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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 70, de 05/12/2016
cve: DSCD-12-CO-70
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 70
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Sesión núm. 5
celebrada el lunes,
5 de diciembre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias del señor ministro de Justicia (Catalá Polo):

- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000005) ... (Página2)

- Para informar, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado parcialmente el recurso presentado por los diputados del Grupo Socialista contra la Ley de Tasas Judiciales, del destino que se está dando a los ingresos públicos que tienen su origen en estas tasas, mientras se retrasan injustificadamente las transferencias destinadas a abonar sus honorarios a los abogados del turno de oficio. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000011) ... (Página2)

- Para que explique los continuos fallos en el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET, obligatorio para diversos procedimientos judiciales, así como las mejoras que siguen sin implementarse y que reclaman los profesionales de la justicia desde hace meses. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000028) ... (Página2)

- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000097) ... (Página2)


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- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000112) ... (Página2)

- Para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de justicia. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000126) ... (Página2)

- Para informar sobre las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000171) ... (Página2)

- Para informar sobre las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000181) ... (Página2)

Se abre la sesión a las cinco de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes.

Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Justicia prevista para hoy a las cinco de la tarde. El objeto de esta sesión de la Comisión es la comparecencia del ministro de Justicia. En dicha iniciativa acumularemos distintas peticiones: en primer lugar, la comparecencia a petición propia del ministro para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento; asimismo, la petición de los siguientes grupos parlamentarios para que informe sobre las líneas generales del departamento de Justicia: del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Esquerra y del Grupo Parlamentario Vasco. Además, aprovechando que está aquí el ministro, trataremos dos peticiones concretas: una del Grupo Parlamentario Socialista para que el señor ministro informe a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha estimado parcialmente el recurso presentado por los diputados del Grupo Socialista contra la Ley de tasas judiciales, el destino que se está dando a las tasas judiciales que fueron en su día recaudadas, mientras que al mismo tiempo se están retrasando injustificadamente las transferencias destinadas a abonar los honorarios de los abogados del turno de oficio; y otra del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que el señor ministro se explique los continuos fallos en el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET, obligatorio para diversos procedimientos judiciales, así como las mejoras que siguen sin implementarse y que reclaman los profesionales de la justicia desde hace meses.

Damos pues la bienvenida al ministro de Justicia. El orden de esta jornada será, según se acordó el otro día en la reunión de Mesa y portavoces, el siguiente: tomará la palabra, en primer lugar, el señor ministro; a continuación, por orden de menor a mayor, los distintos grupos parlamentarios y, por último, cerrará el ministro de Justicia. Agradeciéndole su presencia aquí y esperando que se repita en múltiples ocasiones, tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, comparezco ante esta Comisión para exponer las líneas generales de las políticas que tengo previsto emprender en el ministerio de Justicia durante esta legislatura; y, como decía la presidenta, lo hago además de a petición propia, a petición de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Esquerra Republicana, Vasco y Mixto, a los que agradezco el interés por solicitar mi participación en esta Comisión. Aprovecharé también mi intervención, como se ha puesto de manifiesto, para dar respuesta a otras cuestiones planteadas por sus señorías vía solicitud de comparecencia, como son los asuntos que interesó al Grupo Parlamentario Socialista sobre las tasas judiciales o la de Unidos Podemos sobre la profesionalidad de los jueces o sobre LexNET. Tal como está planteada mi intervención, confío en que puedan quedar atendidas suficientemente todas las materias a las que ustedes se han querido referir.

Lo primero que quiero decir, señorías, además de manifestarles la satisfacción que me produce presentarme ante esta Cámara como responsable del Ministerio de Justicia, es que esta comparecencia se produce en un escenario de presente pero, sobre todo, de futuro bien distinto al que nos encontrábamos, al que yo mismo me encontraba hace dos años, cuando tuve también la oportunidad de comparecer en esta Cámara ante esta Comisión con un fin prácticamente idéntico. La protagonista sigue siendo la misma


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ciertamente: la justicia, pero el contexto del debate ha cambiado en algunos aspectos que yo diría que son muy sustanciales. En primer lugar, porque hacemos esta comparecencia en una Comisión mayoritariamente renovada en su composición tanto de fuerzas políticas como de personas físicas que ostentamos esta representación. En segundo lugar y derivado de lo anterior, el mapa político, el escenario para el debate político es otro muy distinto al que teníamos hace dos años, con todo lo que esto significa en términos de renovación de sensibilidades, de ideas y de visiones, y soy muy consciente de ello. En tercer lugar, después de dos citas electorales en un mismo año -inédita esta circunstancia por las razones que todos conocemos-, tenemos un mandato ciudadano que cumplir todos nosotros: trabajar juntos, alcanzar acuerdos como mínimo en las cosas más importantes, procurando que los árboles de las diferencias ideológicas no nos impidan ver el bosque de lo que realmente importa, esto es, el interés del conjunto de los ciudadanos. En cuarto lugar, permítanme, señorías, que ponga de manifiesto mi impresión, que creo que es constatada por muchos, de que se nos convoca a un desafío que debe ser inaplazable: la reforma de la justicia, con una demanda social profesional y política unánime, en cuanto a cuál debe ser el alcance, porque no se plantean ya más parches ni más zurcidos, sino abordar una transformación integral que la justicia precisa para que en pleno siglo XXI podamos cumplir, y pueda la justicia cumplir, con solvencia el papel que le atribuye nuestra Constitución en tanto que valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, derecho fundamental, poder del Estado y servicio público.

En ese contexto, señorías, estoy plenamente convencido de la necesidad y de la urgencia de esa reforma estructural de nuestra justicia, y lo primero que les ofrezco a todos ustedes es mi más firme compromiso y mi total disponibilidad para trabajar, junto con todos ustedes, en la búsqueda de las mejores respuestas a los problemas que tenemos identificados; un ofrecimiento de suma, un ofrecimiento leal y constructivo apoyado en los pilares que sostienen mis treinta años de servicio público al servicio del Estado, escuchar, dialogar y, sobre todo, actuar.

Señorías, el consenso no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos compartidos. Decía Italo Calvino que no es la voz la que debe ordenar el relato, sino que es el oído, la escucha, y eso es lo que les propongo desde este mismo momento: receptividad y predisposición para intentar hacer juntos lo que juntos debemos hacer; es decir, trabajar unidos por una justicia mejor para todos, para España, para los ciudadanos, para el conjunto de la sociedad y, en última instancia, para todos los españoles. Al contrario de lo que en ocasiones podría pensarse, el consenso no es ni un concepto nuevo ni tampoco un horizonte inexplorado. En esta Cámara, también en esta Comisión de Justicia, se han dado magníficas lecciones de consenso que acreditan que sabemos hacerlo cuando hay verdadera voluntad. Quizá sea preciso practicarlo más, pero no creo, señorías, que en España necesitemos clases particulares de consenso, porque en cuarenta años de democracia han sido muchas las ocasiones y muchas las decisiones políticas que hemos adoptado en este contexto. Lo hicimos, por remontarnos al inicio de nuestra trayectoria democrática, en los Pactos de la Moncloa de 1977; lo hicimos con ocasión de la Constitución de 1978; lo hicimos también cuando lo hemos necesitado en momentos trascendentales, como aquel de integración en la Europa común, con el Pacto de Toledo, con la lucha antiterrorista. Fuimos también capaces de hacerlo en un ilusionante proceso de cambio que culminó con el pacto de Estado para la reforma de la justicia, de 2001; es verdad que no llegó a finalizar su trayecto, pero supimos en aquel entonces diseñar un tren de una reforma, construirlo y ponerlo en marcha. Y en estos últimos años, antes de ayer podríamos decir coloquialmente, hemos sido testigos de ejercicios de concertación verdaderamente saludables para la estabilidad y para la calidad de nuestra arquitectura normativa. En unos casos, con leyes nacidas desde la unanimidad o prácticamente unanimidad de todos los grupos, como fue en la X Legislatura la Ley de Mediación, el Estatuto de la Víctima, la Ley de concesión de nacionalidad a los sefardíes, la Ley de modificación del baremo de indemnizaciones de accidentes de circulación o las leyes de cooperación penal con la Unión Europea. En otros casos, desde el diálogo político, hemos conseguido perfeccionar puntualmente otras reformas legislativas, algunas tan importantes como la espina dorsal de nuestro sistema procesal, las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal, cuyas reformas en la X Legislatura sumaron sesenta y dos enmiendas transaccionales y más de cien enmiendas aceptadas.

Por tanto, señorías, lo que ofrezco es incrementar nuestras horas de vuelo de consenso, incorporándolas a otro gran desafío de país que tenemos, como este que he mencionado de la transformación de nuestra justicia, quizás todavía la gran reforma pendiente de nuestra transición. Como ha mencionado recientemente el presidente Rajoy, en un congreso de abogados en Málaga, ha llegado la hora de la justicia. Es, en efecto, el momento de la reforma y, lo es, básicamente porque concurren, en mi opinión, los dos elementos


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esenciales para asegurar, al menos, un buen principio en este proceso. Por una parte, existe coincidencia, o esa es mi percepción, sobre el objetivo. Como acabo de decir, me parece que nadie discute hoy la necesidad de la reforma de la justicia, tan importante como inaplazable. Y, por otra parte, también constato, en los programas electorales, en las declaraciones, en las intervenciones públicas de sus señorías, la voluntad de llevar a cabo esta reforma, una voluntad acreditada para abordar la reforma. Por tanto, una coincidencia y una voluntad, que no es solo política, sino que también es unánime en todos los ámbitos, en lo profesional, en lo institucional y en el conjunto de la sociedad.

Señorías, tenemos una oportunidad histórica para cambiar las cosas, la mayoría de ellas identificadas, por ejemplo, por las asociaciones profesionales; seguramente habrán leído este fin de semana en un diario de tirada nacional un buen análisis de la cuestión y también una posición conjunta, en este caso, de asociaciones profesionales de la magistratura. En nuestra justicia, sin duda, hay muchas cosas por cambiar. Todos sabemos cuáles son y sabemos cómo queremos cambiarlas. No hagamos, por lo tanto, como que queremos hacerlo. Hagámoslo, hagámoslo. El consenso de todos sirve como prueba de corrección de las ideas -decía Erich Fromm-, y me comprometo a llevar a cabo ese ejercicio probatorio tantas veces como sea necesario. Considero que merece la pena intentarlo, porque es la mejor forma de iniciar un viaje cuyo trazado queremos y debemos definir entre todos nosotros e incluso, por qué no, recorrerlo todos juntos.

En mi opinión, la primera condición para abrir un espacio de diálogo -al margen, por supuesto, de la más elemental, que es la voluntad de que dicho espacio se abra, que es la premisa más importante a la hora de emprender un trayecto compartido- es que exista, al menos, la coincidencia en la línea de salida de hacia dónde queremos caminar y, por lo tanto, cuál es el objetivo al que queremos llegar. Supongo que no me equivoco al decir que contamos con esos presupuestos mínimos porque coincidimos en el qué -es preciso articular una verdadera respuesta de Estado-; creo que coincidimos también en el cómo y en el con quién, contando con todos desde un gran acuerdo político, profesional, institucional y social; y creo que también coincidimos en él para qué, como he dicho, para impulsar una reforma integral de nuestra justicia.

Aquí es donde cobra toda su importancia y todo su protagonismo el papel vertebrador que esta Comisión, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, puede ostentar porque por su propia naturaleza es, sin duda, el catalizador perfecto para articular todas estas coincidencias y es el mejor marco para crear, en su seno, una subcomisión para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia, tal y como ya ha sido tratado con otros grupos e incluso solicitado por el Grupo Popular. No es el momento ahora de extenderme en el detalle de esta propuesta -todos ustedes la tienen en su poder-, pero sí me gustaría destacar tres premisas fundamentales de la reforma a las que, de manera clara, nos convocan los trabajos en esa subcomisión que espero que -como es su propia naturaleza- puedan estar culminados en los seis meses desde su constitución. En primer lugar, esa subcomisión y la estrategia que debe elaborar identificará y definirá los objetivos y líneas de acción que han de guiar la reforma integral de la justicia en todas sus dimensiones: en la dimensión institucional, en la dimensión de servicio público, profesional, social, y seguridad jurídica; este último, un aspecto, a mi juicio, ineludible porque, como recomendaba el maestro don Luís Díaz Picazo, no podemos perder nunca de vista el profundo sentido económico y social que las normas, las instituciones y los propios litigios tienen. Por eso, nadie discute ya hoy en ningún país -menos en España- el valor que tiene la seguridad jurídica para crear un espacio de competencia, un espacio de creación de empleo, un espacio de desarrollo económico y de bienestar para atraer la inversión, para estimular el emprendimiento y la actividad y, por lo tanto, poniendo de manifiesto que la seguridad jurídica, sin duda, es una potente palanca de desarrollo y de crecimiento económico.

En segundo lugar, además de que esa estrategia defina objetivos y líneas de acción, en mi opinión, señorías, la estrategia tiene que ser necesariamente inclusiva, en el sentido de que en los trabajos de la subcomisión resultará imprescindible contar con la voz, con la experiencia y con la visión de profesionales, de colectivos, de administraciones y de instituciones que participan cotidianamente en la organización, en la gestión o en la prestación del servicio público de la justicia. En mi opinión, es imposible reformar lo que sea en profundidad sin contar con todos y cada uno de los operadores que participan en nuestra justicia. En tercer lugar, deberá ser una estrategia medible. Como decía Lord Kelvin: cuando no podemos medir nuestro conocimiento es pobre e satisfactorio. Es verdad, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede gestionar. Y algo de esto nos pasa, en ocasiones, en nuestra justicia. Por eso, asegurar la evaluación continua de los objetivos y de las acciones que contenga la estrategia de justicia,


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contar con indicadores de seguimiento y de actividad, facilitando el control de la evolución, también es otra de las premisas fundamentales de este planteamiento.

En paralelo a la labor que debe desarrollarse en la subcomisión cuya constitución hemos solicitado, la agenda de nuestro trabajo, la agenda que quiero compartir con todos ustedes y con el conjunto de los operadores jurídicos, debería orientarse a los asuntos principales, a los asuntos prioritarios y que a efectos de sistematización de mi intervención aquí esta tarde he articulado en torno a seis grandes retos. Lo que planteo es una agenda abierta que, como digo, sistematizo en torno a esos seis posibles ejes. En primer lugar, el reto de una justicia más ágil; en segundo lugar, el reto de una justicia más dotada y mejor organizada; en tercer lugar, el reto de una transformación digital de la justicia; en cuarto lugar, el reto de una justicia que se basa en los profesionales; en quinto lugar, el reto de una justicia pensada e impartida para las personas, para los ciudadanos y, por último, en sexto lugar, el reto de una justicia fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción.

Dedicaré los próximos minutos de mi intervención -de una manera sucinta necesariamente- a identificar los contenidos que en mi opinión deben estar vinculados con cada uno de estos retos y las líneas de trabajo que podríamos empezar a desarrollar de manera inmediata. Les decía que para mí el primer desafío es facilitar al conjunto de los ciudadanos un servicio público de la justicia más ágil y más eficaz que el que tenemos en la actualidad. Para hacerlo, propongo concentrar nuestros esfuerzos en al menos tres actuaciones dirigidas directamente al origen de alguno de los problemas que creo que compartimos todos que existen en nuestra justicia. El primero de ellos es una tarea inaplazable que, en esta legislatura, debe ser, en mi opinión, la reforma de los procesos, empezando quizá por el más crítico de todos ellos, el proceso penal. Señorías, necesitamos -creo que con una cierta urgencia- impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nuestra justicia penal no puede seguir funcionando con una ley del siglo XIX modificada en setenta y cinco ocasiones. Como decía Stevenson, la mayor dificultad en la mayoría de los temas es saberlo tratar bien, y tenemos una labor de estudio muy profunda, una labor de estudio muy seria. Hubo una comisión de estudios en 2011 y otra en el año 2012, bajo Gobiernos de distintos signos y contextos, ambos de calidad jurídica extraordinaria, que permiten arrojar una buena luz para abordar bien esta tarea que sin duda es tremendamente compleja.

Son muchas las labores y las tareas que hay que abordar en esa nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero entre todas ellas me permito destacar en la intervención de hoy el nuevo papel del ministerio fiscal, como director de la fase de investigación que sustituiría a la actual fase de instrucción, en un proceso donde la defensa de los derechos y de las libertades estaría protegida por un juez de garantías. Se trata de plantear un sistema ágil -por supuesto con todas las garantías-, agilidad que se podría alcanzar, por ejemplo, desde el punto de vista procesal, articulando una fase de investigación centrada en una función esencial: determinar si existen o no indicios racionales de delito, así como si hay principio de prueba suficiente para desvirtuar nuestro principio constitucional de presunción de inocencia. Una vez que se hubiese alcanzado ese mínimo de convicción, la celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse toda aquella prueba que deba llevarse a cabo, en lugar de repetirse -como sucede actualmente- la prueba en ambas fases, lo cual como es poco razonable, es dilatorio y es antieconómico en nuestro modelo actual.

Desde el punto de vista procedimental, deberíamos suprimir o racionalizar trámites innecesarios. Por ejemplo, no parecen razonables algunas situaciones como las que suceden en la actualidad, donde hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones: ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la propia instrucción y en la fase de juicio oral. Y desde el punto de vista operativo, mejorando las tareas de coordinación con la Policía Judicial. Por supuesto es la policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados, bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del ministerio fiscal. Por otra parte, la figura del juez de garantías aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades imprescindible en actuaciones tales como autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales o autorizar medidas cautelares personales o reales.

Saben ustedes, señorías, que el tema ni es nuevo ni es sencillo, pero es verdad que la figura propia de nuestro derecho del juez instructor es hoy un anacronismo en Europa y existe un amplio consenso para que procedamos a su sustitución por la figura del fiscal investigador. Todo ello requerirá, como es evidente, dotar al ministerio fiscal de un nuevo estatuto que, por supuesto, estamos dispuestos a abordar, y luego me referiré en algún detalle a ello. En definitiva, señorías, creo que, siendo este un punto de partida compartido, deberíamos analizar bien cómo debe articularse ese cambio, que no es fácil pero sí necesario


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para proporcionar a la sociedad del siglo XXI un proceso penal del siglo XXI. Un nuevo modelo con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal donde, además de la novedad que les he comentado, deberían tratarse otros aspectos relevantes como el papel de la Policía Judicial en la investigación de los delitos, los derechos procesales de los investigados y de las víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativas al proceso.

En segundo término, y en línea con las conclusiones que reiteradamente nos trasladan las reuniones que celebran cada año los jueces decanos o los presidentes de tribunales superiores de Justicia, propongo también que revisemos algunos aspectos de nuestro proceso civil, que fue reformado en el año 2000, pero respecto del cual todos los operadores identifican algunas dificultades, carencias o defectos que presentan en la actualidad. Por ejemplo, hay que seguir trabajando en la mejora de la ejecución de las sentencias; hay que avanzar en la mejora en el trámite de notificaciones y emplazamientos para evitar dilaciones en esta materia; hay que avanzar en la mejora en el trámite de suspensiones, que se producen desgraciadamente con excesiva frecuencia, por ejemplo, por incomparecencia de testigos, algo que sucede con demasiada frecuencia y que ralentiza mucho los procesos; hay que facilitar además el ejercicio de la acción colectiva, abriendo la posibilidad de que, mediante un único proceso, multitud de perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.

Tercero. Cuando hablamos de agilidad no podemos obviar otro de los hándicaps de nuestra justicia, como es el impacto de la alta litigiosidad existente en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Aunque los datos del Consejo General del Poder Judicial del segundo trimestre de este año 2016 nos dan alguna noticia de un descenso importante del número de asuntos -agregado casi un 30 %, de ellos un 42 % proceden del ámbito penal-, aún así reducir la litigiosidad debe ser permanentemente un objetivo ineludible. Y para reducir la litigiosidad los recursos, los procesos, y las tecnologías son sin duda importantes, pero también lo es el fomento de la cultura del acuerdo frente a la cultura del conflicto. Por eso creo que debemos apostar firmemente por la mediación y por el arbitraje, porque se está demostrando que son una buena fórmula para alcanzar soluciones consensuadas de una manera más ágil y a menor coste que el recurso al uso de los tribunales. Como decía Santa Teresa, no son buenos los extremos ni siquiera en la virtud y esa es otra forma de ver y de tratar el conflicto: alejado de los extremos; es positivo desde cualquier prisma, para las partes, para la justicia e incluso para la sociedad por ese mensaje que transmite de una paz jurídica, de una nueva cultura que está asociada con el diálogo, con el consenso, con las soluciones acordadas y no exclusivamente con las jurisdiccionales. Hemos dado ya pasos positivos en este sentido.

En cuanto a la mediación, nos hemos dotado de un marco regulatorio del que carecíamos. Hemos empezado a aplicar la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y hoy son ya 2.535 los mediadores inscritos en el registro que a tal fin se ha constituido. Hay 1.352 mediadores en el ámbito concursal y hay 78 instituciones de mediación constituidas, todos ellos trabajando en la búsqueda de soluciones concertadas por toda España. Creo que tenemos que seguir en esa dirección, reforzando la colaboración con los operadores que intervienen en la mediación, tanto los operadores judiciales como los extrajudiciales; también potenciando la mediación intrajudicial, por ejemplo, creando unidades de mediación en los servicios comunes procesales o incluso, por qué no, valorando algunas reformas puntuales de las leyes en materia de mediación y de arbitraje, por ejemplo, cuando se plantea la obligación de asistir a las sesiones informativas cuando un juez derive a ellas. Por eso, en el ámbito arbitral debemos seguir potenciando este sistema como mecanismo complementario y alternativo a la acción de la justicia con las ventajas que trae consigo: más agilidad, más especialización, más flexibilidad de las partes para buscar soluciones, y si eso implica una revisión parcial de la Ley de Arbitraje del año 2003, tal y como algunos sectores han demandado -por ejemplo, en algunos temas diversos, como la participación de la institución arbitral en litigios donde se ejerza la anulación de un laudo u otras cuestiones que se han puesto de manifiesto-, podríamos sin duda trabajar para mejorar el funcionamiento del arbitraje en nuestro país. Con estos tres ejes, señorías, me parece que podríamos mejorar notablemente el reto de nuestra justicia como una justicia más ágil.

El segundo de los ejes que les mencionaba es el de una justicia más dotada y mejor organizada. No olvidemos que venimos ciertamente de un escenario complejo, con presupuestos ajustados al céntimo, en el que todavía no hemos salido de la senda de reducción del déficit y el obligado equilibrio presupuestario. Por lo tanto, ese es el contexto en el que lo vamos a desempeñar en esta legislatura, pero aun así los esfuerzos de estos años para dar cobertura a las muchas y variadas necesidades de nuestra justicia han


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sido muy importantes. Los ha hecho el Gobierno de la nación con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y los han hecho también las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia; han hecho un esfuerzo presupuestario muy importante y, por lo tanto, hay que reconocerlo y acreditarlo.

Por lo que se refiere al Ministerio de Justicia, en los dos últimos años, por ejemplo, 2015 y 2016, hemos dedicado casi 200 millones de euros a proyectos de modernización tecnológica y a la mejora de los equipamientos y de las infraestructuras; entre 2013 y 2015, se han convocado 250 nuevas plazas de jueces y de fiscales; desde 2013 hasta hoy se han incorporado 521 nuevos jueces a trabajar en nuestros juzgados y tribunales; hemos atendido el cien por cien de las solicitudes de refuerzos que nos han sido solicitadas por órganos jurisdiccionales con competencias en materia de lucha contra la corrupción. Y siendo todo esto cierto -así ha sido durante estos últimos tiempos-, se necesitan más recursos los incrementaremos allí donde sean necesarios, y lo haremos con las dos herramientas que tenemos a nuestro alcance: la convocatoria de nuevas plazas en las ofertas de empleo público, que cada año seguiremos llevando adelante, y mediante la creación de nuevos órganos judiciales allí donde sean necesarios, allí donde las cargas de trabajo acrediten y constaten que existe una sobrecarga de trabajo y que, por lo tanto, es necesario reforzar la planta judicial.

Cuando hablamos de gestión digo siempre -créanme, señorías, que llevo unos cuantos trienios dedicado a esto en las administraciones públicas- que más no es el único adverbio que debemos utilizar, sino que también entra en juego otro que es al menos igual de importante, y me refiero a mejor, como adverbio de modo aplicado a la manera de gestionar los recursos disponibles, aplicado a la manera de organizar la justicia, dedicado a la manera de facilitar su prestación y de cómo podemos ser capaces de racionalizar y de optimizar al máximo los recursos disponibles, que no son escasos.

La reflexión podría ser más gestión y menos normas, y materializarla será el objetivo de tres líneas de acción que considero muy necesario impulsar dentro de un modelo que siempre he defendido de una justicia cercana al ciudadano, una justicia presente en el territorio, una justicia presente en los municipios y compatible con la ventaja de la concentración en determinados asuntos especializados. En primer lugar, de esas tres líneas de trabajo, creo que es posible una oficina judicial y una oficina fiscal moderna, dotada y organizada adecuadamente como mejor forma de organizar el servicio público de la justicia. No dejaremos de trabajar en la implantación continuada y generalizada de la oficina judicial y fiscal. Creo que algo se ha hecho; hemos avanzado en esta dirección. Podemos dar un nuevo impulso y lo daremos, por ejemplo, para que la nueva fiscalía -a la que antes me he referido- cuente con una oficina que preste apoyo funcional, operativo y administrativo a su trabajo, mejorando dentro de ella la colaboración con los grupos especializados en la investigación de los delitos. En esta nueva oficina fiscal, por ejemplo, habrá que debatir el papel de los letrados de la Administración de Justicia, si en las funciones que allí se desarrollarán tuviera sentido que existiesen este tipo de profesionales que hoy no están presentes por el tipo de actividades que en la fiscalía se llevan a cabo. En segundo lugar, creo que es posible tener juzgados mejor organizados gracias a un mejor reparto de las cargas de trabajo. Por este motivo, deberemos llevar a cabo un plan de redistribución de cargas de trabajo, que, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, establezca esos nuevos módulos de entrada y de resolución y que permita incrementar la eficiencia y corregir descompensaciones en la asignación de cargas en los distintos órganos jurisdiccionales. En tercer lugar, señorías, creo firmemente en la especialización de nuestros juzgados para atender mejor las nuevas realidades sociales; de hecho, me parece que esta es una certeza que compartimos varios grupos políticos -así lo he leído ya en algunos de sus documentos-. Por ejemplo, deberíamos trabajar en especializar algunos ámbitos de la fiscalía. Como hemos comentado, existe la posibilidad de crear una fiscalía en la lucha contra la piratería y el ciberdelito así como una fiscalía especializada en cuestiones de la discapacidad.

El tercer gran reto de los seis que mencionaba, señorías, es el de trabajar por la transformación digital de nuestra justicia. Hay tres claves importantes que considero estratégicas en los trabajos que debemos desarrollar en esta legislatura: la digitalización de la justicia, el concepto de justicia abierta y el Registro Civil, al que ahora me referiré. El reto de la digitalización está ligado muy íntimamente a lo que he hablado antes, a una justicia ágil y eficiente. Sabemos todos que no es precisamente novedoso. En el Pacto de Estado para la reforma de la justicia del año 2001 ya se apostaba por el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia. En el año 2003 empezamos a trabajar con LexNET como plataforma segura de comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia y en el mandado del presidente Zapatero se produjeron hitos realmente importantes, como fue el Real Decreto 2007 -que reguló por


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primera vez el uso de las tecnologías-, la digitalización de la Audiencia Nacional -que se inició siendo el actual portavoz del Grupo Socialista secretario de Estado de Justicia- o la aprobación en 2011, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia. Por lo tanto, en esto ya estamos trabajando hace tiempo y lo que hay que hacer es continuar, perseverar, tener objetivos claros y caminar en esa dirección. Es verdad que en España han cambiado mucho las cosas en los últimos años. Hay pocas dudas de que estamos viviendo una etapa en la que las nuevas tecnologías pueden aportar mucho en la mejor calidad de la prestación de servicios públicos, en las relaciones con los ciudadanos, en el consumo, en la información..., todas ellas actividades vinculadas intensamente con el uso de los medios tecnológicos. Hoy Internet forma parte de nuestras vidas cotidianas. Hoy hay ya más de 8 millones de personas consideradas nativas digitales, personas que han nacido con las tecnologías y que en el año 2025 serán un 75 %. No creo que haya nadie hoy que quiera volver al fax, a la máquina de escribir o al tampón de tinta para sellar los documentos. Ese cambio cultural sin duda requiere tiempo y en España llevamos años en ello. Necesitamos tiempo, necesitamos firmeza y voluntad para extender y consolidar esta cultura. Hemos llegado al punto, señorías -y estoy seguro de que ustedes lo compartirán conmigo- en el que la digitalización de la justicia no es una opción en absoluto, es una verdadera obligación que tenemos todos, y precisamente como obligación hemos enfocado este desafío. Saben que durante los dos últimos años ha sido para mí un objetivo prioritario en el Ministerio de Justicia. Reconozco que no ha estado exento de dificultades, de problemas. Hemos acometido el trabajo -que es lo importante-, hemos sumado voluntades y nos hemos volcado en superar las dificultades y las numerosas incidencias que se han producido y que, ciertamente, se siguen produciendo, pero este tipo de procesos complejos y de cambios de cultura son así necesariamente y así debemos interpretarlos.

