DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 565, de 12/07/2018
cve: DSCD-12-CO-565
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 565
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 27 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
12 de julio de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(Montón Giménez):
- A petición propia, para informar sobre las líneas generales de la
política de su departamento. (Número de expediente 214/000088) ... (Página2)
- Para informar de las políticas y actuaciones a desarrollar en los
próximos meses por parte de su ministerio. A petición del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 213/000978) ... (Página2)
- Para que explique las líneas generales de actuación de su departamento.
A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente
213/001001) ... (Página2)
- Para informar sobre las líneas generales de la política de su
departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/001023) ... (Página2)
- Para informar sobre las prioridades y plan de trabajo del Gobierno en su
ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/001055) ... (Página2)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión, de carácter
extraordinario, en la que vamos a proceder a tramitar el orden del día,
debatiendo acumuladamente las solicitudes de comparecencia de la ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que son a petición propia y a
petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Mixto.
El debate se desarrollará de la siguiente manera. Primero intervendrá la
ministra, sin tiempo límite; a continuación, por un tiempo de quince
minutos, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de menor a
mayor, empezando por los que han solicitado la comparecencia, y después
los grupos que no la han solicitado, también de menor a mayor y por el
mismo tiempo de quince minutos. Posteriormente responderá la ministra y
abriremos un turno de réplica, que no es necesario utilizar, de cinco
minutos, finalizando la ministra la comparecencia de hoy.
En nombre de la Comisión, señora ministra, le damos la bienvenida a esta
que es su casa y, sin más, le cedo la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón
Giménez): Muchas gracias, presidente.
Hace catorce años intervine por primera vez en esta misma Comisión y les
debo confesar que hoy me produce una enorme emoción y alegría poder
volver a sentarme en esta silla entre todos ustedes, reencontrarme con
algunos compañeros y compañeras de entonces, conocer o reconocer a
diputados y diputadas de todos los grupos, con los que quiero abrir un
nuevo tiempo y de cambio o, si lo prefieren, de cambio dialogado. Tengo
un profundo respeto por el trabajo de esta Comisión y por la labor que
llevan a cabo sus señorías. La experiencia de once años en este Congreso
me demostró la importancia, incluso la trascendencia, del trabajo que
ustedes hacen, y si son importantes para cualquier Gobierno en cualquier
tiempo, les garantizo que para mí lo van a ser mucho más. Quiero trabajar
estrechamente con ustedes y con esta Comisión y desde hoy mismo me pongo
a su disposición para dar las explicaciones que sean necesarias sobre los
temas que son competencia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. No olvido que tienen la misión fundamental de control del
Gobierno, que pretendo facilitar. Me ofrezco también a ayudar en la labor
legislativa de la Cámara cuando la aportación del ministerio pueda ser
facilitadora y útil. Del mismo modo, pretendo que la actividad
legislativa que se impulse por el Gobierno cuente con ustedes y con otros
muchos interlocutores.
Quiero comenzar esta comparecencia con un agradecimiento especial a las y
los profesionales del sistema sanitario y de los servicios sociales, que
en los momentos de recortes y exclusión han dado lo mejor de sí mismos en
defensa de lo público como garantía de derechos. Confío plenamente en sus
conocimientos, en su capacidad de trabajo, en su compromiso y en sus
ganas de seguir trabajando por y para la ciudadanía. También quiero
agradecer a las personas usuarias de la sanidad pública y de los
servicios sociales su confianza y su reconocimiento, darles las gracias
por su comprensión porque, señorías, no siempre se ha estado a la altura
en el sistema sanitario y los servicios sociales que la ciudadanía
demanda. La prioridad para este Gobierno será recuperar los derechos
sociales y sanitarios arrebatados y rescatar a las personas que fueron
expulsadas del sistema, pero soy consciente de que eso no es suficiente;
no basta con restañar heridas, con curar y recuperar lo perdido, hay que
impulsar auténticas políticas de transformación.
Este Gobierno no va a resignarse a hacer las cosas como siempre si los
resultados no son los esperados ni se alcanzan las cuotas que merecen el
sistema sanitario y social. Hay que conquistar nuevas metas sanitarias y
sociales, abrir otros horizontes en investigación y en la asistencia
social y sanitaria, trabajar por la equidad, la cohesión y la excelencia.
Cuando el tiempo pase, la convicción ha de ser que hemos hecho todo lo
posible para que las futuras generaciones tengan un legado mejor que el
que nosotros hemos recibido.
Señorías, la democracia ha abierto un tiempo nuevo, un escenario
diferente, en el que los cambios han de afectar al fondo de la política,
pero también a la forma. En este tiempo nuevo prima el diálogo y la
búsqueda de soluciones conjuntas con todos los sectores: comunidades
autónomas, grupos parlamentarios, colectivos profesionales, agentes
sociales, movimiento asociativo y sociedad civil. Todos ellos son
necesarios con el objetivo clave de la recuperación de derechos.
Convendrán conmigo que la salud es una cuestión fundamental en la vida de
las personas, que contribuye de manera esencial al bienestar y desarrollo
de una sociedad. Ese fue el espíritu de la Ley
14/1986, General de Sanidad, impulsada por el Gobierno y por el ministro
Ernest Lluch, que sentó las bases de uno de los pilares del Estado del
bienestar: garantizar el derecho universal a la salud. El concepto de
atención integral a la salud, la universalidad en el acceso y la
planificación de los centros y servicios sanitarios orientados a la
cohesión social y territorial se han revelado como uno de los grandes
logros de nuestra democracia. Veinte años después de aquella Ley General
de Sanidad, la Ley 39/2006, impulsada por el Gobierno del presidente
Zapatero, reconoció el cuarto pilar del Estado del bienestar al
garantizar el derecho a la promoción de la autonomía personal y la
atención a las personas en situación de dependencia; dos leyes que hoy
tienen vigencia como garantía de derechos y que suponen un extraordinario
instrumento a favor de la justicia social. Y frente a esas leyes, dos
reales decretos, el 16/2012, de exclusión sanitaria, y el 20/2012, de
recortes en autonomía personal y dependencia, que han perjudicado la vida
de muchas personas y familias vulnerables.
Señorías, quiero destacar seis medidas que responden a esta filosofía de
recuperación de derechos, rescate de las personas y transformación del
sistema sanitario y social. En las próximas semanas se aprobará la
modificación del decreto para recuperar la universalidad de la asistencia
sanitaria, una medida que beneficiará a unas 280 000 personas. Vamos a
trabajar para eliminar los copagos farmacéuticos a lo largo de esta
legislatura, empezando por los pensionistas en situación de mayor
vulnerabilidad. En el último trimestre de este año recuperaremos las
cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de
la Ley de dependencia; en el año 2019 se desarrollará una estrategia de
apoyo a las familias vulnerables; en el primer periodo de sesiones de
2019 se remitirá al Congreso el proyecto de ley contra la violencia en la
infancia, y en el mismo plazo se aprobará un plan para la prevención del
suicidio y manejo de la conducta suicida en el ámbito de la salud mental.
Como ven, compromisos concretos, acciones prioritarias y cuantificables,
con el propósito, como decía, de recuperar derechos, de rescatar personas
y de avanzar en la transformación sanitaria y social.
Creo en un modelo de sanidad pública y servicios sociales como elemento
esencial de cohesión social y herramienta del Estado del bienestar para
mejorar la salud de las personas, definida esta por la Organización
Mundial de la Salud como bienestar físico, psíquico y social. Por ello,
es irrenunciable recuperar la sanidad pública y unos servicios sociales
con el sello ético de la universalidad. Como saben, la primera decisión
del ministerio ha sido impulsar un proceso dialogado con todos los
agentes implicados para la recuperación de la atención sanitaria
universal. Tres semanas después de la constitución del Gobierno se
celebró el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud para tratar este fundamental asunto. Además, se han celebrado
encuentros con el Defensor del Pueblo, agentes sociales y otras
organizaciones de la sociedad civil, como Reder. La posición del Gobierno
es clara: hay que desligar la cobertura del concepto de asegurado y
vincularla a la condición de ciudadanía o residencia. Es decir, una
reforma del derecho de acceso que garantice la atención integral a todas
las personas.
La atención universal es un beneficio para la salud individual y
colectiva, e incluso económicamente es más eficiente, porque la
asistencia sanitaria siempre tendrá un menor coste si las patologías se
controlan desde la atención primaria. Además, señorías, es reflejo de una
sociedad decente. Entidades nacionales, como el Defensor del Pueblo, o
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, Naciones
Unidas, Consejo de Europa, sociales científicas y organizaciones no
gubernamentales, han reclamado a lo largo de los últimos años una
revocación de esta legislación regresiva. Como ya les he anunciado, en
las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará el real
decreto-ley. Se dará así cumplimiento a la exigencia ética de garantizar
el derecho a la asistencia sanitaria integral a todas las personas y de
proteger la salud individual y colectiva a través del sistema sanitario
público y universal. Seis años después del Real Decreto-ley 16/2012,
existe la evidencia de que la imposición de los copagos a los
pensionistas es una barrera en el acceso a los tratamientos. Expertos en
economía de la salud han recordado que el copago sanitario cargó sobre
las familias gastos sanitarios públicos sin disuadir del consumo y ha
contribuido a elevar las desigualdades. Su eliminación es necesaria para
garantizar la equidad. Por ello, el nuevo Gobierno de España quiere
eliminar los copagos farmacéuticos durante esta legislatura, empezando
por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad. Aumentar la
adherencia a los tratamientos es invertir en salud, significa reducir
descompensaciones en las enfermedades y, por tanto, mejorar la salud de
las personas.
Como saben, en estas primeras semanas ya se ha comenzado a recuperar el
derecho de las mujeres solas y lesbianas en condiciones de igualdad al
acceso a las técnicas y tratamientos de reproducción asistida dentro de
la sanidad pública. A través de una orden ministerial se actualizará la
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para permitir este
acceso. La tramitación comenzará de inmediato,
con la convocatoria de la Comisión de prestaciones y aseguramiento del
Consejo Interterritorial de Salud. Con ello también se avanza en equidad,
igualdad y en cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Señorías, para garantizar la salud de las personas es necesario intervenir
más allá del sistema sanitario y de los servicios sociales. Muchas
decisiones que se toman tanto en el ámbito local como en el autonómico,
estatal o europeo condicionan los resultados para la salud de la
población. Si el objetivo es impulsar políticas transformadoras, se debe
situar la salud y el bienestar social en todas las políticas públicas.
Con este fin, se pretende que en los proyectos normativos y en las
políticas públicas sea preceptiva la evaluación del impacto en salud y
bienestar social, como ya lo es el impacto medioambiental o el de género.
Les recordaba que la salud y el bienestar no solo dependen del Sistema
Nacional de Salud y de los servicios sociales, sino también de otros
factores. Por ello, se pondrá en marcha el observatorio de salud del
Sistema Nacional de Salud, al cual estará vinculado el observatorio de
salud de la mujer, que se recuperará, con el objetivo de velar por la
disminución de la brecha de salud en género. Aplicar la política
feminista a la salud contribuye a la eliminación de las desigualdades. Se
contará de este modo con una herramienta eficaz para la transformación
social y la mejora de los resultados en salud. La violencia de género es
un problema de carácter global, como transmitió el martes la
vicepresidenta en esta misma Cámara; todos y todas estamos implicados en
la lucha contra el machismo criminal y, en ese contexto, el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social se suma a esa lucha y velará por el
cumplimiento de todas aquellas medidas sociales y sanitarias del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.
La transformación del sistema también se deriva del envejecimiento de la
población. Esta es una realidad insoslayable. Hoy, una de cada cinco
personas que reside en España es mayor de sesenta y cinco años y en menos
de quince lo será un cuarto de la población. Si se vive más, hay que
prepararse para vivir mejor. Estos cambios obligan a avanzar en la
integración socio-sanitaria. Las necesidades demográficas, la
dependencia, la discapacidad y la cronicidad -de la que luego les
hablaré- así nos lo exigen. Para ello, hay que introducir las necesidades
sociales como elemento transversal en la definición de las políticas
sanitarias. A esto hay que sumar la buena noticia que supone el avance de
la medicina, que ha conseguido convertir en crónicas patologías que hasta
hace solo unos años resultaban fatales. El sistema, sus centros y
equipos, diseñados en origen para el tratamiento de problemas agudos en
una población joven, se está transformando en un modelo adaptado a la
nueva realidad del paciente crónico, crónico complejo, superviviente o
frágil. Por ello, se necesitan nuevas líneas en las estrategias de
cronicidad que actualicen y aborden esta integración, así como el uso de
activos en salud, nuevas tecnologías, perspectiva de género y los propios
pacientes activos.
Uno de los motivos de los buenos resultados en salud del sistema sanitario
es el modelo de atención primaria. Los profesionales son referentes en
promoción, atención y cuidados de familia, en proximidad y resolutividad.
Los resultados futuros y la sostenibilidad dependen en gran parte del
adecuado crecimiento, desarrollo y apuesta por la atención primaria, que
el Gobierno tiene claro promover a través de su protagonismo en las
estrategias de salud, de transformación especializada y de investigación
clínica. Los pacientes se deben sentir acompañados y aconsejados por los
profesionales y disponer de recursos sanitarios y sociales coordinados,
integrados y orientados para proporcionarles autonomía y calidad de vida;
una labor de coordinación en la que la atención primaria debe ejercer un
liderazgo transformador. En esta transformación está presente trabajar en
mejoras en salud en todas las edades, con los documentos marco que,
dentro del ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, concreten el
acuerdo en el manejo del párkinson y de otros trastornos del movimiento,
así como de la esclerosis múltiple, en 2019; la nueva y necesaria
estrategia sobre cardiopatía isquémica, reorientada a la prevención y al
control de los factores de riesgo; la estrategia de promoción de salud y
prevención, a través del fomento de hábitos saludables, que comprenderá
la alimentación saludable, el ejercicio físico y la reducción del consumo
de alcohol, tabaco o la vida sedentaria; una planificación con atención
especial a la diabetes, con actuaciones y políticas específicas para la
población infantil y mujeres que soportan tasas de obesidad crecientes.
Desde la atención primaria, con la extensión de buenas prácticas y la
evolución tecnológica, se buscará el control y, sobre todo, evitar sus
complicaciones. Como hito para la salud pública, contaremos por primera
vez con un calendario vacunal común a lo largo de toda la vida. La mejora
en la atención en la infancia y la adolescencia se completará con los
acuerdos del Consejo interterritorial sobre la atención para el cáncer
infantil, así como sobre la atención paliativa pediátrica. Esta actuación
transversal de atención a la infancia se añade al acuerdo marco sobre
manejo del daño cerebral infantil y también el desarrollo del plan del
espectro de trastornos del autismo. En esa misma línea, se recuperarán
las
estrategias de salud sexual y reproductiva, de prevención y atención a la
obesidad infantil, de cáncer y de salud mental. Además, hay que evaluar
la actual estrategia de enfermedades raras, con el objetivo de asegurar
el acceso rápido y equitativo tanto al diagnóstico como al tratamiento,
con especial hincapié en el acceso a la información a través de los
sistemas de información interoperables. Asimismo, se seguirá fomentando
el desarrollo de unidades de referencia CSUR en todo el sistema. En todas
las estrategias se incluirá la perspectiva de género.
Señorías, este Gobierno incluirá la salud mental en la agenda política.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro
personas tendrá problemas de salud mental a lo largo de su vida. El
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está dispuesto a
liderar esta coordinación multisectorial que ponga la salud mental entre
las prioridades políticas. En este contexto, se presentará una estrategia
de salud mental que, de acuerdo con los planes e instrumentos
internacionales, consolide el modelo de atención comunitario y esté
orientada a la recuperación e inclusión social; una planificación que
contemple la priorización de la infancia y la adolescencia, que es donde
empiezan la mitad de los problemas de salud mental de la población.
Asimismo, como mencionaba, con carácter general, incluirá la perspectiva
de género, los trastornos alimentarios y la coordinación entre los
ámbitos social, sanitario, educativo y laboral.
En 2016 se suicidaron en España 3569 personas, 10 personas al día, el
doble de muertes que en accidentes de tráfico, siendo 3 de cada 4 varones
y la población entre 40 y 59 años la más afectada. El suicidio es la
principal causa de muerte prevenible, y aunque el riesgo aumenta con la
edad, es la primera causa de muerte en la población entre los 15 y los 34
años. Junto a este grupo, las mujeres en situación de violencia de género
tienen un riesgo más alto. Como Administración pública es obligado
comprometerse con la prevención de esta causa de muerte.
Hace ocho meses, esta Cámara aprobó una PNL por la que se instaba al
Gobierno a poner en marcha un plan contra este problema de salud pública.
En sintonía con ese acuerdo, se han iniciado ya los contactos para la
elaboración de un plan integral de prevención del suicidio y del manejo
de la conducta suicida. Este plan abordará tanto aspectos asistenciales,
circuitos de detección precoz, de atención preferente e intervenciones
por parte de los profesionales, como acciones de sensibilización y
concienciación social; ámbito, este último, en el que los medios de
comunicación tienen especial relevancia en la transmisión de la
información y la creación del marco conceptual para la comprensión social
de este problema. Hablar de suicido de forma adecuada ayuda a prevenirlo,
evita el tabú y el estigma de los supervivientes y permite mejorar el
tratamiento de este problema social que afecta a tantas familias.
También dentro de la estrategia de salud mental, las personas con
problemas de adicciones tienen riesgos que requieren una política de
prevención y atención desde una perspectiva integral. Es necesario actuar
sobre los determinantes sociales -prevención, educación y
rehabilitación-, así como con planes de reducción de daño. Especial
atención requieren las adicciones en la adolescencia y juventud, tanto
las derivadas del consumo de sustancias con potencial adictivo como las
ocasionadas por las adicciones de comportamiento, siendo este el caso de
las ciberadicciones y del juego. Todo ello se integrará de forma
coherente y coordinada en el plan de acción sobre adicciones.
Señorías, en el contexto de cronicidad al que antes aludía, el alzheimer
es un problema sociosanitario de primer orden, cuyo abordaje requiere de
una política transversal y un modelo de atención integral continuado,
preventivo, planificado y activo en la defensa de la calidad de vida de
las más de 1,2 millones de personas enfermas de alzheimer; más de 6
millones entre pacientes y familiares. Próximamente se aprobará el plan
nacional de alzheimer, que como saben tiene su origen en la denominada
alianza por el alzheimer impulsada por el Imserso y la Confederación
Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer. El plan
cuenta con la participación e implicación de los agentes clave que
intervienen, representan, defieren, investigan, prestan servicios o se
relacionan con las personas que padecen alzheimer y con sus familiares
cuidadores.
En estos años se ha producido un cambio en la situación de las
enfermedades infecciosas, un aumento de las infecciones de transmisión
sexual, la percepción de control y cronificación con relación al VIH y el
cambio de paradigma derivado de los tratamientos contra la hepatitis C.
Estos cambios exigen avances, como la apuesta por políticas preventivas
de infecciones de transmisión sexual, la identificación proactiva de los
seroprevalentes en el caso de colectivos vulnerables para la hepatitis C,
o un paso firme en la estrategia para el control de la tuberculosis,
enfermedad que sí sabe de determinantes sociales y de vulnerabilidad.
Además, se impulsará un pacto frente al VIH, el estigma y la
discriminación, que a su vez
atenderá una histórica reivindicación del colectivo de lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
Quiero manifestarles de nuevo el apoyo y colaboración del ministerio con
la actividad legislativa que sus señorías tienen por delante en los
proyectos de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona
ante el proceso final de su vida y la ley orgánica de regulación de la
eutanasia. Me pongo a su disposición para contribuir a superar
dificultades técnicas, acercar posturas y buscar el máximo consenso
parlamentario y social.
Señorías, la Organización Nacional de Trasplantes es un orgullo para la
sociedad española. El altruismo y la generosidad nos permiten ser líderes
mundiales en donación de órganos desde hace veintiséis años. Gracias a
ello, las ciudadanas y ciudadanos españoles son los que más posibilidades
tienen de acceder a un trasplante cuando lo necesitan. Valores de la ONT
como la voluntariedad en la donación de órganos y la equidad en el acceso
a trasplantes son principios éticos irrenunciables. Por ello, de mano del
ministerio, la ONT velará contra el tráfico de órganos y el abuso del
modelo de trasplantes.
Señorías, el sistema público de servicios sociales conforma una red de
atención a las necesidades personales y sociales de la ciudadanía. El
propósito del Gobierno es recuperar en la agenda política la prioridad
que merecen los derechos relacionados con los derechos sociales y, como
les decía al comienzo de la intervención, hacerlo desde el diálogo, la
cooperación y el consenso con las comunidades autónomas, administraciones
locales y tercer sector. El objetivo es consolidar el sistema para la
autonomía y atención a la dependencia y activar las comisiones de trabajo
relacionadas con las políticas sociales, que hasta ahora se han mantenido
inactivas.
A nadie se le escapa el papel relevante que el tercer sector tiene en el
desarrollo e implementación de planes y programas que atienden
necesidades sociales. Una de las acciones prioritarias que tiene este
ministerio es convocar en el mes de octubre la Comisión para el diálogo
civil con la plataforma del tercer sector. Como ayer anunció la ministra
de Hacienda, este Gobierno tiene un claro compromiso con las cláusulas
sociales en la contratación pública. La nueva Ley de Contratos del Sector
Público ha reforzado los aspectos sociales y de inclusión, por lo que se
abren posibilidades para la aplicación de este tipo de cláusulas. Nuestra
participación como ministerio en la Comisión interministerial para
impulsar la contratación pública socialmente responsable permitirá la
promoción de mayores oportunidades de inclusión social y de
accesibilidad.
Señorías, desde el primer día se empezaron a atender las urgencias con la
distribución, tras el diálogo con las comunidades autónomas, de los
recursos asignados a la cuota social del 0,7 del IRPF. Este factor supone
un apoyo notable para que las organizaciones desarrollen políticas de
inclusión social en nuestro país. De hecho, el 22 de junio se convocó por
el nuevo equipo del ministerio la primera reunión de la Comisión delegada
de servicios sociales, del Consejo territorial de servicios sociales y
del Sistema para la autonomía Personal y atención a la dependencia. En la
reunión con las comunidades autónomas se estableció una ponderación más
equitativa y transparente para la distribución del crédito que permitirá
agilizar la convocatoria para su distribución territorial. Con la firme
voluntad de avanzar en la colaboración interterritorial, el 18 de
septiembre tendrá lugar la primera reunión para consensuar los criterios
de distribución del IRPF para 2019 y así seguir avanzando en el consenso
de la distribución. También en el ámbito tributario está previsto
agilizar el trámite del reglamento que regule la nueva X Solidaria del
impuesto sobre sociedades que se acaba de aprobar en los presupuestos. La
recuperación de derechos también pasa por aumentar el presupuesto del
plan concertado, un compromiso que adquiero hoy aquí ante ustedes y que
se incluirá en los próximos Presupuestos Generales del Estado para
garantizar a toda la ciudadanía el derecho a los servicios sociales
básicos en condiciones de igualdad, independientemente de su territorio
de residencia. En este punto quiero reconocer la labor de los
trabajadores y las trabajadoras sociales que cada día ponen su capacidad,
vocación y esfuerzo para hacer efectivos estos derechos.
Señorías, la Ley 39/2006 necesita revitalizarse, aumentar la consignación
presupuestaria de la transferencia a las comunidades autónomas y también
restablecer derechos que han sido recortados. Es el caso de la
eliminación de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales. Como
saben, el 90% de las cuidadoras familiares no profesionales son mujeres y
han sido ellas las principales perjudicadas por esas medidas. Como ya les
he anunciado, en el último trimestre del año se recuperará el convenio
especial en el sistema de Seguridad Social de personas cuidadoras no
profesionales y el abono por la Administración General del Estado de las
cotizaciones de la Seguridad Social. Se verán beneficiadas por esta
medida 180 000 personas.
De cara a los presupuestos de 2019 y 2020 se atenderá de manera
prioritaria a la recuperación de la financiación del nivel mínimo de
dependencia fijado con anterioridad al Real Decreto-ley 20/2012. Se hará
atendiendo al pacto estatal por la dependencia, que se firmó en sede
parlamentaria en 2016 y siguiendo las conclusiones del informe de la
Comisión de análisis de la dependencia de 2017. También es voluntad de
este Gobierno recuperar el nivel acordado en el marco de la cooperación
interadministrativa con las comunidades autónomas a lo largo de la
legislatura y siempre desde el diálogo y la búsqueda de soluciones
compartidas con las comunidades autónomas en el marco del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
Las políticas de inclusión social y de apoyo a las familias y la infancia
deben tener en cuenta los grandes cambios y fenómenos estructurales y
sociales que vienen produciéndose en nuestra sociedad. El compromiso es
apoyar a las familias en su amplia diversidad, familias que requieren
apoyos específicos, ya sea por razones estructurales, de composición
familiar u otras circunstancias que concurran en ellas. Especialmente, es
necesario trabajar en beneficios fiscales, prestaciones económicas,
nuevos servicios sociales, como conciliación y educación, y
modificaciones normativas. En definitiva, en medidas de la protección
social jurídica y económica. De forma inmediata se elaborará y pondrá en
marcha una estrategia de apoyo a las familias vulnerables desde el
diálogo y la coordinación con los distintos departamentos ministeriales,
las comunidades autónomas y las propias familias a través de su
movimiento asociativo.
