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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 83, de 21/12/2016
cve: DSCD-12-CO-83
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 83
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles,
21 de diciembre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro del Interior (Zoido Álvarez), para informar:

- Sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000013) ... (Página2)

- Sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000100) ... (Página2)

- Sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000115) ... (Página2)

- Sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de interior. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000127) ... (Página2)

- Sobre las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000167) ... (Página2)

- Sobre las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000184) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Interior. Con carácter previo y formal, quisiera decirles que, por acuerdo de los portavoces, el orden del debate va a ser el siguiente. Intervención del ministro, sin tiempo, como siempre, en el caso del Gobierno. Intervención de los grupos parlamentarios, por orden de petición de solicitud de comparecencia y por un tiempo máximo de veinte minutos. Y cierra el ministro con una última intervención. Hemos acordado que no haya turno de réplica, y lo digo por el Grupo Mixto. Se ha informado a todos los grupos con carácter previo de que, por cuestiones de agenda de muchas de sus señorías, se ordenaría el debate de esta forma. Habíamos acordado un tiempo de quince minutos en una primera intervención, y vamos a ampliarlo hasta veinte minutos. Habrá generosidad por parte de la Presidencia, si hay algún exceso dentro de los cauces habituales. (La señora Beitialarrangoitia Lizarralde pide la palabra). ¿Sí?

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Señor presidente, hubiera preferido el debate anterior, porque en la medida en la que el ministro diga esto o aquello uno le puede responder y creo que el debate es mucho más sano si hay un cruce de impresiones. Se ha dicho que se ha informado a todos los grupos con carácter previo, pero me gustaría manifestar que aquí hay varios grupos, no solo el Mixto, que no lo hemos sabido hasta ahora. Por tanto, para ordenar bien el debate y para que todos contemos con las mismas reglas de juego, sería bueno que se nos hubiera avisado con antelación y que no nos hubiéramos enterado ahora. Llevamos cinco minutos preguntándonos unos y otros cómo se iba a desarrollar.

El señor PRESIDENTE: Pido disculpas -y quiero que conste en acta- a los portavoces con los que no he podido contactar, pero ha sido cuestión de última hora, aunque esta Comisión está llevando un desarrollo muy adecuado tanto en el fondo como en la forma. Quiero comenzar, en primer lugar, agradeciendo al señor ministro su presencia y su petición de comparecencia en esta Comisión. El señor ministro es diputado y, por tanto, se siente como en su casa. Como presidente de la Comisión, señor ministro, y creo que hablo ahora mismo en nombre de todos los portavoces, quiero decirle que hay un espíritu de diálogo y de colaboración leal entre todos los grupos parlamentarios, y se está demostrando a lo largo de las sesiones que estamos celebrando. A usted y a todo su equipo ministerial, al cual damos la bienvenida, les deseo los mayores éxitos y les felicito por las detenciones de todo tipo que se han producido a lo largo de su mandato en estas fechas. También espero que tengan toda la suerte del mundo, porque la suerte de usted y su equipo ministerial será la seguridad de todos los españoles y de todas aquellas personas que visitan nuestro país. Le cedo la palabra al señor ministro para que inicie la comparecencia.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco por primera vez como ministro del Interior ante esta Comisión de Interior del Congreso, y lo hago con el sano fin de presentar las líneas estratégicas y el programa de actuación del departamento para esta legislatura. Es una legislatura que, lejos de lo que a lo mejor algunos piensan, va a ser tremendamente próspera y útil para todos los españoles, dure lo que dure. Cuando uno asume una responsabilidad como la que me ha encomendado el presidente Rajoy creo que hay que tener muy claro cuál es el nudo gordiano, y el nudo gordiano ha de ser la vocación de servicio, que me parece fundamental en toda actividad pública pero mucho más si se sirve a la sociedad desde el Ministerio del Interior. Creo que se viene a servir, y me considero un eslabón más de la cadena al servicio de los españoles.

Quiero comenzar agradeciendo lo que han hecho todos mis antecesores por nuestra sociedad y por la nación. Creo que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para atraer a la sociedad hasta la situación actual, en la que, después de un duro periplo, la seguridad es un derecho que podemos exigir con plena libertad y no una aspiración. Creo que no es posible aspirar a un futuro mejor sin reconocer los esfuerzos que otros hicieron en el pasado, y tengo la convicción absoluta de que mi verdadera misión como ministro del Interior es dejar el terreno aún más llano a quien me suceda, sea cual sea su ideología y la hoja de ruta que quiera cada uno marcar.

Dijo Nietzsche que solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado, y aspiro a construir un mejor porvenir para todos los españoles, piensen como piensen. La vocación política que me permito reivindicar en estos tiempos tan críticos, en los que tantas cosas importantes han sido maniatadas por el relativismo, es lo único que me mueve; ténganlo por seguro sus señorías. Así que antes de entrar


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en detalle, me gustaría aclararles que todas mis propuestas -se esté o no de acuerdo con ellas- emanan de mi pleno convencimiento, pero está abierto de par en par al diálogo e incluso a la discusión, pues aquí no estamos para hacer lo que nosotros pensamos sino lo que los españoles necesitan. Es, por tanto, un honor para mí presentarme ante ustedes, y lo primero que quiero hacer es darles las gracias por la colaboración que me han prestado nada más irles convocando para vernos, para tener un encuentro, para cambiar impresiones, para intentar avanzar en las tareas que tenemos por delante en esta legislatura.

Soy consciente de que ustedes tienen la responsabilidad de controlar al Gobierno, pero también estoy seguro, después de haberlos conocido, que lo van a hacer desde una actitud constructiva y conciliadora, buscando el interés general y el éxito en la lucha contra nuestros enemigos comunes. Por ello, quiero que mis primeras palabras sean de gratitud al presidente de esta Comisión, a quien conozco hace muchos años. Él también fue alcalde, como yo lo he sido y como hay aquí portavoces y diputados que también lo han sido. Quiero también darles las gracias a los portavoces que han estado conmigo últimamente y con los que he tenido la oportunidad de cambiar impresiones: a José Alberto, a Antonio, a Miguel, a Rafael, a Mikel y a Sergi. No pude estar con Gabriel, no nos pudimos ver por un problema de agenda de última hora, pero también me mostró su disposición al diálogo. Les agradezco sinceramente a todos los minutos que me permitieron disfrutar de su compañía para hablar sobre temas comunes, y les garantizo que es un simple adelanto de lo que tenemos que hacer cada día.

Tenemos que trasladarnos entre todos confianza y al mismo tiempo transparencia a la hora de las negociaciones, porque les adelanto que tengo el firme compromiso de que esta legislatura no sea solo la del diálogo -que lo va a ser-, ni siquiera la del consenso; mi intención -y ahora sé que también la de ustedes- es la de que esta legislatura sea una legislatura útil para todos los españoles. Yo la quiero llamar la legislatura de la concordia, porque de ello nos íbamos a beneficiar mucho. Desde luego juntos podemos conseguirlo y no les quepa la menor duda de que el ministro va a poner todo de su parte para que esto pueda ser así.

Puede que a algunos mis pretensiones les parezcan demasiado optimistas, y creo que no están exentos de alguna razón, sobre todo viniendo de donde venimos y teniendo aún que superar los últimos tramos de la salida de una terrible crisis y con un Parlamento fragmentado donde no es necesario dar detalle de lo difícil que va a resultar conformar determinadas mayorías. Pero, si uno es optimista, y yo lo soy por naturaleza, porque además he vivido -como a cada uno de los que estamos aquí seguro que nos ha sucedido- enormes alegrías y también sinsabores terribles, si uno pone de su parte, el saldo siempre terminará siendo positivo. Esta experiencia, esta reflexión vital, la uno a lo que la historia nos enseña, y creo que hay un momento histórico al que tengo mucho respeto e incluso, permítanme que utilice el término, veneración. Se trata de un momento que para mí supone un manual de instrucciones en este momento transcendental que estamos viviendo, y es el de la Transición.

Señorías, la Transición política coincidió -y permítanme que haga una reflexión de tipo personal- con mi propia transición personal, la de un joven estudiante en aquella época que proviene de una España rural y que con esfuerzo y sacrificio de toda la familia al final estudió la carrera de Derecho, hizo las oposiciones de judicatura y con veinticinco años fue juez. Fui testigo en aquella época de la Transición y tomé buen ejemplo de aquellos catedráticos que tuve entonces y de la renuncia que se hizo por parte de tantos responsables públicos. Por eso, tengo la esperanza y la posibilidad de pretender también mejorar la situación, como ellos hicieron en su día. Por ello, siempre estaré agradecido a todos los que hicieron posible aquella transición y creo que nosotros también debemos ofrecerles a los españoles de hoy, sobre todo a aquellos que han salido más golpeados por la crisis, la misma esperanza y la certeza de que si se esfuerzan van a tener el reconocimiento o el premio que se merecen.

Continuando con esta reflexión sobre la Transición, no fue solo mérito, en mi opinión, de Adolfo Suárez o de Torcuato Fernández Miranda, ni siquiera lo fue solo por el mérito exclusivo de su majestad el rey Juan Carlos I. La Transición fue también aquella de Felipe González, de Fraga, de Carrillo, de Miquel Roca y de tantos y tantos otros, hasta llegar al último ciudadano español que la refrendó con su voto el 6 de diciembre de 1978. Ese es el mayor ejemplo que nos dio la Transición: hagámoslo juntos y el resultado terminará siendo el de todos. Eso es lo que yo hoy les ofrezco y les pido, que hagamos juntos el camino y que el resultado sea de todos. Hagamos juntos el trabajo que nos toca y hagamos más segura España, y de esa manera la haremos más libre también, que es lo que se merece la sociedad española. Ese es nuestro reto, por supuesto el mío, el de todo el equipo -parte del cual me acompaña aquí en el día de hoy-, y estoy seguro que el de todas y cada una de sus señorías.


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En cualquier caso, sé que no es fácil lograr este objetivo, porque además son muchas las amenazas que en España y en cualquier otra parte del mundo se ciernen sobre la pacífica convivencia. Por ello, para no perdernos, les voy a proponer usar una misma brújula en la que encontremos siempre las coordenadas correctas que nos permitan seguir juntos en el mismo camino. Utilizando este símil, el primer punto cardinal, el norte de esa brújula será el diálogo y el acuerdo que nos lleve a lograr para España la política de seguridad nacional de la concordia. Seguro que todos compartimos que nuestros objetivos para con los ciudadanos se cumplirán si, tras esta legislatura, la situación que legamos a quienes nos sucedan es de más seguridad para todos los ciudadanos en su vida diaria, quedando desprovistos de amenazas y luchando por erradicar aquellas que quisieran enturbiar la normal convivencia de todos.

Más seguridad para todos los conductores cuando nos desplazamos por las vías, carreteras y autopistas de toda España. Más seguridad para las mujeres víctimas de la violencia de género, para que destierren de una vez el miedo a convivir con alguien que confunde el amor con la posesión. Más seguridad en sus derechos para quienes llegan a vivir entre nosotros como consecuencia de procesos migratorios o como asilados. Más seguridad y más libertad en los lugares de enseñanza, de ocio, en la vida pública, en las redes sociales o en Internet. Y, cómo no, más seguridad y derechos en una España que se ocupa, atiende y apoya a las víctimas del terrorismo como verdaderos mártires de la etapa democrática. Pues bien, si estamos de acuerdo en los fines, vamos a intentar ponernos de acuerdo en los medios.

Les voy a proponer algunos hitos en esa senda norte de nuestra brújula del acuerdo en materia de seguridad, y espero que podamos hacer juntos la travesía aunque a veces tengamos discrepancias. El propio presidente Obama, en el discurso inaugural de su primer mandato, decía: "Rechazamos como falso que haya que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales". Yo les propongo hoy que no solo rechacemos esa teórica elección, sino que elijamos defender esos ideales para, en libertad, convertirlos en derecho, y ello solo es posible apoyándonos en el binomio seguridad-libertad, que lejos de ser una dialéctica excluyente, es cada día más una unión compatible y complementaria. Pues vayamos con las coordenadas que nos permitirán hacer juntos el camino hacia la seguridad de la concordia.

La primera será la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, cuyo objetivo fundamental es conjugar ese binomio seguridad y libertad. Ya he manifestado recientemente -en privado, en público y hasta en sede parlamentaria- que cuando hablamos de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana hablamos de una ley que es garantista con los derechos y libertades de todos los ciudadanos, asegurando, por ejemplo, a pesar de lo que se ha dicho, el ejercicio de derecho de manifestación y también del de aquellos que no quieren manifestarse; que responde a una demanda de amplios sectores de la sociedad, aunque no de todos, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, adecuándose a los tiempos, ha mejorado la anterior Ley de 1992, que había quedado obsoleta; que ha recogido delitos destipificados con la reforma del Código Penal que quedarían sin sanción si no existiera esta ley y que ha sido tremendamente eficaz para el bienestar de los ciudadanos. Les podría ofrecer una larga lista de cifras y datos que lo acreditan, pero ya he tenido la oportunidad de exponerla también en sede parlamentaria.

Ahora bien, señorías, eso no quiere decir que no piense que esta ley se puede mejorar. Todo es mejorable, pero desde la responsabilidad de Gobierno les quiero decir que una cosa es introducir modificaciones en la ley y otra muy diferente su derogación. Como ustedes saben, generaría un vacío normativo de imprevisibles efectos, ya que la derogación no supone la restitución de la que antes se hubiera derogado y, por tanto, dejaría sin cobertura legal un buen número de materias o actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No piensen que hablo de medidas de fuerza, se trata de acciones tan inocuas como la regulación del Documento Nacional de Identidad o el pasaporte simplemente, o de la normativa en materia de armas y explosivos y por supuesto también de cacheos, etcétera. Por eso, les insisto en poner rumbo al consenso y buscar el acuerdo siempre que sea posible en artículos concretos, en aspectos definidos y no sobre argumentarios vacíos o eslóganes que pudiéramos fácilmente buscar, y para ello tienen mi mano tendida y toda la disposición del equipo del ministerio para sentarnos y hablar cuando estimen oportuno con el fin de alcanzar consensos sobre todo aquello que consideremos oportuno y que vaya a mejorar el texto en vigor.

Les marco la siguiente ruta: la actualización de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esta ley orgánica, que data de 1979, fue la primera de las leyes orgánicas que desarrolló la Constitución y que entonces fue aprobada por un amplísimo consenso, con dos abstenciones tan solo y el resto de votos a favor. No dejaría de ser un símbolo de esa seguridad nacional de la concordia llegar a un acuerdo amplio para actualizar la ley así como para la armonización de las normas que la desarrollan, el reglamento penitenciario y el extenso cuerpo de instrucciones y circulares a día de hoy de laborioso conocimiento y


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difícil manejo por su extensión y la propia complejidad que tiene. Les pongo un ejemplo: la libertad condicional. El vigente Código Penal la fija como forma de suspensión de la pena, cayendo en serias contradicciones con su regulación por parte de la Ley General Penitenciaria como forma de cumplimiento del último periodo de la condena. Esta divergencia impide su aplicación de forma homogénea y provoca desajustes que en última instancia perjudican a todo el sistema en su conjunto. De igual manera, es preciso regular con rango de ley tanto las infracciones disciplinarias como las sanciones a imponer a los internos con un reglamento penitenciario nuevo; el actual data de 1981. Otro objetivo importante debe ser introducir medidas destinadas a incrementar también la protección de los funcionarios frente a eventuales agresiones por parte de los internos en línea con la proposición no de ley avalada por los Grupos Socialista, Ciudadanos y Popular. Asimismo, se debe dar rango de ley al régimen flexible de cumplimiento, al control telemático de recursos en tercer grado y un largo catálogo que sería preciso abordar integrando las opiniones más autorizadas de jueces de vigilancia, actores penitenciarios, la mejor doctrina y, cómo no, también de la Generalitat de Catalunya, que tiene competencias ejecutivas en materia penitenciaria.

También en el ámbito de Instituciones Penitenciarias se hace imprescindible acordar el comienzo del proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud, la cual trae causa de las previsiones tanto de la Ley General de Sanidad como de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Sanitario, contemplado ya en el año 2003. No es otra cosa que una iniciativa destinada a mejorar la calidad asistencial a las personas que están privadas de libertad que no conllevaría gasto adicional para el Estado en la medida en que la transferencia de las competencias iría acompañada de los recursos tanto humanos como financieros que la administración penitenciaria hoy día destina a financiar esta prestación y que consideramos que está razonablemente bien dotada; si no fuera suficiente, sería necesario un acuerdo para que en administraciones públicas se contemplara una cantidad adicional. Estas medidas y otras más permitirían adecuarse mejor a lo que la sociedad viene demandando y espera del sistema penitenciario español.

Señorías, decía Norberto Bobbio que debemos ver la seguridad como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley. Pues bien, traigo esta cita porque quiero hacer una reflexión sobre nuestra seguridad que considero necesaria y oportuna: la seguridad pública de los españoles descansa en el Estado de derecho y en la tarea diaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¡ojo!, sin olvidar el trabajo de las policías locales y también de los cuerpos de policía que están sirviendo, como la Ertzaintza o los Mossos en el País Vasco y en Cataluña respectivamente; para todas ellas, para todos sus agentes hoy quiero tener un reconocimiento, rendirles tributo y transmitirles mi afecto, mi agradecimiento y la enhorabuena, y estoy seguro de que lo estoy haciendo en nombre de todas sus señorías también. En especial -sé que me entienden-, quiero trasladar, como no podía ser de otra forma, mi admiración a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por el trabajo que realizan al servicio de la sociedad española. Su eficacia, su profesionalidad y su espíritu de sacrificio les ha llevado siempre, gobierne quien haya gobernado, a dar lo mejor de sí mismos, a veces incluso la vida en beneficio del prójimo. Por ello, quisiera hacer constar hoy públicamente mi agradecimiento eterno.

El modelo policial español está más asentado y consolidado y por eso, en sintonía tanto con el modelo de organización territorial que tenemos en España tras la Constitución de 1978 como con los modelos de los países de nuestro entorno, están nuestras policías formadas por un cuerpo, uno de naturaleza civil -Cuerpo Nacional de Policía- y otro de naturaleza militar -Guardia Civil-. Las competencias que les son encomendadas por ley de manera compartida o exclusiva vienen siendo desarrolladas de manera muy exitosa y con claros beneficios para el desarrollo de las libertades de los ciudadanos que aprecian el trabajo realizado por ambos cuerpos, valorando ambas instituciones entre las mejores del país y, tal y como se demuestra en las encuestas del CIS una y otra vez, de manera constante.

Una de dichas competencias es la seguridad privada, cuyo reglamento también debe ser abordado durante esta legislatura en desarrollo de la ley que ya fue acordada por varios grupos políticos. El nuevo reglamento de seguridad privada resulta imprescindible para la efectividad de las novedades que ha incorporado la citada Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que tuvo una excelente acogida dentro de este importante sector. Les voy a dar unas cifras que demuestran la trascendencia e importancia del sector: en el año 2015 facturó 3.481 millones de euros y da trabajo a 100.000 personas; es un sector puntero y reconocido tecnológicamente a nivel mundial y es necesario para el correcto desempeño de los grandes sectores económicos de este país, como es el comercio o el transporte.

Por último, y para acabar con lo que se refiere a las propuestas normativas, quiero recordarles que formamos parte de la Unión Europea, como bien conocen todas sus señorías, y que además de importantes


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derechos también asumimos con ellas determinadas obligaciones, entre otras, que antes del verano de 2018 debemos realizar la trasposición de dos directivas europeas. Son dos directivas complejas y con una gran incidencia en el funcionamiento de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que van a requerir su tramitación como leyes para incorporarse a nuestro ordenamiento interno. Son la trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros, PNR, para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de delincuencia grave, y la trasposición de la Directiva europea relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones, así como a la libre circulación de dichos datos. Del mismo modo, debemos proceder a la completa transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva de Retorno, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países cuando se encuentren en situación irregular. En teoría, la teníamos que haber realizado con la Ley de 2009, antes de que concluyera el plazo de transposición que, como saben sus señorías, finalizó el 24 de diciembre de 2010, pero la Comisión consideró insuficiente e incompleta la transposición que se hizo. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un procedimiento de infracción y se nos insta a realizar una transposición correcta en el plazo de dos meses.

Señorías, al igual que la Unión Europea, España se enfrenta a dos fenómenos que han adquirido en estos últimos tiempos una nueva magnitud: el fenómeno migratorio y la enorme ola de refugiados que se ha venido generando por conflictos bélicos y socioeconómicos en países de Oriente Medio y Lejano, dos fenómenos en los que la dimensión humana nunca puede ser olvidada, pero que también requieren una respuesta desde la seguridad, con la solidaridad por bandera. Con respecto a la inmigración, no creo que sorprenda a nadie si reitero mi apuesta por una inmigración legal y ordenada, cuyos beneficios son grandes para todos, para quienes emigran y para quienes les recibimos. Y en lo que respecta a la inmigración irregular, creo que se debe continuar con una política articulada sobre cinco pilares, que es la misma que se ha practicado por los diferentes Gobiernos durante las cuatro últimas legislaturas, señal de su bondad, eficacia y utilidad. En primer lugar, la cooperación bilateral con países de origen y tránsito, especialmente destacaré el papel de Marruecos, país que tuve el honor de visitar el pasado 7 de diciembre, y que fue mi primer destino exterior, para agradecer e intensificar nuestras ya fructíferas relaciones bilaterales; en segundo lugar, la prevención en origen mediante proyectos operativos específicos; en tercer lugar, el adecuado control de fronteras; en cuarto lugar, la lucha contra las redes de tráfico de personas, y, por último, el retorno. No obstante, desde el convencimiento de la necesidad de una verdadera política migratoria común de la Unión Europea ante la cambiante realidad del fenómeno migratorio, es preciso innovar nuevas respuestas. Así, ante el éxito del proyecto de retorno voluntario desde Marruecos de la Organización Internacional de las Migraciones, estamos impulsando el mismo proyecto de retorno en Mauritania.

Quiero también plantear una reflexión sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros, los CIE. Como ustedes saben, estos centros no tienen carácter penitenciario, forman parte de lo que ha sido la política común europea y han prestado un servicio, pero pueden y deben mejorar en su concepción, en su funcionalidad y en sus objetivos. Los grupos parlamentarios que recientemente visitaron el CIE de Aluche así lo han planteado en varios plenos de esta Cámara. Por eso me propongo impulsar un grupo de trabajo entre distintos ministerios, con los mejores técnicos, con la experiencia de las ONG especializadas y, si lo tienen a bien, contando también con los grupos políticos, para determinar el modelo idóneo de CIE desde el punto de vista arquitectónico, de distribución de los espacios, de la gestión y de la atención adecuada a los internos, pero también les digo que si hasta ahora han funcionado estas instalaciones ha sido gracias a la entrega de los agentes de policía que debieron asumir esta función. Todos les debemos respeto y agradecimiento por ello. El problema de los CIE no es exclusivo de España. Les aseguro que no está resuelto correctamente y a plena satisfacción de todos los grupos políticos en ninguno de los países de la Unión. Por eso les propongo que dejemos de parchear el problema, que seamos audaces y diseñemos el modelo de CIE ideal para todos, de tal forma que nos puedan copiar los miembros de la Unión Europea, los países que quieran seguir nuestra senda.

Con respecto al asilo, señorías, es evidente que los diferentes grupos no llegaremos a estar de acuerdo en la forma ni en el fondo del esfuerzo que España puede ofrecer ante el drama humanitario de los refugiados. Todos los grupos compartimos que nos enfrentamos a un fenómeno desconocido en su magnitud desde el periodo de las guerras mundiales, pero quiero manifestarles que me parecen injustas


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muchas críticas que he leído y escuchado en esta materia. No es solo el esfuerzo del Gobierno de España lo que se cuestiona, sino que a veces también se cuestiona el esfuerzo de la sociedad española que, sin haber salido aún de la terrible crisis, ha demostrado sobradamente su sensibilidad con este problema desde la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso. Solidaridad con los acuerdos a los que se ha llegado en el seno de la Unión, que a todos nos obligan, y España ha jugado en este tema un papel especialmente protagonista. Responsabilidad ante unas necesidades y unas posibilidades reales frente a los brindis al sol de algunas instituciones y ante -permítanme que les diga- los retrasos iniciales de la puesta en marcha de esos puntos especiales, esos puntos concretos de los propios procedimientos establecidos en las directivas y la situación interna que tuvimos en España, con un Gobierno en funciones durante casi once meses. Aún así, creo que España comunicó su voluntad de reubicar a 900 solicitantes, como he tenido oportunidad de decir tanto en el Senado como en el Congreso cuando les he dado cuenta. Por último, compromiso, porque nos corresponde avanzar en el cumplimiento de los que tenemos asumidos por España dentro del Consejo de la Unión Europea en relación con la reubicación y con el reasentamiento. En los próximos consejos de ministros se abordará el plan de reasentamiento que debe ejecutarse en el año 2017 y se dará cumplimiento en su totalidad al cupo asignado a España en reubicación, cuya ejecución está presentando más complejidad de la prevista para todos los miembros de la Unión. España seguirá asumiendo el cupo que le corresponde, que se suma al número de refugiados que se manifiesta en territorio nacional y que en los últimos años ha experimentado un notable incremento. El año 2016 se cerrará con cerca de 16.000 solicitantes en territorio, a los que hay que añadir las solicitudes derivadas de los procesos citados de reubicación y reasentamiento. Del mismo modo, permítanme que les pida un esfuerzo de consenso en la compleja -porque así es: compleja- elaboración y aprobación del reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. Tras un laborioso proceso de tramitación, nos encontramos en la actualidad esperando las consecuencias de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, pues muy probablemente nos va a obligar a efectuar modificaciones en nuestra propia ley, de la que trae causa el reglamento al que acabo de hacer referencia.

Señorías, capítulo aparte merece la muerte de tantas mujeres a manos de sus parejas y requiere un pacto de Estado sobre la violencia de género, compromiso que adquirió el presidente Rajoy durante la sesión de investidura y que poco después se ratificó con la casi unanimidad de la Cámara. La lucha contra esta violencia precisa un enfoque claramente multidisciplinar y exige una absoluta coordinación entre todas las administraciones y las instituciones públicas y privadas que participan en ello. Desde el Ministerio del Interior vamos a seguir trabajando en el perfeccionamiento del sistema VioGén, que es nuestro elemento clave en la lucha contra esta brutal violencia, sistema cuyo objetivo es prevenir nuevas agresiones y reducir la tasa de reincidencia. Como sus señorías conocen, se trata de un sistema original y único, en la vanguardia europea y mundial, que se fundamenta en el análisis del riesgo de manera continua e individualizada teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentran tanto la mujer como sus hijos menores de edad, que está en permanente construcción y mejora, y al que no solamente se incorporan nuevos actores, sino sobre el que también se realiza un permanente trabajo de perfeccionamiento de sus funcionalidades. En la actualidad estamos trabajando en su integración al sistema de los servicios sanitarios y de asistencia social. Su norma básica es compartir recursos e información buscando ofrecer una respuesta global, integral y coherente, y homogenizando las actuaciones de asistencia y protección en todo el territorio nacional. A fecha de hoy, el número de usuarios del sistema VioGén supera los 38.000, que pertenecen a distintas entidades e instituciones públicas, con casi 435.000 casos de violencia de género registrados, así como cerca de 2,5 millones de evaluaciones de riesgo individualizadas, que ya se han practicado. El pasado mes de septiembre se pusieron en explotación unos nuevos formularios de valoración del riesgo; en enero se pondrá en explotación el intercambio automatizado de información con instituciones penitenciarias y posteriormente integraremos otros sistemas de información, tanto policiales como judiciales y asistenciales. Además, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se está liderando un equipo multidisciplinar dedicado a revisar de manera pormenorizada y sobre el terreno los casos de homicidio por violencia de género ya acaecidos, desgraciadamente, intentando de esa manera detectar posibles indicadores o factores de riesgo que hubieran podido existir. Una vez se revise una muestra suficiente de casos, se determinará si es posible introducir en los formularios de valoración de riesgo del sistema VioGén una escala de riesgo homicida que permita anticiparse y tratar de impedir este tipo de muerte. Pero además de en el ámbito policial o de la seguridad, también se está trabajando en materia de sensibilización y educación, sobre todo con nuestros jóvenes y adolescentes. En este campo también estamos aportando nuestro grano de arena con el Plan director para la convivencia y mejora de la


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seguridad en los centros educativos y su entorno. Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado imparten charlas en los colegios sobre distintos temas como el acoso escolar o la seguridad en las redes sociales, pero también incluyen, señorías, la prevención y la sensibilización para erradicar la violencia sobre la mujer. En el curso pasado se impartieron más de 3.000 sesiones sobre esta temática. Queda todavía mucho por hacer y por tanto seguiremos trabajando en ello, pero si de verdad queremos afrontar con garantía de éxito este grave problema deberíamos hacerlo todos juntos y trabajando en la misma dirección.

