualidad. Es necesario afrontar las reformas, es necesario asumir que hay instituciones que tienen que ser revisadas, instituciones como el Senado, instituciones como la falta de democracia directa y de participación en nuestra Constitución, también el modelo territorial, y eso requiere una modificación que tendrá que basarse en la responsabilidad, el trabajo y el consenso, como el acuerdo que hemos obtenido todos los grupos en el Parlamento de Cantabria para impulsar esta reforma. Porque esa ha sido la génesis de esta proposición de ley: acuerdo entre todos los grupos, retrasos, diferencias, consensos y, al final, una votación unánime. Y todo desde el respeto estatutario a la voluntad de estas Cortes Generales y a la de los cántabros; respeto legal e institucional que Cantabria no está recibiendo de manera recíproca por parte del Gobierno de España, puesto que el señor Rajoy se niega a recibir al presidente de nuestra comunidad autónoma. Lealtad y cumplimiento de la ley desde Cantabria y compromiso que esperamos que esta Cámara exprese en la votación de hoy.

Termino, señora presidenta. Señorías, el estatuto, como el resto de las leyes en nuestro Estado de derecho, se aprueba para cumplirse, y eso es lo que hoy les pedimos desde Cantabria, que apoyen esta reforma para poder seguir haciendo efectiva nuestra máxima norma de autogobierno. Les emplazo a todos ustedes a hacerla también efectiva, porque nuestro estatuto incorpora una disposición adicional segunda en su punto cuarto que recoge una cláusula inédita en otros estatutos, reconoce la obligación de velar por que los traspasos y transferencias económicas garanticen la financiación del hospital Marqués de Valdecilla. Espero que, cuando los próximos presupuestos generales lleguen a esta Cámara, todos ustedes apoyen que el Gobierno incorpore en los mismos la partida de 140 millones para hacer frente al cumplimiento de la ley en este asunto. Creo que, si no, se estaría incumpliendo la ley. Por eso les pido el voto hoy y les pido también ese voto comprometido en los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra don Francisco Javier Rodríguez Argüeso.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA (Rodríguez Argüeso): Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta del Parlamento de Cantabria y al secretario general de nuestro Parlamento que nos hayan acompañado y hayan organizado tan bien esta expedición que hemos hecho al Congreso de los Diputados. Muchas gracias, presidenta y secretario. Muchas gracias también a este Congreso, señora presidenta del Congreso, por la diligencia en la tramitación de esta propuesta que el Parlamento de Cantabria ha traído a este Congreso. Se admitió a trámite el 15 de diciembre y hoy ya se está tomando en consideración; solo han pasado tres meses. Nunca pensamos que se iba a tramitar tan diligentemente y, por lo tanto, nuestro sincero agradecimiento.

Señorías, el Estatuto de Autonomía de Cantabria fue aprobado en 1981 en una ley orgánica de 30 de diciembre. Este Estatuto de Autonomía de Cantabria ha sido reformado en tres ocasiones. Dos veces ha sido reformado por acuerdos de las fuerzas políticas nacionales con una mayoritaria representación a nivel del Estado español. Se modificó en el año 1991, cuando se incorporó la celebración de las elecciones autonómicas el cuarto domingo de mayo, y en el año 1994, cuando se incorporaban nuevas competencias al Estatuto de Cantabria. Pero la gran reforma de nuestro estatuto, la importante, se produjo en 1998. Dentro de unos días va a hacer veinte años que la defendimos en este mismo Congreso. Fue una reforma muy importante, muy profunda; una reforma que hablaba de competencias, de instituciones; una reforma en donde se consideró hasta la denominación de nuestra comunidad como comunidad histórica dentro de la Constitución española; una reforma que contó con todo el consenso de la sociedad de Cantabria, con todos sus representantes y con los cinco grupos políticos que estábamos entonces en la llamada Asamblea Regional, hoy -gracias a este estatuto- Parlamento de Cantabria. Se logró un gran consenso, que ha servido para que durante veinte años ninguna fuerza política ni ninguna fuerza social y económica solicitase hacer un cambio, inmediatamente, en este estatuto de autonomía. Sin embargo, veinte años después -la gran diferencia es que estamos hablando del paso del siglo XX al siglo XXI en estos veinte años- traemos hoy aquí otra reforma planteada por el Parlamento de Cantabria hecha por unanimidad;


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hecha también por cinco grupos políticos, y nos hemos puesto de acuerdo, como algún otro portavoz ha dicho anteriormente.

No traemos aquí una reforma ni solicitamos que apoyen una reforma para más competencias; no traemos aquí una reforma para cambiar la estructura de nuestra comunidad autónoma; no traemos una reforma para quitar ninguna competencia a ninguna otra comunidad autónoma ni ser más ni menos que nadie. Traemos una reforma que pide la sociedad española, porque ha cambiado del siglo XX al siglo XXI y casi todos los partidos políticos llevábamos en nuestro programa electoral cambiar y hacer la reforma, fundamentalmente para quitar los aforamientos, pero también se hablaba de la inmunidad y la inviolabilidad. Nosotros hemos llegado a un acuerdo para suprimir los aforamientos y hemos llegado a ese acuerdo porque consideramos que es importante. Los grupos políticos de Cantabria nos pusimos de acuerdo en que había que quitar los aforamientos para los políticos nada más iniciar la legislatura. En marzo del año pasado llegamos a dicho acuerdo y firmamos esta propuesta de resolución pero, a petición además de nuestro grupo parlamentario, se trasladó para presentarla hasta el mes de septiembre, puesto que nuestro grupo parlamentario defiende que esta debía ser una reforma de ámbito nacional, en la que estuviesen de acuerdo la mayor parte o, a poder ser, todos los partidos políticos de ámbito nacional, para hacerla en nuestro Estado español, porque consideramos que la sociedad así lo pide. Además, si lo llevamos en los programas, será para cumplirlo. En el mes de septiembre presentamos esta reforma porque en Cantabria queremos que esta reforma de nuestro estatuto se produzca en esta legislatura. Consideramos que se debe producir porque todos estamos de acuerdo y, además, lo llevábamos en los programas electorales. Por tanto, espero que nadie se oponga a la tramitación de esta propuesta que hoy traemos y espero y deseo que en esta legislatura sea aprobada la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

Hay mucha gente -gracias a que mucha gente ha desinformado a la sociedad española, hay que reconocerlo-, hay muchos expertos jurídicos, no jurídicos, políticos, no políticos, sociales y no sociales, que dicen que los aforamientos son un privilegio. Yo no estoy de acuerdo con ello, es una prerrogativa que tenemos en nuestros estatutos, en nuestra Constitución española y en la estructura del Estado español aprobada por la Constitución española. Por eso, existen ciertos aforamientos. Yo no estoy de acuerdo, pero hoy, fundamentalmente los políticos, tenemos que intentar trasladar toda la confianza posible a la sociedad española, y aquello que pueda suscitar la más mínima duda hay que reformarlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, si consideramos que no son privilegios, por qué los vamos a mantener. Y si son privilegios, no los podemos mantener. Por lo tanto, hago un llamamiento a las fuerzas políticas de ámbito nacional con seriedad y responsabilidad. Lleguen a un acuerdo, porque sería importante llegar a un acuerdo en todo para todo el Estado español. No me sirve que partidos políticos en unas comunidades autónomas traigan estatutos, que unos quieran quitar los aforamientos y otros no, que unos quieran hacer comisiones y otros... Ustedes, los representantes nacionales de los partidos que tenemos representación a nivel nacional, deben ponerse de acuerdo porque si lo llevamos en los programas electorales lo debemos cumplir.

Estoy convencido de que los partidos políticos y los políticos -ya que la clase política y los políticos hemos sufrido un desprestigio importante en los últimos años- queremos los mejores jueces, no nos importan dónde estén. Tenemos que trasladar la imagen a la sociedad española de que tenemos muy buenos jueces en primera instancia, en tribunales superiores, en el Tribunal Supremo y en todas las instancias jurídicas. Por lo tanto, hoy esta reforma que plantea el Parlamento de Cantabria por unanimidad no va contra nadie, únicamente va a intentar dar un paso más, que entre todos tenemos que dar, para conseguir un poco más de confianza de los ciudadanos de España.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señores parlamentarios, comisionados del Parlamento de Cantabria, bienvenidos al Congreso de los Diputados en nombre del Partit Demòcrata, PDeCAT.

Les quiero trasladar tres ideas, a ustedes evidentemente, a la Cámara y al debate y reflexión que suscita el planteamiento de su iniciativa. Primera idea. Si esta es la voluntad del Parlamento de Cantabria, evidentemente la vamos a respetar y también vamos a respetar la tramitación ya que es la voluntad del Parlamento de Cantabria. Ya nos gustaría que la voluntad de los parlamentos, más cuando se han pactado


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reformas que después se han sometido a referéndum de los ciudadanos, fuera siempre respetada, sea dicho de paso.

Segunda consideración. Como mi edad parlamentaria, que no la biológica, ya es un poquito madura en esta casa, me permitiré trasladarles mi criterio sobre el respeto. Los aforamientos no son un privilegio, sino una garantía para el parlamentarismo y sirven precisamente para que otros poderes del Estado no se inmiscuyan en la composición de la Cámara, de las mayorías y de las minorías. Han dicho que esta es una institución reciente porque es del siglo XIX. Es que el parlamentarismo de España es del siglo XIX y lo de antes era rendir pleitesía al gobernante de turno, no elegido ni controlado por los parlamentos. Ya sé que el trending topic del momento es levantar los aforamientos porque es un privilegio, pero ustedes mismos en sus discursos en una parte han dicho que no era un privilegio, pero luego han manifestado que se tienen que levantar porque es un privilegio. No es en favor de los parlamentarios, porque los parlamentarios pasan, pero los parlamentos permanecen. Ustedes han dicho que nadie debe ser más que nadie y estoy de acuerdo, pero no puede ser que otros poderes alteren la composición de los parlamentos y, por eso, a veces, excepcionalmente, se producen votaciones sobre la idoneidad de los juicios, sobre su contenido. Hace justo un año un diputado de esta Cámara, por segunda vez en cuarenta años de democracia, fue despojado de su condición de diputado. Era un diputado de mi grupo, don Francesc Homs. Previamente, se produjo un debate sobre su aforamiento, el cual reunió noventa y un votos de este hemiciclo contrarios al levantamiento del aforamiento, sin duda una minoría, pero relevante como para celebrar un debate de oportunidad política sobre el juicio al que se enfrentaba un diputado electo de esta Cámara.

Para terminar, haré dos consideraciones. El primer interviniente, del Grupo Socialista, ha hablado de que la madurez democrática del momento, la separación de poderes hace que ya no sean necesarios los aforamientos. Pues bien, la madurez democrática del momento, la separación de poderes del momento, lleva a que un juez del Tribunal Supremo interprete el reglamento del Parlament de Catalunya para inventarse el voto delegado de un diputado en dicho Parlament cuando esto no está contemplado en el mismo. La madurez democrática del momento -como no es la cuestión de fondo, voy terminando con esto porque la señora presidenta me va a llamar a la cuestión- lleva a que un auto del Tribunal Supremo interprete que una persona en prisión preventiva y sin sentencia judicial no pueda comparecer ante una Cámara siendo diputado electo, con todos sus derechos, para defender su programa político cuando tiene el apoyo de la mayoría absoluta de esa Cámara. Esto sea dicho de paso, porque justo hoy hemos conocido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que apunta a que algún día -ni mañana ni pasado mañana- algunas interpretaciones de ese Estado de derecho que usted calificaba de tan maduro van a ser sometidas a un escrutinio doble de lo que está sucediendo estos días.

Mi última reflexión tiene que ver con que han manifestado que se tienen que levantar los aforamientos a la clase política -han hablado de clase política y a mí no me gusta esa expresión. Yo creo que existen políticos buenos y malos, que hacen bien su trabajo y que no lo hacen bien-, que teníamos que levantar los aforamientos por el desprestigio de los políticos. A ver si tenemos un poquito más de orgullo defendiendo lo honorable que es en términos generales la política y los políticos. Por favor, no se pongan al lado de los que generalizan y practican la antipolítica y en nombre de la antipolítica van cediendo, cediendo, cediendo al digno ejercicio del debate democrático, del diálogo y del acuerdo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, presidenta del Parlamento de Cantabria, secretario general, diputados del Parlamento de Cantabria, bienvenidos. Es un placer recibiros aquí. Buenas tardes a todos.

Hay cuestiones que son capitales, fundamentales e innegociables en nuestra esencia, en nuestra forma de ser y en nuestro ADN como fuerza política y que, además, fueron las motivaciones personales que me empujaron a dar el paso hacia la política activa, dejando a un lado mi actividad profesional. Una de estas razones fundamentales -entre otras- son las reformas legislativas que podemos impulsar para modificar y corregir situaciones totalmente anacrónicas como es el caso de los aforamientos, que derivaron en privilegios para los políticos y que la sociedad de forma mayoritaria ni acepta ni comparte ni entiende; reformas legislativas que permitan avanzar en calidad democrática, en transparencia y en una separación


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de poderes formal y real que fortalezca la independencia judicial y mejore la percepción que tienen los ciudadanos sobre nuestro sistema de justicia.

El nuestro es un partido liberal, progresista, reformista, renovador y regenerador; un partido que apuesta por encontrar soluciones nuevas ante los nuevos retos que plantea el siglo XXI. La incapacidad del viejo bipartidismo, que con diferentes mayorías pudo modificar situaciones de privilegios trasnochados y no lo hizo, nos obliga a tomar la iniciativa. Nos reconforta que los conservadores -que en este tipo de asuntos de regeneración, como diría mi abuela, se mueven menos que los dientes de arriba- y que los socialistas -que ni están ni se les espera- se hayan unido a esta propuesta para erradicar privilegios de siglos pretéritos. Hay algo paradójico que alguien debiera explicar -los conservadores del PP o los socialistas-: por qué apoyan esta medida de eliminar los aforamientos en Cantabria al tiempo que al alimón se empeñan en bloquear esta medida aquí, en el Congreso de los Diputados. (Aplausos). Parece ser que para los socialistas y los populares de Cantabria esta es una buena reforma -que lo es-, pero para sus colegas del Congreso parece que no. Se producen casos realmente paradójicos, como el del Partido Popular, que en el Congreso de los Diputados no quiere ni oír hablar de la limitación de mandatos y, sin embargo, en Andalucía apoya esta iniciativa de regeneración con entusiasmo e incluso diría que con algarabía.

Hoy es para mí una alegría que Cantabria sea noticia por encabezar y liderar una reforma y no por ser, como habitualmente ocurre, la protagonista de noticias negativas; por ejemplo, por ser una de las dos comunidades autónomas en las que el año pasado aumentó el paro, por ser los líderes nacionales en precariedad laboral, por ser la comunidad que más tiempo tarda en pagar a sus proveedores, por tener una deuda que ya llega a los 3000 millones de euros o por haber descendido 6 puntos en la clasificación de autonomías por renta per cápita, es decir, por calidad de vida. Lejos de los personajes y más allá de la instrumentalización que se está haciendo de mi región, Cantabria es una tierra de futuro en la que estamos pendientes de gente con capacidad de liderazgo que pueda sacarnos de estas arenas movedizas en las que más nos hundimos cuanto más se mueve el Gobierno de Miguel Ángel Revilla.

Hoy nos encontramos aquí gracias a una iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos en Cantabria, que llevó a Pleno una proposición no de ley sobre este asunto registrada en octubre de 2015, que instaba al Gobierno de Cantabria a iniciar este procedimiento de modificación del estatuto para eliminar los aforamientos y que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios de Cantabria. Quiero recordar el trabajo y el esfuerzo de mis compañeros en Cantabria, liderados por Rubén Gómez, y quiero también que sepan todos los cántabros que, gracias a ese esfuerzo, a partir de ahora los diputados y las diputadas del Parlamento de Cantabria, así como su presidente y los consejeros del Gobierno de Cantabria, serán iguales ante la ley que el resto de los ciudadanos de Cantabria. Si algún político tiene que rendir cuentas ante la justicia, lo hará como cualquier otro ciudadano, acudiendo al juez de Primera Instancia que le toque en suerte y no a través de su aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria donde alguno de sus magistrados obtiene su plaza a través de las propuestas de los diferentes partidos políticos. Aunque creemos mayoritariamente en la independencia de los jueces, este tipo de situaciones deben ser eliminadas para cumplir de esta manera con la máxima de la mujer del César: serlo y parecerlo.

Me viene al recuerdo cuando, allá por marzo de 2011, quedando una vacante en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Partido Regionalista de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla a la cabeza, propuso en la terna de candidatos para esa vacante al que entonces, en ese mismo momento, era su consejero de Justicia y secretario general del PRC en Santander. Es decir, el señor Revilla quería que su consejero de Justicia, de un día para otro, pasase de formar parte de su Gobierno y de su partido a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es el órgano competente para juzgar a aquellos políticos de Cantabria que tuviesen que acudir a rendir cuentas ante la ley. Evidentemente, ante las protestas de todas las asociaciones de jueces y fiscales, el señor Revilla, que lleva en política más de treinta y cinco años y dando lecciones de regeneración en los distintos foros a los que acude, tuvo que retirar dicha candidatura que, siendo perfectamente legal, era absolutamente inmoral. Esto hay que evitarlo.

Tenemos que seguir avanzando. Nosotros hemos presentado la ley ómnibus para la despolitización de la justicia y la lucha contra la corrupción, donde apostamos por la modificación de la elección de los jueces y magistrados del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal general del Estado; donde apostamos por la protección a los funcionarios que nos pongan sobre la pista de posibles casos de corrupción, eliminación de los aforamientos, limitación de mandatos, acabar con los


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indultos por corrupción política, etcétera. Es aquí, en estas profundas reformas, donde nos encontramos que el viejo bipartidismo, que se ha ido sucediendo en el poder y que se siente muy cómodo en esta caduca alternancia, mucho más allá de la escenificación de encontrarse en posiciones ideológicas muy distantes -enfrente del PSOE, el PP; enfrente del PP, el PSOE-, cuando llegan este tipo de asuntos de regeneración bailan muy pegaditos el tango Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, 'cachete con cachete y mejilla con mejilla', sin ningún complejo y sin ningún poder. (Aplausos).

Y como muestra un botón. Hace apenas tres semanas presentamos en esta Cámara la ley de reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal para romper con el cordón umbilical que durante toda la democracia, con mayor o menor intensidad, ha mantenido unidos a los distintos fiscales generales del Estado con los Gobiernos correspondientes, llegando a difuminarse la figura de lo que debería ser el fiscal general del Estado con el fiscal general del partido que gobierna y, ¿saben ustedes quiénes votaron en contra de esta reforma para dotar de más independencia a la fiscalía? El Partido Popular y el Partido Socialista, cogiditos de la mano.

Termino, señora presidenta, volviendo a poner de manifiesto nuestra satisfacción por este consenso logrado en el Parlamento de Cantabria e impulsado por Ciudadanos para la eliminación del fuero procesal y que, a partir de las tramitaciones pertinentes, los diputados del Parlamento, así como el presidente y los consejeros del Gobierno de Cantabria, cumplan ante la ley exactamente igual que el resto de los ciudadanos, y que esta iniciativa, que espero sea apoyada mayoritariamente en esta Cámara, se extienda de manera irremediable al resto de parlamentos autonómicos y también al Senado y a este Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alonso Clusa.

La señora ALONSO CLUSA: Gracias, presidenta.

Señores representantes y parlamentarios de Cantabria, señorías, hoy en el Congreso hablamos de Cantabria, y lo hacemos debatiendo nuestra ley fundamental como consecuencia de una demanda social, algo que para nosotros siempre ha sido esencial: poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, en este caso de los cántabros y las cántabras.

Todos los partidos del Parlamento de Cantabria se han puesto de acuerdo para escuchar lo que hoy en día es un clamor popular. Lo que en otras épocas ofrecía cierta seguridad en el desempeño de la actividad política, ahora se ve como un privilegio a eliminar, porque nos aleja del principio de igualdad ante la ley que debemos acatar todos los individuos, independientemente de que seamos representantes o representados. Sabemos que el tiempo cambia nuestras condiciones políticas, económicas y sociales y, en consecuencia, las leyes han de actualizarse al ritmo de las necesidades del momento histórico, al ritmo de las necesidades y de la opinión de la mayoría de la gente. Se ha escuchado al pueblo de Cantabria en su reivindicación ante la situación de asimetría que suponen los aforamientos -muy bien-, y este debe ser tan solo el primer paso hacia las modificaciones imprescindibles y profundas que demanda la ciudadanía de Cantabria. Y digo el primer paso, porque lo que realmente merecemos las cántabras y los cántabros es el mejor estatuto de autonomía. Estamos cansadas de ser una pieza de ajedrez en la partida de un Gobierno central arrogante que nos ignora, nos miente, nos discrimina y nos daña sistemáticamente; un Gobierno central que nos niega hasta la financiación de nuestros hospitales, y no hay derecho. (Aplausos).

La situación socioeconómica en Cantabria es insostenible, y no se trata solo de que Cantabria sea uno de los puntos donde la crisis ha sido más dura, sino que es una cuestión estructural, por dos razones claras: en primer lugar, por el desprecio permanente del Estado -como ya he comentado-, pero también por Gobiernos autonómicos que una y otra vez se limitan a señalar el problema sin atreverse a aportar la solución. Todo esto nos está abocando a un abismo económico y demográfico para el que el actual estatuto de autonomía resulta ya una herramienta obsoleta.

Cantabria no se reduce a anchoas y sobaos, señorías. La grandeza de Cantabria la configuran sus gentes, los montañeses, que toda la vida han trabajado para levantar nuestra tierra y que ahora ven marchar a sus hijos y nietas porque Cantabria parece cerrarles las puertas. (Aplausos). ¿Qué fue del motor económico que supusieron la comarca del Besaya y la de Campoo? Es hora de sentarnos a


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recuperarlas para dinamizar nuestra tierra, es hora de sentarnos para garantizar el futuro de nuestros jóvenes.

Urge una reforma del estatuto de autonomía -¡claro que sí!-, una reforma profunda acorde al siglo XXI, a nuestra realidad actual; una reforma en la que en primer lugar la mujer tenga un papel central, porque somos la mitad de la población de Cantabria, cuya participación, enfoque, mirada y necesidades en ningún momento se tuvieron en cuenta a la hora de realizar nuestra ley fundamental. Urge un nuevo estatuto de autonomía que se convierta en eje vertebrador del futuro económico, social y político de nuestra tierra, un nuevo estatuto que blinde y garantice nuestros derechos sociales, nuestro autogobierno y nuestra identidad.

Ofrezcamos a la ciudadanía de Cantabria el reconocimiento de su dignidad a través de un estatuto que recoja el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la asistencia a la dependencia, a la lucha contra la violencia machista, a la lucha contra la desigualdad de género y a la erradicación de la pobreza. La democracia también forma parte del ADN de nuestro pueblo, de sus formas tradicionales de organización y estructuración política. En Cantabria todas sabemos lo que es el concejo abierto, fórmula ancestral a través de la cual los asuntos que a todos concernían entre todas se resolvían. O sea, transparencia y participación. Señorías del Partido Popular, ¿podrían explicarnos por qué lo destruyeron en 2011?

Hace falta un estatuto -sí- que posibilite que los municipios sean de los ciudadanos y que impida cacicadas como las que perpetró en Santander el señor Íñigo de la Serna, que ahora se sienta en la bancada azul como ministro de Fomento. Qué pena que hoy no nos acompañe en este debate. Las santanderinas no olvidamos a Amparo Pérez, señor De la Serna. Dirigentes como usted -allá donde esté-, nunca más. (Aplausos). Necesitamos un estatuto, en definitiva, que ponga en primera línea la protección, la conservación y divulgación de nuestro patrimonio cultural, natural e histórico, un estatuto que nazca de la escucha de nuestros abuelos y pensando en nuestras hijas.

Señorías, sigamos escuchando el clamor popular, proporcionemos a las instituciones cántabras las herramientas de políticas públicas que aseguren un pleno desarrollo social y económico y que nunca jamás nadie vuelva a faltarnos al respeto, porque Cantabria no es suya, señores del Gobierno, Cantabria es de su gente. (Aplausos).

Me gustaría terminar como lo hizo en esta misma Cámara, hace ya nada menos que ochenta y cuatro años, el diputado Bruno Alonso, que fue elegido por mi misma circunscripción, quien dijo: Me basta con haber dejado constancia en el Diario de Sesiones de esta defensa que, más que legítima, era obligada en un representante del pueblo como yo, siquiera sea para salir al paso de la traición al alto interés cultural de España que supone el silencio de aquellos hombres que representan hoy en mayoría aquella provincia montañesa y que tenían, por tanto, el deber de realizar esta defensa que modestamente he llevado a cabo en estos instantes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cortés Lastra.

El señor CORTÉS LASTRA: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los cántabros y cántabras que nos acompañan hoy aquí, también a los diputados del Parlamento de Cantabria y a su presidenta, a Lola Gorostiaga. Estos días hemos asistido a históricas movilizaciones en defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país, y es, si cabe, un privilegio mayor contar con tu presencia en este Congreso hoy, porque tú, Lola, desde hace años eres un referente en la defensa de los derechos de las mujeres (aplausos), y porque has vivido y vives desde diversas responsabilidades políticas impulsando siempre, con tu ejemplo y trabajo diario, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como una prioridad. Por eso, muchas gracias, Lola; muchas gracias, de verdad. (Aplausos).

Es un honor para mí, como cántabro, tener el privilegio de defender la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Nací en una comunidad histórica, como recoge el estatuto; una tierra donde el mar y las montañas imprimen carácter en su gente; una tierra donde la naturaleza y la gastronomía se mezclan con la necesidad creativa de Gerardo Diego, de Ataulfo Argenta, Marcelino Menéndez Pelayo, Eladio Laredo, entre otros, o de Concha Espina, cuando nos dice: Yo necesito un mundo que no existe, el mundo que yo sueño. Porque desde Cantabria buscamos tanto conocer el origen de todos nuestros antepasados a través del arte rupestre más importante del mundo como la curiosidad de descubrir nuevos horizontes para comprender la Tierra, como hizo el cántabro Juan de la Cosa, autor del primer mapamundi.


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Hoy, en un pequeño paso más de nuestra historia, traemos a esta Cámara el consenso, el acuerdo de todos los partidos representados en el Parlamento de Cantabria para reformar el estatuto. Nos trasladan un pacto basado en una demanda social de regeneración democrática, una adaptación de la política a los tiempos en los que vivimos, la eliminación del aforamiento de las diputadas y diputados del Parlamento de Cantabria, del presidente y de los consejeros del Gobierno. Entiendo que esta iniciativa solo puede tener una respuesta por parte de este Congreso, solo cabe el respeto y el apoyo a esta iniciativa. Cualquier otro voto diferente al que ejercieron todos los cántabros en el Parlamento de Cantabria sería una contradicción difícilmente explicable a los ciudadanos de mi tierra. Es cierto que somos una comunidad pequeña -y lo saben aquí los compañeros diputados-, pero el valor y las aportaciones de todo un pueblo como el de Cantabria a España bien merecen el respeto de todos, incluso de aquellos que prometen y luego no cumplen.

Miren ustedes, señoras y señores del Partido Popular, es cierto que hoy es un día importante para Cantabria, pero les aseguro que si cumplieran con su palabra podría serlo aún más, porque los ciudadanos, además de necesitar la regeneración democrática, también necesitan que el Gobierno de España cumpla sus promesas, y eso, a fecha de hoy, ustedes no lo están haciendo. El Gobierno de España le debe 90 millones de euros a Cantabria. Es tal el grado de incumplimiento, que no ha habido otra opción que interponer un recurso ante la Audiencia Nacional para reclamarles la deuda. Paso a decirles cuál es la deuda que tienen con nosotros, porque es una deuda importante: 44 millones de euros por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 44 millones de euros que nos deben. Y hemos interpuesto enmiendas y enmiendas para intentar que ustedes paguen esa deuda que tienen con nosotros, con la sanidad de Cantabria, que es con todos los ciudadanos de Cantabria. En 2017 teníamos un compromiso de cofinanciación de la Ley de Dependencia con ustedes al 50 %: 50 % Cantabria, 50 % el Estado. ¿Saben cuánto han pagado? ¿Saben cuánto pagan por la dependencia, qué porcentaje están pagando? El 20 %, ustedes pagan el 20 %. El 80 %, ¿saben quién lo paga? Lo paga la Comunidad Autónoma de Cantabria. ¿Saben por qué? Porque la Comunidad Autónoma de Cantabria no quiere dejar tirados -tirados- a sus dependientes como ustedes lo han hecho en nuestra comunidad. (Aplausos).

Y miren, en educación...

La señora PRESIDENTA: Señoría, yo creo que soy bastante flexible pero les llamo a todas sus señorías a que vayan a la cuestión. Muchísimas gracias.

El señor CORTÉS LASTRA: En educación se comprometieron a aportar 17 millones para el desarrollo de la Lomce. ¿Saben cuánto han abonado? 158 000 euros. Y así puedo estar toda la tarde, poniendo ejemplos.

A tal punto ha llegado el maltrato del Gobierno de Rajoy a Cantabria que han obligado a este diputado a presentar preguntas inimaginables. ¿Se puede saber qué les hemos hecho los ciudadanos de Cantabria para que nos ahoguen económicamente con el incumplimiento de sus promesas? Aprovechen este debate, aprovéchenlo para algo que es importante, para reflexionar y para cambiar de rumbo, porque con una comunidad como la nuestra, que ha sido siempre leal a este país y que trata por todos los medios de progresar, ustedes lo que hacen es poner piedras en el camino. Así que le decimos al señor Rajoy que cumpla, que cumpla con su palabra, que cumpla con lo prometido, que no engañe más a Cantabria.

La señora PRESIDENTA: Señoría, le llamo por segunda vez a la cuestión y sabe a lo que se expone si le llamo una tercera.

El señor CORTÉS LASTRA: Porque no vamos a parar hasta que nos entreguen lo que es nuestro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.

El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida, como han hecho mis compañeros, a la presidenta del Parlamento de Cantabria y a todos los cántabros que nos acompañan hoy en el Congreso, así como a los representantes del Parlamento de Cantabria.

Debatimos, como algunos han hecho, otros no, la reforma del Estatuto de Cantabria que tiene como objeto la eliminación de los aforamientos. Y quiero empezar diciendo que el Partido Popular está a favor


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de la limitación y la reducción de los aforamientos; ya lo digo desde ahora y así no damos lugar a ninguna duda. Estamos a favor de que todos los españoles sean iguales ante la ley y estamos a favor de eliminar toda aquella cuestión que pueda ser entendida o utilizada como puerta falsa, atajo o burladero por cualquier representante público. Porque el Partido Popular de hoy en día, el Partido Popular que hizo que cuando yo era joven me afiliara y formara parte de él, al que tantos millones y millones de españoles se han sumado durante estos años, es un Partido Popular que trabaja mano a mano con todos los ciudadanos, que les mira a la cara y que no necesita los aforamientos para hacer su función.

Sabemos que la figura del aforamiento ha sido eficaz, y así se ha demostrado en toda nuestra historia democrática; sabemos que en ningún momento, como se ha dicho por muchos que me han precedido en el uso de la palabra, ha supuesto unos privilegios reales o una evasión encubierta de la justicia. Pero tenemos que admitir, y creo que lo tenemos que hacer todos los representantes de todos los grupos políticos, que algo hemos hecho mal para que hoy en día resulte verosímil el hecho de que un aforamiento es un privilegio de cara a los ojos de los ciudadanos. Algo hemos hecho mal nosotros y algo han hecho muy bien algunos que han dedicado todo su tiempo y esfuerzo a hacer demagogia con este tema. El Partido Popular no se va a oponer a la eliminación del aforamiento; con ello también quiero ahorrarles tiempo y esfuerzo a aquellos que quieren seguir invirtiendo en hacer demagogia. No pierdan tiempo, que nuestro tiempo les cuesta mucho esfuerzo a los españoles y tienen derecho a que lo empleemos en cuestiones más productivas. A mí realmente me hubiera parecido más productivo utilizar el tiempo en esta tribuna para hablar de la situación actual de mi comunidad autónoma, porque mientras en España se crean más de 500 000 puestos de trabajo, el año pasado Cantabria destruyó 3300. Pero voy a utilizar mi tiempo en este debate para decir que el Partido Popular no ha aterrizado aquí y ahora, no nos ha dado un viento sur, de esos que soplan tanto en mi comunidad autónoma, en el debate de los aforamientos; nosotros ya lo llevábamos en el programa electoral y, posteriormente, en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Pero, señorías, seguramente hubiera sido más productivo dedicar esta mi primera intervención en esta Cámara a decirles que mientras hoy nuestro país lidera la creación de empleo en Europa, nuestra comunidad autónoma, Cantabria, lidera el paro en España y seguramente para hablar de una realidad que nos preocupa a los más de 580 000 cántabros, que es que mientras que vemos la fortaleza de nuestro país, porque España durante cuatro años consecutivos, cuarenta y ocho meses, ha tenido un crecimiento económico positivo, en ni uno de los cuarenta y ocho meses Cantabria ha sido capaz de alcanzar ese nivel de crecimiento. Por eso, créanme cuando les digo que a los diputados del Grupo Popular nos preocupan otras cosas, no el tema de los aforamientos. Nos preocupa -se ha dicho aquí- la incompetencia del Gobierno regional para justificar el dinero que el Partido Popular dio para Valdecilla, porque hay que decir alto y claro que si fuera por los que hoy están gobernando en Cantabria, Valdecilla seguiría siendo, como lo fue tantos años, un edificio fantasma y lleno de telarañas. Ha sido el Partido Popular el que se comprometió y el que ha financiado y acabará financiando íntegramente Valdecilla. (Aplausos). Yo no utilizaré las palabras del presidente Revilla, que dijo que nos tocó la lotería, pero, es verdad, estamos orgullosísimos de contar con el mejor ministro de Fomento, que está haciendo realidad las inversiones que llevaban atascadas tantas décadas en Cantabria. (Aplausos).