Señorías, la pobreza infantil en nuestro país es una realidad lacerante.
Las políticas sociales llevadas a cabo desde 2011 no han conseguido
reducir el impacto negativo de la crisis económica en las condiciones de
vida de amplias capas de la población, especialmente en hogares
constituidos por familias con hijos. En este contexto se ha acordado con
la Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil un plan de choque
destinado a los menores en situación de vulnerabilidad. Está dotado con
una aportación adicional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social de más de 5 millones, que duplica el presupuesto inicial, alineado
con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Estrategia 2020 de la Unión
Europea. Este plan de choque atenderá a más de 30 000 familias y a más de
60 000 niños y niñas.
La erradicación de la violencia contra la infancia es otro de los
importantes retos al cual nos enfrentamos. Como les he anunciado, en el
primer periodo de sesiones del próximo año se presentará el proyecto de
ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Vaya
por delante el agradecimiento por el trabajo previo que ya han realizado
las entidades de infancia. La ley priorizará la promoción del buen trato
a los niños y niñas y adolescentes, la sensibilización, la prevención, la
detección e intervención frente a la violencia en cualquiera de sus
formas y los medios para evitar que se silencien estas situaciones. Aquí
dejo el compromiso de realizar la primera consulta pública de esta ley en
el plazo de un mes.
Señorías, creo necesaria una reflexión de fondo sobre el futuro de la
adopción internacional en general y sobre el reparto de competencias
entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas
reflejado en la Ley 26/2015. Después de tres años se aprobará el
reglamento de adopción internacional que, por un lado, facilitará la
racionalización del número de expedientes que se remiten a los países de
origen, conforme a las necesidades de los menores adoptables, y, por
otro, establecerá un listado único de familias que se ofrecen para la
adopción internacional y un procedimiento único de ámbito nacional para
la acreditación, control y seguimiento de los organismos de
intermediación.
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, como ustedes saben, las
comunidades autónomas han demandado desde hace tiempo la intervención del
ministerio para promover un marco de cooperación ante un problema
acuciante de derechos humanos y de protección de los menores. En estas
primeras semanas ya se han realizado los primeros contactos para abordar
este tema, tanto con las comunidades autónomas como con la Fiscalía de
Extranjería, con el compromiso de liderar este proceso de cooperación
interministerial e interautonómica.
La población gitana sigue siendo uno de los grupos de población con mayor
riesgo de pobreza, exclusión social y discriminación. En los próximos
Presupuestos Generales del Estado será prioritario un incremento de la
dotación para atender las necesidades de la población gitana y, en
especial, a las mujeres gitanas para mejorar las condiciones de acceso a
los servicios públicos, educación, empleo, vivienda y salud. Asimismo, lo
será potenciar el Consejo Estatal del Pueblo Gitano a través de una
estrecha colaboración con las organizaciones más representativas en este
ámbito. Este trabajo se orientará de manera especial a la estrategia para
la inclusión social de la población gitana. En septiembre
acudiré a la reunión del Consejo Estatal del Pueblo Gitano para trasladar
a sus miembros el compromiso del Gobierno con este órgano de
participación y con las cuestiones que en él se tratan.
Señorías, en España aproximadamente un 8% de la población son personas con
discapacidad. Ciudadanas y ciudadanos con iguales derechos que deben
formar parte de la sociedad sin que tengan que sortear barreras y
dificultades. Con el objetivo de contribuir a la inclusión social de las
personas con discapacidad en la educación, el mercado laboral, la
reducción de la pobreza y la participación ciudadana, revisaremos y
desarrollaremos el II Plan Nacional de la Accesibilidad de la mano de las
asociaciones más representativas, de las personas con discapacidad y sus
familias y, de manera especial, en estrecha colaboración con el Cermi y
con la fundación ONCE. Con la implementación de este II Plan Nacional de
Accesibilidad se mejorará la accesibilidad universal en igualdad de
condiciones con las demás personas en los espacios públicos urbanizados y
edificaciones, en las relaciones con las administraciones públicas y en
el acceso a bienes y servicios a disposición del público. A pesar de que
se han realizado mejoras en la Ley de Propiedad Horizontal en los años
2003, 2011 y 2013, no se ha conseguido que la normativa garantice
subsanar la entrada y salida de personas mayores o con discapacidad de
sus hogares en igualdad de condiciones que el resto de sus vecinos y
vecinas. En este marco, se propondrán modificaciones para que las
comunidades de propietarios puedan asumir el coste de las reformas que
requieren muchos edificios para eliminar las barreras arquitectónicas.
Sin accesibilidad -entendida en el sentido de la Convención internacional
sobre derechos de las personas con discapacidad- el derecho a una
vivienda digna se hace para este grupo de población extremadamente
difícil o incluso llega a verse vaciado de contenido, sin olvidar que es
necesario asegurar la supresión de barreras en el ámbito de las nuevas
tecnologías, un campo cuyo futuro es crucial para el desarrollo y la
integración plena de las personas con discapacidad. Quiero señalar en
este punto que debemos aumentar nuestro esfuerzo en todo aquello que
atañe a las mujeres con discapacidad, que están doblemente discriminadas.
Es exigible garantizar a estas personas un conjunto sistemático de
medidas y acciones para favorecer su acceso al empleo y a la formación, y
a la conciliación de su vida laboral y familiar, como afirmó anteayer la
vicepresidenta del Gobierno, con la que estamos trabajando en estrecha
colaboración en este y otros temas.
Una de cada cinco personas en España es mayor de sesenta y cinco años, lo
que supone el 19,2% de la población total. El envejecimiento y la mayor
longevidad de la población española es un fenómeno positivo, consecuencia
de la mejora del bienestar de nuestra sociedad en las últimas décadas. La
Unión Europea en el año 2012 ya desarrolló las orientaciones que han de
guiar las políticas en materia de envejecimiento activo y la solidaridad
intergeneracional, así que desde el ministerio se implantará la
Estrategia de personas mayores y su buen trato, con enfoque de género,
dado que las mujeres presentan una mayor supervivencia, vulnerabilidad y
soledad, aprobada por el Consejo Estatal de las Personas Mayores.
Políticas dirigidas a personas mayores para favorecer el envejecimiento
activo y promover su participación en la sociedad, junto con el
mantenimiento y mejora de los programas de turismo y termalismo para
personas mayores que viene gestionando el Imserso con notable éxito desde
hace treinta años, las prioridades en relación con las personas mayores
se basarán en el aumento de su calidad de vida. La pretensión es
conseguir que reciban el mejor trato posible y fortalecer sus derechos
individuales y sociales frente a cualquier forma de discriminación, de
violencia o de abuso. En este contexto quiero poner el foco en las miles
de personas voluntarias que vinculadas a movimientos sociales trabajan
cada día por construir un mundo más justo y solidario. Para consolidar
así un nuevo marco de derechos y deberes para las personas y entidades
relacionadas con el ámbito del voluntariado a nivel estatal e
internacional, se finalizará la tramitación administrativa de la
normativa de voluntariado y la regulación, en particular del Observatorio
Estatal del Voluntariado. Supondrá dar un nuevo impulso a un modelo
innovador, inclusivo, diverso e integrado en la dimensión europea de la
acción voluntaria. Asimismo y de manera complementaria, se revisará la
política estatal en la materia con la aprobación de la nueva Estrategia
del Voluntariado.
En este nuevo escenario de cambio hay que garantizar que los jóvenes
tengan un presente mejor. Para ello se articularán medidas que propicien
políticas y recursos que generen oportunidades en los distintos ámbitos
de sus vidas. Las y los jóvenes protagonistas de los cambios y de las
políticas, con medidas para apoyar el talento e impulsar su participación
en el ámbito europeo, con el fomento de los valores comunes de libertad,
tolerancia y no discriminación, con especial atención a la violencia de
género. Señorías, hemos asistido al proceso de desaparición y ahogamiento
del Consejo de la Juventud de España, órgano de participación y decisión
de las y los jóvenes. Diversas vicisitudes en los últimos años,
anuncios de creación de un nuevo ente y la falta de compromiso con las
políticas de juventud han dificultado el funcionamiento y la actividad
del consejo mientras este ha existido. Por ello, vamos a restituir la
entidad que tenía el Consejo de la Juventud de España.
Para este Gobierno incorporar Consumo al nombre del ministerio es toda una
declaración de intenciones. Consumidores somos todos y todas. El
fundamento natural de la protección del consumidor es combatir la
desigualdad. Es básico alentar un consumo responsable, sostenible y
accesible que tenga en cuenta los nuevos retos que plantea el siglo XXI,
como el consumo digital. Garantizar los derechos de los consumidores y de
los usuarios será uno de nuestros objetivos. Por eso, se creará una
dirección general de consumo, que será eficaz garante de ese derecho
fundamental de la ciudadanía. Desde el ministerio la acción política irá
dirigida a todas las sociedades para tener consumidores formados,
informados, concienciados, responsables y protegidos, tal como exige el
artículo 51 de nuestra Constitución, con diálogo, participación y
decisiones compartidas, como saben, que siempre añadimos a nuestra hoja
de ruta. Construiremos las políticas de consumo junto a las comunidades
autónomas y asociaciones de consumidores y usuarios, sin menoscabo de
contar con la participación de otras organizaciones sociales. En este
momento se aborda en Europa un nuevo marco para los consumidores, y el
Gobierno trabajará, junto con el resto de los países de la Unión, para
preservar los intereses de los consumidores españoles y garantizar el
máximo nivel de protección al conjunto de los consumidores europeos. El
nuevo escenario supondrá cambios en el ámbito legislativo para mejorar la
aplicación de las normas de protección de los consumidores y para hacer
frente a los nuevos retos de comercio electrónico propios de una sociedad
digital. También, en relación con la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por
la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva europea
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo,
este Gobierno va a realizar un esfuerzo en acreditar y notificar, con la
mayor diligencia posible, los organismos de resolución alternativa de
litigios. Será, así, un instrumento que evite la presentación de
controversias ante los juzgados y que sirva para eliminar la frustración
de los consumidores, que ven sus derechos vulnerados y sin ser
resarcidos. Estos organismos han de ser de alta calidad, independientes,
imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. El Gobierno
buscará que los primeros organismos que se acrediten y notifiquen sean
las juntas arbitrales autonómicas. Como última cuestión en esta materia,
pero no por ello menos importante, abordaremos la problemática del
consumidor vulnerable. Señorías, la seguridad alimentaria como pilar
fundamental de la salud pública es un derecho fundamental y, por tanto,
también una prioridad para el ministerio. Para alcanzar los objetivos hay
que tomar como referencia los nuevos conocimientos científicos, en línea
con las prioridades marcadas por la Unión Europea y por los foros
internacionales. De este modo, las decisiones a tomar han de ser
proporcionadas y deben garantizar unos altos niveles de seguridad
alimentaria; reforzar la cooperación, colaboración y coordinación con
otros departamentos y otras administraciones, así como integrar esta
política en los nuevos retos de la agenda internacional. Aludo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
entre los que se encuentra la promoción del consumo responsable y
sostenible, incluido un consumo de cercanía. La decisión es seguir las
directrices europeas del Paquete Higiene para que sea posible que, con
plenas garantías de seguridad alimentaria, se fomente un consumo de
proximidad.
Señorías, más allá de las líneas estratégicas de sanidad, bienestar
social, juventud y consumo que les he comentado -sé que extensamente-,
quisiera hacerles unas consideraciones sobre el fortalecimiento y
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, un sistema compartido con
las comunidades autónomas. Hace dos semanas se constató la traslación a
hechos del compromiso de diálogo que anuncié el día de la toma de
posesión. Veinte días después de empezar el trabajo en el ministerio se
celebró el primer consejo interterritorial con este Gobierno. El consejo
tiene que ser una herramienta clave para garantizar la cohesión y la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La cohesión del sistema se
tiene que apoyar en la tecnología y en su uso para facilitar la atención
de calidad. En este sentido, estamos en condiciones de completar el mapa
de interoperabilidad del sistema sanitario, es decir, todas las
comunidades autónomas podrán intercambiar historia clínica y hacer que la
ciudadanía pueda acceder a la misma a través de Internet y recuperar
cualquier receta independientemente de donde fuera prescrita. Animo a las
comunidades autónomas a completar y a extender a todos los usuarios estas
ventajas. Este proyecto no olvida la sostenibilidad del sistema
sanitario. La actual financiación genera importantes diferencias entre
comunidades autónomas, que son las que soportan presupuestariamente la
gestión sanitaria. Los fondos de financiación autonómica deben garantizar
que los servicios básicos -sanidad, educación y bienestar social- tengan
una financiación que permita su prestación en condiciones de
equidad, igualdad y calidad en cualquier parte del territorio de España.
En la presente legislatura, conforme anunció el presidente del Gobierno,
habrá ya mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas.
En este sentido, desde el ámbito sanitario vamos a activar el Fondo de
Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial para que cumplan
con la función para la que fueron diseñados y beneficien tanto a los
pacientes como a las comunidades autónomas.
Señorías, la sostenibilidad tiene que ver con la suficiencia financiera,
pero también con la buena gestión y con la eficiencia. Por ello, dentro
de las líneas de trabajo del ministerio se contemplan objetivos
importantes como potenciar las compras centralizadas de medicamentos,
productos sanitarios y tecnología según las necesidades reales de las
comunidades autónomas, fomentar el uso de los medicamentos genéricos y de
los biosimilares e introducir el concepto coste-valor en la evaluación y
financiación de los medicamentos. Se trata de desarrollar un modelo que
determine el valor que aportan los medicamentos tanto de forma individual
como comparativamente con las alternativas financiadas ya existentes, con
el objetivo de facilitar la gestión de la prestación farmacéutica en las
comunidades autónomas con la incorporación de la visión científico
clínica, la visión gestora y la visión de las y los pacientes. Para ello,
es necesario que el Sistema Nacional de Salud disponga de la información
necesaria para la adecuada toma de decisiones, tanto en el momento de la
financiación como en la evaluación y la utilización del medicamento. El
modo de hacerlo será a través de la modificación de los informes de
posicionamiento terapéutico, de tal forma que constituyan un documento de
referencia valioso para la gestión farmacéutica. Actualmente, las
comunidades autónomas reevalúan los medicamentos a nivel autonómico e
incluso a nivel hospitalario, lo que significa que se invierten recursos
y se repiten acciones porque el informe de posicionamiento terapéutico
que genera el Sistema Nacional de Salud es claramente insuficiente.
También está en la hoja de ruta impulsar un sistema de evaluación de
resultados en salud en la práctica clínica de los medicamentos de alto
impacto sanitario y económico. De este modo, se dispondrá de información
rigurosa y real para poder actualizar el posicionamiento de estos
medicamentos.
Como saben, este Gobierno es un firme defensor de la evidencia científica
en la práctica clínica. Señorías, la homeopatía no cura. De un
medicamento se espera que haya demostrado su efecto y haya cumplido y
superado ensayos de eficacia y seguridad, algo que no ocurre con este
tipo de productos. En consecuencia, vamos a instar, en el seno de la
Comisión Europea, a que modifique la Directiva 2001/83 por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano y deje
de considerar a los productos homeopáticos como medicamentos. En primer
lugar, poner orden en el mercado y hacer cumplir el Real Decreto
1345/2007, de 11 octubre, por el que se regula el procedimiento de
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos
de uso humano fabricados industrialmente. El ministerio pondrá en marcha
todos los mecanismos legales, incluidas sanciones, si es necesario, para
asegurarse de que en el mercado solo permanecen los productos legalmente
autorizados e informará con veracidad, objetividad y claridad a la
ciudadanía para evitar situaciones dramáticas en las que no sean
sustituidos por la homeopatía tratamientos avalados por la evidencia
científica.
Un abordaje diferenciado requieren las innovaciones disruptivas, como son
los medicamentos para las enfermedades raras, las terapias dirigidas, la
terapia celular o la terapia génica. Me refiero a la medicina
personalizada de coste elevado por la investigación clínica asociada, las
tecnologías sofisticadas para su aplicación y por estar indicadas en
patologías de baja incidencia. El objetivo es abordar la medicina
personalizada con mecanismos de eficiencia. Para ello se definirá el
modelo para identificar precozmente la innovación y se desarrollará un
modelo de evaluación previa y de financiación que disminuya la
incertidumbre financiera y clínica en su incorporación. Se desarrollará
un modelo colaborativo entre el sector farmacéutico y tecnológico, a la
vez que se potenciará la investigación pública y su traslación a la
práctica clínica, todo ello con objeto de garantizar el acceso a la
innovación y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, un sistema
cohesionado que necesita impulsar la mejora de la calidad y la
sostenibilidad. Esto descansa, en buena medida, en la capacidad de
desplegar y articular con las comunidades autónomas una estrategia de
innovación. En el momento actual, el sistema sanitario se enfrenta a una
paradoja que genera un grado de tensión importante según la cual la
innovación disruptiva es un elemento que amenaza la sostenibilidad. En
suma, se trata de conseguir que el binomio innovación-sostenibilidad
opere de forma virtuosa y aporte elementos de modernización y adaptación
de los servicios a las necesidades de las personas, un fin que pasa por
articular un sistema de Gobierno de la innovación que la convierta en un
motor de la sostenibilidad.
El objetivo fundamental es generar un modelo de innovación sinérgica y
equitativa, cuyos elementos se refuercen mutuamente en los procesos de
aprendizaje y en la transmisión del conocimiento entre
personas y colectivos, aprovechar para ello herramientas clave como la
política de investigación e innovación europea plasmada en el Programa
Marco de Investigación e Innovación 2014-2020, conocido como Horizonte
2020. Es prioritario estrechar la coordinación y alinear agendas
estratégicas de país con los diferentes organismos y plataformas de
coordinación y participación. El fin es que los intereses del Sistema
Nacional de Salud y el sistema de servicios sociales en innovación y
desarrollo tengan mayor reflejo en las prioridades de los programas
anuales de trabajo de los distintos organismos y en el nuevo programa
marco europeo actualmente en discusión.
En investigación hay que apostar por las líneas prioritarias en el campo
de la biomedicina, así como por proyectos de atención primaria con
perspectiva de género. Otro de los ejes en este camino de actuación que
vamos a desarrollar desde el ministerio sería promover la colaboración
entre institutos de investigación tanto a nivel estatal como autonómico
para potenciar sinergias y lograr una mayor eficiencia en el uso de los
recursos públicos. En este proceso se incorporarán también las
comunidades autónomas, tanto en la definición de las prioridades de
investigación como en la elaboración de los planes y difusión de las
buenas prácticas. Por último, en este apartado de investigación y de
innovación es preciso acelerar la revolución digital y tecnológica en los
ámbitos de sanidad y de servicios sociales.
Señorías, quisiera hacer una mención concreta a la situación de los
centros sanitarios de las ciudades autónomas. Las obras del nuevo
hospital de Melilla y del nuevo centro de salud del Tarajal, de Ceuta, se
desbloquearán a lo largo de 2018 tras años de paralización. Y también
quisiera hacer una mención a la clara vocación europeísta del Gobierno
del presidente Sánchez. Esta declaración tiene implicaciones muy claras y
concretas dentro del ámbito de la sanidad y de los servicios sociales. El
propósito es ser reconocidos por nuestras políticas sanitarias y sociales
en el ámbito de la Unión Europea y de Naciones Unidas, liderar los grupos
de mayor interés y tener presencia y un papel relevante en los distintos
órganos de representación. A las dos semanas de mi toma de posesión
participé en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Empleo,
Política Social y Salud, en Luxemburgo. En ese escenario el Gobierno de
España ya ha propuesto la constitución de un foro europeo de debate
abierto con el fin de reflexionar y consensuar iniciativas relacionadas
con el futuro de la salud. Hay que diseñar una agenda de prioridades y
afrontar unidos los retos comunes de los sectores sanitario y social, a
los que nos enfrentamos todos los Estados miembros. Asimismo, en este
marco de Naciones Unidas existe un firme compromiso con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, agenda con la que se comparte la hoja de
ruta que les he trasladado a lo largo de esta comparecencia. Les menciono
los tres objetivos claves: erradicación de la pobreza, garantizar una
vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y la
reducción de desigualdades.
Señorías, fortalecer el sistema, como les decía anteriormente, hablar de
su sostenibilidad, también es invertir en los profesionales. Esa será una
de las líneas estratégicas, junto con la reorientación de la ordenación
profesional, siempre desde el diálogo constante y la decisión conjunta
con las comunidades autónomas. Hay que insistir en potenciar el triple
perfil asistencial, docente e investigador; hay que redefinir y
reorientar para contribuir a paliar el déficit detectado en el Sistema
Nacional de Salud en algunas especialidades, en algunas plazas y en
algunos dispositivos asistenciales, fundamentales en determinadas zonas
rurales y en periodos estacionales concretos. De hecho, el propio Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ya acordó la creación de
un grupo de trabajo en el que participasen representantes de todas las
comunidades junto con el ministerio para detectar las necesidades de
personal y proponer y adoptar medidas concretas dirigidas a este fin.
Algunas están dando sus frutos, como la propuesta de creación de
trescientas nuevas plazas MIR para la próxima convocatoria. Y no se nos
olvida la necesidad de trabajar en la prevención y atención de las
agresiones a las y los profesionales del sistema sanitario. Hay que
desarrollar también nuevos roles para la profesión enfermera en el
sistema público de salud, para la asunción de mayores competencias
clínicas de atención a la cronicidad y de gestión para la mejora de la
eficiencia del sistema. Igualmente, se culminará en breve la regulación
de la prescripción enfermera, fruto de un proceso basado en un consenso
profesional. También, la priorización de la revisión de los requisitos de
acreditación de centros y unidades docentes para la formación sanitaria
especializada en áreas que se han detectado mayoritariamente
deficitarias, como medicina de familia y pediatría y sus áreas
específicas. En todo caso, es también muy importante establecer que la
oferta de plazas de formación sanitaria especializada responda a las
necesidades reales de los servicios de salud. En este sentido, el
registro estatal de profesionales sanitarios estará operativo en el
primer trimestre de 2019. Será una de las herramientas fundamentales para
planificar las necesidades de profesionales tanto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo. Es imprescindible que todos
los actores del sistema sanitario consideren y hagan suyo este registro
como elemento de garantía de calidad asistencial, seguridad de los
pacientes y armonización de la oferta-demanda de profesionales y
especialistas en Ciencias de la Salud. En esta nueva etapa de diálogo
quiero hacer también una mención especial al papel de los sindicatos en
nuestro sistema sanitario y destacar la importancia de su trabajo en los
procesos de concertación social.
Señorías, termino ya. Limitar la democracia a un sistema de gobierno creo
que desnaturaliza su verdadero espíritu; sin los cimientos de los
valores, se desmorona. No dejar a nadie atrás, y menos aún a las personas
más vulnerables, honra los valores de la democracia. Dignidad de las
personas y decencia y justicia de las políticas, esas son las prioridades
del nuevo Gobierno y del nuevo tiempo político que ha abierto el
presidente Pedro Sánchez, un principio firme en su aspiración pero
totalmente abierto al diálogo y a la colaboración para construir una
sociedad más decente, justa, cohesionada y solidaria. Esa es nuestra hoja
de ruta, recuperar derechos, rescatar a las personas y transformar el
sistema sanitario y social con la vista puesta en el presente y en el
futuro.
Apreciados miembros de esta Comisión, diputados y diputadas, es hora de
reivindicar la política como ese instrumento útil para mejorar la vida de
las personas, así que me tienen a su disposición para a partir de ahora
actuar en consecuencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministra.
Ahora es el turno de los grupos que han pedido esta comparecencia, pero el
señor Olòriz nos ha pedido adelantar su intervención porque tiene que
presidir en unos momentos otra Comisión. Si ningún grupo tiene
inconveniente, siguiendo la tradición amable de esta Comisión le podemos
dar la palabra en estos momentos. (Pausa). Como nadie objeta nada, suya
es la palabra, señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señor presidente.
Agradezco una vez más la cortesía parlamentaria que existe en esta
Comisión.
