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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 497, de 18/04/2018
cve: DSCD-12-CO-497-C1
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 497
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ BENTO, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles,
18 de abril de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente 121/000020):

- Del señor secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Garcés Sanagustín). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001451); Ciudadanos (número de expediente 212/001505); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/001401, 212/001402, 212/001403, 212/001404, 212/001426, 212/001427 y 212/001428); Socialista (números de expediente 212/001279, 212/001281, 212/001282, 212/001284 y 212/001285) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001586) ... (Página2)

- Del señor secretario general de Sanidad y Consumo y presidente de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan (Castrodeza Sanz). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/001448); Ciudadanos (número de expediente 212/001507); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001424); Socialista (números de expediente 212/001286 y 212/001288) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001588) ... (Página35)

- De la señora subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Fraile Fabra). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001506) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001587) ... (Página58)


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- Del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Babin Vich). A petición de los grupos parlamentarios Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001423); Socialista (número de expediente 212/001283) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001589) ... (Página76)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente 121/000020).

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (GARCÉS SANAGUSTÍN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/001451); CIUDADANOS (número de expediente 212/001505); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de expediente 212/001401, 212/001402, 212/001403, 212/001404, 212/001426, 212/001427 y 212/001428); SOCIALISTA (números de expediente 212/001279, 212/001281, 212/001282, 212/001284 y 212/001285) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001586).

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muy buenos días a todos.

Vamos a dar comienzo a la sesión, dando la bienvenida a don Mario Garcés Sanagustín, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a quien agradecemos su presencia y su disposición para informar ante esta Comisión.

Señor secretario de Estado, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Garcés Sanagustín): Muchísimas gracias, señora presidenta.

Queridos miembros de la Mesa, queridos señores y señoras diputados y diputadas, muy buenos días. Comparezco ante esta Comisión, como lo hice el año pasado, para rendir cuentas sobre el estado de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

En primer lugar, como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras tienen que ir dirigidas directamente a condenar de manera enérgica los asesinatos que se han producido a lo largo de este año. Nueve mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas y exparejas y seis menores que han quedado huérfanos. Todo el propósito de lucha, todo el afán, todo el compromiso tiene que estar, evidentemente, en manos del Gobierno, pero también en manos de nuestros representantes políticos. En ese sentido, creo que la lucha tiene que permanecer porque vamos a ganar pero, indudablemente, todavía tenemos muchísimo por hacer.

Señorías, me gustaría comenzar describiendo cómo se construyen los dos grandes pilares del Estado del bienestar. Se construye esencialmente sobre el soporte de dos columnas; por una parte, la creación de empleo basada en el crecimiento económico; y por un pilar que es fundamental y que está indisociablemente ligado al primer pilar, que es el pilar de las políticas sociales directas, que van encaminadas a atacar aquellos centros, aquellas áreas donde existe más desigualdad, donde hay más puntos de diana vulnerables. En ese sentido, insisto, no puede haber una política social cabal, equilibrada y armónica si no se dan los dos pilares que son esenciales para poder sostener el edificio con un equilibrio adecuado y sostenible del Estado del bienestar. No cabe un edificio construido exclusivamente sobre el pilar del crecimiento económico, del mismo modo que no cabe un edificio social construido exclusivamente sobre políticas sociales directas, habida cuenta de que esa estructura sencillamente se arruinaría y el edificio se caería. Por eso es importante sostener ambos pilares. Además, señorías -eso lo entienden perfectamente, mejor que yo-, es necesario que haya un vaso comunicante, una suerte de pasarela entre lo que es el pilar del crecimiento económico y el pilar de las políticas sociales directas. Son precisamente las políticas de igualdad las que van orientadas a corregir las desigualdades, cualquiera que sea la circunstancia o hecho que las motive o que las cause. Por eso es importante no pensar la política social de un Gobierno exclusivamente desde una de esas columnas. Dicho esto, también quiero recordar


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que la política social de un país en el ámbito de las estructuras de actuación pública se realiza a través de dos instrumentos poderosos; uno, la política fiscal, y otro, la política presupuestaria.

Este es un presupuesto que, de aprobarse, señorías, contiene suficientes incentivos en materia de política fiscal y suficientes estímulos en materia de política presupuestaria para que tengamos la capacidad de actuar adecuadamente en los ámbitos que más importan a los españoles y a las españolas. Detengámonos un momento en el contexto actual. Los presupuestos tienen que estar directamente dirigidos a atender las necesidades del contexto socioeconómico; no se pueden entender de una manera diferente. Vamos a ver datos del Instituto Nacional de Estadística, datos incontrovertibles, datos cuantificados, datos enviados a Eurostat y, por lo tanto, datos homogéneos y comparables en el ámbito de la Unión Europea. En 2016 hemos vuelto ya a unos niveles de renta media similares a los que había en el año 2008. En 2016, la renta media por unidad de consumo está ya muy próxima a los niveles de renta por unidad de consumo del año 2011, experimentándose además una especial mejoría interanual en los dos últimos ejercicios, en los que ha crecido la renta por unidad de consumo en casi 400 euros. Y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, siendo todavía significativamente alta, es indudable que está ya produciéndose una corrección, especialmente importante en el caso de la pobreza infantil.

Señorías, si tomamos como datos de referencia el índice de progreso social 2017, basado en los conceptos de grandes economistas como Stiglitz, North o Sen, tomando como referencia cincuenta y cuatro indicadores resumidos en tres dimensiones -necesidades humanas básicas, bienestar fundamental y oportunidades de progreso-, España ha pasado de 2016 a 2017 del puesto veinte al dieciséis del mundo. Es decir, hemos corrido cinco puestos en la escala, pasando de 81,17 puntos en el año 2016 a 86,96 puntos en el año 2017, adelantando a países como Estados Unidos, Japón, Francia, Italia o Portugal. Ese es el estado comparado de nuestra situación ahora mismo.

Hablando de ese primer pilar, de esa primera columna, España sigue siendo una de las locomotoras del crecimiento económico en Europa. Seguimos sustentando las bases y los cimientos del progreso económico ahora mismo, con un PIB superior al de los principales países de la eurozona, como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Es muy importante porque hemos crecido el año pasado, como ustedes saben, a un ritmo del 3%, en concreto al 3,1%. Según las previsiones del Banco de España, se ha revisado la previsión de crecimiento de la economía española para este año, pasando del 2,4 al 2,7, pero también se ha mejorado el pronóstico para los años 2019 y 2020. Además, la evolución de la tasa de paro, que es el vaso comunicante directamente ligado al crecimiento económico, presenta ya en el año 2018 una tasa del 14,7%, que sería la menor desde el comienzo de la crisis, más de 10 puntos por debajo del máximo que tuvimos a principios del año 2013, donde llegamos a alcanzar una tasa del 26,9%. Pues bien, señorías, con el objetivo de hacer frente al intento permanente del Gobierno por consolidar las estructuras de crecimiento económico pero, sobre todo, en el otro pilar, por atender las necesidades de las personas más desfavorecidas y por seguir intensificando las políticas de igualdad dirigidas a corregir las desigualdades presentes todavía en nuestra sociedad, tenemos que reconocer que en este presupuesto hay medidas con impacto fiscal y presupuestario por valor de 3800 millones de euros que pueden mejorar, si se aprueban, las rentas de más de 13 millones de personas y de sus familias. Hablamos de empleados públicos, hablamos de empleadas públicas, hablamos de pensionistas, hablamos de los españoles y las españolas que tienen las rentas más bajas, como veremos a continuación.

El proyecto de ley de presupuestos que ha aprobado el Gobierno apuesta claramente por un refuerzo del gasto social, de manera que se destinan 196 782 millones de euros, casi un 56% del presupuesto total. Además, y esto es muy importante porque va a estar en el debate político en los próximos días, ya está en el debate político, la apuesta del Gobierno es fundamentalmente inyectar financiación a las administraciones de proximidad, a las administraciones autonómicas y locales; es una apuesta por que el gasto social se concentre fundamentalmente en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Quiero recordar que 3 de cada 4 euros que van a los presupuestos autonómicos se destinan a gasto educativo, gasto sanitario y gasto social en sentido estricto; por consiguiente, en la medida en que se incrementa el gasto destinado a financiar las estructuras administrativas de las administraciones territoriales, estamos haciendo una apuesta decidida por incrementar el gasto social. Pero diré algo más, así como las comunidades autónomas reciben una inyección financiera superior a 4000 millones de euros en estos presupuestos, el Estado, cuando aprobó el límite de gasto no financiero del Estado, se reservaba un incremento en torno a 1000 millones de euros. Es evidente que las comunidades autónomas crecen en gasto no financiero cuatro veces más que el presupuesto no financiero del Estado, y decir esto es hablar de corresponsabilidad política, administrativa y financiera. Creo que una de las grandes virtudes de


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nuestra democracia en un sistema descentralizado del Gobierno es que, además de que cada Administración pública asuma responsablemente sus competencias -porque es así desde el punto de vista de los títulos competenciales que tienen atribuidos en la Constitución-, tienen que asumir también los compromisos financieros cuando el Gobierno central hace una apuesta decidida por la descentralización y sobre todo por atender los gastos de proximidad de las administraciones territoriales.

Señorías, tal y como les he indicado, son dos los instrumentos o vehículos para poder actuar en materia de política social. En primer lugar, está la política social tributaria en sentido estricto, la política fiscal en sentido propio; y en segundo lugar estaría la política presupuestaria. Creo que existen estímulos suficientes y medidas de calado como para tener la pretensión de poder aprobar estos Presupuestos Generales del Estado. En materia de carácter fiscal, las reformas del IRPF favorecen fundamentalmente a las familias; se incluye una ayuda a la natalidad que incrementa en 600 euros la deducción por cada hijo que supere el mínimo establecido en las familias numerosas; una ayuda de guardería que permitirá la deducción de hasta un máximo de 1200 euros por año para las madres trabajadoras para las guarderías de sus hijos de 0 a 3 años; asimismo, se amplían los cheques familiares actuales con una nueva deducción de 1200 euros anuales por cónyuge con discapacidad. La reforma del IRPF afianza todavía más el efecto redistributivo en la medida en que incrementa los mínimos fiscales, de tal manera que se favorece a las rentas más bajas. Así, se eleva el umbral de tributación desde los 12 000 euros actuales hasta los 14 000 euros, de manera que quienes cobren un salario comprendido en ese intervalo, entre 12 000 y 14 000 euros, dejarán de tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La política fiscal ahonda directamente en la renta disponible de las familias, que es donde fundamentalmente el Estado tiene residenciada la competencia. Asimismo, se rebaja la tributación de los salarios brutos entre 14 000 y 18 000 euros y, además, esa rebaja supondrá un ahorro en torno a 440 euros para 3,5 millones de contribuyentes, de los cuales, casi 1 millón serán pensionistas.

Vamos a abordar las medidas de carácter presupuestario, aquellas que están directamente imbricadas en los presupuestos, en este caso de mi departamento. Voy a destacar siete novedades importantes que se incluyen ahora mismo en los presupuestos de la secretaría de Estado. En primer lugar -quiero empezar con el tercer sector-, después de 30 años, hemos introducido una nueva medida, que es la equis solidaria en el impuesto sobre sociedades. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional por la cual se rompió el modelo de gestión unitaria de la equis solidaria en del impuesto sobre la renta de las personas físicas, desde el ministerio, en particular desde esta secretaría de Estado, se han buscado fórmulas alternativas de financiación que permitieran asentar los recursos económico-presupuestarios de las entidades; entidades que son garantía estructural del mantenimiento de una sociedad fuerte, de una sociedad civil como la española, que es un ejemplo en muchos lugares del mundo. Con la equis solidaria del impuesto de sociedades, como tuvo ocasión de expresar el secretario de Estado de Hacienda, si todos los contribuyentes, si todas las personas jurídicas consignarán la equis solidaria en el impuesto sobre sociedades, se podrían derivar recursos para las entidades del tercer sector en materia social en torno a 200 millones de euros, señorías, la mayor inyección de financiación presupuestaria que ha habido nunca en el ámbito de los servicios sociales con cargo a recursos basados en la democracia fiscal directa, que es la elección directa de los contribuyentes que pueden consignar la equis en su declaración. Por lo tanto, razón de más para aprobar estos presupuestos que esta inyección adicional de financiación a las entidades del tercer sector.

En segundo lugar, nuestra apuesta por la igualdad y nuestra apuesta decidida contra la violencia de género y su esfuerzo presupuestario, el presupuesto más elevado en la historia de este país en la lucha contra la violencia de género; una afirmación categórica e incuestionable que tendremos ocasión de ir analizando lo largo de esta intervención.

En tercer lugar, hablemos también de política de mayores. Se incrementan en 46 millones de euros los fondos destinados a dependencia con el objetivo de incrementar progresivamente los ingresos mínimos y los recursos destinados a cofinanciar las prestaciones ligadas a la dependencia en corresponsabilidad y en correspondencia con los recursos y con las autorizaciones de las propias comunidades autónomas.

En cuarto y quinto lugar, voy a hablar de discapacidad porque aparece por primera vez reflejado el Programa Reina Letizia para la Inclusión; un programa dirigido a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad y fundamentalmente destinado a mejorar la movilidad, al desarrollo de la investigación, al desarrollo educativo, al desarrollo del potencial pleno para que hombres y mujeres con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad a los mismos recursos que cualquier persona que no la tenga. Por otra parte, quiero recordar que el pasado 2 marzo se aprobó el


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Real Decreto 94/2018, por el que se establecía la configuración de la Comisión interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Pues bien, señorías, les informo que ya fue constituida esa comisión en el plazo de un mes, tal y como establecía ese real decreto; ya estamos trabajando en la formulación de un conjunto de buenas prácticas para que sean implantadas en el conjunto de las administraciones y qué mejor incentivo que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para que con cargo a ese casi 17 por ciento del PIB español que representa la obra pública en este país podamos hacer política social a través de las cláusulas sociales que figurarán en los pliegos de esos contratos.

En sexto lugar, porque creemos en la juventud, me gustaría señalar la apuesta decidida por la juventud porque se prevé por primera vez la creación del Programa España, capital del talento joven. Se trata del eje vertebral de actuación del Injuve, que permitirá al talento de los jóvenes, al talento español, que se constituya en el centro medular de la política de juventud en España, buscando la colaboración tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. Para ello, creamos un acontecimiento de interés con el objetivo de que los agentes privados puedan contribuir y puedan beneficiarse de los correspondientes beneficios fiscales.

Por último, me gustaría referirme, y en esto agradezco el trabajo que se ha llevado a cabo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la incorporación de 20 millones de euros de crédito presupuestario para atender las posibles indemnizaciones a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la talidomida en el periodo 1955-1985 y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas.

Además de esto, la política social incluye otras áreas que no son estrictamente de este ministerio. Ahí tenemos la ampliación del permiso de paternidad, la tarjeta social universal, el incremento de las pensiones que beneficiarían a seis millones de hombres y mujeres de este país. Mejoramos las prestaciones no contributivas de manera que llegaríamos a otras 450 000 personas, el incremento de las pensiones por viudedad también afectaría a muchas personas en este país y quiero recordar que se ha consignado una partida de 500 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para poder promover la ayuda económica de acompañamiento del bono juvenil; otra apuesta decidida por los jóvenes. Por último, gracias al crecimiento económico y gracias a que las bases fiscales se siguen incrementando progresivamente en este país, para el IRPF solidario prevemos este año un incremento de 11 millones de euros aproximadamente, o lo que es lo mismo, casi 11 millones de euros que irán dirigidos directamente a las entidades del tercer sector y por lo tanto a aquellas personas que más lo necesitan.

Señorías, sin duda este es un Gobierno comprometido con las políticas sociales. El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2018 asciende a 2279,82 millones de euros, correspondiendo a esta Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el 83,28% de la totalidad del presupuesto del ministerio, esto es, 1898,64 millones de euros. Si comparamos esta cifra con la inicial del año 2017, se produce nuevamente un incremento del presupuesto de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en un porcentaje del 5,05%, esto es, 91,35 millones de euros. Esta cifra, si descontamos el efecto de las transferencias entre organismos autónomos y sumamos las dotaciones específicas de los organismos dependientes de la propia Secretaría de Estado, alcanzaría un importe de 1927,20 millones de euros.

Es importante señalar que dentro de lo que es el programa de servicios sociales y promoción social, los principales incrementos se centran fundamentalmente en las políticas destinadas a luchar contra la violencia de género, con 39,54 millones de euros, lo que supone un incremento de 7,81 millones de euros, es decir, un 24,61% más que las cantidades que había el año pasado. Y quiero recordar que el pacto de Estado hablaba de un incremento en delegación del Gobierno del 20%, que lo hemos situado aproximadamente en el 25%. Quiero recordar también que se incrementa expresamente el presupuesto de dependencia y el presupuesto de familia puesto que el presupuesto guiado a políticas de familia y a políticas de pobreza se incrementa casi en un 8%, exactamente el 7,95%, por un importe bruto de 17,19 millones de euros.

Señorías, hay veces que los gestos también son importantes. El año pasado, como un gesto de buena voluntad, quise reducir el capítulo 2 de mi servicio, fundamentalmente aquellos gastos que eran absolutamente improductivos: gastos protocolarios, gastos de atención... Sepan que este año he mantenido la misma reducción. Creo que como gestores públicos tenemos que dar ejemplo y desde luego


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este secretario de Estado ha venido siempre dando ejemplo de lo que es una política absolutamente de austeridad y honestidad, y lo voy a seguir haciendo constantemente.

Señorías, somos un Gobierno comprometido con las políticas sociales porque tenemos esa plena convicción y porque además creo que estamos en línea con el pensamiento y el compromiso de todas las formaciones políticas. Tenemos que garantizar recursos que lleguen a las personas más desfavorecidas, a los más vulnerables, a aquellas personas, hombres y mujeres en España, que más lo necesitan. Pero hablar de política social en España es también hablar de solidaridad, es hablar de lealtad institucional, es hablar de correspondencia y corresponsabilidad, es hablar de los centros instituciones de poder que tienen atribuidas las competencias y los recursos financieros. Por eso es importante mantener desde esta secretaría de Estado el impulso y la apuesta decidida por seguir desarrollando una política social, en colaboración constante con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Después de un año de haber presentado el primer proyecto de ley, quiero decir que estamos satisfechos en muchas materias. Estamos satisfechos y satisfechas porque a pesar de las dificultades, a pesar del esfuerzo en una secretaría de Estado que tiene competencias esencialmente horizontales y transversales, hemos contribuido a alcanzar tres grandes acuerdos en este país, sumando voluntades de todas las formaciones políticas y de todas las administraciones públicas. En primer lugar, llegamos a alcanzar un acuerdo sobre el diagnóstico en la dependencia, el primer acuerdo que se alcanzó. En segundo lugar, llegamos a alcanzar un acuerdo sobre violencia de género, del cual hablaremos a continuación. Y en tercer lugar, alcanzamos un acuerdo, después de ocho años, sobre las políticas estratégicas a seguir en este país en materia de drogas y adicciones. Son diecisiete meses intensos y estoy convencido de que vamos a alcanzar más acuerdos con la voluntad de todos. Pero es indudable que para poder ejecutar esas políticas donde ya tenemos acuerdos y compromisos, para alcanzar la viabilidad plena, necesitamos recursos presupuestarios y el país no puede vivir sin unos presupuestos aprobados. Necesitamos esos presupuestos porque es la única manera de proseguir en la senda que hemos iniciado en los últimos años.

Comenzaré ahora brevemente a hablar de las diferentes direcciones generales, toda vez que la delegada del Gobierno de violencia de género ya compareció ayer y que el delegado del Gobierno del Plan nacional sobre Drogas comparecerá más adelante y por lo tanto podrá hacer una referencia mucho más intensa de cuál es la política presupuestaria de sus respectivas unidades.

Vamos a comenzar por dependencia. Cierto es que España vive una situación de envejecimiento progresivo; 8 655 000 personas tienen ya más de 65 años y calculamos que en el año 2050 un tercio de la población española tendrá más de 65 años. Ese es el verdadero reto de este país y de esta sociedad. Señorías, creo que tenemos que tener mirada amplia y horizonte para saber cuáles son los problemas, porque ese es el verdadero problema social de este país, el envejecimiento progresivo de la población, y evidentemente tenemos que buscar razones para garantizar la reversión de este modelo del paradigma, así como para poder sostener los cargos y las cargas que se van a producir como consecuencia de ese envejecimiento. La esperanza de vida en los hombres supera los ochenta años y la esperanza de vida en las mujeres llega a los ochenta y seis años. Para el año 2050 se espera que la esperanza de vida en las mujeres llegue a los noventa años y en los hombres a los ochenta y siete. Por eso es necesario seguir colocando el foco de atención de las políticas públicas en el envejecimiento pero sobre todo, lo veremos después, en la natalidad, que es la única manera de revertir la situación poblacional que vive este país.

Voy a dar datos contrastables sobre las políticas que ha llevado a cabo este Gobierno. En el ámbito de la dependencia, el sistema de dependencia cuenta hoy con 959 492 personas beneficiarias con prestación efectiva en el sistema de dependencia. Hay 220 000 más que en el año 2011; dato contrastable. En cuanto a las personas dependientes de grado 1, se va a incrementando su ritmo de incorporación progresivamente. Si en julio del año 2015 la cobertura solo alcanzaba el 14,02% en el grado 1, en febrero de 2018 la cobertura supera el 50%, llega ya al 54,48%. Hemos incorporado 90 000 personas nuevas a la dependencia con prestación en el último año, triplicando la media de 25 400 personas de los cinco años anteriores en los presupuestos, gracias al esfuerzo financiero de Estado y comunidades autónomas, gracias al esfuerzo compartido de todos. Recuerden que en los presupuestos de 2017 incrementamos 100 millones, un 8,6% más que en 2016, para reducir la lista de espera. ¿Saben cuál es resultado efectivo, una vez que se han ejecutado esos recursos presupuestarios, y también hay que decir la verdad? Pues que se ha rebajado la lista de espera en 40 000 personas, en concreto 38 189, y casen este discurso que estoy diciendo yo con el discurso que están haciendo sus representantes en las asambleas regionales de las comunidades autónomas, donde están diciendo que también se está reduciendo la lista de espera en sus ámbitos territoriales, y como el esfuerzo es compartido, estaremos de acuerdo también en aceptar que


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lo podemos decir unos y otros, porque los dos ponemos recursos al sistema. Por lo tanto, la verdad es aquí igual que en Sevilla, en Zaragoza, en Valencia o en Valladolid. Por lo tanto, tenemos que aceptar que el esfuerzo presupuestario ha permitido contribuir. Los programas de turismo social y termalismo saludable ofrecen más de 1,1 millones de plazas, suponen casi 11 millones de pernoctaciones, generan una riqueza de 435 millones de euros anuales y contribuyen a sostener 104 000 puestos de trabajo en un compromiso claro de economía social.

Pues bien, ante estos datos que avalan que el presupuesto de 2017, una vez ejecutado, ha dado un rendimiento considerablemente positivo, vamos a ver cómo continuamos esa senda en el presupuesto del año 2018. El presupuesto total del Imserso, sumando las transferencias delegadas de la Seguridad Social, asciende a 4170,50 años de euros, lo que supone un incremento de 3,2%, son 129 millones de euros más, es decir 7 de cada 10 euros del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad están comprometidos con las personas mayores y con la dependencia. Desde 2013 -y esto se puede comprobar- el presupuesto del Imserso se ha incrementado casi en 500 millones de euros, en total en 483,53 millones de euros. Este aumento presupuestario ha ido acompañado de un gran esfuerzo también por saldar una deuda con la que nos encontramos, que era el pago de las cuotas de Seguridad Social de los cuidadores familiares. Estamos en condiciones de decir que durante estos cinco años hemos procurado recursos presupuestarios con el objetivo de atender algo tan sensible como el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores familiares.

Vamos a ver concretamente cuáles son las partidas presupuestarias. En materia de prestaciones no contributivas y otras prestaciones, el presupuesto de 2018 contiene una partida total de 2564,39 millones de euros, lo que supone un incremento de aproximadamente 62 millones de euros, es decir, un 2,47% más respecto a 2017. Con ello se pretende dotar de la cobertura necesaria a la demanda de las prestaciones que se van a producir a lo largo de este ejercicio. En materia de dependencia, como les he dicho, desde que se aprobó la Ley de dependencia y posteriormente, desde que se sentaron las bases del modelo revisado en el año 2012, se ha apostado por un sistema justo y solidario que garantice en todo caso la calidad, la sostenibilidad y la equidad del sistema. Y podemos decir que con los nuevos criterios de baremación introducidos a lo largo de estos años se ha enriquecido gracias a un reparto más justo y mucho más equilibrado. Quiero recordar -porque así ha sido y lo he dicho antes- que gracias al esfuerzo fructífero de todas las administraciones públicas coordinado por esta secretaría de Estado tenemos hoy un uniforme de diagnóstico y, por lo tanto, una valoración de la situación de la dependencia en nuestro país; informe aprobado por unanimidad de todas las comunidades autónomas, y quiero agradecer especialmente el esfuerzo de muchas comunidades autónomas que han trabajado diariamente con nosotros, a sus consejeros y consejeras, como no podría ser de otra manera. Los créditos destinados a la atención a la dependencia experimentan en 2018 un notable crecimiento del 3,48% para sumar un total de 1401 millones de euros. Ya he dicho antes que supone un incremento de 46,28 millones de euros en relación con el presupuesto del año 2017. En esta senda de crecimiento, con el objetivo de seguir incrementado el nivel de ingresos mínimos del Estado y manteniendo la tendencia demostrada en el año 2017, podremos hablar a final de año de que la lista de espera puede haberse reducido en un intervalo de entre 30 000 y 40 000 personas más. Por tanto, iremos sumando, como hemos hecho este año, reducciones en la lista de espera, gracias al esfuerzo de todos.

Hablando de envejecimiento activo y saludable, el presupuesto mantiene todos los gastos referidos al envejecimiento activo y saludable y prevención de la dependencia. Destaco, como he hecho antes, los programas de turismo social y termalismo saludable. El Programa de Turismo Social se dota con un importe de 69,69 millones de euros y el de Termalismo Saludable con un presupuesto de 35,87 millones de euros, lo que hace un total de 105,56 millones de euros. Los ejes principales de estos programas son: mejorar la calidad de vida y la salud de nuestras personas mayores, y, asimismo, favorecer la creación de empleo en entornos turísticos y en entornos termales; algo tan importante para radicar la capacidad productiva y el empleo fundamentalmente en algunas áreas rurales de nuestro país. En 2018, además, contaremos con la segunda anualidad del contrato de termalismo. Los programas de termalismo se siguen manteniendo como un instrumento más de salud de nuestras personas mayores, como les he indicado.

En cuanto al apoyo al movimiento asociativo en el ámbito de mayores, el presupuesto contiene créditos para apoyar el movimiento asociativo de las personas mayores por un importe de 2,35 millones de euros, la misma cuantía que en el ejercicio 2017, beneficiándose treinta entidades estatales que lo utilizan para sus actividades de formación, para sus actividades de divulgación y para sus actividades de ocio, pero ¿saben también para qué, señorías? Para ayudarnos, como nos han ayudado, a elaborar la


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primera estrategia de mayores, porque gracias al mantenimiento de ese músculo asociativo, España cuenta con un apoyo intelectual que nos permite seguir avanzando en las políticas públicas que vamos diseñando.

También en los presupuestos del Imserso están los créditos para los centros de referencia estatal. Como saben, la atención directa a las personas en situación de especial vulnerabilidad se realiza a través de una red de centros de diferente caracteriología: los dedicados a acción integral; los de internado y media pensión para personas con discapacidad, que son los CAMF; los destinados a la recuperación de las personas con discapacidad física desde un enfoque integrado, los CRMF; o los centros de referencia estatal. Por eso hay 2 millones de euros que van a permitir financiar los siguientes centros: el Centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Langreo, en Asturias; el Centro de referencia estatal de atención a personas en situación de dependencia derivada de trastornos del espectro del autismo, de León -quiero dar las gracias también aquí al movimiento asociativo del autismo de este país, que nos ha ayudado y nos está ayudando para poner en marcha este proyecto-; el Centro de referencia estatal de atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia, en la ciudad de Soria; el Centro de referencia estatal de Galicia, el Crega; y, finalmente, el Centro de referencia estatal de atención psicosocial a personas con trastorno mental grave, de Valencia, que se abrió el año pasado y al que se da continuidad con la financiación. Por lo que se refiere a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión corresponde al Imserso y la partida en el año 2018 va a ser de 37,39 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,05 millones de euros respecto al año anterior, es decir, un 5,80% más que en 2017. Como he dicho ya y vuelvo a agradecer, tenemos un crédito específico para atender las indemnizaciones de los enfermos de talidomida; trabajo compartido y conjunto con las propias asociaciones, donde queremos dar respuesta. Tendremos que desarrollar el procedimiento administrativo para la concesión de las correspondientes indemnizaciones, y tan pronto como se aprueben los presupuestos, al día siguiente estaremos trabajando ya en esa norma de referencia jurídica para que podamos atender las peticiones.

Paso ahora a hablar de familia e infancia. En 2017, gracias al esfuerzo de crecimiento económico y de consolidación de las partidas presupuestarias, se han producido los siguientes datos de referencia. Se ha incrementado el número de familias y de usuarios beneficiarios de los programas de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, con esos 100 millones, fruto de una importante negociación presupuestaria en los presupuestos de 2017, que permitieron transferir recursos también a las comunidades autónomas. Gracias a ese esfuerzo adicional se benefician ahora 133 000 familias vulnerables, lo que supone un total de 316 000 usuarios, frente a las 96 000 familias y 260 000 usuarios que había con cargo a este programa en el año 2016. Por lo tanto, consolidar 100 millones de presupuesto destinado al plan concertado y a la pobreza tiene unos resultados inmediatos que pueden ser cuantificables.

Hablando del plan concertado, gracias al incremento de los recursos del plan concertado se financiaron un total de 1253 proyectos, 1238 centros de servicios sociales, nueve albergues y seis centros de acogida. Más de 6000 municipios en España se vieron favorecidos por el plan concertado; es decir, tres de cada cuatro ayuntamientos en España se vieron directamente beneficiados por las políticas del plan concertado de esta secretaría de Estado. Pues bien, el proyecto de presupuestos para 2018 destinado a financiar actuaciones para la infancia y la familia asciende a 233,28 millones de euros, lo que supone un incremento, como he dicho antes, de 17,19 millones de euros, un 7,95%. Este informe se confirma y vuelve a superar el presupuesto que había en 2011, que era de 217 millones de euros. En el capítulo 4 hay un incremento de 18,59 millones de euros fundamentalmente dedicado a consignar las partidas para actividades de interés general vinculadas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, con una consignación específica de 24,26 millones de euros. Se mantienen los 100 millones de euros para la protección a la familia y atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de servicios sociales: 60 millones para protección a la familia y atención a la pobreza y 40 millones para prestaciones básicas de servicios sociales. Todo esto es como resultado de los créditos ampliables destinados a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con un importe de 107,43 millones de euros, que aparecen desglosados en: 85,94 millones para actividades de competencia autonómica y 21,49 millones para actividades de interés general consideradas de interés social. Quiero recordar que cuando tengamos la cifra completa de la liquidación definitiva, el crédito, como es ampliable, se incrementará hasta alcanzar la cifra definitiva. Aquí está la apuesta clara, decidida y también pactada por unanimidad por todas las comunidades autónomas, de hacer un reparto del IRPF


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tras la sentencia del Tribunal Constitucional de un 20% para el Estado y un 80% para las comunidades autónomas.

Vamos a hacer una campaña que ya está incluida en el Plan anual de publicidad, aprobado por el Consejo de Ministros del día 2 de febrero del año 2018, referida al acogimiento familiar, y se mantienen en el presupuesto las subvenciones que estaban el año pasado: Plan de desarrollo gitano, 412 500 euros; programas de servicios sociales a Ceuta, 2 millones; programas de servicios sociales a Melilla, 2 millones; a la Comunidad Autónoma de Canarias, programas para la lucha contra la pobreza, una cantidad específica de 6 millones de euros; Congreso del Voluntariado, 75 000 euros; subvención nominativa a la Fundación Víctimas del Terrorismo, 105 000 euros, subvenciones a la FEMP para medidas de apoyo a la parentalidad positiva, 60 000 euros; subvención a la Fundación + Familia, 7500 euros; diez subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal por importe de 4,23 millones de euros; ocho subvenciones más también nominativas a entidades del tercer sector pero ya en el ámbito de la familia y la infancia por valor de 2,35 millones, y mantenemos el programa del FEAD, el programa del Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas que, como ustedes saben, gestionamos con el Ministerio de Agricultura.

En tercer lugar, sigo con las políticas de apoyo a la discapacidad. La discapacidad es una política fundamental de este Gobierno y, desde luego, lo es de esta Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Para ver qué política presupuestaria hay que hacer, en primer lugar, tenemos que identificar si estamos progresando adecuadamente o no progresamos adecuadamente y si el presupuesto de 2017 fue capaz de poder mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en este país. Miren, el Gobierno de España ha dado un impulso como no se había dado nunca a la generación de empleo entre las personas con discapacidad; en España hay ya 225 000 afiliados a la Seguridad Social con alguna discapacidad y la afiliación de las personas con discapacidad crece a un ritmo del 9%, el más alto del número de afiliados a la Seguridad Social. Pero quiero recordar que en la oferta de empleo público, que está directamente ligada a las políticas presupuestarias porque reside en los propios presupuestos, el año pasado se reservó el mayor número de plazas dedicado a las personas con discapacidad de toda la historia, un 7,9%. En total, 859 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 519 eran de nuevo acceso y 340 de promoción interna. Pero es que además, insisto, las políticas de discapacidad se residencian esencialmente en el ámbito autonómico y local, y por eso es importante referirnos, desde luego, a las políticas que tienen que hacer los diferentes niveles de Gobierno, y por supuesto también -y quiero recordarlo porque era una demanda permanente del sector de la discapacidad-, gracias a la inyección financiera del Plan de pago a proveedores, se garantizó la supervivencia de muchas entidades que en aquel momento no disponían de los pagos necesarios para poder cubrir los gastos destinados a atender a las personas en este caso con discapacidad.

No volveré a repetir cuáles son las medidas en materia fiscal. Insisto, la política fiscal es otra pata, hay una política fiscal y la otra columna es la política presupuestaria, pero quiero recordar también algo. Quiero recordar que con estos presupuestos el Gobierno, y sobre todo con el Decreto-ley 1/2018 que aprobó el Gobierno este año, permite utilizar el superávit presupuestario de las entidades locales para poder atender obras que garanticen la rehabilitación de espacios para mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad. Por lo tanto, allí donde hemos podido aprobar una norma la hemos aprobado y hemos abierto ya la fuente de financiación de los ayuntamientos para que con cargo al superávit puedan acometer inversiones reales tendentes a hacer más fácil el acceso a los espacios públicos y privados de las personas con discapacidad.

Quiero recordar, y ya tendrá ocasión de hacerlo -imagino- el secretario de Estado de Infraestructuras o la subsecretaria del Ministerio de Fomento, que se incluyen múltiples planes de accesibilidad en estaciones de tren, en aeropuertos, y seguimos trabajando allí donde los servicios se tienen que prestar, que es en los servicios de proximidad.

El presupuesto de la dirección general y del Real Patronato se incrementa en 1,15 millones de euros, es decir, un 12,42%. El de la dirección general en sentido estricto un 0,65%, mientras que el del Real Patronato se incrementa considerablemente como veremos a continuación, fruto del esfuerzo del Programa Reina Letizia de inclusión de las personas para mejorar la movilidad. Existen veintidós subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal vinculadas a la discapacidad, se mantiene la subvención a la Confederación Estatal de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos, dotada con 532 000. Y en el presupuesto del Real Patronato se mantienen todas las subvenciones que había el año pasado: a la Fundación Once para


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la implantación de un programa de accesibilidad universal por importe de 500 000 euros; a la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción por 290 130 euros; a la Fundación CNSE para la difusión, investigación y normalización de la lengua de signos en España; al Centro Español de Documentación de la Discapacidad, 205 610 euros; al Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, 189 710 euros para el fomento del desarrollo de aplicaciones tecnológicas accesibles que faciliten la vida de las personas con discapacidad y de sus familias; al Comité Paralímpico español para el Plan de apoyo al deporte Paralímpico, dotado con 88 460 euros, y al Cermi, para el Observatorio Estatal de Discapacidad, con una dotación de 80 000 euros. Mantenemos los Premios Reina Letizia con las categorías que teníamos el año 2017: accesibilidad universal de municipios, candidatura española, con 22 500 euros; la categoría de tecnologías de accesibilidad con 10 000 euros; la categoría de accesibilidad universal de municipios, candidatura extranjera, con 10 000 euros, y se dota presupuestariamente una de rehabilitación e integración, candidatura extranjera también, por importe de 25 000. Pero lo más importante es el nuevo Programa Reina Letizia, del que cuando tengamos aprobados los presupuestos podremos lanzar la convocatoria para que miles de personas con discapacidad en este país puedan obtener becas que les garanticen la movilidad de estudios tanto a escala nacional como a escala internacional.