Pero no hemos venido aquí a hablar de nuestro libro; eso se lo dejamos a otros, como al mediático presidente de Cantabria, al popular Revilla, incluso más popular que los que nos llamamos populares, pero es popular por hablar de sí mismo en las televisiones, por hablar de sus libros o de sus escaramuzas juveniles, o por esa pizarra mágica con la que va a los platós de televisión con la que dice que él arreglaría España, pero que parece ser que para Cantabria no funciona porque después de dos legislaturas como presidente de la comunidad, ha tenido que cesar recientemente al interventor general para que las cuentas no le saquen los colores.

La señora PRESIDENTA: Señoría, también le recuerdo a usted que tiene que ir a la cuestión.

El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Sí, me centro. La pregunta es: Con este panorama, con el día a día que estamos viviendo los cántabros, ¿creen que la principal preocupación que tenemos hoy es si se mantienen o se suprimen en este momento los aforamientos? Nosotros no estamos en contra y no nos vamos a oponer a esta reforma del Estatuto de Cantabria, pero lo que decimos, y el Grupo Popular dice, es que debemos abordar el debate sin demagogia y sin oportunismo, con seriedad, con serenidad y con el objetivo de responder a esa demanda creciente de los ciudadanos. Pero debemos hacerlo de una forma unitaria. No puede ser que la reforma del sistema de aforamientos se convierta en diecisiete reformas, que cada comunidad autónoma tenga un régimen diferente. No puede ser que, ahora que estamos hablando


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de regeneración democrática, estemos paradójicamente creando desigualdades entre los representantes de la soberanía popular, dependiendo de si ejercemos la responsabilidad en una u en otra comunidad autónoma. El Grupo Popular quiere para toda España lo que quiere para Cantabria, porque el verdadero espíritu de esta reforma es que todos los españoles sean iguales ante la ley, sin privilegios, sin dos velocidades y sin dar argumentos a quienes en el futuro quieran hacer nuevos experimentos independentistas. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.

Se habla -y voy finalizando- de que nos hemos dado espacios para el consenso y es lo que pide el Grupo Parlamentario Popular, que trabajemos todos juntos, que ante una demanda ciudadana lleguemos a un gran pacto nacional para seguir manteniendo la igualdad de derechos y de deberes de todos los representantes públicos. Creemos que tiene que ser un gran pacto nacional el que determine el futuro del sistema de aforamientos en nuestro país. Hoy no vamos a oponernos a esta reforma del Estatuto de Cantabria. Respetamos, como no puede ser de otra forma, el total autogobierno de las comunidades autónomas, pero aspiramos a algo mejor para nuestro país; aspiramos a un gran consenso sobre los aforamientos en todo el territorio nacional, que es diverso social y culturalmente pero que debe ser único cuando hablamos de derechos y libertades.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Muchas gracias a la delegación del Parlamento de Cantabria. Muchas gracias a la señora presidenta.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA. (Número de expediente 122/000044).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, la verdad es que hoy les traía un discurso muy chulo, repleto de declaraciones injuriosas, ofensivas a impunes de gente como Andrea Fabra, hacia los parados; de gente como Pablo Casado, a los asesinados en cunetas; de gente como Núñez Feijóo y Miguel Ángel Rodríguez, hacia el independentismo; de gente como Isabel San Sebastián y Hermann Tertsch, hacia, en definitiva, la decencia; de la caverna, hacia Anna Gabriel; y, sobre todo, de parte de la Policía municipal de Madrid a Carmena, Pastor, Iglesias y uno mismo. La verdad es que el discurso prometía. También intentaba convencerles de que lo ofensivo, de que las injurias a una patria, por ejemplo, es pagarle 1350 millones de euros a Florentino Pérez; de que las injurias, de que las ofensas a una patria son perder 40 000 millones de euros en un rescate bancario; y de que las injurias, que las ofensas a una patria son que ladrones y gángsteres en sede parlamentaria, cuando se les piden explicaciones, digan: Es el mercado, amigo. Yo considero -y también el sitio del que provengo- que la ofensa, la injuria a una patria es todo eso. También quería demostrar, también quería intentar convencerles de que el ordenamiento legal español, que la jurisprudencia española en muchos casos no hace justicia, sino que hace macartismo, y todo ello, repito, para intentar convencer sobre todo al PSOE -sinceramente y con todo respeto, no espero nada del PP y de Ciudadanos- de que apoyaran esta iniciativa. Pero todo cambió esta mañana. Les traigo algo mejor. Les traigo una sentencia de Estrasburgo. Esta de aquí. (La muestra a la Cámara). Esto que ven aquí no es el escudo de un equipo de fútbol, sino que es el escudo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y entiendo que incluso el PP y Ciudadanos consideran que este tribunal es algo merecedor de respeto; en todo caso, no es un tribunal separatista, adoctrinado, bolivariano.

Hago memoria. En 2007, en Girona, Stern Taulats y Roura Capellera quemaron fotos; quemaron fotos de los reyes y fueron condenados a quince meses de cárcel. Después, como no eran los tiempos que hoy corren, fueron condenados al pago de una multa de 2700 euros. El Tribunal Constitucional les negó el amparo y les acusó de un delito de odio, que en aquella época no estaba tan de moda como ahora pero


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también se utilizaba. Pues bien, once años después, ¡once años después!, esta misma mañana, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncia en los siguientes términos: Este tribunal, por unanimidad y en virtud del Convenio europeo para la salvaguarda de los derechos humanos, decide rechazar las objeciones del Gobierno español en cuanto a la quema de fotos de los monarcas y le condena -condena al Gobierno español- a devolver la multa de 2700 euros a los dos jóvenes condenados por injurias a la Corona. Dichas ofensas se engloban, repito, dichas ofensas se engloban -no lo digo yo, lo dice esta sentencia- dentro de la expresión simbólica del rechazo y crítica política a cualquier monarquía y a cualquier cargo público, nada tienen que ver con la vinculación a discursos del odio y violencia hecha por el Tribunal Constitucional español. Repito, no lo digo yo, lo dice la sentencia de Estrasburgo. El Código Penal impuesto a los jóvenes demandantes constituye una injerencia injustificada en su libertad de expresión, protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los hechos no fueron -repito, no fueron- un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar o vilipendiar la institución, sino que suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima. No es odio, es libertad de expresión, y lo recoge su Constitución. (Aplausos). En consecuencia, la justicia española vulneró -no lo digo yo, lo dice la sentencia- el artículo 10 de la convención al castigar penalmente a los demandantes, y se condena a España a devolver los 2700 euros de multa a los demandantes y a indemnizarles con 9000. La sentencia es vinculante. A 13 de marzo de 2018. Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Señores del PSOE, ¿qué harán?, ¿ahora qué harán? Les pido, les ruego que salgan del bloque del 155. Hoy esperamos, no nosotros, sino prácticamente todo este país, que acerquen un poquito desde este Congreso a España a Estrasburgo y la alejen de Ankara. Esperamos al mejor PSOE, esperamos al PSOE digno que dio tantas tardes de gloria a este Congreso.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Aunque le pese al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, España no es una excepción en el mundo a la hora de disponer de un ordenamiento que castiga los ultrajes e injurias a sus banderas, a los signos y a otros emblemas, signos y símbolos nacionales. Resulta pertinente citar que en Grecia, Italia, Portugal, Alemania y Francia, entre otros miembros de la Unión Europea, también están penalizados y sancionados el agravio, la ofensa y el comportamiento irrespetuoso hacia sus más altas autoridades y sus símbolos. Algunos de estos países son repúblicas tradicionalmente protectoras del derecho a la libertad de expresión. En España, nuestra Constitución también ampara ampliamente la libertad de expresión y otorga garantías muy avanzadas para su ejercicio, al igual que el extenso marco legislativo desarrollado en estos casi cuarenta años de recorrido democrático. Se trata de cumplir y hacer cumplir las medidas de protección recogidas en el Código Penal frente a las conductas que perpetran actos dolosos contra las más altas instituciones de nuestra estructura, símbolos y emblemas, incluidas las autonomías. Nada de caverna.

Es oportuno señalar el conocido caso de una comunidad autónoma, la de Cataluña, la suya precisamente, señor Rufián, que recurrió a la justicia hace cuatro años por ultraje a la senyera, entre otros delitos, tras el grave asalto al Centro Cultural Blanquerna. En definitiva, son conductas que, al ir contra un bien jurídico protegido, solamente pueden ser calificadas e interpretadas por los tribunales de justicia, que son los que tienen la última palabra.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Telegráficamente trataré de decir algunas razones para oponernos a su iniciativa. Mire, señoría de Esquerra Republicana, nosotros no creemos que la libertad de expresión sea un derecho sin límites. Tampoco creemos que sancionar los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión sea antidemocrático, como poco será igualmente democrático. Tampoco compartimos hacer depender la sanción no de la


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conducta ofensiva, sino de quiénes sean los ofensores y los ofendidos. Nosotros, en todo caso, creemos que es mejor fomentar una pedagogía del respeto y la cortesía y no una apología del insulto y la ofensa, como creemos que ampliar los márgenes de nuestra propia tolerancia con aquello que nos hace daño genera más desorden y más caos. Para nosotros, señorías, el rey, la bandera o la patria, que es la gente, son conceptos e instituciones que representan valores que nos merecen respeto y, por eso mismo, nos representan a todos y todos nos podemos sentir insultados cuando se les insulta a ellos. Por eso creemos que deben ser especialmente defendidos.

Podría añadir que es verdad que la libertad de uno termina donde empieza la de los demás y que es el Estado quien debe garantizar este principio. En todo caso, no creemos que la libertad de expresión incluya un presunto derecho a insultar tan absoluto e irresponsable como impune penalmente. Creemos que democracia es respetar y no insultar. Yo tengo cuatro hijos, señoría, y les digo que no tienen que insultar, que no tienen que ofender y que pasan cosas cuando uno hace lo que no debe hacer. Por un principio de coherencia, me parece que lo mínimo que tengo que hacer es aplicar lo mismo que digo cuando educo a mis hijos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Arratsalde on guztioi.

Hoy el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que no es delito quemar fotos del rey. En 2011, ese mismo tribunal, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dio la razón a Arnaldo Otegi y denunció que España protegía de forma irregular a la Corona. No debiera ser delito, y ojalá algún día sea real, poder decir algo como que los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey, sino por ladrón, porque eso fue lo que dijo Ramón María del Valle-Inclán en 1931 y no fue delito.

En cualquier caso, si queremos hablar de injurias y de la Corona, tendríamos que hablar de la injuria que supone para los pensionistas la pensión del rey emérito; o tendríamos que hablar de lo que es la sucesión dinástica para las mujeres que han salido a las calles a reclamar igualdad cuando a estas se les niega la sucesión dinástica de los Borbones; o tendríamos que hablar de la injuria que suponen los gastos de la Casa Real en decenas de millones de euros frente a toda la gente que vive en el paro y la precariedad; o tendríamos que hablar de la injuria que supone para el pueblo de Cataluña ver a un rey vestido de civil haciendo un discurso militar; o tendríamos que hablar de la injuria que supone para los familiares de los desaparecidos en el franquismo en cunetas ver cómo tienen que soportar una institución heredera del franquismo; o tendríamos que hablar de cómo es una injuria criminalizar a los vascos y a las vascas que puño en alto y cantando el Eusko Gudariak recibieron en 1981 al monarca español.

En cualquier caso, como no van a disolverse y a entregar el dinero, al menos de momento, ojalá pueda ser real lo que dice un grupo valenciano que se llama La raíz: "Hoy es festivo / hay que hacer jaque a la reina / que aún está viva y risueña / Hay que romper el tablero. / En el exilio los reyes no ganan el juego".

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señora presidenta.

Ya que hoy hablamos de injurias al rey, me permitirán que mis referentes sean un poco, políticamente, incorrectos. En 1999, La Polla Records criticaba los privilegios de la Corona diciendo: "Pedir a la población más fe en el país / jódete tú, yo vivo bien". En 1994, Els Pets criticaban que la Corona fuera designada directamente por un dictador, diciendo: "Reivindicar / al que em va colocar on sóc..." / "Jo vull ser rei / ser per collons cap de l´Estat..." Pero podemos ir aún más atrás, 1979, Al Tall recuperaba El Cant del Maulets, que decía: "...els peixos en l'aigua / i els amos al clot / i si no l'empara / el Nostre Senyor, / tallarem la cua /a Felip de Borbó". ¿Esto era injuria? Era políticamente incorrecto, sí, pero atentar contra la libertad de expresión es censura y parece que se censura más en 2018 que en los ochenta y los noventa. Para ustedes la Corona es intocable, como lo son las calles con nombres de líderes franquistas o la ultraderecha y sus agresiones. Su legado de ayer lo quieren aplicar hoy: la censura. Pero se les acaba el chollo, y el Tribunal de Derechos Humanos dice que quemar una foto del rey es libertad de expresión; no será muy diferente cantar una canción contra la Corona. Así que, en palabras del también censurado Valtónyc: Son respetuosos con la Constitución, en cambio los derechos humanos... (Palabras retiradas del Diario de Sesiones de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara).

Gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Señorías, por la dignidad de la Cámara y el respeto a sus señorías pediré que se retire la última expresión.

Muchas gracias. (Aplausos).

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta.

Señorías, no voy a insistir mucho en la sentencia de hoy del Tribunal de Estrasburgo, simplemente quiero decir que entra en el fondo de la cuestión y dice, ni más ni menos, que nunca la quema de un retrato puede ser asimilada al odio, ni mucho menos puede ser considerada por la vía penal. Este tipo de cosas no tendrían que ir por la vía penal. Creo, por tanto, que este es un debate superado; hoy está superado. Supongo que a partir de ahora este tipo de sentencias ya serán con multicopista en el Tribunal de Estrasburgo, de manera que yo les incitaría a no hacer el ridículo y a aceptar la realidad tal como es.

Tengo poco tiempo. En la sesión anterior hablamos de la nobleza y de los privilegios que no debería tener. El más alto de los nobles, que es el rey, tiene un privilegio; aquí negaron que estos privilegios existieran. No tiene sentido. Mientras las sentencias de los tribunales dicen que los electos tenemos que aguantar muchas veces, prácticamente, difamaciones porque va con el cargo, resulta que el único cargo no electo, ¡el único no electo!, es el que está protegido y acorazado por la ley. Señores, no tiene ni pies ni cabeza. Por tanto, repito, el debate está desfasado. Ya sabemos lo que dice Europa, ya sabemos lo que dice el sentido común y, por tanto, les incitamos a acabar con este anacronismo absurdo de odio hacia la Corona que está en nuestro Código Penal.

Moltes gràcies, presidenta, per la paciència y gràcies, senyories.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos trae a debate la despenalización de dos conductas contenidas en el Código Penal, en sus artículos 493 y 491, relativas a calumnias e injurias a la Corona en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas y fuera de estos supuestos, y en el 543, relativas a ofensas y ultrajes a los símbolos de España y sus comunidades autónomas. Ambas conductas, cuando han sido reprendidas penalmente, han suscitado fuertes debates sociales, pues por su propia naturaleza suelen estar vinculadas a manifestaciones de carácter político y, por ello, conectadas a la libertad de expresión e ideológica. Frente a los que sostienen esta opinión se encuentran aquellos que postulan que estas conductas confrontan con los límites de esa misma libertad de expresión.

En esta misma Cámara se ha abordado la cuestión a iniciativa, como ahora, de Esquerra, en los años 2008 y 2016, y en ambas ocasiones fue rechazada. Ahora la volvemos a debatir, porque el debate sigue vivo, al calor de los enjuiciamientos y condenas que siguen produciéndose por la controvertida aplicación de estos tipos penales. Tengo que recordar que el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ya se posicionó a favor de aquellas iniciativas de Esquerra y ahora mantendrá la misma postura. Según nuestro criterio, con carácter general, estas conductas deberían estar amparadas por la libertad de expresión, sin que esto suponga que compartamos este tipo de actitudes, pues es posible expresarse de manera radical sin tener que llegar a extremos como a los que a veces se llega, ya que, como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, muchas de estas declaraciones son claramente ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad, pero las restricciones a la libertad de expresión se deben aplicar con un espíritu de tolerancia, sobre todo cuando se trata de crítica en materia política.

Señorías, la cuestión que ahora abordamos pivota sobre la prevalencia que queramos dar a alguno de los bienes jurídicos enfrentados. Por un lado, injuriar o calumniar a la Corona o a los símbolos de España y sus comunidades autónomas con ofensas o ultrajes no protege al rey en tanto que individuo o persona con un honor y sentimientos, sino que pretende proteger a toda la sociedad, representada en la Jefatura del Estado como la más alta institución, y lo mismo cabe decir de los símbolos del Estado y de las comunidades autónomas. En contraste con este bien jurídico protegido que es la colectividad a través de la Jefatura del Estado o los símbolos de este, nos encontramos con la libertad de expresar, muchas veces de manera burda, opiniones políticas de rechazo que salvo en circunstancias excepcionales, como la difusión de un discurso de odio o la incitación eficiente a la violencia, no cabe reprimir de manera compatible con la libertad de expresión garantizada en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Fuera de esos supuestos esta represión no es necesaria en una sociedad democrática, tal y como el


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Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentenció en 2011 contra España y ha hecho hoy mismo, como ya nos ha recordado el portavoz de Esquerra Republicana.

Esta es la postura del PNV, es más importante proteger la libertad de expresión que la necesidad de proteger la dignidad del Estado o de sus comunidades autónomas. Esa también fue nuestra postura cuando en 2007, por recordar algún suceso, fueron quemados retratos del lehendakari Ibarretxe y del señor Carod Rovira por parte de grupos de ultraderecha con motivo de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre de ese año. Esta es también la postura de organizaciones internacionales a las que pertenecemos y de países de nuestro entorno político y cultural. Así, a la ya señalada jurisprudencia respecto a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se añade la postura del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, que manifiesta: Las instituciones no deben estar sobreprotegidas por el derecho penal, y en caso de existir tal protección, esta debe aplicarse de manera muy restrictiva, de modo que evite a toda costa limitar la libertad crítica de los ciudadanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado reiteradamente preocupación por la existencia de delitos que protejan especialmente las faltas de respeto por las banderas y los símbolos o la difamación del jefe del Estado.

Voy finalizando, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Vasco considera que no se debe privar a la ciudadanía de la posibilidad de hacer una crítica, por muy fiera y despiadada que sea, a los símbolos y a la institución más alta del sistema constitucional, y ello porque entendemos que debieran despenalizarse estas conductas al modo que en 2013 se hizo en Francia y desde 1968 sucede en los Estados Unidos de Norteamérica, a raíz de una sentencia de su Corte Suprema, en la que se dispuso que quemar la bandera americana constituía una manifestación de la libertad de expresión. Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, pensamos y practicamos lo mismo, que este debate no es sobre la monarquía ni sobre los símbolos, sino sobre la democracia, y consideramos que esta debe prevalecer en caso de conflicto sobre la dignidad de las instituciones y del mismo Estado, por muy -vuelvo a repetir- ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad que nos parezcan en ocasiones las declaraciones contra aquellas instituciones y símbolos.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas Pérez.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta. Gracias, señores diputados.

Aquí hoy podríamos hacer un debate jurídico sobre la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sobre si las penas que establece el Código Penal son las más adecuadas o no, sobre los límites a la libertad de expresión, sobre el derecho comparado del ordenamiento alemán, italiano y portugués o incluso sobre cómo el ordenamiento francés se ha adaptado a los principios y a las resoluciones de los tribunales de la Unión Europea, pero es que ustedes no nos plantean aquí un debate jurídico, lo que plantean aquí es legislar en beneficio propio. Quieren despenalizar actuaciones que ustedes protagonizan, (muestra unas fotografías), como quemar constituciones y banderas españolas. Es lo que hacen Esquerra Republicana y las juventudes de Esquerra Republicana en sus actos. (Aplausos). Son ustedes, señores de Esquerra Republicana, los que queman y pisotean los símbolos de la nación española, los que queman y pisotean los símbolos de España, porque odian profundamente todo lo español, y quieren despenalizar sus propias actuaciones. Si pudieran, borrarían todo lo español que hay en Cataluña, pero tienen un problema, un grave problema, señores de Esquerra Republicana. Tienen el problema de que la mayoría de los catalanes nos sentimos también españoles y eso ni lo van a poder borrar ni hacer desparecer. (Aplausos). Lo siento, señores de Esquerra Republicana, pero tienen un grave problema.

Esos símbolos que ustedes queman y pisotean, y no solo los símbolos, sino también la propia Constitución -respaldan que la Constitución española se queme en TV3, en su televisión pública, esa que manejan con sus socios de Convergència a su antojo, de forma sectaria-, no representan solo a una nación, no representan solo a unos ciudadanos, representan también unos valores, los valores constitucionales, los valores de la democracia española, del Estado social, de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la soberanía popular, los valores que nos dimos los españoles en la Constitución de 1978 y que ustedes, defendiendo y realizando acciones como esta -quema de constituciones y de banderas españolas-, demuestran despreciar. Ustedes, con estos actos, demuestran odio por España y desprecio por los valores constitucionales e intentan humillar a los que nos sentimos españoles.

Ustedes pueden pensar, sentir y opinar lo que quieran, venir aquí y expresarlo en esta tribuna, faltaría más, y lo pueden hacer porque nuestra democracia, la democracia española, les ampara. Nuestra


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democracia, la democracia que se basa en la Constitución española, la democracia que representan esos símbolos que ustedes desprecian ampara -como no podía ser de otra forma- su libertad para expresar aquí sus ideas. Pero la expresión de su odio a España, la expresión de su desprecio por los valores constitucionales y su intento por humillar a los españoles tiene límites y esos límites los marca la ley. Por tanto, señores de Esquerra Republicana de Catalunya, no cuenten con nosotros para dejar desarmada a la democracia española frente a quienes quieren pisotearla. No vamos a colaborar con ustedes en eso. Nunca estaremos al lado de los que odian, desprecian y humillan a España. Ustedes queman banderas españolas en Cataluña. Nosotros respetamos y defendemos los símbolos de todos y los utilizamos como herramienta de unión y de concordia. Somos muy diferentes a ustedes, señores de Esquerra Republicana de Catalunya.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra el señor Expósito Prieto.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados.

Hay que reconocerle el sentido de la oportunidad al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por haber traído a debate esta proposición de ley a pocas horas de la contundente sentencia -también hay que reconocerlo- sobre el caso Stern Taulats y Roura Capellera contra España pronunciada esta mañana por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta sentencia no solamente arroja serias dudas sobre aquellos aspectos de la legislación española que en conjunto imponen una especie de estado de excepción contra la libertad de expresión, sino que también es una sentencia que deja en ridículo internacional la interpretación abusiva que de esta legislación de excepcionalidad hace la Audiencia Nacional cuando la aplica como una mordaza sobre uno de los pilares irrenunciables de cualquier democracia, como es el derecho que la ciudadanía tiene a expresarse críticamente no solo en libertad, sino incluso con facilidades y garantías. La sentencia -imagino que todos la hemos leído- dictamina que las condenas aplicadas por la Audiencia Nacional constituyen -y cito- una violación del artículo 10 referido a la libertad de expresión de la Convención Europea de Derechos Humanos. El acto supuestamente cometido -continúa la sentencia- era parte de una crítica política antes que personal de la institución de la monarquía en general y, en particular, del Reino de España como nación. Además, el acto en cuestión no constituye incitación al odio o a la violencia.

Naturalmente, estamos a favor de que se supriman los artículos 490.3 y 491 del Código Penal para poder despenalizar así el delito de injurias a la Corona y, por supuesto, estamos de acuerdo con que la patria, la nación y las instituciones democráticas no se defienden abriendo la puerta para que se criminalice mediante la aplicación del artículo 543 del mismo código a quienes critican el orden político. Incluso nos parece que el debate tiene que adoptar más vuelo, porque esta discusión sobre los límites de la libertad de expresión se sitúa justamente en la encrucijada sobre el futuro de nuestra democracia.

Tengo colgado en mi despacho un poema visual de un poeta catalán histórico, que se llama Joan Brossa. Es este. (Muestra una imagen en la que se ve el naipe del seis de espadas y una parte de un sello de Correos). Parece casi una broma. Es una carta con un sello. La carta es un naipe de la baraja. La imaginación del lector transforma la carta de la baraja en una carta postal, porque el naipe lleva un sello. La persona que me mostró este grabado en los almacenes de esta casa llamó mi atención sobre la broma, pero le pasó desapercibido un detalle importante de esta imagen, que es este. (Muestra una ampliación de la imagen anterior). El sello es la cabeza del dictador Francisco Franco cortada por las espadas de la carta y el sello decapitado dice: España.

Desviar la atención con una broma tan simple que parece infantil tenía una función vital cuando uno se encontraba en plena dictadura, servía para mantener a salvo la cabeza del poeta. Hoy, en este debate, nos estamos haciendo la siguiente pregunta. Este grabado de Joan Brossa ¿podría pertenecer hoy al patrimonio del Parlamento si mostrara un sello con la cabeza cortada del rey? (Aplausos). Se podría alegar que una cosa es un dictador y otra cosa un rey democrático. Pero la diferencia entre una dictadura y una democracia no consiste en que ambos regímenes protejan la cabeza de su jefe del Estado. Para diferenciar una dictadura de una democracia hay que preguntarse cuál de estos dos regímenes protege la cabeza del poeta que se expresa contra el jefe del Estado. (Aplausos). Y no es una pregunta retórica, porque a fecha de hoy estamos hablando de las cabezas de Cassandra Vera o de Valtónyc.


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Si mi grupo parlamentario ha registrado ya y está preparado para registrar otras iniciativas contra la tipificación por vía penal de delitos de opinión es porque compartimos esta idea que una jurista ha expresado recientemente: La última reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, junto con la denominada Ley mordaza, constituyen una auténtica trilogía de la criminalización, reprime la libertad de expresión, de opinión y de manifestación porque se basan en una idea de derecho penal del enemigo. Ahí está el informe demoledor presentado hace unas pocas horas por Amnistía Internacional, con el título "Tuitea... si te atreves", cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España. Jueces y Juezas por la Democracia, Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional o el Comité de Derechos Humanos de la ONU se han pronunciado en contra de una tipificación penal específica para los delitos de injurias contra la Corona, porque las leyes democráticas dicen que no pueden establecer penas más severas según sea la persona criticada. Y a quienes consideran que se tiene que proteger a la patria de sus críticos aplicando el Código Penal, les tenemos que responder que la patria no es la suma de quienes somos idénticos. La patria es el otro, el otro no es el enemigo interior, el otro no es el enemigo interno; la patria es la lucha democrática por defender el derecho a que se expresen quienes piensan de la manera más crítica sobre este sistema político y sus instituciones.

En un debate idéntico a este, que ya tuvo lugar en la Comisión de Interior, algunos diputados se opusieron a la derogación de los artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal, alegando que atacar al rey o a la bandera no ataca solo a una persona o a un objeto, se ataca a las instituciones democráticas que estos símbolos representan; un argumento que, como hemos visto, se ha reproducido también esta tarde. Sin embargo, la paradoja es que para defender formalmente nuestras instituciones, para defender su supuesto carácter de representación, lo que no podemos hacer es aniquilar el contenido que les da sentido. El sentido de nuestra democracia no es otro que el ejercicio de las libertades fundamentales; son las libertades la auténtica institución democrática que debemos defender. (Aplausos). Y en este sentido, defender la libertad de expresión esta tarde no es un tema menor porque está profundamente conectado con la imagen poderosa de los pensionistas y las mujeres, que reclaman derechos en las calles de toda España.

Acabo ya, presidenta. Hace dos años un intelectual infame quiso humillar a una alcaldesa, mujer, joven y de origen popular, llamándola pescadera. La alcaldesa encontró la respuesta no en el Código Penal, sino todo lo contrario, acudiendo a visitar a las pescaderas en la plaza. Creo que todos somos conscientes de cuál es la situación en la que se produce este debate sobre los límites a la crítica de las representaciones del Estado y las instituciones. Es un contexto muy delicado porque nos encontramos justamente en una crisis de las instituciones democráticas y en un momento de conflicto entre identidades nacionales dentro del Estado. La respuesta que algunos vienen dando a esta crisis de nuestro modelo democrático es la de criminalizar los conflictos políticos y prohibir la crítica del sistema político por vía penal. Pero, si queremos volver a fortalecer la democracia, si queremos salir de la crisis con más democracia y no con menos, si el monarca, si un cargo público, si cualquier representante democrático, si una institución del Estado, quieren ganarse su legitimidad, ya saben lo que tienen que hacer: más les vale acudir a los puestos del mercado antes que a la Audiencia Nacional.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.

Cuando dos matemáticos comienzan a trabajar juntos, lo primero que hacen es ponerse de acuerdo en el sistema de notación; es decir, se ponen de acuerdo en el significado de los términos que usan. Señor Rufián, usted interviene en nombre de un partido que se llama Esquerra Republicana y yo lo hago en nombre de un partido que es republicano y de izquierdas. Sin embargo, usando las mismas palabras, no nos entendemos, de modo que quizá sea bueno aclarar primero los términos.

El término republicano hace referencia tanto a la forma electiva y no hereditaria de la Jefatura del Gobierno como a un orden político e institucional al servicio de un exigente ideal de libertad, y es de la libertad de lo que trata el presente debate. Se apoyan ustedes en la vieja paradoja sobre cómo se defienden las democracias de quienes quieren acabar con ellas por procedimientos democráticos y nos piden, en nombre de la democracia y de la libertad, que legislemos para que calumniar, injuriar o ultrajar a España y al jefe del Estado dejen de ser delitos. Es más, lo que sostienen ustedes es que calumniar, injuriar y


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ultrajar a una persona o a un país es una expresión de libertad, y con ambas afirmaciones tenemos un desacuerdo sustantivo.

La libertad, tal como la entiende el republicanismo, no consiste en hacer mi capricho sin ninguna interferencia. Esa idea responde a otra tradición política, la del liberalismo, que en su peor versión, la neoliberal, se ha convertido en la ideología hegemónica de nuestro tiempo; tanto que es la que inspira la proposición de ley que hoy nos presentan ustedes. ¿O es casualidad que hayan tomado ustedes como inspiración a los Estados Unidos?

Nos dicen en la exposición de motivos de su proposición de ley que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos permite quemar la bandera norteamericana en aras de la libertad. Por cierto, cuidado, que los mismos que te permiten quemar la bandera llevan muy mal que no te levantes al paso de la misma cuando la sacan a desfilar para honrar una de sus guerras. (Aplausos). Pero, para entender plenamente esa idea de libertad, hay que ver cómo interpretan la segunda enmienda los defensores del derecho a llevar armas. No sé ustedes, pero yo me siento más libre sabiendo que nadie lleva armas que pudiendo comprarme unas cuantas a las tres de la mañana. Para un neoliberal, conducir borracho es un ejercicio de libertad; para un republicano, no. La libertad no es hacer mi capricho, sino que nadie me pueda someter al suyo. La libertad no consiste en que yo pueda calumniar, injuriar o ultrajar a quien me venga en gana, sino que nadie me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana. (Aplausos).