Señora ministra, gracias y bienvenida. Muchos y muy diferentes ciudadanos
han recibido con esperanza el nuevo Gobierno; esperemos que la
expectación generada no se convierta en frustración. Gozan, señora
ministra, de la oportunidad de ofrecer algo realmente importante que
cambie para bien la vida de la gente; les deseo que sepan aprovecharla,
sin duda, el diálogo permanente será imprescindible. Ha propuesto muchas
cosas y no podremos hablar de todas; tendremos tiempo de tratar cada uno
de estos temas en esta Comisión. Mi intervención será sobre los ejes, las
líneas principales que Esquerra Republicana, a la que represento, plantea
en este periodo nuevo. En su ministerio y en esta Comisión nos ocupamos y
nos preocupamos del Estado del bienestar, especialmente de un pilar
básico y consolidado como es la salud, y de otro, en construcción -los
servicios sociales, la dependencia- y que en los últimos tiempos ha
tenido problemas estructurales importantes.
Empezaré hablando de servicios sociales y dependencia. Los servicios
sociales en Cataluña -y me consta que en el resto del Estado- aún no se
han recuperado de la situación previa a la crisis, lo cual es preocupante
cuando sabemos de las carencias de los más vulnerables, hoy mucho mayores
que antes. La Ley de Dependencia, de la cual usted ha hablado y a la que
mi grupo dio apoyo, generaba unos compromisos de gasto que, por omisión
en los últimos Gobiernos, han tenido que asumir las comunidades autónomas
y los ayuntamientos, y, como viene siendo habitual, el Gobierno del
Estado ha ido incumpliendo aquel compromiso de financiar el 50%. En los
últimos años hemos visto que han quedado desprotegidos demasiados
ciudadanos por una financiación insuficiente; que a veces se ha tenido
que escoger entre lo malo y lo menos malo. Usted ha adelantado que no
habrá una continuidad con lo hecho por los últimos Gobiernos; esperemos
que la Generalitat y los ayuntamientos no se queden solos afrontando esta
emergencia social y que estos aires de cambio y estas promesas se
conviertan en propuestas que nos permitan avanzar. Muchos de los
programas sociales cofinanciados por el Estado en Cataluña, como también
en otras comunidades autónomas, han sido suprimidos o se han quedado sin
dotación presupuestaria. Con estas prácticas, las comunidades autónomas
se ven obligadas a asumir la financiación íntegra de estos programas, con
las enormes dificultades que supone. Le avanzo que el Govern de la
Generalitat, el conseller Chakir el Homrani, va a desplegar la Renta de
Ciudadanía. ¿El ministerio tiene intención de colaborar con el
Departament d'Afers Socials en este tema?
Si entramos en sanidad, ya ha adelantado que se suprimirá el copago
farmacéutico, el problema es de tiempos y de cómo lo podremos hacer,
porque cada mes que pasa el sufrimiento es mayor. ¿Discutiremos los
compromisos, los plazos, las medidas concretas? Encontrará colaboración
en mi grupo
en este sentido. Pero si hablamos de recursos, también hemos de hablar de
infraestructuras, de patrimonio. Los centros y servicios sanitarios de la
Seguridad Social están adscritos a las comunidades en función de los
decretos de traspasos, pero la titularidad del patrimonio sigue siendo de
la Tesorería de la Seguridad Social. Desde el año 2002 todas las
autonomías tienen asumidas las competencias en materia de sanidad en lo
que respecta a la gestión y prestación de servicios, pero no la propiedad
de los centros donde se realizan estas actividades. Lo lógico sería que
la titularidad de este patrimonio fuera de las comunidades autónomas,
porque supone una incongruencia que, en un modelo que obliga a estas a
financiar las inversiones año tras año, la titularidad continúe en una
Administración que no tiene las competencias de gestión. La Ley 27/2011,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, preveía cerrar de una vez por todas las transferencias de los
servicios sanitarios de la Seguridad Social a las comunidades a través de
la transferencia de esta titularidad. ¿Cuándo piensan hacer efectivas
estas transferencias de titularidad? Es lógico que quien se hace cargo de
las inversiones tenga la titularidad.
Con la aprobación del Real Decreto 16/2012, el modelo de cobertura
sanitaria, como usted ha dicho, se vuelve a basar en el vínculo con la
Seguridad Social, lo cual ha significado que amplios colectivos, los más
vulnerables, hayan salido perjudicados. Las personas en situación
irregular han quedado excluidas, a pesar del esfuerzo de no pocas
comunidades autónomas. Usted ha expresado claramente que esto va a
cambiar y que hará el decreto oportuno. Nos congratularía también que los
recursos al Tribunal Constitucional en relación con la Ley catalana
9/2017 se retirasen, en la medida en que van en la misma dirección.
Profesionales sanitarios. Tenemos necesidad de cambios importantes, y
usted ha hablado de algunos de ellos, pero nos preocupa la vigencia del
Real Decreto 2015, de prescripción enfermera, que usted sabe que, por no
tener consenso, generó graves problemas. En Cataluña hemos trabajado con
normativa propia junto con los profesionales. También es cierto que el
último Gobierno intentó consensuar con la profesión un real decreto que,
en forma de proyecto, salió a consultas, si no me equivoco, en febrero.
¿Mantendrá la literalidad de este real decreto o hará algunos cambios?
Porque usted conoce la importancia de que este real decreto se acabe
publicando y solucione un problema del que ya llevamos demasiado tiempo
discutiendo y del que en esta Comisión hemos hablado muchas, muchas
veces.
No quiero dejar pasar -como usted ha hecho- la oportunidad de dar las
gracias a los profesionales -médicos, médicas, enfermeras, enfermeros-,
que durante estos años tan duros de recortes han actuado como red de
seguridad y cuya profesionalidad ha evitado que el sistema entrase en
crisis, incluso en crisis irreversible. Por tanto, los Gobiernos del
Estado y de las comunidades hemos de hacer todos los esfuerzos necesarios
para revertir estos recortes y dar, en justicia, aquello que se merecen
los profesionales. Sobre todo, cuando vemos que miles de profesionales de
la salud se van al extranjero en busca de oportunidades laborales que
aquí no encuentran; profesionales que probablemente no volverán. ¿Cómo
afrontaremos en el futuro la falta de profesionales? ¿Qué va a hacer el
ministerio respecto a esto, va a permitir que cada año el sistema expulse
a tantos y tan buenos jóvenes profesionales?
Señora ministra, volvemos otra vez al modelo de financiación. Usted ha
adelantado algunos aspectos que nos suenan bien, pero es importante que
trabajemos juntos para que el sistema de financiación asegure lo que
usted ha dicho: que los servicios públicos se puedan prestar con garantía
y con equidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero tengo que decir que
muchas veces las inversiones que se han de hacer obligatoriamente no se
corresponden con la financiación que recibimos. Es importante que el
ministerio sea parte activa para superar esta situación.
El 80% de los determinantes de la salud no dependen del sistema sanitario,
sino que en muchos casos las desigualdades de salud tienen causas
sociales, algo que hemos discutido muchas veces. Hablamos de inequidad
entre comunidades autónomas, pero muchas veces la inequidad más
importante la encontramos dentro de las comunidades autónomas y producida
por elementos que no son solamente sanitarios, sino de desigualdad
social. En este ámbito, el ministerio podría abrir líneas de trabajo,
comisiones interdepartamentales para trabajar en este sentido, cuestión
para la que contará con nuestra colaboración.
Señora ministra, acabo mi intervención con una constatación: la sanidad
sufre un déficit crónico de recursos. En Cataluña tenemos unos recursos
per cápita en salud inferiores a la media del Estado. Por ello, en
Cataluña trabajamos para revertir este déficit en sanidad y seguiremos
haciéndolo. Desde nuestro punto de vista, esta es una situación
preocupante, pues desde 2011 se ha recortado el 88,2 de la aportación
estatal a programas sanitarios, y muchas veces la invasión de
competencias viene a ser un
clásico; la desconfianza acaba perjudicando a todos, tanto al Estado como
a las comunidades autónomas. Nos abrimos al diálogo y al hecho de dejar
claras las competencias de cada uno. Lealtad, con lealtad se paga, por lo
que estamos totalmente de acuerdo en abrir este camino. En este sentido,
agradeceríamos que, respecto al acuerdo que habíamos llegado de destinar
1, 6 millones a las entidades sociales a través del IRPF parar para
paliar la deficiencia que hay de transferencia, no se recortase dicha
cantidad, porque incluso con estos 1,6 millones estamos muy lejos de lo
que realmente se recauda en Cataluña a través del IRPF para cuestiones
sociales respecto a lo que recibimos. Pienso que este sería un gesto de
buena voluntad cuando hablamos de confianza entre las partes.
Estamos abiertos al diálogo, creemos que en los temas de salud, en los de
bienestar social, se ha de anteponer siempre la política, con mayúsculas,
sobre cualquier otro conflicto. Soy consciente de que los conflictos
entre el Gobierno de Cataluña y el del Estado tardarán en curarse, es
obvio. Ha entrado un elemento imprevisible: la justicia haciendo
política, y la política ha quedado en un segundo plano. La mejor manera
que tendremos de funcionar es que la política ocupe otra vez el papel que
le corresponde. Pero las heridas son complejas; se ha agitado mucho a la
sociedad civil, aún se explican cosas que no existen pero que explicadas
tantas veces la gente se las cree. Sería bueno vernos más, que nos
visitásemos más. Mi presencia en el Congreso me ha sido extremadamente
útil y la presencia de muchos de ustedes en el Parlament de Catalunya,
para visitarlo y saber lo que hace, también estaría bien. Sé que no es
una recomendación sanitaria ni de servicios sociales, es política, pero
también sería útil para la salud de los parlamentarios allá y aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olòriz. Le recuerdo que todos tenemos
grupos parlamentarios en el Parlament de Catalunya. (El señor Olòriz
Serra: Algunos muy poquitos.-El señor Igea Arisqueta: Y algunos más).
Volvemos al orden original. Ahora es el turno de los grupos que han pedido
la comparecencia. Empezamos por el Grupo Mixto, que se va a repartir el
tiempo entre sus dos portavoces. (El señor Agirretxea Urresti pide la
palabra).
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Una cuestión de orden, presidente. Usted ha
dicho que primero van a intervenir los que han pedido la comparecencia.
¿Los que no la hemos pedido qué tiempo vamos a tener? ¿El mismo?
El señor PRESIDENTE: Sí.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias.
El señor PRESIDENTE: Creo que lo había dicho al principio. Así fue en la
comparecencia de la anterior ministra.
Como decía, en el Grupo Mixto se van a repartir el tiempo. La señora Sorlí
tiene la palabra.
La señora SORLÍ FRESQUET: (Comienza su intervención en catalán). Así pues,
bienvenida y enhorabuena.
La verdad, se lo dije a la vicepresidenta el mismo martes y se lo repito a
usted: lo tienen relativamente fácil. Después de un Gobierno del Partido
Popular que ha recortado derechos a diestro y siniestro, que ha recortado
económicamente todas las partidas de servicios sociales y servicios
sanitarios y que ha ninguneado en nuestro caso al País Valencià
constantemente, lo tienen relativamente fácil, pero son un Gobierno en
minoría y eso también es una realidad. Apoyamos la moción por dignidad
democrática, y lo hicimos sin condiciones en su momento, pero también es
cierto que ahora es el momento de empezar a hablar de esas condiciones y
de empezar a pedir esfuerzos al Gobierno actual. Desde Compromís hemos
reiterado y actuado con claridad en la defensa de los intereses
valencianos, y lo mismo que valía para el PP vale ahora para el PSOE, lo
mismo que le reclamábamos a Rajoy le vamos a reclamar a Sánchez y lo
mismo que le reclamábamos a Montserrat se lo vamos a reclamar a usted.
Nos alegramos de este cambio de Gobierno y también, como le decía, de que
haya caras valencianas en el Gobierno. Esperamos que a este Gobierno
usted traiga un poquito del Botànic, de ese espíritu de cooperación que
sí tenemos en el País Valencià, un poquito del rescatem persones -ya lo
ha dicho-, un
poquito de lealtad a las decisiones del Gobierno valenciano y sobre todo
de atención a las necesidades valencianas, necesidades que usted misma
conoce.
En su intervención ha dicho algunas cosas que son buenas noticias. Ha
hablado de la perspectiva de género y del feminismo -cosa que nos alegra
muchísimo-, ha hablado de la ley para luchar contra la violencia contra
la infancia -cosa que también hace mucho tiempo que reclamamos-, ha
hablado del suicidio, de planes, del VIH, de recuperar la Seguridad
Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar, y estas son
buenas noticias, pero hay algunas cosas que han quedado un poco en el
aire. En temas de dependencia, por ejemplo, ¿asumirá el Estado el 50% del
coste de dependencia? Sabe usted que en el País Valencià hemos recortado
a la mitad la lista de espera, aunque hasta ahora el Estado aportaba muy
poco, entorno al 15%, del coste de la misma. Nos gustaría saber si desde
este ministerio se va a hacer un esfuerzo en la inversión en dependencia
que ayude a que los Gobiernos autonómicos podamos cubrir más si cabe la
atención a la dependencia.
También ha hablado usted del Consejo de la Juventud de España y de
restituirlo lo antes posible. Querríamos saber cuáles son esos plazos, ya
que con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado este
desaparece.
Ha hablado también del copago, pero ha hablado de la eliminación del
copago por fases, cosa que nos preocupa, porque entendemos que desde el
Gobierno valenciano se hiciera por fases -de hecho, el Gobierno del
Partido Popular recurrió esa medida-, pero no entendemos que desde aquí
se haga por fases, porque desde aquí sí se puede eliminar el copago y
restituir la sanidad universal. Queremos saber qué es lo que va a pasar
con esto, por qué se va a hacer por fases y si también se va a hacer por
fases la recuperación de la sanidad universal.
Queremos saber también qué va a pasar con el tratamiento de la hepatitis
C. Sabe que en el caso valenciano ha costado hasta 22 millones de euros
este tratamiento. Por tanto, ¿se va a asumir el compromiso de pagar este
tratamiento? Ha hablado usted también del tema de la atención a las
personas desplazadas, y esa es una de las cosas en las que usted como
consellera fue muy beligerante, lo que nos alegra. Esperamos que ahora
también lo sea como ministra. ¿Se van a pagar los 390 millones de euros
que se le deben al País Valencià por la atención a las personas
desplazadas? ¿Se va a hacer efectivo ese pago? ¿Se van a activar todos
los mecanismos del FOGA? ¿Se va incluso a impulsar la mayor accesibilidad
a la historia clínica de los pacientes entre territorios?
Y hablando de todos estos temas, hay un tema que nos preocupa, con el que
usted fue especialmente beligerante y que afectó especialmente al País
Valencià: el convenio con Farmaindustria que se nos obligaba a firmar
para cobrar el FLA. Sabe usted que en el País Valencià estamos en una
situación de infrafinanciación muy grave; lo sabe. Sabe que aun así
estamos invirtiendo por encima de la media española en políticas
sociales, -todo esto a pesar de tener poca financiación y poca inversión
por parte del Estado-, y todo esto afecta directamente a las políticas de
sanidad y bienestar social, que son competencias transferidas a las
comunidades autónomas. Si a esto se suma que nos obligan a mantener los
privilegios a grandes multinacionales, como es el caso de Farmaindustria,
para poder cobrar el FLA, la situación es insostenible. Nos gustaría
saber qué va a hacer con este tema.
Por último -no por eso menos importante, posiblemente de lo más
importante-, ¿va a ser usted leal al Gobierno valenciano retirando los
recursos al Tribunal Constitucional, en especial en los casos que afectan
a la Consellería de Bienestar Social, como son la Ley de Pobreza
Energética y la Ley de Función Social de la Vivienda? Se han hecho
declaraciones diciendo que se van a retirar recursos al Constitucional en
relación con algunas de las autonomías. Nos gustaría saber si esto se va
a aplicar también en el caso del País Valencià.
Como decía al principio, nos alegramos mucho de tener caras valencianas en
el Gobierno estatal. Tiene una oportunidad de oro para elegir entre ser
la ministra fiel a su trayectoria como política valenciana o agachar la
cabeza frente al Partido Socialista o al Gobierno de Sánchez del: no hay
tiempo para reformar la financiación. Tiene la oportunidad de ser la
ministra valenciana que esperamos, tiene la oportunidad de sacar a los
valencianos y valencianas de ese estadio de discriminación constante,
porque estamos muy cansados de ser el último mono en todo, y usted lo
sabe, lo sabe porque estaba en el Gobierno valenciano hace menos de un
mes. Por tanto, tiene la oportunidad hoy de paliar esa discriminación y
de que esa alegría de tener dos caras valencianas en ministerios
estatales continúe siendo una alegría y no sea una decepción.
Benvinguda, senyora ministra, no me voy a extender mucho. Me consta que
usted se ha puesto en contacto con los diferentes portavoces de sanidad
de los diferentes grupos; solo espero que también cuente con los que
estamos en el Grupo Mixto, cuyos votos creo que son interesantes para
ustedes, y me refiero al Partit Demòcrata a quien nadie ha llamado, pero
esperamos su llamada. Hoy tenemos muchos temas de los que hablar, pero
muy poco tiempo para hacerlo, por lo que soy más partidaria de vernos un
día, plantear todos los temas, dejarlos encima de la mesa e ir trabajando
a partir de ahí sobre ellos y, sobre todo, para tratarlos en profundidad.
No quería empezar por aquí, pero es que usted no ha hecho ni una sola
mención a un asunto del que se habla poco aquí, que parece que moleste y
que algunos se creen que por no hablar de él o mirar para otro lado el
problema se va a solucionar solo. Estoy hablando de la realidad entre
Catalunya y España y lo hago ciñéndome al ámbito de la sanidad. Me
refiero a las consecuencias de la aplicación del 155, una aplicación por
parte del Gobierno anterior pero con su apoyo. Este conflicto existe y
creo que es una tremenda irresponsabilidad ignorarlo y hacer ver aquí que
no pasa nada. Por lo tanto, mi primera pregunta es si usted dispone de
informes detallados de las consecuencias de la aplicación del 155 en el
ámbito de la sanidad y, en caso de tenerlos, qué medidas tiene planteadas
la ministra para reparar los daños. En caso de que la señora ministra no
disponga de estos informes, ¿quiere disponer de ellos? ¿Los va a
solicitar? Cuando hablo de consecuencias de la aplicación del 155 también
me refiero al hecho de tener a nostra consellera de sanitat exiliada en
Bélgica, quien es libre en Europa, menos en España, tras haberse puesto
en manos de la justicia belga. Sé que a muchos no les gusta escuchar
esto, creo que es un tema que incomoda a muchos pero es la realidad y
haberlo obviado hasta la fecha no nos ha ayudado en nada. Por tanto, es
imprescindible que podamos hablar de todos los problemas, de todos, para
solucionarlos.
Hablaré hoy de un par de asuntos más porque no tenemos más tiempo, pero
insisto en que nos deberíamos encontrar para plantearlos. Otro tema que
nos preocupa -y al que Joan Olòriz también ha hecho referencia- es el
anuncio que hace pocos días hicieron ustedes sobre el incumplimiento con
el incremento previsto del IRPF en Cataluña. No podemos entender cómo se
puede haber roto un pacto y, además, haberlo hecho sin previo aviso, sin
consultar, sin intentar negociar, teniendo en cuenta que al final lo que
estamos haciendo es intentar cumplir pactos sociales que tienen como fin
ayudar a personas vulnerables. De hecho, la taula del tercer sector lo ha
expresado ya, cuando ustedes afirman que Cataluña está sobrefinanciada,
mienten. En Cataluña recaudamos el 23,4% a través de la casilla de
finalidades sociales y tan solo recibimos el 15%, son 8 puntos menos. Lo
que queremos -hoy se lo pedimos- es que ustedes respeten el compromiso
que los ciudadanos de Cataluña tienen con las entidades sociales. Además,
este es un compromiso que cada año va aumentando, pero que el retorno no
lo hace, es decir, aumenta la aportación de los ciudadanos de Cataluña,
pero el retorno por parte del Gobierno no aumenta. Por lo tanto, como
usted también ha insistido mucho en el diálogo y en estrechar relaciones,
yo insisto en hablar, señora ministra, porque, al final, lo que queremos
en Cataluña es gestionar todo lo que se recauda de IRPF en Cataluña. Como
somos conscientes de que ahora formamos parte de un Estado que se llama
España, queremos negociar porque usted empieza dando este palo de 1,6
millones menos de lo que se había pactado y queremos negociarlo con
usted, y queremos saber, primero, las razones que justifican este cambio
porque está avalada por la Comisión delegada del nuevo ministerio.
También queremos saber qué destino van a tener los 11 millones que en
2006 se recaudaron con la casilla del 07. ¿Estos 11 millones forman parte
del debate que usted ha comentado que se hará, creo, en septiembre, para
determinar los criterios de repartimiento? Y queremos saber -si no ahora,
que nos lo digan cuando tengan la información- cuál fue la asignación a
la casilla del 0,7% del IRPF efectuada por contribuyentes catalanes.
Porque nosotros el diálogo, siempre, pero no lo podemos aceptar si ese
diálogo no es sincero. Este es un tema prou important -com diríem en
catalá- como para sentarnos y mirar de revertir la noticia que hace un
par de días nos dieron ustedes.
Además, quiero destacar que en Cataluña el tercer sector es muy activo y
es muy fuerte; cuenta con más de 360 000 voluntarios, más de medio millón
de socios, e igual que los compañeros han felicitado y agradecido el
esfuerzo de los profesionales de la sanidad yo me sumo a este
agradecimiento pero también
me sumo a todas estas personas que de manera voluntaria ayudan a ese más
de millón y medio de personas en situación de vulnerabilidad que hay en
Cataluña.
Como ha comentado usted, el pasado mes de septiembre la Cámara aprobó la
PNL que insta al Gobierno a terminar, creo que en un plazo de doce meses,
el borrador de la Ley orgánica para la erradicación de la violencia
contra la infancia y la adolescencia. Usted ha hablado de la consulta
pública.
El señor PRESIDENTE: Señora Nogueras, debe ir concluyendo.
La señora NOGUERAS I CAMERO: ¿Sí?
El señor PRESIDENTE: Sí.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Vaya. Pensaba que tenía como siete u ocho
minutos.
El señor PRESIDENTE: Y lleva...
La señora NOGUERAS I CAMERO: Sí, me he enrollado mucho, okey; ya termino.
Sobre este tema nos gustaría tener más detalles. Entiendo que nos los irá
dando según se vaya usted acabando de situar; pero nos gustaría saber en
qué estado se encuentran actualmente estos trabajos y si usted o el
Gobierno se comprometen a aprobar en esta legislatura la ley. Insisto en
que, para ello, deberíamos vernos.
Termino, president, con el último tema -no me voy a alargar-, el de la
dependencia; ya lo ha explicado también detalladamente el compañero de
Esquerra, Joan Olòriz, pero usted nos ha hablado de acciones, de
comisiones, etcétera, y nosotros nos preguntamos cómo tienen ustedes
planteado solucionar el problema real de la dependencia porque partimos
de una ley que nació, pese a las advertencias...
El señor PRESIDENTE: Señora Nogueras...
La señora NOGUERAS I CAMERO: Termino.
... con un gran defecto y es que nadie sabía cómo se financiaría. Otros
países tienen leyes de dependencia, pero ninguno cometió la temeridad -y
en esto sí creo que es responsable su partido, el PSOE- de aprobarla sin
dejar cerrada su financiación.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Termino.
El señor PRESIDENTE: No, termine ya porque ha superado en más de dos
minutos el tiempo que tenía.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Me despido y ya termino.
Por lo tanto, qué actuaciones tiene pensadas; y espero que podamos
ponernos en contacto y hablar con profundidad y sin presiones de todos
los temas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que también va a repartirse el
tiempo aunque no de manera igualitaria, tiene la palabra el señor Igea en
primer lugar.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero darle la bienvenida, señora ministra. Nos ha dado
un discurso que parecería más propio de un grupo parlamentario con 180
diputados que de un grupo con 84 y que tiene las hipotecas que acabamos
de ver. Pero, bueno, siempre está bien empezar con optimismo.
Usted tiene una ventaja sobre la anterior ministra y es que usted tiene
experiencia en el asunto. Eso es una ventaja para todos, usted viene de
una consejería de Sanidad y pensamos que es por eso por lo que se le ha
nombrado ministra, porque tenía experiencia y eso en principio nos parece
una buena noticia; pero también es una desventaja y es que tiene pasado,
y esto nos permite analizar un poco cuál ha sido su trayectoria y si su
trayectoria como gestora en el campo sanitario coincide con lo que aquí
se ha explicado.