Aprovecho también este momento para agradecer expresamente el trabajo que han desarrollado todos los operadores jurídicos -los jueces, los fiscales, los letrados, los funcionarios de la Administración de Justicia, los abogados, los procuradores, los graduados sociales-, el esfuerzo que han hecho durante estos dos últimos años -durante muchos más, pero en particular durante estos dos últimos- para estar siempre al frente de la innovación. Sin su trabajo, ciertamente, no hubiese sido posible que, por ejemplo, hoy dispusiéramos de un sistema de comunicaciones electrónicas que permite que las relaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia sean operativas siete días a la semana, veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año. Hoy son más de 68 millones de comunicaciones electrónicas las que se han producido ya entre los profesionales y la Administración. Hoy en el territorio del Ministerio de Justicia, 717 unidades judiciales están ya trabajando en digital, desde la entrada hasta la resolución final, hasta la firma de la sentencia. Hoy son casi 120.000 los nacimientos que se han inscrito en el Registro Civil desde los hospitales en los que se han producido y hoy son más de 20.500 las subastas judiciales que se han desarrollado de manera electrónica a través del portal del Boletín Oficial del Estado. No se trata de un prurito de modernidad, en absoluto; se trata, eso sí, de responder a una sociedad y a unos ciudadanos que sostienen -porque son ellos los que lo sostienen con su esfuerzo y con sus impuestos- un sistema altamente sofisticado de prestaciones y de servicios. La justicia tiene que incorporarse definitivamente a este uso intensivo de las tecnologías, y conseguirlo en esta legislatura es otro de los compromisos que traigo hoy a esta Comisión y a esta Cámara. Estoy seguro, señorías, de que en España, con la implicación de todos, con el esfuerzo de todos, al final de esta legislatura podremos tener plenamente operativa, disponible en todo el territorio nacional una justicia digital. Para que eso sea así, nos proponemos desde el ministerio dar nuevos pasos, por ejemplo, que en la primera mitad de la legislatura todos, absolutamente todos los juzgados y fiscalías de competencia del Ministerio de Justicia sean digitales, llevando así la justicia digital no solo a esos 717 juzgados a los que me he referido antes sino a todos los partidos judiciales, incluso a los más pequeños, al Tribunal Supremo de España o a la Audiencia Nacional.

El segundo reto que quiero asumir es el de implicar a las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de medios personales y materiales para que se alineen con esta estrategia y para que se sumen al compromiso de culminar también la digitalización en esta legislatura. Hoy estamos trabajando con los responsables de las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Asturias, Valencia y Galicia para que durante el año 2017 la solución tecnológica que tenemos disponible en el Ministerio de Justicia -que, como ya les he dicho, está operativa en 717 juzgados- pueda también implantarse en todo su territorio. Si lo vamos a lograr en las comunidades que gestionamos en nuestro ministerio, creo perfectamente posible que lo consigamos en todo el territorio nacional. Para ello haremos todos los


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esfuerzos de cooperación institucional y financiera entre el Estado y las comunidades autónomas para que así sea.

Vamos a potenciar el concepto de justicia veinticuatro horas con nuevos servicios, de tal manera que a partir del próximo mes de enero de 2017 los ciudadanos puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones on line en la sede judicial electrónica del ministerio. A lo largo de todo el año próximo se pondrá en marcha el punto general de acceso para el ciudadano, de tal forma que de manera telemática tenga acceso a sus procedimientos judiciales. Como les decía antes, estamos trabajando con las comunidades autónomas para que en 2017 podamos implantar la solución tecnológica propia del ministerio en todas aquellas que así lo deseen, pero estamos trabajando en algo más, y es que a lo largo de la legislatura podamos contar con algo tan importante como es un sistema de gestión procesal común en todas las administraciones públicas y tengamos por lo tanto un sistema compartido. Me parece que ese es un gran objetivo político; no he oído a nadie negarlo y tendremos que hacer lo posible entre todos.

La segunda idea a la que quiero dedicar unos segundos es el concepto de justicia abierta. Como saben, la tecnología no solo sirve para agilizar procesos o para prestar mejores servicios a los ciudadanos, también puede contribuir a que las instituciones se abran, a que mejoren en su relación con los ciudadanos y a dotarlas de mayor legitimidad. Los procesos de reforma actuales que se están llevando a cabo en todas las instituciones y en todos los Estados están promoviendo un Estado abierto, informado por nuevos atributos que tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la participación o con la colaboración de los ciudadanos en el diseño y en la prestación de los servicios públicos. Parece evidente y muy razonable que a esta tendencia general se sume también nuestra justicia. Por lo tanto, hablar de justicia abierta implica situar al ciudadano en el epicentro de nuestro sistema, implica ser transparentes, implica también rendir cuentas en un ejercicio de responsabilidad colectiva que nos debe comprometer a todos. Son ideas todas ellas que no traigo yo como propias; estaban, una vez más, recogidas en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada en el año 2002 por unanimidad en esta Cámara, o planteadas en Gobiernos anteriores, por ejemplo, en el Plan de transparencia judicial del año 2005. El Consejo General del Poder Judicial contará siempre con nuestra más leal colaboración para perfeccionar un verdadero sistema de control del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, y todo lo que sea recorrer esta senda será, sin duda, muy bienvenido. Sostenía Popper que en las sociedades abiertas las decisiones se basan siempre en la autoridad que confiere la inteligencia. Creo que a medida que vayamos implantando más tecnologías en nuestras administraciones de Justicia tendremos más información y más datos y que su gestión servirá para mejorar la toma de decisiones y para ser más transparentes en nuestro compromiso con los ciudadanos. Trabajaremos también para mejorar la estadística y la información judicial y, además, el próximo año, como les he dicho antes, cualificaremos el derecho de acceso de ciudadanos y profesionales a la información, permitiendo la consulta de expedientes a través de la sede judicial electrónica.

En este reto, en el reto de la digitalización, termino ya con el tercer elemento, que es el Registro Civil. Señorías, les propongo algo tan básico y tan importante a su vez como es culminar la reforma del Registro Civil que se previó en la Ley 20/2011, que fue aprobada en esta Cámara con el consenso de todos los grupos políticos y que por diversos motivos, que son bien conocidos, se ha ido posponiendo. En primer lugar, lo que planteo es una reforma, como les he dicho desde el principio, desde el diálogo, diálogo político y profesional, con un compromiso inquebrantable: impulsar un Registro Civil público, gratuito, electrónico, más seguro y operativo, con todas y cada una de esas características y todas y cada una de esas propiedades. En segundo lugar, para superar viejos debates y para despejar todo tipo de dudas, dejo encima de la mesa una propuesta que confío en que sea un buen principio para el inicio del trabajo. Por un lado, propongo cumplir con el mandato de esta Cámara y, por lo tanto, que la llevanza del registro sea cien por cien pública, confiando en que su atribución a un determinado cuerpo de empleados públicos pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales -pueden ser los letrados de la Administración de Justicia o los que acordemos-, con los representantes de los trabajadores y en esta Comisión, con la idea también de crear oficinas generales del Registro Civil que tengan plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia singularizadas dentro de los juzgados que atienden esta función junto con otras de ámbito civil o penal. Por otro lado, señorías, para acabar -insisto- con todos los viejos debates y superar todo tipo de desconfianzas, también propongo que la gestión de esta llevanza sea cien por cien pública, con un sistema electrónico de gestión del Registro Civil de titularidad estatal, que permita la transición desde el modelo actual fragmentado en secciones hasta el nuevo modelo de folio


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personal al que hay que llegar -insisto- con una aplicación de gestión del Registro Civil de titularidad estatal. Por lo tanto, llevanza pública y sistema de gestión absolutamente público.

El cuarto reto de los seis que apuntaba, señorías, es el reto de una justicia que crea en sus profesionales. Este es un sector, evidentemente, de personas, es un sector en el que el papel de las personas y los profesionales tiene la clave fundamental del buen funcionamiento y de la calidad en la prestación de servicios. Por esta razón, siempre estaremos dispuestos a trabajar por facilitar, por dignificar, por estimular y por reconocer el extraordinario trabajo que desempeñan los profesionales de la justicia, y lo haremos como lo hemos hecho siempre, escuchando a todos, dialogando con todos y construyendo un futuro con todos. Si esta va a ser -lo decimos permanentemente- la legislatura del acuerdo, en él no podrían faltar quienes de verdad, día tras día, en las oficinas judiciales, en los juzgados, en los despachos prestan un encomiable servicio a la ley, al derecho, a la justicia, a la sociedad y, por ende, al conjunto del país. Creo que es bueno acudir al diálogo -en cita de Walter Benjamín- como técnica de acuerdo civil, y por eso renuevo mi ofrecimiento de encuentro y diálogo con todos los colectivos profesionales. Venimos practicándolo con fluidez a lo largo de estos dos años y es imprescindible seguir con esa práctica para impulsar las tareas que tenemos por delante, por ejemplo, para promover una carrera judicial y fiscal profesionalizada y especializada mediante el impulso de sistemas de promoción profesional basados en la experiencia, sin duda, pero también en la especialización y en la formación continua, así como en el desarrollo de esta carrera basada en la objetividad y en la transparencia. Asimismo, es absolutamente necesario en el nuevo modelo de justicia penal al que me he referido antes dotar al ministerio fiscal de un nuevo estatuto que sustituya al ya exhausto de 1981, que atienda las necesidades formativas, operativas y profesionales de los fiscales; que atienda a su profesionalización y a su especialización; que se adapte, sin duda, al nuevo papel que le queremos asignar como director de la investigación y, en ese contexto y muy razonablemente, que refuerce su autonomía en el desempeño de sus funciones. Apoyaremos también el excelente trabajo que están desarrollando los letrados de la Administración de Justicia, fomentando su capacidad de dirección de equipos y de liderazgo en los procesos de modernización tecnológica. Bajo su dirección, como es conocido, se gestionan las oficinas judiciales, las cuales seguiremos impulsando para su implantación en todo el territorio nacional. Seguiremos apostando por el cuerpo de letrados, por cuanto han sido y deben seguir siendo claves en la transformación digital de la justicia; un papel reforzado con las nuevas funciones que también, como he mencionado, podrían pasar a desempeñar, si así se acuerda en el contexto de la negociación colectiva, para el desarrollo del nuevo Registro Civil.

En relación con todos los profesionales y su cualificación, su imprescindible formación continua y especializada, considero fundamental el trabajo que hay que desarrollar desde el Centro de Estudios Jurídicos; organismo que cuenta y seguirá contando con el decidido apoyo del departamento. El diseño de sistemas de promoción profesional que tomen en cuenta la formación, la experiencia y la cualificación de los profesionales tiene que ser necesariamente uno de los ejes de trabajo en esta legislatura. De la misma manera, sería también imposible entender el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia sin la consideración de todos los funcionarios al servicio de la misma. Los cuerpos de auxilio, tramitación y gestión procesal conforman el eslabón más amplio de la cadena que configura nuestra Administración de Justicia, y a ellos también quiero dirigirme, además de para transmitirles mi gratitud por el esfuerzo que están haciendo en estos años difíciles, por su vocación de servicio público, para ponerles de manifiesto que, incluso dentro de las dificultades y las apreturas presupuestarias con las que tenemos que convivir, nos esforzaremos para impulsar todas las medidas que les ayuden a hacer mejor su trabajo, que les garanticen que están dotados de las capacidades formativa adecuadas para su labor, y todo ello dentro de un modelo organizativo que se cualifica con la introducción de las nuevas tecnologías o con la implantación, como ya he dicho antes, de la oficina judicial y de la oficina fiscal. En esta Administración de Justicia de profesionales no me puedo olvidar tampoco de la extraordinaria ciencia legal que se practica por el Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, cuyo trabajo seguiremos apoyando para que pueda seguir suministrando certezas a la Justicia, tanto mediante el desarrollo del Consejo médico forense como órgano consultivo y de asesoría a nivel nacional, como incrementando la calidad del sistema de acceso y el respaldo a los institutos de medicina legal.

En este ámbito de profesionales, señorías, como bien saben ustedes, España cuenta además con un sistema de seguridad jurídica preventiva reconocido como uno de los más avanzados del mundo gracias a la labor de los notarios y de los registradores. Su alta cualificación jurídica y su implantación siempre próxima al ciudadano en todo el territorio son esenciales para instrumentar con certeza y con agilidad las situaciones personales y familiares, así como para garantizar infinidad de transacciones económicas y


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luchar con eficacia contra el blanqueo de capitales. Considero que todavía hay espacio por recorrer y para seguir perfeccionando la contribución de ambos colectivos al servicio público y a los ciudadanos en áreas como las de la jurisdicción voluntaria, sociedades o coordinación entre el registro y el catastro, y lo haremos como lo hemos hecho en la pasada legislatura, desde el diálogo y desde el trabajo compartido con sus representantes.

También quiero manifestar nuestro compromiso de redoblar los esfuerzos de trabajo compartido con los abogados, con los procuradores, con los graduados sociales, con todos los operadores jurídicos que desempeñan su trabajo en unas condiciones que sin duda pueden mejorarse, y queremos tener en cuenta sus opiniones, sus inquietudes en la mejora del derecho a la defensa, en el fortalecimiento de las garantías, en la actuación y en la agilidad del funcionamiento de nuestra justicia. El afianzamiento de la labor y del papel que desempeñan estos profesionales, como piezas clave para una buena Administración de Justicia, es algo que deberá estar muy presente durante toda la legislatura y será sin duda un eje fundamental de actuación, como ya lo ha sido en el pasado, del departamento. Para ello, por ejemplo, y a efectos meramente indicativos, tenemos que seguir trabajando por la revisión del modelo actual de acceso a la abogacía y a la procura, dentro de un proceso de diálogo extenso que pueda abarcar aspectos de mejora del marco regulatorio de la profesión de abogado en su sentido más amplio: los derechos, los deberes, el régimen jurídico, su organización corporativa y la mejora del acceso a la abogacía mediante exámenes más prácticos, más vinculados con el ejercicio de la profesión y en cuyo desarrollo participen también los colegios profesionales.

Tampoco quiero dejar de mencionar un elemento tan importante, canalizado a través de los colegios profesionales, como el servicio público de asistencia jurídica gratuita, con el fin de asegurar unos niveles de calidad y de competencia profesional que sean los pilares de garantía del derecho constitucional a la defensa. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en esta materia tenemos que seguir trabajando para que el servicio se preste de manera ágil y eficiente y sea suficientemente comprensivo de la diversidad de situaciones que existen en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, que sin duda puede ser objeto de revisión y de mejora. También quiero expresar nuestro compromiso con una retribución digna y pronta a los profesionales del derecho que trabajan en este ámbito.

El quinto de los retos a los que me refería es el de una justicia impartida para las personas. La ley es sin duda uno de nuestros bienes públicos por excelencia y por eso no podemos nunca obviar a las personas. No hay sociedad sin derecho y creo que podemos seguir haciendo más y mejor nuestra sociedad desde la ley. No podemos dar la espalda a quienes sufren la injusticia. Tenemos sin duda una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de protección de colectivos vulnerables, y creo sinceramente que, desde el acuerdo, podríamos ensanchar, ampliar y mejorar esta legislación y cualificarla al menos en aquellas cuestiones que estoy seguro que van a concitar el apoyo de todos nosotros. Por ejemplo, una prioridad absoluta de esta legislatura tiene que ser sin duda perfeccionar nuestro modelo en la lucha contra la violencia de género, de una manera integral, con un planteamiento transversal que alcance al conjunto del ordenamiento jurídico -no solamente a las leyes propias de esta Comisión- y a todos los servicios que presta la Administración. En el Pleno de esta Cámara del pasado 15 de noviembre, con la unanimidad de todos nosotros, ya empezamos a trabajar con esta visión, lo cual me parece un magnífico comienzo. Otra prioridad absoluta deberá seguir siendo la protección de los menores, fomentando un tratamiento específico para ellos en todos los procesos judiciales, por ejemplo, mediante la implantación de un protocolo para la orientación sobre la manera, absolutamente garantista con sus derechos, de atender a un menor inmerso en un proceso judicial o mediante el impulso de las salas amigables, adaptadas a sus necesidades en los entornos judiciales. Allí donde existen, allí donde se han implantado, han sido una magnífica experiencia que deberíamos hacer extensiva a la totalidad del territorio nacional.

Este paquete de acciones -lucha contra la violencia, protección de los menores- debería complementarse con una ley orgánica del derecho a la defensa, que nos podría convertir en un referente en la protección de los derechos de los ciudadanos ante la justicia. La voz de todos los operadores jurídicos, con un protagonismo especial de la abogacía, será indispensable, y de su mano, junto con la de todos los demás, estoy seguro de que podremos sacar adelante uno de los proyectos más interesantes de esta legislatura. En esta legislatura, señorías, las víctimas del delito que tanto concitaron nuestro interés en la X Legislatura no caerán en absoluto en el olvido, seguirán ocupando el papel central que les corresponde por derecho y serán las beneficiarias, a través de las instituciones, de las administraciones públicas, de las organizaciones no gubernamentales y de las entidades que velan por sus intereses, por


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ejemplo, de los recursos económicos que procedan de la Oficina de recuperación y gestión de activos procedentes del delito.

En cuanto a las tasas, es evidente que es un asunto que está en el debate social, en el debate político -así lo pone de manifiesto la solicitud de comparecencia del Grupo Socialista por este tema específico-, y me comprometo, señorías, a trabajar en ello para revisar el sistema de tasas judiciales, para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional y para promover una justicia más accesible, acorde a nuestra realidad social. En esta revisión, sin duda, cabrá, como de hecho ya ha aprobado esta Comisión por unanimidad, la exención a otros colectivos potencialmente beneficiarios, como las pymes, las entidades sin ánimo de lucro o las comunidades de propietarios; así fue declarado unánimemente por esta Comisión. Estoy seguro de que entre todos seremos capaces de afinar esa reforma que mantenga -en nuestra opinión, es necesario- un sistema de tasas proporcionado en su cuantía, como nos ha dicho el Tribunal Constitucional, un sistema de tasas para aquellas personas jurídicas que utilicen la justicia como modo de resolver sus litigios, sus controversias y que, por tanto, razonablemente, deben contribuir a su funcionamiento.

En relación con la vida cotidiana de ciudadanos y empresas y, sobre todo -me importa especialmente- de las pequeñas y medianas empresas, considero de un gran interés, no solamente doctrinal o jurídico sino de enorme impacto práctico en la actividad económica de nuestras empresas, como digo, la modernización del derecho de obligaciones y contratos en nuestro país. Sigue vigente, básicamente, en nuestro país la legislación establecida en sendos códigos decimonónicos, el Código Civil, de 1881, y el Código Mercantil, de 1885, que ha sido parcialmente modificado y adaptado a la nueva realidad socioeconómica de nuestro tiempo a través de un proceso de aluvión en relación con la Unión Europea, a través de distintos vehículos normativos, o cuando han aparecido determinadas figuras nuevas y han requerido su modificación. Estoy convencido de que necesitamos una legislación completa, una legislación sistemática y moderna propia del siglo XXI. Por tanto, se hace necesario actualizar el Libro IV del Código Civil y aprobar un nuevo Código de Comercio, para lo cual contamos sin duda con la inestimable colaboración de la Comisión General de Codificación, de modo que cambiemos normas obsoletas, superemos la dispersión normativa, mejoremos la coordinación y consistencia entre normas civiles, mercantiles y de protección de los consumidores, reduzcamos cargas con el fin de mejorar la eficiencia en las transacciones económicas, demos respuesta adecuada a las nuevas formas de contratación on line propias de la sociedad actual y, en definitiva, creemos un marco que nos dote de seguridad jurídica adecuada al momento actual. Creo, señorías, que está perfectamente acreditado que un derecho de obligaciones moderno y que ofrezca un alto grado de seguridad jurídica es un elemento esencial, como decíamos al principio, de la confianza económica, que es un presupuesto para el consumo, para la inversión y, por tanto, para la creación de empleo y para el crecimiento.

Como sexto eje, señorías -voy cerrando ya este esquema de seis retos-, está el reto de una justicia fuerte en su independencia y fuerte e implacable en la lucha contra la corrupción. Comienzo abordando una de las cuestiones que más debate suscita, probablemente lastrada por una herida no cerrada tras la reforma del Consejo del Poder Judicial del año 1985, y me estoy refiriendo, como ustedes bien saben, a la idea de la independencia del Poder Judicial y, en relación con ella, al análisis de cuánto más podemos hacer para fortalecer ese concepto tan importante en un Estado de derecho. Quiero iniciar mi intervención en este punto en relación con la independencia y el fortalecimiento de la justicia con una declaración firme, convencida y enérgica, de defensa a ultranza de la labor que desempeñan en España los jueces y magistrados. Ellos son los responsables de que en España, como en todas las democracias sanas del planeta, el Estado de derecho funcione, las leyes se cumplan y la igualdad de derechos y libertades se garantice para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Contamos, señorías -estoy convencido-, con una de las judicaturas más independientes del mundo, hasta el punto de que son las propias asociaciones judiciales las más activas a la hora de proponer líneas de mejora, refuerzo y blindaje de la que seguramente ya es la mayor garantía que puede existir a la hora de impartir justicia: la independencia. Lo que quiero decir, señorías, es que si hay fórmulas para mejorar la percepción social de la independencia judicial -que quizás es donde está planteado el debate, no tanto en la independencia en sí misma como en la percepción social de esa independencia-, estudiémoslas, veamos cómo podemos articularlas, seguro que la mayoría tenemos identificadas cuáles podrían ser, y esperamos las propuestas de los grupos y de las asociaciones judiciales para trabajar inmediatamente al respecto.


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Yo pongo encima de la mesa algunas cuestiones en las que ya creo que podríamos obtener respuestas provechosas en los trabajos de la subcomisión que hemos planteado crear, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Parece que hay consenso pleno en otorgar a los jueces un protagonismo mayor en el proceso de elección, y por nuestra parte, por mi parte no tengo ningún inconveniente en que así sea. Si existen caminos para perfeccionar el sistema actual, para reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos ni renunciemos de antemano a nada. Como ya he dicho antes, las propuestas de los grupos, y muy en particular de las asociaciones profesionales, sin duda serán un buen punto de partida para trabajar en esa materia.

En segundo lugar, en esta misma línea les propongo, señorías, revisar el sistema de nombramientos de presidentes de tribunales y de magistrados del Tribunal Supremo, y apunto ya dos líneas de trabajo que requerirían lógicamente una modificación consensuada de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por un lado, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados para las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de Justicia. Por otro lado, podríamos plantear un modelo de reducción de la discrecionalidad en el sistema de nombramientos, introduciendo criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones, estableciendo comisiones de expertos para la valoración de méritos, objetivando aún más el sistema de valoración de las plazas que se cubren por concurso. Se me ocurre que todos estos elementos pueden ayudar sin duda a mejorar la objetividad y a limitar la discrecionalidad en el sistema de nombramientos.

Una tercera propuesta que vengo defendiendo reiteradamente desde hace algún tiempo -que formalizo aquí para que conste en el Diario de Sesiones- es regular lo que se ha dado en llamar las puertas giratorias entre la justicia y la política. Esto traería consigo también una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por lo tanto, necesita el consenso y la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, y permitiría revisar la regulación actual, que permite que jueces y magistrados alternen -en el momento actual, insisto- sin solución de continuidad, su labor jurisdiccional con el desempeño de cargos políticos. Entre la total desregulación actual y la ultralimitación radical estoy seguro de que hay modelos intermedios y muy razonables para ser analizados. Deberíamos ir más allá de una mera declaración de principios éticos o de pautas de comportamiento voluntario, de manera que la ley regule de manera detallada estas situaciones y me parece, señorías, que estaríamos haciendo un buen servicio para blindar el concepto constitucional de independencia judicial.

En cuarto lugar, considero fundamental también, señorías, no solo despolitizar la justicia sino también desjudicializar la política. Por las razones que sean, el abuso o el mal uso de la institución de la acusación popular ha pervertido el sentido de esta figura, que ciertamente tiene relevancia constitucional. La política, señorías -estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo-, no se ejerce en los juzgados; los tribunales están para otra cosa, para resolver conflictos jurídicos y no disputas ideológicas. Creo que esto no es solo un planteamiento razonable, sino que también es muy saludable en términos democráticos, porque la base de un Estado de derecho es que los jueces imparten justicia en los tribunales, como debe ser y donde debe ser, y los políticos hacemos política en el Parlamento y en la calle, como debe ser y donde debe ser. Por ello, señorías, en relación con la acusación popular, ya el Tribunal Supremo de España ha reconocido que en derecho procesal comparado la tendencia legislativa en Europa es sumamente restrictiva, cito entre comillas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no olvidemos que es la primera autoridad judicial y el máximo representante del Poder Judicial en España, ha señalado de manera expresa y pública -y cito literal- que la ley debería restringir la acusación popular para poner coto a las actuaciones indebidas. El Partido Socialista en su última legislatura llegó a proponer la revisión de esta figura, y se plasmó así ya en un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal en 2011. Estoy seguro de que podremos llegar a un modelo de concertación de manera que la acusación popular sea lo que quiso nuestra Constitución que fuese, un mecanismo de participación de los ciudadanos en la justicia, pero nunca un instrumento al servicio de la política ni de espurios objetivos no judiciales.

Como les decía antes, señorías, además de fortalecer la independencia de nuestra justicia, el otro gran objetivo en esta materia tendría que ser también el fortalecernos en la lucha contra uno de los grandes enemigos de las democracias actuales. Me estoy refiriendo a la lucha contra la corrupción. Es objetivo, y lo creo firmemente, que no hay ningún país en el mundo que en tan poco tiempo haya hecho tanto como España en la lucha contra la corrupción. Nos han escandalizado a todos los casos que se han conocido del pasado y hemos reaccionado con firmeza, con energía, y han sido múltiples, como sus señorías conocen, las reformas adoptadas en esta materia. Hemos hecho lo que teníamos que hacer; no


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estamos complacidos, no estamos conformes, hay que seguir trabajando en esta dirección y para que la corrupción deje de ser un problema real y un problema de percepción por parte de nuestros ciudadanos. Estoy seguro de que hay propuestas en las que vamos a coincidir y en las que podemos trabajar con firmeza, como nos pedía su majestad el rey en la sesión solemne de inauguración de la legislatura. Con firmeza podríamos limitar los aforamientos relativos a los aproximadamente dos mil cargos políticos que hoy tienen la condición de aforados. Trabajemos en esta Comisión y en la subcomisión que hemos propuesto crear el cómo, el quién, el cuándo y para qué tipo de actividades podría llevarse a efecto esa limitación, que tienen, como bien saben su señorías, unas implicaciones de técnica legislativa ciertamente complejas, por cuanto afectan nada menos que a la Constitución o a los propios estatutos de autonomía. Pero eso no debería ser una restricción para no abordar esta cuestión y para hacer propuestas eficaces de limitación de los aforamientos.

Con la misma firmeza también, señorías, podríamos articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción. El derecho de gracia es una institución que está presente en nuestro derecho desde el siglo XIII y en todas nuestras constituciones, incluida la Constitución republicana del año 1931. Lo cierto y verdad es que su uso hoy por hoy es absolutamente excepcional. De hecho, ya hemos pasado de un escasísimo 6,6 % de concesiones en relación con las peticiones presentadas en el año 2012 a un 1,24 de indultos concedidos en el año 2015 en relación con la base cien de los solicitados; y en estos dos últimos años, señorías, no se ha concedido ni un solo indulto a nadie que haya sido condenado por algún delito vinculado con la corrupción, ni tampoco con la violencia de género, familiar o con los accidentes de tráfico. Lo que planteo, por tanto, señorías, es llevar a la ley lo que de facto ya se viene haciendo en la práctica: no conceder ningún indulto a condenados por corrupción. Además de objetivarse el ejercicio del derecho de gracia, lo cual sin duda ya incrementaría la seguridad jurídica, también se refuerza un valor y un principio que debemos rescatar en el ejercicio cotidiano de la política: la ejemplaridad. Creo, como sostiene Javier Gomá, en el inmenso poder del ejemplo y, por tanto, los responsables públicos tenemos que ser los primeros en dar ejemplo, no los primeros en indultarnos, si me permiten la expresión. Lo que les propongo es que la corrupción no se indulte jamás y que esa decisión no dependa ya nunca más de un Gobierno sino que sea la ley la que lo establezca. En tercer lugar, señorías, me parece también que hay un cierto consenso político en cuanto a la necesidad de abordar un vacío que existe en nuestro marco normativo. Me refiero a la regulación de los lobbies. Si ocho países europeos ya cuentan con una regulación propia en esta materia, incluso hay alguna comunidad autónoma que está dando pasos en esta dirección, no veo ninguna razón que impida al Parlamento de la nación ponerse manos a la obra, trabajando a través de los distintos departamentos implicados en esta materia, para definir una regulación marco de los lobbies que tenga aplicación en todo el territorio nacional y no estemos en legislaciones fragmentadas de carácter autonómico.

Por último, señorías, aunque tendremos ocasión sin duda de hablar de esta materia y de hacer una lista detallada, larga y concisa de medidas anticorrupción, me gustaría destacar otra propuesta en la que creo que deberíamos trabajar, que es la mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción. Estoy completamente abierto a este debate para perfeccionar nuestro modelo, sin olvidar nunca las cautelas que ha expresado el Tribunal Supremo con relación a sistemas que rinden culto a la delación y los riesgos a los valores de convivencia y al círculo de derechos fundamentales que nos asiste como ciudadanos. En este marco, en este contexto, y sabiendo cuáles son los riesgos, seguro que encontraremos respuestas y ofrezco mi total disposición para buscarlas.

