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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 514, de 08/05/2018
cve: DSCD-12-CO-514
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 514
DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL MAR GARCÍA PUIG
Sesión núm. 12
celebrada el martes,
8 de mayo de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000029) ... (Página2)

Comparecencias:

- Del señor Lacuesta Antón (presidente de la Plataforma de Infancia), para explicar el resultado del examen del Estado ante el Comité de los Derechos del Niño, celebrado en Ginebra el 22 de enero de 2018. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000970) ... (Página2)

- De la señora Reyzábal González-Aller (presidenta de la Fundación Raíces), para que explique cuáles son los principales retos en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos facultativos respecto a los menores extranjeros no acompañados en España. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/000625) ... (Página11)

Corrección de error ... (Página21)


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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000029).

La señora PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a proceder a la tramitación del orden del día. En primer lugar, tenemos que elegir al vicepresidente primero de la Comisión. Con fecha 20 de abril de 2018, la señora Vázquez Blanco presentó su renuncia a la Vicepresidencia Primera de la Comisión. En consecuencia, vamos a proceder a cubrir dicha vacante. Se ha hecho llegar a esta Presidencia la candidatura de María Dolores Bolarín Sánchez. Asimismo, se ha manifestado que existe consenso sobre esta candidatura. ¿Es así? (Asentimiento). En consecuencia, dicha candidatura podría ser aprobada por asentimiento. ¿Se aprueba la propuesta por asentimiento? (Asentimiento). Queda elegida doña María Dolores Bolarín Sánchez vicepresidenta primera de la Comisión. (Aplausos). Ruego al nuevo miembro de la Mesa que pase a ocupar su puesto. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa). Enhorabuena. (La señora vicepresidenta, Bolarín Sánchez, ocupa la Presidencia).

COMPARECENCIAS:

- DEL SEÑOR LACUESTA ANTÓN (PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DE INFANCIA), PARA EXPLICAR EL RESULTADO DEL EXAMEN DEL ESTADO ANTE EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, CELEBRADO EN GINEBRA EL 22 DE ENERO DE 2018. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000970).

La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Buenos días, señorías. En primer lugar, damos el uso de la palabra a don Adolfo Lacuesta Antón, presidente de Plataforma de Infancia, por un tiempo de quince minutos.

El señor LACUESTA ANTÓN (Presidente de la Plataforma de Infancia): Buenos días. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en el primer acto que tiene usted como vicepresidenta.

Comparezco en nombre de la Plataforma de Infancia, que, como todos ustedes saben, es una coalición de organizaciones que trabajamos por la infancia, y en este momento somos sesenta organizaciones. Esta comparecencia, si no recuerdo mal, surge del espacio que el Gobierno español tuvo en Ginebra en el pasado mes de enero, cuando compareció el Estado español, y la presidenta de esta Comisión estuvo presente y yo mismo en aquel momento me ofrecí para trabajar sobre este pequeño documento, que es tan importante y del que todos somos conscientes de la relevancia que tiene, que son las observaciones finales que hace el Comité de Derechos de Infancia al Estado español. Y me parece que es importante contextualizar cómo aparece este documento, por qué es tan importante y qué recorrido tiene, para lo cual creo que es conveniente hablar de la Convención de los Derechos del Niño, que en 2019 cumple ya treinta años. Esta convención surgió del intenso trabajo durante diez años de una serie de comisiones, que llevó a que se aprobase en 1989, y ha sido la convención más ratificada de Naciones Unidas. Prácticamente, todos los países del mundo la han ratificado, lo que deja claro a nivel internacional también la importancia de los derechos de los niños y las niñas, así como el importante trabajo previo de consenso que se hizo para que pudiera ser ratificada por la mayoría de los países del mundo.

La propia convención establece, por supuesto, los derechos de los niños y las niñas, pero también una serie de mecanismos para poder funcionar. En este sentido, se crea un Comité de los Derechos del Niño, que hoy en día está conformado por dieciocho expertos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de esta convención en todos los Estados, y también se genera una dinámica de informes que los diferentes Estados que ratifican la convención tienen que ir presentando al comité de Naciones Unidas. Así, España ratificó inmediatamente la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990, y hasta ha fecha ha presentado cuatro informes: el primero, que suele ser muy importante y tiene unas características muy especiales, porque digamos que es el espacio donde se definen los principales problemas de la infancia y la adolescencia en un país; se presentó posteriormente el segundo informe; tercero y cuarto, porque hubo un momento en que había tanto trabajo en el Comité para los Derechos de la Infancia que tuvieron que agrupar los informes; y ahora estamos ante el quinto y el sexto, que se acaba de presentar.


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Este proceso de los informes, que está muy bien regulado, comienza con la presentación por parte del Estado -en este caso, el Estado español- de su informe correspondiente, un informe que ha de seguir un guion que Naciones Unidas y el comité indican, es decir, no se trata de hablar de todos los temas, sino siguiendo un guion muy claro sobre los asuntos que el comité quiere ir reconociendo. Incluso -creo que vamos viendo el rigor de todo ello-, tiene una limitación de palabras, es decir, los Estados no pueden presentar informes con muchos temas, que no se puedan leer, por lo que se indica un número de ellas. Así, los informes quinto y sexto del Estado español fueron presentados hace dos años, en enero de 2016. A partir de entonces se abre un proceso que creo que es muy interesante y a veces no se conoce: el comité recibe el informe y abre un periodo para que la sociedad civil organizada -cualquier entidad, cualquier coalición, como la plataforma a la que represento- pueda presentar en el mismo formato y con la misma temática su propio informe. Es así que la Plataforma de Infancia presentó lo que llamamos informe complementario, al hilo del informe del Estado español, con un trabajo muy intenso, de mucho tiempo y con una alta participación de nuestras entidades, a requerimiento del comité, con los temas que nosotros pensábamos que eran los más importantes y relevantes sobre la infancia, de acuerdo -insisto- al guion que se presenta a sugerencia del comité. Y por primera vez -esto es inédito- elaboramos un informe de niños, niñas y adolescentes españoles que de manera coordinada desde la Plataforma de Infancia presentamos al Comité de los Derechos del Niño. Este es un trabajo que nos enorgullece especialmente, porque el derecho de la participación infantil es un elemento fundamental para la Plataforma de Infancia y para las organizaciones que la conformamos, porque hay que escuchar la voz de los niños y las niñas, y qué piensan ellos sobre estos diferentes temas está reflejado en él. Y el proceso continúa en que, una vez que el comité recibió estos informes de la sociedad civil, nos convocó, previamente a la convocatoria del Estado. En el mes de junio pasado tuvimos la oportunidad -yo estuve igualmente en Ginebra- de poder presentar al Comité de los Derechos del Niño nuestro informe complementario, y llevamos una delegación de tres adolescentes españoles, que pudieron presentar al comité sus observaciones, comentarios y requerimientos. La verdad es que fue una experiencia muy positiva y muy bien valorada por quienes estuvimos allí y, por supuesto, por el comité, porque les agrada mucho tener a niños, niñas y adolescentes que representan a sus compañeros y trasladan esos asuntos. A partir de este proceso -ya estamos en junio del año pasado-, el comité lanza una serie de preguntas diversas al Estado español, para solventar las dudas que pueda tener. Todo el proceso se completa con la comparecencia ante el comité de una delegación importante del Gobierno español, que ocurrió en el mes de enero, cuando los miembros del comité, de acuerdo con toda la información que ya han visto -creo que es muy importante que se nos quede esto, porque hay toda una documentación escrita que ellos han podido valorar y asumir-, hicieron una serie de preguntas y consideraciones, y la delegación española fue muy numerosa. Algún miembro del Comité de los Derechos del Niño nos comentaba que había sido la tercera delegación más importante, después de la de Estados Unidos y la de Francia en cuanto a número de personas, y creo que ese es un hecho a destacar en positivo. Fue muy interesante toda esa jornada y creo que quedó claro cuáles eran los temas de interés para el Comité de los Derechos del Niño.

Pues bien, todo este proceso que les he relatado rápidamente acaba en este documento tan importante que son las observaciones finales del comité a España, un documento que en sí mismo tiene mucho valor pero que por las propias circunstancias solo puede tener 7000 palabras, es decir, el comité obliga a condensar toda la información, pero es un documento que vamos a tener encima de la mesa hasta el próximo examen de España ante el Comité de los Derechos del Niño, que será en 2023. Por tanto, de manera coyuntural y temporal, tenemos ahora este documento que acaba de salir, un documento que es muy importante, que quisiera indicar que debemos aprender a ir manejando. Es un documento referido a todo el Estado español, no solo al Gobierno central, que llega a las autonomías, a los Gobiernos locales y a la sociedad civil, que en este momento representamos junto a otras muchas organizaciones, y, por tanto, es un documento de trabajo muy interesante y que hay que visualizar desde una perspectiva amplia.

Una vez que un Estado presenta cuatro informes, internamente se decide que en las observaciones finales se avanzan seis temas urgentes, cosa que hasta ahora no ocurría. Digamos que la filosofía del comité es que todo este documento esté lleno de temas importantes; todos son igual de importantes, pero cuando un país ya ha pasado varios exámenes el comité ofrece una valoración de aquellos que considera urgentes, que son los que en este momento querría comentarles, porque -insisto- no es que sean los prioritarios, no es que sean los más importantes -y así se nos hace saber- pero sí los que ellos


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consideran urgentes. Se insistió mucho en que fue un trabajo duro el del grupo de miembros del comité, que tuvo que seleccionar seis temas urgentes para España -supongo que igual de duro que el de otros tantos otros países-, y creo que es importante que nosotros nos hagamos eco de lo que el comité considera urgente, siempre con la salvedad de que no quiere decir que sean los más importantes sino los que ellos consideran con urgencia. Y estas observaciones finales hay que ligarlas con las anteriores, es decir, el comité lo ve como un proceso, no es que de repente se empiece con un tema nuevo. En 2010 hubo unas observaciones finales, nos preguntaron qué habíamos hecho con ellas y ahora estamos en 2018 con las mismas. Y en las últimas observaciones que ha presentado el comité hay una insistencia en dos cuestiones que destaco antes, aunque no son de las urgentes: una es referida al tema de la inversión -de hecho, viene en primer lugar en estas observaciones finales- y la otra es relativa a que el comité insiste en que no termina de entender bien las autonomías. De manera oficial pero también de modo informal, cuando uno se mueve en el entorno del comité observa que no terminan de entender las explicaciones que damos sobre nuestro funcionamiento y la coordinación autonómica. Esta cuestión es permanente, no terminamos de explicar adecuadamente -quizás tengamos que hacer una labor pedagógica entre todos- cómo funcionan las autonomías a ese nivel del comité.