Con respecto a las listas de espera, cuando usted llegó a la consejería
había 61 000 personas -marzo de 2016-; ahora hay 63 500; de 77 días
pasaron a 78. Y con la lista de espera no estructural, de la que usted se
quejaba y con razón -porque es la trampa habitual que hacen todas las
consejerías para blanquear las listas de espera; los que nos dedicamos a
esto lo sabemos bien-, tenía 9900 pacientes en lista de espera no
estructural y ahora tiene 9470, que viene a ser más o menos lo mismo.
Usted nos hablaba aquí de lo importante que es la atención primaria para
sostener el sistema; no hay político sanitario que no diga esto. Usted
pasó de tener un 12% del presupuesto dedicado a la atención primaria a
tener un 11,89; sin embargo, la atención especializada pasó de 3300
millones de euros a 3673. También nos ha hablado de la importancia de la
salud pública. Es verdad, la salud pública es una cosa muy importante,
barata y se ahorra mucho dinero. Pasó del 1,5%, cuando usted llegó, al
1,35; tampoco ha subido lo dedicado a la salud pública. Nos ha hablado
igualmente de la importancia de las innovaciones disruptivas y cómo nos
enfrentamos a las compañías farmacéuticas que nos ofrecen innovaciones
disruptivas. Usted ha vivido una de las crisis más importantes de
innovaciones disruptivas, que es la aparición del tratamiento del virus C
en los años 2015 y 2016. Le voy a enseñar unos datos publicados (muestra
un gráfico) sobre cómo se ha gastado el dinero comunidad por comunidad.
Usted gastó el primer año -para decir verdad- 36 euros por habitante,
mientras que el País Vasco gastó 12; en conjunto, durante los tres años,
2014 a 2016, ustedes gastaron 47 euros por habitante y el País Vasco, 27
euros por habitante. El otro día comentábamos este aspecto a la salida de
un curso sobre el virus C con su portavoz sanitario, quien alababa la
gestión hecha en el País Vasco. Yo también le alabo la gestión al País
Vasco. ¿Por qué? Porque supone que se han ahorrado 100 millones de euros:
5 millones de habitantes por veinte euros, en total 100 millones. Esto
nos podría haber supuesto 1000 millones de euros en todo el Estado si
hubiéramos tenido este tipo de gestión. Quiérese decir que una cosa es
predicar y otra cosa a veces es dar trigo. Estoy muy de acuerdo con que
hay que hacer cambios en la política de farmacia y con que hay que
introducir la transparencia. Veremos si este Gobierno es capaz de
producir la transparencia que otros no han podido.
Si usted ha destacado en algo -todos los medios de comunicación así lo han
puesto de manifiesto, y la han presentado como una especie de Juana de
Arco- es en la lucha contra la privatización sanitaria. ¿Qué ha ocurrido
con la Comunidad Valenciana durante su Gobierno, según este informe
(muestra un documento), que es el informe del IDIS, sobre lo gastado en
conciertos del año 2015 al año 2018? Que se ha pasado de 386 millones a
487, es decir, se ha incrementado un 33%. De hecho, es la comunidad que
más ha incrementado el gasto en este tipo de conciertos. Por tanto, no
parece que sea exactamente esa Juana de Arco. Pero tampoco es muy raro,
porque la Comunidad Valenciana era una de las cinco comunidades que menos
gastaba en concierto en el año 2015, cuando usted llegó a la consejería.
Si ha habido algo ciertamente importante, en lo que se ha hecho mucho
hincapié, ha sido en la reversión del modelo de Alzira. El modelo de
Alzira, como sabemos, es un modelo de concesión pública que se revirtió.
Pero lo que no sabemos es cuál es la razón; puede ser que se revirtiera
porque fuera caro; porque tuviera menos accesibilidad, más listas de
espera; porque tuviera peor calidad; o incluso simplemente porque
generara menor satisfacción para los ciudadanos a los que atendían esos
modelos concesionados. Sin embargo, todos los informes -como el informes
del Sindic de Comptes de la Generalitat Valenciana o el de la Universidad
Pompeu i Fabra- dicen que esto no es así, que hay un 25% de ahorro medio,
que además tiene más especialidades -73 especialidades cuando los otros
comarcales tenían 48-; que hay un mayor cumplimiento de objetivos -72%
cuando los demás tenían el 58-; que hay una mayor satisfacción -85%
cuando los demás tenían menos-; que las demoras son exactamente la mitad
-la lista de espera quirúrgica de 36 a 67; consultas, 22 a 45, etcétera-;
y que la ambulatorización de procesos también es mejor. Por último,
informes no diseñados para esto, como los atlas de variabilidad de la
práctica médica -un atlas que supongo que usted conoce-, que se hacen por
el Instituto de Mejora de la Asistencia Sanitaria desde hace años, se
dedican a analizar cómo es la práctica en cada área de salud y cómo es la
práctica médica en diferentes especialidades. Pues todas ellas nos dicen
que nos encontrábamos ante un hospital que tenía, por ejemplo, menos
estancias evitables que la media, que eran muy buenos en estancias
evitables en asma, en EPOC y, de forma global, era el séptimo de
veinticuatro; también nos dicen, por ejemplo, que era el hospital que más
prótesis de rodilla ponía por 10 000 habitantes y el sexto en prótesis de
cadera, y que todos sus datos en cesáreas, episiotomías, legrados y
adenoides eran buenos. Todos estos datos son objetivos. Incluso, respecto
al control de la diabetes en el área, tenía un 40% de la población con
menos de un 7% de hemoglobina glicosilada, datos que no se alcanzan en
ninguna de las áreas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Por tanto,
si no era más caro, si no había
más insatisfacción, si no había más lista de espera, ¿cuál fue la razón?
Porque si lo que vamos a hacer es demagogia o política populista, no
cuenten con nosotros para ese viaje; si vamos a hacer política basada en
evidencias, en los resultados y en los datos, naturalmente que contarán
con nosotros para mejorar la sanidad pública.
Pero es que también su gestión de personal ha sido un poco peculiar, por
decirlo suavemente. En la gestión de personal, usted removió a los
veinticuatro gerentes de los hospitales de la Comunidad Valenciana y digo
yo que alguno habría bueno, digo yo. Lo que no hay es un sistema de
rendición de cuentas objetivo por el cual se produzcan los ceses o los
nombramientos, simplemente se produce al libre arbitrio. Tiene algunas
cosas tan curiosas como nombrar a un periodista -que venía del
periodismo- director de gestión sanitaria. Hay que reconocer que, como
política de personal y de nombramiento de altos cargos, es una política
al menos original. No quisiera dejar pasar aquí un episodio que he de
decir que me produjo cierta vergüenza, que es la llamada a una paciente
con un tumor renal para que no fuera al Instituto Valenciano de
Oncología. Esto no lo he visto en los días de mi vida, no he visto nunca
a una consejera que se salte la Ley de Protección de Datos y que llame a
un paciente para que no vaya a un sitio donde le ofrecen un tratamiento
que podría salvarle de la diálisis, mientras que en la sanidad pública
llevaba meses dando vueltas. (Rumores). Esto, verdaderamente, es
inaudito.
Esto es lo que hemos hecho, ahora vamos con los anuncios. ¿Qué anuncios
nos ha hecho la ministra de Sanidad? La vuelta a la sanidad universal
que, como bien ha dicho, afectaba a 200 000 personas que se habían
quedado sin cobertura, con lo cual estamos muy de acuerdo. Pero es que, a
día de hoy, esa vuelta a la sanidad universal ya es realidad en dieciséis
de las diecisiete comunidades autónomas que tienen conciertos,
legislación o regulación para atender a esos inmigrantes en situación de
irregularidad. Tampoco nos ha dicho que la tarjeta no podrá ser la misma,
porque no podemos generar derechos en Europa. Tampoco nos ha dicho que
tendrán que estar tres meses, como ha dicho públicamente en algún medio,
empadronados -al menos empadronados- para acceder a esas prestaciones.
Pero nosotros estamos fundamentalmente de acuerdo con esto.
Nos ha hablado también de la vuelta a la fecundación in vitro para mujeres
solas o mujeres lesbianas que ya se hacía en todas las comunidades, salvo
en Murcia y en Asturias. Es otro anuncio grandilocuente que lo que oculta
es que dieciséis de las comunidades ya lo hacían y nos estamos refiriendo
únicamente a dos comunidades que no lo hacían. Nos ha hablado también de
la política antitabaco. En este momento me gustaría hacerle una pregunta
concreta: ¿va a traer usted alguna propuesta concreta sobre la lucha
contra el tabaco? ¿Van a traer la propuesta del Comité Nacional de
Prevención del Tabaquismo o vamos a seguir las indicaciones de Fernández
Vara que dijo en Europa Press, en diciembre de 2017, que se había
conseguido no ir más allá en la transposición de la directiva del tabaco
y que sacó pecho en un medio público diciendo que había conseguido que no
se tramitara en esta Cámara más allá que la mera transposición de la
directiva del tabaco? Convendría que aclarásemos eso. Ha hablado también
de las enfermedades infecciosas, del repunte de las enfermedades de
transmisión sexual que se han multiplicado por cuatro o por cinco. Esto
ha sido consecuencia de una Estrategia de salud sexual y reproductiva que
ha sido un fracaso y que es a su vez consecuencia de una Ley de salud
sexual y reproductiva que a este respecto ha sido un fracaso y de la que
algunos se mostraban muy orgullosos.
Ha hablado también de la homeopatía y la pseudociencia. A este respecto
quiero recordarle que usted dijo hace pocos meses que había que retirar
de la farmacia los productos homeopáticos y la pregunta es, cuándo. ¿Los
va a retirar o nos vamos a limitar a ir a Europa a pedir que se retiren?
Usted también dijo que iba a cobrar todas las tasas y la pregunta es,
cuánto, cuánto vamos a cobrar y si eso se va a hacer realidad o no,
porque la gente no quiere anuncios, quiere, si es posible, alguna
realidad.
Sobre la pseudociencia no le diré nada más que en este Congreso hemos
tenido varias iniciativas que han sido derrotadas con el voto en contra
de su grupo político para proteger a los pacientes de la pseudociencia y
lo que esperamos los españoles y lo que espera la gente es si vamos a
seguir dejando que la gente anuncie que cura el cáncer con lejía, que la
gente anuncie que cura el cáncer con magia o vamos a hacer algún cambio
real en el Código Penal o en el derecho administrativo que impida que
estos magos continúen campando por sus respetos por este país.
Usted ha hecho también referencia al problema de la ONT, con lo cual
nosotros estamos muy preocupados sobre la donación voluntaria o no de los
órganos y queríamos preguntarle si usted cree que es razonable que
sigamos colaborando, por ejemplo, con el Gobierno chino a este respecto,
ya que hay serias dudas de que los donantes son en parte personas
ejecutadas por el Gobierno chino.
No ha hecho mención alguna, por ejemplo, a uno de los problemas más graves
a los que se enfrenta la sanidad en este momento que es qué vamos a hacer
con el big data en el futuro, cómo vamos a manejar la gran cantidad de
datos que van a cambiar las formas de la asistencia sanitaria y que van a
incidir, por ejemplo, de manera muy importante sobre el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades raras.
Se ha despachado con Ceuta y Melilla diciendo que se va a hacer el
hospital. Esto ya se sabía, está en el presupuesto que tiene aquí y no
hay anuncio alguno. Ustedes se han cansado a lo largo de esta legislatura
de pedir más medios y más presupuestos. ¿Va a haber algo de esto para
Ceuta y Melilla o les vamos a decir simplemente que con este presupuesto
nos vamos a apañar y que cuando quitemos las concertinas y demos la
sanidad universal, con un hospital que tiene 3000 partos al año y que
está al borde del colapso, van a tener que aguantar eso con lo que tiene
o les vamos a ayudar?
Usted ha hablado de un país que a veces uno piensa que no existe. En este
país las urgencias sociales, esas a las que ustedes se referían, suelen
acabar con la desigualdad sanitaria que hay en este país. En este país
hay comunidades autónomas que tienen 1100 euros por habitante y otras que
tienen 1600 euros por habitante y eso solo se arregla cambiando la
financiación, y ustedes se han cansado a lo largo de esta legislatura de
pedir un cambio en la financiación autonómica y de pedir un consejo
interterritorial dedicado a la financiación y ahora nos dicen a todos los
españoles que no, que esto ya no es una urgencia social, que esto va a
pasar para la siguiente legislatura y que iremos resolviendo caso a caso.
Esto es peculiar. La Ley de Financiación Autonómica tendrá que cambiar.
¿O van ustedes a dar una limosna a cada uno según sea de simpático? ¿O
vamos a seguir con este sistema bilateral que tenemos de negociar con
cada presidente autonómico? ¿O van a ser los españoles iguales ante la
ley de una vez? Esto es lo que la gente quiere saber. Porque detrás de
esa desigualdad de medios lo que hay es una desigualdad de resultados que
hacen que mujeres que superan un cáncer de mama en una comunidad autónoma
solo tengan un 48% de cirugía conservadora, mientras que en otras tienen
un 65% o un 69%, que el 20% de personas que se rompen la cadera en una
comunidad autónoma no llegan a operarse, ni el 20% en las primeras
cuarenta y ocho horas, y en otras comunidades autónomas el 65% y eso hace
que se multiplique la mortalidad y eso hace que la gente tenga más
complicaciones. Porque lo que dicen los datos, los indicadores claves del
sistema, es que los españoles no tienen la misma sanidad porque no
tienen, entre otras cosas, la misma financiación y los mismos resultados
y esto sí es una urgencia social y esto sí son datos orales. Y les
pedimos, por favor, que hagan algo a este respecto y que hagan algo a
este respecto quiere decir que los españoles se puedan mover por el
sistema con libertad, con la misma tarjeta, con los mismos derechos sin
que nadie les llame desplazados y de tal manera que la gente no tenga que
renunciar a un tratamiento o a un viaje porque tiene una tarjeta de otra
comunidad.
Usted ha hablado mucho de eso, ha hablado mucho del FOGA, del Fondo de
Cohesión y esperemos ver los resultados. Nos han hablado también de los
pacientes. Hay un acuerdo de noviembre de 2017 con la plataforma de
pacientes que queremos saber si usted lo va llevar a cabo o no, si se va
a cumplir o no porque es un acuerdo importante para que los pacientes
colaboren con el sistema, hagan de evaluadores y sean visibles. Hasta día
de hoy no han tenido noticia y, por lo que les han dicho, el secretario
de Sanidad no va contactar con ellos y lo ha dejado en manos de la
directora general de Salud Pública, lo cual nos preocupa bastante.
Nos preocupa también el asunto de la talidomida del que ustedes,
exactamente cuarenta y ocho horas después de manifestarse con los
pacientes víctimas de la talidomida, votaron en contra de la enmienda de
mejora de las indemnizaciones y de las prestaciones que se ha tramitado
en los presupuestos de este año. Dejó una frase bastante preocupante que
es ya nos reuniremos con ellos y ya veremos. Supongo yo que el plan es
cumplir la ley, cumplir los presupuestos, que se mantenga la Comisión y
que se mantengan las cantidades previstas porque, de lo contrario, sería
un incumplimiento flagrante de la ley.
Por último -quiero acabar con esto-, quiero decir que los profesionales a
los que se ha referido, efectivamente, son el pilar del sistema, pero
esperan de usted algo más. Esperan que se acabe con estas OPE
fraudulentas, porque comunidad tras comunidad hay filtraciones y datos
erróneos que hacen que no sea el mérito ni la capacidad lo que rija el
acceso a la Función pública. Quieren que se acabe con la barrera
idiomática en Baleares que han instaurado sus colegas, que hace que la
gente que vive allí tenga menos acceso a menos profesionales y una
sanidad peor simplemente por un perjuicio idiomático.
El señor PRESIDENTE: Debe concluir ya, señor Igea.
Quieren recuperar las treinta y cinco horas y acabar con la temporalidad;
quieren todas estas cosas. Y en cuanto a la prescripción de enfermera,
tiene un detalle que es fácil de arreglar. ¿Va a cambiar usted la Ley del
Medicamento para que se pueda hacer prescripción de enfermera? Si no lo
hace, todo lo demás será agua de borrajas. Y le recuerdo que ustedes
votaron en contra de una enmienda nuestra que pedía exactamente esto.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias.
El señor IGEA ARISQUETA: Si no le importa...
El señor PRESIDENTE: Sí me importa porque ha consumido bastante más del
tiempo que le corresponde.
El señor IGEA ARISQUETA: Ustedes contarán con nosotros para defender la
sanidad pública, pero no nos busquen para hacer peronismo sanitario. A
este respecto, no somos montoneros. (Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
Es el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, que se van a repartir el tiempo en tres intervenciones.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Botejara.
La señora BOTEJARA SANZ: Gracias, señor presidente.
Es un placer escuchar a una ministra que entiende lo que dice. En el año
2011 la troika llegó a Portugal y a España llegó disfrazada de Real
Decreto 16/2012. El Gobierno anterior vetó dos leyes, una del Grupo
Socialista, referida al capítulo 1, y otra de mi grupo parlamentario,
relativa al capítulo 2. Pues bien, por la exposición de la ministra
parece ser que estos dos proyectos de ley no van a ser necesarios.
Otro aspecto fundamental es la privatización que ha sufrido nuestro
sistema sanitario, campo que la señora ministra conoce perfectamente
porque lo ha peleado con mucho valor y con excelentes resultados, en
contra de lo que ha comentado el portavoz de Ciudadanos, cuyo
planteamiento entendemos perfectamente porque su principio fundamental
incluye financiación pública y provisión privada, que al fin y al cabo es
el negocio. Entendemos muy bien el planteamiento que se ha hecho.
No sé si la señora ministra conoce el documento que las compañeras de mi
grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid han registrado en la
Fiscalía la semana pasada. Si no es así, se lo entregaremos después. Como
no puede ser de otra manera, mi grupo parlamentario está con la marea
blanca y con los distintos colectivos para empezar a cerrar las puertas
que abrió ampliamente la Ley 15/1997 y que nuestra sanidad no siga siendo
un nicho de mercado.
Otra denuncia -nos asemejamos en el enunciado a Ciudadanos, pero nada más
que en eso, en el enunciado- tiene que ver con la desigualdad entre los
diecisiete sistemas sanitarios y el Ingesa, como ya han comentado aquí
otros grupos políticos. Tenemos unas comunidades autónomas con una
dotación por encima de 1600 euros por habitante y año y otras con una
dotación de 1100 euros por habitante y año y tanto unas como otras
aportan el 30% de su presupuesto total a sanidad. La financiación de las
comunidades autónomas requiere que se estudie y que se haga un abordaje
serio y rápido.
Sigo con la inequidad. En esta Comisión ya hemos denunciado que hay
personas que teniendo la mima situación clínica, en unas comunidades
autónomas tienen acceso a tratamientos de alto coste y en otras no. Para
eso se cuenta con el corazón de las diecisiete comunidades autónomas y
con el Ingesa, que es el consejo interterritorial, como ha comentado
antes la señora ministra. Otras herramientas que también se han comentado
del consejo interterritorial son el Fondo de cohesión y el Fondo de
Garantía Asistencial. Nosotros hemos solicitado repetidamente que este
fondo tenga la dotación que se dio inicialmente; sabemos cuál es la
cantidad y conocemos la necesidad de que las innovaciones terapéuticas
estén centralizadas y costeadas por este fondo para las comunidades
autónomas. Aunque se ha comentado aquí que todos los políticos hablan de
la atención primaria en esos términos, es la primera vez que yo oigo
hablar a una ministra en esos términos de la atención primaria, y le digo
que estoy muy interesada en ello, pues estos últimos años ha estado
bastante maltratada y es fundamental para la calidad de nuestro sistema
sanitario.
Respecto a los profesionales, estoy de acuerdo con todo lo que se ha
hablado aquí de que los profesionales sanitarios son los que han
mantenido en pie nuestro sistema a pesar de la temporalidad, de
los contratos precarios y de todo lo que aquí se ha denunciado, pero yo le
pido por favor al ministerio que planifique la cantidad y el perfil de
los profesionales que necesitamos, que no haya presión y que se enfoque
hacia los problemas que tiene la población.
Otro punto también importante es que la ministra eche un ojo al consejo
asesor e identifique, entre otros, al vicepresidente, a su vez director
de estrategia de Medtronic. Por cierto, el Gobierno anterior no nos
contestó a la pregunta de cuánto facturaba Medtronic al Sistema Nacional
de Salud.
Y llegamos a la joya de la corona, aunque por la falta de tiempo solamente
podré dar cuatro frases de titulares: engaño sobre el precio que cuesta
desarrollar los medicamentos; 24% de facturación en marketing frente al
12% de investigación; ocho de cada diez asociaciones de pacientes reciben
dinero de la industria; hay que seguir la trazabilidad del fármaco para
valorar el coste final, si no pasará lo que está ocurriendo actualmente,
la industria farmacéutica fijará el precio al límite de lo que los
Estados pueden pagar.
Ministra, tiene mucho trabajo y nosotros la vamos a acompañar siempre que
vayamos por el mismo camino.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botejara.
Entiendo que son muchos asuntos en el poco tiempo que tenemos los grupos,
es verdad, pero también hay que entender que esta es una primera
exposición y que luego habrá tiempo en esta Comisión para tratar
sectorial y particularmente cada uno de los asuntos, y este es el tiempo
que hemos pactado.
Tiene la palabra la señora Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: En primer lugar, muchas gracias, ministra, por
comparecer esta mañana y explicarnos su hoja de ruta.
Yo me centraré más en hablar sobre la atención a la Ley de dependencia, de
todas las personas que viven en situación de dependencia. De sus palabras
nos alegra oír que tiene voluntad política por lo menos de restablecer,
recuperar y rescatar la Ley de atención a la dependencia. Nos alegramos
por ello, pero nosotros lo aumentamos y creemos que hay que ir un poco
más allá; está bien restablecer, recuperar y rescatar, pero tenemos que
aumentar la financiación de la Ley de dependencia.
Nos felicitamos por ese anuncio de la intención de derogar el Real Decreto
20/2012, aquella política criminal que planteó el Partido Popular dejando
a más de 220 000 personas en situación de dependencia en la lista de
espera, esperando a que los recursos y los servicios llegasen. Esto hizo
que la lista de espera disminuyera, pero lo que no dicen es que disminuye
porque más de cien personas al día siguen falleciendo esperando los
recursos que nunca llegan.
Nuestro grupo político ha planteado siempre que un aumento de la Ley de
financiación podría crear un nuevo sector de empleabilidad, con empleos
de calidad, y reseñábamos la cifra que daban diferentes sindicatos, que
decían que, si invirtiéramos en la Ley de dependencia, podríamos estar
hablando de la creación de más de doscientos mil puestos de trabajo.
Quería saber si ustedes ven esa posible vía de trabajo y de empleabilidad
para atender a las personas en situación de dependencia. También nos
gustaría saber si tienen alguna aproximación de la cifra de ese aumento
que quieren dar a la Ley de dependencia. Nosotros planteábamos, como
mínimo, 2500 millones para atender a las personas que están en la lista
de espera actual; ya ni hablamos de los siguientes.
Habla de que va a convocar al Consejo Territorial de Servicios Sociales y
de Dependencia. Le planteo directamente una pregunta, ¿en ese consejo van
a debatir cómo va a ser la financiación? ¿Se van a seguir planteando ser
fieles defensores de que el Estado siga financiando el 50% de la Ley de
dependencia y las comunidades autónomas el 50% restante? Porque hasta
ahora esto no se está cumpliendo: el Estado asume un 2,9% de la
financiación, las comunidades autónomas un 34% y los ayuntamientos el
63%. Querríamos saber cómo va a ser el sistema de financiación del Estado
y de las comunidades autónomas. También nos gustaría saber, porque los
diferentes colectivos de intervención social denuncian que hay una
auténtica desigualdad entre comunidades autónomas, si va a hacer alguna
reforma en el sistema de transparencia e información de la Ley de
Dependencia. Asimismo, le preguntamos qué va pasar con todo lo que se
aprueba en esta Comisión, porque, aunque llevamos poco tiempo -dos años-
en esta Cámara, vemos que todas las PNL que se aprueban en las diferentes
comisiones se guardan en el cajón del olvido. Queríamos saber cuál es la
coordinación entre esta Comisión y el ministerio, porque tanto en esta
Comisión -apoyado además por su grupo parlamentario- como en Pleno
aprobamos que en la Ley de dependencia el tiempo máximo de espera fuera
de seis meses desde que una persona
solicita un recurso o un servicio hasta que se pueda poner en práctica.
¿Ustedes van a poner en práctica que sean seis meses el tiempo máximo de
espera, algo que ya aprobamos aquí?