No es la crítica política democrática al jefe del Estado lo que quieren despenalizar. La crítica política al rey fiera y despiadada, con toda su dureza, no está penalizada en nuestro país. En la España del presente no solo se pueden criticar públicamente los errores del rey, sino que se puede criticar libremente la forma monárquica de la Jefatura del Estado y hacer proselitismo a favor de la república. Y si un familiar del rey comete un delito, no solo se puede publicar la denuncia a los cuatro vientos, sino que veremos a ese familiar dar cuentas ante la justicia, y esto no es una hipótesis. No, no es la crítica política lo que ustedes quieren despenalizar, sino que quieren convalidar una forma de violencia al amparo de la libertad de expresión. ¿O acaso la violencia verbal no es violencia? (Aplausos). ¿No es un arma la palabra? ¿Es que no hieren las palabras? ¿No marginan, no destruyen las reputaciones, no arruinan las vidas las palabras? La calumnia, la injuria y el ultraje tienen todas la misma venenosa raíz: la mentira, y combatir la mentira no es ir en contra de la libertad de expresión, sino a favor de la verdad que nos hace libres.

La injuria busca la humillación, es decir, el sometimiento. El calumniador no es un liberador, sino un opresor. Es a ese tipo de personas a quienes quieren ustedes desatar con su iniciativa al amparo de una concepción equivocada de la libertad. Es la ley la que nos da la libertad. Ulises, atado al mástil de su barco por su propia voluntad, es más libre que muerto en el abismo tras haber sido arrastrado por los cantos de sirena. Hace tiempo que los seres humanos aprendimos que la ausencia de leyes, de límites no nos hace más libres, sino más vulnerables a nuestras pasiones y al capricho de los poderosos. Hago aquí un punto y aparte para advertir seriamente a la Cámara de que sería algo mucho peor que una torpeza imponer penas injustas por excesivas a este tipo de delitos. Lo que dice el tribunal de Estrasburgo es que el populismo penal es igual de dañino para la democracia que cualquier otro populismo. Dicho esto, señor Rufián, quemar al rey sigue siendo un delito.

Señorías, el ideal republicano nos obliga a vigilar eternamente para mantener viva la llama de la libertad, también a vigilar al jefe del Estado, pero hoy no viene de ahí el peligro. El héroe del drama de Zorrilla estaba dispuesto a dejarse ultrajar por el rey porque en el medievo el rey podía ultrajar a todos impunemente. Con su proposición de ley ustedes invierten los términos de la ecuación, es decir, quieren que todos puedan ultrajar al jefe del Estado. Cambian el número y el nombre de quienes pueden ultrajar impunemente a otros, pero el resultado sigue siendo la tiranía, que, en lugar de ser de uno, es de muchos o, si quieren, de una mayoría. El republicanismo no debería confundir la democracia con la tiranía de la mayoría, como, por cierto, hicieron ustedes el pasado 6 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. (Aplausos).

Hace tiempo que los socialistas, los buenos socialistas, la tradición socialista y republicana, comprendimos que ser antifascista no te convierte necesariamente en un demócrata. También comprendimos que ser antimonárquico no es lo mismo que ser republicano. Por eso votaremos desfavorablemente a su proposición de ley, porque no es republicana y, por cierto, no es de izquierdas.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo de Esquerra Republicana plantea de manera recurrente y con escaso éxito -todo hay que decirlo- iniciativas para derogar los delitos de injurias contra la Corona. Así fue en las proposiciones de ley que presentó en los años 2008 y 2011; luego, en su brevísima asociación con Izquierda Plural, en el año 2012, y la última, rechazada en la Comisión de Justicia el 22 de diciembre de 2016. Y eso nos hacía prever un debate también recurrente; la sorpresa es que, al menos en la presentación, Esquerra Republicana nos ha propuesto no un debate sino un esperpento, alegremente, por cierto, secundado por algunas fuerzas parlamentarias, pero el debate sobre una propuesta de derogación de unos artículos del Código Penal debe ser un debate de política criminal y, por lo tanto, no debemos abstraernos de los fundamentos jurídicos político-criminales que le son propios.

La exposición de motivos de la proposición de ley orgánica lo dice todo porque no dice nada. No tiene una exposición mínimamente convincente ni el rigor que sería exigible en una cuestión de tanto calado como la que plantea. Es de lamentar, además, porque una de las fuentes más importantes de la interpretación para los operadores jurídicos es precisamente las exposiciones de motivos, que fundamentan la posible interpretación auténtica. Pero también configuran el marco adecuado para una interpretación histórica, para establecer la sistemática comparativa entre las normas jurídicas y, por qué no decirlo también, la interpretación lógica de las normas. Todas estas herramientas son fundamentales en el derecho y en la aplicación del derecho. Pero esto no está en su proposición de ley orgánica, como también se echa de menos que no se aborde el estudio de los tipos penales que pretende derogar. No nos dan motivos, nos dan demagogia.

Se propone derogar los artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal, todos ellos englobados dentro de los delitos contra la Corona. La cuestión que plantean como único argumento es un pretendido alegato en favor de la libertad de expresión que ustedes invocan como única causa de su iniciativa. Sin embargo, no es coherente con la elección de los tipos penales que pretenden derogar, y no resulta coherente porque no hunde las raíces su argumentación en la ponderación y conflicto entre los derechos constitucionales de libertad de expresión, de opinión o de información, por un lado, y el derecho al honor, incluso a la intimidad y a la propia imagen, por otro. No resiste esta propuesta ni el más mínimo análisis porque parte de despreciar la naturaleza de estos delitos, y además confunden y omiten deliberadamente que se incardinan dentro de los delitos contra la Constitución y que, por lo tanto, el bien jurídico protegido es la Corona en los términos que establece el artículo 53 de la misma; es decir, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, como símbolo de la unidad y permanencia de España, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Esto es lo que se protege precisamente en estos delitos.

Estos son los valores institucionales que la Corona representa y no la persona particular del rey o del resto de los sujetos contemplados en el título los que configuran el tipo penal, alejados de una pretendida sacralización personal propia de otros tiempos, una representación que no solamente no implica una protección privilegiada, sino que, por el contrario, supone importantes limitaciones a la hora de que la persona del rey pueda ejercer o no hacerlo como un particular cualquier acción para proteger su honor, la libertad para decidir sobre la oportunidad de la misma o los daños mayores de la publicidad necesariamente asociada a esa alta representación que la actuación judicial dotará inevitablemente de la difusión de la injuria. Tampoco su perdón será relevante, el motivo de que el rey no es el titular del bien jurídico protegido de estos delitos, no es el único al menos, es un delito pluriofensivo en el que la mayor gravedad de las penas se encuentra directamente vinculada a esta circunstancia. Es el mismo fundamento de todos los delitos contra la Constitución: los delitos de homicidio, de lesiones, detenciones ilegales, coacciones o amenazas o allanamiento de morada, también castigados con una mayor pena cuando se refieren a las personas especialmente protegidas, al rey y a los familiares que se designan en los respectivos tipos penales de este título.

Lo mismo podemos decir respecto de los delitos de ultraje a España, en todas sus representaciones, también a las comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas con el único requisito de que se hayan realizado con publicidad. Y aquí resulta paradójico que se invoque la libertad de expresión para buscar la despenalización con nombres y apellidos -por cierto, si atendemos a lo que reza su exposición de motivos-, paradójico digo porque tampoco se abre el debate de la concurrencia de derechos constitucionales, su en ocasiones complejo encaje y delimitación jurisprudencial. Ustedes no hacen


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referencia a los artículos 496 o 504 del Código Penal dentro de este mismo título, delitos contra la Constitución y referidos a las instituciones del Estado, que consisten respectivamente en las injurias a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o que equiparan en el caso del artículo 504 a las calumnias, injurias y amenazas al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a los Consejos de Gobierno o Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, así como a aquellos que injuriaren o amenazaren gravemente a los ejércitos, clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ustedes de esto no dicen nada. ¿Porque no lo saben? Muy probablemente, porque la verdad es que, oyendo su exposición, dudo mucho que tengan el más mínimo rigor o conocimiento jurídico. Desde luego, lo que sí puedo deducir de la exposición que hoy hemos sufrido en este Parlamento es que lo que tienen es un absoluto desprecio a las normas jurídicas y, además, un enorme desconocimiento de lo que son las sentencias y la interpretación de las mismas.

Efectivamente, hoy hemos tenido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia que dudo que haya leído a tenor de lo que aquí se ha dicho, al menos más allá de lo que han sido los titulares de los periódicos. Le recomiendo su lectura porque su lectura lo que hace es lo que hacen las sentencias y es casar o confirmar resoluciones judiciales, aplicación de normas jurídicas, sin invalidar los tipos penales que le sirven de fundamento. Se trata solamente de establecer la adecuación de los hechos al contenido típico.

Lo siento, pero no es creíble su grupo parlamentario ni siquiera en la escasa convicción que manifiestan a la hora de proteger la libertad de expresión. Proponen como modelo de democracia los Estados Unidos, pero solamente en esto, lo demás no les interesa y omiten deliberadamente lo que hacen las democracias que nos son más próximas. Alemania, Austria, Francia, Grecia o Portugal son algunos de los dieciséis países de nuestro entorno que castigan con pena de libertad los delitos contra los símbolos, más tres más, entre ellos España, que no los castigan con penas privativas de libertad, pero sí con otras penas. O las penas privativas de libertad que se contemplan en los códigos penales de Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia, Alemania, Grecia, Italia, Malta, Portugal y así hasta dieciséis países europeos para las injurias al jefe del Estado, además de Lituania, que castiga con otras penas esa conducta.

No es un problema de mayor o menor democracia, señorías -termino ya, señora presidenta-, no es un problema de mayor o menor libertad, sino un problema que ustedes plantean de forma recurrente cuando la demagogia despenalizadora, parcial y partidista que inunda tantas veces la izquierda de esta Cámara plantea debates falsos o, peor, falsificados.

Por respeto a los españoles, a la dignidad de todos los españoles, también de sus señorías, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición de ley orgánica. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE CIRCULAN POR SERVICIOS CONECTADOS A INTERNET Y EVITAR INJERENCIAS QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000550).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.

En primer lugar, comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Señora presidenta, señorías, con solo tres llamadas a un video club uno de los hackers más famosos de todos los tiempos, Kevin Mitnick, consiguió los datos de la tarjeta de crédito de varios clientes. Ni siquiera tuvo que robar las contraseñas del sistema a través de un zero-day o tuvo que desarrollar complejos exploits y ni siquiera tuvo que capturar tráfico web y analizarlo posteriormente. En su libro The Art of Deception -El arte del engaño- se recrean decenas de ejemplos en los que la puerta de entrada a los hackers más habilidosos es el comportamiento humano, la ingeniería social.


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Señorías, aquellos que desean realizar injerencias en nuestros procesos democráticos no intentan atacar los sistemas de recuento de votos, no intentan manipular los servidores donde se aloja la información y no gastan su tiempo con sofisticadas herramientas tecnológicas para cambiar el resultado final. Los hackers de nuestra democracia intentan desestabilizar nuestro país atacando precisamente al eslabón más débil, más vulnerable y más expuesto: la opinión pública. Las fake news están íntimamente ligadas a la revolución tecnológica porque sin internet los bulos, los montajes falsos, las informaciones sesgadas o simplemente las mentiras no tendrían forma de difundirse y hacerse virales. Cualquier demócrata que no esté cautivo por gobiernos extranjeros debe, está obligado, a plantar cara a las fake news. La creciente digitalización de los procesos cotidianos ha aumentado esta conciencia -la conciencia entre ciudadanos, empresas, Gobiernos- sobre la necesidad de disponer de herramientas que eviten intrusiones externas en nuestros procesos democráticos. Así pues, la ciberseguridad, no solo en este caso sino en todo su amplio espectro, adquiere una importancia vital cuando se trata, por ejemplo, de proteger infraestructuras críticas; cuando se trata de gestionar y consolidar los resultados de unas elecciones.

Sin embargo, aquellos que pretenden realizar injerencias en procesos democráticos no han atacado los sistemas de recuento o de almacenamiento de resultados, sino que han centrado sus esfuerzos en lo que ocurre mucho antes del recuento, en lo que ocurre incluso antes de ir a votar y antes incluso de que el elector se plantee siquiera a quién pretende votar o las opciones de que dispone. De esta manera, mediante el arte del engaño, muchos crean bulos, difunden información manipulada, multiplican noticias falsas con apariencia de verosímil y aprovechando la viralidad de su contenido se multiplican y se difunden rápidamente. Cuando llega a las redes el posible desmentido, los atacantes ya han conseguido el clima propicio para sus objetivos, atacan el sistema democrático desde la raíz manipulando al elector y a la opinión pública en un sentido concreto.

Señorías, las fake news no son algo similar a los rumores y habladurías de otras épocas, de la época previa a internet. Las fake news son un fenómeno íntimamente ligado a la tecnología y a la posibilidad de difundirse en pocos segundos, sin que ningún profesional pueda filtrar la información porque ésta se genera de forma distribuida. Por ejemplo, me he tomado la libertad de tomar este tuit (mostrando a la Cámara un papel con un tuit impreso): Hoy ha muerto el juez de la Audiencia Nacional Juan Martínez Lázaro en circunstancias extrañas, llevaba el caso Gürtel a propuesta del Partido Socialista. Este tuit tiene más de 3000 retuits, y es mentira. Es desmentido por un periodista de El PAÍS, y dice: Se llamaba Javier, falleció de cáncer, no llevaba la Gürtel y a los jueces no los nombran los partidos. La verdad tiene once retuits y, la mentira, 3000. Esto es mentira (rompiendo el papel del tuit) y contra esto hay que luchar (Aplausos).

Hemos visto también algunos intentos de desestabilizar y de manchar la opinión pública en cuanto a sus representantes legítimamente elegidos, y hemos visto, incluso he comprobado que algunos desde dentro de este hemiciclo han compartido esta información, que es falsa y ha sido desmentida por muchos aquella información de: Alemania, con una población de 81 millones de habitantes tiene 150 000 políticos y que España, con 47 millones, tiene 445 000 políticos. (Muestra otro tuit con el mapa de los países de Alemania y de España y su bandera). Esto, señorías, a pesar de que alguno de ustedes lo ha compartido, también es falso (rompiendo el papel de este otro tuit.-Aplausos).

No me gustaría terminar sin recordar que algunos también han compartido, y por eso creo que las fake news nos afectan a todos especialmente, ese bulo tan extendido de que algunos de ustedes, algunos de nosotros, vamos a tener una pensión vitalicia por el hecho de ser diputados, cosa que es absolutamente falsa, que es mentira y que hay quien, antes de ser diputado, he comprobado en redes sociales que también ha compartido. Y me gustaría recordar que fue a propuesta del Partido Popular que se eliminó algún complemento que existía anteriormente y fue el Gobierno de Mariano Rajoy y esta Cámara los que eliminaron ese posible complemento al que se podía optar anteriormente. Hoy un diputado tendrá la pensión por la que trabaje al igual que el resto de personas en la calle. Por lo tanto me gustaría que contra las fake news actuáramos todos y no diéramos pie, como en algunos casos se hace, a la maledicencia y a las fake news.

La preocupación no es exclusiva creo, señorías, de los grupos políticos, porque el uso que se hace de las plataformas digitales para la difusión de información falsa desestabiliza hoy a las democracias occidentales y genera un problema que ha alcanzado un nivel alarmante. Su carácter global y la dificultad de controlar la gran cantidad de mensajes, ha llegado a Google, a Facebook, a Twitter, y quienes se han enfrentado en estos últimos meses a varias acusaciones por haber promovido noticias falsas también han tenido que responder. A este respecto cabe señalar que estos tres gigantes de internet, entre otras muchas


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plataformas, han actualizado sus términos de servicio y puesto en funcionamiento herramientas para acabar con la desinformación.

Esta proposición que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular se une al reciente anuncio de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de impulsar un organismo en el seno de la Comisión de Defensa que aglutine a editores, periodistas, políticos y proveedores de internet con el objetivo de abordar soluciones para limitar este impacto en las injerencias externas.

El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no están solos en esta preocupación. Me era grato comprobar hace muy poco cómo la Comisión Europea ha publicado las bases para financiar proyectos relacionados con la lucha contra las noticias falsas, utilizando plataformas como blockchain, que permite realizar trazabilidad total y que garantiza la inmutabilidad de la información al ligar la fuente, el destino y la persona que firma esta noticia.

Señorías, la facilidad y la impunidad con la que se realizan injerencias antidemocráticas y se manipula la información pública debe ser cuestión de todos. No solo afecta al Partido Popular, sino que nos afecta a todos, y todos tenemos ejemplos al respecto. Por eso, creemos que la Estrategia de seguridad nacional va en la dirección adecuada cuando se sitúa la defensa contra las ciberamenazas y la desinformación como una de sus principales líneas de actuación, además de que actúa contra los ataques de ransomware y otros relacionados directamente con la tecnología.

Hay un lema en ciberdefensa -voy terminando- que dice que, si estás conectado estás en riesgo, y por ello es fundamental gestionar adecuadamente estos riesgos para garantizar la seguridad y la libertad de la red. Un analista afirmó hace algunos años en un foro al que asistí: Cuando crees que nadie perderá el tiempo en buscar esa puerta de entrada que has dejado abierta, hay un joven en Dinamarca con el tiempo suficiente y las ganas para poder encontrarla. Y el propio Mitnick también lo confirmó cuando dijo que solo aquellos que piensan que disponen de verdadera seguridad en su software y su hardware se están conformando con la ilusión de estar seguros. Por eso, necesitamos ir más allá del software, necesitamos ir mucho más allá del hardware y necesitamos desarrollar mecanismos, también en esta Cámara, que nos permitan protegernos en todos los dominios y en todos los órdenes.

Señorías, los ciudadanos se merecen que unamos nuestras fuerzas para defender sus derechos y sus libertades también en internet.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Presidenta, buenas tardes.

Don Teodoro, son dos asuntos muy diferentes los que nos trae, porque una cosa es defenderse de una campaña -es decir, no de una sola noticia- deliberada, conducida por un Gobierno o una entidad extranjera y con el objetivo de desestabilizar la democracia -eso es un asunto que debemos tratar-, y otra cosa es el tratamiento que da su PNL, al simple hecho de las fake news, esas noticias asombrosas sobre, por ejemplo, el ovni de Torrelodones, que lo que hacen es conducirnos a una página para que miremos una publicidad. Usted mezcla en su propuesta de PNL esos dos temas y yo creo que hay que separarlos absolutamente. Ya lo ha dicho usted: el Asunto ha sido tratado hace unos días en la Comisión de Seguridad Nacional y yo creo que estamos dispersando mucho el asunto. Usted mismo hablaba de la iniciativa de la señora ministra de Defensa en la Comisión de Defensa y quizá deberíamos ponernos de acuerdo en que algún grupo de trabajo de varias Comisiones comience a trabajar con este asunto.

Comienzo, si me permite, por las coincidencias con su propuesta. Reforzar nuestra capacidad para defendernos, para detectar y dar respuesta a ese tipo de campañas es reforzar nuestra soberanía. Esto es un asunto de soberanía y, por tanto, un asunto de la máxima relevancia. Pero usted sabe -porque ha explicado con mucha claridad cuál es el fenómeno de la viralización- que para eso hace falta una enorme agilidad, ¿de acuerdo? La crisis catalana es un buen ejemplo de cómo noticias falsas mezcladas con noticias verdaderas crearon una dificultad enorme para la imagen de España en el mundo, que desgraciadamente vamos a tener que intentar limpiar durante mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no hubo una respuesta ágil del Estado, y no me refiero solo a la diplomacia, sino a la capacidad del Estado para tener comunicación estratégica en el tiempo inmediato que exige este tipo de amenaza a la verdad. Como lo hemos hablado en Exteriores, no voy a insistir en ello.

Estamos de acuerdo en promover la colaboración con otros Estados, con los socios de la Unión Europea, porque cualquiera de nosotros podemos sufrir ese tipo de maniobras o agresiones extranjeras


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desestabilizadoras, y especialmente -tiene usted razón- en las elecciones. Tiene usted razón, no se trata de variar el resultado de las elecciones, se trata de crear desconfianza respecto del sistema democrático. Por eso -lo saben sus compañeros que están conmigo en la OSCE- tenemos que variar completamente el modo en que hacemos observación electoral, porque muchas de las cosas que influyen en el voto ya no tienen que ver con el día D, sino con este tipo de fenómenos. Por eso nos da miedo la introducción del voto telemático, por eso nos da miedo la introducción de las urnas electrónicas, porque son sistemas que permiten una intromisión con mucha mayor facilidad que lo que hizo Holanda en sus últimas elecciones: lápiz, papel y teléfono móvil sin conexión a internet.

Por tanto, con algunas correcciones menores, estamos en disposición de apoyar los tres apartados últimos de su proposición no de ley sobre la injerencia extranjera, pero con el apartado 1 tenemos diferencias abismales, de fondo, de concepto, porque su enfoque en general de las noticias falsas creemos que se desliza hacia un simple recorte de libertades fundamentales, y yo le diría también hacia la censura. Voy a intentar decirle por qué. Usted dice: Hay que detectar las noticias falsas para sellarlas o descalificarlas. No estamos hablando de una potencia extranjera, sino en general de noticias falsas. Usted dice: Hay que detectarlas para sellarlas o descalificarlas. Yo estaba esperando a ver si usted aclaraba qué quería decir con sellar o descalificar, pero no lo ha hecho en su intervención. Para colmo, lo que propone es que esa operación la hagan instituciones públicas especializadas. Doy por hecho que no se refiere usted a los jueces, que no están para protegernos de mentiras si la mentira no lleva asociado un daño a su honor o a su imagen pública, luego entiendo que esas instituciones públicas especializadas serían del ámbito gubernamental, con lo cual al final el Gobierno, por vía administrativa, sin control judicial censura información en base a una falsedad que el propio Gobierno determina, al hacer esa operación de sellado o descalificación de las noticias.

Eso es un campo minado que al final va en contra directamente de los derechos fundamentales. Muchas personas pueden pensar que decir que Dios creó el mundo en siete días es una noticia falsa, y otras seguramente pensarán que decir que el hombre desciende del mono es una noticia falsa, y otras nos podrían llevar a decir: las vacunas son útiles o inútiles. Esa no puede ser la función del Estado, esa tiene que ser la función de la limpieza del debate público por parte de los medios que nos dan las leyes, y no jibarizando derechos fundamentales ni creando una especie de dirección general de información que determine que una noticia es falsa o no.

El otro día había dos periódicos importantes que decían dos cosas completamente diferentes: La Guardia Civil cree que la detenida por la muerte de Gabriel actuó sola; la Guardia Civil sospecha que la asesina de Gabriel no actuó sola. (Mostrando sendos recortes de prensa). Desde el punto de vista lógico, una de las dos noticias debe ser falsa. Pues ambas están protegidas por el derecho a la información. Por tanto, la vía que usted apunta pero no desarrolla es el autocontrol de los medios de comunicación, la complicidad de los agregadores de noticias en internet, la seriedad ética de los medios de comunicación y seguramente, como le decía, la capacidad de los propios agregadores de noticias de limpiarlo, pero no la restauración de una especie de censura administrativa, porque además, don Teodoro, cuando ponemos en marcha ese tipo de mecanismos de limitación de derechos, nunca sabemos cómo se interpretará fuera de esta Cámara. ¿Usted recuerda la Ley mordaza, cuando dijimos -ustedes la aprobaron- que los policías no podían ser fotografiados para preservar su seguridad? ¿Sabe qué acabó haciendo esa ley? Provocando que a una persona se le pusiera una multa de 600 euros por fotografiar un coche de la Policía Local mal aparcado. En consecuencia, cuando pongamos en marcha este tipo de dispositivos seamos conscientes de cómo pueden ser utilizados.

Vamos a trabajar contra las desinformaciones con la verdad, con la educación, con la complicidad de los medios y con la complicidad de los agregadores, pero nunca, don Teodoro, saltándonos los derechos fundamentales, porque en algunas ocasiones, cuando uno rompe una hoja de una noticia falsa, como usted ha hecho aquí, puede estar rompiendo también una hoja de la Constitución.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la desinformación organizada, la mentira sistemática no es solo una realidad incómoda, forman parte de una nueva estrategia inteligente para atacarnos. Por tanto, lo primero es entender esa


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realidad; lo segundo, aceptarla; lo tercero, saber cómo nos afecta y, lo último, disponernos a defendernos y a responder. Creo que su propuesta abre dos debates interesantes. El primero, habla de quiénes somos y de qué valores queremos proteger frente a este enemigo invisible, porque sí sabemos lo que pretende -como decía el otro la ministra-: trasladar una imagen negativa de España, generar inestabilidad institucional y social interna, fracturar el proyecto de construcción de la Unión Europea. Esos objetivos tendremos que ver si, efectivamente, los compartimos todos; esa imagen positiva de España, esa unidad en el proyecto europeo, esa estabilidad interna. Interesante debate, en todo caso, que habría que hacer antes de poner en marcha las iniciativas que ustedes nos piden.

El segundo es, obviamente, el debate más técnico, quién es el enemigo, cómo actúa y cómo podemos defendernos. El arma ya sabemos que es la mentira y el engaño a nivel global para desestabilizar; el modo es el ocultamiento y la reiteración, y el medio es la red digital global, mezclado con la novedad tecnológica, una cierta invisibilidad y, por tanto, impunidad. Creo que no es una novedad, es verdad que cambia el enemigo, pero cómo debamos reaccionar más o menos siempre es igual: inteligencia, estrategia, alianzas con los afectados, recursos y personal especializado. Por tanto, si tuviera que añadir alguna propuesta a las cuatro que nosotros vamos a apoyar favorablemente es, primero, que tengamos un pacto previo de qué es lo que queremos defender, en el fondo de quiénes somos, un acuerdo político previo. Segundo, incluir dentro de esas iniciativas lo que usted ha hablado de ese grupo de análisis que se puede crear dentro de la Comisión de Fomento y, lo tercero -también se decía aquí-, un control judicial para que en este nuevo combate no se vean afectados negativamente otros derechos además del derecho a la verdad. En todo caso, nosotros apoyaremos la iniciativa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Nuestro voto va a ser en contra, porque creemos que esta iniciativa plantea y sigue los mismos parámetros de la teoría de la conspiración y del alarmismo para generar un estado de cosas favorable al control social. Ustedes lo que pretenden es acabar con el anonimato en las redes sociales como si per se fuera algo negativo; quieren acabar con el derecho a la libre información y quieren acabar con la libertad de expresión. Y ahora lo hacen en las redes sociales, que es donde tienen más dificultades para ejercer la labor coercitiva -que es la que realmente se conoce muy bien en el Estado español- de los aparatos del Estado.

Vamos a analizar las pruebas. Empezaron -eso no lo ha señalado tanto en su discurso como en el texto de la proposición- con los famosos bots rusos y con la teoría de la conspiración ruso-venezolana que había intentado influir en la opinión pública en relación con el proceso catalán. No decían que esos bots también eran contratados por el Partido Popular, o por otros partidos del Estado español, para campañas de difusión y multiplicación de su mensaje en las redes sociales. No decían que esas empresas generalmente son rusas porque son quienes tienen el mayor número de empresas que se dedican a los bots. En cualquier caso, la unidad especial de la Unión Europea para analizar estos casos, de 1368 casos analizados ha encontrado cero noticias falsas relacionadas con Cataluña. Sin embargo, Dastis va a la BBC y hace el ridículo -como bien pudimos ver todos- para decir que las escenas de violencia que se asomaban por las pantallas eran falsas. Y a todo esto también vemos cómo alguien se permite llamar a la ministra de Defensa a decirle que Letonia va a enviar tropas a Cataluña. Para eso, para creerse esos bulos, no hacen falta redes sociales.

En cualquier caso, y es la cuestión con la que termino, ¿existen las fake news y los ataques informativos? Si existen son los del Gobierno, por ejemplo, con el centro de datos del Govern de Catalunya el día 1 de octubre. Pero, ¿existían las noticias falsas, las fake news antes de las redes sociales? Sí, el 11 de marzo de 2004 el ministro del Interior, el señor Acebes, dedicó días a publicar una noticia falsa que era señalar la autoría de ETA en los atentados del 1-M. (Muestra un papel con la imagen del señor Berrueta.-El señor García Egea muestra una tablet con unas frases). Eso llevó a que un policía bastante desnortado matara a Ángel Berrueta; lo matara porque no quiso poner un cartel culpando de la autoría de los atentados criminales del 11 de marzo en Madrid a ETA. Esa es la realidad de las fake news, que a veces ha lanzado el Gobierno con bastante grado de irresponsabilidad.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.


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El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta.

Señorías, hablan de unas medidas que en otros países existen de manera similar y ponen el ejemplo de Alemania. Quiero matizar, ya lo ha dicho el portavoz Socialista, el punto 1 no tiene nada que ver con ninguna normativa homologable a nivel europeo. Por qué será que no me preocupa que este tipo de medidas se tomen en Alemania, pero sí me preocupa muchísimo que se tomen en el Estado español, por qué será. Quizás por cosas que han pasado. Solo hay que leer la exposición de motivos. Ponen como ejemplo de feak news el 1 de octubre en Cataluña. Se ha demostrado que tal cosa no existe. Los servicios sanitarios en Cataluña han demostrado que 1000 personas tuvieron que ser atendidas pero luego, por si no se fían de los servicios sanitarios, lo ha dicho el Colegio de Médicos. Existe un informe de Amnistía Internacional al respecto y existe un informe de Human Rights Watch al respecto. ¿Todo esto está también dominado por los rusos? ¿Me van a argumentar que el señor Putin está detrás de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional y del honorable Col·legi de Metges de Catalunya? (El señor García Egea muestra otra vez una tablet con unas frases). Por favor, seamos serios.

Nosotros creemos que están haciendo ustedes el ridículo intentando poner puertas al campo. Definitivamente ustedes no intentan perseguir las fake news, sino que a veces pensamos que es el propio Partido Popular el es una inmensa fake news como partido. (El señor García Egea muestra una tablet con unas frases y una foto de una persona, encima de la cual en letras rojas se lee: BULO).

Moltes gràcies, presidenta, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una iniciativa relativa a las llamadas noticias falsas difundidas a través de las TIC en su manifestación de ataques divisorios, es decir, difusión de noticias de manera robotizada con la finalidad de crear difusiones emocionales en la sociedad para que resulte difícil continuar con un diálogo social o político; utilización de esos llamados ataques divisorios que se prodigan cuando los asuntos son candentes en las agendas políticas nacionales, porque es cuando son más disruptivos esos ataques en las sociedades democráticas y singularmente en periodos electorales y de crisis. Ciertamente, es un fenómeno este, el de las noticias falsas, que alcanza su máxima expresión en momentos de alto interés informativo, que va en aumento y que reclama un sistema de salvaguarda a fin de que la ciudadanía no forme su opinión y, en su caso voto, engañada por noticias falsas.

Sin embargo, creo que no hay una unidad de criterio respecto a cuál sea el mayor agente de difusión de noticias falsas, y esta cuestión es importante porque las líneas de acción para contrarrestarlas pueden ser distintas en ese caso. Se parte de la idea de que son los bots, programas informáticos que realizan tareas repetitivas, los agentes principales de difusión, actuando en un esfuerzo combinado y coordinado con fines de injerencia a través de medios digitales y redes sociales en procesos políticos y electorales, con la intención de influir en los mismos a través de campañas de desinformación e injerencia.

Sin embargo, Josep Corbella hace pocos días en La Vanguardia se hacía eco de una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, publicada en la revista Science, la más amplia jamás publicada, donde se analiza un periodo de doce años, de 2006 a 2017, referido a 126 000 noticias en 4,5 millones de tuits, sobre datos de Twitter, que ha dado acceso a los investigadores a todos sus archivos y financiado la investigación, sobre datos de veracidad de las noticias de seis organizaciones independientes, y contrastar la veracidad de las informaciones publicadas y en circulación en los medios digitales. Pues bien, las conclusiones a las que llega en la investigación sobre el asunto este estudio, el más amplio jamás publicado, son: primero, que las noticias falsas se retuitean un 70 % más que las ciertas y que las ciertas tardan seis veces más en llegar a la ciudadanía, lo que implica que las noticias falsas se difunden más y más rápidamente y no por la mala fe de los usuarios, que propagan mentiras a conciencia, sino porque resultan más interesantes, parecen más novedosas y la gente es más propensa a compartir información novedosa. Segundo, las noticias falsas apelan más a las emociones, como la sorpresa y la indignación, lo que también contribuye a que se compartan más. Son noticias altamente emocionales. La investigación también demuestra que quienes más propagan las noticias son las personas y no los bots -programas con fines maliciosos-, como también se ha sugerido a raíz de la injerencia rusa en las últimas elecciones presenciales americanas. Si solo fueran bots, concluye el informe, solamente necesitaríamos soluciones tecnológicas, pero son, en definitiva, intervenciones conductuales las que se


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necesitan para frenar la difusión de las noticias falsas, y lo primero que cabe hacer -recomiendan- es una campaña dirigida a la ciudadanía con el lema: "Piensen antes de retuitear".

