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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 65, de 01/12/2016
cve: DSCD-12-CO-65
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 65
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión núm. 3
celebrada el jueves,
1 de diciembre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000010)... (Página2)

Pronunciamiento de la Comisión, a efectos del art. 44 del Reglamento, sobre las solicitudes de comparecencia de la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Soraya Sáenz de Santamaría Antón), para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000094)... (Página2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000110).... (Página2)

- Las prioridades del Gobierno para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000141)... (Página2)

- Las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000176)... (Página2)

Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001)... (Página2)


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Comparecencia de la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Soraya Sáenz de Santamaría Antón), para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000009)... (Página3)

Celebración de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión, de la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Soraya Sáenz de Santamaría Antón), para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000094)... (Página3)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000110)... (Página3)

- Las prioridades del Gobierno para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000141)... (Página3)

- Las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000176)... (Página3)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000010).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la reunión de la Comisión Constitucional. El primer punto del orden del día es la elección de la Vicepresidencia primera de la Mesa. Hasta el momento la ocupaba doña Soraya Rodríguez, a la que agradezco en nombre de la Mesa y en nombre de la Comisión la labor que ha llevado a cabo. Ahora la propuesta por asentimiento de todos los grupos es que ocupe esta Vicepresidencia doña Meritxell Batet, a quien invito a ocupar el puesto en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Aplausos). Bienvenida. Nos alegramos mucho de que ocupe este puesto.

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN, A EFECTOS DEL ART. 44 DEL REGLAMENTO, SOBRE LAS SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN), PARA INFORMAR SOBRE:

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000094).

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000110).

- LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO PARA LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000141).

- LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU MINISTERIO EN LA XII LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 213/000176).

DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001).


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El señor PRESIDENTE: El segundo punto -tengo el asentimiento de todos los portavoces para hacerlo sin ninguna votación- es precisamente el pronunciamiento de la Comisión sobre el orden del día porque -y ese es el tercer punto del orden del día- todavía no lo hemos hecho y es lo que propongo que hagamos, la delegación en la Mesa de la Comisión de las decisiones para elaborar el orden del día. Doy por hecho que estos dos puntos se aprueban. (Asentimiento).

COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN), PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000009).

CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN), PARA INFORMAR SOBRE:

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000094).

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000110).

- LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO PARA LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000141).

- LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU MINISTERIO EN LA XII LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 213/000176).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto, la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales para informar sobre las líneas generales de la política del departamento. Damos la bienvenida a doña Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta comparecencia se hace a petición propia, del Gobierno, y a petición de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Mixto y de Esquerra Republicana. Durante el desarrollo de la comparecencia intervendrá en primer lugar la vicepresidenta, posteriormente los grupos, que podrán dividir su tiempo si lo consideran conveniente, pero con un máximo por grupo de quince minutos. A continuación contestará la vicepresidenta y finalmente habrá una réplica de cinco minutos, en la que sí advierto que seré estricto a la hora de exigir el cumplimiento del tiempo.

Tiene la palabra la vicepresidenta del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente; con su venia.

Señorías, comparezco ante esta Cámara para exponer las líneas básicas que guiarán la actuación de la Vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en la presente legislatura.

Han pasado cinco años desde la primera vez que acudí con idéntico propósito a este órgano, pero no ha pasado solo el tiempo, también se han producido importantes cambios en nuestro país. Esta ha sido una época de grandes reformas y de profundas transformaciones. Repasando aquella comparecencia, hoy podemos afirmar que hemos pasado de estar al borde del rescate a colocarnos en plena recuperación; de ser un país candidato a abandonar el euro a ser un país que encabeza el crecimiento entre los que comparten esa moneda y en el conjunto de la OCDE; de que se destruyeran cada día 1.300 empleos a que en cada jornada se generen hoy cerca de 1.500 puestos de trabajo. Hemos pasado, en definitiva, de provocar y sufrir la incertidumbre que vivíamos entonces a ofrecer y construir confianza para el resto del mundo y, lo que es más importante, cada vez para más españoles. Nuestro objetivo, y creo que cualquiera de ustedes lo compartirá, en un mundo tan incierto como el que hoy vivimos es ofrecer cada vez más confianza y cada vez a mayor número de españoles. Hemos pasado desde entonces por dos elecciones


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generales en las que los ciudadanos han manifestado cómo y quién quieren que gestione sus preocupaciones y sus problemas, cómo quieren que se aborden las soluciones y qué quieren para los próximos años. Esta, señorías, será sin duda una legislatura de signo distinto, tanto por las necesidades que afrontamos como por los retos que enfrentamos, y sobre todo por la forma de abordarlos. Venimos, por tanto, de una legislatura, de un tiempo que estuvo marcado por el riesgo y la emergencia: el riesgo de una intervención, el riesgo de default en los mercados, el riesgo para la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar; el riesgo, en definitiva, para miles de familias que veían cómo cada día perdían el sustento de su empleo y la esperanza de encontrar uno nuevo. Vivimos una situación de riesgo diario y de emergencia nacional a la que el Gobierno tuvo que responder entonces con urgencia y con determinación. Trabajamos con firmeza para restaurar la solvencia en las cuentas públicas, la sostenibilidad de los servicios, la competitividad de nuestra economía y, en definitiva, la credibilidad de nuestro país.

Cumplimos con el encargo que nos hicieron los españoles, que nos otorgaron en 2011 una amplia mayoría para afrontar esa tarea, para recuperar la confianza dentro y fuera de nuestro país. Hemos logrado retomar la senda del crecimiento y hemos conseguido, lo que es más importante, que todo ese crecimiento se traduzca en empleo. Hemos conseguido con el esfuerzo y el empeño de todos -también con la colaboración de esta Cámara- superarnos a nosotros mismos y quizá pasar, aunque no dejar atrás, la peor situación a la que se había enfrentado España en las últimas décadas. Pero no podemos detenernos ahí, queda mucho por hacer. Siempre debería ser así cuando la acción de un Gobierno está guiada por el interés general de la nación, más aún de una nación como la nuestra, con un enorme potencial, que merece situarse entre las grandes potencias de nuestro entorno. Por eso nuestro objetivo, y lo es también el de la vicepresidencia del Gobierno, es consolidar la recuperación, extender sus efectos a todos los ciudadanos y afianzar los pilares del Estado del Bienestar. Creo que es un objetivo en el que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo aunque podamos discrepar, y eso es el debate político, de la forma de alcanzarlo. Pero convendrán conmigo, y seguro que lo recordarán ustedes muy bien en esta Cámara, que el voto de los ciudadanos en las urnas se traduce en que las cosas en esta legislatura tienen que hacerse de otro modo. Ahora el acuerdo se impone no como una forma conveniente de actuar, que siempre lo es y lo será, sino como una fórmula imprescindible, imprescindible para darle a España y a los españoles la estabilidad que merece y un horizonte de progreso que hemos de construir entre todos. Estamos, por tanto, ante una nueva etapa. Nuestras metas no han cambiado, trabajar por el progreso y la prosperidad de este país, lo que han cambiado son las circunstancias y los condicionantes. Hoy ya no tenemos que responder a las urgencias ni a las emergencias de una economía en recesión, pero sí tenemos que trabajar para que esa situación no vuelva ni a revertirse ni a repetirse, desde el Gobierno, con este Parlamento y entre todas las administraciones. Por eso esta es y debe ser una legislatura colaborativa en la que encontremos espacios para el diálogo, para el entendimiento y, mejor aún, para el acuerdo, espacios que nos será más fácil determinar y definir si tenemos en cuenta que nuestras prioridades no pueden apartarse de los grandes objetivos y problemas del país, si nos guiamos por el interés general y nos marcamos como horizonte el bien común. Creo ciertamente que si juntos hemos logrado superar lo más difícil de esta crisis, juntos podremos trabajar en asentar lo más importante para la recuperación. Por tanto, desde el Gobierno pedimos y apelamos a la colaboración de todos y nos comprometemos firmemente a hacerla posible.

El presidente del Gobierno ha decidido que la Vicepresidencia, a través de un ministerio que ahora llamamos de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, se encargue de esas dos grandes líneas de colaboración que enmarcará esta legislatura: que trabaje, busque y encuentre el entendimiento en este Parlamento como sede de la representación de todos los españoles, pero que también lo haga con las diferentes administraciones territoriales que asumen distintas responsabilidades en la definición y gestión de las principales políticas públicas. Nuestra tarea es por tanto responder al mandato que nos han hecho los españoles: sumar voluntades para seguir generando bienestar y crear oportunidades.

Creo que es conveniente, señorías, que todos tengamos claro que el Gobierno y el Parlamento son dos poderes del Estado que deben complementarse, cada uno desde sus propias responsabilidades y funciones, con el objetivo de responder a las necesidades del conjunto del país. El Parlamento no es el adversario del Gobierno y tampoco a la inversa, ni sería lógico ni legítimo que esa fuera la postura del Ejecutivo ni la postura del Legislativo. De hecho, el Gobierno nace de un acto de confianza del Parlamento, del Congreso de los Diputados exactamente, de la investidura, por eso está sometido al control de la Cámara, por eso nos estamos sometiendo a ese control con lealtad y plena disposición. Ya se están celebrando las distintas comparecencias ministeriales sobre las líneas generales del Gobierno para cada


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departamento y pronto tendrán lugar también en el Senado. Ya hemos celebrado dos sesiones de control al Gobierno en el Congreso y dos en la Cámara Alta, y ya se han empezado a remitir respuestas escritas a las preguntas de sus señorías una vez investido el Gobierno. Según los datos de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, llevamos mil respuestas parlamentarias escritas.

Como les he dicho, el Gobierno responde ante el Parlamento y al Parlamento le corresponde la potestad de aprobar las leyes, que es la expresión democrática máxima de la soberanía, leyes en las que ha de volcar su voluntad de diálogo y su capacidad para el acuerdo. Pero al mismo tiempo esta Cámara controla, que no sustituye, la función del Gobierno. La democracia parlamentaria, como saben, no significa el Gobierno del Parlamento. El Gobierno ostenta el Poder Ejecutivo y no es, como decía muy bien el profesor Rubio Llorente, al que quiero recordar aquí, un mero ejecutor de las decisiones del Congreso. Sin embargo, debemos ser capaces de entendernos cada uno desde nuestra responsabilidad, de eso dependerá que la legislatura sea un éxito para nuestro país o, por el contrario, un fracaso para nuestra democracia.

El Gobierno está dispuesto al diálogo, preparado para el entendimiento y convencido de que es posible el acuerdo. Soy consciente de que nos toca vivir una etapa llena de dificultades pero también puede ser una época en la que no van a faltar oportunidades, una época en la que el reto es ni más ni menos que entendernos los unos con los otros, ponernos cada uno en el lugar del otro, en sus necesidades y en sus dificultades, con imaginación, con esfuerzo y con empatía, como hemos dicho en mi departamento desde el primer momento. Tenemos la oportunidad de mejorar las cosas, pero solo será posible -y aquí la aritmética es tozuda- si somos capaces de hacerlo juntos. El Gobierno pondrá todo de su parte. Sabemos que el Parlamento tiene también que ser parte en la tarea de afrontar los grandes retos que tiene por delante España, no solo ahora, no solo para este momento, sino para nuestro futuro. Si somos capaces de lograr grandes acuerdos, con generosidad y altura de miras, podremos abordar muchos de los asuntos que hoy preocupan a millones de españoles y que además marcarán nuestra vida en las próximas generaciones. Les hablo de temas de gran trascendencia y con enormes efectos en nuestras vidas: la evolución demográfica de nuestro país, el progresivo envejecimiento de la población, la despoblación de algunos lugares -asunto que está siendo abordado ya en el Senado-, el futuro de los jóvenes españoles, la plena y real igualdad entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad familiar y la conciliación de horarios, son algunos de esos asuntos que necesitan tiempo y reflexión, la que puede aportar esta Cámara, pero también acierto a la hora de determinar las medidas a adoptar. Y temas que trascienden nuestras fronteras y en los que tenemos que trabajar conjuntamente con nuestros socios y aliados y con el conjunto de la comunidad internacional, como son el desarrollo de las nuevas tecnologías y la agenda digital o las decisiones inaplazables para afrontar el cambio climático y preservar nuestro planeta. En este punto me gustaría hacerles un anuncio que no solo afecta a esta Comisión pero que también compete a esta Comisión. Creo que ha llegado el momento de que en España trabajemos y lo hagamos en serio sobre los derechos de los ciudadanos en la red. Esta Cámara es la encargada de analizar, estudiar y trabajar las leyes fundamentales que regulan los derechos y las libertades de los ciudadanos. Hasta ahora, señorías, hemos trabajado en analógico, nos hemos dotado de un sistema de derechos y libertades y de lo que es más importante, de mecanismos de protección de los mismos que, sin embargo, no piensan todavía en la tecnología digital. La necesidad de garantizar la libertad de expresión y hacerla compatible con cualquier otro derecho y con los derechos de los demás, la protección de nuestros hijos en la red, la seguridad de la red, la ciberseguridad, los derechos al honor o a la protección de la intimidad están protegidos en analógico y están absolutamente desprotegidos en digital. Yo creo que es un buen momento, y esa es desde luego la intención del ministerio en cuanto a la agenda digital: abordar esa cuestión dentro de la revolución digital que forma parte de su tarea, digamos, en conjunto. Pero esta Comisión Constitucional, y yo lo he hablado con el titular del departamento, tiene que tener un papel esencial a la hora de ser capaces de ponernos a la vanguardia de una regulación y protección de derechos en la que tenemos que colaborar con socios y aliados. Creo que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo importante en este debate y me gustaría que las Cortes Generales, que este Congreso de los Diputados y que este Gobierno fuéramos pioneros -lo fuimos en su día, en 1978, con nuestra regulación constitucional de los derechos y libertades- en saber abordar los derechos en la red.

Señorías, empezar a resolver estos asuntos es nuestra responsabilidad, una importante responsabilidad. No hacerlo o no acertar en las políticas supondría trasladar a nuestros hijos las consecuencias de nuestra inacción o de nuestros errores o, lo que es lo mismo, transmitirles el legado injusto de unos problemas que conocíamos, que éramos conscientes de ellos y que no fuimos capaces de resolver. Por tanto, me parece


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una buena noticia, y quiero aprovechar la oportunidad para trasladar mi agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y también del Senado, la agilidad con que ambas han empezado a afrontar alguna de estas cuestiones abriendo espacios para la reflexión, con propuestas concretas para la constitución de foros parlamentarios de discusión o de debate: comisiones parlamentarias, subcomisiones, ponencias o comisiones especiales de estudio. Por citar algunas, quisiera destacar que la semana pasada se reunió ya la Comisión del Pacto de Toledo para abordar el futuro de nuestras pensiones y en la Cámara Alta se ha aprobado la creación de una Comisión especial de estudio sobre la evolución demográfica y sus consecuencias en España, de la que hablaba hace un momento. En esta Cámara, en el Congreso, se ha empezado a tramitar la creación de subcomisiones que abordarán temas tan importantes como el impulso de un pacto de Estado por la educación, de un acuerdo contra la violencia de género, de una estrategia nacional de justicia o la reforma del régimen de los trabajadores autónomos. Asimismo, la Comisión Mixta para la Unión Europea ha creado ya una ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores y yo misma nos reuniremos con el ministro encargado de este expediente en el Reino Unido y estaremos, desde luego, encantados de transmitirles nuestras impresiones.

Quiero recordarles que pueden contar con el Gobierno para sus tareas y que todos los departamentos ministeriales les prestarán el máximo apoyo y la colaboración que precisen, con información concreta y datos actualizados de las materias objeto de análisis. Esa relación permanente entre el Gobierno y el Parlamento, esa colaboración que queremos que sea estrecha y continua es el cometido principal de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Al frente continúa, como saben, José Luis Ayllón, que es una persona veterana en esta casa; creo que lleva una década de asistencia ininterrumpida -eso sí, en diferente condición- a la Junta de Portavoces y es un profesional bien conocido por ustedes y un político apreciado, al menos así me lo han dicho muchos de los que están aquí y eso me reconforta, lo cual no quiere decir que siempre les dé la razón (Risas). Es una persona bien dispuesta al diálogo y de maneras siempre conciliadoras, y desde esa Secretaría de Estado hemos empezado a remitir a esta Cámara los primeros proyectos de ley, todos ellos exigidos por la trasposición de diferentes directivas comunitarias y demorados por la capacidad limitada de un Gobierno en funciones. Los proyectos de ley sobre restitución de bienes culturales o -y esta norma es muy importante- sobre la contratación del sector público y procedimientos de contratación en determinados sectores son las primeras iniciativas legislativas que han llegado a esta Cámara, muy ligadas a la necesidad de incrementar la transparencia en los procesos de contratación pública. Como saben, esa transparencia irá ligada a medidas preventivas frente al fraude y frente a la corrupción. Ese es un paso muy importante. Creo que la eliminación de la contratación negociada sin publicidad es un elemento fundamental a la hora de dar transparencia y concurrencia a la contratación. Pienso que es un buen paso y les animo a seguir trabando en esa línea. Hemos pedido la máxima agilidad parlamentaria -sé que sabrán entenderlo- por cuanto en algunas de esas directivas estamos ya en una situación difícil. Saben que un Gobierno en funciones no puede remitir proyectos de ley a las Cortes pero creo que es una buena manera de retomar nuestro compromiso normativo con la Unión Europea. Aquí quiero hacer un agradecimiento a todos los diputados y senadores de la X Legislatura. España ha obtenido unos niveles de trasposición excepcionales en esa legislatura. Hemos sido capaces de alcanzar déficits de trasposición -que así se llaman- a la cabeza de los Estados más cumplidores de la Unión, una muestra muy clara de nuestro compromiso, y esa es una tarea conjunta del Gobierno y de estas Cámaras que quiero agradecer. Seguiremos enviando esos proyectos de ley, el próximo creo que será un anteproyecto de ley de precursores, que también necesita de trasposición y que se está abordando en una fase previa de diálogo con los principales grupos de esta Cámara.

Señorías, siempre he dicho que hay momentos y momentos, y la pasada legislatura fue un momento para hacer un gran programa nacional de reformas y había que transformar muchas cuestiones, pero quizá no es cuestión de hacer tantas leyes cuando no son tan necesarias sino de hacer menos y mejores leyes. Y de cuando en cuando, si me lo permiten, derogar alguna. Por tanto, estamos en una nueva fase en el programa de mejora de la calidad normativa iniciado en la X Legislatura siguiendo las premisas de la Better Regulation y en la línea de las reformas acometidas en la Ley de Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico del Sector Público que ustedes conocen bien y que además trabajaron muy intensamente. Por tanto, como decía, no se trata de que el Gobierno o las Cortes propongan -que también- y aprueben muchas leyes, sino de que juntos legislemos mejor, con normas más accesibles, más entendibles para los ciudadanos y más eficaces para los objetivos que perseguimos. En primer lugar, queremos dotar de mayor transparencia los procedimientos de elaboración de normas. Realizaremos una


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consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de todas las propuestas normativas en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la norma. Nuestro compromiso es, además, remitir una memoria de la consulta pública electrónica -en ocasiones se nos ha requerido intensamente; la recién nombrada vicepresidenta de esta Mesa lo requirió en algunas ocasiones la pasada legislatura-, que se acompañará de toda la documentación que suele remitirse con los proyectos de ley. También procederemos desde el Gobierno a una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas con mecanismos de control ex post, porque aprobamos las normas y ahí están, pero no petrificadas en el ordenamiento jurídico, sino que tenemos que ser capaces de evaluar si los objetivos que buscábamos con la elaboración y aprobación de la norma han sido conseguidos una vez que ha entrado en vigor y se ha ejecutado. Por tanto, analizaremos los efectos de su aplicación, el grado de cumplimiento de sus objetivos y si estaban justificados y correctamente cuantificados el coste y las cargas previstas. Estos informes de evaluación también serán públicos y serán remitidos a las Cortes.

Además, quiero anunciarles que el año 2017 será el primer año en que el Gobierno aprobará un plan normativo. Este plan tenemos previsto que se apruebe todos los años antes del 30 de abril y contendrá una previsión -lógicamente estará también expuesto a urgencias o necesidades marcadas, por ejemplo, por nuestros compromisos europeos- de las principales iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, ese plan se remitirá a las Cortes Generales y posteriormente se publicará en el portal de la transparencia para el conocimiento del conjunto de los ciudadanos. Si me permiten la expresión, como he sido cocinero antes que fraile y diputada antes que ministra, sé que cuando a uno le dan la capacidad y la perspectiva de ir trabajando, elaborando, reuniéndose con los sectores afectados en la tramitación de los proyectos de ley al final no tiene que verse compelido en el último momento a mejorar la redacción de las enmiendas.

Señorías, paso a la segunda parte de mi intervención, que es la segunda de mis tareas. Nuestro compromiso con los españoles, como he dicho, se extiende de la misma manera a nuestro compromiso con sus representantes, que son ustedes, con este Parlamento, pero también con los gobiernos que gestionan los problemas y los recursos de los ciudadanos desde diferentes ámbitos territoriales y con distintas competencias. El presidente del Gobierno ha considerado que era oportuno que el Ministerio de la Presidencia, como ministerio de relación con las Cortes lo fuera también de relación con las administraciones territoriales, con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Es una tarea importante en un Estado tan descentralizado como el nuestro, uno de los más descentralizados del mundo, en el que la cooperación y la colaboración se imponen a todos los niveles, y la coordinación en otras ocasiones, porque así lo han exigido estas Cámaras, en su caso, en norma con rango de ley. Ayer mismo, la OCDE, al analizar los ingresos fiscales, concluyó que la Administración General del Estado únicamente gestiona el 42,3% de la recaudación de impuestos frente al 53,4 gestionado de media por los Estados federales, es decir que la Administración General del Estado gestiona un menor volumen de ingresos que el Estado federal en la mayoría de los países de nuestro entorno. Más fuentes lo confirman, según el Banco de España, en relación con la distribución de competencias en esta materia impositiva nuestro país tiene también uno de los sistemas fiscales más descentralizados del mundo: más del 40% de los impuestos son asignados o recibidos por las administraciones territoriales, el nivel más elevado de todos los países de la Unión Europea, muy por encima de la media que se sitúa en el 10%. Además, si analizamos el gasto público realizado por el conjunto de las administraciones públicas, creo que hay que poner en valor que el gasto social, fundamentalmente pensiones, prestaciones por desempleo, sanidad, educación y el conjunto de las prestaciones sociales, concentran más del 60%, el 62,4%, de todo el gasto. Teniendo en cuenta que al Estado le corresponden las partidas de pensiones y prestaciones por desempleo, el gran volumen del gasto social en nuestro país se gestiona por comunidades autónomas y, en menor medida, por corporaciones locales. También quiero recordar -este será uno de los temas del que sin duda hablaremos esta tarde en el Consejo de política fiscal y financiera-que el Estado aporta una parte importante de la financiación que esas administraciones utilizan para sufragar los servicios que prestan, que no es solo por sus ingresos propios. Si consideramos las transferencias y aportaciones a las administraciones territoriales, el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que se destina al gasto social asciende al 70,8%. Gasto social en esos niveles y además gasto social que pone en evidencia la labor y el papel de nuestras comunidades autónomas en la gestión de los ingresos y gastos en nuestro país. Por tanto, comprenderán y compartirán -espero que así sea- que es preciso reforzar los mecanismos de relación y de interrelación con las administraciones territoriales, como decía, instrumentos de coordinación en algunos casos, porque


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así lo marca la Constitución y las leyes, y de colaboración y cooperación en todos los demás. Es importante fortalecer estos instrumentos, de la misma manera que es importante que cada uno ejerzamos nuestra responsabilidad en un clima de lealtad institucional. El objetivo en todo caso es afianzar y mejorar los marcos de comunicación, primero, y de colaboración después entre todas las administraciones. El primero de ellos es la Conferencia de Presidentes. Saben -lo conocen, porque estaban todos sentados en su escaño- que ese fue un compromiso del presidente del Gobierno en su debate de investidura, su convocatoria inmediata. Después de hablar con buen número de presidentes autonómicos hemos convenido que la Conferencia de Presidentes marque el inicio del curso político en enero de 2017, es decir, que el año 2017 se abra con una Conferencia de Presidentes donde los distintos responsables de la presidencia de las distintas administraciones territoriales a nivel estatal y autonómico puedan abordar esta tarea. Hemos iniciado contactos intensos con ese objetivo, y quiero decirles una cosa, de las conversaciones que hemos mantenido a todos los niveles hay una práctica unanimidad en la necesidad de cambiar la dimensión y el enfoque de ese órgano. Quiero recordar que es un foro relativamente reciente y que por primera vez ha logrado tener una concreción legal con la Ley de régimen jurídico del sector público que aprobaron ustedes la pasada legislatura. Yo creo que fue un paso para ponerla en valor, para dotarla de una institucionalidad legal que no tenía como principal órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos para la deliberación de asuntos y para la adopción de acuerdos de interés para todos ellos. Por tanto, era importante ponerlo en valor, pero creo que es necesario, humildemente, cambiar su filosofía y la trascendencia de sus decisiones.

Sinceramente, con todos los respetos, y además asumo la responsabilidad que me corresponde porque yo asistí a la última de ellas, la Conferencia de Presidentes no puede limitarse a ser una reunión ocasional con un magnífico protocolo y pocos resultados. Tampoco puede resolverse -y creo que aquí estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta, que preside la comisión de preparación- que no puede ser una mera yuxtaposición de los problemas que aquejan a cada uno, debería dirigirse más bien a procurar las soluciones que convienen a todos. Quizá por ello existe ese nivel de consenso en la necesidad de cambiar un poco la línea. Todos somos Estado. Nuestro compromiso con la Unión Europea, por ejemplo, es un compromiso del conjunto de la nación. Los debates que se van a plantear en las próximas fechas en la Unión son unos debates que nos competen a todos; primero, porque son el diseño de las grandes políticas públicas, y por tanto todos tenemos que participar en ese diseño, y después porque los compromisos que ahí se derivan necesitan de nuestra responsabilidad solidaria entre nosotros y con los ciudadanos. Del acierto a la hora de diseñar las políticas que nos afectan dependerá la capacidad de responder a las necesidades y a las expectativas de todos.

La Conferencia de Presidentes, a nuestro juicio, y creo que es compartido, debería entenderse como un órgano para poner en común las diferentes aproximaciones a los principales problemas del país en una mera concatenación de problemas particulares. Tiene que ser un órgano al máximo nivel -por supuesto con pleno respeto a las Cortes Generales y su capacidad- para el diseño de las políticas públicas, para marcarnos objetivos y desarrollarlos con una visión consensuada, cada uno en el ejercicio de sus competencias. Desde esa convicción y con esa voluntad les anuncio que el presidente del Gobierno enviará en estos días la carta de convocatoria de la sexta Conferencia de Presidentes e inmediatamente procederemos a convocar el comité preparatorio de la conferencia para la definición del orden del día a abordar en esa reunión. Saben que el orden del día es consensuado, pero sí puedo decirles que, de los contactos previos, asuntos como el avance en la recuperación, la consolidación en la creación de empleo, los futuros debates en el conjunto de la Unión Europea y la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar y las principales políticas que del mismo se derivan, como puede ser la educación o la atención social o sanitaria, pueden formar parte de ese orden del día, si así lo deciden los consejeros en los que deleguen en ese comité preparatorio los diferentes presidentes autonómicos.

