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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 587, de 07/09/2018
cve: DSCD-12-CO-587
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 587
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES
Sesión núm. 22
celebrada el viernes,
7 de septiembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Comercio (Méndez Bértolo), para presentar el informe de las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondientes al año 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como para informar sobre las autorizaciones y exportaciones de armas y material de doble uso a países que las han usado o que existe el riesgo de que las usen en el conflicto del Yemen, sobre la revocación o suspensión de las autorizaciones efectuadas y sobre si va a haber algún cambio de la política de exportación de armas a estos países. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001694) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las once de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Defensa correspondiente al día de hoy, 7 de septiembre de 2018. Comparece la secretaria de Estado de Comercio para presentar el informe sobre las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondientes al año 2017. Bienvenida y tiene la palabra, señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Méndez Bértolo): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, agradezco la oportunidad que esta Comisión me brinda para poder exponer con detalle las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y productos de doble uso del año 2017, cuyo informe fue remitido a esta Comisión el 11 mayo. Otros puntos solicitados se refieren a las autorizaciones y exportaciones de material de defensa y doble uso a países involucrados en el conflicto de Yemen, la revocación o suspensión de las autorizaciones y un posible cambio en la política de exportación de armas a estos países. Con ello damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 53/2007, de 28 diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

Antes de entrar en el detalle de las cifras de exportación, permítanme sus señorías que resalte los cuatro aspectos que a mi entender son más relevantes en estos controles. En primer lugar, que España está firmemente comprometida con las políticas que tienen por objeto el control efectivo del comercio exterior de material de defensa y productos o tecnologías de doble uso. A tal efecto se dispone de un adecuado marco legal y de buenas prácticas, que podemos comentar posteriormente, se participa en las iniciativas que la comunidad internacional promueve y se es parte activa en las mejoras que en este campo se realizan. En segundo lugar, el Gobierno promueve la coordinación entre todas las instancias interesadas y la cooperación con otros países a los efectos de poder llevar a cabo intercambios de información que consideramos muy relevantes. En tercer lugar, la información obtenida por la JIMDDU es exhaustiva y permite ofrecer al Parlamento una visión completa basada en la máxima transparencia. Y, en cuarto lugar, dada la gran sensibilidad política y social sobre esta materia y de acuerdo con los objetivos expuestos en la Ley 53/2007, de 28 diciembre, la Administración se esfuerza en incorporar las recomendaciones que la Comisión de Defensa le hacer llegar cada año.

La Ley 53/2007 es una de las más completas de entre los países de nuestro entorno; supuso un antes y un después. Tiene como finalidad contribuir a una mejor regulación del comercio exterior de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, evitar su desvío al mercado ilícito y combatir su proliferación, al tiempo que da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por España a este respecto y a la vez garantiza los intereses generales de la Defensa Nacional y de la política exterior del Estado español. Desde la perspectiva de la seguridad nacional e internacional, se trata de impedir el tráfico ilícito y la proliferación de armamentos y tecnologías sensibles hacia Estados o actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz y la seguridad o de involucrarse en actividades terroristas. Por otro lado, busca responder a una significativa demanda política y social de control del comercio de estos productos. Así, España tiene el deber de asegurar que sus exportaciones son coherentes con los compromisos vigentes, de conformidad con el derecho internacional, y de manera que se garantice que dichas exportaciones no fomentan la violación de los derechos humanos, no avivan los conflictos armados y tampoco contribuyen de forma significativa a la pobreza.

Como saben sus señorías, se hizo llegar también a los grupos parlamentarios el informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones relativas al informe de estadísticas del año anterior, de 2016. Dado el elevado número de dichas recomendaciones y el exhaustivo nivel de detalle alcanzado en algunas de ellas, desglosadas en diversos epígrafes, no puedo detenerme en el análisis, pero sus señorías pueden encontrar en el citado informe toda la información relativa a las actuaciones que se han llevado a cabo en relación con sus propuestas, pudiendo afirmar que el grado de cumplimiento total o parcial ha sido bastante elevado. Solamente en dos casos no se han podido atender las peticiones planteadas: en primer lugar, el levantamiento del secreto de las actas de la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso -JIMDDU- y, en segundo lugar, la reducción del umbral de 100 a 10 millones de euros en cuanto a la información detallada que se proporciona en las operaciones autorizadas. Respecto a la primera de estas recomendaciones, cabe recordar que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo 1987 clasificó como secretas las actas


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de la JIMDDU y, como tales, constituyen documentación clasificada conforme a la Ley 9/1968, de 5 abril, sobre Secretos Oficiales. No obstante, está siendo objeto de tramitación en la actualidad una proposición de ley del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados que modificaría la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales. Si resultase aprobada, las materias clasificadas como secretas y reservadas tendrán un plazo de vigencia que no podrá exceder de veinticinco años para las primeras y de diez años para las segundas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, solo para el caso de las materias secretas y solo para un nuevo periodo máximo de diez años.

Por lo que respecta a la ampliación de la información en las operaciones autorizadas rebajando el umbral de 100 a 10 millones, quiero señalar que por debajo de 100 millones se alargarían en exceso los plazos de elaboración del informe anual debido al gran número de autorizaciones concedidas. Quiero señalar además que dos de las recomendaciones contenidas en el informe se identifican con funciones y competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La primera de ellas se refiere a la petición realizada por sus señorías consistente en que en los tránsitos de material de defensa y en sus denegaciones se incluya una descripción detallada o la categoría de la lista militar de la Unión Europea: la cantidad, el valor, el destino, el usuario final y los países de origen. Esta información corresponde, como decía, al Misterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, conforme al Real Decreto 137/1993, de 29 enero, por lo que no forma parte del informe de hoy. En la segunda de estas recomendaciones y en lo que respecta a la acción exterior del Estado se instaba al Gobierno a que España promueva en sus contratos bilaterales, y especialmente en el marco de la Unión Europea, la universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas mediante su ratificación, en particular en los casos de Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, Bahrein y Turquía y su adhesión especialmente en relación con Egipto, Arabia Saudí, China, Kenia, Rusia, Marruecos, Jordania y Qatar. La segunda petición era que el Estado español continuase haciendo aportaciones al fondo de la ONU para cooperación en materia de regulación del control de armas convencionales y proporcionando recursos, incluso compartiendo experiencias con otros países que elaboren sus sistemas nacionales de control de armas.

En lo concerniente al informe de estadísticas de 2017, informo a sus señorías de que las principales novedades consisten en la incorporación de un nuevo cuadro con el número y valor total de las consultas relativas a operaciones de exportación que no requieren autorización previa para productos no incluidos en las listas de control como doble uso y que tienen como destino determinados países sometidos a sanciones internacionales o considerados de una sensibilidad especial. Asimismo, se proporciona información acerca del valor y una mayor precisión que en informes anteriores sobre el usuario final en las operaciones denegadas.

Antes de entrar en el análisis concreto de las estadísticas, permítanme que les exponga brevemente el proceso seguido para autorizar o denegar una operación de exportación. Las operaciones de exportación en primer lugar se analizan por los servicios técnicos del ministerio, el ahora Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tras este análisis, un grupo de trabajo interministerial examina cada expediente y eleva una propuesta de informe a la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que es la JIMDDU. La JIMDDU, en tercer lugar, emite su informe preceptivo y vinculante. Y, por último, la secretaría de Estado resuelve concediendo o denegando la autorización de la exportación. En el estudio de las operaciones de material de defensa se toman en consideración los artículos 6 y 7 del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el 24 diciembre 2014. El artículo 6 recoge los casos de prohibición de transferencia de armas convencionales en los siguientes casos: cuando el país de destino esté sujeto a un embargo, cuando se puedan producir violaciones de las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales, cuando las armas se puedan emplear en genocidios, crímenes contra la humanidad, graves violaciones de la Convención de Ginebra de 1949, ataques contra la población civil o bien en crímenes de guerra. Por su parte, el artículo 7 recoge los parámetros que se deben emplear para evaluar las operaciones, parámetros que se refieren al respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, a la no contribución a actos de terrorismo o crimen organizado, a la no violencia por motivos de género o contra la infancia y a la existencia de un posible riesgo de desvío en su utilización o usuario final. Además de estos dos artículos 6 y 7 del tratado, la JIMDDU y la Secretaría de Estado de Comercio aplican en el estudio de las solicitudes de exportación los ocho criterios de la Posición Común 2008/944 de la PESC, de 8 diciembre, que define las normas comunes sobre control de las exportaciones de tecnología y equipos militares y los criterios del documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras. De todos ellos se analizan muy especialmente los criterios I, II, III IV y VII. El criterio I es el relativo a la existencia de embargos de


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Naciones Unidas, Unión Europea u OSCE. El criterio II se refiere al respeto a los derechos humanos. El criterio III se refiere a la situación interna del país de destino. El criterio IV, a la situación regional y, por último, el criterio VII, al riesgo de desvío. En cada solicitud de exportación de material de defensa las autoridades españolas valoran las garantías y las condiciones de uso y usuario finales. Por ello, se exigen certificados de último destino, en algunos casos reforzados, que garantizan que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados y se impida una reexportación o un uso no deseado. Esta exhaustiva valoración se completa con la consulta de todas las denegaciones comunicadas por los restantes países de la Unión Europea y de los miembros del principal foro internacional de no proliferación y control, que es el Arreglo de Wassenaar. Si existe alguna denegación idéntica sobre producto, país de destino, destinatario y usuario se consulta al país o países que hayan denegado antes de tomar una decisión. Es lo que se conoce como política de no undercat, mecanismo a través del cual se persigue una armonización de las políticas de exportación de armamento entre los países.

Los ocho criterios de la posición común se aplican también en el análisis de las autorizaciones de exportación de otro material, básicamente equipos antidisturbios y armas de caza. Las solicitudes de exportación de productos y tecnologías de doble uso son estudiadas desde el prisma de los usuarios finales y de las garantías ofrecidas por estos en el uso declarado del producto o de la tecnología que se deberá exportar. En el análisis de las solicitudes se tienen en cuenta las directrices emanadas y las denegaciones comunicadas a los foros internacionales de no proliferación. Los siguientes: el Arreglo de Wassenaar, el Grupo de Suministradores Nucleares, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y el Grupo Australia, de armas químicas y biológicas.

Entrando ya en el análisis de las estadísticas y comenzando por las relativas al material de defensa, el valor de las exportaciones realizadas en 2017 fue de 4346,7 millones de euros, un 7,3% más que en 2016. Esto supuso un 20,6% de lo autorizado total en 2017 -lo total autorizado fueron 21 084 millones de euros-. La gran diferencia observada en 2017 entre las exportaciones efectivamente realizadas y las que fueron autorizadas de material de defensa se explica por la aprobación en julio de 2017 de una licencia global a Alemania, Francia y Reino Unido consistente en 99 aviones y un valor de 11 880 millones de euros; una segunda licencia global a Bélgica y Luxemburgo de ocho aviones y 960 millones de euros, además de una licencia individual a Turquía de seis aviones y 720 millones de euros. Todas estas licencias correspondieron al programa de cooperación A400M. En el segundo semestre de 2017 tuvo lugar la entrega de diez aviones con cargo a estas licencias autorizadas. El ritmo de fabricación de las aeronaves hará que en los próximos años se vayan materializando las entregas ya autorizadas pero no realizadas. Las licencias globales tienen un periodo de validez de tres años, ampliable dos veces.

En lo referente al desglose por países de los productos exportados, las expediciones a los países de la Unión Europea representaron un 63,7% del total; en valor, estas ventas supusieron 2763 millones de euros. Las expediciones estuvieron distribuidas principalmente entre Alemania, 1213 millones de euros, un 27,9%; el Reino Unido, 949,9 millones de euros, un 21,8%; Francia, 422 millones de euros, un 9,7%, e Italia, 90 millones de euros, un 2,1%. El comercio exterior con estos cuatro países se concentró en transferencias de productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación existentes en el ámbito de la defensa, como son el caza de combate Eurofighter, el avión de transporte militar A400M, los aviones de reabastecimiento en vuelo MRTT, el helicóptero Tigre, los misiles IRIS-T, Taurus y Meteor para el caza Eurofighter y los equipos electrónicos del programa MIDS.

Las expediciones y exportaciones a los países OTAN supusieron un 72,4% del total de lo exportado, con 3147,3 millones de euros. Las ventas restantes, esto es 1192 millones de euros y un 27,4%, una vez descontadas las expediciones y exportaciones a los países de la Unión Europea y países OTAN se repartieron entre 63 países. Por categorías de productos, destacó por encima de todas la de aeronaves, con 3434,4 millones de euros y un 79% del total. El valor de las exportaciones derivadas de los programas de cooperación más relevantes ascendió a 2744,9 millones de euros, representando un 63,1% del total. En el año 2017 hubo cuatro denegaciones en la exportación de material de defensa en aplicación de la Posición Común 2008/944, de la PESC, de 8 diciembre, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Estas denegaciones fueron las siguientes. Un acuerdo previo para la exportación de la Armada de la República Popular China de seis sistemas de clasificación acústica por valor de 540 000 euros. El criterio aplicado fue el I de la posición común debido a la existencia de un embargo de la Unión Europea de 27 de junio de 1989 a este país. La segunda denegación consistió en una licencia individual de exportación al equipo de tiro deportivo de las Fuerzas Armadas de Myanmar de 20 pistolas de tiro deportivo por valor de 27 000 euros en aplicación del


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criterio I, por embargo de la Unión Europea, de 29 julio de 1991. Y dos licencias individuales de exportación a Israel de 10 cañones para desarrollo de rifles y 17 direcciones de tiro para carro de combate para sendas empresas públicas de defensa israelíes por valor conjunto de 1,9 millones de euros. El criterio empleado fue el IV de la oposición común, que es la situación regional.

A continuación, señorías, pasaré a detallar las cifras de las operaciones de exportación de otro material, que comprende, de un lado, el material policial y de seguridad y, de otro, las armas de caza y deportivas. Por lo que respecta a las operaciones realizadas de material policial y de seguridad, lo exportado ascendió a 6,9 millones de euros. Las exportaciones realizadas supusieron un 68,1% de lo autorizado en el mismo periodo -el total autorizado fueron 10,3 millones de euros-. Los destinos fueron Omán, con 4,4 millones de euros y un 62,6% del total; Túnez, con 2,6 millones de euros y un 37,4%, y Perú, con 130 de euros. En lo relativo a las operaciones de armas de caza y deportivas -escopetas de caza, cartuchos y sus piezas y recambios-, las exportaciones realizadas ascendieron a 48,9 millones de euros. Lo realizado representó un 40,1% de lo autorizado, 122,3 millones de euros en este periodo. Los destinos principales fueron Japón, con 6,1 millones de euros y un 12,4%; Estados Unidos, con 5,8 millones de euros y un 11,8%, y Ghana, con 4,2 millones de euros y un 8,6%. Las operaciones restantes estuvieron repartidas entre 62 destinos. Un 75,2% de estas exportaciones correspondió a cartuchos de caza, un 9,5% a pólvora, un 7,8% a vainas, un 5,2% a escopetas y finalmente un 2,3% a pistones. No hubo denegaciones de exportaciones de otro material en 2017.

Señorías, paso ahora a resumir los principales datos de las exportaciones realizadas en 2017 de productos y tecnologías de doble uso, es decir de productos o tecnologías que tienen en principio un uso civil pero que después pueden tener otro uso militar o incluso llegar a ser desviados a programas de fabricación de armas de destrucción masiva. Dichas exportaciones experimentaron un descenso de un 6,1% respecto del año anterior, con un valor de 249,6 millones de euros frente a 265,9 millones de euros en el año anterior. Las exportaciones realizadas representaron un 84,5% de las operaciones autorizadas, ascendiendo estas a 295,3 millones de euros. El primer destino en importancia de las exportaciones españolas fue Estados Unidos, con 105,3 millones de euros y un 42,2%, destacando como principal operación el envío, por un valor de 84,8 millones de euros, del satélite Paz para su lanzamiento el 22 febrero de 2018 desde la base aérea de Vandenberg, en Estados Unidos. La República Popular China fue el segundo destino más significativo, con 28,3 millones de euros y un 11,3%. Los principales envíos a la República Popular China consistieron en sistemas de control numérico para los sectores de la automoción y medioambiente, máquinas herramienta para los sectores de automoción, energía eólica y aeronáutica, fibra de carbono para el sector aeronáutico, así como equipos y componentes electrónicos para satélites y el sector de las telecomunicaciones. Hubo también exportaciones realizadas a los territorios Hong Kong, por valor de 554 787 euros, y Macao, por valor de 35 934 euros. El porcentaje restante, un 25%, estuvo muy distribuido entre 60 países de diversas áreas. En el año 2007 las ventas se concentraron fundamentalmente en las categorías de sistemas de propulsión, vehículos espaciales y equipos relacionados, con 88,9 millones de euros y un 35,6%; tratamiento de los materiales, con 70,1 millones de euros y un 28,1%, y telecomunicaciones y seguridad de la información, con 56,2 millones de euros y un 22,5%.