También la seguridad vial es una tarea de todos y entre todos. Vamos a enfrentarnos a un drama que muchas veces es evitable, pero con consecuencias siempre trágicas y, a veces, desgraciadamente irreparables. Aunque será en la Comisión de Seguridad Vial donde se presenten las propuestas políticas y técnicas concretas de una manera más detallada, hoy les quiero manifestar en esta sede parlamentaria como ministro del Interior mi firme compromiso en la mejora de la seguridad en nuestras carreteras. Aunque en los últimos años la reducción de fallecidos y heridos graves ha sido una constante, detrás de cada cifra hay una vida truncada y una familia rota, por lo que todos los esfuerzos que hagamos en esta reducción siempre serán bienvenidos. Estos esfuerzos van a ser canalizados y englobados dentro de un pacto de Estado por la seguridad vial, con vocación de continuidad y que debe dar lugar, entre otras cosas, a una revisión eficaz del Reglamento General de Circulación, contando necesariamente con todos los actores implicados en materia de seguridad vial, las administraciones públicas y la propia sociedad civil. Estos esfuerzos deben dirigirse básicamente, en primer lugar, a reducir el número de accidentes de tráfico y las lesiones que se producen en los mismos y, en segundo lugar, a garantizar una movilidad segura y sostenible a través de una adecuada gestión del tráfico. No quiero apuntar nada más en esta materia pues en breve se va a desarrollar en la Comisión de Seguridad Vial.

Uno de los fenómenos que más gravemente se han manifestado en los últimos tiempos, llegando a constituirse durante meses en la máxima preocupación de los ciudadanos, es la corrupción, que también quiero abordar en esta comparecencia. Ciertamente convendrán conmigo que nunca antes se habían adoptado medidas tan inequívocas y contundentes de lucha contra este fenómeno, ante el que los ciudadanos nos han dicho basta. Pero hoy quiero reivindicar al mismo tiempo la política como servicio público, aun reconociendo que han sido demasiados los que han estado en la vida pública por abyectos intereses personales. Al mismo tiempo, quiero reivindicar también la limpieza e integridad de la gran mayoría de las personas que estamos en política, una dedicación profesional que exige mucho pero que permite con su acción mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por último, quiero proclamar también la grandeza de nuestro Estado de derecho, que ha perseguido, persigue y perseguirá todas las conductas de aquellos que hayan cometido hechos delictivos y que tanto daño han hecho a la credibilidad de todos. En lo que respecta al Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan con todo mi apoyo para seguir luchando con eficacia, como hasta ahora han hecho, contra la lacra de la corrupción. Si en 2010 habían sido 306 las investigaciones por hechos relacionados con la corrupción de hasta cuarenta tipologías distintas, en 2015 han sido 1.108 las investigaciones; la mayoría de ellas sobre hechos que se habían producido antes del 2010.

Por último, para concluir con este primer punto cardinal de la nueva política de seguridad de la concordia, que es el consenso, me van a permitir que les pida un favor personal: que el mayor de nuestros consensos lo dediquemos a dignificar a las víctimas del terrorismo. Los guardias civiles, los policías nacionales, trabajadores de instituciones penitenciarias, militares, políticos, periodistas, ciudadanos normales y anónimos, y otros tantos colectivos de la sociedad han sido objeto de la sinrazón y del criminal terrorismo durante muchos años. Más de mil personas han sido asesinadas en estas décadas, casi novecientas a manos de la banda terrorista ETA; varios miles han sido heridos y muchos miles más extorsionados, amenazados o desterrados de la tierra en la que vivían. A todos ellos, mi respeto y mi cariño. Ellos son, como decía antes, los mártires de este sistema democrático de derechos y libertades y, me atrevería a decir, los héroes de nuestra democracia. En mi caso concreto, las víctimas son uno de los compromisos perpetuos que motivan mi presencia en el servicio público y por ello quiero que durante esta legislatura, en el frontispicio de la actividad diaria del Ministerio del Interior, esté el compromiso continuo, permanente y generoso con las víctimas del terror, víctimas que nos manifiestan a los ciudadanos en general y nos exigen a quienes tenemos responsabilidades en las administraciones públicas memoria, dignidad, justicia y verdad. A todas ellas, en base a estos irrenunciables principios, les vamos a responder y la mejor manera de hacerlo es trabajar en distintos caminos. En primer lugar, introduciendo mejoras normativas, por ejemplo, en el régimen de prestaciones en lo que se refiere a la insignia y régimen que


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reconoce a amenazados ilesos y familiares de fallecidos o heridos, o a la equiparación de las indemnizaciones a abonar por el Estado, con independencia de que se determine o no la responsabilidad civil fijada en sentencia penal en delitos de terrorismo y con independencia de que el atentado se cometa o no en territorio español. En segundo lugar, potenciando el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que se puso en marcha en la pasada legislatura con el acuerdo de los principales partidos e instituciones y que tendrá todo el apoyo del ministerio en su actividad, fundamentalmente en ese papel de recuerdo y homenaje permanente a las víctimas y de actor protagonista en la construcción de un relato veraz, sin ambigüedades, de lo ocurrido durante tantos años con el terrorismo. En tercer lugar, creando la sede del Centro Memorial para las Víctimas del Yihadismo en Madrid como ciudad en la que con más crudeza se sufrió el terrorismo de este signo. En cuarto lugar, financiando y apoyando el proyecto de investigación de la historia del terrorismo en el País Vasco, junto con el propio centro memorial, proyecto indispensable en la construcción del relato y la verdad histórica del terrorismo, que es el principal reto al que nos enfrentamos en los próximos años, pues ante la verdad y los hechos objetivos existe un relato ambiguo, equidistante y falso. En quinto lugar, desarrollando un indispensable proyecto educativo, promoviendo desde la calidad y la verdad materiales formativos y de sensibilización sobre memoria y prevención del terrorismo entre nuestros niños y jóvenes. Y, en sexto lugar, elaborando un plan de actuación internacional para la difusión del daño causado por el terrorismo en nuestra nación, permitiendo a su vez dar visibilidad a un modelo español de atención a las víctimas unánimemente reconocido en los últimos años en todas las instancias y foros internacionales. En definitiva, señorías, para los victimarios todo el peso de la ley y para las víctimas todo nuestro apoyo y cariño, y lo vamos a demostrar con hechos. Pero estas medidas de apoyo a las víctimas se quedan en nada comparadas con el verdadero homenaje que debemos rendirles. Yo les ofrezco absoluta lealtad y les demando el consenso necesario para que esta sea de verdad la legislatura de la seguridad de la concordia y también la del final definitivo de ETA. Unámonos para que ETA y su entorno no busquen más atajos, no utilicen trampas y no se sigan amparando en el engaño. Rendición definitiva, entrega de las armas y perdón a las víctimas. A partir de ahí, a normalizar la paz que ahí también nos tendrán al equipo que actualmente me acompaña -conmigo a la cabeza- en el Ministerio del Interior.

El segundo punto cardinal de nuestra brújula de legislatura es un complemento de la anterior, consenso sí, pero fortaleza también, especialmente ante las grandes amenazas globales de nuestra seguridad: el terrorismo yihadista y el crimen organizado. En España sabemos mejor que nadie que las víctimas son el alimento macabro del terrorismo. Necesitan víctimas para generar terror, que es el medio que han elegido para alcanzar sus fines, medio que en muchos casos acaba convirtiéndose en un fin en sí mismo. También sabemos que por muy duro que sea su chantaje nunca podremos claudicar y admitir que gracias al dolor consigan sus totalitarios y crueles fines. El terrorismo yihadista es, junto al crimen organizado, la mayor amenaza a la que nos enfrentamos todas las sociedades que queremos vivir en paz y en libertad. Quiero recordar, en primer lugar, algo que no debemos olvidar. En España nos encontramos en un nivel de alerta 4 sobre la base de los informes de los diferentes servicios de inteligencia. Son ellos, la comunidad de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los responsables de que nuestra paz y nuestra convivencia no hayan sido atacadas por el terror yihadista en los últimos años. Y es que en el plano operativo, desde el 11-M se han realizado más de doscientas operaciones que han permitido la detención de 732 personas relacionadas con el terrorismo yihadista, 669 en España y 63 fuera. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, nadie puede hacerlo, ni los servicios de información e investigación ni los agentes dedicados a la seguridad ciudadana. Durante los últimos años se ha avanzado mucho en la adecuación a esta otra amenaza de las excelentes unidades de investigación antiterrorista, que se dedicaban principalmente a luchar contra ETA pero ahora debemos abordar la adecuación del resto de unidades -seguridad ciudadana, servicios de protección y de prevención, etcétera- a este nuevo escenario en el que la amenaza se va transformando de etarra a yihadista, realizando un profundo análisis de las técnicas y procedimientos de actuación de este nuevo terrorismo y en función de ello establecer un nuevo marco de actuación con nuevos métodos de prevención, protección y respuesta. La amenaza ya no es la banda terrorista que nos asoló durante cuatro décadas y que gracias a la Policía y la Guardia Civil, gracias a la cooperación internacional -especialmente con Francia-, gracias al compromiso de jueces y fiscales y -cómo no- gracias al compromiso ético de las víctimas, gracias a todos ellos, ETA ha sido policialmente vencida. Esa es la experiencia que debemos utilizar para luchar contra el yihadismo. De ahí aprendimos que no solo se lucha en el plano operativo sino también en el político. Ya se dieron pasos importantes, como el acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, coloquialmente conocido como el pacto antiyihadista, firmado por el Partido Popular y el


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Partido Socialista Obrero Español, y al que se adhirieron otras fuerzas como Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro, PAR, UPyD y UDC. Contiene potentes medidas legislativas y espero y deseo que pronto también figuren como miembros de pleno de derecho en ese pacto Podemos, PNV y los partidos nacionalistas catalanes. Vamos a trabajar por ello, pues en lo esencial creo que todos estamos de acuerdo.

Otro gran avance dado ha sido la implementación del Plan estratégico nacional de la lucha contra la radicalización violenta, aprobado en Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, con programas tan eficaces como el plan contra la radicalización en las prisiones o iniciativas tan útiles como Stop Radicalismo, y tres canales para denunciar casos de radicalización: una web, un teléfono gratuito y la aplicación de móviles Alertcops. Tenemos que desarrollar en toda su plenitud estas distintas vías para poder denunciar los casos y -cómo no- cuando nos enfrentamos a un fenómeno de carácter global que amenaza un estilo de vida, como es el terrorismo yihadista, es indispensable el trabajo a nivel internacional. Fundamentalmente, en el caso de España, junto a nuestros socios y amigos de la Unión Europea, pero también en el Foro global contra el terrorismo o la Coalición anti Daesh. España ha jugado en los últimos años un papel protagonista en el seno de la Unión Europea haciendo aportaciones significativas y colaborando siempre con una actitud proactiva. Por eso, vamos a apoyar con especial interés iniciativas como son los trabajos del Centro Europeo contra el Terrorismo de Europol, dirigido por un coronel de la Guardia Civil desde este año 2016; la puesta en marcha de la Directiva PNR de la Unión Europea creando un PNR nacional; la armonización de los niveles de alerta de la Unión Europea; la aprobación de una nueva directiva sobre el control y adquisición de armas así como la revisión de la Decisión marco sobre lucha contra el terrorismo, impulsada por España; el incremento del intercambio de datos e información, y la lucha contra la financiación del terrorismo.

Esta área prioritaria entronca muy directamente con la otra gran amenaza que se cierne sobre nosotros y que no es otra que el crimen organizado. Crimen organizado, singularmente tráfico de drogas y terrorismo, aparecen íntimamente ligados a nivel internacional. Así, hasta en doscientas cincuenta ocasiones se han detectado coincidencias entre personas vinculadas al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y el terrorismo yihadista. España, pionera muchas veces en iniciativas de seguridad, creó el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, conocido como Citco, para de esta manera coordinada luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, un centro innovador que analiza, coordina y resuelve las coincidencias en investigaciones que puedan estar realizando al mismo tiempo distintos cuerpos para, de esa forma, por un lado, garantizar su éxito y, por otro lado, la eficiencia del esfuerzo de los distintos componentes de distintos organismos. En cualquier caso, les quiero anunciar que se va a diseñar una nueva estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave, en línea con la renovación de la estrategia europea, que se van a llevar a cabo en el año 2017. Al mismo tiempo, dotaremos al Citco de los recursos humanos y de las capacidades de gestión necesarias para que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan alinear sus objetivos estratégicos en la lucha contra el crimen organizado con las demandas de cooperación internacional e intercambio de información, contando para ello con la colaboración y financiación de las instituciones europeas.

Por tanto, ya hemos visto nuestro primer punto cardinal, una política nacional de seguridad desde el diálogo, el acuerdo, el consenso y la concordia. El segundo punto -que se nutre del primero-, es una política nacional de seguridad fuerte frente a las grandes amenazas globales. El tercero -tremendamente unido a los dos anteriores-, es que nuestra seguridad siempre tenga en cuenta que las personas son su razón de ser. Señorías, me gustaría detenerme en este momento de la comparecencia en lo que quiero denominar políticas de seguridad para las personas. Medidas que afectan en el día a día a todos nuestros ciudadanos. Si en diciembre de 2011 la tasa de criminalidad era de 48,4 infracciones penales por 1.000 habitantes, en la actualidad nos encontramos en mínimos históricos en cuanto a la criminalidad, con el 43,2. Por ello, el reto que tenemos planteado es seguir siendo uno de los países más seguros del mundo, todo ello fruto del gran trabajo que despliegan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero no nos podemos conformar con eso, la atención a las víctimas de la delincuencia no se ha medido aún de una forma adecuada. Los datos que ofrecemos pueden adolecer de algún sesgo por cuanto a veces no resulta cómodo o posible interponer una denuncia, bien por falta de tiempo o bien por desconocimiento de los medios telemáticos de los que se dispone. Ahí vamos a esforzarnos en esta legislatura. Son importantes los índices de criminalidad pero lo es tanto o más que nos aseguremos de que están todos los que son y que se atiende adecuadamente a quien ha sido víctima de un delito. La entrada en vigor del nuevo Código Penal ya obligaba a una reorientación de nuestros datos estadísticos y esta línea de trabajo que les anuncio se deberá tener en cuenta como piedra angular de la relación entre las Fuerzas y Cuerpos de


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Seguridad del Estado y la sociedad en su conjunto, especialmente con los damnificados por la delincuencia. Una buena seguridad no solo nos hace más libres, también nos hace más competitivos y nos abre oportunidades de desarrollo imposibles en entornos inseguros. Así, por ejemplo, le voy a citar un sector: el turismo, principal industria de España, que supone un 12 % del PIB nacional y vive un momento histórico, batiendo récords de visitantes extranjeros, resultaría imposible sin la eficacia de nuestra policía de seguridad, que es uno de los indicadores más valorados en las encuestas de satisfacción turística. Por ello, el Gobierno va a continuar priorizando la seguridad en los destinos turísticos con un plan que ha dado excelentes resultados como es el Plan de turismo seguro, que dota de más medios policiales y establece una presencia policial permanente y preventiva en la zona de alta concentración turística, en cuyo marco se va a seguir fomentando la creación de oficinas de atención a los turistas extranjeros, SATE, en los principales destinos turísticos para ofrecer a los turistas que sean víctimas de una infracción penal una asistencia personalizada y en su propio idioma de origen.

Pero no solo en el turismo, en la agricultura, en la ganadería y en la industria agroalimentaria también ocurre algo parecido. En 2011 se daba una tendencia creciente de sustracciones en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por ello el Gobierno, fruto de un compromiso político con las organizaciones del sector, decidió poner en marcha los equipos ROCA, unidades especializadas de la Guardia Civil contra los robos en el campo como un plan de choque para evitar este tipo de delitos. Los resultados han sido magníficos, pues en dos años estos robos se han reducido un 27 %, rompiendo con la tendencia de más de diez años consecutivos de aumento en este tipo de sustracciones.

Legislar bien, acordar las grandes líneas de las políticas de seguridad, ser más fuertes contra las grandes amenazas, proteger los sectores productivos y generar seguridad subjetiva en la sociedad es necesario y se está haciendo, pero no podemos, no vamos a olvidarnos de la protección de los grupos que son más vulnerables. Esta es otra de las prioridades que va a tener la seguridad de las personas que defendemos y que vamos a aplicar. En este ámbito cobran especial relevancia las acciones desarrolladas y la renovación de los planes y programas de actuación, como son el Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos, los referidos a los desaparecidos, los delitos de odio y los programas y medidas contra la trata de seres humanos. Cuando una persona desaparece, sus seres queridos se ven envueltos en una angustia vital que en algunos casos se agrava y perpetúa si esa desaparición se prolonga de manera indefinida. Señorías, a pesar de los avances que se han realizado en estos últimos años, existe una demanda generalizada, entre otras cosas, de mejorar la colaboración entre cuerpos policiales y otros servicios públicos con una serie de medidas cuya propuesta más destacada sería -les anuncio- la creación de un centro nacional de desaparecidos. Este centro, entre otros muchos objetivos, sería el responsable del control y gestión operativa de la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados, así como debería incrementar también las relaciones entre las distintas administraciones, las ONG, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los familiares de los desaparecidos. Además, el centro facilitará el establecimiento de una estrategia nacional para apoyar a las personas desaparecidas, a sus familias y a los amigos; formará y entrenará a los servicios implicados en la búsqueda de personas para mejorar su actuación; recogerá estadísticas nacionales para identificar tendencias y patrones, y contribuirá a los esfuerzos internacionales para responder a los asuntos globales relacionados con la desaparición de personas.

España se ha convertido en un país que constituye un referente en la publicación de datos estadísticos también sobre los llamados delitos de odio, que son aquellos que definen una conducta que presenta como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador: el odio y la discriminación. Como pone de manifiesto el informe anual de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, España se ha situado en estos años como uno de los cinco primeros países que mejor recoge los datos para el registro de estos delitos. Desde diciembre de 2014 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con un protocolo de actuación, con el fin de dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios racionales de criminalidad que permita formular cargos de imputación y, en su caso, condena ante los delitos de odio. Dicho protocolo facilita el reconocimiento de estos hechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la correcta recogida y documentación de los mismos, al tiempo que permite mejorar y ofrecer una mayor protección a las víctimas de estos actos. Pero queremos avanzar mucho más en esta materia, señorías, y por ello vamos a crear la oficina nacional de lucha contra los delitos de odio, dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, que tutele y estimule la aplicación del protocolo, sirva de enlace permanente a los colectivos de víctimas con el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, y que coordine la formación de estas últimas en esta materia. Esta oficina actuará también


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como observatorio sobre el fenómeno, recabando información y originando análisis estratégicos para la adopción de nuevas iniciativas que atajen este problema, estableciéndose como punto de contacto nacional ante otros organismos internacionales que también estén especializados en esta materia.

El fenómeno de la trata de seres humanos es uno de los que más repugnancia nos puede causar a la gente normal. El Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional, aborda el fenómeno de la trata de seres humanos, y singularmente en su modalidad de explotación sexual, desde una doble vertiente: por un lado, preventiva, detectando posibles víctimas mediante inspecciones administrativas en lugares donde se ejerce la prostitución, y por otro, de lucha contra las organizaciones criminales. Así, en los planes estratégicos plurianuales la trata de seres humanos figura como uno de sus objetivos estratégicos en la lucha contra organizaciones criminales que operan en nuestro país. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha en materia de trata de seres humanos diversas actuaciones, destacando especialmente la instrucción de la secretaría de Estado para reforzar la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil en la lucha contra la trata de seres humanos, en la que se crea la figura del interlocutor social de Policía Nacional y Guardia Civil, cuyo objetivo no es solo contar con una nueva herramienta para prevenir y combatir este tipo de delitos, sino también favorecer la coordinación de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los diversos organismos y entidades sociales que se ocupan de la protección de los seres humanos que sufren este execrable crimen. Igualmente, la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen directivas y planes específicos para luchar contra la trata de seres humanos. Dichos cuerpos han hechos esfuerzos y han incorporado unidades especializadas: el Cuerpo Nacional de Policía, la Brigada central contra la trata de seres humanos y la Guardia Civil, la Sección de trata de seres humanos.

Permítanme, antes de entrar en el cuarto punto cardinal de mi comparecencia, destacar una idea fundamental que hace referencia a los funcionarios públicos, a todos los que trabajan en el Ministerio del Interior al servicio de todos, de toda la sociedad. Ellos son los grandes responsables de que en nuestro país haya seguridad y libertades, ellos también son personas y como tales deben ser tratados. Nuestra misión al frente del ministerio debe ser intentar mejorar precisamente las condiciones laborales y de vida de estos ejemplares servidores públicos como son los policías nacionales y guardias civiles, y los funcionarios penitenciarios. Durante esta legislatura, en el Ministerio del Interior vamos a trabajar en desarrollar los reglamentos de las leyes de personal que afectan a ambos cuerpos. Por una parte, se va a trabajar en el desarrollo reglamentario de la Ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional, centrándose en materias como la carrera profesional, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo, el ingreso y la formación, los honores y recompensas o las incompatibilidades, entre otros. Y por otra parte, en lo que se refiere a la Guardia Civil, también en el desarrollo reglamentario de la Ley de régimen de personal de la Guardia Civil. De hecho, ya está avanzada su tramitación en materias como los destinos de la Guardia Civil, las evaluaciones, los ascensos, la ordenación de la enseñanza, las situaciones administrativas del personal y otros aspectos de prestación del servicio de los guardias civiles, por citar algunos.

Además, y con respecto a los trabajadores de instituciones penitenciarias, si la pasada legislatura estuvo protagonizada por el descenso significativo de la población reclusa, mejorando la calidad, eficacia y eficiencia del servicio público penitenciario en una situación económica que, a nadie se le oculta, hizo replantearse inversiones muy costosas, en esta legislatura debemos trabajar en la introducción de medidas destinadas a incrementar la protección -y antes lo cité- de los funcionarios frente a eventuales agresiones por parte de los internos, tales como permitir que declaren en los procedimientos judiciales identificándose con su carné profesional, como lo hacen otros funcionarios, o que cuando sean detenidos o cumplan condena lo puedan hacer separados del resto de detenidos o reclusos o de forma análoga a la protección que se da a otros miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Serán temas fundamentales sobre los que estaremos hablando a lo largo de los próximos meses hasta conseguir acuerdos importantes que permitan una estabilidad en esta reglamentación.

Señorías, si hay alguien que personifica el esfuerzo en las situaciones más difíciles para nuestros vecinos son todos aquellos que, coordinados por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, trabajan sin descanso hasta superar esos momentos críticos para los que están tan preparados. En estos días de inundaciones en varias comunidades autónomas se puede ver la trascendencia de estos profesionales y voluntarios a quienes -a todos, sin exclusión- les hago llegar mi más sincera admiración por su profesionalidad y capacidad de acción en situaciones extremas. Comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, el Estado, todos perfectamente coordinados, todos con un objetivo común


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que es aminorar los efectos de las condiciones climatológicas adversas u otras circunstancias que hagan poner en riesgo y en peligro a las personas y a sus bienes.

Y así llegamos al último punto cardinal, a la última coordenada a la que les emplazo, señorías, para que jamás nos perdamos y podamos hacer juntos el camino que creo que en el día de hoy comenzamos. En este caso nos referimos a la necesidad de avanzar y continuar con las reformas, de introducir las nuevas tecnologías en la lucha contra la delincuencia y de lograr completar la política de seguridad nacional para el siglo XXI. Les he pedido que desde el consenso hagamos fuerte nuestra seguridad frente a las amenazas globales y además hacerlo sin olvidar a las personas, a lo cotidiano, a los que están más cerca o a los que son más débiles, pero de poco nos serviría todo ese esfuerzo si carecemos de la audacia suficiente para anticiparnos al problema. El crimen es cada vez más sofisticado, cada vez más profesional -si me permiten la expresión-, utilizando la tecnología en su beneficio. Si no somos capaces de ir a la misma velocidad en esta carrera, lo que hoy son éxitos mañana se volverán fracasos. Para vencer en esta nueva batalla, la ciberseguridad será clave para determinar quién gana o quién pierde esta batalla del futuro inmediato. Tanto el terrorismo como el crimen organizado tienen capacidad para causar daños catastróficos sobre los servicios básicos prestados a la sociedad civil y a nuestras empresas. Las infraestructuras sobre las que se apoyan, más conocidas como infraestructuras críticas, son cruciales para la continuidad de los servicios esenciales y de los principales sistemas de producción industrial que garantizan, en buena medida, nuestro Estado del bienestar. Por eso, dentro de la estrategia antiterrorista integral del Gobierno, se ha configurado el sistema nacional de protección de infraestructuras críticas que, liderado por el Ministerio del Interior, aglutina a varios cientos de actores comprometidos con este fin, de los cuales, la inmensa mayoría son empresas, tanto públicas como privadas, que constituyen el colectivo de los operadores de servicios esenciales al proporcionar a la sociedad bienes tan imprescindibles como la energía eléctrica, el gas, el petróleo, el agua, el transporte, el servicio de telecomunicaciones digitales, la sanidad o los servicios financieros. Este sistema, señorías, que constituye un claro caso de éxito del modelo de seguridad español basado en la colaboración y que hoy es una referencia a nivel internacional, ha experimentado recientemente un gran avance con la aprobación del Plan nacional de protección de infraestructuras críticas, estrechamente relacionado con el Plan de prevención y protección antiterrorista. En el concepto de seguridad integral por el que apuesta el ministerio, la ciberseguridad adquiere un gran protagonismo; es más, es su pieza clave. El cibercrimen ya es una realidad que forma parte de las grandes preocupaciones de los Estados modernos, pues solo en 2015 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocieron más de 60.000 hechos relacionados con la cibercriminalidad y vuelve a poner de actualidad la afirmación que hacía el presidente Truman: Es inútil buscar la seguridad detrás de las barreras geográficas, la seguridad real se encuentra solo en la legislación y en la justicia.

Internet, la red en general, es una realidad global en la que todos vivimos inmersos. En la red nos informamos a diario, en la red hay transacciones comerciales, actividad económica y oportunidades de negocio y en la red nos relacionamos con otras personas, fundamentalmente a través de las redes sociales. Por eso, la red debe seguir siendo un espacio de libertades. Las redes y las tecnologías son hoy empleadas como herramienta para la perpetración de actos que pueden llegar a amenazar gravemente la seguridad nacional, cuyo caso más grave es el ciberterrorismo. Aunque se trate de un país extranjero, es muy ilustrativo el ataque cibernético producido en Ucrania el 23 de diciembre del 2015 contra centrales eléctricas, que dejó sin electricidad durante seis horas a más de 80.000 personas. La gravedad, de potenciales consecuencias, entre ellas la pérdida de vidas humanas, amén de severos daños económicos y de trastornos de todo tipo que puede provocar un evento de esta envergadura, justifica con creces que para el Gobierno esta sea una de nuestras prioridades en materia de seguridad. Resulta evidente así que el Ministerio del Interior es un actor fundamental en la ciberseguridad de España y vamos a seguir trabajando por ser líderes en esta materia. En este sentido, nos proponemos incrementar nuestras capacidades en ciberseguridad y culminar en esta legislatura el sistema nacional de protección de infraestructuras críticas, dotándolo de las herramientas legales, estructurales y materiales necesarias. Para ello, vamos a potenciar aún más las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, pieza clave del sistema, con el fin de que pueda cumplir su misión de garantizar, por un lado, la seguridad integral de nuestros servicios esenciales y, por otro, colaborar a la mejor protección de los españoles. Pero las nuevas tecnologías, la seguridad del siglo XXI a la que nos referimos, no es solo ciberseguridad, ciencia ficción para algunos, sino que para nosotros, si me lo permiten, es sobre todo hacer que la seguridad sea más accesible al ciudadano, que el Ministerio del Interior sea más transparente, que la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen tenga


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canales abiertos permanentemente y que la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea ágil, rápida y segura. Esa es la seguridad que queremos y la que vamos a construir con todos ustedes y con los profesionales de altísimo nivel con los que contamos. Hablamos de aplicaciones ya existentes como AlertCops, cuyas posibilidades hay que desarrollar aún más, por ejemplo en cuanto a implantar la modalidad de presentar denuncias de manera telemática, que no haya cola, que quien vaya a denunciar no tenga que ser presa de nervios y que tampoco sufra incomodidades. Queremos seguir apostando por las redes sociales. Este ministro que les habla, al igual que su equipo, es tuitero y por eso estoy convencido de la bondad de las redes sociales bien utilizadas. Para nosotros es un orgullo contar con la cuenta del cuerpo policial que tiene más seguidores en el mundo, lo que debe ser un estímulo para el resto de las cuentas del ministerio.