La conferencia, como bien conocen -aquí están presentes algunos de sus participantes; con el señor Patxi López creo que estuvimos sentados, si no al lado, muy cerca-, estuvo marcada por la necesidad de hacer frente a una situación de riesgo y recesión y se alcanzó un compromiso unánime con la estabilidad presupuestaria. Entonces tocaba sumar esfuerzos -después hablaré de ellos-, ahora corresponde aunar voluntades. Este foro es fundamental, pero no va a ser el único ni es el único. Hay otros órganos, como las conferencias sectoriales, que igualmente han sido reforzadas en una ley, en un proyecto de ley enviado por el anterior Gobierno y aprobado por estas Cortes. También en el marco de la Ley de régimen jurídico del sector público se desarrollan ampliamente los compromisos o los mecanismos de cooperación


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a través de las conferencias sectoriales con las administraciones territoriales. Hay un elemento de novedad que es muy importante y que puede además ser muy conveniente a la hora de facilitar no solo la aprobación de las normas sino la ejecución de las mismas y de algo que a ustedes les preocupa y de lo que seguro me van a hablar muchos de ustedes, que es la reducción de la litigiosidad. Ahora los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la nación o de las comunidades autónomas, cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de otras administraciones públicas, han de ser abordados e informados en esas conferencias sectoriales. Por tanto, mejoraremos el intercambio de información, evitaremos la aparición de duplicidades, potenciaremos la planificación conjunta y reduciremos -luego hablaré de ello- la litigiosidad.

En este punto, señorías, quiero hacer una parada y una reflexión, porque yo creo que a veces leemos cosas dentro y fuera de nuestras fronteras que conviene poner en sus justos términos. Creo que todas las administraciones hemos sido capaces de afrontar las más difíciles situaciones. No sé si eso venderá mucho o no, pero yo quiero, y además ayer me lo pidieron y con mucha razón algunos alcaldes, poner en valor la tarea que han hecho las administraciones públicas en los tiempos de dificultad de la crisis. Porque en 2011, cuando el déficit cabalgaba por encima del 9%, algunos pensaban que en España el Estado de las autonomías, nuestro modelo, era un Estado fallido, que el tiempo y el esfuerzo iban a dar la razón a quienes pensaban que España era incapaz de salir adelante. Pues bien, los esfuerzos de todos y el tiempo han demostrado que no es así. Las administraciones públicas en nuestro país han funcionado aun en las peores circunstancias con óptimos resultados, porque la situación de déficit público desbocado la hemos afrontado y arreglado entre todos, y además tratando cada uno en su ámbito de preservar de la mejor manera posible los servicios públicos, apelando a un compromiso compartido y a una solidaridad constante. El Gobierno puso en marcha de forma inmediata mecanismos para facilitar la financiación y liquidez de las administraciones territoriales, desde el mecanismo de pago a proveedores hasta el fondo de liquidez autonómica y otras medidas que supuestamente tiene cerca de 200.000 millones de euros entre los años 2012 y 2016, que si me permiten decirlo -y era obligado- ha servido para que muchas empresas españolas, especialmente autónomos y pequeñas y medianas empresas hayan podido cobrar de las administraciones públicas y evitar despidos y cierres. Creo que en ese sistema hemos mutualizado -permítanme, porque quizá no sea terminológicamente correcta la palabra para los fiscalistas y financieros, pero creo que es así- nuestros problemas y hemos tratado de resolverlos todos juntos. Creo que el escenario que tenemos ahora es bien distinto al de 2011. Tenemos que seguir trabajando en nuestros objetivos: asentar el crecimiento, acelerar la creación de empleo y afianzar los pilares del bienestar. Estos objetivos guiarán nuestra política en todos los ámbitos; también en el nuevo escenario presupuestario. La actualidad marca -no solo la actualidad, sino que esto también marcará el destino de nuestras administraciones públicas-; ayer se celebró la Comisión Nacional de Administración Local, conocida como la CNAL, y hoy tendrá lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Gobierno en funciones consiguió negociar con la Comisión Europea una nueva senda de consolidación fiscal que entendíamos más compatible con el crecimiento económico y la situación de nuestro país. Ayer reunimos al presidente y vicepresidentes de la FEMP, los principales alcaldes y a los ministerios de Administraciones Territoriales, de Hacienda y de Economía para trasmitirles sus objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que, como en anteriores ejercicios, será cero; es decir, están en equilibrio presupuestario. Yo me comprometí con algunos de ellos de diferente signo político -voy a decirlo porque como esto es público se verá que el Gobierno trata de cumplir sus compromisos, especialmente los que, como este, no tienen coste presupuestario- a reconocerles el enorme esfuerzo que las corporaciones locales han hecho a lo largo de este tiempo. Creo que han demostrado una capacidad de adaptación y de atención a los servicios públicos fundamentales. Y les diré otra cosa, han demostrado que son Estado, y es muy importante que lo sigan haciendo, porque gracias a los ayuntamientos hay presencia pública, presencia del Estado que no del Gobierno, en municipios que, de otra manera, no tendrían ninguna presencia pública, siempre necesaria e imprescindible para atender a sus vecinos. Creo que han dado una lección de buena gestión de sus cuentas públicas. Esta tarde se celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para trasladar a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria o deuda pública. Permítanme que sean ellas las primeras que conozcan y puedan abordar esas cifras, pero sí quiero decirles que tendremos muy en cuenta el esfuerzo realizado hasta la fecha.

También ayer se abrió un tema que quizá a algunos de ustedes que creo que tienen experiencia municipal, les interesará. Uno de los debates que ayer se puso encima de la mesa es la regla de gasto. Lo conocen ustedes perfectamente. Saben que en estos días, a partir del 5 diciembre, el Ecofin analizará


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el tratamiento de la regla de gasto en el conjunto de las instituciones de la Unión Europea, y el compromiso que el Gobierno ha asumido con las corporaciones locales, también con las comunidades autónomas, es que a partir de ahí creemos un grupo de trabajo que, con la asistencia de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, podamos abordar la definición de la regla de gasto Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales juntos, para seguir promoviendo la consolidación fiscal, seguir incentivando buenas prácticas en esa gestión, pero también tener presente algunas de las necesidades y de las inversiones que los ayuntamientos, por poner un ejemplo, quieren acometer con los superávit generados.

Señores diputados, señorías, en distintos foros muchos de ustedes han puesto de manifiesto la necesidad de reducir la litigiosidad entre administraciones. Es esta una responsabilidad recíproca, porque depende de ambos contendientes frenar y reducir. Tienen mi compromiso -lo he dicho- de potenciar las comisiones bilaterales previstas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que, como saben, es un instrumento creado para fomentar la negociación y, con ello, la transacción y el compromiso antes de acudir a los pertinentes recursos o conflictos ante el Tribunal Constitucional. Podemos abordar las cifras -creo que después habrá tiempo para ello-, pero yo creo que es un buen elemento para esos acuerdos, y por nuestra parte la máxima disposición, si las administraciones del otro lado lo consideran oportuno, para repasar los recursos pendientes y, desde luego, intensificar la negociación y la transacción para evitar los futuros.

Señoras y señores diputados, potenciar la comunicación y la colaboración es además una de las labores que queremos reforzar a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. No se trata de modificar sus funciones, sino de aportar una perspectiva distinta, de abrir nuevos canales para la comunicación y ofrecer nuevas vías de interlocución; de abrir el Estado aún más a todas las autonomías. Como decía, todos somos Estado, y es bueno que el Estado y las comunidades autónomas estén atentos a lo que hace cada cual y a los proyectos que podemos compartir, que todos tengan la seguridad de que el Estado vela por sus intereses y trabaja por sus derechos en cualquier lugar de nuestro país. Estas son las tareas y el talante que corresponde a todos los delegados del Gobierno. Aquí hemos hecho algunos cambios, no muchos, muchos de ellos derivados de vacantes; por ejemplo, los últimos nombramientos de Enric Millo en Cataluña o de María Salom en Baleares -alguno de ellos ampliamente conocido en esta casa-, personas de amplia experiencia política, técnica y parlamentaria que aportarán su conocimiento del servicio público y su conocimiento parlamentario para ejercer esas tareas. Por tanto, es tiempo de fortalecer el diálogo entre el Estado y las distintas administraciones para resolver juntos las preocupaciones y necesidades que presenta cada autonomía y que estoy segura de que centrarán buena parte de las réplicas y de mi segunda intervención. Por mi parte, toda mi disposición a abordarlo con todas ellas desde el convencimiento de que el Gobierno de España lo es de todos los españoles, residan donde residan y piensen como piensan. Todos merecen ser tratados desde el respeto a su pluralidad con igualdad, y a los distintos gobiernos y administraciones nos corresponde colaborar desde el respeto mutuo y la lealtad institucional, principio que creo que está llamado y debe convertirse en el cemento que afiance nuestro sistema político. En este punto también quiero poner de manifiesto el perfil y la disposición de las nuevas incorporaciones a nuestro equipo. Personas como el Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que nos acompaña, que tiene experiencia en lo que nosotros llamamos en el equipo de Presidencia estar sentado al otro lado de la mesa. Ha sido no solo concejal municipal, sino consejero de presidencia de justicia del Gobierno de Aragón, por tanto, sabe y conoce muy bien cómo se trabaja del otro lado. Viene con cierto síndrome de Estocolmo (Risas), que está bien que mantenga, porque cuanto más sea la empatía que podamos generar en este punto, mejor resolveremos y atenderemos las demandas.

Señorías, yo creo que nuestro modelo de Estado ha servido para afianzar el progreso y el bienestar de los españoles desde que conquistamos esta democracia, que lo ha extendido a todos los rincones del país y que con él hemos ganado en cercanía y proximidad. Sin el Estado autonómico no se entendería la calidad de nuestro modelo de bienestar; creo que es un asunto clave a abordar en esta legislatura. Ese es a mi juicio, humildemente, cómo deberíamos enfocar el análisis de la revisión del sistema de financiación autonómica que, como saben, es un asunto clave a abordar en esta legislatura desde la óptica del receptor de los servicios sociales, de su calidad y eficiencia y desde la necesaria sostenibilidad de un modelo que debemos preservar de los ciclos económicos y de los momentos más críticos. Indudablemente, como todo, nuestro sistema autonómico es perfectible y, de hecho, se han hecho algunas reformas constitucionales. Pero yo, señorías, no me suelo alinear con las tesis de quienes prefieren demolerlo todo en sus pilares maestros como si nadie antes de ellos hubiera tenido fiel conocimiento de la realidad de su


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país, voluntad de concordia y unas mínimas dosis de acierto. Creo que siempre hay que valorar lo bueno en lo que es y lo mejorable también en lo que es.

El gran éxito de nuestra Constitución -lo decíamos ayer- es que, sin ser un producto exclusivo de nadie, pudo reflejar el sentimiento de todos, cobijarnos a todos. A diferencia de las constituciones del XIX, que eran constituciones de partido llamadas a incumplirse y a no perdurar, la virtud de nuestra Constitución es que logró, sin ser de nadie y sin gustarle en todos su predicamentos a todos, reunirnos a todos. Si el consenso, si la búsqueda de esa concordia guía nuestros trabajos, acertaremos, lo creo sinceramente, si lo hacemos con prudencia, analizando muy bien nuestros consensos y nuestros disensos, trabajando desde el primer momento en esa dirección. De otro modo correremos el riesgo de malograr lo que hace cuarenta años supimos construir con generosidad y sin sectarismos. En este punto, que quizá afecta a los temas más constitucionales de nuestro departamento -he hablado del asunto de las libertades y derechos digitales, de mecanismos de colaboración y cómo reforzarlos y de otros debates que puedan suscitarse-, quiero presentar al subsecretario del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover, que es letrado del Consejo de Estado, constitucionalista y que ha participado en algunos de los trabajos más interesantes que esta casa ha hecho en el ámbito constitucional y en el europeo. Yo procuro siempre rodearme de gente mejor y más seria que yo -no es difícil- y en este caso creo que puede ser un buen elemento para la interlocución con todos ustedes.

Termino ya -porque creo que he estado largo rato-, poniéndome a su disposición por supuesto para aclarar cualquier aspecto de mi intervención, para darles más información o sencillamente para intercambiar con ustedes diferentes pareceres sobre los asuntos que estamos tratando. También me pongo a su disposición para afrontar juntos esta tarea prolija pero espero que productiva que tenemos por delante. Una responsabilidad compartida desde diferentes esferas constitucionales y también desde diferentes posiciones ideológicas, pero con mi absoluto convencimiento de que compartimos un objetivo común, que es el de afrontar los retos de la sociedad española con la voluntad de que la calidad de vida de los ciudadanos a los que representamos sea cada vez mejor, sus derechos estén cada vez más consolidados y el bienestar de todos cada vez más asegurado. Compartimos por tanto dos cosas: un objetivo y una responsabilidad. Me gustaría que hoy pudiéramos coincidir y discrepar sin olvidar lo que nos ha traído a todos aquí esta mañana: los ciudadanos a los que representamos y a los que les importan más nuestras decisiones que nuestras diferencias. Nuestro debate solo cumplirá con esos objetivos, creo, si lo hacemos desde la lealtad, con espíritu crítico -sí, por supuesto- pero constructivo sobre todo. Estamos aquí para debatir, para que nuestras palabras contengan las mejores soluciones a los problemas de los ciudadanos y no para que nuestros debates arrojen nuevas incertidumbres a sus vidas. Tenemos que ser capaces de demostrar que las instituciones de nuestro país y los hombres y las mujeres que tenemos el inmenso honor de representarlas somos parte de la solución y en ningún caso el origen de los problemas que les preocupan. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Así procuramos ejercerla desde el Ministerio de la Presidencia y desde los distintos organismos que a él están adscritos, desde la colaboración en los debates políticos y constitucionales que lleva a cabo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; desde -y aquí no me atrevo a decirlo porque hay importantes politólogos- el Centro de Investigaciones Sociológicas en su labor -que cada vez está siendo más difícil- de conocer por dónde van las opiniones de la sociedad española; desde la tarea que lleva a cabo, entre otros, el Boletín Oficial del Estado, que procura publicar puntualmente y cada vez en términos más digitales y tecnológicos el Boletín Oficial del Estado; también desde Patrimonio Nacional, en su gestión de un patrimonio que es de todos, y aunque no corresponde a esta casa tenemos Comisión propia en la que saben que siempre estamos gustosos de comparecer, el Centro Nacional de Inteligencia. Para ejercer esta labor juntos, pongo a su disposición mi tarea y la de todo mi equipo, que he presentado aquí, en lo que espero que sea una fructífera legislatura de intensos debates -a algunos que ya éramos miembros de esta casa nos gusta también debatir- y de mucho trabajo para ver si es posible acordar.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

En toda su intervención hay un punto al que quiero referirme y al que me tengo que sumar, que son las palabras laudatorias para don José Luis Ayllón, que es una persona extraordinaria, tengo que decirlo.

Vamos a empezar ahora con las intervenciones de los grupos. En algún caso habrá varias intervenciones dentro del propio grupo, por lo que les pido que se ajusten al tiempo de que disponen. En primer lugar, comenzamos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.


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La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.

Señora vicepresidenta, escuchándole a usted y al Gobierno en general en las últimas semanas parecería que la legislatura que arrancamos va a estar marcada por un diálogo constructivo, por la búsqueda de consensos. Ello pudiera parecer así si no fuera porque estas supuestas intenciones llevan escondida la determinación de no deshacer el camino recorrido estos últimos años, que ha supuesto nulo avance -cuando no retroceso- en temas tan importantes como el derecho a decidir, el proceso catalán, la financiación autonómica, el techo de gasto y el control de déficit -estos últimos como objetivo principal- en perjuicio de la mayoría de la población. Aspectos todos ellos en los que el Gobierno del PP ha actuado de manera unilateral, como un rodillo, sin intentar no ya el acuerdo, ni tan siquiera el diálogo, judicializando la política con un acentuado tic autoritario, consecuencia del cual acude sistemáticamente al Tribunal Constitucional para intentar conseguir vía tribunales lo que no consigue en el ámbito político. Es igual que sean leyes sociales e incluso materias en las que la competencia de la comunidad autónoma que las ha aprobado sea exclusiva. Y escuchándole a usted, me va a permitir que les diga que, más allá de palabras más o menos bienintencionadas, no se vislumbra ningún cambio. Hecho que lamentamos, aunque también le diré que nos reafirma en nuestra convicción de que la democratización del Estado es imposible y la bilateralidad brilla por su ausencia, ante lo que nos empeñaremos en hacer valer la palabra y la decisión de la ciudadanía de Euskal Herria, que es a la que representamos en este Congreso. Es más, es probable que a usted no le interesen mis palabras pero debería tomarlas en consideración habida cuenta de que la actitud de su partido les ha llevado a ser la última fuerza política en las recientes elecciones de septiembre en la Comunidad Autónoma vasca, y en Nafarroa la demanda social de cambio ha posibilitado un relevo en el Gobierno que comienza a dar sus frutos.

Ustedes verán, pero es su política desenfocada y alejada del sentir de la población la que les sitúa ante el grave riesgo de pasar de minoritarios a residuales en nuestro territorio o en Cataluña. Y es que, con sus políticas, multiplican el número de independentistas en Cataluña que, hartos de esperar cordura y sentido común por parte del Gobierno, han decidido hacer su camino, porque ese empeño en pretender hacernos creer que es aquello que manda la ley ya no convence a nadie. La ley debe estar al servicio de la democracia, y no es así. De hecho, en 1978, para blanquear al franquismo y no acometer la necesaria ruptura con el régimen fascista, para que este último asumiera la mal llamada transición, dieron por bueno usurpar a la ciudadanía vasca, catalana y gallega el derecho a decidir su futuro. Y, pasadas varias décadas, lejos de conseguir que asumiéramos aquello como bueno, la crisis que el régimen está viviendo ha contribuido a que cada vez más personas quieran decidir su futuro en nuestra tierra -habló de crisis económica, social, territorial, de corrupción- y ello por algo tan sencillo como que es la única manera de que vivamos mejor, de poder abordar un futuro de justicia social en el que no se nos imponga el pago de una deuda que no hemos generado, en el que no se decida cuánto podemos endeudarnos sobre la base de realidades económicas que no se ajustan en absoluto a nuestra realidad particular y que no hacen más que anular las posibilidades reales de hacer frente a la urgente tarea de garantizar una vida digna a las personas más necesitadas. No es que yo diga que catalanes o vascos tengamos que constituir un Estado propio, lo que decimos es que las personas que allí vivimos debemos poder decidir qué queremos ser, no tanto por un territorio, lengua, cultura e historia común de país como los que tenemos -que también- sino sobre todo por la voluntad de ser lo que democráticamente pueda decidir la mayoría y que nosotros estamos dispuestos a acatar, sea cual sea el resultado final. Mi pregunta es concreta: ¿Están dispuestos usted y su Gobierno a aceptar un principio tan democrático como este? Si la respuesta, como espero, es que no estaremos igual que antes, y tendrán ustedes un problema de dimensiones importantes, que solo se soluciona por vías políticas por mucho que no quieran verlo. No le sorprenderá que le diga que aspiro a la constitución de una república vasca, pero también le diré que, con el objetivo puesto en esa meta, en el trayecto Euskal Herria Bildu defenderá el respeto de la soberanía limitada que hoy en día tenemos, pues no estamos dispuestos a permitir que se retroceda en nada, mientras que en su Gobierno el afán recentralizador es más que evidente, porque la soberanía limitada que tenemos no es ningún privilegio, como tampoco lo es la estación final, porque aspiramos a más. Algunos en nombre de la igualdad y de la solidaridad pueden tener la tentación en esta legislatura de plantear fórmulas que conlleven un retroceso. Sepan todos, y principalmente el Gobierno, que el principal problema para la garantía de los servicios públicos en el Estado no es ni el concierto ni el convenio de la Comunidad Autónoma de Navarra, sino las políticas de austeridad, ante las que lo primero que debería hacerse es primar el gasto social y no la deuda. Cuenten, cómo no, con nuestra solidaridad para ello. Y es que en Euskal Herria seguimos pagando


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una cantidad ingente de dinero por las competencias no transferidas, y este dinero, un 1,6 en el caso de Navarra y un 6,24 en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, lo que hace en 2016 un total de más de 2.100 millones, va destinado principalmente a Defensa y a Interior y no precisamente a los servicios sociales básicos. Así pues los vascos y las vascas queremos ser solidarios; apostamos por la igualdad, pero pagar la deuda de los bancos, la compra de armamento o las vacaciones del rey no está entre nuestras prioridades. Por tanto que el sistema nos permita parcialmente recaudar no impide que sigamos exprimidos en favor de unos pocos por el Estado.

La propia Ley de Estabilidad, pese a nuestro nivel financiero y capacidad fiscal, en la práctica nos está negando toda autonomía y nos es impuesta de arriba a abajo. Euskal Herria Bildu defiende poder decidir sobre nosotros, sobre nuestras políticas de endeudamiento, sobre los ritmos y las prioridades para, en lugar de limitarnos a seguir la senda de los estrictos límites impuestos por el Estado, hacer valer nuestro derecho a decidir nuestras políticas, para posteriormente negociar con el Estado cómo implementarlas, en una relación bilateral que, por mucho que se quiera decir aquí, es inexistente en la actualidad. Por ello le voy a formular una serie de preguntas al respecto que espero me conteste. ¿Tiene intención el Gobierno de variar en la actitud mantenida hasta el momento? ¿Está dispuesto a negociar con la Comunidad Autónoma y Navarra una senda de déficit que tenga en cuenta la realidad socioeconómica y los retos estratégicos que allí se establezcan? ¿Tienen intención de seguir con el café para todos, ajenos a las diferencias reales y legales existentes? Ahondando en ello, el índice que establece cuánto deben pagar, vía cupo y aportación económica, cada una de las dos comunidades autónomas mencionadas debería haberse revisado y acordado hace años, ya que no se ha actualizado en los últimos treinta y cinco años en uno de los casos y en veintiséis en el caso de Navarra, y ambos Gobiernos estiman estar pagando más de lo que les corresponde. Por ejemplo, desde 2001 la Comunidad Autónoma vasca ha estado por debajo del 6,24 establecido por el cupo y el desacuerdo en el cálculo asciende ya a demasiados millones.

La metodología aplicada al cálculo del cupo debe renovarse cada cinco años. Ese periodo pasó también hace mucho. Por tanto la pregunta es: ¿cuándo piensa abordar esta cuestión el Gobierno y empezar a negociar? ¿No le parece un tema urgente? ¿Y cuál es el motivo de que no se haya hecho hasta ahora? ¿Hasta cuándo va a seguir actuando de manera unilateral? ¿Conoce los cálculos que tienen hechos sobre la materia los dos Gobiernos? ¿Cree que es serio y responsable tratar de negociar y resolver cuestiones tan importantes única y exclusivamente dependiendo de las necesidades aritméticas del Gobierno de turno, como ha venido ocurriendo y parece que puede volver a repetirse en breve?

Termino con dos últimas cuestiones, para dejar tiempo a mis compañeros, porque podría ser objeto de esa posible negociación también el tren de alta velocidad. ¿Qué ocurre con el dinero que los Gobiernos de la CAV y Navarra han adelantado y que el Ejecutivo no abona? En el caso navarro, ¿por qué no abona los 45,5 millones ya gastados en cumplimiento del convenio suscrito, y que ya le han traído más de 40 millones en intereses? Por último, en relación con la tasa de reposición, ¿tiene intención el Gobierno de anularla, habida cuenta de que el Tribunal de Luxemburgo ha sentenciado en relación con los puestos estructurales? ¿Será historia el año próximo, como le ha solicitado el Gobierno de Navarra?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Tiene ahora la palabra por el mismo Grupo Mixto el señor Homs.

El señor HOMS MOLIST: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, a nuestro modo de ver -le voy a decir por qué con un ejemplo muy actual- no tiene usted credibilidad con todo lo que nos ha contado. Ha hecho alarde de que España es uno de los Estados más descentralizados. Por ejemplo, ha citado el informe de la OCDE y nos ha recordado que la Administración Central del Estado gestiona solo el 43% de los recursos para acreditar este nivel de descentralización. Pues como decimos en Cataluña, se ha puesto de peus a la galleda!. Le diré por qué. Fíjese lo que se hace hoy: el objetivo de déficit para el año 2017 está situado en el 2,9%, del cual la Administración central se queda el 2,4%, es decir, el 83%. El Estado más descentralizado gestiona el 43% y se queda el 83% del déficit, cuando le tocaría -sería lo razonable- aquello que corresponde a lo que gestiona. Y las comunidades autónomas el 0,5% cuando de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria les tocaría más del doble. Resulta evidente que el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Es lo que ustedes hacen. Ni Estado descentralizado ni puñetas, como se dice coloquialmente, porque cuando ustedes reparten se quedan con la mayor parte y dejan a las comunidades autónomas, y concretamente a la Generalitat de Catalunya, a los pies de los caballos. Fíjese lo que le pido. Para


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empezar, un diálogo que sea constructivo, sereno y de verdad. Cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que sabe usted que la disposición transitoria primera establece unos criterios de reparto de los objetivos de déficit que llevarían en este caso a las administraciones autonómicas a disponer del doble, algo más ajustado a las responsabilidades de gasto que tienen asignadas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.

Señor Alli.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente de la Comisión.

Señora vicepresidenta, muchísimas gracias por su comparecencia y por sus palabras. Compartimos algunas de las menciones que ha hecho en relación con los términos entendimiento, colaboración y comunicación. Ahí indudablemente encontrará a Unión del Pueblo Navarro.

Antes de mi breve intervención -por cortesía hemos compartido el tiempo las diferentes coaliciones que conformamos el Grupo Mixto- quiero hacer una consideración. Los dos grupos que me han precedido son de ámbito nacionalista, pero Unión del Pueblo Navarro en absoluto se encuentra en ese ámbito, pues es un partido constitucionalista. También quiero hacer una reflexión, y es que, tanto en las pasadas elecciones del 26 de junio como en las del 20 de diciembre, los cinco diputados de la circunscripción de Navarra fueron dos por parte de Podemos, uno por parte del Partido Socialista de Navarra y dos por parte de Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular. Por tanto la sociedad navarra democráticamente decidió que los partidos nacionalistas no estuviesen representados ni en esta ni en la pasada fallida legislatura. La Comunidad Foral de Navarra además es una comunidad foral diferenciada, anclada en el Estado español, y como representante del pueblo español, que es el hecho por el que estoy aquí -al igual que las personas que me han precedido en el uso de la palabra y han hablado de otras comunidades-, Unión del Pueblo Navarro tiene muy claro a quién defiende. En este caso defiende a España, y lógicamente será la voz de la Comunidad Foral de Navarra.

Usted ha hecho referencia en su intervención -es en lo que me quiero centrar por la brevedad de la mía- a la posible modificación de la Constitución, y aquí me gustaría fijar la postura del partido que represento, Unión del Pueblo Navarro. Antes de cualquier modificación de la Constitución, sin poder poner en virtud por la brevedad todo lo que ha hecho la misma, la Carta Magna, desde hace cuarenta años, por el bienestar de la sociedad, habría que responder a tres preguntas: ¿Por qué una modificación? ¿Para qué una modificación? ¿Y cómo esa modificación? O lo que es lo mismo, responder a dos preguntas que son las siguientes: qué sociedad queremos en los próximos años, por tanto cuál sería el objetivo común de todos los grupos políticos aquí representados, y después, si hubiese un consenso y una actitud para esa modificación. Lo que nunca deberá darse es una modificación como respuesta al estímulo del foco mediático y ni mucho menos a la concesión de los nacionalistas. En el supuesto caso de que deba ser esta legislatura en la que se modifique la Constitución, como usted sabe perfectamente, señora vicepresidenta, Unión del Pueblo Navarro mantendrá, sobre otras muchas consideraciones, en lo que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra, la defensa de nuestra singularidad tributaria, basada absolutamente en la lealtad institucional y en la solidaridad de los navarros con el resto de los españoles, y por lo tanto en la instrumentalización que es el Convenio económico de la relación Estado-Navarra, Navarra-Estado, refrendado por la Lorafna, la Ley del Amejoramiento del año 1982 en este Congreso de los Diputados.

