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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 57, de 28/11/2016
cve: DSCD-12-CO-57
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 57
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO
Sesión núm. 4
celebrada el lunes,
28 de noviembre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CCOO (Fernández Toxo), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000109) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes. Vamos a iniciar la comparecencia prevista para esta tarde.

En primer lugar, quiero pedir disculpas a los miembros de la Comisión porque esta mañana les dije que era a las cuatro y media y era a las cuatro; así que pido disculpas a todos. En segundo lugar, vamos a iniciar la comparecencia de don Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, a quien doy la bienvenida a esta subcomisión. Es muy importante la comparecencia de él y de lo que él representa. La vamos a iniciar con la intervención del señor Fernández Toxo e, inmediatamente después, daremos la palabra a los portavoces de los grupos para que hagan las preguntas que consideren oportuno.

Adelante, señor Fernández Toxo. (Rumores).

Silencio, por favor.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Fernández Toxo): Buenas tardes, presidenta, señoras y señores diputados.

En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a la subcomisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados la oportunidad de expresar aquí la opinión de Comisiones Obreras en relación con un debate de tanta trascendencia para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Comisiones Obreras es una organización -es sobradamente conocida- comprometida desde el principio con el Pacto de Toledo. Hemos participado desde el año 1995 en los debates que alrededor del pacto se han realizado y tenemos la condición de ser la organización que ha firmado todos los acuerdos que se han negociado en nuestro país desde 1995 hasta el año 2011. Por tanto, creo que la trayectoria en este tiempo avala la posición del sindicato, el rigor con el que hemos pretendido -y creo que logrado- defender siempre el sistema público de pensiones como una pieza capital para la vida de muchas personas y para la canalización de la solidaridad entre generaciones y territorios en nuestro país.

Hoy hemos hecho entrega, en el registro, de un documento con la propuesta completa -que no desarrollaré totalmente esta tarde, si acaso después de la primera intervención, en las preguntas, podremos abundar en algunas de las cuestiones ahí planteadas- para que dispongan del conjunto de la posición que defiende el sindicato en estos momentos. Ahora, en esta primera intervención, trataré de exponer las líneas maestras, partiendo primero de por qué planteamos una serie de cuestiones, cómo vemos la situación del sistema de Seguridad Social en estos momentos, y terminaré cuantificando las propuestas que estamos realizando, sobre todo, en el terreno de los ingresos para la Seguridad Social.

Empezaré diciendo que para Comisiones Obreras el sistema de pensiones es perfectamente sostenible, que lejos de catastrofismos, en nuestra opinión, el sistema no está en riesgo porque la sociedad tiene instrumentos, medios para que el sistema pueda seguir funcionando de forma adecuada y atendiendo las necesidades de las personas que actualmente están percibiendo sus pensiones o que en el futuro las percibirán. Sí diré a continuación que, en nuestra opinión, lo que está en riesgo -a ello dedicaré una buena parte de la intervención- es la calidad de las pensiones que el sistema está en condiciones de ofrecer a los pensionistas y jubilados en el futuro. Los retos del sistema exigen, en opinión de Comisiones Obreras, actuar con medidas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Nuestras propuestas irán destinadas, fundamentalmente, a la mejora de los ingresos, flujos de financiación adicional necesarios y estables, por parte del Estado, sostenidos y suficientes. Como decía, para Comisiones Obreras, el sistema público de pensiones español es sostenible. Debe abordar retos de importancia, pero retos que son menores que los que ha tenido que abordar hace unas cuantas décadas; por no hablar del tránsito del viejo sistema entre los años 1964 y 1974 del siglo pasado. Partíamos de unos niveles ínfimos de gasto en materia de pensiones, también de ínfimas coberturas, y hemos construido entre todos y todas un sistema, que es mejorable, pero que ha dado satisfacción a las necesidades de millones de personas en nuestro país.

España es la quinta economía que genera más renta de la Unión Europea y la decimosegunda por renta per capita. Por lo tanto, podemos mantener un sistema público que cubra a todos con pensiones de calidad cuando llegue a la jubilación. Solo hace falta que, de manera adicional y coherente con las medidas que se vienen adoptando de forma pactada en las últimas décadas salvo en 2013, se tomen unas pocas pero decisivas decisiones políticas y se inscriba en un calendario de progresiva implementación. Mantener nuestro modelo actual de pensiones exigirá un gasto, en el año 2050 -parece lejos, pero hay que prepararse para ello-, que será el momento en el que tengamos la máxima exigencia de gasto en materia de pensiones debido a la presión demográfica, de entre 14 y 15 puntos de producto interior bruto; son 10,2 -si no recuerdo mal-, en estos momentos, los que estamos destinando a la financiación de las pensiones.


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Es un reto importante pero, en opinión del sindicato, perfectamente asumible por la sociedad y la economía española. Esto situaría el gasto, en términos de PIB, en una cuantía similar a la que ya presentan hoy algunos países de la eurozona, que son aquellos con los que deberíamos compararnos. España cuenta con un margen fiscal considerable. Ingresamos del orden de 7 puntos de producto interior bruto menos que los países de la eurozona; y tenemos un gasto social considerablemente más bajo, en términos de PIB, que los países de la zona euro. Por lo tanto, para Comisiones Obreras no hay reto en materia de pensiones que no pueda ser solucionado. La clave está en que las reformas se hagan bajo el marco del Pacto de Toledo y sean consensuadas con los agentes sociales, lo que les daría garantía de eficacia, legitimación social y mantenimiento del carácter contributivo del sistema de pensiones.

Concluyo con una primera cuestión: el debate de fondo no es si es sostenible o no el sistema público de pensiones, sino en cómo se aborda un reparto equitativo y justo de los esfuerzos necesarios para su financiación, de manera que pueda ofrecer, ahora y en el futuro, pensiones de calidad. El sistema público de pensiones es necesario y cumple una doble función. En primer lugar, una función social de primer orden, como garantía de rentas de las personas trabajadoras y ciudadanos cuando alcanzan una edad suficiente para percibir estas rentas. Es una cuestión de justicia social garantizar el bienestar de quienes, con su trabajo y esfuerzo, han contribuido a sostener el Estado de bienestar. En segundo lugar, cubre también una función macroeconómica: las pensiones suponen una parte cada vez más relevante de la demanda interna en nuestro país, y en una fase como la actual, en la que hemos dejado atrás la recesión, pero no hemos salido de los efectos de la crisis, el consumo de las familias españolas soportado por salarios decentes, pensiones de calidad y prestaciones públicas, como las prestaciones por desempleo, es fundamental para el impulso de la demanda interna que forma parte importante -muy relevante- de la actividad económica en nuestro país. Atiende el sistema ahora a 9 millones de pensiones, y necesitará atender en el futuro 2050 a 15 millones. La evolución demográfica es conocida sobradamente por todos y está presente en todos los debates que sobre pensiones hemos mantenido en nuestro país a lo largo de estos años.

La combinación de ambos objetivos, social y macroeconómico, se ha articulado además en el caso de España mediante un sistema de solidaridad entre generaciones y entre territorios, y añadiré: entre activos y pasivos, y debe seguir manteniendo ese carácter. En el caso específico de la solidaridad entre generaciones, que fundamenta nuestro modelo de reparto, se hace especialmente necesario el establecimiento de las garantías que hagan posible mantener un sistema de pensiones comparable al actual cuando alcancen la jubilación las generaciones más numerosas y que hoy contribuyen a sostener el conjunto de necesidades del país. Pero para que sigan contribuyendo, tienen que saber que cuando les llegue el momento de percibir su pensión recibirán una pensión al menos de calidad similar a las pensiones actuales, y apunto, que en muchos casos no es muy alta, como bien saben sus señorías.

Garantizar la sostenibilidad de este modelo de pensiones pasa por abordar una serie de retos, entre los que podríamos destacar como principales los siguientes. Primero, en el corto plazo: como consecuencia de la crisis económica, el desempleo y los fenómenos de devaluación salarial y precarización, asociados al modelo de recuperación económica que vivimos, hemos de enfrentar una situación de déficit financiero en el sistema que se mantiene desde 2011, que en 2016 equivaldrá a más de 1,6 puntos de producto interior bruto y que, con toda seguridad, se mantendrá -de no hacer algunas cosas que convendría hacer- en una tónica similar en los próximos años. Recientemente, en la reunión que mantuvimos el pasado día 24 con el presidente del Gobierno, este afirmaba que el año próximo el déficit de la Seguridad Social solo se podrá reducir en una décima o en dos como mucho. Es decir, estamos hablando de déficits del entorno de 1,6 puntos de producto interior bruto por un periodo.

De forma sucesiva, y probablemente coincidiendo con el anterior en algunos momentos, desplegará paulatinamente sus efectos la llegada a la edad de jubilación de las primeras cohortes del baby boom, lo que exigirá un importante incremento de los recursos necesarios para financiar el sistema, que irá creciendo conforme a la evolución demográfica hasta que finalmente comience a remitir a partir de la década de los sesenta. Como decía, el gasto estimado para ese periodo debería situarse entre los 14 y los 15 puntos de producto interior bruto, es decir, 4 puntos por encima del gasto actual en materia de pensiones. Estamos hablando -insisto- de un periodo de casi treinta y cinco años en los que la economía española puede perfectamente asumir ese incremento del gasto en materia de pensiones.