Voy terminando ya, señora presidenta, señorías. Soy muy consciente de que en una intervención de estas características me dejo en el tintero múltiples materias, múltiples temas -alguno de ellos le corresponde gestionarlo al departamento y no puedo presentar con detalle-, pero, en todo caso, permítanme pinceladas brevísimas de asuntos que tienen relevancia. Por ejemplo, estoy pensando en la extraordinaria tarea que se desempeña para que España sea un ejemplo de tolerancia, de respeto y de convivencia en el complejo ámbito de la libertad religiosa. La labor de la Comisión asesora de libertad religiosa siempre encontrará un aliado en el Gobierno de España para seguir haciendo de nuestro país un referente en esta materia. También pienso en la Abogacía del Estado y en su extraordinaria labor en la defensa de la ley, del Estado de derecho y del interés general, y también en el excelente servicio que se presta desde organismos adscritos al departamento, como son el Centro de Estudios Jurídicos, la Mutualidad General Judicial o la Agencia Española de Protección de Datos, que, como saben, actúa con personalidad jurídica propia y con independencia del Gobierno, y que tiene muchos desafíos, entre ellos los relativos al nuevo reglamento europeo aprobado recientemente. También pienso en el trabajo que


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tenemos por delante para seguir fortaleciendo Europa -muy especialmente en estos momentos- desde la cooperación jurídica, en un ejercicio de armonización y de transposición que siempre ha gozado -me consta- de la máxima sensibilidad de los grupos parlamentarios. Estoy seguro de que esa sensibilidad se mantendrá viva cuando tengamos que abordar tareas exigentes en contenidos y en plazos -me temo- para la trasposición de directivas, que estarán muy en breve en esta Cámara.

Y hablando de cooperación jurídica, por supuesto también pienso en los lazos, cada vez más fuertes, que tejemos con Iberoamérica, convencidos de que ese esfuerzo de cooperación es imprescindible para la mejora de nuestro espacio iberoamericano de seguridad, justicia y libertad. No dejaremos de trabajar para que ese espacio compartido sea cada vez más firme, más seguro y más eficaz y, por lo tanto, estrecharemos la labor de colaboración que hacemos con diversos foros, entre los que destaco la Conferencia de Ministros de Justicia de países iberoamericanos, la Comjib, que tiene su sede aquí en Madrid.

Ahora sí, señora presidenta, señorías, concluyo ya y lo hago como empezaba, dando las gracias a esta Comisión y a todos ustedes por su amabilidad en la organización de esta comparecencia, por el interés que muestran cada día por nuestra justicia, un ámbito cuya reforma precisa de un denominador común del que estoy seguro que todos participamos: visión de Estado, soluciones estructurales y estables y participación y diálogo como fuente de la legitimación de todo aquello que queremos construir. Edificar y consenso son dos hermosas palabras que me gustaría que incorporásemos al proceso de transformación que precisa la justicia española. Decía Le Corbusier, uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna, que la mano abierta es una actitud de vida; la mano abierta es recibir y dar, es signo de optimismo ante el mundo moderno. Eso es lo que les ofrezco hoy aquí, señorías, una mano abierta para lo que tengamos que construir, que todo ello nazca de la concertación y del encuentro; no solamente porque así lo exijan los nuevos tiempos -les aseguro que no-, sino porque no lo concibo de otra manera. No concibo de otra manera el diálogo, la concertación y el encuentro para abordar todas las reformas que nuestra justicia reclama.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su prolija intervención. Sé, además, que ha hecho un esfuerzo para tener en cuenta todas las cuestiones que están pendientes en el ámbito de la Administración de Justicia.

Vamos a pasar a dar la palabra a los representantes de los grupos parlamentarios, a los distintos portavoces. En la medida de lo posible, trataremos de respetar el acuerdo al que llegamos en la reunión de Mesa y portavoces de que las intervenciones se hagan por un tiempo máximo o aproximado de diez minutos. Seremos tolerantes, y si alguien necesita menos de diez minutos, evidentemente, puede hacerlo. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.

Ministro, buenas tardes. Soy Enric Bataller, diputado de Compromís, adscrito al Grupo Mixto. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena por haber obtenido la renovación de la confianza al frente de su ministerio en esta legislatura que, como usted ha indicado, debe estar presidida por el consenso dada la pluralidad que existe en este Parlamento, que lo hace inevitable.

Por la brevedad del tiempo del que dispongo, no entraré en cuestiones sobre las que seguramente le preguntarán mis compañeros, relativas a las tasas judiciales, la justicia gratuita, la situación que padecen los denunciantes de corrupción -situación, como debe conocer, muy lamentable-, las cuestiones relativas a la oficina judicial, la planta judicial, etcétera. Todo eso se lo dejo a ellos, y yo me centraré únicamente en dos cuestiones. Empiezo con la primera.

El 4 de octubre de este año, esta Comisión aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana y transaccionada con Compromís, por la que se insta a la pronta reforma del artículo 22 del Código Civil, para incluir al pueblo saharaui en la vía privilegiada de acceso a la nacionalidad española mediante residencia por tiempo solamente de dos años, reiterando así la unanimidad que también se dio en la sesión de 5 de abril de la Legislatura XI. Dado que España ostenta en este mes la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y como muestra de nuestra voluntad por contribuir al reconocimiento del pueblo saharaui, quisiera pedirle ahora que asumiera el compromiso como representante del Gobierno de España de promover esta reforma legislativa a la mayor brevedad posible, para que su comparecencia en esta Comisión sirviera también para lanzar un mensaje de esperanza a esa comunidad humana tan castigada.


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La segunda cuestión en la que quería entrar es la relativa al derecho civil valenciano, que desgraciadamente esta semana pasada ha vuelto a estar de actualidad -o más bien debería decir de no actualidad- por motivo de la tercera sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad de una de las leyes aprobadas por las Cortes Valencianas en uso de las competencias que tiene atribuidas por su estatuto. El Estatuto valenciano, promulgado por una ley orgánica del año 1982, fue reformado por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en cuyo articulado, para evitar las disfunciones que se habían experimentado durante la vigencia de la redacción primitiva, se introdujeron una serie de menciones que aseguraban la competencia legislativa de la Generalitat valenciana en materia de derecho civil, y siempre expresamente en los términos previstos en el artículo 149, apartado 1, regla 18.ª de nuestra Constitución.

Esta reforma estatutaria, validada por las Cortes Generales mediante su conversión en ley orgánica, nunca ha sido cuestionada en su constitucionalidad, por lo que hemos de entenderla como perfectamente adecuada a nuestra norma máxima. Pero, sorprendentemente, los problemas surgieron en cuanto la Generalitat valenciana empezó a hacer uso de esta competencia para dictar leyes a su amparo. Así, la Ley 10/2007, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, fue recurrida por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional no solo porque considerase inconstitucionales algunos de sus preceptos, sino también porque se negaba la mayor: la competencia de la Generalitat en esta cuestión.

A pesar de que la Generalitat se avino a reformar los concretos artículos sobre cuya constitucionalidad se dudaba, el Gobierno del Estado mantuvo su recurso, como también hizo contra las leyes 5/2011 y 5/2012, ambas de la Generalitat Valenciana, y que respectivamente regulaban la custodia compartida y las uniones de hecho. Todas estas normas que le acabo de citar han sido declaradas inconstitucionales. No entraré aquí en cuestiones jurídicas sobre estas sentencias, que entiendo más que discutibles, sino únicamente sobre las consecuencias políticas que de entrada se derivan. En primer lugar, estas sentencias han declarado inconstitucionales las tres leyes, basándose en la aplicación directa del artículo 149 de la Constitución, sin pasar por la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos del Estatuto de Autonomía que le sirven de título. La consecuencia política es que en esta materia el Estatuto de Autonomía valenciano se ha convertido en papel mojado, lo cual genera una grave inseguridad jurídica. Otra consecuencia política importante es que el Estado -y ha tenido oportunidad- no ha retirado los recursos que se habían planteado, a pesar de que podía hacerlo -como tenemos muchísimos ejemplos en otros casos que no voy a entrar a enumerar- y además desoyendo la movilización que de la sociedad civil valenciana se había planteado. Dicha movilización estaba encabezada por la Associació de Juristes Valencians, que es una asociación apartidista que ha conseguido reunir las voluntades de más de 150 municipios que representan a la inmensa mayoría de la sociedad valenciana, que reclama -ahora ya han llegado tarde- la retirada de estos recursos y en cualquier caso la solución por parte del Estado de este problema. Hay, como digo, más de 150 ayuntamientos que se han adherido a esta petición, de los cuales 41 ya han registrado aquí, en esta Cámara, esta petición e igualmente lo están haciendo en Presidencia del Gobierno.

Otra cuestión que políticamente entiendo que es importante -y se lo quiero ya anunciar- es que Las Cortes Valencianas en breve tramitarán una propuesta de reforma de la Constitución que después vendrá a estas Cortes para que la tomemos en consideración. Ahora que se extiende la idea de la necesidad de reforma del texto constitucional -y esto se da también entre figuras de su propio partido- le pido que traslade al Gobierno la necesidad de asumirla y no caer en el error de que el derecho civil valenciano debe ser una víctima más de las políticas de recentralización, que yerran el tiro si quieren tomarlo como diana. La pluralidad normativa en materia de derecho civil es una cuestión que está asentada en España, que deriva del propio artículo 149 de la Constitución. Lo que pasa es que este artículo tiene una redacción desafortunada que provoca unas consecuencias discriminatorias, las cuales deben ser corregidas, y entiendo que nada debería oponerse a su reforma. Por tanto, también me gustaría -y con esto concluyo- pedirle el compromiso relativo a que su Gobierno no será un obstáculo a la hora de reparar esta discriminación mediante la oportuna reforma constitucional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bataller.

Señora Ciuró, tiene la palabra.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones.


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Efectivamente, la Administración de Justicia es la eterna asignatura pendiente. Nos gustaría que abordásemos uno de esos temas que con más intensidad afectan a la ciudadanía y a los que creemos en esta justicia, como son su imparcialidad y su independencia. Me ha parecido muy acertado en una cuestión de rabiosa actualidad lo que hoy usted ha manifestado en relación con defender el principio de presunción de inocencia de Cristiano Ronaldo en materia del affaire de su presunta evasión fiscal. Pero esto nos ha puesto el espejo en lo que usted no manifestó ante unas acusaciones similares, por un tema similar y que resultaron falsas, que se publicaron contra el señor Trias y contra el señor Mas, unas acusaciones bochornosas en plena campaña electoral. Ahí encontramos a faltar por parte del Ministerio de Justicia de este Estado la apelación al principio de presunción de inocencia. No he escuchado decir nada contra lo que dijo el señor Fernández Díaz en materia de que en este país la fiscalía puede afinar expedientes. En cuanto al reto de la independencia judicial, ahí tiene usted un arduo trabajo para desmentir y aclarar aspectos que verbalmente -y de hecho, después de oír grabaciones ignominiosas- resultan de los despachos de los ministerios de este Gobierno.

Precisamente, en relación con el nombramiento del fiscal general del Estado, le quería preguntar una curiosidad, señor ministro. Ya que esta Cámara no tiene la facultad de poder votar a favor o en contra del propuesto sino que simplemente somos unos oyentes del postulante, quería preguntarle sobre una curiosidad, ¿por qué usted cambió a su candidata, doña Consuelo Madrigal, a ocupar esa plaza por el señor Maza, cuando usted incluso había hecho apología de la persona de la señora Madrigal para ocupar la plaza de fiscal general del Estado? Nos sorprendió el cambio de criterio, no era cuestión de preguntárselo al fiscal general postulante, pero ahora que le tenemos a usted delante queremos preguntarle qué motivó este cambio. Es lo máximo que podemos preguntar puesto que, como le digo, esta Cámara es oyente del proponente del fiscal general del Estado por parte del Gobierno. Nos gustaría que nos satisficiese esta curiosidad. Además, también nos gustaría saber cómo va a garantizar la autonomía que clamaba el señor fiscal general propuesto desde su figura, que, de hecho, es la figura -la del fiscal general- que está detrás de la mayoría de las querellas presentadas contra políticos catalanes por haber dado la voz al pueblo de Cataluña y haber puesto las urnas el 9 de noviembre. No es tanto la acusación particular, que también, como la fiscalía, que fue obligada incluso a cambiar de criterio por parte del Gobierno del Estado. Nos gustaría saber cómo va a garantizar esta independencia de la autonomía del fiscal que tanto clamaba el señor Maza en su comparecencia. Además, la independencia judicial no es percibida como inexistente únicamente por la ciudadanía, sino que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa también lo ha dicho, pues de las once recomendaciones que se dieron al Estado español en 2013 no se ha cumplido ninguna. Por tanto, el trabajo en esta materia es arduo.

Señor ministro, le quería hablar también de la palabra diálogo con Cataluña por parte del Ejecutivo del que usted forma parte. ¿Qué hará el señor ministro de Justicia para fomentar este diálogo? ¿Tiene previsto, por ejemplo, rectificar la reforma del Tribunal Constitucional, que cambia su naturaleza jurídica y le permite acciones de ejecución que hasta ahora no tenía y que además no constituían ningún clamor por parte del sector? ¿Considera que, concretamente, la cuestión catalana es una cuestión política y no jurídica? ¿Qué piensa hacer para proceder a la despolitización de la justicia en materia de la cuestión catalana? Diálogo, señor ministro, significa aceptación y reconocimiento mutuo y no imposición. ¿Qué vía se le ocurre para encontrar una salida que no signifique imposición de ninguna de las partes, más allá de la vía democrática que clama el 80 % de la población de Cataluña en esta cuestión? No me gustaría, señor ministro, que me diese una respuesta de manual al uso, como que la ley es la garantía de la democracia, porque en la historia de este Estado ha habido leyes que no garantizaban precisamente una democracia y, por tanto, este aforismo que ustedes utilizan como manual no nos sirve para obtener respuestas convincentes de que ustedes realmente están por una salida democrática de la cuestión catalana. Me temo que puedo adivinar qué me va a contestar -espero equivocarme- y sabe que, si me contesta lo que espero, es una evidencia que lo del diálogo es un cuento y, por tanto, me gustaría pensar que tendrá una respuesta más imaginativa al respecto.

En cuanto a cuestiones más técnicas, que es lo que también nos ocupa hoy y para lo que usted ha comparecido, quiero hablar del derecho a la tutela judicial efectiva. Para garantizarla -lo hemos dicho en todas las sedes de esta Cámara-, es preciso que a uno le entiendan y que se pueda hacer entender. ¿Por qué motivo no quieren ustedes que el conocimiento de las lenguas propias no sea un requisito para los agentes que van a operar en las distintas comunidades autónomas con lengua propia y cooficial junto al español? Respecto a las tasas -para ir directa al grano-, ustedes las han incrementado; hoy ha anunciado que las iban a retirar para pymes y ONG, pero usted sabe, como yo, que la tasa va directamente


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al coste del servicio, y quien presta el servicio de administración de justicia en las comunidades con la competencia transferida son precisamente las administraciones de Justicia de las comunidades autónomas. ¿Por qué no ha habido una transferencia de recursos recaudados por esa tasa a las comunidades autónomas para afrontar el servicio? Le hemos preguntado también cuál es el importe recaudado en concepto de tasas. Tampoco hemos tenido respuesta y nos gustaría que hoy su comparecencia sirviese también para dar respuesta a esta cuestión.

Hay un tema de interés para el colectivo de procuradores de este país y del que usted no ha dicho nada cuando se ha referido a cambiar el marco regulatorio, por ejemplo, de la Ley de acceso a la abogacía. Según ha salido publicado en prensa, la Unión Europea apoya que los abogados puedan ejercer como procuradores y, según dicen, ha advertido al Estado español de que puede acabar en el tribunal de justicia si no elimina las trabas al ejercicio simultáneo de las dos profesiones. Esto es simplemente lo que ha aparecido en prensa y aprovecho que está usted aquí para que nos ilustre al respecto. ¿Hasta qué punto considera que la Unión Europea quiere que el Estado español elimine la incompatibilidad entre ambas profesiones? ¿Considera que esto comporta el ejercicio simultáneo de ambas, o simplemente cree que se predica de los requisitos de acceso y asociación profesional? Nos inquieta porque el procurador es un agente colaborador del Ministerio de Justicia y como tal deberemos garantizar sus funciones para poder seguir ejerciendo un trabajo de calidad al servicio de los ciudadanos.

Tengo otra pregunta en relación con el delito de abusos a menores. Como sabe, recientemente han aparecido en prensa las denuncias por numerosísimos casos de abusos a menores por parte de profesores o de monitores, y con el mismo estupor con que hemos visto que estos delitos se producían también hemos asistido a su archivo por haber prescrito ya en el tiempo. Después de que el menor haya adquirido la mayoría de edad, se le aplica un plazo de prescripción. Usted sabe que el delito de abusos a menores es un delito que cuesta procesar, que cuesta digerir y que cuesta manifestar. Por tanto, entenderíamos positivo que se pudiese alargar el plazo de prescripción para poder denunciar estos delitos de abusos contra menores y no se archivasen por el mero transcurso del tiempo.

Para finalizar, le quería preguntar, señor ministro, sobre la mediación. Ha dicho que es un buen elemento para poder coadyuvar a una mejora de la Administración de Justicia. Le tengo que decir que los hechos van en contra de lo que ustedes defienden, porque nos tienen recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley 24/2015, sobre la vivienda en Cataluña; una buena ley que daba respuesta a las necesidades habitacionales y que, además, reconocía la mediación como sistema casi obligatorio para poder concurrir a un proceso judicial. ¿Qué piensa hacer para poder desencallar esta Ley 24/2015? ¿Piensa retirar el recurso al Tribunal Constitucional que el Gobierno de España impuso?

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda Uriarte tiene la palabra.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Quisiera empezar con ese dicho, en el cual incurrimos con demasiada frecuencia, de que la justicia funciona mal, es cara o está politizada. Son reflexiones derivadas de que, con carácter general, somos aficionados a generalizar. Sin embargo, que la justicia funciona mal, es cara o está politizada creo -como ha dicho más de uno- que es una verdad en parte y en otra no. Quizá es solo por el dato de que el 65 % de la población no ha tenido contacto con la justicia y se acerca a través de los medios de comunicación que, como es normal, ponen de manifiesto lo excepcional, lo extraño y lo extravagante. Junto a ello, también quiero resaltar que la opinión pública considera con carácter mayoritario que la justicia es la última garantía de los derechos y libertades y de la democracia, que es un factor de estabilidad social y que es un factor de desarrollo económico y de competitividad. También la justicia es un mediador porque media entre intereses contrapuestos. De ahí que sus valores -la independencia, la neutralidad, la estabilidad, la transparencia, la comprensibilidad y la solvencia- llaman a la predecibilidad, la eficacia, la eficiencia y es experta, es decir, moderna y ágil. Por tanto, cuando abordamos los requerimientos de la justicia, reclamaría que no caigamos en lo que luego queremos desmontar, y es en dar nosotros mismos una imagen distorsionada de la justicia, que muchas veces sin querer lo hacemos.

Voy a entrar en los temas que quería abordar. Considero, señor ministro, que una de las tareas más importantes -y me parece que no la ha citado- es consolidar los hitos de la X Legislatura. Se hicieron muchas cosas de una manera muy rápida, pero con pocos recursos y con pocos medios, y hay un montón


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de reformas que están en hilvanes que es necesario consolidar antes de que se produzcan muchos otros avances, sin perjuicio -por supuesto- de reflexionar sobre qué aspectos debíamos abordar en esta legislatura ex novo. Entre esos aspectos, citaría cuatro singularmente. Una justicia orientada a las personas, creo que es lo más relevante. En este epígrafe se pueden englobar muchos de los temas que usted ha tratado. Quizá para reducir la litigiosidad de la justicia una de las funciones es encaminar hacia la solución más adecuada las demandas y necesidades de los ciudadanos. Es decir, orientarles hacia la mediación y si se reclamaría una ley integral o hacia los procesos rápidos y sumarios de solución ejecutiva o hacia los procesos sin contienda la jurisdicción voluntaria, y sin papel, interactuando el propio ciudadano o sus representantes con el expediente. En este sentido -usted lo ha mencionado también-, repensar el derecho de gracia en el siglo XXI, la justicia universal, una ley orgánica integral del derecho a la defensa, la justicia gratuita, las tasas procesales, el estatuto de la víctima, la violencia de género, o los menores en todas sus problemáticas.

También quisiera manifestar, dentro de la limitación o de la reducción de la litigiosidad y en ese enrutamiento de los ciudadanos hacia las soluciones más adecuadas, que quizá sería bueno reflexionar sobre otros procedimientos instaurados en otros países para pequeñas cantidades que se basan en la digitalización; es decir, una justicia basada en plataformas de resolución amistosa de litigios como existe en el Reino Unido para causas penales y civiles de pequeña cuantía, en Canadá -los tribunales on line- o incluso en España, en donde citaría las plataformas on line de resolución de conflictos en algún arbitraje y el proyecto Mediaré en la Ley de Mediación. También quiero recordar que en el ámbito de las relaciones privadas es una manera de componer conflictos. En concreto, en eBay -tengo algún dato- parece que se producen más de 60 millones de demandas que se resuelven de esta manera. Aprovechando la digitalización, sería una nueva forma porque la justicia no solo es, como alguna vez hemos comentado, un lugar sino una función social.

Entre otras tareas, después del ciudadano, considero importante y fundamental una cuestión que quedó pendiente en la anterior legislatura, que es el estatuto orgánico de la carrera. Hay voces señaladas que manifiestan una desmotivación de la carrera y sería oportuno trabajar para esa remotivación. En concreto, me refiero a su independencia, a su estatuto, a sus procedimientos de selección -habría que repensarlos-, a su carrera y retribución, a los módulos de trabajo, a la evaluación del desempeño y el código ético, que inserto en el estatuto orgánico del juez y que tendría dos virtualidades: afrontar también la cuestión de las puertas giratorias y el principio de responsabilidad y su evaluación.

Un tercer aspecto que también considero urgente -usted ya lo ha señalado- es acabar con los parcheos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque pueda parecer una tarea muy compleja, hay una gran coincidencia en los cuatro aspectos básicos que debieran abordarse. Me refiero a las partes y a su legitimación, a la instrucción y el juez de garantías, a los recursos y a la Policía judicial. En esas cuatro cosas está el 80 % de las cuestiones de la Ley de Enjuiciamiento. Eso nos arrastraría a una serie de reflexiones sobre el mismo Estatuto del ministerio fiscal, que usted ha tratado pero que también habría que conectar a una, en su caso, reforma de la Ley de Enjuiciamiento; a una reflexión, que también ha mencionado, sobre la acción popular que estuvo en los debates de la Constitución vinculada a la independencia o no de la fiscalía en cierta medida y también a una reflexión sobre la Policía judicial, en la que me decanto por la opinión que usted ha manifestado, que es la que a ustedes les satisface más. Una reforma, por supuesto, cuya implantación requeriría un largo proceso de adaptación y preparación por el mismo hecho de que la fiscalía, si quiera por el número de componentes, no estaría en disposición de afrontar una instrucción.

Un cuarto aspecto que quisiera destacar también de la justicia en el siglo XXI es la, a nuestro juicio, inadecuada adecuación territorial de la justicia, la estructura autonómica del Estado. Creemos que debe repensarse el Tribunal Constitucional no solo por lo que ha dicho nuestra compañera Lourdes Ciuró respecto a las últimas reformas de 2015 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -que debatiremos en Pleno, porque nuestro grupo ha presentado una proposición de ley-, sino también por los nombramientos. Un tema que creemos que es trascendente es la suspensión de las normas autonómicas cuando se produce un recurso. Otra reforma que consideramos de adecuación territorial sería caminar -ya se ha hecho con la casación civil y penal- en los tribunales superiores, pero dar un paso más. Creemos en el principio de plenitud de los tribunales superiores y circunscribir la función del Tribunal Supremo a una función nomofiláctica de unificación de doctrina. Una cuestión también pendiente y que genera muchas disfunciones en la Administración de Justicia son los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia. Creemos que no está justificada su naturaleza de cuerpo nacional y respecto


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a los letrados, en la medida en que la oficina judicial se dota por las comunidades autónomas y tiene la dirección de ese personal, parecería razonable que se estableciera una dependencia de los letrados de la Administración de Justicia, sea estatal o autonómica, en su caso. También en este ámbito de la adecuación territorial consideramos -ya ha sido mencionado- el derecho y la lengua oficial propia, que requieren -después de casi medio siglo de Constitución, lo va a cumplir en breve- replantearse el mérito. El mérito no ha tenido los efectos que se pensaba que iba a tener. De hecho, la producción -lo vemos en las memorias del Consejo general- de resoluciones en lenguas oficiales propias no está en aumento, sino más bien diríamos en regresión. El Registro Civil es otra cuestión que nos preocupa y ya la ha mencionado. En principio, compartimos su opinión, aunque hay algún aspecto en el que no voy a entrar en detalle pero que debatiremos en su momento.

Quiero entrar en un aspecto que consideraba vital para esta legislatura, que es la consolidación de las reformales legales de la X Legislatura. Hubo cuatro orgánicas y seis ordinarias que, como dije, se hicieron con mucho prisa y pocos recursos, y ahora toca consolidarlas. Quizás la cuestión más relevante -por lo que he hablado con nuestro Tribunal Superior, el del País Vasco- es que se ha producido una paradoja, porque nos encontramos con leyes analógicas a las cuales se les hacen requerimientos digitales y, entonces, se produce una dislocación entre la incorporación de la tramitación digital con leyes que son decimonónicas en muchos casos; ahí se produce una dislocación, quizás porque las nuevas tecnologías van a demandar rehacer toda la legislación procesal, en definitiva, el proceso judicial. Hay que repensar en clave electrónica o digital toda la legislación procesal, porque si no, como decía, se producen multitud de disfunciones porque la gestión electrónica quizás no solo facilita tareas, sino que también vertebra el proceso mismo. Por eso, el medio debe adecuarse al fin, que es la función jurisdiccional. Por ello, se ha de estar al tanto y hay una reclamación del trazo de itinerario de los expedientes, de la completitud del expediente digital y su indexación -que, sobre todo, es un problema para los plenarios respecto a la fase de instrucción- y la comunicación mucho más fluida entre la oficina judicial y el servicio directo de apoyo a los jueces. En definitiva, creemos que debería ser una legislatura -y eso debe estar también en ese acuerdo que usted propugna- de asentamiento y consolidación. Algunas de las conclusiones de las jornadas de los presidentes de los tribunales de Justicia de las comunidades acaecido en Logroño, en el mes de octubre, así lo acreditan. En este aspecto de consolidación, usted conoce los problemas que están generando la doble instancia penal en los tribunales superiores y la casación civil. No sé si realmente debe crearse alguna sección menos en civil o vale con una ampliación de plantilla. Hay la opinión, por lo menos la que yo he pulsado, de que no sería suficiente la ampliación de plantilla por la propia desnaturalización de la naturaleza de las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores. La doble instancia penal también plantea serios problemas, como usted conoce, y creo que se le debería dar una solución antes de seguir avanzando en muchas más reformas.

Los tribunales de Instancia es otra de las cuestiones que preocupa y ocupa a los tribunales superiores, quizá con esa trilogía de especialización, concentración y colegiación, que debe ser una de las trilogías sobre las que reflexionar en esta XII Legislatura. En todo caso, si no llegáramos a hacer una reforma de los partidos judiciales hacia unos tribunales de Instancia -también habría que repensar los medios materiales, los edificios que han creado las comunidades-, debería fomentarse una cultura de la colegiación. Mientras no se reformen los partidos, como han sugerido los tribunales superiores, habría que abordar una reforma de la Ley orgánica de 1998, introduciendo un apartado bis que no voy a leer porque usted a buen seguro conoce. La colegiación de los órganos judiciales unipersonales parece que será clave, aunque sea solo con criterios de reparto. Habría que estimularlo para repartir recursos e información, gestionar mejor la bolsa de los asuntos -las cargas de trabajo vinculadas a la desmotivación son un grave problema, según cuenta la carrera- y potenciar la especialización. Por último, en cuanto a la oficina judicial, se debería seguir trabando en las funciones de cooperación y erradicar algún viejo modus operandi de abordarlas desde una visión jerárquica. Es una función muy importante la colaboración entre el juez y la Administración de Justicia. Sin juez no hay Administración de Justicia, pero un juez sin Administración de Justicia tampoco es nada. Todavía nos falta un largo camino en esa cultura, y es un de los temas de consolidación que deberíamos emprender durante esta legislatura.

Muchas gracias. Quedo a la espera de su contestación.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.


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La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, ministro. Gracias por su comparecencia y por su extensa explicación, que seguramente me costará mucho poder resumir, pero lo intentaré. También ha insistido en hablar de consenso, de diálogo, de acuerdos, en encontrar aquel punto de conexión que haga aflorar lo que realmente nos importa a todos. Evidentemente, esta tarea es loable, la compartimos, pero a nadie se le escapa que venimos de donde venimos. No le voy a recordar cómo fue la X Legislatura porque se lo recordaba el otro día a la vicepresidenta, pero venimos de donde venimos, es decir, donde los principios que hoy usted nos expone brillaron por su ausencia. Nos ha hablado también de urgencia de la reforma de la Administración de Justicia; es una música que hace tiempo que escuchamos. En cada inicio de legislatura venimos oyendo la necesidad de la reforma de la Administración de Justicia y su urgencia. Seguramente compartimos muchos de los aspectos que usted hoy nos avanzaba en relación con la diagnosis y los problemas que arrastra la Administración de Justicia, pero como muy bien apuntaba el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, es evidente que hay una mayor percepción de que la Administración de Justicia no funciona bien que lo que realmente pasa en la Administración de Justicia. Seguramente esto va a favor de los distintos operadores jurídicos que participan de hacer posible la resolución de cada caso concreto que se plantea en los tribunales. Estoy hablando del conjunto de los operadores jurídicos. También nos hablaba usted de mano abierta, recibir y dar, como decía Le Corbusier. Cataluña hace muchos años que tiene la mano abierta y está cansada de dar. Esperamos recibir alguna vez en algún momento algo más que lo que hemos recibido hasta ahora.