La segunda consideración, que está en la propia esencia de Unión del Pueblo Navarro, partido al que orgullosamente represento, es la derogación de una disposición transitoria de nada más que de treinta y ocho años, que es la disposición transitoria cuarta, que era una concesión, una ventana abierta a la posibilidad de un referéndum para la anexión de Navarra a Euskadi. La mayoría social de Navarra ha decidido en los últimos cuarenta años que quiere seguir siendo la Comunidad Foral de Navarra y no quiere una anexión a la comunidad vecina.

Por mi parte nada más, señora vicepresidenta. Compartimos los retos que como sociedad española tenemos que llevar a cabo, y los criterios de transparencia y de evaluación normativa en el ordenamiento jurídico de España.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.


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Felicito al Grupo Parlamentario Mixto porque se ha atenido perfectamente a lo que había marcado el presidente.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta, por las explicaciones que nos ha dado. Voy a ver si en este tiempo ordeno las notas que he tomado. Me ha parecido entender que ha ordenado usted la comparecencia en dos grandes bloques con una introducción. La introducción era que habíamos salido de lo más duro de la crisis, según su exposición, y que entrábamos en una fase colaborativa. Me ha parecido que de anverso, no es porque vaya a entender que habíamos estado en una fase de confrontación -que también-, sino sobre todo habíamos estado en una fase de rodillo.

Después de este prolegómeno ha ordenado la comparecencia -al menos lo he entendido así- en dos grandes ejes: las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y las relaciones de la constitución territorial, es decir, entre poderes territoriales: el Gobierno versus Administración autonómica y Administración local. Me voy a ceñir un poco a este esquema y acabaré con una serie de preguntas, porque ha dejado en el choco -como decimos nosotros en el País Vasco- una serie de temas constitucionales a través de la mención indirecta del secretario de Estado, señor Jover, que procede del Consejo de Estado, y el dictamen de 2006 del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional, que dejaré para el final.

En la primera parte, en esta fase colaborativa Ejecutivo-Legislativo, usted hablaba de buscar el entendimiento con la Cámara, y yo confío en que se hayan acabado los, entre comillas, trucos legislativos de la X Legislatura, es decir, el abuso de los reales decretos-leyes, las tramitaciones urgentes o las enmiendas en el Senado a proyectos de ley; enmiendas que no tenían nada que ver con el proyecto de ley del que se trababa, con lo cual nos encontrábamos, por ejemplo, con la Ley de Contratos introducida en el Senado, cuando estábamos hablando por ejemplo de las marcas crotales del ganado vacuno. Confío en que todos esos trucos parlamentarios se hayan acabado. Quisiera hacer alguna reflexión sobre algo que usted ha dicho. La colaboración está muy bien, pero el Gobierno gobierna y no es el ejecutor de las decisiones del Congreso. Yo lo comparto totalmente; el Gobierno tiene que tener su ámbito de responsabilidad y no debe mutualizarlo hasta el punto de que se diluya el control, porque entonces al final desaparecen las alternativas. En esto sí quería hacer una reflexión sobre una cuestión o un proceder que estamos viendo en esta legislatura que está empezando, que es el abuso de los pactos nacionales. El Grupo Parlamentario Vasco no necesariamente los ve como una virtud, en la línea de la reflexión que usted hacía sobre el Gobierno. En una sociedad pluralista más que plural, en una sociedad con muchos intereses contrapuestos y organizados políticamente a través de realidades muchas veces enfrentadas, los pactos nacionales tienen que ser, en su caso, acuerdos de mínimos. No se trata de hacerle la labor al Gobierno, nosotros no vamos a hacerle la labor al Gobierno. No vamos a firmar ningún pacto nacional que nos ate de pies y manos. Para nosotros los pactos nacionales son pactos de mínimos, no de máximos, es decir, en temas sobre los que no vamos a discutir y vamos a evitar que con los cambios de Gobierno se modifiquen los elementos estructurales de ciertas políticas públicas, pero a través de pactos nacionales no le vamos a dar un cheque en blanco al Gobierno lógicamente. Si alguien pretende construir pactos nacionales, es decir, que del pacto nacional salga una ley, anticipo con toda lealtad y con buen entendimiento que nosotros no estaremos en esa línea. Para cerrar cuestiones estructurales, que no pueden estar al albur de cambios gubernamentales, estamos de acuerdo, pero deben ser para elementos estructurales y criterios mínimos. Repito, no se trata de hacerle la labor al Gobierno. Esto de los pactos nacionales está muy bien, el Gobierno encomienda que se haga un pacto nacional; si se hace -permítanme la expresión-, capitán general, y si no se hace, lo he intentado. No, el Gobierno tiene su responsabilidad, la oposición la nuestra, y nosotros, como Grupo Parlamentario Vasco, la nuestra. Quisiera por tanto acotar esta cuestión: empatía, toda, pero hacer la labor del Gobierno, no. Tenemos que tener nuestro margen político. Ya anticipo que nuestra posición será de acuerdos de mínimos. Otra cosa es la negociación parlamentaria sobre proyectos concretos, donde seguiremos la lógica ordinaria.

Otra cuestión en este primer bloque que quería resaltar es que efectivamente nos parece un acierto con cualquier Gobierno y en cualquier realidad occidental la calidad normativa, porque en nuestro caso es un auténtico desastre. No hay manera de saber qué es lo que está vigente. Ahora con Internet y el boletín consolidado ya tenemos alguna pista, pero antes era una auténtica calamidad. Hay una cosa que no ha mencionado. Está lo que se llama la , es decir, que tiene que haber mucha menos normativa; hay una inflación normativa para casi nada, y encima lo metemos todo en la ley. Además tiene que ser una


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regulación mucho menos didáctica, es para normar y para regular; no es para dar lecciones a los ciudadanos, y muchas veces ni siquiera a ellos, sino a nosotros mismos, sobre cómo nos gustaría hacer las cosas. Las leyes no son para hacer pedagogía; son para legislar. Creo que habría que hacer una limpia importante del ordenamiento. A raíz de la calidad normativa se han citado -me parece muy bien- las consultas públicas. Eso me permitirá luego hacer una reflexión, que está muy bien hacer consultas públicas a los ciudadanos como si fueran electrones que circulan por el espectro de un país o una nación, o como lo quieran llamar, y luego otro tipo de consultas totalmente refractarias. Es un poco -no voy a decir contradictorio, porque no hay ninguna contradicción- chocante. Luego me detendré un poquito más en ese tema.

Entrando en las cuestiones de relaciones entre poderes territoriales, me adhiero a las palabras del señor Homs, porque eso de que somos uno de los países más descentralizados yo no lo creo así. Creo que efectivamente hay una descentralización en la gestión, pero hay una involución y una centralización en el diseño de las políticas públicas, en el corazón de lo que es la actividad pública, que es el diseño de las políticas públicas. En eso hay una manifiesta centralización. Hay una descentralización en la gestión, y yo creo que el Estado español se está deslizando hacia una autonomía de gestión, pero no hacia una autonomía de posiciones políticas diferenciadas, que creo que es lo que estaba en el acuerdo constitucional -y por lo menos nosotros así lo entendimos-: que cabían políticas públicas distintas respecto a los ciudadanos, y no en temas menores, porque respecto a la aplicación del artículo 149.1.1 y el deslizamiento que se ha hecho de su entendimiento, ya es un desiderátum pretender que se aplique a derechos fundamentales. No, se aplica a aspectos de la política social y económica, no a derechos fundamentales. Eso ya se da por superado. Nosotros observamos que respecto al pacto constitucional el Estado inmediatamente se acantonó en lo que se llamaba la constitución económica, y colaboró mucho el famoso informe de García de Enterría. En aquella época había políticas públicas diferenciadas, hubo grandes sentencias del Tribunal Constitucional, toda la política territorial y el urbanismo que hoy serían inimaginables. Llegó la incorporación a la Unión y ahí hubo un proceso de recentralización, con el concepto de acción exterior y política exterior. El Tribunal Constitucional lo recondujo en una primera sentencia, pero hoy en día ya hemos visto que otra vez se ha vuelto a deslizar y casi es un título transversal. Luego vino la crisis, que es lo que estamos todavía padeciendo, y la situación que nos encontramos es que sobre el Estado se genera una opinión pública o publicada de queja de ciudadanos de determinados ámbitos territoriales que ven posiciones distintas en cuanto a los servicios públicos. Viene el Estado y hace recortes al Estado del bienestar, no lo voy a decir así para no darle el turno y que me diga que no ha habido recortes, pero hace políticas transversales en el Estado del bienestar. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el Estado quiere tener presencia de cara a los ciudadanos en el Estado del bienestar, y hay un nuevo deslizamiento hacia el Estado del bienestar aunque en aquel acuerdo todas esas políticas públicas eran autonómicas. Entonces, ¿en qué se han convertido las comunidades autónomas? En entes gestores sin capacidad de decisión. El gasto les viene marcado, no pueden marcar políticas públicas, y ya ni siquiera aumentar el gasto, y ahora lo vamos a ver en esta legislatura con las políticas sociales, porque vamos a tener un enfrentamiento. Ya lo hemos estado viendo estos días no con el bono social del sistema eléctrico, sino con las personas más vulnerables respecto a la energía eléctrica. El debate es si políticas sociales, políticas energéticas, y aunque sean políticas sociales, el 149.1.1. Ya anticipo que al igual que tuvimos los conflictos por las áreas económicas -que siguen pendientes, no hemos renunciado a ello- se va a abrir un nuevo foco; lo vemos una cierta melancolía, pero sabemos que se va a producir.

Esto también me permite una reflexión sobre la conflictividad. Le he oído a usted bastantes veces decir que hay un equilibrio en la litigiosidad. Claro, todo es una cuestión de perspectiva. Nosotros lo vemos otra manera. Vemos que es un mismo fenómeno con dos reacciones, y le voy decir cómo lo vemos nosotros. Nosotros en ese relato que hago, que es nuestro relato, entiendo que no se tenga que compartir, vemos un deslizamiento del Estado hacia todas las áreas. Por tanto genera una reacción en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero a su vez genera una reacción del Estado cuando nosotros seguimos normando porque entendemos las materias como las entendemos. Nosotros no reaccionamos contra el Estado, sino que el Estado reacciona contra nosotros y nosotros reaccionamos contra el Estado, pero por el mismo motivo, porque se ha deslizado hacia nuestros ámbitos. En el fondo son manifestaciones desde dos campos del mismo fenómeno, desde nuestro punto de vista. No es que nosotros tengamos una litigiosidad, sino que tiene la misma matriz desde nuestro punto de vista.

Relaciones multilaterales. Usted ha diferenciado la comunicación de la colaboración. Coordinación, colaboración, conferencias sectoriales y la comunicación, que es el espectro político, los miembros de las


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conferencias de presidentes. Usted ha dicho que no le gustaba la palabra mutualizar ni las grandes visiones. Desde nuestro punto de vista estos foros están bien, porque hablar y conocerse está bien, pero se lo tengo que decir con toda franqueza, nosotros cuando vamos -no soy el lehendakari, pero ya me entiende- a esos foros en realidad lo que vemos es al Estado en una configuración en forma de comunidad autónoma, en forma de entes locales, nosotros nos visualizamos como una nación, como Euskadi, que vamos a encontrarnos con el resto del Estado. Nosotros tenemos una visión bilateral de las cosas. Entiendo que los demás no la tengan obviamente, porque es la nuestra, pero es un poco inevitable que estos foros se conviertan, no voy a decir en reuniones de querulantes, pero cada uno va con sus visiones parciales, y esa visión general es muy difícil porque cada uno se encarna en el rol que se encarna, aunque se pueden hacer esfuerzos. En cuanto a las conferencias sectoriales tengo que manifestar no una queja, sino un comentario y una observación. Siempre se ha dicho que había que articular las relaciones verticales dentro de los poderes territoriales. Empezaron en el pleistoceno con aquellas reuniones informales, que luego ya se estabilizaron en la reforma de la Ley de Procedimiento. Las conferencias sectoriales estaban bien, pero yo creo que también se han deslizado en esa expansión natural del gas, que es el Estado, que tiende a ocupar todo el espacio disponible, y es que las conferencias sectoriales no solo son para articular lo vertical, sino que se están convirtiendo, según el Estado, en unas reuniones para articular lo horizontal también. En cuanto a las relaciones entre comunidades autónomas la conferencia sectorial se arroga la facultad, bajo la dirección del responsable territorial ministerial correspondiente, y nosotros no lo vemos así. Nosotros en las relaciones en su caso que tengamos que tener con las comunidades cercanas como Navarra, La Rioja, etcétera, no queremos que se nos tutele desde conferencias sectoriales. ¿Por qué en la conferencia sectorial hay una especie de tutela, como si fuéramos, entre comillas, menores de edad? Es que se está convirtiendo en eso, y la nueva regulación de régimen jurídico establece eso. Ya no voy a entrar en detalles sobre cómo se toman los acuerdos, y si no has dicho que no estás dentro, y luego tienes que ir al contencioso y te recurren, etcétera. Es lógico, según ha ido con el deslizamiento del Estado autonómico, desde mi punto de vista.

Señor Presidente, me parece que he agotado el tiempo y lo dejaré para la siguiente intervención.

El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señor Legarda.

Por Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Muy buenos días, señora vicepresidenta. Usted no ha podido dejar de hacer cierto autobombo sobre de dónde venimos y el trazo que ha dejado el Gobierno que presidía el señor Rajoy, pero ha dado ciertas notas de sinceridad en algún aspecto de los que ha tocado a lo largo de su intervención.

Dice que han cambiado las circunstancias, es evidente; y que la aritmética es tozuda, es evidente, y eso les lleva a concluir que efectivamente lo que pasó en la X Legislatura no se va a volver a producir. Es decir, aquel rodillo absolutista -que no absoluto- practicado por el Partido Popular, que comportó una hiperactividad legislativa. Usted nos apuntaba en su intervención la necesidad de legislar mejor. Pues yo le aconsejo un par de cosas en relación con legislar mejor, que es verdad que debería ser así: la principal es negociar mejor, que los proyectos de ley se realicen de mejor manera y, obviamente, no aplicar la ley del rodillo; y la tercera sería que deroguemos todo aquello que se hizo con esta mayoría absoluta. Se salvan muy poquitas cosas y si no hagamos una encuesta aquí entre los grupos parlamentarios a ver cuántos votamos a favor de determinados proyectos legislativos que ahora ya son ley. No podemos hacer borrón y cuenta nueva de lo que pasó en la X Legislatura -la XI no cuenta porque, efectivamente, no hubo actividad legislativa-, pero ustedes han planteado algunas cuestiones que me preocupan como, por ejemplo, cuando nos hablaba de la necesidad de regular la libertad de expresión que se ejerce a través de las redes sociales en relación con la seguridad de las personas, el derecho al honor, etcétera. Teníamos la trilogía represiva que venía por las tres leyes que se aprobaron en la X Legislatura: la Ley mordaza, la reforma del Código Penal y la Ley antiterrorista. Esta debe ser la cuarta ley que completa ya el marco punitivo que el Estado español pretende aplicar. Me gustaría que usted abundase un poco en esta ley.

Ha dividido su intervención en dos fases. Una de relación con las Cortes y, por tanto, esta nueva fase legislativa en la que usted nos dice que van a introducir procesos participativos en la elaboración de las leyes y, además, un plan normativo que nos permitirá saber qué proyectos presentará el Gobierno a las Cortes. Y una segunda, referida a las relaciones del Gobierno con las comunidades autónomas y las administraciones locales, donde usted ha puesto el acento básicamente en la necesidad de diálogo -también lo ha dicho con


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anterioridad- y lealtad institucional. Luego me referiré a la lealtad institucional y cómo la practica el Gobierno del Estado español, al menos respecto a Cataluña. Nos ha hablado también de la Conferencia de Presidentes y esta nueva manera de entenderla. En relación con la Conferencia de Presidentes -igual lo he entendido mal-, usted hablaba de la necesidad de reducir la litigiosidad y la necesidad de que -igual lo he entendido mal, por eso se lo pregunto, señora vicepresidenta- las comunidades autónomas debieran aportar también a esta Conferencia de Presidentes aquellos proyectos legislativos que podrían afectar a las políticas generales del Estado -no sé si lo he entendido bien- o que, en definitiva, podrían menoscabar el principio de igualdad entre las distintas comunidades autónomas.

Ahora paso a preguntarle y a referirme a aquellas cuestiones a las que usted en su intervención no ha hecho alusión alguna. Por ejemplo, el Gobierno español se comprometió con Naciones Unidas a realizar un plan de derechos humanos, cumpliendo así con las recomendaciones de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena. Desde Esquerra Republicana consideramos que sería coherente y recomendable que cumplieran con este compromiso si pretenden optar -como pretendían- a la candidatura al Consejo de Derechos Humanos. Esperamos pues, señora vicepresidenta, que en breve nos presente este plan y, a ser posible, que contemple tanto la política interior como la política exterior.

Hace un año usted misma asumió la Presidencia de la comisión para atender la crisis de refugiados. Evidentemente la crisis no se ha acabado, la crisis persiste y yo le preguntaría si podría recordarnos cuántos refugiados se comprometió España a acoger y a cuántos ha acogido a día de hoy. En este sentido, también le reclamo que convoque la comisión con las comunidades autónomas y entidades locales porque, aunque a lo mejor usted o el Gobierno del Estado español no está dispuesto, resulta que hay comunidades y pueblos que sí que están dispuestos y preparados para acoger a refugiadas y refugiados. Entre otras, Cataluña está dispuesta y preparada, Barcelona -la capital de Cataluña- y otros municipios de Cataluña están preparados y dispuestos para acoger refugiados.

Me referiré a Cataluña, a la que creo -igual me he despistado- que usted no ha aludido directamente. El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ha presentado esta semana el proyecto de presupuestos para 2017, unos presupuestos que buscan -como muy bien anunciaba él y como consta en las propias partidas presupuestarias- incrementar el gasto social y luchar contra las desigualdades sociales. Pero también -como sabe usted, señora vicepresidenta- impulsar el proceso hacia la independencia de Catalunya. Esto viene a cuento de lo que usted anunciaba de afianzar los pilares del Estado del bienestar, y en esto yo les afeo o se los pongo en contraposición, porque veremos qué presupuestos van a presentar ustedes y si los mismos son capaces de revertir los salvajes recortes sociales que han llevado ustedes a cabo durante estos años. Y, sí, son recortes por mucho que ustedes les llamen ajustes; han sido importantes recortes sociales. Mientras tanto -usted también se refería a la lealtad institucional-, el Gobierno del Estado va ocupando el espacio fiscal- y esto tiene que ver también con aquello que decía de la capacidad que tienen de recaudar y quién gestiona los tributos en el orden de las comunidades autónomas- para que no podamos ejercerlo. Es aquello del perro del hortelano: ni come ni deja comer. Lo hicieron con el impuesto sobre los depósitos bancarios y ahora parece ser que pretenden hacerlo con las bebidas carbonatadas. A esto ustedes lo llaman -o al menos desde Esquerra Republicana así lo estamos entendiendo- lealtad institucional y respeto por el autogobierno de Cataluña. Esta debe ser su manera de entender el mundo.

Asimismo, sabe que los presupuestos que van a ser aprobados en breve en el Parlament de Catalunya contemplan una partida para realizar un referéndum el próximo mes de septiembre sobre el futuro de Cataluña; Cataluña decidirá en referéndum. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad: referéndum o referéndum. Lo ha dicho el president de la Generalitat de Catalunya; lo han dicho prácticamente todos los consellers de la Generalitat y lo hemos dicho en la tribuna de oradores de esta Cámara tanto mi compañero Joan Tardà como el resto de disputados de Esquerra Republicana. En definitiva, señora vicepresidenta, no es ningún secreto que desde Cataluña -también desde el Govern de Catalunya y desde Esquerra Republicana- nos habría gustado que Rajoy hubiera sido el presidente del Gobierno británico y hubiera accedido a pactar la celebración de este referéndum de una manera normalizada. Insistentemente ustedes se niegan a ello, pero el Govern de Catalunya tiene un mandato claro que obedecer y que va a ejercer: el derecho a decidir que nuestro pueblo, en este caso los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, nos ha mandatado. De hecho, también sabe usted -y esto es público y notorio- que las tres cuartas partes de la ciudadanía catalana apoya el derecho a decidir y tenemos la obligación, en consecuencia, de hacerlo efectivo. Nos ha hablado de diálogo. No sé si el diálogo empieza ahora o tenemos que entender que el diálogo es lo que se ha producido también hasta ahora. Es decir, el marcador a cero no lo podemos poner.


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Ante la oferta de diálogo y el diálogo que hemos tenido, la respuesta hasta el momento ha sido perseguirnos judicialmente con el argumento de la Constitución y la ley. Pero usted sabe, señora vicepresidenta, como sé yo y supongo que como sabemos prácticamente todos, que la Constitución se podría cambiar si ustedes quisieran. Usted sabe también que la Constitución no impide -si hubiese voluntad política- que efectivamente se realizase la consulta, el referéndum. El problema, señora vicepresidenta, no es ni de la Constitución ni de la ley, porque también la ley debe ser interpretada al calor del momento en que debe ser aplicada. La ley no es estática y, por tanto, puede existir voluntad política para que las cosas sean distintas. En definitiva, su visión en este caso de España es un nacionalismo; un nacionalismo que entiende que España debe ser lo que es hoy por los siglos de los siglos y que debe continuar siendo así, lo quieran o no los pueblos que la conforman. En este caso, usted sabe perfectamente, porque así lo hemos venido diciendo, que en Cataluña tenemos otra voluntad. Cuando hablo de Cataluña no me apropio de una parte de Cataluña, sino que hablo de la voluntad mayoritaria, que es la que también ustedes aplican cuando gobiernan y, por tanto, cuando hacen las leyes. Contra este determinismo histórico legal, señora vicepresidenta, las catalanas y los catalanes, insisto, solo queremos una cosa: votar, decidir, y en caso de que el resultado -mire lo que le digo- fuese favorable a la independencia de Cataluña solo les pedimos poder negociar de forma tranquila, pacífica, con ustedes este proceso de independencia, el calendario, los traspasos, los activos, los pasivos y la propia transitoriedad que nos debería llevar del momento en el que estamos al momento al que nosotros pretendemos llegar.

Desde la más absoluta cordialidad y el buen entendimiento, desde la relación que hemos tenido siempre de lealtad al Estado, en este caso Esquerra Republicana, creo, señora vicepresidenta, que los lazos históricos, culturales, familiares, de amistad que compartimos algunos de nosotros y básicamente los distintos pueblos de España, merecen que este proceso que nosotros hemos iniciado al que, insisto, no vamos a renunciar, sea cívico y democrático. Consideramos que resulta triste que en este caso, y permítame la expresión, su integrismo nacionalista nos aboque a una tensión judicial que persigue que las catalanas y los catalanes seamos españoles por la fuerza y no porque ustedes nos seduzcan y no porque ustedes nos den la opción de elegir. Señora vicepresidenta, usted y su Gobierno hagan lo que tengan que hacer respecto a Cataluña porque nosotros -y lo hemos dicho también por activa y por pasiva-, los catalanes y las catalanas, también haremos lo que tengamos que hacer, se lo digo desde el máximo respeto y toda la cordialidad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rivera.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidente. Gracias también, vicepresidenta, por su comparencia.

Estamos ante una nueva etapa política, sin duda, por la fuerza de los hechos y sobre todo por la fuerza de los votos, porque los españoles en dos ocasiones han decidido que ni el Gobierno pueda gobernar sin contar con el Parlamento ni el Parlamento pueda llevar adelante iniciativas, básicamente las más importantes, sin contar con el Gobierno. Así pues, para los que sabemos dialogar y llegar a acuerdos, es una etapa sin duda fructífera y de oportunidades. Pero eso también merece, vicepresidenta, un análisis quizá más realista, más humilde, más apegado a la realidad. Usted ha hablado de confianza y de que España ha recuperado la confianza, yo en esto discrepo. España ha recuperado la confianza en alguna parte del sector financiero de Europa, pero no ha recuperado todavía la confianza de los principales accionistas de España, que son los españoles, porque hoy el CIS refleja que todavía los españoles piensan que el segundo problema de España es la corrupción -uno de los temas que queremos abordar en esta comparecencia- y piensan que el cuarto problema de España son los políticos, los partidos políticos y la política. Yo, ante esa realidad, no puedo hacer triunfalismo como hace usted o el Gobierno; creo que la confianza no se ha recuperado y esta Cámara, y en particular esta Comisión, es una de las que tienen la obligación de recuperar la confianza de los ciudadanos. Por eso yo, frente al triunfalismo prefiero la humildad y frente a decir que todo va bien, que se ha recuperado la confianza, prefiero pensar que queda mucho por hacer y también, de manera optimista, que podemos hacerlo y que esta legislatura puede ser una oportunidad para llevar a cabo la recuperación de lo principal en una democracia, que es la confianza en las instituciones. Por eso, vicepresidenta, quiero plantearle una serie de asuntos de los que no ha hablado en su comparecencia y en muchos casos algunos de ellos recogidos en ese acuerdo de ciento cincuenta exigencias de Ciudadanos al Gobierno del Partido Popular, para que pongamos hilo a la aguja, para que esta Comisión y también esta Cámara aborde los principales retos de modernización de nuestro país.


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Hemos conseguido grandes cosas en cuarenta años y quien quiera tirar todo por el suelo, quien quiera tirar todo por la borda, se equivoca -y yo lo comparto con usted-, pero también se equivoca quien quiera mirar solo al pasado y pensar que viviremos de los frutos de estos cuarenta años. Está muy bien tener una Constitución que ha dado prosperidad, libertad y bienestar, pero seríamos muy poco ambiciosos si no abordáramos, por ejemplo, en esta Cámara la actualización y la modernización de nuestra Constitución, porque una Constitución está viva y se puede enmendar por amplios consensos y esta es la Comisión, con los padres de la Constitución ahí detrás 1, la que puede y debe abordar esa reforma. Por tanto, yo le pido, en primer lugar, vicepresidenta, ambición de reforma, reformar o morir porque este país necesita modernizarse. Hemos escuchado voces secesionistas en un país democrático, en una Cámara nacional como esta, y eso es un ejemplo de democracia, pero también tenemos que saber abordar los retos de este país precisamente para no quedarnos mirando hacia el año 1978, porque está muy bien lo que hemos logrado, pero es mucho lo que nos queda por conquistar. Vicepresidenta, quiero también pedirles que sean valientes, pedirle a este Gobierno que sea valiente, por la fuerza de los votos, por la aritmética, me da igual si están convencidos o si se han convencido por las urnas, pero les pido valentía y coraje para modernizar este país. Cuenten con nosotros -y lo saben porque lo hemos demostrado y lo estamos demostrando- para tirar del carro y modernizar este país y abordar debates sin complejos sobre las reformas que necesita. Abandonemos el conformismo, abandonemos la autocomplacencia para ser ambiciosos y decirles a los españoles que cuenten con nosotros, que los que estamos en esta Cámara no somos parte del problema, que somos parte de la solución. Eso es lo que creemos que hay que hacer en esta legislatura.