Nos alegra muchísimo saber que van a reponer el derecho de las cuidadoras
y de los cuidadores en el entorno familiar. Es una demanda que nosotras
planteamos desde que entramos en la Cámara y que hemos trabajado con su
grupo tanto en la Comisión como en el Pleno. Nos alegra ver, además, que
va a ser vía presupuestos generales, como han anunciado ustedes. Pero
nosotros vamos un poco más allá. ¿Va a aumentar la cuantía? ¿Van a
considerar el derecho al desempleo de las personas y, sobre todo, de las
mujeres que están asumiendo los cuidados? ¿Van a ser capaces de hacer una
reforma del sistema de los cuidados? ¿Se van a atrever? Si lo hacen, van
a tener nuestro total apoyo. En esta misma Cámara, en esta misma
Comisión, hemos trabajado en una propuesta, en colaboración sobre todo
con su partido, para priorizar la gestión directa de todos los servicios
de la atención a la dependencia, especialmente de ayuda a domicilio,
porque las trabajadoras viven en condiciones de absoluta precariedad.
¿Van a potenciar que se pueda hacer la gestión directa de todos los
servicios de la atención a la dependencia? Me sumo a sus palabras de
felicitación a todo el personal de la atención sanitaria, pero también
queremos felicitar a todos los profesionales y las profesionales de la
intervención social, trabajadores sociales, educadores sociales,
trabajadores de calle, psicólogos. Creo que han hecho una labor
importantísima durante todo este tiempo que hemos estado en esta mal
llamada crisis.
Es urgente que pongamos fin a todo el proceso de desmantelamiento de la
red pública de servicios sociales; lo siento, pero fue no su Gobierno
pero sí su partido el que lo inició, y el coletazo final lo dio ya el
Partido Popular. Tenemos que abandonar la beneficencia, el
asistencialismo y la caridad como sistema de los servicios sociales, que
es el que ahora tenemos. Nos alegra ver que van a revertir todos los
recortes y que van a aumentar la financiación del Plan Concertado de
Prestaciones Básicas -nosotras estamos con ello-, pero, para eso, es
prioritario que se derogue la Ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local. Debemos ser capaces de poner a la persona como
sujeto de derecho y que los servicios sociales no se vean como unos meros
gestores de los recursos, sino como aliados de la ciudadanía para que sus
derechos se cumplan. El mismo halago hago al tercer sector, pero no puede
olvidar que no es el responsable ni el que tiene la labor de valorar,
diseñar, coordinar y supervisar todos los procesos que nosotras
planteamos; esto debe hacerse desde la red pública y el tercer sector
debe ser un aliado, pero no el responsable de darlo.
Me gustaría preguntarle cuál es la voluntad que tiene su ministerio
respecto a la tarjeta social, entendida como se nos presentaba con el
anterior Gobierno, esta tarjeta social que simplemente buscaba, a nuestro
juicio...
El señor PRESIDENTE: Señora Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: ... la estigmatización de los pobres.
Termino en un minuto. Nosotras vemos prioritario garantizar el derecho a
los servicios sociales con una reforma de la Constitución en la que se
incluya. Le pregunto si su Gobierno está dispuesto a hacerlo. ¿Tiene
intención su ministerio de hacer una ley marco estatal de servicios
sociales y que después la amplíen todas las comunidades autónomas?
Señora ministra, para concluir...
El señor PRESIDENTE: Dos segundos.
La señora MARCELLO SANTOS: ... de su hoja de ruta nos gusta su música,
hablemos sobre la letra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marcello.
Señora De la Concha, tiene la palabra.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Buenos días.
Una cuestión previa. A lo mejor, con los tiempos pasa como con el
presupuesto, que no llega porque está mal diseñado.
El señor PRESIDENTE: Ya, pero en este caso, diseñado por unanimidad.
(Risas).
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Que me quita tiempo, que me quita
tiempo. (Risas). Además, vamos oyendo lo que dicen otros grupos y esta se
supone que es una Cámara de debate, de consenso y de trabajo común, pero
así no da tiempo a nada. (El señor Fernández Díaz: Al grano). ¿El grano?
Es muy grande el grano.
Antes de nada, quiero decir que aquí se ha hablado de que en las Islas
Baleares no tenemos sanitarios suficientes porque hay un decreto sobre el
uso del catalán. Quiero desmentir esto en mayúsculas y decir que lo que
está pasando, por ejemplo, en la isla de Ibiza es que el precio de la
vivienda, que no se considera un bien común sino un bien especulativo, ha
llegado a unos niveles que hacen que mucha gente no quiera ni presentarse
a las oposiciones o renuncie a su plaza. Esto es lo primero que quiero
decir. Por otra parte, es cierto que existe la tan cacareada diferencia
entre comunidades autónomas, pero lo que sobre todo existe es una
diferencia entre hombres y mujeres, personas nacidas aquí o personas
migrantes, barrios diferentes. Es ahí donde la diferencia es enorme.
Querida ministra, bienvenida. Es un placer oír -como decía mi compañera
Amparo- a una persona que sabe de lo que habla. Se nota sinceridad en
cuanto a sus intenciones en todo lo que plantea. Me gusta mucho oírla
hablar de colaboración, de puesta a disposición, de diálogo, de escucha a
las comunidades autónomas, de colaboración con la sociedad civil. Todo
esto es lo que yo llamaría feminismo, porque feminismo es el arte de
colaborar y cambiar este tablero de guerra por un tablero colaborativo.
Dice el compañero de Ciudadanos que ustedes tienen un Gobierno muy débil,
con muy pocos diputados. Si cumplen muchas de las cosas que han dicho
aquí, en esas iniciativas contarán con nuestro apoyo, con lo cual tendrán
muchos más diputados. Ese es el pago que queremos por nuestro apoyo a la
moción de censura: políticas que se hagan en beneficio del bien común y
de la ciudadanía.
Sin embargo, tengo que decirle que, aunque me gusta mucho oírla hablar de
recuperar lo perdido por los recortes de los últimos años -ha dicho una
frase que me ha gustado mucho, ha dicho que su hoja de ruta era recuperar
los derechos y rescatar a las personas-, los recortes que se produjeron
durante los Gobiernos del Partido Popular estuvieron también muy
delimitados por una decisión tremenda que se tomó un verano, hará ahora
seis o siete años, para modificar el artículo 135 de la Constitución. El
otro día, en una conferencia sobre el futuro de la socialdemocracia en
Europa, un economista dijo: Claro, la socialdemocracia, habitualmente, lo
que ha hecho ha sido repartir el sobrante que había. En un momento dado,
el sobrante era muy abundante, pero ahora, con la crisis, no lo es; de
ahí todos estos recortes. Tengo que decir que no, porque en realidad para
lo que se utilizan mayoritariamente los impuestos es para el pago de la
deuda. Quizá es ahí donde tenemos que pensar cómo repartimos los recursos
que son de todos.
Yo quiero recordar aquí una leyenda antigua que habla del origen de
Europa. Europa era una emigrante ilegal. Europa era una princesa de Tiro,
en Líbano, en el Cercano Oriente, que estaba en la playa cuando vino Zeus
disfrazado de toro blanco. Ella se acercó, porque era cariñosa con los
animales, y Zeus la raptó y la llevó por el mar a la isla de Creta, donde
la violó y le hizo tres hijos. Este es el origen de Europa: una mujer
extranjera, africana y violada por un dios patriarcal. Hoy en día muchas
mujeres atraviesan el mar a bordo de pateras que dan mucho dinero a otros
hombres patriarcales y poderosos, y estas mujeres son tan nuestras como
nosotras mismas, son parte de nosotras. Entonces, si los hijos de Europa
están bien, todos estamos bien. Es decir, si en una sociedad se es capaz
de atender los derechos de los más vulnerables, de los más necesitados,
todos los demás están bien.
Ya veo que se me ha encendido la bombillita roja y que me miran fijamente,
con lo cual no puedo decir la mayoría de las cosas que tengo apuntadas,
pero estoy segura de que vamos a tener ocasión de vernos y de hablar de
todo ello.
Quiero hacerle tres preguntas. En todo lo que ha dicho, creo que no ha
hablado de los niños tutelados por el Estado; se ha hablado de
adopciones, pero no de tutelas. Tampoco he oído nada sobre atención
temprana, algo tan importante. Y teniendo en cuenta que también soy
portavoz de consumo, tengo que hacerle alguna pregunta sobre la
publicidad engañosa...
El señor PRESIDENTE: Pero solo el enunciado de la pregunta ya.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: ... y sobre el caso concreto de
iDental, que me parece paradigmático de lo que está pasando en la
ciudadanía, que cree lo que ve en televisión, cree lo que se anuncia y
cree que eso ha pasado por unos filtros. Hablaba usted de la homeopatía y
yo le hago una pregunta concreta sobre este caso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De la Concha.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular, que también se va a repartir
el tiempo. Señora Angulo, tiene la palabra.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora Montón, en primer lugar quiero felicitarla por su nombramiento y
desearle aciertos en su gestión, esperando además que sus políticas
tengan como único fin el interés general de los españoles y no otros, y
le digo esto porque ustedes han llegado al Gobierno no por decisión de
los españoles sino a cambio de unos peajes que todavía el señor Sánchez
no nos ha explicado. Nosotros no vamos a discutir la legalidad de su
Gobierno, evidentemente, pero sí hemos de recordarle, sobre todo a raíz
de su intervención, que esas políticas de las que usted ha hablado, de
algunas de las cuales los socialistas han hecho bandera en los últimos
años, han sido rechazadas expresamente por los españoles dos veces en las
urnas. Por eso, cuando ustedes -usted también- hablan del Gobierno de la
dignidad, yo tengo que recordarles que la máxima dignidad de un Gobierno
democrático es respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas, algo
que el señor Sánchez no ha hecho.
Hablan de rescate. El Partido Popular fue el que devolvió a los españoles
la dignidad y la esperanza que millones habían perdido; fue el Partido
Popular el que rescató a las personas de la situación de desamparo en la
que un Gobierno socialista les dejó, sin empleos, sin hogar, sin
recursos. Devolver el empleo a más de tres millones y medio de personas
que lo habían perdido es hablar de rescatar a las personas. Nosotros
haremos una oposición constructiva y abierta al diálogo, se lo aseguro,
pero vigilante y crítica con aquello que pueda poner en peligro el
magnífico Sistema Nacional de Salud que tanto trabajo ha costado a los
españoles o la igualdad entre españoles. Yo no comparto el panorama que
sobre nuestro Sistema Nacional de Salud ha dibujado usted, porque no se
corresponde ni con la realidad ni con la opinión que los ciudadanos
tienen del mismo. Hablar de recortes de derechos para mí es poner en
marcha políticas que puedan poner en peligro la existencia misma del
sistema, y hoy los españoles saben que, gracias a las reformas del
Partido Popular, disponen de un sistema sanitario público, gratuito y que
es más universal que en el año 2011, lo que ha hecho que este año pasado
los españoles le hayan otorgado la mejor valoración de los últimos diez
años, porque para nosotros las personas, los pacientes en este caso,
siempre fueron lo primero.
Usted ha hecho mención a medidas que en realidad son un legado del Partido
Popular: interoperabilidad, récord en trasplantes, líder en incorporación
de innovaciones terapéuticas, nuevas estrategias de salud, políticas
dirigidas a los profesionales. Como tengo poco tiempo, voy a plantearle
cuestiones muy concretas. Ustedes, en el Partido Socialista -usted,
especialmente- han hecho bandera de esa supuesta exclusión del acceso a
la atención sanitaria que achacaban al Real Decreto 16/2012 y han
solicitado reiterada y expresamente en esta Cámara, firmando pactos con
entidades sociales y poniéndose al frente de las manifestaciones, la
derogación del mismo. Su primera medida ha sido el anuncio de la
recuperación de una universalidad en la atención sanitaria que, sin
embargo, no ha explicado de manera concreta, sobre todo porque hoy en
España todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria;
hasta 2011, no, pero hoy sí, incluyendo a esos cientos de miles de
españoles, los parados de larga duración, a los que un Gobierno
socialista excluyó de la sanidad y a los que el Partido Popular tuvo que
rescatar; una asistencia sanitaria que también se presta en las mejores
condiciones de Europa a los inmigrantes en situación irregular y, como ya
ha dicho algún portavoz, en todas las comunidades autónomas. Por eso, a
nosotros su anuncio nos parece vago y nos gustaría que nos contestara a
una serie de preguntas: ¿Ustedes van a cumplir con su promesa de derogar
íntegramente el Real Decreto 16/2012? ¿Van a dar ustedes con carácter
universal una tarjeta sanitaria que genere y exporte derechos? Supongo
que ya habrán cuantificado, y nos gustaría que nos lo dijera, qué coste
va a tener esto y si van de nuevo los españoles a tener que abonar los
más de 1000 millones de euros al año que nos costaba el fraude del
turismo sanitario, algo que nos lleva también a enlazar con el tema del
copago, máxime cuando su propuesta de eliminación total de los copagos
farmacéuticos ha sido matizada por el propio presidente del Gobierno,
probablemente porque nunca han podido probar que la causa del no acceso a
los medicamentos sea el copago y menos para el colectivo de los
pensionistas. Pero como usted es la que comparece hoy aquí me gustaría
preguntar: Si ustedes derogan el Real Decreto 16/2012, ¿vamos a volver al
sistema socialista en el que las personas sin recursos pagaban el 40% o
van a eliminar todos los copagos farmacéuticos, incluyendo a los
pensionistas de clases pasivas? ¿Qué coste va a tener esto para el
Sistema Nacional de Salud?
Me gustaría centrarme también en el tema de la financiación sanitaria,
algo en lo que el Partido Socialista y usted misma también han sido muy
beligerantes. Usted calificaba como de muy urgente cambiar la
financiación autonómica, pero ahora no nos hablan de esto, incluso nos
dicen que no se va a abordar en esta legislatura, y yo creo que es
necesario, porque además el Partido Popular les deja un marco adecuado
para hacerlo: un entorno económico favorable, un acuerdo de la
Conferencia de Presidentes, el informe del comité de expertos. Por tanto,
no hay excusa ninguna para no abordar ya la reforma de la financiación,
tan necesaria para abordar las necesidades del Sistema Nacional de Salud.
Por eso yo le pregunto, señora ministra, por qué ha dejado usted de creer
que es tan urgente abordar el asunto del modelo de financiación o, si
sigue usted creyéndolo, en qué fecha tiene previsto convocar un consejo
interterritorial para abordar este tema. Usted nos ha dicho hoy aquí que
va a hacerlo puntualmente con transferencias a las comunidades autónomas,
y yo le digo que, afortunadamente, usted puede hacer eso porque el
Gobierno del Partido Popular le deja, en dos años, 10 000 millones de
euros más para políticas sociales transferidas del Estado a las
comunidades autónomas, algo que también ha servido para rescatar a las
personas.
Me gustaría que nos resolviera algunas dudas respecto a la política
farmacéutica, porque usted acaba de decir que apuesta por continuar con
los mecanismos de compras centralizadas entre comunidades autónomas, pero
la ministra de Hacienda fue la gran impulsora de las subastas de
medicamentos y defensora de extender ese modelo al resto del sistema. Por
tanto, me gustaría saber cuál va a ser la posición del Gobierno respecto
al modelo andaluz de subastas de medicamentos y qué opinión le merece a
la ministra de Sanidad la importante cifra de desabastecimiento de
medicamentos que las subastas andaluzas están generando, porque esta
cuestión afecta a más de ocho millones de españoles, que no son catalanes
ni valencianos, pero el resto de los ciudadanos también necesitamos de la
atención de la ministra de Sanidad.
No podemos dejar de hablar de los profesionales del sistema, porque usted
ha hablado de las medidas que el Partido Popular le deja puestas en
marcha -el registro de profesionales, la indicación enfermera, el estudio
de necesidades-, pero no nos ha hablado de que reciben unos presupuestos
que recogen las mejoras económicas y laborales pactadas por el Gobierno
del Partido Popular con los agentes sociales y que con unos presupuestos
ejecutables deberían haberse puesto en marcha ya en el presente mes de
julio. Nos gustaría saber por qué no es así.
Como ha dicho algún otro portavoz, también nos gustaría conocer cuáles son
sus intenciones respecto a la colaboración público-privada, si va a hacer
usted modificaciones legales que impidan esta colaboración, sobre todo
para saber cuál es la opinión de sus compañeros de partido en los
Gobiernos de Andalucía o Extremadura, que aumentaron, por ejemplo, el año
pasado el 70% esta colaboración. También nos gustaría pedirle que
cumpliera con el proyecto de ley, con lo recogido para los afectados por
la talidomida.
Termino con un tema de consumo que nos preocupa y al que usted no ha hecho
ninguna mención. Efectivamente, es el de los afectados por la estafa de
iDental. Es un problema de salud pública al que el Gobierno del Partido
Popular estaba prestando especial atención. Ya está en fase final la
tramitación de las modificaciones normativas sobre la publicidad de los
centros sanitarios e incluso el asunto se puso en manos de la fiscalía.
Nos gustaría saber qué actuaciones ha llevado cabo su Gobierno o tiene
pensado llevar a cabo su ministerio, en coordinación con las comunidades
autónomas, para resolver este problema.
Acabo, señor presidente. Para nosotros disponer de un sistema sanitario
público, gratuito, universal y de calidad es acción prioritaria. Sabemos
que para todos los grupos también. Por eso, tuvimos intención de alcanzar
un gran pacto de Estado por la sanidad, al que no renunciamos y que
seguimos ofreciendo, desde un diálogo constructivo, pero siendo
exigentes, porque no habría peor escenario, sobre todo para las personas
con menos recursos, que un sistema quebrado, incapaz de hacer frente a
las necesidades sanitarias. Señora ministra, no nos vamos a conformar con
la política de gestos...
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir.
La señora ANGULO ROMERO: Un segundo.
..., porque la política de gestos es efímera y, a veces, incluso
irresponsable y negativa. Somos el partido al que los ciudadanos le
dieron su confianza en las urnas y, señora ministra, aunque estemos en la
oposición no vamos a defraudar esa confianza.
Muchas gracias y esperamos sus respuestas a estas cuestiones. Gracias,
señor presidente.
La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Aprovecho la ocasión para saludarla por
primera vez. Otros portavoces de la materia de distintos grupos
parlamentarios ya lo han podido hacer en su despacho y, aunque acepto las
disculpas que anoche me enviaba a través de su asesora, me permito
hacerle la salvedad de esta incidencia, porque necesito poner en valor
que este grupo parlamentario tiene 134 escaños, que representamos a 7
millones de españoles y que tenemos voz en materia social. Estamos
preocupados y ocupados por la tan sensible materia que tiene usted bajo
su responsabilidad y dirección, al menos hasta que el presidente Sánchez
llame a los españoles a las urnas.
Desde su toma de posesión hemos seguido sus declaraciones y comparecencias
en medios de comunicación, sorprendidos del escaso interés que a los
servicios sociales les ha dedicado, incluso en el apellido de su
ministerio ha postergado los servicios sociales al tercer lugar. También
hoy, en el tiempo de intervención de su comparecencia, a los servicios
sociales tan solo les ha dedicado una tercera parte. Espero que el orden
de los factores no altere el producto y que tenga muy en cuenta que la
mitad del peso de su nueva casa son los servicios sociales y que son un
pilar fundamental de la sociedad del bienestar, que atiende a millones de
españoles para mejorar la calidad de vida, sobre todo de los más
vulnerables; tiene en sus manos a los mayores, a los jóvenes, a los niños
y a los más necesitados.
El Grupo Parlamentario Popular quiere hacerle llegar que sea consciente,
señora Montón, de que usted corre mejor suerte que sus predecesores en el
cargo. Es una afortunada por el tiempo en el que le toca hacer política.
Aterriza usted en un Gobierno cuya principal preocupación no es enchufar
a España al desfibrilador, no tiene una España al borde del rescate, en
recesión y con la tasa de paro más alta de la historia. Tiene una España
repuesta y compuesta y unos servicios sociales que hoy existen porque
hubo un Gobierno del Partido Popular que puso como principal objetivo de
sus políticas, ante tan desolador panorama, a las personas -sí a las
personas- y que puso la sostenibilidad de la sociedad del bienestar por
encima de cualquier interés partidista o electoralista. Estábamos
convencidos de que solo había una fórmula, crear empleo y crecimiento
económico, y hoy está dando sus frutos. Quería recordarle que hoy en
España se atiende a los mayores porque se han subido las pensiones -las
mínimas, las no contributivas y las de viudedad- y que eso supone más de
1000 millones de euros en los bolsillos de los pensionistas. Hoy hay un
sistema de dependencia solvente, ordenado, con sus problemas analizados y
sus soluciones anotadas -nos podemos sentar a dialogarlas cuando usted
quiera- porque también un Gobierno del Partido Popular hizo sus deberes.
Profesionalizó la atención de los dependientes, hay 1 380 000
prestaciones y servicios atendiendo a los dependientes en la calle, con
más de 600 000 cotizantes a la Seguridad Social que ocupa el sector de la
dependencia, y, sobre todo, lo que no hay son 1034 millones de deuda en
los cajones de las cotizaciones a la Seguridad Social de las no
dependientes. Además, hoy se apoya a las familias con medidas fiscales
que representan 2000 millones de euros en su bolsillo: el cheque de
guardería, mayores deducciones a familias numerosas, aumento de dos a
cuatro y luego hasta cinco semanas del permiso de paternidad para
conciliar y para mejora de la corresponsabilidad. Sobre todo, también se
atendió a la pobreza infantil y a las familias, porque se consignó dinero
contante y sonante -17, 32, 47 y hasta 60, sumados a los 40 millones de
euros, dando un montante de 100 millones de euros máximo- en los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 y también en los de 2018 para
atender la lucha contra la pobreza infantil y sus familias. También
durante los mandatos del Partido Popular hubo avances legislativos
modernos y necesarios en materia social, como la Ley de Protección
Jurídica del Menor, la Ley del Tercer Sector, la reforma de la Ley del
Voluntariado. Sobre todo, aunque no le guste se lo voy a decir, usted no
tiene deudas; ya le he dicho alguna de ellas. Esa es la mejor política
social que se puede hacer, la que se paga. Además, tiene un instrumento
que la va a convertir en el hada madrina del ministerio. ¿Sabe cómo se
llama la varita? Presupuestos. Los Presupuestos Generales del Estado de
2018 seguro que los van a ejecutar porque son los más sociales de la
historia de la democracia, y además les permitirá obtener rédito
electoral de los mismos y lavar la cara frente a los españoles para que
se olviden de su pacto "Frankenstein" por el cual ustedes llegaron al
poder.
Somos conscientes de la enorme responsabilidad que tiene y quisiéramos
preguntarle por las siguientes materias. ¿Qué va a ocurrir con la
anunciada transferencia de competencias en materia de dependencia a las
entidades locales? ¿Propone de nuevo colapsar y arruinar a los
ayuntamientos? ¿Para
cuándo una financiación finalista de la dependencia vía financiación de
las comunidades autónomas? ¿O es que acaso ahora sus socios de Gobierno
independentistas quizá no quieran que esta financiación sea finalista y
prefieran seguir gastándolo en abrir embajadas en lugar de atender a los
dependientes? ¿Qué va a hacer con el 0,7 fruto de la solidaridad de todos
los españoles y ahora también de las empresas españolas? ¿Qué modelo de
reparto propone y por qué? ¿Va a hacer caso a Esquerra Republicana, que
le pide que le pague con lealtad la lealtad? En este caso también habrá
de tener muy en cuenta que tendrá que aparcar su sectarismo en la
colaboración público-privada que tiene y atender la aportación del sector
privado en este ámbito, porque solo de la mano de la sociedad y también
de las entidades del tercer sector podrá abrirse camino y hacer camino al
andar junto a ellos. ¿Qué tiene previsto para las familias españolas que
se están formando, fruto de los hijos venidos de contratos de alquiler de
vientres de Estados Unidos, Rusia o Ucrania? ¿Puede desarrollarnos o
concretarnos un poco más su comisionado sobre pobreza infantil? Nos hemos
quedado aturdidos al ver que tan solo dedica cinco millones de euros para
atender a 30 000 familias. ¿Para cuándo, por ejemplo, el reglamento de
desarrollo de la Ley del tercer sector? ¿Cómo va a simplificar los
trámites administrativos para las personas dependientes que también
sufren discapacidad? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista y ustedes en
el Gobierno para mantener el resultado de las políticas de empleo de las
personas con discapacidad que el Partido Popular puso en valor y que
ustedes derogaron en el año 2010, que supuso cifras récord como es que el
77% de las personas con discapacidad tienen un contrato indefinido?