Señorías, paso a juventud. En materia de juventud España lidera la creación de empleo juvenil en Europa. La suma de voluntades ha permitido dar un giro radical a la evolución del empleo juvenil. Hace seis años uno de cada dos jóvenes parados en Europa era español. Repito, hace seis años uno cada dos jóvenes parados en Europa era español. Ahora España lidera la creación de empleo juvenil en Europa y crea empleo entre los jóvenes a un ritmo del 8,4%, más del doble de la media europea. En 2011 la contratación indefinida de jóvenes caía a un ritmo del 16%, hoy crece a un ritmo del 18%, el gap es de 34 puntos en seis años. Pero queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, y somos conscientes de que es una de las áreas donde más tenemos que avanzar porque nuestra juventud es nuestro presente pero, desde luego, también es nuestro futuro. Se avanza mucho en materia de becas, se avanza mucho en bonos pero voy a hablar en concreto de las políticas que tenemos en la secretaría de Estado. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elevado el presupuesto de políticas para la juventud pasando de 29 millones de euros a 32,96 millones de euros, un importe cercano a los 4 millones que supone un incremento del 13% del presupuesto. Este incremento, sin duda alguna, tendrá una especial incidencia en materia de empleabilidad y de educación no formal. En este sentido, me voy a ceñir a algunos de los programas que vamos a poner en práctica a partir del año 2018.

En 2018 vamos a poner el acento en la promoción del talento juvenil a través de la mayoría de los programas, el trabajo que está haciendo el Instituto de la Juventud consiste en orientar las políticas de juventud a mejorar las condiciones ambientales y de sostenibilidad para que los jóvenes puedan desarrollar en plenitud el talento que tienen. En este sentido, se incrementa en casi 2 millones de euros -exactamente en 1,96 millones de euros, hasta los 17,46 millones- la financiación de la Unión Europea para el desarrollo y ejecución del Programa Comunitario Erasmus+/Juventud. Este incremento tiene un objetivo fundamental, que es financiar una nueva iniciativa de la Comisión Europea en este ámbito, que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad. En el capítulo 1 del Injuve se incrementa en 716 750 euros el presupuesto en relación con el del año anterior porque se integra parte del personal del Consejo de la Juventud. De aprobarse el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado finalmente se extinguiría de modo efectivo el Consejo de la Juventud como organismo de carácter público y pasaría constituirse, como ya estaba previsto en una ley hace seis años, en una entidad de base corporativa privada financiada con una subvención por parte de la propia Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Con el objetivo de que no se pierda empleo, una parte de los hombres y mujeres que trabajan en el Consejo de la Juventud España pasarían a integrarse en el Instituto de la Juventud y por eso se consignan 716 000 euros para poder atender esa absorción de personal del Consejo de la Juventud.

El capítulo 2 también se incrementa en 493 000 euros, un 8,56%, hasta los 6,26 millones de euros y el capítulo 4 en 2,57 millones de euros, un 16,81% más, que redundará fundamentalmente en beneficio de los programas vinculados al talento joven. Y aquí quiero detenerme en resaltar un nuevo programa, el Programa de Talento Joven dotado con 166 000 euros. Un nuevo programa dirigido al relanzamiento de las políticas de juventud ligadas al talento. Se pretende establecer un sistema de colaboración entre entidades juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y fundaciones para realizar actuaciones conjuntas en materia de talento joven. Pero lo más importante, señorías -y creo que es otro incentivo para probar este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado-, como he señalado


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al principio de mi intervención es que aparece el Programa España, Capital del Talento Joven, que se va a constituir -si ustedes consideran que se deben aprobar estos presupuestos- en un acontecimiento de excepcional interés público. Durante tres años vamos a convertir a España -en la medida de nuestras posibilidades- en el centro de las políticas de juventud de Europa y del mundo. Queremos que las empresas y las instituciones privadas puedan aportar recursos y que puedan obtener los suficientes beneficios fiscales a través de la Ley de Mecenazgo para poder, como digo, nutrir la capacidad de desarrollar este marco de talento juvenil en España. Queremos promover y apoyar el talento de los jóvenes, queremos hacer proyectos y programas de diferente naturaleza que tengan muy diferente repercusión social, incidir en el desarrollo en materia de empleabilidad y en materia de emprendimiento, en la ciencia y en la investigación, en la formación, en la inteligencia emocional, en la inclusión social, en la creación joven y el apoyo a los artistas, en la transformación e innovación digital, en la participación y el asociacionismo, en la internacionalización, en la movilidad, en la cooperación europea, en la cooperación mediterránea, en la cooperación con Latinoamérica, en la investigación y en el deporte. Este objetivo nos obliga involucrar a todos los agentes y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Finalmente, como he indicado, el Consejo de la Juventud, acabaría extinguiéndose como organismo de naturaleza pública y pasaría a ser una entidad de base privada. Existe ya financiación para que una parte de los recursos humanos que ahora mismo están a disposición del Consejo de la Juventud se integren en el Injuve y el resto siga desempeñando su trabajo y sus esfuerzos en sede del Consejo de la Juventud.

En cuarto lugar, en materia de lucha contra la drogodependencia y otras adicciones dejaré que sea el delegado del Gobierno quien dé una explicación puesto que va a intervenir, si no recuerdo mal, a lo largo de estos días. En cualquier caso, quiero recordar un hito importante también y trasladar mi agradecimiento por delante. Hemos aprobado la Estrategia nacional de adicciones 2017-2023. Una estrategia en la que el Estado solamente, durante dos años, se compromete a aportar 1016 millones de euros. Así fue aprobado en el Consejo de Ministros y así va a quedar en la senda presupuestaria de los próximos años: solo la Administración General del Estado, pese a que su esfuerzo compartido, por parte de todas las administraciones públicas. Estamos trabajando de manera importante e insistente.

Quiero agradecer -además en este momento en el que han llegado a término los trabajos de la Comisión sobre la ley de menores sin alcohol- el enorme esfuerzo que han realizado todos nuestros representantes parlamentarios para llegar a un trabajo de calidad que, no duden señorías, se verá volcado muy rápidamente en un proyecto de ley que presentaremos en las próximas semanas. Estamos en condiciones de empezar a estudiarlo y, desde luego, gracias de corazón porque ha sido un trabajo magnífico. Gracias especialmente a la presidenta de la Comisión -a la que veo sentada ahí- que ha sabido amalgamar voluntades, intereses e ideas de muy diferente calado que se conciertan y aúnan de una manera con consistencia intelectual en el informe. Muchísimas gracias, presidenta.

Dejaré que sea delegado del Gobierno el que cifre las principales ventajas de este nuevo presupuesto.

Finalizo con las dos áreas de igualdad. En primer lugar, hablaré del presupuesto del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y, en segundo lugar, hablaré brevemente del presupuesto de la delegación del Gobierno, habida cuenta que ayer la delegada del Gobierno compareció en esta misma sede parlamentaria y ya dio cuenta de la situación de su presupuesto. El Gobierno, no les quepa ninguna duda, está firmemente comprometido con las políticas de igualdad, con las políticas nacionales e internacionales de igualdad, con la lucha contra la no discriminación. España no puede desaprovechar el talento femenino -que es el 50%-, no puede desaprovechar la mitad de su población. No es solamente una cuestión de equidad, de justicia, de derechos individuales y sociales, es una cuestión que afecta los derechos humanos pero también afecta al desarrollo de la dignidad, puesto que es la dignidad humana la que está en juego cuando hay desigualdad. Hemos de trabajar constantemente y tenemos que incidir de manera categórica en materia de políticas de igualdad porque hay que poner en relieve y destacar el importante valor que tiene la mujer en esta sociedad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas impulsa el compromiso internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un objetivo específico, que es el quinto, y de forma transversal este objetivo quinto impregna y da valor y contenido al resto de los objetivos.

Quiero recordar -y en ese sentido quiero también ser vehemente y categórico- que los poderes públicos tenemos que estar a la altura del movimiento social que está viviendo este país. No tenemos que perder nunca la perspectiva de cuarenta años donde se ha ganado mucho pero queda mucho por ganar todavía, cuarenta años de historia de la democracia donde muchas mujeres -muchas en movimientos de


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representación y otras que tampoco estaban ahí- han podido transformar diariamente la sociedad y han hecho de España una sociedad más justa, más igualitaria y por lo tanto más libre y más digna. Eso es importante destacarlo y que los poderes públicos tenemos que estar a la altura de ese movimiento social que nos exige que haya una igualdad efectiva, evidentemente es un pronunciamiento categórico. Ese es, desde luego, el resto y el desafío de este secretario de Estado. A nivel nacional, señorías, permítanme darles algunos datos. Se han producido avances que seguramente hace cuarenta años nadie habría pensado que se podrían producir gracias a una sociedad civil muy fuerte, repito: gracias a una sociedad civil fuerte. Las mujeres hoy en España cuentan con un nivel educativo muy importante. El 60,12% de los estudiantes que terminaron los estudios universitarios en el curso 2015-2016 son mujeres, pero quiero recordar que el 38,4% de las mujeres entre veinticinco y sesenta y cuatro años tienen un título de educación superior, frente al 33% de los hombres. Se ha avanzado ampliamente en la incorporación de la mujer al ámbito económico y empresarial; por ejemplo, el porcentaje de mujeres consejeras en empresas del IBEX ha pasado de un 10,5% en 2011 a casi un 24% en el momento actual. Y cada vez hay más mujeres presentes en el ámbito social o cultural. Pero es verdad, señorías, que queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer para alcanzar la igualdad efectiva, fundamentalmente en materia de brecha salarial. Pero también digamos las cosas como son: España, en comparación con otros países de la Unión Europea y siguiendo criterios aplicados por Eurostat, está en una posición relativamente mejor que la mayor parte de los países de la Unión Europea, pero queda mucho por hacer. Esta afirmación no es una afirmación de autosatisfacción ni de indolencia, sino todo lo contrario, el mismo dato nos alerta de que tenemos que seguir trabajando. Ahora bien, desde 2012 hasta la fecha la brecha salarial se ha reducido en 4,5 puntos. Hemos colocado la brecha salarial en España en su mínimo histórico y estoy convencido de que vamos a seguir haciéndolo.

Señorías, el presupuesto del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades engloba todas las acciones y gastos en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación. Es un presupuesto que asciende a 19,84 millones de euros, con un ligero repunte de 97 000 euros respecto al año 2017. Ahora bien, lo que hemos abordado en el IMIO es una reestructuración de las políticas de gasto, fundamentalmente volcando los gastos de capítulo 2 y de capítulo 1 a capítulo 4, con el objetivo de alimentar y de procurar mayores recursos de financiación a aquellas entidades que pueden colaborar en régimen de alianza con el propio instituto para poder impulsar, desarrollar y programar iniciativas en materia de igualdad. En el capítulo 4 se pasa de 4,4 millones de euros en 2017 a 6,5 millones en este año, un incremento del 45%, en términos absolutos más de 2 millones de euros. En el capítulo 6 se pasa de 135 000 euros a 765 000 euros, fundamentalmente por la necesidad -y lo digo en esta sede porque tenemos que trabajar también por que tengan las mejores condiciones nuestros empleados públicos- de mejorar las condiciones de la sede del Instituto de la Mujer y para Igualdad de Oportunidades, sita en la calle Condesa de Venadito 34. Con este presupuesto seguiremos impulsando las grandes políticas de IMIO.

En el capítulo 4 hemos creado nuevas líneas de trabajo, y voy a destacar las más importantes. En primer lugar, se crean dos nuevas líneas de trabajo destinadas a incrementar la presencia de las mujeres en los sectores STEM, científicos, tecnológicos, ingenierías y matemáticas. En primer lugar, un programa destinado a incrementar las vocaciones tecnológicas y técnicas de las niñas, en colaboración con cinco universidades politécnicas, que son las de Alicante, Madrid, Cartagena, Burgos y Granada. El programa tendrá 350 000 euros, con una subvención nominativa de 70 000 euros para cada una de las universidades. Llegará a 200 centros educativos y a más de 3500 niños en cinco comunidades autónomas. Queremos también desarrollar un programa de colaboración público-privada en colaboración con la Fundación SEPI y empresas punteras del ámbito científico y tecnológico, para lo cual cerraremos un programa de colaboración con la Fundación SEPI por importe de 300 000 euros. Se va a llevar a cabo también un nuevo programa -como digo, hemos reorientado las políticas internas del IMIO- que se va a llamar programa de desarrollo directivo Talentia 360, destinado a evitar la pérdida de talento femenino a medida que se avanza en los puestos de alta responsabilidad. Trabajaremos en alianza con la Fundación de la EOI, con una subvención nominativa de 200 000 euros. También queremos poner en marcha, está previsto como tal, un programa de colaboración para la integración social de las personas en riesgo de exclusión, fundamentalmente mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, inmigrantes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y mujeres en familias monoparentales. Tiene por objeto fundamentalmente la integración social y específicamente la laboral. Son colectivos especialmente


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vulnerables en los que tenemos que combatir la alta tasa de desempleo que todavía nos encontramos hoy en día, la segregación horizontal y vertical y la brecha salarial.

¿Donde incrementamos la dotación en el IMIO en el capítulo 4? Las subvenciones destinadas a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal se elevan de 1,5 millones de euros a 1,75 millones de euros, con lo cual consolidaremos el mantenimiento y funcionamiento de las entidades de mujeres en este país. Es uno de los mayores incrementos que se han vivido en las subvenciones nominativas a organizaciones de mujeres a largo de los sistemas presupuestarios en España. En segundo lugar, las ayudas para las pequeñas y medianas empresas se incrementan hasta 1,5 millones de euros, es decir, se incrementan en un 20% respecto al presupuesto de 2017 y en un 56,15% respecto al presupuesto de 2015. Esta es nuestra apuesta para dar soporte a las pequeñas y medianas empresas para la implantación de los programas de igualdad. La partida presupuestaria destinada a convocatorias de subvenciones destinadas a la realización de posgrados y actividades universitarias se aumenta en un 50% respecto al presupuesto del año 2017 y pasa de 400 000 a 600 000 euros; en la convocatoria de 2017 se financiaron 50 proyectos de un total de 21 universidades. Se incrementa un 66%, de 30 000 a 50 000 euros, la subvención nominativa a la Fundación Integra para impulsar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Se incrementa un 100%, se duplica, la subvención nominativa a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, Anmupesca, para fomentar el liderazgo de las mujeres de los órganos de decisión del sector, facilitando el asociacionismo, visibilizando el trabajo de la mujer en el sector pesquero e impulsando la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en este ámbito, con el objetivo también de combatir estereotipos y, sobre todo, erradicar actitudes sexistas. En el ámbito de la inserción sociolaboral se fomenta la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad, con un incremento de la subvención nominativa del programa SARA, que pasa de 500 000 a 650 000 euros, e incrementando la subvención nominativa a la Federación Española de Universidades Populares, que pasa de 125 000 a 250 000 euros, y manteniendo la cuantía a Cruz Roja, a Cepaim y a la Fundación Secretariado Gitano. Por último, también se incrementa la partida destinada al convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, que pasa de un importe de 100 000 euros en el año 2017 a un importe de 300 000, lo que representa un incremento del 33,33%. El resto de partidas en capítulo 4 mantienen la dotación presupuestaria del año anterior.

En capítulo 2 voy a exponer las principales novedades que, de aprobarse la ley de presupuestos, contribuirían a desarrollar este conjunto de actuaciones administrativas. En primer lugar, y en relación con el servicio de asesoramiento gratuito a empresas para la implementación de medidas y planes de igualdad, que incluye asesoramiento telefónico online, además de realización de técnicas presenciales, se van a destinar, si se aprueba el presupuesto del capítulo 2, un total de 185 000 euros a este servicio, que va a permitir un incremento de los recursos y de las personas atendidas a través del teléfono y de la plataforma. En segundo lugar, en el servicio estatal de atención y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica, que se instrumenta desde el año 2013 a través de un contrato público gestionado por el propio instituto, aparte de las propias actuaciones de asistencia a víctimas de discriminación, se van a realizar y se realizan acciones de formación, información y sensibilización a los profesionales de las entidades que prestan el servicio, así como a otros agentes clave en la lucha contra la discriminación. El importe de dicho contrato asciende a 482 369 euros por anualidad. Se ha formado así una red de 87 oficinas a nivel estatal -20 oficinas oficiales y 67 colaboradoras- que permite que haya asistencia a víctimas en el conjunto del territorio español. Se continúa con el programa de formación online Escuela Virtual de Igualdad. Se continúa con el programa de formación y capacitación TIC y el programa Atenea. Para el emprendimiento en el ámbito universitario, fundamentalmente en el ámbito científico y tecnológico, se ha firmado un nuevo convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. Se ha incrementado el importe del convenio a 388 063 euros en tres años, correspondiendo 128 061 euros al año 2018. Se ha puesto en marcha una nueva edición del Programa Liga de la Igualdad para fomentar la corresponsabilidad entre niños y jóvenes. Este año se ha incrementado ya en un importe del 100% y alcanzará los 50 000 euros para llegar al mayor número de centros escolares posibles. Vamos a poner en marcha en el año 2018 el Programa Empléate desde la Igualdad, con formación para las mujeres en el ámbito rural, urbano y con discapacidad, con un presupuesto de 1,7 millones de euros para los próximos tres años y con una ejecución de más de treinta talleres. Además, quiero recordar, señorías, que se ha iniciado en España un proyecto pionero que es Avanzando en Gestión de la Diversidad LGBT en el Sector Público y Privado, ADIM, ganado en concurrencia por España entre otros países miembros de la Unión Europea, cuyo objetivo es combatir la persistencia de la discriminación que incide particularmente en el empleo.


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El presupuesto del que disponemos es de 266 000 euros. La Comisión Europea cubre tres cuartas partes, el 75,31%. El resto lo computaremos mediante las aportaciones de las universidades, del IMIO y de otros centros. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 22 meses; ya se está desarrollando, ya hemos alcanzado los primeros acuerdos y hemos firmado ya con las empresas y las universidades; se está desarrollando ya en este momento.

Y acabo con los recursos destinados a violencia de género. Señorías, conscientes de que la lucha contra la violencia de género es una prioridad para este Gobierno, el presupuesto de la delegación se ha incrementado en 7,81 millones de euros; es decir, un 24,63%, siendo la cifra total de 39,54 millones de euros. Es la línea política que experimenta el mayor incremento en el conjunto de las políticas públicas, en términos porcentuales, de la secretaría de Estado. Respecto al presupuesto del año 2011, el incremento es de 9,17 millones de euros, lo que representa un 30,21% de incremento respecto al presupuesto de partida en 2011.

Señorías, ayer la delegada del Gobierno tuvo ocasión de explicar el reparto dentro de la Delegación del Gobierno de esas partidas. España destina en los presupuestos de 2018 -de aprobarse- 408 millones en los Presupuestos Generales del Estado a materias que son competencia estricta de la Administración del Estado; es decir, hemos incrementado en 80 millones de euros el presupuesto del Estado para combatir y erradicar la lacra de la violencia de género en nuestro país. En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se indica que a través de la inyección de financiación que reciben las comunidades autónomas y las corporaciones locales habrán de hacerse cargo, con esta financiación adicional, de los recursos adicionales; esto es, de los 120 millones de euros que figuran en el pacto. Lo decía antes, mientras en las comunidades autónomas crece su financiación 4000 millones de euros, el Estado crece su gasto no financiero en 1000 millones de euros. Es lógico entender que, en corresponsabilidad pública y por razón de competencias, cada Administración habrá de hacerse cargo, fruto y por mor de esa inyección financiera, de las responsabilidades y de las actuaciones que le correspondan. Es un ejercicio de corresponsabilidad; es un ejercicio que nos obliga, comanditariamente, a actuar a todas las administraciones públicas de manera compartida. Dicho esto, no voy a entrar, porque creo que lo hizo la delegada del Gobierno, en analizar cada una de las medidas del resto de ministerios, pero sí muy brevemente -y voy acabando ya, presidenta, solo cinco minutos más y acabo- en cuáles son los apartados, los ejes, en que la Delegación del Gobierno, esto es, la secretaría de Estado, ha consignado recursos para poder atenderlos.

En el eje 1, ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y la prevención de la violencia de género, se incluyen campañas de información y sensibilización para prevenir las distintas formas de violencia contra la mujer. Están previstas cinco campañas de sensibilización por un importe total de 7 524 150 euros, con un incremento respecto a 2017 muy considerable, ya que entonces se destinaron 3 093 000 euros.

Dentro del eje 2, mejorar la respuesta institucional que se dé a las víctimas de violencia de género a través de la coordinación y el trabajo en red de autoridades y organismos responsables en esta lucha, solo en lo que corresponde a la Delegación del Gobierno incrementamos en un 14,04% el presupuesto para desarrollar programas de asistencia social integral a comunidades autónomas para las mujeres víctimas de violencia de género u otras formas de violencia contra la mujer y programas de asistencia a hijos e hijas menores de las mujeres víctimas, lo que supone un aumento de 800 000 euros respecto a 2017; un total de 6,5 millones de euros. En relación con el eje 3 garantizamos las ayudas que reciben las mujeres víctimas de violencia de género para la integración laboral con un total de 3 707 000 euros. Recuerden que reciben la cantidad de subsidio por desempleo multiplicado por seis. Eje 4. Mejoramos la protección a las víctimas dotando con un total de 5 200 000 euros el presupuesto para el sistema de dispositivos, lo que significa un incremento de 1 652 000 euros sobre 2017. En relación con el eje 5, ponemos en marcha desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género una plataforma online para la formación de profesionales con el objetivo de mejorar la respuesta asistencial a las víctimas, con un presupuesto de 72 500 euros. En relación con el eje 6, trabajamos en la elaboración de estudios e informes sobre la incidencia de la violencia de género en los menores o sobre colectivos de mujeres especialmente vulnerables, como las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad o las mujeres que viven en el ámbito rural. También incrementamos el presupuesto destinado a publicar materiales de información sobre violencia contra la mujer. El presupuesto se incrementa en 495 420 euros, destinando en total 1 685 000 euros en 2018. Y además destinaremos 30 000 euros para elaborar una nueva macroencuesta sobre la violencia de género, la herramienta estadística más relevante que existe en España para conocer el


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diagnóstico y combatir la violencia contra la mujer. En el eje 7 aumentaremos en 400 000 euros el presupuesto destinado al convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género, en particular en el medio rural, un 11,11% más. Por tanto, destinaremos un total de 4 millones en el año 2018. Y finalmente, en el eje 8, duplicamos las subvenciones a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a atender a mujeres y niñas víctimas de trata, que pasan de 2 millones a 4 millones, lo que supone un incremento del doble, y mantenemos los 2 millones que destinamos por primera vez en 2017 a programas de apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

Señorías, perdonen por haber agotado su paciencia, espero que no haya sido especialmente oneroso, lo cierto es que creo que se ha hecho una radiografía aproximada, que no total, de lo que es el estado presupuestario que pretendemos aprobar. Por supuesto que puede haber un debate político respecto a diferentes partidas y respecto a mejoras, pero creo que este es un presupuesto que se coloca a la cabeza de los presupuestos sociales de los últimos años. Y lo digo con absoluta convicción, porque la convicción viene de los números, no de la intuición, y los números indican que son los presupuestos más sociales de la historia de este país. Esa es la realidad; que hay problemas sociales en España es una realidad y que es el presupuesto más social en la historia de España también es una realidad.

Por eso, señorías, creo que tenemos que hacer un esfuerzo; tenemos que hacer un esfuerzo para aprobar estos presupuestos. Por supuesto, se abre un momento de enmiendas, un momento donde sus señorías podrán mejorar, en las condiciones que sean factibles, las cuentas que se acaban de presentar, pero sobre todo estamos ante una nueva oportunidad de que España siga avanzando y de que trabajemos 365 días y no con un presupuesto prorrogado, 365 días como hay que trabajar habitualmente, desde el 1 de enero, con un supuesto que dé garantía, estabilidad y conocimiento para poder avanzar.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señor Garcés.

A continuación daré la palabra a los portavoces de los diferentes grupos. Hay una solicitud del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para intervenir en primer lugar, pues tienen que acudir a constituir una Comisión. En principio, debería intervenir el Grupo Mixto, que no tiene ningún problema, pero no sé si el resto de grupos tienen inconveniente en que Podemos intervenga primero. El tiempo máximo será de diez minutos. Lo digo sobre todo para los que van a compartir tiempo. ¿Hay alguna objeción? (Denegaciones).

Pues entonces tienen la palabra las señoras Rodríguez y Marcello, en el orden que consideren oportuno.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a los y las portavoces de la Comisión por dejarnos intervenir primero.

Bienvenido, señor Garcés, y muchísimas gracias por su comparecencia. Como usted decía, ha intentado agotarnos la paciencia, pero ya le digo que no, que tenemos mucho aguante y podríamos estar aquí las horas que hiciera falta escuchando todo lo que fuera necesario, incluso si hubiese querido leer partida por partida todos los libros de los presupuestos generales, que, la verdad, ha estado bastante cerca. (Risas).

Voy a ser muy breve. Simplemente quiero centrarme en dos cuestiones y decirle tres cosas. En primer lugar, por lo que se refiere a la lucha contra la violencia de género y el pacto de Estado, aunque ayer compareció la señora Ordóñez, no me resisto a decírselo hoy a usted de nuevo. No es cierto que estén los 200 millones de euros. Ayer se lo dijimos con mucha gracia muchas portavoces y hoy se lo repito. Somos de letras, pero sabemos leer bastante bien los números y, si una se pone a leer partida por partida su listado de compromisos respecto de los 80 millones, por ejemplo, los 43 millones que en teoría están en el Ministerio del Interior, es rotundamente falso que se encuentren ahí. Yo emplazaba ayer a la señora Ordóñez y hoy le emplazo a usted a que en los próximos días clarifiquen, por respeto, como usted decía, a todo el movimiento de la sociedad civil y a las mujeres de este país, que han dado un gran paso adelante y han reivindicado con muchísima firmeza que esto tiene que ser una obligación de los poderes públicos, dónde están esos 80 millones, porque si una lee las partidas de los distintos ministerios y los distintos compromisos de los que ustedes presumen, no están.

Y ahora me voy a centrar en los 120 millones. Es bastante grave que un compromiso clarísimo en el pacto de Estado, que estas medidas tenían que ser finalistas, tampoco se cumpla. No hay dinero para las comunidades autónomas y para las entidades locales que se haya destinado directamente a la lucha


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contra la violencia machista. Y esto es un problema porque, por mucho que intentemos presumir de cara al exterior de que es un compromiso de todos los partidos, lo cierto es que cuando los Gobiernos tienen que poner a disposición todos los presupuestos para las violencias machistas no siempre sucede que esto sea una prioridad. Por eso se hizo así en el pacto; lo hicimos las diputadas que allí estábamos. Esto tenía que estar blindado; gobierne quien gobierne tiene que haber un dinero directo para las comunidades autónomas y para las entidades locales. Me pregunto por qué no lo han hecho tan claro como con otras cuestiones. Incluso para ustedes como Gobierno sería estupendo poder presumir de que esto es así. En realidad, no entendemos bien qué han hecho con esos 120 millones, que entiendo que en clave de Presupuestos Generales del Estado es calderilla, y usted estará conmigo en que con todos los miles de millones que tiene el ministerio podían haber incluido con al menos una partida nueva algunas de las medidas del pacto. Es tan descabellada su falta de compromiso que no hay ni una sola partida nueva con las más de doscientas medidas del pacto. ¿Dónde está el pacto de Estado? Porque no lo encontramos por más que lo buscamos.

En segundo lugar, la partida del IMIO, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, solamente ha subido un 0,5% cuando en las últimas legislaturas del Partido Popular ha descendido más de un 45% lo invertido en ella. Puede contarnos usted todo lo que quiera durante todas las horas que quiera, que le voy a escuchar, pero lo cierto es que dinero para la igualdad concretamente en esta partida no hay y es muy preocupante teniendo en cuenta la cantidad de competencias y obligaciones que tendría que tener el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en este momento, muchas de ellas, por cierto, también incluidas en el pacto de Estado. De igual manera, nos preocupa que si van a poner en marcha la Ley de la Infancia, algo de lo que ustedes han presumido en distintas ocasiones, tampoco haya ninguna partida nueva destinada a esta cuestión. No entendemos muy bien cómo van a poner en marcha una ley que pretende abrir nuevas administraciones y nuevos puntos para atender a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. ¿Dónde está el dinero para poner esto en marcha?

En último lugar -con esto termino-, decía que para proteger el Estado del bienestar es imprescindible el gasto en políticas sociales, pero que esto no puede ser una forma de hacer que crezca económicamente nuestro país. Nosotras pensamos que sí, que esa es precisamente la clave. Y estoy de acuerdo con usted en que hay que atender al envejecimiento de la población. Precisamente por esto el sector de los cuidados y de la dependencia es clave, pero no solamente en gastos, sino también en inversión. Invirtamos en empleo público en este sector. Usted ha citado a algunos economistas y yo le voy a citar a economistas feministas, como María Pazos, Bibiana Medialdea y otras muchas que han escrito sobre esta cuestión, que demuestran con números, como a usted le gusta, que sería muy bueno para nuestro país que invirtiésemos en empleo público en esta cuestión, no solamente porque lo necesita la gente, sino porque nuestro país podría crecer con una economía feminista. Quizá sea lo que le falta al Gobierno del Partido Popular: economía feminista y no solo ponernos lacitos violetas en fechas señaladas.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Señora Marcello.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, señor secretario de Estado, por comparecer aquí. Es verdad que no ha acabado con nuestra paciencia, así que podríamos seguir aquí horas debatiendo sobre algo que para nosotras es de vital importancia.

De su intervención deduzco que siguen con el mantra, igual que todo el Partido Popular, de que hemos salido de la crisis y que la recuperación económica ha llegado y viene para quedarse. Y dice que aumenta el PIB. Claro que aumenta, pero yo le voy a dar unos datos que ha omitido en su intervención, aunque igual ha sido por cuestión de tiempo. En España la tasa de pobreza, según informa Arope, sigue siendo del 27,9% frente a la de Europa, que es del 23%. Y por lo que se refiere a las personas adultas jóvenes a las que ustedes hacen referencia, seguimos teniendo un 37,6% de pobreza y exclusión social. Son tres cifras que igual tendrían que hacer que nos replanteáramos esa supuesta salida de la crisis o de la estafa que hemos estado viviendo.

Otro dato importante que tampoco ha mencionado -no lo decimos nosotros, sino que es un informe de Cáritas, que no es sospechosa de estar vinculada a nosotras- es que existe un 16% de trabajadores y trabajadoras pobres. Eso quiere decir que en este país nace una nueva realidad de la pobreza y la exclusión social: personas que, a pesar de tener trabajo, de tener una nómina, esa miseria de sueldo no le permite salir del umbral de la pobreza. Asimismo, ha evitado mencionar que la pobreza en nuestro país sigue teniendo un rostro, que es un rostro de mujer, y eso en estos presupuestos vemos que no es revertible.


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En cuanto a la partida presupuestaria que destinan al Plan concertado de prestaciones básicas, a los servicios sociales, siento decirle que parece que nos retrotraemos a otras épocas en las que hablábamos más de auxilio social, de beneficencia y de caridad. Eso a mí me preocupa; de hecho, hasta me pone los pelos de punta porque ni siquiera creo que con esta partida presupuestaria podamos garantizar unos servicios sociales públicos. A nuestro juicio, es un auténtico despropósito para todos los profesionales de los servicios sociales públicos. Con estos presupuestos generales no vamos a ser capaces de llegar a los compromisos alcanzados con Europa para erradicar la pobreza y reducir la exclusión social, pero, lo que todavía es peor, no vamos a llegar a los compromisos que hemos adquirido con las personas que peor lo están pasando en esta situación. Según Arope, como ya decía, la pobreza y la exclusión social no se deben exclusivamente a factores de la crisis. Dos de cada tres personas que ahora mismo se encuentran en situación de pobreza ya lo estaban antes de la crisis, por lo tanto creo que nos estamos enfrentando a una crisis estructural de su modelo fiscal, económico y laboral, al que no se pone fin con estos Presupuestos Generales del Estado. Para solucionar esta problemática es necesario abordar un sistema de garantía de rentas mínimas de ámbito estatal -usted no las ha mencionado- que luego las comunidades autónomas pueden completar.

Quiero mencionar su intervención en relación con la dependencia. Señor secretario de Estado, desde 2009 la aportación estatal a la dependencia ha disminuido un 33%, generando un enorme agujero fiscal para las comunidades autónomas. Usted plantea que los compromisos y el esfuerzo presupuestario son iguales entre el Estado y las comunidades autónomas. Siento decirle que, a nuestro juicio, no lo parece porque el Gobierno sigue incumpliendo el 50% del pacto financiero. Me parece una sinvergonzonería, y siento la dureza de mis palabras, pero no puede decir que aumentan 48 millones de euros para la dependencia cuando han dejado 44 millones sin invertir el año pasado. Estaban presupuestados y dejaron 44 millones sin invertir en la dependencia. ¿De qué nos sirve que ahora aumenten otros cuatro? Porque entiendo que los 44 que dejaron de invertir los van a aplicar este año. Y dicen que baja la lista de espera. Claro que baja; lo que no dicen es que las personas fallecen, porque en este país fallecen cien personas al día esperando servicios y recursos que por ley les corresponden. Una persona cada quince minutos fallece en nuestro país. No son datos para darse golpes de pecho. Y siguen sin tener en cuenta el derecho a recuperar la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar. Cuando yo le digo que es un despropósito, sé que mis palabras son duras, pero es más duro vivir una situación de dependencia y ver que los presupuestos no ponen fin a ese sufrimiento.

Habla del empleo juvenil. ¿Qué es el empleo juvenil? Los jóvenes queremos calidad en el empleo. Cuatro de cada diez jóvenes menores de veinticinco años no tienen empleo y más de la mitad de los contratos que firman son de seis meses. ¿Usted cree que esos son presupuestos para la juventud, para ese talento que dice que tenemos los jóvenes, que hemos tenido que aceptar que la precariedad es nuestra forma de vida? Además, una cosa curiosa de los presupuestos es que, dentro del presupuesto del Injuve, aparece el convenio con la entidad corporativa de base privada del Consejo de la Juventud al que usted se ha referido. Sí, lo entendemos, pero seguimos en la camino de privatizar todo lo que sigue siendo público y nosotros no podemos compartir esa tesis.

En cuanto a la diversidad funcional, que usted ha mencionado también, seguimos viendo que en estos presupuestos generales siguen tratando como ciudadanía de segunda a los casi cuatro millones de personas con diversidad funcional de nuestro país. Un año más, seguimos sin recursos suficientes para derribar las barreras que impiden y niegan la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional y vetan nuestra ley para crear un fondo estatal para garantizar la accesibilidad universal de manera efectiva y real. Siento decirle, señor secretario de Estado, con todos mis respetos, que siguen vetando, siguen sin tener sentido, siguen sin atender los acuerdos que se toman en esta Cámara y siguen sin destinar los fondos suficientes. Porque, cuando hablan de gasto social, le aconsejaría que empezáramos a pensar en inversión social; es un cambio de perspectiva, pero creo que nos vendría bastante bien a todas.

Para concluir le quería decir que estos Presupuestos Generales del Estado, a nuestro juicio, en cuanto a materia de servicios sociales, dependencia e igualdad son unas auténticas migajas, son la ausencia total de garantía de derechos y, humildemente, le digo que, por favor, no insulte a los profesionales de los servicios sociales ni a esta Cámara diciendo que estos son los presupuestos más sociales de la historia.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señora Marcello.

A continuación, por el Grupo Mixto tiene la palabra, en el orden que consideren, el señor Campuzano y la señora Sorlí.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer esta exhaustiva comparecencia del secretario de Estado. La pena es que nosotros no tenemos el mismo tiempo y, por tanto, no podemos contestar a todas sus afirmaciones, algunas de ellas muy discutibles. He notado en su intervención una autocomplacencia excesiva respecto a la realidad que viven los ciudadanos y que se vive en la calle. Además, en esa mirada general con la que usted ha iniciado su intervención ha olvidado dos consideraciones que, a nuestro entender, son fundamentales. Una, que siendo el gasto social en el Estado español básicamente responsabilidad de las comunidades autónomas, el Gobierno continúa incumpliendo la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y continuamos con un sistema de financiación autonómica vigente que discrimina gravemente a las comunidades autónomas y, singularmente, nuestro caso, a Cataluña, a País Valenciano, a las Islas Baleares; el conjunto de territorios de ese arco mediterráneo son de las grandes perjudicadas. Y mientras ese sistema de financiación esté vigente es muy evidente que las comunidades autónomas no tienen los recursos suficientes para desplegar las políticas de las que son competentes, singularmente las que dependen de su ministerio.