Las denegaciones de licencias de exportación de productos y tecnologías de doble uso en el año 2017 afectaron a cinco operaciones. Dos licencias individuales de exportación a sendas empresas privadas en Pakistán de dos máquinas de electroerosión para los sectores de la automoción y agrícola por valor de 349 556 euros y 2,5 toneladas de ácido sulfámico por valor de 16 200 euros. Fueron denegadas por la existencia de riesgo de desvío a un programa de proliferación de misiles. Una licencia individual de exportación dirigida a una empresa privada en Rusia incluyendo repuestos para dos centros de mecanizado destinados al sector del transporte ferroviario por valor de 120 345 euros, que se denegó debido al embargo de la Unión Europea de 31 de julio y 8 de septiembre de 2014 y el riesgo de desvío a un uso militar. Una licencia individual de exportación a una universidad privada en Irán de un sensor solar para un sistema de navegación de vehículos aeroespaciales por valor de 19 589 euros. Fue denegada por riesgo de desvío a un programa de misiles. Y una licencia individual de exportación al Consejo de la Presidencia de Libia de 6 helicópteros UAV equipados con cámara, tres estaciones de tierra y seis juegos de repuestos. Fue denegada por la existencia de sendos embargos de Naciones Unidas y de la Unión Europea de 26 y 28 de febrero de 2011 respectivamente y estar uno de los componentes de los UAV listado en las sanciones.


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Como conocen sus señorías, los productos de doble uso no incluidos en las listas del Reglamento del Consejo Europeo número 428/2009, de 5 de mayo, están exentos en principio de autorización de exportación. Sin embargo, hay dos supuestos en que estos productos pueden ser sometidos excepcionalmente a autorización de exportación por los Estados miembros bajo el nombre de 'cláusula catch-all': cuando existe un posible riesgo de desvío a programas de fabricación de armas de destrucción masiva o cuando el país de destino esté sometido a un embargo de armas y los productos vayan a tener un uso final militar. Cabe decir que la 'cláusula catch-all' fue aplicada en 2017 en siete casos, consistentes en una exportación a Irán de una máquina fresadora por riesgo de desvío a un programa de misiles, dos exportaciones a Rusia de asistencia técnica y de repuestos destinados a dos centros de mecanizado por riesgo de desvío a un uso militar, dos exportaciones a Pakistán de dos máquinas de electroerosión y 2,5 toneladas de ácido sulfámico por riesgo de desvío a un programa de misiles, y dos exportaciones a la República Popular China de dos unidades de software para la construcción de buques por la existencia de un embargo de la Unión Europea de 27 de junio de 1989 y también por un posible uso militar.

En 2017 fueron desestimados tres recursos de alzada referidos a dos denegaciones en diciembre de 2012 y junio de 2016 de sendas exportaciones a Pakistán de equipos de inspección de tubos generadores de vapor por corrientes inducidas y de un sistema de medición de coordenadas, y una denegación en marzo de 2016 de una exportación a Rusia de un centro de mecanizado. Y se hizo llegar a la Administración de Justicia del País Vasco un dictamen pericial relativo a dos exportaciones a India de cinco tornos. Asimismo, en el año 2017 hubo una sentencia condenatoria del juzgado de lo Penal número 28 de Madrid a una persona física española por delito de contrabando en la exportación a Irán en mayo de 2007 de 500 tubos intensificadores de imagen.

Los datos que he expuesto con anterioridad se refieren al año 2017 y corresponden a operaciones que fueron autorizadas por otro Gobierno. En los meses de junio y julio, las nuevas autoridades de control han aplicado unos criterios estrictos también en el análisis de las solicitudes de exportación. Este Gobierno es plenamente consciente en ese sentido de que hay que estar especialmente vigilantes y aplicar el mayor rigor exigible en aquellas operaciones que tengan como destino áreas en conflicto.

Señorías, les expondré ahora los criterios aplicados en la evaluación de las exportaciones a algunos de los países considerados de especial sensibilidad. Con esta parte del informe se da respuesta a la proposición no de ley sobre las exportaciones de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso a países donde se violan los derechos humanos y cometen o facilitan una violación grave del derecho internacional. Esta proposición no de ley se presentó por el Grupo Parlamentario Mixto, PDeCAT, el 14 de septiembre de 2017 y fue aprobada el 28 de febrero de 2018. En esta proposición no de ley se instaba al Gobierno a presentar un informe ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, antes de finalizar el año, en el que se detallen los criterios seguidos hasta la fecha a la hora de evaluar el riesgo antes de proceder a la autorización de operaciones con destinos preocupantes, aquellos en conflicto armado, con grave inestabilidad interna o en los que se sospeche que se producen violaciones de derechos humanos, así como información detallada en relación con dichas operaciones.

La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, ha supuesto un paso decisivo en la mejora de los controles y de la transparencia en este comercio, contribuyendo a que dichos controles se ejerzan de forma eficaz. El comercio exterior de material de defensa y de doble uso está regulado en el ámbito internacional, existiendo armas prohibidas (que son las químicas, biológicas, nucleares, minas antipersonales y municiones de racimo) y países sometidos a embargos de Naciones Unidas, Unión Europea y OSCE en la exportación de armamento y en doble uso. En esta última vertiente hay cinco países embargados: Irán, Corea del Norte, Siria, Rusia y Myanmar. En el sistema nacional de control, el órgano encargado de informar con carácter preceptivo y vinculante las exportaciones e importaciones de este tipo de productos es la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (JIMDDU), cuya presidencia tengo el honor de ostentar. Sobre este informe, corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio finalmente autorizar o denegar las operaciones planteadas.

A la hora de informar en 2017 aquellas operaciones consideradas sensibles, la JIMDDU llevó a cabo un análisis caso por caso de las mismas, aplicando los siguientes parámetros: respeto de los embargos vigentes de Naciones Unidas, Unión Europea y OSCE (mencioné antes cuáles eran estos países); cumplimiento de los compromisos asumidos en los foros internacionales de control y no proliferación en los que España participa; aplicación de los ocho criterios de la posición común; aplicación de los criterios


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del documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras, de 24 de octubre de 2000, y adopción de principios restrictivos en la aprobación de exportaciones a determinados países inmersos en una situación de conflicto interno o regional. Asimismo, la JIMDDU condicionó en el año 2001 la autorización de las exportaciones de arma pequeña y ligera a países con una especial sensibilidad o en los que existiese riesgo de desvío en el uso final de que el destinatario o usuario final tuviese una naturaleza pública, como fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde diciembre de 2001 están prohibidas las exportaciones de determinados dispositivos restrictivos del movimiento de los seres humanos, tales como grilletes para pies y cadenas para cintura. Cabe decir además que España se encuentra entre el reducido número de Estados parte de las convenciones que prohíben el comercio exterior de minas antipersona, de municiones de racimo y de ciertas armas convencionales de efectos especialmente nocivos.

En cuanto a los destinos de especial preocupación, permítanme señalar los siguientes. Irán. Las exportaciones realizadas a Irán sufrieron una disminución considerable, del 83,7%, materializándose en 2017 en 5,9 millones de euros frente a 36,2 millones de euros en 2016. En 2017 los envíos se materializaron fundamentalmente en válvulas en acero inoxidable y repuestos para las industrias del petróleo, gas y petroquímica, sustancias plásticas para el sector de automoción, un biorreactor de laboratorio para el sector farmacéutico y un software para modelado y simulación destinado al control aeronáutico. De estas exportaciones, tres de un total de 27 licencias fueron el resultado de la aplicación en años anteriores y en 2017 de la llamada 'cláusula catch-all', artículo 4 del Reglamento del Consejo Europeo 428/2009. El uso de esta cláusula por las autoridades españolas significa que las operaciones son estudiadas detenidamente y no quiere decir que las licencias vayan a ser denegadas de forma automática; de hecho, la mayoría de estas operaciones han sido autorizadas después de ser sometidas a un control riguroso. Hay que recordar que el 16 de enero de 2016 entró en vigor el acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y el grupo de países 5+1, que son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que se suma Alemania. Este acuerdo se denomina como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que incluyó el levantamiento de algunas sanciones a cambio de mayor transparencia por parte del Gobierno iraní. El acuerdo fue ratificado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su Resolución 22/31, de 20 de julio de 2015. No obstante, las medidas restrictivas se mantienen para las exportaciones de armamento por un periodo de cinco años y las del programa de misiles por ocho años. Las exportaciones de equipos y productos relacionados con el programa nuclear civil pasan a estar sometidas a una autorización previa del Consejo de Seguridad, además de requerir autorizaciones nacionales.

Por otra parte, el presidente Trump tomó la decisión el pasado de 8 mayo consistente en el cese de la participación de Estados Unidos en el acuerdo nuclear con Irán mencionado y la reactivación de las sanciones unilaterales de este país en un plazo de 180 días. Entre dichas sanciones, las de mayor impacto para España y las empresas españolas se centran en los sectores del petróleo, financiero y aeronáutico, debiendo tener en cuenta, además, la posible aplicación del principio de extraterritorialidad por parte de la Administración estadounidense en el caso de relaciones comerciales o financieras de empresas de otros países con Irán.

Por lo que respecta a Rusia, conviene recordar la adopción de medidas restrictivas por parte de la Unión Europea el 31 de julio y el 8 de septiembre de 2014. Estas medidas se tradujeron en un embargo a la exportación e importación de armas y material relacionado y a la exportación de productos de doble uso. Las sanciones no se aplican de forma retroactiva, puesto que incorporan una cláusula de salvaguardia aplicable a contratos o acuerdos celebrados antes de la fecha de entrada en vigor de estas normas. En la vertiente del material de doble uso las sanciones no se aplican al sector aeronáutico civil ni a la industria espacial, siempre que el uso y usuarios finales no sean militares. Las exportaciones tanto en material de defensa, como en otro material y en doble uso se acogieron a las exenciones previstas en las sanciones de la Unión Europea de 2014, a la exportación e importación de armamento y a la exportación de doble uso. Lo exportado consistió en un rifle de caza con destino a una armería y en doble uso se exportó, por valor de 3,7 millones de euros, sustancias químicas para análisis en laboratorios y la producción de pasta dental, medidores de presión para sector farmacéutico, máquinas y herramientas para los sectores de automoción y de generación de energía, equipos electrónicos para satélites y el sector de las telecomunicaciones.

En relación con la situación del conflicto en Yemen, déjenme asegurarles que el empleo final del material de defensa y de doble uso que se produce nuestro país, en particular el material letal, es la preocupación esencial de la JIMDDU. Nuestro país cuenta con uno de los sistemas de control de


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exportaciones más rigurosos y exhaustivos del mundo, cubre veintidós categorías de armas y regula incluso el comercio de municiones. Este sistema ha servido de modelo, de hecho, para los controles de exportaciones en otros países y en particular los que se aplican en los países de Iberoamérica. En las exportaciones a los países que integran la Liga Árabe se procedió a reforzar la existencia de garantías de uso final a raíz del golpe de Estado en Yemen y la intervención de la coalición de la Liga Árabe en dicho país. Las garantías establecidas en los modelos de certificado de último destino fueron ampliadas en octubre de 2016 con la exigencia del compromiso de no utilización fuera del territorio del país -lo que llamamos un certificado de último destino reforzado- en las exportaciones con destino a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Cabe recordar que los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de Naciones Unidas o de la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios. De hecho, en la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en 2015, se establece un embargo de armas a una serie de personas y entidades involucradas en el golpe de Estado en Yemen contra el Gobierno legítimo de ese país ocurrido desde septiembre de 2014 a febrero de 2015, pero no a los países citados y fija el mandato que hace posible la intervención de la Liga Árabe en dicho país.

No obstante, en la próxima reunión de la JIMDDU de este mes de septiembre está previsto plantear una mejora de la política de exportación a aquellas zonas en conflicto del armamento considerado más sensible, como es el material letal y las municiones de todo tipo. Esta mejora tendrá en cuenta las aportaciones de los seis departamentos representados en la JIMDDU, también los recientes informes de Naciones Unidas -como el de agosto-, así como la muy completa y relevante información suministrada por las organizaciones no gubernamentales que participan en la campaña "Armas bajo control" que me hicieron llegar en el encuentro que tuve con ellas esta misma semana. Asimismo, desde la Administración española se está profundizando en la puesta en funcionamiento de mecanismos alternativos no solo para dar respuestas administrativas a este tipo de situaciones, sino para poder cercenar las causas mismas de los conflictos a través de instrumentos ligados también a la ayuda al desarrollo. Lo exportado en 2017 a los países de la coalición de la Liga Árabe, que aparece reflejado en el informe, tuvo un valor en conjunto de 450 millones de euros y consistió, básicamente, en un avión de transporte, por un importe de 55,5 millones de euros; repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, aviones de combate, entrenamiento y transporte de fabricación española UAV; munición de artillería y de arma ligera; recambios para carros de combate de fabricación francesa y estadounidense; equipos para sistemas de vigilancia perimetral; equipos para cámaras de infrarrojos, y equipos alertadores y de contramedidas de electrónica radar.

Otro paso más en aras de poder contar con unos controles más eficaces de las exportaciones dirigidas a áreas en conflicto es el referido a un instrumento de verificación en destino. La exportación de material de defensa es una tarea tan sensible desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos que no basta con contar con un sistema sólido y eficaz como el que ya tenemos; necesitamos actualizarlo y mejorarlo de forma constante. Para ello, en el marco de la JIMDDU se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que se está encargando de diseñar un sistema de verificación ex post, el cual permitirá controlar el empleo del material que se exporte cuando surja alguna duda sobre su destino final. El control ex post es un instrumento innovador y aún son muy pocos los países en el mundo que cuentan con él. Podemos citar a Estados Unidos, Suiza y Alemania, que ya lo tienen, y a Suecia y Países Bajos, que estudian su implantación. Es importante tener en cuenta que para aplicar este instrumento será necesario realizar una modificación del Real Decreto 679/2014. Esta modificación se va a plantear con carácter urgente, una vez hayan finalizado los trabajos del grupo. España será pionera, junto con los países citados, en la implantación de la verificación ex post y no solo eso, sino que además trataremos de impulsar su adopción por todos los países de nuestro entorno. Contaremos así con una exigencia adicional en nuestras exportaciones a determinados países en situaciones más sensibles. Pero, insisto, nuestra principal garantía es aquella con la que ya contamos, con la que se viene trabajando, que es la evaluación rigurosa y exhaustiva de la JIMDDU en la aplicación de la normativa vigente cada vez que una licencia presenta la más mínima duda en términos derechos humanos.

En lo concerniente a las exportaciones a Egipto, las conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores para la Unión Europea en agosto de 2013 se referían a la suspensión de las licencias de exportación de cualquier equipamiento militar que pudiera ser utilizado en la represión interna. Desde entonces, España no ha autorizado ninguna operación de exportación de este tipo de productos a Egipto.


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La mayoría de países de la Unión Europea ha reanudado la colaboración con Egipto y la concesión de autorizaciones destinadas a la lucha contra el terrorismo en la península del Sinaí y la mejora de la vigilancia de las fronteras, especialmente de la frontera con Libia. A Egipto se exportaron en 2017, por valor de 12,6 millones de euros, partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española; piezas de paracaídas; partes y piezas de corbetas; recambios para vehículos de transporte blindados y maquinaria; recambios, accesorios y equipos de ensayo relacionados con la fabricación y reparación de cadenas de tanques, así como una pistola para un particular.

En el caso de Irak, en la segunda mitad de 2014 hubo un cambio significativo en la política de exportación española por la aparición del Daesh. Se pasó a autorizar envíos de material de defensa para el Gobierno iraquí en apoyo de su lucha contra el Daesh, en aplicación de las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de agosto de 2014. Esas conclusiones respaldaban la decisión de algunos Estados miembros de responder a la petición de los Gobiernos del Kurdistán e iraquí de material militar. Por ello, a finales de 2014 se aprobaron ocho licencias de exportación a Irak, por importe de 95,8 millones de euros. Las exportaciones destinadas al Ministerio de Defensa iraquí incluían, entre otros, 25 vehículos blindados equipados con un brazo robot de desminado, granadas de mortero y munición. Parte de estas exportaciones se materializaron entre 2015 y 2017; concretamente, en el último año citado se exportó, por valor de 33,3 millones de euros, munición para arma ligera.

Les hablaré ahora del Israel, país con el que se ha seguido una línea de actuación especialmente vigilante desde enero de 2001, a raíz de la segunda Intifada. Desde entonces, no se ha autorizado la exportación definitiva de ningún armamento ni equipo que resultasen letales, salvo munición para pruebas. Tampoco se han autorizado exportaciones de equipos susceptibles de ser empleados como material antidisturbios por parte de las Fuerzas Armadas. Las exportaciones e importaciones de material de defensa con este país se derivan en gran medida de acuerdos y convenios firmados entre ambos ministerios de Defensa, fundamentalmente en el desarrollo de programas de cooperación en el ámbito militar. Lo exportado en material de defensa a Israel en el año 2017, por valor de 1,4 millones de euros, consistió en sistemas electroópticos de vigilancia, observación y detección de blancos con destino a una aeronave de un programa de cooperación europeo, el Eurofighter; equipos para el motor de helicóptero Tigre del Ejército del Aire español; arbotantes para buques patrulleros; navegadores para equipo obús sobre camión autopropulsado con destino a las Fuerzas Aéreas de Tailandia y munición de artillería para pruebas internas por parte de empresas públicas de defensa de Israel, con el propósito de realizar demostraciones ante Gobiernos de terceros países de cara a una eventual venta posterior. En la vertiente de doble uso, se exportó por valor de 4,1 millones de euros, siendo los principales envíos sustancias químicas para el tratamiento de superficies metálicas en el sector industrial, en el sector químico y su uso y análisis en laboratorios; un sistema de inspección por ultrasonidos para el sector de la defensa; tarjetas electrónicas de procesado de imágenes para ser incorporadas en equipos destinados a bienes militares de España y de otros países, como Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, República Checa, Brasil, Chile, Colombia y la India; circuitos integrados y módems para el sector de las telecomunicaciones; hardware y software de control de vuelo para el sector aeronáutico, y nueve helicópteros no tripulados con estación de control para los sectores de la agricultura y de vigilancia y seguridad.