¿Cuándo se va a poner a tramitar la proposición de ley por la que se crea
un fondo de accesibilidad universal que su grupo parlamentario propuso en
esta Cámara? ¿Puede concretarnos un poco más la reforma de la Ley de
Propiedad Horizontal? ¿Se trata simplemente de subvenciones a las
comunidades de vecinos? Esta ya era una medida prevista en el Plan de
vivienda 2018-2021 del Partido Popular. ¿Piensa recuperar e impulsar el
programa de España como capital europea del talento joven o solo quiere
recuperar el Consejo de la Juventud? Quizá con ello lo que pretenda sea
colocar a algún familiar en el mismo; espero que no. (Rumores.-Risas). Le
voy a decir otra cosa, cuando habla de políticas decentes ¿no estará
haciendo un juego de palabras? ¿O quiere con ello decir que las políticas
anteriores eran indecentes? (Una señora diputada: Lo eran).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Es el turno ahora de los grupos que no habían pedido la comparecencia. Por
el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida. Como ha dicho, es usted veterana en esta casa
y tiene experiencia suficiente para saber lo que supone, por lo menos
desde el lado parlamentario, responder a lo que los grupos pretenden. Lo
que pasa es que usted estaba en este lado y ahora está en la tribuna, y
aunque entiendo que su actitud debe ser la misma, supongo que le costará
un poquito. En cualquier caso, le felicito por su nombramiento, espero
que cumpla con el deber que le corresponde y que sea, como usted misma ha
dicho, dialogante y abierta a las propuestas que desde los grupos se le
puedan hacer. Espero sinceramente, y creo que así va a ser, que sea un
diálogo abierto y una etapa en la que busque acuerdos más que conflictos.
Me alegra haberle oído decir que el plan lo ha hecho hasta el año 2020,
verdaderamente me satisface porque creo que es algo fundamental para que
esto tenga un poco de sentido, aunque a algunos les preocupe mucho y no
esté en sus quinielas. Me alegra también que las iniciativas que usted
considera prioritarias y como ideas fuerza de su nueva andadura sean
precisamente aquellas que en el caso de Euskadi hemos mantenido,
independientemente de que la legislación vigente y las políticas del
Partido Popular nos dijeran lo contrario. Digo esto porque, por ejemplo,
en el tema de la universalidad y la derogación del famoso Real Decreto
16/2012 -algo que mi grupo desde el primer día pidió, no una sino muchas
veces, y apoyó todas las iniciativas que fueran en ese camino-, en
Euskadi se mantuvo la posibilidad de que todas las personas,
independientemente de sus papeles, nacionalidad, duración de estancia,
etcétera, pudieran tener asistencia sanitaria, en contra de la
legislación. Es más, se presentaron recursos por parte de la Abogacía del
Estado contra las normas autonómicas en el ámbito sanitario. Espero que
usted haga algo al respecto para que esas medidas dirigidas a que nadie
se quedara sin atención sanitaria puedan tener un final feliz. En
relación con otra de las cuestiones que usted ha comentado, que las
mujeres lesbianas puedan acceder a programas de reproducción asistida,
como bien
ha dicho otro compañero, en Euskadi nunca hubo ese problema porque nunca
dejaron de tener ese derecho. Eso es algo que ha estado en vigor.
Como no tenemos excesivo tiempo y creo que habrá otras ocasiones en las
que podamos profundizar en algunas cuestiones, le diré que coincido en
muchas de las cuestiones en torno a lo que usted entiende por sanidad y
en torno a la universalidad, el rescate de las personas y la capacidad
que la sanidad pública debe tener. En esta materia nosotros vemos algunas
situaciones que se dan con más normalidad; es decir, ni la sanidad
privada tiene cuernos y rabo de Satanás ni tampoco creemos que haya que
dejar de lado y olvidarse de la sanidad pública como estandarte y
baluarte fundamental del servicio de la atención sanitaria, porque lo que
vale es el servicio que se da a los ciudadanos. La Administración pública
lo que debe hacer es garantizar el servicio a los ciudadanos y no
agobiarnos tanto por las titularidades de esos servicios, aunque yo
entiendo que lo que tienen que tener los ciudadanos es un servicio
público y una atención garantizada. No vamos a pelearnos por eso; en
Euskadi nunca nos hemos peleado por eso ya que ha habido una correlación
pacífica y además positiva para los ciudadanos, y si no pregúntenles. A
quien le operan la rodilla, que sea Osakidetza o la Cruz Roja le da
igual, porque le atiende la sanidad pública, independientemente de quién
sea el titular que en ese momento lo haga.
Coincido con otra serie de cuestiones que usted ha planteado, que son
muchas. En el tema sanitario hay asuntos que en Euskadi estamos viviendo
con preocupación y sobre los que usted, en su intervención, ha pasado por
encima. Por una parte, la acreditación de plazas de formación MIR,
pendientes de resolución por parte del Ministerio de Sanidad. Como usted
bien sabe, para la reposición del personal médico y de enfermería, no
solo del Servicio Vasco de Salud sino también de mutuas y del ámbito
privado, es necesario disponer de especialistas suficientes y, por tanto,
contar con las debidas acreditaciones vía MIR. Es algo que usted conoce y
que debe ser atendido. Además, las peticiones son claras, puntuales,
expresas y concretas. Tantos especialistas de tantas ramas para tal
hospital y para tal centro médico no son ningún capricho, sino
necesidades verdaderas. Por las relaciones que uste ha mantenido con el
Gobierno vasco es conocedora de esta situación. También sabe que la
transferencia de la capacidad de acreditación de las plazas en la
Comunidad Autónoma de Euskadi de formación médica y de enfermería
posgrado es importante porque la previsión de numerosas jubilaciones del
personal del Sistema Nacional de Salud y también de Osakidetza,
especialmente en la categoría de facultativos, nos lleva a revisar el
sistema. En este momento se está comprobando que el sistema de docencia
pregrado y posgrado en medicina no es capaz de acomodarse a los cambios
en la demanda o necesidad de especialistas en medicina que surgen de
nuestro sistema de salud. Consideramos necesario avanzar en la
flexibilización de los procesos administrativos y de la acreditación de
centros para formar especialistas, permitiendo la acreditación por parte
de las comunidades autónomas mediante los equipos de docencia e
inspección, aunque fuera provisionalmente, de acuerdo con los requisitos
estándares reconocidos e incorporando un procedimiento de auditoría
posterior por parte del ministerio.
Relacionado muy directamente con esto está la supresión de las tasas de
reposición para el Sistema Nacional de Salud de cara a las futuras
ofertas públicas de empleo; algunas ya se están dando en el caso de
Osakidetza, por ejemplo. Antes le comentaba el tema de los recursos de la
Abogacía del Estado. En este punto tengo que referirme al conflicto
positivo de competencias interpuesto por la Abogacía del Estado contra
determinados artículos del Decreto 114/2012, sobre régimen de las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, relacionado con la atención sanitaria a
personas extranjeras en situación irregular y sin recursos económicos.
Por defender un principio universal, con el que usted está de acuerdo, la
Abogacía del Estado recurrió. ¿Qué hacemos con eso? ¿Usted comparte los
criterios de la Abogacía del Estado o comparte los criterios de quienes
hemos aplicado esto en Euskadi?
Hay una cuestión que no es nueva y que mi grupo viene diciendo desde hace
mucho tiempo -es algo que en su día incluso llegué a negociar yo
personalmente con la ministra Trinidad Jiménez-, y es que Euskadi
-supongo que otras comunidades autónomas también, por lo menos aquellas
que lo quieran, yo no voy a hablar en nombre de otras- pudiera participar
como miembro permanente de la Comisión interministerial de los precios de
los medicamentos. Es algo que yo le transmití también a usted. Somos los
que pagamos, los que de alguna manera gestionamos la sanidad y no podemos
participar donde se deciden los precios. Es algo fundamental y que se
puede hacer porque la legislación lo permite.
Me referiré a algo que también ha comentado el señor Olòriz, y es que
cuando se hizo la transferencia del Insalud a Osakidetza se transfirió la
gestión, el personal, los técnicos, etcétera, pero los edificios y las
instalaciones quedaron pendientes. Es algo absurdo que hoy en día, cuando
toda la gestión está en
manos del Servicio Vasco de Salud, esos edificios sigan dependiendo de
Hacienda, del Patrimonio del Estado, y que cuando haya que hacer alguna
obra o remodelación, haya que pedir permiso. Creo que hay que cerrar este
trámite de una vez por todas. Son cuestiones puntuales pero muy
importantes que se han de llevar a cabo.
Entrando en otra serie de cuestiones, creo que en algunos temas de los que
usted ha hablado sobre servicios sociales hay un elemento fundamental,
que es la famosa Ley de autonomía personal o de dependencia. Hablar al
final hace que algunas cuestiones que le iba a comentar ya lo hayan hecho
otros porque tienen el mismo problema, pero es algo que no por repetido
deja de tener valor y de ser real. Siempre mantuvimos que la competencia
de la dependencia era de las comunidades autónomas y en el caso de
Euskadi de las diputaciones forales. Así lo estaban ejerciendo antes
incluso de que existiera esta ley, porque ningún ciudadano vasco se
estaba quedando sin su cobertura de servicios sociales que le ofrecían
las diputaciones. La Ley de dependencia nosotros no la apoyamos porque
considerábamos que era una invasión, pero, al integrarse en la
legislación, se fue a cubrir esas necesidades que la ley marcaba. Sin
embargo, ¿qué ocurre? Que las únicas que cubrían y dotaban
presupuestariamente eran las diputaciones y el Gobierno no cubría su 50%.
Pero no por ello los ciudadanos vascos tenían solo el 50% o el 75% del
servicio, tenían el 100%, porque esa cobertura que faltaba por cubrir por
el Estado lo cubrían las instituciones vascas. Espero que eso se
reconduzca porque no es la primera vez que lo pedimos y creo que se deben
hacer las cuentas tal como estipula esa ley. No van a quedarse sin
cobertura los ciudadanos, pero, por favor, seamos un poco más solidarios
en ese sentido y aportemos lo que tengamos que aportar. Ya sé que en
otros sitios solo viven de lo que aporta el Estado porque la comunidad
autónoma es la que no pone, pero ese es un problema que tendrán que
solucionar los que verdaderamente perciben esa falta de aportación
autonómica.
Señora ministra, hay otra serie de cuestiones que también podríamos
tratar. Con la universalidad no va a tener ningún problema, ya se lo he
dicho. Es más, nosotros hemos padecido judicialmente seguir aplicando la
universalidad. En cuanto al tema del copago, creo que es algo que usted
debería dialogar con las comunidades autónomas, ya sé que puede hacerlo,
pero debería coordinarlo con las necesidades que las diferentes
comunidades autónomas tengan porque no son todas las mismas ni todas
tienen las mismas necesidades ni todas tienen el mismo presupuesto. Es
algo en lo que seguramente habrá que avanzar, pero dialogando con las
comunidades autónomas que, al final, son las que deben acabar pagando lo
que el copago detrae.
Estoy totalmente de acuerdo con los planes que usted pueda tener en cuanto
a la infancia, prevención de suicidio, etcétera. Sí creo que es
importante un plan general nacional, llámelo usted como quiera, en torno
al alzheimer. La semana pasada leí una entrevista que le hacían a la hija
de Pasqual Maragall, en la cual se refería a esa ausencia de una especie
de plan estatal en torno al alzheimer que verdaderamente podría valer.
Creo que es un elemento fundamental porque el alzheimer y las
enfermedades neurodegenerativas cada vez las vamos a ir padeciendo más
porque vamos a vivir más, aunque no sé si con mayor calidad de vida, pero
intentaremos que la vida no sea una suma de años, sino que dotemos de
vida a los años porque, si no, lo único que vamos a hacer es vegetar.
Vamos a hacer que la calidad de vida vaya acorde con el aumento de los
años pero, evidentemente, cuantos más años vivamos, vamos a tener más
dependencia, vamos a tener más enfermedades neurodegenerativas, por
tanto, vamos a tener más gasto y vamos a necesitar de más ayuda. Creo que
un enfoque global de lo que va a ser nuestra tercera larguísima edad, la
muestra o la de nuestros sucesores, necesita de planes a muy largo plazo.
Hay un tema que no está directamente relacionado con su ministerio pero en
el que usted algo debería hacer, y es el de los Menas, los menores no
acompañados, porque, al fin y al cabo, aunque sea un tema de inmigración,
acaba teniendo una repercusión en la sanidad y en los servicios sociales.
Aquí hay que racionalizar este asunto. No puede ser que en algunos
lugares estén colapsados los servicios sociales por este tema, mientras
que en otros lugares no hay ya ese problema. Habría que hacer un
planteamiento mucho más distributivo de este asunto.
En lo que respecta a consumo, nuestro grupo presentó una iniciativa
relacionada con la publicidad engañosa, que la compañera de Podemos ha
planteado y que este Congreso aprobó por unanimidad, sin que el anterior
Gobierno, que yo sepa, haya hecho nada, y espero que este lo haga, para
que no se pueda hacer publicidad engañosa en torno al IVA. Todos los
grupos dijimos que no podía ser eso de que le quitamos el IVA, pero sigo
viendo anuncios en los que te quitan el IVA, además de otras cosas.
Por último, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, que se va a
repartir el tiempo en tres intervenciones. Tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes.
Le damos la bienvenida, señora Montón, a esta Comisión. Como ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social le auguramos y le deseamos mucho
éxito en su gestión, que será la de todos los españoles, y le ofrecemos,
por supuesto, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, que está
tremendamente comprometido e ilusionado con este Gobierno progresista que
abre su trabajo en este mes. Asume usted una cartera que acumula un gran
número de problemas, consecuencia de seis años y medio de ausencia de
política sanitaria; una política sanitaria sin rumbo, dado que la
política sanitaria del Partido Popular se limitó a publicar el famoso
Real Decreto-ley 16/2012, un decreto improvisado e ideológico que excluyó
de la asistencia sanitaria a decenas de miles de personas españolas y
extranjeras que vivían en España, que fragmentó la cartera de servicios y
que implantó copagos farmacéuticos e incluso trató de incorporar copagos
por los servicios sanitarios que, como usted sabe, permanecen en el marco
legal de ese real decreto-ley y que esperamos que se reforme para evitar
su posible imposición en el futuro. La auténtica intención de ese real
decreto-ley era crear un sistema sanitario de dos categorías. Un sistema
sanitario para titulares y beneficiarios, un sistema sanitario para
pobres y para ricos, un sistema sanitario donde las familias tuvieron que
poner de su bolsillo lo que los presupuestos públicos del Gobierno
popular sustrajeron de la financiación sanitaria pública. No hay más que
ver las cifras de los sistemas de cuentas de salud del Estado. Este es el
balance de esos seis años; un fracaso del real decreto-ley que el Partido
Popular nunca quiso aceptar ni rectificar, por lo que aplaudimos la
decisión del Gobierno del presidente Sánchez de devolver la asistencia
sanitaria universal y completa. Muchas veces insistimos en el tema de la
universalidad, pero también es importante insistir en que la atención
sanitaria debe ser en igualdad de condiciones y completa, porque no
hacemos nada devolviendo la atención primaria sabiendo que muchas
enfermedades requieren de pruebas, de la asistencia de especialistas
hospitalarios o de medicamentos. ¿Qué hacemos dando atención primaria si
luego esas personas no pueden pagar los medicamentos que necesitan para
su tratamiento? Esperamos que podamos concluir ese pacto por la
universalidad de la atención sanitaria que suscribieron todos los grupos
parlamentarios, excepto dos. Desde ya buscaremos que esos dos grupos que
no firmaron este pacto se sumen a la convalidación del real decreto-ley
que usted ha anunciado hoy para devolver la asistencia sanitaria
universal y completa.
Le pedimos que evalúe las barreras de acceso a los medicamentos que creó
ese real decreto-ley y, en consecuencia, que tome las medidas, como ya ha
anunciado aquí, para eliminar los copagos, igual que las tomó cuando era
consejera de la Generalitat Valenciana, pero no nos olvidemos -usted no
lo ha hecho en su intervención- que los resultados de salud son
consecuencia no solamente de las políticas sanitarias, sino también de
las no sanitarias. La precarización laboral, la reducción de subsidios al
desempleo, la congelación de las pensiones y el vaciamiento del sistema
de atención a la dependencia han generado en España pobreza y
desigualdad. Hemos visto hace pocos días con la última encuesta de
condiciones de vida cómo las personas en España con menores niveles de
ingreso comen peor, tienen peores resultados en salud, son más
sedentarias y tienen también menores accesos a cuidados de salud que son
necesarios, como la atención dental. Por eso se producen fraudes como el
de la clínica iDental, que tratan de cubrir huecos y que, al calor de la
crisis, se aprovechan de las personas que no tienen recursos para poder
recibir una atención sanitaria y dental segura. Hay que evaluar el
impacto que tienen estas políticas en la salud pública y le pedimos que
recupere la Ley General de Salud Pública, última ley socialista del año
2011, con los distintos instrumentos y estrategias que contiene, a la que
usted ha hecho alusión en su intervención.
Estamos seguros de que va a abordar los problemas de los profesionales
sanitarios en nuestro país. El nivel de temporalidad al que se ha llegado
es inasumible. Hay que coordinar las distintas ofertas públicas de empleo
que se están creando por parte de las comunidades autónomas. Existen
también -usted es conocedora de ello- muchas demandas de distintos
colectivos de profesionales sanitarios en torno al reconocimiento de su
trabajo y de su formación, empezando por reforzar la atención primaria, a
la cual usted ha hecho alusión, pero también demandas de nuevas
especialidades médicas, del desarrollo de las especialidades de
enfermería, la regulación de títulos profesionales, como psicología,
técnicos
superiores sanitarios o técnicos de cuidados de enfermería. Aunque usted
tiene un tiempo limitado, le pedimos dedicación a todos estos problemas
para buscar soluciones viables y, sobre todo, hacerlo en diálogo con
todos los sectores implicados.
En cuanto a la financiación sanitaria, damos la bienvenida a que por fin
un Gobierno tome medidas urgentes sobre las necesidades de financiación
sanitaria de las comunidades autónomas. El Gobierno del Partido Popular
tuvo cinco años y no hizo nada para modificar ese acuerdo de financiación
autonómica que decía que no le gustaba, el del año 2009, y aplaudimos
también la activación que usted promete del Fondo de Cohesión y del FOGA.
Para concluir en este primer turno, quiero recordar -como usted ya ha
hecho- la situación de las ciudades de Ceuta y Melilla. Me consta que
atenderá las justas demandas de estas dos ciudades, como me consta que
hoy mismo hay una reunión del secretario general con la delegada del
Gobierno de España en Melilla para abordar los problemas de la sanidad en
este caso en Melilla y pronto también en Ceuta.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Tiene la palabra la señora Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Buenos tardes.
Quiero dar la bienvenida a la ministra y manifestarle que en nuestro grupo
parlamentario nos agrada contar con una ministra que conoce de lo que
habla. Ha entrado el aire fresco en esta Cámara.
En el segundo apellido de su ministerio tiene usted una de las
responsabilidades más importantes dentro de la acción política del
Gobierno y una de las que más cerca está tanto de los problemas
cotidianos de los ciudadanos como de los grandes problemas que afronta un
mundo globalizado, abocado al caos medioambiental, a un desigual reparto
de la riqueza y en el que las grandes decisiones del poder económico
están cada vez más alejadas de los sistemas del control democrático. Nos
causa gran satisfacción comprobar que usted, a diferencia de otros grupos
parlamentarios y del Gobierno anterior del Partido Popular, así lo
entiende, dando el lugar que le corresponde a consumo. Los consumidores
somos la primera fuerza económica. El gasto de consumo representa el 56%
del PIB de la Unión Europea, pero, a pesar de ello, el individualismo
fomentado por el modelo económico consumista, la debilidad del movimiento
consumerista y nuestra escasa implicación ética impiden que despleguemos
con eficacia el importante poder transformador que tenemos los
consumidores para conseguir una sociedad más justa, libre y solidaria. En
nuestro modelo económico, el consumidor tiene un enorme poder del que aún
hoy no somos del todo conscientes para conformar la sociedad en que
vivimos. Para ello, el elemento sustancial que nos permite orientar el
significado de nuestras decisiones como consumidores es la educación. De
nuestras decisiones como consumidores depende en gran medida la
construcción de una sociedad egoísta, insolidaria, depredadora de
recursos, hedonista y superficial, o bien otro tipo de sociedad, en la
que nosotros, los consumidores, adoptando nuestras acciones con criterios
éticos, dotamos de significado a nuestras decisiones para promover la
construcción de una sociedad mejor, más justa, solidaria e igualitaria.
Por todo esto, la puesta en marcha de una política de promoción y defensa
de los intereses de los consumidores depende del contexto en el que se
inscribe, de las circunstancias sociales y económicas en que se
desarrolla, pero también del modelo de justicia en que se enmarca.
Se ha hablado aquí de los grandes retos que nos toca afrontar durante los
próximos meses, el nuevo marco para los consumidores que se está gestando
en Europa, las iniciativas legislativas que se encuentran en esta Cámara
y que deberemos trabajar entre todos para que se mejore la protección de
los consumidores y la necesidad de reforzar los procedimientos
extrajudiciales de protección del consumidor, sin los cuales, en muchas
ocasiones, el derecho sustantivo se convierte en papel mojado.
Permítame, señora ministra, para finalizar, que insista en un aspecto que
considero esencial, la educación del consumidor, porque, como señala la
filósofa Adela Cortina, cada vez más las personas se saben ciudadanas y
no súbditas en lo político, consumidoras con derecho a calidad y no
consumidoras estafables en cualquier cosa en lo económico. La ciudadanía
económica que teje un público económico y no una simple masa va siendo
una realidad que urge potenciar, a lo que yo añado que el hilo con el que
se teje este tipo de ciudadanos es la educación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tundidor.
La señora RAMÓN UTRABO: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a la
señora ministra a esta casa, que es la suya y la de todos los españoles y
todas las españolas, agradecerle su pronta comparecencia, y sobre todo
que después de tantos años por fin llegue un soplo de aire y de esperanza
para las personas que tan mal lo están pasando, y que pueden confiar de
nuevo en el Gobierno de España. Este Gobierno, si me permiten la
expresión, ha entrado por la puerta grande, recuperando la centralidad
que deben tener las personas en las políticas públicas, especialmente las
personas que más lo necesitan. Nos alegra que las políticas sociales
vuelvan a ser prioritarias para la agenda política, como debe ser en un
Estado social y democrático de derecho, como el nuestro, máxime en
momentos como estos, que es cuando la ciudadanía necesita más apoyo. Han
sido años muy dolorosos, no solo por la crisis, sino también por las
políticas neoliberales que recortaron, hasta niveles insospechados, la
protección social en nuestro país.
No sé qué me ha sorprendido más esta mañana, si oír al Partido Popular
aquí hablar de políticas sociales o constatar que grupos políticos como
Ciudadanos no hayan dedicado ni un segundo a hablar de políticas
sociales. Al Gobierno del Partido Popular no le importó nada debilitar
cada vez más nuestro Estado del bienestar, aunque las cifras de pobreza
sean alarmantes, aunque la precarización de las condiciones laborales
impidan que miles y miles de trabajadores y trabajadoras puedan atender
las necesidades básicas de su familia, aunque la brecha de la desigualdad
se haya incrementado durante estos últimos años -España es uno de los
países donde más se ha incrementado la desigualdad-, y aunque los
colectivos más vulnerables de la sociedad estén desprotegidos justo en
los momentos más duros de la crisis. Cuando miles y miles de personas más
lo necesitaban es cuando más bajaron en nuestro país los niveles de
cobertura. La crisis fue solo la coartada para acometer una ofensiva
ideológica de ataque a nuestro Estado del bienestar.
Señores diputados y señoras diputadas del Partido Popular, a ustedes les
gusta mucho hablar de herencia; pues hablemos de herencia. Yo también
quiero poner de manifiesto la herencia que nos ha dejado el Gobierno del
Partido Popular en materia social. Los datos señalan a España como el
segundo país de la Unión Europea con mayor empobrecimiento infantil en
los últimos años. El porcentaje de población en riesgo de pobreza, según
los últimos datos del INE, se situó en el 22,3%, superior al del año
anterior, y la población en riesgo de pobreza con edad menor de dieciséis
años alcanza el 28,9%; uno de cada tres niños o niñas está en riesgo de
pobreza infantil. Los recortes en políticas sociales son muy
significativos. Del plan concertado prácticamente hicieron desaparecer la
partida denominada Desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales. En su lugar pusieron otra denominada Protección a la familia y
atención a la pobreza infantil, ambas prestaciones básicas de servicios
sociales. Lo mismo les vale para hablar de una cosa que de la contraria.
