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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 633, de 24/10/2018
cve: DSCD-12-CO-633
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 633
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA
Sesión núm. 48
celebrada el miércoles,
24 de octubre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000133) ... (Página2)

Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000133) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las seis y diez minutos de la tarde.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE REFORMA PARCIAL DEL RÉGIMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000133).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, vamos a comenzar esta sesión después de la larga mañana de sesión plenaria, así que vamos a intentar ser ágiles en el desarrollo de la misma. Pido disculpas por este pequeño retraso, pero ha sido a petición de los portavoces que estaban ultimando algún acuerdo y terminando de redactar alguna enmienda.

No quisiera empezar el orden del día sin mencionar y tener un recuerdo para la compañera Carmen Alborch, que fue también miembro de esta Cámara y que ocupó la Presidencia de otra Comisión. Yo creo que era una persona afable, cariñosa y que, independientemente del partido en el que militaba, era querida por aquellos que la conocieron y la trataron. Yo creo que merece el recuerdo también de esta Comisión de Justicia y lo digo en nombre de toda la Mesa. (Aplausos).

Pasando al orden del día, en primer lugar, el trámite formal de ratificación de la ponencia designada para informar en relación con la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias. Como viene siendo habitual por asentimiento ratificamos esta ponencia ¿verdad? (Asentimiento).

EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE REFORMA PARCIAL DEL RÉGIMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000133).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día, para emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de ley orgánica a la que me he referido anteriormente, que es el número de expediente 122/000133. Los portavoces van a tener un tiempo acordado de cinco minutos y el orden de intervención va a ser de menor a mayor para aquellos que tienen todavía enmiendas vivas, y después de menor a mayor aquellos que no conservan enmiendas. En este sentido, he de decir que el portavoz del Grupo Socialista ha transmitido que en este momento retira las enmiendas que se mantenían vivas y, por tanto, ya no quedan enmiendas vivas del Grupo Socialista.

En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, presidenta.

Compartiremos el turno de intervención con el compañero señor Bataller, de Compromís.

Quiero hacer una previa sobre la forma. La forma es importante en política. Lo hemos verbalizado en la Comisión, pero quiero que quede constancia en el Diario de Sesiones sobre el hecho de que esta proposición de ley, que se tramitó como de permisos y licencias, ha acabado derivando en otras cuestiones que no estaban previstas inicialmente. No es este el motivo de la expresión de queja de esta diputada, sino que lo es la forma en que se han tramitado todos los acuerdos a los que necesariamente tiene que llegarse para conseguir un buen texto. En estos acuerdos nos hemos encontrado completamente fuera de los mismos, ya que no hemos tenido acceso a las distintas reuniones porque no se nos ha comunicado. Han sido reuniones de trabajo, sin duda provechosas, pero no hemos tenido conocimiento de ellas. Nos hubiese gustado participar porque entendíamos que nuestras enmiendas podían haber sido defendidas muchísimo mejor en el seno de estas reuniones informales realizadas y no el día de la reunión formal de la ponencia. Por tanto, quiero expresar el malestar de esta diputada y del grupo político que represento, el Partit Demòcrata, porque no hemos podido incluir, a nivel de negociación amable, estas enmiendas.

Por otro lado, son unas enmiendas que se incardinan dentro de lo que son las peticiones históricas, recurrentes y constantes de este grupo político, que se incardinan dentro de lo que son las competencias


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estatutarias reconocidos en el Estatut d'autonomia de Catalunya, como son, por ejemplo, la creación de los consellers de Justícia de Catalunya; la defensa de la lengua vehicular, el catalán, lengua cooficial en Cataluña junto con el castellano para que la ciudadanía pueda dirigirse en su propia lengua y así defender mejor sus intereses ante la Administración de Justicia. Son unas enmiendas que han sido -como digo- defendidas de forma recurrente a lo largo de la tradición política por esta formación.

Pensábamos que era una buena oportunidad para poder incluir algunas de estas enmiendas, aunque fuese a modo de transacción. Esto motivará la abstención de nuestro grupo político en el dictamen de la Comisión. Si bien no tenemos nada que objetar al texto de los permisos y licencias, ya que entendemos que se han conseguido enderezar los perjuicios ocasionados, como consecuencia de la crisis, a los operadores jurídicos, que se han visto mermados en cuanto a sus derechos económicos y a nivel de vacaciones y permisos y que se restablecen mediante esta proposición de ley. También es acertada la remodelación que se hace del Poder Judicial en el sentido de que se equilibran todos los vocales en un mismo plano y, por tanto, no tengo nada que decir en este sentido. Tampoco tengo nada que decir en relación con la mejora de la transparencia y las formas de acceso, por mérito y capacidad, a los distintos órganos de las altas judicaturas del Estado. De hecho es una recomendación que viene por el Greco, pero sí quiero manifestar nuestra abstención en el contenido de este texto, porque nos hemos sentido claramente ninguneados a la hora de que pudiéramos aportar nuestra colaboración en la tramitación de esta proposición. Por tanto, este es el sentido de nuestro voto.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.