La reforma operada en el año 2013, respecto de la evolución de la esperanza de vida y la revalorización de las pensiones, actúa de forma automática y exclusiva sobre las cuantías de las pensiones. Como consecuencia de ello, el sistema público de pensiones, de no corregirse los efectos de esta reforma, en


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las próximas décadas está abocado a ver reducido de forma muy notable el nivel de calidad que ofrecen sus prestaciones. Es decir, la combinación de la nueva fórmula de revalorización con el factor de sostenibilidad anticipado al año 2019 va a tener, si no se corrige, un efecto negativo sobre la cuantía de las pensiones del futuro muy relevante. Mantener unos estándares de protección homologables con los países de nuestro entorno exige no solo conseguir el equilibrio financiero del sistema, sino también entre la pensión que se recibe al jubilarse y el salario que se deja de percibir, es decir, la tasa de reemplazo.

La inestabilidad en el empleo -característica del mercado de trabajo español- proyecta una caída futura, pero es sobre todo el contenido de la reforma de 2013 lo que va a provocar una reducción hasta niveles no admisibles en el futuro de las pensiones. (Muestra un gráfico). Encontrarán en el documento un gráfico -es un gráfico de la Comisión Europea- realizado a partir de los datos aportados por el Gobierno de España en relación con la evolución futura de las pensiones en nuestro país. Y ahí nos encontramos con que, frente a una tasa de reemplazo en el año 2013 del 79%, estima la Comisión Europea que en el año 2060 tendremos una tasa de reemplazo del 48,6%. Esto no es asumible desde un sindicato y creemos que por la sociedad española tampoco lo es, y este efecto es el que hay que corregir. En consecuencia, nos parece imprescindible, junto con otras medidas, conseguir la revisión de la reforma del año 2013, que además ha sido la única reforma no consensuada, no pactada bajo el paraguas del Pacto de Toledo, de toda la historia de las reformas que desde 1995 se vienen realizando en España.

Los retos del sistema exigen actuar, como decía, en el corto, medio y largo plazo. Junto con los retos señalados en el orden financiero y de suficiencia de las prestaciones, hemos de llamar la atención sobre el grave riesgo que para el mantenimiento del servicio público de Seguridad Social supone la situación actual que atraviesan las plantillas de empleados públicos, que mantienen el servicio de la Administración de Seguridad Social. Se trata en realidad de un proceso que desde hace ya varias legislaturas viene afectando al conjunto de la Función pública, pero que se hace especialmente evidente y relevante en el caso de determinados servicios públicos que resultan estratégicos, tales como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la inspección de Trabajo, la sanidad pública, etcétera. El proceso de digitalización en marcha de la Administración pública en parte paliará este problema, pero solo en parte. Sería muy conveniente abordar la situación de las plantillas en su estructura y en su volumen en estos momentos, antes de que algunos de los daños puedan resultar irreparables o generen problemas de gestión serios del sistema de pensiones en su traslación a la ciudadanía.

En el caso de la Administración pública de la Seguridad Social, entre 2003 y 2016, el número de empleados públicos que mantienen el servicio se ha reducido en un 15,4%, lo que supone una pérdida de 4.890 empleos, sin que se haya procedido a su reposición en una cuantía significativa. Más grave es incluso esta situación si tenemos en cuenta que la estructura de edad de las plantillas se encuentra muy envejecida, y solo en los próximos cinco años alcanzarán la edad de jubilación el 18% de las actuales plantillas, cifra que se situará en el 24% aproximadamente en una década. A ello hemos de sumar el desequilibrio funcional que desde hace tiempo viene acentuándose en la plantilla, que lleva tiempo necesitada de aumentar su personal técnico cualificado. De no corregirse de forma urgente, abocarán a una situación en la que se pone en riesgo el mantenimiento del modelo mismo de servicios públicos de gestión directa.

En opinión de Comisiones Obreras, el mantenimiento del actual modelo de pensiones públicas, atendiendo a los retos expuestos, exige actuaciones que han de darse en dos fases: una, inmediata, adoptando medidas para equilibrar la situación financiera, mejorando ingresos por cotizaciones e incorporando ingresos adicionales desde los Presupuestos Generales del Estado para cubrir los déficits de Seguridad Social con consenso social y político; y la segunda, a lo largo de la presente legislatura, recuperando, a continuación, el marco de actuación del Pacto de Toledo con la adopción consensuada de nuevas recomendaciones, reforzando el pacto para evitar nuevas rupturas como la que supuso en su normal funcionamiento la reforma no pactada de 2013, cuyos efectos -insisto- deberán ser corregidos.

Dicho esto, paso a situar los elementos que podrían ser trabajados para conseguir un incremento sustancial de los ingresos de la Seguridad Social en un periodo de tiempo. Plantearé una batería de medidas, aunque no sería necesario actuar con todas ellas al mismo tiempo ni en la intensidad que voy a plantear aquí, pero sí es una batería suficientemente amplia de propuestas que contienen elementos que pueden permitir que en ese período, de aquí al año 2050, el sistema pueda incorporar esos 4 puntos adicionales de producto interior bruto necesarios para garantizar la calidad de las pensiones. De entrada, habría que actuar para paliar los efectos de la coyuntura, de una coyuntura de empleo muy negativas, y evitar, como se ha venido produciendo en estos últimos años, el consumo acelerado del Fondo de reserva


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hasta su agotamiento, que se produciría el año próximo si se siguiera tirando de esos recursos para cubrir el déficit de este año y el del año 2017, ya previsto y que he comentado. En ese sentido podría operar el incremento coyuntural de 2 puntos en las cotizaciones sociales. Estamos hablando de un potencial de 7.000 millones de euros. Cada punto de cotización a la Seguridad Social viene a representar del orden de 3.500 millones de euros. Sería un viaje temporal a la inversa al realizado en la década de los ochenta hasta 1995, en el que las cotizaciones sociales se vieron reducidas en el orden de 4 puntos.

En cuanto al incremento de las bases máximas de cotización, el potencial máximo se sitúa en una base imponible de alrededor 25.000 o 26.000 millones de euros que darían como nuevos ingresos, si se actuase sobre el conjunto, unos 7.500 millones de euros a la Seguridad Social. Si ustedes, que seguramente lo han hecho, han comparado las bases mínimas y máximas del sistema español con las de los países de nuestro entorno, habrán observado que las de España son las más bajas de todas ellas y, que la correspondencia entre base máxima y pensión máxima tiene un decalaje del 15% después de la reforma de 2011, en la línea de las reformas paramétricas que se habían ido realizando con anterioridad hasta esta del año 2011. Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, con que en Francia, hay una base máxima de cotización superior a los 30.000 euros, por no hablar de los 100.000 de lugares como Italia o de menor cuantía en otros. El potencial está ahí. No es necesario agotarlo y, además, habría que tener en cuenta que destopar las bases máximas de cotización debería ir acompañado de un destope también de la pensión máxima, aun manteniendo un diferencial similar o un poco superior al actual entre base máxima y pensión máxima. Ahora sería todo prácticamente incremento de ingresos; en el futuro habría que soportar un mayor gasto en correspondencia con la prestación que habría que poner a disposición de las personas que incrementarían ahora su contribución.

Incremento de la base mínima de cotización como consecuencia del aumento paulatino del salario mínimo interprofesional al 60% de la media salarial. Estamos hablando de un salario mínimo al final de la legislatura de 972 euros mes y una base mínima de 1.132 euros. Esto aportaría ingresos adicionales a la Seguridad Social por 3.470 millones de euros.

Equiparación de las bases medias de cotización del régimen de autónomos y el régimen general. No parece lógico que la base mínima del régimen de autónomos sea superior a la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, del orden de 130 euros más o menos. Tampoco parece lógico que la base máxima sea inferior a la base máxima del régimen general. Una operación de cotización sobre bases reales, base mínima igual a la del régimen general y situar lo mismo en relación con la base máxima, debería combinarse con una operación en materia fiscal para acomodar, no sobre estimación sino sobre ingresos reales, la tributación fiscal de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Esto provocaría en materia de Seguridad Social que habría una parte, aquellos que tienen menos ingresos, que se vería beneficiada por una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, y otra parte más importante que se beneficiaría en su pensión futura, evidentemente cotizando más de lo que está cotizando en estos momentos. Yo llamo la atención de algo que creo que aquí situó la ministra de Empleo, y que hace unos días nos decía el presidente del Gobierno en la reunión que manteníamos en la Moncloa. Del déficit total de la Seguridad Social, entre 7.500 y 8.000 millones proceden del régimen de autónomos. Dejo el apunte ahí nada más. En todo caso, señalo que las medidas que se aborden en relación con el régimen especial de autónomos no pueden estar desconectadas del conjunto de la revisión que se haya de hacer del sistema de Seguridad Social. Por tanto, no cabe ir tomando medidas parciales sobre tal o cual parte del sistema, sino después de las conclusiones del Pacto de Toledo actuar sobre el conjunto, tanto el régimen general como los regímenes especiales si es el caso.

Asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social. Estamos hablando de 3.825 millones de euros en el año 2016.

Conversión de tarifas planas y reducciones de cuotas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo, sin considerar en este caso reducciones de cotizaciones empresariales en el sector agrario. Si se operase sobre el sector agrario, la cuantía que ahora voy a decir sería superior. Hablamos de las tarifas planas y bonificaciones por un valor de 1.800 millones de euros que, en nuestra opinión, no están sirviendo para la generación de empleo y mucho menos de empleo de calidad, que afloraría de cualquier otra manera, en nuestra opinión al menos, y que en todo caso, de mantenerse, que seguramente habrá que hacerlo para algunos colectivos específicos -víctimas de violencia de género, personas en situación de discapacidad y algún otro colectivo-, se debería cargar a impuestos generales y no a cotizaciones de la Seguridad Social.


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Ingresos procedentes de imposición general en la cuantía que se considere necesaria en cada momento. A título de ejemplo, la financiación con impuestos de las prestaciones por supervivencia supondría unos ingresos adicionales de 19.000 millones de euros al sistema de Seguridad Social.

Políticas de empleo que favorezcan la creación de tres millones de empleos. Le tomamos la palabra al presidente del Gobierno: España necesita incrementar la cantidad de empleo. No sería, creo yo, un objetivo desmedido plantearse que en la legislatura consiguiéramos reducir la tasa de desempleo en nuestro país de dos dígitos -tenemos cuatro años por delante o tres y medio-. El presidente del Gobierno habló de 20 millones de ocupados en la legislatura. El problema no es el volumen de ocupados; el problema es la calidad de las cotizaciones que llegan al sistema, que están asociadas a la calidad de las retribuciones de las personas ocupadas en nuestro país. Aquí es necesario corregir los efectos de una devaluación salarial que ha ido demasiado lejos y por eso planteamos la necesidad de revisar el salario mínimo en los términos que estamos planteando y una política salarial en la negociación colectiva, también en las administraciones públicas, que permita a las personas recuperarse de los efectos de la devaluación salarial, mejorar sus condiciones salariales y, por tanto, de vida. Es decir, cantidad de empleo pero calidad de salarios son determinantes para el volumen de ingresos del sistema.

Hablamos de un potencial de 15.000 millones de euros, es decir 1,32 puntos de producto interior bruto, y estimamos que la lucha contra la economía sumergida podría aportar unos 6.300 millones de euros adicionales. Hablamos, por lo tanto, de 70.952 millones de euros, 6,3 puntos de producto interior bruto. Como decía al principio y reitero, no se trata de que todos estos recursos tengan que llegar al sistema, pero a Comisiones Obreras nos parece que hay una batería suficiente de actuaciones, que se pueden abordar con más o menos intensidad cada una de ellas, que preservarían el futuro no del sistema sino de la calidad del sistema; es decir, de las prestaciones que el sistema es capaz de ofrecer a las personas en el momento en que las necesitan.

Las medidas que Comisiones Obreras plantea buscan la mejora de la progresividad de las cotizaciones sociales, el refuerzo del principio de separación de fuentes de financiación. Este fue un camino que iniciamos con el acuerdo del Pacto de Toledo en 1995 y que ha presidido todas las negociaciones que han dado lugar a reformas consensuadas del sistema de pensiones -desde 2010 a 2011-, y en esta línea nos parece que sería imprescindible continuar. Todas son medidas al alcance de la economía y la sociedad española, que no han de operar todas ellas al mismo tiempo y con la misma intensidad; hay tiempo todavía para que puedan ser abordadas, pero algunas exigen ser tomadas en un plazo inmediato -el que estimen pero lo más rápido posible- para evitar que continúe ese desfase brutal que tenemos entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, con la alarma que esto está generando. Reitero -y termino con esto- la primera afirmación que hice: el sistema no está en riesgo, lo que está en riesgo es la calidad de las prestaciones que el sistema es capaz de abordar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Fernández Toxo.

Ahora van a intervenir los diferentes grupos. Dado el nivel de datos y de aportaciones que ha hecho el señor Fernández Toxo, si les parece, vamos a ser generosos con el tiempo. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Mercè Perea.

La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.

Bienvenido, señor secretario general de Comisiones Obreras. Le haré las preguntas en función de cómo ha hecho usted la intervención. Entiendo que en términos generales todos estamos de acuerdo en los principios del sistema: contributividad, suficiencia, solidaridad intergeneracional y equidad, no hay ninguna duda al respecto. Una primera pregunta sería, por tanto, si usted piensa que el sistema debe ser considerado de forma integral, es decir, cualquier tratamiento que se haga debe hacerse de forma integral y no en función del tipo de prestación o en función del tipo de ingreso que se realice. Me explico y así verá cómo concreto la pregunta. En el caso de las pensiones de viudedad -a las que usted ha hecho referencia-, he entendido que usted ha dicho que deberán ser sufragadas o dotadas por un ingreso generado por los Presupuestos Generales del Estado. Este no es el parecer del Grupo Socialista, al que represento. En todo caso, entendemos que debemos estudiar el sistema de forma integral. De hecho, usted también ha hecho referencia a ello. Ha dicho: No podemos estar desgajando prestaciones porque todos sabemos que eso es debilitarlo. La pregunta va en ese sentido, si usted considera que los ingresos que procedan de los Presupuestos Generales del Estado deberían estar afectados a una prestación, como en el caso de la viudedad, como se ha planteado en alguna ocasión -creo recordar que por


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Comisiones Obreras y algún otro grupo-, o si entiende que la financiación tiene que provenir y afectar a todo el sistema en general. Usted ha dicho, textualmente: En cualquier caso, las pensiones de futuro tienen que tener una calidad similar a las pensiones actuales, que no es muy alta. He entendido con esto que debemos estudiar qué prestación se ha de tener en el futuro para recuperar el poder adquisitivo que en este momento han perdido los pensionistas como consecuencia de las políticas llevadas a cabo en los últimos años.

Respecto al déficit, usted ha planteado que debemos recuperar la devaluación salarial que ha sufrido el mercado laboral a través de la reforma del año 2012. ¿Se ha hecho algún cálculo sobre qué precisaría esa recuperación de la devaluación salarial, a efectos de ingresos de cotizaciones? Por otra parte, ¿se ha hecho algún tipo de cálculo de cómo afectará el proceso de digitalización, que entrará en un periodo de cuatro años en el mercado laboral y que, según los datos -si no recuerdo mal-, estaríamos hablando de una pérdida de millones de puestos de trabajo en Europa?

También ha hablado de empleo público de calidad y ha planteado que en este proceso de crisis ha habido una pérdida de efectivos. Ha hablado de una estructura más envejecida, de un desequilibrio funcional y de la necesidad de tener personal técnico cualificado. ¿Ha pensado Comisiones Obreras en algún tipo de mecanismo, tienen alguna propuesta? ¿Afectaría el hecho de llevarse a cabo lo que plantea la Ley 27/2011 en cuanto a la agencia estatal de la Seguridad Social de unificar la tesorería y el INSS a los efectos de reordenar los efectivos que tenemos, no tanto para reducir el número, sino para prestar un mejor servicio y de mayor calidad? En ese sentido, si no se plantea el hecho de llevar a cabo la agencia estatal, ¿qué necesitaría la estructura del sistema con nuevos efectivos? ¿Tienen algún cálculo?

En cuanto al destope de las bases máximas de cotización, usted plantea -y en eso creo que coincidimos todos- que los ingresos vendrían de forma inmediata y los gastos serían a medio plazo. ¿Sabemos de qué estamos hablando en ese caso? Cuando decimos, por ejemplo, que en 2050 vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo y, por tanto, tendremos un incremento del gasto del 15%, de 15 puntos sobre el PIB, ¿estamos teniendo en cuenta el caso de destopar o no?

La ministra señora Báñez tiene una máxima -de hecho es ya una frase recurrente por parte del Partido Popular-: lo primero es crear puestos de trabajo y después se verá si son de calidad. Yo entiendo que Comisiones Obreras no está en esa tesitura. Si quisiéramos ahora sanear el déficit actual de 19.000 millones de euros tendríamos que crear 700.000 puestos de trabajo al año durante unos 10 o 12 años.

Para finalizar, ha hablado del fraude y ha dicho que si actuáramos de forma efectiva sobre el fraude que se está produciendo a nivel laboral, a nivel de Seguridad Social, podríamos obtener unos rendimientos, unos ingresos de 6.300 millones de euros. Entiendo que Comisiones Obreras está por derogar la reforma del Código Penal que hizo el Partido Popular -me imagino que sí- y recuperar en todo caso las sanciones administrativas, así como reforzar el sistema de inspección de trabajo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Perea.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos, Aina Vidal.

La señora VIDAL SÁEZ: De Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Risas).

La señora PRESIDENTA: Además tú eres de En Comú Podem. Lo siento.

La señora VIDAL SÁEZ: No pasa nada.