Con respecto a los proyectos tecnológicos, desde el Plan estratégico 2016-2020 de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad se van a seguir desarrollando proyectos clave de modernización al servicio de la seguridad que permitirán el avance de la identificación personal a través de parámetros biométricos, la actualización del sistema automático de identificación dactilar, culminar el proyecto de fronteras inteligentes o el proyecto Silva para la identificación y localización de vehículos. En cuanto a la publicación de datos de criminalidad, vamos a crear un portal estadístico de criminalidad. Residirá en la secretaría de Estado y va a recoger toda la información estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, de manera que podamos dar respuesta a la mayor parte de las peticiones de los datos que procedan del portal de transparencia de los medios de comunicación, las universidades y también de todos los particulares.

Aunque no sea objeto de la sesión de hoy de la Comisión, en Tráfico vamos a proseguir con la gestión automatizada de todos los trámites y servicios asociados a la gestión de la circulación, transformando digitalmente la Dirección General de Tráfico.

Por otro lado, vamos a poner en marcha en el ministerio una mesa para un Internet seguro, a semejanza del Foro de la Unión Europea sobre Internet, donde trabajaremos junto a los principales actores de la industria de Internet en el desarrollo de políticas que redunden en beneficio de la seguridad ciudadana y de la cercanía de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al nuevo día a día de nuestros ciudadanos.

En definitiva, señoras y señores diputados, espero no haberles cansado mucho, pero habrán notado que tenemos ganas de hacer cosas. Quizás haya trasladado la pasión de quien cree en lo que hace y de quien se siente orgulloso de con quién y, sobre todo, para quién lo hace. He querido transmitirle que tenemos un rumbo claro, que queremos utilizar un timón firme, pero para que sea firme lo tenemos que llevar entre todos. Al mismo tiempo, creo que tenemos que hacer relevos en ese timón, y lo tenemos que hacer con relevos reales desde la diversidad, porque soy consciente de la diversidad que existe. Es necesario que transmitamos a todos los españoles que sus representantes en las Cortes dejan a un lado sus diferencias para unirse en su protección. Es imprescindible que tengamos altura de miras y que vayamos construyendo la seguridad del futuro al tiempo que estamos también garantizando la del presente. Les aseguro que para mí conocerles ha sido un auténtico placer. He tenido la oportunidad de tratar individualmente a muchas de sus señorías y ahora puedo someterme a su consideración en general en esta comparecencia. Les doy de antemano las gracias por las aportaciones que me han hecho y las que puedan hacerme constantemente, incluso desde la crítica, pero sobre todo les agradezco que en lo personal me hayan demostrado que la seguridad de los españoles está en las mejores manos, que son el Congreso y especialmente todos los que formamos parte de esta Comisión. No olvidemos nunca, se lo ruego, la idea con la que comencé, que estamos sirviendo a la seguridad de todos los españoles y que tenemos la obligación de que España sea un país con mucho futuro. En esta tarea me van a encontrar sus señorías siempre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Vamos a dar comienzo al turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios a través de sus portavoces. Vamos a seguir el orden de intervenciones fijado por el orden de entrada de petición de comparecencia. Para ello, tiene la palabra el Grupo Socialista, a través de su portavoz, señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, gracias por la exposición prolija y detallada que acaba de hacer. Tengo que decir, además, que coincidimos en buena parte de sus titulares, de los enunciados que hizo, de los objetivos.


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Seguramente vamos a discrepar en los detalles -ya sabe, señor ministro, que el demonio está en los detalles-, pero no en todas las cuestiones. Agradezco un ministro optimista y con ambición. Siento tener que ser el pesimista por realista y por tener conocimiento de la situación.

Voy a articular mi intervención en respuesta a su comparecencia en torno a tres ideas: los desaguisados en la gestión en su ministerio desde 2012 hasta que toma posesión, la necesidad de respetar el Estado de derecho y que lo que el Legislativo decide al Ejecutivo compromete. Señor Zoido, he encontrado una importante diferencia entre su intervención de hoy y la similar de su antecesor. Usted no ha hecho ninguna quejumbrosa alusión a la herencia recibida, y me extraña que no lo haya lamentado porque a usted sí que le han dejado en herencia una pesada hipoteca. Su antecesor se lamentaba mucho de lo que había heredado, pero 2004 y los siguientes años -siete- con Gobiernos socialistas fueron buenos y constituyeron un buen periodo para la seguridad de la ciudadanía española, ya que en esa época hubo baja tasa de criminalidad, fue en la que más creció la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de jueces y fiscales, como usted sabe; en la que más se transformó el régimen penitenciario; la protección civil se vio reforzada por la creación y desarrollo de la UME, y la seguridad vial por fin dejó de ser una quimera y se convirtió en una esperanza realizable. Esto que acabo de describir está respaldado por los datos. Sin embargo, el equipo ministerial al que usted sustituyó aún encontraba motivos para la queja y el reproche. Imagine si, en vez de heredar aquellos frutos de una política rigurosa, llegan a recibir este paisaje desolador que ahora usted tendrá que revitalizar.

Paso a describirle el erial en el que usted tendrá que bregar en los próximos años: menos policías y guardias civiles, y más inseguridad; menos medios y menos derechos para policías y guardias civiles; menos coordinación y cooperación policial, y más competitividad y agravios entre cuerpos policiales; menos funcionarios y programas en los centros penitenciarios, y más agresiones e instalaciones acabadas y cerradas, y menos seguridad pública y más seguridad privada. En primer lugar, menos policías y guardias civiles, y más sensación de inseguridad. Hoy hay en España unos 20.000 efectivos menos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hace cinco años. Me gustaría precisarle más el dato, pero ustedes lo guardan bajo siete llaves. Puede que lo hayan catalogado como secreto de Estado o puede, sencillamente, que no sepan muy bien cómo andan las cosas. El boletín estadístico al servicio de las administraciones públicas dice que a enero de este año, de las 77.188 plazas de policías que figuran en catálogo, 11.347 están vacantes, y de las 85.359 de Guardia Civil, 9.610 vacantes. Sin embargo, según una contestación reciente de su ministerio, serian 12.715 plazas en la Policía y 7.510 en la Guardia Civil. Lo único que parece cierto en esta suma incierta es que hay nada menos que 20.000 plazas vacantes en las fuerzas de seguridad del Estado.

Un apunte más al respecto. A los datos anteriores hemos de añadir la dedicación de más de 5.000 policías a labores administrativas en vez de tenerlos empleados en labores de seguridad. Además, la reducción de la nueva, y por lo que vemos conflictiva, jornada laboral ha sacado a un 10 % de nuestros policías de las calles, y lo mismo ocurre en la Guardia Civil. En resumen, hay menos ojos para vigilar al delincuente y menos manos para echarle el guante. Mire lo que está pasando, le doy las estadísticas del tercer trimestre de este año, y ahí tenemos alguna discrepancia: los homicidios y asesinatos aumentaron un 6,1 % y los robos con fuerza en domicilio un 0,5 %, los delitos que más sensación de inseguridad crean. Este incremento último le puede parecer leve, pero bajo la tranquilizadora media estadística se camufla un dato escalofriante. En regiones como Andalucía, Canarias o Asturias estos incrementos llegan al 25 % y hasta el 70 % de incremento en robos a viviendas, y eso en muchas localidades, hasta el punto de que la sensación de inseguridad dio origen hace pocos días a una manifestación por esa causa en una población como Ceuta. Además, el dato global delincuencial que nos ha dado, esa bajada que usted nos plantea, se explica en buena parte por razones estadísticas, como usted sabe. El actual Código Penal ya no tiene faltas. Antes se sumaban faltas y delitos, ahora son delitos. Es verdad que parte de las faltas pasaron a ser delitos, pero no todas, usted lo sabe. Por tanto, hay un bajón estadístico, no solo delincuencial.

Y sobre todo hay una cuestión más evidente, hay una menor actividad policial. ¿Sabe en qué se nota? En dos cuestiones que contribuyen a bajar artificialmente la estadística. Si usted se da cuenta, hay menos delitos por tráfico de drogas, disminuyen mucho. ¿Por qué? Porque no hay actividad policial. Tiene usted dos delitos que van a aumentar cada vez que hay más trabajo policial: las multas de tráfico, los delitos de tráfico, y los delitos por tráfico de droga. Cuando disminuyen -en este caso es evidente- es que baja mucho la actividad policial. Hay menos policías y además viene bien para la estadística que bajen los delitos por tráfico de drogas. Le querría preguntar cómo piensa corregir esta situación. ¿Vamos a tener


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alguna concreción en los próximos presupuestos del Estado? ¿No le están entrando ganas, señor ministro, de quejarse de la herencia recibida? A mí me entrarían, pero espere, que aún hay más.

No solo hay menos policías y menos guardias civiles, es que los que hay tienen menos medios y disfrutan de menos derechos. El presupuesto de su ministerio se recortó en más de 1.000 millones de euros entre 2011 y 2015, de los que más de 500 millones correspondieron al capítulo de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. Resultado: aumento de la criminalidad organizada al disminuir los efectivos dedicados a tareas de investigación y a patrullar las calles y pueblos, sobre todo en horas nocturnas, como se demuestra en el aumento, a lo largo de los últimos cuatro años -independientemente de los datos que ha dado usted ahora, de los que me alegro-, de los robos en el campo, y en su propia tierra, en Andalucía, donde sabe usted que en este momento sigue siendo un problema.

Los efectivos en frontera son también insuficientes, como evidencian los repetidos saltos en las vallas de Ceuta y Melilla, y todavía no hay el suficiente número de chalecos antibalas para policías y guardias civiles, sobre todo en el caso de los agentes femeninos. También ha heredado, señor ministro, los recortes a los derechos de guardias civiles y policías. A los primeros, con su reforma del Código Penal Militar, que se les aplica a su quehacer cotidiano, algo que los socialistas rechazamos tajantemente. La situación no es mejor para los policías. El SUP acaba de declarar un conflicto colectivo contra su ministerio al considerar que no se han respetado los derechos de los policías en la organización de los permisos de Navidad, consecuencia de la adopción de una nueva jornada laboral el 18 de diciembre de 2015, con puros y exclusivos fines electorales, a nuestro juicio. El problema acaba de estallarle a usted, pero reconozco que venía de lejos. ¿Quiere que le dé más datos? ¿Ve ahora la onerosa hipoteca que le dejaron? Como le digo, con amigos así, ¿quién quiere adversarios o enemigos?

Usted ha heredado un escenario en el que hay menos coordinación y cooperación policial y más competitividad y agravios entre los distintos cuerpos. Su Gobierno desechó el mando único para la Guardia Civil y Policía y depositó en la Secretaría de Estado de Seguridad la misión de asegurar la coordinación y cooperación entre ambos cuerpos. Fue un desastre: no se ha conseguido, hasta ahora, en una medida mínimamente deseable; es más, lograron el efecto contrario. La tensión entre las direcciones generales de Policía y Guardia Civil se tradujo en competición en lugar de colaboración; hubo enfrentamientos, en vez de cooperación. El CITCO, al que usted ha hecho referencia, no sirve precisamente de ejemplo, ya que altos mandos policiales del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado denunciaban en agosto de este año falta de eficacia por ese aspecto de coordinación; y jueces de la Audiencia Nacional, al menos en seis ocasiones, denunciaron duplicidad de actuaciones en el CITCO. Me alegro de que haya hecho algunas propuestas, pero sigue siendo necesaria una estrategia global de actuación con las policías locales y una mejor definición de la misma con las autonómicas.

Sigo preguntándole. ¿Cómo piensa poner orden en todo esto? Va a tener que echar muchas horas extra, señor ministro, y por su intervención de hoy veo que ya las ha echado. Pero habrá que echar más. Este desbarajuste que usted ha heredado no tiene fin. Continúo describiéndole el panorama. No se me deprima, que ahora llegan las Navidades y seguro que se nos van a cumplir a todos nuestros deseos. Y, de paso, mire a ver si se cumple alguno de los nuestros, que son los de la mayor parte de los españoles. Resulta que ahora tenemos menos funcionarios de policía y menos programas en marcha en los centros penitenciarios y, por el contrario, como usted muy bien reconocía, hay más agresiones y más instalaciones acabadas y cerradas. Coincido con usted en la propuesta que hizo para hacer frente a las agresiones, y contará con nuestra colaboración para ello. Pero seguimos teniendo un problema. Según varios sindicatos de instituciones penitenciarias, de los importantes, las vacantes de funcionarios en las prisiones se aproximan a las 2.800 y se prevé que sean casi 3.000 a principios del año que viene. Algunos programas de tratamiento -ya lo hemos hablado- se han visto erosionados gravemente como consecuencia de todo ello, y según datos oficiales han repuntado las agresiones. Usted ha reconocido que plantea hacerles frente, y cuenta con la colaboración del Grupo Socialista para ello. Lo que sí le pido es que tome en serio el problema de los centros penitenciarios cerrados o módulos de centros penitenciarios acabados y cerrados y con gasto en mantenimiento, a veces de millones de euros. Están así gran parte de los módulos de las prisiones de Zaballa, Pamplona, Murcia y Las Palmas; y los centros penitenciarios de Archidona, Soria, el CIS de Almería y las unidades de madres de Tenerife y Alicante. ¿Qué medios piensa poner en práctica para mejorar paulatinamente esta situación? Como usted sabe, según la reforma del Código Penal que se hizo recientemente, todas las reflexiones que se tienen al respecto es que va a producir un aumento de internos.

Siento abrumarle, señor ministro, además en la semana de Navidad, y especialmente con tantos detalles, pero es que el equipo que le antecedió se aplicó a fondo. Desde luego, fueron minuciosos.


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Mientras desmontaban pieza a pieza la seguridad pública, iban permitiendo que engordase el sector de la seguridad privada. La ley del sector que aprobaron abría a esas empresas amplios campos de actuación -usted lo dijo-: 100.000 personas en seguridad privada, más que en la Policía, más que en la Guardia Civil, y además con campos de actuación nuevos en el recinto exterior de las prisiones, en los espacios públicos, en servicios policiales sensibles. Algo tan sensible como la seguridad se dejó en manos de quienes vienen a hacer negocio con ella. Le pongo ejemplos para que vea lo que está ocurriendo en la calle. Como de los 5.000 funcionarios civiles que prestaban servicio en la Policía en 2011 solo quedan a día de hoy 3.151, se está recurriendo cada vez más, y más reiteradamente, a servicios privados. Nos preocupan especialmente dos casos: la tramitación del DNI y el incremento notable de lo que pagamos por la contratación de intérpretes, a quienes, además, confiamos el manejo de importantes datos de la lucha antiterrorista. Vean los resultados de estas decisiones: en el 80 % de los centros donde se expide el DNI hay una espera media de sesenta días y en Madrid se dan casos ya en los que no se puede dar cita previa. Me alegro de los planes que planteaba de atención al público, pero hay que empezar por aquí y con un plan extraordinario, señor ministro; estamos en una situación que va camino de lo crítico.

Como ve, discrepamos en cuestiones de modelo; nuestra apuesta es la seguridad pública, por ideología, sí, pero también por eficacia. El anterior secretario de Estado de Seguridad decía: Si hoy España es el tercer país más seguro de la Unión Europea es sin duda alguna gracias al sacrificio profesional y compromiso de las mujeres y hombres que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es algo que compartimos en su totalidad. Y, entonces, ¿por qué no apostaron ustedes por esos hombres y mujeres que sirven al Estado? ¿Por qué prefirieron convertir nuestra seguridad en una mercancía? ¿Qué interés había para decir una cosa en público y hacer la contraria cuando se encerraban en el ministerio? Espero, señor ministro, que usted enmiende este panorama, y muy especialmente en todo lo que atañe al Estado de derecho. Su antecesor planteó una falsa dicotomía entre libertad y seguridad. Quiso reducir a cenizas los derechos de la ciudadanía con la aprobación de la Ley para la Seguridad Ciudadana, bautizada acertadamente como Ley mordaza. Pero seguridad sin libertad nos conduce a una sociedad autoritaria. Por eso, para nosotros la seguridad no tiene por qué limitar la libertad, sino que debe contribuir efectivamente a ella, y me alegro que usted haya hecho planteamientos en este mismo sentido hoy. Pero fue esta razón la que nos llevó a pedir la derogación de dicha ley en la Cámara, que la aprobó por mayoría. Súmese a ello. Un paso más de lo que nos ha dicho hoy. Nos ha planteado: No soy partidario de derogar, pero estoy abierto a reformar; no se puede crear vacío legal. Yo creo que hay un paso más. Estamos de acuerdo en que no debe haber vacío legal, no podemos dejar a los hombres y mujeres del cuerpo sin ese respaldo. Hemos presentado una proposición de ley en el Congreso, y en pocas semanas se planteará su toma en consideración. Acéptenla, y a partir de ahí el conjunto de las fuerzas políticas hagamos una nueva ley, planteando que es un texto completamente abierto y que sirve exclusivamente como elemento para iniciar una ley pactada ampliamente.

Menos derechos y un uso partidista del poder coercitivo del Estado fueron las características de la gestión del anterior equipo, y como usted sabe, señor ministro, la Constitución española encomienda al Gobierno la función de dirigir la política interior y exterior, y ejercerla. En ningún caso, se sitúa entre sus funciones instigar a la Policía o a la fiscalía a perseguir a adversarios políticos. Este tipo de actuaciones quiebran el Estado de derecho, degradan las instituciones y hacen irrespirable la vida política. Teníamos indicios, sospechas de que esto estuviera produciéndose, y después tuvimos grabaciones hechas en el despacho del propio ministro. Pedimos una Comisión de investigación, que la mayoría de este Congreso respaldó y, en su momento, deberá llevarse a cabo. De lo que haya sucedido nada podemos ni debemos recriminarle a usted, en absoluto. Solo le pido que coadyuve a la clarificación de lo que realmente pasó y, sobre todo, que haga los cambios oportunos en la cúpula policial para que no sigan ostentando responsabilidades quienes pudieron estar involucrados en prácticas tan groseras. Me atrevo a hacerlo, al tiempo que le felicito por la valentía con que definió los dos objetivos que guiarán su gestión en la Policía a lo largo de esta legislatura, con la verdad como única bandera y defendiendo el interés general y no el particular. Estamos de acuerdo, y creo que es lo que demanda la mayoría de este Parlamento.

Pero no solo es eso. A nuestro país solo han llegado 687 refugiados de los 17.387 comprometidos por su Gobierno. ¿Estamos de acuerdo en el titular que dio sobre esto? -Ese es el demonio de los detalles-. Hemos logrado el compromiso en un escaso 4 %; da la impresión de que no hay mucha prisa en cumplir los compromisos adquiridos. ¿Qué imagen estamos dando? Señor ministro, sabe que España puede y debe asumir este reto de forma legal, ordenada y diligente. Somos un gran país y tenemos que tender nuestra mano a los muchos que están sufriendo. Eso es lo que nos hace grandes. Las comunidades


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autónomas y los ayuntamientos ofertan plazas, las fuerzas políticas lo apoyamos, la mayoría de la sociedad civil lo desea y organismos internacionales como Acnur y otros se ponen a disposición del Gobierno para culminarlo con éxito. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué les frena? Le propongo que trabajemos todos juntos para resolver este compromiso, consiguiendo el próximo año un ritmo de reasentamiento y reubicación de al menos 1.200 refugiados al mes. ¿Por qué le doy este dato? Porque es el necesario para cumplir la palabra que ha dado en la Cámara esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores. Para cumplir el objetivo al que se comprometió con su palabra necesitamos acoger 1.200 refugiados al mes. Va a contar con nuestra colaboración para ello y espero que usted ratifique el compromiso de Asuntos Exteriores.

Me alegro del cambio drástico que plantea sobre los CIE proponiendo que sea un tema de consenso, por lo que cuenta con toda nuestra colaboración. Las líneas que plantea en cuanto a lo que hay que abordar coinciden con las nuestras, sobre todo partiendo del análisis previo que se haga entre todos. Le felicito sinceramente, porque sabemos que hay que adoptar medidas prácticas que garanticen unas condiciones de vida dignas en ellos, así como que se respeten los derechos humanos de los que allí están. Como no son una cárcel, y no queremos que lo sean, los centros no deben parecer cárceles.

Le pido también la revisión real de las valoraciones de riesgo y de los protocolos que se ponen en práctica para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Nos ha hablado de ello hoy aquí ampliamente, ha apoyado el pacto y cuenta con todo nuestro respaldo en este sentido. ¿Qué le pedimos? Solo una cosa. Este año, el 41 % de las asesinadas había interpuesto denuncia previa, de manera que algo está fallando; algo estamos haciendo mal. Hemos de revisar los protocolos y evitar errores en las valoraciones, y para ello se necesita una mayor formación de los agentes encargados de ellos, sobre todo en zonas rurales. Espero que caminemos juntos en este ámbito, como en el resto que ha planteado usted. Al mismo tiempo, en esta Comisión se aprobó por mayoría que se diera respuesta al recurso que hay contra la adjudicación del centro de formación a la Universidad de Ávila. Les pedimos que lo resuelvan y, sobre todo, que se trabaje en la vía de que el próximo año haya un convenio para convertir el centro adjudicado en centro adscrito a la universidad salmantina.

Me alegro también de la transferencia de sanidad a las comunidades autónomas. Uno de los detalles fundamentales es conseguir la cantidad adecuada -ese es el demonio de los detalles- y creo que hay que hacer un esfuerzo importante para conseguirlo. El esfuerzo que le estoy pidiendo tiene que servir también para mejorar los equipamientos e instalaciones de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad e instituciones penitenciarias. Son muchas las necesidades, lo sé señor ministro, pero le recuerdo alguna prioridad: la apertura de la prisión de Archidona, la construcción del centro penitenciario norte III en Guipuzcoa, nuevas comisarías de policía en el polígono sur de Sevilla y en Cuenca, nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Mieres y el municipio asturiano de Llanera, las viviendas que restan por ejecutar en el cuartel de Calahorra, destruido por el ataque terrorista que sufrió. Esperamos que todas estos temas encuentren respuesta en los presupuestos de 2016.

Para ir terminando, quiero mencionar algunas cuestiones relativas a lo que nos ha planteado. Compartimos muchos de los objetivos pero hay que buscar los detalles. En materia de corrupción, solo quiero añadir uno, y es que le pido que haya un control judicial efectivo en todos los casos que investigan las unidades de policía judicial. Control judicial efectivo de esas unidades en todos los casos. Por otra parte, ha hecho un anuncio muy interesante: la creación de un centro nacional de desaparecidos. ¿Qué le pido? Que dicho centro atienda también las denuncias de los desaparecidos de ambos bandos en nuestra contienda civil y durante el franquismo, porque la búsqueda de restos que nos planteaba respecto a los desaparecidos guarda una analogía clara con lo que le estoy planteando.

No me cabe ninguna duda de que va a hacer un esfuerzo en seguridad vial. Tiene una sensibilidad que le reconozco y sé que va a poner toda la carne en el asador. Aunque cuenta con nuestra disposición a acordar los reglamentos para las leyes de personal de Policía y Guardia Civil, va a ser difícil llegar a acuerdos si no se produce algún cambio en las leyes, porque fuimos muy críticos con las mismas y seguimos siéndolo, señor ministro.

En cuanto al terrorismo, sabe que cuenta con el apoyo del Partido Socialista respecto a la línea que marque el Gobierno, y siempre públicamente. Si hay alguna discrepancia, se lo haremos saber internamente; nunca públicamente. El apoyo a las víctimas, el reconocimiento del trabajo de la sociedad española, el sufrimiento de numerosos colectivos, el trabajo político para derrotar policialmente a ETA con Rubalcaba, Zapatero y Patxi López. Lo tenemos claro. Solamente le pido una cosa. No todas las asociaciones de víctimas están en sintonía con el tratamiento recibido por parte de la Administración. Solamente le pido que siga de cerca ese tema, porque el papel de las víctimas es absolutamente clave en


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todos los sentidos. La reparación y el reconocimiento del daño causado es algo básico para dar más pasos en ámbitos terroristas, como usted decía. Queda la entrega definitiva de las armas, el reconocimiento del dolor causado, la petición de perdón a las víctimas y la satisfacción de la reparación debida. A partir de ahí, solo entonces, las víctimas se sentirán definitivamente honradas y el Estado de derecho podrá culminar la paz ganada con tanto esfuerzo, y para eso es bueno que tengan una buena relación y se sientan bien tratadas por parte de la Administración. Acabo, de verdad, señor presidente.

Señor ministro, lo que en resumen queremos de su ministerio es más seguridad, con libertad plena para nuestra ciudadanía; más policías y guardias civiles, con instalaciones y equipamientos dignos; una apuesta decidida por una seguridad pública de calidad y prevalente; un sistema penitenciario con medios adecuados y una eficaz reinserción de los internos, y que las decisiones parlamentarias mayoritarias las asuma usted como propias en sus tareas ejecutivas. La actual mayoría parlamentaria le demanda todo esto. Tiene mucho que enmendar, pero, si se deja, nosotros ayudaremos en todo lo posible a que deje de sufrir en silencio por la herencia recibida, señor ministro. Recuerde, todo es posible en Navidad, y como a estas fechas corresponde, aprovecho para desearle a usted y a todos los miembros de esta Comisión, Felices Fiestas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.

Por el Grupo Ciudadanos, señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro -iba a decirle querido ministro, porque sabe que le tengo cierto aprecio personal-, casi parecía que hacía su discurso con el himno del arrebato de su querido Sevilla sonando, porque nos ha presentado aquí una serie de reformas, muchas de las cuales son de un calado enorme. Ojalá consiguiera usted -se lo digo de verdad, porque ahí nos va a encontrar a todos- la mitad de las cosas que nos ha propuesto. Con la mitad iríamos sobrados en esta legislatura. Y le digo una cosa, y es que en esta legislatura se ha puesto la venda antes de hacerse la herida. Esta legislatura será todo lo larga que ustedes quieran, hasta cumplir lógicamente los cuatro años de mandato -no piensen que vamos a dejarles mucho más-, porque dependerá de su capacidad de negociación, de su capacidad de diálogo, y no se lo digo solo a usted, sino lógicamente a todo el Gobierno. Sepan que es así, porque ya andan ustedes diciendo que, bueno, que lo que nos dé tiempo, que a ver qué podemos hacer. ¡No, hombre, no! Podremos lo que queramos, lo que pasa es que si uno piensa que esto va a ser como antes, cuando había una mayoría absoluta con la que se iban sacando las cosas adelante, eso no es así. Ustedes han visto que en lo que llevamos de legislatura entre muchos hemos conseguido sacar adelante temas importantes. Ese es el camino, y creo que lo tienen claro; lo han visto hoy, lo vieron en los Plenos de la semana pasada; lo han visto en la aprobación de su techo de gasto, con la convalidación del decreto, así que ese es el camino a seguir: consenso y hablar.