Y con estas dos salvedades, les diría que la primera urgencia que plantea el comité tiene que ver con los presupuestos. En el punto 9 del documento hay cuatro recomendaciones. Tendrán ustedes tiempo de verlo, pero, por enmarcarlo, se solicita que se adopte un criterio basado en los derechos del niño a la hora de elaborar presupuestos públicos. Esta es una insistencia clara, que se especifiquen asignaciones para los niños, según algunos indicadores y todos los aspectos que ya conocemos. Nos insisten también en que se mejore la transparencia en lo relativo a utilizar recursos asignados a niños, nos indican que se definan partidas presupuestarias dedicadas a niños desfavorecidos o marginados y que se emprendan evaluaciones sobre el impacto de las medidas jurídicas y normativas, temas de los que venimos hablando y que conocemos pero sobre los que el comité nos insiste en ese sentido.

La segunda urgencia tiene que ver con la discriminación, y de manera reiterada nos indican que el Estado debe reforzar las medidas para prevenir y combatir la discriminación contra los niños en todos los sectores de la sociedad y asegurar la plena aplicación de las leyes. Como ustedes saben, la no discriminación es uno de los cuatro principios de la convención. Aunque todos los derechos son igual de importantes, se estableció en algún momento que cuatro de ellos se determinarían como principios de la convención: la no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida y el derecho a expresar su opinión, lo que llamamos participación infantil.

La tercera de las urgencias tiene que ver con las modalidades alternativas de cuidado de los niños. En este sentido, se habla de los niños institucionalizados y nos plantean que se acelere el proceso de desinstitucionalización, a fin de asegurar que la atención en los centros de acogida se utilice como último recurso -un tema que siempre tenemos encima de la mesa-, que se vele por que en todos los casos sea un juez quien adopte o revise las decisiones sobre la separación de la familia, que se asignen recursos humanos, técnicos y financieros adecuados a la promoción de la atención a familias de guarda, que se garanticen condiciones humanas dignas en los restantes centros para niños con dificultades de conducta, y un tema también muy interesante que creo que tenemos que trabajar es el relativo a programas de apoyo para ayudar a los niños en la transición de menores a la edad adulta en todas estas modalidades de protección.

La cuarta urgencia tiene que ver con la protección social, y en este sentido se indica un tema que está presente entre los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Se simplifican los procedimientos para que las familias con niños en situaciones vulnerables tengan acceso rápido a la protección social, aumenta el número de funcionarios encargados de tramitar las solicitudes de prestaciones -como pueden ver, son cuestiones muy concretas y directas-, un incremento de las inversiones públicas de modo que guarden correspondencia con el volumen efectivo de solicitudes, mejora de los servicios básicos y de vivienda y se habla también de las familias que se enfrentan al desahucio por dificultades financieras. Estas son cuatro observaciones enmarcadas en esta urgencia sobre la protección social que plantea el comité.

La quinta urgencia tiene que ver con la educación, y está en el punto 40 de estas observaciones finales. Igualmente, hace mención de los objetivos de desarrollo sostenible, garantizar el acceso a la enseñanza obligatoria de buena calidad para todos los niños, lo que incluye sufragar los costes indirectos conexos, o reforzar medidas encaminadas a aumentar en todas las comunidades el acceso a plazas escolares, es decir, va aterrizando sobre una serie de cuestiones, y estas son las observaciones que nos hace el comité.


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La sexta urgencia tiene que ver con dos cuestiones: los niños en contexto de emigración y los menores no acompañados -punto 45-. No les voy a leer todas, ustedes tienen la oportunidad, pero, en cuanto a los niños en contexto de emigración, figura agilizar la aprobación de un decreto actualizado de la aplicación de la Ley de asilo que tenga que ver con los menores o desarrollar mecanismos eficaces para atender a las denuncias de los menores no acompañados, y, en cuanto a la segunda, asegurar en todo el territorio la protección jurídica efectiva de los niños no acompañados, velar por que se aplique el principio de no devolución y tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial.

En estas urgencias no viene un tema que para Plataforma de Infancia y muchas de las organizaciones que la conformamos es una prioridad -por eso no lo he mencionado antes- y quería dejar un pequeño espacio en esta presentación para él, que es el referido a la violencia contra los niños y las niñas, que en estos momentos el comité no considera tema urgente, aunque, cuando uno lee las observaciones, efectivamente, lo es. En el primer punto, el comité lamenta la falta de progresos en la aprobación de una ley general sobre la violencia contra los niños. Ya nos lo dijeron en 2010 y volvemos a estar con este mismo tema en 2018 otra vez.

Terminando mi breve presentación, porque casi he cumplido ya con mi tiempo, quiero indicar que es un documento de trabajo denso que para las organizaciones y para la Plataforma de Infancia se convierte en una agenda de trabajo, en una ruta sobre lo que tenemos que hacer. Creo que es muy importante la oportunidad de que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda ofrecernos estas observaciones finales, muy en la línea de lo que hemos dicho, porque ellos no se están inventando nada que nosotros no hayamos expuesto, y que en esa dirección hay que trabajar. Y en cuanto a la disposición de la plataforma que presido, creo que soy el primer presidente que ha tenido la suerte de contar con una Comisión de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, con la que tan buenas relaciones tenemos y con la que desde ya nos ofrecemos a seguir colaborando, porque es parte de nuestro trabajo, y la misma convención nos dice que somos corresponsables. El Estado es el que tiene que garantizar los derechos de los niños y las niñas, pero nuestra responsabilidad compartida nos pone en disposición de colaborar con ustedes y de trabajar conjuntamente, porque tenemos aquí asuntos muy importantes que tratar, y algunos, como hemos visto, con carácter de urgencia.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señor Lacuesta, por su gran intervención y por todo el trabajo a favor de la infancia.

Acto seguido intervienen por un tiempo de cinco minutos los grupos parlamentarios, comenzando por la solicitante, la señora Ferrer, del Grupo Socialista, quien tiene la palabra.

La señora FERRER TESORO: Gracias, señora vicepresidenta, y bienvenida a esta Comisión.

Señor Lacuesta, bienvenido y gracias por estar aquí. La verdad es que siempre que se llama a la plataforma tenemos la suerte de contar con ustedes. Al pedir su comparecencia, el Grupo Socialista ha tenido en cuenta que son una voz solvente y que apoyan a muchas entidades sin ánimo de lucro. Por eso, quiénes mejor que ustedes para que nos informaran sobre las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño.

Entrando ya en materia -con la limitación de tiempo que tenemos-, usted ha explicado bien y ha puesto sobre la mesa los puntos más importantes por los que el comité está especialmente preocupado. En nuestra opinión, el informe ha venido a constatar lo que ya sabíamos; que hace falta política, que hacen falta estrategias, pero sobre todo que hace falta inversión. De los seis temas urgentes incluidos en estas observaciones finales que se han transmitido a España, cuatro de ellos están relacionados con los recursos; la asignación presupuestaria, el nivel de vida en la familia, el ámbito familiar y la educación, que preocupan seriamente al comité. A ellos hay que sumar la no discriminación y la situación de los niños solicitantes de asilo y de los menores extranjeros no acompañados. El informe también pone sobre la mesa algo que hemos denunciado en esta Comisión y que ustedes, las entidades, también han reclamado, ya que la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que el comité en principio da por buena y aplaude, sin embargo, al establecer de una manera explícita que no se pueden aumentar los recursos, se queda completamente corta y con poca validez en la realidad. Por tanto, es importante que la asignación presupuestaria quede reflejada en los Presupuestos Generales del Estado, pero desgraciadamente hemos tenido ocasión de volver a ver cómo este tema no es prioritario para este Gobierno al no haber aumentado los recursos, cuando consideramos que la inversión es esencial porque en ella se basa cualquiera de los temas que trata el informe.


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El comité también se refiere al nivel de vida y señala textualmente que está seriamente preocupado porque ha aumentado la exclusión social, la pobreza y la desigualdad; se debe invertir más en medidas de protección social, ya que estamos por debajo de la media europea. Como he dicho al inicio de mi intervención, se refiere a aspectos que ya denunciamos aquí, que denuncian ustedes y que también denuncia mi grupo parlamentario. Esta crisis ha tenido un impacto negativo precisamente en los que peor lo están pasando, es decir, en los menores, y además con una cobertura insuficiente. En cuanto al ámbito familiar, el comité está seriamente preocupado por la insuficiencia de recursos. Como usted ha dicho, en el informe se pone de relieve que en los centros de atención ahora mismo prima el aspecto residencial frente al familiar y hay un respaldo inadecuado en la transición de la vida de niños a adultos, algo que también echamos en falta. Además, aboga por el desarrollo del reglamento sobre adopción internacional y por fomentar el acogimiento, algo que nos parece interesante.

En cuanto a educación, el comité vuelve a decir que está preocupado por la baja inversión en este ámbito y, sobre todo, por la desigualdad, como usted decía, derivada de la autonomía y las competencias de las comunidades autónomas y la distinta asignación de recursos; la gratuidad de los libros de texto, el aula matinal, los comedores, etcétera. El comité también hace referencia al bullying o acoso que sufren especialmente las personas más vulnerables, con discapacidad, por su orientación sexual o razones de género. Otra de sus preocupaciones es la discriminación que sufren los niños basada en su origen, estatus social y económico, y aboga porque se hagan campañas públicas y el mayor refuerzo de la educación pública. Creemos que este también es un punto esencial. Otra de sus observaciones se refiere a los niños solicitantes de asilo y a los menores extranjeros no acompañados. Cita de manera concreta a Ceuta y Melilla, una situación que todos conocemos; critica, como ustedes y nosotros, el protocolo de determinación de la edad y promueve su revisión. Y por último, trata otra serie de cuestiones más por encima como la trata, la justicia juvenil o la violencia, que nosotros, como usted, pensamos que debería ser un tema prioritario y es necesario aprobar ya esa ley que nos han dicho varias veces que va a salir, esperemos que sea lo antes posible.

Como resumen, el comité incide de manera contundente en la necesidad de adoptar criterios basados en los derechos del niño para elaborar los presupuestos relacionados con los temas de menores. Para finalizar quisiera hacerle varias preguntas, en primer lugar, desde su punto de vista, con su experiencia y años de trayectoria con los menores, ¿cuáles serían sus recomendaciones para plasmar estas observaciones en el Estado español? ¿Cree que se puede hacer solo con voluntad política o considera necesario, como hemos hablado en otras ocasiones, un pacto de Estado o como lo queramos llamar? Me gustaría que nos dijese, desde el punto de vista de la plataforma, qué considera que hay que hacer para que esto sea efectivo.

Gracias y perdón si me he pasado en el tiempo.

La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Gracias, señora Ferrer.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Millán.

La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias, señora presidenta, bienvenida.

Gracias, don Adolfo Lacuesta, por estar hoy en esta Comisión y explicarnos el resultado del examen del Estado ante el Comité de los Derechos del Niño. La inversión en la infancia, la erradicación de la violencia contra la infancia y los menores extranjeros no acompañados son las grandes preocupaciones del Comité de los Derechos del Niño, pero también son las preocupaciones de nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos. En el último informe dicho comité establece una serie de temáticas concretas en las que nosotros también consideramos que sería importante seguir trabajando, con el fin de mejorar la protección de los derechos de los menores. En materia de legislación, el comité reitera que el Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que la legislación y las normas administrativas de todas las comunidades autónomas se ajusten plenamente a los principios y disposiciones de la convención y de los dos protocolos facultativos. Es preciso, por tanto, que desde el ministerio se inste a las consejerías de servicios sociales para responder a esta necesidad. También recomienda que el Gobierno asegure que la legislación regional sea acorde con los marcos jurídicos nacionales relacionados con los derechos del niño, que vele por su aplicación, que sea homogénea, que garantice recursos humanos, técnicos y financieros adecuados y que sean suficientes.