En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia y la claridad. Compartimos muchas de las cuestiones que usted ha planteado esta tarde, entre ellas la preocupación tanto por el déficit de la Seguridad Social como por la propia dignidad y continuidad de las pensiones en términos de cuantía y de que realmente sirvan para mantener un nivel de vida digno y sostenible para las personas. Compartimos también la convicción absoluta de la viabilidad del sistema y de que esto depende de la voluntad que todos y todas tengamos a la hora de abordar este debate, por ello estamos en vía propositiva aquí, en los pactos de Toledo. Yo querría formularle seis preguntas relativas a esta cuestión. En primer lugar, usted sabe que las mujeres estamos en situación de mayor vulnerabilidad, también en lo que se refiere a las prestaciones y las pensiones, por lo que querría preguntarle si en Comisiones Obreras tienen pensadas algunas medidas o acciones dirigidas especialmente a este colectivo. En segundo lugar, el martes, la ministra Báñez avanzó que el Gobierno era bastante favorable a la idea de avanzar en la complementariedad entre trabajo y pensión, y querría conocer la opinión de su sindicato respeto de esta medida. En tercer lugar,


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tanto en la reforma no pactada como en otras anteriores se profundizaba de algún modo en el reparto entre lo público y lo privado, dejando que lo público se encargara más bien de los mínimos y lo privado de lo optativo. De algún modo, parece que la tendencia es ir cediendo espacio, por decirlo así, hacia las pensiones privadas, por lo que querríamos saber su opinión al respecto y si creen que hay que revertir determinadas cuestiones de anteriores reformas o no. En cuarto lugar, también desearíamos conocer su opinión sobre el globo sonda que se lanzó desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto de las pensiones de supervivencia; de algún modo se entendía que iban en la línea de sacarlas del sistema de Seguridad Social y traspasarlas hacia las comunidades autónomas. Queremos saber su opinión y si no creen ustedes que sería mejor mantenerlas en el sistema y aportar en todo caso los recursos necesarios desde Presupuestos Generales del Estado. En quinto lugar queríamos saber qué opinión les merecen a ustedes las últimas reformas acontecidas en el Fondo de reserva. Y, por último, queremos saber su opinión sobre la proposición de ley que registramos la semana pasada, en este caso en el Pleno, alrededor del salario mínimo interprofesional, que va muy en la línea de lo que usted plateaba. Simplemente, conocer su opinión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vidal.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Marcial Gómez

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta.

Don Ignacio, muchas gracias por su comparecencia, muchas gracias por el tono de la misma y por el tono del informe que nos ha remitido. El Grupo Parlamentario Ciudadanos está absolutamente de acuerdo con usted en que el sistema de pensiones es viable y posible, y quizá también en que lo que hace falta son una serie de reformas e implementar algunos ajustes concretos para reforzarlo. Coincidimos también con usted en que ese refuerzo debe ir encaminado hacia esa calidad a la que se ha referido: la calidad de las prestaciones. Y también coincidimos en que al hablar de pensiones lo hacemos de justicia social. Estamos de acuerdo; solo matizaría que cuando hablamos de justicia social, al estar hablando de un pacto entre generaciones, no solo debe ser el objetivo que nos mueva garantizar las prestaciones y el nivel adquisitivo de las personas que se van retirando, de las personas que van terminando su etapa laboral, sino que además tenemos que pensar en la próxima generación, tenemos que seducir a esa próxima generación que todavía no ha firmado este pacto entre generaciones en el que nos movemos y despejarles cualquier duda acerca de la viabilidad del sistema.

Ha hecho usted una prolija exposición de muchísimas medidas y ha ahondado acerca de la reordenación de las fuentes de financiación, y quería que me aclarara algo. Cuando se ha referido a destopar las bases máximas de cotización, me ha parecido entender que es usted favorable a que también se aumenten correlativamente las pensiones pero manteniendo un saldo neto favorable -por supuesto- al sistema de la Seguridad Social, porque si no, no tendría ningún sentido implementar esta medida. También me ha quedado clara su opinión en cuanto a los factores correctores de la reforma de 2013: el factor de equidad intergeneracional y el factor de revalorización anual. Mi pregunta es si consideran ustedes que hay que sustituir estos factores por otros factores de flexibilización que incidan menos en la cuantía de las pensiones o si abogan directamente por su sustitución por todas las medidas de las que nos ha hablado.

En cuanto al fraude, mi pregunta es si nos propone alguna medida concreta de lucha contra el fraude. Y en cuanto a una problemática muy concreta, los desempleados de mayor edad, queríamos saber si tiene alguna propuesta también concreta de políticas activas en torno a este colectivo especialmente desfavorecido por la crisis. Finalmente preguntarle qué le parece ahondar en medidas de conciliación laboral y familiar respecto a la presión que sobre el sistema ejerce la tasa demográfica, si considera que estas medidas de conciliación favorecerían una expansión demográfica. Por último, le pido que valore la posibilidad de compatibilizar el trabajo y la pensión.

Nada más. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gómez.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, doña Ester Capella.

La señora CAPELLA i FARRÉ: Gracias, presidenta.


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Quiero agradecer la intervención y la documentación que nos ha hecho llegar, y le agradezco asimismo la rotundidad en su afirmación de que el sistema de Seguridad Social es un sistema viable.

En cuanto al déficit y el sistema de financiación, no me ha quedado clara una cosa y por eso se lo voy a preguntar. Usted nos marcaba varias situaciones, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, y nos decía: reforzar los ingresos por cotización, más adicionales con cargo a los presupuestos. ¿Lo he entendido bien? Y distinguía también entre aquellas pensiones que deberían ser con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que he entendido que debía ser la pensión de viudedad. ¿Alguna otra pensión o prestación? Y en relación a la previsión social complementaria, que en la comparecencia de esta mañana la responsable de Cepyme abogaba por la misma y solicitaba un impulso a la previsión social complementaria, quisiera saber qué posición al respecto se tiene desde Comisiones Obreras y en qué condiciones -en caso de que se llegase al acuerdo- debería ser admisible.

Nada más y muchísimas gracias de nuevo.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, don Íñigo Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor Toxo.

Ha sido, como han comentado mis compañeros, una información exhaustiva -creo que hasta exagerada para la capacidad de asunción en tan poco tiempo-. Simplemente quería preguntarle por dos o tres cuestiones. En principio, me ha llamado la atención la cifra total de impacto que se supone que pueden tener las medidas que usted propone, 71.000 millones prácticamente, lo que supone el 6,3% del producto interior bruto. ¿Cree usted que es asumible la posibilidad de que se pueda modificar al alza en ese 6,3% el producto interior bruto en un plazo corto? (El señor Fernández Toxo hace signos negativos). En tanto en cuanto me está diciendo ya que no, ¿cuál sería la medida de la progresividad en la que usted podría plantear estas medidas? Eso por una parte. Segundo, de estas medidas -y atendiendo también únicamente al cuadro económico que usted ha presentado-, las cuatro primeras hacen referencia a un esfuerzo -por llamarlo así- entre empresa y trabajadores, en tanto que las últimas ya hacen referencia a un esfuerzo genérico de Presupuestos Generales del Estado o incluso de presupuestos de comunidades autónomas, puesto que algunas de estas cuestiones están transferidas a las comunidades autónomas. ¿En ese sentido, 0,61; 0,70; 0,31; 0,61, esa parte relativa a esfuerzo de trabajador y empresa forma parte ya del contenido del diálogo social o es una propuesta que se hace por parte de Comisiones desde un planteamiento simplemente teórico? Y la tercera ya se la han hecho pero yo voy a incidir de una forma más práctica, es decir, no tanto sobre el papel de la previsión social voluntaria como complementaria a la existencia de pensiones sino en qué medida -venimos de un debate donde se ha planteado esa cuestión-, siendo principal la función de la pensión y siendo complementario lo que es complementario, entiende usted que se puede corresponder la pensión mínima con algún tipo de progresividad de las aportaciones que se pueden hacer a mutualidades o entes de previsión social voluntaria.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

Pasamos al Grupo Mixto. Van a intervenir dos ponentes. En primer lugar, el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer también al señor Toxo su comparecencia y decirle que vamos a leer con mucha atención sus propuestas y sus reflexiones. Usted sabe que siempre hemos tenido sintonía en esta materia. Me gusta recordar que si existen dos fuerzas sociales y políticas que desde el año 1995 han coincidido en todas las reformas consensuadas y que al mismo tiempo han discrepado en aquellas que no lo han sido, han sido la fuerza que usted representa y la que yo represento en esta Cámara. Por tanto, insisto, tenemos esa sintonía, cosa que no quiere decir que coincidamos al cien por cien en todo, faltaría más. En este sentido, quiero plantearle algunas cosas con mucha brevedad. En primer lugar, coincido con usted en la crítica a las reformas de 2013 y la preocupación que nos provocan en el corto, medio y largo plazo. En ese sentido, somos partidarios de que en esta legislatura procedamos a revisar esas dos medidas, tanto el factor de sostenibilidad como el mecanismo anual de revalorización de las pensiones. Me gustaría conocer si sobre estas cuestiones Comisiones tiene alguna propuesta avanzada más allá de la crítica a los instrumentos existentes. En segundo lugar, compartimos con ustedes la necesidad de proceder a una financiación de las prestaciones de viudedad y orfandad por la vía impositiva pero también creemos que es necesario al mismo tiempo abordar dos cuestiones: abordar la situación de las mujeres mayores que


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viven solas con pensiones insuficientes, en la mayoría de las ocasiones pensiones de viudedad -es un reto de hoy- y al mismo tiempo repensar la pensión de viudedad frente a los cambios sociales, familiares y del mercado de trabajo respecto a la configuración de una prestación propia de una época en que la tasa de actividad de las mujeres rondaba alrededor del 20%. ¿En qué posición está ahí Comisiones Obreras?