Usted dice, refiriéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana, que esto se hará cuando se considere oportuno, y cuando piensa que la ley, con sus artículos en el Tribunal Constitucional en estos momentos, no va a cambiarse después de la toma en consideración sobre el proyecto que presentó el Partido Socialista para modificarla, creo que hay que anticiparse a estas cosas. Le diría que aprenda un poco de su compañero de Gabinete, del señor ministro de Educación, porque probablemente con consenso se sacan las cosas adelante si se quiere hacer, pero no se mantengan en el no hay que derogar. Nosotros estamos de acuerdo, sabe que nuestro grupo está de acuerdo: no queremos derogar nada porque creemos que eso es algo simplemente reactivo; lo que hay que hacer es cambiarlo. Tienen, dentro del acuerdo de esas 150 exigencias que pactamos con ustedes, los puntos que nosotros queremos cambiar; es más, los han firmado con nosotros, así que llévenlos como iniciativa del Gobierno y planteen esa reforma legislativa. Está en su mano. Es un proyecto de ley del Gobierno, resulta muy sencillo hacerlo y luego no hace falta estar doliéndose sobre si se quiere derogar o no, porque ya sabe usted cuáles son las manías de algunos grupos parlamentarios en esta Cámara. Lo que hay que hacer es anticiparse.

Nos dice también que quieren modificar la Ley General Penitenciaria, la Ley 1/1979, o hacer una nueva. Nos parece bien, muy ambicioso. Desde luego, y como es lógico, desde el año 1979 al año 2016 hay muchas cosas que podemos adaptar en esa ley. Nos parece positivo. La verdad es que nos habíamos conformado con lo que planteamos en aquella proposición no de ley, que lo que pretendía era desarrollar la regulación en los centros penitenciarios de los protocolos de actuación frente a la violencia en el trabajo. Salió aprobada por unanimidad de la Cámara. Ustedes tienen ese encargo, así como hacerlo antes de


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seis meses. ¿Qué es lo que creo si lo circunscribimos todo al cambio de la Ley General Penitenciaria? Que a lo mejor esto no se hace nunca, pero los funcionarios de prisiones no se merecen que estemos esperando a que se cambie una Ley General Penitenciaria para que empiece a aplicarse un protocolo de actuación ante las agresiones y la violencia en el trabajo que está sufriendo este colectivo de profesionales. En todo caso, nos parece positivo, por supuesto que sí, y tendrán nuestro apoyo si quieren cambiar esta ley, pero nos gustaría que se empezara a trabajar lo antes posible para corregir este problema que le comento de los funcionarios de prisiones.

También nos habla del reglamento de seguridad privada. Fantástico, nos parece estupendo. Una ley tan importante como la Ley de Seguridad Privada no puede estar sin un reglamento, entre otras cosas, porque ni los profesionales ni las empresas profesionales ni la propia policía sabe cómo actuar muchas veces ante una ley que ya está aprobada y que no tiene reglamento para ver cómo tienen que actuar, así que por supuesto que nos tendrá siempre ahí para sacar adelante ese reglamento que además todos los colectivos de seguridad privada también están reclamando.

Señor ministro, tiene un privilegio importantísimo y es el de gestionar las dos instituciones más valoradas por todos los españoles, que son la Guardia Civil y la Policía Nacional, y esperemos que esté a la altura de ese privilegio para gestionar estos dos grandes colectivos de profesionales. Desde luego me gustaría que fuera más la legislatura de la seguridad de las personas que la de la seguridad de la concordia, como usted la ha llamado. Tiene un colectivo enorme de profesionales bien valorados por la sociedad, como digo; además, están bien valorados internacionalmente, porque cuando han tenido que trabajar con otras policías su valoración es altísima. Estamos hablando de gente especializada, valorada por todos, así que ojalá sea, de verdad, la legislatura de las personas más que de la concordia porque las personas son lo más importante, pero eso no significa escribirlo en una página web sino creérselo y, por tanto, debemos hacer cambios para mejorar la vida de las personas, que son las que están bajo su mando, y es un colectivo enorme. ¿Por qué le digo esto? Porque nos ha contado muchas cosas pero echo de menos que hable de las personas. Me parece que ha hablado poco precisamente de estos profesionales y de sus problemas. Desde Ciudadanos lo que creemos, ministro, es que es necesaria una reforma de nuestro modelo policial. Nuestro modelo policial que se planteó ha ido cambiando con el tiempo, pero no desde una perspectiva global; es un modelo antiguo, no es moderno, no es eficaz, no es del siglo XXI. Tenemos tres niveles de actuación, de dependencia: hay una dependencia nacional, autonómica -en algunas autonomías tienen modelos policiales autonómicos- y local, por supuesto, que además es muy grande. Un modelo de esta complejidad, con estos tres niveles, hay pocos en nuestro entorno. Merece la pena hacerlo porque en su diseño competencial no estaban las policías autonómicas, ni el desarrollo de las policías locales, como lo tiene en estos momentos y, por tanto, hay que abordar con valentía un nuevo modelo policial. Este modelo presenta distorsiones, solapamientos de competencias que en ocasiones restan eficacia; por cierto, también hay un solapamiento de competencias muchas veces entre los dos grandes cuerpos de seguridad, entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, en muchísimos temas competenciales que ahora le comentaré.

Como le digo, esto requiere una revisión profunda en cuanto a los costes y la racionalización de los servicios, perfeccionando además los mecanismos de cooperación y coordinación para conseguir una mayor eficacia en el servicio que se presta al ciudadano. Para nosotros resulta imprescindible reformar este modelo mediante la elaboración de una ley de fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de establecer una clara distribución de competencias de los distintos cuerpos policiales de acuerdo a nuestra realidad actual, así como a los compromisos nacionales e internacionales. ¿Qué proponemos para hacer esto? Proponemos una mesa de partidos y se lo ponemos encima de la mesa. Nos gustaría hacer una mesa de partidos en la que participasen todos los agentes implicados para poner encima de ella los problemas y las necesidades actuales de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, de manera que redactemos de forma conjunta un informe que sea sometido posteriormente a la Comisión de Interior -a esta Comisión- sobre cómo entendemos, o los profesionales entienden, que debe ser el nuevo modelo policial y a partir de ahí seremos capaces de desarrollar todos los cambios normativos y legislativos oportunos para dar respuesta a este nuevo modelo del siglo XXI. Nosotros creemos que este modelo, como le he dicho antes, debe estar basado en lo siguiente: reorganización del actual despliegue territorial de cada uno de los cuerpos policiales y creación de un procedimiento de coordinación de seguridad nacional permanente que defina los canales operativos de coordinación y garantice una cooperación eficaz; debemos racionalizar las compras del Ministerio del Interior, es decir, este modelo también debe proponer los mecanismos para racionalizar las compras del Ministerio del Interior, creando un órgano central de adquisiciones de material


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y equipamiento. Sabemos que hay uno ya, pero no acaba ejecutando todas las compras del ministerio y por supuesto las de los dos grandes cuerpos de seguridad.

Además de esto, en este nuevo modelo deben tenerse en cuenta los criterios de mérito y capacidad en los procesos de ingreso y de ascenso en las fuerzas y cuerpos de seguridad con criterios de transparencia y de participación. Se deben promover las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad asegurando la correcta formación de sus integrantes; revisar los procesos de ascenso y promoción interna, evitando cualquier sombra de discrecionalidad; actualizar los procedimientos de reconocimiento de los méritos profesionales y la concesión de condecoraciones; potenciar una política efectiva de prevención de riesgos laborales; revisar el régimen de personal y disciplinario tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, teniendo en cuenta el Estatuto del empleado público; mejorar los mecanismos de participación y representación de los consejos de la Guardia Civil y de la policía nacional en aras de una mayor transparencia; promover la creación de un centro nacional de alta especialización tecnológica que unifique la formación del colectivo y promover la homologación de los estudios policiales y carrera profesional civil, dotándoles de mayor conexión con universidades y empresas. Al menos estos son los puntos que nos gustaría que fueran tenidos en cuenta para ese nuevo modelo policial, ese nuevo marco, y desde luego nos pondremos a ello si usted conviene en hacer esta mesa, si no, también intentaremos hacerla mediante acuerdo del resto de partidos si les parece oportuno, y aquí dejo el guante encima de la mesa para los demás grupos parlamentarios.

Señor ministro, cuando le decía que esta debería ser la legislatura de las personas era porque tiene ahora mismo dos conflictos importantes: uno en la Guardia Civil -importante- y otro en la Policía Nacional. En la Guardia Civil tiene uno con plantillas sobrepasadas por su carrera laboral, con los sueldos más bajos de todos los cuerpos policiales, una falta de continuidad en sus funciones, sobre todo en las unidades de investigación y con un tiempo de respuesta cada vez más tardío que afecta al final al servicio que prestan y además a su imagen, por supuesto.

Señor ministro, en primer lugar, me gustaría plantearle las siguientes cuestiones. Es necesario -así lo hemos hecho registrar- que se acometa la equiparación salarial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Creo que este es un objetivo de todos y, si de verdad pensamos que es la legislatura de las personas, este es el momento de llevarlo a cabo. Tenemos que ser capaces de que la Guardia Civil deje de ser el cuerpo pobre -vamos a llamarlo así- dentro de nuestros cuerpos de seguridad. Yo creo que no merecemos tener policías pobres, como en estos momentos existen dentro de la Guardia Civil. Equiparemos las competencias. Yo entiendo que este es un ejercicio presupuestario complejo, con lo cual tenemos que hacerlo dentro de la legislatura, pero planteemos de qué manera podemos acometer esto para empezar a resolverlo de forma inmediata y que en dos o tres años, en dos o tres ejercicios presupuestarios se pueda equiparar al total del colectivo.

Me gustaría pedirle cuatro cosas más para la Guardia Civil, un plan de reajuste de días intensivos respecto a los sueldos y las plantillas y tres cosas pequeñas que estoy convencido de que para ellos son muy importantes. Primero, incrementar las partidas asignadas a las subvenciones para las asociaciones profesionales. Señor ministro, no puede ser que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil tengan una subvención de 80.000 euros anuales cuando los colectivos de jueces tienen más de 200.000. Señor ministro, dígale a su compañero de Hacienda, el señor Montoro, que esto no es dinero. No creo que poner en manos de los colectivos profesionales de la Guardia Civil 80.000 o 100.000 euros más al año arruine a este país o nos haga perder la competencia con respecto a Europa. Segundo, deducir las cuotas que pagan los guardias civiles por estar asociados, como cualquier persona que está sindicada. No creo que esto vaya a quebrar las cuentas del erario público, señor ministro. No es nada, pero es un símbolo de que realmente estamos pensando en las personas. Por último, consolidar el complemento del puesto de trabajo cuando los guardias civiles pasen a desempeñar un empleo por encima del que tienen, cuando pasan dos años, igual que el resto de los funcionarios. ¿O no son funcionarios públicos? Yo creo que se puede hacer, tampoco es para tanto. Créame, con estos pequeños gestos conseguirá usted empezar a pensar de verdad que esta es la legislatura de las personas y no de la concordia.

En la Policía Nacional tiene usted abierto un conflicto laboral colectivo. El sistema actual de turnos que ustedes han establecido no funciona. Creo que esto ya lo sabía todo el mundo antes de ponerlo en marcha, pero vamos a corregirlo antes de que vaya a más. A nosotros nos gustaría que convocara un Pleno extraordinario del Consejo de Policía presidido por usted mismo y cuyo único punto del día sea la mediación y la conciliación de este conflicto colectivo; creo que sería un buen gesto que todos agradecerían. Nos gustaría que se convocara una mesa de seguimiento de la jornada laboral de cara a estudiar todas


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estas anomalías y deficiencias que se producen, de forma que se mejorasen sus condiciones. En la Policía Nacional hay una falta de efectivos. Creemos que la tasa de reposición que hay hoy en día no puede estar condicionada por la crisis económica y además no le he oído decir nada sobre cómo piensa resolver los problemas que tiene usted en la cúpula de la Dirección General de la Policía, porque los problemas, señor ministro, están ahí, los vemos todos los días en los periódicos y mucho me temo que los vamos a seguir viendo si usted no los corrige. Esta en su mano hacer esos nombramientos. Usted sabrá lo que tiene que hacer, por supuesto, no le vamos a decir a quién tiene que poner en cada sitio, pero no es la imagen de la Policía que a nosotros nos gustaría. Como ve, estamos hablándole de cosas mucho menos ambiciosas que todo lo que usted nos ha presentado, pero son cosas sencillas, cosas que van a llegar a todo el colectivo de personas que forman las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos seguros de que todos lo van a agradecer y que van a poner mucho más sencillo poder abordar el resto de cosas de la legislatura que usted nos ha comentado.

No me gustaría acabar sin comentar dos cosas. En primer lugar, nos gustaría promover la creación de un cuerpo común de uso compartido que englobara los Tedax-RNBQ de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Ese es uno de los pasos previos importantes de los que hablábamos antes en cuanto a duplicidades y efectividad. Con él se puede obtener el modelo que establecieron las policías francesas hace unos años, creando un cuerpo de verdad y en dependencia directa de la secretaría de Estado, un cuerpo de profesionales bien completado, con una buena escuela de formación común para nuestros equipos Tedax-RNBQ, entre otras cosas porque esta va a ser la amenaza que vamos a tener presente día a día, ya lo estamos viendo. Cada vez se va a complicar más el tema de los artefactos explosivos y precisamente la ciberseguridad y la ciberamenaza van a empezar a formar parte de esos dispositivos. Debemos tener profesionales formados y debe haber permeabilidad entre el mundo civil y el mundo policial para tener profesionales de verdad que puedan ayudar a resolver esto. Nosotros se lo vamos a poner encima de la mesa y vamos a instarle a que apoye un proyecto que le vamos a hacer llegar para que esto sea posible, señor ministro. Nos gustaría tener el apoyo del Gobierno y del resto de los grupos, porque creo que va ser una cosa buena para todos los españoles. Me refería antes al modelo competencial. Yo creo que en ese modelo de competencias que hay que definir hay muchísimas cosas como estas que se pueden unir y que van a ser más efectivas. Le hablaba antes de la dirección de compras, pero si quiere hablamos de la Policía científica, que creemos que también podría ser perfectamente unificada con un modelo único en cuyas sinergias ganaran todos, los profesionales y los ciudadanos.

Voy a ir concluyendo, señor presidente. Me gustaría hablar un poco de terrorismo, claro que sí. España es uno de los países con mayor número de detenciones de terroristas yihadistas en los últimos años, lo sabemos y nos felicitamos todos por ello, señor ministro. Este dato implica el buen hacer de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que gracias a su efectividad y a su rapidez en estas operaciones antiterroristas y a los servicios de inteligencia asociados alcanzamos grandes resultados para la seguridad de todos, pero también hay un dato alarmante, y es que España sigue siendo un gran polo de atracción para el terrorismo yihadista. Este es un nuevo terrorismo, una forma terrible de terrorismo que cada día está más presente entre nosotros. Ejemplos los tenemos bien cercanos en estos días pasados. Hay que tener en cuenta que aunque no está habiendo atentados terroristas actualmente, hay una gran maquinaria de propaganda detrás que está atrayendo a un gran número de jóvenes a sus filas. Es imprescindible reforzar todos los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. No debemos levantar la guardia ante un terrorismo cuyo último objetivo es crear el mayor número de víctimas posible como forma de captación y propaganda. Debemos realizar este esfuerzo conjuntamente todos los partidos y no de forma individual, como hizo el anterior ministro, su anterior compañero de gabinete en la pasada legislatura. Señor ministro, nosotros queremos que todos los actores implicados en el Pacto Antiyihadista lo estemos al cien por cien; basta de observadores. ¿Qué es esto de ser observadores hoy en día? No pueden existir observadores. O se está contra el terrorismo o no se está contra el terrorismo. Nosotros le instamos a que decida en ese Pacto Antiyihadista -porque depende de usted- quién está y quién no está, pero si se está, se está con todas; no permita -así se lo pedimos- que haya observadores dentro de un Pacto Antiyihadista cuyo único objetivo es trabajar en pos de eliminar esta lacra que nos va a golpear de forma continua. Aquí no se puede venir de observador, o se involucra uno o no se involucra. Si uno no se quiere involucrar, mejor que no esté. Esta es desde luego nuestra opinión y así se lo vamos a exigir.

Ya hablamos en el Pleno de ayer sobre las víctimas del terrorismo. No me voy a extender en este tema porque lo que tenía que decir ya lo dije ayer en el Pleno y creo que todos ustedes lo conocen. Me parece positivo que en este nuevo Estatuto de víctimas del terrorismo se incluya que cualquier español sobre el


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que se haya cometido un atentado en cualquier sitio del mundo sea considerado una víctima del terrorismo, no como hoy en día, que tenemos este pequeño agujero que, por otra parte, creo que es fácil de resolver. Va a tener todo nuestro apoyo en este sentido.

No quisiera acabar sin antes hablar sobre las lluvias torrenciales y los desbordamientos de ríos que hemos tenido estos días en el Levante. Señor ministro, esta desgracia natural al final se ha llevado por delante a cinco personas, cinco fallecidos, ha habido montones de desalojos, más de un centenar de municipios han tenido que suspender las clases sus niños, ha habido cortes en carreteras, interrupción de líneas férreas, cancelación de vuelos y daños materiales abundantes en locales, en viviendas y en industrias. En consecuencia, me gustaría plantearle una pregunta, puesto que es de total actualidad: ¿Cómo se están coordinando los servicios de emergencia? ¿Su Gobierno tiene la intención de conceder la declaración de zona catastrófica a estas comarcas afectadas por el temporal que ha sufrido todo el litoral mediterráneo? Y, sobre todo, ¿qué medidas prevé el Gobierno para evitar en el futuro estos hechos y para paliar situaciones como las ocurridas en estas últimas semanas?

Señor ministro, simplemente quiero manifestarle de nuevo nuestro apoyo. Nos tendrá como aliado fiel si usted así lo quiere y si de verdad se aviene a entender que la concordia, como usted la llamaba, no es más que la capacidad de ser generoso en la negociación. Así es como se obtiene concordia. Si uno es generoso, se negocian las cosas; si no lo es, resulta difícil negociar nada. Le reitero que lo que nos gustaría de verdad es que esta fuera la legislatura de las personas. Como le decía anteriormente, tiene muchísimas personas bajo su mando y tiene toda nuestra colaboración para de verdad hacer de esta actuación el ejercicio de reconocimiento, con muy poquitas cosas, de todas las personas que están bajo su mando.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.

Por el Grupo Mixto, intervendrá en primer lugar el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes.

Intentaré ceñirme al tiempo para ceder el que corresponda a mi compañera del Grupo Mixto.

En primer lugar, señor ministro, quiero agradecerle su gesto de tender la mano y su voluntad de diálogo y de concordia, si bien le avanzo que alguno de los temas que usted ha planteado es competencia de la Generalitat, por lo que le pido dos cosas: una, que este Gobierno no exceda sus límites y, dos, que en aquellos temas que limitan con competencias con la Generalitat exista ese diálogo que usted hoy ha prometido para generar un espacio de trabajo productivo y con buenos resultados.

Anteriormente le he comentado en privado, y ahora lo hago en público, la preocupación de la Generalitat -y me consta que usted ha empezado a buscar soluciones- respecto de la coordinación de los grupos de los cuerpos de seguridad que son competencia de la Generalitat con los cuerpos nacionales. Usted sabe que las discrepancias políticas o de hoja de ruta entre los dos Gobiernos no deberían poner en riesgo algunas de las cosas que deberían ser sagradas -la seguridad ciudadana es seguramente una de las cosas más sagradas- y no deberían ser puestas en riesgo. Los dos sabemos que no compartimos destino ni proyecto; nuestro objetivo es crear un Estado y el suyo que esto no nos salga bien, siendo legítimo tanto querer intentarlo como querer que no suceda. Pero, aun así, en ese marco de tensión, deberíamos preservar algunas cosas, entre las que, como le decía, está la seguridad ciudadana, que deberíamos vigilar entre todos y procurar no poner en riesgo. Para hacer eso tenemos algunas herramientas que es verdad que el anterior Gobierno, que era de su partido, no quiso poner en práctica y que yo le emplazo a usted a que las lleve adelante lo más pronto posible. Una de ellas, usted lo sabe, es la convocatoria de la Junta de Seguridad, que es un derecho de la Generalitat, reconocido en el Estatut de Autonomía de Catalunya, que ni se recurrió ni se cepilló, por lo que sigue vigente y nos gustaría que se implementara. Aprovecho, por si no lo tiene a mano, para leerle el artículo, que es muy claro, y que me gustaría que se pusiera en práctica lo más rápidamente posible. Dice así: La Generalitat participa mediante una junta de seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado, presidida por el president de la Generalitat, en la coordinación de políticas de seguridad y de actividad de los cuerpos policiales del Estado y de Cataluña, así como en el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones de colaboración y auxilio de las autoridades policiales de otros países. La Generalitat, de acuerdo con el Estado, estará presente en los grupos de trabajo y de colaboración con las policías de otros países en los que participe el Estado. Por tanto, en un momento de alarma antiterrorista, con un nivel de alerta de 4, la Junta de Seguretat no se convoca desde 2009, algo que nos parece temerario por parte del Gobierno. Además, esto sucede después de reiteradas peticiones por parte del Gobierno, por parte de


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distintos consellers y por parte del Parlament català de que se convoque la Junta de Seguretat. Me consta, como le decía, que usted mantiene contactos con el conseller, pero también que ayer hubo una reunión para abordar la alarma, el sistema y el nivel terrorista, y la Generalitat no fue invitada, algo que ataca directamente a otro de los artículos del Estatut de Catalunya que usted ya conoce. Por tanto, le pido que nos demuestre con hechos esa voluntad de diálogo, a la que seguramente nos vamos a acoger, porque tendrá una buena respuesta por parte del Gobierno catalán, porque somos conscientes de que hay cosas que no podemos poner en riesgo.

El segundo punto que quería abordar tiene que ver con aquello que empezó siendo la operación Cataluña, que después fue el 'Fernandezgate' y que ahora llamamos operación diálogo, que tiene mucho que ver con cómo gestiona su Gobierno una situación de crisis política que ha pasado a menudo en su ministerio. Usted sabe que había conversaciones de su antecesor en el cargo con el director de la Oficina Antifrau, que dinamitaban de pleno el Estado de derecho, que nosotros sí queremos preservar. Sabe usted que hay determinadas ideologías o movimientos políticos en Cataluña que están perseguidos simplemente por no coincidir con la línea del Gobierno central, y es aquí donde le voy a apelar otra vez a esa concordia y a ese diálogo que usted citaba al inicio de su intervención. Nosotros hemos escuchado a un ministro del Gobierno español celebrar la destrucción del sistema sanitario catalán, hemos escuchado como se ha conspirado contra políticos independentistas y se han inventado informes falsos contra sus familias. Asimismo, hemos visto como el anterior ministro del Interior tenía una fiscalía que le afinaba cosas. Podemos intentar hacer como que esto no ha pasado nunca, pero no podemos olvidarlo, si bien tampoco podemos hacerle pagar a usted el error que cometió otro. Es un error que no vamos a cometer. Usted tiene nuestra palabra de que si por su parte hay diálogo, no le vamos a hacer pagar por los errores del ministro Fernández Díaz, pero tiene que demostrar que hay un cambio de dinámica y que ustedes no siguen por esa línea que no nos lleva a ninguna parte más que a la crispación, al enfrentamiento y a la no solución política que requiere el momento político que vive Cataluña.

Respecto a los otros temas, si seguimos por el camino del diálogo y de la concordia no van a tener en la Ley de Seguridad Ciudadana. Aquí nos va a encontrar, pero usted ha sido tímido. Fue una ley elaborada desde una mayoría absoluta, sin ningún consenso y que atenta contra algunas de las cosas que usted ha intentado preservar. Nosotros estamos dispuestos a hablar y a analizar punto por punto, artículo por artículo. Nos da igual cuál sea la fórmula, pero creemos que es necesario modificar y revisar cada uno de los artículos de esa ley que atenta contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. Estamos dispuestos a hablar también sobre cómo nos imaginamos un nuevo modelo de CIE, si es que así prefieren llamarlo. Sabe que en Cataluña tenemos un CIE que es sospechoso de muchas cosas y que tiene muchos clarobscurs, como decimos en Cataluña, por lo que si usted está dispuesto a reformar, a hablar y a plantear nuevos modelos y nuevos formatos, ahí nos va a encontrar para dialogar sobre lo que usted considere oportuno.

En último término, usted ha hablado de la acogida de refugiados y aquí sí que me quiero remitir a las palabras del president de la Generalitat, que, como usted sabe, puso a disposición del Gobierno central 4.500 plazas para acoger a refugiados en Cataluña y aún no ha habido respuesta. Le pido que aceleren este tema, que el ministerio se ponga las pilas porque es un tema urgente que debe ser abordado con grandes consensos. Si el Gobierno central prefiere que sean las comunidades autónomas, que sea el Gobierno catalán quien gestione eso, autorice al Gobierno catalán a acoger a estos 4.500 refugiados que estamos preparados para recibir en Cataluña, pero no nos lo bloqueen por bloquear.

Señor ministro, como le decía, estamos dispuestos a trabajar con usted como si Fernández Díaz no hubiera existido nunca. No podemos olvidar lo que hizo Fernández Díaz, pero estamos dispuestos a empezar de cero con usted sin renunciar a nada de lo que el marco político catalán nos inspira. Estamos dispuestos a trabajar con usted y estaremos aquí buscando diálogo, consenso y con ganas de sacar propuestas adelante y, por eso, en esos temas sabe usted que nos va a encontrar. Le pido que demuestre con hechos que Fernández Díaz ya no es ministro del Interior.

Muchas gracias, ministro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por parte del Grupo Mixto también, la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias. Buenas tardes, señor ministro.

Para quienes aspiramos a vivir en una sociedad en la que todas las personas seamos dueñas de todos los derechos al margen de procedencia o condición, el ministerio que usted dirige tiene tarea por


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delante, mucho que corregir me atrevería a decir. Tendrá que decidir usted si quiere seguir siendo el defensor de la limitación de los derechos de las personas o, por el contrario, quiere pasar a ser el ministro que se atrevió a mirar por el interés de la sociedad y su futuro en lugar de dejarse llevar por políticas represoras y limitadoras de derechos como ha ocurrido en los últimos años. Le mencionaré algunas de las cuestiones a las que me refiero cuando hago esta reflexión y espero que nos dé detalles de lo que piensa hacer, porque hoy no me ha quedado claro, y con las preguntas que hemos venido realizando, ninguna de las cuales ha sido todavía respondida, tampoco he podido ir aclarando mis dudas.

Comienzo por la política de extranjería, que no voy a llamar de asilo porque no resultaría ajustado a la verdad, ya que apenas se da asilo ante las innumerables peticiones que se reciben, además de que se ponen innumerables obstáculos para que las personas del extranjero puedan llegar. Su política no responde al sentir y a la solidaridad que usted mismo ha mencionado de la sociedad civil, que es clara y que se está demostrando en este tema. Las devoluciones en caliente, prácticas ilegales, vienen siendo denunciadas por numerosas organizaciones internacionales, así como la situación de los CIE, que ha dicho que le gustaría reformar, para lo cual habrá que partir de una lectura real de lo que han sido y no idílica como la que se nos quiso presentar en esa visita que hicimos. Hablaremos y veremos qué son esos cambios. Venimos pidiendo explicaciones al respecto y no hemos tenido todavía respuesta. No quisiera olvidar el caso del senegalés muerto en una comisaría en Iruña, caso sobre el que se niegan a dar explicaciones aunque las hemos pedido en diferentes instancias. Me pregunto si es acaso menos por ser senegalés o si un Gobierno democrático no debería ser el más interesado, precisamente, en aclarar este caso.

No voy a hablar del tema catalán, ya lo ha hecho mi compañero, pero sí me preocupa que diga usted que se va a seguir apoyando en la Ley de Seguridad Ciudadana, la que conocemos como la Ley mordaza, porque pese a que la mayoría de la Cámara se ha posicionado a favor de derogarla usted no es partidario de hacerlo. Mire usted, la Ley mordaza como los cambios que se hicieron en el Código Penal, haciéndolo paradójicamente menos garantista y más severo aún que el del franquismo, o la negativa a aceptar que no se cumpla dos veces la misma pena nos da una muestra, a nuestro entender, de la escasa calidad democrática del Gobierno español, que se niega a ver la realidad y solo mira el pasado en aquello que le interesa, pues si bien utiliza el pasado para obstaculizar cualquier avance en el proceso de paz y normalización del conflicto vasco, hace oídos sordos a las reclamaciones para reparar a las víctimas del franquismo argumentando que no hay que remover el pasado. Vacían de contenido -usted y su Gobierno- real y efectivo la Ley de Memoria Histórica. Espero que con el tiempo usted me traiga una práctica que me confunda, pero de momento las cosas las veo así, porque aunque esa ley que se aprobó es insuficiente sí le da posibilidades al Gobierno de avanzar en este tema si hay voluntad; hasta ahora no la ha tenido y me gustaría saber si en adelante la tendrá. No solo eso, hasta ahora el Gobierno se ha limitado a obstaculizar todo lo posible la actuación de instancias internacionales que pretenden contribuir a respetar los derechos de todas las personas, como ha ocurrido con la querella argentina. Aunque el PP es el principal partido en esta Cámara -no lo voy a negar-, hay mundo más allá de estas cuatro paredes y en ese mundo son cada vez más los que no entienden su actitud en las materias mencionadas o también en otras referentes a las consecuencias del conflicto vasco.