Me sumo a los reparos que ha expresado la señora Ciuró. Después de esta tramitación me quedo con una sensación agridulce porque, efectivamente, en cuanto a la tramitación formal se podría haber hecho bastante mejor, pero a fin de cuentas tenemos un texto que ha ido mucho más allá del proyecto inicial, donde se han incorporado una serie de cuestiones que nos parece que enriquecen la Ley Orgánica del Poder Judicial, como son la relativa al deber de utilización de los medios electrónicos; la transparencia y la provisión de plazas de presidentes de audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia y Audiencia Nacional; el alineamiento con la Administración General del Estado y en pro de mejora de la conciliación; el reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos, que era ya aceptado por la doctrina jurisprudencial; y también una serie de cuestiones en las que nosotros vemos que se han recogido prevenciones, que en años anteriores nosotros hicimos, a propósito de la exposición de la memoria judicial, en la cual ya indicábamos que existía un evidente sesgo de género y advertíamos que la mujer, en el ámbito del Poder Judicial, está en una situación subordinada en cuanto al disfrute de permisos y licencias y en cuanto al acceso a cursos de formación que luego le permiten progresar en la carrera.

Por eso, a nosotros nos parece bien que ahora en el artículo 563 se incluya la necesidad de referirse en la memoria judicial tanto a la relación de actividades del presidente y vocales como también al impacto de género en las medidas adoptadas, y también -y esto es importante porque igualmente hacíamos nosotros hincapié en nuestras críticas a las memorias judiciales- sobre el uso de las lenguas cooficiales.

Es igualmente interesante la previsión de paridad en cuanto a los veinte vocales que van a componer el Consejo General del Poder Judicial; las obligaciones relativas a la mayor transparencia, y así, por ejemplo, es interesante que se obligue a efectuar una declaración de bienes; también en cuanto a la necesidad de que se establezca una renovación anual de los miembros, para que todos los vocales entren en la Comisión permanente y, por lo menos, estén un año como mínimo. Y nos parece también digno de destacar que entre el elenco de competencias del Pleno, además, se haga una referencia a que hasta dos vocales del Consejo General del Poder Judicial tengan unas relaciones con las autoridades de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia.

Todos estos nos parecen avances que nos hacen colocarnos en la posición de dar finalmente un voto afirmativo al informe de la ponencia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana la señora Telechea.


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La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.

Como ha dicho también mi compañera Lourdes, hemos aprovechado una proposición de ley, que inicialmente estaba destinada a la reforma de permisos y licencias de jueces y fiscales, para modificar también aspectos más urgentes y de extrema necesidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aprovechamos esta situación porque nuestro grupo cree necesarias una serie de reformas que democraticen los órganos judiciales, en especial el Consejo General del Poder Judicial. También porque era urgente dar cumplimiento a los requerimientos del informe Greco y dotar al sistema judicial de más independencia y transparencia. Aun así, nos queda mucho camino por recorrer.

Es cierto que muchas de nuestras enmiendas han sido admitidas y transaccionadas, pero las principales, que son las que defendemos ahora aquí en esta Comisión, que mantenemos vivas, están divididas en dos bloques: las relativas a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son las enmiendas 31, 35, 36, 37, 38 y 39; y las relativas al Consell de Justícia de Catalunya, que son las enmiendas 46, 47 y 48.

En el caso del primer bloque de enmiendas, con relación al modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, queremos mantenerlas vivas porque consideramos urgente y de extrema necesidad cambiar el sistema de nombramientos para que pase de ser un sistema bipartidista a ser un modelo plural, más transparente, donde los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean el reflejo plural de la sociedad, porque así es la sociedad, plural. Entiendo que hace falta valentía, romper acuerdos y pactos para con determinadas personas, romper con algunos favores personales, pero la sociedad lo está pidiendo a gritos cuando cada vez está más en desacuerdo con las orientaciones de determinadas sentencias relativas a casos de gran impacto y trascendencia social. Proponemos un modelo como podría ser cualquier otro; siempre hemos estado abiertos al diálogo para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, aunque en este caso no ha sido así. Este grupo parlamentario no ha recibido la deferencia por parte de los grupos mayoritarios de poder discutir de manera más dialogante estas enmiendas que nuestro grupo considera de especial importancia.