En tercer lugar, ¿tienen ustedes alguna propuesta concreta para hacer frente a la situación que se deriva de aquellas personas con largas carreras de cotización que pierden el empleo en la última etapa de su vida y que no consiguen reincorporarse al mercado de trabajo? Existe una preocupación que muchos trabajadores en esa situación nos están trasladando.

Finalmente, dos últimas cuestiones. En cuanto a los sistemas complementarios, yo le preguntaba esta mañana a la responsable de Cepyme -y también se lo pregunto a usted- qué ha pasado para que en la negociación colectiva los planes de empleo colectivo no se hayan desarrollado de manera suficiente. Quisiera saber qué recorrido tenemos en esa dirección y qué medidas deberían tomarse para dar realmente un impulso a la negociación colectiva y extender a todos los trabajadores la protección social complementaria. Y el último comentario es el siguiente. Mi grupo es muy prudente con todo lo que tiene que ver con el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Quizás ese sería el punto de discrepancia que tenemos con ustedes, en el sentido de que nos preocupa siempre cómo pueden afectar a la generación y al mantenimiento del empleo los incrementos de los costes asociados a la contratación, y más con nuestras tasas de desempleo, en que la creación de empleo debe ser prioritaria. En cualquier caso, insisto, estaremos muy atentos a las propuestas y al devenir de los debates en las próximas semanas. Agradezco su intervención.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campuzano.

Señor Candela, adelante.

El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias por la comparecencia y por otra cuestión que cualitativamente es muy importante, que es focalizar el problema dónde realmente está: en una cuestión de distribución de recursos y en una cuestión que tiene que ver con el mercado laboral. Digo esto porque pareciera que el consenso que se quiere alcanzar en esta Comisión parece querer dejar de lado estas cuestiones. El informe que habéis presentado es importante porque con honradez, con la realidad -se ha demostrado que las políticas que se han venido aplicando no han funcionado-, es fundamental lo que plantea. Yo recogería la última pregunta que ha hecho mi compañero Carles Campuzano acerca de los efectos de la subida de las cotizaciones sobre la competitividad, sobre el empleo y sobre la estructura de costes; es decir, qué correlaciones hay entre una subida de las cotizaciones y estas variables, y más teniendo en cuenta -lo ha comentado usted antes- que durante los ochenta bajaron 4 puntos las cotizaciones, sin que hubiera ningún impacto importante sobre las variables de las que estamos hablando. Por último, quiero hacer una reflexión sobre las pensiones privadas que creo que comparte. Se ha demostrado que las rentabilidades medias de las pensiones privadas están muy por debajo de las rentabilidades del sistema público de reparto. También quería preguntar qué valoración hace acerca de esta cuestión.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero darle nuestra más sincera bienvenida a esta Comisión del Pacto de Toledo y mostrarle nuestro agradecimiento por su intervención. Me he identificado con muchas cosas de las que usted ha dicho aquí. Me ha gustado escucharle decir varias veces que el sistema es perfectamente sostenible, que no está en riesgo y que hay medios para seguir funcionando. Por lo tanto, desde esta Comisión hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que se han hecho reformas y que se pueden seguir haciendo, por eso estamos aquí trabajando en el Pacto de Toledo, pero creo que tenemos que estar orgullosos del sistema que hemos construido, que nos hemos dado entre todos, que ha aguantado bastante bien la crisis. Desde luego, la clave es el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social. Ahí vamos a estar, buscando consenso, diálogo y acuerdo. Ha dicho usted -y estoy totalmente de acuerdo- que hemos dejado atrás la recesión, pero que la salida de la crisis no ha llegado a todo el mundo. Efectivamente, hemos recuperado solo el 50% de los empleos que se destruyeron en la crisis; por


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lo tanto, nos queda el otro 50% por recuperar, nos queda mucho trabajo por hacer. Quiero reiterarme en lo que hemos dicho a lo largo de estos días: defendemos un sistema público de reparto con solidaridad intergeneracional, y queremos que siga siendo público y de reparto. Se ha hablado aquí también de la reforma del año 2013. Es verdad que esa reforma contó con un comité de expertos y que ya la Ley 27/2012 hacía referencia en su artículo 8 a la necesidad de establecer ese factor de sostenibilidad que luego en el año 2013 se terminó de definir.

Con respecto al índice de revalorización, es una de las recomendaciones que vienen recogidas en el marco del Pacto de Toledo la posibilidad de utilizar otros índices diferentes del IPC, como la evolución de los salarios, el crecimiento de la economía, etcétera.

Hablaba usted también de mejorar los ingresos. Nosotros hemos abordado reformas por el lado de los ingresos en la última legislatura, como la separación de las fuentes de financiación en la parte de los complementos a mínimos, que sabe usted que están financiados ya por los Presupuestos Generales del Estado, aumentando también las bases máximas de cotización un 5%, mejorando la lucha contra el fraude y ampliando los conceptos retributivos incluidos en las bases de cotización. Como consecuencia de esas reformas, no ha habido recomendaciones en los años 2014, 2015 y 2016 por parte de la Unión Europea.

Usted hablaba de destopar las bases máximas, acompañándolo del destope en la pensión máxima. Puede ser una alternativa a estudiar, pero creemos que hay que medir las consecuencias en el sistema, porque podemos arreglar un problema de ingresos pero crear un problema de gastos. Habría que calcular muy bien y crear unas medidas de protección del sistema. También ha hecho usted referencia al salario mínimo interprofesional. Estamos de acuerdo en que habrá que irlo subiendo de forma gradual, y no se le escapa a usted la vinculación directa que tiene con la negociación colectiva. En cuanto a las tarifas planas y reducciones en las cotizaciones, creemos que sí han tenido sus efectos en esos 500.000 empleos que se han creado al año. Estamos de acuerdo también en que hay que mejorar la política salarial en la negociación colectiva, no solo en la Administración pública, también en las empresas.

Insistimos en el tema de la viudedad. No hay que rasgarse las vestiduras en esta cuestión. Como he dicho antes, los complementos a mínimos ya están siendo financiados a través de transferencias de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social y me extraña que algunos presidentes de comunidades autónomas estén aprovechando esto para reunirse con asociaciones de viudas y decirles que las van a defender para que no tengan un tratamiento diferenciado. Creo que no hay que hacer demagogia en estas cuestiones porque estamos hablando de temas delicados que nos importan a todos.

Respecto al poder adquisitivo, creemos que en los últimos años, desde el año 2011, ha habido ganancias de poder adquisitivo; moderadas, pero ganancias. Por supuesto, todos los que estamos aquí hemos dicho por activa y por pasiva que queremos empleo público de calidad, pero la calidad empieza por tener un empleo y siempre es mejor crear 2.100 empleos al día que destruir 1.500 empleos al día. Usted ha hablado del incremento de las cotizaciones sociales como una de las medidas y me gustaría saber qué incremento del coste laboral podrían tener estas medidas y qué opina usted sobre crear un impuesto específico para pagar las pensiones, como plantean algunos grupos. También quería preguntarle sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres; nos preocupa y queríamos saber qué medidas propondrían ustedes desde su sindicato, desde Comisiones Obreras.

Finalmente, le agradezco una vez más su presencia en esta Comisión. Los españoles han pedido que los partidos políticos dialoguemos, que alcancemos un acuerdo, que lleguemos a un consenso, y creo que desde el Pacto de Toledo, y paralelamente al diálogo social, podemos alcanzar ese pacto nacional por las pensiones. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora España.

Señor Fernández Toxo, suya es la palabra.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Fernández Toxo): Muchas gracias, presidenta.

Intentaré responder al conjunto de las cuestiones que se han planteado. En primer lugar, quiero hacer una consideración de orden general. El sistema de pensiones es tan importante que bien merece la pena el esfuerzo de intentar conseguir el consenso del conjunto de la sociedad española. En ese sentido, simplemente quiero animarles a trabajar con espíritu de pacto, de acuerdo, más allá de las diferencias puntuales -que las hay- que puedan manifestarse en el debate. Yo creo que es el mejor servicio que esta Cámara puede prestar a la ciudadanía. Hay que evitar que el tema de las pensiones, que era el espíritu del acuerdo del año 1995, se convierta en munición electoral. Tenemos la experiencia de múltiples


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acuerdos en materia de pensiones. Yo no voy a decir que el acuerdo del año 2011, que dio como resultado la reforma que se puso en marcha, sea de mi entera satisfacción ni de la satisfacción de mi organización. Yo no estaba de acuerdo con los sesenta y siete años o con los treinta y ocho y medio de cálculo, pero en Comisiones Obreras nos parecía que, después de un proceso duro y difícil de negociación, era el punto de encuentro que podíamos alcanzar, incorporando otros elementos que estaban diseñados para dar la solidez que el sistema necesitaba en aquel momento y para un periodo prolongado de tiempo. Por eso entiendo menos la decisión adoptada en el año 2013, más allá de ese acuerdo, con las medidas que allí se plantearon, porque esa reforma del año 2013 es la única de carácter unilateral adoptada por Gobierno alguno desde el año 1995; y Comisiones Obreras ha negociado y acordado con Gobiernos de distinto signo en este país: varias veces con Gobiernos del Partido Popular y en varias ocasiones con Gobiernos del Partido Socialista. Aquello fue posible porque el Pacto de Toledo establecía unas recomendaciones que pudieron ser trasladadas al contenido del pacto y después a la ley. Ese espíritu nunca debió perderse, en mi opinión. Superado ese interregno, ese paréntesis, sería muy prudente y conveniente que sus señorías se esforzasen por recuperarlo para esta nueva etapa. Con ese espíritu viene Comisiones Obreras a esta Comisión, consciente de la trascendencia que las decisiones que ustedes han de tomar tienen para millones y millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país.