Segunda consideración que usted no puede obviar. España está siendo líder de desigualdad en el conjunto de la Unión Europea. La Comisión Europea ha advertido al Gobierno español de ese grave problema de desigualdad y, además, advierte de que el gasto social en España es poco eficaz en la reducción de la desigualdad. El gasto social de los países que realmente cuando gastan en política sociales reducen significativamente las desigualdades, se acerca al 50%; en España esa reducción de la desigualdad está alrededor del 25%. Estamos en un nivel de reducción de la desigualdad a través de las transferencias sociales más cerca de los países de la Europa del este que de los países del centro y del norte de Europa. Ese es un problema de configuración del gasto social que, entre otras cosas, tiene que ver por la apuesta por las deducciones fiscales. Las deducciones fiscales -usted ha hecho referencia a algunas de ellas, apoyadas por Ciudadanos- no son un instrumento de reducción de las desigualdades porque, precisamente, excluyen a la población con menor capacidad de gasto y con menores ingresos. Apostar por la deducción fiscal como política social es un error, no es la política social que se necesita. Por eso, los países que son más eficaces en la reducción de desigualdades y que no tienen el nivel de desigualdad de España apuestan por transferencias directas a personas y a familias, no por deducciones fiscales. De ahí ese grave problema que tiene nuestro Estado del bienestar.

Finalmente, en relación con esta mirada, el Estado de bienestar que se ha construido en estos cuarenta años -y estos presupuestos son un nuevo reflejo de ello- se basa en un gasto social que olvida la infancia y la juventud. Unicef nos recuerda que en el proyecto de ley de presupuestos para 2018 las inversiones en infancia representan el 0,92 del conjunto del presupuesto; en 2017 representaban el 1%; estos presupuestos olvidan a los niños y a los jóvenes. España es líder -en negativo, claro- en pobreza infantil; es líder en desempleo juvenil; es líder en tasa de abandono prematuro del sistema educativo; es líder en edad tardía de emancipación de los jóvenes; es líder en edad más tardía de las mujeres para tener el primer hijo. Refleja, en general, el fracaso del Estado del bienestar en estas materias y, en concreto, de las políticas que sustentan este presupuesto. Da vergüenza -y le insistía ayer al señor Burgos y le insisto hoy a usted-, aunque no le corresponde a usted pero sí al Gobierno, que España sea el único Estado de la Unión Europea a quince que no tiene prestación por hijo a cargo de carácter universal, el único Estado. El resto de Estados -Francia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Austria- tienen prestaciones por hijo a cargo de carácter universal y con las cuantías suficientes. ¡Y luego nos extrañamos de tener un problema grave de pobreza infantil! Por tanto, señor secretario de Estado, creo que esta realidad justifica el rechazo a los presupuestos y las enmiendas a la totalidad que se van a plantear.

Simplemente quiero hacer dos comentarios, para que la señora Sorlí pueda agotar el tiempo que tenemos que repartirnos. Sobre el balance que hace usted de la nueva fórmula de gestión del 0,7 del IRPF, no es que la sentencia rompiese el modelo, es que la sentencia reconocía que durante quince años los Gobiernos de España habían incumplido la Constitución en esta materia y se habían saltado a la torera las competencias exclusivas de gestión de las comunidades autónomas en estas políticas. Eso es lo que pasó y que obligó finalmente, después de no sé cuántas sentencias del Supremo y del Constitucional, a


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adaptar ese programa al marco legal existente. Me gustaría conocer su valoración de esa gestión descentralizada y si piensa mantener ese 80-20 para 2018. Y, por otro lado, me gustaría saber si van a ajustar este nuevo 0,7 en el impuesto sobre sociedades al marco competencial existente o vamos a encontrarnos aquí con un nuevo problema de invasión competencial por parte del Estado en esta materia. Nos preocuparía.

Finalmente, sobre la atención a la dependencia, quiero decirle que el presupuesto continúa consolidando la política del Gobierno durante estos cinco años: incumplir el espíritu de la Ley de dependencia que, entre otras cosas, contemplaba una cofinanciación al 50% comunidades autónomasEstado. Se incumple, y continúan siendo las comunidades autónomas las principales responsables de este gasto, con los problemas que se derivan fruto de la infrafinanciación de las comunidades autónomas, al menos de nuestro país, de Cataluña. Espero, señor secretario de Estado, que pueda contestarme. Quizá deba ausentarme; no lo interprete como una descortesía sino que he de estar en alguna otra Comisión, pero leeré con mucha atención sus respuestas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Le quedan cuatro minutos, señora Sorlí.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias. No hay problema.

Parece que cuando el Gobierno, en este caso el secretario de Estado, quiere hablar de servicios sociales en lugar de hablar de política social habla de empleo y lo que no dice es que el empleo que se está creando es precario e inestable. Eso también hay que decirlo, es muy precario y es muy inestable y eso no es una política social; al contrario, lo que necesita son políticas sociales que palien su mala gestión. Porque nos encontramos con un modelo que parece que consista en alimentar copiosamente a las personas ricas y repartir las migas que sobran entre las personas sencillas, que son la gran mayoría de la sociedad. Eso es totalmente contrario al Estado de bienestar, totalmente contrario.

Usted ha entrado prácticamente en todas las partidas y evidentemente las ha mirado desde la perspectiva que le interesa -algo que nos parece bastante egoísta-, y al analizarlas encontramos que hay recortes en infancia, en igualdad, en discapacidad, en juventud, en personas mayores e incluso -ya lo han comentado algunas de mis compañeras y ayer también lo comentamos- en ese pacto de Estado contra la violencia machista que firmaron. Ustedes intentaron apropiarse del trabajo parlamentario que se estaba haciendo y no han comprometido esa asignación financiera especifica en los Presupuestos Generales del Estado que se recoge en el punto 207.A) y B) para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Como decía, en igualdad continuamos estando muy lejos del presupuesto de 2008; en juventud, pasamos de 2 millones de euros a unos 500 000, entendiendo que hay una parte que asume el Injuve. Pero ¿dónde está el presupuesto del Consejo de la Juventud de España? Ese dinero que se destinaba al consejo y que ahora quieren liquidar con esta ley sin tener el nuevo organismo creado, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? De alguna manera se tendrá que financiar ese nuevo organismo que se va a crear, porque simplemente asumir el personal por parte del Injuve no es suficiente, sigue habiendo un desajuste muy grande. Por otro lado, queremos saber cuándo va a estar creado ese organismo nuevo, porque estamos hablando de la extinción de un organismo existente sin tener el real decreto o el documento que crea el consejo nuevo que asumirá esa representación juvenil. ¿Qué va a pasar con la representación juvenil durante ese tiempo? Nos preocupa bastante, porque existe ahí un vacío y se va a vulnerar directamente la Constitución al dejar a la juventud del Estado español sin representación y sin participación.

En cuanto los mayores, hablaba usted de dependencia y de esfuerzo compartido, cosa que me sorprende muchísimo porque las comunidades autónomas estamos asumiendo el 80% de lo que cuesta financiar la dependencia. Por tanto, no podemos hablar de esfuerzo compartido cuando los Gobiernos autonómicos estamos asumiendo prácticamente todo el presupuesto que supone financiar las comunidades autónomas y somos nosotras, somos los Gobiernos autonómicos, quienes estamos reduciendo esa lista de espera. Si vamos a hablar de esfuerzo compartido y de logros compartidos, tenemos que hablar también de que el Gobierno central no está asumiendo la parte que le toca de financiación de la Ley de dependencia, que lo estamos haciendo las comunidades autónomas; una financiación, como decía mi compañero, que nos asfixiada especialmente en el caso del País Valencià, y nos asfixia de una manera inaceptable; nos asfixia para temas tan importantes como sanidad, violencia machista o servicios sociales, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Al final, nos va a tocar elegir entre dependencia o violencia machista, y eso es una auténtica barbaridad, o entre atender a la infancia


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o atender a las personas mayores, y eso es una barbaridad. Existe el artículo 156 de la Constitución española -ustedes se acuerdan del 155, no se acuerdan del 156 de la Constitución española- que les exige asegurar la financiación de todos estos servicios a las comunidades autónomas y lo están incumplido sistemáticamente, y lo mismo sucede con los ayuntamientos...

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Señora Sorlí, tiene que terminar.

La señora SORLÍ FRESQUET: Acabo ya.

... que son los que les estaban salvando las cuentas en Europa, los que estaban salvando esa visión positiva de la que tanto alardean. Eran las entidades locales quienes estaban salvando esto y ahora parece que les tenemos que dar las gracias por dejarles invertir. Entendemos que son unos presupuestos muy poco sociales, muy manipulados y que, al final, lo que hacen es afianzar ese modelo, como decía al principio, de alimentar a las personas ricas con todo el dinero público posible y repartir las pocas migajas que sobran entre las personas sencillas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchas gracias señora Presidenta.

En primer lugar, quiero darle las gracias al señor secretario de Estado, al señor Garcés, por su extensa y prolija comparecencia. También quiero manifestar mi reconocimiento y nuestra condena y repulsa por esas mujeres y niños asesinados, como usted ha manifestado al inicio de su comparecencia. Desde nuestro grupo parlamentario nos unimos a esa firme condena de esta terrible lacra social.

Me gustaría intentar seguir más o menos un guión respecto a los temas que usted ha tratado e intentaré no perderme. Cuando ha empezado usted a hablar de apuntalar el Estado del bienestar y ha utilizado sinónimos relacionados con la construcción -me han gustado mucho la figura puesto que soy arquitecto de profesión-, hablaba de utilizar dos puntales, dos líneas estratégicas o dos columnas: Una, el empleo relacionado con el crecimiento económico. En este sentido, coincido con la anterior portavoz en el sentido de que debe ser un empleo de calidad no un empleo precario; de hecho, por ese motivo Ciudadanos ha presentado hace poco la ley de precariedad laboral. Otra, políticas sociales. En este aspecto, también coincido con la interviniente anterior en que usted en su comparecencia continuamente ha utilizado el término gasto social y me gusta más el término de inversión social. Me gustaría añadir un pequeño apunte, en la línea de nuestra política social, un nuevo pilar o columna central, siguiendo el término constructivo, basado en la innovación social. Es verdad que el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como usted ha detallado, ha aumentado este año un total de 295,4 millones de euros, una tendencia que, a nuestro juicio, es muy positiva, pero lo cierto es que a la hora de desarrollar programas y partidas concretas -y ahora intentaré hacer alguna matización al respecto- echamos en falta una mayor ambición presupuestaria en algunos asuntos, que voy a indicar brevemente, aunque luego entraré en más detalle: en atención a la infancia y a la familia, menos 1,4 millones y en consumidores y usuarios, menos 2,7 millones. Entre sus principales responsabilidades cabe destacar esa caída de inversión, como he dicho, de 1,4 millones. Esta caída se debe básicamente al descenso de inversión en la partida destinada a publicidad y propaganda, en concreto casi 1,5 millones. No consideramos que sean prescindibles las campañas de sensibilización sobre los problemas de la infancia y la familia, pero quizá esta medida se ha tomado en base a la evaluación del impacto de las campañas anteriores, por lo que nos gustaría que nos lo aclarara, aunque más adelante le haré preguntas al respecto. Si el programa de atención a la infancia y a la familias decrece, es cierto que la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia aumenta su presupuesto en algo más de 12 millones de euros; gran parte de este aumento se debe a las transferencias corrientes, que aumentan casi 19 millones de euros, especialmente la partida destinada a dar cumplimiento al artículo 2 del Real decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, que establece los ejes de la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y actividades de interés general consideradas de interés social. Esta partida -la 454- para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social y reguladas por el articulado 2 del Real Decreto del 28 junio que he citado anteriormente, aumenta 85 millones de euros.


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Respecto del programa de promoción y servicios de juventud, queremos preguntarle por el Consejo de la Juventud. Como sabrá, en la Ley de racionalización del sector público de 2014 y en el informe CORA se aprobó la eliminación de este organismo autónomo mediante la absorción de sus competencias por el Injuve. Desde entonces, la presión del resto de los grupos en la desaparición de este organismo autónomo todavía no se ha producido y, pese a ello, el Gobierno no ha mostrado una idea formada sobre cómo dar continuidad a las funciones del Consejo de la Juventud por parte del Injuve o si se va a crear una nueva organización de personalidad jurídica privada pero que colabore con la Administración que sustituya a este organismo. De hecho, estos Presupuestos Generales del Estado contienen una disposición final, la vigésimo sexta, que modifica la Ley de racionalización del sector público transformando la composición del Consejo de la Juventud.

En cuanto al programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, vemos que la partida aumenta escasamente pese a que es una asignatura pendiente del Gobierno. La brecha del género sigue aumentando en España; lo dice el Foro Económico Mundial, pero el Gobierno no parece decidido a realizar actuaciones concretas en esta materia. Las escasas medidas en pro de la igualdad que se están aprobando en esta legislatura se deben a las presiones de nuestro grupo: mejora de los permisos de maternidad para autónomas, aumento de la duración de los permisos de paternidad, desgravación de 1000 euros anuales del IRPF para centros escolares, etcétera. Quiero destacar el logro de Ciudadanos en sanidad: esos 20 millones de euros presupuestados para los afectados por la talidomida, que quizás parecen insuficientes, pero más tarde le haré preguntas al respecto. En materia de discapacidad, cabe destacar la partida 487 del Real Patronato sobre Discapacidad, que aumenta el programa educativo para personas con discapacidad de manera considerable, con un millón de euros. Las transferencias a familias e instituciones se han mantenido en su mayor parte, aumentado cinco partidas en concreto: Plena Inclusión, asociaciones de sordosciegos, Predif, Apascide, etcétera.

En cuanto a la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, al que ha hecho referencia en su intervención, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estima que en España hay más de 450 000 personas afectadas por el trastorno del espectro autista. Esta estrategia contiene quince líneas de actuación, cada una de ellas con objetivos específicos en este ámbito, a fin de mejorar la detección, atención e investigación sobre el tema. A raíz de esta estrategia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señaló a principios de año que se crearía un centro de referencia estatal del autismo destinado específicamente a la promoción del conocimiento y la investigación de los trastornos del espectro autista en la ciudad de León. Don Mario Garcés, usted, apuntó que este centro podría estar en funcionamiento para finales de 2018. Sin embargo, no hemos podido observar nada en la sección 26 relativo a este centro. ¿Puede decirnos en qué partida específica se encuentra esta cuantía destinada a este centro?

En cuanto al tema de la dependencia, me gustaría resaltar que somos conscientes del aumento total en 146 millones de euros, 100 millones el año pasado y 46,7 este año, pero me gustaría que nos respondiera -ya empiezo a lanzarle preguntas- a lo siguiente. ¿Usted tiene conocimiento, como ha dicho, de esos 44 millones de euros que se dejaron de invertir? Es verdad que este aumento a nivel de números escama un poco. Si dejas de invertir 46 pero aumenta 46,7... Nosotros somos conscientes -de hecho lo llevamos en el acuerdo de investidura con el Partido Popular- de que necesitamos un aumento de 400 millones de euros en materia de dependencia. Somos conscientes de que faltan entre 250 y 300 millones de euros. A consecuencia de su anterior comparecencia en esta casa, en la que usted afirmaba en el Diario de Sesiones -y lo afirmaba el Tribunal de Cuentas- que en cuestión de dependencia el Gobierno cumplía exactamente con lo que dice la ley, la cofinanciación al 50% -yo no voy a entrar en ello porque hay numerosos informes de gente que habla de que eso no es así del todo; yo no voy a decirle que usted esté en una posición enajenada a la verdad-, según datos que nosotros tenemos tampoco coincide con que el 80% lo pongan las comunidades autónomas. Realmente 6 de cada 10 euros los cubren esas comunidades autónomas, 2 de cada 10 euros el usuario y 2 de cada 10 euros la Administración General del Estado.

Voy a intentar hacerle las preguntas por orden. En cuanto a infancia y familia, ¿bajo qué criterio y a qué persona jurídica va destinada la partida para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio? ¿Cómo se reparten esos 85 millones de euros? ¿Se ha estipulado una política concreta a la que sea preferente asignar este presupuesto? En cuanto a la juventud, ya le hice antes la pregunta.


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En materia de violencia de género ya ha hablado usted del total de esos 120 millones de euros. La Administración General del Estado, 80 millones de euros. La delegada no terminó de explicar esta medida. Somos conscientes de ese aumento del 24%, pero ¿nos puede explicar con detalle cómo se van a distribuir y cómo se asegurará que ese dinero se destina de manera efectiva a la lucha contra la violencia de género? ¿Cómo rendirá cuenta el Gobierno ante la Comisión de seguimiento del pacto que se constituye hoy en el Congreso y que tendrá como finalidad exigir y fiscalizar su cumplimiento?

En cuanto a la talidomida, ¿en qué fase de desarrollo se encuentra el censo de afectados por la talidomida y cuándo empezarán los afectados a cobrar las indemnizaciones? ¿Cuántos afectados por este fármaco se han identificado a día de hoy? Y sobre todo, nos gustaría saber si hay fecha de reunión o algún tipo de acuerdo con la asociación Grünenthal. En cuanto a discapacidad y dependencia, pese a que el presupuesto aumenta, existen otras necesidades que las personas con discapacidad precisan. ¿Sabe usted cuándo se aprobará el nuevo catálogo ortoprotésico? Tenía más preguntas, pero creo que alguna la reservaré para la señora subsecretaria.

Para terminar, metiéndonos en detalle en las partidas, en el caso de una terrible enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, ¿por qué no existe dotación alguna a la asociación de ELA, como Adela? Pasó de 190 000 euros este año a cero euros. Es evidente que deja usted esa carga a las comunidades autónomas y es necesario que esa inversión sea centralizada. Por último -por cierto, creo que se me está acabando el tiempo-, en la partida 472.23.2.B, aparece una ayuda nueva de 1,5 millones de euros a la Red Social Koopera Gizarte Sarea. ¿Qué criterios técnicos o qué indicadores mantienen para que la ayuda a una enfermedad tan grave baje de 190 000 a cero y de la nada se le dé a una asociación, que no se le presupone nada sospechoso, 1,5 millones de euros? ¿Tiene algo que ver con la negociación del cupo vasco, que no es suficiente el dinero que reciben?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Socialista tomarán la palabra la señora Ramón, el señor Ruiz y la señora Álvarez, en el orden que consideren.

La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero dar las gracias por su comparecencia al señor Garcés y decirle que desde luego tenemos una concepción totalmente diferente de las políticas sociales y de cuál debe ser su vía de financiación. Yo me quedo perpleja cuando usted pone el acento en la reforma fiscal, que afecta de forma pírrica a las familias que menos ingresos tienen y que tan castigadas han sido durante estos años de la crisis por el Gobierno del Partido Popular, o cuando le oigo decir que la mayor inyección económica para el tercer sector va a verse con esos hipotéticos 200 millones de euros que se puedan recaudar. Todos los años comparecen ustedes aquí para decirnos que los presupuestos que presentan son los más sociales de la historia. Pues yo le digo que eso no es así, que si analizamos la evolución del gasto social descontando las pensiones, de las cuales el Gobierno solo puede decidir cuánto suben -que, por cierto, ha decidido subirlas bastante poco, por no decir nada, pero su importe depende de la carrera de cotización de cada trabajador-, si analizamos esto, resulta que el gasto social de 2018 sigue por debajo de las cifras del año 2011.

A pesar de que nos encontramos en una etapa de evolución positiva de la economía española, el Gobierno del Partido Popular presenta unos Presupuestos Generales del Estado que una vez más dejan de lado las políticas sociales. El Gobierno está obsesionado con la reducción del déficit público a cualquier precio. Este es el objetivo y esa es la realidad de unas cuentas que se caracterizan fundamentalmente por el inmovilismo. Nada les importa a ustedes que nuestro Estado del bienestar cada vez sea más débil o que las cifras de pobreza sean alarmantes o que la precarización de las condiciones laborales impida que miles de trabajadores y trabajadoras puedan atender las necesidades básicas de sus familias. Poco les importa que España haya sido uno de los países que durante estos años de crisis haya aumentado más la desigualdad o que los colectivos más vulnerables de la sociedad estén desprotegidos. Nos encontramos en los programas de servicios sociales con unas cantidades prácticamente idénticas al presupuesto anterior, y que las cantidades sean prácticamente idénticas es una mala noticia, porque arrastramos varios presupuestos aprobados por el Gobierno del Partido Popular con unos recortes en políticas sociales muy significativos. Partíamos ya de unas cantidades muy mermadas. Cuando el Gobierno presume de un crecimiento económico cabría esperar que en estas condiciones la bonanza también les llegue a los ciudadanos y ciudadanas que tanto han sufrido durante estos años de recesión y de recortes, pero nada


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más lejos de la realidad. Gobernar es priorizar y el Gobierno de la derecha, cuando hay una etapa de recesión económica, no tiene entre sus prioridades las políticas sociales, pero resulta que en las etapas de crecimiento económico tampoco las tiene.

En materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social los datos señalan a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor empobrecimiento infantil en los últimos años. El porcentaje de población en riesgo de pobreza, según los datos del INE, se sitúa en el 22,3% frente al 22,1% del año anterior. La población en riesgo de pobreza con edad inferior a dieciséis años alcanza ya el 28,9%. El acuerdo de investidura que hicieron ustedes con Ciudadanos comprometía un plan contra la pobreza infantil con la siguiente dotación: en el año 2017, 1000 millones de euros y en el año 2018, 1560 millones de euros. En el año 2017 el Gobierno jugó a la confusión con las cifras y aportaba para el plan contra la pobreza infantil una cifra mezclada con otras cantidades y hablaba de 100 millones. Después de muchas preguntas ya nos pudimos enterar de que el plan de lucha contra la pobreza ascendía a 60 millones de euros. Todo indica que esta situación de pretendida confusión también la contemplan en los presupuestos generales de 2018, que parece que hablan de una cantidad de 346 millones de euros, siendo una de las actividades prioritarias del Gobierno. Dicho esto, parecía que nos podríamos encontrar en la sección 26 con una dotación de 346 millones de euros. Según parece, esta cifra es la suma de conceptos de otras secciones destinadas a otras políticas, como son los programas de fondos europeos para ayuda alimentaria, reasentamiento y reubicación de refugiados para la atención de familias con menores y una partida para programas de servicios sociales de 100 millones. Esta es la única que se encuadra en la sección 26, pero tampoco se puede afirmar que exista una partida de 100 millones destinada a pobreza infantil. Esta cantidad no aparece desglosada, tal y como ocurrió en el presupuesto anterior. Por eso, me gustaría que nos desglosara cuáles son las partidas que realmente se contemplan. Otra importante partida de esta sección es el plan de desarrollo gitano que cuenta con una dotación inferior, en más del 60%, a la que estaba contemplada en el presupuesto del año 2011.

Respecto al plan concertado, el Gobierno debe aclarar qué ocurre con el plan concertado, si tiene dotación y a cuánto asciende y también debería explicar a qué se debe esta mezcla, dado que se trata de políticas diferentes. La confusión podría haberse provocado deliberadamente, porque, insisto, en 2017 utilizaron la cifra de 100 millones, tanto para referirse a la dotación de las políticas de lucha contra la pobreza infantil como para referirse al plan concertado. Por eso me gustaría que nos dijese qué partida tiene cada uno de estos planes.

En materia de dependencia, en el acuerdo firmado del Partido Popular con Ciudadanos se comprometían a un incremento de 440 millones de euros para 2017 y, sin embargo, en el presupuesto de 2017 la dotación fue inferior a la de 2011 en 345 millones de euros. En el año 2018 se produce un escaso incremento que asciende a 46 millones y vuelvo a reiterar que se dejaron de ejecutar el año pasado 44 millones de euros. El nivel acordado de financiación se vuelve a suspender y tampoco se consigna en los presupuestos. Quiero reiterar que tenemos más de 300 000 personas en lista de espera y que cada mes fallecen 3000 personas que tenían derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Tampoco se consigna partida alguna para la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar.

En materia del Imserso, le diría que creo que ha dado erróneamente las partidas destinadas a termalismo social y turismo, ya que estas han bajado en más de 3 millones de euros en relación con las cifras que ustedes mismos contemplaron en el presupuesto del año 2017. Con respecto al último presupuesto del año 2011, el recorte es de más del 30%. Tampoco aparece, a pesar de este hipotético crecimiento económico, la partida correspondiente a teleasistencia que ustedes eliminaron y contemplaba 32 millones de euros.

Por último, me gustaría plantearle algunas cuestiones. En materia de dependencia usted ha sacado pecho con el acuerdo de todas las comunidades autónomas, pero le preguntaría para qué ha servido ese acuerdo si no se ve plasmado en este proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Además de estas preguntas concretas respecto a las partidas para el plan concertado y para la lucha contra la pobreza infantil, me gustaría hacerle algunas en referencia al Imserso: si tienen planeada alguna actuación para mejorar las instalaciones y el personal para prestar de forma idónea los servicios; cuándo piensa llevar a cabo medidas encaminadas a mejorar las instalaciones de los centros del Imserso; qué parte de la oferta pública de empleo, de personal, va dirigida al Imserso; y, en relación con esos centros del Imserso a los que usted ha hecho referencia en su intervención, que están pendientes de apertura, me gustaría saber qué fecha de apertura manejan para dichos centros en León, en Soria, en Langreo o en Olivenza en


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Badajoz. Por último, a pesar de este crecimiento económico, no contemplan un crecimiento en las partidas destinadas al turismo y al termalismo social o a los 32 millones de la teleasistencia.

En relación con el Instituto de la Juventud, la propia Ley de racionalización, como usted ha dicho, contemplaba la eliminación y la creación del otro organismo y lo que no entiendo es cómo en el presupuesto aparece la eliminación pero no la creación. ¿Cuándo prevé el Gobierno que será aprobado el real decreto de creación de la nueva corporación del Consejo de la Juventud de España que estaba contemplado en la propia Ley de racionalización?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Señora Ramón, gracias. Ha consumido usted nueve minutos y ha dejado un minuto para sus dos compañeros.

El señor RUIZ I CARBONELL: Visto el presupuesto, podría repetir que preferiría dirigirme al director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, y el resto como el año pasado, ya que las cifras son casi las mismas.

Tengo poco tiempo, iré al grano. Ya que nos hemos recuperado -ha dicho-, ¿cuándo piensa recuperar el nivel de inversión en discapacidad del último presupuesto socialista? El texto refundido de 2013 fija que el pasado 4 de diciembre todo tenía que ser accesible a todas las personas. Tener una discapacidad no hace que dejes de ser persona, así que lo están esperando. Hace un año le dije que le quedaban 223 días y hoy que pasan 135. Le propuse un mecanismo que llamamos del 1%, lo presentamos como enmienda y lo rechazaron. Luego en Comisión hemos aprobado iniciativas sobre ello que no se reflejan en estos presupuestos.

Recientemente, con la complicidad de Ciudadanos, han vetado el proyecto de ley para crear ese fondo para acabar con las barreras que tienen las personas con alguna discapacidad. ¿Nos puede decir hasta cuándo van ustedes a continuar incumpliendo la ley? No lo vemos en estos presupuestos, cosa que además es una falta de solidaridad con más de 3,8 millones de personas con algún tipo de discapacidad y de respeto a las más de 7000 entidades que defienden sus derechos. Y es que ni comen ni dejan comer. Ayer, con la complicidad también de Ciudadanos, vetaron nuestro proyecto de ley para reformar la Ley de Propiedad Horizontal, cuyo objetivo es lograr que para muchas personas mayores o con discapacidad su casa sea su hogar en lugar de ser su celda. Veto que le anuncio vamos a recurrir, y más tras la sentencia del Constitucional. ¿Piensan ustedes presentar alguna iniciativa para resolver este problema? No lo veo reflejado tampoco en estos presupuestos. Por cierto, el año pasado le dije que iba para cinco años de retraso cumplir con el artículo 12 de la convención en lo relativo a la capacidad jurídica; ahora ya llevan seis, ¿le tendré que decir que llevan siete el próximo año? Hace año y medio que el Pleno acordó, por unanimidad, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, promover un nuevo marco normativo para la inclusión laboral, ¿hay alguna medida en este presupuesto que lo respalde? Yo no la he encontrado.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Señor Ruiz, lo siento mucho pero es que ya lleva excedido más de un minuto del tiempo y falta su compañera.

El señor RUIZ I CARBONELL: Termino, termino.

Me gustaría que me lo desmintiese con cifras, porque como dice mi amiga Ana, que solo puede pasear por Tarragona en silla de ruedas, hablar sabéis hablar pero lo de la pela es la pela y yo he dejado de hacer muchas cosas por un simple escalón.

Graciès per la seva atenció. Le entregaré al letrado unas preguntas para que las conteste por escrito.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.

Como sé que al secretario de Estado le gusta mucho la literatura, me voy a permitir un giro literario para decirle que ayer se lo dije a la delegada del Gobierno y hoy se lo digo a usted: en materia del pacto y los fondos del pacto, ustedes mienten con desparpajo 'cifuentino', ¿sabe usted lo que es eso? Bien.

Pregunta: sé que tiene usted varias cartas encima de la mesa de distintas consejeras de comunidades autónomas en relación con este asunto exigiendo, de urgencia, la convocatoria de una sectorial de igualdad porque, desde luego, entre su relato y el de las comunidades hay una discrepancia nada más y nada menos que de 120 millones. La pregunta exacta es cuándo piensan convocarla. Ahora voy a tres o cuatro preguntas de manera muy rápida.


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La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Intente ser breve porque ya se están excediendo en tres minutos.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Sí.

¿Cuáles son los criterios que han llevado a la firma de convenios para la financiación directa y sin concurso público de la fundación de doña Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, y no con otras fundaciones u organismos con más experiencia en materia de inserción laboral a las que están negando ustedes apoyo financiero? La financiación, también directa y sin concurso público, del Instituto de la Mujer a las cooperativas impulsadas por Cáritas está destinada a llevar exactamente qué programas de igualdad. ¿Qué criterios se han utilizado para que se financien universidades en solo cinco comunidades autónomas y tan solo en cinco provincias? ¿En qué año piensa el Gobierno dar cumplimiento a la medida del pacto que hace referencia a que vengan ustedes a comparecer al Congreso con fichas presupuestarias para que tengamos identificadas las partidas y tengamos posibilidad de ejercer un control que no permita que inviertan ustedes el dinero del pacto en asuntos generalistas?

Termino ya, presidenta, con una historia. Mire, usted ha dicho que uno de los principales retos que tenemos en este país es el demográfico; coincido plenamente con usted. Entiendo que usted sabe que eso tiene una vinculación directísima...

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Señora Álvarez, de verdad, concluya porque, si no, no va a poder hacer la pregunta.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: La pregunta es cómo casa el hecho de esa afirmación con el hecho de que ustedes no apuesten por los permisos equiparables de paternidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Gracias, señora Álvarez.

Les ruego, por favor, que se intenten ajustar al tiempo cuando tienen que intervenir varios. Nos hemos excedido en cuatro minutos del tiempo que correspondía a un grupo y lo digo para que no les pase a otros y no crear así ningún tipo de agravios, que no me parece justo.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tienen la palabra la señora Navarro y la señora Dueñas.

La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor secretario de Estado. En nombre del Grupo Parlamentario Popular bienvenido a esta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. No podía ser de otra manera, pues usted siempre es portador de buenas noticias y un año más, como ya lo hizo el año pasado, nuevamente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 es un presupuesto eminentemente social. Lo ha dejado claro en su exposición y, aunque no lo ha dicho, lo voy a decir yo: 7 de cada 10 euros del gasto social del presupuesto del Estado se destina precisamente a eso, a gasto social.

Usted ha hablado de 196 782 millones de euros, pero si a eso sumamos las transferencias a las comunidades autónomas y los gastos indirectos, el montante total asciende a 354 225 millones de euros destinados precisamente a gastarlos en las personas. Cuatro años consecutivos de crecimiento económico y de creación de empleo permiten aumentar esa inversión y eso se lo debemos a los españoles y se lo debemos a las críticas de un Gobierno del Partido Popular, de su Gobierno, que cogió un país en recesión, al borde del rescate, y con la tasa más alta de desempleo de la historia de la democracia. Eso es el fruto de años de políticas socialistas que por segunda vez dejaron a este país en la ruina. Señor Garcés, no se rindan al desánimo y continúen su buen hacer. Por mucho que estos presupuestos de 2018 se presenten a la Cámara enfrentados a los noes de la izquierda y a la crítica voraz de aquellos que repudian lo que ayer no supieron hacer, aquí está el Grupo Parlamentario Popular, que buscará los apoyos necesarios para sacar adelante estos presupuestos.

Además, le quiero contestar al señor Campuzano. ¡Claro que sí!, a la vista de la radiografía que ha lanzado, no me extraña que se quieran ir de España, si bien este Grupo Parlamentario Popular le dice que más temprano que tarde tendrá que dar respuesta a todos los vecinos de Cataluña para rendirles cuentas de dónde invierten el dinero de los catalanes, si lo están destinando al procés y no a los servicios esenciales de los catalanes.

Los grupos parlamentarios de la izquierda se están enarbolando en la bandera de lo social y se ciegan con el ilusionismo al que les gusta jugar. Se han instalado en el no es no, sin percatarse de que se están


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quedando al margen de contribuir al bienestar de los españoles como ya lo hicieron el año pasado. Así también lo anuncian este año y desde aquí el Grupo Parlamentario Popular les apela a la responsabilidad y les invita a salir de su error para que no cometan este dos veces. Estos son unos presupuestos generales que consolidan la recuperación económica y unos presupuestos que centran su esfuerzo en quien más lo necesita: la familia, los jóvenes, los mayores, los dependientes y los más vulnerables y los que menos tienen.

Agradecemos al presidente Rajoy que su compromiso lo haga con una respuesta que es viable y que se plasma en estos presupuestos generales, empezando sí, por supuesto, por una reforma fiscal que afecta a 3 millones de españoles con las exenciones y reducciones del IRPF y que supone también que los cheques afectarán a 625 000 familias y que se beneficiarán de algunos de los cheques de guardería; los cheques de familia numerosa, que aumentarán 600 euros de deducción, además de los 1200 iniciales por cada hijo, a partir del cuarto hijo; del cónyuge con discapacidad que se beneficiará de una deducción de 1200 euros. En total son 2000 millones de euros en el bolsillo del contribuyente. Y, por supuesto, que sí, la subida a los pensionistas de las pensiones mínimas y las no contributivas del 3% y la de viudedad, que aumentará su base reguladora del 52% al 54%, afectará a 1 millón de pensionistas y, por supuesto, con un beneficio de más de 1000 millones de euros en el bolsillo del contribuyente. Esto, junto con las rebajas fiscales que señalábamos con anterioridad para las rentas más bajas, afectará a un total de 6,5 millones de pensionistas en España.

Las cifras hablan por sí solas. Su ministerio, señor Garcés, sigue teniendo una consideración especial para el Gobierno y este año también aumenta su presupuesto en un 4,36% respecto del año 2017. Son 2279 millones de euros para cuidar de las personas, 95 millones de euros más que el año pasado. Si una medida de estos presupuestos generales hay que destacar por la novedad, y sí lo vamos a decir, es el compromiso que implica la modificación del impuesto sobre sociedades, que permite destinar el 0,7% de su recaudación a las entidades del tercer sector. Porque nuevamente es un Gobierno del Partido Popular el que se pone del lado de más de los 7 millones de españoles que están recibiendo servicios y prestaciones precisamente de las entidades del tercer sector que lo hacen con ayuda de más de 6 millones de españoles que son voluntarios, y eso hace marca España, y eso hace que esto represente el 2% del producto interior bruto. Así que felicidades porque nuevamente un Gobierno del Partido Popular suma España y suma para los españoles. Y sí, se consolidan en estos Presupuestos Generales del Estado de 2018 para protección a la familia y atención a la pobreza infantil 100 millones de euros, prestaciones básicas de servicios sociales.

Señorías del Partido Socialista y señora Ramón, le voy a recordar que su cifra en esta partida presupuestaria era de cero euros y le voy a recordar también que es un cero redondo y sin esquinas, no las busquen porque el cero es pelón. Así, también la apuesta estrella de estos presupuestos es por nuestros jóvenes y, sí, lo hacemos desde el empleo, 500 millones de euros más para la garantía juvenil, sin duda porque hemos demostrado que los jóvenes son la mejor apuesta y que el empleo es también la mejor política social, permitirá compatibilizar un contrato de formación con una renta de 425 euros al mes e incentivaremos a las empresas que conviertan en contrato indefinido los contratos de formación a su finalización. Nuestro objetivo son 20 millones de empleos en el año 2020 y lo vamos a conseguir.

Por supuesto, también hay que destacar esa nueva convocatoria de subvención a través de la Dirección General de la Juventud para el talento joven porque si queremos que España sea capital del talento joven es precisamente con el empleo y a través de esta inyección económica donde podremos conseguirlo.

En materia de discapacidad sí que quería poner encima de la mesa que aumenta en un 2,8% respecto a 2017 la partida para hijo a cargo con discapacidad y que suma 1585 millones de euros, aunque no dependa de este ministerio, si bien también, como en las deducciones por cónyuge con discapacidad, sumará 375 millones más. Y sin duda también las medidas de conciliación para el cuidado de nuestros dependientes como consecuencia de la firma de convenios con las administraciones públicas.

Por último, y no menos importante, agradezco al secretario de Estado que a través del Imserso que siga comprometido con los dependientes, 46 millones de euros más, un total de 1401 millones de euros para la dependencia. Nosotros sumamos y sumamos dependientes atendidos, que son 959 492 y más servicios profesionales y de calidad en la calle para atender precisamente a nuestros dependientes. Por mucho que digan, y por mucho que quieran afear la partida presupuestaria el resto de grupos parlamentarios, nosotros a lo nuestro, que es atender a los dependientes. Así que, si quieren, también pregunten a sus comunidades autónomas donde gobiernan a qué van a destinar la inyección económica


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de la no desdeñable cifra de 4248 millones de euros que este año el Gobierno de España permite sumar a la inyección económica que hace a las comunidades autónomas para que gasten precisamente en los servicios esenciales de los vecinos. ¿Dónde lo van a destinar? Y cuando quieran podemos empezar a hablar también de financiación autonómica.