Por otra parte, el comité también arroja una serie de críticas y recomendaciones de cara a los próximos planes estratégicos nacionales de infancia y adolescencia. Solicita agilizar la formulación de una política integral y una estrategia armonizada, velar porque la política y la estrategia tengan sus fundamentos en


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los derechos del niño, y que en la estrategia anualizada se incluyan unos objetivos o metas específicos sujetos a unos plazos establecidos. Por otro lado, el comité está seriamente preocupado por el hecho de que las inversiones en la infancia realizadas por el Estado no hayan alcanzado el nivel suficiente para compensar el impacto negativo de la crisis económica de 2008, que ha producido un aumento de la pobreza y la desigualdad social. También le preocupa el efecto negativo de las reducciones en la inversión pública para la aplicación de la convención, en particular respecto a los niños desfavorecidos, incluidos los niños de familias de bajos ingresos y principalmente en las esferas de educación, salud, vivienda y protección social. De la misma manera le preocupa que tanto a nivel nacional como de las comunidades autónomas no se realice un análisis presupuestario con vista a la correcta determinación, seguimiento y protección de los recursos necesarios para hacer efectivos los derechos de los niños. Finalmente, otra de las numerosas observaciones en las que estamos interesados es la falta de avances o progreso en la aprobación de una ley para erradicar la violencia contra los niños. En este sentido, esperamos que el Gobierno apruebe el proyecto de ley antes de que finalice el mes de septiembre, tal y como se comprometió el año pasado, cuando todos los grupos parlamentarios que estamos aquí presentamos y aprobamos una proposición no de ley al respecto.

Dicho esto, me gustaría formularle un par de preguntas. En primer lugar, si tiene constancia y alguna información sobre cómo se han acogido estas recomendaciones por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. En segundo lugar, de las seis recomendaciones urgentes que hace el comité a España, me gustaría que nos dijese las dos -por lo menos un par- que a su juicio son prioritarias. En tercer lugar, si dispone de alguna información que nos pueda garantizar que el proyecto de ley orgánica para erradicar la violencia infantil se vaya a aprobar por el Consejo de Ministros en la fecha prometida por el Gobierno. Por último, en relación con las críticas vertidas sobre las pruebas de edad de los menores no acompañados, ¿ha hablado con algún responsable del Gobierno al respecto? Y si es el caso, me gustaría saber qué es lo que le ha trasladado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora Millán.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Puig.

La señora GARCÍA PUIG: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Muchísimas gracias al presidente de la Plataforma de Infancia por estar hoy aquí. La verdad es que cuando estuvimos en Ginebra comentamos lo útil que sería presentar este informe ante la Comisión y, además, hacer un seguimiento. Espero que encontremos algún mecanismo para ir realizando un seguimiento de los diferentes aspectos que marca el informe. Un informe que a nuestro grupo le parece preocupante, sobre todo a la luz de los presupuestos que van a ser aprobados en esta Cámara ya que, como bien ha indicado usted, el comité ha mostrado una seria preocupación por las inversiones en temas de infancia por parte del Estado que, después de los recortes provocados por la crisis económica que empezó en 2008, no se han recuperado. Preocupa particularmente la situación de los niños desfavorecidos o marginados en esferas tan importantes y tan esenciales como la educación, la salud, la vivienda y la protección social en general. El informe habla en concreto de los niños y niñas romaníes que son motivo de preocupación para el comité. En este sentido y a la luz del proyecto de ley de presupuestos que se ha presentado en esta Cámara, querría saber cuál es la opinión de la plataforma y qué medidas cree que son ineludibles y urgentes para abordar los problemas y la preocupación que muestra el comité respecto a la falta de presupuesto, y cómo afecta a los niños y niñas en situación de marginación, en concreto a los niños y niñas migrantes o a la comunidad romaní.

Una de las cosas que siempre hemos dicho desde esta Comisión y en la que todos los grupos parlamentarios hemos estado de acuerdo es la importancia de la participación infantil. Es una preocupación compartida con el comité, que recomienda intensificar la labor para promover el respeto a las opiniones del niño. Incluso afirma que el Estado debería poner las condiciones para que se produzca un empoderamiento, y ahí de nuevo hace especial énfasis en los niños y niñas que puedan estar en situación de marginación o en situaciones desfavorables. En concreto, ¿qué medidas cree que puede adoptar el Gobierno para impulsar este empoderamiento infantil? Como usted decía, las observaciones no solo hacen referencia al Gobierno del Estado, sino a todos los estamentos, incluso serían aplicables a todos y todas como sociedad. En este sentido, quiero preguntarle qué puede hacer esta Comisión, que ya ha empezado a hacer algunas labores para potenciar la participación infantil, pero estoy convencida de que


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hay muchísimas cosas que podemos pensar y hacer juntos para encontrar un mecanismo que haga posible que esta Comisión cumpla también con las recomendaciones del comité respecto a la participación infantil.

Trataré de abordar temas que no han tratado las portavoces que me han precedido, y el informe habla en concreto de la situación de los niños y las niñas intersexuales. El comité recomienda que el Estado prohíba la aplicación de tratamientos médicos o quirúrgicos innecesarios en el caso de niños intersexuales. Nuestro grupo considera -y quería saber su opinión al respecto- que es muy complicado abordar este tema sin la suficiente formación del personal médico. Uno de los mayores problemas que encontramos ahora mismo es esta falta de formación en el tema de la intersexualidad por parte del estamento médico. Y sobre otros temas que son objeto de estas recomendaciones como, por ejemplo, el bullying escolar o el ciberacoso, quería preguntarle si la plataforma tiene conocimiento del proyecto de ley LGTBI que está ya en trámite de ponencia aquí en el Congreso, y que trata específicamente de materias que afectan a los niños y las niñas, por ejemplo, la intersexualidad y la prohibición de las operaciones, pero también el bullying escolar por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, y la situación de los menores y las menores trans. Aquí me gustaría hacer referencia a lo que hemos vivido recientemente con el suicidio de Ekai, un menor trans en el País Vasco, y hace apenas unos días también conocíamos el suicidio de una chica trans de diecisiete años. Quería preguntarle si cree la plataforma que estos suicidios pueden considerarse víctimas de la violencia social, incluso institucional, que sufren los menores y las menores trans; qué opinión le merece este proyecto de ley LGTBI y si cree que la debemos tramitar con urgencia. No me extiendo más porque creo que ya he agotado mi tiempo.

La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora García Puig.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arriba.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia hoy aquí del presidente de la Plataforma de Infancia en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, como usted ha dicho, una Comisión pionera en la que se plantean los retos que afectan al bienestar de la infancia y adolescencia de nuestro país, y que persigue ese impulso de políticas específicas de protección de los menores de edad. Quisiera entrar de lleno en el asunto que nos ocupa esta mañana. Tal y como se ha manifestado hace un momento, sabemos que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas examinó a nuestro país el pasado mes de enero y, aunque algunos han hablado de preocupación, yo también quiero poner en valor la ocupación, el trabajo desarrollado por el Gobierno en este ámbito. Hay que reconocer que este órgano valoró positivamente los avances realizados por España durante estos últimos años porque, señorías, coincidimos con ustedes en que es necesario seguir implementando políticas que garanticen el bienestar de la infancia en nuestro país, cierto, pero también es cierto y de justicia reconocer, a mi modo de ver, que se han dado pasos en la buena dirección. Pasos como la reforma del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que se materializó con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015 y de la Ley ordinaria 26/2015, dos normas que convirtieron a España en el primer país en incorporar la defensa del interés del menor como principio interpretativo de derecho sustantivo y como norma de procedimiento, reconociendo su derecho no solo a ser oídos, sino también a que su voz sea escuchada. Además, estas dos leyes supusieron una modificación de un total de veinte textos legales y un importante avance en nuestro sistema de protección. Se ha valorado también favorablemente la reforma del Código Civil en la que se eleva la edad mínima para contraer matrimonio, la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales o el desarrollo del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil, entre otras medidas.

Señor Lacuesta, para el Grupo Parlamentario Popular la familia es el pilar más sólido sobre el que se asienta la sociedad. En momentos de profunda crisis como la que hemos vivido años atrás, la familia ha demostrado ser una fuente de solidaridad que desarrolla una inestimable labor de cohesión social. Por todo ello, la protección de la familia y la infancia ha sido y es un eje fundamental de nuestra política. A las medidas que acabo de citar hay que sumar otras como la puesta en marcha del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, dotado con 5159 millones de euros. La pobreza infantil es el objetivo transversal en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016. El Gobierno distribuyó a las comunidades autónomas, por primera vez en 2014, un fondo de 17 millones de euros para programas de urgencia social dirigidos a familias con dificultades; un fondo destinado al desarrollo de prestaciones sociales básicas, que unificando alcanzará una dotación de cien millones de euros para el ejercicio


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de 2018. Se aprobó el Plan Integral de Apoyo a la Familia y han sido numerosas las actuaciones en el ámbito educativo, sanitario, de servicios sociales, además de acciones específicas en materia de sensibilización, prevención y formación, que no voy a enumerar por falta de tiempo, pero que demuestran que, al contrario de lo que algunos opinan, en la agenda política de nuestro Gobierno la protección, la participación y la promoción de nuestros menores continúan siendo objetivos prioritarios.

Esto es lo que se ha hecho, pero se sigue haciendo porque somos conocedores de que en la actualidad está en fase de elaboración el III plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, y se está trabajando en el borrador de la ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Además, deseamos que desde el diálogo y el acuerdo de todos esta sea una ley de consenso que, sin duda, supondrá un avance en el refuerzo de los mecanismos de alerta frente a la violencia contra los niños y las niñas. También se está trabajando en los trámites finales del reglamento de adopción de internacional que están muy avanzados y, concretamente, en el caso del acogimiento familiar ya se han puesto en marcha distintas campañas que lo promueven. Además, sabemos que la futura estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza 2018-2020 contemplará como objetivo transversal la reducción de la pobreza infantil siguiendo la recomendación europea: invertir en la infancia, romper el ciclo de las desventajas. Es en este campo donde debemos aunar esfuerzos para conseguir mejorar las cifras de tasas de riesgo de pobreza, muy cercanas a las de 2011, y revertir esta situación, como apuntan los indicadores del índice de progreso social 2017.