Voy a intentar ir contestando a todos. Hay muchas preguntas planteadas por los distintos portavoces que son similares o iguales y, por lo tanto, en la contestación a unos irá también la respuesta a otros en algunos de los casos. Empezaré por las medidas de carácter inmediato que planteamos y que tienen que ver con la situación del empleo en nuestro país. Nosotros estamos proponiendo que se deje de operar con el Fondo de reserva de la Seguridad Social para una función que no era la que tenía y que, por lo tanto, para el año 2017 no vuelva a suspenderse la aplicación del artículo que dice que la disponibilidad del fondo no puede superar el 3% del gasto en pensiones, de manera que iniciemos una nueva etapa que permita ir recomponiendo, una vez superada esta parte más coyuntural de la crisis, el Fondo de reserva de la Seguridad Social. En el documento van a encontrar una explicación más amplia de esto que ahora digo, pero creo que, a efectos didácticos, es bueno que la sociedad española sepa que las cotizaciones a la Seguridad Social han servido en muchas etapas de nuestra historia reciente para cubrir otros agujeros de déficit en cuantías muy importantes, hasta el punto de que si esto no hubiera sido así hoy tendríamos un fondo de reserva de alrededor de 520.000 millones de euros, con lo cual, no estaríamos aquí sentados hablando de la manera en la que estamos hablando.

Claro que las medidas que planteamos tienen efecto económico sobre las empresas, pero los efectos pueden ser limitados, mesurados y evitados en gran medida. En nuestro país, con la gestión de la crisis -y ahora no busco responsables, simplemente constato un hecho-, las rentas del trabajo han perdido 4 puntos de peso en la distribución de la renta nacional, 4 puntos que han engrosado el excedente empresarial y las rentas mixtas por lo que antes comentaba. Una parte es el efecto de la destrucción de empleo, pero otra parte tiene que ver con la configuración que está tomando el empleo a partir de las reformas de 2010 y 2012 practicadas en el mercado laboral en España y que han provocado una devaluación salarial, porque alguien con poder para trasladarlo a la ley entendió que España solo podía competir con bajos salarios a costa de reducir el coste del factor trabajo, sin actuar de la forma y con la intensidad necesarias sobre otros factores de competitividad de la economía española. Si repasan las estadísticas, verán que España tiene la productividad del capital más baja de la eurozona; sin embargo, la productividad del trabajo -cierto que en gran medida de forma pasiva por el efecto de la destrucción de empleo- ha crecido de forma considerable en estos años en nuestro país, asociado esto además a una política muy moderada de incremento salarial practicada por las organizaciones sindicales españolas desde el año 2002. Pero esto se ha ido de control a partir sobre todo del año 2012, con la última reforma del Estatuto de los Trabajadores y el establecimiento de modalidades cada vez más precarias de contratación. Ahora que está creciendo la economía, es el momento de que se reponga al menos en parte el efecto causado sobre las rentas de los trabajadores y las trabajadoras en este país.

Por otra parte, de manera adicional, en este último periodo hemos creado un problema mayor que el que ya teníamos al inicio de la crisis en relación con la brecha de género desde el punto de vista de los salarios, y es que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha crecido en nuestro país de forma importante, por lo que sería conveniente tomar medidas para corregir este hecho. Si no me extiendo demasiado en las respuestas, luego indicaré algunas cuestiones sobre las que en opinión del sindicato deberíamos trabajar.


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Respecto al incremento coyuntural de 2 puntos de cotización, estamos hablando de una especie de operación acordeón. Estamos planteando que lo que antes se hizo en cuanto a la reducción -en parte, en la mitad- se haga más o menos en forma de incremento, es decir, de expansión de la cotización a la Seguridad Social entre empresas y trabajadores en un periodo de tiempo necesario para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social, junto con otras medidas, como las que he propuesto anteriormente.

En cuanto al incremento de las bases de cotización, nosotros no somos ajenos a la repercusión que esto puede tener sobre la marcha de las empresas. En un tejido de pyme y micropyme, con niveles retributivos marcados por convenios colectivos como los que tiene España, este elenco de empresas no se va a ver afectado. Por tanto, el empleo de más baja calidad, que es el que está generando mayoritariamente en estos momentos la sociedad española, no se verá afectado directamente más que por el efecto de incremento del salario mínimo interprofesional, lo que en cuatro años nos parece perfectamente asumible por la empresa y por la economía española. Además hay un problema de justicia social. Yo no he venido aquí con ánimo de hacer demagogia, pero si ustedes toman la retribución de un trabajador que percibe el salario mínimo en nuestro país y la de cualquier directivo -no ya del presidente- de una entidad financiera en España, se encontrarán con la paradoja de que la cotización social de uno y el otro está muy desequilibrada, en detrimento de las rentas de quien menos percibe en España. No digo que el presidente del tal o cual compañía eléctrica pase a cotizar a la Seguridad Social 1.500.000 euros, que es lo que resultaría de aplicar la misma base que al trabajador que percibe 14.000 euros, pero hagamos una aproximación que evite que esa distancia tan evidente y tan sangrante siga manteniéndose en nuestro país. Tomemos referencias de los países de nuestro entorno y operemos como operan ellos en relación con las bases máximas. Tampoco Comisiones Obreras está planteando que todo impacto se produzca en cuatro días, sino que en un tiempo -diseñando bien un paquete de medidas que puedan actuar con potencia suficiente para ahora corregir el déficit y mañana dar estabilidad- podamos lograr el objetivo que aquí se plantea, porque, si no, la alternativa es o pensiones de peor calidad o que la gente se busque la vida en otros elementos de protección. Luego hablaré de los sistemas de protección social complementaria. Ese incremento tiene un potencial -insisto, un potencial- de 7.500 millones de ingresos para la Seguridad Social. No me parece despreciable. Por tanto, en esa cuantía o en cuantías menores hoy sería de justicia social distributiva que se moviesen de forma sustancial las bases máximas de cotización. Lo mismo digo en relación con el régimen de autónomos. Proponemos -alguien lo preguntaba, no recuerdo ahora exactamente quién- que la discusión que se realice en relación con el régimen de autónomos se haga en el marco del debate general de la Seguridad Social y no de forma separada. Creo que sería malo que optásemos como país por ir buscando tal o cual medida para tal o cual parte del sistema de la Seguridad Social y de forma compulsiva fuéramos actuando con ella. Lo que hay que hacer es elegir bien la cesta de medidas más adecuadas y operar con todas ellas en una secuencia temporal suficientemente amplia como para que pueda ser absorbida por la economía y la sociedad española. Estamos hablando del pico de necesidades en el año 2050 y, por tanto, hay recorrido suficiente para poder hacerlo. A partir de ahí se puede iniciar -quien esté aquí, evidentemente- la operación a la inversa, porque ya el volumen de necesidades será sensiblemente decreciente a futuro. Estamos pensando en la próxima generación, porque este es un sistema que tiene esa triple característica solidaria entre generaciones, es decir, quien tributa hoy está pagando las pensiones de los pensionistas actuales y generando derechos para sus pensiones, que van a pagar otros trabajadores y trabajadoras cuando aquellos pasen a depender de la pensión. Esta generación tiene que tener una expectativa de que va a tener una pensión de calidad, calidad que es mejorable en algunos casos; planteamos algunas medidas ya en relación con la mejora de las pensiones mínimas, de las pensiones de viudedad -en la línea apuntada por el señor Campuzano y por otros en su intervención-, de las pensiones de orfandad, etcétera.