Uno de los principales temas, como le decía, es la regeneración, la corrupción. En el acuerdo de investidura hay una hoja de ruta que reconozco muy ambiciosa para cambiar muchas cosas que se han hecho mal o no se han hecho en los últimos años. Yo le quería pedir que le pongamos hilo a la aguja, y no porque sea un capricho de Ciudadanos, sino porque ustedes han firmado un acuerdo en el que dicen, por ejemplo, que los tres primeros meses de legislatura, es decir, ya, en enero o en febrero, por ejemplo en esta Comisión tiene que abrirse la reforma de una nueva ley electoral para España. Después de cuarenta años hemos tenido una norma con sus luces, con sus sombras, pero es evidente que está obsoleta, que la Ley Electoral española ni tiene listas abiertas, ni los votos valen igual, ni el voto tiene que ser una cosa a rogar en el extranjero, sino un derecho. Por tanto, vicepresidenta, le pido un compromiso: el compromiso de poner en marcha cuanto antes, y en esta Cámara, la reforma, la modernización de nuestro sistema electoral, porque es la regla de reglas, es la regla del terreno de juego, en definitiva, de la democracia. Considero que esta sería una buena labor que podría hacer esta Comisión -y se lo dije hace unos días al presidente de esta Comisión-, este mes de diciembre podría ser una oportunidad para impulsar esa reforma, una reforma serena, una reforma tranquila, una reforma con derecho comparado, con expertos, viendo lo que han hecho otros países, viendo lo que hemos hecho nosotros, pero una reforma, no un parche. Hay que ser valientes. Me gustaría poder decirles a los españoles -y que de esta Cámara saliera- que van a ir a votar en las próximas elecciones con una ley con listas abiertas, con una ley donde no hay que rogar el voto, sino simplemente votar en el extranjero, y con una ley donde todos los españoles somos iguales a la hora de votar.

Asimismo, vicepresidenta, hay que abordar un debate que está en ese acuerdo: la supresión de los aforamientos. Preguntábamos ayer -en la Cámara además se aprobaron una serie de resoluciones- sobre cuántos aforados, cuántos privilegios desde el punto de vista judicial tienen o tenemos los cargos públicos. Yo no quiero tener ningún aforamiento -espero no encontrarme en esa situación-, no quiero tenerlo, quiero ir a un tribunal natural, quiero que me juzgue un juez de primera instancia, quiero que me juzgue un juez como a cualquier otro español; y sería un gesto de esta Cámara para los españoles que abordara la supresión de esos aforamientos que, por cierto, también está recogido en ese acuerdo que Ciudadanos exigió al Partido Popular. Otro de sus compromisos es el de limitar a ocho años -o a dos mandatos- el mandato del presidente, y le quiero preguntar cuándo y cómo vamos a abordar esa limitación que abordan otras democracias avanzadas, porque creo que sería un gesto también, no solo por voluntad personal, sino como regla de regeneración y de cambio en la presidencia de un Gobierno o en la presidencia de una comunidad autónoma. También queremos abordar la supresión de los indultos. Hemos presentado una iniciativa -y yo celebro que el Gobierno la apoye y también la ley que va a

1 Nota del Diario de Sesiones: El señor Rivera Díaz hace referencia a los retratos de don Gabriel Cisneros Laborda, don Manuel Fraga Iribarne, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, don Gregorio Peces-Barba Martínez, don José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, don Miguel Roca i Junyent y don Jordi Solé Tura, que están colgados en la sala.


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presentar Ciudadanos en los próximos días, que ya está registrada- para llevar a la Cámara en las próximas semanas una ley de lucha contra la corrupción que aborde, por ejemplo, proteger a los denunciantes de la corrupción. Los que denuncian la corrupción, los funcionarios, los servidores públicos son los héroes, no los villanos. Hay que proteger a los que denuncian la corrupción, hay que tener una autoridad pública que, más allá de los juicios y de los juzgados, evalúe también las políticas públicas y controle. Nosotros hemos propuesto esa ley que usted conoce precisamente de acuerdo con ese pacto de investidura para regular en este caso la protección a los denunciantes o la supresión de los indultos por corrupción política.

Como ve, es una agenda ambiciosa, y además la conocen, porque son exigencias que les hemos pedido para poner en marcha esa investidura. Por eso simplemente le pedimos que nos pongamos a trabajar porque no son solo el Partido Popular y Ciudadanos, sino toda la Cámara, quienes deben abordarlas, porque son reformas transversales, reformas cualificadas, algunas por mayoría absoluta o ley orgánica las que tendremos que llevar a cabo. Yo estoy dispuesto a buscar y ayudar a encontrar ese consenso para alcanzar esas reformas. También, vicepresidenta, hay que abordar la reforma institucional, porque igual que hablamos de reglas de juego y de luchar contra la corrupción hay que modernizar nuestras instituciones. Hay una reforma muy ambiciosa pactada -y que pactamos en su día también con el Partido Socialista en aquel intento de acuerdo de gobierno- con el Partido Popular, hay un eje muy amplio de 253 escaños, y espero que Podemos y otros partidos de la Cámara se sumen, que es -y no es un mito sino una realidad- de una vez por todas la reforma del Senado. Usted ha hablado de la Conferencia de Presidentes. Estoy absolutamente de acuerdo en que sea un instrumento permanente pero, déjeme que le diga una cosa, el mejor espacio para debatir los asuntos territoriales de un país descentralizado es el Senado y si no lo cerramos. O lo reformamos y lo convertimos en una Cámara territorial o lo cerramos, pero tener lo que tenemos para que no tenga funciones, para que sea un cementerio de elefantes y para que no cumpla las funciones territoriales que le asigna la Constitución... Sinceramente, o lo reformamos o lo cerramos. Hemos acordado reformarlo, vamos a ello. Vamos a ver en ese documento constitucional que tenemos que trabajar cómo abordamos la reforma del Senado.

También, vicepresidenta, hemos acordado la reforma del Poder Judicial. Queremos que los jueces, la mayoría del Consejo General del Poder Judicial sea escogido por jueces no por políticos. Esa reforma es un giro de 180 grados, desde la ley de 1985. Es un giro sin duda porque Montesquieu puede volver a estar en esta Cámara, igual no ha muerto y está vivo. Igual el espíritu de la separación de poderes sigue vigente. No sé qué miedo tienen algunos a que la mayoría de jueces escojan a los jueces en vez de los políticos. Desde luego, entre un juez de carrera, una persona que hace oposición, o un político nombrando jueces que le tienen que juzgar a él, me quedo con los servidores públicos, los funcionarios, y no con las cúpulas de los partidos políticos. En todo caso, es un debate que tenemos que abordar también en esta Cámara.

Puertas giratorias. Hay que regularlas y sobre todo que se cumpla la ley. Ese es otro de los debates que queremos abordar aquí. Hay que regular los lobbies. También hemos llegado a un acuerdo para regular las reuniones con los lobbies para que sean transparentes y con normalidad democrática como hacen en el Parlamento Europeo, en Estados Unidos o en cualquier otro Parlamento. También tenemos que abordar, vicepresidenta, una reforma pendiente, la de la Administración pública y, sobre todo, sus duplicidades. Estamos leyendo en la prensa que ustedes van a subir impuestos especiales mientras todavía no hemos suprimido duplicidades o no hemos abordado con profundidad esa reforma. Le pedimos que incluyan en ese draft que van a enviar a Bruselas -ese borrador- un ambicioso programa de supresión de duplicidades. Hemos valorado eso en 1.000 millones de euros en el acuerdo de investidura y le pido que cumplan lo que ustedes han firmado, que abordemos esa reforma de entes duplicados políticos y administrativos precisamente para no meter la mano en el bolsillo antes que no reformar o suprimir grasa en vez de músculo de nuestra Administración.

Por otro lado, vicepresidenta, sabe usted que algunos de todos estos asuntos que le he citado necesitan una reforma constitucional. Empezaba así la intervención. No podemos pensar en el futuro de España sin abordar una actualización de nuestra Carta Magna. Esta Constitución nos ha dado grandes cosas. El día 6 vamos a celebrar la Constitución -ya sé que a algunos no les gusta, a nosotros sí-, los que queremos reformar la Constitución también la celebramos, porque hay mecanismos para reformarla en la propia Constitución. Es una Constitución moderna que permite su reforma prácticamente de arriba abajo, cosa que no permite la francesa u otras constituciones. Así que, quien diga que esta Constitución es un muro es que no se la ha leído. Nuestra Constitución es un instrumento para regular la vida pública


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y una garantía de derechos y libertades. Ahora bien, dicho todo eso hay que reformarla: qué competencias tienen las autonomías, el Estado y los municipios; principios de financiación autonómica; supresión de privilegios que afecta a la regeneración democrática; reformar de la Ley Electoral. Es decir, hay un amplio capítulo y, como usted sabe, acordamos en uno de esos puntos una mesa de trabajo política para traer aquí un documento. Coincido con el Gobierno en este caso en que queremos saber dónde vamos. Abrir la Constitución sin saber para qué la vamos a reformar no tiene sentido, pero tampoco se equivoque, vicepresidenta, ustedes no querían cambiar la Constitución, en su programa electoral no querían tocar una coma de la Constitución. Me alegro de que hayan cambiado por la fuerza de los votos y hayan aceptado una mesa de trabajo, pero vamos a trabajar. Vamos a ponernos fecha, calendario para reformar nuestra Constitución. Sería un mensaje magnífico a los españoles que esta Cámara aborda con tranquilidad y serenidad una modernización de nuestra Constitución. Sería un mensaje bueno para los españoles, especialmente con los problemas que tenemos en este país en este momento. Así, le pido que nos pongamos a trabajar, que pongamos hilo a la aguja, fecha, hora y calendario e invitar a todos los partidos que quieran participar de esa mesa de trabajo de la reforma constitucional para traer aquí un documento que pueda ser la actualización y la votación final de esa reforma constitucional.

Algunos hablan de referéndum aquí. En España votamos un referéndum de la Constitución. Sí, lo votamos. Algunos votarían que no pero la mayoría votaron. (La señora Capella i Farré: Yo no estaba).Yo no había nacido, fíjense hasta qué punto asumo la democracia de mi país que asumo que nos dejaron un terreno abonado para los demócratas que nacimos después de esta Constitución. Ahora el único referéndum posible que puede haber en España es el de modernizar nuestra Constitución. Aquí no hay referéndum por provincias ni por territorios, aquí tenemos derecho a decidir todos los españoles sobre los temas que nos afectan. ¿Cómo vamos a cambiar las fronteras de España o perder la ciudadanía europea los catalanes, cómo vamos a modificar en definitiva lo que somos, sin contar con un marco constitucional, sin contar con todos los que pueden decidir? Tenga todo el apoyo de este Gobierno para mantener ese criterio de que todos los españoles somos iguales, también los que somos catalanes -porque no todos los catalanes somos separatistas, algunos queremos unir y modernizar nuestro país y no romperlo con la misma lealtad y respeto que hemos hablando-, queremos unir, no queremos levantar fronteras, no queremos perder la ciudadanía europea, no queremos un brexit a la catalana, para entendernos. Queremos ganar derechos no perderlos. Así que este Gobierno puede contar con nosotros para ese pacto por la unión, ese pacto constitucional, pero también para modernizar esta Constitución.

Hablamos también de pactos nacionales, se ha citado anteriormente. Yo no coincido con algún otro interviniente. Un pacto nacional no es táctico es estratégico. Lo que es táctico es pedir cuatro cosas a cambio de cuatro votos para pedir no sé qué cosa a cambio de no sé qué otra. Eso sí que es táctica, que es lo que se ha hecho durante treinta años aquí. Pero lo que hace falta hacer ahora es pactos estratégicos de país. Algunos dicen que no hace falta pactar los temas nacionales. Perdone, ¿cómo queremos parecernos a Finlandia sin abordar un pacto nacional por la educación? ¿Qué se piensan que hicieron hace cincuenta años en Finlandia? Un pacto nacional por la educación, por eso es el país con menos fracaso escolar de Europa. Por cierto, en estos mismos minutos se está aprobando en una Comisión parlamentaria la propuesta de Ciudadanos -a la que se han sumado el PP y el PSOE- para un pacto nacional por la educación. Eso no había pasado en treinta y cinco años. Igual es bueno que no haya mayoría absoluta para abordar este tipo de debates. Por ejemplo, se está votando en Comisión la reforma del régimen económico de los autónomos por un amplio consenso en esta Cámara. Bueno, pues yo sí soy partidario de que en los temas importantes de país no cambien las cosas cada cuatro años, sino que duren en el tiempo y sobre todo que tengan un plan estratégico.

Voy acabando, vicepresidenta. Creo que la ambición y la valentía son absolutamente necesarias. El acuerdo y el consenso son instrumentos para cambiar las cosas, no para que sigan igual, y para modernizar nuestro país. Está bien que el Gobierno entienda por la fuerza de las urnas que hay que dialogar y pactar pero, sobre todo, tenemos que saber qué, cómo y con qué ambición y dimensión queremos pactar las cosas. Si es para cambiar este país y modernizarlo estaremos de acuerdo. Si es para mantener lo que no funciona o para tapar ciertas cosas o para no cambiar aquello que preocupa a muchos españoles no podemos estar de acuerdo. Así que le pido ambición y le ofrezco ayudar a tirar del carro en esta legislatura de un grupo que cree que este país es un gran país pero puede ser todavía mucho mejor. Finalmente, respecto a los próximos años, no tengamos miedo. La Constitución se puede reformar y hacerla mejor todavía de la que se hizo. No tengamos miedo a modernizar nuestro país, no tengamos miedo a abrir debates políticos serenos y tranquilos en esta Cámara. No hay que tener miedo a mejorar, pero para


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mejorar hay que perder los miedos. Yo, después de cuarenta años de éxito, quiero pensar en qué cuarenta años le dejaremos a nuestros hijos. ¿Qué país van a vivir nuestros hijos? ¿Cuáles son los próximos cuarenta años de España? No solo el corto plazo, la táctica, el titular, sino qué vamos a hacer en los próximos cuarenta años. Creo que ese es el reto que tiene esta Cámara. Me gustaría pensar y sigo pensando -no sé si soy idealista o no- que este país merece la pena y que esta Cámara puede hacer esa labor. En ese sentido, le pido al Gobierno no solo que cumpla lo que hemos firmado, porque es de gente sensata cumplir lo que uno acuerda, sino que además tire del carro, sea ambicioso y cuente con nosotros para ello. En definitiva, pensemos en el futuro. No solo nos regocijemos del pasado, empecemos a pensar ya desde hoy en el futuro que empieza ya y, sobre todo, pensemos que en este momento hay que modernizar España porque o reformamos o morimos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivera.

Por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Domènech.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Muchas gracias, presidente.

Más allá de los pactos que parece que ya no cumplen, me ha parecido que la intervención anterior no se centraba tanto en lo que usted había propuesto sino en que hay una cierta discrepancia sobre el cumplimiento de un pacto, lo cual genera dudas. Porque si usted habla de diálogo y ya no son capaces empezando la legislatura de confirmar que los pactos de legislatura se estén cumpliendo, va a comprender que los demás, los que seguro no participamos de ese pacto, tengamos dudas sobre esa oferta de diálogo. Si no arreglan lo suyo con Ciudadanos, no sé cómo lo van a arreglar con el resto. Dicho esto, quiero hacer una reflexión, porque el señor Rivera ha dicho: ustedes no votaron la Constitución, ustedes sí y después se ha acordado de que él no la votó. Yo tampoco, es porque el 60% de la ciudadanía del Estado no la votó. (El señor Rivera Díaz: Obama tampoco votó la Constitución de Estados Unidos). Efectivamente, hay gente en esta Cámara que la votó, hay mucha gente que no la votó y a medida que pasen los años va a haber más gente que no la votó. (La señora Escudero Berzal: Vaya argumento.-Rumores). Efectivamente, es de Perogrullo, pero vale la pena recordarlo cuando nos ponemos estupendos hablando... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: ... de si votó o no votó a la Constitución.

Dicho esto, paso a la intervención concreta que ha propuesto la vicepresidenta. Me ha quedado claro, y también lo ha dicho el señor Rivera, que estamos en un nuevo periodo. Me ha quedado clarísimo que la palabra estrella del nuevo periodo es diálogo. Se ha repetido no sé cuántas veces la palabra diálogo. También me ha quedado claro que todos somos Estado, creo que unos lo son más que otros. Pero no me ha quedado para nada claro qué proponen en ese diálogo. Usted, como vicepresidenta y con la competencia de administraciones territoriales, tendría que presentar el programa de la legislatura, y yo no he visto nada. Ha hablado de muchísimas reuniones, de centenares de reuniones, de que va a haber comisiones, subcomisiones, conferencias de presidentes, nos ha presentado a sus cargos, que la van a ayudar, cosa que le agradecemos porque es bueno conocer a la gente que la va a acompañar en esta singladura, pero no hemos oído ninguna propuesta, solo la de la racionalización administrativa: vamos a tomar medidas que permitan evitar duplicidades... Pero propuestas sustantivas, ninguna. De hecho, ha dejado el tema de la reforma de la financiación autonómica casi para el final, como de pasada. Está muy bien que ahora el Gobierno diga que va a abordar ese tema, pero lo tenía que haber hecho en 2014. Dos años después nos anuncian que van a hacer lo que tenían que hacer en 2014 y lo anuncian como el inicio de un nuevo periodo.

De la reforma constitucional no me he enterado tampoco, porque ha dicho "reforma constitucional" y rápidamente se ha puesto a hablar del consenso, etcétera, y no sé si están dispuestos o no a abordar una reforma constitucional en este nuevo periodo.

Me he alegrado también de que usted haya mencionado a los alcaldes, a las alcaldesas y a las administraciones locales porque comparto con usted que han sido el colchón principal en el Estado para soportar los efectos más graves de la crisis. Pero permítame que le diga que esa laudatio ahora es un poco sangrante, porque con la Lrsal ustedes dificultaron que esos ayuntamientos pudieran hacer frente a


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las peores consecuencias de la crisis. Tanto es así que en esa etapa, que parece que hemos superado -vamos a verlo-, tres mil ayuntamientos, representantes de 17 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país, que se dice pronto, le presentaron un recurso en el Tribunal Constitucional contra la Lrsal. Ahí no hubo diálogo. No sé si se han dado cuenta -su intervención me ha generado dudas de que se hayan dado cuenta-, pero estamos viviendo la peor crisis territorial del Estado desde la transición hasta el día de hoy. Repito: la peor crisis territorial. Y eso no se soluciona solo con racionalización administrativa y apelando a un diálogo vacío de contenido. Es importante tener en cuenta que, además de vivir esa crisis territorial, lo estamos haciendo en el marco del cambio más profundo de sistema político desde la transición hasta hoy. Estamos en la Cámara algunos que, efectivamente, no votamos la Constitución y a los que nadie esperaba; tampoco nosotros pensábamos hace unos años que estaríamos aquí. Eso es expresión de que algo ha cambiado radicalmente. Y ante este doble hecho, crisis territorial y cambio político, ustedes nos proponen un nuevo modelo de financiación autonómica, pero no avanzan ningún criterio. Durante la campaña electoral, para mi sorpresa, escuché decir al señor Fernández Díaz, candidato por la provincia de Barcelona y con el que por tanto compartíamos debates electorales, que él estaba de acuerdo con el principio de la ordinalidad. ¿Está de acuerdo el Gobierno con el principio de la ordinalidad en este nuevo modelo de financiación autonómica, tal como dijo el señor Fernández Díaz en campaña electoral en Cataluña? A la vez que ofrecen esto, juegan -creo que ya lo han pactado, estará sobre el 0,6- con el nuevo techo de gasto para las autonomías. Es una buena noticia evidentemente que lo aumenten, pero eso no puede esconder lo que se ha dicho antes: que el reparto del techo ha sido absolutamente injusto durante todo el periodo de crisis. La Administración Central del Estado, esa que parece que es más Estado, se ha quedado las mejores condiciones teniendo la menor carga de gastos sociales del Estado, que la tenían las autonomías. De hecho, lo que ustedes han practicado durante este periodo de crisis es un modelo de recentralización, que atañe a muchas políticas pero hay una que ha sido básica en estos temas del techo de gasto, la Ley Montoro de 2012. Esa ley, que es el reverso de la modificación del artículo 135, ha permitido que ustedes, no con diálogo, intervinieran de hecho las comunidades autónomas marcando cuál era su techo de gasto. Eso es recentralizador y, a la vez -por eso digo que es el reverso del 135-, afecta básicamente a los derechos sociales, porque se dice quien tiene que recortar más. Todos somos Estado, pero unos lo son más que otros, y dicen que tienen que recortar más las comunidades autónomas, que precisamente son las que tienen las competencias sobre sanidad, sobre educación, sobre dependencia; es decir, sobre aquello que afecta a los derechos ciudadanos.

Por tanto, su política -vamos a ver cuál es la del nuevo periodo- ha sido de recentralización, contra los derechos sociales de la ciudadanía y también contra una concepción del Estado que acepte claramente su diversidad presente. En ese sentido, la propuesta que he podido entender que hay aquí es: Un día vamos a hablar de un nuevo modelo de financiación autonómica, que no definimos, y vamos a dar un poquito más en el techo de gasto de las comunidades autónomas. A eso difícilmente se le puede llamar proyecto y difícilmente se le puede llamar diálogo. Y todo lo demás, que es muchísimo, queda en manos de la judicatura, hasta treinta y dos normas recurridas ante el Tribunal Constitucional en el caso de Cataluña desde 2012 hasta hoy. Aparte de esto, tenemos las imputaciones de Carmen Forcadell y de Homs. Parece que ese diálogo es poco propositivo, muy estrecho y lo que queda fuera no se llama diálogo sino que se llama modelo jurídico-represivo, por llamarlo de alguna manera. Ahora mismo nos encontramos con que en Cataluña -se recordaba antes- el 80 % de la población reclama el derecho a decidir. Ustedes lo interpretarán de otra forma, pero la sentencia del Estatut, la sentencia 31/2010, ha sido considerada por constitucionalistas como Herrero y Rodríguez de Miñón o Pérez Royo como una ruptura del pacto constitucional. Es que en el País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco han hecho un pacto de Gobierno que habla específicamente de abordar el derecho a decidir el reconocimiento del País Vasco, de Euskadi, como nación y la misma reforma constitucional. Y no es solo eso, es que la tercera área política del Estado, la que represento yo hoy aquí, habla claramente de la necesidad de abordar un proceso constituyente, que parece que es mentar la bicha. Hubo un proceso constituyente en 1978, que fue modélico, que fue genial, pero cualquier persona que hable de otro proceso constituyente es condenada. Los de 1978 hacían lo que pedimos nosotros, no pedimos mucho más. Se puede estar de acuerdo o no, pero no entiendo que demonizar un proceso constituyente sea constitucionalista ni por qué marca un espíritu democrático superior respecto a otras formaciones políticas. Es un área política que, además, cree que la solución del problema territorial pasa por el reconocimiento de un Estado plurinacional y con los derechos sociales blindados, como una base nueva para construir un nuevo país. Un 80 % de la población de Cataluña quiere el derecho a decidir y un pacto entre el Partido Socialista y el


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PNV en Euskadi marcan claramente un camino diferenciado al que usted estaba apuntando, la tercera área política. Pero es que el PSOE pide también -parece pedirlo; esperemos a la intervención- la reforma de todo el título VIII de la Constitución, hasta me ha parecido entender escuchando al representante de la Unión del Pueblo Navarro, que él aceptaba -después de proclamar legítimamente su adhesión absoluta a España, a la legalidad y al Concierto Económico, las tres cosas a la vez- que hubiera una reforma constitucional. Por tanto, el tema no pasa por soluciones de cariz tecnocrática. Yo creo que ustedes intentan una cosa -y voy terminando, señor presidente- que podrán conseguir ahora o no, pero que no van a conseguir en el futuro, que es una reconstrucción de su Gobierno sin aceptar todo lo que ha pasado entremedias a partir de intentar formar mayorías suyas, del Partido Popular, con el PSOE y con Ciudadanos -que parece que tampoco le cumplen los acuerdos- para esa triple alianza, pero esa es una mayoría precaria, inestable porque fuerza mucho al resto de partidos políticos, y que en su acción de Gobierno, si no se abre de verdad al diálogo, lo que hace es dejar fuera las realidades nacionales del Estado y la representación política de las principales ciudades del Estado. En este sentido, mi análisis es que en realidad el Estado autonómico está agotado. Usted ha dicho que no, que el Estado autonómico tal como está ahora es maravilloso. Parece que no exista la realidad fuera de esta Cámara. Pues bien, el Estado autonómico está agotado en la medida en que respecto al momento en que se originó y para lo cual se creó es evidente que hay mayorías que hace tiempo que están diciendo que está agotado, y ante ellos no tienen programa, no tienen proyecto; lo único que tienen y de lo que hablan es de la agenda reformista. Al comienzo de su intervención usted ha dicho: Hemos vivido un periodo extraordinario en el que hicimos las grandes reformas necesarias. Sí, las reformas laborales, las jubilaciones, pero en cuanto a la territorial, esa no era necesaria; esa ha dicho que era peligrosa. Las reformas solo son reformas y son positivas cuando afectan a nuestros derechos sociales. Por tanto, creo -espero que de la respuesta de la ministra se pueda sacar algo más- que no están afrontando el futuro, y cuando no afrontas el futuro y la realidad que está cambiando bajo tus pies, te condenas a vivir en el pasado. Es verdad que usted dice la palabra diálogo, pero habla de diálogo y la propuesta es muy pobre. Recuerdo a otro famoso ministro de la Presidencia que decía: Ante los retos, orden, unidad y aguantar. Espero que no sea ese el espíritu que nos ha traído aquí. O por decirlo más suavemente, y refiriéndome a esa época de mayoría absoluta que han tenido, citaré a Machado, que decía: En mi soledad, he visto grandes cosas que no son verdad. Creo que ustedes llevan demasiado tiempo sin practicar el diálogo y, por tanto, escuchándose solo a ustedes mismos, y ven grandes cosas que efectivamente no son verdad. Este país de países ya hace tiempo que está cambiando, y si quieren diálogo de verdad lo deben afrontar. Por eso nuestra propuesta es de aceptación real de que hay una crisis territorial y que por tanto se debe constituir en esta Cámara una comisión para abordarla desde las distintas perspectivas, desde los distintos proyectos, para ejercer un verdadero -esta vez sí- diálogo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domènech.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cámara.

El señor CÁMARA VILLAR: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, en nombre del Grupo Socialista le doy la bienvenida y quiero expresarle nuestro reconocimiento por su rápida comparecencia, así como nuestro deseo de que su renovado desempeño sea fructífero y esté guiado por el diálogo y la voluntad de alcanzar consensos necesarios para afrontar los grandes retos a los que nos enfrentamos en nuestro país. Pretendo ser lo más constructivo posible, aunque mis observaciones vayan inevitablemente trufadas de críticas fundadas que consideramos merece la experiencia del Gobierno del que usted ha formado parte de manera tan relevante. Nuestra pretensión -es una pretensión sincera- es que contribuya usted a que el recién formado Gobierno rectifique el rumbo y se avenga a una praxis política más dialogante y positiva, alejada de la negatividad y de las regresiones que ha venido exhibiendo durante los pasados cinco años.

Entiendo que la gran novedad de las atribuciones que tiene encomendadas como vicepresidenta se refiere a una cuestión central y capital en nuestros días, como es la organización territorial del Estado, que se vincula además con la coordinación de los asuntos que tienen relevancia constitucional, que caracterizan su posición en el Gobierno. En este sentido, adquiere una gran importancia la perspectiva que usted y su Gobierno vayan a adoptar sobre la necesidad de la reforma constitucional en nuestro país, especialmente del título VIII, y en su marco la manera en la que piensa afrontar la cuestión catalana y el desafío independentista.