Por otro lado, se ha hablado de que tenemos por delante una gran oportunidad con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, se ha hablado de inversiones y aquí es donde se habla de recursos. Se contemplan nuevas medidas fiscales a favor de las familias que incluyen ayudas a la natalidad, ayudas de guardería, se amplían los actuales cheques familiares; se favorecen las rentas bajas y medias con una rebaja impositiva en el IRPF dirigidas sobre todo a las familias y personas con peores rentas, se rebaja el impuesto para los salarios brutos entre 14 000 y 18 000 euros; y también hay que destacar que el Gobierno ha venido incrementando desde el año 2013 el presupuesto para el sistema de becas y ayudas al estudio hasta llegar a los 1450 millones de euros en 2018, la cifra más alta de la serie histórica, un incremento de 282 millones de euros desde el año 2011. Se ha recuperado el Programa de gratuidad de libros de texto con 50 millones de euros. Hay un Programa de refuerzo educativo para la lucha contra el fracaso escolar dirigido a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, con el objetivo de trabajar por una educación inclusiva. Hay una relevante partida presupuestaria que se destina a centros que escolarizan a alumnado en situación de desventaja socioeducativa y, prioritariamente, a aquellos centros que atienden a alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en situaciones sociales desfavorecidas y a población itinerante. Estas son algunas medidas y hay otras muchas cuestiones de las que por falta de tiempo no voy a hablar y, además, porque alguna de ellas se va a tratar posteriormente en la segunda comparecencia.

Por tanto, vuelvo a reconocer que queda mucho trabajo por hacer, somos conscientes de ello, así como de la necesidad de impulsar y priorizar la protección de los niños, niñas y adolescentes; una prioridad y a la vez un deber compartido de todas las administraciones, Administración central, Administración autonómica y entes locales, con toda nuestra sociedad. El esfuerzo y el trabajo conjunto, el consenso político y el consenso territorial en el abordaje de la necesaria protección de nuestra infancia será fundamental para construir un país más justo; en definitiva, para construir un futuro mejor para los niños y las niñas y para el conjunto de nuestra sociedad. Las recomendaciones del documento del Comité de los Derechos del Niño son una oportunidad, una herramienta, un documento de trabajo para mejorar el presente y el futuro de nuestros menores. Agradecemos su presencia aquí, con nuestro compromiso de trabajo para la protección de nuestra infancia y adolescencia. Y sí quiero preguntarle, como han mencionado algunas de sus señorías, cuáles son para usted las políticas prioritarias que se deberían poner en marcha de manera inmediata.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señor De Arriba.

A continuación, toma la palabra para contestar a sus preguntas el señor Lacuesta Antón. Dispone de diez minutos.

El señor LACUESTA ANTÓN (Presidente de la Plataforma de Infancia): Gracias.

Son muchas las cuestiones, intentaré contestar con la información que tenemos en la Plataforma de Infancia. Como resumen, considero estratégicamente muy importante disponer de un documento de


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gran valor encima de la mesa con el sello y el aval de Naciones Unidas, sin duda, fundamental a nivel internacional, y la primera tarea que deberíamos encomendarnos todos, los partidos políticos también y, por supuesto, el Congreso, es la difusión de este documento. Creo que es un documento muy trabajado en base a mucha información que es necesario conocer. Es la primera tarea que tenemos que hacer reconociendo que es un documento muy válido y que, por supuesto, se ha trabajado en línea con la información que hemos ido aportando desde aquí. Es decir, todo lo que expresa Naciones Unidas y el propio comité se basa en la información que les hemos ido ofreciendo, y ellos han sacado sus conclusiones. Desde la Plataforma de Infancia ya hemos promovido alguna iniciativa al respecto, sobre todo en el ámbito autonómico. Este documento también va dirigido a las autonomías, a los Gobiernos locales y, en ese sentido, es importante difundirlo y darlo a conocer porque tiene mucho valor. Además, es un documento que debemos tener en cuenta a medio y largo plazo, es decir, queda encima de la mesa para varios años, y en el marco donde nos encontramos seguramente habrá otros Gobiernos y otras personas que van a tener que ir asumiendo estas recomendaciones. Por tanto, tenemos que verlo como un documento de largo recorrido. La tarea fundamental que toca es ser capaces de tener una agenda donde vayamos priorizando unos temas sobre otros. A mí me resulta difícil porque el comité señala que todos estos temas son importantes, y simplemente nos marca algunas urgencias para que seamos capaces de verlas.

Empezando por la última pregunta, para la plataforma sería un tema prioritario todo aquello que tenga que ver con la inversión en infancia. De hecho, tenemos un pacto de Estado por la infancia encima de la mesa que tiene que ver con la inversión y que retomamos nuevamente con fuerza. La ley integral para erradicar la violencia es algo en lo que venimos trabajando desde hace tiempo. Si tuviéramos que elegir algunos elementos en los que querríamos trabajar en primer lugar, insisto, hay que decir que no podemos olvidarnos de nada porque cualquiera que lea con detenimiento este documento verá que no hay nada que se pueda considerar de segunda línea, todo es importante y todo hay que ponerlo en marcha. Me preguntaban como ha sido acogido este informe por el Gobierno, y debo decir que, en general, como todas las veces que se han hecho este tipo de observaciones finales; con mucho interés -esto no cae en el olvido de nadie- y con ganas de empezar a trabajar. Tenemos una gran agenda, me he permitido ir entresacando los distintos puntos y unas con otras son casi sesenta observaciones, todas muy importantes, y deberíamos tratar de consensuar los primeros temas en los que empezar a trabajar. Insisto, estos documentos siempre se acogen con la importancia que tienen, y es lo que desde la plataforma hemos vivido en las diferentes ocasiones en que ha habido observaciones finales del comité. En cuanto a la ley integral contra la violencia en la infancia, para nosotros ahora mismo como plataforma es una prioridad y estamos apoyando campañas e iniciativas; lo hemos hecho en esta Comisión, también en el Senado, y hay un movimiento importante; incluso nos hemos adherido a una campaña mundial en la que participan las grandes organizaciones internacionales que son miembros de la plataforma y la propia plataforma para reivindicar la necesidad de esta ley. De manera que esto es una prioridad y continuamos trabajando en ello. En cuanto a los MENA, es un problema que nos interesa muy especialmente. En las organizaciones que están dentro de la plataforma no hay ninguna que toque directamente este tema, sin embargo, somos conscientes de que alguna organización que trabaja en esta materia presentó un informe complementario al comité, y estamos en contacto porque nos interesa mucho saber cómo está. Somos conscientes de que el comité da a este tema muchísima importancia. De hecho, en la sesión del mes de enero, de la que hemos hablado en algún momento, tuvimos mucho tiempo para comentar el tema de los menores no acompañados.

En cuanto a la participación infantil, para nosotros es una línea prioritaria y un eje transversal. Estamos trabajando con nuestras entidades apoyando diferentes iniciativas. Celebramos que en esta Comisión hubiera una intervención de niños, niñas y adolescentes, porque para todas las temáticas que estamos comentando sería importantísimo conocer su opinión y contar con ellos a la hora de elaborar diferentes leyes o políticas. En este momento tenemos en marcha un proceso de participación infantil en todo el Estado español. Esperamos que los resultados lleguen pronto y los incorporaremos a esas aportaciones que desde las plataformas se están haciendo al borrador de la ley integral.

La ley LGTBI fue objeto de trabajo en nuestra última asamblea como plataforma y la estuvimos valorando. Estamos interesados en ese tema y, por supuesto, lo apoyamos. A veces la cuestión es priorizar, pero desde luego que nos interesa. Hay un seguimiento permanente de la plataforma de infancia de todos los asuntos de actualidad que tienen que ver con la violencia contra los niños y las niñas.


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En cualquier caso -termino ya, señor presidente-, somos conscientes de la valoración que las propias observaciones hacen del trabajo realizado -creo que quedan claros todos los avances-, pero también tenemos la agenda de lo que tenemos que mejorar y en lo que tendremos que trabajar.

Respondo a la última pregunta que se me ha hecho. Si en este momento tuviéramos que priorizar algo de lo que cuesta mucho trabajo, sería el tema de la inversión, con todos los componentes que tienen estas observaciones finales, porque aparecen muchas de las temáticas, como la inversión, los impactos en infancia, en las políticas, etcétera. Un mensaje claro del comité es que si queremos defender y promover los derechos de los niños y de las niñas no podemos hacerlo sin presupuesto. Eso queda claro cada vez que trabajamos en ello. Por supuesto, vamos a seguir apoyando la ley integral contra la violencia, en la que llevamos tiempo comprometidos, porque ya va siendo tiempo de que vea la luz.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señor Lacuesta. Su interés también es nuestro interés.

Se suspende la sesión unos minutos. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).

- DE LA SEÑORA REYZÁBAL GONZÁLEZ-ALLER (PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN RAÍCES), PARA QUE EXPLIQUE CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS EN LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS Y SUS PROTOCOLOS FACULTATIVOS RESPECTO A LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/000625).

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión.

Damos la bienvenida a Lourdes Reyzábal González-Aller, presidenta de la Fundación Raíces, que comparece para explicarnos cuáles son los principales retos en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos facultativos respecto a los menores extranjeros no acompañados en España.

Tiene la palabra.

La señora REYZÁBAL GONZÁLEZ-ALLER (Presidenta de la Fundación Raíces): Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos estar aquí esta mañana con vosotros. Intentaré trasladaros cuáles son las principales preocupaciones sobre la situación de los menores migrantes no acompañados en España.

Me gustaría, en primer lugar, que todos y todas tuviéramos claro quiénes son los menores migrantes no acompañados. Son esos niños y niñas menores de dieciocho años que salen de sus países de origen por razones de pobreza, de persecución, de guerra, de violaciones de derechos humanos, de desarraigo familiar o social, por situaciones de desamparo y abandono, que padecen situaciones de gran vulnerabilidad, que realizan un viaje migratorio en soledad y que llegan a España sin ningún referente adulto que les acompañe. Buscan un lugar seguro o una oportunidad de vida digna. Son niños y niñas, por tanto, con una triple vulnerabilidad: porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos.

¿Cuál es el marco jurídico de referencia en el que nos movemos en este tema? Voy a hacer un resumen muy rápido, porque tengo poco tiempo. Me gustaría que fuéramos conscientes de que estos niños viven y se encuentran atrapados entre dos lógicas políticas de nuestro país: la lógica de la política de protección a la infancia y la lógica de la política de extranjería. En la lógica de la política de protección a la infancia, debería primar el respeto por la protección de los menores, el respeto a los principios de no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo, el derecho a ser escuchado y el interés superior del menor. Luego está la lógica de las políticas de extranjería, en las que se intenta regular el control de los flujos migratorios y proteger nuestras fronteras.

¿A qué realidad nos estamos enfrentando? A la de unos niños que en ocasiones se encuentran internados en los CIE, centros de internamiento de extranjeros para adultos para ser expulsados o deportados a sus países. Nos estamos enfrentando a la situación de niños y niñas que viven en la calle, en parques, en casas okupas, en los puertos de algunas ciudades. Nos estamos enfrentando a la realidad de niños y niñas que están sufriendo malos tratos y agresiones bajo el supuesto amparo del sistema de protección a la infancia de nuestro país. También nos estamos enfrentando a niños que como consecuencia


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de todo esto desaparecen, lo que hace que en muchas ocasiones les perdamos la pista, o terminan siendo víctimas de explotación.