Aunque la última medida de la reforma de 2013 -que es la del factor de sostenibilidad- entrará en vigor en el año 2019, nosotros ya hablamos en el acuerdo de 2011 del factor de sostenibilidad -no se dejó apuntado cuál- y se indicó que se trabajaría para definir uno que debería entrar en vigor en el año 2025 o 2027 -no recuerdo exactamente cuál de estos años se planteaba-. La apuesta era consensuar el factor de sostenibilidad, no que el Gobierno de turno fijase uno por su cuenta y riesgo, que puede ser acertado o no. En nuestra opinión, tal y como está definido, combinado con el modo de revalorización -es cierto que ya el Pacto de Toledo en 1995, como decía la señora España, apuntaba la posibilidad de buscar referencias distintas a las del IPC-, va a determinar una evolución muy negativa de la calidad de las pensiones en nuestro país. Hasta ahora los pensionistas y jubilados se han beneficiado


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de un escenario de inflación en negativo y, por eso, con crecimientos del 0,25, las pensiones no han visto erosionada su capacidad adquisitiva. De todas formas, la cesta de la compra de las familias que viven de una pensión no es la cesta general. Esta sería una discusión de otra naturaleza que tendríamos que hacer, pero estadísticamente el dato está ahí. Ahora entramos en zona positiva, que para la economía es bueno, pero a partir de este momento las pensiones empezarán un recorrido de pérdida real de poder adquisitivo que convendría mirar, y por eso, complementariamente a lo que hemos propuesto aquí, al Gobierno le hemos planteado la necesidad de llevar a cabo un incremento de las pensiones equivalente a la previsión de inflación que ha situado en el cuadro macroeconómico presentado hace más o menos un mes en Bruselas y que ahora habrá de confirmarse.

Podríamos preguntarnos: ¿Hay tiempo hasta 2019 para operar? El problema es que el índice de revalorización ya opera desde hace un tiempo. A nosotros nos gustaría sustituirlo por el acuerdo pactado del año 2011, que determinó un volumen amplio de reformas paramétricas que, en nuestra opinión, siguen teniendo vigencia, con la salvedad de que hay que operar sobre esta coyuntura tan adversa de empleo y de devaluación de los salarios para evitar que se siga degradando la capacidad de ofrecer pensiones adecuadas a pensionistas y jubilados. Por lo tanto, se debería sustituir por otros elementos que nazcan del pacto, de las recomendaciones que ustedes hagan y que posteriormente puedan ser abordadas en el diálogo social entre empresarios, sindicatos y el Gobierno de la nación. Para eso tendrán la mejor de las disposiciones por parte de Comisiones Obreras.

En relación con el fraude, en esta Cámara ustedes han hablado muchas veces de este tema y de medidas para combatirlo; algunas se han tomado y han hecho aflorar bolsas de fraude. Es necesario, en nuestra opinión, revisar la situación del empleo, las políticas antifraude de la Hacienda pública, si el volumen de inspectores y subinspectores de Hacienda es suficiente para perseguir el fraude, o saber qué hacer con los signos externos de riqueza, con el pago con medios electrónicos; se ha bajado, porque estaba situado en 3.000 euros y ahora está en 2.000, pero ¿por qué no lo llevamos a 50 euros si ya el 50% de los pagos que realizan los ciudadanos y las ciudadanas de este país se hace con medios electrónicos? Esto daría una capacidad de control del fraude muy importante, aunque a lo mejor es exagerado hablar de 50 euros como límite para pago en cash. Estudien estas medidas, estas posibilidades. Podrían tener una incidencia muy importante en la corrección de los elementos de economía sumergida en nuestro país.

También hablan, más en el ámbito de las empresas que aquí, del fraude laboral, el fraude de las bajas laborales. Creo que recientemente las mutuas lo cuantificaban en torno a 4.000 millones de euros anuales. Plantean la posibilidad de que las mutuas de trabajo controlen las bajas de enfermedad común. Nosotros no estamos de acuerdo, pero sí lo estaríamos, por ejemplo, en que todo el dispositivo de las mutuas pudiera ser puesto a disposición de la Seguridad Social para anticipar los procesos de rehabilitación en accidentes que causan lesiones traumatológicas que en la Seguridad Social hay dificultades para poder atender y otros, pero no en invadir las competencias de los médicos del Servicio Nacional de Salud y traspasarlas al ámbito de las mutuas, que, aunque son entidades de derecho público, tienen gestión privada y responden a determinados intereses. Se pueden hacer muchas cosas en este terreno.

Medidas de conciliación y expansión demográfica. Es cierto que nosotros tenemos un problema de demografía. Yo no voy a hacer aquí un alegato para el incremento de la natalidad. Esta es una cuestión que compete fundamentalmente a las familias, a las mujeres particularmente, que son quienes tienen que tomar decisiones en ese terreno. Pero ciertamente, si se facilitan las cosas en el entorno, es probable que, como ha sucedido en otros países, esto tenga una incidencia positiva en la evolución de la demografía en España a futuro. Si no, tendremos que compensarlo con la llegada de población inmigrante, y aun así habrá que activar mecanismos seguros de llegada de personas en condiciones adecuadas a nuestro país, dotadas de derechos como el resto de la población española. Se han hecho cosas en materia de conciliación, pero no son suficientes. Hay que trabajar de forma que aquella ley del año 2010 recupere su potencial, que es bastante en mi opinión, Habría que recuperar, por ejemplo, los planes en las empresas, que se han frenado con la crisis, porque las prioridades para las empresas eran otras y las trabajadoras se veían amenazadas con la pérdida del puesto de trabajo y no reclamaban el establecimiento de planes de igualdad, de planes de conciliación, etcétera. Ahora estamos en otra circunstancia económica y creo que es posible pasar a la ofensiva. Ustedes han hablado hace poco de un plan integral contra la violencia de género en esta Cámara. Les invito a que hablen también de un plan integral por la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, que me parece imprescindible abordar en estos momentos. Esto, junto con los elementos de conciliación, sería muy importante a futuro.


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Se ha planteado en varias preguntas cómo proponemos reforzar los ingresos por cotización. Ahí están las propuestas: el régimen de autónomos debería establecer una base mínima igual a la del régimen general y una base máxima igual a la del régimen general, acabar con la estimación objetiva y cotizar por ingresos reales, lo que beneficiaría a unos y otros y a futuro daría más posibilidades de mejora de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras autónomos en nuestro país. Por ejemplo, hay un tema que no aparece en el documento pero que creo que merece la pena apuntar, que es el desfase de cotización entre el régimen especial agrario y el régimen general de la Seguridad Social. Para el año 2031 hemos acordado que se sitúe la cotización en el régimen especial agrario en el 15%. Pero la diferencia con el régimen general es una especie de bonificación pública que se da a una actividad, como en otros momentos la hubo a la construcción naval o a otros sectores de la economía española. ¿Por qué ha de ser financiado esto con cargo a cotizaciones sociales? Esto, por lógica -yo sé que los presupuestos no son de chicle-, debería ser financiado con cargo a imposición general, como cualquier otra bonificación que reciban otros sectores de la economía en nuestro país.

¿Qué hay que financiar con impuestos? Nosotros no planteamos un impuesto finalista para financiar tal o cual parte del sistema de la Seguridad Social. He puesto a título de ejemplo, simplemente, el tema de la supervivencia. Tiene un coste de 22.000 millones de euros -descontamos complementos a mínimos que ya se financian con cargo a impuestos, por cierto- pero no para pagar las pensiones de viudedad o para pagar las de orfandad, sino para cubrir las necesidades del sistema que ciframos en 19.000 millones de euros en un periodo. No dentro de seis meses, sino dentro de un periodo de tiempo deberían ser aportaciones nuevas que el Estado hace desde impuestos generales al sistema de Seguridad Social. Dicho eso, las pensiones de viudedad siguen siendo contributivas -al menos en opinión de Comisiones Obreras- como las de orfandad, porque su derecho nace de la contribución realizada previamente. Y deben formar parte inseparable del sistema de Seguridad Social. (Una señora diputada: Exacto). Otra cosa es cómo se financia el conjunto del sistema, cuál es la dieta de recursos que permite la financiación del conjunto del sistema. Todos sabemos que las cotizaciones a la Seguridad Social están sometidas a las tensiones a las que está sometida la economía española.

Antes se hablaba de la digitalización de la economía española. Habrá destrucción de empleo, pero también es una oportunidad para la generación de nuevos empleos. Creo que la Comisión Europea cifra en el orden de veinte millones los empleos que se pueden generar en un espacio prolongado de tiempo, evidentemente, procedentes del proceso de digitalización de la economía. Pero nosotros tenemos un problema más inmediato en relación con el empleo. España ha llegado -iba a decir al pleno empleo, porque una tasa del 8% en el mejor de los momentos no es una situación de pleno empleo- a ese nivel de desempleo que era asumible en aquel momento por la economía española gracias a la aportación en el último periodo del ciclo expansivo de la construcción residencial, que llegó a suponer 9 puntos de producto interior bruto. Esto es una barbaridad, es el doble de lo que supone en cualquier economía desarrollada europea. Esto nunca más debe volver a suceder. Que no vuelva a suceder quiere decir que nunca más tendremos ese volumen de empleo que generaba la construcción, aunque la construcción va a seguir generando una cantidad apreciable de empleo con las infraestructuras, la rehabilitación urbana, la vivienda, etcétera, pero no al nivel que lo ha hecho en el pasado.