Por último, 20 millones para los afectados de talidomida, es una novedad, como también los 1000 millones que compromete el Gobierno en la Estrategia Nacional de Menores sin Alcohol. Son unos presupuestos buenos para España y para los españoles. Déjense de intereses partidistas, de intereses interesados para otros debates y hoy a estos Presupuestos Generales del Estado, por España y por los españoles, voten que sí.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Le quedan tres minutos, señora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Buenos días. Muchas gracias al secretario de Estado por el detalle presupuestario del departamento que dirige. En la comparecencia de ayer de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género nos quedó tremendamente claro, si bien escuchando hoy algunas intervenciones de algunos portavoces que me han precedido, de nuevo hemos vuelto a escuchar ese discurso teñido de catastrofismo porque vuelven a demostrar que no quieren enterarse de la realidad y la realidad es que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha cumplido con el compromiso alcanzado en el informe que sustenta el pacto de Estado. Cifra histórica de 408 millones de euros y esa es la realidad, una realidad que tendremos la oportunidad de desarrollar a través de la comisión de seguimiento que hoy precisamente se ha constituido en esa Cámara.

Señorías, hoy vuelve a quedar claro el compromiso del Gobierno del Partido Popular con las prestaciones en materia de igualdad, que es la base para construir cualquier sociedad democrática. Al ser la igualdad una materia que abarca todos los ministerios y afecta a todos los niveles competenciales, se continúa trabajando de manera transversal y coordinada con todas las áreas de Gobierno para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda persistir y para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres: empleo, formación, conciliación, corresponsabilidad y educación.

No me voy a detener, porque ha sido objeto de detalle en la comparecencia, pero sí quiero destacar el incremento del 20% respecto del presupuesto anterior para favorecer la elaboración e implantación de los planes de igualdad en las pymes, que son el 99% de nuestro tejido empresarial. También se incrementa un 20% el Programa SARA, orientado a ayudar a afrontar tanto los problemas económicos, labores y de formación profesional como la fractura social de las mujeres víctimas de discriminación múltiple en situación de especial vulnerabilidad.

Una cuestión que también me parece importante resaltar es que, según el informe PISA, en España solo el 7% de las menores de quince años quiere dedicarse a profesiones técnicas, lo que da lugar a que por cada dos ingenieras haya ocho ingenieros. Por ello se han creado nuevos programas destinados a incrementar las vocaciones técnicas y tecnológicas de las niñas en colaboración con las universidades públicas.

Veo que ya me paso de tiempo. Permítanme, señorías, que diga muy brevemente que el compromiso de este Gobierno del Partido Popular es un compromiso de hecho. Hacer demagogia y titulares es francamente fácil. Habla de igualdad la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero su formación política cuando gobernó, mientras abanderaba el discurso de la igualdad, mandó a 1 400 000 mujeres al paro. El discurso de la igualdad cae por su propio peso.

Concluyo, presidenta. Señorías, como decía ayer, la mejor herramienta que tiene cualquier Gobierno de España, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para lo que nos demandan los ciudadanos son los presupuestos generales que hoy traemos. Por eso apelo a la responsabilidad de aquellos grupos que han reiterado el no a los mismos. Siéntense a dialogar, a negociar y a alcanzar acuerdos. Rectifiquen su bloqueo injustificado a estos presupuestos, porque se equivocan si creen que manteniéndolo perjudican a este Gobierno o a este grupo parlamentario. A quienes perjudican es a los ciudadanos y será ante ellos ante los que tendrán que explicarse y rendir cuentas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Gracias, señora Dueñas.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Olòriz tiene la palabra.


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El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidenta. Gracias, secretario de Estado.

Antes de nada tengo que decir que dentro de unos minutos se constituye una Comisión de la que formo parte y tendré que salir sin poder escuchar sus respuestas, pero quiero decir un par de cosas. Primero me dirijo a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nunca nadie ha dicho tanto en tan poco tiempo. Realmente me ha sido más cansado escucharla a ella que el largo y prolijo discurso del secretario de Estado. (El señor vicepresidente, De Arriba Sánchez, ocupa la Presidencia). Hablen ustedes más entre ustedes y descubrirán la piedra filosofal de cómo se gasta el dinero en Cataluña. Si escuchan al ministro de Hacienda, sabrán que no se ha gastado nada en el procés. Si ustedes escuchan, quedarán satisfechos y tranquilos y se podrán dedicar a otras acciones de propaganda contra la Generalitat de Catalunya. (Rumores). Ustedes han sacado el tema, no yo. Por tanto, tengo al menos el mismo derecho que ustedes a hablar sobre esta cuestión.

En cuanto a lo que nos compete, es la propuesta 2017 remasterizada. Ustedes estaban muy orgullosos del presupuesto de 2017 y ¡cómo no lo van a estar de este proyecto de 2018! Es más de lo mismo; un poco menos por aquí, un poco más por allá, pero más de lo mismo. La verdad es que no creo que España haya salido muy beneficiada en políticas de igualdad en el último período. Suena antiguo. Me parece que ustedes tienen un presupuesto antiguo. Les ha ido bien durante mucho tiempo y por eso continúan gobernando, pero es antiguo. ¡Cómo nos entenderíamos en un presupuesto nuevo no remasterizado!

Cuatro propuestas en infancia, lo que dicen todas las entidades de infancia de España siguiendo a las europeas. Primera, ayuda por hijos a las familias, que las familias reciban ayudas por sus hijos. Es la fórmula ganadora en Europa, la que reduce más la pobreza infantil. Atrévanse, háganlo y tendrán nuestra colaboración. Segunda, pobreza. Renta mínima garantizada. Algunas comunidades autónomas lo hemos intentado con dificultades. Hagan una ley de bases de renta mínima garantizada que se pueda implementar en el conjunto de las comunidades autónomas. Seguro que lucharíamos mejor contra la pobreza. Tercera, dependencia. Hagan caso a las comunidades autónomas que se han puesto de acuerdo en un diagnóstico. Háganles caso y empiecen con un principio de buena fe, que es cumplir lo acordado. Pongan el dinero suficiente -el 50% al que se comprometieron por ley y que no han cumplido- para la dependencia. Cuarta y última, igualdad. Aplaudiría sencillamente propuestas con dinero finalista para que se cumplan los objetivos acordados en el pacto por la igualdad en lo que compete a sus áreas de trabajo. Con estos cuatro elementos tendríamos suficiente cambio como para pensar que lo que dicen cuando nos piden que les votemos no es pura y simple retórica propagandística.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias, señor Olòriz.

Creo que ya no hay más intervenciones de sus señorías. A continuación, tiene la palabra para contestar nuevamente, el secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Garcés Sanagustín): Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señorías, por el tono de sus intervenciones.

Señora Rodríguez, en relación con el presupuesto del pacto de Estado contra la violencia de género, usted preguntaba por los recursos destinados al Ministerio del Interior. Con carácter general el Ministerio del Interior lo que hace es financiar los recursos de personal. Esencialmente lo que está financiando es el mayor número de efectivos que va a destinar el Ministerio del Interior a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder atender a las necesidades y los requerimientos del pacto. Por lo tanto, estamos hablando esencialmente de 40 millones destinados, como digo, a gastos de personal.

En relación con los 120 millones, ya he dicho que la corresponsabilidad administrativa y fiscal nos obliga a considerar dónde se están haciendo los esfuerzos presupuestarios. Si el Estado aumenta solamente en 1000 millones su gasto no financiero y las comunidades autónomas ganan más de 4000 millones, creo que deberíamos actuar en correspondencia y hacer que el esfuerzo corresponda a las comunidades autónomas en función de su nivel de financiación. De lo contrario, esto nos puede llevar a una paradoja intelectual de la que luego hablaré a raíz de algún discurso que hoy he escuchado aquí. Imagino que los viajes en el AVE a veces producen alguna distorsión de planteamientos y a lo mejor uno piensa una cosa a las nueve de la mañana en Barcelona y otra cosa diferente a las doce aquí. Eso me plantea un problema curioso desde el punto de vista ontológico e intelectual que habría que explicar no sé si desde el punto de vista de la ciencia médica o desde el punto de vista de la ciencia política. Ahora lo veremos.


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Señora Rodríguez, en relación con la ley de la infancia, tenemos como plazo para presentar el proyecto de ley -porque lo dijeron ustedes- hasta el mes de septiembre. Entre que se tramita el proyecto de ley, la ley estará aprobada como muy pronto a principios del año que viene. Tenemos otro problema. A veces no sabemos en qué año estamos -a mí también me pasa-, teniendo cuenta que no tenemos la capacidad de aprobar los presupuestos antes del 1 de enero. Como no tenemos capacidad para aprobar los presupuestos antes del 1 de enero, a veces tenemos una dislocación temporal. Si aprobamos los presupuestos del año 2018 cuando se va a empezar a tramitar el proyecto de ley de violencia contra la infancia del año 2018, difícilmente van a estar los recursos presupuestarios en la ley para el año 2018. Estarán en el proyecto de ley para el año 2019. Ya les hago una invitación: aprobemos este y pongámonos a trabajar ya en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.

Señora Marcello, yo no insulto a nadie. Sé que a veces se utilizan palabras gruesas y contundentes, pero les puedo asegurar que yo no insulto a nadie, ni a conciencias ni a personas. No es mi costumbre -ni siquiera desde el punto de vista dialéctico- utilizar palabras tan gruesas ni tan severas. Además, creo que es bueno en el debate político, por muchas diferencias que pueda haber -incluso algunas diferencias fácilmente reconocibles-, que no digamos eso; entre otras cosas, porque el discurso exagerado nos puede llevar a algunas afirmaciones que no son correctas. Entrar en lugares comunes y decir que el sistema social en España es asistencialista y está basado en la beneficencia lo puede decir, cualquiera, pero no tiene ningún valor, sobre todo para las personas, hombres y mujeres, que llevan cuarenta años renovando los servicios sociales en este país. Acusarles de asistencialismo me parece un error. Creo sinceramente que del asistencialismo tardofranquista que heredamos en los años setenta a los servicios sociales que tenemos ahora hay una diferencia abismal. Por respeto al honor de esas mujeres y hombres que están trabajando en los servicios sociales yo me cuidaría mucho de utilizar algunas expresiones, porque creo que deforman el espejo de la realidad de los servicios sociales en este país. También me ha alegrado que cite a Cáritas, es una buena noticia. Ya va siendo horaº de que citen a todo tipo de organizaciones, porque no pasa absolutamente nada. De todos modos, no es el 16% lo que dice el informe de Cáritas, habla del 13, tres puntos menos. Ya que citamos a Cáritas, citémoslo con propiedad, porque realmente son tres puntos menos lo que dice, pero es verdad que afirma que estamos ante esa situación.

Yo me sigo preguntando, señorías, si aplicáramos las recetas económicas que tienen ustedes en su programa electoral, dónde se situaría la pobreza y el empleo en este país. Es muy fácil venir aquí a hacer un discurso sesgado, directo, ante un proyecto de ley de presupuestos que presenta un Gobierno, que evidentemente se puede atacar sin ningún tipo de paliativo, pero ¿qué presupuesto presentaría una organización como la suya? ¿Sabe qué consecuencias socioeconómicas tendría inmediatamente en términos de creación de empleo y en términos de generación de pobreza en este país? Hablábamos antes de las dos columnas. Es que ustedes la primera columna ni la consideran; ustedes se llenan la boca hablando de empleo, cuando con ustedes se destruía masivamente empleo en este país porque todavía no han dado con la fórmula presupuestaria para poder cubrir todas esas expectativas de gasto que están diciendo. Algunas de las recetas fiscales que ustedes proponen provocarían una huida constante de rentas de clase media de este país a otros países, se lo digo claramente, y eso sería automáticamente el desencadenante de la mayor tragedia en generación de desempleo de este país. Por lo tanto, está bien que hablen ustedes de empleo pero, por favor, limítense a analizar la primera columna, la de la izquierda -ya se lo pongo a la izquierda-, para que puedan determinar exactamente cómo se crea empleo en este país.

Yo sinvergüenza no soy, pero quienes no son sinvergüenzas son los consejeros del Tribunal de Cuentas, y pido respeto para un órgano que depende del Congreso de los Diputados. Porque fue un informe del Tribunal de Cuentas, votado por unanimidad por consejeros nombrados y propuestos por el Partido Popular y el Partido Socialista -espero que el Partido Socialista no llame desvergonzados a los consejeros que fueron propuestos por ellos-, el que dijo que si consideramos la suma de la financiación directa finalista más los recursos del modelo de financiación autonómica indexados al número de dependientes, el Estado aportaba el 50% de los recursos. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas. Dentro del debate político podemos utilizar los adjetivos, pero sería faltar al respeto institucional a un órgano de base parlamentaria además. Por favor, que lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, y como lo ha dicho el Tribunal de Cuentas les pido que mantengamos respeto. Dentro de que hay un debate dialéctico sobre el destino, sobre la afectación de los recursos, creo que no es bueno denigrar la legitimidad de un órgano de estas características.


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Quedaron 44 millones sin ejecutar, es cierto, pero quiero recordar que el crédito para atender la dependencia es ampliable, de manera que si se hubieran recibido certificaciones por parte de las comunidades autónomas para ampliar la base de los dependientes, nosotros habríamos gastado esos 44 millones y los que hubieran sido necesarios porque habríamos ampliado el crédito. Es uno de los pocos gastos sociales que tienen carácter de gasto ampliable y, evidentemente, lo habríamos hecho.

El Consejo de la Juventud no se privatiza. Es que utilizamos con una alegría absoluta los términos. Además, como lo de la privatización suena de manera hiriente, vamos a decir que privatizamos el Consejo de la Juventud. No. Hay una ley desde hace cinco años que prevé la extinción del Consejo de la Juventud. A propósito, un proceso llevado de común acuerdo con todas las organizaciones de juventud de este país. Intentamos aprobar un real decreto que consumara la extinción del Consejo de la Juventud, pero el propio Consejo de la Juventud ponía como condición para su extinción que se modificara la membresía del Consejo de la Juventud, de manera que en la entidad nueva -que va a surgir ex novo de base privada- figurasen todos los consejos de la juventud autonómicos. Enviamos el real decreto al Consejo de Estado, que nos dijo, con razón jurídica: Ustedes tienen que cambiar la membresía a través de una ley. Es verdad que la composición jurídica de los miembros del Consejo de la Juventud viene determinada por una ley, por eso hemos introducido la disposición final a la que se refería el diputado del Grupo Ciudadanos. Respecto a los plazos -y ya me adelanto- no va a haber ninguna privatización; se va a crear una entidad de base privada. Los movimientos sociales tienen que ser de base privada, sí, los movimientos sociales tienen que ser de base privada. Esto de la juventud seguirá, pero los movimientos sociales de representación tienen que ser de base privada, como lo son en casi todas las áreas y como lo son en casi todo el mundo, y no pasa absolutamente nada. Y tienen un fundamento de legitimidad absoluto. Cuando aprobemos la ley estaremos en condiciones de llevar el real decreto de constitución efectiva de la nueva entidad la semana siguiente al Consejo de Ministros, porque ya está redactado, ya está el dictamen del Consejo de Estado. Desde el punto de vista presupuestario, he escuchado la palabra vacío. No hay vacío, no sé qué habrán leído, pero no hay vacío. Por una parte se mantiene la subvención, la aportación, para poder atender al Consejo de la Juventud cuando se constituya en una entidad privada y, por otra parte, se incluyen recursos hasta 700 000 euros para poder subrogarnos en el personal que se va a quedar el Injuve, que deja de estar trabajando para el Consejo de la Juventud. De verdad, no va a haber ningún vacío, no tiene por qué haber ningún vacío, y estamos acompasando el proceso con los propios profesionales y representantes del Consejo de la Juventud.

El señor Campuzano no está, ha debido de coger el AVE a Cataluña porque ya estamos cambiando de opinión. Lo que no se puede hacer es despertarse a las nueve de la mañana en Cataluña diciendo que el Estado no tiene competencias y luego venir aquí y colocarse en sede parlamentaria a decir que dónde está su dinero. ¿Las competencias no son suyas? ¿Alguien me puede aclarar esto de una vez por todas? Es que este debate no lo entiendo, o a lo mejor es que la pela es la pela; a los mejor es que yo soy competente pero la pela la pone otro. ¿Dónde está el principio de autonomía financiera? ¿Dónde está el principio de responsabilidad financiera? Esto ya le pasaba a Cambó -lo que pasa es que no venía en AVE-, hacía un discurso nacionalista cuando estaba en Barcelona y aquí venía y hacía un discurso estatalista. Es que estamos permanentemente con lo mismo. Es muy fácil venir aquí a reivindicar dinero y luego negarnos las competencias en el otro lado. ¡Las transformaciones que produce el AVE! Habrá que preguntarle al ministro de Fomento por qué produce efectos curiosos, muy curiosos. Dice que el gasto social en España es poco eficaz. Está muy bien decir que el gasto social en España es poco eficaz, pero es que el gasto social fundamentalmente corresponde a la Generalitat de Catalunya. ¿Ha hecho la reflexión, cuando llega a Barcelona, de cómo es el gasto social en Cataluña? Porque no le he escuchado. Insisto, aquí nos colocan el lastre y la mochila de que demos dinero, luego en el AVE nos dedicamos a hablar de cómo defendemos la autonomía financiera y cuando llegamos a Cataluña, España no es competente absolutamente en nada. A ver si equilibramos el discurso y lo hacemos razonable, al menos desde el punto de vista de la coherencia intelectual, lo demás ya es cuestión de ideología, pero por lo menos, dentro de la coherencia intelectual.

Por supuesto no duelen prendas en pedir que haya una ley estatal que regule las rentas mínimas. ¿Esa no se va a recurrir por inconstitucional? ¿Qué recurrimos, a discreción, recurrimos en función de si nos dan dinero o no nos dan dinero? ¿Por qué? De verdad, pido lógica, lógica política y lógica jurídica, porque venir aquí y defender una ley de rentas mínimas cuando se está negando -como se hizo con el recurso de inconstitucionalidad contra el 0,7%- que tengamos competencias sociales, me parece al menos una ambivalencia dialéctica. Y creo que he sido muy generoso en cuanto a la definición del término.


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Respecto al 0,7% del IRPF, la pregunta era: ¿usted va a mantener, como titular de la secretaría de Estado, el reparto del 20-80? Sí, vamos a mantener el reparto del 20-80 y quiero recordar que no es un principio dispositivo, sino que la competencia corresponde a este secretario de Estado porque así lo ha indicado la Abogacía General del Estado. Y ya empiezo a escuchar cierta alerta o cierta amenaza en materia de recursos: Cuidado con lo que hagan ustedes con el impuesto sobre sociedades. Vamos a ver, por supuesto, el análisis jurídico constitucional a cada uno le corresponde hacerlo libremente. Yo puedo entender que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se interpuso el recurso, se pensara que parte de la recaudación del IRPF está afectada a las comunidades autónomas -en concreto el 50% de la recaudación del IRPF-, pero el impuesto sobre sociedades, que es un impuesto no transferido, con el que queremos crear programas de innovación social y con el que -lo digo con toda la contundencia del mundo- queremos preservar que exista una red, un entramado, de entidades del tercer sector de ámbito estatal que den fuerza a este país también, igual que se da fuerza en el territorio, creo que es incontestable. No está el diputado, pero, a propósito, usted no tendría ningún inconveniente en poner una equis solidaria en la cuota correspondiente del impuesto sobre la renta de las personas físicas por la parte que le corresponde. Venir aquí a reclamar la parte del IRPF del Estado cuando ustedes -digo ustedes en plural porque estamos en ausencia- nunca quisieron aprobar una equis solidaria en la cuota correspondiente de liquidación del impuesto sobre la renta en el territorio de su comunidad autónoma no deja de ser un discurso un tanto de contrastes, e insisto en que acabo de ser muy generoso con la expresión que he utilizado.

Señora Sorlí, claro que detrás del 155 viene el 156, y hasta el 169. (La señora Sorlí Fresquet: Sabe contar muy bien). No tiene nada que ver, pero le voy a decir una cosa, el 156 habla de autonomía financiera. Insisto en que hay un discurso bifronte. Ustedes reclaman competencias, tienen autonomía financiera, y con cargo a su responsabilidad fiscal, mediante el establecimiento de tributos y mediante su capacidad de endeudamiento -limitada, eso sí, gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria-, pueden generar recursos, pero su discurso es: No, no, dénmelo ustedes. Señoría, ¿nos creemos o no nos creemos la España compuesta? ¿Nos creemos o no nos creemos la España autonómica? ¿O venimos permanentemente aquí a pedir el dinero y luego a reivindicar la dialéctica del golpe constante? Desgraciadamente, señorías, la política española se está convirtiendo en los últimos años en un golpe entre las comunidades autónomas y el centro para hacer a veces pseudopolítica. Seamos responsables, conozcamos nuestra realidad constitucional, y si tenemos autonomía, que es lo que dice el 156, que habla de autonomía financiera -lo sé bien-, hagan ustedes uso de su autonomía financiera. Evidentemente, se podrá discutir sobre el modelo de financiación, sobre la justicia o no del mismo, pero yo no soy el secretario de Estado de Presupuestos ni el de Hacienda y no puedo hablar de esto, aunque me gustaría, pero no me dejaría el presidente y seguramente tampoco me corresponde en este momento.

Señora Sorlí, vuelve usted otra vez con la posverdad de que hay ajuste en todas las áreas de la secretaría de Estado. No la hay, de verdad, señora Sorlí, no la hay. Podremos discutir sobre muchas cosas, me podrá decir usted que no hemos incrementado suficientemente algunas partidas, que el esfuerzo es efímero, que es pírrico, pero no hemos reducido las partidas. O las hemos incrementado o las hemos empatado, pero no las hemos reducido, es así. Respecto al Consejo de la Juventud, creo que le he respondido al contestar a otras de sus señorías; sobre dependencia también he contestado. Y en relación con ese discurso de Robin Hood de redistribución de la renta, yo he escuchado muchos discursos de ese tipo y me dan mucho miedo. Vaya al condado de Nottingham que debe ser ahora mismo la Comunidad Valenciana y explíquenos qué política fiscal están haciendo ahí, porque la redistribución de la renta se hace aprobando la Ley de Presupuestos, incrementando el mínimo fiscal para las rentas más bajas, reduciendo la presión fiscal sobre los intervalos de población de rentas entre 14 000 y 18 000 euros y aplicando nuevas reducciones fiscales. Son las recetas que se aplican, no pueden ser otras.

Señor Clemente, ya sé que le gusta hablar de inversión. Yo he hablado en términos exclusivamente económicos y presupuestarios; en términos políticos podemos hablar de inversión social, como debería ser, y usted ha apostado -me parece una apuesta importante- por la innovación social. Si conseguimos aprobar los presupuestos, ese 0,7% del impuesto sobre sociedades irá destinado fundamentalmente a innovación social, no lo dude, pero tenemos que aprobarlo, y tiene que ser el Estado en su centralidad político-administrativa el que lidere ese movimiento a favor de la innovación social. Yo prefiero escuchar innovación social que asistencialismo, porque el discurso del asistencialismo es un discurso de cierta izquierda de folletos clandestinos de los años ochenta. (Risas). Yo prefiero hablar de innovación social, que es de lo que realmente hay que hablar en este país. Por tanto, gracias por haber hablado de


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innovación y, como digo, si aprobamos el 0,7% del impuesto sobre sociedades, estoy convencido de que podremos trabajar en ese sentido.

En cuanto al IRPF, creo que ya he hecho una valoración. Vamos a mantener el 20-80. La cantidad que figura ahora mismo es ampliable en el momento en el que se conozca cuál es la liquidación definitiva, que este año se incrementa en unos 11 millones de euros, sumando los abintestato. Espero que con el crecimiento tendendial de la recaudación fiscal en España, el año que viene podamos seguir incrementando y por supuesto sumando más.

Señor Clemente, quiero decirle una cosa -todavía no había sido crítico con su partido-, ustedes se hacen acreedores hasta de los méritos de cuando no existían. Es una cosa que yo todavía no llego a entender. En España se viene reduciendo la brecha salarial en los últimos años, pero es mérito de Ciudadanos. Señoría, será mérito de la sociedad, será mérito de las empresas, será mérito de los poderes constituidos... Se están produciendo dos hechos sin precedentes en la historia del parlamentarismo español; uno, que formaciones nuevas se acrediten méritos anteriores (La señora Angulo Romero: ¡Eso es muy bueno!), y dos -perdóneme la expresión-, que se cite a personas muertas diciendo lo que piensan. Esto no lo había visto en mi vida. Lo hacen ustedes mucho, por ejemplo, citando a Adolfo Suárez. Dicen: Si estuviera aquí Adolfo Suárez, pensaría lo siguiente. Dejen en paz a las personas que están muertas. (El señor Clemente Giménez hace gestos negativos). Sí, lo han dicho; incluso en el debate del 155 su líder acostumbra a citar a personas muertas. Debe de ser una película, debe de ser El sexto sentido. (La señora Marcos Moyano: ¡Qué va a hacer el pobre!).

En cuanto al centro de referencia de León, en el capítulo 1 está la dotación presupuestaria. Podemos analizarlo con el desagregado -si usted nos hace la pregunta, le suministraremos la información- de los recursos, los efectivos que necesitamos para la apertura. La obra ya está terminada, el equipamiento está y lo único que necesitamos es que se nos autorice -en eso estamos con el Ministerio de Hacienda y Función Pública- la dotación para poder ejecutar ese crédito presupuestario.

Ya he explicado que los 44 millones no se ejecutaron porque no llegaron las certificaciones de las comunidades autónomas. Para la cofinanciación del Estado es necesario que las comunidades autónomas aporten los listados correspondientes con las altas y con las variaciones que se han producido. Como no llegaron, evidentemente no pudimos ejecutar esos 44 millones.

¿Entre qué entidades se va a repartir el IRPF? Lo haremos como lo hemos hecho este año. La convocatoria del Estado va a ser muy similar e intentaremos que el dinero vaya fundamentalmente orientado a entidades del tercer sector de ámbito estatal, pero con plena adecuación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, para materias y competencias donde entendemos que tenemos algún título jurídico constitucional que nos permita reservar ese 20% para poder concederlo.

Respecto a violencia de género, huelga decir que con la Comisión de seguimiento vamos a tener que rendir cuentas muy pormenorizadas. Cerraron ustedes muy bien el círculo, como no podía ser de otra manera. La rendición de cuentas nos obliga a exigir unos objetivos, a cumplirlos, para lo cual, quiero recordar que son necesarios los Presupuestos Generales del Estado, y finalmente rendir cuentas de lo que hemos cumplido o de lo que hemos incumplido. Ahí nos veremos, ahí veremos cuál es el ritmo de ejecución de las medidas, tal y como se está produciendo hasta ahora.

En relación con la talidomida, hay 20 millones de euros. Si esos 20 millones no son suficientes, habrá que dotar de más recursos en el presupuesto del año 2019, porque tendremos que cubrir la totalidad de las personas que finalmente estén en el censo y que hoy todavía no lo están. ¿Cuáles son los trámites administrativos? Una vez que se apruebe la ley, habrá que aprobar un real decreto para la concesión de las indemnizaciones, lo cual conlleva un tiempo administrativo. En cualquier caso, lo trabajaremos directamente con las organizaciones y lo trabajaremos con sus señorías, si es que están dispuestas a colaborar con nosotros, cosa que no dudo.

En relación con el cupo vasco, sinceramente, nosotros no hacemos aportaciones adicionales a una presunta negociación oculta. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, lo que hacemos lo realizamos con la plena convicción de que las aportaciones y recursos destinados, por mucho que se trate de una entidad con domicilio en el País Vasco, es lo que mejor corresponde a los intereses que perseguimos en las políticas presupuestarias que realizamos. Por tanto, les puedo asegurar que yo personalmente no me he sentado a negociar con ningún representante del Partido Nacionalista Vasco los Presupuestos Generales del Estado. La medida se ha tomado a iniciativa de esta secretaría de Estado.

Señora Ramón -y aquí enlazo con algo que decía la señora Navarro-, seguro que ustedes se han puesto en línea con, entre otras cosas, el informe de menores sin alcohol por aquello del 0,0. ¿Cómo


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pueden decir que son pocos los recursos que hay para pobreza infantil si ustedes no tenían ninguno? Señorías, 0,0: cero riqueza y cero recursos en el año 2011. El Fondo para la pobreza infantil comienza en el año 2012 y lo hemos ido incrementando. Es cierto que los 100 millones del año pasado este año son los mismos y se reparten exactamente igual: 60 millones y 40 millones. Por tanto, si quieren hacer la pregunta por escrito, háganla, pero ya les adelanto que la situación es esta.

Dicen que estamos obsesionados con la reducción del déficit. Señorías, ¿no votaron ustedes la reforma constitucional de la estabilidad presupuestaria? A ver ahora quién está obsesionado. Yo no hablaría de obsesión, yo hablaría de cumplimiento de unos principios guía en materia de estabilidad económica y presupuestaria. Seamos coherentes; no renunciemos ahora ni repudiemos el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria cuando ustedes votaron a favor de la reforma constitucional. Ya he escuchado voces que repudian aquella reforma cuando afortunadamente, gracias a esa reforma, este país salió de la crisis. A propósito, la primera persona -a título de inventario- que propuso hace diez años que hubiera una reforma constitucional para que se instaurara constitucionalmente la estabilidad presupuestaria fue este secretario de Estado, porque era condición sine qua non para salir de la crisis y garantizar una estabilidad social, económica y presupuestaria en nuestro país. La distribución va a ser 60 millones para pobreza infantil y 40 millones para el plan concertado.

En relación con el pueblo gitano, le sugeriría que viera cuál ha sido el reparto que hemos hecho de las subvenciones del 0,7% del IRPF y cómo ha correspondido en un porcentaje muy alto a organizaciones vinculadas con el movimiento asociativo gitano. Quiero recordar además, gracias a sus señorías y sobre todo gracias al Gobierno, que desde hace dos semanas la bandera, el himno y el día del pueblo gitano son oficiales. Eso es un mérito colectivo. Sí, se propuso por parte de todo el mundo y el Gobierno lo ha cumplido; teníamos que cumplirlo y lo hemos hecho, como no podía ser de otra manera.

Dice usted que el informe de dependencia se está incumpliendo. No, el informe de dependencia no se está incumpliendo, el informe de dependencia se elevó a la Comisión de Financiación Autonómica, donde está siendo objeto de valoración. Había una propuesta específica que nos sugirió la Junta de Andalucía y que aceptamos para que se fuera recuperando el nivel de ingresos mínimos en tres años. Precisamente el incremento de los 46 millones de euros va destinado a la recuperación de 5 puntos más de los ingresos mínimos. Si quieren que estén en estos presupuestos, porque es un compromiso que nos pidió la Junta de Andalucía, entre otras comunidades autónomas, apruébenlos, con el objetivo de que podamos cumplir con esa recuperación de 5 puntos adicionales en el año 2018 y sigamos cumpliendo con ella en 2019.

Señor Ruiz, yo seguiré viniendo y rindiendo cuentas de nuestra gestión en materia de discapacidad. Hablando de estabilidad presupuestaria, como he dicho, con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2018 las corporaciones locales van a poder utilizar parte del superávit presupuestario para realizar inversiones en materia de accesibilidad. Creo que esa es una medida importante que afecta directamente a las entidades locales, que son aquellas administraciones de proximidad que tienen que remover los obstáculos físicos y de otro tipo que impiden el acceso de las personas con discapacidad. Señor Ruiz, apoye los presupuestos, porque hay una reforma fiscal importante en materia de discapacidad. Podremos discutirla, podrá ser mejor o peor y podrá solicitar algo más, pero es importante.

Respecto a la Ley de Propiedad Horizontal, quiero recordar que su última reforma, fíjese por dónde, la propuse yo siendo subsecretario del Ministerio de Fomento porque incrementábamos las cuotas de la comunidad de propietarios para poder acceder a obras de rehabilitación dentro de la vivienda. Siempre, señor Ruiz, va a haber un problema con el ajuste razonable, con cuál es la carga asumible por parte de las comunidades de propietarios. Ese es un debate que se está haciendo constantemente, pero cada año se avanza, y quiero recordar que la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal se realizó hace unos años. (Un señor diputado: En 2013). Quiero agradecer a su señoría que me lo haya recordado porque fue un director general quien vino a verme en su momento para ver cómo podíamos hacer la reforma y trabajamos juntos en ello.

Respecto a temas de seguridad jurídica, no sé qué tiene que ver con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Hasta los temas de derecho civil y de capacidad tienen que ver con los Presupuestos Generales del Estado? Esto no es un tema antiliberal, simplemente no tiene lógica. La reforma de esto no corresponde a este debate sino a otros, y si quiere podemos venir y hablar, pese a que esos debates se están produciendo en sede parlamentaria, pero si quiere la opinión de este secretario de Estado se la ofrezco en cualquier momento.

La señora Álvarez ha dicho que he venido con ínfulas literarias. No es que sea muy listo decir lo del desparpajo cifuentino. Ha dicho: mentira con desparpajo cifuentino. A mí me gusta más el desparpajo


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cervantino. A propósito, hablando de desparpajo cervantino, me ha venido a la cabeza El Escorial. Ahí es donde se retiraba Felipe II en aquel imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Saben quién se retiraba también a El Escorial a hacer un curso de élite que retiró de su currículum? El señor Pedro Sánchez. Eso es lo que tienen en común Felipe II y Pedro Sánchez, que se retiraban a San Lorenzo de El Escorial para ver si no les veía absolutamente nadie. (Aplausos.-Risas). Eso es rigor cifuentino. A propósito, también se lo digo, que se diga la verdad en todo caso, y lo digo con claridad como secretario de Estado, porque me parece tan mala la corrupción intelectual como la corrupción material; que todo el mundo diga la verdad, todos y todas, y punto. No voy a decir nada más porque ya me conocen los diputados y las diputadas que están en esta sala.

¿Cuándo vamos a convocar la Conferencia Sectorial de Igualdad? Entre otras cosas, nos gustaría que nos aprobasen los presupuestos, porque, si nos aprueban los presupuestos, tengo la cantidad definitiva para poder repartir los fondos entre las comunidades autónomas. Este es un bloqueo constante. ¿Cuándo vamos a convocar la Conferencia de Igualdad? Apruébennos los presupuestos. Tenemos más recursos este año para repartir por Conferencia de Igualdad. ¿Qué quieren? ¿Que convoquemos ahora? ¿Que convoquemos en julio y que luego tengamos un reproche político porque hemos convocado tarde, como pasó el año pasado? Nos hacen responsables de los propios aplazamientos presupuestarios, de los cuales no somos conscientes, con lo cual vivimos en un bucle absolutamente melancólico, y perdónenme que lo diga así.

Entiendo que la señora Álvarez no sea liberal como yo, pero las fundaciones no son de las personas, sino de las fundaciones, de la sociedad civil y de sus patronatos. Empezar a identificar una fundación con una persona es muy fácil. Las fundaciones se deben al objeto, a todas las entidades que colaboran con esa fundación, que son muchas de las grandes empresas de este país y que están haciendo un trabajo magnífico. Por lo tanto, se debe valorar no por personalismos, porque eso es hacer una política muy fácil, sino por la función real que tiene una fundación. Los que creemos en las fundaciones creemos en las fundaciones privadas. A lo mejor hay gente que no cree en la fundación privada sino en otras cosas, y eso es un problema.

Las cinco comunidades autónomas que se suman al convenio son aquellas que tienen universidades politécnicas y que trabajan ahora mismo en programas de igualdad. Por eso se han seleccionado esas cinco universidades. El año que viene, si tenemos presupuestos generales del Estado para el año 2019, les aseguro que seguiremos trabajando con sumar nuevas universidades; no hay ningún tipo de filtro. Son universidades de comunidades autónomas gobernadas por todo tipo de partidos políticos.

Gracias por las conclusiones, señora Navarro y señora Dueñas. Muchas gracias. Lo hacen por convicción además; por lo tanto, se lo agradezco firmemente. Gracias también por la colaboración que siempre prestan a esta secretaría de Estado. Sobre todo no renunciemos a nuestros principios -no lo estamos haciendo-, destaquémoslos y defendámoslos diariamente porque es lo que demuestra cada día que este país puede ser mejor, que este país crece. Debe de haber gente a la que le sienta mal que crezca el país económicamente. En este país se genera empleo. Debe de haber gente a la que le moleste que se genere empleo. En este país crece el presupuesto social. Debe de haber gente a la que le moleste que crezca el presupuesto social. En este país se inyecta cada vez más financiación a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Pues se molestan algunas comunidades autónomas, por lo que estoy viendo, porque se les inyecta mayor financiación. ¿Podemos aplicar cierta lógica a estos razonamientos políticos?