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Hasta ahora, el partido en el que milita y el Gobierno del que ha formado parte se han instalado en una estrategia de negación, de mirar para otro lado y de no hacer nada, de no tener propuesta alguna que ofrecer, salvo ir dando respuestas muy puntuales y meramente legales al creciente desafío soberanista de amplios sectores del nacionalismo catalán, contribuyendo, aunque sea sin pretenderlo, a alimentar actitudes secesionistas y a aumentar el choque de trenes, al tiempo que se han quedado enquistados en una lógica y en una perspectiva tozudamente recentralizadota, perspectiva que se manifiesta en la existencia de un modelo de financiación pendiente de renovación desde el año 2013, en la ausencia de convocatoria de la Conferencia de Presidentes -bienvenidas sean esas manifestaciones y esos deseos profuturo que ha realizado en su intervención-, en la inexistencia de relaciones bilaterales con el Govern de Catalunya y ninguna respuesta política a sus planteamientos. Todo esto es un resumen, como ayer le decía la diputada Meritxell Batet, ante el principal desafío político que tiene España, con toda una legislatura que ustedes han perdido -la hemos perdido todos como consecuencia- y que incluso se ha alargado en el tiempo en el que han estado en funciones.

Su intervención de ayer y la de hoy hacen entrever, pese a su inconcreción, una cierta predisposición a un cambio de actitud. Nosotros le animamos a que dé ya definitivamente ese paso para que haya un nuevo tiempo de diálogo, como usted pretende. Saludaremos ese nuevo talante, pero le pedimos mayor concreción; le pedimos que pasen de la teoría a la práctica; le pedimos que se olviden de este tipo de discursos que no tienen nivel político y que parecen más propios de una previsión de gestión de su departamento, trufados de elementos teóricos de una clase muy básica de Derecho Constitucional, y que pasen a la práctica. Es decir, ustedes tienen que manifestar claramente si están o no abiertos a sentar las bases políticas para encauzar adecuadamente soluciones y a considerar, por tanto, la necesidad de abrir una oportunidad para la reforma constitucional y con qué alcance. El mero transcurso del tiempo no arregla las cosas, sino que, al contrario, hace que los problemas se enquisten y se agranden. Usted, su partido y su Gobierno deberían estar persuadidos de ello y saber rectificar. Recuerden que, como bien dicen Acemoglu y Robinson, los grandes cambios de un país se producen precisamente en situaciones críticas. Los socialistas creemos que no podemos postergar más la reforma de la Constitución y que reformarla es lo más leal que podemos hacer con ella. Y, como sabe, el Partido Socialista ha puesto desde hace tiempo encima de la mesa una propuesta de reforma de la Constitución en sentido federal, de acuerdo con el carácter profundamente descentralizado al que usted se refería de nuestro modelo de Estado, que es una vía racional, es una vía positiva, es una vía integradora, es una vía institucionalmente equilibrada y también realista para construir el espacio político común que todos necesitamos en España.

Desde la declaración de Granada, venimos desarrollando una propuesta de reforma parcial para actualizarla, aunque sea una reforma parcial de carácter profundo y ciertamente extensa, porque queremos revitalizarla, asegurar que siga rigiendo en definitiva con éxito nuestra convivencia en los próximos decenios y que incluya la mayor garantía de los derechos sociales básicos, la actualización de determinados derechos y libertades, la modernización de las instituciones, la mejora de la calidad democrática y la articulación con la Unión Europea, así como por supuesto la actualización del modelo territorial, que debe ser pacto de convivencia entre españoles, articulando mejor y en síntesis fecunda unidad y autonomía, en igualdad, con respeto y pleno reconocimiento de la diversidad.

Espero que compartan con nosotros que el consenso no es solo el punto de partida -que evidentemente lo es, como aspiración y como método, y ayer se refería usted a ello-, pero creemos que es más importante mirarlo desde el otro lado, es decir, que sea el fruto intenso y generoso de un proceso de diálogo, de concesiones y renuncias recíprocas, de compromisos que se comparten. Apelamos a recuperar entre todos el espíritu de generosidad y de compromiso de la transición, y en este sentido anunciamos la presentación de una iniciativa de creación de una subcomisión de estudio en el seno de la Comisión Constitucional, en la que iniciar con carácter inmediato un proceso de diálogo y búsqueda de los acuerdos necesarios para delimitar los aspectos compartidos de esa reforma tras la comparecencia de expertos, la petición de los correspondientes informes a los órganos constitucionales que se determinen, a las comunidades autónomas y a las ciudades con estatuto de autonomía, elaborando a tales efectos un informe que sea útil y productivo para el inicio de los trabajos en la Comisión Constitucional. Señorías, este puede ser el gran proyecto político compartido por todos en esta legislatura.

En el ámbito de sus competencias relativas a las relaciones con las entidades locales, señora vicepresidenta, a nuestro grupo le preocupa la pervivencia de la contrarreforma de la Administración local que ustedes perpetraron hace ahora tres años. El próximo 27 de diciembre se cumplirán tres años desde la aprobación por su Gobierno de la Ley 27/2013, una ley que es el reflejo de un injustificado recelo a la


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autonomía municipal, cuyo significado degrada hasta el punto de rebajarla prácticamente a una condición administrativa en el campo de la prestación de servicios básicos y mínimos; una ley que sacrifica el desarrollo legal hasta entonces realizado de la garantía institucional de la autonomía local constitucionalmente consagrada y, por tanto, degrada también la calidad política democrática del Gobierno local, y lo degrada en el altar de criterios económicos y financieros; una ley que se realizó con prisas, efectivamente sin debate y que es a todas luces injusta porque se planteó acusando más o menos directamente a los pequeños y medianos municipios de despilfarradores, cuando la realidad es que la deuda de la Administración local representaba y representa en torno al 4,5% del total que tienen las administraciones públicas en su conjunto. Lo que el Gobierno del señor Rajoy ha pretendido con la aplicación de esta ley es desactivar las políticas de bienestar social, de igualdad y de proximidad a la ciudadanía, y subordinar a los ayuntamientos a otras administraciones públicas; una ley sobre la que ya precisamente, como ustedes saben, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de casi todos los aspectos relevantes que fueron impugnados. También desde el Partido Socialista, con el afán constructivo al que antes me refería, le reiteramos nuestra propuesta orientada a plantear consensuadamente una reforma local que sirva para fortalecer el municipalismo, cuyos aspectos fundamentales no puedo obviamente detallar en una intervención como esta, pero sí quiero decirle, en relación con lo que acaba de manifestar, que las administraciones locales, igual que las comunidades autónomas, no necesitan que se les pongan medallas, no necesitan que se les regalen los oídos, lo que necesitan es que se pongan manos a la obra, se cambie la legislación y se modifiquen las formas de actuar para hacerlo más democráticamente, con mayor consenso y diálogo.

Señorías, la especial trascendencia y prioridad de las cuestiones hasta ahora expuestas no puede dejar en la penumbra otras que se pueden analizar a la luz de su última comparecencia ante esta Comisión para exponer las líneas generales de actuación de su departamento. Esta comprobación con su anterior comparecencia permite sostener fundadamente que no hemos avanzado nada en los temas que centraron su intervención del 24 de enero del año 2012. En lo concerniente a la calidad democrática y a la posición de centralidad política que debe tener el Parlamento, le recuerdo que usted dijo en la citada comparecencia que el Parlamento siempre es el centro de la vida política -lo ha vuelto a decir ahora- y que el Gobierno está a disposición de este Parlamento. Es nuestra obligación y nuestra vocación rendir cuentas de lo que hacemos, como hoy mismo estoy haciendo yo aquí -decía-, y lo haremos con seriedad y con la verdad por delante; no sabríamos hacerlo de otro modo. Pues bien, después de estas rotundas y tan políticamente correctas afirmaciones, el Gobierno que usted ha coordinado como vicepresidenta se ha venido encargando de demostrar -y lo sabemos todos-, por acción o por omisión, su total falta de respeto al Parlamento y a su trabajo, ostentando una incapacidad manifiesta para planificar y llevar a cabo un programa legislativo equilibrado y razonable merecedor de tal nombre. Son muchos los ejemplos que se podrían traer a colación, pero yo solo le voy a recordar unos cuantos. No volvió a comparecer ante esta Comisión, a pesar de las aproximadamente cuarenta solicitudes de comparecencia de los grupos parlamentarios que quedaron sin tramitar. En el mismo sentido, muchos ministros estuvieron completamente ausentes de las comisiones de este Congreso, especialmente durante el último año de la legislatura. Hubo una resistencia escandalosa del Gobierno en funciones al control parlamentario y una negativa del Gobierno en funciones a acudir a las comisiones parlamentarias o a sesiones de control durante la XI Legislatura. Hay que recordar que el entonces presidente del Congreso, Patxi López, tuvo que activar los mecanismos constitucionalmente previstos y acudir al Tribunal Constitucional para resolver el grave conflicto institucional planteado a través de un conflicto de atribuciones, que curiosamente todavía está pendiente de resolver.

Su Gobierno y su mayoría parlamentaria, señora vicepresidenta, han despreciado también la función legislativa de este Parlamento con otras actitudes: ninguneando su capacidad de iniciativa, y me refiero a las proposiciones de ley. En la X Legislatura se debatieron en el Pleno del Congreso 102 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, pero solo seis fueron tomadas en consideración -muchas de ellas del Grupo Parlamentario Popular, y en ocasiones para evitar la necesidad de informes preceptivos que requeriría un proyecto de ley como, por ejemplo, la Ley sobre la interrupción del embarazo en menores de dieciocho años- y ninguna hubo en el Senado. Es, sin ninguna duda, el porcentaje más bajo de todas las legislaturas. También ustedes han abusado del decreto-ley; ningún Gobierno como el de la X Legislatura ha recurrido a esta figura con tanta asiduidad, convirtiendo este tipo normativo, en principio excepcional, según la Constitución, en la forma ordinaria de legislar, y de ello da cuenta clara, sin necesidad de mayor argumentación, el número de decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros durante este periodo, nada menos que 76. Le podría citar otros ejemplos, como el abuso de la tramitación de urgencia o la


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utilización de la vía de enmienda del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno para legislar en materias ajenas a las de la iniciativa que se tramitaba. Ahora vuelven a demostrar de nuevo su muy escasa consideración a este Parlamento y al principio democrático al recurrir, no siempre de forma justificada, a la amenaza de vetar la tramitación de iniciativas legislativas amparándose en la facultad del Gobierno del artículo 134.6 de la Constitución, que entienden de manera abusiva y sin respetar la jurisprudencia constitucional en la materia. Por cierto, señora vicepresidenta, usted formuló en 2009 una iniciativa sobre el control parlamentario de los mandatos de la Cámara en virtud de la cual instaba al Gobierno a comparecer -cito literalmente- en la Comisión Constitucional al inicio de cada periodo de sesiones, previa remisión del correspondiente informe, para informar sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas que hayan contado con el apoyo de la Cámara. Dicho informe -seguía diciendo- será público, accesible a todos los ciudadanos a través de la página web del Congreso. Le pregunto: ¿Qué fue de esa tan loable iniciativa cuando llegaron ustedes al Gobierno? ¿Piensa ahora ser coherente y recuperarla para adoptar las medidas que en su día concibió al respecto?

También tengo que decirle que cuando el presidente del Gobierno afirmó ayer en el Pleno de esta Cámara que atenderá los mandatos parlamentarios cuando fueran de obligado cumplimiento, pero no más, evidentemente estaba anulando la credibilidad de cualquier discurso de centralidad política que ustedes están haciendo reiteradamente con llamamientos continuos al diálogo y al consenso. Yo espero de su Gobierno, señora vicepresidenta, exactamente lo contrario: que asuma el cumplimiento de lo aprobado por esta Cámara, especialmente en aquellas votaciones que les han sido adversas, como esta semana ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley mordaza, y omito, por escasez de tiempo, referirme a otros elementos. Apliquen esto también al tema que usted ha suscitado sobre las mejores leyes y la calidad normativa. Vamos a ponernos manos a la obra. Miren hacia atrás y vean los muchos defectos y errores cometidos en la elaboración normativa que ustedes han llevado a cabo, inflando también el ordenamiento jurídico con muchas normas innecesarias y restrictivas. Ahora tienen la ocasión de cambiar de actitud y de hacer las cosas correctamente.

Señorías, en materia de transparencia y buen gobierno, en aquella misma comparecencia usted se comprometió con una ley de transparencia y gobierno abierto. Sin embargo, el Grupo Socialista ha de recordarle lo siguiente: la ley presenta deficiencias que el PSOE se comprometió a solventar y sobre todo en su aplicación ha quedado patente el escasísimo compromiso de su Gobierno con la transparencia. Hablemos con ejemplos. El Gobierno se ha negado a publicar en el portal de transparencia, aunque a ello le obligue la ley, el contenido de las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de altos cargos con el argumento de que fueron nombrados con anterioridad a su entrada en vigor y que era necesario esperar al desarrollo reglamentario de la ley. Le pregunto: ¿Qué piensa hacer su departamento sobre ello?

Señora vicepresidenta, es preciso que le recordemos otra importante cuestión: la austeridad. En su intervención de entonces hizo una loa a la austeridad no solo como cumplimiento de las normas constitucionales y legales, sino como compromiso político en el que desde siempre afirmó creer el Partido Popular. A raíz de estas manifestaciones, le preguntamos por los resultados de la CORA y la reforma de la Administración. En la citada comparecencia se comprometió a una ambiciosa propuesta de ajuste para suprimir, fusionar y redefinir aquellas entidades públicas cuyas funciones no las hacen imprescindibles. Esa ambición, incluso mal planteada, se quedó por el camino. El informe ignora la realidad constitucional española. La evaluación de las duplicidades se efectúa partiendo del principio de una Administración, una competencia, principio que no solo no está recogido en la Constitución española, sino que además es contrario a lo previsto en el bloque de constitucionalidad. El informe emitido es sesgado políticamente porque no está planteado desde una visión neutral de la Administración pública: no efectúa una evaluación real de las competencias y servicios que pueden estar duplicados; trata de imponer un modelo de Administración pública centralista, retrotrayendo la organización a un Estado preconstitucional, y no hay ni una sola propuesta dirigida a evaluar el sentido en el que el Estado deba seguir manteniendo determinadas competencias para desarrollarlas en exclusividad. A la vista de todo ello, usted y su Gobierno debieran precisar detalladamente el resultado que ha tenido o está teniendo su compromiso político de reducción del gasto corriente y la optimización de recursos. Den cuenta de todo ello a este Parlamento y a la ciudadanía, activen ese deseo, esa proyección, esa perspectiva a la que usted se ha referido en su intervención.

Hay otros muchos temas importantes sobre los que quisiéramos plantearle algunas cuestiones, pero el tiempo es escaso.


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El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, tiene que ir terminando.

El señor CÁMARA VILLAR: Señor presidente, voy a terminar inmediatamente haciendo apelación a la generosidad que dijo que iba a tener con nuestras intervenciones, habida cuenta de la importancia de los temas que estamos tratando.

No quiero dejar de mencionar la memoria histórica, porque el PP ha demostrado a lo largo de estos años insensibilidad y absoluto desprecio por el colectivo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Una insensibilidad profundamente ideológica, porque se ha degradado orgánicamente la oficina de víctimas que se creó en el ministerio y se ha eliminado la partida presupuestaria que permitía la aplicación de la ley con un argumento increíble. El argumento sostenido por Pérez Renovales en su comparecencia presupuestaria fue que en situación de crisis económica se suspendía la aplicación de la ley. Más recientemente se han justificado con la idea de que, por recomendación de la CORA, estas funciones van a ir a Justicia, y, sin embargo, en Justicia no tienen presupuesto para ello. Señoría, esta situación es especialmente dolorosa si tenemos en cuenta el informe aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, entre otras cosas, demanda a España que aporte fondos suficientes para la aplicación de la Ley 52/2007. Debemos expresar con firmeza que esto es insoportable, injustificado e inaudito, porque se basa en una igualmente inaudita carga ideológica para adoptar estas decisiones. No es que no haya presupuesto para la memoria histórica; es que no lo hay sencillamente porque ustedes, el PP y su Gobierno, por razones ideológicas que no presupuestarias la veta indirectamente y la deja morir en la práctica. Nosotros sí creemos en esta ley. Lo demostramos en el Gobierno aprobándola e implementándola, y ahora es su turno. ¿Qué piensa hacer sobre este tema?

Termino ya, señor presidente, señoría, reiterándole nuestra voluntad de buscar siempre razonablemente el diálogo y el consenso. Vivimos tiempos difíciles no solo en España por la aguda crisis económica, social, política, institucional y territorial que reclama mucha colaboración es verdad y una buena disposición de ánimo para arrimar el hombro, para consensuar y abordar el encauzamiento y la resolución de nuestros problemas comunes en todos los ámbitos, en todos los espacios interrelacionados: local, autonómico, estatal, europeo e internacional. Con esta disposición de ánimo, en nombre de mi grupo, le he hecho las observaciones que anteceden y así esperamos que las recoja y aprecie.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en primer lugar, tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, buenos días. Permítanme que comience mi primera intervención como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión subrayando que es un grandísimo honor profesional representar a mi grupo y asumir así la responsabilidad de trabajar en materias que es evidente que tienen un gran alcance político e institucional y que también tienen lo confieso especiales resonancias emotivas, dada mi vocación profesional. Tal como ha señalado el señor presidente y con su permiso, dado que la estructura orgánica de la vicepresidencia asume también el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales como ha explicado la señora vicepresidenta en su comparecencia, les anuncio que en esta Comisión el Grupo Parlamentario Popular tendrá dos portavoces y será mi compañera la diputada Pilar Cortés quien asumirá esa parte de la comparecencia de la vicepresidenta.

Señora vicepresidenta, después de escuchar su intervención, el principal mensaje que le quiero trasladar es de felicitación por el tono y también por el contenido, por la forma y por el fondo. Le felicito por la forma, pues creo que su intervención ha sido la prueba evidente de la voluntad de diálogo y de entendimiento que preside la acción de este Gobierno. Señorías, la vicepresidenta ha hecho una comparecencia de mano tendida y de permanente invitación al consenso. Ha explicado muy bien que la XII Legislatura nada tiene que ver con la X. La X Legislatura fue la legislatura de la emergencia, la legislatura de la crisis, y creo que esta es ciertamente una legislatura de oportunidades. Lo ha explicado usted perfectamente. También se desprende claramente de sus palabras la disposición del Gobierno al entendimiento y a la colaboración, que no nace de la resignación, sino de la firme y sincera convicción de que todos el Gobierno y las fuerzas políticas presentes en esta Cámara hemos recibido un clarísimo mandato de los ciudadanos y el Gobierno se ha puesto a trabajar. Lástima que esa invitación al diálogo y al consenso no haya recibido la esperada buena respuesta por parte de algunos grupos parlamentarios.


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El portavoz del Grupo Socialista ha hecho un repaso y una serie de críticas a la X Legislatura que no sé si corresponde hacer precisamente en este contexto de exposición del programa de Gobierno de la legislatura que se inicia. En todo caso, como es natural, a todo ello se dará cumplida respuesta. Le felicito también por el contenido de su intervención. Anuncia un programa de acción política coherente con el nuevo tiempo, ambicioso en sus objetivos y en sintonía con las legítimas expectativas de los ciudadanos. Es coherente con el nuevo tiempo porque está presidido por la búsqueda del entendimiento y es ambicioso por la relevancia de las materias que estarán encima de la mesa. Es la legislatura de los grandes acuerdos. Usted ha hablado de evolución demográfica, de envejecimiento de la población, del futuro de los jóvenes, de la conciliación, de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, del cambio climático o de la agenda digital. Además, de una manera muy importante ha introducido un compromiso de mejora en la calidad normativa. Usted lo ha presentado en su comparecencia y creo que es una profunda inversión en transparencia y en participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de las leyes, lo cual redunda también en la mejora de la calidad democrática. Especialmente sugerente me parece su propuesta de regular los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital. También es un programa a la altura de lo que esperan los españoles. Nosotros debemos ganarnos la confianza de los ciudadanos y, si la actividad política está desde hace años desprestigiada, es nuestra responsabilidad que deje de ser así. Por eso, debemos responder a preocupaciones reales y no generar debates estériles e innecesarios; y, por supuesto, debemos evitar dejar traslucir una permanente imagen de confrontación que creo que está muy lejos de lo que los ciudadanos desean y, desde luego, nada tiene que ver con lo que los ciudadanos merecen. Es verdad, señora vicepresidenta, que no llega usted a esta Cámara con una hoja de servicios en blanco, sino con el aval de cinco años de eficaz gestión al frente de la coordinación del Gobierno en un periodo de extrema dificultad y su capacidad y su talento son sobradamente conocidos por este grupo parlamentario y por la inmensa mayoría de los españoles. Eso infunde una gran tranquilidad. Además, como sabe usted bien, el liderazgo se demuestra también en la formación de equipos y, en ese sentido, quiero felicitar a quienes la van a acompañar en este camino.

Permítanme que entre en alguna de las cuestiones que han suscitado algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La primera de ellas es relativa a la reforma constitucional. Muchos coincidimos en reivindicar la Constitución de 1978, lo que ha dado de sí y lo que ha permitido: uno de los mayores periodos de progreso social y económico y de desarrollo de nuestro país. Es una Constitución que tiene la enorme virtud de no estar asociada a ningún nombre y apellido, de no estar asociada a ningunas siglas políticas. Estas siete personas que tenemos delante 2 lo que hicieron fue ponerse de acuerdo desde la discrepancia y en algunos casos desde posiciones absolutamente antagónicas en lo ideológico sobre qué es lo que querían mejorar y donde querían llevar a nuestro país. Es evidente que la reforma de la Constitución no puede ser un fin en sí mismo y creo que ha quedado patente en las intervenciones de los portavoces que donde debemos hacer un trabajo importante y complejo es aquí, en el ámbito parlamentario, donde deberíamos ponernos de acuerdo en cuestiones que no están nada claras, empezando por quién es el sujeto, el poder constituyente, y continuando por hacia qué modelo territorial queremos caminar. Hay quien ha hablado de los pueblos como poder constituyente, pero, señorías, mi grupo parlamentario cree que el poder constituyente serán los ciudadanos españoles, como lo fueron en el año 1978. Por tanto, la reforma no puede ser un fin en sí mismo. Señor Domènech, no me vale el argumento del tiempo transcurrido y que aquí empecemos todos a decir si la votamos o no la votamos. Yo tampoco la voté, pero las mejores constituciones se caracterizan precisamente por su vocación de permanencia en el tiempo. Hay sistemas políticos que se han construido sobre la base de textos aprobados en el siglo XVIII o en el siglo XIX y que perviven hasta hoy; actualizadas y modernizadas, estoy de acuerdo, pero siempre respetando el mismo consenso, que tiene que ser el punto de partida y el punto de llegada. Además, la Constitución es un texto vivo. No podemos pretender convertirlo en una reglamentación o en un contenido puramente programático ni tampoco en un arma de dialéctica política: cuando no sepamos qué decir, digamos que vamos a reformar la Constitución. Debemos ser mucho más rigurosos en esto. Es evidente que la Constitución admite mejoras y reformas, pero debemos ponernos de acuerdo -y nos queda mucho camino por recorrer- en qué reformas y en qué mejoras queremos emprender entre todos. No frustremos las expectativas de los ciudadanos con falsos anuncios, no suplantemos la acción política con una quimérica invocación de la reforma constitucional ni sustituyamos

2 Nota del Diario de Sesiones: El señor Martínez Vázquez hace referencia a los retratos de don Gabriel Cisneros Laborda, don Manuel Fraga Iribarne, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, don Gregorio Peces-Barba Martínez, don José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, don Miguel Roca i Junyent y don Jordi Solé Tura, que están colgados en la sala.


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la labor hermenéutica del Tribunal Constitucional, que tiene mucho que ver con esa condición viva del texto constitucional que estoy seguro que conoce muy bien el señor Cámara y el resto de portavoces. Tampoco creo que debamos promover una reforma constitucional para resolver un problema territorial, sino para generar un consenso sobre el Estado en el que queremos vivir. Y precisamente por todo eso creo que tenemos un mandato muy claro de ponernos a trabajar los diputados de esta Comisión, las fuerzas políticas, pero nos queda mucho, muchísimo por hacer.

A propósito de algunas de las cuestiones que ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, el señor Cámara, en esa referencia a los vetos y a la actuación del Poder Legislativo y su equilibrio con el Ejecutivo, fíjense, el régimen parlamentario en el que vivimos, como usted sabe muy bien, ni es ni ha sido nunca ni puede ser un sistema en el que el Parlamento ejerza la acción de Gobierno, y precisamente por eso creo que en ese equilibrio constitucional se entiende perfectamente que se puedan ejercer en definitiva esas potestades que reconocen la Constitución y el Reglamento de la Cámara para permitir al Gobierno que haga eso, su acción de gobierno. Nosotros debemos respetar un sistema de división, no de confusión de poderes, y esa lógica de los vetos que usted ha puesto en cuestión no solo le quiero decir que ha sido utilizada en el pasado, ciertamente en muchas más ocasiones, que además es lógico que esté prevista y que así ha sido no solo en nuestro constitucionalismo histórico, como sabe bien, sino también en el constitucionalismo comparado. Responde, por tanto, a una lógica de equilibrio de poderes que debemos mantener necesariamente si queremos que este sistema funcione.

Ha hecho usted también referencia a algo que parecía dejar traslucir un cierto desprecio del Gobierno de la X Legislatura -insisto en que creo que es más lógico que planteemos los debates de la XII, pero en fin- a propósito de su relación con el Parlamento. Pues bien, creo que el Gobierno de la X Legislatura respetó la función del Parlamento, se sometió al control de manera ejemplar, cumplió con lealtad sus obligaciones parlamentarias y además creo que se alcanzaron acuerdos. Tengo muchas más dudas sobre la voluntad que tuvo su grupo político para alcanzar esos acuerdos, y eso creo que se deduce claramente del número de ocasiones en las que votaron a favor del Gobierno y apoyaron al Gobierno, y creo que en ese sentido lo que se puede esperar de la lealtad es precisamente que ustedes se sumen, no que partan ya desde la primera comparecencia planteando una crítica a lo que se hizo en el pasado. También ha hecho alguna referencia en materia de transparencia. Creo que la Ley de Transparencia es algo tangible, concreto, que pone de relieve que existe una apuesta absolutamente sincera que ya se hizo realidad en el año 2013 y que hoy se puede cuantificar. Fíjense, el portal de transparencia, en el que por cierto se han cumplido escrupulosamente todas las obligaciones legales -revise usted la ley antes de entrar en la crítica-, tiene disponibles casi 1,5 millones de datos y son 6 millones el número de visitas a la página. Se han tramitado gran cantidad de solicitudes y se han resuelto en plazo. Creo que esa es una respuesta real, concreta, a la exigencia de transparencia.

Querría señalar, a propósito de la intervención realizada por el portavoz de Ciudadanos, el señor Rivera, que puede estar tranquilo; nosotros somos gente seria, sabemos cumplir los pactos y vamos a cumplirlos, no tenga preocupación por eso. Pero no puedo dejar de decirle que alguna de las cuestiones que usted ha enumerado tiene una enorme complejidad. Usted intervenía, y lo decía así, desde la humildad. Pues desde esa misma humildad, señor Rivera, sobre la reforma del Senado hay muchos que llevan o que llevamos pensando mucho tiempo, por tanto, coincidirá conmigo en que esa reforma no es fácil. Pero evidentemente hay que tener valentía para emprender determinados debates, y no tenga ninguna duda de que en valentía ni al Gobierno del Partido Popular ni a este grupo parlamentario nadie le va a dar lecciones.