El segundo bloque de enmiendas que mantenemos vivas está relacionado con el Consell de Justícia de Catalunya, órgano previsto en los artículos 97 y siguientes de nuestro estatuto de autonomía. Para quien no lo conozca, el Consell de Justícia de Catalunya es un órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y que dotamos de funciones en virtud de nuestras competencias propias en materia de justicia, pero la mayoría de los artículos relativos a sus funciones han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional, claro ejemplo de la centralización y del recorte cada vez mayor de competencias a las comunidades autónomas, en especial a Cataluña. El Tribunal Constitucional tumbó esta cuestión, como muchas otras, por ejemplo, las veguerías, pero no por inconstitucional sino porque consideró que el estatuto de autonomía no era el mecanismo para regular esta materia. Por tanto, teníamos ahora la oportunidad de rectificar mediante la reforma cuyo dictamen estamos debatiendo en esta Comisión y devolver las competencias a Cataluña sobre la regulación del Consell de Justícia de Catalunya, pero no ha sido posible.

En consecuencia, nosotros mantenemos vivas nuestras enmiendas y estamos dispuestos a defenderlas también en el Pleno, porque creemos firmemente en los beneficios que pueden aportar a la transparencia del sistema judicial. Por eso, a pesar de que el dictamen sí contiene enmiendas de nuestro grupo parlamentario, nos abstendremos en la votación puesto que no se han podido incorporar las enmiendas que consideramos de mayor importancia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.

Creo que a nadie se le escapa que la proposición de ley orgánica cuyo dictamen debatimos en este momento es completamente distinta de aquella que inició su tramitación. Ha cambiado completamente, desde el título y la primera frase hasta la última. Esta ley tenía por único objeto devolver a los jueces, magistrados y personal de la Administración de Justicia aquellos derechos, permisos y licencias suprimidos en el año 2012. Por el camino se ha aprovechado para hacer una reforma encubierta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduciendo cambios de calado que afectan a cuestiones de tanta trascendencia como las facultades judiciales, la organización de la Oficina Judicial, el proceso de digitalización de la justicia, la reorganización y modificación parcial del Consejo General del Poder Judicial y cuestiones,


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como decía, de amplísimo calado. Esto se ha hecho sobre la base de cincuenta enmiendas que introdujo el Partido Popular en el último minuto del último día del plazo hábil para presentar enmiendas en un auténtico fraude legislativo -así lo calificamos desde el primer minuto-, introduciendo esas modificaciones relevantes en la estructura judicial y violando, por una parte, lo que en la técnica legislativa tiene que ser el sentido de una enmienda, pero además aprovechando para omitir el obligatorio informe del Consejo General del Poder Judicial, tal y como se prevé en el artículo 561.1, supuestos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 7.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se ha introducido a hurtadillas una reforma de calado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se ha cocinado en silencio y a espaldas del personal, de los jueces y magistrados y del órgano de gobierno de los jueces, que es el consejo, y hurtando todos los informes preceptivos. Esto se hizo así y nosotros entendíamos que la denuncia de esta actuación era compartida por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. Desgraciadamente, nos hemos encontrado con la sorpresa de que se comparte esta técnica y se ha entrado en la negociación de las cincuenta enmiendas, que son las que hasta ahora han impedido que esta ley, sobre la que había un amplísimo acuerdo al inicio de su tramitación, haya podido ser aprobada.

Quiero decir una cosa, y es que a nosotros no nos valen ahora las carreras y las prisas para obtener la aprobación de esta proposición de ley antes del 31 de diciembre con la excusa de que es lo que nos están pidiendo los profesionales de la justicia, los jueces, magistrados y personal de la Administración de Justicia. Señorías, si no se ha querido aprobar hasta ahora es porque ustedes estaban negociando esta modificación encubierta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y porque no han querido que se respetase el marco de negociación que establecía la propia proposición de ley. Por tanto, vuelvo a decir que las prisas de última hora, que nunca suelen ser buenas consejeras, en este caso a nosotros tampoco nos valen como excusa.

Hay cambios muy significativos que podría entrar a desgranar uno por uno, pero sinceramente no tendría tiempo para ello. En cualquier caso, lo que me parece más grave es que se pierde una nueva ocasión de adaptar la estructura de nuestra justicia a los requerimientos del siglo XXI. Y se pierde una nueva ocasión para abordar el necesario proceso de refuerzo de la independencia del Poder Judicial y de despolitización de su órgano gobierno, del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros creíamos que con el Partido Popular compartíamos en buena medida la visión respecto a la necesidad de dicha reforma, pero ya vemos que no es así. Se pierde, por tanto, una oportunidad que tendrá que ser diferida a otro momento, porque las escasas reformas que se hacen respecto a la duración de los cargos y a introducir una cierta transparencia en los nombramientos son mínimas en relación con lo que nuestra justicia necesita y lo que llevan demandando no solo Greco, que ya se ha mencionado, sino las asociaciones profesionales de toda índole y los propios profesionales de la justicia.