Aunque casi todos los países de nuestro entorno han aplicado políticas muy cautas a la hora de autorizar envíos de armamento a Israel, no se ha llegado a plantear en el seno de la Unión Europea la imposición de un embargo a la exportación de material militar. De hecho, Israel es un socio estratégico para la mayoría de países de la Unión Europea desde el punto de vista de la colaboración en temas de defensa e inteligencia, autorizándose exportaciones de manera regular y no siguiendo un criterio tan estricto como el que sí aplicamos en España.

En cuanto a Venezuela, las sanciones de la Unión Europea entraron en vigor el 14 de noviembre. Las medidas adoptadas se concretan en: prohibiciones a la entrada en el territorio de la Unión Europea, la congelación de haberes y el establecimiento de un embargo a la exportación de armas, material de represión interna y equipos de vigilancia. Estas fueron ampliadas el 22 de enero y el 25 de junio 2018, con la aprobación de sendas listas de siete y once personas sometidas a sanciones. Es importante señalar que España propuso y consiguió que se incluyese una cláusula de salvaguardia para los contratos existentes, similar a la que figura en las sanciones a Rusia. De esta forma, se podrán seguir realizando envíos con cargo a aquellos contratos que tuviesen una fecha anterior al 13 de noviembre y siempre que hubiesen sido comunicados a las autoridades de su Estado miembro. Hay que decir que solo hay cuatro empresas españolas con contratos en vigor. España decidió suspender el 21 de marzo de 2014 todas las


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licencias de exportación de material antidisturbios y caza a este destino que se encontraban en vigor debido a la situación interna existente. La suspensión abarcó quince licencias de material antidisturbios y una licencia de cartuchos de caza, pero no se extendió a las licencias vigentes de material de defensa relacionadas con equipos para los ocho patrulleros entregados por nuestro país entre 2010 y 2012, ni a componentes y recambios destinados a vehículos o aeronaves. Desde esa fecha, no se ha autorizado ninguna nueva operación de productos o equipos que pudieran ser utilizados en represión interna. Las operaciones autorizadas con cargo a dichos contratos desde noviembre de 2017 hasta la actualidad han consistido en una licencia en el mes de diciembre de una rectificación de licencia de exportación referida a servicios de mantenimiento y reparación para dos helicópteros y otra, en enero, de repuestos y partes para un proyecto de repotenciación y modernización de carro de combate de origen francés. Asimismo, han sido autorizadas cuatro licencias a Brasil para la reparación de uno de los patrulleros y su posterior reexportación a Venezuela. Por lo que respecta a las exportaciones realizadas en el año 2017, estas supusieron 3,4 millones de euros en repuestos y partes para modernización de vehículos blindados de fabricación francesa; bloques para la construcción de un buque de vigilancia del litoral; partes, piezas y herramientas para una avioneta, y sistemas electroópticos.

En lo relativo a las exportaciones a Tailandia, no se han autorizado envíos de equipos de posible uso en represión interna desde el golpe de Estado de mayo de 2014. Un elevado porcentaje de las operaciones realizadas en 2017 ha tenido como usuarios finales a la Marina y a la Fuerza Aérea, en sintonía con la política de exportación adoptada por los países de la Unión Europea. En 2017, se exportó, por valor de 42,8 millones de euros: un avión de transporte; partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española; munición antiaérea y de artillería para las Fuerzas Armadas y la Marina; bloques de explosivo; un dispositivo de medidas acústicas y magnéticas para buques, y sistemas de visión nocturna.

Hay que indicar que no hubo exportaciones a Nicaragua de material de defensa o policial en 2017. En el período 2009-2016 fueron autorizadas once licencias de diversos equipos policiales y antidisturbios con destino a la Policía Nacional. Ninguna de estas licencias se encontraba ya en vigor en julio de 2017 y las existencias de los equipos de origen español estaban agotadas al comienzo de la represión habida en los últimos meses. La situación en estos momentos sigue siendo muy volátil y no se descarta como posible escenario un empeoramiento de la situación, que podría derivar en un conflicto civil generalizado. Por todo ello, resulta totalmente desaconsejable en estos momentos autorizar el envío de material de ningún tipo que pueda permitir que continúe un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Nicaragua.

Por último, algunos grupos solicitaron en la comparecencia de 2017 que se pudiese promover una mayor transparencia en el comercio de estos productos, estableciendo para ello un contacto directo entre la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y el JIMDDU, para un mejor conocimiento de su funcionamiento y un mayor intercambio de información. Atendiendo a su petición, puedo sugerir a sus señorías la organización de una sesión informativa con miembros del citado órgano, de la JIMDDU, y del departamento de control de esta secretaría de Estado antes de que termine el año y que, de hecho, esto se convierta en un canal de información fluido y con una frecuencia regular, que podría ser entre una y dos veces al año.

Señorías, espero que toda esta información haya podido ser de utilidad. Solo me queda agradecerles la atención prestada y ponerme a su disposición para contestar a las preguntas que deseen formular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.

Vamos a iniciar el turno de intervenciones de los portavoces, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. Como los grupos parlamentarios tienen diez minutos, se van a repartir, amigablemente, el tiempo entre los dos intervinientes. Tiene, en primer lugar, la palabra el señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, presidente.

Señora Méndez, buenos días. Compromís, la formación a la que representó, aplaude y felicita al Gobierno por la decisión que adoptó de frenar la venta de bombas a Arabia Saudí, pero, evidentemente, esta decisión nos parece insuficiente. El contrato que ahora se ha suspendido supone un importe de 9,2 millones de euros. Es un buen inicio, insisto, pero lo que hace falta es suspender totalmente las exportaciones de armas a este país, porque todos sabemos la situación en que se encuentra, todos sabemos que hay un conflicto bélico en Yemen y todos sabemos el uso que se le está dando a estas


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armas. Por tanto, abogamos por la suspensión inmediata, el embargo de las ventas de armas a Arabia Saudí. En ese sentido, Compromís ya presentó, el 13 de abril de este año, una proposición de ley en esta Comisión, en la que instábamos al anterior Gobierno a que adoptara una serie de medidas, entre ellas esta que le comento, el embargo de la venta de armas a Arabia Saudí, así como la promoción activa de la universalización del Tratado sobre Comercio de Armas. Esta proposición no de ley -cuando acabe la comparecencia se la entregaré, para su conocimiento- debería ser la base sobre la cual se adoptase una política firme de control de lo que se está haciendo con países como Arabia Saudí, que es el quinto cliente de España en exportación de armas. Si no me equivoco, a cierre de 2017, las ventas que se hicieron a ese país subieron a un montante de 270 millones de euros. Esto nos preocupa mucho. Además, nos gustaría que el Gobierno adoptara ya el acuerdo que, en noviembre del año pasado, aprobó el Parlamento Europeo, por el cual se instaba a los Estados miembros a embargar expresamente la venta de armas a Arabia Saudí. Esta resolución del Parlamento Europeo ya se ha adoptado por otros países de la Unión Europea como Suecia o Alemania y nos gustaría que España se sumara en breve. Nosotros esperamos que el anuncio realizado por este Gobierno no se quede en acciones puntuales o estéticas, sino que, efectivamente, aprovechen su paso por el mismo para cumplir con la legislación vigente y reforzar no solo los controles gubernamentales, sino también la transparencia, ofreciendo la participación de la sociedad civil y teniendo en cuenta su opinión, así como para mejorar, como usted ha apuntado, el canal de comunicación con este Parlamento.

Dicho esto, me gustaría plantearle algunas cuestiones muy concretas, que le rogaría que me contestase. En primer lugar, ¿por qué no se han cuestionado los restantes contratos de ventas de armas suscritos con Arabia Saudí? Se ha suspendido uno, cuyo importe no llega a suponer el 1% del total vendido a ese país, pero nos gustaría saber por qué el resto de contratos no han quedado igualmente suspendidos. En segundo lugar, también quería preguntarle si el Gobierno esta en situación de asegurar que las restantes armas que sí se han vendido a Arabia Saudí y que sí se han transportado a ese país no serán utilizadas con vulneración de la vigente normativa exportadora. En tercer lugar, también me gustaría preguntarle si puede asegurar que las corbetas pendientes de fabricación y entrega a Arabia Saudí no serán utilizadas para atacar desde el mar a las poblaciones costeras yemeníes, cosa que sabemos que ha ocurrido en diversas ocasiones con otros buques. En cuarto lugar, me interesa saber cuáles son las garantías concretas con las que ustedes cuentan para asegurarnos que Arabia Saudí no recibirá, por vía indirecta de terceros países, armas españolas susceptibles de causar estragos entre la población civil. Y también me preocupa la venta que se hace a otros países que también señaladamente están utilizando las armas contra población civil. En ese sentido, podría mencionar varios ejemplos, pero por brevedad me voy a centrar en uno. ¿Piensa el ministerio cuestionar la venta de armas a Marruecos, dado su posible uso en la creciente represión de la población civil saharaui que se está aplicando en los territorios ocupados? ¿Considera el Gobierno que la venta de munición a Marruecos no crea un clima de preguerra perjudicial para mantener la estabilidad en el territorio del Sáhara Occidental?

Esto sería todo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMÉNDARIZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente. Bienvenida a esta Comisión, secretaria de Estado. Quisiera empezar con dos conclusiones, tras su intervención, que creo que son evidentes. Una es que daría la sensación, por sus palabras, de que el marco normativo español que afecta a la venta y control de material de armamento es un marco normativo suficiente. Sería mejorable, es verdad -usted lo ha dicho-, pero creo que es suficiente. De hecho, no genera gran polémica en esta casa, me refiero al marco como tal. Es decir, que es un mercado subsidiario y tutelado, pero en el que el control de las operaciones es muy importante; hay muchos ojos de la Administración puestos para que las cosas se hagan bien. Por tanto, en las autorizaciones hay muchísimos pasos y muchísimos hitos para que al final se controle el destino de este tipo de material. Esa es la conclusión que podemos compartir todos. La segunda, que viene de la descripción de los datos de este año, es que la industria armamentística española se ha comportado bien. No sé si uno se puede felicitar porque la industria armamentística crezca un 7% de 2016 a 2017, pero lo cierto es que habla bien de un mercado español que está ahí; es un sector que está ahí. Hablamos de más de 4000 millones de euros de exportaciones. Por tanto, ahí hay un debate sobre si uno puede o debe defenderla o si quiere defender que no exista. En esa materia cada grupo tomará su decisión. Yo creo que


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debemos defenderla y, por tanto, debemos actuar para que pase eso, es decir, para que las normas permitan un uso controlado de este mercado, de estas ventas, y, por otro lado, para que desde la Administración se ayude a que la industria armamentística vaya mejor. Esos parámetros son, al menos, los que yo aceptaría.

Tenemos una buena industria; hay que felicitar a toda esa gente, miles de personas que trabajan todos los días, que se levantan, abren la persiana y van a trabajar a muchas empresas para hacer las cosas bien, y lo hacen en un mundo competitivo, más allá de cuál es al final el destino. Lo cierto es que nosotros, como Administración, tenemos que tomar partido en la medida en la que controlamos que esto sea un mercado y que intentemos garantizar al máximo posible cuál es el destino final de las armas. Hablamos de material de defensa, pero no deja de ser un eufemismo porque también podríamos llamarlo material de ataque. La mejor defensa es un buen ataque, el mundo es así de complejo. Nosotros haríamos bien -y a usted le toca esa responsabilidad- si en cada caso, tanto para autorizar como para revocar o como para suspender, siguiéramos los protocolos, respetáramos la ley. Creo que eso es lo importante y esa es su mayor responsabilidad. Por tanto, en cada una de las decisiones que usted vaya a tomar debemos verificar -como se decía por el anterior interviniente- las razones por las que en un momento determinado el Gobierno puede llegar a revocar, suspender o paralizar las circunstancias que motivaron la concesión de una autorización. Creo que eso es importante. A usted y a su departamento les toca verificar qué condiciones se dan para mover una situación contractual anterior, y luego, sin duda, si creemos que la industria armamentística es un valor en nuestro país, hay que prever de alguna manera los daños, los efectos y los riesgos que conlleva una decisión en este campo, en esta industria.

Yo no soy experto en esta materia, pero creo que estos días se está hablando con un cierto desconocimiento de una decisión que ha tomado el Gobierno. Creo que no ha explicado suficientemente cuáles son los análisis que han hecho previos a la toma de esta decisión, lo que, efectivamente, permite las preguntas que se les ha hecho anteriormente; es decir, ¿lo que han hecho a un nivel moderado y pequeño lo van a extender y va a afectar al puerto de Cádiz de una manera trascendente? Porque es lo que está encima de la mesa. Esta mañana he oído al portavoz de un importante partido de esta Cámara decir que en Cádiz, en vez de buques, hay que fabricar móviles. Si le puedo pedir algo, es que seamos todos muy prudentes, más prudentes de lo que algunos lo han sido estos días, porque las decisiones en este mercado tan sensible afectan, al final, a muchas personas, a muchos españoles que también pueden ver en riesgo sus trabajos.

En todo caso, yo no le envidio porque es un dilema difícil de resolver, pero sí le pido que siga los protocolos, que tome las decisiones con todas las garantías y con todos los ojos puestos en acertar en esas decisiones. Muchas gracias por su exposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, secretaria de Estado, por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha dado respecto al estado de la cuestión, tomando como documento base el que remitieron a esta Cámara en relación con la actividad tanto de licencias y autorizaciones como de exportaciones en el año 2017. Comparto con usted que, efectivamente, los ejes en esta materia que están establecidos en la Ley 53/2007 son, como su propio nombre indica, el eje de control y el eje de transparencia. En cuanto al eje de control, nos ha explicado usted qué operaciones hay de control ex ante y de control ex post. Y nos satisface ese anuncio de modificación del desarrollo de la ley para aquellas exportaciones o licencias a países preocupantes, es decir, que haya un control reforzado. Creo que lo ha llamado exactamente un certificado de último destino reforzado. Quiero manifestarle, en principio, nuestra satisfacción con la idea.

Al pasar de los relatos normativos a la realidad es de donde pueden venir las crisis, en qué medida un hecho podemos subsumirlo en una realidad. Pero antes quisiera comentarle que el informe que nos ha remitido no nos ha satisfecho plenamente en cuanto al grado de cumplimiento de las recomendaciones que hizo esta Cámara el año pasado por estas mismas fechas, con ocasión de las propuestas de resolución del informe del año precedente de licencias y exportaciones. No compartimos las valoraciones ministeriales en el último cuadro que manda respecto del grado de cumplimiento, porque sí es cierto que se ha aumentado la transparencia, pero hay determinadas recomendaciones de esta Cámara -decía que uno de los ejes es la transparencia- que no tienen plena satisfacción. Tampoco se ha incrementado la exigencia en los análisis de riesgo en los términos concretos que sugería esta Cámara. Se ha aumentado


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algo, pero no con todas las recomendaciones y todos los ítems que se sugerían. Como tampoco se ha dado satisfacción a la demanda que se aprobó en esta Cámara de establecer un control parlamentario no solo ex post sino también previo. Y sí se anuncia la reforma de este decreto, pero tampoco se ha cumplido plenamente un incremento de los medios humanos y materiales no solo para hacer la evaluación del riesgo, como proponía esta Cámara, sino también para el adecuado control del uso realizado por el destinatario final.

Con respecto a la transparencia, usted ya ha manifestado que no se ha cumplido, pero yo quiero incidir en el secretismo de las actas de la JIMDDU. Cierto es que hay un acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, como usted ha reflejado, pero nuestra recomendación no estaba dirigida a un órgano de la Administración sino que estaba dirigida al Gobierno. Por tanto, no nos vale como justificación que lo acordó el Consejo de Ministros. Esta Cámara se dirigía al Gobierno y el órgano colegiado del Gobierno es el Consejo de Ministros. Luego está la Administración y usted está en la Administración, pero era un mandato que se dirigía al Gobierno y que no se ha cumplido. Y tampoco se han puesto en marcha los mecanismos de consulta parlamentaria, si no en todos los casos, al menos, como ya se establecía en una de las propuestas de resolución, de aquellos casos más sensibles, como ocurre en los países más avanzados de nuestro entorno en esta materia: en Estados Unidos, Noruega, Suecia o Países Bajos, según una nota que tengo aquí, aunque supongo que serán más y que estarán explicitados en la propuesta. En este sentido tenemos que manifestar nuestra disconformidad con el grado de cumplimiento por parte de la Administración y el Gobierno de las recomendaciones que hizo el año pasado esta Cámara. Ya anuncio que por parte de este grupo volveremos a incidir -sin desconocer los avances, que los ha habido- en las propuestas de resolución de este año en todas aquellas recomendaciones a las que no se ha dado pleno cumplimiento.