¿Dónde están los nichos de empleo que necesita la economía española? Están, en parte, en el desarrollo industrial. Hoy por la mañana asistía a la presentación de un gran acuerdo que propone un pacto por la industria de todas las organizaciones empresariales y los sindicatos de este país en relación con el futuro de la industria, ese objetivo loable de la Unión Europea de 20 puntos de producto interior bruto y 20 puntos de participación en el empleo. Hoy estamos muy lejos de ello, pero los empleos del futuro, en gran medida digitalizados o no, han de venir de los servicios a las personas. Desde el sector privado, pero, fundamentalmente, desde la acción del sector público y eso se llama sanidad, se llama educación, se llama atención a las personas dependientes, se llama atención a la infancia. En fin, hay toda una serie de cuestiones que en España están poco desarrolladas. Hemos iniciado un viaje para compensar este gap que tenemos con la mayoría de los países de nuestro entorno, pero todavía con un margen de crecimiento considerable, y de empleo de calidad asociado a este tipo de actividades, que son servicios a la ciudadanía que las administraciones públicas tienen que proveer. Hoy tenemos un déficit considerable, también de empleo, muy importante en nuestro país.

Tenemos que prepararnos. Los países más avanzados de la Unión Europea nos llevan cuatro o cinco años de delantera en materia de brecha digital. Tendremos que correr para intentar alcanzarles y no quedarnos rezagados nuevamente. Cierto es que dos recesiones continuadas en un periodo de tiempo


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como el que acabamos de pasar han debilitado mucho las capacidades de actuación, pero, en la opinión del sindicato, hay márgenes importantes para actuar en ese campo. La cuestión es ponerse a la tarea y hacerlo, en la medida de lo posible, con un amplio consenso económico, político y social en nuestro país.

No hemos rechazado en ningún momento la idea de los planes de previsión social complementaria, pero hablamos de planes de empleo, hablamos de planes como el que pusimos en marcha en la Administración pública y que luego decayó porque no se le siguió dotando de aportaciones a fondos de pensiones complementarias, que permitieran a la gente aspirar a tener una pensión mejor que la que le ofrecía el sistema. Además, era una forma de canalizar a futuro parte de las retribuciones para que no operaran de forma inmediata. Pero no fiamos en la posibilidad de que el futuro de las pensiones en España esté limitado a una pensión zócalo pública y, el resto, que cada uno, con su capacidad de ahorro, la pueda complementar, como sucede en otros modelos. Nosotros tenemos nuestro modelo, que es el que ha creado la sociedad española en un largo periodo de tiempo. Migrar de este modelo a otro tiene unos costes que hoy no somos capaces de imaginar, pero tenemos algún ejemplo. Chile, en su momento traspasó el sistema público de reparto a un sistema de capitalización, y el desastre ha sido mayúsculo. Por lo tanto, no parece que esta sea una operación que convenga para nuestro país porque no está en condiciones de ser asumida. El carácter complementario puede establecerse, pero tengan en cuenta que cada persona debería tener una capacidad de ahorro para conseguirlo, con las tasas de revalorización que uno puede adivinar en el horizonte, de entre 4.500 y 6.500 euros cada año para invertir en un fondo de pensiones. ¿Qué trabajador o trabajadora con una renta media de 21.000 euros o de 14.000 está en condiciones de hacer ese esfuerzo de ahorro para conseguir una exigua pensión de entre 600 y 800 euros al final de su vida laboral? Esta no puede ser la apuesta como país. La apuesta es por dar solidez al sistema público de pensiones con las correcciones que parece oportuno realizar.

Respecto a compatibilizar pensión y trabajo, de entrada les digo que con una crisis de empleo como la que tiene nuestro país, pensemos qué hacemos con esto, qué mensaje estamos enviando a la gente más joven. Dicho esto, ya es compatible en estos momentos, en algunos casos. Nosotros somos más partidarios de perfeccionar el sistema de jubilación flexible, aquel que permite la salida en varios momentos de la edad de las personas. Hay algunos casos -actividades artísticas y otras- en los que sí sería perfectamente compatible. Usted no sustituye a un artista por un joven que sabe de fontanería mañana, por tanto, en otras actividades no sería muy conveniente. En el sistema de jubilación flexible que pusimos en marcha, si no recuerdo mal, en la reforma del año 2001 -no recuerdo exactamente si fue la reforma del año 2001 o la anterior-, ahora se mantiene en parte, aunque se ha corregido, la posibilidad que establecía la salida a los sesenta, los que venían del SOVI; a los sesenta y uno, a los que ya no tenían cotizaciones antes de enero de 1967; a los sesenta y tres y a los sesenta y cinco. Ahora está abierta la posibilidad de salida a los sesenta y uno, a los sesenta y tres, a los sesenta y cinco y más adelante, a los sesenta y siete. Reforcemos, en la medida en que vamos superando la crisis de empleo, la posibilidad de permanencia en el sistema con una mejora de la expectativa de pensión y facilitemos la salida de aquellas personas que no pueden permanecer en el empleo. Ahora tenemos un problema importante que afecta a la gente expulsada del empleo con edades muy próximas a la de la jubilación y que, además, se ha visto afectada por la reforma de los subsidios del año 2012. Tienen un problema serio, por lo que creo que es un tema que conviene abordar; hay que discutir la situación de los subsidios de mayores en nuestro país y ver cómo se pueden establecer puentes hacia o para la jubilación para personas que ya no van a reinsertarse de forma activa en el mercado de trabajo, por mucho que crezca la actividad económica y el empleo en España. Es un problema serio porque es gente que en muchos casos ya son desempleados y desempleadas de larga duración, de muy larga duración, que no tienen una expectativa de retorno al mercado laboral activo. Son toda una serie de cuestiones que están ahí y que sería muy conveniente que puedan ser contempladas.

Por completar, y respecto de los planes de empleo hay que preguntarse por qué no han avanzado lo suficiente. Porque no ha habido un interés empresarial en España para negociar planes de empleo en las empresas -y más que en las empresas, en los sectores- que pudieran situarlos en una perspectiva distinta a la que están. Pero es que, además, el marco legal se ha ido modificando permanentemente. Desde que yo estoy al frente del sindicato -y antes, cuando tenía otras responsabilidades- se ha modificado, no sé cuántas, muchísimas veces el régimen de los sistemas de ahorro en España. Se ha primado el ahorro individual frente a los planes de empleo a poner en marcha en las empresas y la Administración pública, dejando de dotar el fondo que se había creado en el sector público, ha desanimado también a otros actores a ponerlos en marcha. Pero, insisto, no se puede fiar el futuro de la calidad de las


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pensiones a los sistemas complementarios. El futuro del sistema de pensiones está en la calidad que seamos capaces de dar al sistema público de pensiones en nuestro país.

En cuanto al salario mínimo interprofesional, nosotros no tenemos como país la mitad de la productividad que Francia y tenemos un salario mínimo interprofesional inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional francés. La economía española está en perfectas condiciones para asumir la proposición de ley que han tomado en consideración en esta Cámara hace unos días. Actualmente, hay 21.000 trabajadores que son perceptores directos del salario mínimo interprofesional, es decir, un porcentaje ridículo, 21.000. Son cifras de la encuesta de condiciones de vida laboral del Ministerio de Empleo, no son datos de Comisiones Obreras. Claro, nosotros sabemos que el efecto arrastre tiene una cierta entidad, no es tanto cuántos perciben ahora el salario mínimo interprofesional, sino qué efecto tiene de empuje sobre el conjunto de los salarios subir el suelo salarial en España, pero es que eso es lo que pretendíamos cuando en el año 2005 logramos el acuerdo que dio origen al Iprem y al salario mínimo. Pactamos en aquel momento. Debería haber llegado a 800 euros en el año 2008. Estamos en el año 2016 y está en 655,20, si no tengo mal la décima. Por lo tanto, hay un recorrido considerable que no va a erosionar en absoluto la competitividad de las empresas y, sin embargo, va a tener un efecto importante para un grupo reducido de personas, pero más importante para las arcas de la Seguridad Social.

Lo he dicho, esto es discutible, en nuestra opinión, las tarifas planas no han hecho aflorar más empleo. El empleo que ha aflorado ha sido el que iba a crear de todas las maneras la economía española. De uso de bonificaciones tenemos larguísima experiencia en nuestro país y la mayoría de los estudiosos han llegado a la consideración, hace tiempo ya, de que eso es un peso muerto y un gasto innecesario, cuando se aplica de forma generalizada. Otra cosa es su uso concreto para potenciar las posibilidades de empleabilidad de sectores y colectivos muy concretos, y por esto hablaba de víctimas de violencia de género o de personas con discapacidad, etcétera, que creo que sí precisan de ese tipo de estímulos para su contratación.

El dinero utilizado en bonificaciones -que debería en todo caso proceder de impuestos generales y no de cotizaciones a la Seguridad Social- estaría mucho mejor empleado en formación y cualificación de las personas desempleadas en este momento, particularmente desempleados y desempleadas de larga o larguísima duración, que por millones -alguno- tenemos en nuestro país, y todos los recursos son escasos para mejorar la empleabilidad de estas personas. Fin.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.

Yo creo que podemos dar por finalizada esta comparecencia diciéndole al señor Fernández Toxo que tengo la sensación de que más tarde lo volveremos a llamar y estoy convencida de que él estará dispuesto a ayudarnos a todos a conseguir ese consenso que todos queremos. Muchísimas gracias por su comparecencia.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Fernández Toxo): Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cincuenta minutos de la tarde.

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