Acabo. El señor Olòriz ha dicho que el presupuesto de 2018 es el de 2017 remasterizado. Pensaba que era una ironía lo de re-máster-izado, pero creo que el comentario no llegaba a eso. No sé si es remasterizado u otra cosa. Cuando lo he escuchado, he pensado que quizá me estaba gastando una broma, pero me he dado cuenta de que no. Yo creo que es el inconsciente, que está funcionando ahora mismo en la conciencia de algunos políticos en este país.

No sé qué es antiguo, y vuelvo a hablar otra vez de coherencia. De las cuatro propuestas que ha hecho, todas son medidas con amplio contenido económico-presupuestario cuando nos niega la competencia. De verdad, acabemos con esta dialéctica, que entre algo de razón lógica en los planteamientos. Insisto, no se puede tener un discurso en Cataluña y otro en Madrid. Será la pela otra vez, como se ha dicho aquí, pero lo cierto es que, si usted tiene la competencia, tiene el dinero. Lo que no puede ser es que diga que nosotros no tenemos la competencia pero sí el dinero. Este es un principio básico de derecho constitucional: quien tiene la competencia tiene asociado el dinero. Por lo tanto, cada uno tendrá qué analizar en su ámbito territorial qué es lo que hace.


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Como creo que he vuelto a abusar de la paciencia de sus señorías, le doy las gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchas gracias, señor Garcés. En nombre de la Comisión le agradecemos su presencia y sus explicaciones.

Vamos a suspender la sesión durante diez minutos, pero justamente después de ese tiempo la reanudaremos con la segunda de las cuatro comparecencias que tenemos. (Pausa).

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Y PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AECOSAN (CASTRODEZA SANZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente 212/001448); CIUDADANOS (número de expediente 212/001507); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001424); SOCIALISTA (números de expediente 212/001286 y 212/001288) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001588).

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Continuamos con la Comisión, señorías, con la siguiente comparecencia.

Damos la bienvenida a don José Javier Castrodeza Sanz, secretario general de Sanidad y Consumo, presidente de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan.

Tiene la palabra el señor Castrodeza.

El señor SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Y PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AECOSAN (Castrodeza Sanz): Gracias, presidenta.

Señorías, es un motivo de satisfacción comparecer de nuevo en esta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, esta vez para rendir cuentas de las principales líneas de gasto que se contemplan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, dentro del ámbito de gestión de la Secretaría General de Sanidad y Consumo. Señorías, la sanidad es uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y su contribución al gasto social es extraordinariamente relevante. En términos de política presupuestaria y de gasto por funciones el que corresponde a la salud ocupa la segunda posición, solo por detrás del gasto en pensiones. Debemos por tanto dimensionar debidamente el presupuesto que corresponde a las políticas de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, enmarcándolo dentro del esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno, en aras de priorizar el gasto social.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 son unos presupuestos sociales que destinan siete de cada diez euros al gasto social. Son unos presupuestos pensados para recuperar el bienestar social y económico, especialmente para las familias, las clases medias, los empleados públicos y los jóvenes y mayores. En este contexto permítanme, pues, que pase a continuación a realizar la exposición. El presupuesto total de la Secretaría General de Sanidad y Consumo asciende en el año 2018 a 330,63 millones de euros, que representan en términos absolutos un incremento de 3,63 millones de euros en relación al ejercicio 2017. El incremento que sigue al ya registrado en 2017 y que supuso evidentemente un incremento de 11,30 millones de euros acrecentándose a su vez en un 3,58% el del año 2017 con respecto al año 2016; y el del 2018 el 1,11% con respecto al año 2017.

Los principales incrementos en las partidas presupuestarias se aplican al desarrollo de las estrategias de salud como elemento clave para la prevención y el tratamiento de enfermedades. En concreto, y por primera vez, se incluyen las enfermedades neurodegenerativas con especial atención a la esclerosis lateral amiotrófica, reconocida con el acrónimo ELA. Asimismo aumentan los créditos destinados directamente a mejorar la asistencia sanitaria gestionada por la Administración General del Estado, la que es prestada en Ceuta y Melilla y Centro Nacional de Dosimetría, con un incremento de 2,18 millones de euros en la dotación de las transferencias corrientes a Ingesa. En consecuencia la suma de este presupuesto y el de los organismos públicos adscritos a la Secretaría General asciende a 383,31 millones de euros.

Además de estas cuantías presupuestarias se dispone de otra financiación extrapresupuestaria a través de las generaciones de crédito provenientes de los ingresos que efectúa la industria farmacéutica. Me estoy refiriendo a los fondos de la disposición adicional sexta de la Ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios; y a los ingresos por servicios prestados a terceros obligados al pago y del Centro Nacional de Dosimetría, que se generan a través de Ingesa.


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Por otra parte hay que destacar la inclusión en el presupuesto del departamento de una importante dotación destinada a los afectados por talidomida, con un crédito de gran relevancia, que alcanza los 20 millones de euros; me consta que ya ha sido debatido este tema, pero sí quiero reiterarlo. Consideramos necesario significar ante esta Comisión la importancia que tiene esta dotación; también me consta que puede parecer para algunos insuficiente pues a través de ella se van a poder materializar, siquiera parcialmente, las demandas de compensación de tantos años reclamadas por los afectados; personas cuya vida ha estado marcada desde el nacimiento por graves malformaciones, y que merecen la ayuda y el reconocimiento de la sociedad española en su conjunto. Como bien saben sus señorías ha sido desde la Secretaría General de Sanidad y Consumo y desde el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, principal órgano de coordinación y cooperación en materia sanitaria, desde donde se ha dado el necesario impulso para dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada en esta Comisión, en su sesión del día 24 de noviembre del año 2016. Para ello se han creado dos grupos de trabajo: el comité de expertos y el comité institucional de la talidomida. Los trabajos están desarrollándose con el apoyo de las comunidades autónomas, a las que quiero expresar nuestro agradecimiento, y del Instituto Carlos III, que está elaborando el registro de afectados que tiene a día de hoy 409 solicitudes recibidas; hace unos días el último dato que me dieron fue de 405. Y todo ello coordinado desde esta secretaría general. Por razones de gestión estos créditos han sido ubicados, como ustedes conocen, en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Por tanto y aunque por rigor presupuestario estos créditos no incrementen nuestro presupuesto, permítanme que considere esta dotación como lo que es en esencia: como un servicio que en gran parte se ha podido hacer gracias al esfuerzo conjunto de toda la secretaría general, de todo el ministerio, de todas las comunidades autónomas, de todas las personas que han participado, de la propia asociación de pacientes, razón por la que de alguna forma nos debemos felicitar.

Señorías, el presupuesto de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, como ustedes conocen, incluye los servicios presupuestarios 04, 07, 09 y 12, con seis programas presupuestarios más el de las transferencias internas. Para el año 2016 se incrementa la dotación en todos los programas presupuestarios, si bien con respecto al año 2017 se observa una minoración del programa 492.O, protección y promoción de los derechos de los consumidores de la Agencia de Consumo. Ello es debido, como ustedes recordarán, a que en el año 2017 finalizó la línea de mediación prevista para subvencionar la precariedad económica de los afectados en el caso de Fórum Filatélico/Afinsa, cuyo importe era en el año 2017 de 3 700 000 euros y que se hizo ya efectivo a través del ICO. Por lo tanto esa cantidad es lo que minora el presupuesto de este programa.

A continuación me referiré a las principales líneas de cada uno de los programas presupuestarios gestionados por los centros directivos y organismos públicos adscritos a la Secretaría General de Sanidad y Consumo, y que visibilizan a través de cada servicio presupuestario el impulso a las políticas de gasto en las áreas de sanidad y consumo. Con respecto a la Secretaría General de Sanidad y Consumo está dotado para el año 2018 con 34,44 millones de euros, incluidos 845 030 euros -voy a obviar las partes más pequeñas, por avanzar con cierta rapidez- del capítulo 1. En el año 2017 la dotación fue de 30,26 millones. Esta variación es debida principalmente a un cambio en la consignación de los créditos para financiar a la Organización Nacional de Transplantes que se realiza en el año 2018 mediante transferencia interna desde el servicio 04.

El servicio 04 tiene un gran peso en las transferencias internas ubicadas en los capítulos 4 y 7, que ascienden a 31,26 millones de euros y que se destinan a la financiación de la asistencia sanitaria dispensada por el Instituto Social de la Marina, entidad gestora adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y también para la financiación de nuestros organismos autónomos ONT y Aecosan, así como para nuestra Agencia Estatal del Medicamento y Productos Sanitarios; organismos todos ellos de gran importancia para nuestro país por ser líderes y referentes en materia de seguridad alimentaria y de protección a los consumidores, en el ámbito de la regulación de medicamentos y productos sanitarios, así como en el de la donación y trasplante de órganos, prestando unos servicios públicos de la más alta calidad a nuestros ciudadanos. Permítanme a continuación dimensionar adecuadamente las transferencias que reciben los organismos mencionados. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición recibe 24,44 millones de euros, lo que supone un 0,9% de incremento. Por ello puede decirse que el 81,73% de la financiación del Aecosan proviene del departamento. A la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios se destinan 8800 euros, lo mismo que en el año 2017, y como adelantaré después en el desarrollo de los presupuestos de la agencia consigue un éxito en su gestión económica porque verán que se puede conseguir su autofinanciación, y es ya un eficaz generador de


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ingresos que contribuye a financiar los gastos públicos. Puedo trasladarles que por cada euro que está asociado al presupuesto de la agencia se generan dos para el Tesoro público. Creo que es un ejemplo que debiéramos tomar en consideración y que deberíamos poner en valor la importancia de esta agencia. Al Instituto Social de la Marina, través de la Tesorería General de la Seguridad Social, se destina la misma cuantía que en 2017, es decir 2,87 millones de euros. Por su parte la Organización Nacional de Trasplantes recibe 3,94 millones de euros. Como antes se anticipó estos créditos han cambiado su consignación en este ejercicio pasando del servicio de la Dirección General de Cartera Básica y Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia al servicio 04 de la secretaría general. Así pues la parte de financiación de este organismo del que todos nos sentimos orgullosos y que se realiza desde el ministerio asciende a un 95% de su presupuesto. El servicio 04 tiene presupuestada también una transferencia externa corriente de 2,06 millones de euros para el fomento de la donación y el transplante de órganos y tejidos; partida que está gestionada por la ONT. No es ocioso recordar en este punto que el programa 311.O, de políticas y salud y ordenación profesional, es también el destinado a financiar las políticas dirigidas a los profesionales sanitarios; materias que gestiona el servicio presupuestario de la Dirección General de Ordenación Profesional. Como saben esta es una prioridad para el departamento, y prueba de ello ha sido el despliegue de acciones realizadas recientemente para atender sus necesidades mediante la convocatoria de la conferencia Enfermera, la conferencia con el Foro de la Profesión Médica, tratando en la primera extensamente de las preocupaciones trasladadas por el Foro de la Atención Primaria. La Dirección General de Ordenación Profesional, servicio 12, tiene una dotación presupuestaria de 5,85 millones de euros, con un incremento del 2,73% con respecto al año 2017. Ello se debe básicamente al crecimiento que experimenta el capítulo 1, dotado con 2,66 millones de euros. Este incremento del capítulo 1 es debido al aumento de efectivos, al residenciarse en este centro directivo las competencias de la Secretaría del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las de la alta inspección, a partir del Real Decreto de Estructura 485/2017, de la estructura orgánica del departamento que dirijo.

El resto de capítulos mantiene las mismas dotaciones que en 2017, sufragando las actividades propias de este centro directivo y destacando su capítulo 2, dotado con 3,18 millones de euros. Dentro de este la partida más cuantiosa es la destinada a oposiciones y pruebas selectivas, que asciende a 1,35 millones de euros. Esta es la partida dirigida, como ustedes saben, a la preparación de la prueba anual de acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, en cuya ejecución y desarrollo les recuerdo que participan más de 1600 funcionarios designados por el ministerio, con una preparación logística que supone contar con veintiuna sedes repartidas por todo el territorio nacional y con más de quinientas mesas para su realización. Es enorme la responsabilidad que supone evidentemente gestionar las expectativas de más de 33 000 ciudadanos cada año que se presentan a estas oposiciones. A pesar de que el sistema de acceso a la formación especializada cuenta ya con cuarenta años de vida, como ustedes saben, sigue siendo un elemento fundamental para garantizar el altísimo nivel de los profesionales de nuestro sistema sanitario, cuyo modelo formativo es todo un referente a nivel mundial. Precisamente en estos días, hoy mismo, asistimos a los actos de adjudicación de plazas; momento entrañable en el que una nueva promoción inicia su carrera en el Sistema Nacional de Salud. Ellos son sin duda nuestro valor más importante y son uno de los factores que hacen que nuestro sistema sea uno de los mejores.

En este epígrafe debemos traer también a colación la ardua labor de distintos grupos de trabajo, órganos colegiados, comisiones, conferencias sectoriales, que realizan todos ellos una importante tarea con el concurso, colaboración y participación de las comunidades autónomas. De entre ellos permítanme la licencia de destacar a los grupos de trabajo de temporalidad del personal estatutario, al de agresiones a los profesionales sanitarios, a los que aprovecho la ocasión para agradecerles el trabajo realizado en los últimos meses. También al grupo de trabajo sobre el déficit de profesionales facultativos y al comité de expertos del baremo de daños sanitarios, ambos dependientes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El trabajo que se está afrontando en este último, en el comité de expertos de baremo de daños sanitarios, es de gran relevancia para nuestro sistema sanitario y para nuestro sistema en su conjunto. Con él sin duda se conseguirá aportar, entre otras características, mayor seguridad jurídica a los pacientes, a los profesionales, a las entidades aseguradoras, dando cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 35/2015, de 22 septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico.

Quisiera señalar también la actividad del registro estatal de profesionales sanitarios, que ustedes conocen y que entre otras ventajas facilitará en gran medida la movilidad real de los profesionales con vinculación estatutaria, dentro del ámbito de los diversos servicios de salud, cuya disponibilidad ya está


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prevista para finales de este año, en diciembre. Ya tenemos pruebas, ya ha habido comunidades que han volcado datos, y nuestra intención es que, a la mayor brevedad posible, pongamos todas las iniciativas para que dispongamos de su cumplimentación por parte de todas las administraciones.

Señorías, estas líneas de trabajo orientadas a los profesionales sanitarios del departamento de la Dirección General de Ordenación supondrán una de las prioridades en el ámbito de actuación del Sistema Nacional de Salud. Una cifra de profesionales cercana a las 500 000 personas, incluyendo médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios que aportan cada día su esfuerzo para mejorar el Sistema Nacional de Salud, y a los que desde el ministerio agradecemos y reconocemos su dedicación y su trabajo.

A continuación me referiré al programa gestionado desde la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, programa 313.B, de salud pública, sanidad exterior y calidad. Este programa tiene una dotación de 38,21 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,70%, un millón de euros, respecto del año 2017. Estos créditos incluyen transferencias externas con dotación de 12,25 millones de euros, lo que supone un ligero incremento sobre los presupuestos anteriores. Esta mayor dotación obedece a la subida adicional de un millón de euros para la estrategia frente a las enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas y vigilancia de la salud, con lo que alcanza un crédito para este concepto de 2,82 millones de euros, incrementando su dotación. Esta sustancial -o esta aparente para otros- mejora da idea del compromiso de esta secretaria general con las enfermedades raras y con las enfermedades neurodegenerativas. Enfermedad específica dentro de ellas es la del ELA, que como saben ustedes no dispone de tratamiento curativo teniendo una esperanza de vida limitada con gran capacidad invalidante y que provoca consecuencias dramáticas en la vida de los pacientes, y sobre la que ya afortunadamente nuestro Sistema Nacional de Salud desde finales del año pasado, noviembre, ya tiene una estrategia propia. Este tipo de enfermedades son todo un desafío para los sistemas de salud al conformar un amplio elenco, en el que se entremezclan enfermedades bien conocidas con posibilidades de tratamiento y otras de menor evidencia científica y en circunstancias de muy difícil abordaje. Por ello en este ejercicio queríamos que quedara explícito el apoyo a la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, incluida el ELA en el presupuesto del año 2018. Dentro de este ámbito se continúan implementando las estrategias nacionales de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que establecen un enfoque de salud sobre todas las políticas públicas, y que promueven la colaboración intersectorial con Educación, Medio Ambiente, Urbanismo, Deportes, Servicios Sociales, entre otros. Todo ello en coordinación con las comunidades autónomas, las sociedades científicas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y otras organizaciones. Nos encontramos en este momento tramitando el convenio anual, dotado con un millón de euros, sobre todo para la Federación Española de Municipios y Provincias. Igualmente se impulsará la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud, que esperemos que vea la luz pronto en los próximos meses, y la nueva estrategia de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, más adaptadas a las exigencias y a las evidencias científicas actuales. Se desarrollará una norma con rango de real decreto que regulará la configuración y el funcionamiento de la vigilancia en salud pública en nuestro país; aspecto recogido en la ley del año 2011. Este programa incluye también líneas de prevención y control del sida y otras infecciones de transmisión sexual y las actividades de lucha contra el sida, por importe entre ambas algo superior a 5,05 millones de euros. Asimismo este año se incluye el crédito destinado a ayudas sociales de afectados por el VIH; crédito que figuraba en los presupuestos del año pasado en el apartado de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.

Otra partida de nueva incorporación al presupuesto es la prevista para cumplir el acuerdo marco suscrito por el Gobierno de España en relación con los compromisos de reserva de vacuna de gripe pandémica. Con esta partida se pretende dejar abierto el concepto para articular posteriormente -no es tanto el dinero, porque no sabemos en qué momento tenemos que firmar ese acuerdo- la dotación que se precise, y de esta forma dar cumplimiento al acuerdo suscrito por el Reino de España con otros países y poder disponer de vacuna en los supuestos que se pudieran producir de riesgo de pandemias gripales.

También desde este programa se llevan a cabo las actividades relativas a la evaluación de los aspectos medioambientales vinculados a la salud humana, entre ellas las relativas a las sustancias químicas, sus mezclas y la evaluación toxicológica de los productos biocidas y fitosanitarios. Quiero resaltar la importancia de esta actividad dado que va a requerir un gran impulso por parte de la Administración, puesto que junto con la evaluación de medicamentos será una de las tareas que mayor relevancia va a suponer para nuestra Administración sanitaria tras la salida del Reino Unido de la Unión


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Europea, dado que dejarían de hacer actividades que vienen haciendo en este campo. Por otra parte hay que destacar el esfuerzo realizado para la mejora de los sistemas de información sanitaria, partida dotada con 2 millones de euros, manteniéndose el esfuerzo presupuestario realizado en ejercicios precedentes. Igualmente destaca el esfuerzo presupuestario para la implantación de nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud, que responde a las necesidades de mejorar la atención a los ciudadanos y de garantizar la utilización eficiente de los recursos. La implantación de la eSalud es una de las grandes apuestas estratégicas para la sanidad, que por supuesto vamos a continuar priorizando en esta legislatura. Ello hace posible que la interoperabilidad sea una realidad efectiva a nivel nacional, permitiendo a los ciudadanos retirar desde cualquier farmacia del país los medicamentos que su médico les ha prescrito electrónicamente. Y dentro de las medidas de eficiencia no podemos olvidar por su especial importancia el Plan anual de trabajo de la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, dotado con más de 4 millones de euros a transferir a las comunidades autónomas, y 574 510 euros destinados al Instituto Carlos III. Los informes de esta red son de gran ayuda en el momento de tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas prestaciones en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Como saben nos encontramos ahora trabajando con la Comisión Europea en el nuevo reglamento europeo relacionado con las HTA, que son las Health Technology Assessment, que son las nuevas tecnologías que sin duda van a suponer un importante debate en los países de la Unión Europea.

En otro orden de cosas se mantiene la partida de 1 010 000 euros -para ser exactos- para transferir al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, para investigación, desarrollo e innovación en los campos de enfermedades tropicales y salud pública. Y también se mantiene la dotación de 767 000 euros como aportación a la oficina de la OMS. Por último se va a continuar potenciando el desempeño de las funciones en materia de sanidad exterior, con una inversión de 500 000 euros consignados en el capítulo 6.

Paso a continuación a detallar las principales políticas de gasto que se impulsan desde la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, programa 313.A, prestación sanitaria y farmacia. La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia cuenta con una dotación de 252,13 millones de euros, lo que supone una reducción del 0,67% respecto al año 2017. Como indiqué en mi presentación anterior el cambio es un mero ajuste, y obedece a una alteración en la ubicación de las partidas presupuestarias destinadas a la ONT que antes estaban aquí y pasaron a la secretaría general. La principal partida de este programa, prestaciones sanitarias y farmacia, aparece consignada en el capítulo 4, en transferencias corrientes internas, desde donde se incorpora la financiación destinada a la entidad gestora dependiente orgánicamente de esta dirección general, que es el Ingesa. Las transferencias a Ingesa ascienden a 242,83 millones de euros, con un aumento de 2,18, lo que representa aproximadamente el 0,9% respecto al año 2017. Con estas cifras la financiación del Ingesa se realiza desde este departamento casi en su totalidad. Por su parte se mantienen las transferencias externas corrientes para las comunidades autónomas, dotadas con 1,75 millones para el Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados, cuyo criterio de reparto en el seno de la Conferencia Sectorial se realiza a partir de los datos de tarjeta sanitaria del solicitante de protección internacional. Esta partida se destina a financiar actuaciones complementarias a la provisión de servicios sanitarios en favor de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, dadas las peculiaridades de este colectivo.

También se mantiene para el año 2018 la partida para comunidades autónomas por importe de 3,76 millones de euros destinada a financiar el Fondo de Equidad, el Fondo de Cohesión Sanitaria, y la compensación por asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia de los CSUR. La partida permitirá financiar sobre todo las consultas primeras o sucesivas necesarias para determinar la patología, porque hemos visto que esta cuestión es a veces la que supone ciertas dificultades a la hora de aceptar los pacientes su tránsito de unas comunidades a otras para ser atendidos en los CSUR, toda vez que en base a lo que hemos visto el año pasado en esta actividad -que ya la tenemos afortunadamente contabilizada- en el año 2016 fueron atendidos de forma programada en consultas un total de 17 584 consultas, lo que supone un costo aproximado de 2,33 millones. Este coste medio de estas consultas se incluirá en la orden por la que se actualiza el Fondo de Cohesión Sanitaria, que se presentará precisamente esta tarde en la comisión delegada y la semana que viene, el día 24, en el Consejo Interterritorial. Adicionalmente se financiaría, al menos en una primera etapa, una aplicación informática -además de


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ese diferencial de entre los 2 333 000 euros y los 3 760 000 euros- que facilitara la transferencia de conocimiento entre los profesionales que trabajan en los CSUR para hacerla interoperable con la plataforma que se está creando en la Unión Europea, para sustentar la transferencia de conocimiento entre las redes europeas de referencia, en las que España -como ustedes conocen- tiene una importante participación. Son actuaciones que sin duda redundarán indiscutiblemente en una notable mejora en la atención a las personas con enfermedades raras y complejas que tanto lo necesitan.

Desde la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia se gestionarán también con cargo al presupuesto que venimos analizando las principales competencias estatales que en materia de prestación farmacéutica tiene, como son optimizar la gestión de los procedimientos administrativos de precio y financiación de medicamentos y productos sanitarios. En este ámbito en 2017 se han tramitado 2738 expedientes, lo que supone, en comparación con el año 2016, que se incrementara un 4,11% el número de expedientes resueltos. En 2017 se han financiado 1450 medicamentos, siendo que el tiempo medio para tramitar su financiación se ha reducido en un 13,57% respecto al año anterior.

El segundo apartado importante de esta dirección es el reexaminar el sistema de precios de referencia. Como ustedes saben está prevista una actualización de esta norma de forma que haga más atractiva la innovación a incrementar en medicamentos clásicos; actualizar el Plan Estratégico para el Abordaje de Hepatitis C que ustedes conocen, y desarrollar un nuevo modelo para el abordaje de enfermedades de alto impacto económico y sanitario, a través de la elaboración de protocolos de ámbito nacional, el registro de la efectividad de los tratamientos prescritos y el análisis de los datos en vida real.

Respecto al otro apartado no de farmacia, sino de cartera de servicios, se seguirán desarrollando las actuaciones necesarias para garantizar el aseguramiento sanitario, cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional, los reglamentos comunitarios y los convenios internacionales de la Seguridad Social, acabando con el fraude y el turismo sanitario mal regulado. Igualmente se continuará la labor iniciada en años precedentes para facilitar la asistencia sanitaria transfronteriza y la actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y algo importante a subrayar, que no se conoce suficientemente para que el paciente se beneficie rápidamente de la innovación, es que se llevan a cabo en este año cuatro estudios de monitorización respecto a cuatro tipos de implantes quirúrgicos al objeto de que, una vez finalicen, se pueda decidir acerca de su inclusión permanente si procede o no en la cartera común de servicios. Son estudios sobre aspectos relacionados con stent esofágico, válvula endobronquial, algún dispositivo que requiere cierre oclusor de la aurícula izquierda, etcétera.

Por otra parte, quiero destacar que en el año 2018 se prevé un incremento en la actividad respecto a los centros de servicios y unidades de referencia, CSUR, ya que habrá que trabajar para el desarrollo de las redes de referencia europeas recientemente aprobadas. No hay que olvidar tampoco que nuestro sistema actualiza de forma permanente las prestaciones sanitarias financiadas que ofrece a sus pacientes y son varias de ellas las que están en estudio y se publicarán este año. Por otra parte, dentro del ejercicio 2018 también está previsto dar un gran impulso a la actividad de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, pues este año se pilotará la segunda fase de la plataforma Sirha, correspondiente al desarrollo del registro de centros y establecimientos de la reproducción humana asistida, actuaciones que permitirán garantizar una prestación en este ámbito segura y de elevada calidad.

Señorías, una vez finalizados los servicios presupuestarios dependientes de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, paso a analizar brevemente los presupuestos de los organismos públicos adscritos a la misma, como son la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Organización Nacional de Trasplantes y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Con respecto al primero de los citados, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios presenta un presupuesto de gastos de 47,05 millones para el año 2018, lo que supone un incremento del 1,44% con respecto al año 2017 por el incremento que experimenta su capítulo 1 -que sube 610 000 euros- y su capítulo 4 -que sube 205 000 euros-. Como anticipé al principio de esta intervención, en el presupuesto de la agencia figura una transferencia interna de 62,61 millones de euros, partida que se incrementa un 2,08 y que se desglosa en dos aplicaciones: una, de 1,48 millones de euros para compensar gastos de gestión centralizada y otra, de gran importancia, que asciende a 61,13 millones de euros que se ingresa en el Tesoro Público. Esta aportación a las arcas públicas obedece a la extraordinaria y eficiente gestión que realiza la Agencia Española del Medicamento, gracias a la cual consigue no solamente autofinanciarse con las tasas que recauda por la prestación de


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sus servicios, sino que le permite aportar cuantías muy elevadas al Tesoro Público para su posterior instrumentalización en beneficio de todos los ciudadanos.

Por capítulos, aumenta el presupuesto en gasto de personal un 2,68% y en capítulo 4 un 18%. El capítulo 2 se reduce un 0,81%, como corresponde a gasto improductivo, y al capítulo 6 se destinan 3,88 millones, igual que en el año 2017. Con este presupuesto, la Agencia Española del Medicamento cumple con su misión de garantizar a la sociedad la calidad, la seguridad, la eficacia y una correcta información de los medicamentos y productos sanitarios a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su investigación hasta su utilización. Y continuará trabajando para mantener su posición de liderazgo a nivel europeo tanto en la Comisión Europea como en la Red de Agencias Europeas y la Agencia Europea del Medicamento. En el año 2018 se desarrollará el Plan de contingencia del brexit, dotado con 2,8 millones de euros, que va a permitir que la Agencia Española del Medicamento aproveche la oportunidad que brindan las circunstancias para incrementar su actividad y reorganizar su estructura haciéndola más productiva y eficiente. En el año 2018, además, la agencia va a desarrollar diversas líneas de trabajo orientadas a dar mayores garantías a los ciudadanos en cuanto a la accesibilidad a medicamentos de calidad seguros y eficaces. Entre ellas, podemos citar algunas: se pondrá en marcha un plan que promueva el correcto abastecimiento de medicamentos al mercado, continuará gestionando el sistema nacional de salud de farmacovigilancia, progresaremos en la III Estrategia de lucha contra los medicamentos falsificados, continuará con la coordinación de los informes de posicionamiento terapéutico, acometerá un plan estratégico de laboratorios, coordinará la lucha contra las resistencias antimicrobianas a través del Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos -que se puso en marcha en 2014 y que iniciará una nueva andadura-, incrementará su actividad en el área de cosméticos -hace unas semanas publicamos el real decreto de cosméticos ante la aplicación de los reglamentos de productos sanitarios- y, asimismo, abordará las tareas relacionadas con la redesignación del organismo notificado que centrará su actividad en el año 2018 para contribuir a la competitividad del sector, segunda función importante que tiene la Agencia Española del Medicamento.

Paso a continuación a analizar el presupuesto de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. El presupuesto asciende a 29,91 millones de euros, lo que supone una disminución del 8,13% en relación con el ejercicio 2017 -ya expliqué la razón- por el tema del fondo de los seguros ICO. Esta minoración, como ya se dejó apuntado, no es una reducción del gasto, sino que obedece a una extinción en el año 2017 de una línea de mediación extraordinaria del caso Fórum Filatélico Afinsa, cuyo importe el pasado año fue de 3,7 millones de euros, y que ya se hizo efectivo a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO. Para ello, homogeneizando el presupuesto -sin considerar la línea citada-, se podría afirmar que los créditos de la Aecosan para el año 2018, suprimiendo esta circunstancia, quedarían incrementados en un 3,65%. La gestión de Aecosan se estructura en dos programas presupuestarios: el programa 492.O, protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, con una dotación de 13,76 millones de euros, lo que supone una disminución de 2,78 millones de euros con respecto al año 2017, en la que se excluye de su capítulo 4 la dotación de los 3,70 a la que me refería anteriormente, y el programa 313.C, seguridad alimentaria y nutrición, con una dotación de 16,14 millones de euros.

A continuación, me referiré a los aspectos más destacables de sus respectivos capítulos, comenzando por el programa 492.O, protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios. El objetivo básico de la política de protección al consumidor es contribuir a equilibrar su posición en el mercado como parte débil de la relaciones económicas. En este sentido y desde el punto de vista presupuestario, destacan algunos hitos en el capítulo 4, de trasferencias corrientes. Se mantienen para este año las partidas destinadas al fomento del asociacionismo de consumo, con una línea de subvención de 3,05 millones de euros; la convocatoria, por importe de 33 000 euros, de los premios Consumópolis, y los créditos para la formación de posgraduados especialistas en consumo, con 31 830 euros, que supone la incorporación de becarios al laboratorio que tenemos en Barajas. Se mantiene el apoyo prestado a la actividad del Consejo de Consumidores y Usuarios, dotado con 42 440 euros, también para incrementar la presencia de becarios que den atención -incrementándose la partida en un 33,33%- y, por su parte, también decirles que el establecimiento y organización del sistema arbitral de consumo, materia que es competencia exclusiva del Estado -según declaró el Tribunal Constitucional-, exige el fomento del sistema. En este sentido, debe destacarse la significativa subida de las ayudas a la gestión de las juntas arbitrales que, como saben ustedes, son unidades adscritas a las administraciones autonómicas y que asciende hasta los 820 120 euros, cuantía que se complementa con 800 320 euros para fomentar las


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juntas arbitrales adscritas a las administraciones locales. Quiero resaltar que este incremento, que asciende a un 100%, es fruto del compromiso del Gobierno en el proceso de tramitación de la Ley de arbitraje que acordamos con los grupos con los que estuvimos discutiendo y debatiendo el articulado que, como ustedes saben, quedó aprobado. Por lo tanto, estos importes -tanto los 820 120 como los 800 320- suponen un incremento del 100% respecto al presupuesto del año 2017 y quiero recalcar que atienden al compromiso necesario para desarrollar la Ley 7/2017, de 2 noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Dado que la protección de los derechos de consumidores supera fronteras, quisiera mencionar el trabajo realizado en el marco del Centro Europeo del Consumidor, cuya financiación anual asciende a 274 165 euros, que es la misma que tenía en el año 2017. En esta misma línea, a la vista de la importancia que el comercio electrónico ha alcanzado en los últimos años y de las posibles situaciones de vulnerabilidad en las que podían encontrarse los consumidores ante las nuevas tecnologías, se llegó a la decisión de crear, en el año 2011, un Observatorio de Internet cuya importancia estratégica es aún mayor en el marco de la Estrategia del mercado único digital, adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2015. Este observatorio está dotado con una cantidad de 163 830 euros y está plenamente funcionando. Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y nutrición, la Aecosan realiza actuaciones de fomento de la información, de educación y promoción de la salud tanto en el ámbito de la nutrición como en lo que atañe la prevención de la obesidad. En su capítulo 1 está prevista la incorporación de nuevos efectivos procedentes de la oferta de empleo de público de 2016 y 2017, así como la cobertura de vacantes mediante los procedimientos que establece la norma vigente.

En el ámbito del capítulo 2, quisiera destacar por su importancia el presupuesto destinado a la realización de estudios y trabajos técnicos, imprescindibles para el funcionamiento de la Aecosan, que, sumando ambos programas, asciende a la cantidad, tanto de la parte del 492 como del 313, de 766 783. El Centro Nacional de Alimentación, el Centro de Investigación y Control de Calidad, y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas inciden sustancialmente en los gastos, así como destacando aquellos estudios que se realizan en el marco de la Estrategia NAOS sobre nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, así como desde el Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad; atención presupuestaría que también merecen los laboratorios del Centro Nacional de Alimentación, conocido con las siglas CNA, y el Centro de Investigación y Control de la Calidad, CICC, y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, con un total de 1 000 370 euros. Para finalizar, hay que resaltar las inversiones en ambos programas, por importe de 1 910 000, dirigidos principalmente a la adquisición de equipos de los laboratorios de biotoxinas, a la realización de las obras y a la evolución de la aplicación de los procesos informáticos. Hay que resaltar que en el año 2018 se abordará una serie de obras en el Centro Nacional de Alimentación y en el Centro de Investigación y Control de la Calidad. Para ello, está previsto el inicio de obras de acondicionamiento en la sede del Centro de Investigación y Control de la Calidad, con una duración aproximada de dos años, y se han presupuestado un total de 1 610 000 euros, de los que el 50% se imputará al presupuesto de 2018. También en 2018 se finalizarán las obras del nuevo sistema de ventilación forzada de las instalaciones del CNA, por importe de 376 000 euros. En cuanto a las actuaciones previstas para el año 2018 en el campo de las tecnologías de la información, destacaré la actualización de la página web de la agencia, la optimización de la red de alertas y el control oficial de los productos alimenticios y el registro sanitario de empresas y alimentos. Asimismo, se continuará adaptando la red de laboratorios de seguridad alimentaria y el diseño de una ampliación para conectarse con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, de manera telemática.

Si tuviéramos que destacar de entre todas las entidades públicas una sola que goce del mayor reconocimiento internacional y que abandere como ninguna otra la marca España, fijaríamos nuestra atención, sin lugar a dudas, en la Organización Nacional de Trasplantes, a la que, a continuación, me voy a referir. La Organización Nacional de Trasplantes tiene un presupuesto propio de 4,10 millones de euros, que este año experimenta un incremento del 0,96 respecto a 2017 debido a la subida del capítulo 1, que contribuirá a consolidar su liderazgo a nivel internacional y llevar a cabo sus objetivos de alcanzar 50 donantes en los próximos cinco años, superar los 5000 por millón de personas y superar los 5500 trasplantes anuales. La ONT, además, gestiona las subvenciones a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro destinadas al fomento de la donación y trasplantes de órganos, tejidos y células, que tiene una dotación de 2,06 millones consignada en el servicio presupuestario de la secretaría general, al que antes me referí. Por tanto, podríamos indicar que se dispone de más de 6 millones de euros para las políticas de donación y trasplantes de órganos, que hacen posible que año tras año el


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modelo español sea reconocido internacionalmente como referente universal. Además, como ustedes pueden comprobar, es de una eficiencia realmente plausible.

Las líneas y programas más relevantes en los que está trabajando la ONT tratarán de potenciar y mejorar sus procesos, sobre todo a lo que a sistemas tecnológicos se refiere, y contarán con una inversión que alcanzará los 250 000 euros en este ejercicio. Estas líneas tecnológicas van a ir dirigidas al impulso del Plan nacional de fomento a la donación en asistolia, a la consolidación del Plan nacional de médula ósea, que a 1 de enero de 2018 ya contaba con 357 492 donantes de médula ósea, frente a los 281 748 registrados en la misma fecha del año anterior. De continuar a este ritmo, España alcanzaría el objetivo de los 400 000 donantes a mediados del año 2018, dos años y medio antes de lo previsto. Para ello, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha facilitado financiación, con cargo a los fondos de la disposición adicional sexta, de 830 000 euros anuales. También entre las líneas de trabajo de la ONT, se encuentran la implantación del plan de acceso al transplante renal de pacientes híperinmunizados; el desarrollo del Plan nacional de córneas; el proyecto para facilitar la utilización del sistema de información CORE por comunidades autónomas y hospitales; la adaptación del programa de garantía de calidad en el proceso de donación a las necesidades actuales de la red nacional de coordinación de trasplantes, y proposiciones normativas para la protección sociolaboral de los donantes vivos de un órgano, instaurando medidas encaminadas a mejorar la protección sociolaboral de donante vivo de un órgano o parte de él. Entre estas actuaciones, no podemos dejar de señalar también la colaboración en la Estrategia global de la OMS en materia de trasplantes, el desarrollo del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes, y el liderazgo de Red-Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante.