Yo no sé si esta negociación encubre algún acuerdo más, supongo que lo sabremos en breve plazo. En todo caso, ni por la forma ni por el fondo podemos aceptar esta manera de reformar algo tan importante, tan troncal, como la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creo que no tiene parangón en la historia de las reformas que ha sufrido nuestra justicia esta manera de proceder y esta manera de actuar. Además, se generan una serie de conflictos de carácter profesional absolutamente evitables si se hubiese actuado con transparencia, si se hubiese actuado dialogando con los sectores profesionales afectados y si no se hubiesen querido hurtar -como se ha querido hacer- los informes preceptivos que en todo caso eran necesarios.

Simplemente, y de forma muy breve, respecto a nuestras enmiendas quiero señalar que solo se nos ha aceptado una, que coincidía con otra enmienda de Podemos y del Partido Nacionalista Vasco. Las demás han sido rechazadas. Eran enmiendas que buscaban devolver derechos a los profesionales, cuestiones ya negociadas y aceptadas en su día con el Ministerio de Justicia, por lo que no entendemos por qué han sido rechazadas. En todo caso, nosotros vamos a seguir defendiéndolas, vamos a mantenerlas vivas, y ya les anuncio que votaremos en contra del dictamen de esta Comisión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos.

Concluye la tramitación de una modificación relevante en una ley central respecto a la justicia española, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es la única. La semana pasada modificábamos la Ley Orgánica del Poder Judicial en un tema planteado de urgencia por el Partido Socialista y ninguna


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queja, salvo por alguna cuestión que no se correspondía con la ley, planteamos nosotros respecto a ella. Sin embargo, esta estaba esperando y tenía una serie de dificultades. Algunas críticas que se han escuchado aquí se definen por sí solas. Lo importante es el resultado final, y el resultado final responde al trabajo parlamentario a partir de una proposición de ley orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para resolver cuanto antes la recuperación de derechos, que ya se había producido respecto al resto de administraciones públicas, por tener que hacerse en el caso del personal de Administración de justicia, jueces y fiscales, a través de una ley orgánica, la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hemos tenido que superar vicisitudes múltiples, desde la voladura de un trabajo parlamentario en subcomisión hasta un cambio de Gobierno, pero nosotros miramos en positivo y debemos poner en valor algo que se cita mucho pero en lo que no se cree, y nosotros estamos demostrando que sabemos hacerlo y que es posible: el trabajo paciente y el acuerdo parlamentario, anteponiendo lo fundamental a lo accesorio, lo que une frente a lo que separa, la voluntad de avanzar frente a la resistencia al cambio; en definitiva, el objetivo, que no es otro que el de contribuir desde el Parlamento al cumplimiento con nuestro deber y función, a las reformas normativas que ayuden a la mejora de nuestra justicia, las condiciones de sus profesionales, los instrumentos, los procedimientos, cauces que incrementen la confianza y la credibilidad. Eso permite que esta modificación incorpore demandas profesionales -la recuperación de derechos, disposiciones de adaptación rápida que nos habían pedido y que hemos incorporado en este trabajo parlamentario para variaciones futuras, compensación del tiempo siempre imprevisto en la tramitación de una ley, que también incorporamos en una transitoria, demandas de organizaciones internacionales como el Grupo Greco- y con ello alcanzar mejores niveles de percepción de independencia judicial, como establecer de forma objetiva parámetros de mérito y capacidad, las condiciones para acceso a los cargos de nombramiento discrecional, limitación de mandatos, condiciones de retorno a la jurisdicción de jueces y magistrados, plazos de caducidad del expediente sancionador, etcétera, por citar muy rápidamente algunos.

Pero también es una progresiva adaptación a la transformación imparable de la Administración de Justicia. Por eso determinamos instrumentos de cooperación en materia de recursos humanos entre ministerio y comunidades autónomas, fomento de la especialización material de cada jurisdicción, habilitando si fuera necesario la ampliación competencial, es decir, aquello que llamamos secciones de instancia, la modificación de la organización del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido posible gracias a la incorporación de enmiendas del Partido Nacionalista Vasco o de Esquerra Republicana de Catalunya, que también incorporaron otros temas, y no hemos dicho nada, sino que lo hemos aprovechado para lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Dar un mayor peso al pleno del consejo, impulsar la consecución de paridad propia de la actual configuración de la carrera judicial y fiscal y de los operadores jurídicos en general, dedicación exclusiva de los vocales del consejo, mayor cercanía a los problemas de los territorios o relación más fluida con esta Cámara. Es decir, aprovechamos oportunidades y no nos quejamos permanentemente tratando de buscar la utopía.