Volviendo a la iniciativa, nada tenemos que objetar respecto a sus dos últimos puntos, el 3 y el 4. Sin embargo, por lo que se refiere a los dos primeros, apreciamos un exceso de activismo sobre los llamados ataques divisorios, que no pueden calificarse propiamente de ciberataques, sobre los que no hay estudios y trabajos científicos suficientes para conocer los contornos y densidad del problema, y mucho menos para pretender crear en el seno institucional una organización que determine la veracidad de las informaciones y su sellado o descalificación ante la ciudadanía. Fíjense que en el estudio del MIT, publicado en la revista que he citado, se hacía referencia a seis organizaciones independientes encargadas de examinar las informaciones publicadas y, como corolario de este empoderamiento, encomienda la proposición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las encargadas de la seguridad pública, la respuesta ante esas acciones que dice extranjeras. Esto último, sin tener un conocimiento más profundo de lo que estamos hablando, lo vemos francamente precipitado y sin tener necesidad de abundar en la delicada cuestión de la libertad de información, pues en el ciberespacio abierto deben aplicarse en línea los mismos principios y valores de la Unión que promueve fuera de línea.

Por todo ello, pediremos la votación separada por puntos y también anuncio que no compartimos de la transaccional el primer punto propuesto.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Presidenta, señorías, bona tarda.

"En España se fusila poco". ¿Saben quién lo dijo? Sí, un alcalde del PP, el alcalde de Villar del Cobo, bajo el pseudónimo de un tal Pastrana en Twitter. Calumnias, insidias, chulerías, mentiras, manipulaciones; eso sí, sin dar la cara. Un alcalde suyo. ¿Cuántos cargos más tienen haciendo tropelías por la red? ¿Dónde su coraje? ¿Dónde su hidalguía?

Esta es peor: "Ponga las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza". ¿Sabe quién lo dijo? Sí, lo dijo el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial de Cataluña. Sí, el mismísimo y principal oficial jefe al cargo de las investigaciones y de las instrucciones de causas independentistas. Lo dijo solo, o en compañía de otros, bajo el pseudónimo de Tácito -¡Tácito, qué ironía! El historiador de la República y de su concepto de la libertad-, también en Twitter. Durante meses ese Tácito, que olvidó que "la milicia no es más que una religión de hombres honrados", se dedicó activamente a asediar, embozado en su pseudónimo en la red, a sus propios investigados. Es una conducta que en cualquier país verdaderamente democrático constituiría un escándalo de tales proporciones que implicaría el archivo inmediato de todas las causas investigadas bajo el mandato del mencionado oficial. Y ustedes, señores del PP, que ni un atisbo de escándalo han mostrado por esos y otros comportamientos, nos traen hoy aquí una propuesta globo sonda de una hipocresía sin parangón. Mientras ustedes hablan de veracidad, resuenan todavía los martillazos sobre los discos duros de su sede central.

Hoy presentan una original puesta en escena que no pretende más que meter la cuña en el control de la red, el ciberespacio, un bastión de libertad sobre el que ustedes no han podido extender del todo su sempiterna, atávica e inquisitorial voluntad de censura, no por falta de voluntad, sino por su complejidad técnica y por su masivo uso entre la población. Quieren controlar aquello que no pueden, como sus diarios y teles afines. Su deriva censora es verdaderamente preocupante y se está revelando en todas las esferas públicas. Proponen un control sobre contenidos mientras oficiales a sus órdenes, sus alcaldes y vayan ustedes a saber quiénes más se dedican a asediar, instigar odio y calumniar a los adversarios políticos y a mentir desde el anonimato más vergonzante. Realmente su hipocresía y su pavor a la libertad de expresión compiten al alza y son dignos de estudio.

Se les ve venir. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, precedida por algunas declaraciones de su preciado vocero en el extranjero, el ministro Dastis -su entrevista en la BBC pasará a la historia de los ridículos hispanos-, ha dicho que hay un ejército organizado de robots por las redes destinado a apoyar la causa de los catalanes. Quizás influidos por la última temporada de Homeland, y siendo como son ustedes dados a abonarse a las teorías de la conspiración, citan informes del Senado norteamericano, olvidando que en Westminster todavía están debatiéndose entre el bochorno y el choteo por comparecencias de presuntos expertos que sostienen sus mismas espurias tesis. Con aroma de Santo Oficio, de "vivan


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las caenas", de "que inventen ellos", de contubernio judeomasónico, llega ahora a sus pantallas el ejército de zombis electrónicos que ayudan a Cataluña. Es curioso que ustedes, en lugar de pensar que detrás de las acciones políticas pueda haber un movimiento social, popular, masivo, pacífico, con ganas de cambiar las cosas, prefieren siempre justificar su involucionismo, su falta de voluntad de diálogo, convirtiéndolo todo en un ataque coordinado a su bandera, con intereses ocultos por parte de un ladino, inventado, vertebrado e inexistente enemigo. Lo que en realidad ocurre es que usan el contubernio como excusa para desinformar a la población, para no hablar de sus paupérrimas iniciativas para aplacar los problemas de la gente que tanto invocan, para que los del IBEX paguen sus impuestos donde deben, como todo hijo de vecino, para que la luz cueste lo que en Europa, ocultando mientras tanto que se han pulido el fondo de pensiones y que están regalando a los bancos 40 000 millones de euros. Y para tapar su inepcia sacan una versión digital del contubernio y vienen aquí sin ningún tipo de rubor a darnos, ustedes, lecciones de desinformación e intoxicación; ustedes.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Salvador García.

El señor SALVADOR GARCÍA: Presidenta, señorías, buenas tardes.

Yo no voy a acusar al ponente del Partido Popular de ser un malvado que ha traído aquí un tema que no le interesa a nadie, que estamos hablando de cotilleos poco más o menos, a ver si lo corregimos o no, y si la propuesta que ha hecho lo soluciona o no lo termina de solucionar. Yo lo que creo es que no le estamos dando la dimensión que realmente tiene este problema. Cuando hemos hablado de la Primera Revolución Industrial, con el vapor, todo el mundo sabe lo que significó; todo el mundo sabe de la segunda, con el tema de la electricidad, o la del petróleo. Pero parece ser que con la de la información estamos hablando como de mundos virtuales, de mundos digitales que no tienen nada que ver con el sentir y el vivir cotidiano. Conceptos como big data, inteligencia artificial, neuromarketing o automatización de procesos para muchas de sus señorías no significan nada. Parece que son palabras de no sé qué estudiantes de no sé qué carreras, pero que no tienen nada que ver con lo que va a determinar todas las condiciones del mercado laboral, con lo que va a determinar toda nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro modelo productivo, y lo que va a determinar cómo vamos a vivir. Y cuando hablamos de ciberseguridad, de ciberinteligencia o de fake news parece que estamos hablando -repito- de una 'frikada'. Las fake news se definen como una cosa falsa, influir con mentiras o medias verdades en la opinión pública. ¿Cuál es el potencial que tienen? Que se camuflan en la apariencia de noticias verdaderas, haciéndole pensar a la persona que hoy está consumiendo información muy rápido y verificando poco que, como viene muy trabajada, es cierta; por tanto, automáticamente la retuiteo y yo mismo la pongo en circulación.

Hablamos de a qué afecta esto. Pues si solo afectara a la política, señorías, podría entenderles, pero es que esto afecta a la política, a la economía, a la ciencia, al terrorismo. Las leyendas urbanas, las fake news, han existido siempre. Por ejemplo, en la campaña de Obama, en 2012, se tuvo que crear una página web para desmontar -y no tener que utilizarlo en recursos de campaña- todas las mentiras que se estaban publicando y se estaban moviendo. Un periodista murió reconociendo que los papeles de Irak que justificaron esa guerra eran falsos y que se había hecho una campaña premeditada. En Estados Unidos, estamos hablando ahora de 2015, parece ser que no nos ponemos de acuerdo porque se oye la palabra Rusia. Bueno, yo quiero recordar que la Guerra Fría estaba hace poquito tiempo en vigor. También, si vamos al conflicto de Siria, Estados Unidos y Rusia tienen algunos aspectos comunes y tienen diferencias muy serias en los planteamientos. Con el brexit todo el mundo sabe también que ha habido campañas en relación con esto. Y se pongan como se pongan los nacionalistas ha habido campañas en relación con el tema de Cataluña, porque hay pruebas.

Al mismo tiempo, como se ha dicho aquí, en un estudio que yo también iba a mencionar y que evidentemente ya no lo voy a hacer porque lo ha recreado muy bien el ponente anterior, se demuestra que las fake news son atractivas, consiguen ser más innovadoras y acercarse más a la gente, están muy trabajadas y facilitan que las personas utilicen eso como correa de transmisión. Se propagan mucho más rápido y tienen mucha más capacidad de impacto. Por eso es por lo que quizá la Unión Europea ha puesto a cuarenta expertos a trabajar y hoy han dado ya algunas pinceladas. Parece ser que para la Unión Europea esto sí es importante. Esos cuarenta expertos, entre otras cosas, vienen a darle la razón a este estudio porque lo que dicen es que hay que potenciar los medios de comunicación; que hay que modernizar


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las redacciones; que hay que mejorar la innovación en la comunicación de esos medios; que hay que mejorar la formación de los profesionales; que hay que hacer exenciones fiscales también para este colectivo, porque la prensa veraz y eficaz que en este momento está dando garantía a la verdad más aproximada tiene un problema económico también muy importante.

Señorías, el estudio de la Nanyang Technological University de Singapur habla de que 126 millones de personas en Estados Unidos fueron contaminadas en Facebook con contenidos que tenían que ver con la red rusa, que 700 000 perfiles sospechosos fueron cerrados por Twitter y que la campaña de desinformación promovida por cuentas falsas desde Rusia fue una realidad. Pero no solamente Rusia se dedica a hacer eso, lo hacen muchos más. ¿Qué ha hecho esto? Que Facebook contrate a 1000 profesionales en todo el mundo para intentar atajar este problema a nivel de información o que Twitter se plantee claramente modificar también su algoritmo porque sabe que está en juego su reputación y, por tanto, el uso futuro de esas redes sociales. También se ha comentado aquí que Alemania pone multas de hasta 50 millones de euros -claro, como es Alemania, parece ser que ahí lo pueden hacer-, pero Italia pone multas de 5000 euros y también es verdad que hay que actuar en el plano educativo. Italia, Suecia, Finlandia, están intentando meter en los colegios algo que es absolutamente fundamental, así como la autenticidad, los sellos de calidad, la transparencia, las buenas prácticas.

Señorías, para terminar quiero hacer una llamada desde la Comisión de Seguridad Nacional y la ponencia de ciberseguridad para que toda la Cámara se tome esto absolutamente en serio. El coste de la inseguridad en 2015 fue de 700 billones de dólares. Está estimado que sea de 6 trillones en los próximos años, de aquí a 2025, etapa en la que tendremos una carencia de un millón de profesionales. Estados Unidos no cubrió los puestos de 250 000 profesionales en el año 2015 y nosotros necesitamos en España un gran acuerdo, un pacto de Estado para que seguridad, defensa e inteligencia incorporen la ciberseguridad como concepto tradicional parte de nuestro modelo integral de seguridad y defensa y que todos trabajemos para garantizar en internet la libertad y los derechos, pero también la seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Creo que es difícil debatir esta PNL sin entender el contexto en el que nos estamos moviendo, que es abiertamente un contexto de involución democrática en nuestro país. Existe una ofensiva clara en contra de la libertad de expresión que retira obras de arte, que encarcela a tuiteros, que encarcela a raperos, que encarcela a músicos y que obviamente está socavando los elementos más básicos de la democracia. (Aplausos).

La verdad es que esto de las fake news, como se dice en inglés, parece muy moderno. Yo no sé qué habría pensado el Grupo Popular del señor Gutenberg cuando no se le ocurrió otra cosa que empezar a reproducir cosas masivamente, pero los ordenamientos jurídicos de la época vieron bastante mal que se hiciese uso de la libertad de imprenta, que luego tuvo como fundamento la libertad de expresión como elemento que dio base al nacimiento de los ordenamientos democráticos. De eso es de lo que estamos hablando, de un proceso de involución democrática. Estamos hablando de que hace un momento hemos visto cómo se intentaba justificar el mantenimiento de un delito de opinión -después de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- arguyendo argumentos republicanos. Yo le quería recordar al señor Torres Mora una frase: "Qué buen vasallo sería si tuviese un buen señor". (Aplausos.-El señor Torres Mora pronuncia palabras que no se perciben).

Señorías, en la Comisión de Seguridad Nacional venimos teniendo un debate esperpéntico a partir de un pacto del bloque monárquico absolutamente inconcebible, donde se da pábulo y se invita a alguien como la señora Milosevich para que haga apología de la guerra en esta sede parlamentaria, que es la encargada de discutir de esos asuntos; después de argumentar que no tiene ninguna prueba de todas las cosas que se dicen, los portavoces de las tres principales fuerzas que componen el bloque monárquico le ríen las gracias en sede parlamentaria a quien hace apología de la guerra y de la censura. Lo que se está planteando es una Ley mordaza 2.0, lo que se está planteando es la constitución del "Ministerio de la Verdad", y cuando han visto que hacían el ridículo más espantoso en la Comisión de Seguridad Nacional viene la señora Cospedal y nos propone hacer un grupo de trabajo sobre la libertad de expresión. ¿Dónde? En la Comisión de Defensa. (Aplausos). Es decir, el Ejército encargado de controlar la actividad de los medios de comunicación. La verdad es que yo en esto -me van ustedes a permitir que lo diga- me


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encuentro un poco más cerca de la señora Soraya Sáenz de Santamaría. Igual en un par de tardes la puede instruir en el concepto de libertad de expresión, como manifestaba con respecto a este asunto de los sellos. Pero les puedo decir que a mí no me extraña; a mí no me extraña que un partido que tiene como escuela de formación política la escuela Manuel Fraga haga estas cosas. El señor Manuel Fraga fue el ministro de Información y, ¿qué es lo que se quiere? Reinstaurar. Miren qué titular más estupendo (muestra un recorte de periódico), a ver si les suena: El Ministerio de Información y Turismo da cuenta de una nueva campaña antiespañola en el extranjero. La pena es que es del año 1962 (aplausos), pero estaría muy orgulloso el señor Fraga de las argumentaciones que está haciendo el PP en esta Cámara intentando instituir la censura, que es un delito en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso la señora Sáenz de Santamaría no terminaba de reírle la gracia a la señora Cospedal. Ya se sabe, esto está dividido entre fraguistas y sorayos, veremos cómo sale de la partida. (Aplausos).

Pero obviamente la democracia corre peligro, y corre peligro porque hay otras fuerzas que no se dan cuenta del riesgo que tiene en estos momentos el ordenamiento democrático ante la ofensiva de involución que se está produciendo en nuestro país, una ofensiva de involución absolutamente inaceptable. Si ustedes quieren hablar de fake news, yo les voy a hablar de aquel que quería justificar una ejecución ilegal en un juicio sumarísimo y hablaba de "este caballerete" y entregaba dosieres a la prensa internacional. El criminal Manuel Fraga lo hacía para atacar a Julián Grimau; lo hacía también contra el estudiante Ruano, desacreditándole en público para intentar justificar el crimen y la tortura que se cometió contra él. (Aplausos). Y lo hizo también el Gobierno del Partido Popular en un intento de golpe de Estado intentando mentir al conjunto de la opinión pública reuniéndose con todos los directores de los medios de comunicación de este país para imponer ¿qué? La versión oficial, que es de lo que estamos hablando, de la imposición de la versión oficial y acabar con la libertad de información. (Aplausos). Yo les quiero decir a los profesionales de la información que los que proponen esto son los mismos que persiguen a las fotoperiodistas en las manifestaciones, son los mismos que persiguen a aquellos que ejercen el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de expresión; son aquellos que están desmontando la democracia pieza a pieza. Y hay que hacer una llamada también al conjunto de las fuerzas democráticas para hacer frente a este proceso de involución, máxime... (Una señora diputada: No hace falta que grites.-La señora Villalobos Talero: ¡No se oye!). Ya imagino que no oyen, pero no pasa nada. No es que no oigan, es que no escuchan, pero no pasa nada porque no está dirigido a ustedes, señorías del PP, que ya sabemos a lo que vinieron, y desgraciadamente como ejemplo democrático Singapur se me queda corto. (Rumores). Y la complicidad del factor naranja, del nuevo partido de Aznar en este asunto tampoco me extraña, porque si beben de los conceptos políticos de Milton Friedman, no me extraña que asuman también los postulados de la doctrina de la seguridad nacional, puesto que también el señor Milton Friedman se convirtió en un asesor de la dictadura de Pinochet. No olvidamos lo que ha pasado y sabemos que aquellos que van a por los derechos sociales primero vienen después a por los derechos de libertad, a por los derechos fundamentales, a por las libertades democráticas más básicas para impedir que la gente pueda hacer frente a los que defienden a las élites económicas de este país en contra de la mayoría social.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor García Egea si acepta su grupo la enmienda presentada.

El señor GARCÍA EGEA: Vamos a hablar con el Grupo Socialista para hacer una transaccional.

Señora presidenta, me gustaría pedir la observancia del Reglamento, artículo 71, por inexactitudes de algunos de los grupos.

La señora PRESIDENTA: Adelante, señoría.

El señor GARCÍA EGEA: Se ha citado por parte del Grupo de Esquerra Republicana, del PDeCAT e incluso de Bildu el hecho de que no existían noticias falsas en el caso de Cataluña y se ha criticado duramente la exposición de motivos de mi proposición no de ley. Aquí tienen (muestra una tablet) algunos de los retuits que han hecho los propios diputados de un señor que era minero en 2012 y decían que había sido la carga policial del día 1 de octubre. Con lo cual, en mi grupo preferimos ser padres del futuro que hijos del pasado como los señores de Podemos.

Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien).


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A RECUPERAR EL PACTO DE TOLEDO COMO EXPRESIÓN DE CONSENSO POLÍTICO Y EL DIÁLOGO SOCIAL CON EL FIN DE ACORDAR LAS MEDIDAS QUE PERMITAN ASEGURAR PENSIONES DIGNAS Y FORTALECER LA VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 162/000006).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones. Para la defensa de la iniciativa y de la enmienda presentada tiene la palabra la señora Perea i Conillas.

La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.

Sabemos que un periodo de congelación de las pensiones largo lograría el ansiado equilibrio presupuestario, pero ¿tiene esto algún sentido? Esta vía no parece muy razonable, condenaría al jubilado a reducir su consumo cuando es probable que con la edad, al empeorar su salud, requiera de más cuidados y atenciones. Estas no son palabras mías, esto lo dijo, a los pocos meses de aprobarse la reforma de 2013 del Partido Popular, uno de los técnicos que formó parte de aquel comité de expertos que ustedes montaron, señores del Partido Popular. Por cierto, este técnico lo podría haber dicho antes y no esperar a unos meses después.

Efectivamente, no habrá sostenibilidad económica si no hay sostenibilidad social, esa es la premisa. Y sin dar lecciones a nadie, señores del Partido Popular. Yo sé que hoy oiré: Ustedes congelaron la pensión en mayo de 2010. Cierto, una medida excepcional corregida por la reforma de 2011, consensuada por el diálogo social en el Pacto de Toledo y que supuso una pérdida del 1,2 %. Pero ustedes no congelaron, no, ustedes hurtaron en 2012 con nocturnidad y alevosía el 1,9 % a los pensionistas en el Real Decreto-ley 28/2012; un 1,9, acuérdense.

El señor Rajoy dijo: Nosotros nunca congelaremos las pensiones. Y en 2013 sacaron una reforma que no es que las congelara, es que las perpetuaron a la congelación. Ustedes mintieron y lo saben. (Aplausos). Hablen de los parados de ZP, hablen del incremento del paro con el Gobierno del Partido Socialista, pero ustedes tienen la tasa récord de paro, ¿o se lo tengo que recordar? Fue en diciembre de 2013 gracias a su reforma laboral de 2012, que supuso la precarización laboral y la desigualdad, como la OCDE, el FMI e incluso las recomendaciones semestrales de la Unión Europea alertan. Había 67 000 millones en el Fondo de Reserva en 2011; lo han dejado temblando. Los ingresos de la Seguridad Social de 2017 aún no superan los de 2011; han endeudado el sistema con 25 000 millones de euros en préstamos; ya no hay Fondo de Reserva con el que ir a buscar financiación al exterior, por no hablar de los 8000 millones de euros que sustrajeron al Fondo de Contingencia. Debilitaron intencionadamente los ingresos con su reforma laboral, dejaron caer a los cuidadores familiares, endurecieron las condiciones para que accedieran los mayores de cincuenta y dos años y acabaron truncando en muchos casos su carrera laboral. Su reforma laboral generó desempleo, troceó contratos, impuso la parcialidad no deseada y la excesiva temporalidad, y todo ello a la vez. Y eso gracias a sus grandes dos reformas: la laboral y en pensiones. Por cierto, hoy nos dejan el regalito del déficit histórico de 18 800 millones de euros. Esa es su herencia, señores del Partido Popular.

Dejen de esconderse en la gestión de otros Gobiernos -pueden hacerlo tanto como quieran-, pero den la cara de una vez por la suya. (Aplausos). No habrá sostenibilidad económica que no pase por la sostenibilidad social. Hablamos de pensiones dignas. Hoy estamos aquí porque en 2013 el Partido Popular decidió cambiar de forma definitiva el sistema de pensiones y pasó olímpicamente del IPC. Hoy los expertos que ya conocemos dicen que en veinte años la pérdida de poder adquisitivo puede estar entre un 20, un 30 o un 40 %. Es decir, castigan a los pensionistas a una pérdida de poder adquisitivo segura y sobre todo a aquellos que cobran menos pensiones.

Señores del Partido Popular, ¿me quieren decir qué expectativa ante su futuro tienen estas personas que hoy dependen solo de esa pensión? Hoy hablamos de un 33 % de pensionistas que están por debajo del umbral de la pobreza. Si esto es así, ¿qué margen de maniobra les queda para poder llevar a cabo sus proyectos de vida? Y hablemos de los jóvenes. ¿Qué expectativas tienen aquellos jóvenes y no tan jóvenes ante la desigualdad salarial, ante la brecha de género salarial y, peor, la brecha en pensiones? ¿Qué futuro les espera? ¿Qué futuro nos espera como sociedad, nos tenemos que preguntar? Ese es el debate de hoy: ¿qué futuro tenemos ante esta reforma de 2013? (Aplausos).


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Señores diputados y diputadas, como generaciones que hemos tenido oportunidades, tenemos la obligación de ofrecérselas a nuestros jóvenes como nosotros las tuvimos: empleos dignos, carreras de cotización estables y salarios estables. Con la reforma actual los proyectos de vida de los jóvenes de hoy y de las mujeres de hoy son inexistentes. Y, miren, en el Pacto de Toledo se habló de hacer una recomendación específica para jóvenes, pero con medidas transversales que exijan al Gobierno la adopción de medidas de políticas de gasto ya en los próximos presupuestos del Estado para garantizar pensiones justas para el futuro de los jóvenes, políticas en vivienda, de cero a tres años, mercado laboral justo, digna inversión en capital humano. Si queremos dar tranquilidad a la ciudadanía, y por el CIS ya hemos visto que se ha creado una alarma en las pensiones, tenemos que actuar de forma urgente.

Les decía que sin sostenibilidad social no habrá sostenibilidad económica. ¿Qué sostenibilidad económica podrá haber si los pensionistas no pueden construir su futuro, no pueden consumir? Sabemos que el 60 % del PIB es el consumo privado y que el peso de los pensionistas es de los más importantes, y la prueba ha sido esta dura crisis. Hoy los analistas afirman -y si no lo conocen ya les dejo yo el informe- sin ambages que la caída de las tasas de sustitución causará verdaderos estragos en la economía española. Una caída de las pensiones tendrá como consecuencias macroeconómicas incluso la pérdida de más de 750 000 puestos de trabajo en 2035. Estamos hablando de 9 millones de hoy más 6 que acabarán siendo, 15 millones de pensionistas.

Señores del Partido Popular, y hablo al resto de grupos parlamentarios, tenemos dos opciones: quedarnos donde estamos, que es el inmovilismo, o mirar hacia adelante y proyectar un futuro para todos y cada uno de nosotros, sobre todo para los que se manifiestan fuera en la calle y sobre todo las que se manifestaron y los que se manifestaron aquel 8 de marzo, los jóvenes. Los jóvenes estaban llamándoles la atención. (Aplausos).

Voy acabando. Hoy oímos: qué sentido tiene contribuir hoy si no vamos a cobrar pensiones; los pensionistas cobran más que los jóvenes; el riesgo de pobreza está más en los niños que en los jóvenes. ¿Sabe que subyace debajo de todo esto? La confrontación generacional. Ese es un error brutal que la derecha nos quiere imponer y no podemos permitirnos el lujo de que nos lo consiga imponer. Tenemos que rebelarnos ante esto porque, si no, nos estamos equivocando colectivamente y eso no lo podemos permitir. (Aplausos).

Acabo. Espero el consenso en esta iniciativa porque será el consenso que proyectaremos fuera, en la calle, para que la gente tenga la tranquilidad de que este tiene que ser el sistema de protección social con el que tenemos que garantizarnos nuestro futuro, el futuro de todos, de los mayores, de los jóvenes y evidentemente de las mujeres y de los niños.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Vidal Sáez.

La señora VIDAL SÁEZ: Bona tarda.

Hay quien intenta hacernos creer lo contrario, pero lo cierto es que seis de cada diez pensionistas cobran 800 euros o menos a final de mes. Mirad, hoy un pensionista tiene que pagar un 6,6 % más para calentar su casa; la luz sigue subiendo; también la gasolina, la telefonía, los peajes. La economía crece pero, en cambio, a los pensionistas les revalorizan un 0,25 % su pensión. El Partido Popular eliminó con el IRP la vinculación entre el incremento de la pensión y el coste de vida y ha llevado a los actuales pensionistas a perder poder adquisitivo; y es un hecho, señorías. Miren, la fecha en que entrará en vigor el fatídico factor de sostenibilidad, ese factor que básicamente va a rebajar la cuantía de nuestras pensiones en un futuro, cada vez está más cerca. El Partido Popular ostenta a día de hoy la peor gestión de la historia en materia de Seguridad Social, y también esto es un hecho. Han hecho añicos el contrato social y crece la desconfianza hacia los mecanismos de protección, y esa desconfianza, señorías, lo cierto es que no es precisamente poco fundada. Miren, miles de pensionistas a día de hoy, hartos de que les tomen el pelo, salen a la calle y ahora este Gobierno básicamente tiene miedo, que es lo que tienen a día de hoy. El escenario, por suerte, ha cambiado, y ha cambiado gracias al empuje de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Por eso, nuestro Grupo Parlamentario Confederal junto con Compromís, pedimos, a tenor de las masivas movilizaciones, que comparecieran el presidente del Gobierno y la ministra de Empleo para dar explicaciones.


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Miren, lo escucharemos mañana y quizás por eso hoy es un poco extraña esta proposición; una proposición que tiene un poco de fondo de armario, reciclada; registrada hace más de año y medio y que vía enmiendas se ha actualizado. Nuestro Grupo Parlamentario Confederal comparte la voluntad de que los principales retos del país se aborden desde el diálogo honesto con todas las fuerzas parlamentarias y, por supuesto, con la sociedad civil. Se ha acabado ese tiempo en el que el bipartidismo cerraba los acuerdos en los despachos completamente de espaldas al resto. Por eso hoy celebramos que el Partido Socialista vuelva a la luz y se aparte de sus políticas de pactos con el Partido Popular a que nos tenían acostumbradas en esta legislación, como hicieron por ejemplo con el salario mínimo interprofesional.

La Seguridad Social es una de las materias más sensibles de nuestro Estado del Bienestar y se merece un compromiso común; un compromiso para garantizar su carácter público, la revalorización y la suficiencia de las pensiones como reconoce, además, la propia Constitución... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

La señora VIDAL SÁEZ: Gracias, presidenta.

... en sus artículos 41 y 50. Mañana veremos, señorías del Partido Popular, si ustedes vuelven a la Constitución o siguen fuera del mandato constitucional, como están a día de hoy. Pero un aviso: los pactos de Estado no pueden ser una excusa para ahorrar al Gobierno su obligación de actuar, ni un espacio donde dilatar eternamente y de forma deliberada la política. La Comisión del Pacto de Toledo no tiene poder normativo y lo saben, y los pensionistas no pueden seguir esperando a que nosotras hagamos recomendaciones para que luego el Gobierno las cumpla o no. El Gobierno tiene que responder ya, de forma absolutamente inmediata, sin más excusas. Es una vergüenza, señorías, que utilicen el Pacto de Toledo básicamente como dique de contención para ganar tiempo. Miren, mientras miles de pensionistas salen a la calle para exigir no solo su justa subida a su pensión, sino también en defensa de un sistema público para todas, el Pacto de Toledo se eterniza y no da respuesta a las preguntas y necesidades que tienen la mayoría de nuestros ciudadanos. Parecemos, si me permiten decirlo así, un auténtico vodevil. La presidenta de la Comisión, por un lado, haciendo de ariete del Gobierno y de la banca proponiendo que ahorremos dos eurillos porque nos vende básicamente que no tendremos derecho a una pensión; la ministra filtrando de mala fe informaciones de la Comisión, comprometiendo los acuerdos y soltando propuestas que después en Comisión su propio grupo parlamentario tiene que desmentir; el Partido Socialista reciclando proposiciones que inicialmente instaban a lo que ya estamos haciendo: reunirnos, un no parar; y Ciudadanos, cómo no, silbando, que es lo que mejor saben hacer, a ver si con los pensionistas les va un poquito mejor que con las feministas, ¡que menudo ridículo, señorías, hicieron la semana pasada! (Aplausos).

Miren, con las reformas del Partido Popular, no solo se empobrecen los actuales pensionistas, es que está en juego nuestro sistema de protección social, el de hoy y el de mañana. España es el único país de la Unión Europea -junto con Grecia- que todavía no ha recuperado el nivel salarial que tenía antes de la crisis. Crecemos, pero este crecimiento no está generando empleo de calidad, está cronificando la precariedad. Facilitar el despido y reducir sus costes o bajar salarios -¡vaya sorpresa!- evidentemente no creaba empleo, lo que creaba era pobreza y exclusión, que es lo que disfrutamos a día de hoy. Una lección que parece que Ciudadanos sigue sin entender y, pese a saber bien que el mercado laboral, su corazón, es la Seguridad Social, insisten con propuestas de más precariedad y menos protección. Señorías de Ciudadanos, si quieren sumarse al carro de la defensa de las pensiones, les hago una propuesta: dejen de vetar nuestras propuestas del Grupo Confederal en la Mesa del Congreso de los Diputados y déjennos avanzar en la defensa de un sistema público de pensiones. (Aplausos).

Hemos negociado una transaccional para que la proposición recoja los retos actuales. Las pensiones deben crecer como mínimo al mismo ritmo que lo hace el coste de la vida. El factor de sostenibilidad, que provoca que si vivimos más cobremos menos, aparte de ser clasista, es insostenible. Es imprescindible, especialmente en términos de justicia de género, garantizar pensiones suficientes para todos los pensionistas. La pregunta de hoy, exactamente como va a ser la de mañana, es qué piensa hacer el Gobierno para garantizar a todas nuestro justo derecho a una vejez digna. Mañana escucharemos al presidente y el sábado todas las trabajadoras y los trabajadores de este país tenemos una cita con la defensa de nuestras pensiones públicas porque, si alguna cosa sí hemos aprendido las generaciones nuevas que venimos, es que cuando no luchas por los derechos, los pierdes, así que ¡a la calle!, señorías. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps Devesa.

El señor CAMPS DEVESA: Gracias, presidenta.

Señorías, quiero que mis primeras palabras sean en recuerdo de un miembro de estas Cortes Generales que falleció el pasado lunes, en el día de ayer, don Miguel Barceló, trabajador incansable -veintidós años senador- por su ciudad, que es la mía, Benidorm, por la provincia de Alicante y por el conjunto del turismo en España. Senador Miguel Barceló, descansa en paz. (Aplausos).

Señorías, sin perder más tiempo, vamos a empezar, en el debate que nos ocupa, haciendo mención a la paradoja, la increíble paradoja, de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista empiece su intervención acusando al Grupo Popular de haber congelado las pensiones. ¡Qué mala memoria, señoría! El único Gobierno que ha congelado las pensiones en España es el Gobierno socialista en el año 2010. Congelaron las pensiones entonces y hoy quieren congelar el Pacto de Toledo. Pero, señorías del Partido Socialista, su paro de ayer es el déficit de la Seguridad Social de hoy. No pretendan engañar a nadie. Esto es lisa y llanamente así porque el 70 % del desequilibrio financiero del sistema se debe a la destrucción masiva de empleo que ustedes generaron durante la crisis, y esa deriva hacia la irresponsabilidad en la que han entrado ustedes últimamente trae consigo que quienes hemos logrado mejorar esa situación, quienes hemos traído el crecimiento económico y la creación de empleo, y lo hemos hecho además pagando más y mejores pensiones, sean aquellos a los que ustedes dirigen sus críticas.