Querría, antes de que tome la palabra la señora Cortés para intervenir...

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, le recuerdo eso, que comparte su tiempo. (Risas).

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Sí, sí, por eso; yo mismo me someto a la disciplina.

No he entrado en el tema territorial pero querría decir muy brevemente que se ha invocado por parte de varios portavoces el derecho a decidir. Fíjese, yo creo que hay una triple falacia en el derecho a decidir. Primero, no entiendo por qué algunas de sus señorías se atribuyen la representación de Cataluña y de los catalanes, no lo entiendo. La señora portavoz de Esquerra Republicana, por ejemplo; usted se atribuirá la representación de su grupo parlamentario, como el señor Rivera del suyo y yo del mío, pero no de Cataluña o de los catalanes. Segundo, el derecho a decidir es lo que hacemos aquí, en el Congreso, en muchas materias, pero creo también que proteger la Constitución y proteger nuestro sistema político consiste en proteger el derecho a que no se decida lo que no se puede decidir por quien no puede decidirlo; eso


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también es defender la Constitución. Precisamente por eso creo que ustedes ni se pueden arrogar la condición de representantes de Cataluña ni de los catalanes ni pueden invocar el derecho a decidir lo que no pueden decidir. Ese es un mandato de defensa de la Constitución que este grupo parlamentario se toma muy en serio y que lo va a hacer con todo el rigor pero también con toda la voluntad de entendimiento, créame, desde las profundas diferencias, con toda la voluntad de entendimiento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

También por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, yo también, muy brevemente, quiero comenzar uniéndome a las palabras de aquellos portavoces que le han agradecido su comparecencia, la rapidez con la que ha venido tras la formación de Gobierno, y además quiero agradecer, como decía el señor Martínez, el tono de su intervención y su apelación al diálogo, al consenso y al acuerdo. Quiero que sepa que al Grupo Parlamentario Popular nos va a tener en esa línea, la apoyaremos y la ayudaremos en su labor y, desde luego, estamos dispuestos a dialogar, a pactar, a hablar y a consensuar con el resto de formaciones políticas todas y cada una de las cuestiones que se planteen dentro de esta Cámara.

En referencia a lo que ha ocupado buena parte de su intervención, administraciones territoriales, quiero hacer una serie de reflexiones, incluso alguna sugerencia. En un Estado autonómico como el nuestro las relaciones intergubernamentales son fundamentales. Es verdad que los acuerdos incluso entre partidos políticos o las reuniones del presidente con algunos presidentes de comunidades autónomas, las conferencias sectoriales, todo eso es muy importante en esas relaciones, pero yo quisiera decir que para consolidar el modelo autonómico y para conseguir un adecuado y coherente funcionamiento del Estado, los principios de igualdad y solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas son la base de la lealtad constitucional, que es la que ha de regir en la actuación de cualquier Estado compuesto como es el nuestro. También es cierto que en los nuevos estatutos de autonomía o en los estatutos de autonomía reformados la bilateralidad se ha convertido en un eje fundamental para las negociaciones y para estas relaciones, pero también en esos estatutos se incluye el principio de lealtad institucional, y de esa manera, esa lealtad institucional pasa a formar parte del bloque de la constitucionalidad y se reconoce así la necesidad de cooperar multilateralmente en el ámbito del Estado autonómico.

En ese ámbito de colaboración, me gustaría hacer referencia a dos mecanismos -a uno se ha referido la vicepresidenta en su intervención- que son de cooperación tanto en el ámbito horizontal como en el ámbito vertical. Me refiero por supuesto a la Conferencia de Presidentes autonómicos pero también a la Conferencia de los Gobiernos de las comunidades autónomas, que fue un mecanismo que nació con una vocación de ser útil, de avanzar y trabajar juntos pero que a partir de 2011 ya no se ha vuelto a reunir. Recuerdo la creación de esa conferencia porque precisamente fue en mi tierra, en Zaragoza, donde se creó en una reunión de los presidentes autonómicos que habían reformado estatutos de autonomía; allí se tomaron una serie de decisiones que me gustaría recordar, como es impulsar la colaboración de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias o impulsar la colaboración de las comunidades autónomas entre sí y entre ellas y el Gobierno de España, y además promover acciones políticas en los asuntos de Estado.

Hago referencia a esa última reunión de 2011 porque quisiera leer una declaración institucional que de ahí salió y que, a juzgar por alguna de las intervenciones, está bien traída porque puede tener vigencia. Allí se defendió la validez del modelo autonómico como instrumento de futuro y se resaltó su papel coprotagonista junto con el Estado en el desarrollo económico y social de España, subrayando que el Estado de las autonomías ha contribuido a que los ciudadanos tengan unos servicios públicos de mayor calidad, una mejora en la distribución de la riqueza entre los distintos territorios, una mayor cohesión social y más igualdad entre los españoles. Creo que esa declaración de 2011, que no está tan lejos de esta fecha y que fue suscrita por los presidentes de las comunidades autónomas, está bien traída para que no pensemos nunca que nuestro sistema autonómico está agotado, obsoleto o caduco. Valoremos las bondades de ese sistema autonómico desde ahora, desde la experiencia, desde la racionalidad, con sus sombras y sus luces, sus eficacias y sus disfuncionalidades, pero valorémoslo e intentemos mejorarlo y modernizarlo. Por supuesto, el otro mecanismo, como es la Conferencia de Presidentes autonómicos, supone institucionalizar un órgano interautonómico de cooperación. Creo que es un paso más adelante


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en las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado central y un sistema que puede traer grandes ventajas para nuestro sistema autonómico.

Hablaba el señor Martínez de la reforma de la Constitución, y algunos portavoces terminaré pronto, señor presidente hacían referencia creo que incluso la vicepresidenta lo ha dicho a no querer romper todo lo que nos dimos en 1978. Por supuesto que desde el Grupo Parlamentario Popular no estamos de acuerdo en esa ruptura, o estamos más cerca de unos planteamientos no de sentarnos a una mesa con el objetivo de reformar la Constitución, sino de sentarnos a una mesa, analizar nuestro sistema desde 1978, en qué ha podido fallar, qué podemos mejorar, qué podemos modernizar, qué fallos hemos encontrado y qué queremos mejorar, y si una vez analizado ese sistema y encontrados esos puntos que podemos mejorar, eso necesita una reforma de la Constitución, adelante, reformémosla. Pero yo creo que lo fundamental para nosotros en este momento es hacer una revisión de nuestro sistema y ver qué es lo que ha podido fallar o en lo que podemos mejorar. A partir de ahí, si hay que reformar una ley se reforma y si hay que reformar la Constitución se reforma, pero no pensemos que todo lo que podemos encontrar en nuestro sistema que no funciona como queremos o como deseamos se arregla con una reforma de la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Señora Cortés, debe usted terminar.

La señora CORTÉS BURETA: Termino. Lo siento, presidente.

Financiación autonómica, por supuesto, creo que hay que darle un impulso. En su momento, como se ha dicho, no era una prioridad porque había que salvar a España de la situación en la que se encontraba y quizá ahora sea el momento de abordarlo.

Señora vicepresidenta, creo que tiene por delante grandes objetivos, pero también le digo una cosa, los grandes objetivos se hacen salvando grandes dificultades, con lo cual desde el Grupo Parlamentario Popular nuestro ánimo y nuestro apoyo en esa tarea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.

Para responder a las preguntas planteadas por los diversos grupos, tiene la palabra la señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias a todos por su tono y sus aportaciones. Procuraré dar una respuesta puntual a muchos temas que han planteado individualizadamente algunos de ustedes, pero en algunos asuntos, dado que han sido abordados por todos, trabajaré por una respuesta conjunta habido el tiempo que tenemos, que no quiero abusar de él.

Señora Beitialarrangoitia, no presuponga usted nada. Usted presupone que yo no la voy a escuchar. Yo la escucho perfectamente y acostumbro a tomar nota. Además, luego me viene muy bien para mi trabajo posterior. He tomado nota de una cosa, señora Beitialarrangoitia, que yo no le puedo aceptar, con todos los respetos. Usted ha dicho que la democratización del Estado es imposible. Yo le quiero recordar que este es un Estado social, democrático y de derecho. Lo siento mucho, señora Beitialarrangotia, creo que ninguno de los que estamos aquí estamos para dar lecciones de democracia a otros, porque a todos nos han elegido los ciudadanos con el mismo método. Usted es diputada creo que por Guipúzcoa, yo lo soy por Madrid, el compañero del Partido Socialista lo es por Badajoz y nos han elegido a todos igual, y todos, que formamos parte del Estado, somos representantes democráticos. Permítame que se lo diga, dado que usted ha abierto esa brecha. Hay algo que sí nos diferencia a todos los demás de usted, y es que nosotros, en la defensa de esa democracia, todos, hemos condenado la violencia. Su grupo, todavía no, con lo que si hay que dar lecciones de democracia creo que ese es un punto muy importante. (Aplausos). Por tanto, respetemos las reglas que todos nos damos. Los carnés de democracia los dan los ciudadanos cuando votan en las urnas y cuando vuelven a votar y nos miden a todos y cada uno de nosotros.

También es usted de las que contraponen ley y democracia. Yo le voy a decir una cosa, eso es tanto como admitir que el producto que sale de esta Cámara es antidemocrático, porque le recuerdo -luego se lo recordaré al señor Domènech porque lo planteaba muy bien el representante del Partido Nacionalista Vasco- que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. El Gobierno a veces, otras


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no, presenta proyectos de ley, otras veces los presentan ustedes, y esta Cámara y después el Senado y luego, si hay discrepancias, vuelve aquí aprueban las leyes. ¿Qué le autoriza a usted, señora Beitialarrangoitia, a decir que la democracia es algo diferente a la ley? No, señora mía, la ley es la expresión máxima de la voluntad democrática del conjunto de los ciudadanos, que la aprueban o en su caso la derogan, pero tan democrática es la de una Cortes como la de otras, porque responde a la voluntad que en cada momento los ciudadanos deciden en las urnas.

Habla usted aquí de Navarra y del País Vasco. Se lo dije ayer a su compañero Matute García de Jalón. Usted lo puede hacer y lo puede hacer cualquier compañero en esta Comisión Constitucional porque es un representante del pueblo español y pueden preguntar de los asuntos que al Gobierno le competen en cualquier comunidad autónoma. Cierto es que algunos en esta Cámara solo hablan de su comunidad autónoma. Muchos ciudadanos, incluidos los de su comunidad autónoma, que nos están viendo -hay que agradecer su paciencia-, por ejemplo, por en la red, estarán diciendo: ¿y a estos señores, que son representantes del pueblo español, les importan algo las pensiones del conjunto de los españoles? ¿A estos señores, que son representantes del pueblo español, les preocupa la educación del conjunto de los españoles? Señoría, creo que en cada institución hay que tener también muy presente para lo que se está en esa institución. Usted ha preguntado por el País Vasco y por Navarra. Como es diputada del conjunto del pueblo español puede preguntar por lo que quiera, pero aquí le señalo una de las primeras cuestiones de los consensos, porque también puedo concluir que aquí hay una serie de consensos, pero tenemos el primer disenso constitucional. Usted dice: Yo quiero una república de Euskal Herria. Es su propuesta, es respetable. Mientras usted la proponga respetando el marco constitucional que todos nos hemos dado para este debate democrático está en su derecho. Lo decía el señor Rivera, en esta Constitución no hay ningún blindaje, se puede modificar cualquier artículo. Su compañero, el representante de Unión del Pueblo Navarro que, por cierto, es diputado por Navarra dice: Yo soy de una comunidad foral, representante en el conjunto del pueblo español por una comunidad foral. No parece que no esté muy de acuerdo con su propuesta. Si hubiera una reforma constitucional yo podría compartir su teoría. Ha habido muchos debates constitucionales seguro que los señores expertos del Partido Socialista lo saben sobre la disposición transitoria cuarta y lo que supone su eliminación. Por tanto, señora Beitialarrangoitia, usted es una representante tan democrática como el señor Alli y tienen ustedes dos posiciones distintas y de calado sobre ese tema; muy diferentes. Yo les escucho y les respeto a los dos de la misma manera, porque son representantes democráticos del pueblo español, elegido cada uno por su circunscripción.

Ha hablado usted y otros portavoces permítanme que sea a veces desordenada de un afán recentralizador. Entiendo que desde 1978 voy a utilizar su argumento han cambiado muchas cosas en España y uno de los elementos que ha cambiado es que España ingresó primero en las Comunidades Europeas y ahora en la Unión Europea. No es que haya una voluntad recentralizadora aunque podríamos discutir mucho sobre eso, es que, sencillamente, ha habido una cesión de soberanía del Reino de España al conjunto de la Unión Europea. (El señor Domènech Sampere hace gestos). Efectivamente, pero no por lo que me va a decir usted de la señora Merkel. (El señor Domènech Sampere: No me refería a eso). La señora Merkel, aunque ya lleva varios mandatos, llegó después de que negociásemos nuestro ingreso hace unos cuantos años. Desde la Unión Europea nos marcan, porque así lo hemos elegido los españoles, una serie de políticas que allí decidimos entre todos y que aquí aplicamos en relación con lo que decía la señora Beitialarrangoitia sobre el tema de la recentralización. Ha hablado también de rodillo parlamentario y lo han repetido algunos de ustedes. Ahora está muy de moda eso de la postverdad -en el diccionario de Oxford- porque muchas veces se repiten cosas y se asientan, pero yo no voy a valorar si es verdad o es mentira, yo le voy a dar mis datos. En la X Legislatura fueron aprobadas sesenta y siete leyes con apoyo de más de un grupo parlamentario; con dos grupos, trece leyes; con tres grupos, dieciocho; con cuatro grupos, quince; con cinco grupos, diecisiete y con seis grupos, cuatro. La primera de las leyes que llevó mi departamento, que es la Ley de Transparencia -de la que hablaremos más adelante- tuvo un gran apoyo en esta Comisión Constitucional y la decidimos entre todos. Ustedes ahora la critican, bien -no la apoyó el Partido Socialista y luego aludiré a ello-, pero algunos de los grupos de esta Cámara -el Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió y Unión del Pueblo Navarro- la apoyaron. Es decir, que hay cosas que efectivamente se aprobaron de una u otra manera porque -y también me sirve para la señora Beitialarrangoitia y para todos-, señorías, en el año 2011 estábamos al borde del rescate. Son ustedes los expertos en derecho constitucional y se lo voy a relatar. Miren, hicimos, impulsada por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma constitucional, la del 135 de la Constitución. La hicimos juntos, a veces no sé si les gusta mucho que se lo recuerde, pero la hicimos


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juntos. El presidente del Gobierno llamó al presidente Rajoy y le dijo: La cosa está como está -agosto del 2011- e hicimos una reforma de la Constitución, del 135. El ponente por su grupo era -y trabajamos muy bien con él- el portavoz del grupo parlamentario, don José Antonio Alonso, que también conocía de estos temas y llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estábamos como estábamos y debía ser tan grave la situación que nos pusimos de acuerdo en quince días en una reforma constitucional. Por tanto, no me vengan a decir que la situación no era tan dramática, es que lo era. La hicimos bien, pero también voy a decir una cosa -y pueden ustedes mirar las crónicas de todos los diarios de aquel momento-: Estaba a punto de fracasar cada diez minutos y hubo una persona que, sin entrar en el fondo del asunto porque no era de su competencia, ayudó a que saliera adelante y a mí me gustaría hoy aquí recordarlo y hacerle un homenaje no porque estuviera implicado en el fondo del asunto, sino porque trabajó por el acuerdo: el señor Txiki Benegas. (Aplausos). El señor Txiki Benegas, que trabajó en muchos consensos, en aquel momento -en que hubo mucho tira y afloja por un solo artículo-, cuando estaba a punto de fracasar y nos íbamos a casa -como yo no voy a escribir memorias porque muchas veces las memorias son más bien venganzas que memorias, se lo cuento aquí-, nos encontró en el ascensor y dijo: ¿Dónde vais ya a estas horas? Y contestó el señor Montoro, hoy ministro: Como aquí Soraya ya está en avanzado estado de gestación, nos vamos a casa. A lo que respondió: No, no, no. Nos sentamos y cerramos el acuerdo a las cuatro de la mañana. Por tanto, las reformas pueden hacerse y en aquel momento lo que se puso de manifiesto es que en una situación tan grave como en la que estábamos nos pusimos de acuerdo. Pero la emergencia no paró.

Habla el señor Rivera de valentía. Señor Rivera, valientes lo hemos sido, no siempre acertados, como he visto hoy aquí, pero valientes, sí. Nosotros evitamos un rescate y lo hicimos con ambición y con valentía, reformando muchas cosas. Todo el mundo nos decía: Hay que pedirlo. Pero fuimos valientes, no lo pedimos y no nos ha ido del todo mal a la vista del derecho comparado.

La señora Beitialarrangoitia -y también permítanme que por economía de medios pueda servir para alguna cuestión que ha planteado el representante del Partido Nacionalista Vasco- me ha hablado de la alta velocidad y del concierto, lo que me sirve también para el convenio. Este es un Gobierno con sensibilidad foral, y lo hemos dicho a veces. Cuando nosotros respetamos la Constitución, la respetamos en su conjunto y nos la creemos. Para nosotros, la disposición adicional primera forma parte de la Constitución tanto como el 149.1.1 del que han hablado ustedes, y es cierto que en este tiempo hemos llegado a algunos avances en el concierto, en el cupo. Cierto que también hay discrepancias, siempre las ha habido -sepan ustedes que cuando estamos discutiendo temas económicos, me imagino que el señor Azpiazu se amarrará a la silla como lo hace el señor Montoro; pero eso es una negociación y eso es la dinámica política-, no obstante, llegamos a un acuerdo importante el 21 de abril de 2014, cuando modificamos el concierto económico y concertamos seis impuestos; creo que eso fue importante y esa es la línea en la que hay que trabajar. También en el marco del convenio hemos arreglado temas difíciles que afectaban a muchos trabajadores en Navarra en el sector del automóvil; y nos pusimos de acuerdo. Podemos trabajar en esa línea.

En cuanto a la alta velocidad, me alegro de que a Bildu le preocupe la alta velocidad, me alegro de que le preocupen las infraestructuras. Pues mire, en esta legislatura hemos procurado dar un impulso dentro de que el dinero -y el presupuesto- era el que era. Ustedes gobiernan en algún sitio, yo les invito a que vean lo que han hecho, como todos, en época de crisis con las inversiones, ¡si es que vivíamos en una emergencia!, pero aún así, a finales de 2011 aún nos quedaba por ejecutar más del 75% de la inversión. Desde 2012 hemos invertido 2.300 millones de euros entre el presupuesto ADIF y el cupo vasco; en el 2016 se prevé una dotación de 200 millones de euros y creemos que esté concluida en el 2019. Es cierto que hay problemas técnicos en el nudo de Bergara. Yo no soy ingeniero ni soy experta, y hasta hoy ya me han negado cualquier conocimiento del derecho, lo he ido perdiendo a lo largo de todo este tiempo, pero yo estoy convencida de que a nivel técnico podremos ponernos de acuerdo para poder solventar esas deficiencias que ahí existen.

El señor Homs me ha pedido disculpas porque tenía que irse. También debatimos ayer, particularmente él y yo, sobre muchos temas, de nuestra disponibilidad a hablar de los 46 puntos que le interesan al señor Homs y a su Gobierno en esa relación con Cataluña, y hoy se ha centrado en el tema del Consejo de Política Fiscal y Financiera que veremos esta tarde. Pero de lo que veremos esta tarde, podremos darnos cuenta de que en ese esfuerzo compartido también hemos hecho cosas para apoyar a las comunidades autónomas. Ha habido el Fondo de liquidez; ha habido el pago de proveedores; ha habido fondos de liquidez con tipo de interés cero, y no era porque nos lo regalaran, era porque pagaba el Estado, que podía


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acceder a los mercados a ese tipo de interés que no giraba a las comunidades autónomas, y se hablaba de transferencias y de otras muchas cosas. Pero creo que después de la reunión de esta tarde podremos seguir hablando, y como al señor Homs le interesaba, sin ninguna duda seguirá los debates.

Quiero agradecerle al señor Alli su intervención y sobre todo su puesta en razón de algunas cuestiones. Creo que en cualquier faceta de la vida, sobre todo en la política, cuando uno propone cosas tiene que saber por qué las hace, para qué las hace, qué va a hacer y con qué apoyos cuenta; creo que ha hecho un relato muy acertado y a lo mejor estamos todos -más o menos, unos más otros menos- de acuerdo en que hay cosas que son perfectibles. No he visto mucho consenso en cuanto a las soluciones, luego hablaré más de ello. Hay importantes divergencias, si quieren yo no las constato, están en el Diario de Sesiones, pero creo que no está mal hacer una apelación al consenso porque yo quiero recordarles una cosa. Cualquier producto no puede ser ni la Constitución de la señora Capella, ni la Constitución del señor Cámara, ni la Constitución del señor Domènech; yo no sé si la señora Beitialarrangoitia la quiere o va por otra vía-, ni la del señor Alli, aunque podamos estar de acuerdo en algunas cuestiones de su punto; ni la del señor Rivera, ni la de la señora Cortés. La Constitución tiene que servir a 46,5 millones de españoles. O nos ponemos en esa perspectiva o podremos hacer unos discursos de un gran calado constitucional y cada uno defenderá lo suyo -políticamente tiene el derecho de hacerlo-. Ha habido otros momentos en que desde todos los partidos, incluido el Partido Popular, se ha trabajado sobre ese tema. También es cierto que constatamos -y luego hablaré con usted, señor Cámara, de ese tema- algunas dificultades y hemos decidido ser prudentes, avanzar poco a poco y evaluar los consensos.

Señor Legarda, al rodillo creo que le he contestado y a lo del , cuando quiera, estoy dispuesta. (Risas). Le agradezco que haya dicho: El Gobierno que gobierne. Ustedes son Gobierno vasco y les han elegido en esa investidura para que gobiernen igual que a nosotros. A los dos limitadamente y teniendo que entendernos con los demás, con lo que al menos esa empatía creo que la podremos tener. Y decía muy bien: Gobiernen ustedes. ¿Por qué lo he metido en mi debate de investidura? Porque le oí al señor Domènech decir: Vamos a gobernar desde el Parlamento. Y no es que fuera en preventiva pero, como el debate me gusta, lo he sacado yo. Y de nuevo, un magnífico artículo de Rubio Llorente nos pone a cada cual nuestras responsabilidades porque esa es la separación de poderes -de la que el señor Rivera hablaba- que nos hemos dado. Pesos y contrapesos pero, señores, se necesita un Gobierno que gobierne, que tome decisiones. Luego las controlarán aquí. También les digo una cosa, se necesitan unas Cortes que también tomen sus propias decisiones. Aquí muchos han hablado de distintos temas, las Cortes tienen iniciativa legislativa, tienen Cámaras -esta y la de representación territorial- y creo que entre todos podemos hacer un buen trabajo. Por eso, le agradezco que lo dijera porque creo que es verdad. Además, no es que seamos más o menos democráticos unos y otros, el Gobierno es democrático desde el momento en que tiene una investidura y rinde cuentas para que ese control exista.

Sobre los pactos nacionales he visto que se ha producido un debate. ¡Qué quieren que les diga! Me ha sorprendido un poco el debate y no porque piense que suena bien y a los ciudadanos les gusta lo de los pactos nacionales. No, no por eso, sino porque hay muchísimos temas que exceden de un periodo de sesiones, exceden de una legislatura y marcan la vida a la gente durante futuras generaciones. Como nos estamos acostumbrando a una dinámica que es que viene un Gobierno y aprueba ciertas cosas, o a unas Cortes con una determinada composición, vienen las siguientes y, sin entrar a evaluar lo que ha funcionado o no, practican la derogación, como decía la señora Capella, de todo -decía que hay que derogarlo todo-. Habrá que evaluar lo que ha funcionado o no. Creo que los pactos nacionales, al menos para eso sí sirven. A la gente no le podemos decir que estos cuatro años las pensiones van a ser de esta manera. Yo tengo cuarenta y cinco, como me las cambien ustedes desde ahora hasta que me jubile me las van a cambiar cinco veces. Me preocupa. Creo que es bueno que lleguemos a un acuerdo estable en esos temas para que no haya un cambio de gobierno dentro de cuatro años, digamos que no sirve y lo cambiemos. Lo mismo pasa con la educación, y resulte que nuestros chavales entren en infantil -el mío está en infantil- y hasta que lleguen a la universidad les hayamos cambiado cuatro o cinco veces el modelo. Para eso son buenos los acuerdos y creo que el representante del PNV, el señor Legarda, coincide conmigo.

He hablado de la permanencia en la Unión Europea y de algunos asuntos que les preocupaban. Es bueno que colaboremos en el tema de la calidad normativa. Estoy de acuerdo en el asunto de la inflación normativa y creo que también tenemos que plantearnos muchas cosas que nos han pasado a PP y a PSOE cuando hemos gobernado. Lo he visto, porque sucedí a la señora María Teresa Fernández de la Vega y sé cómo se hacía. Tendemos a hacer leyes absolutamente reglamentistas. Tendemos a legalizar


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todo porque decimos que así el Gobierno no puede hacer lo que quiera. También el Gobierno muchas veces -lo reconozco y a ustedes también les pasó en el Gobierno- dice que es más sencillo regular algo en una enmienda en un artículo que el proceso reglamentario: sacamos la norma, damos audiencia pública, informe de todos los ministerios, conferencia sectorial, lo mandamos al Consejo de Estado... Es el proceso de aprobación de los reglamentos. En un mundo que va tan rápido -porque va rapidísimo- nosotros, para aprobar una reglamentación de las caseínas, que la aprobaremos mañana en Consejo de Ministros, nos hemos podido tirar tres o cuatro meses y luego nos pasa que a veces no llegamos a tiempo en las trasposiciones.

Hablaba el señor Legarda de multilateralidad y bilateralidad. Yo creo que no son conceptos incompatibles. En Navarra y en el País Vasco tenemos una dinámica de bilateralidad, pero creo que la multilateralidad también es importante, porque no hay compartimentos estancos, no los hay en España y no los hay en el resto del mundo, y no podemos pretender que lo que legislemos nosotros se acabe en el cartel o en el mojón del término municipal, por eso es necesario. Y también marcarnos políticas de futuro, pero si son asuntos particulares, y tenemos todo el tema de la litigiosidad conjuntamente, indudablemente no vamos a juntar a las diecisiete más dos ciudades autónomas para ver si tenemos o no muchos litigios con el País Vasco y Navarra, pero no creo que sean conceptos incompatibles, señor Legarda.

Señora Capella, se lo digo con todo el cariño, a veces no conviene coger las cosas siempre por el lado que quema. Yo he hablado aquí de que es necesario porque es un debate que está en el mundo y que está en la Unión Europea. Me comentaba la vicepresidenta -porque se lo he preguntado- que el representante del Partido Socialista, creo que es el portavoz adjunto, cuando estaba en la Agencia de Protección de Datos trabajó mucho sobre esos temas. Debemos ser capaces de proteger los derechos de los ciudadanos en la red. Yo no le digo que hagamos nada diferente a lo que hacemos en analógico, todos sabemos que los derechos no son ilimitados, que los derechos de uno acaban cuando empieza el derecho de los demás. Como vicepresidenta del Gobierno yo he tenido alguna llamada dramática de algún compañero diputado diciéndome que estaban amenazando a sus hijos en la red porque había tenido un debate parlamentario o había participado en una tertulia. Eso no lo podemos permitir, señora Capella. Yo soy la primera que defiende la libertad de expresión. Aquí algunos grupos hablan de la intervención de los medios privados, pero yo no defiendo eso, defiendo la libertad de expresión en los medios de comunicación. Ahora bien, ¿y la amenaza?, ¿y el acoso por Internet?, ¿y el poder hacer anónimamente a una persona la vida imposible por Internet? ¿Eso es libertad de expresión, señora Capella? ¿Amenazar a nuestros hijos menores de edad -que ni les va, ni les viene- porque nosotros hagamos un debate parlamentario es libertad de expresión? ¡Oiga, que a lo mejor a usted le sale un hijo del PP y a mí del partido nacionalista castellano! (Risas). ¿Eso es libertad de expresión, señora Capella? No lo es, y tenemos a muchos ciudadanos desprotegidos. Por eso le digo que no se lo tome por ese lado, es que parece que todo lo que propone el PP está mal. (La señora Capella i Farré hace gestos de sorpresa). No me haga ese gesto, porque aquí no vale la equidistancia.