No se entiende, por ejemplo, que el Gobierno se empeñe en obstaculizar el desarme de ETA con garantías y en su totalidad, que se intente criminalizar a personalidades de la sociedad civil que, recogiendo el sentir mayoritario de la población, están dispuestas a arriesgar a favor de la paz ante la negativa del Gobierno, como ha ocurrido con los detenidos en Luhuso. Los cinco están en libertad tras recibir, por cierto, el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción del frente nacional. Esto es lo que está consiguiendo su actuación, junto con el aumento de voluntarios para ayudar en lo posible en este tema. Porque usted sabe tan bien como yo que esta no ha sido una operación contra ETA, sino una operación contra la sociedad civil comprometida con la paz. Y lo ha dicho Max Brisson, que es dirigente de la derecha francesa, que además de participar en las movilizaciones en contra de estas detenciones ha llegado a decir que estas movilizaciones han permitido que se comprenda el sentido de una iniciativa cuyo objetivo no era otro que el desarme y la paz. En términos similares se ha posicionado el presidente de la región de Aquitania del Partido Socialista. Nadie ha puesto en duda el compromiso de estas personas con la paz, incluso la del presidente de honor de la Liga de los Derechos Humanos de Francia, Michel Tubiana, que junto a los anteriores pretendía ayudar en el desarme. Las cartas que estas personas y ETA se han cruzado y que hemos conocido por vía de la prensa nos han puesto negro sobre blanco lo que está pasando. Los Gobiernos están intentando impedir que ETA se desarme. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!). ETA dice en estas cartas que su objetivo es declararse lo antes posible como


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organización desarmada y, se lo voy a decir claro, creo que no van a conseguir impedirlo; lo que están consiguiendo -al menos eso es lo que se está viendo en el País Vasco francés en los últimos días- es precisamente que a esos detenidos que les han llamado ya artesanos de la paz (Rumores). se les vayan sumando cada vez más personalidades de la sociedad civil dispuestas a participar a favor de la paz. Ustedes verán si van a detener a todas estas personas o van a reflexionar y van a contribuir a la paz. Recuerden que su actuación similar en el proceso catalán les ha convertido en una máquina de hacer independentistas a pleno rendimiento. A esta marcha no van a tener ustedes cárceles para tanto independentista y pacifista que van a querer criminalizar. Si siguen ustedes así, se encontrarán con encuestas como la última que ha hecho el Gobierno vasco, en la que se llega a que en la Comunidad Autónoma vasca la población valore peor la actuación del Gobierno español que la de la propia ETA en todo lo que concierne a la paz. Ahí lo dejo, porque, como decía, es la opinión que ha dado la gente.

Sigo. En Europa son cada vez más las resoluciones que afean su conducta y condenan al Gobierno español por torturas no investigadas, una práctica sistemática durante décadas; por empeñarse en mantener en prisión a los presos a cualquier precio, además de intentar crear situaciones alejadas de la realidad, dando a sucesos como los de Altsasu una entidad que no tienen. Por cierto, algún día habrá que abordar la excesiva presencia de la Policía y de la Guardia Civil en Euskal Herria, que creo que es un debate político y es lícito hacerlo. (Rumores). Por fortuna, ayer salieron en libertad cuatro de los siete jóvenes de Altsasu y entre los antecedentes que se introducían en el auto para la permanencia en prisión del resto se menciona un hecho curioso, y es que uno de ellos fue concejal de Bildu. Le quisiera preguntar al ministro si le parece a usted bien que así se haga, que se utilice la incorporación en una candidatura legal como antecedente en su contra. Entiendo que es inadmisible que se utilice como antecedente ser concejal de Bildu para mantener en prisión a alguien; una candidatura legal que las elecciones que menciona el auto, en 2011, llevaron a la alcaldía. En aquellas elecciones municipales votaron más de 313.000 a Bildu en las cuatro provincias vascas, y menos mal que el voto es secreto, porque en caso contrario quizás su ideología podría utilizarse en su contra. Hay algo más grave todavía en este caso que nos ocupa, y es que es falso. Tengo la lista de las elecciones municipales de 2011, cualquiera lo puede comprobar en Internet, y el nombre de este joven, Adur, ni siquiera aparece en la lista electoral porque nunca ha sido concejal ni candidato. Además, era imposible, en aquel entonces tenía dieciséis años. Por tanto, insisto, el dato es falso y es una muestra clara de la literatura y las falsedades con las que los informes policiales y los autos judiciales muchas veces, lamentablemente, construyen inculpaciones. Si son capaces de hacerlo con algo tan fácil de comprobar como una candidatura electoral, qué no harán ustedes con hechos de otra índole y que no son tan fáciles de comprobar vía Internet.

Ustedes parecen no entender que no es hora de llenar las cárceles, que es hora de vaciarlas y que, como estación previa, hay que acercar los presos a sus familiares y amigos. No es que lo diga yo, lo dice acertadamente en el artículo que envié a todas sus señorías el mismo Max Brisson, que he comentado antes, vicepresidente del Consejo Departamental de Pau, que nos habla de la paz de los valientes, de la necesidad de que se abran las cárceles si queremos que el proceso de paz sea duradero. Y es que con las víctimas en el recuerdo -todas ellas, sí, sin excepciones- el mayor reconocimiento a ellas y a su sufrimiento es que construyamos un futuro que las reconozca, que las repare y que les dé garantías de no repetición. De hecho, son cada vez más las víctimas que desde el sufrimiento -no lo voy a negar- pero con un claro compromiso con la paz nos apelan para que demos pasos sin instrumentalizarlas y construyendo una memoria inclusiva. En esa tarea tenemos todos -me incluyo- que dar pasos, pero también el Gobierno. Ustedes se niegan a ver una realidad cada vez más extendida en Euskal Herria. Desde la ciudadanía hasta más de doscientos juristas piden cambios en la política penitenciaria, piden que se acabe con una política de dispersión que vulnera derechos de presos y familiares y que desde el abandono de la lucha armada por parte de ETA se ha intensificado sin lógica ni razón alguna. (Rumores). Se contabilizan hoy en día más enfermos y el aislamiento al que se les somete es mayor. El propio Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en su reciente visita a Madrid lo decía: no hace daño a nadie que se acerque a los presos. Él no ve ningún problema en ello. Por tanto, no es de recibo que se aplauda su buen hacer para lograr un acuerdo de paz con las FARC y negarse a hacer lo mismo en el caso vasco, salvando las distancias por supuesto.

Y espero que no nos mienta como hizo en el Senado y nos intente hacer creer que todas las personas presas reciben el mismo trato, usted sabe muy bien que eso no es así, que la política de dispersión es contraria a la ley y al reglamento penitenciario. Hay una política específica contra los presos vascos por la que se aleja más de mil kilómetros a presos preventivos; por citar un ejemplo, el caso de la abogada


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Arantxa Zulueta, que además de estar alejada está sometida al más absoluto aislamiento. Y le pregunto si va a escuchar alguna vez a la sociedad vasca o va a tener que venir alguna otra instancia europea a decirles que no es ajustado a derecho ni respetuoso con los derechos humanos, para hacerlo entonces a regañadientes como hasta ahora.

Recientemente lo decía incluso Guido Raimondi, presidente del Tribunal de Derechos Humanos de Europa: Será necesario tomar alguna decisión en relación con la política de dispersión. Usted sabe que los presos vascos no reciben el mismo trato que el resto. En el Senado usted mencionó la Ley Orgánica General Penitenciaria y esta, en su artículo 12, establece la ubicación de los centros penitenciarios en el lugar más cercano al domicilio con el fin de evitar precisamente el desarraigo social. Pero es que además de vulnerar este y otros artículos del reglamento penitenciario, el alejamiento conlleva también otra serie de vulneraciones, incluso preceptos constitucionales. Seguramente desarrollar todo esto me llevaría mucho más tiempo del que tengo y quiero terminar y ser respetuosa con el tiempo y, aunque todo el mundo se ha pasado un poco, yo también voy a finalizar.

En última instancia, señor ministro, tienen usted y su Gobierno dos opciones: seguir siendo parte del problema y quedarse cada vez más aislado en la comunidad internacional y sobre todo en la sociedad vasca o bien aprovechar la oportunidad para ser un agente activo, contribuir a dar pasos para cerrar bien, con garantías de no repetición -muy importante esto último que he dicho- un ciclo que reconozco que ha generado mucho sufrimiento pero que conviene cerrarlo y cerrarlo bien. (El señor Martín-Toledano Suárez: Es una amenaza. Sí, sí). Ustedes elegirán y usted nos irá diciendo qué es lo que piensan hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz.

Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Rufián.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes, señor ministro. Gracias por estar hoy aquí. Seré breve, la verdad es que son pocas las oportunidades para hablar con usted y mucho lo acontecido en torno al ministerio que representa hoy aquí. Y si no le importa, en Esquerra Republicana querríamos aprovechar para hacerle una serie de preguntas que espero tenga a bien responder en su posterior intervención. Son diez preguntas de fácil respuesta de las que dependen y dependerá nuestra línea de actuación en esta legislatura.

La primera: ¿Tiene usted pensado cerrar esas cárceles de la vergüenza repletas de gente cuyo único delito es la miseria y opresión que les hizo huir de su país? Ustedes las llaman CIE. Hay casos de insultos y maltratos dentro denunciados. ¿Tiene pensado cerrarlas? Dos: ¿Tiene usted pensado investigar lo sucedido el pasado 6 de febrero del año 2014 en Tarajal? Como sabe, aquel día murieron quince personas recibidas a pelotazos. Y como sabe -supongo-, disparar desde el espigón de una playa a gente a nado que encima solamente lleva hambre está muy lejos de ejercer el deber de custodia y vigilancia de fronteras de la patria, que es la expresión que se utilizó para cerrar el sumario. En todo caso, no parece muy valiente disparar desde un espigón a alguien que viene a nado. ¿Tiene usted pensado saber lo que pasó? Y ya que estamos puestos, ¿tiene usted pensado seguir recibiendo a pelotazos a la gente en la frontera? Tres: ¿Tiene usted pensado seguir condecorando a vírgenes como la Virgen del Amor y a periodistas afines como Paco Marhuenda y a policías de dudoso historial tal y como ha denunciado el propio Sindicato Unificado de la Policía? Si es que no, querría saber si va a revisar las condecoraciones y si es que sí, querría saber quién será la siguiente virgen, el siguiente periodista afín y el siguiente policía de dudoso historial. Cuatro: ¿Tiene usted pensado investigar y desarticular la autocalificada como Operación Cataluña, llevada a cabo por la brigada política UNEF, tal y como han destapado diversos medios de comunicación y ha confirmado el propio comisario Villarejo -poco sospechoso de ser independentista- y constatado las grabaciones del anterior ministro con el señor De Alfonso? ¿Tiene usted pensado seguir con la guerra sucia contra el independentismo?

Cinco: ¿Tiene usted micrófono en su despacho? Si es que sí, ¿con qué fin? Y si es que no, ¿qué ha hecho con los que parecía que había? ¿Condena usted aquello de: "Esto la Fiscalía te lo afina"? ¿Condena usted aquello de: "Nos hemos cargado su sanidad"? ¿Condena usted aquello de: "Hay algunos que parece que quieren ganar la guerra ochenta años después"? Seis: ¿Tiene usted pensado hacer algo con los casos de impunidad fascista aún pendientes? ¿Tiene usted pensado reparar la memoria de Guillem Agulló, asesinado a cuchilladas en Castellón por un grupo filonazi hace veintitrés años? ¿O de la transexual Sonia Rescalvo, asesinada a palos en Barcelona por un grupo fascista? ¿O de Carlos Palomino, acuchillado en el corazón por un soldado profesional? En ninguno de estos casos la afiliación fascista


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-como sabe- de sus asesinos se tuvo en cuenta, en ninguno de ellos. ¿Tiene pensado revisar la actuación de la policía en casos como estos? Siete: ¿Tiene usted pensado saber exactamente qué pasó con el arsenal incautado en la operación Panzer? Como sabe, una operación contra el terrorismo neonazi. Y como sabe, la Guardia Civil por error eliminó o hizo desaparecer el arsenal justo antes del juicio. Por este casual error todos los encausados fueron absueltos, incluido el asesino de Guillem Agulló, y la acusación particular tuvo que pagar 42.000 euros. ¿Tiene usted pensado saber qué pasó? Ocho: ¿Tiene usted pensado devolver los restos secuestrados por el fascismo en su mausoleo el Valle de los Caídos a las familias que así lo han reclamado? Familias como los Peña, los Canales, los Abril, los Cansado, los Navarro. ¿Tiene usted pensado por ejemplo devolver los restos de Manuel y Ramiro Peña a sus familiares, tal y como lo ha ordenado un juez mediante sentencia judicial? Nueve: ¿Tiene usted pensado investigar los 6.621 casos de tortura y malos tratos policiales denunciados en los últimos diez años por los cuales incluso se ha preocupado Amnistía Internacional? Y diez: ¿Se considera usted heredero del ministro Fernández Díaz y su gestión? Espero que me responda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rufián.

Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

También muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por las extensas e intensas explicaciones y proyectos de su departamento en esta legislatura. Como es costumbre en nosotros, no juzgamos intenciones sino hechos, y en ese sentido esperaremos a ver si efectivamente se cumplen todas sus buenas intenciones y en ese momento nos pronunciaremos. Lo cual no es óbice para que haga algunas reflexiones al hilo de lo que usted ha ido diciendo a lo largo de su comparecencia.

En distintos pasajes de ella ha identificado de distintas maneras un objetivo que nos es común: la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos a través de la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público. Es obvio que es una de las prioridades de su Gobierno y es la principal de su departamento, eso lo comparte nuestro grupo parlamentario no solo por su notable interés sino porque en el País Vasco también tenemos competencias en esta materia. Tenemos un régimen estatutario foral actualizado que recoge, como usted conoce, de manera singular esta competencia en atención a la adicional primera de la Constitución y al propio estatuto; están las competencias de las instituciones vascas para la tutela de esos derechos y libertades de la ciudadanía vasca a través de su propia policía y también para la ejecución de la legislación penitenciaria y la gestión de los centros penitenciarios, aún pendientes de transferencia, a la que más tarde me referiré. Competencias que, obviamente, también lo son sin perjuicio de las competencias reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el País Vasco, a fin de la vigilancia de costas, fronteras, aduanas, extranjería, etcétera, y todas con la especificidad del carácter supracomunitario. Esto nos lleva a una dualidad de servicios, que ya hemos comentado en alguna ocasión, señor ministro, entre la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Ertzaintza es la policía integral del País Vasco; así lo reconoce el estatuto, dimana de la adicional primera y de la final primera de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ley que, como usted conoce, no es de aplicación en el País Vasco, salvo sus artículos 5, 6, 7 y 8, de principios generales, remitiendo la articulación de la coordinación y del desarrollo normativo estatutario a los acuerdos de Junta de Seguridad que en este aspecto tienen una relación equivalente a la de ley, reglamento o ley orgánica, ley de desarrollo. En este sentido, los acuerdos de la Junta de Seguridad y la cooperación se hacen imprescindibles, pero no solo por nuestra peculiaridad, porque la cooperación, la coordinación, la colaboración, la información recíproca y la lealtad institucional son consustanciales al fenómeno de delito para combatirlo. Y, bien porque es una necesidad, en la medida en que nadie puede afrontar los retos en solitario, y mucho menos unos retos globales como es la globalidad también en la criminalidad, esa coordinación en nuestro caso es importante y precisa para evitar duplicidades, y también esta coordinación se reclama en una dimensión muy importante, que es la prevención proactiva, es decir, la seguridad tiene que estar planificada, no puede estar improvisada y, en ese sentido, la coordinación es su herramienta.

En este aspecto, ya muy avanzada su intervención, ha marcado una serie de objetivos que, depende de cómo se formulen, no los puedo compartir totalmente, y le digo en qué sentido. Lo he adelantado ya: la seguridad a la que nos enfrentamos es como una mano a un guante, es frente a una inseguridad globalizada y, por ello, el paradigma de la seguridad ha cambiado en Europa y está cambiando


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internacionalmente. Es una seguridad, como alguna vez hemos tenido ocasión de comentar, que no es una seguridad jerarquizada o piramidal, es en realidad una seguridad en red. Es la suma de todos los nodos puestos en contacto de manera coordinada y colaborando los que tienen capacidad de luchar contra la inseguridad global, terrorista o delincuencia organizada. Así, se construye esta seguridad un poco a imagen y semejanza de la informática; no es una informática cautiva sino la suma de las potencias parciales, de los nodos, y por eso me han sorprendido unas referencias que ha hecho -entiendo que con buenas intenciones, pero tengo que matizarlo- al centro nacional de desaparecidos -he entendido también que de restos cadavéricos-, la oficina nacional de lucha contra delitos de odio, la oficina de trata de seres humanos y luego un sistema nacional de infraestructuras críticas, que ya existía, pero sobre todo un centro nacional. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Si se construye como una red -las policías integrales tienen sus referencias de restos cadavéricos, de desaparecidos, la Guardia Civil los suyos-, si se ponen en un sistema en red, no tenemos ningún inconveniente en compartirlo, como compartimos muchas cosas; ahora, si se pretende construir al modo del diseño de la Corame en el ámbito de la seguridad, es decir, un centro único en el que se vuelcan los datos pero que esos datos, a efectos de su consulta, se vuelcan solo a una web determinada, pues no estaremos de acuerdo. Entendemos que tenemos que sumar esfuerzos, pero nuestra información es información de la policía vasca, entendemos que si es de la Guardia Civil pues de la Guardia Civil. ¿Que la compartamos? Excelente, pero que la traslademos para que deje de ser nuestra, no. Entonces, según cómo se construya este centro nacional se puede hacer de una manera o de otra; tenemos modelos en el Estado de ambas dos. Confío en que lo hagamos de una manera útil para todos pero respetando las competencias y, por qué no decirlo, también las sensibilidades. No obstante, confío en que esto discurra, ministro, por los mejores cauces, que no haya ningún problema y que simplemente haya sido una prevención que yo personalmente tengo.

Quiero decirle también que nos satisface haberle escuchado en esta comparecencia, y en anteriores, su voluntad -y leo literalmente-: De intentar concitar el máximo consenso, de dialogar hasta la extenuación, de mantener el mandato claro de entendimiento y diálogo, de esforzarse sin límite para el acuerdo y la búsqueda permanente de consenso. Nosotros como grupo -y yo personalmente- nos congratulamos -ya se lo hemos dicho en alguna ocasión-, pero ahora le emplazamos a hacerlas efectivas en el órgano del que disponemos para coordinarnos, colaborar y cooperar, que es la Junta de Seguridad. Es el órgano previsto en el bloque de la constitucionalidad y también en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que es donde tenemos que establecer los protocolos. Sabe que históricamente los hemos establecido; el despliegue de la Ertzaintza y correlativo repliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se construyó sobre grandes acuerdos funcionales de Junta de Seguridad, acabando con la policía criminal y empezando desde la seguridad preventiva ciudadana. Le animo a seguir en esta senda que tuvimos hace muchos años y que desgraciadamente en el pasado reciente ha quedado un poco seca y no voy a decir exhausta porque no ha tenido manifestaciones.

En este sentido, como usted decía, hay que sentarse a hablar porque esa es la manera de mejorar, tal como usted dijo la semana pasada en esta Cámara. En el pasado, como le decíamos, se ha dialogado y es el momento de retomar el diálogo. Sabe usted que tenemos algunas cuestiones que para nosotros son muy sensibles, no solo porque afectan al autogobierno -y en esa parte del autogobierno, que es más sensible, que es nuestro autogobierno histórico, que son los derechos históricos- sino también para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos vascos, y me estoy refiriendo a la regeneración de las plantillas de la Ertzaintza. Estamos en un proceso de jubilaciones y deben estar debidamente atendidas las nuevas promociones; ahora mismo tenemos algunas recurridas en los tribunales y nos están colapsando. Sabe que es una cuestión clave para restaurar una confianza quebrada con las instituciones de seguridad del Estado, no con usted que, como le he dicho, tiene toda nuestra confianza.

Otra cuestión que ya le he anticipado sobre la función de la Junta de Seguridad es la coordinación. En relación con la coordinación, como ha señalado alguna compareciente que me ha precedido en el uso de la palabra, tendremos que hablar de una manera honesta sobre la adecuación de efectivos, de funcionarios policiales, en concordancia con las funciones que el bloque de constitucionalidad les encomienda. Confiamos en que la buena voluntad y el fair play nos lleve a todos a una situación satisfactoria. En este mismo orden de cosas, la coordinación policial operativa y también la estratégica en este mundo globalizado y en el ámbito del Espacio Schengen de Seguridad se hace imprescindible. Sabe usted que tenemos un reto pendiente, que es la incorporación plena al Centro de Inteligencia, Citco; es una cuestión para compartir análisis estratégicos complementada con una participación más operativa en el Plan de prevención y protección antiterrorista; serían las dos caras de la misma moneda: el primero para compartir


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el análisis estratégico, valoraciones de tendencia, valoraciones de contextos, estudios, informes e incluso para diseñar estrategias generales contra el terrorismo, el crimen organizado o el radicalismo violento. Y el Plan de prevención antiterrorista ya tiene una dimensión más operativa, sobre todo un órgano fundamental es la mesa de evaluación de riesgo y también la participación en la norma común de prevención y protección europea.

No me voy a extender mucho más en estos aspectos porque ya habrá tiempo y ocasión, pero un tema históricamente pendiente desde la incorporación del Estado español al espacio Schengen es el perfeccionamiento de las policías, en aquel caso la vasca y posteriormente la catalana, el perfeccionamiento de la habilitación de la Ertzaintza como policía Schengen a efectos de persecuciones en caliente, vigilancias transfronterizas y equipos conjuntos de investigación. El comité permanente de los CCPA es una cuestión que tenemos pendiente, así como la presencia en el comité de situación de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Hay otros aspectos menores que son disfunciones operativas por no estar suficientemente clarificado o haberse desdibujado las fronteras de los cometidos de la Ertzaintza como policía integral y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad autónoma en atención a sus competencias, que tienen manifestaciones, como conoce, en los puertos de interés general, en eventos deportivos de especial relevancia y en un rosario de cuestiones, desde la ejecución de requisitorias y reclamaciones judiciales a la presencia en impuestos especiales, seguridad privada, delitos medioambientales, etcétera.

Sin perjuicio de lo dicho -lo he anunciado en un primer momento-, aparte de la coordinación en la cuestión del despliegue de la Ertzaintza o su regeneración, tenemos una anomalía constitucional. Lo digo en los términos del Tribunal Constitucional cuando se han planteado conflictos negativos de competencias o reclamaciones de competencias por parte de sus titulares, cuando no pueden hacer uso y ejercicio de ellas por no tener transferidos sus medios personales y materiales. Esta es una anomalía constitucional. Han pasado ya casi treinta y cinco años desde la aprobación del estatuto y están pendientes de transferencia las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria, así como la llevanza de los centros penitenciarios en el mismo País Vasco.

En cuanto a los derechos y libertades, sobre los que ha hecho una intervención profusa, quisiera hacer algún breve comentario sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Creemos que es una ley -se lo hemos dicho también, ministro- que convendría no voy a decir derogar, porque sustituía a otra ley de seguridad ciudadana, pero al menos repensarla y modificarla. El mayor reproche que le hacemos a la ley es aquella operación conjunta de desescalar tipos penales, faltas, y trasladarlos a la Ley de Seguridad Ciudadana con un efecto inmediato. Los ilícitos penales no tienen autotutela ejecutiva, es decir, hay que esperar una sentencia judicial para que se ejecute la condena. Sabe que con las infracciones administrativas no funciona así. La Administración pública tiene una potestad, que es autoejecutar sus decisiones. No hay que esperar a las resoluciones judiciales, sencillamente la carga de recurrir se desplaza al ciudadano y las sanciones se ejecutan. Bajo una apariencia de una reforma penal que era beneficiosa para los ciudadanos, ese desescalamiento de las faltas en la Ley de Seguridad Ciudadana en buena medida, con la autotutela ejecutiva ha dejado al ciudadano en una situación mucho más inerme. Era mejor tener una falta penal que no una sanción administrativa en este caso en términos prácticos, sobre todo si vemos que muchas sanciones administrativas aparentemente son irrelevantes porque son económicas, pero 30.000 euros es condenar a la pobreza a mucha gente prácticamente sin recursos.

El otro gran reproche sistemático que le hacemos a la ley es el desequilibrio entre ese diálogo que debe haber entre el principio de seguridad, artículo 17 de la Constitución, y otros dos principios constitucionales: el derecho de reunión y manifestación -artículo 21-, un derecho fundamental también, y otro derecho fundamental que es el de libertad de expresión. En ese diálogo y en ese balance en estos dos principios creemos que esta ley está sesgada hacia el principio de seguridad. Eso causa una consecuencia inmediata. Lo preventivo se manifiesta entonces con un contenido jurídico determinado que se muestra en los tipos penales y en las sanciones. Creemos que es una arquitectura jurídica improcedente y que se debería retocar, lo mismo que ese desescalamiento de tipos penales, faltas principalmente, que ha generado la situación. Consecuencia de estas dos grandes tachas es ese despiece de tipos penales concretos que afectan al derecho de expresión, a la libertad de manifestación, tipos abiertos, hay cantidad de tipos construidos. Lo que no sea ilícito penal está en esta ley. Son tipos que la jurisprudencia constitucional en ningún caso admitiría. Posiblemente cuando se vayan haciendo recursos ante sanciones y se planteen cuestiones, si no se modifica la ley, muchos de ellos irán cayendo en el Tribunal Constitucional. Esto en cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana.


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Vinculado a extranjería, ayer tuvimos un debate en la Cámara sobre asilo, consecuencia de la interpelación que le hicieron a usted. Ayer vimos la moción. Se introdujo en la Ley de Seguridad Ciudadana la modificación de la Ley de Extranjería con el asunto de la frontera sur, las devoluciones en frontera. Es una cuestión que sabe usted que está ahí. Amnistía Internacional ha reclamado que esa prevención que tiene la disposición final de la Ley de Seguridad Ciudadana de que todos los procedimientos se hagan con respeto a los derechos fundamentales y los tratados reclama un desarrollo reglamentario para ver cómo se articula esa llamada a ese equilibrio a los derechos fundamentales. Está pendiente, y sabe usted que se lo han reclamado al Gobierno y es clave si queremos despejar las dudas sobre cómo se hace la ejecución de esa disposición. Sin soporte reglamentario los derechos son sin acción, y usted sabe que un derecho sin acción es un no derecho en términos jurídicos.

La misma cuestión de refugiados, el asilo, el otro día la estuvimos debatiendo. Usted lo expuso. Creo que hay una diferencia. Usted se centró más en el debate en el derecho de asilo en ejecución de las políticas comunitarias, de las decisiones, pero yo creo que no le estaban preguntando solo eso. Le estaban interpelando también sobre las otras peticiones de asilo que no vienen comprometidas por decisiones de la Unión, y consideramos -yo así me manifesté ayer- que hay una actitud renuente por parte del ministerio a tramitarlas adecuadamente, lo que genera a su vez un retraimiento de las solicitudes, porque encontrándose con un Estado refractario se corre la voz, como se dice vulgarmente, y la gente demanda menos en comparación a lo que nos debería corresponder en referencia a nuestra posición en los países de la Unión. Tenemos pocas y se resuelven tarde, voy a decir que mal porque las que se resuelven usted sabe que son de las revisables -no me acuerdo ahora exactamente el nombre que tienen- y no son las definitivas, con lo que se dificulta mucho el acceso a la nacionalidad.