No voy a entrar en detalle en cada una de estas recomendaciones incumplidas o cumplidas parcialmente. Me quiero centrar, para seguir la exposición, en la 20. Las 20 decía que se denegarán las exportaciones a países donde se violan derechos humanos y el derecho humanitario, a los implicados directamente en conflictos armados y que financien organizaciones terroristas, así como se suspenderán, en su caso, los contratos concluidos pero no entregados o perfeccionados con la entrega. Lo cual no era nada más que recordar el artículo 8 de la Ley 53/ 2007, que dice que se denegarán las solicitudes o se suspenderán y revocarán las ya concedidas en una serie de supuestos que voy a leer casi literalmente: cuando el material pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito regional, cuando puedan ser utilizados de manera contraria al respecto debido y la dignidad del ser humano, con fines de represión interna o en situación de violación de derechos humanos o por países con evidencia de desvío de material transferido constatado por organizaciones internacionales en las que participe España, por informes de órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, como recientemente ha sido el caso del informe de Naciones Unidas del mes de agosto, que usted ha citado, respecto a las presuntas violaciones por todas las partes en el conflicto de Yemen y también constatadas por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo del desarme y los derechos humanos. En definitiva, la regla de oro que todos conocemos, que es no vender armas para cometer atrocidades.

Usted, ya al final de su intervención, nos ha relatado los criterios aplicados en la exportación a países que usted llamaba preocupantes, una referencia genérica que me parece correcta. He ido explicitando una serie de países. El artículo 8 de la Ley 53/2007 establece que la revocación o suspensión de las autorizaciones requerirá la tramitación del oportuno expediente administrativo en el que se dará a audiencia al interesado, ajustándose a la Ley de Procedimiento Administrativo; es decir, una revocación necesita un procedimiento con audiencia al interesado. Ustedes nos han dicho ya qué licencias han revocado o suspendido en exportaciones aún no realizadas; las realizadas ya tendrán otro cauce. Me gustaría preguntarle qué procedimiento tienen abiertos en relación con países preocupantes, no digo resoluciones definitivas, que ya las conocemos, me refiero a los procedimientos que tienen abiertos en cumplimiento del artículo 8.3 de la Ley 53/2007. Es decir, nos hemos enterado por la prensa -no sé si se trataba de un acto administrativo porque había finalizado este procedimiento- de que iban a revocar la venta por 9 millones y pico -una venta ya realizada pero no entregada, no perfeccionada- de bombas pertenecientes al Ejército del Aire y me gustaría saber si este es un expediente en el que darán audiencia al interesado, si es ya el acto administrativo o han resuelto un expediente, y qué otros expedientes tienen abiertos o piensan abrir en cumplimiento del principio de precaución del artículo 8.1.a) de la Ley de Control de Comercio Exterior. No le estoy pidiendo, en definitiva, que me diga a qué países se les van a suspender


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o revocar licencias ya concedidas, sino simplemente a qué países, por los datos que tenemos, se les va a abrir un procedimiento -voy a llamarlo informativo- en cumplimiento del artículo 8.3. ¿O no piensan abrir ningún procedimiento?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Surra.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su exhaustivo informe. Ahora bien, ¿cómo explica usted que cuarenta y ocho horas después de paralizar una venta de armas a Arabia Saudí hayan salido de puertos españoles municiones y explosivos que pueden tener como víctima a la población civil yemení? ¿Va a seguir vendiendo armas o material de defensa o de doble uso a Arabia Saudí o se van a vender o no en función de si son producidas en España? ¿Va a mantener la venta de las cinco corbetas comprometidas a Arabia Saudita? ¿Van a continuar Corinna y el actual Rey haciendo de intermediarios de la industria armamentística española? Tal y como se demostró al propio Rey en la manifestación contra el terrorismo después de los atentados de Barcelona y Cambrils, la población catalana está claramente en contra de la venta de armas a países donde se pisotean los derechos humanos y se alimenta el terrorismo internacional. Sin embargo, el Estado español sigue vendiendo armas a estos países y, peor aún, la Administración pública actúa de intermediaria en estas ventas. Desde Esquerra Republicana de Catalunya hace años y años que criticamos que se vendan armas a estos países o que se exporten armas a países africanos en los que niños soldados se matan con armas españolas. Año tras año hemos realizado propuestas de resolución en tal sentido, las mismas propuestas de resolución año tras año, porque el Gobierno español, con el PSOE o con el PP, siempre ha tenido una misma política de exportación de armas.

Señora secretaria de Estado, este agosto solicitamos la comparecencia de la ministra de defensa para que nos explicara si iba a poner fin de una vez por todas a la exportación de armas a Arabia Saudita después de que este país asesinara a cuarenta niños y niñas en Yemen y para que nos detallara en qué iba a cambiar la política de exportación de armamento. Reconocemos el gesto simbólico de paralizar la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, pero esas cuatrocientas bombas es solo una mínima parte del armamento comprometido con Arabia Saudí. Si ustedes le siguen vendiendo armas, la paralización de las ventas de estas cuatrocientas bombas solo habrá sido una campaña de marketing del Gobierno del PSOE para intentar hacer ver que son diferentes al Partido Popular.

Señora secretaria de Estado, responda a las organizaciones de la campaña Armas Bajo Control: FundiPau, Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón, que directamente se preguntan en el título de este informe -que, según explicó usted, le fue entregado esta semana y creo que es este (muestra un informe)-: ¿Seguirá el nuevo Gobierno exportando armas a Israel y a la coalición encabezada por Arabia Saudí? El informe es extenso y tiene muchas preguntas. Usted debe reconocer acerca de este informe la gran labor que cada año hacen estas organizaciones para desenmascarar la hipócrita exportación de armas del Estado español, pese a las dificultades por la opacidad con que se producen y ante la cual le reivindicamos una mayor transparencia. Y usted debe conocer también que año tras año se ignoran las recomendaciones que estas organizaciones realizan para que se cumpla la ley. Conscientes de ello, las propias organizaciones, de entre todo el detallado informe en que se concretan decenas de violaciones de la Ley de Comercio de Armas, han decidido priorizar dos operaciones a las que hay que poner fin de forma inmediata: la exportación de armas a Israel y a Arabia Saudí. Por ello insistimos en la pregunta que le formularon las organizaciones y añadimos la que año tras año le formula Esquerra Republicana de Catalunya: ¿va a cumplir este Gobierno con la ley o va a continuar priorizando los intereses de la industria armamentística a los derechos humanos?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surra.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.

El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente. Gracias, señora secretaria de Estado, por su comparecencia.

Realmente esperábamos que nos distinguiera un poco entre lo que se ha hecho por el Gobierno del Partido Popular y lo que se ha hecho desde la entrada del Gobierno del Partido Socialista y, sobre todo,


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que nos explicara qué es lo que ha ocurrido con el contrato de Arabia y en qué fase estamos del procedimiento. En cualquier caso, esta comparecencia se produce en el marco de los acontecimientos que se están desarrollando a día de hoy, y esta mañana nos hemos desayunado con noticias que dicen que Arabia podría haber puesto fin al contrato de las corbetas y a otros contratos. No sabemos cuál es el alcance y me gustaría que nos explicara cuál es el grado de conocimiento del Gobierno sobre todo este tema.

Señora secretaria, desde Ciudadanos hemos insistido desde el año en que llegamos aquí, en 2016, insistimos hoy día y lo seguiremos haciendo en que la necesidad de que la actividad exportadora, tanto de material de defensa, como de armas, como de productos y tecnología de doble uso, deba sujetarse siempre al imperio de la ley y al ordenamiento internacional, especialmente en lo que afecta al respeto de los derechos humanos. Dicho esto, instamos también a la secretaría de Estado a que desarrolle su competencia en esta materia compatibilizando dos niveles, intereses o cuestiones: una, el respeto a los derechos humanos, y dos, la de garantizar, potenciar y armonizar el empleo que genera la industria en nuestro país, este empleo que se sujeta al control por parte de la secretaría de Estado.

En el caso de Arabia instamos a la secretaría y al Gobierno a que antes de cancelar los contratos -ya digo que no sabemos en qué fase están- exijan al país destinatario, en este caso a Arabia, garantías de que estas armas no van a ser empleadas contra la población civil. De esta forma, el Gobierno puede ahorrar a miles de ciudadanos españoles un daño innecesario en caso de que el país le dé esas garantías a la vez que se incrementan los controles sobre esas exportaciones. Y sobre este particular quiero llamarle la atención, señora secretaria, sobre las decisiones de su Gobierno en el primer aspecto, es decir, las consecuencias que tiene sobre el empleo, especialmente en zonas tan depauperadas por el empleo y la precariedad laboral como le pasa a la provincia de Cádiz, y en esta Comisión, como poco, somos tres los diputados por la provincia de Cádiz. Y lo cierto es que la última decisión de su Gobierno relacionada con esas bombas en el extremo que nos verifique a continuación ha generado -esto estaba escrito de ayer- una profunda intranquilidad en la Bahía de Cádiz y una gran incertidumbre. Eso fue a día de ayer, pero a día de hoy le puedo enseñar la foto de cortes de carreteras (muestra una foto con su móvil) porque los trabajadores de Navantia tienen más información que la que tenemos nosotros en esta Comisión. Solo el contrato de las corbetas -no del resto, que ya se ha dado la cifra aquí- asciende a 1800 millones de euros y, sobre todo, garantizaba 6000 puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz, una provincia donde, según la última tasa de desempleo, hay 139 215 personas desempleadas. Traía aquí preparadas para leerle manifestaciones del comité de empresa que ya han quedado desvirtuadas porque ya ha visto lo que hay. Ellos decían hace días que responderían de manera contundente si el contrato de las corbetas se frustra. Ellos tienen información de que ya se ha frustrado, no sé en qué grado, y me gustaría que usted lo aclarase porque la situación ya es diferente.

Señora secretaria, desde Ciudadanos seguimos reivindicando a su Gobierno que, siempre y cuando Arabia Saudí en este caso garantice que estas armas no se emplearán vulnerando derechos humanos, el Gobierno asegure la viabilidad y continuidad del contrato de las corbetas porque es esencial para que miles de familias no se vean abocadas al desempleo, la frustración y la penuria económica. Al mismo tiempo, también le digo que una revocación de este contrato provocaría un daño de incalculables consecuencias. Además, afectaría a un proceso de una empresa nacional pública como Navantia, proceso de transformación hacia el proyecto 4.0, a un proceso de unificación de convenio colectivo que era muy demandado y estaba en vías de negociación y a un proceso de renovación de plantilla para incorporar mano de obra joven, procesos que se verían, como ya digo, seriamente frenados y perjudicados.

Señora secretaria, es esencial que, a pesar de la temporalidad de su Gobierno, definan cuál va a ser su política, tracen una línea de continuidad en ella y se mantengan en esa posición. Soy consciente de que lo que le estoy pidiendo es muy difícil, por no decir imposible, para ustedes y para el presidente Sánchez. Ustedes han dado tantos pasos hacia atrás como hacia adelante, cuando no más, pero ustedes deben ser conscientes de que llevar las riendas de un Gobierno de un Estado exige no ser cómplices de las políticas de otros partidos que de una forma clara o subrepticia lo único que pretenden precisamente es liquidar ese Estado, y sobre eso quiero llamarle especialmente la atención. Lamentablemente para todos los españoles, su Gobierno se apoya precisamente en esos partidos y desde Ciudadanos tememos que la hipoteca que cada día pagan por este apoyo pase una factura a la sociedad española que sea completamente irreversible.

Por todos estos motivos, le insto desde Ciudadanos a que garanticen con sus políticas los puestos de trabajo que van a generar todos esos contratos, especialmente el contrato de las corbetas, y si no pueden


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hacerlo con 84 diputados, es muy fácil: disolución del Parlamento, convocatoria de nuevas elecciones y vamos a empezar de nuevo y no perdamos más tiempo. En este sentido -termino presidente-, quería hacerle preguntas a la secretaria que nos han trasladado los trabajadores. ¿Qué hay de cierto en las informaciones que hablan de la ruptura? ¿Qué alcance tiene la ruptura de la negociación con Arabia Saudí? ¿Afecta solo a las corbetas? ¿Afecta solo a ese contrato de 9 millones? ¿Hasta dónde llega? ¿Se han producido contactos, como nos informan que se han producido, entre el Gobierno y la delegación de Arabia Saudí en los últimos días y a qué nivel? ¿Cuál ha sido la posición de la delegación de Arabia Saudí? ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno y cuál ha sido la reacción -si tiene constancia de ello- que ha provocado eso en Arabia Saudí? ¿Puede confirmar ante esta Cámara que las relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí se están llevando con la máxima diligencia y responsabilidad por parte del Gobierno? ¿Han calculado el importe y el impacto económico que esta cancelación del contrato va a suponer para Navantia y para otras empresas? ¿Tiene previsto reforzar el control sobre el material de defensa y doble uso que exporta? ¿De qué forma y cuándo, de acuerdo con las consideraciones que ya se han expresado por esta Comisión en los años precedentes y ya se han dicho aquí por otros intervinientes? ¿Tiene previsto el Gobierno afrontar las mismas medidas que ha adoptado con Arabia Saudí respecto de otros países? ¿Tiene previsto el Gobierno contratos que pudieran suplir la carga de trabajo que se pudiera perder -por no decir que se ha perdido ya- de esos contratos que en este caso Arabia haya dicho que va a cancelar o quiere paralizar a raíz de la decisión del Gobierno? En definitiva, esas son las mayores preocupaciones que tenemos. Ya le digo que somos aquí tres los diputados por la provincia de Cádiz y le aseguro que estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo allí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Valido.

La señora VALIDO PÉREZ: Muchas gracias, presidente. Bienvenida a esta Comisión, señora Méndez. Nos alegramos mucho de la intervención que ha hecho, porque ha dicho cosas que realmente nos ha gustado oír.

Tal y como hice el año pasado, quiero empezar la intervención reconociendo la labor que llevan a cabo los distintos colectivos que desde años desempeñan un trabajo clave en la tarea que nos ocupa hoy, que es el control de la venta de armas y el respeto a la legalidad internacional. Estas organizaciones, colectivos y centros de investigación, como los de la campaña Armas Bajo Control, es decir, Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau e Intermón Oxfam, o también el Centre Delàs y la Escola de Cultura de Pau empujan con su trabajo cotidiano y constante en la dirección que desde el Congreso y desde el Gobierno debemos ir apuntalando con ello. Sus campañas e informes son una aportación importante y me consta que ya se ha reunido con ellos; con lo cual, ya doy por hecho que usted tiene sus informes y que los habrá leído. A este reconocimiento permítame que añada también el coraje y la ética demostrada por un servidor público, por el bombero Ignacio Robles, así como de colectivos como Pasaje Seguro y de nuevo Greenpeace por las acciones realizadas durante el último año en Bilbao y en Santander. Como ustedes saben, España ratificó el Tratado de Comercio de Armas y su regla de oro comprometiéndose así a respetar el principio de no autorizar armas para cometer atrocidades, principios reflejados en los artículos 6, 7 y 11 de este tratado internacional. Además, como europeos -usted lo ha dicho en su intervención-, tenemos unos criterios todavía más exigentes con respecto a la Posición Común 944 de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares de la Unión Europea. Ambas normativa de carácter internacional tienen su trasposición en nuestro ordenamiento -ya se ha comentado aquí- en la Ley 53/2007, que ya tiene diez años de recorrido. Precisamente con esta misma ley, que supuso un avance de calado en lo que respecta a la regulación del comercio de armas, se ha querido jugar por parte de algunos grupos de esta Cámara al coquetear con la idea de que no era preciso que usted viniera a comparecer hoy aquí con el pretexto del cambio de Gobierno y de que ese informe no era de su periodo. El Grupo Popular y el Grupo Socialista querían vulnerar de esta manera el artículo 16.2 de la ley, en la que se establece que desde la Secretaría de Estado de Comercio se comparecerá anualmente para informar sobre las estadísticas del último periodo de referencia. Superado ese escollo, lo cual le agradecemos, nos alegramos de su presencia porque son pasos que se dan hacia delante.


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En lo que respecta al informe del año 2017 como tal, reconocemos las mejoras que se han introducido siguiendo algunas indicaciones reflejadas en las resoluciones del año pasado. Sin ir más lejos -ya lo comentó también el compañero del PNV-, la inserción de la tabla con el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la propia Comisión, y con ello logramos un mejor seguimiento e implementación de las resoluciones. También que haya ampliado de forma unilateral su comparecencia para informar sobre las autorizaciones y exportaciones de armas y material de doble uso a países que lo han usado o que existe el riesgo de que la usen en el conflicto del Yemen, sobre la revocación o suspensión de las autorizaciones efectuadas y sobre si va a haber algún cambio en la política de exportación de armas a estos países. Por la información que nos llega del conflicto yemení, la situación es de extrema gravedad, siendo calificada por muchos expertos como la mayor crisis humanitaria del momento.

Ante esta situación, desde España no se puede permanecer impasibles, por lo que toca hacer uso de todos los resortes legales. Estamos hablando, como mínimo, de más de 10 000 personas fallecidas, entre ellas 6500 civiles, hambruna y epidemias de cólera, que afecta a 1 millón de personas, más de 50 000 heridos y más de 3 millones de refugiados. Por ello, la medida que ha anunciado el Gobierno de revisar las exportaciones de armas españolas que puedan ser empleadas en el Yemen, más que oportuna, parece un imperativo de carácter legal y moral ante la catástrofe humanitaria que se está produciendo. Confiamos en que esa decisión de paralizar la venta de cuatrocientas bombas de precisión sea la muestra de un compromiso firme y no una maniobra electoralista. Creemos que es un compromiso, tal y como usted ha estado diciendo durante toda la mañana, y de verdad que esperamos que eso se concrete en hechos reales y que se reafirme. Esas bombas representan un porcentaje insultante, en torno al 1% de lo que se vende a esos países, y todavía es más insignificante respecto al resto de exportaciones que hace el Estado.