Para finalizar la intervención, me referiré al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa. Su presupuesto para el año 2018 asciende a 243 930 000 euros, lo que supone un incremento respecto al año 2017 del 0,90, gestionando un capítulo 1 con un presupuesto que ocupa 136,91 millones de euros; presupuesto que permite realizar las incorporaciones de personal durante los últimos años, especialmente los años 2016 y 2017, con un aumento importante de ochenta plazas. Además de lo anterior, se afianza el presupuesto en capítulos 2 y 4, lo que permitirá afrontar las mejoras en servicios tan importantes para la población, como el transporte sanitario aéreo en Ceuta y en Melilla. Durante el año 2017 se han elaborado planes estratégicos, para su información, en las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, además del plan de ordenación de recursos humanos del Ingesa. Durante este año 2018 el objetivo de la institución es desarrollar líneas de actuación que permitan en los años siguientes conseguir los objetivos mediante una planificación adecuada y un presupuesto acorde con el mismo. Por tanto, señorías, este 2018, desde el punto de vista presupuestario, es un año de consolidación en lo que respecta a los capítulos 1, 2 y 4, siendo ya en los presupuestos de 2019 y siguientes donde habrá que considerar los resultados de los trabajos que se están realizando actualmente.

Respecto al presupuesto para el capítulo 6, en 2018 se consignarán 10,14 millones de euros, consultando las cifras de 2017. Con ello se acometerán las prioridades en inversión, como la ejecución del centro de salud del Tarajal, que está en fase de adjudicación, por importe cercano a los 6 millones de euros y cuyo comienzo se estima para junio de este año; la adquisición de un nuevo TAC en Ceuta o el proyecto y posterior licitación de la obra del nuevo Centro Nacional de Dosimetría en Valencia, una vez que se ha firmado recientemente en el contrato patrimonial entre la Universidad de Valencia, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ingesa, gracias a la cual la universidad cede gratuitamente los terrenos para el nuevo centro. Pero, además, el presupuesto asignado al Ingesa, junto con la generación de crédito que la institución ha realizado de 3 millones de euros proveniente de fondos Feder, permite a la entidad continuar con las obras del Hospital Universitario de Melilla, que se iniciaron el 27 de noviembre del año 2017. Como ya conocen todos ustedes, señorías, el Ingesa ha aprobado un nuevo proyecto para el Hospital de Melilla, por un importe de 82 millones de euros, a realizar en treinta y seis meses. El importe total de la obra asciende a más de 90 millones de euros, debido al incremento del 1% para obras superiores a 1 millón de euros y un 10% máximo de liquidación, según establece la Ley de Contratos del Sector Público. Con este presupuesto, el Ingesa tiene suficiencia financiera para afrontar los principales compromisos que la institución y el Gobierno tienen adquiridos con los ciudadanos de Ceuta y Melilla, así como el funcionamiento del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia. En estos momentos se va a iniciar la tramitación del expediente para, posteriormente, someter a la aprobación del Consejo de Ministros la autorización del compromiso de gastos de años siguientes, 2019, 2020 y sucesivos, modificando los límites para poder ejecutar la obra del nuevo hospital, tan necesario para los ciudadanos y profesionales


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de Melilla. El presupuesto inicial del Ingesa se verá incrementado a lo largo del ejercicio por los ingresos que se generan a consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada a pacientes sin tarjeta sanitaria del Ingesa, así como por la actividad del Centro Nacional de Dosimetría, cuyos servicios son demandados por las diferentes administraciones sanitarias de las comunidades autónomas y por los centros privados. En otro periodo, desde mayo de 2017 a abril de 2018, me refiero a un año, los ingresos obtenidos por el Centro Nacional de Dosimetría ascienden a más de 3 millones de euros.

Como avancé al principio de mi exposición, quiero informar a sus señorías de que una parte significativa de los recursos que se gestionan en la Secretaría General de Sanidad y Consumo no tienen reflejo presupuestario, dado que son generaciones de crédito principalmente provenientes de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos. Estos ingresos suponen una media anual superior a 126 millones de euros, probablemente más de 130 millones en el año 2017, que se generan, posteriormente, en los presupuestos del Carlos III y en la Secretaría General de Sanidad y Consumo. En la actualidad, de los tres cuatrimestres de liquidación, dos se están destinando a la investigación biomédica, correspondiendo su gestión al Instituto Carlos III, y estos fondos han supuesto en los años 2015 y 2016 cerca del 70% del coste de la acción estratégica de salud que se financia a todas las comunidades autónomas en beneficio de la investigación, el reconocimiento y el desarrollo de nuestros jóvenes investigadores.

El otro cuatrimestre, el tercero, que va dirigido a acometer políticas de cohesión, de formación, de educación sanitaria para el uso racional de los medicamentos, se gestiona desde la Secretaría General de Sanidad y Consumo. En 2017 esto ha supuesto un total de, aproximadamente, 43,6 millones de euros, de los cuales 23,6 millones han sido transferidos a las comunidades autónomas 4,5 millones del propio presupuesto que se queda el ministerio ha sido destinado también al Instituto Carlos III para el Plan de apoyo a investigación independiente y los otros 15,5 millones de euros fueron directamente gestionados por nuestros centros directivos para completar las diversas actividades a las que me he referido en mi exposición.

Señoras diputadas, señores diputados, a lo largo de mi intervención he tratado de dar cuenta ante sus señorías de las líneas generales de las políticas de gasto en el área de Sanidad y Consumo, con un enfoque centrado en las personas y en sus necesidades de salud. Estas políticas no tienen otro objetivo que maximizar las capacidades de un Sistema Nacional de Salud, cuyo funcionamiento es percibido de forma muy favorable por el conjunto de la sociedad y son inmejorables ejemplos de apoyo y apuesta decidida que el Gobierno mantiene para atender las demandas y necesidades no solo los pacientes, sino también de los profesionales sanitarios; unos profesionales a los que los españoles valoran de forma muy positiva año tras año y en los que depositan su confianza.

Para ello, la aprobación de esta Ley de Presupuestos Generales del Estado, tras los acuerdos suscritos con las asociaciones sindicales más representativas el pasado día 9 de marzo, es una oportunidad única. Puede suponer empezar a hacer efectiva una subida retributiva de nuestros profesionales en tres años, si los indicadores del déficit estatal autonómico y el crecimiento del PIB se consolidan respecto a las previsiones, hasta el 8,79%. Puede suponer incrementar una nueva OPE extraordinaria de estabilización de empleo, al crecer las plazas a ofertar, computando una subida de hasta el 108% de la tasa de reposición, incluyendo la Administración instrumental y suponiendo la posibilidad de incluir hasta el 100% de las plazas con provisión temporal interrumpida y cobertura presupuestaria durante los tres años anteriores. Puede también suponer la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para todos los empleados públicos, entre los que también se encuentran los profesionales de la sanidad, y después de años de abnegación y sacrificio, nuestros profesionales tienen la ocasión de disfrutar de ciertas mejoras y de ir recuperando progresivamente sus condiciones laborales. En manos de todos está. Quedo a su disposición para las preguntas que deseen formular.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señor Castrodeza.

A continuación, tomarán la palabra los diferentes portavoces, por un tiempo máximo de diez minutos. Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias, señor secretario, por su información. Cuando uno alcanza un acuerdo de Gobierno con otro partido político lo que tenemos que mirar a lo largo de la legislatura es si vamos cumpliendo los puntos del acuerdo. He de decirle que de los diez puntos sanitarios


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que se aprobaron, que se firmaron en el acuerdo con Ciudadanos, nuestro grado de satisfacción es suficiente pero no es completo.

Con respecto al primer punto, en que se valoró el copago como un problema de adherencia o no, seguimos estancados sin poder resolverlo y seguimos sin ver medidas en este presupuesto. Con respecto a la creación del Fondo de cohesión sanitario, que había desaparecido de nuestro presupuesto, podemos decir con satisfacción que ha vuelto a aparecer, aunque no podemos decir que nos satisfaga la cantidad, y luego hablaré más detenidamente sobre esto. Con respecto a la recuperación del gasto sanitario por habitante, que era el tercer punto, podemos decir a día de hoy que las comunidades autónomas, mayoritariamente, lo han recuperado. Con respecto a las listas de espera, podemos decir que se va por el buen camino. En relación con la creación del portal de transparencia -luego hablaremos de los sistemas de información-, creemos que se está haciendo un esfuerzo, pero que no es suficiente. En cuanto al sexto punto del acuerdo, que era la recuperación de los profesionales, estamos satisfechos con la OPE, que va a dar estabilidad y a reducir la tasa de temporalidad por debajo del 10%. Con respecto a la talidomida, hablaremos más adelante, pero hay que decir que es la primera vez que se van a reconocer a todas las víctimas de la talidomida, que se ha sido excepcionalmente generoso en el tiempo de reconocimiento, que se han creado los comités de valoración de acuerdo con los afectados, y que se ha dado un paso histórico, aunque se abusa mucho de la palabra histórico, para unos ciudadanos españoles que llevaban sesenta años reclamando que se hiciera justicia ante un daño que difícilmente vamos a poder reparar -pero por lo menos que se hiciera la justicia de reconocerlos como afectados- por la desidia del Estado y por la imprudencia de una compañía farmacéutica. Con respecto a la eSalud, estamos satisfechos con el grado de desarrollo de la historia clínica, y más adelante le haré unas preguntas. Y el décimo punto era la creación de la ley de derechos y garantías al final de la vida. Con lo cual, podemos decir que estamos razonablemente satisfechos y que, por eso, continuamos dando apoyo a la creación de los presupuestos. Por eso y porque se han cumplido las exigencias de Ciudadanos con respecto a la bajada del IRPF, de la educación de cero a tres, de los permisos laborales, de la equiparación salarial, de la economía del conocimiento en la red europea, de la mejora de las pensiones, del complemento salarial, y todos los puntos que se recogen en el acuerdo presupuestario con Ciudadanos; por todo eso, nosotros daremos nuestro voto favorable a los presupuestos, lo que no quiere decir que estos sean nuestros presupuestos y lo que no quiere decir que nos satisfaga completamente, como es natural, el presupuesto del Ministerio de Sanidad. (El señor vicepresidente, De Arriba Sánchez, ocupa la Presidencia).

Es verdad que el presupuesto del Ministerio de Sanidad ha crecido durante los dos últimos años y es verdad que eso supone una mejora en nuestras prestaciones. Pero hay algunas cosas sobre las que ha hablado sobre las que me gustaría hacerle algunas precisiones. Dice que se van a implementar estrategias para enfermedades como el ELA. Estamos muy satisfechos de ello, porque sabe de nuestro interés a este respecto. Sin embargo, una de las cosas que más nos ha sorprendido, desagradablemente, en estos presupuestos es que los 190 000 euros que se dedicaban de ayudas a la Asociación de ELA, de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, han desaparecido. Esta asociación difícilmente puede soportar su funcionamiento con el 0,7 autonómico, porque el número de enfermos por autonomía es tan bajo que no tiene infraestructura para mantener la asociación. Por tanto, les anunciamos que intentaremos enmendar el presupuesto a este respecto para recuperar la dotación para esta asociación en concreto, que ha desaparecido del presupuesto y que puede ver afectados muy seriamente los servicios, los excelentes servicios que presta a unos enfermos que tienen una especial gravedad y que están especialmente abandonados.

Con respecto a las indemnizaciones por talidomida, hemos de decir que, en principio, los 20 millones no nos parecen suficientes, pero que todavía no tenemos los datos de cuántos enfermos hay, y nos gustaría que nos contestase cuántos pacientes están registrados, cuantos están reconocidos. Pero hay una cosa que nos irrita especialmente -y he de decírselo con claridad- y es que a día de hoy no sabemos cuál va ser la aportación de la compañía responsable de estos daños en la reparación de las víctimas españolas. No nos parece sensato ni digno ni decente que el Estado español reconozca su parte en la responsabilidad de estas víctimas y, sin embargo, la compañía farmacéutica no lo haga. Como gran parte del trato por la compañía farmacéutica, como no puede ser de otra manera, pasa por su secretaría, nos gustaría que se fijase una fecha o que se nos informase de si ha habido alguna reunión o de si hay alguna disposición o alguna cantidad que esté dispuesta a aportar la compañía para la reparación de estas víctimas. Lo contrario nos parecería simplemente inaceptable, porque además sería incumplir el


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acuerdo, porque en la PNL que fija el acuerdo se dice claramente que la compañía debe participar en la reparación de estas víctimas.

Dicho esto, sobre el capítulo 311, de gestión de personal, hay una previsión en el libro rojo del presupuesto sobre la creación de un nuevo decreto de unidades de gestión clínica; nos gustaría saber el grado de desarrollo y sus previsiones. Con respecto a las convocatorias MIR, nos gustaría saber si el ministerio tiene previsto proponer un aumento de las plazas MIR para poder cubrir las necesidades existenciales, sobre todo en lo que respecta a pediatría y atención primaria. Con respecto al comité de expertos que está haciendo el trabajo del baremo de daños, queremos señalar nuestra preocupación por la no participación de asociaciones de pacientes, de asociaciones de afectados. Creemos que si se crea un baremo de daños sin un consenso suficiente, lo único que conseguiremos será incrementar la litigiosidad y tener el efecto contrario al buscado con la creación de este baremo de daños.

Con respecto a las políticas de salud pública, capítulo 313.B, y los fondos de cohesión y los CSUR, hemos visto que el balance este año del FOGA y del Fondo de Cohesión es de 59 millones. Nos gustaría saber si nos puede desdoblar lo que corresponde al Fondo de Cohesión, al pago de CSUR y FOGA, esos 59 millones de balance de este año. ¿Cómo es posible que el Fondo de Cohesión prevea solamente cubrir las consultas? Probablemente, no es la parte más sustancial del gasto. Lo que nos preocupa de todo esto -nos gustaría que nos diera los números si los tiene- es cómo ha ido la evolución del número de pacientes atendidos en los CSUR los últimos cuatro o cinco años para saber cuál ha sido el efecto de la desaparición del Fondo de Cohesión y si las medidas que tomamos son capaces de revertir ese efecto, porque lo preocupante de todo esto no son las cantidades, sino el efecto que tiene sobre los ciudadanos, sobre los pacientes, que hace que sea más difícil su movilidad de un centro a otro. Es una denuncia que se ha reiterado por las asociaciones de pacientes a lo largo de lo que llevamos de legislatura y nos gustaría poder cuantificarlo para saber si las medidas adoptadas son suficientes para revertir este hecho.

Con respecto a los sistemas de información, nos gustaría saber si este año finalmente la historia clínica -no la tarjeta interoperable, que ya ha confirmado que va a estar completamente operativa en todo el territorio nacional- tendrá datos de todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, que estaba declarada en rebeldía hasta hace poco. Nosotros hemos pedido de forma reiterada la inclusión de sus datos en el proyecto.

También quisiéramos saber si va a incluir los indicadores de las políticas del no hacer. Es una política del ministerio que recoge unos documentos muy importantes sobre las prácticas del no hacer; sin embargo, no tenemos indicadores para medir el resultado de esta estrategia. Por otra parte, ¿vamos a aumentar los indicadores claves del sistema? ¿Y vamos a poder descender al área hospitalaria estos indicadores para tener un conocimiento más exacto del funcionamiento de nuestros hospitales?

Con respecto a las políticas de precio de la Agencia Española del Medicamento -he puesto el ejemplo de la hepatitis C y no voy a incidir en ello-, quisiéramos saber si tenemos pensado desarrollar un nuevo modelo de financiación de precio que acorte los tiempos entre la validación por la agencia y la fijación de precio. Para nosotros es muy importante. Y sobre todo, ¿seremos capaces de tener un modelo de fijación de precio que evite las tensiones generadas por innovaciones disruptivas que negocian el precio en unas condiciones muy difíciles? Necesitamos un mecanismo de fijación de precio más automatizado o más previsible para asegurar la sostenibilidad del sistema.

En cuanto a la actualización de la cartera de servicios, de la que también ha hablado, nos gustaría saber si está en las previsiones del ministerio hacer un cambio en la forma de actualización, como nosotros propusimos en su día en el Pleno, para intentar homogeneizar en la medida de lo posible la cartera básica de servicios en todo el territorio nacional y asegurar que todos los ciudadanos españoles tengan acceso a las mismas prestaciones en condiciones de igualdad.

En el ministerio hay un asunto pendiente sobre el catálogo de prestaciones ortoprotésicas. Por lo escuchado, se va a fijar un máximo, lo cual quiere decir que supongo que se ha abandonado la idea de catálogo único y que se va a ir a otro modelo.

Veo que se me ha acabado el tiempo...

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Vaya concluyendo, por favor.

El señor IGEA ARISQUETA: Voy a intentar acabar, pero, si no le importa, quiero hacer dos preguntas importantes. Una es sobre el Plan nacional de resistencias. ¿Qué cantidad y en qué partidas concretas está? ¿Vamos a seguir contratando a través de Tragsa a médicos especialistas en salud pública del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica pagándoles 1200 euros? ¿Vamos a seguir permitiendo que


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los residentes que acaban Medicina Preventiva y Salud Pública se vayan al extranjero? Porque hasta el 15% de ellos están en prestigiosos organismos del extranjero. Esto no es tolerable.

Por último, con respecto a la Organización Nacional de Transplantes, no puedo por menos que hacerle una pregunta que ya le hicimos por escrito y de la que todavía no tenemos respuesta. Una parte de la Organización de Transplantes son los bancos de tejidos y alguno de ellos, concretamente en mi comunidad, en la Comunidad de Castilla y León, está en manos de una entidad privada. Nosotros queremos saber si estamos pagando por esos bancos de tejidos, lo cual iría en contra de la Ley de transplantes, que prohíbe expresamente el beneficio en estos casos. Hemos hecho esta pregunta por escrito, aquí y en el Parlamento regional, y seguimos sin tener respuesta. Es una parte muy importante del funcionamiento de la Organización Nacional de Transplantes porque nos asegura que se cumple la Ley de transplantes y que no se comercia con los órganos de nuestros ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchas gracias, señor Igea. Intenten sus señorías limitarse al tiempo en la medida de sus posibilidades.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Botejara.

La señora BOTEJARA SANZ: Muchas gracias, señor Castrodeza.

Seguimos con lo nuestro, que es el Fondo de Cohesión. Como decía el portavoz de Ciudadanos, solamente en 2016 tuvo cero euros. En cuanto a los 3,7 millones, están contemplados en el programa 313, y han unido el Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial para llegar a una cifra, liquidada a las comunidades autónomas a posteriori, de más de 50 millones, concretamente 59. El planteamiento que hacen en el programa del Fondo de Cohesión y del Fondo de Garantía Asistencial, aparte de insuficiente, no soluciona los problemas de accesibilidad y equidad que tenemos en nuestro sistema sanitario. Lo decimos siempre, a ver si así hay algún ánimo de encontrar un camino.

Hace cuarenta y ocho horas nos han enviado una información -hay que decir que esto está pasando- sobre un niño de Castilla y León diagnosticado con Duchenne. Su edad e historia clínica es similar a la de otros casos clínicos que existen en Andalucía. Pues bien, se le hace la indicación con el Ataluren y en Andalucía se está prescribiendo el tratamiento y en Castilla y León la Consejería de Sanidad se lo deniega. Eso está pasando y no puede seguir ocurriendo en nuestro país. La primera pregunta es cómo solucionaría este problema.

Quiero hacer otro comentario sobre el apartado 3.6 del mismo programa, que leo textualmente: La difusión de información clara y objetiva sobre medicamentos a los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios, como todos sabemos, reciben la información de un sector. Como aquí lo plantean, pregunto cómo piensan hacerlo, porque desde que desapareció la histórica terapéutica médica no volvimos a saber nada más.

También quiero hablar sobre el Ingesa. El presupuesto que ha dado nos parece bastante insuficiente dados los índices que tenemos. En Ceuta y Melilla tenemos un índice de camas de 1,8 por cada mil habitantes. Teniendo en cuenta que la media de las comunidades autónomas es de 3,1 camas por cada mil habitantes, la diferencia es bastante importante a nivel de recursos, igual que en atención especializada. La media que tienen ellos es de un 1,3 mientras que la de las comunidades autónomas es de un 1,8. Esta es una cuestión difícil de solucionar con los presupuestos planteados.

Hay una pregunta que nos parece bastante interesante tras las declaraciones hechas por la patronal de la sanidad privada, que ha dicho que la sanidad pública se puede ahorrar entre 4000 y 9000 millones debido a que en 2017 medio millón de personas se hicieron un seguro privado. Quiero saber qué opinión tiene con respecto a eso y sobre que los beneficios de los hospitales privados hayan aumentado de forma importante en 2017.

Ayer registramos una pregunta sobre cuánto ha facturado Medtronic a nuestro sistema sanitario público: bombas de insulina, DAI, marcapasos, cápsulas de endoscopia, etcétera; una larga lista que ya conocemos. Ante esa situación, que no sabemos cuánto ha facturado, nos gustaría que nos lo contestase por escrito. Pero, sea la cuantía que sea, ¿puede ser que el director de estrategia de esta empresa que nos vende los productos lo nombre la ministra vicepresidente del consejo asesor? Esta pregunta ya se la he hecho y hoy se la hago de otra manera a ver si me la contesta también de otra forma.

Respecto a la formación sanitaria especializada, estamos totalmente de acuerdo en que es un aval importantísimo de nuestra sanidad pública. Es más, yo creo que es lo que nos está manteniendo, la


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calidad de nuestros profesionales sanitarios. En ese contexto, han aparecido en los medios de comunicación las siguientes declaraciones -entrecomillado-: "Sanidad retendrá a los mir en zonas de difícil cobertura vía real decreto". Es difícil decir una barbaridad mayor. Son declaraciones entrecomilladas de la ministra.

Nosotros tenemos opciones: más plazas. Creo que estamos en 8075, pero hay que aumentar más las plazas de formación sanitaria especializada. En cuanto a las auditorías, hemos podido comprobar cómo han disminuido de forma importante en los últimos años. En 2017 las auditorías que se han hecho han sido anecdóticas, cuando son fundamentales para la calidad de nuestro sistema formativo. ¿Qué tiene pensado el ministerio para fortalecer nuestra atención primaria a nivel del consejo interterritorial? Ya que está aquí, como el viernes se produjo el cese del subdirector de Farmacia, ¿ya tienen la persona que lo va a sustituir? Para acabar, ¿cuál es su opinión sobre la noticia que ha salido ayer en los medios de comunicación sobre un fármaco que se retira del mercado y vuelven a sacarlo un año después, tras subir el precio doce veces?

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias, por ajustarse, además, al tiempo.

A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista don Jesús Fernández.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor secretario general por su comparecencia, por las explicaciones detalladas y por habernos ahorrado un poco de tiempo respecto de su colega anterior, que ha sido tan extenso en sus exposiciones. Algo tenemos que hacer con este reglamento porque responderle a usted -que ha hablado una hora- y al señor Garcés -hora y cuarto larga- en cinco minutos es muy complicado.

Lo primero que le voy a decir sobre el presupuesto es que -y usted lo tiene que reconocer- es un presupuesto continuista, un presupuesto carente de ambición, de objetivos; no hay ni una sola referencia presupuestaria en este presupuesto, por ejemplo, a las prioridades que marcó la ministra en su comparecencia en enero del año pasado hablando del nuevo Estado de bienestar de 2050 que había que crear, de la sanidad del siglo XXI, con nuevas estrategias de prevención, de envejecimiento saludable. ¿Dónde está el correlato presupuestario de todas esas prioridades?

Usted ha entrado directamente en el presupuesto del ministerio, pero yo tengo que hablar de la financiación sanitaria en España, que es claramente insuficiente. Ustedes hablan de que han aumentado en 4200 millones las transferencias a las comunidades autónomas, un 3,6%. Usted sabe que los presupuestos de las comunidades autónomas para 2018 han crecido una media de un 4,7%. Eso significa, en términos de gasto global sanitario, 3300 millones. ¿Qué quiere decir? Que quedan 900 millones de esos 4200 para dedicar a educación, a servicios sociales y al resto de competencias que tienen las comunidades autónomas. La ecuación no funciona, señor Castrodeza; le pido que me responda. ¿Han presupuestado de más las comunidades autónomas para sanidad o ustedes han presupuestado de menos la cantidad que hay que transferir a las comunidades autónomas? Esto viene por una razón, única y exclusivamente, porque ustedes vienen con un presupuesto sin sistema de financiación autonómica, que tenían la obligación de haberlo hecho antes. El Ministerio de Sanidad sigue escurriendo el bulto para abordar la financiación sanitaria autonómica, poniéndolo en el último lugar, en el puesto número 25, del próximo consejo interterritorial y, en definitiva, no sabiendo cuál es la posición del ministerio respecto de la financiación sanitaria autonómica.

Los presupuestos del ministerio son -le recuerdo- un 30% inferior en 2018 a los del 2011; entonces eran 770 millones y hoy son 545 millones. No se pueden abordar las estrategias de salud sin respaldo presupuestario, porque, si no, van a convertir el ministerio, si no lo han convertido ya, en una fotocopiadora de estrategias sin ningún respaldo presupuestario. Hemos pedido en este último año actualizar la estrategia de salud mental, la de salud sexual y reproductiva, actualizar y presupuestar el Plan de lucha contra las resistencias antibióticas. ¿Dónde está ese respaldo presupuestario?

En cuanto al Fondo de Cohesión, escuchar al portavoz de Ciudadanos darse por satisfecho con los 3,7 millones parece mentira, cuando le voy a leer lo que dice la disposición adicional quinta, hoy vigente, del Fondo de Cohesión: El Fondo de Cohesión tiene por finalidad garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español y a través del Fondo de Cohesión sanitaria el Ministerio de Sanidad realizará políticas que aseguren la cohesión sanitaria y la corrección de las desigualdades. Este fondo tenía 100 millones de euros y ustedes lo han jibarizado a 3,7


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millones. Pero eso no es lo peor, lo peor es que no lo ejecutan. Yo me he tomado la molestia de ver cuál ha sido la ejecución a diciembre del año pasado y, ¿saben cuál es la ejecución? Cero euros; en diciembre de 2017 la ejecución del Fondo de Cohesión de 3,7 millones fue cero euros. Aclárense ustedes y los señores de Ciudadanos, presupuesten un Fondo de Cohesión suficiente para esas políticas que vienen en la ley de cohesión o eliminen el Fondo de Cohesión o dejen de presupuestarlo si no lo van a ejecutar. Porque, si no, ustedes están engañando a la ciudadanía con discursos muy grandilocuentes de lucha contra los desequilibrios financieros de las comunidades autónomas, pero luego no hacen absolutamente nada.

El presupuesto del Ingesa es de vergüenza, señor Castrodeza; no voy a decir lo que se ha dicho en el debate que hemos tenido con el señor Garcés. En mis veinte o veinticinco años de gestión sanitaria nunca he visto esto. ¿Usted sabe, en la tabla, el presupuesto del Ingesa para 2018? Es exactamente el mismo en todas las partidas que el de 2017, al céntimo, excepto el capítulo 1 de personal, que se lo han dado, seguramente, desde la Dirección General de Costes de Personal. ¿Me quiere decir que en farmacia van a gastar lo mismo que en el año 2017? ¿Que en compra de productos sanitarios para los hospitales y de prótesis se van a gastar lo mismo que en 2017? Es pura dejadez, es puro desdén. Ustedes están ofendiendo a la población de Ceuta y de Melilla con esta gestión del Ingesa que están haciendo. Presupuestan 10,3 millones para inversiones en Ingesa y el año pasado presupuestaron lo mismo y ejecutaron el 50% a diciembre de 2017. ¿Cómo es posible que con esa cantidad de inversión, ustedes, con las necesidades que tiene Ingesa en Ceuta y en Melilla, no ejecuten la totalidad de ese presupuesto? Ustedes están engañando, dicen que han hecho un nuevo proyecto para el hospital de Melilla; hoy es un solar donde no hay más que piedras y tierra porque no han comenzado la edificación. Llevan seis años -tengo la fotografía aquí, señor Castrodeza, no me da tiempo a enseñársela- sin hacer una sola obra en ese hospital; ejecutan 5 millones y presupuestan 10 millones. Los números son muy fáciles, si va a costar 80 millones, los habitantes de Melilla van a tardar diez años o más en disfrutar de ese hospital.

Voy terminando. En cuanto a la talidomida, le pido, por favor, que nos explique cómo van a hacer responsable de estas indemnizaciones a la empresa fabricante. Respecto de Valdecilla, han presupuestado 22 millones, el año pasado no presupuestaron nada y en 2016 presupuestaron pero no lo ejecutaron, por lo que quiero saber cómo van ejecutar este presupuesto y qué calendario plurianual van a plantear para hacerse cargo de la subvención a la Comunidad de Cantabria, a lo que se comprometió el presidente Rajoy.

Finalmente, debo decir que en investigación sanitaria ustedes congelan la transferencia al Instituto de Salud Carlos III, lo que demuestra su interés por las políticas de investigación y desarrollo. Señor Castrodeza, son unos presupuestos sin objetivos y que nosotros, desde luego, no vamos a poder apoyar.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Tiene la palabra ahora y durante dos minutos su señoría, Begoña Tundidor, del Grupo Socialista.

La señora TUNDIDOR MORENO: Muchas gracias.

Quiero agradecer su presencia, pero no puedo pasar por alto la decepción que tenemos de no haber dedicado una comparecencia exclusiva a Aecosan. Como usted ha referido, el programa 492.O, de protección y promoción de los derechos de los consumidores, ha experimentado una reducción de 16,82% si lo comparamos con el presupuesto de 2017, que ya había sido recortado en años anteriores. Esto demuestra, por un lado, el escaso interés del Gobierno por mejorar la protección de los consumidores y usuarios y por fortalecer las asociaciones de consumidores y, por otro, la exigua cuantía de este programa de 13,8 millones, que no es acorde ni con sus objetivos ni con las actividades que financia, entre otras, el control y la vigilancia del mercado, el control analítico de la calidad, la seguridad de los productos de consumo, la información, etcétera.

El sistema arbitral de consumo es un elemento fundamental para impulsar la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios y gracias -y pongo el énfasis en gracias- a las negociaciones parlamentarias mantenidas con el Grupo Socialista durante la tramitación de la Ley 7/2017, las ayudas a la gestión de las juntas arbitrales adscritas se han incrementado, como usted ha referido, en un cien por cien, por lo que en el Grupo Socialista nos sentimos muy satisfechos. Ahora bien, las asociaciones de consumidores, que constituyen una herramienta fundamental para la defensa y la participación de los consumidores, reciben unos pobres presupuestos que no reflejan ni tan siquiera la voluntad política de avanzar ya que el Gobierno mantiene prácticamente congelada esta partida presupuestaria desde 2011, siendo irresponsable esta actitud. El apoyo a las asociaciones de consumidores es fundamental en una


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sociedad como la actual, que de forma gradual pero impecable está pasando de ser una sociedad de productores a ser una sociedad de consumidores. El movimiento consumerista sigue siendo un movimiento débil y el Gobierno, a lo largo de estas legislaturas, en lugar de fortalecerlo se ha dedicado a debilitarlo aún más. Sin embargo, las asociaciones de consumidores defienden un consumo responsable, crítico y reivindicativo a través de las organizaciones sociales libres e independientes. Estimado secretario de Estado, en nuestras manos, de verdad, está cambiar el mundo de los valores, de la ética, de la equidad y la justicia. En cuanto al presupuesto dedicado a la seguridad alimentaria y nutrición, nos sigue pareciendo un presupuesto insuficiente, como así nos pareció el del año pasado.

Termino con un apunte sobre la publicidad engañosa, que es aquella que se produce para hacer creer algo que no es, bien por adjudicar al producto propiedades de las que carece o bien por ocultar algunas de sus características fundamentales como aquella, por ejemplo, que atente contra la dignidad de las personas o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los referidos a la infancia, la juventud y la mujer; igualmente me refiero a la publicidad que resulte desleal o subliminal o que infrinja lo dispuesto en la normativa que regula la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. Tras las múltiples iniciativas aprobadas en esta Cámara relacionadas con este tema que tanto nos preocupa, les pedimos que en el programa de protección de consumidores se refuercen las acciones relacionadas con el control publicitario para poder tomar medidas efectivas disuasorias contra quien las utiliza, para acabar con la publicidad engañosa y proteger a los consumidores, en especial a los más débiles.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchas gracias, señoría.

A continuación tiene la palabra Teresa Angulo, por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.

Quiero agradecer, en primer lugar, la detallada información que nos ha dado el secretario general de Sanidad y Consumo.

Comenzamos la tramitación de unos nuevos presupuestos y, afortunadamente, podemos decir que lo hacemos en un escenario muy diferente a aquel que nos encontramos en el año 2012, cuando el Gobierno de este país se encontró con un sistema sanitario quebrado y un país prácticamente en la ruina, viéndose obligado el Gobierno del Partido Popular, una vez más, a ser el que se encargara de arreglar la situación. Gracias al trabajo hecho por este Gobierno, con el único apoyo y esfuerzo de los españoles, únicos que deben colgarse medallas, hoy se nos puede presentar el presupuesto más social de la historia, en el que el gasto en sanidad asciende a 4521 millones de euros, un 4,5% más que en 2017. Se continúa la tendencia alcista iniciada hace tres años para política sanitaria, pero no debemos olvidar que la prestación sanitaria es competencia de las comunidades autónomas y que estas deben reflejar en sus presupuestos mejoras para la sanidad de ese crecimiento económico, máxime cuando el Gobierno va a transferirles 4300 millones de euros más para políticas sociales. Sí sale la ecuación, porque a esto también hay que sumarle las medidas de ahorro que obtienen las comunidades autónomas gracias a los mecanismos que está poniendo en marcha el Gobierno de España como, por ejemplo, 200 millones de euros por las compras centralizadas de las que se benefician no el Gobierno sino las comunidades autónomas. También hay que destacar el ahorro importantísimo en los intereses de la deuda, que ahora están dejando de pagar las comunidades autónomas, gracias a las políticas económicas del Gobierno del Partido Popular, porque también estos ahorros de los intereses se pueden destinar a política sanitaria. Por lo tanto, claro que sí sale la ecuación.

Es difícil en pocos minutos valorar cada programa, por eso yo destacaría que estas cuentas reflejan el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad del sistema; un sistema centrado en el paciente que garantice el acceso universal a las prestaciones, con independencia de su lugar de residencia, acceso a una de las mayores carteras de servicios del mundo y a más de 22 000 medicamentos financiados. Por eso yo quiero destacar la apuesta por las personas, concentrada en partidas referidas, por ejemplo, a las estrategias de salud, que se incrementan hasta el doble en las estrategias para enfermedades raras o neurodegenerativas como la ELA, o también esas partidas nuevas de las que nos ha hablado para las ayudas sociales para personas con hemofilia o los 5 millones de euros para la lucha contra el VIH o 4,5 millones de euros para salud pública. Sí, nosotros creemos en la apuesta por la equidad y en esta apuesta que supone el Fondo para la asistencia sanitaria a pacientes derivados a CSUR, a pesar de las críticas de la oposición, ya que para nosotros es un mecanismo útil para garantizar esa asistencia, que, vuelvo a


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recordar, corresponde prestar a la comunidad autónoma, que es quien, vía sistema de financiación autonómica, recibe el dinero para atender a los ciudadanos, lo hagan en su territorio o lo hagan fuera de él. Mi comunidad autónoma recibe por mí un dinero en la financiación autonómica y es su obligación atenderme y prestarme esa asistencia, lo haga en Extremadura o lo haga fuera de Extremadura. Este fondo es un complemento para ayudar a esa equidad que, evidentemente, mi grupo también espera que aumente, pero que no puede servir de excusa a los servicios autonómicos de salud para eludir sus obligaciones. (La señora vicepresidenta, Hernández Bento, ocupa la Presidencia). Aprovecho para hacer aquí un llamamiento a los grupos de la oposición para que de una vez por todas negociemos un buen sistema de financiación autonómica que acabe con ese sistema nefasto que nos dejó el Partido Socialista y al que el Partido Popular votó que no porque ya dijimos que no iba a servir para resolver los problemas y la financiación de las políticas sociales. El presidente Rajoy le ha hecho la oferta al señor Pedro Sánchez y estamos esperando la respuesta a esa oferta.

Quiero hacer también una especial mención a la dotación económica para los afectados de la talidomida, una dotación que efectivamente supone un paso más para el cumplimiento de los compromisos alcanzados con los afectados y que forma parte de un paquete de medidas que se están tomando con su participación. Que nadie dude del apoyo decidido de este grupo a una causa que entendemos justa y que debe resolverse lo mejor y lo antes posible.