Señorías, la garantía de hoy y de mañana de nuestro sistema de pensiones es crecimiento económico y que se traduzca en un empleo cada día de mayor calidad. En 2011 se destruían 1500 empleos al día y hoy se crean 1700 empleos diarios. Llevamos cuarenta y siete meses consecutivos de incrementos anuales en la contratación indefinida. Es la primera vez que España ha salido de una crisis creando empleo indefinido. Hoy el 73,3 % de los trabajadores tienen un contrato indefinido, 7 puntos más que en el año de la crisis. El empleo de "peor calidad", entre comillas, el que se concentra en contratos temporales de menos de un mes, supone únicamente el 0,89 % del total de los contratos en España. ¿Hay que mejorar? Sí, sin duda, pero hoy el empleo no es de peor calidad que cuando gobernaban en este país los señores del Grupo Parlamentario Socialista. A finales del año pasado teníamos el mismo nivel de empleo indefinido que al inicio de la crisis económica. Por tanto, el empleo que se ha creado es el empleo estable, el primero que hemos recuperado. España lidera hoy la creación de empleo en la zona euro, la creación de empleo joven, la creación de empleo femenino, la creación de empleo autónomo y la creación de empleo a tiempo completo. (Aplausos). Señorías, queda camino por recorrer, pero si el 70 % del deterioro de la salud del sistema es la destrucción de empleo, hoy estaremos mejor que en el año 2011, con 2 300 000 nuevos empleos, lo que significa haber recuperado el 70 % del empleo destruido por la crisis.

Señorías, hoy tenemos más empleo y mejor empleo, lo que se ha traducido en mejores ingresos para la Seguridad Social. El crecimiento del número de afiliados triplica el crecimiento del número de pensiones, pero los ingresos por cotizaciones sociales también están en claro crecimiento anual, 5,36 % en el año 2017, hasta alcanzar los 109 000 millones de euros. Hoy, por primera vez desde el año 2008, los ingresos por cuotas crecen por encima del gasto en pensiones, y con casi un millón de afiliados menos que en el año 2007 tenemos ingresos por cotizaciones récord en toda la historia de la Seguridad Social. La utilización del Fondo de Reserva es criticada por quien determinó que así fuera. Les aconsejo que relean sus papeles: sostener las pensiones públicas, página 50. Decían ahí exactamente cómo se tenía que gastar el Fondo de Reserva. Por cierto, lo que no recuerdan ustedes es que no realizaron las aportaciones completas de los años 2008 y 2009 y, como ya les dijo la ministra citando a un catedrático, si el Partido Socialista hubiera llevado a cabo la separación de fuentes de financiación respecto a los complementos a mínimos de manera progresiva y no hubiera tenido que hacerlo de manera rápida en 2012 y 2013 el Gobierno del Partido Popular, hoy el Fondo de Reserva -atiendan, señorías- tendría más de 100 000 millones de euros. (Aplausos).

Señorías de la izquierda parlamentaria, no falseen la realidad. Los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo durante la crisis. Esa es una realidad. Se ha reducido el riesgo de pobreza entre las personas mayores de sesenta y cinco años a la mitad, del 17 % al 6,3 %, y, a pesar de la crisis económica, se han mejorado las prestaciones del sistema. No me quedará tiempo para citarles todas a ustedes, pero las tengo a su disposición. Pero si una decisión -no quiero dejar de decirlo- ha sido determinante para mantener nuestro sistema de pensiones, fue no aceptar el rescate de España en 2012. Eso habría hecho que hubiésemos tenido que bajar las pensiones entre un 15 % y un 40 %, como hicieron países que a


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ustedes les sonarán mucho, seguro: Irlanda, Grecia y Portugal. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, su propuesta es un monumento parlamentario a la incoherencia y a la contradicción. ¿Por qué es acertada la reforma contenida en la Ley 27/2011 y hay que derogar la contemplada en la Ley 23/2013? Les recuerdo que la segunda tuvo más votos a favor que la primera, y para quienes valoran las reformas basándose en lo que puedan suponer de minoración de la expectativa de pensión, les diré que la reforma de 2011, socialista, supone una mayor minoración de esa expectativa que la de 2013, popular, según todos los expertos que han comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo.

Señorías -acabo con ello-, no me cansaré de decirles que las reformas emprendidas por todos hasta la fecha son una garantía de perdurabilidad. El envejecimiento y los cambios tecnológicos no van a detenerse mientras nosotros discutimos de cuestiones puntuales. Estamos ante un proceso que durará décadas y cuya dimensión económica, social y demográfica es de tal naturaleza que pasará por encima de cualquier posición a corto plazo o cualquier tentativa de hacer prevalecer lo inmediato. Creo que hay razones sobradas para estar muy orgullosos de nuestro sistema de Seguridad Social, de lo que significa, de lo que aporta, de lo que ofrece y de lo que garantiza. Queda mucho por hacer, sí, señorías, pero debemos aportar propuestas que sumen por y para todos. Tenemos un acuerdo en marcha para renovar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esa debe ser la prioridad y allí es donde se deben trasladar propuestas adecuadas y factibles que deberían huir de realizar promesas alejadas de la realidad que, cuando no se cumplen, lo único que consiguen es alejar a la sociedad de la política.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Señorías, buenas tardes. Lo dijimos el pasado 21 de febrero cuando en la sesión de control le pregunté al presidente del Gobierno de España, señor Mariano Rajoy, y le instó mi partido político, Unión del Pueblo Navarro, a que incrementara el índice de revalorización de las pensiones referenciándolo al índice de precios al consumo. Por tanto, lo dijimos el día 21, lo dijimos hoy, y también de cara al debate de mañana Unión del Pueblo Navarro está, primero, por garantizar las pensiones públicas; en segundo lugar, por mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, y en tercer lugar, por una reforma estructural de las pensiones sin merma en los derechos de los pensionistas, incluyendo a las pensiones no contributivas.

Dicho eso, entendemos que hay una transaccional y, por tanto, un consenso y, en ese sentido, votaríamos favorablemente. También entiendo que ustedes, el Grupo Socialista, se hayan autoenmendado en esa proposición no de ley registrada ya hace año y medio. Pero, permítanme, señores del Grupo Socialista, que diga lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a la exposición de motivos, me parece que no es de recibo demonizar a un grupo político, como es el Partido Popular. La memoria a veces es endeble, y les quiero retrotraer al 12 de mayo del año 2010, al plan de choque que presentó en esta misma tribuna el expresidente, el señor Rodríguez Zapatero. Esta crítica se la hace un partido, Unión del Pueblo Navarro, que votó favorablemente al real decreto que desarrolló posteriormente las medidas del plan de choque. Dicho eso, creo que no es momento para hacer oportunismo, no es momento para poner el interés de los partidos por encima del interés general; es momento de que todos tengamos una actitud de llegar a acuerdos, que es lo que está esperando y demandado la sociedad. Esperemos que el siglo XXI llegue definitivamente a esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor vicepresidente.

Señorías, permítanme en primer lugar centrar lo que creo que será el debate de hoy y mañana, porque entiendo que la movilización que está teniendo lugar en toda España en torno al infame 0,25 va más allá de cuestiones estrictamente monetarias que, por cierto, con solo evitar los regalos fiscales a planes de pensiones privados tendríamos suficiente dinero para financiar la subida de pensiones. Lo que está poniendo en cuestión, de raíz, la movilización de los pensionistas es la función última del Gobierno, de la


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política de este Gobierno, y es que la pregunta que nos hacemos es para qué sirve un Gobierno que no es capaz de garantizar el futuro, en este caso, de nuestros mayores; para qué sirve un Gobierno si no es capaz de proteger a nuestros mayores. ¿Qué mensaje proyecta un Gobierno que rescata autopistas y que está lleno de corrupción? Por cierto, la última imputada por corrupción es la señora Loreto Cascales por malversación, cohecho y prevaricación. Tomen nota. Mientras tanto, niegan una subida de las pensiones para garantizar un mínimo nivel de vida. Yo recuerdo aquella frase de: No falta dinero, sobran chorizos.

Señorías del Partido Popular, no solo atacaron a mi generación condenándola a la precariedad y a la incerteza. Ustedes no solo atacaron al movimiento feminista burlándose con aquello de que 'es una movida eso de la brecha salarial' y luego se ponían el lacito; ustedes, señorías, lo que están haciendo con la reforma de 2013 es atacar a nuestras familias, a nuestros hijos, a las madres y a los abuelos. Eso es lo que están haciendo. Ustedes, en definitiva, son la expresión máxima de la incapacidad para gobernar, más pendientes de no perder el poder político que de proteger a la gente.

Termino con un mensaje a la bancada socialista. Creo que este es un tema suficientemente importante para que mostremos altura de miras; no caigan en el viejo tacticismo estéril.

Moltes gràcies i no al 0,25.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela. (Rumores).

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés. Les ruego silencio, señorías.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en 1993, hace ya unas cuantas décadas y en un contexto de controversia parlamentaria y política fuerte sobre el sistema de pensiones y, singularmente, durante la campaña electoral de las elecciones generales de 1993, desde quien entonces dirigía el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, Miquel Roca, se propuso a esta Cámara la creación de una comisión de estudio para analizar la viabilidad de las reformas del sistema público de pensiones, con dos convicciones. Una, que el sistema público de pensiones necesitaba reformas para garantizar su sostenibilidad y, dos, que era imprescindible que aquellas reformas, además, fuesen fruto del acuerdo y el consenso que evitasen que aquello que había marcado tanto la campaña electoral de 1993, que fue el electoralismo en pensiones, no se volviese a repetir. Además, singularmente, en aquellos debates de 1993 y 1995 figuraba como un elemento central que la política de la revalorización anual de las pensiones no correspondiese a la libertad del Gobierno de turno, sino que estuviese marcada por ley. Unos cuantos años después de 1993, escuchando el debate de esta tarde -y me temo que también el debate de mañana-, estamos casi en la casilla de salida. Lo que hoy nos toca exigirnos a todos, y singularmente al grupo de la mayoría pero también al resto de las fuerzas parlamentarias, es que seamos capaces de volver a leer los mejores ejemplos de 1993 y 1995 que nos permitieron alcanzar dos tipos de acuerdos: el acuerdo sobre las reformas y la necesidad de los consensos en las mismas y el acuerdo sobre la idea de que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones es imprescindible para tener un sistema justo de pensiones. El principal defecto de la reforma del año 2013 es que rompió con ese consenso y con ese principio del Pacto de Toledo. Hoy nos toca volver a ese origen. Si el debate de esta tarde, el debate de mañana y el debate que tendremos en la Comisión de Empleo del jueves sirven para ponernos de acuerdo en esas dos cuestiones, esta semana habrá sido útil para el conjunto de la sociedad y para los pensionistas. Al menos esa será la posición que el Partit Demòcrata va a defender.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señor presidente.

Se hace camino al andar, decía Machado y cantaba mejor Serrat. Se hace camino al andar y eso parece que es lo que definió el Pacto de Toledo al decir cuál era el camino que había que transitar. Pero al volver la vista atrás, se ve la senda que se ha recorrido y no se ha de volver a pisar. Quizás esa sería también la definición que daría Machado de los fracasos que ha supuesto el Pacto de Toledo en su actual edición. Esta PNL en principio no tenía un objeto definido, un objeto genérico, parecía casi una confesión de incapacidad del Partido Socialista cuando venía sin hacer ninguna propuesta concreta, sin hacer ningún camino al andar. En este camino ha recorrido una senda que es la de intentar aportar determinadas


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propuestas a través de una autoenmienda que luego ha enriquecido con otras de otros partidos, formando una transaccional. Efectivamente, ha recorrido una senda en la que podemos participar, en la que podemos jugar. Una senda que, aunque ha sido el Partido Socialista el que la ha recorrido, quizás era el Gobierno al que le correspondía transitar. En ese camino se hacen diferentes propuestas, todas asumibles por mi partido, algunas con mayor o menor precisión, pero todas ellas han sido objeto en su momento de mención o aportación por el Partido Nacionalista Vasco en el Pacto de Toledo porque, entre otras cosas, nunca nos hemos apartado de ese compromiso implícito de no distorsionar aquel debate con la escenificación en plaza pública de lo que nos separa. Aquel foro, el del Pacto de Toledo, debe ser el final del camino, el encuentro, la senda recorrida, no la que nos queda por transitar. Sin embargo, el Gobierno sabe que en esa senda, en ese recorrido existen puntos en los que no solo hace falta debatir, sino que hace falta acordar, hace falta transaccionar. Incluso hay que dejar atrás en esa senda caminos que nunca se han de volver a pisar, y esos caminos son los del IRP, los del factor de sostenibilidad. Pero sucede que, al volver la vista atrás, el Gobierno está obligado también a contemplar una crítica unánime de la oposición a una actitud y unas decisiones como las de mantener el IRP en solitario, en contra de un clamor social unánime. Esa es una senda que nunca debió haber recorrido y que esperamos que nunca vuelva a pisar. Por eso, desde ese punto de vista, coincidimos con el Partido Socialista no tanto en la proposición no de ley, sino en la transacción que ha conseguido acordar y que, por ello, la vamos a apoyar. Pero hay un capítulo más, señorías, con el que, con su permiso, voy a seguir parafraseando el poema de Machado. Gobernante sí hay camino, diría yo. Desde luego, en materia de pensiones lo debe haber. Mañana así lo esperamos del presidente del Gobierno, que haga propuestas concretas que supongan recorrer un camino en el que todos podamos coincidir y acordar.

Voy a añadir algo más y no tanto relacionado con el tema de las pensiones, porque, gobernante, también hay otras materias, algunas más urgentes que otras, en las que este Gobierno ha de hacer camino al andar. Hoy a mediodía hemos llegado de Tinduf un grupo de ocho diputados pertenecientes al Intergrupo de apoyo al Sáhara. Ha sido un instructivo y elocuente viaje, que nos ha permitido conocer mejor la realidad de un pueblo que busca su reconocimiento, su libertad. Pues bien, en mi nombre y en el de los otros siete diputados que me han acompañado, quiero pedirle, al igual que en materia de pensiones, con carácter urgente, vista la reiteración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, que este Gobierno recorra el camino de su reconocimiento y que no solo acate y cumpla lo que los tribunales dicen en derecho, sino que sobre todo satisfaga la estela de su libertad, de la libertad del pueblo saharaui. Saharaui son tus huellas el camino a la libertad y nada más.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.

Teniendo en cuenta que mañana va a comparecer el señor presidente del Gobierno para hacer un monográfico sobre pensiones, no teníamos previsto intervenir. En principio, habíamos decidido intervenir al ver la propuesta del Grupo Socialista, que insta al Gobierno a recuperar el Pacto de Toledo y poco más. Nos parecía una proposición no de ley no demasiado interesante, pero, tras conocer las enmiendas, y sobre todo la transaccional, hemos decidido decir cuatro cosas. En primer lugar, creemos imprescindible que el Gobierno del Estado vuelva a ligar la revalorización de las pensiones con el IPC. De hecho, nunca, nunca, nunca tendría que haber sido de otra manera, porque las pensiones de los cotizantes tienen derecho a ser revalorizadas para poder vivir. Eso es lo que se han ahorrado en forma de cotizaciones por obligación, revalorizarlas según el IPC para no perder poder adquisitivo. Aprovecho para exigir de nuevo la retirada inmediata de la reforma de 2013 y su factor de sostenibilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.

Señorías, como han dicho los portavoces del PNV y de Esquerra, a nosotros tampoco nos sorprende que el PSOE traiga una PNL -otra más- vacía prácticamente de contenido y además a pocas horas de


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que se inicie un importante debate en materia de pensiones en esta misma Cámara. Lo más sorprendente es que el PSOE hable de reconstituir de forma urgente el Pacto de Toledo. Lo digo, en primer lugar, porque la Comisión del Pacto de Toledo lleva trabajando muy duro durante muchos meses en los objetivos de la suficiencia y la sostenibilidad del Pacto de Toledo. Y en segundo lugar, porque no es el Gobierno, como dice esta PNL, sino nosotros, los grupos políticos con representación en esta Cámara, quienes tenemos el compromiso de llegar a un acuerdo en el marco de esta Comisión para renovar ese compromiso con el mantenimiento y la consolidación del sistema que tuvo el Pacto de Toledo en su redacción originaria y, como digo, con la suficiencia y sostenibilidad del sistema actual. Pero lo que más sorprende es que sean precisamente ustedes, señorías del Grupo Socialista, quienes hablen de reconstituir el Pacto de Toledo cuando su actitud en el marco de esta Comisión está siendo poner palos en las ruedas para el avance de la misma. Tenemos un ejemplo claro de hace pocas semanas, cuando casi hacen volar por los aires todos los trabajos de la Comisión llevados a cabo hasta ahora, empeñándose en dar al pacto una visión parcial, con marcados tintes electoralistas, usando la Comisión para algo que va en contra de lo que deben ser sus principios inspiradores: la utilización de las pensiones como arma arrojadiza. (Aplausos).

Señorías -ahora me refiero tanto a los diputados del PSOE como a los pocos que quedan del Grupo Popular-, creo que no se debería decir una cosa cuando estás en la oposición y hacer otra cuando estás en el Gobierno y más cuando hablamos de pensiones. Precisamente de eso va el Pacto de Toledo, de intentar llegar a consensos, teniendo en cuenta que muchas veces cuando entramos en la Comisión del Pacto de Toledo tenemos que dejar fuera los colores políticos en pos de los intereses generales, que son los intereses de nuestros pensionistas, y no solo de los pensionistas actuales, sino también de los pensionistas futuros. (Aplausos).

Ustedes, señorías del Partido Popular, se hartaron de criticar las reformas del Partido Socialista en el año 2011, porque suponían un recorte de las pensiones. Es verdad que supusieron un recorte de las pensiones; congelaron las pensiones de jubilación y, aparte, llevaron a cabo la reforma del año 2011 por la que se elevó la edad de la jubilación. Ustedes, señorías del Partido Socialista, que ahora vienen de salvadores de la patria, hacen lo mismo con la reforma del Partido Popular del año 2013. Sin entrar en la forma, porque es verdad que el Partido Popular hizo esa reforma de espaldas al Pacto de Toledo teniendo en cuenta que en ese momento tenían mayoría absoluta, ambas reformas iban en la misma dirección. Lo hemos dicho siempre que hemos subido a esta tribuna, pero no solo lo decimos nosotros. Si cogemos el informe de la Comisión Europea sobre el semestre europeo que se publicó la semana pasada, hace referencia precisamente en un capítulo a las reformas de los años 2011 y 2013. Dice textualmente: Como resultado de las mismas, la sostenibilidad del sistema de pensiones en su actual forma está prácticamente garantizada gracias a su diseño, siempre que se permita que sus diferentes mecanismos funcionen como están previstos. Dice también: Pero, como consecuencia, se producirá una reducción de las cuantías de las mismas con un fuerte impacto en el nivel de vida de la población española. Por lo tanto, señorías, ¿a quién pretenden engañar? Dejen de mentir a los pensionistas. Ustedes sabían que sus reformas iban a recortar las pensiones de los pensionistas.

Los pensionistas se merecen que les empecemos a tratar con respeto. Los pensionistas han sido auténticos héroes en esta crisis que hemos pasado y, como digo, en muchos casos han sido los pilares de las familias en los peores años de la crisis. Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de devolver ese esfuerzo a los pensionistas, pero no con mentiras ni con medidas populistas. Aquí me dirijo a la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea. No sé si sabe que precisamente uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema de Seguridad Social es la falta de natalidad. Ciudadanos ha conseguido duplicar los permisos por paternidad en el año 2017. Ciudadanos ha conseguido que las autónomas lo tengan más fácil para ser madres con una ley que aprobamos en el año 2017. Les digo lo que pueden hacer: apoyar los presupuestos del año 2018, porque así tendremos una semana más de permiso por paternidad y, además, podremos hacer que los pensionistas que peor lo están pasando tengan entre 30 y 60 euros más en sus bolsillos por desgravaciones en el IRPF. Eso es lo que pueden hacer. (Aplausos).

En Ciudadanos creemos que los pensionistas tienen que mantener su poder adquisitivo, pero no solo los pensionistas de ahora, sino los pensionistas de futuras generaciones como la nuestra o la de nuestros hijos. Por lo tanto, no valen medidas de pan para hoy y hambre para mañana. El debate no tiene que ser si subimos las pensiones 2 euros o las subimos 6 euros. El debate debe ser si nos podemos permitir como sociedad que nuestros pensionistas en veinte o treinta años pierdan un 30 % de poder adquisitivo, pero eso no lo vamos a solucionar debatiendo unas PNL aquí. Para eso necesitamos que todos tomemos


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decisiones en el marco del Pacto de Toledo para que haya un equilibrio en el sistema. En todo ello estamos trabajando en Ciudadanos, tanto en la Comisión del Pacto de Toledo como aportando soluciones fuera de ella. Algunas ya las he dicho hoy aquí, se debatirán mañana y, por lo tanto, no me voy a extender más en ellas.

No obstante, antes de bajar de esta tribuna sí quiero hacer una reflexión.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Del Campo, tiene usted que ir concluyendo.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Sí, termino.

Creo que tenemos uno de los mejores sistemas de Seguridad Social -si no el mejor-, pero tenemos un gran reto por delante y me parece que ese gran reto va más allá de la sostenibilidad y la suficiencia del sistema. Ese gran reto es llevar a cabo las reformas necesarias para mantener intacto en el tiempo el pacto intergeneracional implícito que sostiene nuestro sistema como lo conocemos, público y de reparto, que es el sistema que hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Nosotros vamos a estar a la altura y espero que todos los grupos de esta Cámara también lo estén.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del Campo.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, le pregunto a la señora Perea i Conillas si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora PEREA I CONILLAS: Presidente, estamos haciendo una transaccional. No aceptamos la del Grupo Parlamentario Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Entiendo que la transaccional la harán llegar antes de la votación.

La señora PEREA I CONILLAS: Se la hacemos llegar ahora.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARA REVERTIR EL PROCESO DE DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000080).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Lo primero y ante todo quería dar las gracias a la Red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa que nos han acompañado durante el día de hoy, representantes de Cuenca, Soria y Teruel, por el estupendo trabajo que están haciendo. En la interpelación a la ministra que debatimos en el pleno anterior intenté relatar cómo se vive en esta España de interior abandonada y olvidada, y cómo se sienten sus gentes; aquellas gentes que durante tantos años han visto cómo se les daba la espalda y que están hartos de tantas promesas incumplidas.

Señorías, la despoblación debería de ser una cuestión de Estado, porque no solo afecta a las comarcas que están despobladas, sino que afecta a todo el país, ya que el equilibrio demográfico es un factor clave y fundamental de la sostenibilidad. Pero, además, este problema que tenemos es de tal magnitud que no puede ser afrontado única y aisladamente por una administración. Debe afrontarse con una estrategia y con una visión de conjunto entre todas las administraciones y, por supuesto, con una visión de largo alcance. No podemos estar pensando en el corto plazo, sino que tenemos que pensar en el largo plazo.


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Cada comunidad, cada provincia, cada ayuntamiento, cada comarca no pueden hacer la guerra por su cuenta. Por ello, en esta moción proponemos que se elabore y desarrolle una estrategia nacional contra la despoblación, con la participación de todos los agentes implicados y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la participación de la gente que vive allí, que vive sobre el terreno, que es la que mejor conoce sus necesidades y sus potencialidades.

Proponíamos que esta estrategia nacional contra la despoblación estuviese elaborada en el plazo de seis meses, pero estamos dispuestos, a la vista de las enmiendas, a que se elabore en un plazo menor. Ya se ha hablado, ya se ha debatido, ha habido muchos estudios sobre el tema, ha habido comisiones en el Senado y la Federación Española de Municipios y Provincias también ha presentado diferentes medidas y propuestas. En definitiva, estamos todos de acuerdo en el diagnóstico y estamos casi todos de acuerdo en las diferentes medidas que se podrían tomar para resolver el problema. Por lo tanto, no hay mucha discusión. Lo más importante es que nos pongamos a ello, que se apruebe, porque es urgente tomar medidas. No podemos esperar más.

Voy a dar algunos datos. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, casi la mitad de los municipios de España están en riesgo de desaparición. En 2016 hubo 2488 municipios en España, de los 8125 que hay, en los que no nació ningún niño; es decir, en más del 30 % de los municipios de España en 2016 no nació ningún niño. Pero es que en 1079 municipios de España no vive ningún niño menor de cinco años. Señorías, estas cifras son realmente dramáticas y, por lo tanto, nos interpelan a actuar ya sin demora. Por eso, proponemos como segunda medida en nuestra moción que, sobre la base y como consecuencia de esa estrategia, se redacte una ley de reversión de la despoblación que delimite las zonas más afectadas por este fenómeno y que fije un conjunto de medidas y actuaciones concretas para evitar la despoblación.

Algún partido igual nos dice que ya existe una Ley de desarrollo rural y que lo que haría falta sería poner en marcha esta ley. Pues bien, estamos de acuerdo en que existe esta ley, que se tendría que poner en marcha -cómo no-, pero esta ley habla de cosas diferentes. En esta ley se habla, por ejemplo, de aquellas zonas que tengan una población inferior a 3000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes, pero la realidad entre unas zonas rurales y otras de España es muy diferente. Aquí estamos hablando de zonas como los Montes Universales, que abarcan parte de Cuenca, de Guadalajara y de Teruel, que tienen una densidad de población de 2,8 habitantes por kilómetro cuadrado (muestra una noticia publicada en Heraldo); es decir, rivaliza con Mongolia como el país más despoblado del mundo. Esa es la realidad que debemos afrontar.

Además, esta Ley de desarrollo rural, que tiene buenas intenciones, se centra casi específicamente en el sector agrícola, que por supuesto es importante para las zonas rurales, pero creemos que este no tiene que ser el único motor de crecimiento de estas zonas. Porque, señorías, ¿por qué no se puede montar una startup en un pueblo de Cuenca, en un pueblo de Teruel o en un pueblo de Soria? Hoy, con las nuevas tecnologías, puedes montar un negocio, puedes emprender, puedes crear y desarrollar una aplicación desde cualquier lugar del mundo, pero, ¡claro!, para poder desarrollar esos negocios tienes que tener algo tan básico hoy día como línea de internet, y si en algunos de estos pueblos no tenemos ni cobertura móvil, comprenderán que así es difícil emprender. Aquí vemos cómo hace escasamente una semana (muestra otra noticia publicada en Heraldo) Pancrudo, un pueblo de poco más de 100 habitantes de la provincia de Teruel, tenía que pagar de su bolsillo, del presupuesto del ayuntamiento una antena para tener cobertura, porque en pleno año 2018 no tenían cobertura de telefonía móvil. Esta es la realidad.

La semana pasada el Gobierno anunciaba un plan para ayudar a la compra de viviendas en municipios de menos de 5000 habitantes. Esta, que en principio podría ser una buena medida, no servirá de nada si no garantizamos que se presten los servicios en igualdad de condiciones en todos los territorios y en todos los municipios de España, porque, si no, no habrá nadie que quiera ir a vivir a dichos territorios. Nos faltan médicos, nos faltan profesores, nos faltan guardias civiles, pero, eso sí, nos sobran políticos. Señorías, cualquier vecino de cualquier pueblo de Soria tiene los mismos derechos que cualquier vecino de Madrid, y hoy, por desgracia, esto no se cumple. Eso es lo que pedimos también en nuestra moción, que se garanticen los mismos servicios, independientemente del lugar en el que se resida.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que concluir, señor Gómez.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Voy terminando, presidente.

También pedimos que se garantice el trabajo del Comisionado sobre el Reto Demográfico, que no sabemos por qué a día de hoy no está funcionando. Asimismo, hay una enmienda del Grupo Popular que


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habla de garantizar y de mantener las diputaciones, esas diputaciones que no sabemos si están funcionando, pero que parece que no están ayudando mucho, porque la despoblación sigue creciendo. También habla de la Ley electoral, que tampoco sabemos qué sentido tiene aquí cuando nosotros, desde Ciudadanos, no hemos dicho que estas provincias pierdan diputados.

Señorías, dejemos ya las guerras políticas, las luchas partidistas y pongámonos de acuerdo en un tema tan importante como es el de la despoblación. Los ciudadanos de esa España vacía...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Concluya, señor Gómez. Su tiempo ha terminado.

El señor GÓMEZ GARCÍA: ..., tantas veces olvidada, se merecen toda nuestra atención y nuestra preocupación. Pongámonos de acuerdo y luchemos todos juntos contra la despoblación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este punto también fijará posición, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El despoblamiento afecta a la mitad de España, especialmente a Asturias, y exige que miremos a Europa y aprendamos de los países que nos llevan la delantera, que son el espejo en el que deberíamos mirarnos para solucionarlo. La moción permite debatir, como decía el señor Gómez, sobre una ineludible cuestión de Estado, pero no ha tenido en cuenta algunos trabajos que ya han sido realizados, como son las medidas propuestas por la FEMP, que apenas ha mencionado, o el pormenorizado estudio que está realizando el Senado, así como las iniciativas políticas ya planteadas pero que carecen de financiación. Tampoco se ha hecho referencia a las recomendaciones políticas formuladas por el Comité Europeo de las Regiones y su relevante propuesta para que la Unión Europea afronte el reto demográfico.

Señorías, cada vez con más frecuencia se supera en España la serie semestral estadística histórica del saldo vegetativo, con muchas más defunciones que nacimientos y el consiguiente desplome de la tasa de natalidad, así como la descomposición de nuestra pirámide poblacional. Esto tiene efectos demoledores sobre las zonas que ya vienen arrastrando una crisis demográfica, como es el caso singular de las regiones cantábricas y sus núcleos rurales de montaña. Existen modelos en Europa para corregir esta grave situación demográfica. El éxito de las ayudas directas a la natalidad y las que favorecen los horarios y la flexibilidad del empleo, como las que se desarrollan en Alemania o Finlandia, está contrastado. El Gobierno debe impulsar, junto con las comunidades autónomas afectadas por el envejecimiento de la población y el despoblamiento de su zona rural, planes de fomento de la natalidad para corregir el cada vez más negativo saldo vegetativo de la población. También cabe instar al Gobierno a incorporar criterios demográficos en el próximo sistema de financiación autonómica, al objeto de frenar la despoblación y los desafíos que esto representa en forma de políticas de empleo, juventud, familia, conectividad tecnológica, vivienda y sostenibilidad. Y finalmente, una tercera llamada de atención al Gobierno para que defienda ante la Unión Europea la dotación de los fondos de cohesión y los fondos de la política agrícola común, claves para el desarrollo equilibrado de las zonas con dificultades de despoblación; por cierto, ambos fondos severamente amenazados por las secuelas del brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y de los recortes presupuestarios europeos, tal y como advirtió muy recientemente en esta misma casa el comisario Oettinger.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Postius Terrado.

El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.

En relación con la propuesta que nos presenta el Grupo Ciudadanos, relativa a las políticas para revertir el proceso de despoblación en el ámbito rural, resulta evidente, como se ha dicho, que no se trata de una cuestión nueva, y de hecho este tema se ha tratado también en muchísimas ocasiones en este Pleno y también en el marco de las distintas comisiones de Agricultura, tanto del Congreso como del Senado. Cuando se repasan los distintos diarios de sesiones, todos los grupos llegamos a la misma conclusión: abordar la situación de la despoblación en el ámbito rural debe ser una prioridad para cualquier Gobierno, pero también que las medidas a tomar sean sostenidas en el tiempo, no tan solo desde el punto


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de vista legal, sino también desde el punto de vista presupuestario. Y precisamente aquí radica el problema de fondo: los recursos del Estado han sido claramente insuficientes desde el año 2007, cuando se aprobó la Ley de desarrollo rural.

La propuesta que se plantea pone de relieve una problemática, pero no aborda una cuestión importante, y es que los recursos necesarios de los que se debe disponer son muchísimos más de los que se han puesto encima de la mesa en los últimos presupuestos, y creo que el Grupo Ciudadanos también tiene responsabilidad en esta cuestión. El Partit Demòcrata hemos presentado una enmienda que plantea precisamente que los recursos se deben incrementar, pero también presentamos una enmienda para dejar muy claro que las competencias exclusivas en este ámbito son competencias autonómicas y que, por lo tanto, se deben respetar.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchísimas gracias, señor Postius.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela. (Rumores). Les ruego silencio, señorías.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente. Boas tardes, señores diputados y señoras diputadas.