Además de este caso hay otro de extrema gravedad que nos preocupa mucho y que ya ha sido señalado por las asociaciones de la campaña Armas Bajo Control, que es Israel. Este país ha sido denunciado por la violación sistemática de derechos humanos en los territorios ocupados, empezando por la aterradora situación en Gaza, motivo por el cual desde este grupo hemos registrado una PNL para que se adopten una serie de medidas, entre ellas la suspensión de la exportación de armas de acuerdo con la normativa sobre comercio de armas españolas, algo que, por otro lado, ya ha hecho el Gobierno en otras ocasiones, como, por ejemplo, tras la masacre de Gaza de 2014.

Señora Méndez, a continuación le voy a hacer una serie de preguntas no solamente relacionadas con Israel, sino además con otros sucesos que se han venido produciendo en este último año, y algunos de ellos son más recientes. Aprovecho también para transmitirle que el Gobierno todavía no nos ha respondido a algunas de las preguntas por escrito que hemos trasladado desde hace meses para hacer seguimiento de la resolución del año 2017. Le pediría que aquellas respuestas que hoy no pueda darnos por el gran número de preguntas que se le han formulado por los distintos grupos nos las traslade, por favor, por escrito, además de las que ya le he comentado antes que ya le habíamos hecho también por escrito.

Empiezo con las preguntas. Primera. ¿Puede asegurar este Gobierno que no se va a vender armas a Israel que infrinjan nuestro ordenamiento jurídico? Segunda. ¿Hay garantías por parte de este Gobierno de que ningún material español vaya a ser empleado en Israel y que se encuentre en situación de extrema gravedad? Tercera. En este caso y en general, ¿cómo se evalúa desde el Gobierno el historial de derechos humanos y el nivel de impunidad en los países a la hora de evaluar los riesgos en las exportaciones antes de hacer las autorizaciones? Cuarta pregunta. ¿Cómo evalúa el Gobierno el riesgo de uso de armas españolas conforme al derecho internacional? En estas preguntas me estoy refiriendo a cómo actúa la JIMDDU y el equipo previo. Quinta pregunta. ¿Qué medidas de mitigación del riesgo de uso ilegítimo de las armas exportadas piensa adoptar el Gobierno? Sexta. Por otro lado, respecto a algunos hechos acontecidos en Bilbao y en Santander, ¿ratifica el Gobierno que el Bahri Hofuf, barco de bandera saudí que atracó por última vez en la madrugada de este miércoles en Santander, no transporta armas que vulneren nuestro ordenamiento jurídico? Séptima. ¿Está el Gobierno controlando la desconexión que llevan a cabo algunos buques que transportan mercancías peligrosas de su sistema de navegación y los rumbos erráticos?

En definitiva, y por dejarlo claro, mientras se respete nuestra ley y los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, las exportaciones serán bienvenidas. Ahora bien, el todo vale mientras se venda y el cortoplacismo sabemos que trae pan para hoy y hambre e inestabilidad para mañana. Ante una crisis humanitaria de primera magnitud como las que se están produciendo en Yemen y en otros territorios,


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nuestros compromisos internacionales y la fuerza de la ley son un imperativo para España. Por ello, desde mi grupo instamos al Gobierno a que nos sitúe con países como Alemania, Suecia o Noruega y al cese inmediato de las operaciones de extrema gravedad de los países implicados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valido.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alconchel.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Gracias, señor presidente.

Señora secretaria de Estado, señora Méndez, bienvenida y gracias por comparecer a petición propia ante esta Comisión de Defensa para informar sobre la evolución de la exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. No puedo dejar de recordar que se está analizando un informe que corresponde a la acción del Gobierno anterior, y tenemos que reconocer que es verdad que la comparecencia de la anterior secretaria de Estado no se produjo por el cambio de Gobierno y que usted ha tenido a bien llevar a cabo esta comparecencia, solicitarla lo antes posible, prácticamente recién nombrada, sin dejar los cien días de Gobierno que a casi todos los Gobiernos se les da pero a este no. Por ello debemos reconocer su esfuerzo en ese análisis pormenorizado de datos y estadísticas sobre exportaciones que no se han realizado bajo la gestión de este Gobierno y dentro de la responsabilidad del cargo que usted ostenta. Aquí parece que algunos grupos han olvidado ese hecho, que este informe que se ha remitido no corresponde a la gestión de este Gobierno y por tanto usted no puede dar cuenta de algunos incumplimientos relativos a recomendaciones porque, como digo, no corresponden a la gestión del Gobierno actual.

La temática que usted ha venido a exponer hoy supone un verdadero asunto de Estado porque se refiere a las acciones comerciales de nuestro país en el ámbito de material de defensa, otros materiales y productos y tecnologías de doble uso con otros Estados de la OTAN y de la Unión Europea pero también con Estados que no pertenecen a estas organizaciones. Estamos hablando de una materia que afecta a las políticas de seguridad y defensa de estos Estados. Por eso hay que poner de manifiesto la necesidad de abordar este asunto de manera responsable, de manera estricta y haciendo un análisis riguroso -como usted ha hecho- sobre la múltiple legislación, sobre los distintos procedimientos y todos los factores que confluyen en la toma de decisiones en este ámbito. Quiero agradecer a Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace e Intermón Oxfam el hecho de que nos hayan hecho llegar a los grupos parlamentarios ese informe anual que realizan donde siempre destacan aspectos positivos, también señalan las áreas de mejoras y nos facilitan distintas recomendaciones. Pero quiero destacar que, a diferencia de los titulares anteriores de la Secretaría de Estado de Comercio bajo la anterior Gobierno, usted sí ha a recibido a estas entidades lo antes posible, antes de esta comparecencia y ha tenido la sensibilidad de escuchar de primera mano sus inquietudes y sus recomendaciones. De esta manera ha reconocido el trabajo que realizan y todo el conocimiento que tienen sobre la materia. Tenemos que decir que esto supone un salto cualitativo y cuantitativo entre el anterior Gobierno y el nuevo en cuanto a las relaciones con las distintas organizaciones, que al fin y al cabo lo que piden es mayor control y mayor transparencia en las exportaciones de este material de defensa a otros países.

Por otro lado tenemos claro que la industria española en materia de defensa es una importante fuente de generación de actividad económica, de puestos de trabajo, que contribuye al desarrollo de nuestra base tecnológica e industrial y que favorece el avance en materia de I+D+i. Por tanto, cuando hablamos de este sector también es justo reconocer los beneficios que aporta en materia de investigación, tecnología y en los retornos que devuelve a la sociedad en cuanto a conocimiento, empleo e inversiones. Por tanto, cuando hablamos de este sector también hablamos de desarrollo social y económico. Tendríamos que dejarlo claro porque a veces se tiende a criminalizar esta industria o a olvidar este aspecto de esta industria del sector de la defensa. Siempre hemos defendido desde el Grupo Socialista que nuestro Estado debe participar de una manera activa en la reestructuración e integración de la industria europea de defensa, impulsando la presencia de las empresas españolas en el nuevo marco europeo. Apostamos por tanto por el impulso de la industria española de defensa y por la internacionalización de la misma a través del grupo de trabajo interministerial de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

Algún diputado ha dicho que esta mañana se ha levantado con preocupación. Es normal porque es verdad que ahora mismo nos comunican incertidumbres dentro de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de Astilleros sobre todo. Pero quiero decir que yo me he levantado con la tranquilidad de que el Gobierno está trabajando. Además no todo lo que se está diciendo o se está insinuando responde


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exactamente a la realidad porque, si hay un gran motor generador de empleo industrial, de desarrollo tecnológico y de fortalecimiento de la industria local es Navantia, que genera, como digo, muchísimo empleo no solo directamente sino también a través de las empresas auxiliares del sector. Yo no dudo, bajo ningún concepto, de que este Gobierno está apostando fuertemente por este sector, está asegurando la carga de trabajo de los astilleros públicos, está asegurando su viabilidad y está continuando con esa estrategia de internacionalización de la empresa pública. Por tanto, no creo que debamos dar por hecho afirmaciones que son un avance y un anuncio de cosas que no han pasado y desde luego no podemos lanzar mensajes de intranquilidad sino todo lo contrario. Quiero lanzar el mensaje de que sigue apostando por nuestros astilleros públicos, por la carga de trabajo y por tanto por la generación de empleo y desarrollo que ello implica para zonas que pasan por situaciones tan difíciles como la de Cádiz o Ferrol.

¿Cómo se compatibiliza el desarrollo de esta industria con el cumplimiento de los derechos humanos? Pues, como usted ha dicho, con el estricto cumplimiento del Tratado de Comercio de Armas, en el que se establece la exigencia de la mayor información para impedir cualquier vulneración de los derechos humanos o de la legislación internacional humanitaria. Se consigue a través de la aplicación de todo el elenco normativo que regula el comercio de este sector. La Ley 53/2007, de 28 diciembre, sobre Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso supuso un salto cualitativo en nuestro país por lo que respecta a la regulación de esta actividad así como el establecimiento por ley de la obligación de informar al Parlamento respecto de las autorizaciones y exportaciones que desde España se realizan en material sensible. Hay un consenso respecto al hecho de que España cuenta con una de las legislaciones más estrictas, más completas, más avanzadas en materia de exportación de material de defensa, otros materiales y productos y tecnologías de doble uso, a la que se han incorporado todos los compromisos de nuestro país en el seno de la Unión Europea y en los foros internacionales de no proliferación de los que España forma parte. Este informe anual que nos presenta la Secretaría de Estado de Comercio supone un instrumento esencial para el ejercicio del control parlamentario y también para la transparencia en la rendición de cuentas de la acción de Gobierno. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista venga insistiendo cada año en la mejora del contenido del informe y en la calidad y claridad de la información que se nos facilita. Queremos señalar que en el informe de 2017 hay avances por lo que respecta a las denegaciones de exportación de material siguiendo la línea de los dos últimos informes, y también respecto a la descripción de los tipos de armas que se exportan a diversos países sensibles.

Como usted ha explicado, quería aclarar y reincidir en algo que parece que no es la creencia generalizada y es que la mayor parte del comercio de material de defensa, otros materiales y tecnologías de doble uso se realiza con Estados de la OTAN y de la Unión Europea. Pero esto no nos debe hacer que bajemos la guardia respecto a la rigurosidad a la hora de evaluar el riesgo de las operaciones al necesario control de las exportaciones así como al debido ejercicio de transparencia, y también queremos dejar esto bien claro. El informe de las organizaciones no gubernamentales insiste en el suministro durante 2017 de material a países donde existen dudas sobre la utilización de estas exportaciones, dado el riesgo de que el material exportado pueda ser utilizado para cometer actos que supongan volver vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es cierto que no basta con que un país o una zona se encuentre en una situación concreta preocupante desde el punto de vista de la estabilidad política, el mantenimiento de la paz o de los derechos humanos sino que lo que debe evaluarse a la hora de aprobar una autorización o exportación es qué influencia y qué incidencia va a tener este tipo de material en la situación concreta en la que se encuentra el país. Nos parece una obviedad decir que nosotros desde el grupo parlamentario damos por hecho que este tipo de salvaguardias se llevan a la práctica en relación con todos los países que actúan en conflictos y que se llevan a cabo rigurosamente todos los controles que establece la legislación. La JIMDDU y la Secretaría de Estado de Comercio estudian el cumplimiento de todos los criterios del documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras y los criterios de la Posición Común Europea de 2008, pero eso no quiere decir que no deba trabajarse para la mejora constante de esos criterios de evaluación de riesgos y de los recursos para ejercer un control efectivo de las exportaciones. De hecho, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos incidido siempre en el desarrollo de los mecanismos de verificación en destino para evitar que material exportado sea desviado y utilizado para otros fines. Cada año pedimos que se haga un esfuerzo mayor en este ámbito y nos congratulan los anuncios que ha hecho usted hoy, aquí, en esta comparecencia respecto de esta materia sobre la verificación ex post y, por tanto, aumento de las garantías de cuál es la utilización final del material que exportamos.


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Valoramos también esa voluntad demostrada de mejorar el seguimiento y control de la exportaciones realizadas con el estudio de cómo se hace el protocolo de verificación y de ese nuevo certificado de último destino reforzado porque ahí radica la garantía del cumplimiento posterior de los contratos que se llevan a cabo y el control ex post del uso del material español exportado. Esto responde a la demanda de mejora de la efectividad de esas medidas que realmente podrán garantizar que no se producen desvíos o posteriores transferencias del material español a zona y Estado respecto de las cuales España deniega o revoca autorizaciones de exportación o el desvío a actores que pueden utilizarlos para la comisión de violaciones de los derechos humanos. En este informe 2017 hemos visto que el anterior Gobierno llevó a cabo exportaciones a zonas conflictivas y las denegó a otras. Reconocemos que en 2017 se ha mejorado la información en cuanto a los factores que han influido en la denegación o no de exportaciones, pero creemos necesario seguir avanzando en el mejor conocimiento en sede parlamentaria de cuáles son los aspectos que se valoran y que finalmente determinan la aplicación o no del artículo 8 de la Ley 53/2007.

Fuera de la zona de conflicto en concreto, en la mayoría del resto de exportaciones a otros países que merecen algún tipo de análisis respecto de la idoneidad de la exportación por parte de nuestro país, por lo general lo que se plantea es el riesgo del uso del material exportado para ejercer violencia particular y llevar a cabo represión interna o exceso por parte de las fuerzas de seguridad. Pero aquí nos remitimos a lo que usted ya ha dicho en relación con la verificación del destino y uso de las mismas y de las garantías que se establecen a la hora de aprobar y controlar las exportaciones.

Queremos expresar nuestra preocupación, desde luego, por el cariz que están tomando determinados conflictos. La propia ONU ha advertido de que están produciéndose situaciones calificables como verdaderas catástrofes humanitarias y donde hay objetivos civiles, por lo que ese refuerzo de controles que se anuncia nos parece más que bienvenido y más que idóneo para poder llevar a cabo el suficiente control. Ante la preocupación en relación con las exportaciones a estos destinos sensibles, quiero recordar que ya nosotros, cuando se presentó el informe 2017 el año pasado, advertimos...

El señor PRESIDENTE: Señora Alconchel, debe hacer un esfuerzo para finalizar.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Voy terminando ya.

Advertimos que había que incrementar estos controles y pusimos de manifiesto que había que acompañar todas las garantías con medidas concretas que fueran ejecutivas para garantizar el destino de las armas.

Para terminar, quiero decir que confiamos en los importantes avances que se van a lograr como resultado de esos estudios para mejorar las garantías. Asimismo, agradecemos que el incremento de exportaciones de armas en los últimos años vayan acompañadas de mayores medios para reforzar el control dentro de la JIMDDU y de la secretaría de Estado, al igual que celebramos que haya anunciado la mejora de las relaciones y de la comunicación entre la JIMDDU y representantes de esta Comisión de Defensa. Valoramos la transparencia de los informes, pero queremos avanzar en esa mayor transparencia y en mejores informes. Por último, quiero decir que haremos las recomendaciones pertinentes para garantizar ese cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas y el cumplimiento de las políticas y tratados en derechos humanos.

Para terminar, permítame decir, señor presidente, que valoramos mucho también el anuncio que ha hecho de que España va a continuar avanzando en esa armonización de las distintas legislaciones en sus criterios; estamos seguros de que nuestro país estará a la vanguardia de esas importantes medidas y, sin duda, va a ser referente para muchos Estados. Presentaremos las recomendaciones teniendo en cuenta toda la información y lo que han aportado las distintas ONG, esperando el consenso de los grupos políticos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alconchel.

Pasamos a continuación al turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Postigo.

El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente.

Buenos días a todos y bienvenida sea la secretaria de Estado de Comercio a esta Comisión de Defensa.

Permítame que esta intervención la desarrolle en dos partes. En primer lugar, lo referido expresamente a lo que es el informe y a la estadística española de exportación de material de defensa y, segundo,


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algunos aspectos referidos a la exportación concreta de algún material de defensa. He de decirle también que posiblemente utilizaré las mismas palabras que ha empleado en su intervención para justificar el proceso sobre cómo se autoriza o se deniega...

El señor PRESIDENTE: Señor Postigo, nos interesa mucho lo que dice y le oiríamos mejor si se dirige al micrófono porque, además, los servicios de la Cámara están teniendo dificultad para escuchar.

El señor POSTIGO QUINTANA: Se lo agradezco mucho, presidente.

Sin más dilación quería empezar, como decía, refiriéndome al informe propiamente dicho. Quiero manifestar respecto del estudio, análisis y evaluación de las operaciones de exportación de material de defensa y otros materiales y de productos y tecnologías de doble uso que se realizan por los servicios técnicos del ministerio. Tras esos análisis, un grupo de trabajo interministerial examina cada expediente y eleva una propuesta de informe a la Junta interministerial reguladora del comercio exterior del material de defensa y de doble uso, denominada JIMDDU. Por último, la JIMDDU emite un informe preceptivo y vinculante y la secretaría de Estado resuelve concediendo o denegando la autorización de la exportación.

En el estudio de las operaciones del material de defensa, se toman en consideración los artículos 6 y 7 del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que entró en vigor el 24 diciembre 2014, y en el que se recogen los casos de prohibición de armas convencionales cuando el país de destino está sujeto a un embargo, cuando se puedan producir violaciones de obligaciones derivadas de acuerdos internacionales y cuando las armas se puedan utilizar en genocidios, crímenes contra la humanidad, violaciones de la Convención de Ginebra de 1949 y ataques contra la población civil o crímenes de guerra. Asimismo, se recogen y evalúan los parámetros que se deben emplear para evaluar las operaciones y que se refieren al derecho internacional humanitario, a la no contribución a actos terroristas o crimen organizado, a la no violación por motivos de género contra la infancia o a la existencia de posible riesgo de desvío de su utilización a usuario final. Además, en España se aplican en los estudios de solicitud de exportación tanto los criterios del documento de la OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras, como los ocho criterios de la posición común de la PESC, que definen las normas sobre control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.