Por mencionar algunas otras cuestiones de la reforma, yo diría que nos quedamos, pero no perdemos la esperanza desde el Grupo Parlamentario Popular, con un pero, y son las tres enmiendas que mantenemos -57, 93 y 96- y que someteremos a votación, respecto a la supresión del llamado magistrado autonómico. No hemos encontrado apoyo suficiente en la ponencia para cumplir con una demanda de la carrera judicial a través de sus asociaciones, a través de las peticiones reiteradas de los jueces decanos o de los observadores internacionales en materia de independencia judicial. Aún estamos a tiempo, señorías, de incorporar estas enmiendas que recogen esta demanda que creemos que devuelve la confianza también en ese punto -no solo eso permite la devolución de la confianza en la justicia, pero es importante- que nos estaba pidiendo la propia carrera y que, sin embargo, los grupos hasta este momento no lo han considerado necesario.

Como decía, esta es una reforma de y desde el Parlamento. A pesar de un retraso que nunca debió producirse, especialmente en los últimos meses, hemos puesto todo el tiempo y dedicación al servicio de un objetivo: proporcionar un instrumento jurídico necesario y nuevas medidas para trabajar por la configuración de un Consejo General del Poder Judicial en el que todos se sientan mejor representados. Agradecemos también las contribuciones que nos han hecho llegar las asociaciones, sindicatos y profesionales. Nunca hemos estado de espaldas a ellos, siempre hemos estado receptivos, de día, de noche y en fin de semana. Y agradecemos el apoyo incondicional y paciente de las letradas y de los servicios técnicos de la Comisión y de esta Cámara. La conjunción de fuerzas que se dan en este texto de distinto espectro político determina una remodelación, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial


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que creemos se encuentra en la senda correcta para hacer efectivo un órgano de gobierno de otro poder del Estado que encuentra su legitimidad democrática en la soberanía popular, como es el Poder Judicial. Tengo que agradecer también a mis compañeras ponentes su generosidad, a Lola Alba y a Carmen Dueñas, a todos los portavoces, pero en especial a los portavoces de Podemos, PNV, Partido Socialista y Esquerra Republicana, y tengo que recordar aquí a Ester Capella, con quien comencé las negociaciones, y, como he tenido oportunidad de decirle, en este grupo tenemos palabra y la mantenemos hasta el último momento con su sustituta, con la que se incorporó legítimamente a los trabajos de esta Comisión. Agradezco su esfuerzo, su compromiso, tratando de alcanzar una posición común que hemos logrado.

Confío contar con las de los demás. Han mantenido quejas. Les pido disculpas en lo que de mí haya dependido el que la tramitación no haya sido todo lo ortodoxa que debería, pero no puedo aceptarlo -lo tengo que dejar aquí, puesto que las quejas han sido injustificadas-, ya que especialmente en el caso del Grupo Ciudadanos les hemos llamado muchas veces a reuniones, incluso hemos mandado comunicaciones por correo electrónico. Las decisiones son de cada uno, legítimas y de cada uno, pero cuando se alcanza el acuerdo no se puede decir que este acuerdo y las enmiendas del Grupo Popular no son legítimas y las del Grupo Ciudadanos u otros grupos sí lo son. Por tanto, les llamamos nuevamente a lo que creemos que es importante -con ello concluyo, señora presidenta-, les llamamos a la filosofía del trabajo constante y sucesivo para alcanzar lo mejor, sabiendo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Cuando se aparca todo con el argumento de alcanzarlo, de alcanzar el summum, lo que puede ocurrir es que nos arriesguemos a mantener peores espacios y nunca llegar a lo que necesita la justicia española. Por eso, nos congratulamos y agradecemos a todos los que han hecho posible llegar a este momento y a este texto que hoy sometemos a votación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ahora los grupos que no han mantenido vivas sus enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Intervendré brevemente, porque el contenido ya se ha ido desgranando más o menos. Ha sido un procedimiento complejo. A lo largo de la legislatura han ido sucediendo una serie de acontecimientos que han ido incidiendo en la tramitación y la han ido retrasando, pero me sumo a los portavoces que en este sentido han comentado que se ha hecho un esfuerzo por integrar las posturas. Ciertamente, como lo comentamos en ponencia y ahora en Comisión, ha sido en los últimos momentos un poco, no voy a decir a trompicones, pero sí a uña de caballo, porque había que llegar a final de año, ya que, si no, el objetivo principal de la reforma, al menos el inicial, que eran las licencias y permisos, se podía malograr en este ejercicio 2018. A través de las enmiendas, se ha hecho un segundo paquete, que es una reforma parcial del consejo general, desde nuestro punto de vista, acercándose de una manera más fiel al modelo constitucional y a la regulación constitucional de este órgano de gobierno del Poder Judicial, que es un órgano, como todos conocemos, de relevancia constitucional.