Por último, una pequeña reflexión que usted también ha hecho respecto a un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho en el País Vasco, y creo que ocupa y también preocupa al conjunto de la sociedad española, que es el cierre definitivo del ciclo de la violencia injustificada de ETA. Me estoy refiriendo a la paz, a la normalización y a la convivencia. Llevamos un tiempo que tenemos ya que decidir por un final ordenado. Se hace preciso un final ordenado porque un final desordenado -lo decía yo ayer también en el Pleno- tiene consecuencias imprevisibles para la promoción de una convivencia renovadora. En definitiva, manifestaba ayer que lastra el futuro porque sitúa en la incertidumbre la determinación del momento del final definitivo del terrorismo. Se queda como en una nebulosa. Es como una persona desaparecida que no se sabe si ha fallecido. Es una situación que debiéramos zanjar y aclarar. Deja en precario también una cosa muy importante que ya se ha comentado hoy por la tarde, el reconocimiento del mal causado a las víctimas, que es un reconocimiento que tiene que hacer ETA. Deja también al aire y en precario la articulación de una memoria que conlleve una pedagogía compartida para la convivencia y deja en suspenso la consolidación de un contexto sin pretextos para impulsar otra política penitenciaria y de reinserción. Por el contrario, señor ministro, consideramos, y así lo hemos manifestado, que un final ordenado de la violencia debe girar sobre cuatro grandes ejes. La exigencia a ETA de un certificado unilateral, irreversible, incondicional, verificable y definitivo, tanto de su desarme como de su desaparición.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

El señor LEGARDA URIARTE: Acabo ya, presidente.

Una reflexión crítica frente a toda forma de terrorismo y vulneraciones de derechos humanos causados en el pasado. Un compromiso de verdad, reparación y reconocimiento del daño injusto causado a todas las víctimas. Y, por último, la activación de una política penitenciaria orientada a la convivencia y a la reinserción.

Muchas gracias, ministro, y muchas gracias, presidente por la generosidad en la administración del tiempo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Podemos, tiene la palabra el señor Delgado. El tiempo se va a dividir entre tres portavoces.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, bienvenido a esta Comisión y enhorabuena por su reciente nombramiento. Ahora es el responsable del ministerio que tiene a las dos instituciones mejor valoradas por todos los ciudadanos. Estoy convencido de que eso para usted es un orgullo, pero también una gran responsabilidad al tener que mantener ese prestigio de los policías y guardias civiles que hacen ese servicio a todos los ciudadanos.


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Yo he estado veinticinco años de guardia civil en un coche patrulla y le podría decir todas las cosas buenas, todas las bondades del trabajo que realizan policías y guardias civiles, pero ese no es mi papel ahora. Los guardias civiles y los policías están ya un poco cansados de halagos, de buenas palabras y de que todo quede en eso. Por tanto, mi papel va a ser otro, el de recordarle la otra cara de la Guardia Civil y de la Policía, la cara más desconocida, la de la precariedad, la de la falta de medios, la de la falta de derechos. Sé que algunas veces será incómodo, pero vamos a estar aquí para recordárselo, y también para proponer iniciativas con el fin de que la democracia y los derechos entren en las comisarías y en los cuarteles de la Guardia Civil; es decir, que no solo tengan deberes los trabajadores de la Policía y de la Guardia Civil, sino que también los derechos lleguen en plenitud a esos trabajadores.

En su primera comparecencia no quiero dejar pasar ni olvidarme de aquellos guardias civiles valientes, honestos y honrados que pertenecieron al primer sindicato que hubo en la Guardia Civil, clandestino, el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Muchos fueron represaliados y expulsados por defender precisamente los derechos, las libertades y las condiciones sociolaborales de sus propios compañeros. Creo que ya es hora de hacer justicia y que tantos años después al sargento Morata, al cabo Rosa, al guardia Linde, al guardia Piñero, se les restituya lo que les debemos, ya que vivimos en un Estado de derecho. De hecho, en el año 2009, se aprobó por unanimidad en esta misma Cámara una iniciativa para restituir a esos compañeros, pero alguien se olvidó de aquella iniciativa y está en algún cajón de algún ministerio o de alguna dirección general. Espero que usted retome aquella iniciativa y, si no lo hace, nosotros se lo vamos a recordar constantemente.

Señor ministro, nosotros no le vamos a hablar de lo mal que lo han hecho en los últimos años ni de su antecesor, porque además usted lo sabe; además, harían falta más sesiones, no solo una, para hablar de todo eso. Yo vengo hoy más positivo. Le voy a hacer propuestas claras, concretas, sobre las que tenemos que trabajar y le voy a exponer a grandes rasgos y brevemente, por la falta de tiempo, algunas de las principales preocupaciones de nuestro grupo en lo que se refiere a Policía y Guardia Civil. En lo que se refiere a derechos y libertades, y aquí también podríamos hablar de las condiciones sociolaborales, le proponemos potenciar, fortalecer y respetar -esto último es muy importante- a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil; darles su espacio como interlocutores válidos. Son un mecanismo necesario para el desarrollo de las condiciones sociolaborales de la Guardia Civil, y para poner todo esto en práctica hay que reformar la ley de derechos y deberes. Nosotros somos partidarios de que los guardias civiles tengan sindicatos, como tiene la mayoría de países de nuestro entorno; de hecho, vamos a seguir intentándolo y trabajando, si no es con el Gobierno, con otros grupos que así lo deseen.

En lo que se refiere a la Policía Nacional, respeto también por sus sindicatos. Recientemente, el Sindicato Unificado de Policía ha declarado conflicto colectivo por la jornada laboral. Declarar conflicto colectivo conlleva un procedimiento, que no se está respetando. Por tanto, empezamos mal. Hay que ponerse a trabajar. Los mecanismos que tienen los sindicatos y los trabajadores hay que respetarlos, porque si no empezamos mal.

Recursos, plantillas y medios materiales. Usted ha manifestado que va a crear el Centro nacional de desaparecidos y la Oficina nacional contra los delitos de odio. Eso está bien, pero le quiero recordar que tenemos 20.000 agentes menos en plantilla, entre policías nacionales y guardias civiles. Es decir, que eso queda muy bien para un titular, pero hay que ser conscientes de que falta mucho personal. En unidades como la UDEF y la UCO están desbordados de trabajo, lo sé porque me reúno con los colectivos y nos lo trasladan. Le podría poner incluso ejemplos de comisarías de la Policía Nacional, como las de Cádiz o Zaragoza, o de cuarteles de la Guardia Civil. El otro día, por ejemplo, estuve en Ceuta viendo las instalaciones, y los compañeros están con la misma falta de medios. Hay muchos puestos de la Guardia Civil que se tienen que mantener cerrados porque no tienen agentes, incluso hay cuarteles de la Guardia Civil que tienen solo tres agentes; ese cuartel no puede ser operativo ni puede dar un servicio a la sociedad. Tenemos que abordar ese necesario despliegue de la Guardia Civil para hacerlo un cuerpo que dé servicio al ciudadano, que es lo que todos queremos. Tenemos vehículos, tanto en la Policía como en la Guardia Civil, y no uno ni dos, sino un importante porcentaje de la flota, con más de 30.000 kilómetros. Se lo puedo decir porque yo he hecho patrullas en vehículos con 400.000 kilómetros. La propia Dirección General de Tráfico aconseja al resto de ciudadanos que no tengan coches con más de 200.000 kilómetros, y policías y guardias civiles están patrullando en vehículos con hasta 500.000 kilómetros. También podemos hablar, en cuanto a falta de medios, de chalecos antibalas. Estamos en alerta 4. En esta misma Cámara se aprobó una iniciativa por unanimidad. Es muy importante que les demos herramientas y mecanismos para que puedan hacer su trabajo, este tema me preocupa especialmente. Además, rechazamos rotundamente


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la situación en la que se encuentra la mujer. Respecto al tema de los chalecos antibalas, le puedo hablar de casos concretos con nombres, como el de Pilar, María del Carmen o Alicia, que ahora mismo está encausada y puede acabar en una prisión militar precisamente por negarse ante su jefe a ponerse un chaleco masculino. Eso no puede ser la Guardia Civil del siglo XXI. Eso tenemos que desterrarlo. Por eso no se puede condenar, ni siquiera incoar un expediente a una trabajadora. Además, nosotros somos partidarios de no aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles, así de rotundo; ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra, nunca, porque son policías en el 99 % de sus funciones y, por tanto, no tiene ningún sentido.

Habla usted de la reforma de la ley de personal de ambos cuerpos. Estamos de acuerdo. Pero tiene que haber consenso con los representantes sindicales, con asociaciones profesionales y con los grupos; es decir, que no sea una ley o una reforma de leyes de personal impuesta. Sobre la jornada laboral le digo lo mismo, pero la gran reivindicación de los policías y de los guardias civiles -con esto acabo, porque se me acaba el tiempo- es la equiparación salarial. Son los mejor valorados y los peor pagados. Por tanto, jornada laboral y equiparación salarial, pero no solo entre Guardia Civil y Policía Nacional, sino con el resto de cuerpos de policía. Son los peor pagados de todo el Estado, por tanto, hay que trabajar para dignificar y mejorar las condiciones sociolaborales de los policías y guardias civiles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.

Señora Belarra.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias.

Señor ministro, se ha hecho cargo usted -me imagino que ya lo sabrá- de una cartera con una gran responsabilidad y además con un historial de vulneración de derechos humanos difícilmente superable, algo que le tiene que agradecer sobre todo a su predecesor. A mí me da bastante pena que no esté hoy aquí, porque me gustaría haberle pedido muchas explicaciones sobre su labor al frente del ministerio y que nos explicase, entre otras cosas, su papel en las quince muertes de la playa de El Tarajal el 6 de febrero de 2014, como ya ha comentado el portavoz de Esquerra. Me preocupa especialmente cuál va a ser la línea de su ministerio en lo que tiene que ver con asilo, CIE y frontera sur. Me gustaría saber si su ministerio va a seguir incumpliendo los compromisos internacionales que hemos adquirido y permitiendo la vulneración de derechos en las fronteras. El pasado mes de septiembre, el Ministerio del Interior publicaba el balance de la lucha contra la inmigración irregular con bastantes meses de demora. Este informe no hacía referencia a ninguna de las 65 personas fallecidas ni a las 131 desaparecidas intentando llegar a suelo español. Me gustaría saber qué van a hacer para evitar las muertes en las fronteras y si tiene pensado el Gobierno articular vías legales y seguras de entrada que actualmente, a pesar de lo que ha dicho, están completamente cerradas.

Por otro lado, durante la legislatura pasada se trató de legalizar una cosa a todas luces ilegal, las mal llamadas devoluciones en caliente. Recientemente he visitado Melilla -igual que mi compañero- y en reiteradas ocasiones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos han comentado que esta es una práctica que se está produciendo durante los últimos quince o veinte años de forma reiterada. Me gustaría saber si va a continuar con estas devoluciones ilegales y si van a continuar con esa figura ficticia que es el rechazo en frontera, que, como sabrá, vulnera el principio de no devolución y que en muchos casos genera las expulsiones colectivas que están prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me gustaría saber también qué papel va a permitir que juegue la Guardia Europea de Fronteras y Costas, lo que era antes Frontex. Nos inquietan declaraciones como las que hizo hace unos días, después de su reunión con Leggeri; me gustaría saber qué previsión tiene el Gobierno español de profundizar en esos acuerdos que nombraba con Marruecos y con otros países del continente africano, así como qué presupuesto tiene asignado España de los 1.800 millones de euros del Fondo fiduciario para África.

También en mis recientes visitas a Ceuta y Melilla he tenido ocasión de comprobar la sobreocupación de los CETI, tanto de Melilla como de Ceuta, pero especialmente del de Melilla, que según Acnur no cumple ninguna de las directivas europeas de acogida. Me gustaría saber si está previsto que aumenten los recursos económicos, materiales y humanos que permitan la mejora de las condiciones del CETI, y sobre todo qué criterios va a utilizar el Ministerio del Interior para facilitar los traslados a la Península y que no se produzca esa sobreocupación. Como sabe, actualmente, algunas nacionalidades sí están pasando a la Península, como los sirios, pero hay otras personas que están quedando atrapadas literalmente en Ceuta y Melilla, como son los solicitantes de asilo por motivos LGTBI de Argelia y de Marruecos. No sé si conoce que en las


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oficinas de asilo de los puestos fronterizos no ha solicitado asilo ninguna persona africana. Me gustaría saber cuál es el motivo y si va a hacer algo para que estas personas también puedan solicitar asilo en el puesto fronterizo. Hace unos días le escuché anonada que España estaba por delante de Alemania en materia de asilo. Le recuerdo que Alemania ha recibido 1,1 millones de solicitantes de asilo, de los que casi el 40 % provenían de Siria, mientras que en España no llegamos a 15.000 y, como ya sabrá, hemos convertido la ruta del Mediterráneo en la ruta más mortífera. Querría saber cómo piensa el Gobierno -como se ha comprometido a hacer esta mañana su compañero- cumplir la cuota que tenemos asignada de reasentamiento y reubicación. A mí no me salen las cuentas igual que al portavoz del Partido Socialista; creo que son alrededor de 2.000 personas al mes. Como sabe, el sistema de acogida español no tiene plazas suficientes en la actualidad para hacer frente a este ritmo de acogida. Si hubieran cumplido las cuotas a lo largo del año anterior las tendrían, pero actualmente no las tienen. Me gustaría conocer los datos en plazos y en número de personas acogidas y cómo van a hacer para cumplir esto.

En el programa nacional presentado al FAMI se reconoce que las solicitudes de protección internacional en España se están demorando más de los seis meses preceptivos; querría saber si ya se ha incorporado el personal nuevo a la OAR y en qué medida se espera que se reduzcan los plazos de tramitación. También me gustaría saber cuántos son los expedientes que tiene el Gobierno en stock y si van a flexibilizar los criterios para la asignación del estatuto del refugiado. Como sabe, actualmente, tenemos una de las tasas de concesión del estatuto del refugiado más bajas de la Unión Europea.

Me gustaría saber en qué momento se encuentra la tramitación del SECA. En lo que tiene que ver con los CIE, ya sabrá que el lunes se cumplió el quinto aniversario de la muerte de Samba Martine, que murió en el CIE de Aluche, a apenas 10 kilómetros de aquí, y que tuvo que pedir asistencia médica en diez ocasiones hasta que le atendieron, y cuando lo hicieron ya fue demasiado tarde y murió. Recientemente hemos vivido episodios graves en el CIE de Murcia, en el de Barcelona o en el de Madrid. Yo misma pude hacer un seguimiento intensivo de la visita al CIE de Aluche y me alegra saber que va a haber un grupo de trabajo. Me gustaría que me dijese qué va a hacer para que se acabe con la impunidad en los centros de internamiento de extranjeros y cómo se va a garantizar que no se sigan produciendo los malos tratos que se producen en ellos; me gustaría saber si se van a mejorar las condiciones para que se garanticen los derechos humanos en estos centros, algo que se ha demostrado imposible simplemente con su existencia. Asimismo, me gustaría saber que opina de que, dadas las condiciones sanitarias que tienen los CIE en la actualidad, se pueda repetir en cualquier momento la muerte de otras personas, como ocurrió con Samba Martine. Son muchas las denuncias que se han acumulado en torno a los CIE, no solo en el de Aluche sino también en el CIE de Zona Franca. Recordará seguramente el caso de Alí, que apareció muerto en su celda de aislamiento en el CIE de Zona Franca y las personas que tenían testimonios de su muerte fueron deportadas inmediatamente. Querría saber si esto se va a volver a producir y cómo se va a garantizar la protección de las víctimas y de los testigos de estas situaciones, cómo se va a asegurar la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución española para las personas que vean o sean víctimas de malos tratos en los centros de internamiento de extranjeros.

Al hilo de lo que comentaba sobre la violencia machista, me gustaría saber si en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2017 se va a revertir el 26 % de recorte. No sé sí conoce que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dicen que podrían hacer mucho más pero que no cuentan con los recursos suficientes. Y por último me gustaría saber si se van a repetir las recomendaciones de la página web, en las cuales somos las mujeres las que nos tenemos que cuidar de que no nos violen en lugar de enseñar a los hombres a que dejen de violar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Santos.

El señor SANTOS ITOIZ: Haré unas breves consideraciones sobre lo que es la política criminal, haciendo también un par de incisos respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana y el tema de las prisiones. Lógicamente, no da tiempo a plantear preguntas sobre todo lo que usted ha dicho en su extensa disertación, lo que sí le voy a decir es dónde nos encontrará y dónde no nos encontrará.

Nosotros estamos en contra del populismo punitivo, y me explico. No hay política criminal sin datos; estamos cansados de que en España se haga política criminal sin, primero, saber de dónde venimos y cuál es la realidad en la que queremos incidir, y segundo, sin evaluar el impacto que la aprobación o la aplicación de las leyes genera en esa realidad previa sobre la que queríamos incidir. Esto es casi un grito


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unánime de la doctrina científica española y supone una petición que nosotros haríamos encarecidamente. Es decir, que antes de que se tome cualquier tipo de medida, se evalúe correctamente cuál es la realidad sobre la que estamos y cuál es la incidencia que podamos hacer sobre la misma para mejorar ese tipo de políticas criminales. Si no, estamos en una situación que podríamos llamar de populismo punitivo, en la cual actuamos a golpe de telediario o a golpe de lo que la opinión pública, fabricada o hinchada en un momento determinado, puede acabar sugiriendo. Por ejemplo, oíamos al señor Barreda defender la prisión permanente revisable, aquel oxímoron, diciendo que era una cosa que la mayoría de la sociedad española estaba pidiendo. Ese planteamiento, sin otro tipo de apoyo ni racional ni científico ni nada por el estilo, podría justificar cualquier cosa. Ahí es donde vamos a poner la mano y vamos a decir que no porque ese cualquier cosa supone la desracionalización del derecho penal o del castigo en un momento determinado y por ahí no podemos pasar; supone una regresión a tiempos cuasi medievales, donde ese derecho penal era un derecho a la venganza directamente. Ese es el primer planteamiento que podríamos hacer. En segundo lugar, tenemos claro que dentro de ese planteamiento hay un derecho a la disidencia desde la democracia. Huimos de falsas dicotomías -y creo que en esta sala hemos escuchado algunas- de o se está con las víctimas o con los terroristas, en ese concepto de equidistancia, como si no hubiera pasos intermedios, como si la condena rotunda del terrorismo que nuestro grupo ha manifestado una y otra vez no significara que en un momento determinado podamos tener posturas discrepantes en el tratamiento del mismo, por ejemplo, con la pena permanente revisable que acabamos de comentar. Decimos esto porque en el tema del Pacto antiyihadista, que es una de las cuestiones que nosotros estamos manejando, no sé si para atribuirnos o no el papel de repudiadores absolutos de la violencia deberíamos de una forma acrítica coger todas o cada una de las medidas como la que le acabo de comentar. Con la misma firmeza que nosotros les decimos a los terroristas que no nos van a contar lo que tenemos que hacer ni lo que vamos a defender en materia de derechos humanos, que va a ser radical, les podemos decir que tampoco podemos dejar nuestras armas en pos de una pretendida unificación o un pretendido pensamiento único sobre ese particular. Lo digo, por ejemplo, porque hay situaciones en las que se genera este tipo de marea, y voy a citar un caso concreto por reciente y porque usted mismo ha tenido ocasión de responder a una pregunta hoy en la mañana, que son los sucesos de Alsasua. Leo un titular en el que usted considera que es muy grave que el Gobierno de Navarra no condene la agresión en Alsasua. Señor Zoido, el Gobierno de Navarra sí que ha condenado la agresión de Alsasua, lo que ocurre es que discrepa en el tratamiento penal que se deben dar a esos hechos, como lo hacemos en nuestro grupo. Podemos discrepar legítimamente de que el tratamiento penal que se dé a esos hechos sea de terrorismo; de hecho, no estamos solos en esto, ya que hay prestigiosos juristas que han sostenido opiniones contrarias. Por lo tanto, si de alguna manera pretende colocarnos en una situación de este tipo, sepa que nosotros estamos abiertos al diálogo desde ese punto de vista, pero no vamos a irnos a un pensamiento único sin ningún tipo de argumentación en contra.

En cuanto al asunto de las libertades públicas, no le voy a contar mucho más con respecto a la Ley mordaza. El señor Rajoy decía hace unos días que esto no era importante porque solo había un 0,2 % de la población que podía reclamar el cambio en la Ley de Seguridad Ciudadana. Me pregunto si era el mismo 0,2 % que pedía el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana con respecto a la anterior o si ese mismo 0,2 % es el que le pide a usted ahora que la mejore o, más bien, en esta situación de minoría parlamentaria en la que el resto de grupos hemos manifestado, como ya lo hicimos en la legislatura pasada, esa discrepancia con la Ley de Seguridad Ciudadana, haremos de la necesidad virtud y modificaremos esa ley.

Por último, le quería hacer un planteamiento con respecto al tema de prisiones. El hecho de mantener al actual responsable, desde nuestro punto de vista, significa que se van a mantener ese tipo de políticas que, a nuestro modo de ver, han sido muy negativas porque inciden únicamente en la seguridad y no en el tratamiento. Cuando ustedes hablan de tratamiento, normalmente lo hacen como titular y porque está en la ley, pero no dedican recursos a esto, y ejemplos hay bastantes. Estamos hablando de unidades de madres, de dependientes, de la falta de efectivos, etcétera. Yo le voy a incidir en dos cuestiones. Una que nos preocupa muchísimo, que es la enfermedad mental dentro de prisión y el tratamiento de los enfermos mentales dentro de prisión. Acérquese usted a esa realidad, porque no dudaría en calificarla de inhumana, aunque ahora no me da tiempo a desarrollarla. Con respecto al tema de la sanidad penitenciaria, usted decía hace unos días en el Senado que el problema habían sido las comunidades autónomas. Después de dos mociones aprobadas por unanimidad tanto en el Senado como en el Congreso esperemos que usted impulse estas transferencias que, por supuesto, irán en beneficio de los presos. Un último tema que


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también nos preocupa muchísimo es la situación del trabajo en prisión, que es una relación laboral especial y que creo que necesita una revisión absolutamente urgente.

Voy a dar dos pinceladas sobre el cambio de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esta ley, en principio, responde a una necesidad de tratamiento mental y, por tanto, fue una ley avanzada en su momento. Lo que de alguna manera nos resulta más revelador de las intenciones es cómo lo ha justificado. Es decir, si usted lo justifica en el principio de legalidad basándose en que las sanciones penitenciarias están en un reglamento de 1981, debería usted saber -y si no, se lo dicen- que el Tribunal Constitucional, con respecto a las relaciones de sujeción especial, ya determinó que el principio de legalidad en este caso se atenuaba, cosa en la que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero que tampoco justificaría más que una mejora de los tipos en el propio reglamento si se quiere abordar de una forma mucho más rápida y sencilla. Más me preocupa el principio de legalidad en relación con las circulares de las propias instituciones penitenciarias, que muchas veces entran de lleno en la reserva de legalidad que se supone que tendrían que tener la ley o el reglamento. Por último, usted lo justifica también con el cambio en el Código Penal con respecto a la libertad condicional. Claro, pero es que nosotros no estamos de acuerdo con el cambio en el Código Penal y la conversión de la libertad condicional en una especie de suspensión de la pena, con lo cual, se ha desnaturalizado totalmente. Por lo tanto, si usted no nos justifica este cambio o no nos dice realmente hacia dónde quiere ir esta modificación, de momento no la consideramos suficiente y la acogeremos con las oportunas reservas.

Quedan muchas en el tintero, pero tiempo habrá de ver cada tema en concreto y largamente. Gracias por la paciencia y gracias por la comparecencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para finalizar con las intervenciones de los grupos, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas noches a todos. Gracias, señor ministro, por su comparecencia en la Comisión de Interior, sobre todo por un informe de sus propuestas muy exhaustivo, muy completo y muy satisfactorio desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular. Ha sido muy valiente afrontando los problemas que tiene su departamento y las reformas legales y modificaciones de gran calado. Creo que es una posición muy interesante que nos abre un camino que usted ha marcado desde el principio, y es que se dialogue, se acuerde, se pacte y se logren las mejores medidas para favorecer la seguridad de los ciudadanos, las libertades de los ciudadanos y la mejora de los servicios que se prestan desde el Ministerio del Interior. Aunque alguno haya intentado ser crítico porque lo tenía que ser, creo que esas líneas estratégicas de su departamento, su postura de diálogo y de reformas muy interesantes, han agradado a la globalidad de los grupos; algunos disimulan pero les han gustado sus propuestas.

Tengo que felicitar a algunos grupos porque ya han empezado a cambiar. Usted, el ministerio y el Gobierno tienen que evitar el vacío legal y el peligro que provocaría la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se puede criticar la Ley de Seguridad Ciudadana o proponer modificaciones, pero proponer que nos quedemos sin Ley de Seguridad Ciudadana es un absoluto disparate y nadie con sentido común lo puede pretender. Por tanto, el compromiso de estudiar qué incidencias está teniendo la Ley de Seguridad Ciudadana en el ejercicio de los derechos y en la protección de los ciudadanos tiene que ser el análisis previo. Algún representante de Podemos decía que no se hagan titulares, que se analice qué sucede con la aplicación de la ley y que se propongan modificaciones en las problemáticas concretas que se hayan generado. Debo decirle que el Grupo Popular se ha reunido con todas las asociaciones de la Guardia Civil y con todos los sindicatos de Policía y ninguno está a favor de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, sí de modificaciones y de analizarla, unos de una forma más profunda y otros de una forma menos profunda, pero ninguno propone la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana porque son profesionales que saben que no puede haber un país sin Ley de Seguridad Ciudadana, y más con el riesgo de ataques terroristas que tiene Europa y que tiene España.

El amplio paquete de reformas legales no lo voy a repetir pero son muy interesantes. Se apuesta por actualizar la Ley General Penitenciaria y el reglamento. Alguien ha dicho, creo que era de Ciudadanos, que no se podía esperar a la ley para mejorar la seguridad de los funcionarios de prisiones ante agresiones de internos. Yo le he escuchado a usted que proponía, aparte de la reforma de la Ley General Penitenciaria y de su reglamento, medidas de protección, que entiendo que son mucho más rápidas de aplicar, para la protección de esos funcionarios en su trabajo. Esto viene al hilo -usted ha


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hecho mención a ello- de la PNL aprobada por Ciudadanos, PSOE y Partido Popular en este sentido. Sobre la transferencia de la sanidad penitenciaria también hubo una PNL respaldada por todos. Respecto al reglamento de la seguridad privada, creo que una ley sin reglamento puede generar problemas de aplicación, por lo que es necesario hacerlo. Pocos han hablado de que hay que hacer un reglamento de asilo. Usted lo ha propuesto y creo que ahí podemos alcanzar puntos de encuentro entre los grupos y el Gobierno para mejorar las condiciones de asilo.

En cuanto a los reglamentos del régimen de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlo. Luego hay que ver y negociar el contenido y en ese momento participarán, lógicamente, las asociaciones de la Guardia Civil, los sindicatos de Policía, los partidos políticos y los técnicos del ministerio, que también tienen que opinar sobre esta materia.

Creo que el análisis de la política migratoria y de asilo es acertado. Hay que huir de demagogias y de falsos buenismos. La política de asilo y migratoria tiene que ser una política -como usted ha anunciado- global de la Unión Europea. Tiene que haber, por fin, una política común en estas materias. Además, tiene que basarse en la cooperación internacional, que no solo son tratados de devolución, sino mejorar las condiciones de vida de los migrantes en sus países de origen. Esto demuestra que usted, como responsable del ministerio, tiene una sensibilidad basada en la solidaridad y en los principios de justicia. Pocos pueden quejarse de la oferta que ha hecho para mejorar los CIE, para transformarlos en instituciones modélicas. Hay problemas en los CIE, indudablemente, pero hoy hemos visto un poco de esquizofrenia en los portavoces de Podemos y de otros grupos. He escuchado a un portavoz que respalda a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su trabajo y en su dignidad y otro portavoz poco menos que ha acusado de maltrato, de violencia y de casi torturas a internos en estos centros. Esas son palabras mayores que sin pruebas no deberían decirse; alguno puede tener una sospecha y puede pedir una investigación, pero afirmar que se han producido esos hechos me parece gravísimo.