El otro día también la vicepresidenta planteaba modificaciones legales que tocan mucho o bastante al ministerio que usted dirige, entre ellas planteaba una posible legislación en materia de límites al derecho a la libertad de expresión que se ejerce a través de determinadas redes sociales y cuyo ejercicio afecta o puede afectar a terceros que pueden ver menoscabado su derecho al honor o pueden sentirse amenazados. Se lo dije a ella y se lo vuelvo a repetir a usted, ministro: nosotros, cada vez que el Partido Popular -y en este caso el Gobierno del Estado español al que da apoyo parlamentario el Partido Popular- habla de modificar una ley para regular el ejercicio de los derechos, nos preocupa de verdad porque tenemos antecedentes para ponerlos encima de la mesa y decir por qué nos preocupa, y estoy pensando en lo que ha pasado esta X Legislatura: la Ley mordaza, la reforma del Código Penal con la introducción de la prisión permanente revisable y otros artículos que incrementan la capacidad punitiva del Estado, la reforma de la Ley en materia de delitos de terrorismo, la indeterminación de los mismos, y así hasta un largo etcétera que podría plantearle. A pesar de que usted ha puesto en valor determinadas modificaciones legislativas, comprenderá que yo en este caso cuestione algunas de ellas.

En atención a este anuncio que hacía la vicepresidenta, obviamente también le advertí: veremos qué nos presentan ustedes. Pero, claro, si se trata de limitar derechos, no nos van a encontrar, o no van a encontrar la complicidad de Esquerra Republicana, entre otras cosas, porque pensamos que el Código Penal prevé instrumentos para poder perseguir determinados delitos, como son las amenazas, las injurias y otro tipo de delitos, pero muchísimas veces no es culpa de que no esté legislado, sino de la inoperatividad de determinadas instituciones e instrumentos que tiene el Estado para llevarlos a cabo, y estoy hablando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y del propio ministerio fiscal. Le pondré un ejemplo que usted entenderá perfectamente: el caso del avión de Germanwings, accidentado en los Alpes franceses. Se generó un alud de tuits susceptibles de ser considerados delitos de odio. Han acabado prácticamente archivados. Yo no digo que no haya habido voluntad de investigarlos, pero sí que nos hemos quedado en la superficie.

Le plantearía la posibilidad de modificaciones legislativas que atañen a cuestiones a las que usted se ha referido al final de su intervención cuando hablaba de los asuntos de corrupción y de establecer algún tipo de mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción. Aquí sería un poco más exigente y me gustaría que usted, en su segunda intervención, me dijese en qué consistirán estas mejoras del sistema de protección de los denunciantes de casos de corrupción, porque sabe que muchas veces van vinculados a la condición de funcionario y ellos terminan sometidos a un proceso penal por infidelidad en la custodia de documentos, etcétera, o siendo apartados de la actividad profesional a la que se han venido dedicando.

También en relación a los delitos de abusos de menores y agresiones sexuales a menores, coincidiría con Lourdes Ciuró en la necesidad de modificar el Código Penal en el sentido de ampliación del plazo de prescripción de este tipo de delitos en atención a la protección de los menores, pero también a la poca capacidad que se tiene, hasta que no se tiene una edad determinada, de poderlos denunciar. En este


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sentido, Esquerra Republicana ha presentado ya una proposición no de ley para que sea debatida en el seno de la Comisión de Justicia.

Me referiré ahora al tema del uso de la lengua catalana y de las lenguas cooficiales en aquellas partes del Estado español en que existan. Esta línea de mi intervención abarca varias líneas de su ministerio. Algunas se han resuelto a medias o bien faltaría más determinación por parte del ministerio, y me estoy refiriendo a las pruebas de acceso a profesiones jurídicas. Lo relevante, y en consecuencia el cambio, se produciría en el supuesto de que se permitiera optar por una u otra lengua cooficial en las pruebas de acceso a las profesiones de abogado o procurador. Está medio resuelto porque se ha llegado a acuerdos, en este caso con la Consellería del Govern de Catalunya, pero obviamente siempre tenemos en el punto de mira la necesidad de renovar este acuerdo. Sabe también el ministro que el modelo de pruebas de acceso a Esquerra Republicana no le gusta porque dichas pruebas podrían ser gestionadas directamente por las comunidades autónomas con la colaboración de los colegios profesionales, sin que ello significase un menoscabo del principio de igualdad.

La segunda intervención en relación a la lengua: el uso de la lengua en la Administración de Justicia. Usted sabe que las cifras del uso de la lengua catalana en la Administración de Justicia son demoledoras, cada vez vamos a peor, es decir, vamos marcha atrás. Esto también se lo planteamos al presidente del Consejo General del Poder Judicial cuando intervino en la última legislatura, en la legislatura corta, para presentar la memoria. Sabe que en esto Europa también ha tirado de las orejas al Gobierno del Estado español porque no se cumple la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias. Como le decía, las cifras son demoledoras: en estos momentos, solo el 8 % de las sentencias judiciales dictadas en Cataluña lo son en catalán. Es evidente que, en relación con los pasos que se han dado hasta ahora -que fuese un mérito, que hubiera unos plazos para que todo el mundo la fuese utilizando en sus intervenciones judiciales-, hemos ido a peor; si comparamos las cifras desde los años 2009-2010 hasta ahora, estas han ido bajando de una forma estrepitosa. Solo queda una solución que hemos reclamado por activa y por pasiva desde Esquerra Republicana y que no es otra que devengue un requisito porque será la única manera de que la lengua sea utilizada, entre otras cosas, porque es un derecho del justiciable. La Administración de Justicia y la justicia es un derecho público y, en consecuencia, debe poder atender a sus ciudadanos de manera y forma que pueda ser comprendida por estos.

En cuanto a la determinación de órganos judiciales -y es una de las seis líneas maestras de su ministerio para esta legislatura-, nos hablaba de justicia más dotada y más organizada. Le vuelvo a reclamar -como hemos hecho insistentemente y así lo hicimos con el presidente del Consejo General del Poder Judicial- aquellos nueve órganos judiciales de nueva creación autorizados en el año 2015 que aún no han sido creados y que a día de hoy no tenemos fecha ni sabemos si se pondrán en marcha. Usted sabe que Cataluña tiene una media de 10,5 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media española es de 11,5 %. En atención al volumen de asuntos, la capacidad de resolución, población, etcétera, trasladando esta media, aún nos harían falta setenta juzgados más añadidos a aquellos nueve que están aprobados pero que no se han puesto en marcha. Un apunte en relación con la justicia más dotada y más organizada. Usted apuntaba en este sentido las nuevas convocatorias de plazas judiciales, nuevas plazas del ministerio fiscal y arbitrar alguna medida que limite la excesiva movilidad judicial. Aquí sí se lo reclamo, ministro, porque sabe perfectamente que existen destinos judiciales por los que en dos años han pasado diez jueces como mínimo. Sabe que esto afecta de forma directa a la agilidad, a la obtención de una respuesta rápida en tiempo razonable y, en definitiva, que afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos, que es lo que nos preocupa y nos debería ocupar.

Le pediría también -usted no ha hablado al respecto- un traspaso completo de competencias, las que se derivan del estatut, pero también aquellas que se derivan de otros traspasos pendientes -me estoy refiriendo a los cuerpos de la Administración de Justicia y a los letrados de la misma-. Respecto a las tasas judiciales, permitirá que las califique de escándalo de tamaño sideral desde el punto de vista de lo que debe ser la Administración de Justicia y, por tanto, un servicio público, porque, además, fueron creadas con una finalidad muy concreta; creo recordar que el objetivo, según la ley, por el que se aprobaban las tasas judiciales era para mejorar la Administración de Justicia y, en consecuencia, su modernización, mejor funcionamiento, etcétera, y para mejorar la justicia gratuita. Si no recuerdo mal, como se dijo en una pregunta por escrito que formuló el Grupo de Compromís, estas tasas han pasado a engrosar la caja común del Estado y, por tanto, mi pregunta sería qué porcentaje de estas tasas ha ido al presupuesto de justicia y cómo podría ser individualizada para que los diputados pudiéramos controlar este tipo de


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inversión. ¿A qué se ha destinado la tasa y cómo ha repercutido en beneficio de determinadas inversiones en la Administración de Justicia y en la justicia gratuita?

En relación con las tasas judiciales, las estatales, recaudadas en Cataluña, suponen unos 62 millones de euros anuales, de los que -corríjame si no es verdad- Cataluña no ha recibido ni un céntimo de euro más; es decir, que continuamos teniendo las mismas dotaciones y no nos hemos beneficiado en absoluto.

Consejo General del Poder Judicial, voy acabando. Usted ha apuntado en el tema de los nombramientos judiciales la cuestión de la discrecionalidad, y que plantearía la reforma en relación con los nombramientos operados por los parlamentos autonómicos. Yo discrepo de este parecer, ministro. Si quiere, replanteamos las reformas operadas en el Consejo General del Poder Judicial, que han llevado a una confusión absoluta de los distintos poderes del Estado. Un Consejo General del Poder Judicial en manos de una presidencia cuyo proceder es público y notorio -no voy a abundar en esto porque ya se lo dijimos en su momento cuando compareció-, que no garantiza en absoluto la independencia judicial ni el Poder Judicial; que además a algunos de sus nombramientos, en fin, le han enmendado la plana los tribunales, y en consecuencia es fácil levantar el dedo acusador. Yo no recuerdo ningún nombramiento de ningún parlamento autonómico de la presidencia de un tribunal superior ni nombramientos de determinados magistrados -no lo recuerdo, corríjame si me equivoco- que no hayan resultado ser acordes con los requisitos de mérito, capacidad y competencia. Por tanto, yo cuestionaría el planteamiento que se hace en el ministerio.

En relación con la puesta en marcha del futuro registro civil, parece que hay un cambio en la posición del ministerio. Le corrijo también: Esquerra Republicana votó en contra en el Senado porque en el Congreso no teníamos grupo propio, formábamos parte del Grupo Mixto y no teníamos representante en la Comisión de Justicia. Estamos expectantes a ver cómo se produce porque lo que nosotros defendemos es un registro civil moderno pero, obviamente, un registro civil público y no privatizado.

Para ir finalizando, únicamente me referiré a dos o tres cosas más. Memoria histórica y aplicación de la ley, porque ahora depende de su ministerio. Yo le pediría colaboración con la justicia argentina en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y la Guerra Civil, como el asesinato del president de Catalunya, Lluís Companys, entre otros. En materia de justicia universal, no estamos de acuerdo con la reforma que ustedes hicieron y haremos todo lo posible para que volvamos a la justicia universal que debería ser.

Ya para finalizar -y ahora sí que prometo que finalizo-, en materia de maternidad subrogada me refiero a la famosa instrucción existente que, dependiendo del consulado y del país, es interpretada de forma distinta y lo que está generando son verdaderos problemas a menores de padres españoles que en definitiva tienen serios problemas para poder documentar al menor nacido de una maternidad subrogada.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y la exhaustividad con la que ha desplegado el programa de la legislatura. Ha hecho un análisis muy pormenorizado de los objetivos de su departamento que realmente, de cumplirse, no digo yo en su totalidad pero en una parte muy importante, estaríamos hablando de un cambio significativo en lo que es la política en relación con la Administración de Justicia que se ha desarrollado en los últimos años.

Y quiero empezar por ahí, porque realmente a nosotros nos suena bien la música con la que suena su discurso; discrepamos de parte de la letra, pero también le confieso que tenemos ciertas prevenciones derivadas del contexto en el que se produjo su llegada al Gobierno en la X legislatura.

Hay que decir que usted fue el heredero del ministro Ruiz-Gallardón. Tuvo el dudoso honor de concitar la oposición del conjunto de los operadores jurídicos, hasta llegar a ser uno de los causantes o, si no, el principal causante de la primera huelga judicial conjunta de jueces y fiscales que se produjo el año 2013 en nuestro país. Ese es el contexto en el que usted tomó posesión de la cartera tras la dimisión del ministro Ruiz-Gallardón. Como le decía, sonándonos bien la música, lo cierto es que tenemos ciertas prevenciones porque no sabemos si todo esto se va a traducir con posterioridad en realidad.

También le digo que no nos duelen prendas para agradecerle que parte de las cuestiones que usted ha introducido en su discurso y en el programa de la legislatura, en muchos casos de manera textual y en otros de forma general, se refieren al contenido del pacto que nuestro partido ha suscrito con el Partido


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Popular, con su Gobierno, y ahí se recogen muchas medidas relativas a la Administración de Justicia. Creemos que esta legislatura tiene que ser absolutamente determinante para provocar un cambio en una Administración de Justicia, aquejada de males endémicos desde hace mucho tiempo y que ha sido en buena medida la gran olvidada de los grandes servicios públicos del Estado del bienestar. Desde el punto de vista de la Administración de Justicia como servicio público creemos que no se le ha prestado la atención debida en los últimos años, hace ya bastantes años.

Usted citaba un artículo publicado este sábado en los medios de comunicación, y le puedo decir que el título de este artículo, Independencia y medios, para mí sería prácticamente la divisa del trabajo que nosotros pretendemos desarrollar a lo largo de esta legislatura. Quiero leer un párrafo, que dice: "Exigir independencia como garantía de credibilidad. Separación real de poderes como freno a cualquier injerencia. Normas eficaces frente a los intentos de politizar la justicia y de judicializar la política. Incremento razonable de la plantilla judicial. Un diseño de organización judicial acorde con la realidad social actual. Una oficina oficial moderna como instrumento para el ejercicio de la función judicial. Mayor coordinación entre las administraciones implicadas. Reformas procesales que agilicen los procedimientos y hagan de la decisión judicial un mecanismo útil para la decisión de los conflictos". Hacemos nuestros ese conjunto de objetivos que se desgranan en ese artículo. Todos los que formamos parte de esta Comisión deberíamos emplearnos a fondo para conseguir desarrollar la mayor parte de ellos a lo largo de esta legislatura. Como digo, los compartimos absolutamente.

Empiezo por el primero de los conceptos: independencia. Hay que decir claramente que también hacemos esa salvedad a la que usted hace mención. No dudamos en absoluto de la independencia con la que trabajan la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los jueces y magistrados de nuestro país. Estamos seguros de que todos ellos, al enfrentarse a la resolución de cualquiera de los procedimientos que tienen ante sí, desplegan su tarea conforme a su leal saber y entender y sujetos única y exclusivamente a criterios de legalidad. Pero también le tengo que decir que no podemos olvidar lo que es una realidad absoluta, que es la percepción de los ciudadanos de una falta absoluta de independencia judicial en nuestro país. La percepción de la politización de la justicia en nuestro país empaña ese objetivo de búsqueda y garantía de la credibilidad, que debería ser el primer objetivo de la justicia. Y no solo es una percepción subjetiva que nosotros podemos señalar, sino que así lo ha recogido una encuesta -usted seguro que la conoce- de la Comisión Europea sobre distintos parámetros de las administraciones de Justicia del conjunto de los veintiocho países de la Unión Europea, que nos coloca precisamente en la sexta posición, por la cola, en cuanto a la percepción que tienen los ciudadanos sobre la independencia judicial. Estamos por detrás de Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Italia y Eslovaquia. La percepción que reciben los ciudadanos es que la politización ha inundado la justicia y compromete su credibilidad. Contra eso tenemos que luchar porque, como le decía, la percepción de la independencia es uno de los valores esenciales que tiene que buscar la justicia y la auténtica garantía de su credibilidad. En ese sentido, en ese punto creo que usted se ha mostrado un poco ambiguo.

Nosotros tenemos un pacto muy concreto que se recoge en el punto 102 de esas 150 medidas, en donde planteamos de forma clara la elección de los doce vocales de extracción judicial por los propios miembros de la carrera judicial. Claramente, el pacto que tenemos suscrito con ustedes lo recoge así. Sin embargo, he creído entender que usted se mostraba abierto y dispuesto a las distintas aportaciones de los grupos en una búsqueda de un consenso, del cual nosotros también nos declaramos absolutamente partidarios, pero con las posiciones de partida bien claras, porque nos parece que, como usted decía, ese viejo asunto que viene ya desde el año 1985, es absolutamente fundamental para esa garantía de la independencia. Además, probablemente por los errores que han cometido ustedes, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que han sido los grandes gestores del Gobierno, en este punto, aunque han desplegado el mismo interés por el control del órgano de Gobierno de los jueces y magistrados, quizá no en el pasado pero sí en la actualidad, prácticamente hay un consenso unánime en el conjunto de la carrera sobre la necesidad de la despolitización de ese órgano de Gobierno y, por lo tanto, de la elección por parte de los jueces y magistrados de los doce vocales que los tienen que representar. Digo que creo que hay prácticamente unanimidad y, en todo caso, está abierta, probablemente, la concreción de cuál sea el sistema concreto de elección. Nosotros también estamos abiertos y, desde luego, tiene que ser un sistema que garantice la pluralidad que se da en la carrera y que tiene que garantizar la máxima participación de todos sus miembros, no dejándolo en exclusiva ni de forma principal a los que están en una u otra asociación, sino que debe de ser algo participativo, un sistema que propicie la mayor participación posible.


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Además de que eso viene recogido de forma clara en el punto 102 de nuestro pacto, hay otras dos cuestiones a las que usted ha hecho referencia y que a nosotros nos parece también que son muy importantes en esa búsqueda de la independencia, como es una verdadera carrera judicial regida por criterios objetivos, regida por criterios de mérito y capacidad. En este sentido, afecta fundamentalmente esa elección, y así lo recoge el Consejo de Europa. Los Greco de los países europeos, en la lucha contra la corrupción hablan precisamente de cómo esa politización, esa designación de los estratos más altos, de los estratos superiores de la carrera judicial por ese órgano que tiene una extracción partidista, comprometen esa independencia. Quiero decirle a mi compañera, la señora Capella, que hablaba en su anterior intervención de que no conocía que se hubiese cuestionado el nombramiento de ningún presidente o alta magistratura por ese órgano, por la Sala tercera del Tribunal Supremo, que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el mes de abril de 2016, en una sentencia, de forma palmaria, hace una descripción de la improcedencia de ese método de elección en relación con la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde anula la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Creo que hay un argumentario completo de por qué debemos cambiar el sistema de elección que revoca la elección de esa Presidencia el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La sentencia está ahí, se puede consultar y yo creo que es de sobra conocida por todos.

También está la eliminación de las puertas giratorias, o por lo menos su reducción al máximo, entre la política y la justicia. Nos parece que si algo compromete esa percepción de independencia por parte de los ciudadanos es, precisamente, el continuo trasiego de cargos de la carrera judicial a la vida política y viceversa. Nos parece que en la carrera judicial, los jueces y magistrados tienen que ser independientes, pero además tienen que parecerlo, y en muchos casos esa actividad política compromete esa percepción. Por lo tanto, suprimir esas puertas giratorias es otro de los objetivos que deberíamos de perseguir. Pero, además de ese objetivo de la independencia, el segundo gran objetivo son los medios. Es evidente que sin inversión no puede haber modernización. Usted ha hecho un canto a la modernización, que nosotros compartimos; las mejoras, que son absolutamente necesarias en ese proceso de mejora y de modernización de la justicia, si se quedan solo en eso, si no van acompañadas de las dotaciones presupuestarias necesarias, serán un puro voluntarismo y estaremos nuevamente abocados al fracaso. Después de muchos años, no parece de recibo que la justicia apenas represente el 1 % de los Presupuestos Generales del Estado. Un servicio público como el de la justicia, absolutamente imprescindible y necesario, representa, como le decía, apenas el 1 % de esos presupuestos, por lo que creemos absolutamente necesario un plan de inversiones plurianual, prolongado en varias legislaturas, que asigne un porcentaje durante una serie de años con la vocación de dotar a la Administración de Justicia de medios y de ampliar las plantillas. Por cierto, ha hecho referencia a cincuenta jueces y fiscales en el periodo 2013-2015, un número que nos parece reducidísimo y que no disminuye el diferencial de dotación de medios humanos que tenemos con los países de la Unión Europea.

Como le decía, es necesario un plan de inversiones plurianual, por eso el pacto que hemos firmado con ustedes se acompaña de un plan extraordinario. Por tanto, no hablamos ya de una dotación ordinaria sino de un plan extraordinario de inversión para la modernización de nuestra justicia. Esperamos que en esta fase de negociación presupuestaria que se abre ahora, y a la que estaremos abocados en los próximos días, defienda desde su departamento la dotación presupuestaria que tenemos pactada. Desde luego, desde nuestro grupo vamos a ser absolutamente exigentes en esta Comisión, por la parte que nos toca, para que se cumpla la inversión recogida, porque no puede ser que la Administración de Justicia siga siendo el pariente pobre de nuestras administraciones.

La dotación presupuestaria es muy importante, y lo ejemplifico en un asunto como es el del expediente judicial digital y la aplicación de LexNET. Con relación a este asunto creemos que se ha producido un fracaso, y usted lo sabe. Le hemos hecho una serie de preguntas y esperamos sustanciar una serie de iniciativas en esta Comisión en este sentido y que responden a las quejas que se han recibido por parte de todos los operadores jurídicos debido a que el expediente digital no ha ido acompañado de las suficientes inversiones, no se hizo de la manera adecuada y ha resultado un fracaso. LexNET no puede ser un simple correo con unas medidas de seguridad y nada más. El expediente digital tiene que ser el expediente digital y no puede suceder lo que ocurre ahora, y es que dicho expediente ha provocado que por una parte haya que atender los requerimientos de la nueva aplicación y además se duplique el papel en los juzgados. Si usted pasea ahora mismo por nuestros juzgados y tribunales, verá que tienen exactamente el mismo papel que tenían antes o quizá más. A esto es a lo que nos ha conducido, y una de las causas de esta situación es que la puesta en práctica de la digitalización no ha ido acompañada de las


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partidas presupuestarias que la pudiesen sustentar. Esta es una cuestión muy importante. Y podríamos hablar también del estatuto de la víctima, que tampoco va acompañada de la dotación presupuestaria suficiente y que, por tanto, a pesar de ser una medida muy loable y que compartimos, necesita un impulso presupuestario.

Hablaba usted también, aparte de la dotación de medios, de la reforma procesal, reforma de la que somos partidarios y que también se recogía en el pacto. En cuanto a la reforma procesal penal, que es el gran reto -el otro día nos lo decía aquí en su comparecencia el hoy ya fiscal general del Estado-, compartimos la necesidad de actualizar nuestro decimonónico Código Procesal Penal, pero en esta materia vamos a ser muy claros. Si el objetivo fundamental es atribuir la instrucción de forma exclusiva al ministerio fiscal, vamos a exigir que antes de ese cambio drástico en el procedimiento de instrucción, se produzca un cambio del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para configurar un ministerio fiscal distinto al que tenemos ahora. Un ministerio fiscal que ofrezca absolutas garantías de independencia respecto al poder político, al Poder Ejecutivo, y que esté de verdad al servicio de la legalidad y de la defensa de las libertades y los derechos de los ciudadanos, y que en ningún caso sea un ministerio fiscal condicionado por el Poder Ejecutivo. Los ejemplos que hemos tenido recientemente en cuanto a dimisiones, etcétera, por cuestiones nunca suficientemente aclaradas, parece que apuntan en esa dirección. Y en este punto le quiero hacer una pregunta que también le hice al fiscal general del Estado. A nosotros nos parecen preocupantes algunas de sus declaraciones, como esa en la que hablaba de la posibilidad de que el Gobierno dirigiese instrucciones al ministerio fiscal. Creo que es algo distinto de lo que viene recogido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una cuestión es elevar comunicaciones y otra es dirigir instrucciones. No sé si hay algo que delata el subconsciente de un modelo de fiscal en el que hemos vivido hasta ahora en nuestro país, el del fiscal como brazo ejecutor de la política penal del Poder Ejecutivo, o si responde a otras intenciones. En todo caso ya digo que para nosotros la atribución de la instrucción al ministerio fiscal tiene que venir precedida de ese cambio del estatuto orgánico que configure una verdadera fiscalía independiente, dotada de medios, presidida también por los criterios objetivos de mérito y capacidad en los nombramientos y donde realmente haya un control efectivo por esta Cámara y no por el Poder Ejecutivo.

Respecto a la acción popular, es verdad que la acción popular también supone una dificultad añadida en esa reforma del Código Procesal Penal pero desde luego tampoco estamos dispuestos a aceptar la reducción de los derechos de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de la acción penal. Y, teniendo en cuenta además que es un derecho reconocido constitucionalmente, tendremos que garantizar que en todo caso se puede seguir ejerciendo ese derecho fundamental, sobre todo dada la historia reciente que ha habido en nuestro país de casos sonoros y muy conocidos en los cuales la acción popular ha sido la verdadera salvaguardia de la aplicación de la legalidad.

Hay otras cuestiones concretas que me importan mucho, como el tema de las tasas. Nos parece que las tasas han sido el elemento que se ha tratado de utilizar para frenar la litigiosidad por parte del Gobierno al que usted pertenece. Es cierto que hubo un intento por su parte de reducir de alguna manera aquel tasazo, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha laminado completamente esa reforma y está pendiente de una reforma legal que usted no ha concretado pero que en todo caso debe garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, fundamentalmente de aquellos que menos recursos tienen. Eso está relacionado también con la reforma de la justicia gratuita, que también a nosotros nos parece muy importante. Hoy la inmensa mayoría de los ciudadanos litigan utilizando el beneficio de la justicia gratuita, que es la principal garantía de acceso a la justicia de las personas con menos recursos y nos parece que requiere una reforma importante y en profundidad para garantizar su aplicación, en lugar de reducirla como se ha hecho en la legislatura pasada. Se trata de extenderla y sobre todo de dotarla de mejores medios y garantías.

El último reto al que usted ha hecho referencia también lo compartimos, la lucha contra la corrupción. Nos parece que la Administración de Justicia tiene un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Usted ha citado la ejemplaridad como una vocación que debe tener la Administración de Justicia y desde luego deberíamos tenerla cualquiera de los que nos dedicamos a la actividad política o pública. En este sentido me preocupa un titular de una entrevista publicada recientemente en un diario donde usted hablaba de que la responsabilidad política se salda en las urnas. Nos parece preocupante esa manifestación porque precisamente creo que se trata de deslindar la responsabilidad política y la responsabilidad judicial pero, desde luego, si no tenemos mecanismos para la exigencia de esa responsabilidad política -hasta ahora mismo no los hay o al menos no se han utilizado-, la práctica parlamentaria hace imposible el uso


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de esos mecanismos de responsabilidad política. No se puede utilizar las urnas como parapeto para entender que quedan perdonados todos los pecados anteriores. ¡Ni mucho menos! Los ciudadanos no se pronuncian sobre casos concretos de corrupción cuando depositan su voto, sobre ningún caso concreto de corrupción. Su decisión democrática responde a criterios políticos de carácter general y desde luego creo que no se puede utilizar en ningún caso ese parapeto para entender que los ciudadanos le indultan a uno por los votos que se emiten en las urnas.

Finalmente, hay algunas cuestiones a las que quiero hacer referencia y que usted no ha mencionado, como por ejemplo el artículo 324, la limitación a los plazos de instrucción. Compartimos que la justicia tardía no es justicia, que en un procedimiento penal no se puede permanecer en esa situación permanente de imputado, encausado o pendiente de juicio sino que es necesario un procedimiento penal ágil y rápido que dirima las responsabilidades posibles y adjudique responsabilidades. Dicho esto, le quiero decir que en esto también se ha empezado la casa por el tejado. Cuando hemos hecho referencia a la necesidad que hay de reformas muy profundas, de aumentar los medios materiales humanos, de dotarnos de una mejor organización, también de reformas procesales necesarias para ser más eficaces, lo que nos parece es que no se puede empezar la casa por el tejado y establecer una limitación procesal en el tiempo de la instrucción precisamente a aquellos que están en primera fila en el combate contra la corrupción, que son los jueces y los fiscales, cuando se enfrentan a causas muy complejas -hay casos en que se enfrentan a redes con muchos medios, en algunos casos con implicaciones internacionales- y además cuando la instrucción de esos jueces y fiscales depende de actuaciones de terceros; es decir, la dilación en el tiempo depende de actuaciones de terceros que ellos no están en disposición de controlar. Por tanto, siendo deseable ese objetivo de la limitación en la instrucción, de ganar en rapidez, tiene que ser una consecuencia de todo lo anterior y en ningún caso se debe empezar por ahí porque al final lo que podemos conseguir es acercarnos a la incapacidad para perseguir la corrupción. Además, usted sabe que este fue un asunto que causó bastante polémica cuando estaba a punto de cumplirse la entrada en vigor de la reforma de la ley y que se ha utilizado el mecanismo de calificar que una causa es de especial complejidad para prorrogar la instrucción, en muchos casos de forma sistemática y no atendiendo a las circunstancias concretas del caso, lo cual nos viene a decir que esa medida ha sido más un problema, una piedra más en el camino del trabajo de los jueces y magistrados que una verdadera ayuda.