Debatimos esta moción sobre despoblación pero por ponerle el nombre real, por llamar a las cosas por su nombre deberíamos de llamarlo abandono. Abandono ha sido lo que han hecho los poderes públicos en el conjunto del Estado respecto del mundo rural. Son las diferentes administraciones públicas, Gobiernos del Partido Popular pero también del Partido Socialista, las que han dejado tirada a la gente del mundo rural y las que han convertido en muchos casos en desiertos diferentes partes del territorio del Estado. No solo es desidia o dejación por parte del Estado en sus funciones, es que durante muchos años precisamente los poderes públicos han incentivado la expulsión de las zonas rurales. Cada vez que se cierra una escuela unitaria, cada vez que desaparece una explotación agraria o forestal, cada vez que se traslada una farmacia o cada vez que se cierra una parada de tren las administraciones se convierten en agentes activos de la despoblación.

No deja de sorprendernos, señorías de Ciudadanos, que esta moción la presente precisamente una fuerza política que está continuamente reclamando que el Estado se retire, que lo público desaparezca. No se compadecen sus propuestas centralizadoras, hiperliberalizadoras y de reducción del gasto público con lo que necesitamos para revitalizar el mundo rural. Y nos preguntamos, señores de Ciudadanos, si esto será simplemente un gesto para entrar en el electorado rural del Partido Popular. Ustedes, a nuestro juicio, son cómplices necesarios de la política que ha estado expulsando a nuestra gente de su tierra y lo vemos con ejemplos prácticos cada día. ¿Creen que votando, como han hecho hoy en la Mesa del Congreso, contra la proposición de ley de revalorización de las pensiones y supresión del factor de sostenibilidad no golpean también a nuestro mundo rural y no fomentan también la despoblación? O incluso votando, como han votado, en contra de la toma en consideración de la proposición de ley para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local, aquellas administraciones que más trabajan precisamente contra la despoblación. Ustedes, con sus hechos, están actuando en muchos casos, a nuestro juicio, contra lo que podrían ser políticas públicas precisamente para atacar la despoblación.

En todo caso, en nuestro grupo entendemos que para actuar contra la despoblación deberíamos intervenir desde muchos ámbitos, pero de entrada desde unos muy concretos: empleos dignos, revitalizar la actividad agroganadera y las explotaciones forestales sostenibles, servicios públicos adecuados, sanidad, escuela y un apoyo claro al conjunto de los servicios del Estado del bienestar en el medio rural. Tenemos ya numerosísimos informes respecto de lo que hay que hacer: el informe de la Comisión especial del Senado en 2015, documento de la FEMP sobre población y despoblación, dictamen del Comité de las Regiones de Europa o resoluciones del Parlamento Europeo que señalan con claridad que son imprescindibles instrumentos de política de cohesión para afrontar el campo demográfico, y señalan precisamente provincias del Estado español como Soria, Cuenca o Teruel. Finalmente, tenemos un informe del Consejo Económico y Social, que ha publicado este año 2018, con el título Informe sobre el Medio Rural y su Vertebración Social y Territorial, que muestra un panorama absolutamente demoledor en todos y cada uno de los aspectos analizados, y nadie, absolutamente nadie del Gobierno, ni la señora Tejerina ni por supuesto la comisionada para el Reto Demográfico han hecho absolutamente nada al respecto. El informe, por cierto, recalca es que se aplique la Ley 47/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y, ¡casualidades!, reproduce íntegramente la moción presentada por nuestro grupo en


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esta Cámara hace un año y aprobada, y que todavía estamos esperando que aplique el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos).

Y respecto a la comisionada del Reto Demográfico, lo único concreto que la comisionada debía hacer este año es elaborar y desarrollar la estrategia para el reto demográfico. Ya ha pasado más de un año desde su nombramiento y la estrategia sigue sin llegar. ¿Y qué ha hecho la comisionada? Absolutamente nada. Básicamente, la actividad de la comisionada en este año han sido tres reuniones del comité que debe elaborar la estrategia. Ante esta situación, y a este respecto, lo decimos claro: si no llega la estrategia, le pedimos inmediatamente la dimisión a la comisionada para el Reto Demográfico. No ha hecho absolutamente nada, señorías del PP y señorías del Gobierno.

Acabo ya. Hemos presentado tres enmiendas que nos parece que dotan de contenido una moción que sin estas enmiendas la verdad es que se queda completamente vacía. En primer lugar, nos parece imprescindible, como hemos dicho ya, acortar los tiempos para que se presente la estrategia para el reto demográfico. En segundo lugar, reclamamos la modificación y adaptación de la Ley 47/07, de desarrollo rural, en todas las instituciones, como piden todos los actores del ámbito. Y finalmente, pedimos que se incluyan recursos, una memoria económica adjunta a la estrategia, de manera que los compromisos sean claros y concretos. Para mitigar la despoblación necesitamos políticas públicas y voluntad política, no brindis al sol, señorías de Ciudadanos y del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez-Reino.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos comenzar sin manifestar nuestra sorpresa porque la interpelación que ha dado lugar a esta moción de Ciudadanos se hizo a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en un asunto, como es la despoblación, que afecta a territorios, a municipios y, por supuesto, a personas y fundamentalmente por un motivo, porque existe desde hace ya catorce meses un Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, dependiente orgánicamente del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Un comisionado que se ha encargado, parece ser, de elaborar y desarrollar una estrategia nacional frente al reto demográfico y de impulsar tareas que puedan contribuir a dar respuesta a la problemática del envejecimiento de la población, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante. Un comisionado que, por otro lado, nadie sabe lo que hace y a qué se dedica. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó en diciembre del año pasado la comparecencia de Edelmira Barreira, comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, para que informase sobre su trabajo y sobre la estrategia cuya elaboración le ha sido encomendada y de la que no ha rendido cuentas. No sabemos qué se ha hecho en estos catorce meses. Por lo tanto, si hay una ministra a la que hay que interpelar ante el problema de despoblación es a la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que hace tiempo debería haber dado las explicaciones.

Señorías, para los socialistas el cambio demográfico es uno de los grandes retos a los que se enfrenta este país, puesto que afecta al equilibrio de nuestro sistema de bienestar. Por eso, es fundamental no escatimar medios económicos ni recursos en un proyecto de Estado de lucha contra la despoblación, y este reto tiene que ser liderado por el Gobierno de España en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es una realidad que, mientras la población se concentra en áreas muy localizadas del centro y las costas, la España interior se vacía, sometiéndose a graves riesgos demográficos. Es una realidad también que, mientras la población se acumula en las áreas urbanas y sus alfoces, la mayor parte de los municipios de menor tamaño se mantienen en densidades de desertificación. En España el 60 % de los municipios, cerca de 5000, tienen menos de 1000 habitantes, donde viven poco más de 1 500 000 personas y 996 de estos municipios tienen menos de 100 habitantes. Es evidente que el descenso de habitantes de un territorio significa la pérdida de su futuro. Aquellos que se marchan suelen ser siempre los más jóvenes y los mejor formados, quedándose en estos territorios las personas más mayores. Y no solamente es una cuestión de futuro, el cambio demográfico pone en cuestión la calidad de vida y las oportunidades de las personas. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico, muy claro. Un niño que nace en un núcleo urbano puede acabar teniendo muchas más oportunidades educativas que las que tiene alguien que nace en el mundo rural, vulnerando de este modo los derechos que están


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protegidos por la Constitución. También es una realidad que no todo el mundo acaba teniendo el derecho a vivir donde desea, porque muchas personas se ven obligadas a emigrar.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado varias enmiendas a la moción de Ciudadanos para mejorarla sustancialmente. Nuestras propuestas pretenden que el Gobierno de España pase a la acción de una vez por todas y se dedique ya a impulsar medidas políticas para combatir la despoblación como un reto de Estado (aplausos) y para que se impulsen propuestas, las que reclaman el Senado, la Federación Española de Municipios y Provincias y las asociaciones de desarrollo rural. Señorías, el Gobierno debe invertir ya los recursos presupuestarios que se necesitan para impulsar la ley de desarrollo sostenible del medio rural, una ley imprescindible para combatir la despoblación que el Gobierno ha guardado en el cajón durante más de seis años. No queremos que se pierda más tiempo, pónganlo en marcha y pongan recursos presupuestarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sumelzo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Blasco Marqués.

El señor BLASCO MARQUÉS: Buenas tardes, diputadas y diputados, señor presidente.

Estamos ante una moción que deriva de una interpelación de vital importancia para una gran parte de España y me hubiera gustado que el grupo proponente hubiera propuesto alguna medida concreta más allá de decir que hay que revertir la despoblación por ley, como si fuera un asunto tan sencillo. A ver, señor Gómez, como portavoz -no es nada personal- de Ciudadanos. Corría el año 1886 cuando el británico Stevenson escribió El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Sin duda fue un visionario; alcanzó a ver, hace más de cien años, el mal que hoy acecha a Ciudadanos. El libro es mundialmente conocido por ser una representación de un trastorno que hace que una persona tenga dos o más identidades o personalidades con caracteres opuestos. Quitemos lo del trastorno -que estamos en política- y cambiémoslo por un irrefrenable furor de agradar o engañar a la población, a todo el mundo, y estamos ante un partido, el suyo, Ciudadanos. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, pero -créanme, que llevo muchos años en esto- no podrán engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. No podrán. No pueden subir aquí e intentar ser el partido que defiende a la España despoblada o al medio rural cuando todas las propuestas que se les conocen -concretas; no divagaciones, concretas- hasta la fecha son su programa electoral. Y si atendemos a su programa electoral tenemos una serie de medidas que van a favor del medio rural... ¡todas! La primera, la famosa de suprimir los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, que luego niegan, pero que en su día defendieron con contundencia. (Aplausos). La segunda, suprimir las diputaciones provinciales, que son, en las provincias despobladas, las que mantienen el medio rural y las que apoyan a los ayuntamientos que ustedes querían suprimir. (Aplausos). La tercera, suprimir el Senado, que es la Cámara de representación territorial que también nosotros queremos modificar para mejorar. Allí las provincias, las pobladas y las despobladas, tienen la misma representación: cuatro senadores por provincia. Ustedes proponen cambiarla por un consejo de presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas que, curiosamente, a la hora de las votaciones tendrán un voto ponderado en función de la población; luego, la región de la que usted y yo somos, Aragón, tendría un voto ponderado de un 3,5 % en el Senado que ustedes proponen. Y la última de las propuestas concretas que ha salido en la prensa es la intención que tienen, sumando sus intereses electorales y los de Podemos, de modificar la Ley electoral en perjuicio de las provincias despobladas, aunque luego lo niegan. (Aplausos). Por eso le decía yo lo del doctor Jekyll y mister Hyde, porque hacen una cosa y luego suben aquí a proponer la contraria.

Usted, señor Gómez, como portavoz de Ciudadanos, el otro día se manifestaba aquí como representante de la Laponia del sur. La Laponia del sur, para los que no lo sepan, abarca la provincia de Teruel, la de Cuenca y la de Soria. Pues usted, viendo que era la Laponia del sur, dijo: Como por Teruel no salgo, me presento por Zaragoza y entonces ya salgo. Además, me ha salido pronunciar Zaragoza como los de Zaragoza. Señor Gómez, traigan propuestas concretas como ha hecho el Partido Popular. Les hemos propuesto incluso -se lo propuso la ministra el otro día- adelantar los seis meses que usted proponía a tres, porque la comisionada, y también la ministra el otro día, le dijo que la estrategia para luchar contra el reto demográfico y especialmente contra la despoblación estaba ya a punto de ser presentada. El Gobierno ha ido haciendo anuncios que se verán luego reflejados en la estrategia de despoblación. El presidente del Gobierno ya ha anunciado que llegará la banda ancha a todos los municipios en tres años poniendo el dinero que haga falta. El ministro de Fomento, en el Consejo de


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Ministros, propuso ayudas a los municipios de menos de 5000 habitantes para que la gente pueda comprar viviendas y el propio Gobierno de Aragón dice que no le interesa la compra de viviendas en el medio rural, que ellos apuestan por el alquiler.

Solo me queda el tiempo suficiente para decirles que, si quieren hacer alguna propuesta concreta, como las enmiendas que les ha presentado el Grupo Popular, estamos abiertos a negociar, pero si todas las propuestas son las de su programa electoral tenemos que decir alto y claro que ustedes van en contra de esa España despoblada que aquí hoy han dicho que quieren defender pero que no es cierto. Le he demostrado con argumentos que no presentan ninguna propuesta concreta. En la presentación de la estrategia nos veremos y estaremos encantados de recibir alguna propuesta de Ciudadanos que vaya a favor de la España despoblada. No es intención del Grupo Popular enfrentar a la España urbana con la España despoblada. Ambas se necesitan, ambas son la misma España que todos deberíamos defender en esta Cámara, y desde el Partido Popular les invitamos a todos los grupos a trabajar una vez se presente esta estrategia para mejorarla si en algo se puede mejorar. Señor Gómez, no dé lecciones desde el partido de Ciudadanos al Partido Popular, que es el partido más rural, el más extendido en toda la geografía española y el que mejor defiende a esta España, como demuestran en los últimos años los resultados electorales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Blasco.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Cuando Ciudadanos interpeló a la ministra y en consecuencia presentó la moción que hoy trae a debate, consideramos que los argumentos que esgrimía y sobre todo la situación que describía, mostrando su preocupación por la situación de despoblación que el Estado español padecía, eran dignos de tenerse en cuenta sin duda alguna. Pero se plantean cuatro problemáticas diferentes, porque, aunque tengan lazos de unión, no son el mismo problema. Por una parte, está el descenso de la natalidad, un problema global; por otro lado, el problema de la despoblación de las zonas rurales, que aunque tenga una relación no es directamente una consecuencia; un tercer problema es la ausencia de servicios y la problemática del sector agrario en las zonas rurales, y un cuarto problema, es qué hace el comisionado del Gobierno ante el reto de la despoblación. Por tanto, plantean en una misma moción cuatro problemas.

Decía que la situación planteada por ustedes requiere atención, sin duda alguna, y consideración, pero asimismo nos resulta como mínimo paradójico que lo presente su grupo, el Grupo Ciudadanos, porque para aquello que ustedes denuncian con razón, el abandono y la situación de las zonas rurales, su partido ha ofrecido la peor solución posible, que es el ninguneo político. Sin que sirva de precedente, coincido plenamente con el argumentario que ha esgrimido el representante del Partido Popular. Cuando se instauró la democracia, la Constitución y el sistema electoral que aprobó esta Cámara tenían un objetivo, además de los principios de representatividad y demás, que era el de dar voz en igualdad de condiciones a aquellos territorios que, si nos hubiéramos basado solo en el índice poblacional, nunca hubieran tenido representatividad, dotando de voz en una Cámara a aquella España olvidada a la que usted apela. Usted sabe que un sistema proporcional puro y duro habría dejado fuera del juego parlamentario a la España rural, haciendo que la brecha entre lo urbano y lo vacío fuera mayor. Como usted sabe, la representación política es la que da a la ciudadanía su capacidad para ejercer la encomienda. Si se le quita eso, ¿qué le queda? Pues ustedes quieren cambiar el sistema electoral actual... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: ... por otro que prima lo urbano, lo poblacional y olvida el espacio que, además de tener la desgracia de estar vacío, carecerá de representatividad. Cuando las situaciones no son iguales, cuando hay desigualdad, se aplican políticas de discriminación positiva. Por eso la Ley electoral actual, esa que ustedes quieren cambiar, discrimina positivamente a quien no está en situación de igualdad, y me extraña que usted, a quien creo cuando relata las penurias que se viven en lugares despoblados, olvidados y con ausencia de servicios, esté dispuesto a apoyar una ley electoral que incidirá precisamente en lo contrario, como cuando su líder, Albert Rivera, propuso a bombo y platillo, siguiendo la estela de la señora magenta -políticamente desaparecida aunque ustedes han heredado muy bien sus


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fobias y aspavientos e incluso algún diputado-, reducir drásticamente el número de municipios y también la desaparición de las diputaciones. Ustedes creen que esta es una buena medida para combatir la despoblación y la ausencia de servicios. ¿Qué le queda a un núcleo rural si además se le quita su ayuntamiento? La política, las relaciones municipales, la cercanía del ciudadano, etcétera, las tiene con su consistorio y la dignidad de un ayuntamiento es la misma en el de Madrid que en el de un pueblo de setenta habitantes.

Ustedes tienen una visión puramente metropolitana -se nota que no han dirigido muchos ayuntamientos- y una concepción bastante elitista del municipalismo. Señores de Ciudadanos, cuando presentan problemas reales, como lo son los que han presentado, no sean ustedes los que se peguen un tiro en el pie planteando soluciones que perjudican aún más aquello que intentan combatir y tampoco recurran siempre a papá o mamá Estado cuando las competencias en desarrollo rural, por ejemplo, son de las comunidades autónomas y no les gusta ese concepto de aplicar en seguida estrategias nacionales como si todas las soluciones para todo sirvieran de la misma manera, porque no es así.

En cualquier caso, hay que incidir en las poblaciones rurales, hay que incidir en crear actividad productiva, porque todo lo demás va a ser en balde. Poniendo una red de alta velocidad no se genera automáticamente empleo ni actividad empresarial. Esos son elementos que hacen falta cuando de verdad se invierte productivamente para que las zonas rurales, estén donde estén, tengan actividad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor vicepresidente.

Señorías, evidentemente todos los que estamos en este hemiciclo somos conscientes del impacto de la despoblación en el medio rural y de la necesidad de abordar realmente el problema desde su complejidad. Ya hemos hablado de que es una cuestión que tiene una complejidad enorme y que abarca todos los ámbitos. De hecho, tampoco es algo nuevo, sino que viene repitiéndose desde hace décadas sin que hoy por hoy se haya dado ninguna respuesta política efectiva. Se ha de recordar también que no se ha afrontado el problema de cara y hoy la situación es mucho peor que la de hace unos años, con problemas probablemente insalvables, como el envejecimiento de la población y el éxodo rural de los jóvenes, que no ven una salida de futuro. Nos enfrentamos a una gravedad mucho más impactante que hace unos años.

Consideramos que lo más grave es que tratamos siempre de dar una respuesta a un problema que, además, parte de una percepción del mundo rural cargada de los mismos estereotipos y prejuicios de hace décadas; una concepción heredada de la Ilustración y del desarrollismo que se presenta en dos realidades opuestas: una sociedad urbana desarrollada, moderna y civilizada versus una sociedad rural atrasada, tradicional y primaria; una percepción que hoy todavía continúa viva desde planteamientos como centro-periferia. Fíjense hasta dónde llega esta visión limitada que en oposición a su imaginaria Tabarnia metropolitana se dedican a menospreciar a la otra Cataluña rural llamándola Tractoría. Fíjense lo profundo que es ese modelo. Con esa percepción de la realidad, es muy difícil hacer una valoración objetiva y adecuada de cuáles han de ser las soluciones para atajar la despoblación en el medio rural.

Desde Esquerra creemos y siempre hemos defendido que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a percibir los mismos servicios sea cual sea su ubicación territorial. Esta es la base. No es una cuestión de simple estética discursiva, como demasiadas veces vemos en este hemiciclo, sino un principio básico de justicia y cohesión social. Esta sería la base sobre la cual se tendría que gestionar este problema. Apostar realmente por el equilibrio territorial es apostar por la supresión de las desigualdades territoriales. En ese sentido, apostar por un modelo sostenible y de autogestión permite garantizar no solo la pervivencia del medio rural sino incluso ofrecer oportunidades a aquellos ciudadanos que quieren vivir en esos territorios. Cuando proponen ustedes una estrategia nacional, una gran propuesta, un gran pacto nacional, no sé si tienen en cuenta que no hay que olvidar que hay diferentes niveles de las administraciones local y autonómica que vienen aplicando desde hace años, en el marco de sus competencias, políticas de planificación territorial y planes de desarrollo rural con el objetivo, precisamente, de luchar contra la despoblación del medio rural. Quizá lo importante sería saber qué trabajos se están haciendo en diferentes comunidades autónomas y a nivel local, a nivel municipal o supramunicipal. En el caso de Cataluña, en concreto, la figura principal de planificación es el Pla Territorial General de Catalunya que, en aplicación de la Ley 23/1983, hoy es el marco de referencia para el resto de planes territoriales, parciales, sectoriales


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y directores territoriales. Por lo tanto, creo que falta todavía un trabajo de diálogo y de conexión con la labor que se ha estado haciendo. Los ámbitos de actuación de esos planes cubren un amplio margen, desde el ambiental, al desarrollo rural, urbanismo y comunicaciones. Realmente se ha hecho un trabajo desde hace muchos años y lo que haría falta es intentar establecer un diálogo directo.

Otro elemento importante -y se ha recalcado aquí en algún punto- es que el propio territorio se empodere de su soberanía y que su participación en el diagnóstico de qué está pasando realmente en el territorio no se limite solo a eso sino que incluso participe en la toma de decisiones. Este quizá es uno de los puntos más importantes, la toma de decisiones del propio territorio, hablar de qué acciones puntuales se hacen. De hecho, el fracaso de las políticas de reversión de despoblación en el medio rural no sería fruto solo de una mala gestión, como podemos pensar, sino más bien de la aplicación de un modelo intencionado de gestión que en ningún caso ha mirado por los intereses de la población local. En los últimos años hemos estado asistiendo a un cambio de paradigma que ha favorecido los intereses de los grandes patrimonios y las grandes corporaciones en detrimento del modelo propuesto en 2007 de desarrollo sostenible en el medio rural. Hablamos, por ejemplo, de por qué en la distribución de la PAC se sigue beneficiando a grandes propietarios y no al agricultor activo o como, por ejemplo, la valoración excesiva del valor catastral en las construcciones rústicas se hace sobre la base de la ponencia urbana y no de una rústica. Son muchos los ejemplos que nos dicen que no hay una voluntad real. Su modelo, de hecho, es extender su óptica neoliberal en pro de la privatización y la mercantilización del medio rural, aplicando una estrategia de desregularización que se ha ido viendo en este hemiciclo y que favorece los intereses de los grandes patrimonios y las grandes corporaciones pero que en ningún caso favorece o escucha los intereses de las comunidades rurales.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Gómez García si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Señor presidente, estamos trabajando en una transaccional. Si llegamos a un acuerdo, se la pasaremos a la Mesa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO POR ESPAÑA DEL DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE 20 DE JUNIO DE 2017 SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 173/000081).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Hablábamos hace un rato de una de las generaciones de derechos humanos. Hace un ratito hablábamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ahora vamos a hablar de otro pacto, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en concreto, de una condena al Reino de España por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En 1948, los pueblos del mundo, después de la masacre quizás más grande de la historia de la humanidad, reflexionamos y llegamos a la conclusión de que para que pudiera haber un Estado democrático, para que las personas pudieran vivir con dignidad no era necesario única y exclusivamente que pudieran disfrutar de los derechos civiles y políticos, sino que era fundamental y era parte constituyente y elemento central que también pudieran disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales, y que no haberlo hecho, entre otras cosas, había conducido a la tragedia que supuso la Segunda Guerra Mundial y la emergencia del fascismo.


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Desgraciadamente, en nuestro país y en nuestras aulas no se estudian estas cosas. En nuestras aulas a la gente joven no se le enseña la Declaración Universal de Derechos Humanos. En nuestras universidades no se estudian prácticamente como asignatura troncal los derechos humanos. Nuestros jueces y nuestras juezas apenas tienen un solo tema dentro de su oposición en materia de derechos humanos. Esto tiene consecuencias; las consecuencias son que nuestro país no tiene cultura de los derechos humanos. Actores fundamentales de nuestra vida política y social -y lo pudimos ver la semana pasada- no entienden la importancia de estas cosas. Por eso el ministro de Fomento la semana pasada no entendía que los derechos sociales también son derechos humanos y, además, algo que dice nuestra Constitución en su artículo 96, que cuando nuestro país ratifica un tratado internacional este entra a formar parte de la legislación interna, que es ley que tenemos que cumplir. Firmamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo ratificamos y también ratificamos el protocolo facultativo, que hace que el Comité DESC tenga la capacidad de analizar los casos, entre otros, que en sede judicial se sustancien en torno a derechos sociales, también al derecho a la vivienda. Muy poquito tiempo pasó para que empezaran a llegar los dictámenes condenando a España por esta materia.

Invito a sus señorías a que lean las respuestas emitidas desde el departamento del Ministerio de Justicia encargado de esta materia. Hace bien poco le vimos en sede parlamentaria insultar a un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque dictó una resolución que no le gustó y porque había sido propuesto por quien no le gustaba. Es lógico que les cueste asumir las resoluciones, en este caso del Comité DESC de Naciones Unidas. Les invito a que lean las respuestas que ha dado el Gobierno de España. Las respuestas son: manzanas traigo. No se habla de la materia, no se habla de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, no se responde al requerimiento de por qué fueron privatizadas viviendas sociales en alquiler cuando existía una demanda superior a la oferta pública, no se dice tampoco si va a haber o no iniciativas legislativas para cambiar la legislación española y cumplir con las obligaciones del pacto, que es un mandato de la resolución, que es un mandato del dictamen. El dictamen dice que hay que modificar la legislación. Desgraciadamente, cuando hemos visto las enmiendas del PP, del PSOE, de Ciudadanos y del PDeCAT, hemos podido apreciar que nuevamente en este asunto hay acuerdo. Hay acuerdo en que no se modifiquen ni la LEC ni la LAU, porque ¿para qué? Decimos que cumplimos las resoluciones, pero no entramos en materia, no cambiamos ninguna ley. Pues es que si no se cambian las leyes, lo que dice el dictamen... Pido a quienes integran los grupos y a las personas que ejercen de portavoces que se lo lean, porque hay un requerimiento explícito. Se está hablando de que no hay derecho a la defensa en estos procedimientos.

He de decirles que el 8 de marzo ocurrieron grandes cosas en nuestro país. El 8 de marzo el movimiento feminista dio una lección al conjunto de la sociedad española. Empezó a plantear que es necesario girar el eje de las políticas públicas, que deje de ser el beneficio privado y comience a ser la vida de las personas. Y ese mismo día ocurrió otra cosa, no en España, sino en otro sitio, pero referida a España. Se trata de una cautelar del 8 de marzo del Comité DESC, de Naciones Unidas, de nuevo, que paraliza un desalojo forzoso sin alternativa habitacional. Tengo una mala noticia para los señores de Ciudadanos. Se estaba utilizando un piso en precario, propiedad del BBVA, y el Comité DESC dijo que había que paralizar ese desalojo. Sé que a ustedes les preocupan los intereses de las grandes entidades financieras y por eso en las modificaciones que proponen en la Ley de Seguridad Ciudadana plantean de nuevo la patada en la puerta, plantean que no haya control judicial en la entrada a los domicilios y, además, ponen en riesgo a las personas que están dentro de los domicilios y a los funcionarios que realizan esas actividades, generando una inseguridad jurídica inaceptable. Pido a los grupos que no me hagan caso y que simplemente lean el dictamen, que es bastante claro. Tenemos que ser conscientes de que aquí se están produciendo violaciones sistemáticas de derechos humanos en materia de vivienda y que se está haciendo para proteger a los especuladores y a los fondos buitre que están aterrizando en nuestro país para llevarse nuestra riqueza a los paraísos fiscales con la complicidad del Gobierno del PP.

He de decirlo, aunque creo que es más que evidente. Antes he manifestado que este Gobierno tiene dos grandes fracciones, los fraguistas y los sorayistas, pero se me olvidaba que también tiene un acuerdo con el Ibex, y es que el Ministerio de Economía es suyo y al señor De Guindos, al señor de Lehman Brothers, le sustituye otro que viene del BBVA. ¿Por qué le llaman técnico cuando deberían decir banquero? ¿Por qué no reconocen que han venido aquí a defender los intereses del capital financiero, los intereses de los especuladores en contra de la mayoría social? Pido a la mayoría de esta Cámara que asumamos que hay que cumplir los dictámenes, que nuestro país no puede seguir fuera de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. Eso significa señalar con el dedo a los buitres y a los especuladores


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(Aplausos), porque nuevamente los partidos del régimen se vuelven a poner de acuerdo en una cosa, en que no señalemos el principal problema de la vivienda en nuestro país, que tiene un nombre, una sola palabra: acaparamiento. Somos el país de Europa con más viviendas vacías y recuerdo a sus señorías el artículo 128 de la Constitución española. Toda la riqueza de este país está sometida al interés general, así que ¡a cumplir la ley!

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mayoral.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, en primer lugar, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno fijará también posición, la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Me hubiese encantado sentir tanta vehemencia en la defensa de los derechos humanos por parte de su grupo ante lo que pasó el 1 de octubre y para que se inste al respeto del resultado de las elecciones del 21 de diciembre. En Cataluña sabemos qué es la vulneración de derechos humanos, porque se están produciendo vulneraciones sistemáticas de estos derechos en la ciudadanía de Cataluña. Por tanto, quiero apuntar esta nota aquí.

La segunda cuestión que quería comentar es que creo que no se han leído las enmiendas que ha presentado mi grupo. Usted ha dicho que no apuntábamos reformas legislativas y por supuesto que las apuntamos. Hay una reforma de la LAU en el sentido de incrementar el plazo de duración de los contratos y de actualizar la renta según el IPC para intentar evitar la especulación, y usted no ha dicho nada al respecto; al contrario, ha dicho que no habíamos propuesto medidas legales alternativas. Sí que lo hemos hecho y espero una respuesta por parte de su grupo para ver si acepta alguna de ellas. Lo que le hemos presentado, sin contradecir el contenido y el espíritu de su proposición, indica que estamos de acuerdo en que no se pueden dejar desatendidas a las familias en situación de vulnerabilidad. Estamos muy de acuerdo con eso, pero estamos igualmente de acuerdo en que la asistencia social en caso de necesidad de vivienda no puede hacerla la persona particular, la persona física que tiene un piso alquilado y que no percibe las rentas del alquiler, que es, por ejemplo, el supuesto que ustedes contemplan en su moción.

Estamos de acuerdo en que la vivienda tiene una función social y hay que instar básicamente a la Administración a que la haga. A veces no la puede hacer porque hay escasez de vivienda, porque muchas viviendas están entregadas a fondos buitre, a entidades financieras o al Fondo Social de Viviendas. Además, no sabemos dónde está la vivienda a disposición, porque resulta que los grandes tenedores o los bancos no inscriben las viviendas a su nombre. Por ejemplo, hoy en Cataluña, que es donde más necesidad hay, no se puede saber cuánta vivienda de titularidad de la Sareb hay en un municipio para poderla poner a disposición de las personas que la necesitan. Les hemos presentado una serie de enmiendas posibilistas y realistas para instar a grandes tenedores, a la Sareb y al Fondo Social de Viviendas a hacer un mapa social de vivienda, para que se pueda determinar dónde hay vivienda vacía y se ponga a disposición de la Administración para hacer políticas sociales la vivienda que hoy está en manos de grandes tenedores y, por tanto, muchas veces desocupada.

Queremos que tengan en cuenta algunas de estas enmiendas y que nos diga qué está dispuesto a aceptar su grupo. Queremos hacer una política de vivienda posible, no un brindis al sol de cara al Telediario. Queremos presentar una serie de medidas conscientes de la realidad y de la necesidad que hay, pero sin penalizar la propiedad privada. Hay que encontrar un balance entre el legítimo derecho a tener una propiedad y el legítimo derecho a tener una vivienda. Ustedes lo que hacen tendenciosamente es siempre decantarse por uno solo de los lados, intentando obviar que quien ha conseguido tener una vivienda en propiedad también tiene el derecho de cobrar una renta por su alquiler. Por tanto, asistir a quien lo necesita, facilitar que pueda ser la Administración la que diagnostique la situación de vulnerabilidad y no abrir la puerta a oposiciones y demandas cuando la situación de vulnerabilidad no haya sido tramitada a través de la Administración. No me sirve como motivo de oposición a la brava la de estar en situación de vulnerabilidad, sino que se tiene que acreditar y la Administración tiene que evaluarla. Si no, ¿sabe qué es lo que pasa después? Que se toman la justicia por su mano y muchas situaciones de vulnerabilidad de verdad se ven sobrepasadas por abusos en la ocupación de viviendas por personas que se han saltado precisamente este análisis de la vulnerabilidad. Le repito que espero una respuesta ante estas enmiendas, pero una respuesta que encare el proceso de poder solucionar la necesidad de vivienda y la vulnerabilidad habitacional desde el realismo y no desde la propaganda.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señorías, por supuesto que estamos en muchos puntos de acuerdo; de hecho, estamos de acuerdo con gran parte de la moción presentada. No se pueden dejar desatendidas a todas estas personas que la crisis ha hecho que lo hayan perdido casi todo. Es necesario hablar de que gran parte de estas familias accedieron a esas viviendas con unos precios inflados durante el boom inmobiliario y de que hay que compartir responsabilidades. Los viejos partidos no hicieron nada en su momento con esa burbuja y tampoco los organismos reguladores, totalmente politizados, supieron actuar para evitar lo que estaba sucediendo y de lo que muchos analistas estaban avisando. La falta de datos homogéneos al respecto hace que cada uno tenga datos diferentes, pero al final lo podemos resumir en que hay cuatrocientas mil familias afectadas en el periodo de la crisis por esta situación.