De todos ellos, se analiza especialmente el criterio relativo a la existencia de embargos de la ONU, Unión Europea y OSCE, el criterio sobre el respeto de los derechos humanos, el criterio sobre la situación interna de los países de destino, el criterio sobre la situación regional y el criterio sobre el riesgo de desvío. En España, además, se exigen los certificados de último destino que garantizan que el destino, usuario y uso final del material exportado sean los autorizados y se impida una reexportación o uso no previsto; esto se produce especialmente desde el año 2014 con Arabia Saudí. Esta exhaustiva valoración se completa con la consulta de las denegaciones comunicadas por los restantes países europeos y de los miembros del Foro internacional de no proliferación y control. Los ocho criterios de la posición común son de aplicación también en las autorizaciones de exportación de otros materiales y también con el certificado y declaración del último destino.

Por último, en el análisis de las solicitudes de exportación se tienen en cuenta las directrices emanadas y las denegaciones comunicadas del grupo de suministradores nucleares del régimen de control de la tecnología de misiles y del Grupo Australia de armamento químico y biológico. ¿Por qué he dicho esto? Para llegar a la misma conclusión que usted también ha manifestado. En definitiva, estamos y tenemos en España posiblemente una de las legislaciones más avanzadas, más regladas y garantistas del mundo y, por ello, el que más seguridad nos puede dar en cuanto a la exportación de material de defensa y de otros materiales y productos. También es el más transparente pues somos el único país que presenta con brevedad y profusión de datos sus estadísticas de exportación. Y, sobre todo, y esto es fundamental, porque el análisis de las autorizaciones y denegaciones de las exportaciones se rige por principios técnicos y no políticos, como acabamos de ver y verificar, lo cual no quiere decir que evidentemente sigamos trabajando en la mejora de estos procesos para mejorar el sistema de control. Dicho lo anterior, no puedo por menos que decir en definitiva que comparto no solo las cifras y datos facilitados en el informe remitido a esta Cámara sino incluso y básicamente la explicación que nos ha dado del mismo y no solo por lo que nos ha dicho sino porque este es un informe remitido a esta Cámara, al Parlamento, por el Gobierno del presidente Rajoy.

En otro orden de cosas, permítame que me centre ahora en algunos asuntos concretos de exportación de material de defensa. Mire, señora secretaria de Estado de Comercio, como he dicho, nuestro sistema de control de exportación -y usted también lo ha dicho- es muy garantista y reglado, uno de los mejores


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de la Unión Europea y también transparente, muy transparente, quizá el más transparente del mundo y eso porque se rige por una legislación clara y aplica básicamente principios técnicos. Ahora bien, cuando esas reglas técnicas, regladas y garantistas, se ven sustituidas por principios ideológicos, por demagogia populista, por compromisos obscenos y opacos con sus socios de Gobierno, se corre el riesgo de hacer pagar a España un alto precio. He de decirle que me preocupa mucho, muchísimo, el comportamiento de un Gobierno de España como es el actual que se encuentra absolutamente secuestrado por sus distintos y variopintos socios de Gobierno. Me explico.

Como usted sabe muy bien -y me extraña muchísimo que no haya hecho ninguna alusión en su intervención a ello-, hace unos días el Ministerio de Defensa informó de que se paralizaba la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, venta realizada mediante contrato firmado entre el reino de España y Arabia Saudí por valor de 9,2 millones de euros; y que se devolverían esos 9,2 millones de euros, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en el año 2015, y ello por el supuesto riesgo de que dichas bombas fueran utilizadas en el conflicto que lidera Arabia Saudí en Yemen. Dado que nada se ha sabido del Ministerio de Defensa desde entonces a este respecto después de informar que se paralizaba la venta, nosotros esperábamos que usted en su intervención dijera algo. Y no ha dicho nada. Eso sí: hemos tenido unas declaraciones que han hecho los representantes de las ONG que se han reunido con usted el pasado martes diciendo que no se paralizaban; o diciendo exactamente que se estaba revisando el contrato.

No obstante, como las declaraciones han sido del propio Ministerio de Defensa, debemos seguir pensando que la idea de su Gobierno es la paralización de las ventas de las citadas bombas a Arabia Saudí y puesto que usted tampoco ha dicho nada al respecto. Por ello, primero, le requiero que nos manifieste en esta Comisión, y ahora si es posible, si disponen ustedes de datos o información que induzcan a pensar con un grado de certeza suficiente, elevado y seguro que la declaración de último destino firmada por Arabia Saudí va a ser incumplida y que por tanto esta munición va a ser utilizada en Yemen. Si es así, dígalo en esta Comisión, por favor. Y si no, segundo, ¿por qué han cometido tal torpeza populista demostrando la situación de un Gobierno secuestrado por sus socios insinuando que otro país, otro Estado, va a faltar a su compromiso firmado? ¿Han lanzado ustedes esta información de la paralización de la venta a Arabia Saudí para contemporizar, para quedar bien, como una operación de marketing hacia sus socios de Gobierno y luego dirán lo contrario como nos tienen acostumbrados en estos últimos tres meses? Dado que la munición que recibe Arabia Saudí no es solo proveniente de España sino de otros países europeos, debería informarnos de la actuación de nuestros aliados europeos a este respecto, lo creo lógico en esta Comisión de Defensa.

Tercero: ¿Han valorado ustedes el coste económico que supone para España romper unilateralmente un contrato de Estado a Estado? Cuarto: ¿Sabe el coste social y el coste de credibilidad de nuestra política exterior que supone para España hacer juicios de valor cuestionando o poniendo en tela de juicio la honorabilidad y cumplimiento de los contratos firmados con otro país sin tener pruebas concluyentes? Quinta: ¿Sería conveniente, señora secretaria de Estado de Comercio, que la cancelación de venta de material de defensa a Arabia Saudí se vaya a circunscribir solamente a estas bombas o piensa incluir otro material de defensa ya negociado y contratado con nuestro país? Sexta: ¿Se paralizará la venta de material de defensa por parte de España solo a Arabia Saudí o incluirán a todos los países que forman la coalición de intervención en Yemen? Séptima: ¿Ha calculado su Gobierno lo que supondría a nivel internacional para España romper unilateralmente un contrato de Estado a Estado sin la justificación precisa, clara y concreta y el desmoronamiento internacional de la seguridad jurídica de nuestro país que esto significaría al no cumplir España los acuerdos y contratos firmados? Octava: ¿Han calculado los efectos colaterales que puede tener esta cancelación en otros sectores económicos importantísimos de nuestro país como son la tecnología de transporte, ingeniería y obra civil? Novena: ¿Esta declaración de paralización por parte del Ministerio de Defensa ha sido previamente consultada con su departamento? Usted es la que tiene la responsabilidad de autorizar o denegar. Décima: ¿Han calculado ustedes la tormenta diplomática que se puede producir entre España y Arabia Saudí y sus países coaligados y que puede poner en peligro otros contratos en vigor y las propias relaciones comerciales con éste y otros muchos países? Me imagino que usted está al corriente, pero esta mañana abríamos con las imágenes de algunos medios diciendo que Arabia amenazaba con cancelar un contrato de 1800 millones con España si España no les vende las bombas. Supongo que estará al corriente de ello, señora secretaria. ¿Sabe usted, y le reitero, que a la vista de las declaraciones del Ministerio de Defensa el Gobierno saudí pudiera haber dejado en suspenso lo que le estoy diciendo, el pedido de las corbetas a Navantia, por


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importe de 2000 millones de euros, hasta que el Gobierno español aclare lo que se ha dicho por parte del Ministerio de Defensa? ¿Sabe usted que el Gobierno saudí puede estar revisando el resto de contratos militares y comerciales con el reino de España y/o con empresas españolas?

Señora secretaria de Estado, frente al silencio del Ministerio de Defensa desde el pasado lunes tirando la piedra y escondiendo la mano, ¿puede usted indicarnos como responsable último de la autorización de la venta de material de defensa si se ha paralizado o se piensa paralizar el contrato firmado con Arabia Saudí para la venta de las bombas de precisión láser de que estamos hablando?

Voy acabando ya, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postigo.

El señor POSTIGO QUINTANA: Mire, señora secretaria, su Gobierno, el Ministerio de Defensa, el Gobierno de España, ha lanzado una información y confirmado que se han iniciado los trámites para paralizar la venta a Arabia Saudí de las 400 bombas de precisión láser, y queremos y debemos saber si eso es un globo-sonda o es una realidad. Estamos ya hartos de fake news provenientes de distintos ministerios o responsables políticos del Gobierno de España, de su Gobierno, que nada bueno está aportando a la sociedad española y ahora, con la suspensión y paralización de contratos de comercio exterior, ponen en riesgo la credibilidad y seguridad jurídica de nuestra nación. Nos estamos jugando mucho, señora secretaria de Estado de Comercio, y desde luego desde el Grupo Parlamentario Popular no consentiremos que se juegue con España y los españoles permitiendo que ustedes lancen falsas acusaciones sobre otro país sin tener la certeza absoluta de su incumplimiento y poniendo además en juego muchos puestos de trabajo de distintas provincias de España así como la viabilidad de distintas empresas españolas. Ya acabo, señora Méndez; le insto, le ruego -por favor-, le repito, le pido y le exijo que si no es cierta la información facilitada por el Ministerio de Defensa respecto a la paralización del contrato de venta de las 400 bombas de precisión con Arabia Saudí, rectifiquen de inmediato mandando otro comunicado de prensa igual al de la paralización. Por el contrario, si es cierta tal paralización, exigimos se informe con precisión -que no lo ha hecho usted- de este hecho y tiene tiempo para hacerlo en el turno de réplica.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postigo.

Finalizado el primer turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra la secretaria de Estado para contestar en los términos que estime oportuno.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Méndez Bértolo): Antes de nada, quiero darles las gracias por sus preguntas y por abrir el debate en todo caso. Permítame, señorías, en primer lugar, expresar que esas mismas preguntas realizadas por ustedes ponen de manifiesto la relevancia y la diversidad de los intereses que están en juego en materia de comercio exterior de armas. Esos intereses no son solo diversos, sino que en ocasiones -como se puede ver aquí en el diálogo- puede deducirse que son dispares, siempre relevantes, siempre legítimos y es nuestra responsabilidad -la de los miembros de la JIMDDU y en mi caso particular como presidenta- llevar a nuestro propio debate estas inquietudes y conciliarlas sobre la base de criterios que sean lo más objetivos posible y salvaguardando también la seguridad jurídica y, a ser posible, además, llevar al debate a un terreno transversal y no específico para determinados países, sino establecer mejoras que tengan la capacidad de adaptarse a las peculiaridades de cada país, pero que sean objetivas y justificadas.

Esto creo que resulta evidente tras la lectura de las estadísticas, que lo que se aplica es el estricto cumplimiento de los protocolos y acuerdos internacionales que España suscribe, y criterios objetivos y justos. Además del debate de la valoración, la JIMDDU debe también establecer mecanismos de control y de garantías que sean justificados y escoger medidas que sean proporcionales. En ese sentido, entiendo las inquietudes acerca de evaluar los riesgos tanto en relación con los derechos humanos como en relación con la industria. Esa es, precisamente, nuestra labor, que estas medidas sean cada vez mejores y proporcionales al fin al que van dirigidas.

Es oportuno señalar que hablamos con una sola voz cuando hablamos del comercio de armas, ya que es en la JIMDDU donde se toma la decisión no sobre los contratos y su devenir, sino sobre las autorizaciones o denegaciones de las licencias. Por tanto, no caben decisiones unilaterales de los ministerios respecto a licencias y tampoco de la propia Secretaría de Estado de Comercio. Hay que indicar


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que el control del comercio de armas es un instrumento importante, pero no el único, en el tratamiento y respuesta de los conflictos armados, que el Gobierno responde a estos retos con distintas políticas de acción exterior y que no son materia de la JIMDDU, como las misiones de paz, las negociaciones diplomáticas, la actividad en foros internacionales que promueven la paz, la ayuda al desarrollo y a las poblaciones afectadas en ocasiones para paliar efectos de daños infligidos por otros y, en otras ocasiones, para transformar las causas mismas estructurales de los conflictos y mejorar las condiciones de vida de la población en los países afectados para evitar que estos conflictos tengan lugar.

Sin el más lejos, esta misma semana el Gobierno anunció su intención de duplicar la ayuda en la UNRWA para los refugiados de Gaza. Por lo tanto, les pido que seamos capaces de poner en contexto el alcance de las medidas que se toman dentro de la JIMDDU, que se refieren al comercio exterior de armas, que son muy importantes -es cierto-, pero no son los únicos mecanismos que tenemos para llevar a cabo una política exterior responsable y muy sensible con los derechos humanos.

La voz de España, en esta materia, a nivel internacional es escuchada y es respetada; también España analiza -hay que decirlo aquí porque se ha suscitado- los informes y resoluciones de Naciones Unidas -como la de agosto por ejemplo-, por supuesto los toma en cuenta y escucha a la comunidad internacional y aplica de forma estricta las decisiones adoptadas por ella. Queda perfectamente de manifiesto que no se trata de un debate plano, sino de una compleja toma de decisiones en lo que se refiere al comercio en la que participan distintos ministerios y que requiere traer todos los intereses a la mesa y un tiempo para adoptar cualquier nueva medida. Como vendré a comentarles más tarde al hilo de las respuestas concretas a sus preguntas, intentaremos -por mi parte intentaré- que sean medidas y mejoras profundas pero transversales y no discriminatorias. Con lo cual, mi intención sería no centrar el debate en un país concreto, sino en mejoras transversales, horizontales, generales, pero que respondan y se puedan adaptar a las circunstancias sobrevenidas presentes de cada país. Como digo, no es un debate fácil y son reformas que han de ser responsables y que requieren un tiempo.

Respecto a la primera pregunta del señor Bataller, de Compromís, nos preguntaba acerca del contrato de Navantia. Como se ha planteado en varias de sus intervenciones, puedo contestar aquí directamente, simplemente agradecería que centráramos el debate en esta comparecencia en el alcance de la JIMDDU, que se refiere a la licencia y no al devenir mismo de un contrato donde hay dos partes. El hecho de la negociación de un contrato, de la puesta marcha, de su interrupción, es algo que no compete directamente a la JIMDDU. Por tanto, me referiría a la situación en la que puede encontrarse ese contrato y a las declaraciones que en su momento oportuno -espero que sea en breve- realice el Ministerio de Defensa o bien el Gobierno acerca del contrato y no de la licencia. En cuanto a los otros contratos, de los que se ha dicho en prensa que podrían verse afectados después de dicha situación recogida en los medios -no fue una declaración, sino que fue una filtración-, cabe precisar para empezar con el contrato de Navantia -que es el que más nos preocupa y hablaba su señoría, de que hay cuatro diputados de la provincia de Cádiz- que hay muchísima sensibilidad del Gobierno con este tema, no hay duda.

Por lo que se refiere a la situación concreta en la que se encuentra este contrato y la capacidad de revisión que podamos tener acerca de las circunstancias en que se va a producir esa exportación, en primer lugar, quiero decir que la construcción de los buques no se va a iniciar hasta la firma efectiva del contrato y que la entrega de la primera unidad se produce 35 meses después de la firma y después las siguientes cada cuatro meses. En este sentido, aunque después podré volver sobre ese contrato en cuestión para dar mayor tranquilidad y mayor seguridad, quiero decir que las garantías que se presenten serán analizadas en el momento de la exportación, desde la JIMDDU podremos analizar las garantías que se presenten por parte del país importador -en este caso pudiera ser que incluyera ya alguna de las mejoras en las que hemos venido trabajando y que nos gustaría poder implementar en la mayor brevedad-, pero solo en ese momento de la exportación será cuando pasará por la mesa de la JIMDDU la solicitud de licencia individual, más allá del acuerdo previo que ya existe y que fue aprobado en 2015. Por lo tanto, en ese momento se analizarán las garantías del país importador, teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de todos los intereses en juego y por supuesto el del respeto a los derechos humanos.

Sobre las decisiones sobre la exportación a países como Arabia Saudí -ampliando un poco el debate incluso que la Liga Árabe-, algo dije ya en la comparecencia pero, como les digo, en interés de todos se trata de no hacer de esto un caso particular. La exportación de armas merece una mejora continua, en todo caso, y esto se refiere a todos los países, especialmente aquellos que se pueden ver envueltos en un conflicto y donde existen además resoluciones o informes de Naciones Unidas y mucha información


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que proviene de otras organizaciones, y que para nosotros son extremadamente valiosas. Por nuestra parte, plantearíamos un debate de mejora a nivel transversal y de nivel general y, en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas o a la política exterior como tal con Arabia Saudí, no me queda más remedio -porque es mi obligación- que remitirme a la labor y a la tarea que es propia del Ministerio de Asuntos Exteriores y no de la JIMDDU en ningún caso.

Nosotros, simplemente, aportaremos esas decisiones al debate de la JIMDDU para armar las medidas que creamos o las garantías extraordinarias que, en su caso, se puedan tomar, pero insisto en que serán aplicables a cualquier país que suscite una preocupación.