Me gustaría contaros el caso de una niña de dieciséis años de Camerún, víctima de agresiones e intento de matrimonio forzoso en su país, que salió huyendo, y a su llegada a España, en Barajas, fue identificada por la policía como menor de edad en situación de desamparo, solicitante de asilo y, como tal, fue derivada al sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid. Dos meses después, desde el centro de primera acogida de menores, la menor fue conducida a la Fiscalía de Menores para iniciar el procedimiento de determinación de la edad, y allí fue sometida a un desnudo integral -una niña posible víctima de trata- para determinar su edad con la exploración de sus genitales, y a una radiografía de la muñeca y de la boca en el hospital. A pesar de que esa radiografía dio como resultado que era menor de edad, fue convertida por un decreto de la fiscalía en mayor de edad, siendo por ello expulsada a la calle desde el sistema de protección de la Comunidad de Madrid.

Desde el año 2006, en Fundación Raíces hemos atendido a más de setecientos chicos y chicas, niños y niñas, cuyos derechos, al igual que en el caso anterior, han sido vulnerados por la Administración, habiendo detectado como principales campos de indefensión los siguientes. En primer lugar, el procedimiento de determinación de la edad. Quiero que sepáis que en España, con carácter general, los menores migrantes no acompañados son sometidos a un procedimiento de determinación de la edad que vulnera sus derechos y les deja en situación de indefensión y extrema vulnerabilidad, ante el que tanto el Defensor del Pueblo como el Comité de los Derechos del Niños han mostrado su preocupación. Es un procedimiento que vulnera sistemáticamente la presunción de minoría de edad. No se da validez a la documentación de los menores, a pesar de que sean documentos expedidos por sus embajadas y consulados correspondientes. Se hacen pruebas sistemáticas de edad, a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, clara en esta materia, que prohíbe la realización de pruebas de determinación de la edad a niños y niñas que estén documentados con cualquier documento que sea válido en sus países de origen. Se les exige probar fehacientemente su minoría de edad, cuando es del todo imposible.

En segundo lugar, el procedimiento no tiene garantías, ya que, para empezar, no está sometido al control jurisdiccional, ya que no son los jueces quienes determinan la mayoría o minoría de edad de una persona, sino que está sometido al criterio de la fiscalía, en concreto, de la Fiscalía de Extranjería de este país. Se vulnera el derecho a ser oído. No está prevista la asistencia letrada en nuestro país; a un menor de edad le pueden cambiar la edad y convertirlo en adulto sin asistencia letrada. No se da traslado del expediente ni de las pruebas médicas al menor. Las pruebas son intrusivas e inapropiadas. Se producen desnudos integrales todos los días en las fiscalías de menores de todas las ciudades de nuestro país. Se realizan pruebas radiológicas y estas se repiten según va pasando el niño de una comunidad autónoma a otra. Los informes que emiten los médicos forenses no reflejan la horquilla de edad, que ya ha dicho la comunidad científica que es fundamental, puesto que el margen de error de esas pruebas es enorme. Los procedimientos no están adaptados a los niños.

En tercer lugar, se vulnera también el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento con las debidas garantías, puesto que el decreto que dicta el fiscal no es recurrible directamente y no es revisable de facto. Aunque el decreto de la fiscalía dice que se puede revisar en cuanto aparezca documentación, la realidad es que nunca se revisan los decretos de la fiscalía, a pesar de que aparezcan posteriormente pasaportes o partidas de nacimiento expedidas por los consulados y embajadas correspondientes. Cuando acudimos a la vía judicial, los recursos judiciales internos son inefectivos, puesto que las dilaciones son enormes, no se adoptan las medidas cautelares casi en ningún caso, y en muchas ocasiones se alega lo de la inadecuación de la vía. Al final, los niños y las niñas se quedan esperando años hasta que haya un orden jurisdiccional que dicte una sentencia favorable a sus derechos e intereses. Tenemos varios casos de sentencias en los que el fallo final en la Audiencia Provincial reconoce que el menor lo era cinco años antes, cuando se dictó su decreto de mayoría de edad. Cuando los juzgados dictan esas resoluciones, evidentemente esos niños ya son mayores de edad, porque casi siempre nos movemos en el margen de niños de catorce, quince, dieciséis o diecisiete años.

En cuarto lugar, esto hace que estos niños y niñas se queden en un limbo jurídico y social absoluto, porque a pesar de que se dé validez a la documentación que portan, expedida por las embajadas y consulados correspondientes, la realidad es que esos documentos no son perseguidos judicialmente, no son invalidados judicialmente, puesto que son documentos originales auténticos, y así lo dicen los propios decretos de la fiscalía, expedidos por esas embajadas. Los niños se quedan en la calle, con un pasaporte que dice que son menores de edad, pero con el decreto de un fiscal que les ha hecho mayores de edad.


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Eso hace que los niños no puedan ejercer ningún derecho como menores de edad, pero tampoco ninguno como adultos, puesto que si quisieran trabajar, la documentación válida para el resto de las administraciones es su pasaporte, y ese pasaporte indica que son menores de edad, por lo que solo podrían trabajar si tuvieran un tutor legal, pero no lo tienen porque el fiscal les ha hecho adultos solo a los efectos de expulsarlos del sistema de protección. Esos niños no pueden ser escolarizados, no tienen derecho a la asistencia sanitaria, no pueden ser empadronados, etcétera. Si conseguimos que estén en algún curso de formación, aunque no figuren oficialmente, no pueden realizar actividades como excursiones, no pueden inscribirse en equipos de fútbol de los barrios en los que viven porque se pide la autorización de su representante o tutor legal. Quedan en ese limbo jurídico y social absoluto.

Nuestra propuesta para este tema es que se regule el procedimiento de determinación de la edad de acuerdo con las observaciones finales a España del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la propia proposición no de ley de la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados, aprobada recientemente. Por tanto, reforma de la Ley de Infancia, reforma de la Ley de extranjería y anulación del Protocolo de menores extranjeros no acompañados, garantizando que la competencia para la determinación de la edad recaiga en órganos judiciales y no en el ministerio fiscal. Que si un menor porta cualquier documentación acreditativa de su edad y/o identidad, nunca sea considerado indocumentado para poder realizarle pruebas de determinación de la edad, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En caso de que no aporte ningún documento, y ante la duda de que pueda ser mayor de edad por su apariencia física, si se tiene que iniciar el procedimiento de la determinación de la edad que sea con las debidas garantías, incluyendo especialmente el derecho a ser oído y la asistencia letrada. Que los informes médicos siempre cumplan con los estándares del Instituto de Medicina Legal y aporten la horquilla de edad de más menos dos años y siempre se acojan a la menor edad por ese principio de presunción de minoría de edad e interés superior del menor. Que las pruebas médicas sean respetuosas con los derechos de las personas, quedando prohibidas aquellas que atentan con la dignidad de las mismas, como los desnudos integrales para la exploración de los genitales. Es del todo absurdo pensar que haya diferencia entre los genitales de una niña de dieciséis años y los de una de dieciocho años; no puede ser que se someta a los niños y niñas a desnudos integrales cada día. Que la documentación acreditativa de la identidad de los menores prevalezca siempre sobre el resultado de las pruebas de edad, a no ser que quedan invalidados esos documentos judicialmente. Que mientras no sea el orden jurisdiccional quien tenga la competencia y siga estando la determinación de la edad en manos del ministerio fiscal, que esa actuación de la fiscalía pueda ser supervisada con grabación de las comparecencias, con traslado de copia del expediente de determinación de la edad al menor que va a ser sometido a pruebas de edad y a su abogado, si lo tuviera. Que los decretos de edad puedan ser recurribles directamente y que se establezca un plazo máximo de tres días para la adopción de medidas cautelares en los juzgados.

Otro de los campos de indefensión es la violencia que hemos detectado y conocido en los últimos años hacia los niños y niñas en los centros de protección. Son muchos los testimonios de niños y niñas tutelados, residentes en centros de protección, que relatan haber estado en condiciones de aislamiento y hacinamiento, así como haber sufrido maltrato psicológico y físico por parte del personal de los centros, vigilantes y educadores. Son varias las denuncias que Fundación Raíces se ha visto obligada a presentar en los juzgados de lo penal en un intento de defender y parar esos abusos y violaciones de derechos que se están cometiendo en los centros de protección a la infancia. No existen protocolos para evitar esas posibles agresiones en los centros; no existen protocolos para que los niños puedan denunciar esos posibles malos tratos y agresiones. Y eso de que no existen los protocolos no lo decimos nosotros, sino que se lo ha dicho la propia Administración al Defensor del Pueblo.

Los presuntos delitos, cuando son cometidos y los niños quieren denunciar, no son investigados por la propia Administración. Siempre se niega la mayor, siempre son los niños los que mienten. Nosotros proponemos establecer la obligatoriedad de implantar sistemas de prevención, detección, denuncia, intervención y reparación de cualquier situación de violencia en los centros de protección y reforma que contemplen mecanismos de denuncia accesibles a los niños ante cualquier situación de violencia que sufran por parte del personal de los centros, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de estos niños.

Otro de los campos de indefensión que hemos detectado es el de las autorizaciones de residencia y trabajo. Muchos menores migrantes cuando llegan a la mayoría de edad, a pesar de que la Ley de extranjería es clara en esta materia y concede la residencia legal a todos los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Administración Pública, salen del sistema de protección sin que se hayan


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tramitado sus permisos de residencia. Otro de los temas que nos preocupa mucho es que cuando están en edad laboral, o sea, dieciséis años, el permiso de residencia que se les otorga especifica que no autoriza a trabajar. No puede ser que los niños españoles puedan trabajar a partir de los dieciséis años con la autorización de su representante legal y que los menores migrantes no tengan la misma condición. Incluso cuando llegan a los dieciocho años y abandonan el sistema de protección y se ven abocados a sobrevivir por sí mismos, los permisos de residencia con los que salen del sistema de protección especifican que no autorizan a trabajar. No podemos pensar en una integración de los migrantes, de los niños que han estado bajo el sistema de protección durante años si no les dotamos de unas mínimas condiciones de igualdad, como es, por lo menos, el hecho de que puedan tener permiso para trabajar. No se tramitan las cédulas de inscripción -es otro problema que nos preocupa muchísimo- a niños y niñas refugiados que no pueden obtener sus pasaportes, que no pueden dirigirse a sus embajadas y consulados para tramitar los pasaportes. Con las cédulas de inscripción podrían solicitar sus permisos de residencia.

Nuestra propuesta en este tema es reformar el artículo 35 de la Ley de extranjería para que la concesión de los permisos de residencia sea automática en el momento de la declaración de desamparo. No se puede esperar a que lleven los nueve meses que se malinterpretan en la ley para poder iniciar el trámite de la concesión del permiso de residencia. Se debería incluir en el reglamento de la Ley de extranjería la obligatoriedad de que el ministerio fiscal garantice que todos los menores tutelados alcanzan la mayoría de edad provistos de una autorización de residencia y trabajo a la que tienen derecho por ley, o incluso la nacionalidad española. No se nos puede olvidar que la ley dice que los menores extranjeros no acompañados que estén tutelados dos años en el sistema de protección tienen derecho a solicitar la nacionalidad española. En los veinte años que llevo en la Fundación Raíces no hemos conocido ni un caso, y hemos atendido a más de setecientos niños tutelados por la Administración, en el que la Administración haya instado la obtención de la nacionalidad a la que tienen derecho. Nos gustaría instar al Gobierno al cumplimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo en materia de concesión de permisos de residencia y trabajo.