Compartimos algunas cosas que usted ha dicho -están en el pacto-, como la supresión de los aforamientos o de los indultos por causa política. La protección de los denunciantes nos parece absolutamente determinante, así como la introducción de un nuevo tipo penal en el Código Penal, que es el enriquecimiento injusto de los responsables políticos que no puedan demostrar la procedencia de unos bienes desmesurados. Estas dos medidas -esta última y la protección de los denunciantes- eran dos de los principales elementos que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción para luchar con más eficacia contra la corrupción y nos parecen dos cuestiones fundamentales en las que estamos de acuerdo y que nosotros desde luego vamos a impulsar en la medida de nuestras capacidades.

Como le decía, nos suena bien la música; en la letra tenemos algunas discrepancias. Tenemos la misma vocación de acordar, de pactar en esa estrategia nacional por la justicia. En el acuerdo con el Partido Socialista hablábamos de un pacto por la justicia; también lo acordamos con ellos con una vocación bastante similar. Creemos que la subcomisión que ustedes han propuesto es el foro adecuado para alcanzar acuerdos y transformar todos estos principios y objetivos en realidades tangibles, concretas, porque ha llegado ya el momento de atender las necesidades de nuestra justicia. No se puede esperar más. Es muy importante -algún interviniente anterior lo dijo- recuperar la motivación, el ánimo de esos profesionales a los que usted ha marcado como uno de los objetivos al decir que debemos trabajar por una justicia más profesional. Es muy importante recuperar el ánimo de esos profesionales que en muchos casos se han visto absolutamente desoídos en esas reformas que hasta ahora se han guiado más por intereses de los dos grandes partidos que han tenido responsabilidades de Gobierno en este país que por los intereses verdaderos de la justicia. En todo caso, recogemos el guante para el acuerdo y el diálogo, a ello estamos dispuestos, y le deseamos de verdad que sea fructífera su legislatura porque desde luego nos va mucho en ello a todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Prendes.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra Jaume Moya.


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El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señor ministro. Empezaremos, cómo no, agradeciendo su comparecencia ante esta Comisión y también felicitándole por la renovación de su puesto en una responsabilidad, en una materia tan importante y a la vez tan delicada, especialmente en los tiempos que corren, como es velar por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y por la tutela judicial efectiva de sus derechos, tutela que se ejercerá desde los tribunales, que son la justa compensación imprescindible y democrática, especialmente en un contexto actual donde la injusticia económica y el desequilibrio social por desgracia son norma imperante.

Voy a empezar la intervención retomando un punto que dejamos en el tintero en la pasada comparecencia del entonces candidato a ocupar la Fiscalía General del Estado. Así le pudimos expresar directamente al señor Maza que nosotros cuestionábamos su idoneidad para el cargo. En ningún momento cuestionábamos sus méritos -eran objetivamente comprobables a través de su espectacular currículum-, sin embargo ciertas actividades profesionales que desarrolló durante el ejercicio de la magistratura -ejercicio profesional más allá de la magistratura- daban cierta apariencia de incompatibilidad ética según había dicho algún colectivo de juristas. Estas actividades desarrolladas junto a entidades o sociedades jurídicas especialmente elitistas, incluso algunas de ellas vinculadas a personajes como el comisario Villarejo -relacionado con la operación Cataluña, con el informe UDEF de la familia Pujol, etcétera- nos llevaban a, en primer lugar, concederle el beneficio de la duda pero a priori no considerábamos que fuera la persona más idónea para ejercer este cargo. Aprovechando que usted está hoy aquí quisiéramos saber qué criterios adoptó el Gobierno para llegar a la conclusión de esta idoneidad.

Ya que hablamos de la fiscalía, también queremos tratar el tema de la necesaria reforma del Estatuto orgánico de la fiscalía, que usted mismo en su intervención ya ha apuntado y nosotros consideramos igualmente que es necesaria. Es una reforma que debería dotar a la institución de transparencia, de democracia interna, de independencia orgánica, de independencia funcional, de autonomía financiera. En su comparecencia también recordamos al señor Maza, cuando nos aseguró que él estaba convencido de que el Gobierno en ningún caso invadiría su autonomía, puesto ello en consideración con unas declaraciones suyas, señor ministro, que recogía la prensa días antes en las que usted afirmaba literalmente que la fiscalía no era independiente y que podía recibir instrucciones escritas del Gobierno, parecían anunciar lo contrario. Señor ministro, usted en su intervención hablaba de autonomía de la fiscalía y nosotros defendemos la independencia. Quisiera saber hasta qué punto de autonomía concede usted a la fiscalía. Ello no es algo baladí, es importante puesto que en función de este nivel de independencia que conciban desde el Gobierno tendrá o no nuestro apoyo en una de las medidas estrella que usted nos ha venido a presentar hoy, que es la reforma del proceso penal. Tampoco sé hasta qué punto le interesa nuestra opinión, puesto que también hace unos días leí en diario El país unas declaraciones de usted en las que decía que estaba iniciando este proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que lo estaba negociando con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Bueno, nosotros vamos a hacerle saber nuestra opinión y si usted la quiere recoger, mejor y, ya que hablamos tanto de consenso, tome nota de nuestro criterio que además acabo de ver que tampoco es muy diferente del criterio que se acaba de exponer desde Ciudadanos. Si esta Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene intención de conceder la instrucción y la dirección de las investigaciones penales a la fiscalía, ¿cómo se conjuga con el concepto de esta fiscalía no independiente sometida a las instrucciones del Gobierno? Consideramos que ello es una quiebra en la separación de poderes y no vemos, incluso albergamos ciertas sospechas de hasta qué punto la fiscalía va a promover acciones en asuntos que puedan presumirse como perjudiciales a los intereses del Gobierno.

Ya que hablamos de reformas, quisiéramos hacer un repaso a una serie de reformas que nos dejó en su legado el exministro Gallardón y que nos tienen francamente preocupados, pero confiamos en que podamos reformarlas y en muchos casos derogar. En cuanto a la Ley de tasas judiciales, compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra han coincidido con nosotros en esta crítica a esta ley. Una Ley de tasas que, como bien sabe, ha ido siendo moldeada, ha ido siendo rebajada, en primer lugar, por disposiciones legislativas y finalmente por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, a día de hoy -como sabe bien-, tenemos todavía vigente esta Ley de tasas que mantiene su carga sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre las entidades sin ánimo de lucro, es decir, están trazando una justicia a dos velocidades: una justicia para aquellos que tienen suficientes recursos para acudir a la justicia y poderla pagar y, otra velocidad menor, para el resto de ciudadanos. Tomamos


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nota de su intervención, por la cual entendemos que se compromete a reformar esta Ley de tasas y a establecer la exención para las pequeñas y medianas empresas y para las entidades sin ánimo de lucro. Aprovechamos para cuestionarle si entiende que las tasas sí deben seguir gravando el acceso a la justicia de quienes son los principales usuarios de los juzgados y tribunales, de quienes son los principales causantes de esta saturación que no son otros que las grandes empresas, habituales, litigantes cuyo gran número de pleitos acaban causando buena parte de esta saturación. Entendemos que las tasas deberían seguir gravando a estas grandes empresas y quisiéramos saber su criterio.

Quiero recordar además, como se ha mencionado anteriormente, el literal del preámbulo de la Ley de tasas que dice que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita. Nos dicen los estudios recientes que, desde la entrada en vigor de las tasas, el gasto de inversión por el Estado se ha reducido en más de 43 millones de euros en el campo de la justicia. Ello también en buena parte ha pesado en perjuicio de los profesionales -abogados, abogadas, procuradores, procuradoras- que intervienen en su día a día en el desarrollo de la justicia gratuita; justicia gratuita que, como bien sabe, es un pilar básico de la garantía del acceso de la ciudadanía a la justicia en plano de igualdad. Bien sabe que estos profesionales ven día a día una pérdida importante de poder adquisitivo con el recorte de sus retribuciones por el turno de oficio. Algunos colegios han estudiado esto y, han llegado a la conclusión, de que por su trabajo estos profesionales están siendo retribuidos con poco más de dos euros a la hora, de manera que esta prestación prácticamente deviene en una auténtica prestación social a expensas de estos profesionales, los cuales cada vez ven menos incentivada -más allá del sentimiento de solidaridad o incluso de filantropía- su participación dentro del turno de oficio. Reconozcamos los conocimientos, reconozcamos el tiempo invertido por estos profesionales, reconozcamos su pericia y su asistencia a la ciudadanía en ámbitos tan sensibles como la defensa del derecho al trabajo, a la integridad física, a la integridad psíquica, a la defensa de las víctimas, a los derechos de la vivienda, etcétera, y establezcamos de una vez por todas una retribución como mínimo digna y pronta, como usted ha dicho en su intervención: digna y pronta. Pongamos negro sobre blanco, hagámoslo realidad.

Otro asunto que ha sido reiteradamente referido es el sistema LexNet de notificaciones, que bajo el buen propósito de la justicia con papel cero en la práctica ha venido, en muchas ocasiones, a duplicar los trámites. Los profesionales y las profesionales del ámbito de las togas sabemos y sufrimos en nuestras propias carnes a menudo lo que es trámite de LexNet, de tener que presentar telemáticamente y después tener que imprimir y volverlo a presentar, con aquel sello de tinta al que usted se refería, y que hoy en día está presente en todos y cada uno de los juzgados. Además, también nos preocupa especialmente el sistema LexNet en tanto en cuanto supone que los datos sensibles que son tratados desde el sistema LexNet estén bajo la custodia del Ministerio de Justicia, y no dentro del Poder Judicial, lo que es otro ataque a esta independencia del Poder Judicial e, incluso, un incumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Hablaba usted de la colaboración con las comunidades autónomas. Decía: implantar el sistema actual del ministerio en las comunidades autónomas sin competencias transferidas en materia de justicia. Sabe bien que sí que hay comunidades autónomas con esta competencia transferida, que están respondiendo de una manera muy insolvente a esta voluntad de trabajo de comunicaciones telemáticas. Más allá de implantar el modelo del ministerio en las comunidades sin esas transferencias, ¿cómo piensa llevar a cabo el encaje con los sistemas que ya están funcionando en comunidades autónomas? Confiemos en que apueste por una eficiencia dentro de este modelo competencial complejo, y no por una imposición en perjuicio de las comunidades que han realizado y con suficiente éxito su trabajo de digitalización de la justicia.

Más allá del ámbito de los profesionales, la deriva de la justicia carga especialmente sobre la ciudadanía, que en realidad es la última destinataria del servicio público y que vemos cada vez más alejada de aquella necesaria tutela judicial que juzgados y tribunales deberían salvaguardar. Ha hablado usted, señor ministro, de la reforma del Registro Civil. Sabe bien cómo introdujo su proyecto de reforma su antecesor -de nuevo el exministro Gallardón- en el cual proponía que la cesión de la gestión de los registros fuera a parar a manos de los registradores. Sabe el revuelo que ello causó y si que reconocemos que una de sus primeras medidas, señor ministro, fue aparcar esta reforma, aunque no sabemos si fue por convicción o porque -leo literalmente- usted dijo que sería absurdo que el Gobierno se empeñase en una reforma que no cuenta con los apoyos necesarios. Sin embargo, hoy delante de todos y todas, ha informado que ese proyecto de Registro Civil lo concibe como un ente público, gratuito y electrónico con


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la llevanza cien por cien pública. Señor ministro, se lo copiamos literalmente, negro sobre blanco, y en esta línea usted va a encontrar nuestro apoyo y no en aquella línea que en su momento anunció el exministro Gallardón.

Señor ministro, ha hablado de una justicia cercana, de una justicia presente, hablaba de la redistribución de las cargas de trabajo, pero ha pasado -eso sí muy de puntillas- sobre la cuestión de los juzgados de violencia sobre la mujer. Conjugando estos conceptos, estos últimos días han circulado en la Comunidad Autónoma de Murcia y también en Cataluña -tememos que se hará norma en buena parte del Estado- una serie de argumentos a partir de la especialización y de una mejor calidad en el servicio, pero que vienen a justificar la eliminación de las sedes de los juzgados de violencia machista de los partidos judiciales y centralizarlas en las capitales de provincia. Si es así, sepa que vamos a estar absolutamente en contra, puesto que si exigimos y necesitamos una justicia cercana y presente lo es de manera profundamente necesaria en los asuntos de protección de las víctimas y, especialmente, las víctimas de violencia machista. Sabe como lo sabemos nosotros, y es público y notorio, que solo una de cada cinco víctimas de violencia machista acude a los tribunales. Planteemos ahora está deslocalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, alejemos estos juzgados a más de una hora en muchos casos del domicilio de la víctima, consideremos que muy a menudo las víctimas son mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, con empleos precarios, con dificultades de movilidad, y el único resultado que tendremos es el desamparo de las víctimas y la impunidad de los agresores. Este es un tema especialmente sensible. Si apostamos por una justicia cercana y presente, este es un asunto que tenemos que tener muy claro, puesto que no podemos poner en el mismo rasero la justicia en asuntos de violencia machista y la justicia los campos contencioso-administrativo, mercantil, civil, etcétera.

Hemos echado en falta en su intervención que nos hable de la situación de los extranjeros ingresados en los CIE. Mientras tengamos un sistema que sigue apostando por el internamiento en los CIE de los inmigrantes en situación irregular -medida a la que ella sabe que nuestro grupo confederal se opone-, es imprescindible realizar una inversión económica y adecuada que dignifique la vida de las personas internas. Afortunadamente, ser extranjero en situación irregular no es ningún delito, sin embargo, las personas ingresadas en los CIE son privadas de los derechos fundamentales y sociales más esenciales y se encuentran en una preocupante e indigna situación de hacinamiento, irregular asistencia sanitaria y jurídica, falta de información, nula existencia de políticas sociales y educativas, etcétera. Ello exige una respuesta urgente, señor ministro. Proponemos acabar con las expulsiones en caliente, avanzar hacia un sistema alternativo al ingreso en los CIE pero, mientras tanto, adaptar las circunstancias de privación de libertad a los derechos reconocidos en la Constitución y en las normas internacionales. Además, en aras de la defensa de un sistema garantista consideramos que Instituciones Penitenciarias debería reintegrarse dentro del Ministerio de Justicia y no depender del Ministerio del Interior. Respecto a otra materia fronteriza entre Interior y Justicia, también quisiéramos hablarle de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ello no es baladí, puesto que recogemos también unas declaraciones suyas al lado del ya exministro, señor Fernández Díaz, en las que usted aseguraba que la Ley de seguridad ciudadana no solo no limita derechos y libertades, sino que los refuerza. Teniendo por delante un panorama, como es el panorama actual, en el que aquel rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular afortunadamente queda lejos, estamos convencidos de que la nueva aritmética parlamentaria, sumada a la voluntad de consenso, a la voluntad de diálogo, acabará con esta Ley de seguridad ciudadana que muchas y muchos denominamos, no sin falta de fundamento, Ley mordaza, que sumada a la reforma del artículo 315.3 del Código Penal, hace que a día de hoy tengamos en la cárcel a más de 300 personas: hombres, mujeres, sindicalistas, activistas, manifestantes, que están privados de su libertad -repito-, a partir de estas reformas a las que nosotros nos oponemos totalmente. También dentro de este sistema es hora de expulsar definitivamente de nuestro ordenamiento la cadena perpetua revisable, que no es más, como ya hemos referido en la Comisión de Justicia, cuando hemos tratado este asunto, que un mecanismo de revanchismo social y de populismo punitivo que nos aleja de los objetivos auténticos de reeducación y reinserción que deberían regir nuestro sistema penitenciario.

Ha hablado de la lucha por la honestidad política, de la lucha contra la corrupción. Ciertamente, solo tendríamos que verificar el varapalo que ha dado al Estado español y al Gobierno, del informe Greco, en el cual se nos dice que, de las once recomendaciones que se hicieron en el año 2014, dos años después, seis directamente no han sido aplicadas, han sido absolutamente obviadas, y cinco han sido solo parcialmente adaptadas. Es fundamental hacer una reforma en el camino de la lucha por la honestidad política y contra la corrupción, y en esta lucha uno de los principales pasos que nosotros


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defendemos -veo que no somos los únicos en hacerlo- es la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con una justicia como la que tenemos a día de hoy, a falta de la correspondiente dotación de medios, establecer esta ley de plazos sencillamente lleva a la impunidad de los corruptos en una ley de punto final al más puro estilo Berlusconi. Seamos serios, los que tenemos tradición de llevar togas en juzgados y tribunales sabemos que ninguna causa compleja como son los delitos de corrupción, los delitos fiscales o los delitos de malversación en general puede ser instruida en dieciocho meses ni mucho menos en seis. Por tanto, en la práctica está suponiendo una instrucción sin las debidas garantías que en la mayor parte de los casos acabará con la impunidad del procesado y causando una enésima frustración en la ciudadanía. Junto a ello -también celebro haberlo escuchado en las anteriores intervenciones- también hay que entrar con fuerza, con vigor, con seriedad, en la protección de los denunciantes de delitos de corrupción; denunciantes que estamos viendo en la práctica que acaban siendo ellos mismos víctimas de represalias por exigir honestidad y honradez en la política, y que lo acaban pagando con la pérdida del trabajo, con la pérdida de la salud.

Además, es urgente regular la cuestión de los indultos, especialmente de los indultos a los corruptos. Oía hace pocos días al presidente Rajoy -me ha parecido también entenderlo también en su intervención- que el Consejo de Ministros nunca ha indultado a ningún corrupto. Eso no es así. Afortunadamente no es habitual, pero no es así. Vamos a recordar, por ejemplo, el caso del exsecretario general de la Conselleria de Treball de Catalunya, el señor Servitje, de Unió Democràtica de Catalunya, que fue condenado por prevaricación malversación y gracias al indulto se libró de una pena de cuatro años de cárcel; o del exalcalde del Partido Popular del Valle de Abdalajis y tres de sus concejales, también indultados; o del exsecretario de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado por vender permisos falsos a inmigrantes y que gracias a un indulto también fue librado de la cárcel. Después de un siglo y medio de vigor de la Ley de gracia de indulto ya es hora de hacer una profunda reforma de esta institución e impedir que ningún condenado por delitos de corrupción política eluda la acción de la justicia. Hay que desarrollar con rigor, con conciencia, el acceso al tercer grado penitenciario, desarrollar un sistema de beneficios penitenciarios condicionados, siempre y en todo caso, a la efectiva atención de la responsabilidad civil y a la colaboración en la reparación del daño. Entendemos que en la lucha contra la corrupción serían mucho más importantes este tipo de medidas.

Esperamos abordar la reforma del sistema de aforamientos, un sistema que produce algo tan inédito, en pleno siglo XXI, como es arrojar desconfianza hacia el juez ordinario predeterminado por la ley. Es decir, vamos a estar a favor de la reforma del sistema de aforamientos y de limitar al mínimo los cargos políticos aforados, así como en qué circunstancias sí y en qué circunstancias no interviene este aforamiento. Asimismo -lo hemos leído hace unos días en prensa, y se lo hemos oído hace un rato-, se ha referido a las puertas giratorias de jueces y magistrados. Nosotros no estamos de acuerdo con esta referencia. Es una perversión del lenguaje, señor ministro. Una puerta giratoria es cuando un alto cargo de la administración deja ese alto cargo y pasa a integrarse en una gran empresa privada, en un bufete lobbista, etcétera, pero no cuando ese juez o magistrado acaba su vida política y se reincorpora a su cargo en la magistratura. Es cierto que algunas medidas se tienen que tomar en estos casos, evidentemente desde la transparencia, sobre todo, pero, ya de entrada, que se llame puertas giratorias a lo que es una reincorporación, no nos gusta nada. Y si ese es el caso, nos gustaría saber si ello solo afectaría a políticos electos o también a cargos de libre designación, como sería el caso del señor Carlos Lesmes, que de director general del Ministerio de Justicia pasó inmediatamente a ser presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; o actualmente, por ejemplo, el caso del señor José Manuel Holgado, hasta hace poco magistrado en la Audiencia Provincial de Sevilla, y ahora nuevo director general de la Guardia Civil.

Consecuencia de todo ello, señor ministro, por desgracia, vemos cómo la ciudadanía no percibe a la justicia como un buen servicio público que garantice la igualdad y la celeridad necesarias; digo celeridad porque es importante, es muy importante conseguir el efecto de la agilidad en la justicia, pero en ningún momento esta agilidad puede actuar en perjuicio de las garantías. Y mucho tiene que ver todo esto con la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia; celebramos que en su intervención haya hecho referencia a esta carta, carta que a día de hoy, por desgracia, muchos percibimos como un cartel cada vez más descolorido colgado de los vestíbulos de los tribunales de justicia, pero que sí reúne una serie de derechos fundamentales del justiciable ante los tribunales que deberían ser recogidos con rango legal. Y, en el mismo sentido, se deberían potenciar las oficinas de atención al ciudadano y conseguir una adecuada dotación de las oficinas de atención a la víctima.


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Trabajemos por una justicia próxima, amable, inteligible y una justicia, como ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, en la cual el administrado ejerza su derecho de opción lingüística. Nosotros insistimos en la importancia de que el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades autónomas, que tienen más de una lengua oficial, sea un requisito. Los conceptos de mérito ya hemos visto que no han conseguido el éxito, en Cataluña, que es una de las comunidades donde la lengua propia tiene mayor uso en los tribunales, pues las últimas estadísticas reflejan solo un 8 % de sentencias en catalán, de manera que cambiemos el sistema y empecemos a apostar ya por el requisito. Tratemos de que la justicia dé un trato lo más humano y atento a la ciudadanía y que sea una justicia dotada de medios materiales y métodos personales, con una ratio proporcional entre jueces y ciudadanos pero también una ratio proporcional de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios en general respecto a los ciudadanos.

Hablaba usted -y lo celebramos- de desjudicializar la política, y hablando de este concepto lo que nos viene a la mente es la llamada cuestión catalana, que sabemos que es una de las principales preocupaciones de su Gobierno y pensamos en todo lo que ha acaecido desde aquel ya lejano 9 de noviembre de 2014, cuando precisamente esta judicialización de la política es prácticamente como un caballo desbocado que avanza a toda velocidad hacia un muro. Todos los conflictos que se han experimentado dentro de la fiscalía catalana, que en un primer momento pasó a no considerar que aquel proceso participativo del 9-N fuera un delito ni que las personas responsables de su organización merecieran un castigo penal, pasó después, como bien sabe, a la presentación de una querella contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega y la consellera de Educació, señora Rigau. Y, después de ello, tenemos la marcha del fiscal, señor Rodríguez Sol, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fulminantemente cesado y, días después, también la dimisión del fiscal general, señor Torres-Dulce y, a partir de ahí, la cruzada judicial promovida por la fiscal, señora Consuelo Madrigal, contra ayuntamientos, concejales, alcaldes, la presidenta del Parlament de Catalunya, señora Forcadell, recientemente el diputado Homs, y un panorama de posturas enquistadas que nos alejan del diálogo y del entendimiento. Sin embargo, hace unos diez días celebramos escuchar a la vicepresidenta manifestando el inicio de una etapa de diálogo con Cataluña. Lo celebramos y quisiéramos saber si esa etapa de diálogo se traducirá en la retirada de las querellas y devolver al plano político lo que hoy en día se está cociendo entre togas y puñetas.

Señor ministro, como he dicho anteriormente, nos ha tocado vivir un tiempo en el que se han acabado las mayorías absolutas. Nuestro grupo, las mujeres y los hombres de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pretendemos traer el sentido común de nuestra sociedad a la Cámara y, en nombre de este Grupo Confederal, le certifico que estamos dispuestos a dejar la piel para que este sentido común traspase las paredes de La Moncloa. Se abre un tiempo de pactos, como se dice y se repite en este foro, pero van a ser unos pactos que no deben ser firmados en despachos oscuros, sino pactos de Estado realizados con luz y taquígrafos, cara a cara con los afectados y con una sociedad civil empoderada que hace mucho tiempo que está construyendo soluciones alternativas. En su intervención también celebramos...

La señora PRESIDENTA: Señor Moya, tiene que ir terminando. Ha pasado su tiempo con creces.

El señor MOYA MATAS: Disculpe, termino inmediatamente.

Le confirmo que en el camino de la transparencia, en el camino de rendir cuentas, de la participación en la justicia, se va a encontrar con nuestro apoyo y, de la misma manera que decía el señor Prendes cuando ha intervenido y ha dicho que le gusta la música y que veremos la letra, a nosotros también nos gusta la música, veremos la letra, pero sí le certificamos que no vamos a hacer de palmeros.

Termino celebrando que se haya archivado la querella contra la señora Victoria Rosell. Celebramos el archivo de la querella; lamentamos que haya llegado tarde porque, si hubiera llegado antes, en este momento no hubiera sido yo quien hubiera hablado durante mucho más tiempo del que me corresponde, sino que hubiera sido ella.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moya.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.


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El señor CAMPO MORENO: Señor ministro, lo primero que quiero desearle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio, es éxito en su gestión, a usted y a todo su equipo y, por qué no, también a esa subcomisión a la que parece fiar, en buena medida, el éxito de su gestión.

Estará conmigo, señor ministro, en que la Administración de Justicia es uno de esos vectores estratégicos de nuestro progreso como sociedad, tanto por ser una pieza básica del funcionamiento del Estado y protección de los derechos fundamentales como por el crecimiento económico, garantizando la seguridad del tráfico jurídico. Por eso, apostar por modernizar la justicia es apostar por un futuro de mayor bienestar y prosperidad. Pero no basta con ello, señor ministro, no basta con incrementar la seguridad jurídica, no basta con invertir más en justicia, las sociedades actuales exigen más eficiencia, más agilidad en el sistema de justicia y más garantías en la defensa de sus derechos e intereses y usted, permítame que le diga, no nos ha dado muchas pistas sobre lo que quiere hacer con ellas. Tenemos que conseguir que el sistema de justicia no se perciba como el último recurso al que inevitablemente debe acudir el ciudadano, sino como un medio cercano, de eficacia inmediata y de fácil acceso para los ciudadanos, es decir, para todos nosotros. Oyéndole, me ha recordado lo que dijo usted el 15 de octubre de 2014, cuando compareció en esta Comisión por primera vez. En términos generales, prometió un nuevo tiempo para la justicia menos arbitrario y con un proyecto que parecía una enmienda a la totalidad a la gestión de su antecesor. Creo que usted fue visionario y se refería a lo que nos quería proponer precisamente hoy.

Señor ministro, nos expone que quiere abrir un nuevo espacio para el acuerdo. Cada vez que oímos a un ministro de este nuevo Gobierno sacamos una misma conclusión: todos sus programas van trufados de un vocablo, el consenso. Esperamos que desarrollen bien el contenido de esa hermosa palabra. Ya me ha oído decir ante el Pleno de esta Cámara que el consenso no puede ser un fin en sí mismo, aunque es un gran método de trabajo. El Grupo Socialista espera que sus palabras se traduzcan pronto en la mejora de nuestra maltrecha justicia y no en palabras huecas. Señor ministro, nos ha invocado cómo quiere hacer las cosas pero no qué quiere hacer. En la proposición no de ley que se debatió en el Pleno del 15 de noviembre ya le dije que creíamos en sus palabras, es decir, en los frutos, pero que sobre todo queríamos hechos; y son sus palabras, señor ministro. Usted, en una comparecencia en la Cámara, dijo una frase que atribuyó al presidente del Gobierno; dijo que era necesario hacer pocas leyes pero buenas, rememorando a Cicerón, el cual afirmaba -como todos sabemos y recordamos-: plurisimas leyes, repúblicas pésimas. Esperamos que hayan leído mejor a Cicerón y le crean, porque en la X Legislatura desde luego hablaban de plurisimas y muchas plurisimas.

Le propongo que dejemos atrás el pasado y solo nos sirva para no cometer los mismos errores. Usted nos ha expuesto hoy aquí que quiere una justicia para el siglo XXI, y mi primera reflexión -y creo que la de todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- es positiva. Por fin dejan de hacer reformas como si estuviéramos en el siglo XIX. El Grupo Socialista le pide que hagamos leyes para el ciudadano y no para los colectivos. Señor ministro, debería ser el tiempo de las transformaciones, unas trasformaciones que me atrevería a calificar de históricas, porque el modelo de justicia simplemente no existe. He sostenido que no es solo una tarea del Gobierno, tendremos que hablar de reformas de la justicia y de reformas en la Administración de Justicia. Pero usted no nos ha dicho mucho y nos ha concretado aún menos.

Hablaremos primero de las reformas en la Administración de Justicia. Señor ministro, olvídese de los programas de adhesión y haga de la modernización de la justicia una tarea de todos, pero contando con todos: el Gobierno de España, las comunidades autónomas con competencia en la materia, los partidos políticos, el Consejo General del Poder Judicial -al que de una manera o de otra quieren laminar-, la Fiscalía General del Estado, los colegios y las asociaciones profesionales, los sindicatos y las principales organizaciones sociales del sector justicia. Pongamos las bases de un nuevo sistema de justicia mucho más ágil, eficiente y que en definitiva sirva mejor a los ciudadanos, a sus necesidades y a sus expectativas. Queremos construir en este tiempo los cimientos de lo que debería ser la justicia que nos demandan legítimamente los ciudadanos.