Se ha aprovechado para meter otra serie de cuestiones de variada índole que han afectado a la ley orgánica en distintos aspectos. Desde nuestro punto de vista, quizá uno de los más relevantes sean las secciones de instancia. Creemos que es un paso en la buena dirección, es un paso un poco tentativo, es una reforma parcial. Se han tocado también aspectos de carrera en cuanto a provisión de destinos, ascensos y promociones, estableciéndose el criterio general de concurso y méritos, que era un criterio demandado por Greco. Respecto de los cargos judiciales, destacaría tres grandes cuestiones: la limitación de mandatos, la declaración de bienes y el procedimiento de nombramiento en convocatoria abierta. También ha habido referencias a la justicia digital, al igual que a la Oficina Judicial.

Voy terminando, presidenta. Hay alguna regulación singular respecto de la organización para la coordinación. En este sentido, la conferencia sectorial y algún órgano relativo al personal se insertaría en esa nueva organización. Una vez tratadas todas las cuestiones relativas al procedimiento, y a pesar de las incidencias que se han ido sucediendo, en definitiva, es un avance, nunca el que todos pretendemos porque toda negociación significa pactar y pactar es dejar cosas en el camino, pero en nuestro grupo parlamentario consideramos que ha sido un esfuerzo que merece la pena.

Finalizo agradeciendo, al igual que han hecho el resto de los portavoces, su trabajo a las letradas de la Comisión, a las que hemos mareado más de lo que sería deseable, y a todo el personal técnico.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Santos, ¿van a compartir el tiempo?

El señor SANTOS ITOIZ: No, creo que es lo único que no voy a compartir. (Risas).

Para empezar, me sumo a la felicitación a todos y todas las portavoces con las que hemos tenido ocasión de trabajar en esta ley. No me extenderé en esto porque ya lo he dicho de forma privada en los términos que todos y todas sabéis.

Cabe hacer una breve exposición de lo que este grupo ha ido realizando en el transcurso de esta ley que, efectivamente, empezó de una manera y ha acabado de otra. Es verdad que la toma en consideración de esta proposición de ley del Partido Popular hablaba de permisos y licencias y de recuperación de algunos de los derechos laborales que fueron recortados en el año 2012, y ahí ya tuvimos nuestros reparos en relación a que la sola incorporación de estas medidas sin ningún otro tipo de incorporación podría resultar coja para lo que realmente se pretendía que, en definitiva, no es otra cosa que la consecución de un servicio público de justicia mejor y más eficiente.

Es verdad que empezó así y, de hecho, nuestro grupo hizo dos enmiendas a esta proposición de ley. Y es verdad que cuando vinieron las enmiendas de los otros grupos parlamentarios teníamos básicamente dos opciones: o quedarnos al margen o arremangarnos y empezar a trabajar en el marco que se nos había planteado en ese momento. Como no somos muy partidarios del profeta Jeremías, nos decidimos por esta segunda opción, que es ponernos con el texto y ver qué posibilidades de acuerdo o de avance podríamos tener. Eso, definitivamente, elimina algunas posiciones maximalistas. Nos hubiera gustado entrar en la cuestión de definición de un órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, pero eso nos llevaba a una reforma que estaba muy lejos del alcance de lo que nos podíamos plantear en este momento; o bien nos podíamos plantear algunas otras cuestiones que sabíamos que iban a chocar con las posturas que todos y todas sabemos que tenemos porque hemos estado hablando largamente en el seno del pacto por la justicia.

Desde una manera pragmática y posibilista, creo que en esta ley se recogen algunos de los objetivos que habíamos planteado, como es el cambio del modelo del Consejo General del Poder Judicial, que para nosotros y nosotras era muy importante y que, en definitiva, supone extender el certificado de defunción de la Ley 4/2013, del ministro Gallardón, y que deriva, como ya nos han oído ustedes en más de una ocasión, en un funcionamiento del consejo -y creo que es un sentir unánime- cuyo presidencialismo y falta de transparencia nos ha llevado a una situación ciertamente caótica y que era urgente reponer de una u otra manera. Por lo tanto, hemos entrado ahí, hemos entrado a negociar este asunto y creemos que hemos conseguido este objetivo a través del diálogo y avanzar no solo en la recuperación de unas competencias más adecuadas del pleno del consejo, sino también en la transparencia del funcionamiento. Ahí pondremos en valor esa enmienda de Esquerra que ha permitido que, de una u otra manera, tanto el presidente como los vocales del consejo puedan venir aquí a explicarnos, en el ámbito de sus competencias, las situaciones que afectan a la justicia y que no suponen el ejercicio de un control por parte del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, pero sí un ejercicio de transparencia que se extiende también a otras cuestiones que consideramos muy importantes, como son los nombramientos de los altos cargos judiciales. En ese sentido, también era importante incorporar cuestiones como qué pasa con la vuelta de los servicios especiales a funciones jurisdiccionales, cuáles son esas incompatibilidades en las causas de abstención y recusación, que también se han planteado, la limitación de mandatos, la transparencia en la declaración de bienes y, sobre todo, la implantación definitiva del criterio de mérito y capacidad -y yo añadiría paridad- en los nombramientos de los altos cargos.