Compartimos la incredulidad de la respuesta dada por el Gobierno de España a la comunicación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Rodríguez.

Les ruego silencio, por favor. Continúe.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Pero hay una cosa que usted ha dicho o que dice la moción y es que dichos comunicados son vinculantes. La realidad es que no lo son. Aun así, aunque no sean vinculantes, compartimos y suscribimos lo que dice dicho comité de Naciones Unidas. Además, gran parte de la moción recoge estos puntos y esos puntos los tenemos en común, y ya lo hemos hablado con anterioridad.

Está claro que hemos presentado enmiendas porque hay puntos que no suscribimos al cien por cien. Hay que diferenciar entre tipos de desahucios; por un lado, están las viviendas en propiedad y, por otro lado, están los alquileres. No todos los propietarios son malos, como decía la portavoz anterior; no todos son grandes compañías con grandes paquetes inmobiliarios. Le voy a poner el caso de la abuela de un amigo mío, que tiene un piso en propiedad y el alquiler de ese piso le ayuda a aumentar o a contribuir con la pensión que tiene cada día. Con lo cual, no todos los propietarios son malos, y creo que criminalizar a todos los propietarios sería hablar de algo que no se corresponde con la realidad.

Además, Naciones Unidas nos dice que se tienen que dar alternativas a esta dramática situación. Por eso, nosotros hemos hecho los deberes y hemos presentado esa ley de segunda oportunidad, que, además, recoge alternativas reales. Existen muchas viviendas vacías, está claro, y necesitamos saber cuántas existen porque no lo sabemos. Pero la política sistemática de exprópiese no es la solución. Actualmente, existen ya mecanismos de penalización para esos propietarios de viviendas vacías, pero estamos dispuestos a sentarnos, no a poner parches, para debatir si esos mecanismos funcionan, si no funcionan, y si es necesario que se aplique algún tipo de corrección.

El tema que hoy estamos debatiendo es muy sensible, excede mucho más allá de la parte frívola de una ley o no ley, es un tema que toca directamente a las personas. Para nosotros esto es importante. Hemos debatido ya dos PNL de segunda oportunidad de Ciudadanos, tanto en Pleno como en Comisión. Además, también dentro de la moción que registramos sobre el fenómeno de la ocupación iban medidas muy concretas para hablar del tema que estamos debatiendo. Aun así, no nos conformamos, y lo digo porque hemos presentado -como ya dije antes- una proposición de ley de segunda oportunidad que da soluciones reales a estas cuatrocientas mil familias que se han visto afectadas por ese boom inmobiliario en el periodo de crisis, con tres premisas básicas: facilitar la reestructuración y el perdón judicial de las deudas, la dación en pago, y el alquiler social, alquileres que sean asequibles en función de las rentas de esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y algunos casos de extrema vulnerabilidad.

Es necesario que se haga el diagnóstico de la situación de cada una de estas familias y, por eso, con nuestra proposición de ley, yendo directamente a los datos, estas familias no solo podrán cancelar su deuda hipotecaria mediante la dación en pago, sino que además podrán quedarse en su domicilio durante un periodo mínimo de tres años ampliable a cinco. Además, lo harán con un alquiler social que no supere nunca el 30 % de sus ingresos, pudiendo incluso solicitar la paralización de dicho lanzamiento y el derecho a permanecer en la vivienda. Estamos comprometidos con este tema porque es un tema de sensibilidad; es un tema que nos preocupa a todo este arco parlamentario, me atrevo a decir que a todas sus señorías, en el que se han cometido muchas irresponsabilidades y, por eso, creemos que alguna de las nuevas


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iniciativas que presenta, en este caso, el Partido Popular no son más que parches que huelen a otro tufo inmobiliario y que no solucionan el problema real.

Compartimos parte de la moción, como ya se lo hemos hecho saber al grupo proponente. Aspiramos a que acepten nuestras enmiendas y, en caso contrario, solicitaríamos una votación por puntos para poder llegar a un acuerdo en todos aquellos puntos con los que estamos de acuerdo y poder manifestar nuestra posición contraria en aquellos con los que no estemos de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señor presidente.

Señorías, es paradójico. España estrena membresía en el Consejo de Derechos Humanos -lo hizo el 1 de enero de este año para el periodo 2018-2020- ignorando la obligación de responder de manera adecuada al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Como se ha dicho aquí, este comité condenaba a nuestro país por violar el derecho a la vivienda al no garantizar una vivienda alternativa ante el desalojo a una familia en situación de vulnerabilidad y con dos hijos menores. La condena consistía en la adopción por parte del Estado español de una serie de medidas encaminadas a prevenir violaciones semejantes en el futuro, entre las que se encontraba la reparación efectiva a las víctimas, pero nada de eso ocurrió aquí, en España, porque se ha ignorado el dictamen, de manera que la familia afectada se vio obligada a vivir diez días en un coche. El Gobierno no se ha puesto en contacto con la familia y ni tan siquiera, como ellos mismos dicen, les han pedido disculpas.

Desde el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, condenamos esta violación de derechos por parte del Gobierno y por supuesto la falta de respuestas posteriores a las que aludía el señor Mayoral, pero lamentablemente nada de esto es de extrañar, ya que la vulneración del derecho a la vivienda viene siendo habitual desde que gobierna el Partido Popular. Basta con comprobar la burla a la que nos hemos visto sometidos recientemente con la aprobación del Plan de Vivienda 2018-2021, un plan que se aprueba tarde y mal. Tarde, porque se incumplió la fecha que fijó el propio ministro -1 de enero de 2018-, y además habiendo prorrogado el plan anterior, y mal, porque se desatienden reivindicaciones de las comunidades autónomas, se eliminan ayudas a los mayores, a los pensionistas, y porque sobre todo es un plan que destina al gasto en vivienda un ridículo 0,03 % del producto interior bruto, mucha menos financiación que en presupuestos anteriores; hasta un 75 % menos. Por tanto, las ayudas que contempla son de imposible ejecución inmediata por parte de las comunidades autónomas.

Como vemos, al Gobierno esto de la vivienda parece que le da lo mismo, que no es una prioridad, y ahora ya no solo a nivel nacional, sino que también en la comunidad internacional salta la alarma y vergonzosamente viene Naciones Unidas a recordarnos que la vivienda es un derecho y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Por ello, desde el Partido Socialista reprobamos -cómo no- la actitud del Gobierno, ocupado en otros menesteres -no sabemos cuáles-, que no atiende a las familias en situación especial de vulnerabilidad, como esta que ha sido objeto del dictamen del comité.

Pero, como siempre, señorías de Unidos Podemos, vuelven a hacer algo a lo que ya nos tienen habituados, y es que se repiten en las iniciativas. Utilizan en ellas propuestas de otros grupos que ya están aprobadas, de manera que ahora incluyen en la parte dispositiva de su moción acuerdos relativos a garantizar el acceso a la vivienda que, como digo, ya están aprobados. Se aprobaron en la Comisión de Fomento el 28 de junio, tres meses después se volvieron a aprobar aquí, en Pleno, porque volvieron a traer la misma iniciativa, y ahora de nuevo vuelven a intentar someter a votación los mismos acuerdos, así que podríamos decir que no hacen algo distinto a lo que hace el Partido Popular, que es ignorar lo aprobado. Ellos no lo cumplen y ustedes hacen como que nunca ha existido, entonces, cortan y pegan, de manera que ahora volvemos a ver aquí, en este texto, que solicitan promover acuerdos con la Sareb, establecer líneas de ayuda dentro del ICO para la rehabilitación de vivienda en alquiler, aprobar ayudas directas para el pago de alquiler para familias con ingresos inferiores a tres veces el Iprem. (Rumores).

Esas medidas han sido propuestas por el Grupo Socialista, transaccionadas con ustedes, señorías, e insisto en que están aprobadas por esta Cámara. (Rumores). Y, a mayores, mañana volverán a llevar la misma moción al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Yo no sé qué pretenden. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Rominguera, por favor.

Señorías, les ruego silencio. Continúe.


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La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, presidente.

Le decía que no sé qué pretenden, pero da la completa sensación de que están siendo -con todo el respeto se lo digo- oportunistas. Yo les pediría que no rentabilizasen el sufrimiento de quien no dispone pacíficamente de una vivienda digna y por eso les pido un poco más de rigor a la hora de hacer sus propuestas.

Nosotros, evidentemente, consideramos extremadamente necesario instar al Gobierno a que deje de vulnerar el derecho a la vivienda y a que cumpla con lo que Naciones Unidas les exige, pero entendemos que el texto objeto de debate, además de incluir en su parte dispositiva acuerdos que ya están aprobados, requiere de mayor precisión en ciertos aspectos. Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que esperamos que sean aceptadas porque básicamente se trata de dar sensatez a la moción, siguiendo precisamente las observaciones generales de Naciones Unidas que se supone que las inspiran y, cómo no, con las modificaciones legislativas que fueron pertinentes, porque son enmiendas que posibilitan la defensa del derecho a la vivienda, sobre todo a las personas más vulnerables. Como decía el propio señor Mayoral, los desalojos sin alternativas habitacionales son ilegales. Por eso esperamos que nuestras enmiendas sean tenidas en cuenta para poder votar a favor de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rominguera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.

La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidente.

Muy buenas tardes a todos. Señorías de Podemos, señor Mayoral, la verdad es que no alcanzo a comprender el objeto de esta moción, ni siquiera la forma de interpelación al ministro en el último Pleno, pero la intuyo. Usted propone una serie de medidas sobre protocolos y garantías en materia de vivienda que intuyo que quiere demostrar el compromiso de su partido con familias con dificultades económicas para acceder a la vivienda o con familias que puedan ser objeto de desahucios, pero lo único que denotan es un profundísimo desconocimiento de la legislación española y de todas las medidas que existen y que se han puesto sobre la mesa y se han aprobado en los últimos años en materia de vivienda; medidas que ha aprobado el Partido Popular. La verdad es que usted viene aquí a hacer sangre, pero solo con su particular interpretación de un dictamen. El primer grupo político que se reunió con la Agrupación de monitoreo de la sociedad civil -al menos eso fue lo que nos dijeron- fue el Grupo Parlamentario Popular, y tuvimos una conversación tranquila, sosegada, enriquecedora y sin acritud, en la que cada uno expuso sus puntos de vista, y nos comprometimos a presentar una iniciativa que anunciara públicamente el resultado de ese dictamen para su difusión, como dice la última recomendación del dictamen. Creemos que es muy importante que estos casos se conozcan, para lo bueno y para lo malo; que se sepa la visión de todas las partes y que determinadas actitudes se puedan corregir, como lo que les sucedió a los actores de este dictamen. Pero, sobre todo, que haya información; información sobre los procedimientos previos y de prevención de un lanzamiento, ya sea por deuda hipotecaria o por alquiler. Y para informar hay que conocer medidas que creo que su grupo parlamentario desconoce, y como las desconoce, niega su efectividad. Se las voy a recordar porque para eso estoy aquí.

Entre las medidas que ha tomado el Partido Popular para solucionar con eficacia los problemas de vivienda en este país... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

La señora ZURITA EXPÓSITO: ... tenemos el Decreto 6/2012, de código de buenas prácticas; la Ley 1/2013, de protección de deudores hipotecarios; el Fondo Social de Viviendas; el Real Decreto-ley 5/2012, de segunda oportunidad; y el último, el Real Decreto-ley 5/2017, que extiende la moratoria de desahucios hasta 2020 y con unas características que amplían enormemente el número de familias que se pueden acoger a él. ¿Y qué han propiciado todas estas medidas? Lo que han propiciado es una reducción espectacular de las ejecuciones hipotecarias. La realidad de nuestro país es que ha habido una reducción de las ejecuciones hipotecarias en un 60 % entre julio y septiembre respecto a 2016 y en un 84 % desde el segundo trimestre de 2014, que fue el punto más álgido, y esto, aunque les pese, señorías de Podemos, no tiene otra firma que la del Partido Popular.

Si hablamos de garantías de vivienda de alquiler, el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y les puedo decir que es el plan más social de la historia y que además satisface bastantes medidas de las que ustedes nos proponen en esta moción. El plan contiene


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seis programas de alquiler y tres de ellos con límite de precios, desde 5,5 euros/mes por metro cuadrado útil hasta 9,5, y un amplio abanico que abarca desde familias sin ningún ingreso hasta cinco veces el Iprem, un programa específico para jóvenes, un programa para mayores y personas con discapacidad y un programa específico para familias en situación o riesgo de vulnerabilidad que pudieran ser objeto de desahucio por ejecución hipotecaria o alquiler. En este programa la totalidad del alquiler queda cubierta, un 80 % por el Estado y un 20 % por las comunidades autónomas. Y la inversión prevista de este plan de subvenciones es de 1 443 000 euros y con la inversión privada inducida se calcula que se puedan destinar más de 4000 millones a vivienda y que se puedan dar más de 500 000 ayudas.

Nosotros hemos propuesto una enmienda en la que estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos que proponen, lo hemos hablado y lo saben, porque uno de los objetivos del Partido Popular es que no haya ni una sola -ni una sola- familia sin vivienda, ese es nuestro objetivo prioritario. Asimismo, uno de los puntos que hemos corregido es, obviamente, el que va en contra de la propiedad privada porque consideramos que también es un derecho constitucional; y además hemos añadido un punto para estimular la ampliación del parque de viviendas de alquiler para contrarrestar ese aumento brutal de los alquileres que está teniendo lugar en ciudades como Madrid y Barcelona y que también lo sufrimos en Canarias. En el resto estamos absolutamente de acuerdo y nos gustaría que todos los grupos políticos llegáramos a un acuerdo para aprobar esta moción.

Sinceramente, les digo de verdad que si quieren solucionar la vida de la gente, contribuir a trabajar por que todo el mundo tenga una vivienda digna, no engañen, sino que establezcan allí donde gobiernen oficinas de intermediación, de información, que llevan ya tres años. Les digo que es tan importante conocer este dictamen como informar para que todo el mundo conozca las medidas que ya existen y que se han puesto en marcha gracias al Partido Popular para solucionar de manera efectiva los problemas de vivienda que ha sufrido este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Zurita.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes nuevamente, señorías. Buenas tardes, señor presidente.

Señor Mayoral, vamos a confesarlo, partimos de algunos ámbitos de coincidencia: la función social de la propiedad y la vinculación de la vivienda a un fin habitacional y la garantía pública que se debe ofrecer. Y usted lo sabe porque conoce además que en Euskadi tenemos la Ley 3/2015 con la que hemos legislado determinadas medidas en las que la función social de la propiedad, el uso habitacional de la vivienda, la garantía de la existencia de determinados fines que son protegidos por la propia ley de vivienda ha sido una constante y es una realidad, a diferencia de otros sitios es una realidad. En Euskadi existe la garantía del derecho a la vivienda, y es un elemento sustancial que se debe tener y apreciar por una parte. Hay también una promoción de políticas públicas de vivienda y en especial de las viviendas de alquiler porque también la propia ley lo contempla de esta manera. Hay una categorización además de la vivienda desocupada y unas consecuencias aparejadas a esa situación específica cuya regulación jurídica se contempla en la propia ley, que permite a la Administración poder adoptar medidas conducentes a que se incorpore al mercado. Es una realidad. Por eso entendemos que algunas de las medidas propuestas son lógicas y es cierto que coincidimos con ellas, pero discrepamos sin embargo con alguna de las medidas empleadas para obtener esos fines. Esa es la cuestión en la que no vamos a coincidir porque no participamos de su modelo de propiedad o del estatuto jurídico que usted pretende reconocer a la propiedad o, mejor dicho, privar a la propiedad, tal y como usted lo señala en su moción. Incluso en este debate voy a intentar dejar de lado algunas cuestiones competenciales, pese a que sí es cierto, y se lo tengo que recordar, que su moción también es netamente intervencionista -usted cabecea, pero sí-, vamos a dejarlo en bastante intervencionista, en algunas materias, asomando hacia el ámbito de la Administración central competencias, facultades e incluso posibilidades que actualmente son ejercidas por las comunidades autónomas en algunos casos y, desde luego, la Comunidad Autónoma de Euskadi y que usted traslada hacia el ámbito de la Administración del Estado. Incluso coincidiendo -y eso se lo tengo que advertir- con alguna reciente sentencia en el caso de la ley navarra de vivienda, en la que se constriñen algunas posibilidades y que creemos que usted participa también en esa visión, al menos en alguna medida.


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Entendemos que esas medidas propuestas, como le digo, son claramente invasivas en algunos casos de competencias y en otros casos son claramente cercenadoras de las garantías que se deben contemplar del derecho de propiedad. Así, las garantías al desalojo que se proponen se convertirían en muchos casos en privación del estatuto de la propiedad si se alterara, como se hace, el estatuto jurídico como usted pretende, sin perjuicio además de que, si cabe, y como reconoce el TC, sí cabe la posibilidad de que en determinados supuestos -también en la ley navarra, por cierto, de intervención cuando se trate de una modalidad específica que es la de la titularidad de personas jurídicas en regímenes de multipropiedad o de propiedad abundante- se contemple un estatuto jurídico propio, pero regulado en la ley, no a través de estos mecanismos. En ese aspecto, del análisis de las cuestiones concretas que usted menciona, entendemos que en algunos casos se exceden al hacer cumplir al Estado lo que no son más que meras recomendaciones de la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es quizá excesivo. Por tanto, adoptar medidas legislativas para garantizar los procesos judiciales de desalojo está bien, pero la intervención a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil en algunos casos supone otra medida excesiva. Entendemos los protocolos de coordinación y participamos de ello y lo tenemos previsto en nuestra propia legislación y el derecho a la vivienda contemplarlo como tal, teniendo como instrumento el Comité de Derechos Económicos y Sociales, es también un tanto desregulado entendemos y así son una serie de cuestiones que se contemplan respecto a la que le digo en algunos casos... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías. Les ruego silencio.

Un momento, señor Barandiaran. Les ruego silencio y les ruego que si van a mantener corrillos, lo hagan al menos en el pasillo y no en los pasillos del hemiciclo, en el pasillo fuera del hemiciclo y no dentro, por favor. Ya veo que algunos ni siquiera escuchan lo que esta Presidencia les dice.

Continúe.

El señor BARANDIARAN BENITO: Voy terminando, señor presidente.

En virtud de esa exposición, como comprenderá, hay cuestiones en las que podríamos estar de acuerdo y otras en las que no. Yo le ofrezco la posibilidad de poder mostrar mi conformidad con algunas de esas cuestiones y con otras no, participándole que le vamos a solicitar la votación por puntos y que por ello podemos o no coincidir, pero entendemos, en principio, que los fines que usted pretende se pueden abrigar en otro tipo de actuaciones como lo hace la propia Ley 3/2015 en Euskadi y que no hace falta alcanzar determinadas actuaciones como las que se proponen en esta moción respecto a las que, con todo respeto, vamos a manifestar nuestra discrepancia. Por eso reitero que vamos a pedir la votación por puntos para que así lo podamos manifestar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.

Señorías, volvemos a debatir en este ámbito otra vez sobre la vivienda. Este es un tema de vital importancia que nunca se termina de resolver y que a nosotros nos obliga a insistir acerca de la Ley 24/2015, sobre medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional, aprobada por el Parlament legítimo de Catalunya y suspendida por el 'Tribunal inconstitucional'. Una ley que durante su aplicación permitió, por ejemplo, paralizar cientos de desalojos en la ciudad de Barcelona y que establecía mecanismos para la garantía de un derecho constitucional como es el derecho de todos a una vivienda digna. La Ley 24/2015, del Parlament de Catalunya, recuperaba la expropiación de pisos vacíos para destinarlos al alquiler social y al realojamiento de las familias afectadas que no pudieran pagar una hipoteca o un alquiler. Es una ley que pretendía mejorar y ofrecer garantías judiciales a las personas arrendatarias, una ley que fue suspendida en junio de 2016 por el insólito argumento de proteger la igualdad de los españoles, pues en otras comunidades no la tenían. Como siempre: igualando para abajo.

La falta de satisfacción de necesidades de vivienda y energética básicas contradice numerosos compromisos internacionales asumidos por el Estado español. Derechos y obligaciones que están amparados también por la Constitución española, pero a veces olvidan sus más fervientes defensores que solo recuerdan algunos de sus artículos selectivamente. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación (artículo 47); impone también a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad


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no se ejerza de forma antisocial (artículo 33), y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general (artículo 128). Esta obligación es especialmente relevante en el caso de las entidades financieras y empresas que prestan servicios económicos de interés general, sobre todo, si han sido beneficiarias de ayudas y subvenciones de carácter público. (Rumores).

Las administraciones públicas deben garantizar, en cualquier caso, el adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en situación de riesgo o de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual para poder hacer efectivo un desahucio. La Administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas para incorporarlas al Fondo de viviendas en alquiler para políticas sociales. Sin duda que el Estado español necesita garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos y, sin duda, también que esta moción, si es aprobada por la mayoría, irá en ese sentido. Por eso Esquerra Republicana de Catalunya, fiel a su compromiso de apoyar a las clases trabajadoras y a los más necesitados, la votará a favor.

Gracias (Aplausos.-Continúan los rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Surra.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Mayoral si acepta su grupo algunas de las enmiendas presentadas.

El señor MAYORAL PERALES: No.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, muchas gracias.

Se votará en sus propios términos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA E INNOVACIÓN. (Número de expediente 173/000082).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del sistema español de ciencia e innovación.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora González Veracruz. (Rumores).

Como llevo haciendo toda la tarde, vuelvo a reiterarles la petición de silencio.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.

Después de traer la ciencia a la sesión de control, no con todo el éxito que nos hubiera gustado puesto que le pedimos al señor Rajoy que ya que se iba De Guindos, que nombrara a un ministro o a una ministra de Ciencia, a día de hoy, tres semanas después, no solo estamos igual sin ministro o ministra de Ciencia y nada ha cambiado en este país, sino que estamos peor: después de tres semanas, hoy, los científicos y científicas, tienen más problemas precisamente por la Ley de contratación pública. (Continúan los rumores).

No tuvimos el éxito esperado, pero hoy toca hacer propuestas: las propuestas de un acuerdo de país, de un acuerdo que propone el Partido Socialista, fundamental, para empezar a ver las soluciones en un tema crucial para España. Hicimos la crítica trayendo aquí la voz de científicos y científicas, de los que están resistiendo en su laboratorio, de los que se han ido fuera de este país o de los que han sido expulsados de los laboratorios y ya no se dedican a la ciencia, pero también la voz -esto es muy grave- de investigadores con una trayectoria impresionante, de investigadores como Mojica, que ha descubierto el método Crispr en Alicante, que hoy tiene que estar dedicando su tiempo teniendo en cuenta un Gobierno que le fiscaliza, un Gobierno que parece que, en lugar de apreciar algo tan importante para la economía, para la igualdad, para la lucha contra la precariedad, prefiere perseguir a los científicos en lugar de apoyar ese talento. (Aplausos).

Por eso, la esencia de nuestra moción es muy clara: es imprescindible un acuerdo en este país por la investigación. (Muestra un escrito). Solo así conseguiremos volver y recuperar los niveles de inversión que había antes de los que nos han hecho retroceder diez años, solo así conseguiremos recuperar el talento de todas esas miles de personas que han salido fuera de España o de la ciencia. Estamos convencidos de que solo así levantaremos esa espada que Montoro, Rajoy y el Gobierno del PP han puesto en la burocratización y fiscalización de la ciencia en nuestro país. Queremos hacerlo y creemos que se tiene que hacer por acuerdo como, por cierto, está exigiendo la comunidad científica y como ha sido siempre nuestro estilo. (Rumores).


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Quiero hacer un poco de historia. Precisamente si la Ley de la ciencia de 1986 tuvo el éxito que tuvo, fue por el sistema científico, por los grandes científicos y científicas que tenemos en este país, pero también porque hubo un gran acuerdo político y social entonces. Igual que hubo un gran acuerdo por la Ley de la ciencia en 2011, que por desgracia se ha roto con su incumplimiento, con los retrocesos en recortes, con la falta de ejecución y con las trabas burocráticas que se han impuesto en los últimos tiempos. También quiero recordar un acuerdo que para mí es fundamental, porque no es solo de las personas que estamos en esta Cámara y que hoy debemos dar ejemplo, es también de la sociedad civil organizada, la que representa a los científicos y científicas que en 2013 consiguieron que aquí hubiera un gran acuerdo parlamentario, en el que solo faltó el apoyo del PP, pero hoy espero que esto cambie y que nazca de esta moción un acuerdo de todos los grupos parlamentarios porque sé que ahí fuera nos están esperando para hacer grandes cosas en torno a la ciencia y a la innovación. Desde luego, no puede ser cualquier acuerdo. No nos esperen en el Gobierno para blanquear la cara a unas políticas de precariedad, a unas políticas de empleo precario, de bajos salarios, cuando nosotros estamos convencidos de que la competitividad, de que el presente y el futuro de este país pasan precisamente por otro modelo económico. Por eso, el acuerdo tiene que estar basado en tres puntos muy claros. El primero, la recuperación de la inversión. Por desgracia, Europa ya nos ha dicho en el último informe que es muy poco probable que cumplamos nuestro propio objetivo nacional, que ya no es el 3 %, hacia la convergencia europea -ya lo redujo el Gobierno de Rajoy al 2 %-, y es normal que la Comisión Europea vea que es muy poco probable cumplirlo cuando hemos tenido el bajón histórico al 1,19 %. (Continúan los rumores). Pero en esta moción nos les planteamos sueños irrealizables, les planteamos que nos pongamos de acuerdo en un porcentaje, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, que marque una convicción, una prioridad política para lograr en un momento determinado ese objetivo, que es el 2,5 % de los Presupuestos Generales del Estado. Solo un dato más: en 2011, un momento muy duro, en los Presupuestos Generales del Estado la ciencia pesaba el 2,37 %; a día de hoy, en un momento en que supuestamente hay una recuperación económica y tendríamos que estar invirtiendo mucho más en ciencia, hablamos solo del 1,8 %. Tenemos que garantizar en ese acuerdo de país la inversión, pero también la ejecución, porque hay recortes encubiertos -solo hubo el 38 % de ejecución en 2016-; igual que tenemos que garantizar un plan de retorno urgentísimo para los recursos humanos, para todo ese talento que de forma estúpida hemos expulsado del sistema científico.

Permitir el envejecimiento del sistema, permitir lo que ha sucedido, que es seguir viviendo de las rentas de la inversión de 2006, 2007, 2008 y 2009, y cargarnos básicamente la clase media, porque lo que hemos hecho es que solo sobreviva... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora González. (Pausa).

Señorías, les ruego por favor silencio. Según va avanzando la tarde, el murmullo ya se hace insostenible, al menos desde aquí, y supongo que a la portavoz interviniente le molesta, seguramente tanto como a mí o más. Les ruego, por favor, respeto para quien tiene el uso de la palabra. Si tienen que mantener conversaciones, supongo que muy importantes, auséntense un momento del hemiciclo, háganlo en los pasillos y así nos permitirán continuar con el debate escuchando a quien tiene que oírse exclusivamente, que es a la portavoz que está en el uso de la palabra.

Muchas gracias. Continúe.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: No importa lo que me moleste a mí, importa la imagen que damos a tantas personas que están preocupadas por el futuro de este país, por la economía, por el talento y por el verdadero futuro de nuestro país. (Aplausos).

Proponemos el retorno del talento, no solo de fuera, que también -también de todas aquellas personas que han salido de la ciencia-, con unos datos muy estudiados, de 10 000 científicos y científicas durante cuatro años, pero sobre todo -lo más importante casi, porque es lo que menos dinero vale y lo que más demuestra la falta de prioridad política en este momento, que hay que revertir de forma urgente- lo que tiene que ver con la gestión, con los cambios burocráticos, porque sinceramente no podemos seguir permitiendo que sea tan difícil, prácticamente imposible -yo hablaba de heroicidad en la interpelación- investigar en este país. Estamos hablando de que hay que garantizar la normativa necesaria para estabilizar laboralmente a todos aquellos investigadores que salieron del sistema mientras la tasa de reposición era la que era. Ahora hay que recuperar a todas esas personas. Estamos hablando de que hay más de 800 investigadores esperando a que ustedes cumplan -los miembros del Gobierno, ahora que veo a la ministra Báñez- la Ley de ciencia, y eso está haciendo que ellos sean menos


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competitivos a la hora de ir a buscar ese dinero que siempre dice el Gobierno que hay que ir a buscar a Europa, donde somos muy buenos buscándolo, pero también necesitamos apoyo dentro para converger. Tenemos que recuperar el sistema de control financiero anterior, tenemos que dejar de mirar a los investigadores como si fueran defraudadores, mientras hacemos amnistías fiscales, y permitir recuperar el sistema anterior.

Antes decía que en estas tres semanas todavía se ha complicado mucho más la situación de cualquier científico o investigador, y lo voy a explicar solo con un ejemplo. Después de la Ley de Contratos del Sector Público, para que un investigador pueda comprar un citómetro o determinados reactivos simplemente va a poner en juego incluso que puedan tomar acciones legales contra él, porque se ha bajado tanto el umbral mínimo necesario para exigir un concurso público que representa un gran desconocimiento, una vez más, de lo que sucede en los laboratorios. Es decir, estamos diciendo al investigador que elija entre comprar lo que necesita para seguir investigando o jugársela con su firma. Esto hay que revertirlo urgentemente, como tantas otras cuestiones que dependen solo, solo de retirar todas esas trabas que ha ido poniendo el Gobierno de Rajoy, que ha ido poniendo básicamente Montoro.

Termino con una idea fundamental. Para conseguir ese acuerdo que necesita nuestro país hay que hacer efectiva la Agencia Estatal de Investigación. Yo no sé cuántas veces hemos hablado ya en este Parlamento, antes de que yo estuviera aquí, desde 2004 o 2005, de la Agencia Estatal de Investigación, y esta mañana mismo los miembros investigadores de la COSE -ninguno revolucionario-, investigadores independientes y que solo defienden esta condición de país, de España, decían una frase que a mí se me ha quedado: de la Agencia Estatal de Investigación está solo la cáscara, no hay presupuesto plurianual. Tenía que estar aprobada desde 2012, se aprobó en 2015 y en 2018 seguimos teniendo una agencia estatal que no responde a las necesidades. Por eso nosotros proponemos en la moción el modelo del European Research Council, por eso nosotros proponemos una evaluación ex ante y una evaluación ex post, por eso nosotros proponemos, en definitiva, converger también en el modelo de flexibilidad y de independencia en el caso de la Agencia Española de Investigación. (Rumores).

Termino.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que acabar, señora González.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Termino.

Los socialistas nos negamos a seguir expulsando el talento de las universidades, de los centros de investigación y de nuestro país. Son parte de la generación del empleo y del futuro que necesita nuestra economía. No nos vamos a resignar con la precariedad; no nos vamos a resignar con la falta de inversión, con los recortes directos y encubiertos; no nos vamos a resignar con la burocracia. Sabemos que solo lo vamos a conseguir si lo hacemos todos juntos. Por eso les pido su apoyo, porque lo pide la comunidad científica y porque es imprescindible para nuestro país y para nuestro futuro inmediato.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora González.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. (Continúan los rumores).

Partiendo de que a Foro le parece bien que se impulse y se establezca un amplio compromiso institucional y político, en torno a un acuerdo de país para la ciencia, quiero subrayar que esta iniciativa parlamentaria pone un gran énfasis en la necesidad de apoyo público, pero minimiza la relevancia de la participación e inversión privadas como vía alternativa y complementaria para proyectos innovadores y desarrollo experimental, tanto en nuevas empresas como en las que ya están consolidadas. Un gran acuerdo de país para la ciencia requiere además de apoyo público, protagonismo, participación e inversión privada. Tampoco he percibido durante la interpelación ni en el texto de la moción ni en la intervención de la portavoz socialista en esta tarde, una especial atención a la universidad para apoyarla en el desarrollo de programas de fomento de la cultura innovadora que estén focalizados en tener una mayor base de investigadores, alentar la creación de nuevas empresas partiendo de ideas innovadoras y transferir el conocimiento. Creemos que hay que dar una gran relevancia a la universidad que consolide su producción científica como un elemento indispensable e imprescindible de transferencia de I+D+i que permita, a su


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vez a nuestras empresas, aprovecharla para ser competitivos y crear empleo, porque de lo que se trata es de desarrollar una economía competitiva e innovadora y crear puestos de trabajo: la gran prioridad económica, política y social de España.