En la segunda intervención del Grupo Mixto nos preguntaban acerca de las consideraciones o la aproximación del Gobierno a las exportaciones a Marruecos para que no puedan crear un clima de preguerra en territorios ocupados por los saharauis. Lo que tengo que decir a este respecto es que lo exportado en 2017 a Marruecos supuso 16,7 millones de euros, que fueron en granadas de mortero completas e iluminantes, munición antiaérea y una línea completa y utillaje para la reparación de cadenas de tanques, además de 2,2 millones de euros en cartuchos y pistones de caza. Por supuesto, las operaciones han sido analizadas con todas las garantías de uso final en la JIMDDU.

Preguntan también si se puede poner en peligro la creación de empleo en la bahía de Cádiz. En este punto, que nos preocupa a todos, lo que querría añadir es que, respecto a una exportación por parte de España de corbetas a Arabia Saudí, no ha sido presentada todavía una solicitud de licencia de exportación definitiva. Como decía antes, existe un acuerdo previo, que fue autorizado en 2015 y, en el momento de la exportación, se presentará a la JIMDDU una solicitud de licencia individual. En ningún caso, el Gobierno va a poner en riesgo esta operación que, hasta donde yo sé a día de hoy, con independencia de lo que haya podido aparecer en los medios, es un contrato que sigue vigente. De hecho, los primeros pagos se han producido y, hasta donde yo sé -insisto- la fabricación, el funcionamiento y la vigencia del contrato siguen en marcha. Como se ha mencionado, es un contrato muy importante, de 1813 millones de euros, que implica 6000 empleos, muy focalizados en una región, es decir, con un impacto social claro y muy beneficioso, además de ser un empleo altamente cualificado en una proporción muy importante, como muchos de los empleos que se ven envueltos en la industria armamentística y en este tipo de operaciones comerciales. No vamos a ponerlo en riesgo, pero, obviamente, la futura licencia va a ser examinada con todo rigor, de acuerdo con los parámetros contenidos en el Tratado sobre Comercio de Armas, lo dispuesto en la legislación española y los ocho criterios de la Posición Común.

El señor Legarda, del PNV, ha tocado también elementos muy interesantes para nosotros, porque la JIMDDU, obviamente, viene trabajando en ello y sería nuestra intención y nuestra voluntad darle un impulso a determinados ejes que nos parecen esenciales y sujetos a mejora. En primer lugar, el análisis de riesgo. Las autoridades españolas no tienen, desde luego, intención de dar prioridad al comercio de armamento y material de doble uso sobre el respeto a los derechos humanos. Por eso, no es un sector absolutamente liberalizado, sino un sector donde se realiza algún tipo de tutela y control por el fin último que se da a este tipo de productos y tecnologías. La JIMDDU y la Secretaría de Estado de Comercio -lo hemos mencionado- aplican el artículo 6, de prohibiciones, y el 7, de evaluación de las exportaciones, del Tratado sobre Comercio de Armas a la ahora de autorizar o denegar una exportación de las armas que se incluyen en los listados de dicha norma. Dos de los parámetros fundamentales contenidos en el artículo 7 son los referidos a la posibilidad de cometer serias violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. España se comprometió a aplicar, provisionalmente, los artículos 6 y 7 desde la firma del tratado, que fue el 3 de junio de 2013, hasta su entrada en vigor el 24 de diciembre de 2014. Dichos controles se pueden mejorar y, en este sentido, quería hoy proponerles lo siguiente, además como semilla, como inicio de la discusión, porque espero que después de esta comparecencia podamos tener más contactos y trabajarlo mejor, sobre todo de forma muy responsable.

Propongo mejorarlo de la siguiente forma: algunos grupos solicitaron en la comparecencia de 2017 que se pudiese promover una mayor transparencia en el comercio de estos productos, estableciendo para ello un contacto directo entre la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y la JIMDDU, y no ya solo en el caso puntual de esta comparencia, a la que asisto yo, acompañada de algún miembro de la JIMDDU, de nuestros departamentos técnicos, pero sería un encuentro que entiendo debería volverse frecuente, regular, de todos los miembros de la JIMDDU. Es decir, sería una reunión interministerial donde el debate, lógicamente, pudiera ser mucho más rico y más constructivo. Así, podríamos explicar mejor cómo funciona la JIMDDU, cuál es el alcance de la misma e intercambiar información y, principalmente,


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sus preocupaciones. Por eso, sugiero que, sin más dilación, a la salida o, incluso, la próxima semana podamos conversar para intentar fijar la primera fecha, si es que a ustedes les parece interesante.

En cuanto a la transparencia en general de las estadísticas españolas, tengo que manifestar que se encuentran entre las más completas en este ámbito en cuanto a cantidad y calidad de la información suministrada. Prácticamente, cada año se incorporan mejoras en el informe anual, como es el caso de este año respecto al informe del año 2016. Aunque no he tenido tiempo de entrar en esto en la comparecencia, porque realmente son muchos aspectos técnicos y es una comparecencia pesada, pero teniendo algunas peticiones del año pasado, ese análisis y respuesta a las recomendaciones se ha adjuntado en un segundo informe, que puede dar lugar, si quieren después, a nuevas preguntas. En cualquier caso, lo que quiero poner de manifiesto es que, incluso en el informe de 2017 se incorporaron ya estadísticas algo más amplias y más detalladas que las de 2016, por ejemplo, información acerca de los usos y los valores de las autorizaciones devengadas. En realidad, solo Suecia proporciona con una antelación de dos meses el informe anual de estadísticas a su Parlamento con los datos de exportaciones realizadas. La virtud de este informe que se viene presentando desde hace años por el Gobierno español, es que no solo recoge autorizaciones -es la distinción que antes pretendía manifestar, aunque estoy segura de que sus señorías la conocen-, sino la del universo de las licencias y el de las operaciones comerciales per se, las exportaciones efectivamente realizadas. Lo normal es no presentar datos sobre las exportaciones, lo normal es presentar datos sobre las licencias, pero, como no podía ser de otra forma y han hecho mis antecesores, consideramos que tener ambas estadísticas es fundamental para tener una fotografía del sector y de las relaciones comerciales, más allá de las autorizadas. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de 2017, que una exportación efectiva asciende a un porcentaje pequeño de lo que en realidad se autoriza; es decir, al final hay tal disparidad o tal desviación entre lo que se autoriza y lo que realmente se exporta que no tiene sentido hablar de uno solo de los datos. Reino Unido, por ejemplo, lleva a cabo una publicación trimestral de los datos referidos al número de licencias, pero solo autorizadas. Francia publica su informe con casi un año de retraso y Alemania con año y medio respecto al español. O sea, que el informe español es uno de los pocos, con el de Suecia e Italia, que incluye datos de ambas cuestiones.

Conviene insistir en que el proceso de obtención, comprobación y elaboración de los datos de las exportaciones realizadas implica un esfuerzo muy notable, y creo que esa es, a día de hoy, la única razón de no hacerlo con más frecuencia, porque de hecho, dentro de la JIMDDU y los servicios de la Secretaría de Estado de Comercio, nos consta la información acerca de las licencias, de las autorizaciones, pero para recabar la información de las exportaciones debemos acudir al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Y siendo tantas las operaciones, requiere un esfuerzo muy grande recabar esta información, y no solo eso, sino que conforme nos permite nuestra legislación -esa es una disposición que existe en la legislación española, pero en otras no-, podemos consultar a las empresas del sector para, de alguna manera, contrastar la información que estas nos dan con las del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y tener todavía una información más veraz. Es decir, que teniendo en cuenta la importancia de la transparencia, -que además es un eje que se establece en nuestra legislación-, creemos que la frecuencia de la publicación del informe es lo único que garantiza que este sea veraz. Esto es, que si lo hiciéramos con más frecuencia, probablemente los datos no serían tan buenos ni estarían tan contrastados. Así que esa es la razón.

Respecto al control parlamentario previo, cabe decir que nuestra idea y nuestro principio es que se debe preservar la competencia exclusiva del Ejecutivo en el control de la gestión de las operaciones. Otra cosa distinta es en el flujo de información, pero en lo que se refiere al control o a la autorización, se trata de un proceso que es puramente administrativo y debe seguir recayendo, también por lo que conlleva de análisis técnico que implica a muchos ministerios, en el Ejecutivo.

Había otra pregunta, que es la relativa a la recomendación o denegación de exportaciones a países con violación de derechos humanos y qué procedimientos tiene abiertos la Secretaría de Estado de Comercio de exportaciones a países preocupantes. El hecho de que se denieguen las exportaciones de material de defensa, otro material y doble uso a países donde se violan los derechos humanos, cometen o facilitan una violación grave del derecho internacional -así es como está expresado en los acuerdos- o bien aquellos que estén implicados directamente en conflictos armados y aquellos que financien organizaciones terroristas es una materia competencia de la JIMDDU. Hay varios ejemplos que muestran la manera en la que las autoridades españolas han aplicado tales medidas y que vienen dados por la revocación de las licencias de exportación de material de defensa, por ejemplo, a Libia en 2011 y de


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armas de caza a Mali en 2012; la suspensión de las licencias de exportación a Egipto de material de defensa y de otro material, vigentes en 2013; así como la suspensión de la exportación de armas y municiones de caza a Ucrania, de material antidisturbios y de caza a Venezuela, que se encontraban vigentes en 2014. Todas las denegaciones, suspensiones y revocaciones han sido mantenidas en el tiempo, salvo tres denegaciones de material de defensa a Colombia revocadas en 2001; una denegación de doble uso a China revocada en 2011; la suspensión de veintisiete licencias de material de defensa a Egipto, levantada en 2013; y la suspensión de diez licencias de arma de caza y una de material de defensa a Ucrania, que fue levantada en 2014. La información sobre estas denegaciones aplicadas cada año se encuentra incluida en los informes de estadísticas, y en el caso de 2017 hice referencia a cuatro de ellas.

En cuanto a la intervención de Esquerra, de la señora Surra, sobre exportación de armas a países implicados en el conflicto de Yemen, debo decir que el empleo final de material de defensa y doble uso que se produce en nuestro país, en particular el material letal, desde luego es la preocupación esencial de la JIMDDU, creo haberlo puesto de manifiesto. Y, como se ha dicho también, nuestro país cuenta con uno de los sistemas de control de exportaciones que es de los más rigurosos y exhaustivos del mundo, que cubre veintidós categorías de armas y regula incluso el comercio de municiones; algo que en otros países no se hace. Este sistema ha servido de modelo para el control de exportaciones en otros países y también es un activo de España haber podido introducir estas buenas prácticas en la regulación y en los procedimientos de otros países como algunos de Iberoamérica. En virtud del artículo 346 del Tratado de Lisboa, tanto la fabricación como el comercio de armas, municiones y material de guerra siguen siendo competencia de los Estados, por tanto, es una competencia del Estado español. En cualquier caso, me parece oportuno indicar, simplemente para contextualizar este conflicto -aunque, como digo, el debate debiera ser genérico, y así lo vengo a proponer hoy-, que los países de la Liga Árabe que participan en la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a un embargo de Naciones Unidas o de la Unión Europea, y que para esa intervención existe incluso un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015. Las ventas de material militar a todos los países de la zona por parte de empresas españolas, eso sí, están sujetos a estrictas condiciones, incluida la garantía del Gobierno de destino de que no serán utilizadas fuera del territorio de cada país. Antes se mencionó el término certificado de uso final o certificado de último destino reforzado, y he de decir que este para algunos países, de hecho, ya ha sido puesto en marcha, pero cuando hablo de reforzado me refiero a la introducción de otra mejora, que ahora paso a explicar.

En realidad el certificado de último destino, que normalmente es un expediente bastante completo y bastante complejo que incorpora garantías de las que nos dota el exportador, incluye para algunos casos de países en zonas de conflicto o países donde la situación es especialmente sensible no solo garantías del exportador, sino también un compromiso del Gobierno importador -normalmente son gobiernos, sector público- de que el último destino es aquel que se ha solicitado y que se ha comunicado. Este es un primer refuerzo del certificado de último destino, y a nadie se le escapa que, obviamente, obtener este compromiso -que puede no ser la panacea y que, como digo, es mejorable y, por tanto, se puede reforzar todavía más, como explicaré después- requiere de que las relaciones diplomáticas y políticas con los países en cuestión sean excelentes. Eso es lo que nos llevará a conseguir que estas garantías y controles realmente sean efectivos, y podemos hablar de establecer incluso un instrumento de verificación ex post. En tanto en cuanto las razones diplomáticas no sean fluidas y no sean buenas, ese control y esa verificación será absolutamente inviable. Por eso me gustaría que tengamos en cuenta esto a la hora de tomar cualquier decisión. Obviamente, cuando hablamos de estos certificados de último destino reforzado, hablamos de cuestiones que son trabajadas de la mano no solo de nuestros aliados y de nuestros servicios, sino también de los países que puedan verse afectados por esto, para hacer que no sean un brindis al sol, sino que sean una garantía y un control real y efectivo, que es lo que todos queremos. Esto es lo que cabe decir respecto a los países afectados por el conflicto en Yemen, porque en lo que se refiere no a la mera exportación, sino a las relaciones políticas con ellos o a las decisiones de mayor envergadura, no me compete en absoluto y me remito al Ministerio de Asuntos Exteriores.

La siguiente pregunta es si va seguir el Gobierno priorizando la venta de armas o el respeto a los derechos humanos. Obviamente, el respeto a los derechos humanos está por encima de un interés puramente comercial, no hay ninguna duda. También está por encima de cualquier interés comercial la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y cualquier preocupación en relación con la defensa de los ciudadanos españoles. En consecuencia, teniendo en cuenta esa escalada de prioridades -y puesto


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que creo que la pregunta estaba más relacionada con Israel-, lo que me cabe apuntar simplemente, como ya les transmití también a las organizaciones no gubernamentales de la campaña "Armas bajo control", con las que reuní el miércoles, es que en relación con Israel España ha aplicado los criterios más restrictivos de nuestro entorno y que desde la segunda Intifada en 2001 apenas se exporta material de defensa a Israel, se exporta algo más, pero son importes insignificantes de otro tipo, de material de doble uso. Además, respecto al material de defensa se extreman las cautelas porque lo que se autoriza son exportaciones temporales, exportaciones que o bien tienen lugar dentro de un contexto de convenios de colaboración entre Fuerzas Armadas israelíes y en nuestro caso las españolas, tanto colaboración de inteligencia o de carácter meramente militar, o bien exportaciones temporales que son comerciales, es decir para una realización de prueba en un campo comercial, no en otro tipo de campo sino en un campo comercial, o sea con los riesgos totalmente acotados, y, por otra parte, exportaciones temporales para la realización de pruebas de un material que después va a ser exportado a otro destino. En este sentido, y en relación con una pregunta que antes formularon, por supuesto no se evalúa solo la primera operación de exportación, en este caso a Israel pero también a cualquier otro país, sino precisamente el uso final que se dé. Creo recordar que en 2017 había una operación de exportación que tenía como uso final Tailandia, con lo cual en ese caso se analiza no solo la exportación a Israel bajo determinadas condiciones, sino la exportación final a Tailandia. Todos esos elementos son los que se verifican y se contrastan en la JIMDDU.

Paso a la siguiente pregunta, y disculpen si me alargo; como no tengo experiencia, a lo mejor me alargo demasiado. La siguiente pregunta es de Ciudadanos, del señor Cano, acerca de la preocupación puesta de manifiesto por el contrato de las corbetas de Navantia a Arabia Saudí, si creemos haber puesto en riesgo este contrato. Insisto en este sentido en que somos conscientes de la importancia de este contrato, un magnífico contrato de 1813 millones de euros, con una generación de empleos entre directos e indirectos de cerca de 6000. Además se trata de una exportación de alto valor añadido; incluye tecnología y además tiene una afectación positiva puesto que se trata de un trabajo altamente cualificado en una proporción importante. Y no solo eso, sino que somos conscientes además de la implicación que tiene para una región muy concreta y, por tanto, del gran impacto social que la existencia, revocación o suspensión de un contrato así puede tener. En este sentido, insisto en que hasta donde yo sé el contrato está vigente y no solo vigente, sino puesto recientemente en marcha; será una fabricación que se prolongue a lo largo de meses desde la firma efectiva del contrato y, en cualquier caso, no puede haber sido afectado de ninguna manera por decisiones tomadas en la JIMDDU puesto que la licencia individual tendrá lugar en el momento en que se vaya a realizar la exportación y eso no ha sucedido todavía, en absoluto. En contacto -yo misma- ayer con personal de Navantia lo que me decían es que el contrato estaba vigente, así que imagino que esa sigue siendo la situación.

Nos insta al Gobierno a que pidamos todas las garantías en el empleo de las armas. Desde luego, no puedo estar más de acuerdo. Habla de la venta de material militar a los países de la zona, en este caso de Yemen, pero, insisto, no creo que debamos particularizar porque también estaríamos sesgando nuestra política de garantía y control, algo que no tiene sentido. Deberíamos poder aplicar esto a cualquier país que ahora mismo no esté en conflicto pero pueda estarlo en algún momento. Entonces, por supuesto que las ventas de material militar a todos los países están sujetas a estrictas condiciones, incluida la garantía del Gobierno de destino -esto es algo bastante concreto, solo para determinados países especialmente preocupantes- de que no será utilizado fuera del territorio de cada país.