Hay un debe en eso que no escondemos que nos hubiera gustado alcanzar, y es que hubiéramos querido que el criterio de especialidad fuera más allá del lapso temporal, o sea, el ejercicio de la función jurisdiccional temporal en un determinado orden -singularmente civil y penal- hacia una auténtica especialización en la materia evaluada con criterios de oposición o de examen de tipo anónimo que pudiera garantizar que no hubiera cualquier tipo de interferencia. En definitiva, supone un avance.

Hay un segundo bloque de recuperación de derechos laborales, que es el que determina la urgencia de la tramitación de esta ley, porque entendemos que si tenemos que ser ágiles es porque tenemos que dar servicio a la ciudadanía. Por ello, haremos una valoración positiva del conjunto de esa ley,


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que entendemos que supone un avance, y esa es la razón por la que nos hemos implicado en la negociación y diremos que sí al dictamen.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Voy a intentar ajustarme al tiempo porque el día ha sido bastante cansino. Si consumo más tiempo, va a ser porque la intervención que tenía prevista, muy en los términos de algunos de los portavoces que me han precedido, se ha visto trastocada en el ánimo por la intervención del portavoz de Ciudadanos.

Efectivamente, vivimos un momento político convulso y creo que no hace falta perder muchos minutos en ello; no hay más que haber seguido la sesión plenaria del día de hoy para darnos cuenta. Por esa convulsión, creo que tienen más valor momentos como este, donde de una proposición de ley que tenía un contenido muy concreto -licencias, vacaciones y permisos del sector justicia-, y que tuvo un amplísimo respaldo en la toma en consideración, hemos pasado a algo más amplio, no diría que exageradamente amplio; hemos enriquecido algo y podemos paliar, con humildad hay que decirlo, nuestra maltrecha Administración de Justicia.

No voy a entrar más en la cuestión porque el portavoz de Podemos, Edu Santos, acaba de hacer una enumeración de los tres bloques fundamentales que se articulan y que suscribo prácticamente de forma íntegra. Pero les decía que me ha perturbado el ánimo el portavoz del Grupo Ciudadanos cuando ha hablado -y está en el Diario de Sesiones- de fraude de ley, de actuaciones obstruccionistas, de falta de transparencia, porque creo que son palabras que están absolutamente fuera de lugar, absolutamente fuera de contexto y que suponen un insulto no ya a los distintos portavoces que han venido trabajando en esta proposición de ley, sino -y esto es mucho mas grave- a los servicios de la casa, a las letradas, a las que, efectivamente, como decía hace un momento el portavoz del PNV, hemos dado la lata como nunca pude imaginar.

¡La de entuertos que nos han salvado! Porque realmente ha sido una tramitación compleja. Tengo que recordar que el Grupo Parlamentario Socialista presentó poquísimas enmiendas y ahí están, pero, lo que tiene claro el Grupo Socialista es que si puede aportar algo para la mejora de nuestra Administración de Justicia, siempre se va a contar con él; venga la iniciativa de donde venga. Por tanto, rechazamos categóricamente, con molestia incluso en mi comentario, esos calificativos que se han hecho de la tramitación. No ha habido ninguna obstrucción, ninguna; ha habido una actitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos que fue exactamente la misma y es verdad que ha habido una gran coherencia con lo que ocurrió en la subcomisión para la fijación de una estrategia de justicia. Hay que reconocer que el Grupo Parlamentario Ciudadanos se quedó sin estrategia en el minuto uno, es decir, cuando firmó el acuerdo de investidura con el Partido Popular. Llevó al Pleno ese acuerdo en materia de justicia; lo perdió y todavía no ha encontrado el norte. Ojalá lo encuentren porque, desde luego, la justicia les necesita porque forman parte de este Parlamento y, por tanto, sería una opinión muy atendible, pero en el ámbito constructivo, no destructivo. En ese sentido, es lo que quería expresar. ¿Tenemos que ahondar muchísimo más? Claro que sí, y en algunos motivos tendremos que ver, porque la justicia se va haciendo.

Estamos hablando de tres bloques; una parte que no merece la pena dedicar ni un minuto, que es la que he dicho que era la recuperación de unos derechos que nunca debieron perderse; pero ya está. Después, por la vía de enmiendas -insisto- no por este grupo parlamentario, se introducen unas modificaciones que pueden alterar al mejor funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces -recuerdo, instaurado en el año 1978- y que todavía no encuentra su encaje en el modelo constitucional. No importan los retoques; lo importante es que se sigue apostando por ese órgano de Gobierno de los jueces como un mecanismo para garantizar la independencia judicial y creo que será un mayor esfuerzo. Igual el tiempo nos dice que nos hemos equivocado, como se equivocaron nuestros predecesores, pero hay una gran voluntad política para intentar mejorarlo.