No solo redujeron las aportaciones e hicieron desaparecer esta partida,
sino que, a través de la reforma de la Administración local, pretendieron
privar a las entidades locales de las competencias en materia de
servicios sociales. Luego una carta del secretario de Estado generó
todavía más incertidumbre. Y el propio Tribunal Constitucional dictó una
sentencia el 8 de marzo de 2016, por la que se declaraba la
inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de determinados preceptos
relacionados con las prestaciones sociales municipales. Todo esto generó
más incertidumbre en las políticas sociales que venían prestando nuestros
ayuntamientos. Se redujeron los programas de lucha contra la pobreza y la
exclusión, el Imserso-discapacidad. Todas las políticas sociales han
sufrido un fuerte retroceso; primero, con la excusa de la crisis, y
luego, aunque ustedes sacaban pecho de la recuperación económica, tampoco
eso se trasladó a las políticas dirigidas a las personas. En definitiva
con el Gobierno del Partido Popular siempre pagan el pato los mismos.
Sigamos con la herencia. Más significativos y alarmantes son aún estos
recortes en materia de dependencia. Nada más llegar al Gobierno, en 2011,
el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo
numerosas modificaciones en la regulación del sistema, y no precisamente
para mejorarlo, sino que causaron un enorme perjuicio a las personas en
situación de dependencia. Entre ellas la supresión de los dos niveles en
que se dividía cada grado. Asimismo redujeron un 13% la aportación de la
Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo;
redujeron en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno
familiar; paralizaron el calendario de implantación de la ley; generaron
incompatibilidades de prestaciones, y eliminaron el nivel acordado, que
ascendía a 283 millones. Ustedes rompieron el convenio especial de las
cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia, y a
partir de ese momento las cuotas pasaron a ser exclusivamente a su cargo.
Entre este colectivo había más de 180 000 personas -la inmensa mayoría
mujeres- que en muchas ocasiones habían tenido que abandonar su
trabajo o su carrera profesional. En la actualidad apenas quedan 8000
personas, la inmensa mayoría mujeres.
Siguieron con las reformas, y con la resolución de 13 de julio de 2012, de
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, incrementaron los copagos,
dejando además la puerta abierta a que las comunidades autónomas los
pudieran aumentar, como así ocurrió en comunidades autónomas como
Valencia, gobernadas por el Partido Popular. Y en los presupuestos, solo
con la eliminación del nivel concertado y la disminución del nivel mínimo
en un 13%, se redujeron más de 2000 millones. La realidad: la herencia es
esta, y es que se ha producido un gran retroceso en la financiación de la
ley por parte de la Administración General del Estado, provocando que las
comunidades autónomas tengan que hacer un gran esfuerzo por mantener la
ley. El propio informe de la Comisión para el análisis de la situación de
dependencia reconoce que la financiación está apenas entre el 17 y el
21%, y hay más de 300 000 personas en lista de espera. Todos estos
recortes en la financiación han supuesto prácticamente el
desmantelamiento del sistema, se ha expulsado a miles de beneficiarios
del mismo, o bien se han reducido o deteriorado los servicios o
prestaciones que recibían.
Por eso, es una magnífica noticia...
El señor PRESIDENTE: Señora Ramón, tiene que ir concluyendo.
La señora RAMÓN UTRABO: Quiero decir que es una magnífica noticia que se
haya recuperado la senda del consenso y del diálogo con las comunidades
autónomas, las administraciones locales y las entidades del tercer
sector. Es importantísimo que haya una estrecha colaboración entre todos
los ministerios, porque lo que trata este ministerio son políticas
tremendamente transversales. Asimismo quiero poner en valor que se haya
recuperado la vocación europeísta, que nunca debió abandonarse, porque
somos Europa y porque somos un Gobierno con vocación de servicio público
a este país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.
Terminado el turno de los grupos, es el tiempo de la ministra. Ministra,
tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón
Giménez): No quiero asustar a sus señorías, pero estas son todas las
notas que he tomado tras sus sugerencias, comentarios y recomendaciones.
(Muestra las notas que ha estado tomando durante el turno de portavoces).
Voy a intentar hacer mi respuesta lo más ágil posible y de una manera
global, porque creo que las preocupaciones, aunque desde distintos
enfoques, se han repetido en varias de las intervenciones durante la
sesión.
Antes de nada quiero agradecer el tono, la amabilidad de sus palabras, con
las que me siento bienvenida en esta Comisión. Es verdad que me he puesto
en contacto con algunos de ustedes, que han sacado amablemente algunos
minutos para tener un breve encuentro de cinco o diez minutos; con otros,
entiendo que las agendas parlamentarias y el hecho de no vivir en Madrid
permanentemente lo han impedido. En cualquier caso, como les he
manifestado a las personas con las que he tenido ocasión de encontrarme,
esto, como la EGB -no sé si hay aquí alguien de mi época-, es una
evaluación continua, así que por esa senda vamos a discurrir.
Como les decía a sus señorías al principio de la intervención ha empezado
un tiempo de cambio dialogado, y es cierto que esta es una legislatura
compleja. Hemos llegado al Gobierno a mitad de legislatura y con cierta
complejidad, con unos presupuestos que no son los promocionados por el
Gobierno que está en estos momentos en Moncloa, pero también es cierto
que tenemos nuevos anhelos, nuevas esperanzas y nuevos retos, así que yo
creo en hacer posible aquello en lo que sus señorías estén de acuerdo,
pero también aquello que tiene que ver con los principios y valores de un
tiempo nuevo, que ha comenzado y que empieza de la mano del Partido
Socialista, de un Gobierno socialista.
La hoja de ruta que nosotros planteamos desde el ministerio es muy clara,
y la repito cuantas veces sean necesarias: recuperar derechos arrebatados
-creo que algunos grupos parlamentarios hacían un retrato de la
situación, que se ajusta a la realidad que hemos vivido en las calles-,
rescatar personas y también transformar el sistema sanitario y de
servicios sociales, para que sea sostenible en el presente y en el
futuro.
Empiezo con los quince o dieciséis temas que ustedes han tratado de manera
conjunta. El primero es la universalidad. Creo que hay universalidad si
se habla de decencia, de una sociedad decente que no deja a nadie en la
cuneta. El proceso lo hemos hecho como lo vamos a hacer todo en este
ministerio:
dialogando con las comunidades autónomas, que son las responsables de la
gestión en los territorios, pero también con los agentes sociales y con
la sociedad civil. (La señora vicepresidenta, Hernández Bento, ocupa la
Presidencia). Quiero recordar que, fruto de la exclusión sanitaria en
2012, 833 000 personas quedaron fuera del sistema sanitario. Esto es un
ataque hacia la salud individual, pero también colectiva, es un ataque
contra la salud pública, y esto es lo que estamos ahora rescatando, es
decir, no solamente a las personas, sino también el concepto de salud
pública. Las comunidades autónomas, los gestores sanitarios en los
diferentes territorios se han visto forzados -algunos de una manera más
garantista, otros más por la puerta de atrás- a seguir ofreciendo esta
asistencia sanitaria de manera integral dentro del sistema sanitario de
las comunidades autónomas. Esto ha provocado que haya falta de
uniformidad, ha provocado que haya falta de seguridad jurídica, y eso es
lo que ahora está encima de la mesa para encontrar una solución conjunta.
Ya celebramos el consejo interterritorial y llegamos a unos acuerdos
mínimos. Entregaremos la documentación en breve y lo llevaremos al
Consejo de Ministros para ligar la prestación a la ciudadanía y no a la
condición de asegurado.
Estábamos hablando de que es un beneficio para la salud pública y también
para la salud colectiva, pero si alguien quiere hablar en términos
económicos -y aquí hago un inciso-, no se nos debe olvidar cuál es el
objetivo del ministerio, que es salvaguardar y velar por la salud y el
bienestar de las personas. Si alguien quiere que hablemos en términos
económicos, también quiero recordar lo que, por ejemplo, decía la Agencia
Europea de Derechos Humanos, que es algo que cae por su propio peso:
aquellos países que hagan una atención por urgencias va a ser más costoso
para el sistema que una atención por primaria; lo han dicho también
algunos portavoces: la atención primaria mantiene bajo control algunas
enfermedades de manera más cercana, más fructífera en términos de salud y
también económicos. Así pues no solamente es una medida que beneficia a
la salud individual y colectiva, o también la eficiencia del sistema en
cuanto a la economía, sino que es algo que nos han estado reclamando
diferentes organismos nacionales e internacionales, instituciones
nacionales e internacionales; nos han pedido la revocación de esta
legislación de la exclusión. Estoy hablando del Defensor del Pueblo, de
la Comisión de la Unión Europea -que ya juzgó esta norma como ilegal-, de
Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto sí,
conjuntamente con todas las comunidades autónomas vamos a devolver la
seguridad jurídica, la salud pública, la salud individual, y si me lo
permiten también la decencia al sistema, entendiendo como universal el
derecho a la salud.
En cuanto al acceso a las técnicas de reproducción asistida con esta
medida que, según se comentaba, prácticamente todas las comunidades
autónomas de una manera u otra habían salvado, lo que estamos dando es
coherencia, cohesión y equidad al sistema. No somos un sistema de
diecisiete trozos, somos un sistema en el cual se comparte la gestión con
diecisiete comunidades autónomas. Hay ciertas normas de cohesión y de
equidad que deben estar garantizadas, así que tanto la universalidad como
el acceso a las técnicas de reproducción asistida van en ese sentido de
fortalecer la cohesión y la equidad del sistema y la asistencia a los
usuarios y usuarias.
En cuanto al copago he preferido dar un calendario y la mayor precisión
posible, aunque me hubieran expulsado de la Comisión si hago dos o tres
horas de exposición, pero he querido dar algunos detalles muy precisos de
cuál es nuestra hoja de ruta. Hemos establecido que a lo largo de la
legislatura vamos a eliminar el copago comenzando por aquellos
pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué no es de
manera tan inmediata? Porque evidentemente necesita dos factores
fundamentales: uno es el presupuesto -el que está aprobado es un
presupuesto que no ha promocionado este Gobierno, les recuerdo- y el otro
es el diálogo y la concertación con las comunidades autónomas. En esa
hoja de ruta estamos para, como les decía al principio de la
intervención, eliminar el copago a esos pensionistas que están en
especial situación de vulnerabilidad.
La cuestión de los profesionales tiene mucho que ver con la sostenibilidad
del sistema. Creo que haber estado en la otra parte del equipo de la
gestión sanitaria me hace ser muy consciente de que hay ciertas
cuestiones que solucionar en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Saben que ya en el seno del consejo interterritorial hay una comisión que
está funcionando para tomar esa serie de medidas y actuaciones en cuanto
a los profesionales sanitarios. La propuesta que vamos a llevar en breve,
por ejemplo, atendiendo a alguna de las peticiones que creo que hacía el
señor Agirretxea, se refiere a las plazas MIR, hacer la propuesta de
aumentar en más de trescientas plazas los médicos internos residentes,
para empezar por lo urgente y por las medidas que podemos tomar de manera
más rápida. Pero también en el ámbito de los profesionales, ligado a la
atención primaria, ligado a la cronicidad y ligado a la sostenibilidad
del sistema, hay que decir que la profesión de enfermera es muy
importante. Yo creo que lo
he explicado, pero lo reitero. No solamente hay que solucionar ese
problema que se generó con la prescripción de enfermera. Tenemos las
vacunaciones a la vuelta de la esquina y por tanto lo más útil es aprobar
el decreto que está en tramitación para pasar página en esa situación,
pero hay que seguir profundizando, no es un punto y final, sino que yo
creo que hay que abrir un espacio en el que la profesión de enfermera
adquiera nuevas metas -capacidades ya las tiene- y nuevos roles en cuanto
a la cronicidad y en cuanto a los cuidados, que son fundamentales. No se
nos debe olvidar que la sanidad, cuando ya no puede curar, tiene que
seguir cuidando, por ejemplo.
Sigo con la sostenibilidad y la financiación del sistema. Como parte
fundamental de la defensa del sistema público tiene que estar bien
financiado. Creo que a nadie se le escapa que por razones obvias no
tenemos -me lo han recordado yo creo que prácticamente todos los grupos
parlamentarios- una mayoría tan abultada como para tomar decisiones tan
tajantes y tan rotundas en la cuestión de financiación, así que el
presidente del Gobierno ha hecho un anuncio de la hoja de ruta que se va
a seguir, que es tener aportaciones urgentes para determinadas cuestiones
relativas a las comunidades autónomas. Yo aquí reitero lo que les he
dicho en mi primera intervención. Saben que el Fondo de Garantía está
pintado sobre el real decreto, sobre la norma desde 2012. Nunca se ha
puesto en funcionamiento. El Fondo de Cohesión sufrió un tijeretazo
brutal y la poca consignación que quedó no se ha ejecutado. Así que el
compromiso -y así lo he expresado- es activarlos y recuperarlos en
beneficio de las comunidades autónomas y fundamentalmente de los
pacientes. Lo uno a la financiación y la sostenibilidad del sistema de
servicios sociales. El compromiso también está claro: el plan concertado,
los próximos Presupuestos Generales del Estado 2019 y hacer un esfuerzo
por recuperar la aportación acordada mínima que tienen en la Ley de
Dependencia las comunidades autónomas. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Ya podemos estar satisfechos del avance que se da con la
recuperación de la aportación de las cotizaciones de la Seguridad Social
a las cuidadoras no profesionales. Así que estas dos inyecciones
económicas que se plantean en esta legislatura, una más inminente y otra
con un plazo mayor, son realidades que están encima de la mesa y que van
a beneficiar, tanto a las comunidades autónomas como a la asistencia que
reciben los usuarios en todas las comunidades autónomas.
Podemos hablar también del IRPF que tiene que ver con esto que decíamos, y
así recoger las cuestiones que nos han planteado desde Cataluña y también
otros grupos. Ayer mismo la secretaria de Estado estuvo reunida con la
Taula y creo que se ha explicado claramente cuál era la situación. Cuando
comenzamos a trabajar en el Gobierno nos encontramos con una decisión
bloqueada en la comisión delegada. Ese bloqueo, con cuatro votos en
contra y tres amenazas de recursos, pone en jaque sacar a tiempo la
convocatoria para que el tercer sector pueda establecer su trabajo. Lo
que se ha arbitrado es una actuación de urgencia -a la cual quiero
recordar que a excepción de Cataluña no ha habido ningún voto en contra-,
con unas ponderaciones objetivas, claras y transparentes, para poder
sacar cuanto antes la orden de subvención y no poner en jaque al tercer
sector, que tiene que hacer frente a todas estas urgencias sociales. Sí
es cierto que este cambio de Gobierno nos ha marcado el paso para muchas
cuestiones, pero tenemos voluntad de avanzar en el consenso. Por eso,
para septiembre ya se ha convocado a todas las comunidades autónomas para
que comiencen a arbitrar cuáles van a ser las ponderaciones para el
siguiente reparto. Confío en que tenemos tiempo suficiente desde
septiembre hasta que haya que sacar la orden de subvención siguiente para
poder llegar a un consenso razonable en el que todos estemos satisfechos.
En todo caso nadie queda discriminado y hay otros fondos, vías o partidas
con las que se puede seguir atendiendo a la pobreza infantil y a las
familias, y no necesariamente dentro del reparto del 0,7%.
Continúo con otras cuestiones que ya son más puntuales. Comenzaré por
iDental. Sobre iDental saben las actuaciones que ha estado haciendo el
Gobierno y, si no las reitero. Hemos estado en colaboración permanente
con las comunidades autónomas y se les ha recabado información para poder
acudir a la Fiscalía General del Estado. Había una actuación desigual,
algunas comunidades autónomas habían acudido a las fiscalías, pero no era
uniforme. Con toda esa información se acude a la Fiscalía General del
Estado. Seguiremos dando toda la información. Hay que recordar a las
entidades bancarias que los créditos deben quedar suspendidos, porque no
se está dando la atención que se había contratado. El secretario general
está en primera persona encargándose de esta cuestión, y conforme vayan
sucediendo los acontecimientos lo pondremos en conocimiento de sus
señorías si así lo desean.
Podemos hablar también de la homeopatía; creo que la hoja de ruta está muy
clara, esta es una batalla que se libra en Europa, tenemos que hacer
entender a las autoridades europeas cuál es nuestra postura como España y
en nuestro ámbito, como administración sanitaria, como autoridad
sanitaria
ofrecer siempre una información rigurosa, veraz y objetiva a la ciudadanía
para que no tomen decisiones que pongan en riesgo su salud. Entre medias
tenemos a disposición de la Administración incluso el recurso de la
sanción para que en el mercado no haya nada que no esté autorizado.
En cuanto a la Organización Nacional de Transplantes también creo que aquí
la actuación ha sido rápida y queda claramente demostrado su carácter
altruista y también riguroso. En esa actuación estamos trabajando
conjuntamente, y solamente haré una consideración en cuanto a China para
decir -supongo que su señoría lo sabe- que en China hay una organización
privada que está asesorando y formando en el tema de las buenas prácticas
que tiene la Organización Nacional de Transplantes. Y ahí está la
limitación que tiene España con esta organización privada que da esta
formación, y por razones técnicas que usted quizá conoce mejor que yo, y
es que ningún órgano de una persona fallecida en China, por razones de
isquemia, podría llegar aquí probablemente. Por lo tanto le puedo decir
que no se produce esa situación que usted comentaba, porque la
Organización Nacional de Transplantes tampoco lo permitiría.
En cuanto a Ceuta y Melilla ya tenemos los primeros contactos de este mes
con ambos territorios, y lo que hemos hecho básicamente ha sido convertir
las promesas en un inicio de realidades. Yo ya sé que hay años y años y
años de pintar en el presupuesto y de prometer ciertas actuaciones en
ambos territorios. Ahora lo que yo les explicaba es que hemos
desatascado, desbloqueado esas decisiones para que en el plazo
procedimental de lo que es la tramitación administrativa esas
infraestructuras vean luz verde.
Talidomida. Yo creo que no hay que engañar, y la enmienda era un brindis
al sol. Con toda crudeza afrontamos esa situación y también el propio
secretario general ha hablado con los afectados, con AVITE, y creo que la
hoja de ruta está clara para satisfacer las necesidades; pero cuando se
trata de situaciones dolorosas creo que un grado de honestidad, también
en la política, se agradece.
Continúo con las cuestiones de los recursos, que también me preocupan,
porque nuestra preocupación es normalizar las relaciones con las
comunidades autónomas como Gobierno de España, y rebajar ese nivel de
litigiosidad que ha tenido en los últimos años el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. La estrategia ya se la comentaba al principio
con la universalidad; y vale para todo. La estrategia es dar seguridad
jurídica y cohesión a nuestro sistema, y dejar por lo tanto atrás ese
escenario que se produce de recursos. Cuando modifiquemos la legislación
nacional evidentemente se revisarán los recursos actuales, y ese cambio
de normativa estatal hará que cambien el escenario y la situación
respecto al tema.
Aunque es competencia de las comunidades autónomas, como me preguntaban
expresamente por los menores tutelados y por los menores no acompañados
les diré que en cuanto a los MENA -menores no acompañados- sí se han
mantenido las primeras reuniones para liderar ese proceso, que era una
preocupación que existe en las comunidades autónomas, y ya tenemos el
primer contacto a través de la Comisión que convocó la directora general
de Familia e Infancia con las comunidades autónomas y también con la
Fiscalía de Extranjería, para liderar ese problema de manera
interautonómica y también interministerial.
Mirando un poco a vuela pluma algunas otras cuestiones, si me permite, voy
a hacer un repaso por grupos. Aunque el señor Olòriz no está en la sala,
seguro que podrá leerlo en el Diario de Sesiones. Recojo el guante de
vernos más, las veces que ustedes quieran. Esto vale para el señor Olòriz
y para todos y cada uno y cada una de los miembros de esta Comisión. Un
diálogo permanente e imprescindible; esa es la hoja de ruta del
ministerio que a estas alturas, cuando ya llevamos aquí varias horas, ha
quedado clara. Recojo también su propuesta de trabajar en los
determinantes de la salud y en las causas sociales. Ese es precisamente
el objetivo de ese observatorio que tenemos que revitalizar y es también
el objetivo de esa evaluación en salud y en servicios sociales.
A la diputada de Compromís quiero decirle solamente algunas cuestiones.
Por supuesto que soy socialista, soy feminista, soy valenciana, de
Burjasot, soy Gobierno de España; somos muchas cosas en esta vida, pero
creo que el ser te lo da la muestra de lo que haces. Hemos abierto un
tiempo nuevo de soluciones conjuntas, que también se puede llamar, si
quiere, de mestizaje; soluciones conjuntas que creo que no van a
defraudar y que vamos a poder ver en estos dos años de legislatura que
tenemos por delante.
Señora Nogueras, la puerta está abierta al diálogo y al trabajo conjunto,
como con el resto, no se sienta usted fuera del conjunto. Y si puede,
traslade a Cataluña que hagan un esfuerzo por ese sistema interoperable
de la historia clínica, que seguro que les va a venir muy bien a los
catalanes y a las catalanas que salen fuera de Cataluña para que estén
mejor atendidos cuando salen del territorio. Así que, mano
tendida, porque seguro que podemos hablar de cosas muy interesantes, más
allá que de lo que hable el Gobierno en esa comisión bilateral que sabe
que está convocada.
Señor Igea -a quien he tenido ocasión de conocer dentro y fuera de la
sesión parlamentaria-, está bien que me vea con optimismo; un optimismo
prudente. Diálogo, por supuesto, pero no me traiga aquí una segunda
vuelta de control parlamentario como consellera. Muy orgullosa estoy el
trabajo que hicimos allí, fundamentalmente, recuperar derechos; dar una
oportunidad a la sanidad pública, que hacía mucho tiempo se le había
negado en aquella tierra, y sobre todo fortalecerla a través de
inversiones y de mejorar la posición de los profesionales de la sanidad.
Así que estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo allí y, más allá del
34% del control parlamentario que hice como consellera respecto a todo el
Gobierno, más allá de opiniones de partido, que son muy legítimas, yo me
voy a quedar, si me permite, con la opinión de la ciudadanía reflejada en
el barómetro sanitario, que calificaba positivamente y al alza la
situación de la asistencia sanitaria. A veces es diferente lo que dicen
que haces que lo que realmente haces, y me quedo con lo que nos dice la
ciudadanía.
En cuanto a la plataforma de pacientes que usted me mencionaba, existe un
convenio firmado con dicha plataforma, al que queremos sumar también a la
Alianza General de Pacientes y al Foro Español de Pacientes, es decir,
queremos ampliarlo. Por tanto, en esto sí que estamos en sintonía, para
que esa parte fundamental del equipo, que son los pacientes o los
usuarios, estén presentes en el proceso dialogado que vamos a llevar
hacia adelante.
A la señora Botejara le tengo que decir que estoy de acuerdo con sus
posicionamientos en torno a la atención primaria. Recojo sus propuestas
porque seguramente nos van a servir para mejorar la gestión. Sabe que
estamos en revisión de todos los órganos del ministerio y tenemos la
pretensión -tenemos el mandato, no solo la pretensión- de que sean
paritarios. Por tanto, todos aquellos órganos, consejos y comisiones
seguirán esa directriz.
Respecto a servicios sociales, le doy las gracias también a su compañera
por las propuestas. Recojo lo que nos comenta de la reforma de la
Constitución y de la tarjeta social; estamos en sintonía. Nos habla usted
del Poder Legislativo y de las PNL que han visto cómo ganaban pero que no
se cumplían. Eso no se va a producir. Sabemos diferenciar los poderes y
sabremos también atender lo que nos están planteando: el sistema de
cuidados y la transparencia en el sistema de dependencia. Recogemos todas
sus propuestas e intentaremos trabajar de la mejor manera posible con
ellas.
Señora Marcello, intentaremos poner buena letra a la música. Al hilo de la
reflexión que hacía la señora De la Concha, la filosofía es la de este
diálogo. Para este ministerio no hay trincheras, hay simplemente
conceptos y valores que, más allá de la composición del grupo
parlamentario, tendremos que defender y sobre los que trataremos de
ponernos de acuerdo. Espero que, más allá de los grupos parlamentarios,
podamos llegar a esos acuerdos. Creo que he contestado a las preguntas en
la parte general.
Señora Angulo, gracias por sus palabras y gracias también por su talante.
Sé que ha hecho un esfuerzo por transmitirme sus recomendaciones y sus
observaciones con la mayor de las cortesías. Intentaré entresacar de sus
palabras cuestiones positivas. Quizá me va a costar un poco tratándose
del Grupo Parlamentario Popular, pero lo intentaré hacer para poder
trabajar constructivamente.