El Grupo Socialista se va a permitir decirle no los contenidos pero sí las áreas que considera imprescindibles y los puntos que habría que tocar, en buena medida constituyendo la contestación a esos seis retos que usted establece como pilares de funcionamiento de la subcomisión. El primero es el desarrollo de la nueva oficina judicial. Todo esto suena ya a bastante viejo. Hablar de nueva oficina judicial es casi un despropósito; estoy hablando de 2003, no estoy hablando del siglo XIX. Estoy hablando de 2003, pero ustedes no hicieron nada en todos esos años. Hubo que esperar a 2009, cuando se aprobaron más de dieciséis leyes procesales con objeto de implantar esa nueva oficina judicial, pero todo


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eso ha quedado casi en el vacío. Se abordó una necesaria racionalización de los órganos judiciales que llevaba pendiente, como le digo, desde 2003. Ustedes hacen leyes, pero les cuesta muchísimo trabajo implementarlas. La nueva oficina judicial es sin duda el motor de cambio de la justicia y fue precisamente una iniciativa del Grupo Popular la que la llevó a cabo en 2003, lo que pasó es que después ustedes no terminaron de creérsela: racionalización del trabajo, eficiencia, eficacia, responsabilidad por la gestión, incorporando además las nuevas tecnologías. Si la hubieran desarrollado, se habrían sorprendido y, de paso, hubieran solucionado algunos de los efectos negativos que usted ha comentado, por ejemplo, del proceso civil: problemas con la ejecución de sentencias, nueva oficina judicial; notificación y emplazamientos, nueva oficina judicial; trámites de suspensiones, nueva oficina judicial. Señor ministro, pónganla en marcha; tienen los conocimientos y tienen los resortes normativos para llevarla a cabo, el problema es que no han puesto un euro para ello. Me encanta cuando nos dice que nos presta sus oídos; el Grupo Socialista le pide todos sus sentidos para que les saque los fondos pertinentes a sus compañeros de Gobierno y puedan implementar las leyes que ustedes mismos llevaron al Boletín Oficial del Estado. Como les he dicho, se sorprenderían de lo que es capaz de hacer.

Las nuevas tecnologías -algo diré después de esto- son absolutamente necesarias, pero son un nuevo botón de muestra de un nuevo fracaso en la gestión. No le voy a hablar más del bochorno de LexNET, lo han hecho mis compañeros, pero es una realidad. Nadie duda de la bondad de la agilización procesal del servicio que supone LexNET. Es un servicio bueno pero hay que implementarlo, y hay algo de lo que se han olvidado siempre: establecer mecanismos y establecer la gestión del cambio. Se han preocupado de que la ley aparezca en el Boletín Oficial del Estado, pero ¿se va a implementar sola? No; hay que hacer un acompañamiento, hace falta la gestión del cambio, y eso lo dicen hoy todos los actores que estudian la implementación de nuevas técnicas en relación con los recursos humanos. Lo mismo podríamos decir de la interoperabilidad. Me da igual cómo la llamen. El último Gobierno socialista la llamó EJIS, cuando trabajó sobre el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Me da lo mismo el nombre que se le ponga, pero está claro que nuestros ciudadanos están reclamando una justicia en red, una justicia que se comunique y que pueda permitir el expediente digital de una manera real, y no simplemente un mecanismo de notificación que, como muy bien ha dicho el compañero de Ciudadanos, lo que ha provocado ha sido un aumento de gasto de papel en los juzgados.

Un nuevo punto es sin duda la reforma de la demarcación y planta. Nuevamente, nos planteamos qué hacer con ella. Señor ministro, hay un amplio consenso sobre qué hacer. Me remito al informe que aprobó la comisión gubernamental en la IX Legislatura. Un grupo de expertos, en el que estaban personas reconocidas por todos, como Landelino Lavilla, Fernando Ledesma, Augusto Méndez de Lugo, Silvia Barona, Victoria Ortega, Herminia Palencia y Juan Antonio Xiol, pusieron de manifiesto dónde estaba la superación del actual problema. El informe supuso -y creo que está de rabiosa actualidad- un punto de inflexión. En él se refleja que el modelo de 1988, que fijó la Ley de Planta y Demarcación Judicial, está ampliamente superado. Se nos exige, por tanto, un cambio de paradigma. Pongámonos a ello. Tienen el instrumento. Cómo no va a estar superado del modelo si solo la Ley de planta ha sido modificada en más de quince ocasiones y se han aprobado más de sesenta reales decretos de desarrollo. En ese tiempo la sociedad española ha cambiado enormemente en su población, pero también en su forma de comportarse. Se ha hecho una sociedad más compleja, y de ahí el aumento de la litigiosidad. La litigiosidad no es un problema, es simplemente una manifestación del grado de complejidad de nuestra sociedad, y los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos para solventarla, porque eso da seguridad jurídica y permite algo que es fundamental en los tratados de economía, que es la capacidad de circulación del capital, porque esa es la generación de riqueza.

El concepto de territorialidad está absolutamente superado, en buena medida gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías -esas que ustedes no ponen- y a la creación de espacios integrados como el europeo. Al mismo tiempo, el desarrollo del Estado de las autonomías genera un nuevo espacio que el sistema de justicia tiene que adaptar. Aquí conviene subrayar la necesidad de acometer un cambio de paradigma, y es que hasta ahora las respuestas a esas transformaciones sociales, económicas e institucionales se han basado, y usted lo ha dicho en buena medida -espero haberlo interpretado mal-, en políticas incrementalistas. Más de lo mismo, y eso es un error. Todos hemos tenido conciencia del incremento en los presupuestos de justicia; me voy a referir, para no afearle su última legislatura, al 10 % de incremento entre los años 2000 y 2011, y voy a parar en ese año precisamente porque fue el mejor presupuesto de la historia, con un incremento del 13,77 %. A partir de ahí, como digo, no voy a mencionar más, porque fueron años duros y voy a correr un tupido velo. Pero no solo es necesario un nuevo


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presupuesto, que lo es, sino que hace falta una nueva forma de reorganizar nuestro modelo de justicia. Por tanto, no es solo, que también, un problema de dotación de medios, sino de adecuación a los nuevos tiempos y realidades de la organización judicial. Hago mías sus palabras: más no equivale a mejor. Debemos pasar del incrementalismo a la reorganización eficiente. Déjenme empezar por un punto de partida. No es un planteamiento para legitimar recortes, sino justamente para aprovechar los elementos disponibles. Me voy a centrar muy brevemente en cinco recomendaciones que todos deberíamos tener presentes. En primer lugar, la superación del partido judicial como base exclusiva -y subrayo exclusiva- del modelo. En segundo lugar, la extensión de la organización colegiada, esto es, la estructuración de los tradicionales juzgados como un único tribunal, con el número de jueces y magistrados que resulte preciso. La tercera recomendación consiste en la creación de tribunales de base o primer grado como un primer escalón en la organización para aquellos asuntos de ínfima o menor complejidad. En cuarto lugar, la creación de los tribunales de instancia, organizados con arreglo a criterios de especialización y que responden a la necesidad de establecer un sistema moderno de organización judicial más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno. Por último, es absolutamente necesario que la investigación pase al ministerio fiscal. Chirría algo en mis oídos, y estoy seguro de que es un problema de quien oye, y es la necesidad de modificar el viejo Estatuto orgánico del ministerio fiscal de 2001. Bien, el origen es 2001, pero la última reforma es de octubre de 2007. Por tanto, les diría: ¿hemos agotado las previsiones del Estatuto orgánico del ministerio fiscal de 2007? Me atrevería a decir que no. Estoy pensando en la autonomía presupuestaria y en muchos mecanismos que nos permitirían ver si el ministerio fiscal cuenta con ese protagonismo que el estatuto quiso. No estoy pensando en esos nombramientos, por ejemplo, de la Escuela de Fiscales, frente a la cual, después de mucho tiempo, no hay un fiscal -es una libertad competencial del ministro y, por tanto, ni una sola palabra sobre ello-, pero, desde luego, sí creo que el proceso penal necesita ya ese cambio a un modelo que sea reconocido por todos los países de nuestro entorno. Y aquí es precisamente donde ya no caben más chapuzas; no caben más mecanismos nuevamente propagandísticos, como, por ejemplo, la modificación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Algo de esto hemos visto y algo hemos dicho ya en distintas sesiones plenarias y de comisiones en este mismo ámbito. Nadie duda de que las instrucciones tienen que acortarse, nadie duda de que las instrucciones no pueden ser eternas, pero también le digo que si no va acompañado de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios estaremos dando auge y bombo a aquellos que proclaman que por ahí viene la impunidad. No es el camino que tenemos que seguir y estoy seguro de que no es el camino que quiere el Ministerio de Justicia ni el que desea el Gobierno ni nadie.

Quiero decir unas palabras para referirme a la organización colegial, es decir, la integración de los actuales juzgados unipersonales en un órgano colegiado. Su desarrollo implica necesariamente la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aproveche que tiene tantas ganas de regular las puertas giratorias para introducir esta reforma, señor ministro, porque lo que hay que impulsar es una transformación orgánica que trate de aprovechar las ventajas que ofrece la colegiación. Son unas ventajas muy concretas: concentración de recursos, mejor aprovechamiento de las potencialidades del nuevo esquema de nueva oficina judicial, sustitución de magistrados, repartos, objetividad en las normas y, sobre todo, un mejor aprovechamiento de una nueva oficina judicial. Tenemos que superar esa vieja idea del juzgado como un ente atomizado. Decimos que lo que no está en el proceso no está en el mundo, pero lo que no está en un juzgado tampoco está en el mundo. Tenemos que superar eso. Por eso, no es extraño que los distintos juzgados de un mismo partido actúen como compartimentos estancos, con múltiples fricciones y conflictos ante cualquier decisión que exige mayor coordinación. Como ejemplos, cabe citar las vacantes, las ausencias, la labor de distribución del trabajo y, muy en particular, las reiteradas remisiones de asuntos entre juzgados por distintas interpretaciones de las normas de reparto. Acabemos con todo eso y de una manera rápida y sencilla, señor ministro.

Igualmente, podríamos hablar de los varios jueces adscritos a un único tribunal, porque esto permitiría resolver los problemas de inseguridad jurídica. Es cierto -y le habla un juez- que es fundamental la independencia judicial, y ahora me referiré a ella. Nadie ha dudado de la independencia judicial, sin embargo, todos han puesto en cuestión la independencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano de Gobierno. Algo está fallando en nuestro esquema o, a lo mejor, estamos escondiendo otras intenciones.

En cuanto a la modernización de sistema de justicia, señor ministro, no le voy a decir lo que suponen las TIC. Las TIC no son LexNET. LexNET es ya bastante antiguo. Las TIC son otra cosa; son, como hemos oído aquí esta tarde, la realidad de un expediente judicial del que ya existen antecedentes en nuestro


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sistema. Existe plena coordinación y existía; lo que pasó es que ustedes, sin ningún pudor, se cargaron ese esquema potencial en el que, en conferencia sectorial y en comisiones mixtas con el consejo, el ministerio y las comunidades autónomas, lográbamos articular ese esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Íbamos en el buen camino. Tenía hasta fuentes de financiación propias. Todo cayó en el olvido, y por ese camino difícilmente podremos articular muchas cuestiones.

En la lucha contra la corrupción, evidentemente, señor ministro, va a encontrar siempre al Grupo Socialista, pero, insisto, no basta con proclamar que ya hemos mandado ese mensaje ilusorio a la ciudadanía de que modificando las penas, generalmente al alza, y con más cárcel está resuelto el problema. No está ahí el problema. Eso es importante; es más, hasta le acepto el papel simbólico del derecho penal, pero todos sabemos que tenemos que hacer muchas cosas más y que podemos y sabemos hacerlas. Pongámonos a ello y estoy seguro de que nos quitaremos ese problema de encima.

Antes de que la señora presidenta me llame al orden por el tiempo, me gustaría hablarles de algunas cuestiones. España en Europa. No nos podemos encapsular en nuestros problemas internos, porque contamos con un instrumento, que es Europa, que cada vez nos reclama mayor coordinación con ellos. Estoy pensando en la Fiscalía Europea, que, como sabe el Grupo Socialista, propició en la IX Legislatura, dando lugar precisamente al desarrollo del Tratado de unión y de funcionamiento de la Unión Europea.

No nos podemos olvidar de las víctimas. Tenemos que preocuparnos, pero no solo proporcionándoles un estatuto, que está bien, sino situándolas en el centro. El proceso penal se ha preocupado siempre de los delincuentes y sus derechos -bien-, pero tenemos que preocuparnos y poner en el centro del debate político a las víctimas, y lo mismo ocurre con los usuarios.

Señor ministro, hoy nos vuelve a hablar bien de la mediación, pero le voy a pedir un favor, si me lo permite, a título personal: no nos vuelva locos. El otro día leíamos -leo textualmente, para que no haya equívocos-: Catalá -así decía el titular; yo hubiera puesto el señor ministro- confirma que el Gobierno no realizará ninguna campaña institucional para el fomento de la mediación. 14 de noviembre de 2016. Le podría citar más titulares, pero no me interesa porque estoy seguro de que los va a desmentir y de que han sido malas interpretaciones de los medios, aunque eso estaba ahí. Le pido que la mediación sea un objetivo real, un objetivo en todas las áreas. No hay área del ordenamiento jurídico que no permita un ámbito concreto de mediación.

Esperamos que su ministerio -voy terminando- abandone esa línea de privatización de la justicia. Hoy nos volvemos a enterar de que abrazan lo que la Ley del Registro Civil dijo ya en 2011. Me encanta esta nueva relectura que realizan de la ley, porque eso ya estaba, señor ministro, lo que pasa es que han intentado privatizarlo de una manera o de otra y algunos sectores no han visto la rentabilidad, y al final volvemos otra vez a que es un servicio público. Eso estaba en la ley; no hay nada en la ley que diga que no es así. ¿A quién queremos poner al frente? Le diría que a quien sea, pero vamos a poner a alguien. Un juez no tiene mucho sentido; a lo mejor ahora que van a perder una cierta importancia, en la medida en que nos estamos planteando que pierdan la instrucción, podríamos potenciar sus funciones, pero desde luego no es la visión que quien les habla tiene sobre un juez encargado del Registro Civil, en el que realmente no ejerce mucho esa independencia.

Señor ministro, a continuación le voy a citar cosas concretas. Por lo que se refiere a la Administración de Justicia, su intervención me ha parecido bastante amplia y con muy buenos principios, se los compro todos, pero me gustaría que hubiera bajado al detalle de qué quiere proponer en la citada comisión, porque, con la máxima de las lealtades, le he expuesto lo que el Grupo Socialista pretende hacer. En cambio, después ha entrado en otros mecanismos, y no sé si estamos cayendo en ese término que está tan de moda y que el otro día en el Pleno la vicepresidenta puso en su boca: la posverdad.

Habla usted de las puertas giratorias -se han dicho muchas cosas interesantes-, y me parece que muestra un celo especial con mi carrera. (Risas). Me parece estupendo. Si somos el problema, arreglémoslo; si seis jueces que estamos en política -o quince o veinte- somos el gran problema de credibilidad de la justicia, la solución va a ser muy rápida, pero por favor no faltemos a la verdad. Habla de desregulación total, y uno, que se ha estudiado estos temas, piensa: mi ley orgánica no está actualizada. El artículo 351.f), habla de lo que pasa con los jueces que se reincorporan al servicio activo después de pasar por servicios especiales. Leo textualmente -y abro comillas-: "Deberán abstenerse de conocer de los asuntos concretos vinculados con su actividad política" -cierro comillas-. No sé si le parece mucho o poco, pero es una regulación. Y además de esta específica, hay una regulación muy amplia que conforman todos los mecanismos de abstención y recusación, que, por cierto, estamos viendo en pleno vigor en los últimos meses. Por tanto, tengamos cuidado. Me parece muy bien, regúlenlo; el problema es


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que cuando hablamos de esto estamos hablando de la independencia de los jueces, pero a todos se les llena la boca al decir que los jueces son rabiosamente independientes. Entonces, el único que no es independiente es el consejo, consejo que eligen las Cámaras, y esa politización es el gran estigma, el estigma de Caín. Ya no hay solución. Pero, claro, la gente pide más, y en esa reflexión les pregunto: ¿le explican ustedes a la gente, cuando dicen que el consejo está politizado, que las Cámaras han elegido a doce jueces de los treinta y seis -ahora unos poquitos más- de los que han elegido los jueces como los mejores para representarles? Porque a mí esto me produce un cierto estupor. Es decir, los que eligen los jueces son maravillosos. Esa es la proclama que parece que defienden tanto Ciudadanos -ahora diré algo de Ciudadanos- como el Partido Popular, pero no dicen que los jueces ya han elegido a los que ellos consideran los mejores; simplemente quieren que esos mejores sean los mejorísimos y, por tanto, las Cámaras ya no puedan elegir. Sinceramente, el Grupo Socialista entiende que con los sistemas de corrección que hemos introducido en nuestro programa podemos purificar el modelo, porque no es el modelo lo que falla sino la gestión del mismo.

Termino ya, señora presidenta, no me mire más; la entiendo y agradezco su benevolencia. Cuando el Partido Ciudadanos ve que el consejo no funciona bien -campaña de diciembre- pide su supresión. Después se vio que aquello era fuerte y empezó a introducir matices. ¿Por qué no nos planteamos con seriedad que es un órgano constitucional? Sé que esto le va a gustar a la carrera judicial pero sobre todo le va a gustar a la ciudadanía. Hay un órgano de Gobierno con rango constitucional que vela por la independencia de los jueces y es fundamental y absolutamente necesario. Podemos pelearnos por cómo es la composición, podemos discutir cómo se elige a sus miembros, pero desde luego el órgano es absolutamente necesario. También cuando ven que el Senado no funciona bien predican su supresión. No es la clave la debilitación de la democracia, es su fortalecimiento lo que nos llevará a ser mejor país y unos ciudadanos mejores.

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes-noches, señorías.

Señor ministro, bienvenido a esta Comisión en esta XII Legislatura. Quiero expresar en nombre del Grupo Popular el agradecimiento por su comparecencia para explicar las líneas generales y prioridades para la presente legislatura y también por el tenor de su intervención y sus propuestas. Nos unimos, como no puede ser de otra manera, a todos aquellos buenos deseos que se han expresado respecto a su gestión por parte de los otros grupos.

Usted, como se ha dicho, compareció ante esta Comisión, con el mismo objetivo que ahora he expresado, el 15 de octubre de 2014, a un año aproximadamente del fin de la X legislatura. Ahora ya no dependemos de la confianza en su trayectoria, de sus propios compromisos, de su estilo de trabajo en el desempeño de las funciones públicas a la hora de valorar el alcance de su comparecencia. Nosotros y, lo más importante, todos los sectores de la justicia hemos podido comprobar que su capacidad de diálogo, de cercanía, su disposición a escuchar y a buscar un punto de encuentro para el consenso y su firmeza en la consecución de los mejores objetivos para los ciudadanos son una realidad. Hoy podemos decir que resulta aún más creíble, porque hemos tenido prueba inequívoca de su trabajo como ministro de Justicia y en una etapa nada sencilla. En aquel momento se declaró comprometido con una Administración del siglo XXI, abierta, eficaz, austera y ágil en los tiempos. Expresó su voluntad de trabajar con todos, con esta Cámara, con los grupos políticos, con los profesionales del derecho y con las comunidades autónomas para generar consensos, proyectos y para garantizar el funcionamiento y modernización de nuestra Administración de Justicia. Se comprometió además a estudiar y evaluar los proyectos pendientes, tendió la mano para trabajar en las grandes reformas de la justicia desde el diálogo y el consenso, instrumentos fundamentales para lograr, entonces y ahora, los necesarios puntos de encuentro. Ha mantenido reuniones -usted también lo ha dicho- con los distintos operadores jurídicos de forma constante y así se lo reconocen, y ha estado dispuesto a modificar aquello que no resultaba operativo, que no cumplía expectativas o que nos correspondía ya con el paulatino cambio en la situación económica. Hoy aquí, y no solo hoy -en cada foro, desde su presentación como ministro del nuevo Gobierno, en la pasada sesión de control-, usted ha reiterado cuáles son los ejes prioritarios de su departamento y cuál es su actitud para afrontarlos: trabajar para sacar adelante las prioridades de consenso. Nuestro grupo se congratula de que su propuesta sea la de escuchar a todos, trabajar con todos y tratar de avanzar en las


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prioridades esenciales -en las que es evidente que existe un diagnóstico claro y prácticamente unánime- y además con un gran respeto al Parlamento, puesto que ha dejado claro que quiere que sea aquí, en el Parlamento, donde se debata, y nuestro grupo ha recogido el guante. Es aquí donde, a través del trabajo de una subcomisión, los grupos políticos deben elaborar un informe que permita trabajar en un escenario del máximo acuerdo sobre las medidas y reformas que redunden en beneficio de la justicia, la mejor justicia garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. Una subcomisión, por otra parte, que ha sido muy bien acogida por los profesionales de la justicia, que quieren formar parte del proceso, y que ha sido seleccionada entre las prioritarias de común acuerdo por todos los portavoces de los grupos políticos de esta Cámara.

Nos adelantaba en la pasada sesión de control en sede parlamentaria unas pinceladas de las prioridades que usted y su equipo han trazado para esta legislatura: agilizar, fortalecer la democratización y la independencia de la justicia, mejorar la gestión del día a día, implementar herramientas de gestión del siglo XXI, fortalecer el derecho a la defensa y la justicia gratuita, desde el diálogo y sin hurtar tiempo ni intensidad al debate con la finalidad de alcanzar el máximo consenso. Decía usted que nos lo están pidiendo los ciudadanos hace mucho tiempo y nos lo están pidiendo los profesionales: los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores. Ahora mismo tenemos una demanda social y se ha generado una gran expectación -les aseguro, decía usted, que nosotros no vamos a dejar de atender esta expectativa; este grupo tampoco-; es verdad, basta citar conclusiones de los jueces decanos, del trabajo realizado desde el Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de la Abogacía, del Consejo de la Procuraduría, del fiscal general del Estado o las manifestaciones públicas de las asociaciones de jueces en un artículo conjunto, que no sé si es un precedente, pero desde luego es un gran precedente.

Les digo, señores portavoces que han intervenido hasta ahora -señora Capella, señor Prendes, señor Moya y también señor Campo-, que no se puede apelar a que hay que trabajar por el ciudadano y no escucharle. He tenido la agradable sorpresa al oír que la señora Capella y el señor Legarda comentaban que a veces la exageración de los grupos políticos nos lleva a dar una imagen que no es buena porque no se corresponde con la realidad de la justicia, y estoy convencida de ello. Pero sobre esto de que no se puede apelar a que hay que trabajar por el ciudadano y no escucharle quiero decir que el ciudadano -y ustedes lo saben- quiere inmediatez de la justicia, quiere que haya sensibilidad con las víctimas, quiere sentirse amparado también por unas sanciones proporcionadas a gravísimas conductas delictivas, quiere ver a cada operador jurídico siendo el mejor en lo suyo para que el engranaje funcione plenamente engrasado. Eso es lo que quiere el ciudadano y a eso responden algunas de las últimas reformas emprendidas en la X Legislatura. La descalificación absoluta con la actitud de quien considera que solo él o ella está en posesión de la verdad ayuda poco a cualquier cosa en la vida y, por tanto, muy poco también a conseguir las mejores respuestas para la transformación de nuestra Administración de Justicia y las reformas pertinentes.

Hoy, señor ministro, ha desarrollado con detenimiento aquellas prioridades que las asociaciones judiciales recogen en la misma línea, en la misma sintonía. Sin duda, hay que tener otros factores en cuenta y factores que han puesto encima de la mesa algunos grupos. Y no puedo sino estar de acuerdo con el señor Campo cuando en distintas intervenciones alude a que una reforma integral de la justicia requiere un método y sobre todo un modelo, aunque esto no siempre sea sencillo, mucho menos hacerlo en poco tiempo y que todo funcione como un reloj a la primera. El modelo es necesario, porque lo contrario nos lleva a una justicia patchwork -si me permiten la expresión-, de unión de retales, y eso puede ser una hermosa artesanía convertida en colcha, pero no necesariamente articula un buen sistema de justicia. Incorporar cuestiones aisladas que nos llaman la atención de otros sistemas a veces no hace sino confirmar aquello de que no hay peor cuña que la propia madera o quizás desmentirlo, porque en realidad las maderas son muy distintas.

El ministro Fernández Bermejo en 2008 decía: Los problemas de la justicia de este país no vienen de ayer ni de antes de ayer, vienen de treinta años de democracia en los que no hemos sido capaces de hacer de una legislatura la legislatura de la justicia. Señorías, yo no estoy de acuerdo en toda la formulación de estas palabras del ministro de Justicia. Creo que en los años de democracia se ha evolucionado, y mucho, en la justicia española. Precisamente porque se ha evolucionado, el ciudadano ha sido consciente de lo que significa el principio constitucional de tutela efectiva, porque hemos vivido en un Estado de derecho, porque la sociedad se ha modernizado y han surgido nuevos problemas y nuevos retos. La justicia, por todo ello, ha de evolucionar con esa misma sociedad y seguramente no se ha adaptado al ritmo necesario, pero a todos ustedes, que forman parte de una manera o de otra del mundo de la justicia,


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no les va a extrañar; esto no es nuevo en la historia. Eso no quiere decir que debamos conformarnos, pero achacar a un mal endémico ciertos problemas no es justo e impide afrontar con acierto los procedimientos de subsanación, aunque sí estoy de acuerdo en que hay ciertos problemas estructurales que no pueden esperar más y en que no podemos perdernos, como grupos políticos, en dimes y diretes. Se nos demanda que hagamos de esta legislatura la de la justicia, porque ello es bueno para los ciudadanos, es bueno para la calidad y la regeneración democrática, es bueno para la estabilidad institucional, es bueno para la confianza y el crecimiento económico. Mi grupo cree que tenemos en usted y en su empuje la persona adecuada para intentarlo. Se ha dicho reiteradamente -hoy también-, año tras año, desde distintos grupos políticos y a través de sus portavoces que era necesario un auténtico pacto de Estado que englobase a todos los grupos políticos; por ejemplo, el señor Jané, hoy conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, lo decía en 2008. Ahora ya no hay excusas pues para ponernos manos a la obra, pero hemos oído muchas excusas en las últimas semanas. Tenemos la necesidad acuciante, la oportunidad, el impulso y, espero de todos mis compañeros, el entusiasmo -porque el ministro ya ha demostrado que lo tiene- para ponernos al servicio de la buena justicia. En todas las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno en la X Legislatura se buscó fortalecer cuatro aspectos esenciales de la justicia: como servicio público, como pilar del Estado social y democrático de derecho, como factor para mejorar la competitividad del país y como elemento clave de cohesión social. Pero, sobre todo, han sido reformas en las que se ha tenido muy en cuenta a las personas como principales beneficiarias, y es una pena que muchas veces en el debate político de corto alcance no se reconozcan. Claro que no todo es perfecto, hay que seguir mejorando y hay mucho trabajo, pero el Estatuto de la víctima está ahí, la creación de las oficinas de asistencia están ahí, la lucha contra la violencia de género con nuevos tipos penales y ampliación de las competencias del juez está ahí, el endurecimiento en los delitos de la trata de seres humanos está ahí, muchas modificaciones en materia de menores -no solo en el Código Penal sino en otras leyes- están ahí y muchas más. Y no les voy a cansar, porque creo que no es suficiente. Por eso, desde nuestro grupo estamos dispuestos a trabajar todo lo que haga falta por mantener y tender puentes, explorar todas las fórmulas que nos permitan llegar a las mejores respuestas para el interés de las personas, para el mejor trabajo de los profesionales y estoy convencida de que es posible y que hay verdadero interés en hacerlo, en superar aquellos estribillos inamovibles y estereotipados que oímos en tantas ocasiones.

Saludamos desde aquí con mucha satisfacción los anuncios que ha realizado sobre el Registro Civil y no podemos estar de acuerdo con que se dejara resuelto en el año 2011. Si se hubiera dejado resuelto en el año 2011, si no se hubiera hablado de desjudicialización, no hubiéramos estado incorporados en el debate, pero ahora el señor ministro anuncia algo en lo que estamos de acuerdo y vamos a trabajar por ello. Señor ministro, debemos trabajar más y mejor, todavía más, por los menores, por su protección. Tenemos retos muy importantes. Tenemos que trabajar además por la cercanía a través de la especialización de juzgados que ya tenemos, pero por valorar a los equipos psicosociales, por darle el marco jurídico adecuado. Necesitamos que las reformas procesales se adecuen al presente y al futuro de la justicia, no a hacer unas reformas procesales que no tengan en cuenta que indiscutiblemente -estamos de acuerdo con usted- van a caminar no por la digitalización, sino por la ayuda del entorno digital. Termino. Tenemos mucho trabajo que hacer y debemos hacerlo juntos y con un gran respeto.

Por eso, me van a permitir que, con todo respeto, le pida a la presidenta de esta Comisión que ejerza de tal. Creo que es un gran honor y una gran responsabilidad ser presidenta de esta Comisión y usted no puede dejar la vestimenta de presidenta de lado y de representante de esta Comisión, que es plural. Sin embargo, hoy tengo que lamentar que la presidenta no haya asumido el alto papel que le corresponde en razón de su cargo y de este trabajo parlamentario. Con sus declaraciones ha puesto en tela de juicio cuál es ese papel institucional que tiene que desarrollar. Ya han visto que los portavoces no necesitan guía de lo que debe tratarse en esta Comisión y que somos generosos a la hora de valorar incluso temas que no están en el orden del día. Creo que esta Comisión se merece que su presidenta represente el sentir de la Comisión y no haga su debate personal fuera de ella, porque su función no es la de portavoz ni puede ser partidista. Usted puede hacerlo muy bien y le pedimos desde nuestro grupo que lo haga. Esperamos que lo haga porque el trabajo de esta Comisión lo merece.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moro.