El último campo de indefensión es el del incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño en procedimientos de comunicaciones individuales. En la medida en la que España ha ratificado el III Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a las comunicaciones individuales, reconoce la competencia del comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen violaciones de los derechos del niño enunciados en la convención. Las medidas provisionales que se adopten en el marco de esas comunicaciones individuales son fundamentales si queremos que el comité pueda realizar su trabajo. España ha asumido el compromiso implícito de cooperar de buena fe para que el comité pueda llevar a cabo su labor, sin embargo, Fundación Raíces ha presentado nueve comunicaciones individuales ante el Comité de los Derechos del Niño sobre casos de menores extranjeros no acompañados en España. De dichas comunicaciones, el comité acordó en ocho de los casos medidas cautelares e instó al Gobierno a adoptar dichas medidas en aras de proteger el interés superior del menor y que esos niños y niñas no quedaran en situación de desamparo. En ninguno de los casos el Gobierno ha adoptado ninguna de esas medidas. En todos los casos estamos hablando de niños que se encuentran en una situación muy vulnerable. La presunción de minoría de edad y el principio del interés superior del menor deberían ser una consideración primordial por encima de cualquier otra, de acuerdo con la legislación nacional e internacional. El derecho y la jurisprudencia internacionales afirman que el incumplimiento de las medidas provisionales por cualquier Estado parte implica un incumplimiento de las obligaciones jurídicas de los tratados internacionales y del compromiso de cooperar en el marco del procedimiento de comunicaciones individuales. El carácter vinculante de las medidas provisionales ha sido reafirmado, además, por el Comité de Derechos Humanos en su observación general, donde señala que el incumplimiento de esas medidas provisionales es incompatible con la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de comunicación individual establecido en virtud del protocolo facultativo. España, que es miembro del Consejo de Derechos Humanos y uno de los primeros Estados en ratificar el Protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, ha manifestado expresamente su voluntad firme en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, es evidente la falta de compromiso que presenta el Reino de España al respecto, pues no está cumpliendo con lo solicitado por el Comité de Naciones Unidas. Como consecuencia directa de la nueva opción de esas medidas cautelares los ocho casos que nosotros hemos trasladado al comité, esos niños han desaparecido y actualmente no sabemos dónde se encuentran y en qué circunstancias. Es importante tener en cuenta que en su último informe el Defensor


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del Pueblo ha manifestado su preocupación por esta cuestión y considera que el incumplimiento de dichas medidas cautelares contravienen las obligaciones internacionales suscritas por España como parte de la Convención de los Derechos del Niño y del citado protocolo. En este sentido nuestra propuesta es instar al Gobierno al cumplimiento inmediato de las medidas provisionales solicitadas por el Comité de los Derechos del Niño en los procedimientos abiertos ante el comité. Instamos a la comparecencia en sede parlamentaria de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y del fiscal general del Estado para explicar su actuación con respecto a las medidas provisionales solicitadas por el Comité de los Derechos del Niño. En todos los casos estamos hablando de niños y niñas que se encuentran en una situación muy vulnerable en los que la presunción de minoría de edad y el principio de interés superior del menor deben ser una consideración primordial que debería primar sobre cualquier otra condición que es justo su condición de menor de edad. Nuestros distintos Gobiernos se han tenido que enfrentar siempre a sus dos lógicas enfrentadas. Hoy sigue siendo un reto. Conjugar las políticas con nuestro ordenamiento jurídico nacional en el marco del internacional y en concreto en el de la Convención de los Derechos del Niño. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Intervienen ahora los grupos parlamentarios, empezando por la portavoz del grupo parlamentario que ha solicitado la comparecencia, la señora De la Concha, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Buenos días, muchísimas gracias por su exposición. Estamos en este extrañísimo país que ha conseguido expulsar a cantidad de jóvenes, cantidad de niños y niñas que se han educado en este país y no han encontrado trabajo, que se quejan constantemente de que no tenemos niños de que las pensiones serán un problema y que trata de esta forma que usted acaba de describir a otros niños que nos llegan que deberían de ser como un regalo, que se deberían recibir con los brazos abiertos. Usted cuenta cosas que parecen increíbles, porque si fueran una excepción, una cosa que pasó un día, pero esto es la norma. Está hablando de niños de críos que se tienen que ir a dormir al banco de un parque, está hablando de niños y niñas que son desnudados de aquella manera para identificarles a pesar de que muchos de ellos tienen documentos que ya especifican su edad, que se quedan en estas situaciones kafkianas entre lo que dicen sus papeles y lo que dice la fiscalía. Esta situación kafkiana de nuevo entre un país que dice los derechos del niño, pero a la vez tiene una Ley de extranjería llena de fallos y de aristas que luego cortan. No sabe uno casi qué decir. Aquí se aprobó una proposición no de ley. Las proposiciones no de ley sabemos que quedan completamente al criterio del Gobierno leerlas, no leerlas, ponerlas en práctica o no. Se debería elaborar un protocolo claro de líneas de actuación desde que un menor entra en el país y qué es lo que hay que hacer y que tendríamos que defenderlo entre asociaciones como ustedes, partidos como el nuestro y otros, sin parar, porque a mí me duele vivir en un país que vulnera los derechos humanos y en este caso los derechos de los niños y las niñas constantemente.

El tema de la identificación y la documentación nos parecen importantísimos. Usted ha explicado la situación actual. El procedimiento de determinación de la edad. Este tema que les puedan hacer una radiografía de muñeca y al mes siguiente en otra comunidad otra, con el margen de error que eso conlleva. La cuestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros no solamente relacionados con los menores son un tema constante de sospecha de vulneración de derechos. El tema de la autorización de residencia y de trabajo. Creo que su exposición ha sido bastante detallada. Tenemos además dos muertos recientes en centros de menores, en una de ellas el Defensor del Pueblo decía que veía cierta rudeza en la contención del menor de edad muerto en el centro. Son todo cuestiones muy tremendas. Ustedes lo tienen muy trabajado. Les pediría si tienen una especie de protocolo concreto de actuación que se podría proponer desde la llegada de un menor hasta su nacionalidad española o su búsqueda de trabajo o lo que fuera.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Interviene ahora por el Grupo de Ciudadanos, el señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señora Reyzábal, por esta exposición que ha hecho concisa, clara, contundente, e incluso amarga en muchos de los episodios que ha relatado usted.


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Quiero reconocerle la labor de su organización y todo el trabajo que llevan acumulando un montón de años en defensa de los menores no acompañados, en trabajar porque acaben siendo incluidos en el país que les recibe y coincido con lo que decía mi colega de Podemos, esto se puede tratar como un problema o como una oportunidad. En un país que envejece que además necesitamos manos de obra podríamos ser hasta inteligentemente egoístas y poder utilizar toda esta capacidad que traen estos chavales aquí a nuestro país.

Me ha removido lo que ha contado usted de la determinación de la edad. Me ha removido el caso que ha dado usted de esta menor, creo que dijo que era de Camerún, y que sean los criterios de la fiscalía los que a veces casi sentencian de mayor de edad a personas que no lo son. Ha dado usted algún dato que habían sido declaradas personas mayores de edad y que luego con el paso del tiempo se había demostrado que eran menores de edad cuando se les obligó a ser mayores de edad. No sé si usted tiene un dato más o no, imagino que será complicado de saber cuántas veces ha podido ocurrir eso y si lo tiene me gustaría que nos lo diera. Los documentos, permítame que le haga la pregunta en pasiva, ¿por qué cree usted que a veces el Gobierno o la fiscalía no dan validez a los documentos de ciertos países? No sé si hay falta de credibilidad ante esos Gobiernos. Pero me gustaría que usted que lo conoce de primera mano me lo explicara un poco más. Si es verdad que cuando un menor entra en España y es declarado como tal, es cierto que hay una ausencia de asistencia de letrados tan bestial como usted nos está contando, que pasan de los niños sin más. Porque me parece realmente grave que a un menor no se le atienda. Con las violaciones y abusos que ha declarado usted que ocurren en ciertos CIE, nosotros le hicimos a finales de febrero una pregunta al Gobierno sobre cuánto dinero se había aportado a los CIE. El Gobierno nos respondió que en 2017 se le habían dado 6,5 millones de euros a los CIE de Ceuta y de Melilla para mejorar la asistencia a los MENA. Evidentemente deberé de creer este dato, pero si usted conoce evidentemente esos CIE que sí los conoce, ha notado alguna mejoría. Porque a veces destinar dinero no es suficiente, sino hay que destinar dinero y que ese dinero cumpla el objetivo para el que se destinó. A veces el Gobierno muchas veces con números intenta tapar las vergüenzas de no acabar haciendo realmente lo que tendría que hacer. No me queda más que preguntarle. De nuevo agradecerle su intervención por clara, por concisa y por contundente. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Interviene ahora por el Grupo Socialista, la señora Galovart.

La señora GALOVART CARRERA: Gracias, presidenta.

Agradezco a la Fundación Raíces por su hermética lucha social y judicial, al mismo tiempo calvario judicial, en defensa de los niños y niñas no acompañados puesto de manifiesto en su informe solo por estar solo y en el documento que nos presentaron en este acto. Gracias también por su espléndida intervención.

Señorías, como ha dicho la ponente, en la situación de los MENA existen dos posiciones enfrentadas, la que prima el control de los flujos migratorios y la que prima la protección de los niños. El sistema de protección de menores nace de las obligaciones suscritas por España tras la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y se basa también, como ha dicho la ponente, en cuatro principios: el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y al desarrollo, el derecho a ser escuchado y la consideración primordial y el interés superior del niño. En este contexto y tras el examen de la regulación de los derechos de los MENA se puede concluir que al mismo tiempo que en todos los foros se programan esos cuatro principios se establecen procedimientos que los vacían de contenido. La no aplicación de la convención tiene lugar, como examinaremos a continuación, entre otras regulaciones en el procedimiento determinación de la edad de los MENA. El Comité de los Derechos del Niño en su observación general sexta establece que la primera medida de protección a adoptar con estos menores es la determinación de su condición. En ese mismo sentido se pronuncia también el Defensor del Pueblo en su informe monográfico Menores o adultos, procedimiento para la determinación de la edad. Recuerda el comité que para que esa determinación constituya una medida de protección real para los menores ha de llevarse a cabo con criterios científicos, imparciales, seguros, atendiéndose al interés del menor y a consideraciones de género, evitando todo riesgo de violación de su integridad física y dignidad humana y, en caso de duda, otorgar al individuo el beneficio de la minoría de edad. En cualquier supuesto reitera el comité el interesado debe tener acceso a un recurso efectivo para oponerse a la decisión que se adopte sobre su edad y en tal supuesto que resulte un menor que se le trate como tal. Así las cosas a la luz de los mencionados presupuestos del comité resulta que la normativa española


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sobre el procedimiento para la determinación de la edad constituye un elemento más de control de los flujos migratorios devaluando la condición del menor frente a la del extranjero. Se trata de una normativa que a falta de un procedimiento con garantías y por falta de control jurisdiccional impide que los menores accedan al sistema de protección de menores y a los derechos previstos para ellos en la legislación de extranjería.