Estas cuentas, asimismo, suponen un reconocimiento a los profesionales del sistema. A la histórica OPE, a las tasas de reposición superior al cien por cien y a las subidas salariales del 8,7% en tres años, han de unirse los trabajos a los que hoy ha hecho aquí mención el secretario general: registro de profesionales, déficit de facultativos, agresiones, especialidades. Hay que resolver el problema de los facultativos, sobre todo en zonas rurales, señora Botejara, claro que hay que resolver este problema y parece mentira que siendo usted de mi tierra diga que se están diciendo barbaridades. También es importante el impulso a las nuevas tecnologías, dotadas en diferentes programas con varios millones de euros y que supondrán la interoperabilidad total, por ejemplo, entre otras cosas, de la receta electrónica.

Hablemos del Ingesa. Señor Fernández, permítame que le diga que a ustedes les debería dar cierto pudor hablar de la sanidad en Ceuta y Melilla teniendo en cuenta lo que hicieron allí y teniendo cuenta los dolores de cabeza que la situación que ustedes dejaron allí le está dando a este Gobierno para resolverla. El señor Castrodeza nos ha hablado de que ha aumentado la dotación de personal en más de ochenta plazas, ha mejorado el trasporte sanitario aéreo, se han iniciado las obras del hospital de Melilla, ejemplo desgraciado de gestión socialista, se acometerán las obras del centro de salud de El Tarajal en Ceuta y se adquirirán nuevos equipos de radiodiagnóstico. Creo que deberían ser más prudentes, sobre todo cuando ustedes van a votar que no a todas estas mejoras.

Me gustaría hablar, como ha hecho el secretario general, de esos organismos que a veces no son suficientemente valorados, pero que aportan mucho a la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que además de mejorar su presupuesto y además de la importante labor en la calidad, la seguridad, la investigación de los medicamentos en la lucha contra las resistencias antimicrobianas, es un claro ejemplo de gestión y de retorno de beneficios para los ciudadanos. Digo esto porque, como se nos ha explicado, la agencia no solo se autofinancia, sino que transfiere al Tesoro público 62 millones de euros que el Estado utiliza para políticas para las personas. Por tanto, yo creo que es justo destacarlo, y permítame que en nombre de mi grupo, señor Castrodeza, le felicite y felicite a los responsables de la agencia. Igualmente, es digna de elogio la Organización Nacional de Trasplantes, que con este presupuesto pretende consolidar su liderazgo a nivel internacional y llevar a cabo su objetivo de alcanzar las 50 donaciones por millón de habitantes y superar los 5500 trasplantes, lo que vuelve a demostrar la excelencia de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Quiero referirme a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición que, además de la importante labor que desarrolla en la seguridad alimentaria, en la promoción y prevención de la salud, algo en lo que mi grupo cree firmemente -creemos que se está haciendo un gran trabajo por parte de la Aecosan-, este año duplica -insisto, duplica- el presupuesto para las juntas arbitrales de consumo autonómicas y locales con el único objeto de favorecer la resolución de litigios en materia de consumo, reduciendo los plazos a la mitad e incrementando con ello la protección de los derechos de los consumidores frente a posibles abusos.

Me gustaría terminar hablando de que hay otros créditos que, aunque no aparezcan en la sección de la Secretaría General, son políticas sanitarias, y debemos ver el supuesto en su conjunto. Me estoy refiriendo a los ingresos de la disposición adicional sexta, de los que ya nos ha dado cumplida explicación


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el señor Castrodeza, pero también me estoy refiriendo al presupuesto sanitario, que supone parte de los 7044 millones más de euros que este año el Gobierno destina a investigación y desarrollo, y de los cuales 618 millones son para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 270 millones para investigación sanitaria en el Carlos III que, aunque no estén en el presupuesto de esta secretaría, es dinero para políticas sanitarias, y yo creo que esto también hay que destacarlo. En definitiva, son unos presupuestos que reflejan el compromiso del Gobierno con nuestra sanidad pública, que benefician a todos y no perjudican a nadie, y que contribuyen, dentro de las competencias del Estado, a mejorar la salud de los españoles; son unas cuentas a las que resulta muy difícil justificar su oposición más allá de ese trasfondo político de un nuevo intento de desestabilizar al Gobierno y con ello al país, algo que se pretende, desde determinados grupos de la oposición, justificar con unos presupuestos alternativos que solo suponen volver a al descontrolado incremento del gasto público y que proponen, además, pagar con un atraco al bolsillo de los españoles a modo de brutal subida de impuestos, las políticas que siempre ha aplicado cuando ha gobernado la izquierda y que nos han terminado dejando al país en ruinas y al sistema sanitario en quiebra.

Yo no espero nada de esa izquierda radical cuyo único objetivo es destruir para seguir esos modelos en los que sus ciudadanos no tienen ni para medicamentos, teniendo que usar los de los animales, ni para comer, mientras sus dictatoriales dirigentes y sus familias acumulan enormes fortunas, pero no me resigno a encontrar un atisbo de responsabilidad en el Partido Socialista. Nuestra sanidad se enfrenta a retos muy importantes que deben ser abordados desde el pacto, el diálogo y el consenso, lejos del cortoplacismo electoral, el reto demográfico, la incorporación de innovaciones, la financiación... Hablemos, señor Fernández, de verdad, sentémonos a hablar. Dejen que los presupuestos se tramiten y hablemos sobre sus propuestas, pero hagámoslo desde la responsabilidad de permitir que este país tenga unos presupuestos. El Grupo Popular está dispuesto a hacerlo y no me cabe la menor duda de que el Gobierno también. Lo hemos venido demostrando y lo hacemos con aquellos partidos que han querido hablar y negociar con nosotros y a quienes agradecemos el apoyo a estos presupuestos que ha elaborado un Gobierno del Partido Popular. Les pido a ustedes que también se sumen a ese pacto y a ese consenso.

A usted, señor Castrodeza, y a su equipo les doy la enhorabuena por el enorme trabajo que han hecho en una situación muy difícil y partiendo, como digo, de un sistema que estaba al borde de la quiebra.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Gracias, señora Angulo.

A continuación tiene la palabra nuevamente el señor Castrodeza para responder a las consideraciones de los portavoces o lo que usted considere oportuno.

El señor SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Y PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AECOSAN (Castrodeza Sanz): Muchas gracias, presidenta.

Quiero comenzar esta segunda parte de mi intervención agradeciendo, en primer término, las valoraciones realizadas por todos los portavoces, así como sus aportaciones, que siempre sin duda son tenidas en cuenta, pues vienen de aquellos que representan a todos los españoles y por eso son tratadas como objeto de la más apreciada consideración y respeto. A todos nos une un único objetivo; todos los que estamos aquí presentes compartimos lo que nos demandan los ciudadanos, y es que los servicios públicos preferentes, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, no sean objeto de un debate partidista, sino que sean gestionados sería y eficientemente por los servidores públicos. Señoras diputadas, señores diputados, todos los ciudadanos esperan cada año que se les informe y se les rinda cuentas sobre cuál va ser el destino de los créditos consignados en los presupuestos y cómo van a ser empleados para mejorar o impulsar las diversas actuaciones sanitarias de seguridad alimentaria, de consumo, etcétera. Cada una de las políticas que les hemos descrito antes van dirigidas, como no podía ser de otra forma, a dar respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos desde la expectativa y perspectiva del Ministerio de Sanidad, a la promoción de la salud y la prevención de las novedades y su mejor diagnóstico y tratamiento. Los créditos consignados en los programas presupuestados de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, como he tratado de explicar, se enmarcan en el objetivo general de los Presupuestos Generales del Estado de fortalecer la prestación de los servicios públicos preferentes. Como saben, estos presupuestos incluyen 4248 millones de euros adicionales para las administraciones territoriales, que pueden ser destinados a políticas sociales por parte de las comunidades


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autónomas, y entre ellos 4000 millones para las comunidades autónomas y 248 para las entidades locales. Esto son decisiones, capacidad de gestión, tomar decisiones, priorizar.

Se refuerza, aunque pueda parecer a algunos una quimera, el gasto social, que supone el 56% del total del presupuesto consolidado. -Estos son datos-. Estas cifras confirman que el Gobierno ha apostado de forma contundente por mantener los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones. Lo hizo -se ha comentado aquí- en momentos de coyuntura económica adversa, cuando todos los indicadores macroeconómicos eran desfavorables: caídas del PIB, reducción del nivel de recaudación de ingresos... El mantenimiento de estos servicios se ha revelado como un elemento clave, y con los datos disponibles hoy podemos decir que gracias al esfuerzo de todos y a las medidas tomadas la salud de la población no se ha visto afectada en los años de crisis económica que siguió a la crisis financiera, y esto lo digo con absoluta contundencia, porque nos avalan estudios encargados por el ministerio, que así lo demuestran, hechos por personas e instituciones independientes.

La evolución que han experimentado los principales indicadores de salud nos indican que, en relación con datos de la Unión Europea -comparativo con los veintiocho-, España mantiene una situación comparativamente favorable. La tasa de mortalidad infantil en este tiempo de crisis se ha reducido. La relación de la salud autopercibida y el porcentaje de población adulta que considera que su salud es buena o muy buena ofrece resultados muy favorables. En lo que atañe a las enfermedades crónicas en general, a excepción, es cierto, de la diabetes y los accidentes cerebrovasculares, la prevalencia de enfermedades diagnosticadas y reportadas en la encuesta nacional de salud y en la encuesta europea de salud no muestran que la crisis haya ocasionado un incremento de las mismas. La propia tasa de mortalidad, ajustada por edad -que, como ustedes saben es un indicador muy importante-, ha disminuido. Estos son datos numéricos, están ahí para que ustedes los comprueben.

El gasto sanitario público también se incrementa. En el año 2016 el gasto sanitario público en España supuso 66 678 millones de euros, lo que significa un 1,48% respecto al ejercicio anterior, 65 708 millones de euros, y el 4,21% si lo comparamos con el año 2012, 64 078 millones de euros. El gasto sanitario público en España representa el 6% del producto interior bruto y el gasto per capita ascendió en el año 2016 a 1436 euros por habitante, siendo en el año 2015 de 1415, gastos medios. Estoy dando datos que también conviene saber, y más allá de lo que un presupuesto puede pintar o puede tener, es el objetivo final: proveer a nuestros ciudadanos de un entorno social, sanitario, educativo y de seguridad social adecuado para que sus expectativas de vida estén garantizadas. Desde la óptica de la clasificación económica, se observa que la retribución del personal, que alcanzó en el año 2016 un total de 29 689 millones de euros, es el gasto que absorbe el mayor porcentaje total: 44,5%, es decir, nuestro sistema tiene un 44,5% de gasto en el capítulo 1.

Señorías, gracias a la política emprendida desde el año 2012 este Gobierno ha revertido la situación insostenible, a la que se han referido algunos de los intervinientes -en concreto, la representante del Grupo Popular- en la que se encontraba la sanidad. Esto es una realidad, una realidad, y quien no la quiera reconocer es que no sabe de dónde venimos y poco puede valorar el esfuerzo que se ha hecho. Ha garantizado el mantenimiento de los servicios preferentes y ha puesto en marcha medidas de liquidez en beneficio de las administraciones territoriales. En el periodo 2012-2014, el 70% de las cantidades dirigidas a facilitar liquidez -70%- de las comunidades autónomas fueron destinadas a prestación de políticas sociales. Asimismo, se han impulsado medidas que han ayudado a las comunidades autónomas a alinear y hacer converger sus presupuestos sanitarios, a racionalizar el gasto en el que se incurre.

En el informe anual del Sistema Nacional de Salud 2017 se evidencia la actividad del Sistema Nacional de Salud, con más de 241 millones de consultas médicas en centros de salud, 132 millones de consultas de enfermería que se realizan en 13 000 centros de atención primaria, en cerca de 79 millones de consultas hospitalarias, en 3,6 millones de intervenciones quirúrgicas en los 451 hospitales, con 44 hospitales en los que se llevan a cabo programas de transplantes. Nuestra actividad sigue funcionando y sigue creciendo. Nuestro objetivo es seguir mejorando nuestro sistema y, por eso, la ministra Dolors Montserrat ha anunciado que va a llevar al próximo consejo interterritorial las líneas generales de la futura definición del Plan de Medicina Personalizada del Sistema Nacional de Salud, que es un reto de un valor incalculable para los próximos años en las políticas sanitarias, porque para los que están familiarizados con el sector sanitario -creo que sus señorías lo conocen- esto va a ser un reto muy importante, muy importante.


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Como bien saben, el pasado 10 de abril el Reino de España ha suscrito una iniciativa europea en medicina genómica y personalizada con el fin de compartir conocimiento con otros Estados miembros. Estamos alineados con los nuevos retos y los nuevos objetivos que hay en Europa. Un plan que contará, eso sí, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Investigación, el Instituto Carlos III, las comunidades autónomas, evidentemente, por eso se va a llevar al consejo interterritorial, y demás agentes que se presentarán en su día por parte de la ministra. Además, en esta época de crisis el Ministerio de Sanidad ha seguido financiando la investigación, lo que podíamos decir el talento de un país, lo que genera riqueza en un país, y ya les he dicho que cerca de un 70% de lo que es la acción estratégica en salud, dentro del campo de la biomedicina -los Ciber, las líneas FISS, los Río Hortega, los Joan Rodés-, se ha logrado financiar a costa de la adicional sexta, que es importante y que supone aproximadamente 120 millones, y cada año el Carlos III unos 80 o 85 millones recibe.

Se ha criticado aquí que no hay políticas de promoción y de prevención. No, no, tenemos una estrategia de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad que seguiremos apoyando en colaboración con todos los agentes, incluidas las entidades locales. ¿O es que el acuerdo que firmamos con los ayuntamientos para políticas sanitarias, de promoción y prevención, no van en esa línea? Además, esta política estratégica de promoción y prevención tiene una meta: aumentar dos años la esperanza en buena salud, y un objetivo general de promoción de entornos saludables. La estrategia también se sitúa en el marco del abordaje de la cronicidad y busca prevenir las enfermedades no transmisibles. A este respecto, me complace informarles de que ayer mismo en España, en Barcelona, tuvo lugar una reunión de alto nivel de la OMS, en la que tuve el honor de participar y en la que estuvo mi equipo, con la directora general de Salud Pública al frente, que está aquí presente. España ha sido un país anfitrión para este debate de lo que van a representar las enfermedades no transmisibles. Estamos presentes en los foros europeos. Las enfermedades no transmisibles son una preocupación mundial. -Seguro que ustedes lo saben-. De hecho, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 una de las metas a alcanzar es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades; reducir un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y la promoción y, de alguna forma, promover la salud mental y el bienestar. Todo ello con la vista puesta en el año 2030.

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado y, en particular, las partidas que se destinan a la política de gastos de salud y concretamente las que les he presentado, en nuestra opinión garantizan el derecho a la salud de los ciudadanos y garantizan, asimismo, que las comunidades autónomas puedan seguir prestando servicios de calidad en el ámbito de la sanidad. Cada uno tiene sus competencias, cada uno tiene sus competencias. ¿O es que están dispuestos a renunciar sus comunidades autónomas o donde ustedes gobiernan a sus competencias? Esta garantía viene refrendada por la potencia financiera de la Secretaría General de Sanidad que, como antes expuse, no se limita a la gestión de créditos iniciales contemplados en las partidas que conforman nuestro presupuesto ordinario, sino también por otras acciones, como la disposición adicional sexta que aquí se ha dicho y que está recogida en el texto refundido de la Ley de garantías y a la que ya me he referido; y también de los ingresos generados por el Ingesa, aunque se le ponga mucho en crítica -luego hablaremos de Melilla, que si quiero dar respuesta a las preguntas-. ¿Por qué? Porque este centro de gestión, como consecuencia de la prestación de servicios sanitarios a terceros, ha supuesto que en el año 2017 se hayan ingresado 7,6 millones de euros. O sea, que nuestros centros también tienen capacidad de generar riqueza.

Si me permiten sus señorías hacer un juego de números -no pretendo justificar nada-, estas generaciones de crédito, suponen más de 50 millones de euros, unidas a los 383 millones de euros a los que ascienden los presupuestos de la secretaría general y de los organismos públicos, arrojan una cifra de más de 433 millones de euros, que van íntegramente destinados a políticas sanitarias y de consumo, a los que si me permiten, con humildad, este año podrían añadirse los 20 millones de euros de la Talidomida. Es que el esfuerzo que ha hecho la parte del Ministerio de Sanidad en su presupuesto, incrementando esta partida, representa un 6,6% más ya de entrada que cualquier otro presupuesto. Reconociendo que está pintado, que está recogido en el Imserso. Creo que estamos andando camino y, si no, les invito a que ustedes consulten la evolución del gasto o de los presupuestos que tienen sus comunidades autónomas; están ahí, si quieren se lo cuento.

Por tanto, podríamos decir, señorías, que estamos gestionando más de 450 millones de euros. Créditos que en gran medida pasan a financiar necesidades de las comunidades autónomas, porque eso no se lo gasta el ministerio, lo transfiere a las comunidades autónomas, 33 millones ya de entrada a la


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adicional sexta, más el beneficio de las políticas de investigación de la acción estratégica en salud -el ministerio realmente no hace muchos proyectos de investigación-, más las políticas de ahorro que gestionamos con las compras centralizadas -así podríamos ir sumando algunos aspectos-, más la liquidación del FOGA y del Fondo de Cohesión que también se reparte a las distintas comunidades autónomas que, por cierto -ahora les daré el reparto, ya que me lo han pedido la señora Botejara y el señor Igea-, el 56% son fondos de cohesión y un 44% FOGA. Recursos todos ellos con los que las comunidades autónomas pueden desarrollar programas, estrategias y vigilancia de la salud.

Aquí se ha comentado también alguna crítica sobre la estrategia del ELA. Claro que tenemos puesto un dinero: un millón de euros, que se aprobó en noviembre de 2017, y se está elaborando -que se está terminando- una encuesta para que las comunidades autónomas nos digan qué han hecho desde la aprobación de la estrategia de ELA en la que el ministerio ha puesto esta cantidad, que todas las comunidades autónomas veían con una necesidad imperiosa, ya que esta enfermedad afecta a 3500 o 4000 personas, como saben ustedes. -Sigo contestando al señor Igea-. He de decirle que esa cantidad de no financiación de la asociación no puedo darle respuesta porque no está prevista en mi presupuesto, pues corresponde al tercer sector y, por lo tanto, no me atrevo a darle una respuesta que no conozco, porque la pregunta que usted hacía corresponde a otro órgano directivo.

Voy a ir contestando algunas de las preguntas que se han producido en este debate tan apasionante. Voy a empezar por Melilla, porque es un tema recurrente. Yo soy una persona bastante tranquila, entiendo el debate político, sé que mi misión es defender, ustedes decirme cosas, y al Gobierno, etcétera. Melilla es el nudo gordiano desde el año 2007 o 2008; hemos tardado ocho años en deshacer -en deshacer- lo que ustedes mal gestionaron, mal presupuestaron, mal presentaron; y no quiero decir más cosas porque a lo mejor algún día tenemos algún problema. ¿De acuerdo? Además no solamente eso, eso nos ha costado ya de costes directos más de 700 000 euros en deshacer ese proceso y, ojo, ¡tenemos bloqueados por acopios más de 12 millones de euros! Hombre, cuando quieran debatimos, como quieran, de Melilla. En los últimos años hemos incrementado la plantilla, hemos hecho una modificación de las condiciones de actividad profesional pensando en Melilla porque tenemos dificultades para el desempeño. Estamos trabajando en mejorar nuestras dotaciones en la hora de guardia. Yo creo que no debieran ser Melilla ni Ceuta un debate político, yo solamente les pido esto: no debieran ser Ceuta y Melilla un debate político. (El señor Fernández Díaz, don Jesús María, muestra un documento). Me puede enseñar lo que quiera. Baje usted a Melilla y vea las obras. (El señor Fernández Díaz, don Jesús María: He bajado).

Mire, ¡cuando diseñaron ustedes el edificio no pensaron en que había terremotos!, y hemos tenido que volver a hacer un estudio sísmico porque ha habido que reajustar la infraestructura que se iba a caer, y en Melilla recordarán ustedes que ha habido un terremoto. Entonces, yo no quiero -no quiero- que haya un debate sobre Melilla; no se merecen este debate nuestros ciudadanos españoles de Ceuta y Melilla. Tenemos que trabajar todos por resolver cuanto antes su problema, ayudarnos todos. Yo no volveré a sacar este tema si ustedes no me lo sacan a mí, ¿de acuerdo? Bien. Creo que el asunto de Melilla ya está suficientemente debatido.

Ha salido el tema de las plazas MIR. Desde el año 2012 a los años 2016 o 2017 se han incrementado un 9% las plazas, hemos pasado a 500 plazas; me refiero al MIR de médicos; el MIR conceptualmente abarca más cosas, por lo tanto estamos incrementando. Pero hay que dejar claro que la oferta que hace el ministerio es una oferta condicionada a las peticiones que hacen las comunidades autónomas, que son las que tienen en su capítulo 1 presupuestados estos conceptos, y que son las que determinan las necesidades. Es verdad que a esa petición se añaden los informes de las comisiones nacionales de las especialidades, y de ahí se decide una política compartida para que no haya una oferta que no nos conduzca a nada, etcétera, y hemos venido trabajando y seguiremos trabajando en esta línea. El modelo MIR tiene que irse adecuando. Es verdad que la atención primaria debe jugar un papel importante. Yo hasta donde conozco, la primera vez que ha habido una conferencia con los médicos en la que uno de los temas ha sido la atención primaria ha sido hace unos días. Es la primera vez en toda la historia del Sistema Nacional de Salud que nos reunimos en el ministerio para debatir expresamente esto. Es más, este debate se va a trasladar a las comisiones técnicas que tiene el Consejo Interterritorial porque la ministra tiene especial interés en que esto se debata, pero es la primera vez. Nos hemos reunido con todas las sociedades científicas de atención primaria. Hemos estado el Día de atención primaria allí; o sea, tenemos una preocupación por la atención primaria de este país. Pero no solo por la atención primaria desde el punto de vista de los médicos, sino también desde el punto de vista de enfermería, que probablemente debe jugar un papel más relevante del que está jugando en estos momentos.


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Baremo de daños sanitarios. Es cierto que nosotros hemos recibido muchas peticiones para la elaboración del anteproyecto de ley, anteproyecto de ley. Un tema de este calado es complejo y el ministerio ha optado por acudir a expertos de la judicatura, de las curvas actuariales, de la tasación de los daños; son profesionales que pertenecen a los distintos sectores para que nos den un anteproyecto y podamos tener la baremación, de las tablas, como se hizo en su día con los accidentes de tráfico, que nos permitan de alguna forma presentar un anteproyecto que los grupos políticos -Congreso, Senado- puedan debatir, corregir, enmendar, modificar, etcétera. Por lo tanto estamos en la fase de un anteproyecto. En la vida cuando uno va a hacer un trabajo más o menos complejo puede llamar a 250 personas -aquí a ver cómo lo hacemos, con todos los respetos-, o puede adoptar grupos específicos más operativos. Nosotros hemos elegido el criterio de mayor operatividad porque queremos tener un documento, documento que está abierto; por eso se han enviado encuestas a los distintos sectores que han querido participar para que nos digan qué aspectos consideran desde su punto de vista. Me consta que esa forma de participación a lo mejor a algunos no les ha satisfecho, querrían estar allí; bueno, pues ya tendrán tiempo en el debate parlamentario, en el debate político del Congreso, etcétera, para hacer sus aportaciones. Por lo tanto, creo que esto sí que está alineado, porque alguien decía: No está alineado con la política de la ministra. Sí, esta fue una de las cosas que anunció la ministra el primer día que se presentó aquí. Dijo: Voy a hacer una ley de daños, del tema sanitario, porque había un asunto de tráfico. Y estamos cumpliendo con esto.

Indicadores. Tenemos ya preparado el portal; no lo hemos publicado hasta ahora porque queríamos un tema estético que a lo mejor no damos con el acierto y luego no gusta, pero está preparado. Por lo tanto, van a tener ustedes un portal que se titulará: Sanidad en datos, en el que tendremos datos incluso de los hospitales, con un benchmarking comparativo para que un ciudadano de un hospital se pueda comparar con el percentil 50 o el percentil 75. Luego España va disponer de un portal de la transparencia, de un portal de datos: Sanidad en datos.

El PRAN, Plan de Resistencia Antimicrobiana. Dicen que no queda claro, que no tiene presupuesto, etcétera. La adicional sexta, desde que hemos empezado el plan, es la que ha asumido el coste de este plan, y para su continuidad tenemos presupuestados 2,5 millones de euros. Es un plan de resistencia a antimicrobianos en el que participan distintos ministerios, todas las comunidades autónomas, que no solamente aborda el uso de los antibióticos en el campo humano, sino también en el campo animal, que ya presenté -como ustedes conocen- ganancias, y es verdad que España tiene un problema y hace falta avanzar en ese tema.

Catálogo ortoprotésico. Tenemos una orden que ya ha pasado los trámites de audiencia externa, se ha presentado al consejo interterritorial, se está ultimando por parte de la Secretaría General Técnica para su remisión al Consejo de Estado, y ahí hay un catálogo único con un precio de financiación para las distintas ortoprótesis: desde sillones o cojines antiescaras hasta las sillas, etcétera, con un límite. A partir de ese límite, las comunidades autónomas podrán decidir, cuando un ciudadano de su comunidad quiera otro producto ortoprotésico, si le pueden ayudar o que el ciudadano se lo pague. Va a haber un catálogo único tanto de los financiados como de los no financiados. Creo que este es un avance que no existía en España.

Con respecto al banco de tejidos, por el que me ha preguntado el señor Igea, creo que se refiere al banco de tejidos de León. No tengo información precisa de lo que ha pasado allí porque no he seguido el detalle, pero no cambia nada el sistema de transplante en España, sigue con las características que tiene. Yo no sé lo que habrá pasado en León, se lo preguntaré a la directora, pero me ha trasladado tranquilidad y, por lo tanto, creo que algunas de las noticias que han podido surgir no obedecen a la realidad.

Con tantas preguntas como me han hecho, creo que ha sido el señor Igea el que me ha preguntado por los pacientes atendidos en los CSUR, tengo que decir que tenemos registradas 2403 derivaciones, cuando todavía en el año 2012 había presupuesto. ¡En el año 2015, 4798 derivaciones, cuando ya el presupuesto era extrapresupuestario! Tenemos que ser lo suficientemente razonables y lo importante es que se atienda a las personas. Repito, lo importante es que se atienda a las personas. ¿Y por qué nosotros decimos que esos 3 750 000? Somos conscientes y vamos a trabajar decididamente en que en esto nos ayuden todos ustedes para que ese fondo sirva para los fines que estamos peleando y sirva para las primeras consultas, porque hemos observado que a veces esa primera consulta, que solamente tiene el contenido de una primera consulta y ayuda mucho a los familiares y a las personas para tranquilizarlas, representa un coste como si fuera una primera consulta ya de un proceso establecido y claramente diagnosticado. A veces eso rechaza y limita un poco que las comunidades puedan mandar o enviar las


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personas a los CSUR. Y queremos ver si -con esta orden que estamos a punto de aprobar- podemos seguir haciendo llegar el dinero para que eso no sea una barrera a la hora de que un ciudadano pueda acudir y la primera consulta a veces le deje tranquilo. Los CSUR son centros cualificados, pero afortunadamente en nuestro Sistema Nacional de Salud tenemos una alta cualificación que, tras una orientación diagnóstica, puede ayudar a transmitir un mensaje de tranquilidad o bien de actuaciones que se deban hacer con esa persona.

En cuanto al Fondo de Cohesión Sanitaria, fondo FOGA, ya lo he comentado. No recuerdo haber leído las palabras que la ministra dijo y que usted ha puesto entrecomilladas diciendo que ¡vaya declaraciones! En estos momentos no sé lo que dijo y, por tanto, no tengo elementos para decir si es verdad o no es verdad, pero yo creo que en la vida, los que nos dedicamos a la profesión sanitaria, y usted se dedica a la profesión sanitaria, tenemos que tener esa generosidad de entender que, a lo mejor, los que no son sanitarios no tienen la jerga muy manejada en el ámbito sanitario. Esto sin saber lo que ha dicho la ministra. Pero le voy a aclarar lo que pretendemos con este real decreto, que es lo importante. En España se ha presentado un problema de difícil desempeño en algunos sitios, no porque haya pocos profesionales, sino porque los profesionales tienen sus cosas, sus gustos, los lugares que les atraen, los lugares que no les atraen, y prefieren estar en otro sitio. Esto es verdad que nos está produciendo unas di-fi-cul-ta-des de poder disponer de profesionales para otros sitios. ¡Ojo!, y también otras cuestiones como retribución, reconocimiento, guardias, duración del contrato, etcétera, que en unos territorios son más intensos que en otros y ya no solamente por las características geográficas. ¿De acuerdo? Por tanto, desde el ministerio hemos hecho, por mandato del Consejo Interterritorial, un grupo de trabajo que ha elaborado trece medidas que ustedes conocen porque la ministra lo ha presentado, creo que ha sido en el Senado, y entre ellas buscar una norma que ayude a ser más atractiva el desempeño de las funciones como profesional en sitios de difícil desempeño. No es ninguna obligación como se dice por ahí, sino que es voluntario y lo que tienen que hacer las comunidades es tipificar qué sitios para ellos son los de difícil desempeño. Y seguramente que habrá profesionales, pero no solamente en la promoción de ese año que tardan cuatro o cinco años en salir, sino profesionales de ahora que por razones de su calidad de vida deciden irse a ese sitio. Ahí necesitamos el apoyo de todos porque va a haber que debatir con los sindicatos y probablemente haya que hacer, como muchas veces ocurre, algún tipo de reconocimiento a más de lo habitual o de lo retributivo. Tampoco es un modelo que sea novedoso, yo conocí en Canadá este modelo. En Canadá ya pasaba esto, las ciudades tenían problemas, pero en cuanto te ibas de las ciudades, nadie quería ir. Por tanto, vamos a trabajar con todos, con la Comisión y con el Consejo Interterritorial en buscar estas soluciones.

Atención primaria. Ya les he dicho que la atención primaria ha sido uno de los debates que hemos tenido en estos días. Por tanto, no voy a hacer ningún comentario.

Me han preguntado por el subdirector de Farmacia. Los cargos y los puestos en las administraciones tienen esa cuestión. Soy una persona transitoria, hoy estoy de secretario general y mañana no. Nosotros queríamos dar un impulso determinante al plan de medicina personalizada y hemos entendido que es una de las personas más cualificadas para que se venga conmigo a mi Secretaría General y sea mi coordinador y mi asesor en el plan de medicina personalizada. Él está de acuerdo y es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? En cuanto a los nombramientos de director y subdirector, no entro a hacer ninguna valoración porque eso corresponde a un consejo. Hay un presidente y el presidente suele determinar quién es su vicepresidente. Ya he hablado del respaldo presupuestario al PRAN. Seguro que se me han olvidado cuestiones por las que ustedes me han preguntado y me sigo ofreciendo para aclararles personalmente cualquier duda que tengan, pero yo creo que era la parte más general.

Se ha tachado al presupuesto de continuista. También les recomiendo que vean qué presupuestos tienen las comunidades donde ustedes gobiernan. Creo que la sensatez de la gestión nos lleva a que no tachemos los presupuestos de continuistas o no continuistas, sino de presupuestos eficientes, ajustados a las necesidades y el presupuesto se gastará en las necesidades reales que tienen los ciudadanos y también en las competencias que tiene cada una de las administraciones.

Podría decirles muchas más cosas. En cuanto al retraso en la aprobación, hemos bajado de ciento ochenta días a ciento veinte días con relación a la aprobación de medicamentos. Lo que marca la norma es que en ciento ochenta días tenemos que tener aprobado un medicamento y lo hacemos en ciento veinte días. Hemos mejorado el procedimiento de aprobación. No quiero decir que esto sea bueno ni que esto vaya a ser la panacea, pero esto también es un dato más.


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En cuanto a la Talidomida, no quiero hurtar este debate, es verdad que en el año 2010, creo recordar, se hizo un real decreto donde se registraron los afectados de Talidomida nacidos entre 1960 y 1965 y se identificaron veinticinco casos, de los cuales uno perdió en un recurso su indemnización y otro renunció a la indemnización. Nosotros, siguiendo una aprobación de una PNL -y aprovecho para decirlo al Grupo ERC que dice que nunca se tienen en cuenta las PNL, este es un ejemplo de que las PNL se tienen en cuenta- con la colaboración de los grupos hemos logrado poner en marcha este registro. A día de hoy tenemos 409 peticiones de personas que consideran que están afectadas Desde la comunidad autónoma donde reside el ciudadano se hace la petición en un portal -hemos tenido que crear una plataforma y habilitar nuevamente la oficina para poner en marcha esto-; luego vendrá el expediente por parte de la comunidad autónoma y ya se ha trabajado con 154 solicitudes. Hablamos del año 1965 al año 1985. Aquella gestión que alguien hizo en el año 2010 de la Talidomida parece que no fue lo suficientemente efectiva porque estos ciudadanos no han nacido después del año 2010, nacieron con anterioridad. Por lo tanto, creo que es un momento muy relevante para que todos nos felicitemos para buscar una solución que no solamente conlleva el proceso indemnizatorio -porque la PNL va más allá- pero nos parecía oportuno que primero trabajemos con la identificación, como siempre digo, del N -en el buen sentido de la palabra-, el tamaño. A partir de ahí, veremos si lo que está presupuestado de 20 millones es mucho o es poco. Les quiero recordar que en el año 2010 se propuso indemnizar 23 casos y fueron 1 600 000 euros. Hagan cuentas, ¿de acuerdo? Eso, por un lado.

Por otro lado, en cuanto al tema de Grünenthal estoy convencido y así trabajaré denonadamente. No les oculto que no es fácil porque llevábamos cincuenta años y hasta que no ha llegado este Gobierno, con la ministra Dolors Montserrat, no se ha resuelto este tema. Todos han ayudado, unos más y otros menos, pero quien lo ha resuelto y lo ha puesto en marcha es este Gobierno que ha creado la plataforma, cuenta con la ayuda del Instituto de Salud Carlos III, se están registrando los casos y está pendiente. Todas las comunidades autónomas ya han aportado con mayor o menor rapidez sus datos, y tal vez el retraso se deba a que muchas veces uno es un poco ingenuo en pensar que a 31 de diciembre va a estar todo esto porque es bastante más complejo de lo que nos podíamos imaginar. Esto no quita que no se produzcan otras acciones sobre estas personas, como puede ser el tema ortoprotésico, como puede ser algún tipo de mecanismo de exención del ámbito social. Pero primero vamos a saber cuántos son y qué tasa de afectación tienen.

He cerrado con la Talidomida, aprovecho las preguntas que me han hecho llegar. Sigo a su disposición, como siempre. Agradezco las intervenciones y creo que la obligación de todos es trabajar en beneficio de los ciudadanos que, al fin y al cabo, son los que hacen que estemos aquí, unos ahí sentados y otros aquí dirigiendo el Gobierno.

Muchas gracias y que tengan una buena tarde. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Castrodeza.

En nombre de la Comisión le agradecemos su presencia y todas las explicaciones que nos ha dado. (Pausa).

- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (FRAILE FABRA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (número de expediente 212/001506) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001587).

La señora PRESIDENTA: Señorías, damos la bienvenida a doña María Jesús Fraile Fabra, subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Señora Fraile, tiene la palabra.

La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Fraile Fabra): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, tengo nuevamente el honor de comparecer en esta Comisión para exponer las líneas generales del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2018 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Me van a permitir que, en primer lugar, me refiera brevemente al contexto y objetivos en el que se desarrolla este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. A diferencia de los de años anteriores partimos de un escenario económico favorable y la tasa de crecimiento de nuestra economía se sitúa por encima de las principales economías de la Unión Europea. Los presupuestos para este ejercicio pretenden afianzar este crecimiento de la economía española, conseguir que los beneficios de la recuperación lleguen al mayor número de ciudadanos, en


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particular a las capas más desfavorecidas de la sociedad y también compensar a los empleados públicos que han soportado las mayores restricciones durante los años de crisis. En este contexto, en la elaboración de los presupuestos para 2018 ha primado una clara vocación social en sintonía con lo que ha sido la política presupuestaria desde 2012.

En esta línea debemos situar la aportación de 105 020 millones de euros del Estado a las comunidades autónomas, que suponen 4000 millones más que en 2017 que servirán para reforzar su gasto social, al que destinan aproximadamente el 68% de su presupuesto. En el caso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el reflejo de la prioridad que el gasto social supone para el Gobierno se traduce en un crecimiento del 4,36% de su presupuesto para 2018; que si se añade al que tuvo lugar en el ejercicio de 2017, que como recordarán fue el departamento que más creció con un 8%, puede afirmarse que el presupuesto del ministerio ha crecido más del 12% en estos dos ejercicios de la consolidación de la recuperación económica.

El Gobierno, consciente de que todavía hay colectivos que no se están beneficiando de la recuperación económica, quiere con estos presupuestos, además de reforzar su compromiso social, compensar la labor del personal al servicio de las administraciones públicas, su compromiso, su esfuerzo colectivo y su contribución al interés general y a la mejora de la situación económica durante los peores años de la crisis. Por ello se contempla en los presupuestos para 2018 el incremento de las retribuciones de los empleados públicos hasta un 1,75% conforme al segundo acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado 9 de marzo con las organizaciones sindicales, de tal forma que empiecen a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años de restricciones presupuestarias.