De ahí que haya presentado una enmienda en la que se extiende el ámbito de este gran acuerdo por la ciencia, con el fin de que abarque las actividades de investigación, desarrollo e innovación, I+D+i, como palanca para realizar un cambio en el modelo económico actual que permita la modernización y la mejora de la competitividad de nuestras industrias y empresas para que puedan aumentar su oferta en los mercados globales. Al hablar de financiación consideramos que es imprescindible -lo recalco- el fomento de la inversión privada, creando mejores condiciones fiscales y legales que favorezcan la constitución de fondos de capital riesgo, capital semilla y redes de Business Angels.

La enmienda de Foro también incorpora un apartado relativo al capital humano porque es fundamental atraer investigadores y evitar su emigración. En este sentido, consideramos que en España las empresas tecnológicas e innovadoras carecen de recursos e incentivos que les permitan fortalecer el sentimiento de pertenencia de los empleados y un mayor compromiso y alineamiento con los objetivos de la empresa. (Rumores).

No he recibido por parte del Grupo Socialista ninguna indicación de que vayan a ser aceptadas nuestras enmiendas ni tampoco la posibilidad de un texto transaccional, en cuyo caso me abstendré en la votación.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señora González Veracruz. Sí, de la A a la Z apoyamos su moción consecuencia de interpelación y seguimos con un gran interés el debate sobre la política de investigación que usted formuló la semana pasada al Ejecutivo. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Pero hemos presentado una enmienda que espero que tenga un buen recorrido y pueda ser integrada en el texto porque somos representantes públicos y como tales tenemos que hacernos eco de lo que sucede en el ámbito de la política científica.

Aunque el Gobierno español deseara hacer una buena política científica, en estas últimas horas hemos visto el fuego amigo del propio Gobierno español que desde el Ministerio de Hacienda está atacando a la política científica. Teletipo de la Agencia EFE de ayer. (Mostrando un papel). -Señorías, a veces no es necesario preparar un gran discurso, es suficiente leer el primer párrafo de un teletipo para hacerse portavoz de mucha gente, de muchos investigadores-: Científicos piden que se deduzca el cien por cien del IVA de la investigación pública. Más de cuarenta centros y unidades de investigación españoles han pedido hoy que se considere la investigación como actividad económica y de interés general, cuyas subvenciones no deben repercutir el IVA. Ahora lo que se reclama es que no se cuestione la deductibilidad del cien por cien del IVA soportado vinculado a la compra de bienes y servicios para la investigación, por ejemplo, el material de laboratorio. Señorías, en estos momentos el Ministerio de Hacienda está proyectando una gran inseguridad jurídica en el ámbito de la investigación, porque los inspectores de Hacienda han empezado a cuestionar la deductibilidad del IVA soportado de bienes y servicios, alegando que se debe probar la naturaleza de actividades económicas de la ciencia. Además, lo hacen sin unanimidad en todo el país porque las inspecciones de Hacienda varían entre una deducción del 30 % o la obligación del pago del cien por cien.

Señorías, esto es impresentable. El Gobierno tiene que clarificarse. Los centros de investigación científica tienen una espada de Damocles de un coste de 25 millones de euros que no tenían contemplados y que pueden hacer descarrilar su actividad de investigación. (Rumores).

Señora presidenta, apoyamos la moción, pero también queremos ser la voz de estos científicos (Muestra una fotografía con unas frases) que no entienden por qué un Gobierno descoordinado está sorprendentemente, desde su Ministerio de Hacienda, hundiendo la política científica en España. Es lamentable, espero que su moción prospere y espero que este mensaje del ámbito científico se pueda incorporar en la misma.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Xuclà. (Continúan los rumores).

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.

Señorías, estamos a punto de terminar el Pleno, por lo que les pido, por favor, un poco de silencio para escuchar a los oradores y oradoras que estén en el uso de la palabra.

La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a empezar mi intervención recordando a las científicas, investigadoras, catedráticas y trabajadoras de la ciencia que el pasado 8 de marzo hicieron huelga (aplausos), simple y sencillamente porque les sobraban motivos, como a todas las mujeres de este país: brecha salarial, techo de cristal, falta de conciliación, factura de la maternidad en la carrera científica y, como en muchos otros ámbitos, menor visibilidad y reconocimiento. Si en España es difícil hacer ciencia, lo es mucho más si se es mujer, por lo tanto, una de las medidas urgentes debe ser reducir la desigualdad de género en nuestro sistema de I+D+i.

La descripción de todos los problemas, dificultades y retos a los que se enfrenta nuestra ciencia puede resumirse en tres grandes bloques. En primer lugar, hay un evidente problema presupuestario. Los recortes que desde 2009 se han ido aplicando en la inversión pública en ciencia han pasado una altísima factura tanto a centros como a las personas que trabajan en la ciencia. No hablamos solo de los años de crisis, sino que es una línea política en la que la ciencia no es prioritaria, porque este Gobierno todavía no ha explicado por qué en los pasados presupuestos defensa subió un 32 % y la ciencia solo un 1 %. En este punto quiero hacer un llamamiento al Partido Socialista para que en julio, cuando venga el techo de gasto, voten que no con nosotros, que se sumen a nuestro grupo para una política presupuestaria progresista y expansiva para, precisamente, lograr lo que piden en su moción, una mayor inversión en ciencia.

El segundo problema del I+D+i es la precariedad, que además de generar desigualdad social y poner en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, la precariedad es una lacra en nuestra ciencia y lo es en dos vertientes. En primer lugar, porque la falta de recursos y el propio diseño de la carrera científica hace que la incertidumbre sea la regla general, lo que obliga a muchos de nuestros talentos bien a emigrar o bien a abandonar la ciencia. La segunda dimensión es que falta una regulación laboral que conjugue la necesaria flexibilidad de la ciencia con los derechos y la seguridad de las personas que en ella trabajan. Basta ya de parches; necesitamos una política de recursos humanos a largo plazo que cuide, atraiga y consolide el talento.

En tercer y último lugar, están los procedimientos administrativos, burocráticos y de control de gasto. Tenemos centros que intentan hacer ciencia en el siglo XXI, pero que se encuentran con una burocracia del siglo XIX que les hace perder recursos y también competitividad. Les pongo un ejemplo: una cuota de 300 euros para una sociedad científica internacional necesita aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobación del Ministerio de Hacienda y aprobación final en Consejo de Ministros. Juzguen ustedes mismos la racionalidad de nuestros procedimientos administrativos. Y ante este panorama tan desolador, que no solo pintamos nosotros -pueden leerlo en la prensa o se lo puede contar cualquier persona que trabaje en los centros de investigación pública-, ¿saben que es lo peor? Que la única solución que da el Gobierno para el problema de la ciencia es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, y esta es nuestra mayor discrepancia con el texto que hoy presenta el Grupo Socialista. Compartimos todas y cada una de las medidas que en él se proponen porque son absolutamente necesarias y urgentes para nuestro sistema de I+D+i y por eso votaremos a favor, pero no creemos que todas sean parte de un acuerdo de país. Hay medidas, como la ejecución presupuestaria, eliminar la intervención previa o el Estatuto del Personal Investigador en Formación, que son responsabilidad exclusiva del Gobierno, y es que estamos hartas ya de que para alabar y enmendar siete años de políticas nefastas se haga continuamente un llamamiento al pacto y a los acuerdos cuando en paralelo el Gobierno, en complicidad con Ciudadanos, estrangula continuamente la capacidad legislativa de esta Cámara, al bloquear iniciativas legislativas donde podría ser fácil encontrar estos consensos. Y no cuela. No cuela y mucho menos en ciencia, y les voy a explicar por qué. Porque el ministro responsable de Ciencia y la Secretaría de Estado de I+D+i no pintan absolutamente nada en los grandes temas de la ciencia. ¿Recuerdan los tres grandes temas que he mencionado? Repasemos: ¿Quién decide en presupuestos y contratación pública? El ministro de Hacienda y Función Pública. ¿Quién decide sobre política laboral? La ministra de Empleo. ¿Quién decide sobre procedimientos administrativos? La vicepresidenta, responsable de administraciones públicas. (Rumores).


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La prioridad, señorías, no es un acuerdo en el Congreso o entre partidos, sino un acuerdo entre los ministerios de Mariano Rajoy. Cuando lo tengan claro y estén dispuestos a invertir recursos y a adaptar las normativas laborales y burocráticas a las necesidades de la ciencia, mi grupo parlamentario les escuchará y apoyará, como cuando han venido con soluciones concretas y no con grandes palabras que han resultado que no eran de consenso en su propio Gobierno. El problema es que tras siete años de Gobierno del Partido Popular, dejando a la investigación pública al borde del colapso y desaprovechando la que quizá sea la generación mejor preparada de la historia de la ciencia de España, tampoco han conseguido movilizar la inversión privada ni que el I+D+i sea uno de los pilares de nuestra economía. La política científica del Partido Popular, o mejor dicho la no política científica, nos está dejando sin cura contra el cáncer, sin tecnologías para la transición energética, sin herramientas para la digitalización y tantas y tantas cosas que mejoran nuestra vida gracias a la ciencia. Están hipotecando el futuro de este país. Métanselo en la cabeza, sin ciencia no hay futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Martínez Rodríguez.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenas tardes. Arratsalde on. Gracias, presidenta.

Quiero decir algo a sus señorías que ya conocen, y es que en Euskadi tenemos competencia en investigación científica y, desde luego, apostamos por la I+D+i, tal como lo avalan los numerosos informes e instituciones europeas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Pero hay que reconocer que en España, a pesar de la recuperación económica, la inversión en investigación y desarrollo sigue perdiendo peso y es que la inversión presupuestaria desde el año 2008 ha disminuido en torno a un 10 %. Según las estadísticas de Eurostat, España no destaca por su inversión en I+D+i y, según el RIS de 2017, está considerada como un país innovador moderado: un tamaño de empresas pequeño, sectores de baja cualificación, incubadoras, centros tecnológicos y universidades alejados o con insuficiente conexión con la actividad empresarial. La gran dificultad para lograr financiación de proyectos basados fundamentalmente en conocimientos intangibles obstaculiza la mejora de la I+D+i en España. Y es que, señorías, hay que decir que ninguno de los sucesivos Gobiernos se ha volcado como debería en este tema porque los planes elaborados para dar impulso no han funcionado. Los planes parece que obedecen más a parchear problemas sin una apuesta estratégica clara para crear las condiciones de un ecosistema que permita mejorar el sistema de ciencia e innovación. Son planes en los que básicamente se han puesto en marcha una serie de ayudas fiscales y en los que el gasto público se ha orientado básicamente o en mayor medida a impulsar créditos blandos en lugar de subvenciones, unos créditos que además no son solicitados y que conllevan finalmente una inejecución presupuestaria. (Rumores). La base de la competitividad de un sistema de ciencia y tecnología debe estar sustentada por una inversión sólida y sostenida en el tiempo...

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio, por favor, que no se escucha a la oradora.

Continúe.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABERRENETXEA: ..., y la sociedad, por supuesto, debe conocer a qué se destina, porque parte de esa inversión la realizan las administraciones públicas. Y en proyectos de investigación competitivos sometidos a una evaluación ex ante y ex post, ya que su seguimiento permitirá medir la capacidad de los investigadores, de los grupos de investigación, de las instituciones e incluso de un sistema de ciencia para captar financiación competitiva de ámbito regional, estatal o internacional, aportando reconocimiento dichos agentes.

Dicho esto, el Grupo Parlamentario Socialista hoy nos presenta una moción consecuencia de interpelación en la que observamos una serie de medidas y recomendaciones que recogen muchas reivindicaciones que les han ido llegando, pero a nuestro entender sin una verdadera reflexión acerca de los problemas estructurales del sistema de I+D+i y sin atender a un diagnóstico que sería el que debería marcar los objetivos dentro de una planificación estratégica que ayude a superar las barreras de la I+D+i y también a lograr una cooperación entre el mundo de la empresa y el mundo de la ciencia; es decir, saber para qué, por qué, en qué y cómo, tratando de evitar que los sistemas de innovación que cuentan con ayudas públicas no sirvan ni al tejido productivo ni a la sociedad que los está sustentando y siendo


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conscientes de que el retorno de la inversión en I+D+i no es a corto plazo. Los cambios que se han producido en el entorno son numerosos y esto ha de conllevar la realización de un diagnóstico y de un proceso de adaptación de la estrategia de innovación para favorecer la concentración de los recursos e inversiones en I+D+i en áreas donde existen claras sinergias con las capacidades productivas potenciales existentes en una región. Esto implica que han de converger las necesidades orientadas desde la demanda con las impulsadas por los avances de la oferta científicotecnológica generada -España es primera potencia en publicaciones científicas, pero es incapaz de llevar esa fortaleza al sistema productivo-, sin olvidarnos también de la tan necesaria investigación básica.

El debate acerca del gasto público en I+D+i está ahí, es un debate vivo. Todos los grupos políticos defendemos este tipo de políticas como base para el impulso del desarrollo económico y el empleo, pero también hay que reconocer que las estadísticas nos muestran que en los lugares donde la I+D+i tiene mayor presencia una parte importante del gasto en inversión viene del sector privado y, por tanto, el gasto público ha de servir para darle también al sector privado un impulso. La Cosce en su informe reconoce la ausencia de una política pública seria y comprometida para resolver los problemas del sistema de ciencia, una ausencia que tiene un efecto perverso sobre todo en la actividad investigadora. Nosotros entendemos que se deben establecer diferentes medidas, pero no por crear nuevos organismos, como se plantea en las políticas de innovación, estos van a ser más eficientes per se. La moción aborda numerosas cuestiones existentes en este sector y somos conscientes de que estas no pueden ser abordadas de una manera aislada y a corto plazo -podrían estar abocadas al fracaso-, sino que han de atender a un diagnóstico que haya evaluado no solo las experiencias del pasado sino también del presente, dentro de un proceso de reflexión que desemboque en una estrategia que suponga una verdadera política que apueste por la I+D+i como motor de crecimiento. Por tanto, nuestra posición será en principio la abstención.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio porque todavía quedan intervenciones y con este murmullo es imposible seguir el debate.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señora presidenta, señorías, bona nit.

Señores del PSOE, les agradecemos la iniciativa de la presentación de esta moción, que nos ofrece la posibilidad de votar a favor de un acuerdo al que entendemos que nadie debería oponerse y sobre el que ya anuncio que Esquerra Republicana votará favorablemente. Hablar de la I+D+i es hablar de un modelo económico y social con una visión distinta a la imperante hoy en día; es hablar de ser capaces de alinear los retos sociales y científicos de país y enfocarlos a medio y largo plazo dando cabida al talento joven, en lugar de este sistema económico cortoplacista que genera puestos de trabajo low cost y que prefiere fondos buitre que obtengan un rendimiento rápido a costa de los ahorros de los pensionistas en vez de invertir en investigación a largo plazo creando puestos de trabajo de valor añadido en beneficio de toda la sociedad.

Aunque si hemos de acabar hablando de presupuestos y de recortes, y ustedes se han encargado en su intervención de remarcar el daño que se ha hecho durante estos años, hay que señalar que la desaparición del Ministerio de Ciencia e Innovación fue un gran golpe contra la I+D+i, y para ello deberíamos mirar al lado derecho de la Cámara, pero es necesario también recordar que los recortes en I+D+i empezaron precisamente con el Gobierno socialista. Fue entonces cuando empezaron a pervertir el sistema pasando de subvenciones a créditos. Por lo tanto, no es cuestión solo de poner más recursos, sino de demostrar de forma fehaciente que se toma conciencia de que el sector científico es una prioridad, que se convierte en un sector estratégico, por lo cual deja de tener corsés y se impulsa definitivamente y como es debido. Por ello, nuestra preocupación sincera respecto a esta moción es que no se convierta en un nuevo brindis al sol, y más teniendo presente la manía que tiene el Gobierno del Partido Popular a poner impuestos al sol, porque, además de organizar la ciencia y la investigación como una prioridad y aumentar los presupuestos a estándares europeos, lo que requiere la ciencia es que se la deje trabajar tranquilamente, que no se le pongan palos en las ruedas, que no se intervenga cada uno de los pasos que comporta un proceso de investigación, que no se convierta su gestión en una verdadera gymkhana, en un laberinto de trámites que hasta el momento solo han conseguido que muchos científicos desistan de sus


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proyectos. Hablen con algún investigador y les contará. (Rumores). Nos preocupa, por ejemplo, que la Agencia Tributaria cambie de criterio de forma arbitraria...

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ... para reclamar la devolución del IVA. Porque ahora viene lo interesante, la devolución de años pasados de IVA en una veintena de centros de investigación en Cataluña, lo que compromete su actividad científica y la viabilidad futura de algunas instituciones. (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.

Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños o, si no, salgan del hemiciclo, pero no vamos a terminar el debate con este nivel de murmullo porque es imposible escuchar al orador y es una falta de respeto.

Continúe.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gracias, presidenta.

Los mismos centros denuncian que se les reclaman 25 millones de euros anuales por este concepto precisamente el mismo día que la ministra de Sanidad viene a Cataluña a hacerse la foto para explicar que ella cree mucho en los centros de investigación. Pues empiece por ahí, señora ministra; comenci per aquí, Dolors. Nos preocupa que se aplique el artículo 155 de la Constitución y que ustedes, señores del PSOE, hayan dado apoyo a ello creando confusiones y trabas administrativas que casi paralizan diversos proyectos científicos. Nos preocupa que ser investigador sea casi un oficio de alto riesgo por la probabilidad de no poder ejercer la profesión o bien por la posibilidad de terminar exiliándose. Que el Estado español sea exportador de talento científico no es malo, pero que no tenga la capacidad de retenerlo no es nunca una buena noticia.

Cuando hablan de buscar complicidades con el sector privado recordamos que ustedes siguen en contra de la patente única europea, empeñados en aislarse completamente de la trayectoria de innovación económica de la Unión Europea que sí quieren seguir las empresas innovadoras. Nos preocupa también que la I+D+i militar crezca y no sean capaces de reconvertir esa tendencia para reforzar la I+D+i civil.

En resumen, son muchas las preocupaciones que su lista de buenas intenciones deja pendientes de resolver pese a su voluntarismo. A pesar de todo, repito, votaremos a favor.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, el PSOE viene hoy con esta moción al hemiciclo en un ejercicio de cinismo político sin precedentes. (Protestas.-Aplausos). Hace menos de una semana ustedes se han levantado de la Mesa del pacto nacional por la educación. Esta mañana, con altura de miras y buscando una alternativa, Ciudadanos les ha puesto encima de la mesa una propuesta económica que procedía de su propio partido político y el PSOE ha rechazado al PSOE con excusas peregrinas, se ha levantado y se ha negado a volver. ¿Cinco horas después se atreven ustedes a venir aquí a pedirle al hemiciclo que se comprometa por un pacto nacional por la ciencia, por un acuerdo de país por la ciencia? ¡Oigan, no tienen ustedes vergüenza! (Aplausos).

¿Saben lo que pasa? Que al PSOE le pasa con Podemos lo que a los hombres lobo con la luna, que cuando sale ustedes se ponen en modo destroyer buscando el beneficio propio en el cuanto peor, mejor, y cuando no está sacan el PSOE constructor y quieren hablar de pactos y quieren hablar de políticas generales. Señores del PSOE, no cuela, ya no cuela con sus actos. Si a ustedes no les importa la educación ni les importa el futuro, ¿cómo vamos a creer que les importa a ustedes la ciencia? ¿Cómo vamos a creerlo? Es más, a ustedes les importan un bledo todas las cuestiones de Estado porque están obsesionados con sus votos, con sus quitas y con sus propios intereses.

Yo quiero transmitirle un mensaje a la ciudadanía: que no todos los grupos políticos somos iguales ni todos los políticos somos iguales. (Aplausos). Algunos sí tenemos un proyecto de país, sí tenemos un modelo de país y algunos sí creemos en el futuro. A Ciudadanos nos preocupa la ciencia, nos ha preocupado la ciencia con líder, con lideresa, antes, durante y después de las encuestas. Por tanto, y solo por esta razón de coherencia política, vamos a apoyar su moción. (Risas.-Protestas).


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Porque impulsar la ciencia en este país es urgente, es necesario y es importante para el futuro. (Rumores.-Aplausos).

Dicho esto, me voy a permitir hacer un poco de historia, porque hay que recordarles que fueron ustedes, cuando agotaban su mandato en el año 2011... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señora Martín Llaguno, un segundo.

Señorías, será la última vez que llame de forma colectiva al silencio. Les ruego respeto al orador, lo repito.

Continúe, señoría.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Decía que les quería recordar que fueron ustedes, cuando acababan su mandato en el año 2011, ya pensando en que no iban a gobernar, los que hicieron la Ley de Ciencia y pusieron un chorizo de disposiciones que obligaban al Gobierno siguiente, Gobierno que ha cogido esta estrategia de patada hacia adelante como solo ellos saben hacerlo, es decir, no haciendo nada. (Aplausos). Por eso ha habido en estos años unos recortes del 33 % en ciencia; por eso seguimos sin estatuto del personal investigador en formación; por eso la Agencia Estatal de Investigación la hemos tenido que poner en marcha nosotros con el acuerdo de investidura, y por eso los investigadores de las OPI continúan sin evaluación de su desempeño.

Todo, todo lo que plantean hoy en su moción lo ha pedido ya Ciudadanos con PNL, con preguntas y con negociaciones, pero lo hemos hecho sin complejos, no como ustedes, porque, por ejemplo, en el punto 1 sacan ustedes el mantra del PIB, pero luego vuelven a decir que no, que hay que blindar el gasto evitando los ciclos económicos. A ver, que se lo he explicado muchas veces, que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, que o blindan o PIB, y están ustedes con el mantra del PIB y al final parece que no lo entienden. En Ciudadanos hemos ido más allá de las mociones, más allá de las PNL y más allá de las preguntas. En Ciudadanos hemos presentado hechos, hemos ido a negociar. Las cosas se consiguen con hechos, y por eso en el acuerdo de investidura le arrancamos al Gobierno del Partido Popular el compromiso de incrementar en un 1,2 % la inversión pública en I+D; conseguimos que se comprometieran a dar 500 millones de euros para una red Cervera; conseguimos que ampliaran la oferta pública de empleo y que los profesores, catedráticos y titulares interinos, pudieran sacar sus plazas en propiedad; conseguimos que los Ramón y Cajal pudieran ser contratados de otra manera, con cualquier categoría laboral; o conseguimos, como ya he dicho, echar a andar la Agencia Estatal de Investigación. Pero es más, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, si el Gobierno los trae de una vez, el PP cumple sus compromisos y el PSOE sale del "no es no", conseguiremos -si el PP cumple- un aumento del 3 % de inversión pública en I+D+i, 50 millones de euros adicionales para la red Cervera, 480 millones para nuevos emprendedores y para allanar el camino a las startups y 90 millones dedicados a impulsar la economía digital.

Señores del PSOE, vuelvan a la cordura, dejen de presentar mociones chorizo como esta, dejen de confundir el hemiciclo con la tarima de un mitin (Rumores)...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MARTÍN LLAGUNO: ... y ayúdennos a obligar a estos señores, a obligar al PP, a ponerse las pilas y hacer políticas públicas de verdad. Señores del PP, cumplan con su palabra, tengan altura de miras, también para el tema de la ciencia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo Baena, y ruego de nuevo silencio.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, a pesar de los reproches del Partido Socialista, creemos sinceramente en su intención de acuerdo, de pacto. Por ello intentaremos obviar todo aquello que nos han dicho.

Señora Rivera, de Ciudadanos, podemos compartir con usted el inicio de su intervención pero, sin acritud, recordarles que ustedes se han levantado del pacto por la justicia, han abandonado el pacto por la justicia. (Protestas.-La señora Rivera de la Cruz pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos). Hombre, un poquito de coherencia, un mínimo de coherencia.


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Hecha esta pequeña introducción, nos ceñiremos a lo que teníamos previsto. Creemos que se abre un nuevo horizonte para la ciencia a raíz de esta moción y de los términos recogidos en ella, así como en sus enmiendas. Desde hace muchos meses, como ustedes conocerán, se está intentando desde el Ministerio de Economía, y en concreto desde la Secretaría de Estado de I+D+i, alcanzar un gran pacto por la ciencia, un marco que nos permita seguir avanzando en la posición como país en todo lo relativo al I+D+i. Y sinceramente, a pesar de la buena voluntad de todas las partes, no se atisbaba un éxito en cuanto a su finalización. Con esta moción se abre una nueva perspectiva, y lo agruparemos en tres bloques. Lo primero, quizá lo más importante para nosotros -otros primero han hablado de financiación-, el personal investigador. Estamos de acuerdo con su planteamiento como concepto general; es más, consideramos, y así se lo dijo el ministro, que los investigadores son la pieza nuclear sobre la que debe girar la ciencia, pero no podemos compartir su propuesta de contratar 10 000 investigadores, carece de justificación suficiente: programación, estimación de gasto público... Significaría, para que ustedes se hagan una idea, multiplicar por tres el personal que actualmente tenemos en el CSIC. Frente a eso ¿qué hemos hecho? Pues coja los datos del INE del año 2016, se han incrementado en el ámbito de la I+D+i 5000 personas, de las cuales 4000 son investigadores, eso es potenciar la I+D+i. En segundo lugar, si aprobamos los Presupuestos Generales del Estado de 2018 o, en su caso, se abstienen significaría la estabilización laboral en los próximos tres años del 90 % del personal que trabaja en el ámbito de la I+D+i. Les recuerdo también que nosotros aprobamos a finales del año 2017 el Real Decreto 14/2017 para incluir a las fundaciones, que a ustedes se les olvidó incorporar en la Ley de Ciencia, y eso ha permitido dotar de estabilidad y seguridad al personal del CNIO, del CNIC, etcétera.

Segundo punto, importante también, como no puede ser de otra manera: la financiación. Ustedes saben la propuesta del ministerio, la propuesta del ministro de Economía: el 2 % del producto interior bruto. Queremos agradecer desde aquí, y lo digo de corazón, el esfuerzo realizado por el Partido Socialista, que hasta hoy pedía el 3 %, hoy en su moción recogen el 2 %; ese es el camino y se lo queremos agradecer porque reconocemos que es un esfuerzo para ustedes. (Aplausos). Y vamos a ver por qué hablamos del 2 %. Miren, en el momento de mayor inversión en el ámbito del producto interior bruto se alcanzó el 1,40 y lo hicieron ustedes, se lo reconocemos; hoy tenemos el 1,20. ¿Saben lo que significaría alcanzar el 2 %? El 50 % más de aquel momento en el que más se consiguió, sería algo histórico conseguido por todos nosotros. Pongámoslo en millones de euros, que es lo que la gente ve: significaría pasar de 13 200 millones de euros a más de 23 000 millones de euros en I+D+i, 9000 millones entre todos. Ojo, este es un movimiento muy importante de inversión, afecta al sector público, Administración General del Estado, a comunidades autónomas, universidades, sector privado también; eso lo tenemos que hacer entre todos. Es importante inyectar dinero pero no hacerlo sin control, no todo es el dinero; eso ya se hizo en otros momentos y ha costado mucho revertir la situación y enderezar el rumbo. No volvamos a caer; se pueden hacer muchas cosas sin gastar más. Ejemplo, Programa Horizonte 2020. España es el cuarto país por primera vez en la historia que más retorno tiene, es el tercer país con mayor número de proyectos liderados y el cuarto país con mayor número de proyectos seleccionados. Eso es hacer las cosas bien. Y las comunidades autónomas también tienen que invertir. ¿Saben cuántas comunidades invierten el 2 %? Ninguna; solamente cinco invierten por encima del 1 %, con lo cual este compromiso no solo es aquí, lo deben reproducir en todos los Parlamentos autonómicos. (Aplausos). La Unión Europea en el mix de inversión dice que el sector privado tiene que llegar al 66 % y en España no alcanza ni el 53 %. ¿Cómo conseguimos que el sector privado, que los inversores inviertan? Dándoles seguridad, estabilidad y confianza en el sistema.

Por último, hablaban de cuestiones y problemas procedimentales o burocráticos. Tienen razón, pero vamos a analizar algunos de los que comentan; por ejemplo, el del personal de los OPI y su carrera profesional. Saben que hay un borrador y que requiere para que tenga fin aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Hablaban de la intervención previa y ustedes conocen también que ha habido reuniones de la Secretaría de Estado de I+D+i y del secretario de Estado de Presupuestos, que están trabajando sobre un régimen simplificado para los OPI. Si hablamos del IVA, señor Xuclà, le aconsejo que pregunte a sus compañeros cómo llevamos la tramitación. Hemos conseguido que las subvenciones no lleven IVA, supone un 21 % más para los centros de financiación. Y en cuanto a la deducibilidad del IVA, la prorrata, estamos trabajando sobre ella en la nueva ley de contratos de sectores excluidos. Le animo a que conozca esto. También hablan de la Agencia Estatal de Investigación. De acuerdo, pero lleva menos de un año, dejemos que funcione. La pueden criticar claro, es del Partido Popular, pero por lo menos


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dejemos que funcione, no sé, ¿le parece bien dos años, tres años? Tampoco les pedimos mucho. (Aplausos).

Por último, como pueden observar de la exposición no estamos tan lejos, compartimos muchos objetivos. No podemos votar a favor porque alguna de sus peticiones ya están en marcha, ya se han cumplido o son de imposible cumplimiento, pero nos vamos a abstener, estamos de acuerdo en el fondo y creemos que es una gran oportunidad para que retomemos el pacto por la ciencia, para que al igual que nosotros, lo hagan ustedes, señores del PSOE; no les pedimos que apoyen los presupuestos, hagan como nosotros: absténganse, sería suficiente. Para nuestro país sería muy importante que gracias a ese gran pacto y a los presupuestos tengamos la posibilidad de seguir mejorando España y que quede constancia de que eso ha salido del esfuerzo y compromiso de todos nosotros. Sería un rotundo éxito.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora González Veracruz si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Hemos preparado una transaccional con una enmienda de Podemos y otra del PDeCAT que vamos a votar en sus términos.

La señora PRESIDENTA: En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. (VOTACIÓN):

- DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA, PARA LA ELIMINACIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL PARLAMENTO Y DEL PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO. (Número de expediente 127/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, va a comenzar la votación. Ocupen sus escaños.

Votamos, en primer lugar, la propuesta del Parlamento de Cantabria de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 3 votos telemáticos, 322; a favor, 188 más 2 votos telemáticos, 190; abstenciones, 131 más 1 voto telemático, 132.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria obtiene el voto de totalidad favorable.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA DESPENALIZAR LAS INJURIAS A LA CORONA Y LOS ULTRAJES A ESPAÑA. (Número de expediente 122/000044).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341 más 3 votos telemáticos, 344; a favor, 93 más 1 voto telemático, 94; en contra, 247 más 2 votos telemáticos, 249; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración la proposición de ley.


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE CIRCULAN POR SERVICIOS CONECTADOS A INTERNET Y EVITAR INJERENCIAS QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000550).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate.

En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España. Señorías, la vamos a votar por puntos.

Comenzamos votando el punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 163; en contra, 177; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 162; en contra, 179.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 167; en contra, 174.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 168; en contra, 172.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A RECUPERAR EL PACTO DE TOLEDO COMO EXPRESIÓN DE CONSENSO POLÍTICO Y EL DIÁLOGO SOCIAL CON EL FIN DE ACORDAR LAS MEDIDAS QUE PERMITAN ASEGURAR PENSIONES DIGNAS Y FORTALECER LA VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 162/000006).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el Pacto de Toledo como expresión de consenso político y el diálogo social con el fin de acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas y fortalecer la viabilidad del sistema público de pensiones.

Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 180; en contra, 131; abstenciones, 30.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARA REVERTIR EL PROCESO DE DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000080).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones.

En primer lugar, vamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para revertir el proceso de despoblación en España. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 30; en contra, 130; abstenciones, 181.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO POR ESPAÑA DEL DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE 20 DE JUNIO DE 2017 SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA. (Número de expediente 173/000081).

La señora PRESIDENTA: Votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda. La vamos a votar en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 164; en contra, 7; abstenciones, 170.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SITUACIÓN DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA E INNOVACIÓN. (Número de expediente 173/000082).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del sistema español de ciencia e innovación. Se vota en los términos de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 202; en contra, 98; abstenciones, 41.

La señor PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las nueve y diez minutos de la noche.

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