De lo expuesto resulta que el reto objeto de esta comparecencia es situar en el centro del procedimiento la condición de menor por encima de la del extranjero dando cumplimiento a las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño. Ante este estado de cosas, el Grupo Parlamentario Socialista plantea entre otras cosas las siguientes propuestas haciendo nuestras las realizadas por la Fundación Raíces. Atribución al juez de primera instancia de la competencia para la determinación de la edad y en consecuencia la modificación de la Ley de extranjería que se le atribuye al ministerio fiscal. Consideramos que el fiscal no está habilitado legalmente para adoptar medidas que modifiquen el estado civil de la persona y que afecte a los derechos fundamentales. Ha de señalarse también que el decreto del fiscal no es recurrible y que por eso vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de acceso a la jurisdicción. A este respecto es preciso mencionar que el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, de 25 de enero de 1996, obliga a España a permitir a los menores el acceso a la jurisdicción. Así las cosas es fácil entender que el decreto fiscal tiene inmediatas consecuencias devastadoras para un menor, como, por ejemplo, el inmediato cese de la tutela por parte de la comunidad autónoma en su caso o su ingreso en un Centro de Internamiento Extranjero o su expulsión si su edad se determinó una vez que fue interceptado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otra propuesta que formulamos es la de atribuir al juez de primera instancia la competencia para decidir si un pasaporte presenta o no indicios de falsedad, pues entendemos que solo a través del correspondiente procedimiento judicial se puede dejar sin efecto su validez. En consecuencia, y a este respecto, es necesaria la reforma de la Ley de protección jurídica del menor que se le atribuye al ministerio fiscal. Proponemos también la reforma del Reglamento de la LOEX sobre procedimiento de determinación de la edad, en lo que va más allá del mero desarrollo reglamentario de la misma, introduciendo novedades y diferencias con la Ley de extranjería que priman la condición de extranjero sobre la del menor. Asimismo, somos partidarios de la modificación del protocolo marco de menores extranjeros no acompañados para que cumpla únicamente con su función de servir como pauta de coordinación interna tal y como establece la resolución del Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación de la Fundación Raíces y deje de utilizarse dicho protocolo para determinar la edad del menor y para decidir que los documentos que portan, pasaporte o certificado de nacimiento, son o no válidos. Determinación de la edad que, por otra parte, en la práctica queda en manos de la policía y de la fiscalía al tener o no en cuenta los documentos aportados, recurriendo en su caso a la realización de pruebas médicas. Por lo que se refiere a estas pruebas médicas es sabido que son poco fiables, que han de utilizarse de forma no indiscriminadas, que han de ser el último recurso a utilizar debiendo resolverse siempre a favor del menor, tal y como ha precisado el Defensor del Pueblo y la contundente jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así las cosas proponemos la modificación del protocolo marco según las observaciones finales del Comité de Derechos de los Niños para España, porque ha tenido en cuenta solo de forma parcial los presupuestos antes mencionados y también porque no ha reflejado otras cuestiones sobre las prácticas de dichas pruebas que fueron objeto de recomendaciones por parte del Defensor del Pueblo. También es necesario modificar el protocolo marco para que se garantice la asistencia letrada al menor desde su identificación, para que se le informe sobre el procedimiento y sus consecuencias antes de recabar su consentimiento o negación.

Finalizo mi intervención señalando que las observaciones finales del Comité de los Derechos de los Niños sobre España y del Acnur han de ser la pauta sobre las revisiones que han de acometerse respecto a los procedimientos de protección de menores: Ley de infancia, Ley de extranjería, y protocolo que afectan a un menor extranjero. Por último, quiero dar las gracias a la Fundación Raíces y al Grupo Confederal Podemos por darnos la oportunidad de exponer algunas de nuestras propuestas sobre la situación legal de los menores, de los niños y niñas no acompañados extranjeros, a la luz del Convenio de los Derechos del Niño. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Es el turno ahora del señor Clavell, del Grupo Popular.


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El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer, cómo no, como han hecho el resto de grupos, a la señora Reyzábal y a la Fundación Raíces por su exposición en esta Comisión de Infancia. Las cosas son conforme son y hay que decirlas conforme son también. En el 2014 se firmó -vista la importancia que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, el presidente Rajoy dio a esta cuestión de vital importancia- un convenio interministerial que sumaban cinco ministerios: el de Justicia, el de Interior, el de Empleo, el de Sanidad y el de Asuntos Exteriores, además de la Fiscalía General del Estado que parece ser seremos el único grupo que no va a menospreciar o despreciar el trabajo de la fiscalía al respecto. Dicho esto y vista la importancia que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, dio a esta cuestión de vital importancia, se han comentado diversas cuestiones que consideramos importantes. Una de ellas, por ejemplo, el plazo para solicitar la autorización de residencia. Efectivamente existe ese plazo de nueve meses que usted muy bien ha dicho, pero también es cierto, es igual de cierto, que en la actualidad se está realizando que apenas con tres meses se está llevando a cabo esa solicitud de residencia. Es decir, que se ha reducido en dos terceras partes de nueve a tres meses el plazo mínimo para poder solicitar la autorización de residencia desde que este menor extranjero se pone a disposición de un MENA. He nombrado antes la función interministerial de cinco ministerios, una gran parte del Gobierno de España, pero no olvidemos que la responsabilidad máxima en esta cuestión es de las diferentes comunidades autónomas. La tutela de todos estos menores corresponde a las comunidades autónomas que también habría que mencionar y no solamente el Gobierno de España que lo único que puede hacer que no es poco es intentar poner orden en esta situación.

Se ha comentado también la cuestión del menor de edad, cuando llega un menor de edad solamente se le realizan las pruebas si ese menor no aporta ningún tipo de documentación o si existe algún indicio de falsificación de la documentación existente por parte de ese menor. Si se reconoce que la documentación aportada por el menor es real por las administraciones públicas españolas en ningún momento se le realiza ninguna prueba. También es cierto que ante la duda siempre prevalece, siempre prevalece, la condición de menor. Por tanto, recoge todos los derechos que se le puede otorgar a ese menor. Además la condición de menor frente a cualquier sugerencia en cuestiones de nacionalidad o de situación administrativa. De todo ello, el menor extranjero no acompañado es acogido y se encuentra bajo la tutela de los servicios de protección del menor de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, al igual que los menores españoles, sin ningún tipo de diferencia entre un menor que no sea español y un menor que lo sea. Al igual insisto que los menores españoles y por eso la fiscalía, que desde aquí no seremos nosotros los que critiquemos su labor, actúa como garante de sus intereses.

Se ha hablado de empleo, qué pasa cuando un menor de edad ya cumple los dieciséis años y ya puede entrar en el mercado laboral. ¿Qué pasa? Estos menores cuando se encuentran en edad laboral, de dieciséis a dieciocho años, pueden obtener la autorización de trabajo sin aplicación de la situación nacional de empleo, siempre y cuando se favorezca su integración social que es lo básico en estas cuestiones: integrar plenamente socialmente a ese menor. Al igual que no será necesaria la obtención de una autorización de trabajo para el ejercicio de ciertas actividades por parte de los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección en cuestión.

Se ha hablado, insisto, también de la edad, y lo he dicho antes, pero la presunción de edad siempre prevaleciendo la minoría de edad a favor de esa persona, de ese supuesto menor de edad, siempre está ahí. Se ha hablado incluso de la atención sanitaria y no lo digo yo, no lo dice mi grupo, lo dice la ley. Hay personas que me han precedido en el uso de la palabra que tienen mucho mejor conocimiento en derecho y de leyes que yo mismo, por eso me acojo a la ley, no me acojo a la opinión de un simple diputado o del Grupo Parlamentario Popular. La ley que regula todo esto que es la Ley de protección jurídica del menor en su modificación del artículo número 10 ya marcó: apartado tercero, establece el derecho a la educación, asistencia sanitaria y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones, en las mismas condiciones, que los menores españoles, las mismas condiciones que los menores españoles. La obligación de las administraciones públicas por velar por los grupos especialmente vulnerables entre los que se encuentran los MENA. Es más, hablando de cuestiones sanitarias, que es una cuestión que nos debe preocupar muchísimo, en el caso de los extranjeros menores de dieciocho años, artículo 3 de la Ley 16/2003 -hago incidencia otra vez a la ley, no a mi opinión-, recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Los mayores de dieciocho años, que aquí me ha parecido oír o lo he entendido mal, que cuando cumplen dieciocho años quedan totalmente desamparados del régimen de salud público nacional, tienen derecho a la asistencia por embarazo y parto


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y a la atención de urgencias hasta el alta médica y a todas -repito, a todas- las prestaciones de salud pública en el Sistema Nacional de Salud. Insisto, la ley, no lo digo yo, lo dice la ley.

Es de agradecer -y finalizo, señora presidenta- sus aportaciones, su intervención hoy aquí, su exposición, pero quisiera acabar con algunas preguntas muy breves y directas. Si la Fundación Raíces tiene comparativas entre España y el resto de países europeos, sobre todo de la cuenca mediterránea que es donde más recibimos menores extranjeros. Qué condiciones pone Acnur, que también se ha mencionado aquí, sobre el trabajo que está haciendo España en esta cuestión y sobre todo la Convención de los Derechos del Niño que es lo que opina en su labor respecto a este país. Mucho más importante, qué pasa, si tienen ustedes datos de los refugiados que han venido de otros países mediterráneos, europeos, como pueden ser Grecia o Italia, que vienen por petición de las comunidades autónomas no del Estado -eso debemos tenerlo muy claro-, si tenemos una valoración, si tenemos números y datos de los menores recibidos y de cuántas solicitudes están esperando todavía diferentes comunidades autónomas respecto a esta cuestión. Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Es el turno de la señora Reyzábal, que responderá a las preguntas.

La señora REYZÁBAL GONZÁLEZ-ALLER (Presidenta de la Fundación Raíces): Voy a ir por partes. Con respecto a la primera intervención de Podemos, nosotros pensamos que no hace falta crear protocolos. Es más, hacemos referencia a la intervención del Partido Popular, es precisamente ese protocolo marco que se firmó por todos los ministerios en el año 2014 el que vino a legalizar lo que la ley claramente no permitía. Ese protocolo marco es el que ha venido a contradecir la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Ley de extranjería, hasta que se reformó luego la Ley de infancia, era y en ese sentido es clarísima y dice que no se puede realizar al procedimiento de determinación de la edad a los niños o niñas que estén documentados. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clarísima, si existe jurisprudencia del Tribunal Supremo es porque ha habido casos en los que se han realizado pruebas de determinación de la edad a niños con pasaporte, si no no hubieran llegado esos casos al Tribunal Supremo, con lo cual negar que se realicen pruebas de determinación de la edad a niños y niñas con pasaporte es absurdo, porque son muchos los procedimientos judiciales que se han emprendido precisamente porque se estaba vulnerando la Ley de extranjería en ese sentido. El protocolo marco y crear protocolos es un arma de doble filo. Nosotros le tenemos mucho miedo porque, como ha dicho el Tribunal Supremo hace poco, no son ley, no son norma. Sin embargo, se hacen ley y se hacen norma en la práctica diaria y eso es muy peligroso. Es tan peligroso como que sea el ministerio fiscal y no un orden jurisdiccional el que realice algo tan sumamente fundamental para la vida de una persona como convertir a un niño en adulto.