El señor PRESIDENTE: No entremos en confrontaciones bilaterales, luego tendrán su turno.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Me ha gustado porque me decía la señora Meritxell Batet que su portavoz adjunto ha trabajado en estos temas, y yo creo que debemos trabajar todos; si no, estamos haciendo algo mal o estamos dejando de hacerlo, y me parece un asunto muy importante. También es muy importante la reforma constitucional, desde luego, y nos quita el sueño políticamente, pero a los que tenemos hijos nos quita el sueño -yo se lo digo- que nuestros hijos puedan sufrir algún tipo de acoso en la red o que puedan padecer tal cosa. Yo les pido que en esta Comisión Constitucional, que es experta en eso, trabajemos juntos; no creo que en esto haya que verle más de tres pies al gato. Además, como tendremos que ponernos de acuerdo, ya velará que no sean estos señores tan poco demócratas del Gobierno los que vengan a recortar derechos a cuenta de proteger a la gente en Internet.

Ha hablado del plan de derechos humanos. Tiene razón. Hemos decidido, dado que usted ha hablado también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, trabajar sobre ese asunto, centralizándolo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque es uno de los elementos que requiere la colaboración de todos los ministerios en ese ámbito.

En materia de refugiados, quiero decirle que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos asumidos ante el conjunto de la Unión Europea y, lo que es más importante, señora Capella, con sus


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ritmos y sus procedimientos. Podemos decir que son más o menos lentos, que son dificultosos, pero tenga usted en cuenta que nosotros tenemos que partir del trabajo previo de las autoridades griegas o de las autoridades italianas, o del trabajo previo de las organizaciones internacionales en los lugares de reasentamiento o, en su caso, de reubicación, para poder hacerlo. Y hay voluntad. También le digo, señora Capella -y agradezco mucho los ofrecimientos de todos; hablo habitualmente con la señora Carmena, que me pregunta sobre este tema y con algunos representantes de distintos partidos políticos-, que tenemos que trabajar juntos, porque la acogida no se agota en la recepción de una familia que busca refugio en nuestro país, no se agota en que tengamos un sitio donde pase sus primeros días; tenemos que trabajar en su integración, en ser capaces de darle un empleo, en ser capaces de poder integrarlos en nuestro país, incluso de darles una determinada formación para que, cuando logremos solventar -en esto también deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo- el problema en las zonas de origen, podamos contribuir a la reconstrucción de esos Estados.

Habla usted de presupuestos. Ustedes, como Gobierno que son por Junts pel Sí, tienen toda la legitimidad, y además la obligación, si pueden hacerlo, de aprobar unos presupuestos y de buscar quienes les apoyen -lo digo porque nosotros ya estamos con ese asunto-. Podrán ser buenos, menos buenos o malos, pero lo que deben es ajustarse a la legalidad. Y, señora Capella, que contengan un referéndum de autodeterminación que nuestra Constitución no contempla, que tampoco es que abunde por el mundo de las constituciones, sencillamente hace de esos presupuestos algo que no se enmarca dentro del sistema. Habla usted también de peregrinaje judicial. Como le decía a su compañera Beitialarrangoitia, las leyes las aprueba esta Cámara y están para cumplirlas en su conjunto. Uno no puede decir: esta la cumplo y esta no; a mí esta me viene bien; a mí esta me viene mal. Porque, ¿qué mensaje estamos mandando a los ciudadanos? Oiga, usted cumpla lo que quiera y desobedezca lo que le venga en gana, porque si los gobernantes tenemos capacidad para hacer eso... Entonces, dicen ustedes: judicializan la vida política. Yo creo que judicializa la vida política quien está dispuesto a saltarse la ley, a sabiendas de que no cumplirla, genera unas determinadas consecuencias. Y los procesos son los que son. Aquí vuelvo a constatar lo que decía. Usted defiende el derecho de autodeterminación en una Constitución. Yo no. No he oído -lo puede luego contar el Grupo Socialista- que consideren que eso tiene que formar parte de una Constitución, entre otras cosas porque dónde deja la soberanía misma. No le he visto gran entusiasmo con ese tema al señor Rivera, y desde luego no a los representantes del Partido Popular. Y ese es el balance que puedo hacerle. Dice: Usted practica el integrismo nacional o nacionalista. En estos días, y después de ver estas nuevas tareas, repasaba lecturas. A lo largo de este debate se dice que esto está exacerbado, el conflicto territorial, que esto está como está, como si fuera algo novedoso en nuestro país, que no lo es. Ha tenido sus bucles. Decía Ortega y Gasset, en 1932: "El nacionalismo catalán es un sentimiento. Desgraciadamente, algunos han tratado de producir ese sentimiento en fórmulas políticas muy concretas, las que a ellos les parecen mejores y que en muchos casos son abiertamente contrarias a la Constitución y a las leyes. El resto de catalanistas coinciden con ellos en el sentimiento, pero no en las fórmulas políticas. El problema surge cuando, al discrepar, son tachados de anticatalanistas". Aquí hay catalanes -estos señores a mi derecha, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes-, y creo que no son integristas; defienden como ellos consideran que creen que debe gobernarse Cataluña y el conjunto de España.

Señor Rivera, nos ha salido un trabajador autónomo, que es el señor Domènech, que está dispuesto a llevar el recuento de lo que usted y todo el Gobierno vayamos cumpliendo de su pacto. No está mal que el señor Domènech nos quiera hacer el trabajo. Ahora bien, señor Domènech, como decía el señor Rivera, estamos discutiendo sobre los trabajadores autónomos que a su grupo parlamentario, al mío y al Gobierno nos preocupa y nos interesa. Ya le digo, este aliado no nos lo esperábamos. Yo creo que es bueno ese acuerdo al que hemos llegado; por eso lo hemos firmado. En algunos puntos coincide con el Partido Socialista y, oiga, a lo mejor es que venimos con un cierto consenso hecho de casa, que no está nada mal.

El señor Rivera ha hablado de algunas medidas en materia de corrupción. La pasada legislatura aprobamos un montón de leyes en materia de corrupción. Cierto es que ustedes todavía no estaban representados en esta Cámara; no se puede negar porque están ahí. Hablamos con muchos grupos, luego no llegamos a acuerdos con todos, algunos sí que lo votaron y hemos reformado muchas leyes y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Usted ha planteado una ley integral. Nosotros hemos mandado -que es un tema del que hablamos en los prolegómenos del pacto- una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, que es fundamental para la prevención, porque uno se corrompe y alguien


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le corrompe. Atajemos por los dos lados porque es un problema muy grande de la clase política, pero hay otras cuestiones alrededor. Trabajemos en eso; a mí me parece muy bien.

Además, pasa una cosa, que la demagogia y los discursos duran lo que duran, y aquí lo que tenemos es que ponernos serios, reivindicar la política y dignificarla. Lo que digo no es para hacerles a ustedes ningún tipo de rosca, pero yo estoy contenta por el debate que hemos tenido hoy aquí, porque hemos hablado de temas, de teoría del Estado, si me permite llamarlo así, con muchísimo fundamento. Don Mikel ha hablado sobre la división Estado Poder Legislativo-Poder Ejecutivo, con mucho fundamento; el representante del Grupo Socialista sobre muchos temas constitucionales; el señor Rivera también; pero si queremos que en esta Casa se sigan haciendo esos debates, tenemos que conseguir que a la gente, como puede ser un catedrático de Derecho Constitucional -señor representante del PNV, no me he leído su currículum, pero me imagino que tendrá usted una gran trayectoria por cómo le he oído hablar- le atraiga la política y que esté dispuesta a aportar en política; y, a veces, visto cómo están las cosas, la gente dice: estoy muy a gusto en mi empresa o muy a gusto en mi puesto en la Administración. Por lo tanto, todo lo que hagamos para dignificar la política tendrá el apoyo del Gobierno.

Hablaba de la reforma de la Constitución, que si la hemos votado o no la hemos votado. No creo que quede un americano vivo que votara la suya ¡y no les va mal! Pero, además, también le digo que la última enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue del año 1992. Y aunque esto parece de Wikipedia -porque en este debate sale siempre el tema de que si yo la he votado, que si yo no la he votado, que eso yo creo que también está bien, que hagamos las cosas con una cierta solera, porque una Constitución no es un reglamento de circulación, es una Constitución-, la última enmienda la hicieron en el año 1992. ¿Saben cuándo fue presentada? El 25 de septiembre de 1789. Tardaron doscientos tres años en aprobarla. Es decir, ¡que se lo trabajan!

Dicho esto, que ha sido para aliviar, por las horas, la profundidad de este debate, creo que está puesto en razón que lo que hagamos lo hagamos para mejorar, más que abrir aquí debates que no sepamos cómo cerrar. Les recuerdo que en el año 1978 se hizo un esfuerzo de generosidad y muchos debates se dejaron para un proceso abierto. Cuando hablamos aquí del Título VIII, que vemos tan fácil arreglarlo, les recuerdo que en 1978 se decidió por un esquema abierto porque no era tan fácil.

Hay muchas cuestiones que plantea el señor Rivera en las que estamos de acuerdo, porque tenemos un acuerdo y en las que hay que trabajar. Me habla usted de la Ley Electoral, de la supresión de aforamientos, de los indultos o de la reforma del Senado. Tienen todo el apoyo y colaboración del Gobierno. Nuestro acuerdo es a distintos niveles: a nivel de partidos políticos, a nivel de Congreso, a nivel de Senado. Respecto a la Ley Electoral, nosotros hemos tenido mayoría absoluta y, como dicen algunos de ustedes, hemos hecho de todo. Pero pudiendo hacerlo, nunca reformamos solos una ley electoral, en sus grandes líneas, y podríamos haberlo hecho. Le recuerdo el tema de los alcaldes y le digo lo que opinaban todos los alcaldes del Partido Popular, y no voy a decir nombres, pero hubo unos cuantos del Partido Socialista que me llamaron para decirme que nos íbamos a un sistema inestable. No había acuerdo y no la hicimos; podíamos haberla hecho, pero no la hicimos. Si conseguimos ese acuerdo, la haremos.

En cuanto a los indultos, cierto es que la ley es de 1870. Yo hablé mucho de ese tema con algún diputado del Partido Socialista en la pasada legislatura, porque estoy de acuerdo con que no se den indultos en materia de corrupción. Este Gobierno no ha concedido ningún indulto en materia de violencia de género -eso también es política criminal-, pero les recuerdo que el indulto, el derecho de gracia, se concede en atención -espero decirlo bien- más a la persona del delincuente que al delito. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con que se elimine, pero hagamos una reflexión, porque hay delitos y delitos. Desde luego, la corrupción es execrable, pero tenemos crímenes de guerra, asesinatos, etcétera. Es decir, abramos ese debate, porque si transformamos el indulto, o le damos al indulto no el rango general que tenía hasta ahora de que por política criminal o por decisión del Gobierno se podía decidir, con los informes del tribunal sentenciador y del fiscal, si lo concedía o no con carácter general, y acotamos delitos, hay algunos que yo no indultaría jamás. Como esta Comisión tiene debates muy serenos, creo que este es un debate que hay que analizar, porque a la hora de indultar algunos tipos del Código Penal se le ponen a uno los pelos de punta.

Lo mismo ocurre con el tema de los lobbies, el Poder Judicial o la reforma del Senado. ¿Le puedo decir una cosa? En estos años de diputada -nunca he sido senadora- he aprendido a respetar la tarea de los senadores; dejémosles a ellos. ¿Usted no confía en ellos? (El señor Rivera Díaz: Para suprimirse, no). Yo sí, porque salvo los que provienen de comunidades autónomas, que son por elección indirecta, los demás son elegidos por sufragio universal y, fíjese, por algo que usted dice, por listas abiertas. (El


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señor Rivera Díaz: Sí, con las equis marcadas). No, marcadas si se las manda usted en el mailing. (El señor Rivera Díaz: Claro, el envío gratis).

El señor PRESIDENTE: No establezcamos diálogos entre el compareciente y los diputados.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Yo creo que es bueno que también el Senado pueda decidir y pueda llevar la iniciativa sobre este asunto.

En cuanto a las duplicidades, claro que se puede hacer más, pero le digo que cuesta. Nosotros con la CORA suprimimos 3.000 entidades públicas; el ahorro ronda los 32.000 millones de euros. Y no es que haya que hacer más, sino que la reforma de la Administración va a tener que ser continúa y constante, porque no puede permanecer ajena a los cambios digitales.

Voy a acelerar un poco porque, si no, no comemos. Yo vengo preparada para ello, pero no es plan.

El señor PRESIDENTE: Conviene que aceleremos.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): En cuanto a la educación, creo que el debate va bien y que hay que defenderlo. Me parece muy bien que miremos a Finlandia, pero le voy a decir una cosa y le va a gustar al presidente. No tiremos por tierra todo lo que hay en España, la provincia de Soria comparte unos ránquines muy similares a los finlandeses. Señor Posada, no sé si el frío hace que los sorianos estudiemos más.

El señor PRESIDENTE: Un colegio de la provincia.

La señora VICEPRESIDENTA, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Pues habrá que aprender de él.

Señor Domènech, está claro lo que usted plantea, quiere una reforma de la Constitución abriendo un proceso constituyente. Un proceso constituyente no es una reforma de la Constitución. Usted dice: un proceso constituyente para que España sea un Estado plurinacional. Entiendo que como lo suyo, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Es su opción, la confederalidad, el derecho de autodeterminación y distintas cuestiones. Sí, a lo mejor la señora Capella sí, pero no veo que eso sea lo que en otros grupos pueda calar más. Dice usted que presentamos un balance muy pobre. Señor Domènech, o soplar o sorber. O traemos muchas leyes y entonces dicen que es el rodillo, o decimos que vamos a hablar de ley en general, en cuyo caso es pobre. Para usted el tema de las pensiones es pobre, la educación es pobre, regular lo de los autónomos es pobre; lo que no es pobre es el derecho a decidir. Es su opción, que es de lo que ha hablado básicamente en su intervención.

Al señor Cámara le agradezco el tono, las aportaciones importantes, el conocimiento de la cuestión. Hablaba usted en primer lugar del modelo de financiación y me pide que se lo concrete. Hemos pedido a todas las comunidades autónomas -ayer creo que se hizo la designación en Valencia- que designen un experto para hablar técnicamente primero y luego políticamente del modelo de financiación. Lo he hablado con algunos presidentes autonómicos y en esto ya le digo yo que no se van a alinear por ideologías. Se alinearán el Levante por un lado, Madrid con el problema de la población, otras comunidades autónomas con otros problemas distintos. Esto está muy estudiado, un día si quieren hacemos un monográfico -el señor Montoro es quien lo lleva en su departamento, pero si quieren hacemos un día un monográfico-, porque en modelos de financiación está todo escrito. De hecho, el modelo de financiación pasado lo aprobó el Partido Socialista con insignes partidos políticos representados en esta Cámara, que ahora son los primeros a los que no les sirve y lo critican, pero ahí está. Por otro lado, habla de Cataluña. Yo ayer tuve una interpelación y hablé de los cuarenta y cinco puntos, también del cuarenta y seis, en un debate muy amplio y creo que es bueno, en la medida que vayamos teniendo disponibilidad presupuestaria, que hablemos y abordemos estos puntos.

Me pide usted concreción en la reforma constitucional. Dice que esto ha sido una clase básica de Derecho Constitucional y, como usted es el maestro, permítame que con toda la humildad le haga unas preguntas sobre su documento -que me lo he leído-: ¿Qué es para usted un Estado federal? ¿Qué quiere usted cambiar para que el Estado de las autonomías tenga ese perfil federal que usted considera que tiene que tener? ¿El federalismo que usted recoge es un federalismo simétrico o asimétrico? Está muy bien decir que hay que abordar el reparto competencial y hablar de las listas. ¿En qué dirección,


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señor Cámara? En cuanto al Poder Judicial, me gustaría saber si apuestan ustedes por la federalización del Poder Judicial o tiene que seguir siendo un poder único o independiente, la Unión Europea incluida. En cuanto al modelo de financiación, ¿qué incluimos del modelo de financiación en la Constitución? Porque esto sí es petrificarla. Usted en la Declaración de Granada -que, según me dicen, tiene mucho de su puño y letra- hace referencia al informe del Consejo de Estado del año 2006, que conoce bien el subsecretario, y yo les pregunto: ¿Qué pasó en el año 2006 para que el Partido Socialista, gobernando cinco años después, no hiciera nada con ese informe? Lo digo porque usted me reprocha determinadas cuestiones y yo, señor Cámara, ya estaba aquí en ese momento y tuvimos muchos debates, analizamos ese informe, lo pidió don José Luis Rodríguez Zapatero al Consejo de Estado, nosotros entonces dijimos que había muchos puntos que tal... Pero si yo pregunto a los portavoces, a bote pronto y sin que hagamos ese proceso previo de hablar y negociar, como decía la portavoz del Grupo Popular, qué les gusta de ese informe -y no quiero hablar por ellos-, probablemente el señor Villegas y mi grupo parlamentario dirían: algunas cosas. Pero no creo que el señor Domènech... Mi pregunta es la siguiente: ¿somos conscientes? Porque yo ayer hablaba de consenso de salida y de consenso de llegada, de que también tenemos que ser muy conscientes del consenso de llegada, porque cualquier reforma de nuestra Constitución -y usted lo sabe mejor que yo- lo pueden pedir 35 diputados o 27 senadores y, por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que podamos convencer a partidos y a un importante volumen de la ciudadanía en toda España para que esa reforma sea avalada, como lo fue en 1978. Por eso, soy prudente. Usted puede pensar que es ignorancia. También, pero mi posición, como Gobierno, es por prudencia, porque creo que hay que ir construyendo poco a poco, paso a paso, pues no puede ser la reforma del señor Cámara, ni la del señor Rivera, ni la de la señora Sáenz de Santamaría; tiene que ser la de todos y los ciudadanos tienen que implicarse para lograr al menos ese nivel de aceptación porque, si no es así, no seré yo quien haga aquí las lecturas que estoy convencida que harían algunas personas que me han precedido en el uso de la palabra.

Me ha planteado un montón de cosas. Desde que escuchaba a mis compañeros opositores no he oído hablar tan rápido y le felicito por ello. Hemos hablado de vetos, práctica que han aplicado todos los Gobiernos en minoría. ¿Por qué? Porque la iniciativa presupuestaria la tiene el Gobierno; lo aplicó el Partido Socialista de Zapatero y lo aplicamos nosotros. Ha hablado de transparencia. Cuando llegué tenía un proyecto encima de la mesa, que dejó hecho la anterior vicepresidenta, y he de decirle que incorporamos nuevas cosas; no era malo, pero incorporamos nuevas cosas, pero ese al menos les debería servir.

Podemos hablar de otras muchas cuestiones, han salido muchos otros temas, pero el presidente me hace señas porque ha sido un debate largo, así que termino refiriéndome al Grupo Parlamentario Popular. Han puesto en razón ambos diputados muchos temas. Hoy he visto consensos y también disensos; he visto consensos importantes, pero también he visto disensos muy importantes. La prudencia, no depender -como decía el señor Alli- de los debates que nos marcan desde fuera, ser capaces de hablar muchas veces de determinadas cosas sin tener por qué avanzar más allá de lo que no has logrado, puede ser un buen aliado y en mí desde luego lo encontrarán.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

La extensa réplica de la señora vicepresidenta -creo que ha tratado todos los puntos- inducirá a los portavoces a tocar muchos temas. Quiero decirles que ahora sí voy a aplicar estrictamente los cinco minutos por portavoz. Empieza la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias. A decir verdad, está siendo un debate muy interesante. Es cierto que yo también le he formulado preguntas muy concretas que no han sido respondidas, pero seguiremos debatiendo al respecto.

Coincido en algo con usted, señora vicepresidenta. Es verdad que la ciudadanía nos coloca donde nos corresponde, por eso la misma ha situado al Partido Popular como la última fuerza política en la Comunidad Autónoma vasca. Y yo no he dicho que democracia sea diferente a ley, lo que he dicho es que la ley debe estar al servicio de la democracia y no al revés. La verdad es que en los últimos años se han aprobado muchas leyes que han ido en contra de derechos sociales, civiles, políticos y me permitirá que le diga que no me parece democrático ni que esté al servicio de la ciudadanía y sus necesidades, algo a lo que usted suele apelar muchas veces. Por otro lado, las pensiones de los españoles sí me preocupan, pero eso no me impide reclamar mayores instrumentos para que la ciudadanía de Euskal Herria pueda decidir cuál es la mejor forma de hacer frente a las pensiones del presente y del futuro. En cuanto al marco constitucional, no nos lo hemos dado todos. La ciudadanía vasca no lo apoyó por cuanto además se


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aprobó con el objetivo de negar la realidad de Euskal Herria, que por más que se empeñen es incontestable y yo la seguiré defendiendo. Lo haré por una cuestión muy concreta, porque soy representante de una formación con amplia implantación tanto en la Comunidad Autónoma vasca como en Navarra y, al igual que soy diputada de Gipuzkoa y defenderé los intereses de los alaveses, también defenderé los de los navarros y espero que así me lo permitan. Tanto usted como UPN saben que la transitoria cuarta a la que han aludido y su inclusión en la Constitución obedece a la realidad cultural histórica evidente, aunque no tenga rango legal, la de Euskal Herria. Por cierto, quiero recordarles que el amejoramiento fue el único que no fue refrendado por la ciudadanía. Por tanto, mucho habría que hablar de lo que se construyó en 1978. Ustedes dicen tener muy claro que la mayoría es favorable al marco actual, que a mí me gustaría cambiar, pero tienen miedo de que la población navarra y la de la Comunidad Autónoma vasca decida y por eso quieren anular tanto esa posibilidad que existe hoy en día como cualquier otra de preguntar a la ciudadanía. Y cuando digo que la democratización es imposible es porque cuando Cataluña intenta preguntar a la ciudadanía con lo único que le responden es con procesamientos. No están ustedes abiertos a tratar políticamente este tema, sino que lo judicializan y yo entiendo que es cuestión de voluntad política porque la Constitución -en eso estoy de acuerdo con la representante de ERC- no lo impide.

Brevemente voy a mencionar dos cosas. Una es que no me preocupa el tren de alta velocidad, sino que el Gobierno adelante dinero que debería destinarse a políticas sociales y el español no lo pague. Y en última instancia me preocupa la unilateralidad. Todas las preguntas que le he hecho sobre eso y sobre la financiación autonómica han quedado sin respuesta, pero, como no tengo más tiempo porque mi compañero también tiene que hablar, espero que sigamos hablando de ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Señor Alli.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.

Efectivamente, señora representante de Bildu, la ciudadanía coloca a las fuerzas políticas en su lugar y Navarra ha decidido -tienen que asimilarlo de una vez por todas- que el nacionalismo vasco no esté representado aquí por parte de Navarra. Tienen que entender eso. Usted no representa a la Comunidad Foral de Navarra. Pregunte lo que quiera, pero usted no es la voz de la Comunidad Foral de Navarra. Qué curioso es el ámbito del nacionalismo, aquí pregunta por el tren de alta velocidad mientras que el Gobierno de Navarra, formado por dos fuerzas, PNV-Geroa Bai y Bildu, en su acuerdo programático ha paralizado cualquier infraestructura, como el Canal de Navarra y el tren de alta velocidad. Eso es coherencia política.

Quiero referirme al señor Domènech por alusiones. Unión del Pueblo Navarro es un partido político que usted debería conocer. Es un partido político regionalista, defiende el blindaje del fuero navarro en la Constitución, tal y como recoge en este momento la disposición adicional primera, pero también tenemos un profundo sentido de Estado. Por tanto, estaremos abiertos a los nuevos tiempos, al nuevo horizonte y a los retos y oportunidades que haya para España, que es nuestro país, pero siempre que respondamos antes de la modificación de la Constitución por qué, para qué y cómo buscaremos esos consensos.

Señora vicepresidenta, muchísimas gracias una vez más por su intervención. Tendrá usted el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, tal como recoge el acuerdo al que llegamos para ir conjuntamente en las últimas elecciones, el acuerdo de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra. Insisto, tendrá ese apoyo por parte de Unión del Pueblo Navarro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.

Tiene la palabra e señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, vicepresidenta, por sus explicaciones, que en algunos casos he entendido muy bien, pero en otros... Yo no he recibido clases de gallego, aunque me gusta mucho Galicia. En todo caso, me esforzaré.

Le voy a plantear una serie de cuestiones. Como usted ha dicho, no me gusta coger las cosas por el lugar que queman ni tampoco dárselas a otros, pero le haré una serie de preguntas vinculadas al último punto de cuestiones constitucionales. Se me ha acabado el tiempo y no he podido hablar de ello y se las voy a formular en forma de preguntas. ¿Está previsto en esta legislatura iniciar alguna actividad tendente


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a reformar la Constitución? ¿Su alcance se va a limitar a los contenidos del informe del Consejo de Estado de 2006? ¿Tienen previsto modificar el número y la forma de designación de los magistrados del TC a fin de que cobre relevancia la participación autonómica? ¿Qué le parece la suspensión automática de las normas autonómicas establecidas en el artículo 161.2? ¿Tiene previsto incorporar a la Constitución el concepto de plurinacionalidad? ¿Está prevista una lectura más flexible del principio de indisoluble unidad de la nación española, que permita cohonestarlo de una manera menos brusca con un respeto mayor al principio de autonomía política? En este sentido, ¿tienen previsto fortalecer el principio democrático como fundamento constitucional, valor de convivencia y articulación territorial? ¿Tiene previsto profundizar en el concepto e instrumentos de democracia participativa en los procesos públicos de decisión? ¿Prevén la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas la competencia para regular y convocar referéndums? ¿Puede adelantarnos las conclusiones del informe elaborado por la Comisión de Venecia a propósito de la reforma de la LOTC por la Ley Orgánica 15/2015? ¿Está previsto para las lenguas oficiales distintas al castellano su reconocimiento como derecho público sujeto al conocimiento de la cultura y lengua propia? ¿Tienen previstas medidas para disminuir la conflictividad competencial? ¿Tiene previsto introducir en una eventual reforma constitucional el reconocimiento de las asimetrías competenciales, más allá de los hechos diferenciales, que puedan derivar de una mayor voluntad de autogobierno? Por último ¿tiene prevista una mayor y mejor participación de las comunidades autónomas en los foros, comités y resto de instituciones de la Unión, así como la supresión de las actuales limitaciones del artículo 145 para la cooperación territorial, y el reconocimiento de la competencia para negociar y suscribir tratados en materia de cooperación territorial con entes subestatales de la Unión como la Constitución federal alemana?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.

Señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Gracias, vicepresidenta.

Me gustaría que no nos riñera tanto. Yo al menos me he sentido reñida por parte de la vicepresidenta. (La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Sáenz de Santamaría Antón: No era mi intención y si se siente ofendida...). No, ofendida no, reñida.