Respecto de la lucha contra la violencia de género y el pacto de Estado que ofrece, creo que nadie duda de que es un pacto necesario. Tenemos que aprender de la experiencia en la lucha contra la violencia de género; tenemos que aprender de los aciertos y tratar de mejorarlos, pero también de los errores. Es en esa línea donde tiene que actuar fundamentalmente la prevención, la educación, el castigo y evitar la reincidencia, y todo ello hay que introducirlo en un pacto de Estado. Tiene que ser un pacto de todos los partidos políticos porque hacer guerra política de la violencia de género tiene que estar muy fundamentada, si no es una demagogia muy poco defendible ante una lacra tan grave y tan condenable.

El pacto de seguridad vial y la lucha sin cuartel contra la corrupción también han sido dos de sus ofertas. La seguridad vial la expondrá en la Comisión pertinente, por lo que no voy a entrar a debatir sobre la misma, pero sí quiero decirle que nos ha gustado de forma especial el apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en su labor. Yo coincido en que son los más valorados y en que están muy bien las alabanzas, pero también hay que mejorar sus condiciones. Usted lo ha dicho y ha ofrecido trabajar en las mejoras profesionales, laborales y personales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ahora habrá que ir concretando, pero no se puede obviar que esa oferta la ha realizado usted en esta intervención. Decir que el modelo policial español es del siglo XIX o anticuado me parece un exceso total; yo creo que es un modelo de éxito. ¿Que tiene problemas de coordinación en algunas ocasiones? Puede ser, no digo que no. Hay que mejorar la coordinación y mejorar en todo, pero decir que estamos poco menos que como en el siglo XIX es un exceso que no se tiene de pie.

También quiero decirle que el Partido Popular, lógicamente, apoya la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo y el compromiso con la verdad, con la memoria, con la justicia y con la dignidad. Nos preocupa que muchos grupos se pongan a la defensiva cuando se les pide un compromiso de defensa de las víctimas del terrorismo. Aquí no se puede ser equidistante; hay verdugos y hay víctimas, y los verdugos tienen que pagar por los asesinatos que han cometido y cumplir sus penas. Cuando se deje de matar, cuando se rindan las armas, cuando se acepte que se han cometido delitos gravísimos contra personas inocentes habrá que empezar otro proceso, pero eso todavía no se ha producido. Por tanto, apoyamos totalmente las propuestas que en materia de víctimas del terrorismo nos ha realizado hoy el ministro del Interior.

En cuanto a la política global e integradora de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, creo que se han dado pasos muy importantes y hay que continuar con ello. La prevención del radicalismo está en marcha, pero hay que aumentarla a través de los tratados internacionales y la colaboración internacional. La política de Estado en esta materia es esencial. El Pacto antiyihadista debería contar con todos los partidos, sinceramente; yo no me pronuncio sobre si tiene que abandonarlo quien solo está de vocal o no.


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Pero yo creo que exige, si no una unanimidad de todo lo que se acuerde, sí mostrar una mayor contundencia en que es uno de los mayores problemas de seguridad que viven los ciudadanos españoles y que no podemos quedarnos de perfil, porque eso puede suponer que parte de la sociedad no intuya como un peligro y como una necesidad luchar contra este radicalismo yihadista. La mayor amenaza contra la seguridad y la libertad de los españoles es el terrorismo yihadista y los ciudadanos nos exigen unidad y eficacia, y nosotros, como parlamentarios, se la debemos a los ciudadanos.

Otros datos importantes de su intervención son, por ejemplo, la protección del turismo y también la lucha contra los robos en explotaciones agropecuarias. El dato de reducción del 27 % en los robos desde que se crearon los equipos ROCA de la Guardia Civil es una historia de éxito. Asimismo, la lucha contra la lacra de la trata de seres humanos debe ser fundamental en la política del Gobierno. El anuncio de la creación de un centro nacional de desaparecidos es de justicia. Muchas familias no saben dónde están sus familiares secuestrados, desaparecidos y posiblemente asesinados, y pasan años y años en un sinvivir esperando noticias. Encontrarlos es una labor que creo que debería implicar a toda la sociedad. Y respecto a la ciberseguridad, no voy a entrar mucho en este tema, pero desde luego es un delito de presente y de futuro que nos puede crear también muchísimos problemas y trabajar en ella con profesionalidad y con rigor es importantísimo.

El Grupo Popular le quiere felicitar por el inicio de su mandato, yo creo que ponerle pegas al inicio de su mandato es muy difícil porque usted ha establecido diálogo, sentido común, ha propuesto medidas de responsabilidad, de mejora, para los departamentos de su ministerio y desde luego puede contar con el Grupo Popular en la búsqueda necesaria del consenso para que estas propuestas salgan adelante y puedan aplicarse en beneficio de la sociedad y del conjunto de los españoles. No entendemos y censuramos la postura, en todo o en parte, de algunos de los portavoces de los grupos. Buscar la confrontación en materia de seguridad como método de desgaste al Gobierno no nos parece adecuado. Es una política que debe ser de más altas miras, no se puede rechazar la mano tendida que ha ofrecido el ministro. Mirar permanentemente al pasado desvirtuándolo, manipulándolo, criticándolo de manera exagerada, casi le quita veracidad a quien hace esas críticas. El tremendismo es un arte del toreo que consistía en lo del teléfono, ¿no?, pero eso no es verdadero toreo. Parece que algunos viven más cómodos en el ayer que en el presente y podrían terminar padeciendo melancolía del anterior equipo directivo del ministerio. Miremos al futuro; al presente y al futuro, y solucionemos los problemas de los ciudadanos. Hay que abandonar el eslogan facilón, Ley mordaza... Miren ustedes, hay una Ley de Seguridad Ciudadana, que puede tener problemas, pero que es necesaria y que se puede mejorar. Olviden el eslogan facilón, que solo vale para titulares de prensa. La responsabilidad del Gobierno y de esta Cámara es garantizar la seguridad y la libertad de los españoles, y en eso debemos trabajar todos.

Para terminar, he de decir que he recibido una noticia. Se lo digo al señor Trevín, porque es verdad que el señor Trevín ha tenido una de cal y otra de arena, se preocupa mucho del pasado y tiene una obsesión con el pasado. Vamos al presente y al futuro. (El señor Trevín Lombán: Es que yo estuve aquí cuatro años). Sí, bueno. Yo no le he interrumpido y no quiero entrar en una discusión personal. Vamos al presente y vamos a acordar cosas positivas. Vamos a acordarlas. Quiero decirle que me han mandado una nota de que se ha creado una bolsa de Policía Nacional para cubrir los problemas de expedición de los DNI. Es un problema que está en vía de solución como se solucionaron los turnos de Navidad. El problema de la jornada de la Policía Nacional es porque se quejan los sindicatos de que no hubo negociación, pero la jornada que se modificó era para aplicar la normativa europea de descanso. Lo que se les ha dado es el descanso reglamentario a los policías, eso genera lógicamente si hay escasez de plantilla que se puedan prestar menos servicios, pero la norma no la critiquemos. Lo que se ha hecho ha sido aplicar lo que nos habían requerido desde la Unión Europea para que se tuvieran los descansos reglamentarios después de las jornadas de trabajo. Porque, si ahora vamos a defender que no se respeten las jornadas de trabajo, a dónde vamos a llegar.

Por último, me da mucha pereza y no voy a entrar, pero las intervenciones de la representante de Bildu y del de Esquerra Republicana me parecen absolutamente fuera de lugar, impresentables y vergonzosas.

Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Blanco Garrido: Muy bien).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín-Toledano.

Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro.


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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Buenas tardes, nuevamente. Muchas gracias, presidente, por la palabra que me da para poder contestar a todos y cada uno de los que han intervenido en el uso de la palabra.

Vaya por delante, en primer lugar, mi agradecimiento por las reflexiones que cada uno ha hecho, es cierto que hay algunas que comparto y otras que no. Pero no cabe la menor duda de que en muchos de los temas que aquí hoy hemos estado abordando hay puntos en los que podemos alcanzar, lógicamente, un acuerdo. Desde luego, también los hay en los que podemos tener una aproximación importante para buscar algunas soluciones, algunas de ellas llevan enquistadas mucho tiempo. Me van a permitir que como reflexión genérica diga que he partido de la base -que quizá parece difícil por los momentos que hemos atravesado o por los que estamos ahora mismo viviendo, y así lo he reconocido anteriormente en mi intervención- de que iba a ser difícil que se pudiera conseguir teniendo en cuenta la representación que hoy tenemos en el Congreso. Pero no podemos alcanzar un acuerdo si no nos lo proponemos y si no somos capaces de eliminar algunos de los temas que nos van a impedir que podamos conseguir un acuerdo importante y nos centramos en esos puntos en común. De lo que aquí hoy se ha dicho tenemos muchos puntos en común, a lo mejor no la unanimidad, pero sí una amplia mayoría en la que podemos estar de acuerdo para conseguir alguno de los objetivos que aquí nos hemos estado marcando.

He visto una actitud muy crítica hacia mi antecesor, sin embargo, he partido de otra totalmente distinta. He agradecido a todos los que han servido a España, a la sociedad española la han servido desde los distintos ministerios, independientemente de quien haya sido su titular y de que partido político fuera. Me parece importante, y estoy convencido de que todo el mundo ha intentado hacerlo lo mejor posible y en ocasiones les habrán acompañado más las circunstancias que en otras. Todo el mundo ha atravesado circunstancias difíciles y adversas y más en el Ministerio del Interior. Aquí hay diputados que llevan tiempo, que conocen las dificultades que a veces surgen. Por eso, pido respeto para todos los que han estado sirviendo. Los conozco prácticamente a todos, a unos desde una vertiente y a otros desde otra. A unos porque he estado ejerciendo la judicatura y he visto medidas que se tomaban y que a lo mejor no podía compartir. Pero no me cabe la menor duda de que de una manera deliberada no quisieron ir en contra aunque después aquella ley fuera declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo hicieron con su mejor voluntad. Lo hicieron lo mejor que supieron y de ahí quiero partir porque no es fácil servir a la sociedad española desde el Ministerio del Interior. Por tanto, quiero fijar la diferencia entre la postura de la que he partido y la que he escuchado aquí en algunas intervenciones.

De verdad, quiero agradecerles que haya habido muchos temas en los que se ha puesto sobre la mesa por parte de alguno de los portavoces que ha sido bueno el ofrecimiento. Han hecho alguna matización de cómo alcanzarlo, pero diciendo que era bueno el ofrecimiento de pacto. Es verdad que he visto quizá una mayor confianza en unos que en otros de que se pueda alcanzar.

No tengo todos los datos que me han solicitado cada uno de ustedes en el día de hoy. Lo que sí le puedo decir es que todo aquello a lo que yo no esté ahora mismo en disposición de dar esa respuesta concretísima, se le hará llegar inmediatamente porque uno de los temas que me preocupan y por el que estoy obsesionado es que tenemos que generar confianza entre todos los grupos parlamentarios y para ello tenemos que ser transparentes, y tenemos que ganárnosla para que esa confianza nos permita debatir para llegar al acuerdo y alcanzar los consensos porque creo que hay determinados aspectos en los que es imprescindible para garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles.

No ha habido unanimidad cuando se habla de la derogación o de la modificación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Pedir la derogación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana considero que es una irresponsabilidad, porque, si se deroga la ley, hay un vacío legislativo que desde luego deja en una situación de gran inseguridad no solo a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también a los propios ciudadanos. No se trata de hacer una descripción exhaustiva de qué podría pasar en cada caso, pero ¿qué ley nos protegería del uso negligente o malintencionado de armas o explosivos? En el caso de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitasen cachear -como se conoce- o identificar a un presunto yihadista -que se nos puede dar-, ¿basándose en qué ley lo van a hacer? ¿Van a correr, además, el riesgo de que puedan, porque no haya una cobertura legal, infringir de alguna manera una ley? Creo que en términos generales se puede discrepar, pero la ley es buena en términos generales -y ahora voy a decir por qué-, como he dicho desde el primer momento, no hoy que he venido aquí, lo he dicho antes y lo he defendido en la esfera parlamentaria y en intervenciones públicas en otros sitios e incluso en el ámbito privado cuando he tenido alguna reunión con los distintos portavoces. Por cierto, no podrá decir ninguno


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de los distintos portavoces que se han entrevistado conmigo que a uno le digo una cosa y que a otro le digo la contraria. Creo que la ley es susceptible de mejora y estamos dispuestos a hablar para alcanzar esa mejora. Considero que es posible que alcancemos algún punto de acuerdo. Pero creo que no es posible derogarla por el riesgo que se corre. Insisto, en términos generales la ley es buena.

Voy a dar algunos datos incluso asumiendo el riesgo de que se diga que eran los datos que el otro día también ofreció el presidente, pero es que las cosas son así; no podemos mirarlas de otra manera. Son como son, nos gustarán o no nos gustarán, pero hay datos objetivos que demuestran que las sanciones que se han impuesto, que las denuncias que se han cursado tienen determinados orígenes. Desde la entrada en vigor de la ley, el 87,4 % de las denuncias, es decir, nueve de cada diez, tienen que ver con la tenencia de drogas, las armas o los explosivos. Eso es así y así lo demuestran los datos. Si quieren que se los detalle más, no tengo ningún inconveniente en hacerles llegar a los grupos políticos el detalle minucioso de estas denuncias que se han tramitado. También es importante hacer alguna referencia al tema de las manifestaciones. En relación con el artículo 37.1, es decir, las manifestaciones no comunicadas, se han cursado 124 denuncias, el 0,02 % -eso es lo que tenemos-; por la negativa a la disolución de manifestaciones, ha habido 12 denuncias; y en lo relativo a manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas en las que haya habido perturbaciones graves de la seguridad ciudadana, se han registrado únicamente 4 denuncias hasta octubre del corriente año. Esto demuestra que cuando se utiliza por algunos grupos de manera interesada -cada uno es libre de hacerlo- el término de ley mordaza, sinceramente, después de los datos que acabo de ofrecer a sus señorías, entiendo que es una caricatura de la realidad. Otro dato que les doy, desde el 1 de julio de 2015, que es cuando entra en vigor, han sido comunicadas 37 manifestaciones o concentraciones ante el Congreso de los Diputados y el Senado. Todas se han podido celebrar con absoluta normalidad. Por eso creo que no se pueden hacer caricaturas haciendo una serie de afirmaciones.

Como ha habido grupos que dicen que estarían en esa línea, creo que inmediatamente, en el mes de enero del próximo año -que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina-, habrá que formar los grupos de trabajo y empezar a trabajar en esta dirección. Es verdad que ya hay presentada una proposición por parte del Grupo Socialista, pues empecemos a trabajar a ver si alcanzamos los acuerdos que tanto beneficiarían a la sociedad en general y también, cómo no, al trabajo que tienen que desarrollar quienes forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la Ertzaintza, de los Mossos d'Esquadra y también de las policías locales, porque hay todo un grupo de funcionarios públicos que, formando parte de las policías locales, están desplegados en toda España.

Yo no quería hablar de las herencias, y se lo digo siendo consciente de la experiencia que tiene el señor Trevín. El otro día se lo decía a él, ha pasado prácticamente por todas las administraciones y eso tiene sin duda un aval cuando él hace alguna afirmación, yo se lo reconozco; experiencia en Interior tiene también mucha, lo cual también le hace tener una perspectiva. Pero, por mor de ser riguroso, se ha fijado usted en alguna, señor Trevín, y yo creo que si queremos habría que fijarse en otra. Yo no le voy a negar que hay bajas por cubrir en la Guardia Civil y en la Policía, ahora le voy a dar los datos que tengo yo, no se lo voy a negar, pero sí me va a permitir que yo también haga un poco de memoria histórica, la ha hecho usted, no la había hecho yo, yo quería partir y mirar al futuro. Usted ha vuelto un poco la vista atrás para decir que hay una serie de bajas y también coincidirá conmigo -o no- que bajas se han producido también durante muchos Gobiernos de otro signo político, concretamente cuando ha gobernado el Partido Socialista, porque cuando ha gobernado el Partido Socialista han sido distintas las circunstancias por las que se ha atravesado, que han dado lugar a que no solo en Guardia Civil y Policía hubiera plazas vacantes, sino que las hubiera en otros cuerpos de la Administración del Estado.

Por otro lado, si hablamos de deudas, que es algo importante porque si tenemos una deuda difícilmente se pueden atender determinadas prestaciones de esos servicios, desde el ejercicio 2006 al 2010, es decir, la legislatura del señor Zapatero, fue aumentando la deuda al cierre de cada uno de los ejercicios; a medida que cerraba un ejercicio, la deuda era mayor. El incremento más destacado se produjo en el ejercicio 2008, según los datos que obran en mi poder, y la deuda al cierre de ese ejercicio fue el 154 % superior a la del ejercicio anterior. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2011 hasta el 2014, cuando hemos atravesado los peores años de crisis económica y financiera -se han unido las dos-, en esos años hemos podido reducir un poco la deuda y eso nos ha permitido salir un poco adelante y atender.

En cuanto a los datos -ya estoy haciendo reflexiones que a algunos de los grupos les van a servir para que entiendan que atiendo a las solicitudes que me hacían-, la tasa de ocupación de la Policía, según los datos que obran en mi poder, es un 82,9 y de la Guardia Civil, el 87,2; es decir, entre las dos


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hay una media del 85,2. ¿Sabe cuál es el propósito que tenemos? Hemos atravesado una etapa en la que la tasa de reposición fue primero cero y después del 10 % y ahora estamos en el camino de liberar y ser capaces de poder dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también, cómo no, a esas otras policías autonómicas tipo Ertzaintza o los Mossos -porque cada una tiene peculiaridades distintas- en el sentido de que quieren continuar con un despliegue de la Policía, con un repliegue por parte de otros grupos, y que necesitan también rejuvenecer sus plantillas y que vayamos de la mano para intentar alcanzar la ocupación total de plazas que hay de Policía y de Guardia Civil. En un solo ejercicio no se puede hacer porque primero vendrá la convocatoria de las plazas que, por cierto, eso sí me sirve para decir que las plazas al final se obtienen por superar unas pruebas selectivas y que aquí a dedo no se entra en estos cuerpos. El mérito y la capacidad desde el principio se empieza a valorar mediante una serie de pruebas selectivas a las que se enfrenta cualquiera que quiere superar las mismas y como también creo que está bien diseñado hay una formación, aunque después entraré específicamente en el tema del diseño de la formación en este último año de la Policía Nacional. Por tanto, vamos a intentar a lo largo de los próximos años que con este nivel de ocupación puedan llegar a cubrirse la totalidad de las plazas, lo que va redundar, sin duda alguna, en la mejora de las prestaciones del servicio por parte de los servidores públicos y, por otro lado, también en beneficio de la propia sociedad.

¿La seguridad privada ha crecido? Ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. No ha sido de un día para otro, pero sí en los últimos años. He dado la cifra de 100.000, no he ido a ocultar las cifras que hay, pero siguen siendo más los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional: 77.427 guardias civiles y 65.287 policías nacionales. En total, 142.714.

Señor Trevín, sé por dónde alcanzan las afirmaciones y yo les quiero asegurar a todas sus señorías que ni la Policía ni la Guarda Civil -y entiendo que tampoco la Ertzaintza ni los Mossos ni las policías locales- van a perseguir a nadie por considerarlo un adversario político. Creo que eso no debe ser, es contrario al Estado de derecho, es contrario a la división de poderes y, por tanto, hay que erradicar ese concepto y hay que limpiar esa imagen. Todo lo que pueda hacer para ello lo haré porque es cumplir con mi obligación y, al mismo tiempo, es preservar la buena reputación de esos dos colectivos porque, al final, hemos estado todos comentando la buena opinión que tiene la sociedad de todos y cada uno de los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y, sin embargo, qué fácil después vemos que esos que son tan buenos puedan ser objeto de una manipulación. O una cosa u otra, porque si son buenos, como creo que son, si son profesionales, como creo que son, también es verdad que difícilmente se les puede manipular. Y cuando haya algún problema, procuraremos resolverlo con la mayor celeridad posible.

Se hablaba por parte del señor Trevín de la formación, concretamente en cuanto a la Policía, sobre lo que ha pasado con ese convenio que se firmó. Era tradicional que desde la Universidad de Salamanca se colaborara en la formación con la preparación de los alumnos que estaban en la Academia de la Policía Nacional. Por tanto, ha sido fruto de un pliego, de un concurso que sale y el concurso se lo llevó la Universidad Católica de Ávila, una universidad privada. Ha habido un recurso, como bien todos ustedes conocen, por parte de la Universidad de Salamanca, se está tramitando el recurso, los informes jurídicos son los oportunos y se resolverá conforme informe lógicamente la Abogacía General del Estado. Ante esa situación -el otro día también tuve la oportunidad de manifestarme sobre ello-, no habrá ningún problema en ese sentido y en los primeros meses del año 2017 sacaremos un nuevo concurso con un nuevo pliego. En el pliego procuraremos afinar todo lo posible para que al final se garantice la mejor preparación y formación de todos los alumnos de la academia y, como lo vamos a hacer así, que cada uno afine también a la hora de presentarse al concurso y el que mejor oferta haga en cuanto a calidad, preparación y al mismo tiempo oferta económica, será al que se le adjudique. Podrá ser la Universidad de Salamanca o la Universidad de Ávila si concursara o cualquier otra universidad que pudiera presentarse. También en esto tenemos que tener sin duda alguna muchísima claridad, transparencia -la ha habido- y yo lo que quiero es todavía profundizar en ello para que no haya ningún atisbo de duda del correcto proceder, por un lado, de la Administración de que se va a exigir sin duda alguna también el correcto funcionamiento de los cursos de formación, tal y como se describían en el pliego correspondiente de condiciones y que, de no ser así, se tomarán también las medidas oportunas para corregir cualquier disfunción que pudiera surgir.

En el tema de la corrupción, sin duda alguna el control por parte de la autoridad judicial, que está garantizado en todo caso cuando los asuntos están judicializados, es precisamente esa garantía de la división de poderes y, por tanto, el respaldo al Estado de derecho. Comparto todo el compromiso que ya hemos puesto en común con el tema de la seguridad vial, llegar a ese pacto y que ofrezcamos las mejores


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condiciones para que nadie más tenga que sufrir como consecuencia de un accidente las gravísimas circunstancias por las que las víctimas después tienen que pasar.

Por lo que se refiere a las infraestructuras, me ha hecho una serie de recomendaciones. Algunas de ellas las conozco muy de cerca pues llevo años también intentando incluso esclarecer cuál sería el lugar idóneo para que se pudiera construir una comisaría. Señor Trevín, el próximo año se acometerán infraestructuras, a lo mejor no todas las que usted me ha dicho, pero no le quepa la menor duda de que también tendrán información puntual de qué infraestructuras, tanto desde el punto de vista de Policía como de Guardia Civil, se van a poner en marcha.

Terminaba haciendo unas reflexiones de cómo quería la seguridad, una seguridad que fuera además prestada con calidad y que prevalecieran también todos los derechos y, por tanto, la libertad. Ahí nos vamos a encontrar, señor Trevín. Creo que tenemos muchos puntos en los que podemos trabajar en común. El Grupo Socialista me va a tener con absoluta disponibilidad para que lo podamos hacer.

Me voy a referir -y con esto termino- a una serie de inversiones que es importante que se puedan realizar. Se ha puesto en entredicho, junto con el tema de las vacantes, que no habíamos hecho inversiones en equipamiento, sobre todo en el tema de los chalecos para la Policía y la Guardia Civil. Le voy a dar unos datos. En la pasada legislatura, a pesar de las circunstancias que atravesamos desde el punto de vista económico y presupuestario, el Gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, adquirió un 70 % más de chalecos que el Gobierno socialista de Zapatero en su primera legislatura, cuando las circunstancias económicas eran totalmente distintas. Señor Trevín, fueron 5.226 frente a 3.038 chalecos y para el año que entra, para el 2017, se ha elaborado ya un expediente con créditos de la Secretaría de Estado de Seguridad para que se adquieran 5.250 chalecos antibala. De los 5.250 chalecos, 3.500 van a ser para personal femenino, porque creemos que había que cubrir algunas deficiencias. Y con la ejecución del expediente plurianual elaborado por el Gobierno para la adquisición de los 21.000 nuevos chalecos antibala externos, en los tres próximos años, durante los Gobiernos del presidente Rajoy, se habrán adquirido más de 31.436 nuevos chalecos, una cifra ampliamente superior a la de toda la etapa socialista anterior. No obstante, esto no nos debe distraer de lo que verdaderamente nos debe ocupar -esto ya nos está ocupando-, ahora nos debe ocupar avanzar en el consenso para mejorar muchas condiciones desde el punto de vista legal, reglamentario y, al mismo tiempo, también para ser mucho más operativos.

Al portavoz de Ciudadanos, a don Miguel Gutiérrez, le quiero decir que le agradezco que me haya hecho referencia al himno de El Arrebato. Yo lo conozco personalmente, conozco a su familia y es verdad que hizo el himno del club del que soy socio y, por tanto, el himno del centenario me alegra y también es verdad que motivarme para algo que no sea futbolístico no lo hace, pero entiendo que usted se habrá enterado de que el señor Albert lo utilizó para motivarse antes del debate de las elecciones. (Risas.-El señor Gutiérrez Vivas pronuncia palabras que no se perciben). ¿No lo sabía? Al final es verdad que hay que motivarse y que hay que ser optimista. Comprendo que ese optimismo se lo tengo que ir trasladando y que usted sea capaz de interiorizarlo y yo de ganarme su confianza. En ello me va a tener.

La duración de la legislatura no es que vaya a depender de lo que digamos o no digamos. Yo he sido de los que he afirmado siempre que el tiempo que esté esta legislatura vigente lo que tenemos que hacer es que sea útil y provechosa, porque si no, estamos faltando al compromiso que todos tenemos contraído con nuestra sociedad. Cada uno habrá votado a quien haya querido, pero, al final, o somos útiles y damos paso o, sin embargo, estaremos equivocándonos y, al final, a ese desapego o desafección de los ciudadanos por la política les estaremos dando una justificación. Así que espero ganarme su confianza, que podamos trabajar juntos y que la legislatura sea lo más larga posible, pero que el tiempo que dure, sea útil y provechosa.

En cuanto a la Ley de protección de la seguridad ciudadana, ya me he referido a ella. Respecto a la seguridad privada, sin duda alguna ha sido un avance, hay un complemento y en esa línea vamos a seguir. Comparto con usted que es un privilegio y, al mismo tiempo, una responsabilidad gestionar dos cuerpos como el de la Guardia Civil y el de la Policía Nacional, integrados por miles de personas, cada uno con sus problemas, lógicamente. Muchos matrimonios comparten la profesión en el mismo cuerpo o cada uno en uno. Al final yo creo que ese privilegio me va a hacer que tomemos las medidas con la mayor seriedad, con la mayor sensatez, respetando los derechos de cada uno, pero sin duda alguna profundizando en aquellas cosas a las que hay que dar definitivamente solución. No me extraña que en ocasiones haya escepticismo, porque ha habido muchos intentos de resolver algunos problemas, que ya se llaman endémicos, pero a lo mejor es el momento -no digo que no, y ojalá nos acompañe la suerte- de que podamos solucionar determinados problemas, problemas de personal, problemas de retribución e incluso


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una serie de problemas estatutarios salvaguardando las diferencias que hay en uno y en otro cuerpo. También lo he dicho, yo no he venido a ocultarme de nada: uno tiene naturaleza civil y el otro tiene naturaleza militar, y eso condiciona mucho, y cada uno opta a qué cuerpo quiere presentarse. Y aprovecho ahora para hacer un razonamiento. Yo he pertenecido y pertenezco a la carrera judicial, ahora estoy en servicios especiales. Yo no he podido formar parte de un sindicato, porque cuando ingresé en la carrera judicial sabía que no podía formar parte de un sindicato. Ahora bien, ¿que he participado en la vida asociativa? ¡Pues claro, y de forma destacada!, y es verdad que he mantenido relaciones cordiales y he coincidido en muchísimos puntos con compañeros que militando en otras asociaciones profesionales hemos encontrado muchos puntos en común y hemos conseguido grandes acuerdos en beneficio de la carrera judicial. Eso es lo que vengo aquí a decir y mantengo. La Guardia Civil, con el estatuto que tienen de ser un cuerpo militar, no cabe que estén formando parte de sindicatos; tienen sus asociaciones. También aprovecho para contestar que, en la medida de lo posible, si podemos ser un poco más generosos o contribuir de verdad a los gastos que se le pueden generar a un movimiento asociativo, que no quepa la menor duda de que procuraremos arreglarlo, porque es verdad que no supone tanto para un volumen de presupuestos, pero sí es verdad que hay que buscar una equivalencia en las prestaciones.