Sobre Arabia Saudí en general, ya lo dije antes, debo remitirme al Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que es la política exterior; en fin, en cualquier apreciación que pueda haber de las relaciones en este momento porque no es materia de la JIMDDU ni de la secretaria de Estado ni siquiera de mi ministerio y es realmente el Ministerio de Asuntos Exteriores quien sabe y quien debe responder a esto.

La señora Valido reconoce -y se lo agradezco- las mejoras introducidas en el informe de estadísticas de 2017; aunque no fueran de mi Gobierno lo agradecería igualmente porque sé que no son solo producto de la labor de un Gobierno sino de las recomendaciones que ustedes nos hacen llegar. Es decir, si el informe va mejorando año a año es precisamente porque ustedes también tienen la ambición y la iniciativa de proponer estas mejoras, de hacer estas recomendaciones, y nosotros la capacidad y los instrumentos para llevarlas a cabo de la mejor forma posible. Mi intención es que siga siendo así.

Redundando en lo que comentábamos antes, he hablado del certificado de último destino y de la garantía por parte del Gobierno importador de no utilizar el producto fuera de destino. Esto sí es una innovación, es una cosa relativamente reciente, una garantía adicional para determinados países, y ahora


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lo que queremos proponer es algo más. Lo que queremos proponer viene en línea también con recomendaciones suyas de años anteriores y con una inquietud importante, según me pareció constatar en la reunión con las ONG, porque puede suponer un cambio decisivo en los criterios que aplicamos, fundamentalmente en las garantías que aplicamos. Me refiero al instrumento de inspección ex post. Hace tiempo ya se constituyó un grupo de trabajo en el seno de la JIMDDU que partía de la idea de poner en marcha un instrumento así y lo que se vio en ese grupo de trabajo fueron las dificultades que conlleva el mismo, básicamente en términos de recursos. Al final, las dificultades de un instrumento así son principalmente las siguientes. Primero, contar con la aquiesciencia de la contraparte, en este caso del otro Gobierno, para que realmente este ofrezca las garantías en dicha inspección tanto al personal que se desplaza a realizarla como para que la información y documentación que se solicite esté disponible y sea veraz, sea real. Eso es lo que permitirá que un instrumento así no sea una mera intención sino que realmente sea algo que funcione y suponga un cambio. Esa primera pata o esa primera dificultad se va solventando a través del trabajo multidisciplinar de los que componen la JIMDDU en sus relaciones con otros Gobiernos y de las relaciones diplomáticas, que son siempre esenciales. En segundo lugar, los recursos de la Administración, que son limitados y que por tanto llevan a que sea necesario cerrar de forma conveniente y perfeccionar los protocolos de inspección y los procedimientos para que todo sea más efectivo y se pueda hacer de una manera eficiente, es decir con los recursos de que disponemos, y además priorizando, porque si no, no sería posible. Yo no puedo decir otra cosa porque no me puedo comprometer a cumplir algo que no es posible: que un instrumento así pudiera entrar en marcha para todos los países. Sería de forma gradual y será necesario priorizar aquellos países, y en ese sentido también consultándoles, que consideremos que representan una especial preocupación, y allí es donde este instrumento se pondría en marcha en primer lugar. Es necesario realizar esa priorización. Este trabajo se venía realizando y lo que queremos ahora es ponerlo en marcha cuanto antes, de forma urgente, acelerar los trabajos. Me dicen que en realidad están bastante avanzados y si faltaba, que no lo sé, algún tipo de voluntad anteriormente para ponerlo en marcha, ahora no va a faltar.

Respecto a si los buques -este es un tema bastante concreto- de bandera saudí Bahri Jeddah, Bahri Hofuf y Bahri Jazan han podido trasportar material de defensa o doble uso a Arabia Saudí desde los puertos de Bilbao -13 marzo de 2017-, Santander -9 marzo de 2018- y Motril -17 de abril de 2018-, esto es algo que obviamente querríamos saber, pero que corresponde al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda. Más allá de una licencia que pueda existir, lo que es la operación en sí, requiere un tipo de documentación y transacción que no pasa por nuestros servicios, con lo cual tardaríamos un tiempo en tener esta información. Como decía antes, la razón de publicar este informe una vez al año es porque se trata de recabar información muy concreta y muy dispersa y que ni siquiera es muestra, pero entiendo que podemos mirarlo.

En cuanto a la intervención de la señora Alconchel, efectivamente queremos realizar mejoras, pero insisto en que estas mejoras no deben estar centradas en un país, ni siquiera en una región, sino que la aproximación responsable a este debate es poder mejorar el sistema pero de forma transversal para no caer en sesgos, para no caer en subjetivismos, sino que sean medidas que respondan a una política general, pero que a su vez sean capaces de ser adaptadas en el seno de la JIMDDU en la medida en que determinadas situaciones lo requieran para países muy concretos. Pero el debate debe abordarse de forma general en la medida en que esto sea posible. Me remito a lo explicado respecto al certificado de último destino mejorado, es decir el del compromiso del país importador, y a este instrumento de inspección ex post que incluiríamos además en los expedientes de las licencias individuales y, por tanto, podríamos hablar de un certificado de último destino superreforzado. Lógicamente, insistir también en que este es un trabajo que no podemos hacer autónomamente, sino que lo tenemos que hacer de la mano de los países importadores porque su asistencia y su ayuda en este proceso es absolutamente necesaria para que esas garantías sean reales. En ello vamos a trabajar.

Por último, señor Postigo, del Grupo Parlamentario Popular, estoy muy de acuerdo, como se ha dicho, en que es un sistema de los más transparentes, que es un sistema sumamente garantista y que en algunos casos va por delante de lo que aplican los países de nuestro entorno. Y, conscientes de esto, creo que también es nuestra responsabilidad extender el uso de estas buenas prácticas en los foros internacionales y hacer que el núcleo de países que apliquen estos controles rigurosos sea cada vez mayor.

Decían que es importante utilizar criterios objetivos y transversales y estoy totalmente de acuerdo. Y respecto al contrato, y por no ignorar que realmente se ha expresado esta preocupación, insisto en que el


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Ministerio de Defensa, el Gobierno, aclarará la situación de un contrato que tiene dos partes y, desde luego, no es competencia ni responsabilidad mía entrar en eso hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado. No ha escatimado esfuerzo ni tiempo y eso siempre es de agradecer.

Iniciamos un breve turno de intervención de los portavoces que deseen hacer uso de la palabra. Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, dos ideas finales. La primera es reiterar que, efectivamente, el licenciamiento y la venta de armas, la exportación, está sujeta a múltiples controles y los controles en el fondo son garantías. Por un lado, garantías para que no se haga un uso ilícito e indeseable de este tipo de material pero, por otro lado, también son garantías para no introducir inestabilidad e incertidumbre en la industria armamentística. Por tanto, yo reiteraría la necesidad de ser muy prudente a la hora de tomar decisiones. Esta semana hemos hablado de este contrato que Defensa paraliza y al final yo tengo una cierta frustración, aparte de por no saber mucho, por no tener claro al final quién es realmente el responsable para lo bueno y para lo malo en esta decisión. Yo le digo que no sorteemos los controles y ajustémonos en las decisiones a ese sistema que todos valoramos como que está bien hecho; mejorable, pero bien.

Para terminar, agradecerle el ofrecimiento de esas reuniones. Es bueno que estemos más informados y en todo caso, ante esa disposición a reunirnos con la JINDDU y a informar, quiero trasladarle la lealtad de mi grupo. Nosotros consideramos el Ministerio de Defensa como una cuestión de Estado. Y usted hablaba de un Gobierno que tenga una sola voz. A mí en algunos casos y en algunos temas que afectan a Defensa me gustaría que ampliáramos esa única voz, aunque a veces sea crítica, también a otros grupos que ahora no son los suyos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Intervengo muy brevemente.

Muchas gracias, presidente y muchas gracias, secretaria de Estado, por las explicaciones y por el ofrecimiento de encuentros con la junta interministerial. Por nuestra parte estamos muy satisfechos de ese ofrecimiento y espero que a través de la Presidencia de la Comisión podamos establecer unas fechas relativamente próximas.

En cuanto al fondo de la comparecencia, hemos estado pivotando sobre los principios de control y transparencia y sus distintas manifestaciones, y yo introducía otro, el de garantías, y no solo garantías materiales sino también procesales, tanto para conceder -sí procede-, como para revocar.

Termino animándoles a que sigan en la actividad y a que sigan mejorando los aspectos de control y transparencia. Y también en las garantías somos un Estado de derecho y los actos administrativos y las decisiones públicas no pueden venir dadas sin prejuzgar el fondo, la bondad, maldad o error de las decisiones por actos que no estén soportados en un expediente administrativo, en un sentido o en su contrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.

Señora Surra.

La señora SURRA SPADEA: Intervendré muy brevemente también.

Quiero agradecerle a la secretaria de Estado las respuestas, sobre todo la contundente de que el respeto a los derechos humanos está por encima de la venta de armas. Y respecto a la posibilidad de poder reunir a la Comisión periódicamente con usted, pienso que sería bueno ya que hace muy poco que está en esas funciones y muchos de los informes son de lo que los otros han hecho. Transmitiré esto a los responsables de la Comisión -hoy no pudieron venir y vine yo en su sustitución- y pienso que estarán de acuerdo conmigo en que es un buen comienzo.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Surra.

Señor Cano.

El señor CANO LEAL: Gracias, presidente.

Gracias, secretaria de Estado, por las explicaciones que nos ha ofrecido aquí y, por supuesto, por la oferta de mayor coordinación-relación entre la Comisión y la JINDDU. Realmente esta actividad tiene el calado y la importancia suficiente como para que un contacto solo al año -la remisión, valoración y examen del informe aquí- resulte bastante escaso para la trascendencia que tiene este asunto. Por tanto, nosotros también encantados lógicamente de que se incrementen los contactos y la información.

Y no me quiero salir del tema, pero los trabajadores deben de estar equivocados entonces porque la información que me han trasladado a mí esta mañana ha sido que el contrato estaba muy en peligro, por no decir que estaba liquidado. Incluso la propia presidenta de la Junta de Andalucía ha requerido al Gobierno central para que aporte una solución a Navantia. No dice siquiera que aclare la situación, sino que aporte una solución al problema de Navantia. Creo que sería bueno arbitrar una coordinación entre los ministerios porque le puedo garantizar que el ciudadano de a pie no entiende que el Ministerio de Comercio solo interviene cuando el producto se va a entregar y analiza la licencia, que Exteriores tiene otra competencia y Defensa tiene otra competencia; el ciudadano solo ve que el pan de su familia está en peligro y no entiende de competencias. Por tanto, yo creo que sería bueno avanzar en esa coordinación. Y deduzco que de las preguntas que le he hecho sobre las reuniones y los contactos con Arabia Saudí los días precedentes no sabe nada porque si no habría dicho algo. Simplemente creo que es bueno que avancemos en esa coordinación entre ministerios para proporcionar mayor información. Me gustaría creer que lo del tema de Navantia es solo un rumor que mañana se desmentirá.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cano.

Señora Valido.

La señora VALIDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señora Méndez. Por supuesto que estamos de acuerdo -igual que han dicho los anteriores compañeros-, nos parece muy buena idea y una manera buena de trabajar la relación con la JIMDDU. Asimismo me ha parecido muy buena idea y creo que van a abundar en el control las inspecciones ex post, lo que pasa es que, como siempre, en todas estas iniciativas la Administración tiene que venir ayudada y reforzada por recursos humanos y materiales, sobre todo humanos, de los que la Administración está bastante empobrecida en los últimos años. Claro, si tenemos buenas iniciativas, pero no tenemos personal y empleador públicos con los cuales implementarlas, carecen de sentido.

En cuanto a lo que ha dicho de que se habla solamente de un país y que va a ser un control transversal, por supuesto, solo faltaba, lo que pasa es que yo misma he incidido en un solo país porque creemos que es de extrema gravedad, como han dicho las organizaciones, pero desde luego hay una lista de países que reciben armas donde hay un incumplimiento grave, no solamente porque lo digan estas asociaciones, sino porque lo dicen así distintos organismos de la ONU, el Observatorio de Derechos Humanos y otras organizaciones que dicen que realmente hay un grave incumplimiento de los derechos humanos con desapariciones, muertes extrajudiciales y demasiado uso de la fuerza.

Por otro lado, en cuanto a las denegaciones -y tampoco le compete a usted, pero sí al equipo, como ha dicho antes- que ha habido en relación con la República Popular China, Libia o Rusia, han sido porque ya había un embargo anterior de la ONU y la Unión Europea, mientras que las dos de Israel sí fueron denegaciones por aplicación de la posición común europea. Eso es lo que queremos, que se cumpla con nuestros compromisos internacionales y nuestro propio ordenamiento.

Muchas gracias por la intervención. Desde luego hemos oído cosas que a nosotros nos gustan mucho y que hemos estado pidiendo, y no solamente nosotros sino también otros grupos aquí presentes. Esperemos que de verdad eso se concrete y se defina.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valido.

Señora Alconchel.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias.

Quería decir que el Gobierno tiene la firme determinación de seguir con las relaciones y para nada poner en riesgo cualquier tipo de contrato que ya esté firmado y que afecte tan claramente como el


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contrato de Navantia. Cuando se habla de controles posteriores -como ha dicho el representante de Ciudadanos- que la ciudadanía pueda no entender, hablamos de controles posteriores de manera general en todos los contratos, porque la legislación hace que todos los Gobiernos tengan que ser sensibles con los derechos humanos, pero quiero reiterar la tranquilidad de que este Gobierno está absolutamente comprometido con el empleo, con el desarrollo industrial y con esa viabilidad y carga de trabajo en la industria. Y vamos a hablar de las empresas públicas, como Navantia. El contrato sigue en marcha, el Gobierno no lo va a poner en riesgo. Por tanto, creo que ha lanzado usted ese mensaje de tranquilidad que se necesita en estos días.

Agradecemos esa predisposición a mayor información y mayor contacto con esta Comisión de Defensa por parte de la JIMDDU. Efectivamente, son muchos los factores que influyen en las relaciones comerciales, pero evidentemente tenemos que compaginar, y existen los instrumentos suficientes, el respeto a los derechos humanos con el mantenimiento de las relaciones comerciales con otros Estados; este es un Gobierno sensible con el empleo, especialmente en las zonas donde más se necesita.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alconchel.

Señor Postigo.

El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, señor presidente. Seré muy breve.

En primer lugar, quisiera dar las gracias -porque no lo he hecho en mi anterior intervención- por la labor llevada a cabo por las ONG, por su trabajo y esfuerzo, así como por el informe que han remitido al Grupo Parlamentario Popular. Desde luego, lo estudiaremos con todo detalle y cariño para hacer las propuestas de resolución que sean necesarias en relación con este informe, señora secretaria de Estado.

En segundo lugar, quisiera hacerle simplemente dos preguntas muy sencillas, señora secretaria de Estado de Comercio, que se contestan con un sí o con un no, y le agradecería, por favor, que me lo dijera. ¿Sufre en estos momentos algún embargo o alguna moratoria el contrato firmado entre España y Arabia Saudí para la venta de las bombas, sí o no? ¿Ha suspendido la JIMDDU o usted la licencia del contrato de venta de estas bombas con Arabia Saudí, sí o no? No le pido más respuestas, de verdad.

Agradeciéndole su comparecencia, espero que a estas dos preguntas tan sencillas me conteste, por favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postigo.

Tiene de nuevo la palabra para contestar a sus intervenciones la señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Méndez Bértolo): Voy a dar una respuesta general para no tenerles aquí más tiempo, pero respecto a esa cuestión pretendí dejar claro antes cuál era el alcance de lo que realmente puedo informar si quiero decir algo que sea cierto, y en este caso del contrato no puedo aportar una información que pueda tener el Ministerio de Defensa y que a mí no me compete. Por tanto, será el Ministerio de Defensa o el Gobierno el que dé la explicación conveniente; no es materia de esta Secretaría de Estado, lamentablemente.

Respecto al resto de intervenciones, simplemente quisiera tocar tres cuestiones. En primer lugar, entiendo que todos comparten que el análisis es general y que no debemos caer en un análisis en caliente sobre cuestiones muy concretas. Por tanto, la reforma es profunda y es transversal, porque esta es la única manera de que no sea sesgada, de que sea justa, de que sea objetiva y de que realmente pueda cambiar algo. La segunda cuestión es que el éxito de las políticas de exportación de armas y de las medidas de control y las garantías, que es lo que nos pedían, depende absolutamente de la cooperación y de las buenas relaciones que España sea capaz de mantener con terceros países, lo dije antes pero quiero insistir en ello. Y, por último, que en este trabajo de mejora continua, que también requiere a veces un impulso extraordinario, como puede ser la situación que atravesamos por esta sensibilidad y estas inquietudes que surgen de la sociedad civil y de muchos de ustedes, la labor de sus señorías y de las ONG es muy valiosa. Por lo tanto, creo que debe mantenerse este canal abierto hoy de comunicación fluida que les hemos propuesto y me causa una enorme alegría y satisfacción saber que aceptan. Quizás a través de la Presidencia podríamos fijar cuanto antes una reunión, en función de las agendas.

Muchas gracias por invitarme a participar.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Les recuerdo a sus señorías que el plazo para presentar propuestas o recomendaciones respecto al informe que hoy se ha debatido en la Comisión vence el día 24 de septiembre de este mismo año.

Termino agradeciendo a los servicios de la Cámara su trabajo, a sus señorías, como siempre, su comportamiento, y saludando y agradeciendo a la propia secretaria de Estado y a los que la han acompañado su comparecencia.

Se levanta la sesión.

Eran las dos de la tarde.

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