No queremos que el señor ministro acabe agotado hoy, pero tiene la palabra el tiempo que necesite para poder contestar a las cuestiones que se han planteado.


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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La verdad es que es todo un dilema intentar abordar una hora y media larga de intervenciones -como, por otra parte, es lógico y razonable- de sus señorías en un turno de respuestas; por lo tanto, les ruego su comprensión si algún asunto no queda tratado puntualmente. He intentado ir tomando nota de todas las intervenciones de sus señorías. Incluso estaré encantado de hacerles llegar algún dato que pueda facilitarles posteriormente.

Empezaba el señor Bataller poniendo de manifiesto dos temas, además de otros muchos. Ha sido muy hábil diciendo: voy a plantear estos dos y los demás ya irán saliendo, seguro que ha acertado usted en la predicción. Son dos temas bien delicados y nada fáciles de resolución. El primero tiene que ver con la reforma del artículo 22 del Código Civil y, por lo tanto, la concesión de la nacionalidad a los saharauis. Nosotros lo que estamos intentando hacer, desde ya, es poner en marcha la doctrina del Tribunal Supremo cuando nos está diciendo que aquellas personas nacidas cuando España tenía la responsabilidad de administrar ese territorio pueden acceder, por la vía del artículo 22.2.a), a la nacionalidad española mediante un plazo acortado de un año de residencia legal en España. Es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, somos favorables a ese planteamiento, planteamiento proactivo como lo es toda la política que lleva a cabo este Gobierno y todos los Gobiernos en materia de concesión de la nacionalidad. Somos un país que tiene un sistema de concesión de nacionalidad generoso comparativamente hablando con otros países de la Unión Europea o del resto del mundo. Tenemos unos sistemas, unos plazos relativamente cortos para la concesión de nacionalidad o bien cuando identificamos vínculos históricos -como puede ser con Latinoamérica u otros países- o bien por motivos de residencia. Por lo tanto, es lo que estamos haciendo, se están concediendo en esos casos, cuando concurren esas circunstancias, con plazos abreviados. Incluso la Dirección General de los Registros y del Notariado, competente en la gestión de estos expedientes, está empezando a aceptar documentos emitidos por la República Árabe Saharaui Democrática. Ha habido discusión sobre la validez de esos documentos, pero los estamos ya aceptando en los expedientes de nacionalidad, por lo que creo que hemos dado pasos en la dirección correcta.

La segunda cuestión que usted me planteaba es el desarrollo y la incardinación del derecho civil valenciano en el contexto del derecho civil general, de ámbito nacional. Señoría, yo ahí más allá de manifestar y declarar mi respeto por la doctrina del Tribunal Constitucional poco más puedo avanzar. Como usted bien sabe -porque se ve que se conoce usted muy bien la cuestión, es usted un experto en la materia-, lo que el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto es un ámbito competencial; no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, si el reconocimiento de unos derechos de vecindad tienen un tratamiento mejor o peor, si es o no adecuado sino que simplemente ha puesto en consideración cuál es el título competencial que tiene el Parlamento de la Comunidad Valenciana y el Gobierno de la Generalitat Valenciana para regular y legislar determinadas materias. Cuando ha entendido que han ido más allá, ha declarado inconstitucional y nula esa norma. Yo le aseguro -y he estado muchas veces en la Comunidad Valenciana, donde tengo muy buenos amigos, y creo que conozco la sensibilidad y la problemática, y también la importancia del derecho civil foral valenciano- y le manifiesto mi mayor disponibilidad para trabajar estos asuntos, para estudiarlos, para encontrar los límites en los que razonablemente puede haber un desarrollo de un derecho foral propio, como lo hay en otros territorios autonómicos conforme con la tradición, pero siempre, lógicamente, conforme a los títulos competenciales que en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana están atribuidos.

Quería decirle, señora Ciurò, en primer lugar, que le aseguro que permanentemente -lo hago y lo digo siempre, además expresamente- reivindico en estos días con tanta tensión y tanta polémica como los que hemos vivido, y los que vivimos lamentablemente con frecuencia, la presunción de inocencia de cualquiera, de todos, absolutamente de todos, y lo digo siempre, de cualquier partido político, de cualquier origen sociológico, de cualquier entorno. Me parece que tenemos que hacernos fuertes en la defensa de ese pilar de nuestro Estado de derecho, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia. Le aseguro que de todos y cada uno de los ciudadanos que puedan estar sometidos a una investigación, a una duda, siempre me encontrará defendiendo la presunción de inocencia de todos y cada uno de los ciudadanos.

En relación con la fiscalía -ha salido en varias intervenciones y luego lo volveré a comentar-, les aseguro que conozco bien cuál es la posición constitucional de la fiscalía, que es lo que la Constitución declara en relación con la Fiscalía General del Estado y cuáles son las notas que caracterizan su posicionamiento y la autonomía que se le reconoce. Y conozco bien lo que dice el Estatuto orgánico del


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ministerio fiscal y cuál es el cauce por el que el Gobierno puede interesar de la fiscalía que lleve a cabo determinadas actuaciones. Ese cauce es a través del Ministerio de Justicia que por escrito, para que conste y se documente, puede interesar esas actuaciones de la fiscalía. La fiscalía tiene también toda la competencia y la capacidad para, reuniendo a la Junta de Fiscales de Sala, valorar si esa comunicación del Gobierno tiene sentido, está puesta en razón, es razonable en el modelo constitucional que tenemos establecido y creo, insisto, que conozco las reglas -como seguramente sus señorías conocen perfectamente- y eso es lo que he dicho y eso es lo que hacemos cotidianamente.

Durante el tiempo que yo he sido ministro de Justicia, en ninguna ocasión nos hemos dirigido a la fiscalía en desarrollo de la competencia que nos podría atribuir el artículo 8 y 9 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal ni le hemos pedido a la fiscal general del Estado que comparezca ante el Consejo de Ministros, como sí se puede hacer y ha pasado en tiempos anteriores. Les aseguro mi máximo respeto por el funcionamiento y por la autonomía de la fiscalía. Es verdad que le corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, proponer al candidato para desempeñar la posición del fiscal general del Estado, después de un trámite complejo de comparecencia ante esta Cámara, ante esta Comisión, y también de informe por parte del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el Gobierno propuso a don José Manuel Maza, magistrado con más de cuarenta años de ejercicio, de los cuales catorce años en la Sala segunda del Tribunal Supremo, apreciamos en él capacidades y competencias profesionales y personales para ejercer con toda cualificación la posición tan relevante de fiscal general del Estado y, además, también valoramos el momento, igual que valoramos el momento cuando propusimos a doña Consuelo Madrigal, que fue un momento especialmente difícil por la finalización del mandato del fiscal general del Estado anterior, don Eduardo Torres-Dulce, quedaba un año de legislatura y era un momento muy particular y muy difícil. Le reconozco muchos méritos en su desempeño a doña Consuelo Madrigal, entre ellos haber tenido el coraje de asumir la Fiscalía General del Estado en un momento tan peculiar y tan complejo. Ahora, con una legislatura por delante; ahora, con el proyecto fundamental de esta legislatura, que es el que todas sus señorías han comentado también de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma del estatuto orgánico, organización de la fiscalía para desempeñar nuevas funciones, hemos valorado las capacidades y la posición profesional del señor Maza como el más adecuado para poder ejercer durante este tiempo la posición del fiscal general del Estado.

Señoría, le aseguro -usted lo ha mencionado y no estoy nada de acuerdo con usted; constará en el "Diario de Sesiones"- que en ningún caso el Gobierno ha obligado a la fiscalía a cambiar de criterio en absoluto. De verdad, creo que este tipo de planteamientos no hacen ningún bien a la percepción social de la independencia -eso de lo que hemos hablado tanto ustedes y yo-, aquí estamos hablando de la fiscalía no del Poder Judicial. No hacemos ningún bien cuando nosotros mismos transmitimos la idea de que el Gobierno le dice a los fiscales lo que tienen que hacer, que ha sido objeto de comentario en alguna ocasión. No ha sido así en ningún caso, ha sido la Fiscalía General del Estado la que en cada circunstancia y en cada proceso ha decidido lo que tenía que hacer, incluso con participación de la Junta de Fiscales de Sala cuando interpuso una querella con ocasión de los hechos acaecidos el 9 de noviembre del año 2014. Ahí fue la actuación absolutamente autónoma de la fiscalía la que llevó a la presentación finalmente de una querella en esos términos.

Señoría, ha dicho que tenemos que recuperar el diálogo, que hay que hacer del diálogo una manera de trabajar y que están esperando que se note y que se aprecie esa nueva manera de llevar adelante las relaciones con las instituciones de Cataluña. Creo que eso ha sido así durante la X Legislatura, es lo que hemos hecho, hemos estado en permanente diálogo con las instituciones y con el Gobierno de la Generalitat fundamentalmente y hemos intentado alcanzar en todas las políticas públicas encuentro, diálogo y acuerdos hasta donde es posible. Lógicamente, no podríamos ejercer nuestras funciones haciendo renuncia de nuestras obligaciones y de nuestras competencias. Usted ha dicho que yo le hago una consideración de carácter general al decir que la democracia está basada en la ley y la ley es la manifestación de la voluntad de todos representada en el Parlamento. Si le aplico el criterio general, usted dice que el diálogo se queda en un cuento. Parece que a usted solo le gusta el diálogo si atendemos las peticiones de la contraparte. El diálogo, como bien sabemos todos, es entre varios. Por lo tanto, todos estamos llamados a encontrarnos y a hacer posicionamientos. Si uno dice referéndum sí o sí, no sé yo si eso es característico de alguien que quiere dialogar y que quiere llegar a puntos de encuentro con quien está necesariamente obligado a dialogar y a encontrarse.

En cuanto al conocimiento de las lenguas, saben sus señorías que este es un asunto en el que estamos implicados desde hace mucho tiempo tanto el Consejo General del Poder Judicial en lo que se


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refiere a los jueces y magistrados como el Ministerio de Justicia en relación con los fiscales y con el conjunto de los funcionarios. Hemos promovido que se entienda como un mérito para la ocupación de puestos de trabajo el conocimiento de las lenguas cooficiales. Se han dedicado y se dedican muchos recursos para la formación en el conocimiento de las lenguas cooficiales. Sí creemos que por la naturaleza de la función jurisdiccional, de la carrera judicial, de la carrera fiscal y la naturaleza de cuerpos nacionales de los funcionarios de la Administración de Justicia, no debe exigirse como requisito porque entonces se estaría limitando la movilidad, las expectativas profesionales y, posiblemente, incluso habría problemas para cubrir determinadas posiciones profesionales en algunos territorios como puede ser el caso de Euskadi, Cataluña, Galicia, Valencia, Baleares o donde fuere. Por lo tanto, les aseguro nuestro compromiso, y lo hemos manifestado en cuanto hemos tenido oportunidad, por ejemplo, con la realización de las pruebas de acceso a la abogacía para que se pudiera hacer el examen en lengua catalana, en lengua gallega y en euskera. Eso ya lo hemos hecho este año, ante una petición que habíamos recibido. Pensamos que ahí era posible. Bien es verdad que había alguna sentencia que decía que no era obligatorio, pero hemos ido más allá de lo meramente obligatorio para encontrar ese punto de consenso con las autoridades de las administraciones autonómicas que así nos lo solicitaban, y así lo hemos hecho. En el resto de las cuestiones seguiremos trabajando para que el uso de las lenguas cooficiales sea tan natural como lo es en el conjunto de la sociedad y en la Administración de Justicia. Hay algún dato muy interesante, señoría, y es que, por ejemplo, en la provincia de Girona el 43,5 % de los actos de trámites se redactan en catalán y el 35 % de las sentencias se dictan en catalán y, sin embargo, en Tarragona no, en Tarragona apenas alcanza el 3 %. Por tanto, yo también, como le transmito en ocasiones al conseller, estoy perfectamente dispuesto a estudiar qué se puede hacer para mejorar esta realidad. Estoy seguro de que la Generalitat de Cataluña, como los otros Gobiernos autonómicos, también puede formar a los profesionales en el conocimiento del idioma, generar políticas de incentivos y no de rechazo o de represión, que creo que no son las que funcionan, para un mejor conocimiento de la legua catalana.

Me preocupa como le preocupa a su señoría -y está con nosotros el presidente del Consejo General de Procuradores de España- las resoluciones que puedan dictarse tanto en ámbitos de tribunales como por parte de la Comisión Europea en relación con el ejercicio profesional de los procuradores y de los abogados, tanto en temas retributivos o de los aranceles como en asuntos vinculados con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y procurador. Como saben los profesionales, yo reitero mi compromiso por defender ante la Unión Europea que nuestro sistema de servicios profesionales funciona adecuadamente, es un servicio cualificado, es un servicio eficiente, es un servicio que no genera unos costes adicionales comparativamente hablando con otros países de la Unión Europea y, por tanto, creo que contamos con unos profesionales de la procura y la abogacía y los graduados sociales, como el notariado y los registros, que hacen un ejercicio profesional de calidad, que prestan servicios adecuados a los ciudadanos, y vamos a defenderlo en Europa, como ya lo hemos venido haciendo y como estoy seguro de que lo haremos en el futuro para, en la medida de nuestras posibilidades, seguir legitimando el modelo, no por sostener el modelo actual, sino porque creemos ciertamente que es eficaz, que da garantía de calidad de servicios y que los costes de esos servicios no son en absoluto superiores a los que existen en el resto de los países de la Unión Europea.

En relación con los delitos cometidos contra los menores y los plazos para su prescripción, en la reforma del Código Penal que llevamos a cabo en el año 2015 reformamos las penas para incrementarlas en este tipo de delitos y también en el artículo 132 se establece con claridad que la prescripción se computa a partir de la mayoría de edad de la persona que ha sido ofendida, que ha sufrido el delito. Por lo tanto, en ese sentido creo que hemos mejorado notablemente, hemos incrementado penas; por tanto, en esas penas tiene una mayor duración la prescripción para la denuncia de ese tipo de delitos. En todo caso, si consideramos que todavía hay alguna debilidad o que deberíamos reforzar adicionalmente los plazos de la prescripción, le aseguro, señoría, que vamos a estar absolutamente dispuestos a trabajar en ese sentido.

Lo mismo sucede en materia de mediación, que ha salido reiteradamente. Hemos hecho una Ley de mediación en materia civil y mercantil; hicimos una Ley de arbitraje; hemos hecho una Ley de jurisdicción voluntaria. Lo que sí he dicho -y quizás no fue bien transcrito o no me expliqué bien- es que no es un problema de leyes, en mi opinión; en este momento ya no tenemos un problema de leyes para la búsqueda de soluciones extrajudiciales de conflictos; es una cuestión de cultura, una cuestión de convencimiento por parte de los profesionales y por parte de la sociedad. Lo que sí dije quizás es que no me parece, por tanto, que sea un tema de presupuestos públicos. No hace falta que gastemos dinero de los presupuestos


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públicos porque tenemos las leyes y son los profesionales, fundamentalmente los que quieren promover la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria, los que tienen que trabajar y desarrollar y hacer esas jornadas de sensibilización en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, en ese sentido trabajaremos.

En cuanto a la Ley de vivienda de la Generalitat, señoría, no es un problema de que no creamos en la mediación. Es un problema de que las competencias que allí se atribuyen a la Generalitat de Cataluña o a las instituciones catalanas pensamos que invaden competencias que son del Estado porque son de carácter general para todo el territorio nacional y no solo para el ámbito de Cataluña. Discutimos la competencia, no discutimos en absoluto que la mediación sea un magnífico instrumento, estoy convencido, en materia de conflictos cuando estamos hablando de temas habitacionales o de arrendamientos u otras cuestiones en materia de vivienda.

Me decía el señor Legarda, y lo comparto, que hay que afinar en el diagnóstico. No nos lleva a ningún buen sitio generalizar los diagnósticos un poco de brocha gorda y es cierto que para identificar los problemas reales que tiene la justicia deberíamos, como hacemos, trabajar con los profesionales, trabajar con expertos, afinar bien el diagnóstico y la identificación de problemas para a partir de ahí construir en la solución del futuro. Y para ello, sin duda, la búsqueda de soluciones pasa por exprimir y aprovechar al máximo en lo que tengan de bueno, que yo creo que algunas cosas buenas tienen, las creo que fueron veintidós leyes que en materia de justicia se aprobaron durante la X Legislatura, catorce de ellas durante el año 2015. Creo que ahí hay mucho potencial y lo estamos conociendo, vamos a ver cómo se desarrolla la Ley de jurisdicción voluntaria, cómo se desarrolla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cómo se desarrolla el Código Penal. De entrada, aunque ya sé que es un asunto que hay que cuidar bien cómo decirlo, la entrada de asuntos en el orden penal ha caído en un 40 %, porque estábamos computando los atestados sin autor conocido, que no tenían ningún valor cualitativo. Por lo tanto, esa reforma nos está ayudando, por ejemplo, a poner en razón el número exacto de asuntos que ciertamente tiene la jurisdicción penal. Hay otras muchas cuestiones más, que sin duda las reformas llevadas a cabo en la X Legislatura van a permitir un mejor funcionamiento de la justicia en materia de tecnologías, en algunas reformas que hicimos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para fortalecer la protección de los consumidores y evitar cláusulas abusivas, o cuando trabajamos en la contestación escrita en el juicio oral para agilizar el funcionamiento de la justicia. Todo eso hay que dejarlo que se consolide, que funcione, como también está funcionando nuestro nuevo Código Penal en muchas materias.

Me parece muy interesante la reflexión sobre la posibilidad de mediación en asuntos de pequeña cuantía -penal o civil- y aprovechar experiencias comparadas me parece una magnífica manera de aprender, también en Italia hay alguna reforma en materia de mediación que nos puede servir de referencia y, por lo tanto, le aseguro que seguiremos muy atentos a esas experiencias para ver si son razonables y es deseable traerlas a nuestro entorno normativo.

En cuanto a las cuestiones que usted ha mencionado en torno al estatuto de la carrera judicial, yo también he intentado hacer referencia a ellas, trabajar en mejorar los sistemas de selección, formación, carrera profesional, en código ético, la responsabilidad. En las denominadas puertas giratorias -a mí tampoco me gusta nada, no creo que sea una buena expresión-, creo que sería mejor mejorar los conflictos de intereses cuando se deja de ejercer la carrera y se pasa a la política o viceversa. En todos esos temas, como sabe señoría, yo he apuntado que deberemos trabajar en esta Comisión porque son asuntos en los que podemos tener mejor regulación que la que tenemos en la actualidad.

Yo he hecho bastante referencia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y creo que puede ser sin duda uno de los grandes proyectos de esta legislatura. Habrá que valorar no solamente el aspecto puramente procesal, también el organizativo y, lo han dicho sus señorías, el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, la dotación de las plantillas, los tiempos de transición para la implantación del nuevo sistema. Todo ello es sin duda un proyecto de gran complejidad al que tendremos que dedicarle mucho tiempo. Mencionaba usted, señoría, alguna cuestión que luego también ha sido comentada en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el objetivo que tuvo el Grupo Parlamentario Popular cuando presentó esa proposición de ley era dotar de herramientas para hacer eficaces y ejecutivas las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sigo pensando que es razonable que el Tribunal Constitucional tenga esas capacidades como lo tienen los tribunales de justicia en sentido estricto y, por lo tanto, dotarle de ejecutividad para las notificaciones, para hacer que se cumplan sus resoluciones, nos parece que es bastante razonable y está puesto bastante en razón en la reforma que se llevó a cabo.

En cuanto a los cuerpos de funcionarios, yo creo que tal como están definidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial tienen sentido. La justicia es única en todo el territorio nacional y tiene


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sentido que los servidores públicos que la atienden, ya sean jueces, fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia, tengan la consideración de cuerpos nacionales, por decirlo en terminología funcionarial. En todo caso, también les recomiendo, señorías, que, además de que podamos debatirlo nosotros, lo planteemos con los representantes de los trabajadores a ver qué nos dicen ellos, a ver si ellos están dispuestos a perder su condición de funcionarios de ámbito nacional o prefieren seguir estando como están, sin perjuicio de que se pueda trabajar más coordinadamente con las comunidades autónomas en políticas de selección, de formación, de oferta de empleo público, a lo cual me declaro absolutamente abierto. Así es como lo hacemos cuando creamos plazas; cuando creamos y dotamos nuevas plazas para los tribunales de la doble instancia penal, lo hacemos hablando con las administraciones autonómicas y con los presidentes de los tribunales superiores de Justicia para dotarlas de las plazas necesarias y adecuadas en función de la previsibilidad de litigiosidad que vaya a existir. Respecto a la oficina judicial y la oficina fiscal, yo mismo lo he puesto de manifiesto como un instrumento, es ciertamente un elemento instrumental pero que nos puede ayudar a esa justicia más eficaz, más ágil, y, por tanto, mi propuesta es también la de avanzar en esa dirección y dotarnos de modelos de gestión más eficaces que los tradicionales.

Decía la señora Capella que venimos de la X Legislatura. Es evidente, venimos de la X Legislatura en la que se aprobó, con un altísimo consenso, el Estatuto de la víctima, la Ley de concesión de nacionalidad de los sefardíes, la modificación del baremo de indemnizaciones en accidentes de tráfico y algunas otras cuantas cosas más; en la X Legislatura hubo de todo, hubo muchas enmiendas, hubo muchas leyes que tuvieron centenares de enmiendas aprobadas y, por tanto, me parece que también fue un buen ejercicio de diálogo aunque algunos a veces quieran ver lo que funciona menos bien en vez de lo que funciona bien. Creo que fue una buena legislatura, insisto, de aprobación de muchas reformas, muchas de ellas con gran consenso, con gran contenido enmendado con aportaciones de todos los grupos y no me parece a mí que sea en absoluto una legislatura que haya que denigrar o rechazar en términos de diálogo y participación de las Cámaras para la aprobación de muchísimos proyectos de ley. Entre ellos, reformamos el Código Penal -aunque su grupo no lo votase- para tipificar mejor e incrementar las penas de los delitos de odio. Por eso, cuando hubo el accidente de Germanwings u otros episodios en los que hemos visto cómo hay quien utilizando las redes pretende cometer delitos graves basados en planteamientos de odio o de discriminación, seguramente si esa reforma hubiese estado hecha anteriormente hubiéramos podido atender mejor este tipo de comportamientos y todavía vemos hoy cómo en ocasiones, en los delitos cometidos a través de las redes, no tenemos suficientemente bien tipificadas las conductas para poder atacarlo adecuadamente. Hoy ya no existe la posibilidad de esconderse en el anonimato de las redes, hoy se tipifican mejor los delitos cometidos a través de Internet, hoy los delitos de odio también tienen una pena mayor y, por tanto, estoy seguro de que a su señoría ese enfoque le parecerá positivo, sin perjuicio de que algunas otras cuestiones del Código Penal no se lo pareciesen y por eso no mereció su apoyo.

Tenemos un compromiso con el Gobierno de la Generalitat de incrementar, con ocasión del decreto de creación de plazas que tenemos ya sometido a trámite internamente, la planta judicial en Cataluña; hemos hablado de hasta doce plazas y le aseguro, señoría, que tantas cuantas seamos capaces de conseguir, en términos agregados, las asignaremos allí donde hay carga de trabajo, donde hay más prioridades y, sin duda, Cataluña es una de esas prioridades para nosotros en la creación de órganos judiciales en el futuro. Estoy muy de acuerdo con usted en que hay que regular bien la movilidad de los profesionales de la Administración de Justicia -no solo de los jueces, también de los fiscales y de los funcionarios-, porque un exceso de movilidad, que sin duda es un derecho muy respetable de un trabajador, puede perjudicar el buen funcionamiento de los órganos judiciales. Por consiguiente, le tomo la palabra, señoría, para trabajar en eso, para encontrar un modelo razonable que, insisto, haga coexistir adecuadamente el derecho de los trabajadores a la movilidad con la obligación de permanecer un tiempo mínimo en los destinos, de tal manera que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia esté también garantizado por la permanencia de los funcionarios.

Me hablaba usted de las tasas judiciales. Es un tema que ha salido en alguna otra intervención más. Señoría, las tasas judiciales, tal como fueron configuradas en el año 2003, definen como hecho imponible el ejercicio de la función jurisdiccional. Esa función jurisdiccional es única, es exclusiva, no es propia de las comunidades autónomas sino del Estado y por eso se configuró el hecho imponible de tal manera que es una tasa, un ingreso de derecho público que gestiona y recauda la Agencia Tributaria, que, como es evidente, destina los ingresos que obtiene a la atención de todos los fines de interés general que son subvencionados con los ingresos públicos. Por tanto, cuando me preguntan dónde ha ido a parar el dinero


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de las tasas siempre digo que seguramente a pagar colegios, centros sanitarios, salarios de militares o de policías o a pagar todas las atenciones que se financian con los ingresos del Estado. No están afectados a un fin -en este caso la justicia- ni están afectados, por supuesto, a un territorio, como bien conoce su señoría. La justicia tiene sus presupuestos, aproximadamente 1.600 millones de euros en el presupuesto de gastos del Estado, y luego muchas partidas que aparecen en todos los presupuestos de las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas y que son financiadas conforme al modelo general de financiación de los servicios públicos. Por lo tanto, en mi opinión, el enfoque de que las tasas deban quedarse en la justicia no es razonable. La justicia tiene que tener una financiación adecuada y ahí le aseguro que voy a estar -me lo decía el señor Prendes- peleando hasta el último euro por que tengamos en el año 2017 un buen presupuesto para hacer todo esto que decimos que tenemos que hacer -les agradeceré mucho a sus señorías si también me ayudan en ese sentido-, pero eso no quiere decir que como ingresamos por las tasas, como ingresamos por las multas o ingresamos unos derechos por las cuentas de consignaciones de depósitos, eso se quede en la justicia. Yo no soy fiscalista especializado pero entiendo que la totalidad de los ingresos públicos están destinados a la financiación del conjunto del gasto público y que en esta casa, cuando se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado, atribuimos a qué fines se destinan los ingresos que se generan desde la Agencia Tributaria y desde todas las administraciones públicas que tienen competencias en materia de ingresos públicos.

He mencionado que me parecía que una manera de fortalecer la independencia del Poder Judicial es separarla del poder político, y una manifestación de esa separación del poder político -es una y es instrumental- es modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que no existan magistrados en los TSJ de designación autonómica. Entiendo que esto pudo tener algún sentido cuando se pretendía que en esas salas hubiese expertos en conocimiento del derecho autonómico, y por eso se vinculó a la Cámara parlamentaria autonómica con la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de ese territorio. Me parece que hoy los profesionales y el conjunto de la sociedad valorarán bien que los jueces que componen esa sala tengan el origen en la carrera judicial que les corresponde, que se cubran los destinos conforme a sistemas generales, a los que también me he referido, para acompañar más transparencia y más méritos, pero no que sea un parlamento autonómico el que designe directamente a una persona que se incorpora a un tribunal de su territorio.

En relación con la memoria histórica, señoría, le aseguro que, con los créditos disponibles, seguimos aplicando todas las políticas que hay en ese sentido de resarcimiento, de emisión de certificados y de trabajo con las asociaciones. Y cuando un juez de un país extranjero solicita una colaboración, por esa materia o por cualquier otra, aplicamos los tratados internacionales vigentes, los convenios bilaterales allí donde existan y, por tanto, respetamos todos los derechos que a cualquier juez le confieren, insisto, tanto los tratados internacionales como los convenios bilaterales. Este es el caso de la jueza Servini, que ha dirigido una solicitud de colaboración; esa solicitud nosotros la hemos canalizado a los tribunales de justicia y a la fiscalía, y está en marcha. No sé si la señora Servini va a venir a investigar aquí, a tomar testimonio, pero le aseguro que ese procedimiento está dentro de los tratados internacionales y del convenio con Argentina; está en marcha con total naturalidad.

El señor Prendes, portavoz de Ciudadanos, me decía que son muchos los temas, y es verdad. Recuerdo que cuando comparecí aquí el día 15 de octubre del año 2014 me dijeron algo parecido; me dijeron que había que ver cuántos proyectos traíamos. Pues catorce de ellos vieron la luz durante ese tiempo, insisto una vez más, con mayor o menor acierto. Lo que le aseguro, señoría, es nuestro compromiso, el de este ministro y el de todo el equipo del ministerio -que además está aquí hoy en la sala-, por trabajar con absoluta dedicación y con total disponibilidad para llevar adelante el máximo de proyectos posibles y siempre, como hemos dicho, con la colaboración de sus señorías, de los grupos parlamentarios y de todos los profesionales que tienen que estar presentes en la elaboración y en la puesta en marcha de todos los proyectos.