También me ha dicho que le gustaba hablar más de la seguridad de las personas que de la seguridad de la concordia. Señor Gutiérrez, yo he hablado primero de la seguridad de la concordia, encajándolo como algo que me parece fundamental, que la concordia reine en esta legislatura. Pero lo he puesto en conexión inmediatamente con el segundo punto, la seguridad de la concordia sin olvidar a las personas, a esos que están más cerca. No solo es la seguridad de las personas como ciudadanos que son receptores del trabajo de otra serie de personas que son los que garantizan la libertad y la seguridad, sino también la seguridad de esas personas: seguridad en sus condiciones laborales, en su régimen jurídico, la seguridad y la confianza en que sus derechos no pueden ser conculcados. Por eso yo he puesto encima de la mesa que hay que avanzar en la reforma desde el punto de vista del personal, tanto en Guardia Civil como en Policía, y he dicho que lo tenemos que hacer, y que podemos, es llegar a unos acuerdos negociando no solo con los sindicatos en el caso de la policía, que son muchos, que son diversos, algunos de los cuales representan a determinada clase dentro de la policía y otros son más genéricos para defender los intereses de la policía, sino consultando también con las asociaciones de la Guardia Civil.

Se ponía en entredicho el modelo policial, pretendiendo que sea más eficaz y más eficiente. Yo creo que la eficacia y la eficiencia deben buscarse en todas las facetas, no solo de la administración, que es obligado para quienes tenemos la responsabilidad de gestionar lo público, sino que creo que la eficacia y la eficiencia deben presidir cualquier tipo de relaciones en la sociedad.

Yo veo clara la distribución de competencias. Cuando se dice que en ocasiones hay una descoordinación, a veces pasa hasta dentro de un propio cuerpo, hay modelos como el nuestro en muchos países de la Unión Europea, y creo que está funcionando muy bien. Si no, la sociedad se está equivocando cuando al final valora muy bien a la Policía y a la Guardia Civil y no está cayendo en que de verdad no funciona el modelo porque no están coordinados. Siempre es bueno profundizar en la coordinación, pero entre las prioridades de este ministro no está ahora mismo disolver los cuerpos y crear otro cuerpo nuevo, porque creo que hay otras prioridades y que funcionan muy bien uno y otro cuerpo.

Mesa de los partidos. De acuerdo. Tenemos que estar sentados y nos vamos a sentar para hablar de todas estas cosas, pero es verdad que tendremos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos hablar. He escuchado aquí afirmaciones de unos y otros con posiciones antagónicas en algunos aspectos y tenemos que ser claros. Para buscar un acuerdo tenemos que propiciarlo y para ello se tienen que dar las condiciones, y no se dan si previamente no nos hemos puesto de acuerdo en qué queremos tratar, de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Eso es lo básico para cualquier negociación.

Se hablaba del mérito, de la capacidad y la transparencia para ingresar. Mientras nadie me demuestre lo contrario, yo creo que las pruebas son rigurosas, difíciles de superar muchas de ellas para uno y otro cuerpo. Por tanto, yo creo que se cumplen los principios que se exigen para buscar la objetividad en el ingreso en unos cuerpos como el de la Guardia Civil y el de la Policía Nacional. Yo creo que ha descrito quizás una situación un poco catastrofista. Seguro que vendrá por alguna experiencia que usted ha tenido y que conoce casos concretos que pueden ser así. Yo no le digo que falte usted a la verdad, pero sí le digo que dentro de las previsiones que tenemos está cubrir las plazas y tratar todo el tema del régimen interno que ellos tienen salvaguardando las características de uno y otro cuerpo. En cuanto a llegar a los detalles de la deducción de las cuotas de las asociaciones, ya le he dicho que no habría inconveniente en la subvención


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de las asociaciones, buscando siempre el equilibrio, porque tiene que haber un equilibrio. Por otro lado, creo que, dentro de las negociaciones que se hagan, la deducción de las cuotas podría ser una precisión.

Me ha puesto usted encima de la mesa el sistema de turnos y la tasa de reposición al hablar de la policía con acierto, porque son temas recurrentes, sin duda alguna. Del sistema de los turnos se ha estado hablando y se ha negociado y de todos los sindicatos que existen hay uno al que no le ha gustado. El sistema de los turnos se ha tenido también que establecer porque hay unos derechos reconocidos. No obstante, llevo mes y medio en el cargo, estamos tomando decisiones para volver a retomar las negociaciones y ver de qué manera somos capaces de canalizar esa situación salvaguardando los derechos de los profesionales, de los funcionarios públicos, de los servidores públicos para ser capaces, al final, de darle la solución más adecuada, por un lado salvaguardando sus derechos pero, por otro, garantizando la prestación de los servicios

En cuanto a la tasa de reposición ya se lo he dicho. Hemos atravesado una mala época, época que se ha atravesado con otros Gobiernos pero en eso no nos escudamos. Nosotros vamos a procurar que en las próximas anualidades, ya que la tasa de reposición ha estado en el 10 %, pueda liberarse y nos dé soluciones a la necesidad de cubrir todas las plazas, incluso las de las comunidades autónomas porque también hay peticiones -insisto- de las mismas que tienen su propia policía autonómica.

En cuanto a la creación de un cuerpo común de los Tedax, cada uno de ellos tiene sus servicios, tiene sus propias competencias y actúa en sus propias demarcaciones. También me ha pedido si le podía explicar cómo están coordinados los efectivos de Protección Civil. Es verdad que ha sido la forma en la que me he tenido que estrenar, pero he tenido que visitar inundaciones en tres provincias de Andalucía como consecuencia de las inclemencias meteorológicas y de las lluvias torrenciales. He tenido que estar en Murcia, he tenido que estar en Alicante. Con gran satisfacción me he dado cuenta de cómo, con administraciones autonómicas de distinto signo político -en Andalucía del Partido Socialista, en Murcia del Partido Popular y en la Comunidad Valenciana del Partido Socialista- he recibido por parte de todos los responsables políticos al más alto nivel la magnífica coordinación que ha habido desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Quiero volver a dejar aquí el testimonio -he felicitado a todos los que han formado parte del mismo- del buen servicio que han prestado. En Protección Civil funciona además un equipo de voluntarios, a los que también he hecho referencia en mi comparecencia, que también es justo que se les reconozca y se les valore aquí en el día de hoy. Han funcionado a las mil maravillas, una expresión muy llana pero que demuestra lo bien que han funcionado; a las mil maravillas ha funcionado la coordinación con ayuntamientos, con comunidades autónomas y con diputaciones. Todo ha estado perfectamente coordinado y no ha sido necesario que se eleve el nivel máximo de emergencia para que intervenga la UME porque la UME ha estado siempre a disposición cuando la han tenido que utilizar. La Unidad Militar de Emergencia tiene una capacidad para actuar y unos medios que la hacen insustituible; desde el primer momento están pendientes y han estado colaborando en las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, que es la denominación que reciben ahora estas zonas que padecen daños y también tragedias de vidas humanas. En el penúltimo Consejo de Ministros se declararon las de Andalucía; hoy, en comisión de secretarios de Estado y subsecretarios ya se han estado valorando los daños que se han producido en la provincia de Almería, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana y se estaba pendiente de poder valorar qué es lo que había sucedido también en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Yo creo que la rapidez ha sido digna de destacar también y, por tanto, aprovecho para terminar esta intervención diciéndoles que si ha habido algo que he podido comprobar que funciona estupendamente ha sido la coordinación desde Protección Civil. En ese sentido nos podemos quedar tranquilos, señor Gutiérrez.

Contesto al portavoz Miquel. Cuando he hecho referencia a la profesionalidad y a la vocación de servicio, no solo he citado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sino que he hecho también referencia a los Mossos y a la Ertzaintza. No se van a invadir competencias de otros, y peleamos para poder conseguir cubrir nuestras plantillas tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil. También iremos de la mano para conseguir que esa tasa de reposición sea la mayor posible para cubrir las plantillas. Es verdad que he mantenido contactos con el conseller de Seguridad de la Generalitat, Jordi Jané, y estamos fijando qué puntos pueden ir en el orden del día para convocar la Junta de Seguridad. La Junta de Seguridad no se convoca desde el año 2009, luego algo ha debido pasar para que desde entonces hasta ahora no se haya convocado. Soy consciente de que hay que convocarla, porque es el instrumento que tenemos que emplear para que tanto en la Generalitat como con el Gobierno Vasco fijemos una serie de políticas


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comunes donde se establezca el marco de colaboración, los métodos de coordinación que se van a emplear. Por tanto, estamos trabajando en ello. Se están cerrando entre la secretaría de Estado y el viceconseller los puntos del orden del día y la posterior convocatoria de la Junta de Seguridad.

Se hacía referencia a la mesa de seguimiento que se convocó en el día de ayer para hacer una evaluación de la amenaza terrorista. Fue una convocatoria extraordinaria. Es una mesa técnica que, cuando se está en nivel 4 de alerta, se convoca periódicamente y se celebra todos los jueves la reunión. En el día de ayer se convocó de manera urgente, dadas las circunstancias que habían acaecido, y una vez que las autoridades alemanas reconocieron que en principio parecía que era un atentado terrorista. Se hizo y se les dieron todas las explicaciones al Gobierno Vasco y a la Generalitat, concretamente a la consejera y al consejero del ramo correspondiente.

Los modelos de CIE. Vamos a sentarnos, como he dicho, y a hablar de los modelos de CIE. Entiendo que haya quien no quiere que existan los CIE, pero al final los centros de internamiento existen, se han diseñado y es el modelo acordado en la Unión Europea con nuestros socios. Insisto en que entiendo que haya quien no crea en ellos, pero es que los tenemos que tener porque si no las consecuencias serán otras. ¿Que los tenemos que tener en las mejores condiciones y que incluso la prestación de los servicios, dentro y fuera, se hagan por personas distintas de las que lo vienen haciendo? Por supuesto. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero tenemos derecho a decir lo que es, porque así está acordado en la Unión Europea y además es un tema que no está resuelto.

El señor Miquel quiere que le demuestre que el señor Fernández Díaz ya no es ministro. Creo que la mejor demostración es que estoy sentado yo aquí. (Risas). Insisto en que empecé pidiendo el respeto y sobre todo agradecimiento hacia todos los que habían estado ocupando el cargo antes que yo, y ese respeto, que lo pido para todos los demás, también lo pido para el señor Fernández Díaz, por lo menos así lo entiendo yo.

A la portavoz de Bildu le voy a decir una cosa: España no está haciendo ninguna devolución ilegal. España no está conculcando los derechos humanos. Yo entiendo que usted lo diga y, como se lo he escuchado ya en varias ocasiones a usted o a alguien de su formación política, ya no me viene de nuevas. Pero lo que le puedo asegurar es que España cumple con los derechos humanos y, por lo tanto, nosotros no hacemos ninguna devolución ilegal, le parezca a usted o no le parezca.

En cuanto al CIE de Aluche, yo no era todavía ministro, pero es verdad que tengo abundante documentación. Fueron ustedes y lo vieron. Desde el primer momento he dicho que hay que mejorar los CIE; no venimos a descubrir nada. Pero también he escuchado que había un informe de la defensora del Pueblo que decía que los CIE no preservaban los derechos humanos. Y, el otro día, vi a la defensora del Pueblo y no dice que se conculquen los derechos humanos. ¿Que hay que mejorarlos? ¿Que ha tenido reuniones conmigo? ¿Que he compartido las necesidades? Pues sí, claro que sí, pero igual que se lo he trasladado a ustedes, porque también lo he hecho en vía parlamentaria, donde creo que hay que mejorar los CIE, y vamos a mejorarlos.

Hablaba de la derogación. Ya le he dado las explicaciones de por qué creo que la Ley de protección y de seguridad ciudadana no se debe derogar. Usted la quiere derogar. Pues si usted obtuviera una mayoría suficiente y, al final, no hay ninguna otra circunstancia que lo impida, hágalo, pero me parecería una absoluta irresponsabilidad.

Yo no me he metido en temas de independentismo o de nacionalismo. De verdad, yo no quería venir hoy aquí a profundizar en esos conceptos. Yo venía a hablar de otra cosa, pero es usted la que ha estado hablando y ha hecho un alegato, y parece que todos los demás somos los que estamos equivocados, que usted está en la vía acertada y que está en posesión de la verdad. Usted ha puesto encima de la mesa el tema de la política penitenciaria, tema recurrente en el día de hoy. Incluso se ha puesto en cuestión la gran mayoría que se obtuvo. Yo he hecho una referencia a la gran mayoría que se obtuvo y es verdad que se obtuvo. Es verdad que fue la primera ley de la democracia donde se logró esa mayoría y ese alto grado de consenso. ¿Que la tenemos que adaptar? ¡Claro!, ya he dicho que hay que adaptarla y por eso he dicho que tenemos que tener un reglamento, y lo tenemos que tener adaptado. ¡Pero si es que no viene a descubrir nada nuevo! Ahora bien, hablar de sufrimiento de quienes están en la cárcel por haber sido, no independentistas, sino por ser condenados por un tribunal como consecuencia de haber cometido un hecho delictivo, si usted con eso se refiere a lo que yo entiendo que se refería, está usted hablando de miembros de la banda terrorista ETA, que están condenados por un tribunal. No han sido condenados por ser independentistas. Están condenados por haber cometido un hecho delictivo. Por eso están dentro. Y el sufrimiento que tienen no es más que el sufrimiento que pueda tener cualquier otra persona que esté


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privada de libertad, sobre la base de una sentencia firme dictada por los tribunales competentes en España. Por lo tanto, no hay un sufrimiento especial, sino el sufrimiento que tiene que tener quien está privado de libertad, y que lo que debe de aprovechar es ese momento para ser capaz de rehabilitarse y reintegrarse cuanto antes en la sociedad, porque es verdad que la pena tiene también un fin resocializador. Y eso es lo que tiene que haber. Por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, aquí lo que hay son, por un lado, unas víctimas, y por otro, los verdugos; y es verdad que los verdugos están en la cárcel. Esa es la diferencia. Usted lo ha querido describir de otra manera que yo, sin duda alguna, no comparto. Es verdad que también se ha hablado, por parte del portavoz del PNV, que estamos en el momento de hacer otros gestos, de hacer otras cosas. Aquí, el mejor gesto que hay que hacer es la entrega definitiva de las armas, decir que se disuelven de una vez por todas y, al mismo tiempo, solicitar el perdón de las víctimas y el reconocimiento del daño que han hecho. Y, a partir de ahí, las circunstancias, con la aplicación de la ley, irán cambiando; pero lo que no puede ser es lo que no puede ser. Así que, en ese sentido perdone que discrepe de usted en un planteamiento político tan distinto el suyo del mío. Ha dicho que el Partido Popular y el Gobierno se convertían en parte del problema. Aquí el problema son los que matan y los que ayudan a los que han matado; ese es el problema y esos son los que tienen que disolverse, pedir disculpas y entregar todas las armas. (Aplausos).

El señor Rufián me ha hecho diez preguntas. (Varios señores diputados: Se ha ido). Se ha tenido que ir, pero al señor Rufián le quiero trasladar, en primer lugar, una reflexión, y es que parece que está más preocupado por el pasado que por el presente y el futuro. Otra cosa que también me parece fundamental es que el señor Rufián se ha cargado hoy de un plumazo el Estado de derecho y la división de poderes, y yo defiendo el Estado de derecho y la división de poderes; defiendo la libertad y sobre todo defiendo el respeto que toda persona merece. Me ha dado la impresión de que, al igual que en una pregunta que me formulaba esta mañana, estaba obsesionado con querer manipular el servicio que prestan tantos y tantos funcionarios desde la Policía Nacional y desde la Guardia Civil, así como también desde la Ertzaintza, desde los Mossos y desde la Policía Local. Creo de verdad que no se debe manipular de esta forma, que hacemos un flaco favor a la sociedad y que de esa manera al final no seremos capaces de avanzar, de construir un futuro sobre todo prometedor, más libre, donde podamos ejercer nuestros derechos y al mismo tiempo que lo podamos hacer con tranquilidad y con seriedad. Así que le respondo que confío en el Estado de derecho y que creo sin duda alguna en la independencia del Poder Judicial.

Al portavoz del Grupo Vasco, Mikel Legarda, quiero trasladarle, por un lado, la satisfacción de ver que sin duda a lo mejor hay diferencias en algunos aspectos pero que también hay otros puntos en común que debemos explorar inmediatamente para ser capaces de alcanzar un acuerdo. Me ha hablado de las plantillas, y curiosamente antes de que lo dijera había anotado yo aquí las plantillas. ¿Por qué? Porque es algo de lo que ya hemos hablado y en lo que coincidimos. Ya he dado respuesta a muchas de las cosas que me ha planteado y sabe de la dificultad de nuestra tarea. Nos estamos enfrentando a una crisis migratoria sin precedentes y es verdad que tenemos muchas cosas que replantear y que mejorar, pero le quiero decir que hoy las propuestas que hemos traído están inspiradas por el consenso, sobre todo para que entre todos podamos alcanzar determinadas medidas que, si no, no darían el mismo resultado. Tienen que implicarse los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado; tenemos que compartir responsabilidades y al mismo tiempo tienen que surgir las soluciones más efectivas y más eficaces.

No cabe la menor duda de que el centro nacional de desaparecidos y la oficina nacional de la lucha contra los delitos de odio no tienen que suponer que haya una brecha entre una Administración y otra, entre una comunidad y el Estado; bajo ningún concepto. Se hará de la forma más coherente, más lógica, porque hoy día se trabaja en red perfectamente. No seré yo quien diga cómo se tiene que hacer. Sabemos que tenemos técnicos -que hoy nos acompañan- muy cualificados en la sala que serán los que tengan que decir cómo se diseña y cómo se hace. Al final es obsesión de todos que seamos capaces de atender a las personas desaparecidas, así como que en los delitos de odio seamos capaces de dar una respuesta coordinada, algo que sin duda alguna sería mucho mejor.

Al señor Delgado, que me acompaña en la Mesa, quiero saludarlo, porque al fin y al cabo somos paisanos, venimos del sur... (El señor Delgado Ramos: Yo soy de Cádiz). Bueno, pero Cádiz y Sevilla... (Risas). Ha incidido, exactamente igual que el señor Gutiérrez, en la responsabilidad que tengo al tener que gestionar y dirigir en principio dos de las instituciones mejor valoradas, por no decir las dos mejor valoradas. Entiendo que era la reflexión que hacía yo antes de que ahora el papel de la Guardia Civil es otro. Por eso creo que tenemos que ser conscientes del carácter que tiene la Guardia Civil, militar y civil, y por tanto ya he dado respuesta en ese aspecto.


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Respecto a la precariedad de los medios y derechos de los guardias civiles es verdad que en ocasiones nos podemos encontrar con alguna situación que sea susceptible de mejora, no digo que no. Y por mor de ser justo -y no quiero que asienta o deniegue con la cabeza- estas circunstancias a lo mejor se han producido también en otras épocas, con otros Gobiernos, pero no vamos a profundizar. Sin duda alguna creo que los sindicatos no deben existir en la Guardia Civil. No hay que perseguir a nadie, pero insisto en que no creo que deban existir. La Policía, con todos sus sindicatos, va a tener el mismo respeto por parte de todos. Ya he contestado sobre los chalecos antibalas, que también se había comentado.

Desde luego que se estén defendiendo por un lado los derechos y por otro lado se esté reivindicando una mejora en medios materiales, y se exija que se cubran también todas las plantillas -lo que significa mejorar los medios materiales-, me parece que es una obligación sin duda alguna que tiene cualquier representante, en este caso no solo político, sino también que lo ha sido antes de sus propios compañeros desde su actividad asociativa, dentro de la Guardia Civil.

Señora Belarra, me ha hecho muchísimas preguntas muy concretas. A algunas podría contestarle aquí si me pongo a buscarlas, pero le voy a hacer llegar todas las respuestas. Incluso le citaré para que venga usted. El otro día una senadora me hizo una pregunta sobre dos tuits concretos del equipo de redes sociales de la Policía Nacional. Antes he dicho que es el equipo que mejor funciona. Son señores y señoras jóvenes, ilusionadísimos, que están consiguiendo un efecto muy importante. Ellos fueron en su día los primeros que hicieron autocrítica. ¿Sabe en qué he quedado con esa senadora? En que me voy a reunir con ella y con el equipo, para que los conozca, para que vea cómo reaccionaron ellos ante esa situación, cómo lo corrigieron y qué mecanismos están poniendo en marcha para que eso no vuelva a pasar. Esa relación, igual que el hecho de facilitarle a usted ahora la información, debe llevarnos no a coincidir en nuestros planteamientos -que no tenemos por qué coincidir-, pero sí a que tengamos la confianza de que no nos engañamos los unos a los otros, que me parece también muy importante para sentar una base.

En cuanto al Frontex en Ceuta y Melilla le puedo asegurar que la colaboración se hace por parte de todos los Gobiernos, el de España y todos los de la Unión Europea, todos -porque así tiene que ser-, y en cada nación gobierna un partido político y hay de todo. Por tanto esa es una decisión unánime donde se están cumpliendo todos los objetivos, España está colaborando, estamos en condiciones de poder incrementar nuestra aportación al Frontex, que es lo que nos vienen pidiendo sobre todo desde Grecia y desde Italia, y estamos incrementando nuestra aportación a la Policía de Fronteras de la Unión Europea, siempre salvaguardando, insisto, los derechos humanos. La situación en Ceuta y en Melilla es muy complicada, pero no de ahora, ya venía siendo complicada, porque los fenómenos migratorios no son de ahora, sino que se han venido produciendo e incrementando en los últimos años como consecuencia de muchas circunstancias. Por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es darle la mejor respuesta. A veces es imposible contener esa situación.

Hoy aquí me gustaría hacer una reflexión, porque he oído hablar mucho de que no se respetan en los CIE los derechos humanos. Y yo me pregunto: ¿no hacemos la reflexión cuando los policías han sido agredidos, se les ha abierto la cabeza, han tenido problemas y han tenido que ser incluso intervenidos en un ojo por las agresiones que han sufrido en los CIE? Creo que de verdad hay temas en los que merece la pena que seamos un poco reflexivos, y que dejemos a un lado el interés por buscar un titular que nos pueda favorecer, para no enturbiar la relación, que yo creo que habría que potenciar, una relación de colaboración mutua y de no ocultación. De todas formas no son tantísimos los malos tratos, porque si hubiera malos tratos todos los días esto sería horroroso. No habría un CIE que pudiera estar abierto, y sin embargo hay unas relaciones que en nada se parecen a las figuras que usted ha descrito sobre la reiteración de malos tratos. Ojo, he dicho y mantenido que tenemos que ir mejorando los CIE, pero también les digo que ahora tienen menor ocupación que en otra época, y les voy a dar otro dato. Resulta que el tiempo de internamiento en un CIE en España, que es por orden judicial, es menor que el de cualquier otro de los países de nuestro entorno. Eso es así y esos datos están ahí y también se los voy a hacer llegar.

En cuanto a la violencia de género le he puesto como referencia la colaboración que ha mostrado el equipo de redes sociales de la Policía Nacional, pero tenemos que seguir trabajando. No se preocupe que presupuestariamente procuraré que las dotaciones sean las máximas posibles para poder erradicar esa lacra -porque lo es también-, algo en lo que todos tenemos que aportar y no alarmar, pero es verdad que lo tenemos que tratar sabiendo la crueldad que comporta esa situación. Se han dado muchos pasos, pero quedan todavía muchos que dar, y mientras haya una mujer que reciba malos tratos, tenemos que estar todos unidos.


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Señor Santos, me decía que había una política criminal sin datos. También le voy a procurar a usted una reunión. Si viera -se lo digo como lo siento- la cantidad de datos que manejan el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos, no volvería a afirmar otra vez que llevamos a cabo una política criminal sin datos. No se lo puede imaginar. Evaluar los datos para saber de dónde se parte y alcanzar el objetivo es algo que a diario realizan las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no le quepa la menor duda.

Cuestionaba la prisión permanente revisable. Es verdad que tienen un planteamiento y nosotros otro, y ahí no vamos a llegar a un acuerdo, porque en ser equidistante entre víctima y victimario no estamos de acuerdo. Nosotros no; no queremos ser equidistantes. Tenemos un pensamiento claro y tenemos derecho a tenerlo y a no movernos de ahí.

¿Tratamiento médico a los enfermos mentales? Por supuesto. Ese es un problema que tiene la sociedad española en general: el tratamiento médico de los enfermos mentales, pero si a eso le unimos que estén internos en una prisión lógicamente se pone más de manifiesto que tenemos que resolver ese problema.

He abordado el tema de las transferencias porque no he querido dejar atrás nada de lo que tengamos que abordar, y por eso he hablado de este tema. Hay algo fundamental: el Ministerio del Interior presta unos servicios médicos, la sanidad penitenciaria, con unos medios y unas personas. Cuando se hacen las transferencias el modelo que utilizamos en España, desde la Constitución de 1978 hasta ahora, es siempre el mismo. Se evalúan cuáles son los costes que tienen -de gasto corriente, de personal y de otros medios- los servicios que se van a traspasar; esos costes más lo que presta el Estado es lo que se transfiere a la comunidad autónoma, y esta después hace lo que le parece. ¿Qué ocurre? Que hay algunas comunidades autónomas que tienen otro sistema, otro modelo, pero ese es el genérico. No obstante si se acreditara que no están suficientemente valorados, ahí hay otro modelo, que es el que se aplica por parte de Hacienda, que analiza si es verdad o no que las comunidades autónomas no tienen suficiente como para prestar el servicio; lo que ocurre es que si lo presta el Gobierno de la nación hay suficiente, pero si lo prestar una comunidad autónoma no. ¿Que se ha producido esa discusión? Sí, pero, ¿que ha habido voluntad de transferirlo a lo largo de las anteriores legislaturas y las comunidades autónomas han dicho que no? También. Por tanto a cada cosa hay que llamarla por su nombre.

Hacía referencia también al principio de legalidad. El día en que el principio de legalidad, el Estado de derecho y la división de poderes no funcionen, nuestra sociedad habrá fracasado.

Por último agradezco al portavoz del Partido Popular que me haya apoyado; esperaba que lo hiciera. Igual que he hablado con los portavoces de los otros grupos parlamentarios, también he hablado con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; e igual que otros han venido a hacerme peticiones, él también me ha hecho peticiones, y le ha gustado la voluntad que tengo de dialogar hasta la extenuación para conseguir acuerdos que me parecen importantísimos. No estamos hablando de mejorar una carretera o un servicio -que también hay que hacerlo-, sino que estamos hablando de garantizar la seguridad. Garantizando la seguridad estamos garantizando la libertad y el ejercicio de los derechos, y eso no lo podemos perder.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señorías, para concluir, y creo que hablando en nombre de todos los miembros de la Mesa, quiero agradecer a todos los portavoces que han intervenido el tono que han usado, tanto en el fondo como en la forma. Es un ejemplo del espíritu de diálogo que se quiere implementar en esta Comisión. Al señor ministro evidentemente le agradezco que haya dado cumplida respuesta a todas sus señorías, lógicamente dentro de lo que él puede hacer y ante tanta petición como había. Pero quiero aprovechar para agradecer en nombre de la Mesa a los servicios técnicos de la Cámara -letrada, taquígrafas, ujieres, servicios de radio y televisión y medios de comunicación- el esfuerzo del día de hoy, y desearles unas felices fiestas a todos ellos. A sus señorías les agradezco la colaboración prestada en el día de hoy y les deseo igualmente unas felices fiestas. Pido a los reyes magos que el año que viene se sigan portando como se han portado este año en esta Comisión.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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