El tercer bloque son una serie de medidas de mayor o menor calado, pero creo que ninguno de un enorme calado, que redundan en una mejor visualización de la justicia y, en la medida de lo posible, de una mejor organización. Evidentemente, no arreglamos la justicia. Ojalá con un año de trabajo escaso hubiéramos podido arreglar la justicia. No, la justicia reclama unas reformas profundas de ámbito legislativo, unas reformas profundas de carácter organizativo y unas reformas de tipo tecnológico. Tendremos tiempo y ojalá tengamos el mismo consenso que hemos tenido aquí.


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Hoy creo que hay, y con esto termino, que sentirse satisfechos de que hemos avanzado un poco más en la modernización de la justicia. Quiero acabar reiterando el agradecimiento mayúsculo y en negrita de los servicios de la Cámara, porque las letradas se han portado, y no sabía yo que las personas podían tener tanta paciencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Vamos a pasar ya a la votación, no sin antes agradecer los trabajos, en nombre de la Mesa, que me consta que han sido intensos, de los ponentes, trabajos que ustedes han mantenido de manera informal y que agilizan luego mucho el trabajo también de las letradas y de los propios servicios técnicos de la Comisión.

Como todos los grupos han sido muy diligentes y están aquí ya todos sus miembros, a pesar de que me consta que hay varias comisiones desarrollándose al mismo tiempo, creo que estamos todos y podemos comenzar con la votación. En primer lugar, vamos a votar conjuntamente las enmiendas del Grupo...

El señor SANTOS ITOIZ: Señora presidenta, disculpe, es que nos acabamos de dar cuenta de que nos falta una miembro que se ha ido...

La señora PRESIDENTA: Es que he contado, y les había visto.

El señor SANTOS ITOIZ: Se acaba de ir a votar a otra parte.

La señora PRESIDENTA: Sí, por supuesto, interrumpimos un momento. No hay problema, por eso le decía.

La señora MORO ALMARAZ: Si me permite la presidenta que aprovechemos este momento para aclarar una cosa, la enmienda número 27 de Ciudadanos está incorporada al texto porque había dos términos idénticos, con lo cual yo le pediría al Grupo Ciudadanos que se pronuncien.

La señora PRESIDENTA: Iba a anunciarlo yo ahora, pero...

El señor PRENDES PRENDES: Nosotros ya hemos comunicado que retiramos esa enmienda en la medida en que es idéntica a otras que se han admitido.

Aprovecho -no pensaba intervenir- para decir una cuestión en relación con las palabras...

La señora PRESIDENTA: No, señor Prendes. Sabe usted que no se pueden reabrir debates.

El señor PRENDES PRENDES: No voy a reabrir ningún debate, pero es que se me ha acusado a mí de desprestigiar el trabajo de las letradas de esta Comisión. Nada más lejos de la realidad ni creo que se pueda desprender ni remotamente de lo que fueron mis palabras.

La señora PRESIDENTA: Sabe usted que no tiene la palabra.

Vamos a suspender la sesión un minuto. (Pausa).

Parece que vamos a proceder a la votación en cualquier caso. Como no cerramos la puerta, si se incorpora, pues cambiamos el orden. ¿La habéis localizado, Eduardo? (El señor Santos Itoiz: No ha bajado todavía). Es que me imagino que igual están en otra votación.

Comenzamos votando conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la número 16 a la 22.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 32.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana van de la enmienda 31 a la enmienda 47.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 32.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos ahora enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, excluyendo la enmienda 27 que acaba de ser retirada. Serían por tanto las enmiendas números 23, 24, 25, 26, 28 y 29.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 33.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Por último, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, enmiendas 57, 93 y 96.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Ahora vamos a votar las enmiendas transaccionales, en bloque, que son siete: enmienda al apartado 18 del artículo 351.a), apartado 18.bis del 354, apartado 36 del 521, apartado 41 del 563.3, disposición adicional vigésimosegunda apartado 50, disposición transitoria y disposición final, entrada en vigor.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 3; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan asumidas.

Ahora votamos las dos enmiendas de corrección técnica, se trata de la vuelta al texto anterior a la incorporación de la enmienda número 85, que se refería al artículo 589 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y la corrección técnica apartado 10, que es al artículo 326.4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 3.

La señora PRESIDENTA: Quedan admitidas.

Ahora votamos el texto del informe con las enmiendas transaccionales aceptadas e incorporadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 3; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de las enmiendas con las enmiendas transaccionales aceptadas, y lo remitimos al Pleno.

Muchas gracias por su trabajo.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cinco minutos de la tarde.

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