Voy a ir relacionando un poco las intervenciones de todos, porque, si no, no me va a dar tiempo. El Partido Popular reconoce derechos que están reconocidos en la ley para los menores. Es verdad, es cierto. Y es cierto que en la ley está reconocida la asistencia sanitaria, la escolaridad, la formación, la educación, el ocio, el tiempo libre, todos los derechos que tienen los niños están ahí reconocidos. El problema es que si convertimos a un niño en adulto, si le negamos la condición de niño ya no puede ejercer ni tener derecho a ninguno de los derechos que le dota su condición de menor de edad. La ley puede ser maravillosa, y es maravillosa en el amparo que da al cubrir las necesidades de todos estos niños, pero si convertimos al niño en adulto deja de tener ningún derecho. Cuando decimos que no tienen derecho a la asistencia sanitaria nos referimos a un caso como un niño menor de edad que saltando la valla de Melilla se rompe una pierna, después de unos meses llega a Madrid. El menor es decretado con pasaporte expedido por su embajada correspondiente como mayor de edad y ese niño es expulsado del sistema de protección. El Hospital Ramón y Cajal quería y tenía que hacer una intervención a ese niño. A ese niño no se le ha podido realizar una intervención de la pierna porque no tenia tutor ni representante legal que autorizase esa intervención y no era una intervención de urgencia era una intervención que simplemente el niño se quedara cojo o que pudiera arreglar su cojera. La realidad es que si hubiera sido adulto y con posibilidad real y según su pasaporte y hubiera podido tramitar su permiso de residencia como adulto podría haber sido intervenido. Como era menor por su pasaporte y no tenía tutor legal para poder autorizar esa intervención médica, no ha tenido acceso a la asistencia sanitaria.

Con respecto a la intervención del compañero de Ciudadanos, no es posible saber exactamente los datos, no es posible entre otras cosas porque no está prevista la asistencia letrada. El hecho de que no esté prevista la asistencia letrada de oficio hace que solo podamos conocer los casos que, por ejemplo,


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nos llegan a entidades como la nuestra. Yo sí puedo decir que los últimos años hemos atendido a más de doscientos cincuenta niños con el problema de la determinación de la edad. Esos son los casos que nos han llegado a nosotros, pero hay una gran cantidad de niños y niñas que nos llegan tarde y cuando llega el decreto ya no es recurrible. Sin embargo, sí se pueden recurrir las consecuencias que se deriven de él. Por ejemplo, el cese de tutela tiene un plazo para recurrir de dos meses. Si a los dos meses ese niño no ha tenido acceso a un abogado privado o particular de una de ONG, ese caso nunca nos va a llegar. Por tanto, tener datos oficiales es prácticamente imposible.

Sería importante que profundizáramos aunque sea un minuto en el hecho de que no se dé validez a los documentos. No seamos ingenuos, la falta de validez que se da a los documentos -yo me he reunido varias veces con el fiscal jefe de sala de Extranjería e incluso hace poco lo hice con el fiscal general del Estado- no es porque los documentos presenten, como podría hacernos pensar el Grupo Popular después de su intervención, signos de falsificación o porque estén tachados. No, no es así. El problema ante el que nos encontramos es que el Gobierno de España no da validez a determinados registros civiles de determinados países del África subsahariana, incluido Marruecos. A pesar de que existe un convenio bilateral entre España y Marruecos que dice que cualquier documento de los registros civiles de los dos países deben ser considerados válidos, sin ni siquiera ser legalizados en cualquiera de la otra parte, la realidad es que la Fiscalía General del Estado, y en concreto la Fiscalía de Extranjería en este país, no da validez a los registros civiles de países como Ghana, Camerún, Malí, Costa de Marfil o Marruecos. No es que no dé validez a los documentos de cualquier persona de esos países -que este es el gran reto que tenemos-, es que no da validez solo cuando esos documentos los portan niños o niñas susceptibles de ser tutelados por el Estado español. Es decir, si un niño viene acompañado por su mamá o por su papá nadie pone en tela de juicio el documento; si ese mismo documento, expedido por la misma embajada y con los mismos requisitos que se exigen a los niños extranjeros no acompañados, lo aporta un adulto, tampoco nunca se pone en tela de juicio. Solo se pone en tela de juicio ese documento si son menores extranjeros no acompañados. El problema es que el Gobierno de España, la Fiscalía General del Estado, no se atreve a decir públicamente que no da validez a esos documentos. No estamos hablando de documentos que presenten falsificaciones. Al principio hace años se denunciaba penalmente a esos niños. La Comunidad de Madrid, que en ese tema fue pionera, cesaba las medidas de protección y a la vez denunciaba por presunta falsificación de los documentos por vía penal a esos niños. Nosotros defendimos a más de veinticinco niños en los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. En los veinticinco casos la Policía científica de los juzgados reconoció que los pasaportes eran auténticos, y es que son auténticos porque son expedidos por las embajadas. El único problema es que no le dan validez a los datos que contienen esos documentos.

No querría que nos quedáramos con la idea de que esto es algo que decimos nosotros, o que nos podemos inventar, con respecto al tema de si suele primar o no el principio de presunción de minoría de edad. Yo he traído aquí el informe -luego si quieren pueden consultarlo- de esa niña de Camerún que tanto impacta. En ese informe según el estudio de la dentición faltan múltiples piezas dentales, en el estudio de los caracteres sexuales secundarios lo único que dice está el vello axilar rasurado, el desarrollo mamario en estadio 5 y el vello pubiano rasurado ausente.

El estudio radiológico para determinar la edad esquelética fue la radiografía de la muñeca y según el informe del Hospital Gregorio Marañón la radiografía de la muñeca portaba una edad de diecisiete años. El informe decía: Tras la realización de las exploraciones consideradas necesarias se estima que la edad ósea es de diecisiete años. Según la valoración del informe médico y según las tablas de Greulich and Pyle dicen que son diecisiete años. Si fijáramos la horquilla de edad este año, tendría entre quince o diecinueve años. Si tuviéramos en consideración, como ha dicho, la medicina legal deberíamos acogernos a la de los quince años. Con esta prueba de muñeca, y tan solo por tener el vello púbico rasurado, el médico forense y la fiscalía de Madrid decretaron que esta niña tenía dieciocho años.

Con respecto a si se realizan o no pruebas de determinación de la edad a niños con pasaporte tenemos un problema. Es verdad que en principio el procedimiento de determinación de la edad se debe iniciar cuando el niño está indocumentado. Cuando el niño está indocumentado se realiza una prueba y el día en que se realiza esa prueba, si esa prueba arroja una edad de dieciocho años, se le fija una edad a ese niño de ese día y ese mes dieciocho años atrás; esa es la fecha provisional de nacimiento que se le pone a ese niño. Según el protocolo marco que firmaron todos los ministerios, si después aparece documentación oficial expedida por su embajada o consulado como por ejemplo un niño de Marruecos con pasaporte expedido por el Consulado de Marruecos aquí en Madrid, o incluso con un certificado del


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cónsul -tenemos aquí uno de los casos, he traído el decreto del fiscal- en donde se certifica que ese pasaporte ha sido tramitado y expedido conforme a los requisitos exigidos para cualquier ciudadano de Marruecos, con partida de nacimiento, certificado de empadronamiento con foto de ese niño, libro de familia, DNI de Marruecos, se tramita el pasaporte. Pues según el protocolo si cuando el niño presenta el pasaporte al fiscal para que revise su decreto de mayoría de edad, la edad del pasaporte -esto lo dice el protocolo- no coincide con la fecha anterior, con la edad anterior puesta por el ministerio fiscal, si esa fecha de pasaporte contradice la fecha de las pruebas, se considera a ese niño indocumentado. A los efectos de ese protocolo ese niño está indocumentado porque no pueden quitarle la documentación al niño, solo a los efectos de ese protocolo. Según eso el fiscal, cuando el niño presenta todos los documentos, en la fundamentación jurídica dice: Se reproduce íntegramente por vía de remisión de fundamentación jurídica legal y jurisprudencial ya relacionada con el previo decreto. Y ello es así por evitar reiteraciones innecesarias sobrantes de actuaciones... Y ello es así -continúa- por cuanto la partida de nacimiento presentada no puede satisfacer la pretensión revisaría, al no ser fiables los datos consignados en la misma según un pronunciamiento tal, ni es fiable dicha partida de nacimiento, ni por tanto lo son los documentos expedidos a partir de la misma, el DNI marroquí y el pasaporte, los cuales se han alimentado y engendrado con el único sustento de la antedicha y no fiable partida de nacimiento. Es decir, que como no se considera fiable la partida de nacimiento, ahora ya aunque presente pasaporte, certificado del cónsul o DNI marroquí no se le considera documentado. Con este decreto no hubo lugar y este niño se quedó en la calle.

En cuanto a que son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad, eso es cierto. Las comunidades autónomas son las que tienen la responsabilidad de la tutela y la protección de estos niños, pero es responsabilidad del ministerio fiscal determinar quién es un niño y quién no lo es. También nos hemos planteado muchas veces cómo es posible que la Comunidad Autónoma de Madrid cuando tiene tutelado un niño tutelado y protegido, ante un decreto de un fiscal que le hace mayor de edad y que vulnera sus derechos, no vela por el interés superior de ese niño. ¿Cómo es posible que la comunidad autónoma no defienda los derechos de esos niños y no ponga a disposición de ese niño, por ejemplo, un abogado para que pueda defender su supuesta minoría de edad frente a esa supuesta mayoría de edad del fiscal? La realidad es que las comunidades autónomas siempre en los ceses de tutela dicen que si el ministerio fiscal decreta que es mayor de edad, ellos no pueden tutelar a supuestos mayores de edad y por eso le expulsan a la calle y se queda en situación de absoluta indefensión.

Con esto creo que he contestado a todas las preguntas. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a los comparecientes. Muchísimas gracias a los diputados y diputadas por asistir.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las doce y diez minutos del mediodía.

CORRECCIÓN DE ERROR.

En el "Diario de Sesiones" número 440, correspondiente a la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, sesión número 11, celebrada el jueves 22 de febrero de 2018, en la página 33, cuando dice: "La señora Raya Rodríguez pide la palabra", debe decir: La señora Ferrer Tesoro pide la palabra. Asimismo, en la siguiente línea quien hace uso de la palabra es la señora Ferrer Tesoro y no la señora Raya Rodríguez.

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