Tenemos muy claro, señoría -y seguramente me habrá leído-, que el pacto que firmó el Grupo Popular con el Grupo de Ciudadanos goza de buena salud. Tenemos el máximo compromiso de llevarlo adelante y en sus propios términos. Por lo tanto, si en la medida 132 percibimos alguna discrepancia, lo hablaremos, lo aclararemos y encontraremos con toda seguridad un acuerdo para llevarla adelante. También cuando hablemos de cuándo debe dimitir una persona que tenga una causa por corrupción, seguro que nos vamos a poner de acuerdo porque creo que ha habido buena fe en la firma de los acuerdos; nadie ha intentado escribir raro para luego interpretarlo de manera torticera. Esa no es en absoluto nuestra actitud, estoy seguro de que no es la suya y, por lo tanto, avanzaremos. Avanzaremos,


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por ejemplo, en esa cuestión que usted ha puesto de manifiesto muy claramente: en la mejora de la percepción de la independencia judicial. Me ha parecido entenderles a todos ustedes -creo que esa es su impresión y su conocimiento- que no tenemos un problema de independencia judicial en España. Tenemos una carrera judicial, fiscal y de profesionales de la justicia, en su conjunto, absolutamente cualificados e independientes, pero lo cierto y verdad es que la percepción social es la que es y que, por tanto, hay que trabajar en la mejora de esa percepción social, y también, por qué no, en mejorar y fortalecer la independencia judicial. Acabo de mencionar mi propuesta de que no haya ya más nombramientos de magistrados de los TSJ desde los parlamentos autonómicos. Es una buena medida que creo que ayuda en esta dirección, como algunas otras que he mencionado y que también su señoría ha puesto de manifiesto. Para concretar cuál puede ser un mejor sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de origen judicial, como he dicho, vamos a trabajar con los grupos y también con las asociaciones judiciales, porque no le niego que me haya parecido interesante la reflexión que hacía el portavoz del Grupo Socialista cuando dice: si vienen treinta y seis de la carrera judicial y se eligen doce, esos doce no estaban contaminados; serán tan buenos como los otros veinticuatro; esa legitimidad de haber sido elegido por sus compañeros la tienen. Bueno, quizá no lo hemos sabido explicar, quizá haya alguna contaminación, no digo que no. Lo que propongo es sentarnos a encontrar sistemas entre nosotros y con las asociaciones de jueces, que también me consta que es un tema que les preocupa y que están comprometidos en fortalecer y recuperar esa legitimidad en torno a la independencia del Poder Judicial.

El tema del ejercicio de la política por parte de miembros de la carrera judicial es otro de los asuntos que también genera un cierto debate social y, por tanto, tenemos que abordarlo, y hacerlo dentro de un contexto de razonabilidad para no denigrar a quien hace un ejercicio de un derecho político, como es participar en la política. Todos nosotros lo hemos hecho y, en alguna medida, hemos modificado nuestras carreras profesionales. Eso no puede ser tampoco un óbice para el retorno a nuestros orígenes profesionales, pero siempre garantizando, eso sí, la máxima independencia, la no incompatibilidad, el no conflicto de intereses. El portavoz del Grupo de Podemos hacía una reflexión sobre las puertas giratorias. Parece que las puertas giratorias solamente son las de los políticos. Bueno, todos los políticos tenemos la obligación, en el ámbito de la Administración General del Estado, de estar dos años sin actuar en ningún asunto que tenga que ver con sectores o con materias que hemos conocido en el ejercicio de la función política. Ahí tenemos un ejemplo, una manera de resolver o de atender. ¿Ser más duros que eso? Vamos a verlo, vamos a trabajarlo. Yo sí creo que tenemos que hacer algo en esa materia porque, ciertamente, hay una crítica social, una percepción social negativa. Por tanto, reforzar todo este tipo de procedimientos, de instrumentos, nos ayudará a fortalecer la independencia judicial y la percepción social de la independencia judicial.

Señorías, voy a trabajar para que el presupuesto del Ministerio de Justicia del año 2017 sea el mayor posible. Intentaré explicar en la mesa del Consejo de Ministros y a mi colega el ministro de Hacienda cuáles son nuestras necesidades. Agradeceré mucho la colaboración de todos ustedes. Hemos tenido dos buenos presupuestos en el año 2015 y en el año 2016, para lo que ha sido el momento económico. En términos homogéneos, comparativos, hemos estado por encima del 8 % en ambos ejercicios. Es verdad que en un presupuesto de 1.600 millones de euros el neto absoluto no es altísimo, pero nos ha permitido abordar algunas reformas como las que ahora le voy a mencionar. Ha sido larga mi primera intervención y he ido un poco deprisa, pero espero que lo hayan recogido bien en el Diario de Sesiones. Doscientas cincuenta plazas de jueces en estos años, no solo cincuenta. Estamos cada año convocando cien plazas, sesenta y cinco de jueces y treinta y cinco de fiscales, y espero que así sigamos, al menos con esa ratio, en los próximos años y también en el futuro.

Me hablaba su señoría de los temas de tecnología, y es verdad que es uno de los desafíos, una de las lagunas, de las carencias en las que se lleva mucho tiempo trabajando. Lo decía también el señor Campo, llevamos muchos años trabajando desde diversos Gobiernos y, por tanto, con mucho proyecto en este sentido, y queda por hacer. Hoy tenemos setecientos diecisiete juzgados del territorio del Ministerio de Justicia que tienen ya implantada justicia digital. Sesenta y ocho millones de comunicaciones electrónicas. No sé qué tal es LexNET, no lo calificaré porque lo conozco hace ya trece años y cuando se les coge cariño a los instrumentos se puede ser subjetivo, pero sesenta y ocho millones de comunicaciones electrónicas efectuadas hasta el día de hoy nos dan idea de que algo está funcionando; y setecientos diecisiete juzgados, bien es cierto, en el territorio del Ministerio de Justicia, que es de lo que yo puedo hablar, están funcionando ya con plena eficacia en materia de justicia digital.


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He mencionado ya, señoría, que la reforma de la justicia penal, sin duda, es una gran pieza, es una gran reforma pendiente en la que tendremos que trabajar con intensidad. Yo mismo también he dicho que el nuevo papel del fiscal investigador tiene que ir acompañado a la vez, no después, de la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. No estoy hablando de que el fiscal vaya a hacer lo que hace hoy el juez. Estamos hablando de un nuevo procedimiento, una nueva manera de actuar y, en ese contexto, un nuevo Estatuto orgánico del ministerio fiscal que le dote de medios, de capacidades, que le refuerce su autonomía y su capacidad de actuar sin ninguna influencia y sin ninguna directriz de nadie que legítimamente no la tenga, que no es otro que la propia fiscalía que actúa con unidad de criterio, que tiene carácter jerárquico. Las relaciones que el Gobierno tenga con la fiscalía habrá que regularlas. Las que hay hoy, como ya le he dicho, están el artículo 8 y el artículo 9 del Estatuto orgánico para interesar determinadas actuaciones, que luego el fiscal lo cumple o no lo cumple en función de su propia autonomía.

Me ha hablado también de cómo ha funcionado el artículo 324 y de los plazos para la instrucción. Es verdad que eso fue una pieza. Estábamos en octubre o noviembre del año 2014, quedaba un año escaso de legislatura y teníamos que tomar una decisión: o hacíamos algo en materia de proceso penal o lo dejábamos estar y decaía el proyecto. Tomamos la decisión de extraer cuatro o cinco piezas, que yo creo que son muy importantes, como la utilización de la tecnología para la investigación criminal, la segunda instancia penal, la modificación de la regulación de los atestados sin autor conocido y los plazos para la instrucción por parte de jueces y fiscales. Yo sé que eso es una pieza y que sin el todo la funcionalidad es muy limitada. Aun así -evidentemente, hay muchas voces y cada una de ellas puede decir cosas distintas-, se han revisado 300.000 causas, en números redondos; se han puesto al día muchos asuntos que estaban en los juzgados y las fiscalías; se ha implantado una cultura de agilizar la comunicación entre el juzgado y la fiscalía por medio del letrado y eso ha funcionado bien. Ya sé que todavía -insisto- hay muchas más cosas que revisar y, por eso, estamos hablando de una reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En todo caso, señorías, también quiero darles un dato: de los 3,6 millones de asuntos que en el año 2015 se plantearon ante la justicia penal, el 0,29 % tenían que ver con delitos que podíamos tipificar como de corrupción. Esa es la proporción de delitos de corrupción y, por lo tanto, cuando analizamos qué tal va la justicia, si las causas se instruyen en seis meses o dieciocho, saben ustedes perfectamente que esos dieciocho meses son ampliables y, por lo tanto, no hay tampoco un día final en el cual si no se ha investigado una causa compleja, esta finaliza; no, se puede ampliar por otros dieciocho más. En todo caso, para ponerlo en contexto, el 0,29 % de las causas penales que se instruyen en España tienen que ver con delitos vinculados con la corrupción. A mí me preocupa, son muchas, pero son ese porcentaje en el total de las causas. Tendremos que seguir, sin duda -lo he dicho también en mi intervención inicial-; hay que seguir trabajando en la lucha contra la corrupción; hay que seguir adoptando medidas; no nos damos por satisfechos con todas las reformas que hemos abordado durante la X Legislatura; sin duda, seguiremos vigilantes y seguiremos trabajando en esta misma dirección.

En cuanto al señor Moya, en primer lugar, no sé si alguna declaración mía ha sido insuficiente o ha sido torpe, incluso. Me interesa mucho su opinión y la de su grupo; la de usted, personalmente, porque me parece que es un profesional del derecho que conoce muy bien el día a día de la justicia y me interesa mucho la opinión de su grupo. Ojalá seamos capaces de llegar a acuerdos en los temas que hemos planteado y en los que tendremos que trabajar durante toda esta legislatura. Por lo tanto, si alguna expresión ha podido dar a entender que solo voy a trabajar con los representantes de Ciudadanos y del Grupo Socialista, le aseguro, señoría, que en absoluto. También lo haré con el PNV, con el Grupo Catalán y con todos los grupos de esta Cámara estaré encantado de trabajar. Además, por algunas de las cuestiones que su señoría ha dicho me ha parecido que hablamos de cosas muy parecidas, como, por ejemplo, las tasas, sin ir más lejos; sobre la necesidad de tener un sistema de tasas, pero un sistema de tasas que no genere nunca una limitación del derecho a la defensa y que, por lo tanto, tal y como las definimos en el año 2003, serían unas tasas de personas jurídicas, y de personas jurídicas de una determinada capacidad económica. No olvidemos nunca, señorías, que las tasas son un gasto en el que incurren las empresas y, por lo tanto, son deducibles en el impuesto de sociedades; o sea, que el efecto que pueda generar sobre esa restricción en el acceso al derecho a la defensa es muy limitado. Pero también es verdad que si una compañía, en sus relaciones mercantiles y comerciales con sus clientes o con sus proveedores, decide utilizar los tribunales de justicia para incrementar su capacidad de cobro, a mí me parece razonable que también contribuya a los gastos que los ciudadanos sufragamos con nuestros impuestos para contar con una buena Administración de Justicia.


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Les decía que en LexNet, en todas las comunicaciones telemáticas y en todos los sistemas de justicia digital, en los años 2015 y 2016 estamos invirtiendo 123 millones de euros de los impuestos de los españoles. No es poca cosa, es una partida muy importante para nosotros destinada a los medios materiales, los medios tecnológicos, el equipamiento y, como les decía, ha habido 68 millones de comunicaciones telemáticas. Sé muy bien -y usted también, por su origen profesional- cómo ha funcionado LexNET; sé cómo ha funcionado en enero, pero también cómo funciona en noviembre. Funciona mucho mejor en noviembre que en enero, y va a funcionar mucho mejor cuando al final del primer trimestre del año que viene incrementemos a 15 megas la capacidad de comunicación y ayudemos también a que se sepa cómo hay que escanear, para que no se escaneen torcidos los folios, así como que no hay que hacer fotografías sino escaneo, porque estas cosas que pueden parecer de Perogrullo son las que luego hacen que pesen muchísimo los archivos y no circulen a velocidad razonable o que el sistema se quede colgado durante muchas horas. Sabemos que hay días y momentos del día en los que el sistema se queda colgado, por eso vamos a incrementar la capacidad. Para el mes de marzo tendremos 15 megas de capacidad en todo el sistema de LexNET.

Señoría, en absoluto voy a imponer nada a las comunidades autónomas que no quieran que hagamos juntos. No creo que sea la manera de hacer las cosas, y tampoco podría porque no tengo competencias para ello. Voy a intentarles convencer de que es muy conveniente tener un sistema de gestión procesal común para todos y que haya herramientas compatibles para unos y otros. El portavoz del Grupo Socialista ha hablado varias veces de la interoperabilidad. Me parece un buen concepto. No se trata de que tengamos todo la misma aplicación informática -cada uno tendrá la que considere adecuada-, eso sí, nuestra responsabilidad -la de todos los gestores públicos ante los ciudadanos y ante los profesionales- es dar soluciones razonables, eficientes, que funcionen y, como he dicho alguna vez en mi intervención, tener en el siglo XXI una justicia con medios del siglo XXI y no del siglo XX o incluso anterior.

Manifestaba su señoría la preocupación en relación con los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Lo que hemos hecho ya en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2015 es prever la posibilidad de que, dado que en los mismos hay unidades especializadas -hay un juez especializado, hay una oficina judicial especializada-, si la carga de trabajo y las circunstancias geográficas lo permiten, amplíen su ámbito de competencia. Nunca será obligatorio, nunca alterará la capacidad de funcionamiento. Seguramente su señoría conocerá las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que nos dicen que muchos juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen unas cargas de trabajo muy limitadas. Por tanto, si eso es así, si pueden atender más carga y si geográficamente las circunstancias lo aconsejan y lo permiten, será razonable que se tomen decisiones para ampliar y superar el ámbito del partido e ir a un planteamiento mayor. Pero, insisto, siempre que las circunstancias lo permitan, lo aconsejen y no se genere ninguna pérdida de calidad en cuanto a que haya unas distancias enormes o se aleje el juez del territorio.

He dicho que soy partidario de mantener la justicia en el territorio; lo decía cuando me refería a los partidos judiciales rurales, que creo que tienen que seguir existiendo y tener jueces cercanos a la problemática de dichos territorios. Eso no es óbice para llevar al ámbito provincial -ya lo hemos hecho en materia mercantil y en materia contencioso-administrativa- algunas competencias. Lo que decimos ahora es que hemos creado juzgados de Violencia sobre la Mujer en el ámbito de las capitales, ahí hay un conocimiento, una capacidad especializada, veamos si eso se puede acercar hacia un territorio. Y les voy a describir un caso teórico. Yo creo que un Juzgado de Violencia contra la Mujer de Madrid puede llevar con mejor conocimiento asuntos de esta naturaleza en Pozuelo que un Juzgado mixto de la localidad de Pozuelo, por las distancias, por los medios de comunicación, etcétera. A eso es a lo que nos estamos refiriendo, de eso es de lo que creemos que se puede hablar, y en absoluto de tomar medidas organizativas que conlleven una pérdida de calidad o a una errónea percepción por parte de los ciudadanos, y en este caso de las víctimas de la violencia de género, en relación con el órgano especializado que debe conocer de su causa.

Señoría, permítame que intente matizar una expresión que ha utilizado. Yo no creo que como consecuencia de la aplicación del Código Penal haya sindicalistas o manifestantes cumpliendo penas de prisión. Habrá personas que los tribunales han considerado y acreditado que han cometido un delito de coacciones o un delito contra la seguridad ciudadana. Eso es lo que puede estar pasando -yo no lo sé-, porque en todo caso que un sindicalista o un particular incurra en un delito de coacciones no creo que sea una eximente, no será una excluyente de la responsabilidad. Por lo tanto, el artículo 315, reformado en el año 2015, lo que hizo fue igualar las penas de las coacciones, sin que el hecho de que se cometa el delito por una persona con ocasión del ejercicio del derecho de huelga tenga ningún agravante -por supuesto-, pero tampoco tenga ningún atenuante. Las coacciones son coacciones en cualquier circunstancia y la Ley


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de Seguridad Ciudadana yo sí creo que ha venido a reforzar derechos, derechos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, derechos de los ciudadanos que se quieren manifestar libremente y no quieren verse metidos en un tumulto por quien va a esas manifestaciones con un interés espurio de quemar contenedores o de pegarse con los policías. Todas esas personas que quieren manifestarse libremente en el ejercicio de sus derechos y los que trabajan cada día por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos -las fuerzas y cuerpos de seguridad- han visto reforzados sus derechos con la Ley de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, yo diría que todos los ciudadanos de bien vemos reforzados nuestros derechos con la Ley de Seguridad Ciudadana. Quienes pretenden cometer algún tipo de agresión contra las fuerzas y cuerpos de seguridad o pretenden encubrirse en el ejercicio de un derecho constitucional como el de manifestación para cometer otro tipo de hechos, deben estar preocupados, porque esta ley les sanciona con más firmeza de lo que lo hacía la ley anterior.

Antes he mencionado ya cómo el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no tiene nada que ver con una ley de punto final. Es una ley que abre los plazos de la instrucción a las causas sencillas en seis meses y si la causa no es sencilla, será de dieciocho y se ampliarán los dieciocho. Por lo tanto, no debe haber ningún temor a que una causa pueda quedar sin investigación, sin instrucción y con un enjuiciamiento insuficiente como consecuencia de la reforma del artículo 324. Además, les daba el dato de que el 0,29 % de los delitos tienen que ver con la corrupción en el conjunto agregado de los casi cuatro millones de causas que se iniciaron en España en el año 2015.

Estoy de acuerdo con usted, señoría, en el tema de las tasas y en el tema de los indultos. No ha habido ningún indulto por corrupción desde que yo soy ministro, ni tampoco en materia de violencia de género, ni en materia de seguridad vial, ni en materia contra la Hacienda pública. Se está haciendo un ejercicio restrictivísimo del derecho de gracia y, por lo tanto, a la hora de llevar eso a la ley, vamos estar de acuerdo con toda seguridad.

En cuanto al tema de los aforamientos y al de las incompatibilidades -que antes mencionaba también-, ya le digo que no me gusta nada la expresión de puertas giratorias porque creo que no atiende a la realidad. Los cargos públicos tenemos un sistema de incompatibilidades muy estricto por la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. En la Ley Orgánica del Poder Judicial hay también un sistema de incompatibilidades asociado con el conflicto de intereses. Revisémoslo y busquemos sistemas, primero, que garanticen la independencia y, segundo, que transmitan a los ciudadanos que esa independencia es cierta. Es verdad que hay la percepción de que una persona puede estar hoy aquí, en esta Cámara -por lo tanto, en el mes de junio haciendo campaña electoral, con toda la legitimidad democrática-, y puede estar mañana en su juzgado de vuelta enjuiciando asuntos. Es verdad que con algunas cautelas, con algunas incompatibilidades, pero esa imagen no estaría de más que la mejorásemos y que transmitiésemos esa percepción a la sociedad.

En cuanto a la desjudicialización de la política, señoría, vuelvo a decir lo que le decía antes a la señora Ciurò, su compañera de Comisión. El Gobierno no interpone querellas, el Gobierno no da instrucciones a la fiscalía, el Gobierno no ha iniciado ninguna cruzada judicial contra nadie. Son las reglas de nuestro Estado de derecho. La fiscalía hace lo que tiene que hacer, defiende el interés general, acude ante los tribunales cuando considera que se ha violentado algún derecho o alguna normativa y, por lo tanto, el nuevo escenario de diálogo y de búsqueda de los consensos no va a significar nunca que abandonemos el cumplimiento de nuestras obligaciones. La Abogacía General del Estado -cuando considere que ha habido algún incumplimiento en términos competenciales o en alguna otra actuación de alguna institución pública- tendrá que seguir acudiendo ante el Tribunal Constitucional, si es el caso, y la fiscalía seguirá haciendo su trabajo. No podemos plantear -porque sería una barbaridad- que, como consecuencia del nuevo tiempo político, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones. Esto se lo decía también al presidente de la Generalitat, con el que mantengo buena relación de diálogo. Le decía que si un ayuntamiento -de Cataluña o de cualquier territorio- incumple una normativa autonómica, el Gobierno de ese territorio autonómico llevará a ese ayuntamiento ante los tribunales competentes. No creo que consienta incumplimientos y abandone la obligación de hacer cumplir la ley, ya sea la ley estatal, la autonómica o cualquier otra. Por lo tanto, esa es la obligación de los gobernantes, hacer cumplir las leyes en todo caso. Me consta, señorías -ustedes lo han dicho-, que van a estar dispuestos a dialogar. Les aseguro que nos interesa mucho contar con su colaboración, con su participación y, ojalá, con su acuerdo para alcanzar pactos en las materias de las que estamos hablando.

Cuando comparecí el día 15 de octubre, hablé de proyectos, y me decía el señor Campo que le parece que esto es una mera continuación. Es coherencia. Lo que dije que había que hacer creo que hay que seguir


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haciéndolo; no hemos arreglado todo en dos años. Lamentablemente, nos quedan muchas cosas por hacer y vamos a seguir trabajando con esos seis ejes de trabajo a los que me he referido. Estoy de acuerdo en que por fin deberíamos entre todos ser capaces de poner a la justicia en el siglo XXI, mediante un trabajo compartido, consensuado y basado en el diálogo. Se han hecho muchas cosas, claro que sí. No tengo ningún planteamiento adanista de nada y menos en materia de reformas de justicia. Se ha avanzado mucho en la digitalización de nuestra justicia, en la Audiencia Nacional, en LexNET, en temas de interoperabilidad, así que sigamos trabajando en esa dirección, con respeto pleno a las competencias de todas las administraciones públicas, a las competencias propias del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y también de los profesionales, porque ellos -abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios- también nos están pidiendo que integremos los sistemas, que tengamos sistemas interoperables y que, por lo tanto, les demos soluciones razonables y no sigamos trabajando como hace algunas décadas.

Ha dedicado su señoría bastante tiempo a describir y a identificar las ventajas y las mejoras que, desde su punto de vista, se derivan de un cambio de modelo organizativo. También he dicho que menos leyes y más gestión; menos leyes -no sé cuantas son, pero unas cuantas habrá que hacer- y también mucha más gestión y mucha reforma del modelo organizativo. Estoy de acuerdo en que hay que gestionar mejor los recursos disponibles. No estoy tan seguro de que el modelo del Tribunal de Instancia sea la panacea para llevar a cabo esas reformas, porque también creo en la presencia de la justicia en el territorio. Por lo tanto, hablemos -y su señoría ha apuntado alguna idea que me ha parecido muy interesante- de mantener la presencia en el territorio para determinadas materias y centralizando la complejidad. También creo, señoría, que algunos asuntos tremendamente complejos, civiles o penales, que por razones geográficas pueden recaer en un pequeño juzgado de un partido judicial que está servido por un juez de primer destino no es lo más razonable. Seguramente, si el caso Prestige, por ejemplo, que se llevó a cabo en un pequeño juzgado de Galicia, se hubiese llevado en otro ámbito, habría tenido mayor facilidad y agilidad en su instrucción y en su investigación. Por lo tanto, vamos a estudiar esas alternativas de modelos organizativos que permitan una mayor colegiación, un mejor reparto de las cargas de trabajo, mayor eficacia, pero, insisto, manteniendo la presencia de la justicia en el territorio. De los 46,5 millones de personas, que nos dijo el censo que había el viernes pasado cuando aprobamos los datos, 16 millones viven en el ámbito rural en España y tienen, como es evidente, los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás ciudadanos.

He mencionado ya mi compromiso de plantear una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y traer a esta Cámara un proyecto para que pueda ser trabajado y estudiado; también estoy absolutamente de acuerdo en que ha de hacerse igual con el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y ambos tienen que ir en paralelo y coordinados en el tiempo para reforzar y fortalecer la figura del nuevo fiscal que queremos que haga la investigación y que, por lo tanto, pueda llevar a cabo sus funciones con absoluta garantía de autonomía y de cualificación en el ejercicio de sus funciones.

Le agradezco de verdad la mención al trabajo en Europa porque es muy importante. Este jueves tengo Consejo de Ministros en Bruselas -suele pasar que no tenemos el mismo calendario festivo en Bruselas que en Madrid- en el que vamos a seguir trabajando con la Fiscalía Europea y en otras materias; muy recientemente conseguimos aprobar el Reglamento de protección de datos. Le aseguro que tenemos una presencia importante en Bruselas. Hasta tres consejeros de Justicia, como usted sabe, están allí presentes cotidianamente, asistiendo con protagonismo y liderazgo a las reuniones que se celebran en el marco de la Comisión Europea. Tenemos un papel de influencia en relación con nuestros socios de la Unión Europea y esperamos seguir teniéndolo en los próximos tiempos.

Ya he mencionado cómo veo el tema de la mediación, cómo creo que hay que seguir trabajando en ello, cómo creo que no es un tema de reforma legislativa, sino de cultura, de compromiso de los profesionales. Quizá por eso se puede interpretar lo que yo decía respecto a que no hay que pedirle más a los poderes públicos; a todos nos tienen que pedir compromiso, cultura, concienciación, articulación de medidas para la mediación intrajudicial -eso sí es una decisión nuestra-, y la mediación extrajudicial a través de tantos y tantos profesionales, como son los procuradores y los abogados -todos los colegios profesionales quieren trabajar en materia de mediación- es el camino en el que hay que avanzar. Por lo tanto, aquí ya no se trata de hacer leyes. Se trata de gestionar mejor las capacidades que tienen todos los profesionales en nuestro país.

En materia de registro civil, que es un tema que ha salido reiteradamente y el portavoz del Grupo Podemos lo ha puesto de manifiesto, por supuesto queremos desarrollar la ley del año 2011, pero estará usted de acuerdo conmigo posiblemente, señoría, en que cuando se habló de desjudicializar y no se dijo cómo se iba a hacer, la patata caliente se quedó ahí encima. Creo que después de muchas


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idas y vueltas, dimes y diretes he manifestado mi compromiso por una solución de carácter público, que sea un profesional de lo público, y hemos apuntado a los letrados de la Administración de Justicia o a los que sean. En el contexto de la negociación colectiva lo plantearemos con los representantes de los trabajadores para identificar quién puede hacer bien este trabajo y también que sea un sistema de gestión informático absolutamente público -con lo cual creo que estoy saliendo al paso de cualquier tipo de sombra de dudas-, creando oficinas ad hoc en los registros civiles, separándolos de la parte judicial, cuando hoy son oficinas compartidas. Por lo tanto, los funcionarios tienen que estar absolutamente tranquilos de que no habrá ninguna amenaza al empleo -más bien lo contrario, continuidad-, un proyecto de un registro civil desde lo público, único, actual, telemático, cercano al ciudadano y que tenga todas estas características.

En cuanto al ejercicio de la función política por los miembros de la carrera judicial y su retorno a ella, señoría, personalmente no tengo ninguna obsesión en absoluto porque he trabajado con muchos jueces en el ámbito de la administración y me consta su cualificación, su profesionalidad y su absoluta independencia, pero como la percepción social tiene algunas críticas en torno a esto, valoremos cómo lo hacemos, cómo lo podemos abordar y de esa manera mejoraremos la percepción social y haremos que sea más cercana a una realidad de independencia en la que creo firmemente.

Termino ya, presidenta. Dedico los últimos dos minutos para agradecerle a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular el reconocimiento que ha hecho al trabajo que desarrollamos en la pasada legislatura. Como decía antes en otra intervención, la verdad es que creo que fue una legislatura de diálogo. No sé si me estoy engañando pero aprobamos leyes por unanimidad, con gran consenso, aceptamos numerosísimas enmiendas... El Código Penal algunos grupos no lo votaron en el debate final, básicamente por la prisión permanente revisable porque por todo lo demás estoy seguro de que en la tipificación de los delitos de odio, la protección a los creadores de propiedad intelectual, la protección a las violencias de género, la protección a los menores, ¿quién iba a estar en contra de eso? No pudieron hacerlo por algún problema puntual, pero sacar de ahí una conclusión final de falta de diálogo no es cierto y por eso le agradezco esa consideración.

Creo que el método de trabajo de una subcomisión para la elaboración de la estrategia nacional de justicia -y creo que estamos todos bastante de acuerdo- parece que está bien enfocado para que dentro de las ocho posibles se pueda incluir para llevar a cabo la reforma de la justicia. Será sin duda un buen formato en el que podremos trabajar, podremos tener comparecencias, podremos tener un vehículo para articular todos los proyectos que aquí hemos comentado y que saben sus señorías que no son fáciles. Uno se sienta a hablar de cada uno de los asuntos que aquí mencionamos en dos o tres minutos, pero luego tienen una altísima complejidad técnico-jurídica, organizativa, operacional. En fin, esto será muy complicado pero yo me comprometo a trabajar en esos seis ejes: en una justicia más ágil, más eficaz; en una justicia que incorpore las tecnologías a los profesionales, la visión de las personas y también luchando por la independencia y contra la corrupción, porque eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos y los profesionales.

Yo creo que todos tenemos bien identificada que esta es la situación actual y, por lo tanto, tenemos que tender puentes, tenemos que buscar respuestas adecuadas a los problemas que hoy tenemos. En ese sentido, señorías, vamos a estar trabajando desde el Ministerio de Justicia, yo sé que con todos ustedes, y ojalá sea un trabajo fructífero. Creo que puede serlo perfectamente y, por lo tanto, les agradezco la oportunidad de haber comparecido en esta Comisión, haber dedicado cuatro horas y media de nuestro tiempo a esta primera comparecencia y espero que tengamos muchas más en el futuro para seguir trabajando juntos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su exposición. Le deseamos toda la suerte del mundo porque al final será la suerte de la justicia en este país. Quiero remarcar especialmente su capacidad de diálogo, de la que ha hecho mención tantas veces aquí y reconocerle también ser una persona que acepta en todo momento las aportaciones, tanto las positivas como las críticas. Usted no tiene ningún miedo a la libertad de expresión en ningún sitio y eso es algo que hay que valorar siempre y agradecer.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

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