Le quiero hacer algunas matizaciones. Las medidas que hoy les hemos traído
son contundentes, concretas y marcan las prioridades de este Gobierno.
Algunas cuestiones no empiezan hoy, es evidente, como la
interoperabilidad que usted comentaba, y no pretendo arrogármelas; esto
lo comienza Zapatero en 2005, pero es cierto que después de 2005,
fundamentalmente en los últimos tiempos, no ha tenido la implementación
que necesitaba, así que volvemos a lo mismo. Si somos capaces de salir un
poco de la trinchera, seguro que podemos conseguir algunos objetivos que
espero que sean compartidos. Lo que no es sostenible en democracia es
eliminar derechos, eso no es sostenible, y el modelo que hemos vivido en
los últimos años del Partido Popular ha sido un modelo de exclusión, de
discriminación y también de recortes. Ese es el modelo que ahora queremos
revertir.
A la señora Navarro le reitero las disculpas. Solo quiero hacerle algún
comentario. La hubiera saludado al principio de la Comisión, pero ha
llegado usted unos minutos más tarde. Le traslado también que esta
Comisión se ha cambiado de sitio por la solicitud del Partido Popular,
que el resto de compañeros han atendido, por razón de las primarias.
Lamento el malentendido porque así como otros grupos parlamentarios con
una llamada se han coordinado entre ellos y han venido juntos, con
ustedes no ha sido posible. (La señora Navarro Lacoba: ¿Será culpa mía?).
No, no, ha sido un malentendido. Las formas son importantes, pero por
favor no me eche una regañina, porque intentaré, en la medida de lo
posible,
que tengamos buena relación, si no en la tribuna de oradores, al menos en
algunas cuestiones que podamos hablar de manera razonada y razonable en
el ámbito de preparación del trabajo de las comisiones.
El señor Agirretxea, viejo conocido, me dice: Antes estabas aquí y ahora
estás allí. Joseba, haré lo que pueda. Contestaré las reflexiones como
siempre, tú lo sabes, me conoces desde hace tiempo, así que entro en
alguna de las cuestiones específicas que planteabas.
Pobreza infantil. Aquí lo que tenemos es un plan de choque de pobreza
infantil de urgencia para el verano, con 10,2 millones de euros. Quizá no
lo he explicado bien en el relato de la comparecencia.
Acepto un poco el dilema que me planteas entre lo público y lo privado,
pero al final mi conclusión -y así es como intento trabajar- es que el
sistema público tiene que ser el garante de los derechos y que el sistema
privado es complementario y creo que en eso seguramente tenemos algo de
consenso.
Lo de las plazas mir, lo he comentado. La tasa de reposición sabes que
está eliminada para 2017, 2018 y 2019, con la pretensión de que la
temporalidad quede en una tasa técnica del 8%. De lo que se trata es de
no revertir esa situación que ahora ya se está consiguiendo a través de
la convocatoria de las ofertas públicas de empleo de las comunidades
autónomas.
En cuanto a la transparencia, que también era una cuestión que algún otro
grupo parlamentario ha comentado, tenemos que ganar en el espacio de la
transparencia. En concreto, hablabas de los precios de los medicamentos.
Sabes que la composición de la comisión son tres vocales de las
comunidades autónomas de pleno derecho y tres observadores, pero recojo
tu propuesta de mejorar en las fórmulas para tener una mejor
participación, porque seguramente esto nos llevará a mejores resultados.
También recojo la cuestión de la publicidad engañosa, que creo que merece
estudio.
Con esto me parece que he contestado al detalle y a lo general de lo que
sus señorías me planteaban. Tan solo concluyo, por no querer abusar del
tiempo, porque son casi las dos y supongo que haremos otra ronda y
estaremos otro rato más, con un mensaje muy claro, y es que cuando
termine esta legislatura este Gobierno y el equipo del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social sí que cerrará la etapa teniendo la
convicción de que ha hecho todo lo posible por mejorar la vida de las
personas y también por mejorar y hacer sostenible el sistema sanitario y
el sistema de servicios sociales a través de medidas que hablen realmente
de una transformación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministra.
Efectivamente, abrimos otra ronda, que es el turno de réplica de los
grupos. Como saben muy bien, es para hacer preguntas o pedir aclaraciones
concretas, concisas y directas y, por tanto, voy a ser muy estricto en
los tiempos. Llevamos casi cuatro horas ya. No sé si se van a repartir
otra vez el turno de réplica, pero yo voy a poner aquí cinco minutos. El
tiempo que consuma el primer interviniente es tiempo que le resta al
segundo o al tercero. Están avisados de la fórmula: cinco minutos por
grupo.
Empezamos por el Grupo Mixto, señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor president.
Usted hablaba de mestizaje, pero es que este no es un Gobierno de
mestizaje, es un Gobierno homogéneo; a través de una moción de censura
donde los apoyos sí que eran de distintos partidos, pero un Gobierno
homogéneo. Por eso le remarcaba que Compromís le va a exigir aquí, desde
la oposición, lo mismo que exige en el País Valencià, donde gobernamos
directamente con ustedes.
Le hablaba del rescatem persones, que ha incluido directamente en su
discurso, y me alegro, pero también le vamos a exigir valentía, y son dos
pilares básicos del Govern del Botànic, que tenemos claro que en el
Govern del Botànic están, pero que no sabemos si van a estar en este
Gobierno homogéneo, como le decía. El rescatem persones es una campaña de
Compromís del año 2012. Nos alegra muchísimo que sea uno de los pilares
del Botànic, que usted lo asuma como propio y que incluso el Partido
Popular lo asuma por fin como propio, porque es bueno para las personas y
eso es lo importante. Usted se ha referido a algunas medidas que van
directamente vinculadas al rescatem persones, como la eliminación del
copago, la recuperación de la sanidad universal y la asistencia de la
reproducción asistida a las mujeres lesbianas.
Nos alegra que venga con esas propuestas, pero, como le decía, también le
pedimos valentía, tal y como rezaba nuestra campaña en 2015 y tal como se
ha incluido, como pilar fundamental, en el Govern del Botànic. Valentía
para que no sea un plan de prevención del suicidio, sino una ley;
valentía para incluir la perspectiva de género en todas las leyes del
ámbito sanitario; valentía para atender la violencia
obstétrica, que se queda siempre fuera; valentía con el País Valencià para
asumir el 50% de la dependencia, para transferir los 400 millones de
atención a personas desplazadas, para acabar con el chantaje que se hace
con el convenio de Farmaindustria, para retirar los recursos al
Constitucional y, sobre todo, para exigir a su presidente un trato justo,
porque de ello dependen en el País Valencià cosas tan importantes como la
sanidad, el bienestar social y todas las políticas que llevamos a cabo
desde el Govern del Botànic. Sabe que en el País Valencià estamos
invirtiendo por encima de la media en políticas sociales, pese a estar
infrafinanciados y pese a tener menos inversión, y eso es gracias,
precisamente, al mestizaje y al Gobierno de Compromís con el PSOE.
El señor PRESIDENTE: Lleva la mitad de tiempo.
La señora SORLÍ FRESQUET: Acabo ya.
Le exigiremos, como decía, lo mismo: lealtad a las necesidades
valencianas, rescatem persones i polítiques amb valentia y, por supuesto,
que firme hoy como ministra lo mismo que exigía como consellera.
Gràcies.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí.
Señora Nogueras.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, president.
Seré breve. Señora ministra, solo tres cositas. En primer lugar, mientras
aquí se hablaba de recentralización, nosotros ya lo hacíamos de
interoperabilidad. En Cataluña tenemos esto muy claro. En segundo lugar,
sigue apelando al diálogo, pero al mismo tiempo sigue sin hablar del 155
y de las consecuencias en el ámbito de la sanidad que este ha tenido.
Independientemente de la comisión bilateral, le hablo del 155 en el
ámbito de sanidad y usted sigue sin hablar de ello. Y en tercer lugar,
habla -lo ha hecho en la réplica y al principio- de un tiempo nuevo. Nos
alegramos de que llegue un Gobierno con ganas de trabajar para avanzar,
pero quiero recordar que en Cataluña hace muchísimo tiempo que los
ciudadanos reclaman entrar en una nueva etapa, en un nuevo tiempo y en el
siglo XXI. Lo hemos hecho de manera democrática y pacífica desde el
primer momento y ustedes y muchos lo que han hecho ha sido ignorarlo
hasta el punto de judicializarlo.
Termino diciendo que hoy la justicia europea desmonta todo el montaje de
rebelión y de sedición del señor Llarena y compañía. Su anhelo de un
tiempo nuevo y mejor es legítimo y nosotros lo vamos a respetar siempre.
Solo pedimos que también respeten nuestro anhelo de república, que es
igual de legítimo que el suyo.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Me ha alegrado mucho oír decir que no somos un sistema de diecisiete
trozos. Estamos muy de acuerdo con eso, y por eso presentamos una moción
para tener una cartera de prestaciones única a la que su grupo
parlamentario votó en contra. Y a mí me gustaría que no fuéramos un
sistema de diecisiete trozos no solo para la fecundación in vitro, sino
también, por ejemplo, para las pruebas de talón que afectan a los niños,
porque en su comunidad -en la suya, en la de usted- hay siete pruebas
mientras que en otras hay treinta, lo que quiere decir que los niños de
la Comunidad Valenciana están en riesgo frente a los niños de otras
comunidades. Efectivamente, no somos un sistema de diecisiete trozos,
deberíamos ser un solo sistema, y por eso hemos hecho de manera reiterada
peticiones para ir a una cartera de prestaciones única.
Ha dicho que no es decente lo sucedido con la talidomida. Estoy
completamente de acuerdo. No es en absoluto decente. No es en absoluto
decente que un grupo político, el día que piensa que no va a alcanzar el
Gobierno, se manifieste a la puerta del Congreso, cuando se van a votar
los presupuestos, con las víctimas de la talidomida, diciéndoles que les
apoya porque necesitan más indemnizaciones, y que el día que alcanza el
Gobierno cambie su voto y su posición. Efectivamente, no es en absoluto
decente, pero lo que yo espero de este Gobierno y de todos los gobiernos
es que cumplan la ley, y la Ley de Presupuestos Generales es una ley y
genera derechos. Lo contrario sería entrar en un camino no solo
vergonzoso, no solo sonrojante, sino dudosamente legal.
Dicho esto, me alegra oírle decir, cuando yo critico su gestión, no con
opiniones, sino con los números de su gestión -con los números de su
gestión en la hepatitis, con los números de su gestión en el presupuesto,
con los números en definitiva-, que a usted lo que le importa es la
opinión expresada en el barómetro sanitario. ¿Entonces le importa o no la
opinión de los pacientes de La Ribera en su barómetro sanitario? ¿Le
importa esa opinión en la que el 85% estaba satisfecho, más que la media,
o solo le importa la opinión cuando coincide con la suya? Hagamos un
poquito menos de opiniones y un poquito más de números y nos irá un
poquito mejor; un poquito menos de peronismo, un poquito más de números.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.
¿Se van a repartir el tiempo en el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Asentimiento). Vale, yo marco los
cinco minutos.
Señora Botejara.
La señora BOTEJARA SANZ: Dos puntualizaciones.
Como expuso el anterior Gobierno en el Senado, cuando se pagaron el año
pasado, a posteriori, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía
Asistencial fueron 50 millones. Se lo digo para que lo tenga en cuenta a
la hora de determinar cuál es la cantidad necesaria, porque esa cantidad
era mínima para las necesidades que teníamos.
Otra puntualización. Mi grupo está trabajando en una ley de salud mental
desde hace meses, que por supuesto recogerá la atención a la prevención y
recursos al suicidio.
El señor PRESIDENTE: Señora Marcello.
LA señora MARCELLO SANTOS: Muy rápidamente.
Yo creo que este ministerio tiene una labor de coordinación con el resto
de los ministerios, porque -pongo un ejemplo- usted nos habla del
envejecimiento activo y nos parece perfecto, pero la ministra de Trabajo
nos plantea que no va a adelantar la edad de jubilación y que van a
seguir teniendo que trabajar hasta los sesenta y siete años. Esto
dificulta un poco hablar de ese envejecimiento activo cuando no quieren o
parece que no van a acabar con el factor de sostenibilidad. Todo va
relacionado.
Ustedes plantean que hay un plan de choque -por el que la felicitamos-
para la pobreza este verano. Los niños no son pobres, los niños no nacen
pobres, no tienes la mala suerte de tener un niño pobre, nacen en
familias donde las situaciones laborales y fiscales de sus padres y de
sus madres les condicionan la vida. Eso va muy relacionado con lo que
también nos ha anunciado la ministra de Trabajo, que no tiene voluntad
política de derogar la reforma laboral.
Ustedes plantean que recuperan la Seguridad Social y lo felicitamos y lo
apoyamos, pero tenemos la necesidad y la obligación de reducir los
tiempos de espera para los recursos y servicios de la Ley de dependencia.
Sigamos dialogando, y no por nosotras, sino por las que nos están
esperando fuera.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora De la Concha.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Aclaró anteriormente que el
presupuesto que dedicaban a pobreza infantil era un plan de choque solo
para este verano. Save the Children estima que hay 1 400 000 niños y
niñas en España en pobreza severa y ha hecho el cálculo de que costaría
unos 4000 millones de euros sacarlos de esa situación. Sabiendo como
sabemos, según Cáritas, que de esos 1 400 000 niños en pobreza severa,
más de un millón serán pobres de adultos, ¿cuándo van a tomar las riendas
de este asunto?
En cuanto a la publicidad, especialmente la publicidad infantil, ¿va a
haber un nuevo órgano que la regule o va a seguir siendo este órgano en
el que todas las marcas de este mundo deciden lo que es adecuado y lo que
no? Me gustaría además que me aclarara un poco más el tema de la
talidomida, pues yo tampoco lo he entendido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De la Concha.
¿Se van a repartir el tiempo en el Grupo Parlamentario Popular?
(Asentimiento).
En primer lugar, tiene la palabra la señora Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, me voy de esta Comisión un poco como llegué, porque no ha
respondido usted a las dudas o a las concretas preguntas que yo le he
hecho y lo que nos ha anunciado ya lo conocíamos por los medios de
comunicación. En cualquier caso, tendremos ocasión de insistir en todos
estos temas si es que conseguimos por fin ver al nuevo Gobierno por el
Congreso, algo que hasta ahora no ha ocurrido con mucha frecuencia.
Me gustaría matizar algo que usted ha dicho o que más bien no ha dicho, y
es que el Real Decreto 16/2012 fue plenamente avalado por el Tribunal
Constitucional español, ese órgano que vela y ampara los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Sinceramente, yo creo que no resulta
creíble para los millones y millones de ciudadanos que cada día recibimos
una magnífica asistencia sanitaria decir que en España se vulneran los
derechos humanos. Probablemente por eso, a pesar de todos los
movimientos, agitaciones sociales e iniciativas que sobre este tema
ustedes han llevado a cabo desde el año 2012, la confianza de los
ciudadanos que ustedes obtuvieron fue la menor de la democracia y el
Partido Popular, el autor de ese real decreto, volvió a ganar las
elecciones, porque a veces las pancartas se desmienten con hechos.
En cualquier caso, le manifiesto nuestra disposición al diálogo, pero para
ello tenemos que trabajar desde la lealtad, y eso supone reconocer la
verdad. Le aseguro que el Gobierno del Partido Popular también ha
trabajado por mejorar la vida de los españoles en un escenario económico
que fue el más difícil de nuestra democracia, como ustedes saben. Las
consecuencias que este sistema ha sufrido por culpa de la crisis podían
haber sido peores. Además, gracias a esas reformas, sacamos las facturas
de los cajones, las pagamos y conseguimos un sistema sanitario que sigue
siendo público, universal y gratuito y que ha mejorado en muchos
aspectos, por ejemplo, en ese magnífico Plan de la hepatitis C, que ha
salvado la vida a más de 105 000 personas y que ha sido modelo para otros
países. Por tanto, creo que es de justicia poner en valor el trabajo que
ha hecho el Partido Popular.
Para terminar, lo único que le pido, señora ministra, es que anteponga,
como decía, el interés general de los ciudadanos a políticas populistas,
ideológicas o sectarias que puedan llevar otra vez al sistema, incluso al
país, a la quiebra y que respondan, más que nada, a esos pagos, a esos
peajes que algunos de los grupos que aquí han intervenido le han
recordado con mucha insistencia. Estamos viendo esos peajes...
El señor PRESIDENTE: Lleva la mitad del tiempo.
La señora ANGULO ROMERO: Termino. Solo le digo que tengan en cuenta que
ustedes son hoy el Gobierno más débil de la democracia y que este grupo
es el que más apoyo tiene de los españoles. Por tanto, universalice usted
ese diálogo con todos los grupos de la oposición, incluyendo al Grupo
Popular.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.
Señora Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, vaya por delante que tiene mi absoluta colaboración, al
margen de este pequeño incidente. Lo que lamento es que se hayan quedado
muchas preguntas en el tintero y sin contestar. El Grupo Parlamentario
Popular no comparte en absoluto la medida de recuperar la cotización a la
Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, entre otras cosas
porque no creo que en esta ocasión vayan a pagarlas, como no lo hicieron
en el pasado, dejando una deuda de 1034 millones de euros a la Seguridad
Social, y porque vuelven a condenar a las mujeres al cuidado de sus
mayores y de sus dependientes. Se trata de un parche, y no estamos en esa
situación.
Quiero recordar que su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, había
pedido una subcomisión en materia de dependencia. Desde aquí, el Grupo
Parlamentario Popular tiende la mano para hablar y negociar de
dependencia y del futuro, pero en el seno de esta subcomisión que había
pedido su grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Agirretxea tiene la
palabra.
Muy brevemente, señora ministra, porque me tengo que marchar y, por tanto,
no voy a poder escuchar su respuesta. Yo no le he hablado de pobreza
infantil, no sé si se ha confundido, le he hablado de los MENA, de los
menores no acompañados, pero no me ha respondido.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón
Giménez): Sí, lo he hecho tres veces.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Tampoco me ha contestado a la pregunta sobre
la implicación del Estado en los pagos de la Ley de dependencia.
Por último, le voy a decir algo muy global. A la anterior ministra, en su
primera comparecencia, le dije que me gustaría no pedirle nada, es decir,
que no hiciera nada. Y cuando decía que no hiciera nada, quería decir que
no hiciera nada que no le competiera. Entiéndame lo mismo. Ha habido
tanta pretensión de recentralizar, de invadir las competencias de las
comunidades autónomas, de adquirir lo que no le corresponde al Estado
-con la colaboración, además, de algún otro-, que esto se convirtió en
una especie de obsesión del Gobierno anterior. Me temo que va a ser muy
difícil quitar ciertos fantasmas y, por tanto, le pido que cumpla con lo
que le corresponde y que no entre donde no le corresponde. Así nos irá
mucho mejor a todos.
No he mencionado antes el proyecto de reglamento del consejo
interterritorial, que usted sabe perfectamente que quería convertir
aquello en una conferencia sectorial. Creo que debe rechazar cualquier
propuesta en la que se decidan cosas que van por encima, incluso, de los
propios estatutos de autonomía, haciendo de aquello una especie de
asamblea -le decía ayer lo mismo a la ministra de Educación- en la que
todos deciden por todos lo que hay que hacer en todos los sitios. Yo no
voy a aceptar ni a apoyar nunca un planteamiento de esta índole.
Le deseo suerte. Las cuestiones que han quedado en el aire supongo que se
irán contestando durante la legislatura.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
¿El Grupo Socialista se va a repartir el tiempo? (Denegación). El señor
Fernández tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (Jesús María): Gracias.
Para terminar este turno de intervenciones, quiero reiterar la alegría del
Grupo Socialista por la hoja de ruta -el plan de trabajo que usted nos ha
traído hoy aquí- y por este compromiso para recuperar derechos sociales y
sanitarios de los ciudadanos, por el compromiso con la salud pública y
con los profesionales sanitarios y de los servicios sociales.
Mire, usted tiene toda la legitimidad parlamentaria y democrática del
mundo. El presidente Pedro Sánchez fue investido con 180 votos tras una
moción de censura que implicaba también la confianza en él; el presidente
Mariano Rajoy tuvo 170 votos. Por tanto, si alguien puede presumir de
legitimidad democrática para presidir un Gobierno de España es el
presidente Pedro Sánchez y el Gobierno que le acompaña. Así pues, le pido
esa ambición que usted nos ha presentado en su plan de trabajo porque,
como ha visto en esta Comisión, hay un gran número de grupos
parlamentarios que han planteado su apoyo más o menos matizado o exigente
a las propuestas que usted nos ha traído.
Hay dos maneras de pensar: una manera de pensar progresista, que nos une a
muchos de los grupos políticos en cuanto a lo que requiere la sanidad y
el sistema de servicios sociales y de consumo español, y hay otro grupo
que tiene otras ideas diferentes, que es el Partido Popular, pero que con
su legitimidad para defender sus ideas y el trabajo que ha hecho antes
está dispuesto a dialogar. Y luego hay un grupo político que, en una fuga
hacia no se sabe dónde, tratando de arañar de votos, buscando el
desprestigio del sistema sanitario y de servicios sociales, no trae aquí
más que confrontación, confundiendo lugares, porque confunde seguramente
el Congreso de los Diputados de España con el Parlamento de Valencia.
Probablemente porque, como usted sabe muy bien, el año pasado perdieron a
su portavoz en la Asamblea de Valencia y cuatro de sus diputados
transfugaron al Grupo Mixto. Quizá porque allí perdieron esa portavocía
tratan de traer aquí la oposición y el control al Gobierno de la
Generalitat.
Como le digo, estamos muy contentos por el plan de trabajo y por su
talante; el talante propositivo, el talante de compromiso y el talante de
diálogo. Quiero recordar que usted ha convocado al Consejo
Interterritorial de Salud en los quince primeros días de su Gobierno y
que a la anterior ministra de Sanidad
le costó seis meses convocar el primer consejo interterritorial. Le pido
seguir en esa línea de diálogo con las autonomías, con los profesionales,
con los grupos políticos, y desde luego cuente con el Grupo Socialista
para hacer ese trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Yo también estoy muy contento con el
consumo de tiempo de los grupos.
Para cerrar esta comparecencia tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón
Giménez): Gracias, presidente. Termino con un compromiso de brevedad de
antemano.
Nuestro propósito va a ser, y es, trabajar -ya lo estamos haciendo en
estos treinta primeros días- por garantizar derechos y por la
sostenibilidad y la fortaleza del sistema sanitario y del sistema de
servicios sociales. Nuestras bases son la cohesión y la equidad, eso
siempre será así, y los problemas, que son bastantes, los vamos a ir
solucionando uno a uno, paso a paso, uno tras otro. Hemos empezado por la
universalidad y por la cotización de las cuidadoras no profesionales.
Lamento que el Partido Popular en dos cuestiones que creo que son de pura
decencia política esté frontalmente en contra, pero esa es la hoja de
ruta, la hemos marcado en esta comparecencia y la llevaremos hacia
delante, siempre en esa disposición de cambio dialogado.
Creo que he hablado de menores no acompañados, así que lo salto, pero sí
voy a hacer un breve apunte sobre la talidomida, porque hay dos grupos
parlamentarios que han hecho referencia a esto y no quiero que entiendan
que hago oídos sordos. Sobre la talidomida, lo que estamos conversando
con los afectados es la tramitación de un proyecto de ley de forma
urgente para dar solución a sus demandas. Y la enmienda a los
presupuestos claramente fue un brindis al sol y una demagogia; con el
techo de gasto ya aprobado no se puede incluir una enmienda sin
financiación. Por tanto, vamos a dar solución a los afectados, y lo
haremos con soluciones reales y de manera clara, transparente y honesta.
Termino dándoles las gracias a todos los grupos parlamentarios y
ofreciendo trabajo dentro y fuera de la Comisión. Realmente creo que si
somos capaces de poner en la agenda conjunta, en la agenda mestiza,
algunas cuestiones y encontrar algunas soluciones, seguramente para el
siguiente ministro o ministra y para los siguientes portavoces y
parlamentarios el trabajo será mucho más fácil, pero sobre todo para los
que será la vida un poco más fácil será para la ciudadanía. Con eso me
quedo, con esas ganas de intentar alcanzar algunos acuerdos, por mínimos
que sean, para recuperar derechos, para transformar el sistema sanitario
y social, para trabajar por el bien común y para poner en el centro a las
personas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En nombre de todos los miembros de la Comisión,
muchas gracias, ministra, por su comparecencia, por sus explicaciones y
por llevarse las notas con las cuestiones que han planteado los grupos;
será una buena agenda de trabajo.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
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