En todo caso, voy a lo que quería ir. La única parte de autocrítica que ha hecho usted ha sido en el tema legislativo de la X legislatura; sobre todo en el tramo final de la X legislatura, en el que prácticamente desde el mes de junio hasta el mes de octubre aprobaron más de treinta leyes y algunas muy importantes, como leyes orgánicas que afectaban al Tribunal Constitucional; diría de paso que lo hicieron pensando ya en lo que el Parlament de Catalunya pretendía realizar. Por tanto, seguramente habría consenso en este aspecto.

En materia de reforma de la Constitución, no cuenten con Esquerra Republicana. Ya se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ya no estamos en esta línea.

En cuanto a la protección de los derechos y libertad de expresión, yo soy una fiel defensora de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales, pero creo que hay mecanismos en el Código Penal para ser aplicados. Nosotros hemos denunciado sistemáticamente en las comparecencias de la anterior fiscal general del Estado, y también en la reciente comparecencia del que ha sido nombrado fiscal general del Estado, las amenazas vertidas en la red y la inoperancia en determinados momentos y aspectos, dependiendo de quién era el receptor de las amenazas, por parte del ministerio público.

Por lo que se refiere a los refugiados, insistiré en el tema. (Pronuncia palabras en catalán). Mientras tanto, ni llegan refugiados ni se adoptan las medidas que deberían ser adoptadas, teniendo en cuenta que Cataluña está preparada y tiene vocación y voluntad de acoger, tanto la capital de Cataluña como otros municipios.

En relación con lo que hablábamos sobre Cataluña y la capacidad o no de hacer un referéndum, es una cuestión de principio democrático, de entender que Cataluña ya ha decidido y tiene la voluntad de tomar una decisión porque hay una mayoría parlamentaria en el Parlament de Catalunya. ¿Existe o no existe una mayoría parlamentaria independentista en el Parlament de Catalunya? ¿Existe o no existe una mayoría a favor del derecho a decidir en el Parlament de Catalunya? ¿El Gobierno del Estado español continuará negando esa realidad, continuará negando el valor de los votos de los catalanes y las catalanas que decidieron que sus representantes fuesen partidos que defienden la independencia y otros partidos


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que defienden el derecho a decidir? ¿Qué hará el Estado español? ¿Nos va a meter a todos en la cárcel? ¿Continuará manteniendo esta presión jurídica, judicial y de imputar a todo lo que se mueve? Si esta es la línea del diálogo, comprenderán que ahí nosotros no estaremos.

En cuanto a las mayorías, si son suficientes o no son suficientes, si lo que refleja el Parlament de Catalunya es o no es legítimo, es o no es legal, depende de quién ostenta la mayoría, según el portavoz del Grupo Popular. Resulta que si hay una mayoría independentista en el Parlament de Catalunya, eso no sirve para nada. Es verdad que ustedes me dirán que representa al Parlament de Catalunya y que la nación es lo que es y que la soberanía radica donde radica, pero insisto, ¿qué van a hacer ustedes? Si hay una mayoría parlamentaria que representa a la mayoría expresada en las urnas, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Nos vamos a mantener permanentemente en esta situación? ¿Ustedes están dispuestos o no a aceptar que en Cataluña se produzca un referéndum, sí o no, o continuaremos en esta tesitura? Ya se lo hemos dicho, en Cataluña haremos lo que toca hacer: cumpliremos con el mandato democrático que emana de las elecciones del 27 de septiembre, cumpliremos con las obligaciones que la ciudadanía de Cataluña ha depositado en los representantes del Parlament de Catalunya y, por tanto, llegará un momento en que supongo que el Gobierno del Estado español entrara en razón, porque tenemos que negociar y tenemos que permitir que la ciudadanía pueda expresarse en las urnas. Es más, nosotros, Esquerra Republicana, no practicamos el nacionalismo; somos independentistas, pero es instrumental, porque nuestro objetivo es la construcción de una república, la república catalana. Por tanto, no estamos hablando ni de historia ni de si la bandera es más grande ni de si el himno es más glorioso o menos glorioso, de si tiene letra o no; estamos hablando de un Estado que garantice los derechos y libertades de su ciudadanía y que dé respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Por eso queremos construir una república, no por tener la bandera más grande o el himno más glorioso, sino para dar respuestas a las necesidades que en estos momentos tiene la ciudadanía de Cataluña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Ciudadanos, va a tomar la palabra el señor Villegas.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, señor presidente. El señor Rivera ha tenido que ausentarse y consumiré yo este turno.

En nuestra primera intervención, en la intervención del señor Rivera, hemos querido mirar más al futuro que al pasado -creo que eso es lo que tenemos que hacer-, y creo que esa es la línea, que hay que mirar al pasado, efectivamente, para hacer balance y ver qué es lo que se ha podido hacer mal, qué falta por hacer y qué se puede mejorar, pero sobre todo no hay que poner el acento en los reproches, sino en qué nos queda por delante y en qué tenemos que hacer. Ese es el ánimo con el que afrontamos tanto esa comparecencia como nuestra tarea, la tarea de Ciudadanos, en este Congreso.

En ese balance breve del pasado que haré para hablar luego del futuro, tengo que decir que seguramente la X Legislatura fue una legislatura de recortes y no de reformas, y ahora ha cambiado la situación económica y también la situación política. Por lo tanto, tenemos que hacer que esta legislatura sea, por un lado, la de dejar atrás esos recortes que han machacado a la clase media y trabajadora y poder revertirlos, y también que sea la legislatura de las reformas. Esta Comisión Constitucional tiene mucho que decir en esas reformas; reformas democráticas e institucionales que, insisto en lo que decía el señor Rivera en la primera intervención, hay que afrontar con valentía y ambición. No hacemos ningún juicio de valor sobre la valentía y ambición que se ha tenido en el pasado; decimos que ahora hay que tener esa valentía y esa ambición para afrontar el futuro. Se ha hecho alguna referencia por parte de la vicepresidenta y también por parte del portavoz del Grupo Popular a esas reformas. Se hablaba de la reforma del Senado. Efectivamente, es complejo y seguramente hay personas y miembros de esta Cámara que llevan treinta años pensando en cómo mejorar el Senado. La señora vicepresidenta aludía a otra reforma que tardó algo menos en hacerse, la reforma del artículo 135, que se hizo en quince días. Seguramente, aparte de pensarlo bien -que hay que pensarlo bien y aquilatar cómo se hace y con el máximo respeto, por supuesto, a todas las instituciones-, hay que tener voluntad política, hay que tener -insisto- valentía y ambición para acometer ciertas reformas y creemos que este es el momento de hacerlo.

También se ha referido la vicepresidenta al indulto. Ponía alguna pega a la fórmula de si algunos delitos sí y otros no. Está claro que hay delitos mucho más graves, si podemos hablar en esos términos, que la corrupción política, pero el indulto ligado a la corrupción política tiene una característica y es que


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son políticos indultando a políticos, y en esa necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos creemos que debemos actuar en esa dirección. Quizás hay que abrir también el debate de si la propia figura del indulto cabe o no cabe -nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate-, pero creemos que hay que avanzar en esa dirección, abrir ese debate y afrontar esas reformas.

También se ha tocado el tema de las duplicidades administrativas. Insistimos, respecto a las reformas se ha hablado de lo que se ha hecho hasta ahora, y hay que seguir pensando en lo que queda por hacer, hay que seguir siendo ambiciosos. No podemos hablar de subir determinados impuestos a los ciudadanos si no nos planteamos que la Administración haga todos los esfuerzos necesarios y más para sacar de ahí todo el dinero que se necesita para hacer políticas sociales y políticas de modernización del sistema productivo. Por lo tanto, hay que incidir en esa reforma de la Administración, en el acuerdo de investidura que tenemos firmado, que creemos que es una buena guía en muchos ámbitos; se habla de reformas que podían alcanzar en este primer año un millón de euros de ahorro. Hay que avanzar, hay que seguir reformando la Administración, no para eliminar jueces, no para eliminar médicos, no para eliminar policías que son necesarios, pero sí para ver esas duplicidades y ser más eficientes.

Asimismo, se ha tratado el tema de los pactos nacionales. Son necesarios, creemos que es imprescindible que determinadas políticas tengan una connotación estratégica, como se ha dicho, y que no sean solamente de una legislatura, y la educación es un ejemplo de ello. También las reglas del juego, la reforma posible de la Ley Electoral, que consideramos fundamental, tiene que tener un pacto amplio, o la propia reforma constitucional. Pero también muchas de esas políticas que España necesita, que en todos los países existen como políticas de país y que en España tenemos que intentar sacar adelante con un consenso amplio.

Quiero hacer una mención a la intervención de Esquerra Republicana de Catalunya. Hay quienes tienen que entrar en razón. Quienes quieren saltarse la ley sin tener respaldo social detrás y sin tener una mayoría social, esos son los que tienen que entrar en razón. Los demás vamos a intentar con valentía y ambición reformar España para que funcione mejor y vivan mejor todos los españoles.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villegas.

Tiene la palabra el señor Domènech.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Gracias.

Intentaré enumerar temas. Hay una concepción del consenso que ha utilizado tanto la vicepresidenta como el portavoz del Partido Popular que en realidad ya no es consenso. Es decir, se dice que se constatan consensos y disensos. Bueno, es que el consenso surge del disenso, o sea, no puede haber un consenso de partida y un consenso de llegada porque entonces no es consenso, es otra cosa; se llama unanimidad o pensamiento único. Todo esto se construye a partir de un mito, que es el mito de cómo se hizo la Transición. Si en la Transición, en el año 1975, se hubiera cogido a los sujetos que la hicieron y se les hubiera dicho que hay un consenso de entrada para ir a un consenso final, me parece que no se hubiera hecho. Es decir, tiene que haber voluntad de acuerdo o voluntad de llegar a algo, pero decir: yo no voy a hablar de esto hasta que no sepa que van a decir lo que yo quiero que digan, eso no es abrir ningún proceso en ningún sentido. Después ha habido una apelación. Evidentemente, nadie se puede autootorgar la representación de todo un pueblo, pero también quiero decirle que si en unas elecciones generales veintinueve de cuarenta y siete diputados defienden el derecho a decidir y aquellos que dicen que no se puede autootorgar la representación de un pueblo son la cuarta y la quinta fuerza política, también diremos que democráticamente, si lo medimos así, hay una mayoría amplia en Cataluña a favor del derecho a decidir y eso debe significar alguna cosa. ¿O no? ¿O no significa nada? No significa absolutamente nada y seguimos adelante, ¿no? Eso debe significar alguna cosa.

Después usted se ha referido al proceso constituyente. ¿Cuál es el poder constituyente? No voy a entrar en ese debate porque no he venido a defender el proceso constituyente, sino a defender que abramos un proceso de diálogo de diferentes propuestas. Es verdad que es mi propuesta. Le voy a decir algo y es que usted se ha referido a los siete que tenemos aquí delante 3, y estos siete que tenemos aquí delante aceptaron en ese proceso cosas como que la Generalitat de Catalunya se reinstaurara, la Generalitat republicana de antes de la Constitución, o que haya unos estatutos de autonomía que tenían

3 Nota del Diario de Sesiones: El señor Domènech Sampere hace referencia a los retratos de don Gabriel Cisneros Laborda, don Manuel Fraga Iribarne, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, don Gregorio Peces-Barba Martínez, don José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, don Miguel Roca y Junyent y don Jordi Solé Tura, que están colgados en la sala.


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referéndum y que iban por la vía rápida porque se habían plebiscitado en la República, todo esto previo a la Constitución. O tenemos también las bases de reintegración y amejoramiento de Navarra, que se basan y se fundamentan en el abrazo de Vergara de 1841, mucho antes de la misma existencia de la Constitución.

Voy terminando rápidamente con dos cuestiones más y acabo. Estoy de acuerdo en que el proceso de integración europea ha significado una cesión de soberanía, que es lo que ha dicho la señora vicepresidenta, e iría más allá con Angela Merkel, pero ya es conocido el argumento, supongo que ya lo conocen y el resto de la población también. Aquí solo ha habido dos reformas constitucionales: una, la de 1992, por el Tratado de Maastricht, que tiene que ver precisamente con el proceso de integración europea y la del artículo 135; usted ha alabado todo el proceso, pero en realidad es una petición de la señora Merkel que ni se aplica en el Estado español ni en los otros países donde también se pide. Eso es una cesión de soberanía. De hecho, el dictamen -y lo cito de memoria- 1/2004, del Tribunal Constitucional, sobre la posibilidad de una Constitución Europea, dice que la Constitución Europea está por encima de la Constitución española y hay un voto particular que dice que se tendría que reformar la Constitución española porque eso afecta al artículo 2; voto particular que no se aceptó. Por tanto, ustedes han tenido mucha facilidad para ceder la soberanía nacional hacia arriba. Es más, sin referendos; es más, sin debate constitucional y sin reforma constitucional, y lo han hecho de una forma que incluso genera dudas de que sea constitucional. Pero cuando se habla de cederla para el reconocimiento de un Estado plurinacional, ahí entran todos los principios sacrosantos: esto no se puede tocar y esto no se puede hacer. Nosotros reivindicamos afrontar ese debate de la soberanía y de soberanías compartidas no hacia arriba, sino hacia abajo porque la democracia partía de eso.

Para acabar, usted ha dicho que no he valorado las grandes propuestas que ha hecho en educación. No las he oído, sinceramente, pero además yo creo que esto lo tendrá que hacer la ministra de Educación. Usted ha venido aquí a hablar de una atribución que tiene -la tiene de muchas cosas-, que es la cuestión territorial, las administraciones territoriales. Pues con todo ello y con sus extensas y brillantes, si quiere, zascas y respuestas que ha hecho aquí, aún no sé a día de hoy, después de esta sesión tan larga, cuál es el programa y las líneas que tienen ustedes para afrontar la crisis territorial. Usted me dice que la crisis territorial ha existido toda la vida y que no hay nada nuevo en horizonte, pero yo creo que sí. Si usted va por la calle y pregunta, le dirán que tenemos una crisis territorial. Usted puede citar a Ortega y Gasset como fuente de 1832, pero le recomiendo que lea a Azaña, que es la respuesta al discurso de Ortega porque creo que la cita es de ahí, pero afrontemos que estamos en una crisis territorial y que eso debe ser discutido aquí. A día de hoy, no ha dicho nada absolutamente sobre esto, cuando en principio estamos en un nuevo periodo y usted venía a decir algo más que a hablar del modelo de financiación y del techo de gasto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domènech.

Señor Cámara.

El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.

Para atender a todo lo que se ha dicho aquí necesitaría ampliar muchísimo el tiempo de respuesta. Pero quiero decir algo importante. Agradezco a la señora vicepresidenta sus preguntas, pero le recuerdo que es usted quien debe dar las respuestas, está aquí para eso. Si mi partido estuviera en el Gobierno, no dude usted de que hoy podríamos haber dado esas respuestas a la necesidad de reforma del modelo territorial con mucha claridad. Para esa claridad le remito sencillamente a que lea, de verdad, nuestro programa, porque por las preguntas que me ha hecho, me da la sensación de que no se lo ha leído. Me ha atribuido un papel que no he querido asumir, el de maestro, y parece que un tanto sarcásticamente se ha puesto usted en la posición de alumna, que no es así; ni una cosa ni la otra. Debería leer nuestro programa y vería cómo damos ahí cumplida respuesta a todos y cada uno de los puntos a los que usted ha hecho referencia. Lo que pasa es que nosotros, por deferencia a esta Comisión, no hemos querido hacer un planteamiento detallado de nuestro programa, contrariamente a lo que han hecho otros portavoces, que han encapsulado su programa electoral y el pacto que tienen con ustedes, y se lo han encasquetado aquí, a la Comisión, a todo trapo. Eso no lo hemos querido hacer por respeto, insisto, a esta Comisión. Pero estoy a disposición de todos ustedes para cuando queramos tener un debate preciso y amplio sobre esta materia.

Financiación. Uno de los problemas que tiene el sistema de financiación es precisamente que no está en la Constitución, y una de las cosas que proponemos nosotros es que se lleve en sus elementos


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esenciales a la Constitución para clarificarlo y evitar que andemos con estas disputas permanentes en relación con la financiación de las comunidades autónomas. Así podríamos dar respuesta a otras cuestiones. Merece la pena ir a otras cuestiones que me gustaría replicar.

Habla usted del sistema de control, peso y contrapeso, en este caso respecto de la iniciativa legislativa parlamentaria y la potestad del Gobierno del artículo 134.6. Yo le respondo que eso hay que hacerlo con equilibrio y con racionalidad, argumentando con lealtad las razones y no escamoteando la capacidad de valoración de la Cámara en el trámite de calificación. Siempre hay que referirlo al presupuesto vigente, no a hipótesis y especulaciones de futuro, como ustedes han hecho en algunas cuestiones, especialmente en el caso de la Lomce.

Habla usted de garantizar los derechos de los ciudadanos en la red. Me parece una excelente medida y aplaudo que usted se preocupe por eso, pero tienen ahora una gran oportunidad de hacer realidad esos buenos deseos cumpliendo la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para adecuar la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal al Reglamento europeo de protección de datos, que fue aprobado en abril de 2016 y que entrará en vigor en mayo de 2018. Aquí tienen ustedes una magnífica oportunidad.

Respecto a la transparencia, es verdad que la Ley de Transparencia por sí misma, en tanto que lo es, es un avance, pero se queda muy corto por muchísimas razones. Yo simplemente les voy a dar una opinión que usted debiera conocer de Transparencia Internacional, que ha señalado limitaciones importantísimas, como que no se contemple un régimen de infracciones ni de sanciones a políticos y funcionarios públicos, que los ciudadanos no tengan derecho a respuesta explícita de su requerimiento, que algo tan injustificado e indeterminado como las materias reservadas sea tan amplio como aquellas que perjudiquen a cito literalmente intereses económicos, política económica y monetaria o la protección del medio ambiente. Con todas esas materias, las arbitrariedades que se pueden cometer son muchas y no es necesario que lo argumente más.

Habla usted de que no ha habido rodillo, que la X Legislatura respetó al Parlamento. Es contradecir la evidencia más evidente que comparten no ya solo las demás fuerzas políticas, sino el conjunto de los españoles. Le recomiendo que visite la bibliografía reciente de la academia, de los juristas, constitucionalistas y administrativistas, y se dará cuenta de la intensa critica, absolutamente fundada, que hacen a este respecto. Ustedes han rebajado el sentido democrático de nuestro sistema parlamentario precisamente por ese uso y abuso incalificable que han tenido de algunos elementos de funcionamiento de nuestro sistema político.

Le agradezco la referencia que ha hecho al artículo 135 de la Constitución. Decía usted: a lo mejor les molesta. No, a mí no me molesta, en absoluto, y a mi grupo tampoco le molesta. Además lo ha sacado a colación otro diputado. Yo le quiero decir al respecto que aquella reforma hubiera sido absolutamente prescindible, con la incorporación de algún elemento de crítica que esto pueda conllevar para mi propio grupo; hubiera sido prescindible porque eso ya estaba en las normas europeas. Hay países democráticos que lo han recogido en la Constitución y otros que no lo han hecho. Nosotros no tenemos nada que oponer a contemplar en la norma constitucional incluso el principio de estabilidad presupuestaria. Es un buen principio, por supuesto. El problema es que no tiene temperamento alguno por otros principios. Eso es lo que nosotros queremos ahora reformar de algo que no se hizo bien en aquel momento, y es establecer un principio compensatorio de estabilidad social para que sea posible mantener los logros y avances del modelo social y no se vayan vaciando sistemáticamente amparándose en la austeridad a toda costa, a pesar de esa invocación que ha hecho usted, esa loa a que han hecho un rescate. Sí, han hecho un rescate, pero ese rescate ha sido a fuerza...

El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, tiene usted que terminar.

El señor CÁMARA VILLAR: ... de sacrificar los derechos sociales de todos los españoles.

Nosotros invocamos el consenso que, efectivamente, debería existir para la reforma constitucional. Creemos que esta es una gran oportunidad para empezar a hacerlo, pero al principio el consenso solo puede ser una voluntad y un método, si se quiere. En eso estoy de acuerdo con el portavoz que me ha antecedido en el uso de la palabra. Lo importante es el consenso de llegada, donde hay cesiones y transacciones, donde hay cosas que se comparten y, finalmente, de ahí surge, como ocurrió en la Transición, un texto constitucional, en este caso reformado.

Lo que le quiero decir a este respecto -y con esto termino, señor presidente- es que hagan el esfuerzo y pongan la voluntad para que ese consenso sea posible. Nosotros tenemos un buen programa


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en esa materia y tenemos incluso al detalle qué reformas, incluyendo el texto de los preceptos, se podrían llevar a cabo. Pero somos conscientes de que los artículo 167 y 168 de la Constitución son los que son, nos imponen el consenso que nos impone y, por lo tanto, tendremos que discutirlo y llegar a acuerdos haciendo esas cesiones y transacciones. Pero si no nos ponemos a hablar, nunca podremos fabricar el consenso; el consenso no está en el cielo.

El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, tiene usted que terminar.

El señor CÁMARA: El consenso se hace.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve.

Muchas gracias, señora vicepresidenta, por sus respuestas, por la claridad, por la contundencia y por la exhaustividad. Ha entrado en todos los temas que le han planteado y, desde luego, lo que queda encima de la mesa es que es una legislatura de oportunidades. Simplemente, quiero subrayar que es una falacia que caigamos en esa contraposición entre ley y democracia; no nos hagamos trampas. Eso no es cierto, y por tanto que no sea ese el guión de lo que podamos hacer de ahora en adelante. La democracia se engrandece precisamente por ser capaz de respetar las leyes y esa ha sido la gran conquista del Estado de derecho desde hace mucho tiempo.

En esa misma línea, y sobre la reforma constitucional de la que hemos hablado y de la que creo que todavía tenemos mucho de qué hablar, aprendamos también de nuestra historia. Fíjense, era el año 1840 cuando Teófilo Gautier visitaba España y en una plaza de un pueblo -lo conoce bien el señor Rallo por lo que veo- veía una placa que decía: Plaza de la Constitución. Y, con una ironía realmente cruel, decía: Esto es una constitución en España, una pellada de yeso sobre el granito. Era 1840, ¡anda que no quedaba siglo XIX y siglo XX todavía! No caigamos en esa misma trampa y seamos, por tanto, sensatos en lo que nos propongamos.

Señor Domènech, no creo que estemos en desacuerdo. Consenso de partida significa que nos pongamos de acuerdo en lo que queremos hacer y el consenso de llegada será consecuencia de ese debate y de esas renuncias generosas. Lo acaba de decir el señor Cámara. En eso, sinceramente, estoy de acuerdo con usted, no creo haber dicho otra cosa. Sí que le digo que discrepo profundamente en la idea que tiene del sujeto constituyente y de adónde queremos llegar con esa reforma constitucional. Y, a propósito del derecho a decidir, que -insisto- me parece que encierra una gran falacia, también tendremos ocasión de hablar, y mucho, durante esta legislatura. Para que vea que la voluntad de diálogo es máxima, quiero citarle, muy lejos de mi ideología, a un novelista marxista al que probablemente usted conozca, José María Arguedas, peruano, cuando decía: Hablemos, alcancémonos hasta donde sea posible, cuando sea posible. Creo que esta será la voluntad de entendimiento en esta Comisión y, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular estará siempre en eso, en hablar y en alcanzar los acuerdos que sean posibles, por supuesto, siempre dentro de la legalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Señora vicepresidenta, con cierta brevedad, puede usted intervenir.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sáenz de Santamaría Antón): No se preocupe, presidente, procuraré ser breve.

Quiero dar las gracias a todos los portavoces por esta mañana de debate que ha sido muy interesante; yo, desde luego, he aprendido mucho. Tenemos una tarea muy amplia por delante; creo que hay puntos en los que podemos ponernos de acuerdo con muchas formaciones. Le agradezco al señor Villegas su intervención y ya le digo que 1.000 millones en la reforma de la Administración es factible hacerlo y así lo haremos. Podemos convenir con determinados grupos de la Cámara en que merece la pena trabajar por fortalecer nuestro modelo. Al menos coincidimos en que tenemos que llegar a un acuerdo y trabajar para llegar a un consenso; hemos visto que tenemos diferencias y que algunos, generosamente, quieren salvarlas. Construyámoslo poquito a poco.


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Ya me parecía a mí, señor Legarda; usted y yo somos compañeros. Por eso en determinadas afirmaciones le he podido seguir bastante bien. Me ha preguntado quince temas; si le contesto a los quince me va a quitar el micrófono el presidente de la Comisión, pero estoy dispuesta a abordar alguna de dichas cuestiones. De hecho, ya he hablado con el Gobierno vasco de algunas de ellas y estamos de acuerdo en trabajar, como es el caso de reducir la litigiosidad.

Señor Domènech, usted ha dicho que no tenemos plan. Usted solo tiene uno; de lo único que ha hablado es del derecho a decidir. Aquí le he hablado de mecanismos de cooperación multilateral, de cambiar la conferencia de presidentes, de impulsar las conferencias sectoriales, de dar mayor presencia a las comisiones bilaterales con las distintas administraciones públicas, de llevar a esas comisiones bilaterales los asuntos que cada uno nos plantea, de analizar los cuarenta y cinco puntos que, por ejemplo, la comunidad autónoma de la que usted procede ha planteado al Gobierno para ver si podemos trabajar en ellos, de reducir la litigiosidad, de fortalecer el artículo 32 y de trabajar por un consenso para ver qué podemos cambiar. A lo mejor, trabajando en esto nos damos cuenta que, vía legal, podemos hacer muchas cosas y que es posible hacerlas. Pero como este no es el plan que usted contempla, que es el derecho a decidir, pues parece que los demás no tienen planes. Hemos visto que aquí, en esta Cámara, la gente también tiene sus propios planes y algunos nuestras propias responsabilidades.

Acabo con una última cuestión. Creo que todos cumplimos un mandato democrático y a cada uno los ciudadanos nos dicen, dentro del marco de la Constitución, para qué es nuestro modelo democrático. A ustedes se lo han dado en el Parlamento de Cataluña para, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, gestionar las cuestiones que el Estatuto de Autonomía así les atribuye, y son amplias, y a este Gobierno, dentro de lo que la Constitución le concede, llevar a cabo sus propias competencias. No me puedo arrogar un mandato democrático que no me han dado los ciudadanos. Los ciudadanos no me han dado -como Gobierno y como diputada- ni a ninguno de ustedes la capacidad de decidir por mí misma la organización territorial, más allá de lo que contempla nuestra propia Constitución. No nos han dado ese mandato. Nuestra potestad no es ilimitada. El Gobierno, ni siquiera las Cortes, puede decidir que se convoque un referéndum de autodeterminación, porque no forma parte del mandato democrático que nos han dado las urnas, igual que no forma parte, señora Capella, del mandato democrático que usted tiene aquí o el que pretende arrogarse en el Parlament de Catalunya. Nos votan para lo que nos votan y para cambiar la Constitución nos votan, si logramos llegar a un acuerdo y se queda en esta casa y, si no, tienen que volver a votarlo todos juntos, porque ese mandato no nos lo han dado. Otra cosa es que en los discursos usted diga: Yo represento mucho más y aspiro a mucho más. Entonces, sencillamente, pienso en mi compañero José Luis Ayllón y en algunos catalanes de esta Cámara y me pregunto: ¿Y ellos? ¿No tienen sentimientos, no tienen capacidad para pensar de otra manera? Si respetamos los mandatos democráticos a lo mejor no tenemos que pensar los unos por los otros porque quienes tienen que decidir por el conjunto es el conjunto de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

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