Centrándome ya en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, contaremos en el ejercicio de 2018 con un presupuesto inicial de 2 279 820 000 euros que representa un incremento del 4,36% sobre el presupuesto inicial del ejercicio anterior. Esto supone que dispondremos de 95 224 000 euros más para desarrollar las políticas sanitarias, sociales y de igualdad de nuestra competencia, continuando así con el esfuerzo por incrementar los fondos destinados a estas políticas que venimos realizando en los últimos ejercicios, llegando a un total de 355 millones más de incremento en los últimos tres años ya que en 2016 hubo un incremento de 98,7 millones, en 2017 fue de 161,3 millones y finalmente los 95 millones de crecimiento en este presupuesto. Los incrementos en el presupuesto para 2018 van encaminados a consolidar y reforzar las líneas de actuación prioritarias señaladas por la ministra para el departamento en esta legislatura. De esta forma se refuerzan en estos presupuestos las políticas sociales, concretamente las destinadas a la lucha contra la violencia de género, materializada en el pacto de Estado que refleja un compromiso político y social contra la violencia de género con medidas que involucran al Gobierno de la nación, a las comunidades autónomas, a los municipios y al conjunto de la sociedad.

El objetivo de estas medidas es seguir impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad incluye, como parte del compromiso del Gobierno, el incremento en la delegación del Gobierno para la violencia de género de 7 808 000 euros, es decir un 24,61% más, superando el 20% de incremento fijado en el pacto de Estado, con lo que se van a destinar 39 536 000 euros en 2018, que suponen una capacidad de gasto sobre el presupuesto ejecutado en 2017 de 9,2 millones de euros. Se refuerza asimismo la atención a la dependencia incrementando en casi 46 millones de euros más el nivel mínimo garantizado del sistema de dependencia, que quedará dotado inicialmente con 1 307 973 000 euros, que sumado al resto de partidas del presupuesto destinadas al mismo fin, se alcanza un total de fondos para dependencia de 1400 millones de euros.

El compromiso con las políticas sociales se refleja también en la protección que se otorga a las personas afectadas por la Talidomida mediante la incorporación de una nueva dotación de 20 millones de euros para ayudas sociales a los afectados. También se incrementan en 2018 las dotaciones destinadas a programas y ayudas de interés social destacando las financiadas con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que con una dotación total de 107 427 000 euros experimenta un incremento en este ejercicio en más de un 29% sobre lo asignado en 2017. Y una novedad normativa que contempla el proyecto de ley en una disposición adicional, es la asignada del 0,7% de recaudación del impuesto sobre sociedades a actividades de interés general, consideradas de interés social, de ámbito estatal. Destaca también el incremento de 2 184 000 euros destinados a Ingesa. Y por último las estrategias frente a enfermedades raras, las neurodegenerativas y la vigilancia de la salud, que incrementan su dotación en un millón de euros, el 55% respecto de 2017, alcanzando los 2 818 000 euros de asignación para este ejercicio.


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Estos son, señorías, los incrementos más significativos de las políticas de gasto sobre el presupuesto inicial del ministerio. Pero además existen varias partidas que en cada ejercicio se incrementan y que mejoran considerablemente la capacidad de gasto del ministerio, cuya presupuestación exacta no es posible ni conveniente cuantificar, las cuales vienen incrementando en torno a 300 millones cada año nuestro presupuesto respecto del inicial. Así 323 millones en 2015, 321 en 2016 y 270 en 2017. Dichos incrementos se producen a través de los siguientes medios presupuestarios: las generaciones de crédito, que se producen por dos vías, una es la del fondo de bienes decomisados por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y otra, las aportaciones de la industria farmacéutica por volumen de ventas de medicamentos con receta oficial del Sistema Nacional de Salud, a través de estas dos vías de generación, el presupuesto del ministerio se incrementa anualmente en torno a 70 millones de euros. Además, a lo largo del ejercicio se producen otras generaciones de crédito como las de Ingesa, por la asistencia sanitaria prestada a terceros, que el año pasado ascendió a 7,6 millones de euros, o las derivadas de fondos procedentes de la Unión Europea. Respecto a los créditos ampliables, son los que se determinan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año y para 2018, en la sección 26, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tendrán este carácter los créditos destinados a subvencionar actividades de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF, cuya ampliación en 2017 alcanzó más de 157 millones de euros; y las ayudas sociales para mujeres víctimas de violencia de género, que en el último ejercicio se amplió en 2 300 000 euros.

Por último, se pueden producir en el presupuesto suplementos de crédito para atender las necesidades de financiación que requiere el nivel mínimo de dependencia garantizado por la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, tal como ha ocurrido en años anteriores. Por lo tanto, con estas previsiones el presupuesto inicial del ministerio podría incrementarse en más de 236 millones de euros y con ello los fondos disponibles para realizar políticas sanitarias, sociales y en materia de lucha contra la violencia de género.

Señorías, el presupuesto total de departamento se distribuye en función de tres áreas principales de gasto gestionadas respectivamente por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la Secretaría General de Sanidad y Consumo y la Subsecretaría del departamento. De estas tres áreas principales de gasto, la que tiene asignada mayor crédito, más del 83% del total del presupuesto, es el área de Servicios Sociales e Igualdad, que contará con más de 1898 millones de euros en 2018 absorbiendo casi la totalidad de los 95 millones de incremento presupuestario del ejercicio. La segunda área de gasto es la de Sanidad y Consumo, área que va a gestionar cerca del 15% del presupuesto total del departamento, más de 330 millones de euros. Y, por último, la Subsecretaría, que dispondrá de 50,5 millones de euros, que representan el 2,22% del presupuesto del departamento.

Por otro lado, si consideramos no solo el presupuesto consolidado del departamento sino también el de sus organismos adscritos y la agencia estatal, el presupuesto total destinado a las políticas sanitarias y sociales asciende a 2 423 661 000 euros. Puesto que tanto el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad como el secretario general de Sanidad han explicado detalladamente, con anterioridad a mi intervención, el destino de cada uno de los programas de gasto y sus políticas respectivas, yo haré ahora, si me lo permiten, una referencia más general a estas dos áreas de gasto, siguiendo la distribución económica por capítulos del ministerio, señalando las partidas -solamente las más relevantes-, y después me centraré en el programa presupuestario específico de la subsecretaría.

Comienzo por el capítulo 1, dedicado a los gastos de personal. Contará con una dotación de 51 811 000 euros, un 1,63% de incremento, además de diferentes ajustes internos en incremento retributivo previsto en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado derivados del acuerdo de 9 de marzo de mejora del empleo público y condiciones de trabajo, que he mencionado y desarrollaré más adelante.

El capítulo 2, dedicado a los gastos de bienes corrientes y servicios, con un total e 42 202 000 euros, experimenta para 2018 una disminución neta de 1 657 000 euros, un 3,78% menos que en 2017. Esta disminución se debe, fundamentalmente, a que se ha reducido la partida de publicidad y propaganda del programa de atención a la infancia y la familia con el objetivo de incrementar las dotaciones para campañas de información y sensibilización para prevenir las diferentes formas de violencia de género. Por otra parte, se han realizado una serie de reajustes en el área de la subsecretaría por la centralización de los servicios de telecomunicaciones y limpieza y la compensación por el incremento de una cuota internacional en la secretaría general técnica, a lo que me referiré también más adelante.

Respecto al capítulo 4, relativo a las transferencias corrientes, tanto internas como externas, es el que cuenta en este ministerio con mayor dotación presupuestaria; de hecho, casi el 94% del total del


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presupuesto del departamento. A través del capítulo 4 se financian las actuaciones tanto de nuestros organismos adscritos como otras que, en el ámbito de las políticas sanitarias y sociales, realizan las comunidades autónomas, entidades locales e instituciones sin fines de lucro. Para 2018, contaremos en el capítulo 4 con un total de 2 141 443 000 euros, es decir, aumentará casi 96 millones de euros, un 4,7% de incremento respecto de 2017 destinado principalmente al área de servicios sociales. Comienzo por el área de servicios sociales e igualdad. Sus transferencias corrientes, externas e internas, ascienden a 1 855 787 000 euros. De las transferencias internas, las más importantes son las que realizamos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que este ejercicio asciende a un total de 1 563 248 000 euros, al incrementarse en casi 68 millones, de los cuales 46 se destinan al mínimo garantizado en dependencia. Incrementamos también la transferencia al Instituto de la Juventud de España en más de 1 millón de euros, debido fundamentalmente a la transformación de la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de España, contemplada en el proyecto de ley de presupuestos y que estaba prevista en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público. Las transferencias al resto de organismos adscritos prácticamente mantienen su cuantía, con un ligero aumento, en general, para hacer frente al incremento retributivo del personal de cada uno de los organismos. Como novedad, se prevé una transferencia de 30 000 euros desde la Delegación del Gobierno para la violencia de género al Centro de Investigaciones Sociológicas, para la realización de la macroencuesta de violencia de género.

Mediante transferencias externas, también desde el capítulo 4, se van a financiar con casi 287 millones de euros actuaciones que realizan tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales e instituciones sin ánimo de lucro. Para el desarrollo de diferentes actuaciones del área de servicios sociales e igualdad, las partidas más relevantes las reciben las comunidades autónomas por un total de 215 451 000 euros. Entre las transferencias a comunidades autónomas, se pueden destacar en 2018 la destinada a protección a la familia y atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de servicios sociales, donde se mantiene la cuantía de 100 millones de euros. También cabe destacar las transferencias destinadas a la lucha contra la violencia de género, que ascienden a 9 500 000 euros, cuya dotación para los programas de asistencia social integral de las víctimas de violencia de género se incrementan en 800 000 euros, que van a servir para desarrollar medidas acordadas en el pacto de Estado. Igualmente, en este bloque y como novedad hay que incluir la transferencia de casi 86 millones de euros a las comunidades autónomas para las actividades de interés social que se desarrollen en este ámbito. El crédito destinado a actividades de interés social con cargo a la aportación del 0,7% del IRPF se desglosa por primera vez en dos partidas presupuestarias, una parte estatal destinada a instituciones sin fines de lucro y la mencionada de 86 millones para las comunidades autónomas, que se deriva del modelo aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 26 de abril del pasado año 2017.

Por su parte, las transferencias corrientes que se realizan a instituciones sin fines de lucro alcanzan la cifra total de 48 914 000 euros, dirigidas al tercer sector de acción social, a la lucha contra la violencia de género, así como a las mencionadas subvenciones para actividades de interés social en su parte estatal, por importe de más de 21 millones de euros. Paso a las transferencias corrientes del área de sanidad y consumo. Las internas realizadas a sus organismos dependientes incluidos en el Ingesa y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, suman un total de 263 868 000 euros, incrementándose respecto a 2017 en la cuantía necesaria para hacer frente al compromiso asumido por el Gobierno respecto al incremento retributivo de su personal. La dotación más relevante continúa siendo la destinada al Instituto de Gestión Sanitaria, el Ingesa, para la gestión de los centros sanitarios en Ceuta y Melilla, que se incrementa en 2018 en 2 184 000 euros, hasta alcanzar un importe total de 232 688 000 euros.

También destacan las transferencias a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ascienden a más de 24 millones de euros, y a la Organización Nacional de Transplantes, con 3 688 000 euros. Por lo que respecta al importe de las transferencias externas para políticas de sanidad y consumo, ascienden en 2018 a un total de 19 824 000 euros. Del mismo modo que en el área de servicios sociales e igualdad, en esta área de sanidad son las comunidades autónomas las que van a recibir la cuantía mayor de estas transferencias, casi 15 millones de euros, con los que financiarán, entre otras actuaciones, el desarrollo de las estrategias de enfermedades raras y otras estrategias de salud, los trabajos de las agencias de valoración de tecnologías sanitarias y prestaciones y la mejora de los sistemas de información sanitaria. El resto, 4 137 000 euros, se transfieren a instituciones sin ánimo de lucro y, de estas, destacaré la dotación destinada a financiar programas de prevención y control del sida y otras infecciones de transmisión sexual. (El señor vicepresidente, De Arriba Sánchez, ocupa la Presidencia).


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En el capítulo 6, destinado a inversiones, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dispondrá en 2018 de un crédito de 21 150 000 euros, incrementándose respecto a 2017 en un 12%, es decir, 2 259 000 euros. Estos 2,5 millones de incremento van destinados casi en su totalidad al área de servicios sociales e igualdad, y más concretamente a la lucha contra la violencia de género. Por un lado, a campañas de información y sensibilización dirigidas a jóvenes y adolescentes, con especial incidencia en las nuevas formas de violencia de género que se ejercen a través de las redes sociales. En esta partida contará con 7 524 000 euros, lo que significa que se incrementa casi un 25% respecto a 2017, donde se destinaron 4 430 000 euros. Por otro lado, para dispositivos electrónicos de seguimiento de las medidas de alejamiento del maltratador, que contará con 5 200 000 euros. En resumen, el crédito total para inversiones del área de servicios sociales asciende a 12 796 000 euros; el del área de sanidad, a 520 000 euros, que se destinarán a sanidad exterior; y finalmente el del área de la subsecretaría, a casi 8 millones de euros, como explicaré más adelante.

El capítulo 7, correspondiente a las transferencias de capital, cuenta con 18 130 000 euros para 2018. El 96% de estos fondos van destinados a nuestros organismos y entidades dependientes, destacando por su cuantía las transferencias dirigidas a financiar las inversiones del Instituto de Gestión Sanitaria, con 10 141 000 euros, y las del Imserso, con 6 125 000 euros.

Por último, el capítulo 8, de activos financieros, se mantiene invariable, con 5 083 000 euros que son distribuidos entre dos áreas, la de la subsecretaría, que gestiona la partida de 83 000 euros para préstamos y anticipos a los empleados públicos del departamento, y la de servicios sociales e igualdad, que gestiona la partida dotada con 5 millones de euros del fondo cuyo objeto es prestar apoyo financiero a iniciativas empresariales que promuevan y desarrollen proyectos de infraestructura y/o servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Señorías, como he comentado al exponer las dotaciones de los capítulos 4 y 7 de transferencias corrientes y de capital, gran parte de las mismas se realizan a nuestros organismos públicos dependientes, que junto con el departamento gestiona las políticas competentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por lo que a continuación voy a referirme muy brevemente a sus presupuestos.

El presupuesto total del conjunto formado por seis organismos autónomos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -se excepcionan en este caso las entidades gestoras Imserso e Ingesa- ascenderá en 2018 a 137 561 000 euros. Estos organismos reciben del ministerio para financiar sus políticas un total de 54 921 000 euros, que completarán con su propia financiación conformando así sus propios presupuestos. Las variaciones más importantes en el presupuesto de 2018 se producen, por un lado, en el Instituto de la Juventud, que se incrementa en 3 767 000 euros, fundamentalmente por la reorganización administrativa derivada del cambio de naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de España y por el incremento de las partidas del programa Erasmus+ de Juventud.

En la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición se disminuye su presupuesto en 2 647 000 euros, una vez concluida la liquidación de los gastos de mediación de anticipos a cuenta de los afectados del Forum Afinsa, con lo que desaparece la partida que con ese fin se incluyó en el ejercicio de 2017. No obstante, se han duplicado en este organismo las dotaciones para las ayudas a la gestión de las juntas arbitrales adscritas a las administraciones autonómicas y locales, que dispondrán de 1 620 000 euros para apoyar el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la entrada en vigor de la ley 7/2017, de 2 de noviembre. Este organismo ha utilizado su remanente de tesorería para absorber sus incrementos de gasto. También crece, por otro lado, el presupuesto del Real Patronato de Discapacidad en 1 103 000 euros para programas de mejora de condiciones educativas de las personas con discapacidad, derivado de un remanente del ejercicio de 2016 afectado a este fin.

El resto de organismos, Organización Nacional de Transplantes, con 4 104 000 euros, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con 47 millones de euros, y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con 19 839 000 euros, prácticamente mantienen su presupuesto respecto a 2017. Este último organismo, para cumplir sus objetivos ha realizado determinados ajustes internos entre sus capítulos 2, 4 y 6, que le permitirán poner en marcha cinco nuevas líneas de actuación, que suponen un incremento del 46% en el capítulo 4, y del 363% en el capítulo 6; pero, por supuesto, con la reducción correspondiente de su capítulo 2.

Por su parte, las entidades gestoras de la Seguridad Social, Imserso e Ingesa, cuentan con unos presupuestos de 4171 millones de euros y 243 926 000 euros, respectivamente, para gestionar la asistencia prestada en los centros sociales y sanitarios de competencia estatal.


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Señorías, la última parte de mi intervención -como ya les he anunciado-, la voy a dedicar a explicar más detalladamente el presupuesto del programa 311.M, dirección y servicios generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya gestión corresponde al área de la subsecretaría y cuya finalidad es facilitar la ejecución de las políticas del departamento, así como la organización y gestión administrativa de los recursos humanos y materiales. También, a través de este mismo programa y de la subsecretaría, se definen las directrices y planes de actuación de carácter general, el impulso y desarrollo de la normativa legal y administrativa, la organización, inspección y control de la gestión administrativa del departamento, así como las relaciones internacionales. Este programa presupuestario es gestionado conjuntamente por la subsecretaría, en el servicio 01, y por la Secretaría General Técnica, en el servicio 02. El presupuesto de esta área representa -como he dicho- el 2,2% del presupuesto total del departamento, y asciende en 2018 a 50 542 000 euros, con un incremento neto de 246 000 euros, lo que representa el 0,5% respecto a 2017. Adelanto, aunque luego lo explicaré con más detalle, que esto es consecuencia del incremento en las retribuciones del personal junto con el mayor gasto, 265 000 euros, en el capítulo 4 de la Secretaría General Técnica.

Comenzando por el ámbito de los recursos humanos del departamento, en los últimos años se ha iniciado una política de recuperación y mejora de las condiciones de los empleados públicos, tanto en el ministerio como en sus organismos dependientes, siguiendo en todo momento las directrices de Función pública. Como ustedes ya conocen, la recuperación de efectivos se articula principalmente mediante la oferta de empleo público, que es el instrumento que, a través de la tasa de reposición, permite dimensionar el volumen total de efectivos y, a su vez, garantizar la eficiencia de nuestros servicios. En este sentido, el proyecto de ley de presupuestos refleja para 2018 el contenido del segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo del pasado 9 de marzo, que como novedad incluye medidas vinculadas a la mejora de los indicadores macroeconómicos, así como con la reducción del déficit público.

Entre estas medidas, en materia de oferta de empleo público para 2018 se autoriza una tasa de reposición del 100% en todos los sectores para aquellas administraciones que hayan cumplido en el ejercicio anterior el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto, entre las que se encuentra, como ustedes saben, la Administración General del Estado. Además, se prevé una tasa del 8% adicional para los sectores que necesiten un refuerzo efectivo. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se de, entre otras circunstancias, un alto volumen de jubilaciones esperadas, lo que permitirá en nuestro caso continuar la línea de recuperación de efectivos iniciada por este ministerio.

Por otra parte, en materia de estabilización de empleo temporal, el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo avanza en la consecución de los objetivos, que en este punto se iniciaron con el acuerdo de 29 de marzo de 2017. En el presente ejercicio, el proyecto de ley de presupuestos para 2018, como resultado del nuevo acuerdo, amplía los procesos de estabilización, incluyendo servicios con incidencia en este ministerio, como son los de administración y servicios generales, salud pública, inspección médica, así como a otros servicios públicos, todo ello, con el objetivo de situar al final del periodo la tasa de temporalidad en el 8%.

Otra de las medidas recogidas en el acuerdo nuevo de marzo pasado y que tiene reflejo en estos presupuestos, es la mejora retributiva que va a permitir recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis, y así, el proyecto de ley de presupuestos contempla para 2018 un incremento salarial del 1,75% para los empleados públicos, que incluye la parte fija del 1,50% desde el 1 de enero y la variable de 0,25% a partir del 1 de julio, al haberse cumplido en 2017 el objetivo de cumplimiento del PIB. Estas subidas salariales que contempla el proyecto de ley de presupuestos hacen incrementar la dotación del capítulo 1 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que asciende -como dije al principio de mi intervención- a 51 811 000 euros, un 1,63% más que en 2017, y que soporta las retribuciones de los empleados públicos que trabajan en el departamento.

Después de las partidas destinadas a gastos de personal, las que tienen mayor relevancia económica dentro de la subsecretaría son las asignadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. El ministerio destinará en 2018 a estos gastos 15 451 000 euros, los cuales se dotan presupuestariamente en los capítulos 2 y 6 de la subsecretaría. La dotación del capítulo 2 en tecnologías de la información y de la comunicación asciende a 8 458 000 euros, al crecer el crédito por el mantenimiento de las aplicaciones y disminuir el de telecomunicaciones por efecto del traspaso a la sección 31 de 48 650 euros por el proceso de centralización de ese servicio, y en cuanto a la parte tecnologías, que se incluye en el capítulo 6, asciende a 6 993 000 euros. Puesto que tanto el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad como el secretario general de Sanidad han explicado detalladamente, con anterioridad a mi


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intervención, el destino de cada uno de los programas de gasto y sus políticas respectivas, yo haré ahora, si me lo permiten, una referencia más general a estas dos áreas de gasto, siguiendo la distribución económica por capítulos del ministerio, señalando las partidas -solamente las más relevantes-, y después me centraré en el programa presupuestario específico de la subsecretaría.

Comienzo por el capítulo 1, dedicado a los gastos de personal. Contará con una dotación de 51 811 000 euros, un 1,63% de incremento, además de diferentes ajustes internos en incremento retributivo previsto en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado derivados del acuerdo de 9 de marzo de mejora del empleo público y condiciones de trabajo, que he mencionado y desarrollaré más adelante.

El capítulo 2, dedicado a los gastos de bienes corrientes y servicios, con un total e 42 202 000 euros, experimenta para 2018 una disminución neta de 1 657 000 euros, un 3,78% menos que en 2017. Esta disminución se debe, fundamentalmente, a que se ha reducido la partida de publicidad y propaganda del programa de atención a la infancia y la familia con el objetivo de incrementar las dotaciones para campañas de información y sensibilización para prevenir las diferentes formas de violencia de género. Por otra parte, se han realizado una serie de reajustes en el área de la subsecretaría por la centralización de los servicios de telecomunicaciones y limpieza y la compensación por el incremento de una cuota internacional en la secretaría general técnica, a lo que me referiré también más adelante.

Respecto al capítulo 4, relativo a las transferencias corrientes, tanto internas como externas, es el que cuenta en este ministerio con mayor dotación presupuestaria; de hecho, casi el 94% del total del presupuesto del departamento. A través del capítulo 4 se financian las actuaciones tanto de nuestros organismos adscritos como otras que, en el ámbito de las políticas sanitarias y sociales, realizan las comunidades autónomas, entidades locales e instituciones sin fines de lucro. Para 2018, contaremos en el capítulo 4 con un total de 2 141 443 000 euros, es decir, aumentará casi 96 millones de euros, un 4,7% de incremento respecto de 2017 destinado principalmente al área de servicios sociales. Comienzo por el área de servicios sociales e igualdad. Sus transferencias corrientes, externas e internas, ascienden a 1 855 787 000 euros. De las transferencias internas, las más importantes son las que realizamos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que este ejercicio asciende a un total de 1 563 248 000 euros, al incrementarse en casi 68 millones, de los cuales 46 se destinan al mínimo garantizado en dependencia. Incrementamos también la transferencia al Instituto de la Juventud de España en más de 1 millón de euros, debido fundamentalmente a la transformación de la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de España, contemplada en el proyecto de ley de presupuestos y que estaba prevista en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público. Las transferencias al resto de organismos adscritos prácticamente mantienen su cuantía, con un ligero aumento, en general, para hacer frente al incremento retributivo del personal de cada uno de los organismos. Como novedad, se prevé una transferencia de 30 000 euros desde la Delegación del Gobierno para la violencia de género al Centro de Investigaciones Sociológicas, para la realización de la macroencuesta de violencia de género.

Mediante transferencias externas, también desde el capítulo 4, se van a financiar con casi 287 millones de euros actuaciones que realizan tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales e instituciones sin ánimo de lucro. Para el desarrollo de diferentes actuaciones del área de servicios sociales e igualdad, las partidas más relevantes las reciben las comunidades autónomas por un total de 215 451 000 euros. Entre las transferencias a comunidades autónomas, se pueden destacar en 2018 la destinada a protección a la familia y atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de servicios sociales, donde se mantiene la cuantía de 100 millones de euros. También cabe destacar las transferencias destinadas a la lucha contra la violencia de género, que ascienden a 9 500 000 euros, cuya dotación para los programas de asistencia social integral de las víctimas de violencia de género se incrementan en 800 000 euros, que van a servir para desarrollar medidas acordadas en el pacto de Estado. Igualmente, en este bloque y como novedad hay que incluir la transferencia de casi 86 millones de euros a las comunidades autónomas para las actividades de interés social que se desarrollen en este ámbito. El crédito destinado a actividades de interés social con cargo a la aportación del 0,7% del IRPF se desglosa por primera vez en dos partidas presupuestarias, una parte estatal destinada a instituciones sin fines de lucro y la mencionada de 86 millones para las comunidades autónomas, que se deriva del modelo aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 26 de abril del pasado año 2017.

Por su parte, las transferencias corrientes que se realizan a instituciones sin fines de lucro alcanzan la cifra total de 48 914 000 euros, dirigidas al tercer sector de acción social, a la lucha contra la violencia de género, así como a las mencionadas subvenciones para actividades de interés social en su parte estatal,


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por importe de más de 21 millones de euros. Paso a las transferencias corrientes del área de sanidad y consumo. Las internas realizadas a sus organismos dependientes incluidos en el Ingesa y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, suman un total de 263 868 000 euros, incrementándose respecto a 2017 en la cuantía necesaria para hacer frente al compromiso asumido por el Gobierno respecto al incremento retributivo de su personal. La dotación más relevante continúa siendo la destinada al Instituto de Gestión Sanitaria, el Ingesa, para la gestión de los centros sanitarios en Ceuta y Melilla, que se incrementa en 2018 en 2 184 000 euros, hasta alcanzar un importe total de 232 688 000 euros.

También destacan las transferencias a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ascienden a más de 24 millones de euros, y a la Organización Nacional de Transplantes, con 3 688 000 euros. Por lo que respecta al importe de las transferencias externas para políticas de sanidad y consumo, ascienden en 2018 a un total de 19 824 000 euros. Del mismo modo que en el área de servicios sociales e igualdad, en esta área de sanidad son las comunidades autónomas las que van a recibir la cuantía mayor de estas transferencias, casi 15 millones de euros, con los que financiarán, entre otras actuaciones, el desarrollo de las estrategias de enfermedades raras y otras estrategias de salud, los trabajos de las agencias de valoración de tecnologías sanitarias y prestaciones y la mejora de los sistemas de información sanitaria. El resto, 4 137 000 euros, se transfieren a instituciones sin ánimo de lucro y, de estas, destacaré la dotación destinada a financiar programas de prevención y control del sida y otras infecciones de transmisión sexual. (El señor vicepresidente, De Arriba Sánchez, ocupa la Presidencia).

En el capítulo 6, destinado a inversiones, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dispondrá en 2018 de un crédito de 21 150 000 euros, incrementándose respecto a 2017 en un 12%, es decir, 2 259 000 euros. Estos 2,5 millones de incremento van destinados casi en su totalidad al área de servicios sociales e igualdad, y más concretamente a la lucha contra la violencia de género. Por un lado, a campañas de información y sensibilización dirigidas a jóvenes y adolescentes, con especial incidencia en las nuevas formas de violencia de género que se ejercen a través de las redes sociales. En esta partida contará con 7 524 000 euros, lo que significa que se incrementa casi un 25% respecto a 2017, donde se destinaron 4 430 000 euros. Por otro lado, para dispositivos electrónicos de seguimiento de las medidas de alejamiento del maltratador, que contará con 5 200 000 euros. En resumen, el crédito total para inversiones del área de servicios sociales asciende a 12 796 000 euros; el del área de sanidad, a 520 000 euros, que se destinarán a sanidad exterior; y finalmente el del área de la subsecretaría, a casi 8 millones de euros, como explicaré más adelante.

El capítulo 7, correspondiente a las transferencias de capital, cuenta con 18 130 000 euros para 2018. El 96% de estos fondos van destinados a nuestros organismos y entidades dependientes, destacando por su cuantía las transferencias dirigidas a financiar las inversiones del Instituto de Gestión Sanitaria, con 10 141 000 euros, y las del Imserso, con 6 125 000 euros.

Por último, el capítulo 8, de activos financieros, se mantiene invariable, con 5 083 000 euros que son distribuidos entre dos áreas, la de la subsecretaría, que gestiona la partida de 83 000 euros para préstamos y anticipos a los empleados públicos del departamento, y la de servicios sociales e igualdad, que gestiona la partida dotada con 5 millones de euros del fondo cuyo objeto es prestar apoyo financiero a iniciativas empresariales que promuevan y desarrollen proyectos de infraestructura y/o servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Señorías, como he comentado al exponer las dotaciones de los capítulos 4 y 7 de transferencias corrientes y de capital, gran parte de las mismas se realizan a nuestros organismos públicos dependientes, que junto con el departamento gestiona las políticas competentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por lo que a continuación voy a referirme muy brevemente a sus presupuestos.

El presupuesto total del conjunto formado por seis organismos autónomos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -se excepcionan en este caso las entidades gestoras Imserso e Ingesa- ascenderá en 2018 a 137 561 000 euros. Estos organismos reciben del ministerio para financiar sus políticas un total de 54 921 000 euros, que completarán con su propia financiación conformando así sus propios presupuestos. Las variaciones más importantes en el presupuesto de 2018 se producen, por un lado, en el Instituto de la Juventud, que se incrementa en 3 767 000 euros, fundamentalmente por la reorganización administrativa derivada del cambio de naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de España y por el incremento de las partidas del programa Erasmus+ de Juventud.

En la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición se disminuye su presupuesto en 2 647 000 euros, una vez concluida la liquidación de los gastos de mediación de anticipos a cuenta de los afectados del Forum Afinsa, con lo que desaparece la partida que con ese fin se incluyó en el ejercicio


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de 2017. No obstante, se han duplicado en este organismo las dotaciones para las ayudas a la gestión de las juntas arbitrales adscritas a las administraciones autonómicas y locales, que dispondrán de 1 620 000 euros para apoyar el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la entrada en vigor de la ley 7/2017, de 2 de noviembre. Este organismo ha utilizado su remanente de tesorería para absorber sus incrementos de gasto. También crece, por otro lado, el presupuesto del Real Patronato de Discapacidad en 1 103 000 euros para programas de mejora de condiciones educativas de las personas con discapacidad, derivado de un remanente del ejercicio de 2016 afectado a este fin.

El resto de organismos, Organización Nacional de Transplantes, con 4 104 000 euros, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con 47 millones de euros, y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con 19 839 000 euros, prácticamente mantienen su presupuesto respecto a 2017. Este último organismo, para cumplir sus objetivos ha realizado determinados ajustes internos entre sus capítulos 2, 4 y 6, que le permitirán poner en marcha cinco nuevas líneas de actuación, que suponen un incremento del 46% en el capítulo 4, y del 363% en el capítulo 6; pero, por supuesto, con la reducción correspondiente de su capítulo 2.

Por su parte, las entidades gestoras de la Seguridad Social, Imserso e Ingesa, cuentan con unos presupuestos de 4171 millones de euros y 243 926 000 euros, respectivamente, para gestionar la asistencia prestada en los centros sociales y sanitarios de competencia estatal.

Señorías, la última parte de mi intervención -como ya les he anunciado-, la voy a dedicar a explicar más detalladamente el presupuesto del programa 311.M, dirección y servicios generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya gestión corresponde al área de la subsecretaría y cuya finalidad es facilitar la ejecución de las políticas del departamento, así como la organización y gestión administrativa de los recursos humanos y materiales. También, a través de este mismo programa y de la subsecretaría, se definen las directrices y planes de actuación de carácter general, el impulso y desarrollo de la normativa legal y administrativa, la organización, inspección y control de la gestión administrativa del departamento, así como las relaciones internacionales. Este programa presupuestario es gestionado conjuntamente por la subsecretaría, en el servicio 01, y por la Secretaría General Técnica, en el servicio 02. El presupuesto de esta área representa -como he dicho- el 2,2% del presupuesto total del departamento, y asciende en 2018 a 50 542 000 euros, con un incremento neto de 246 000 euros, lo que representa el 0,5% respecto a 2017. Adelanto, aunque luego lo explicaré con más detalle, que esto es consecuencia del incremento en las retribuciones del personal junto con el mayor gasto, 265 000 euros, en el capítulo 4 de la Secretaría General Técnica.

Comenzando por el ámbito de los recursos humanos del departamento, en los últimos años se ha iniciado una política de recuperación y mejora de las condiciones de los empleados públicos, tanto en el ministerio como en sus organismos dependientes, siguiendo en todo momento las directrices de Función pública. Como ustedes ya conocen, la recuperación de efectivos se articula principalmente mediante la oferta de empleo público, que es el instrumento que, a través de la tasa de reposición, permite dimensionar el volumen total de efectivos y, a su vez, garantizar la eficiencia de nuestros servicios. En este sentido, el proyecto de ley de presupuestos refleja para 2018 el contenido del segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo del pasado 9 de marzo, que como novedad incluye medidas vinculadas a la mejora de los indicadores macroeconómicos, así como con la reducción del déficit público.

Entre estas medidas, en materia de oferta de empleo público para 2018 se autoriza una tasa de reposición del 100% en todos los sectores para aquellas administraciones que hayan cumplido en el ejercicio anterior el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto, entre las que se encuentra, como ustedes saben, la Administración General del Estado. Además, se prevé una tasa del 8% adicional para los sectores que necesiten un refuerzo efectivo. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se de, entre otras circunstancias, un alto volumen de jubilaciones esperadas, lo que permitirá en nuestro caso continuar la línea de recuperación de efectivos iniciada por este ministerio.

Por otra parte, en materia de estabilización de empleo temporal, el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo avanza en la consecución de los objetivos, que en este punto se iniciaron con el acuerdo de 29 de marzo de 2017. En el presente ejercicio, el proyecto de ley de presupuestos para 2018, como resultado del nuevo acuerdo, amplía los procesos de estabilización, incluyendo servicios con incidencia en este ministerio, como son los de administración y servicios generales, salud pública, inspección médica, así como a otros servicios públicos, todo ello, con el objetivo de situar al final del periodo la tasa de temporalidad en el 8%.


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Otra de las medidas recogidas en el acuerdo nuevo de marzo pasado y que tiene reflejo en estos presupuestos, es la mejora retributiva que va a permitir recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis, y así, el proyecto de ley de presupuestos contempla para 2018 un incremento salarial del 1,75% para los empleados públicos, que incluye la parte fija del 1,50% desde el 1 de enero y la variable de 0,25% a partir del 1 de julio, al haberse cumplido en 2017 el objetivo de cumplimiento del PIB. Estas subidas salariales que contempla el proyecto de ley de presupuestos hacen incrementar la dotación del capítulo 1 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que asciende -como dije al principio de mi intervención- a 51 811 000 euros, un 1,63% más que en 2017, y que soporta las retribuciones de los empleados públicos que trabajan en el departamento.

Después de las partidas destinadas a gastos de personal, las que tienen mayor relevancia económica dentro de la subsecretaría son las asignadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. El ministerio destinará en 2018 a estos gastos 15 451 000 euros, los cuales se dotan presupuestariamente en los capítulos 2 y 6 de la subsecretaría. La dotación del capítulo 2 en tecnologías de la información y de la comunicación asciende a 8 458 000 euros, al crecer el crédito por el mantenimiento de las aplicaciones y disminuir el de telecomunicaciones por efecto del traspaso a la sección 31 de 48 650 euros por el proceso de centralización de ese servicio, y en cuanto a la parte tecnologías, que se incluye en el capítulo 6, asciende a 6 993 000 euros. Con estos créditos se afrontan diferentes gastos de gestión de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y de mantenimiento de la infraestructura tecnológica que da soporte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En primer lugar, los gastos derivados del desarrollo de gestión de los sistemas de información necesarios para el cumplimiento de los objetivos del departamento, como son, en el área de Sanidad, los sistemas de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el control de desabastecimiento y trazabilidad de los medicamentos, los sistemas de gestión de la calidad de las aguas y las aplicaciones para la formación sanitaria especializada. Como novedad, se va a desarrollar un nuevo sistema de información para la monitorización terapéutica de pacientes con enfermedades raras y otro para los medicamentos de alto impacto. Asimismo, se van a implantar las aplicaciones que den soporte a las actuaciones en sanidad exterior, tanto en frontera como en la labor inspectora. En el área de servicios sociales, quiero señalar, por ejemplo, los sistemas de información de usuarios de servicios sociales, discapacidad, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género -sistema de gestión de indicadores de violencia de género, su portal específico, y la app Libres-, de adopciones internacionales, maltrato infantil, así como el desarrollo de un nuevo sistema de información para la gestión del voluntariado, entre otros.

En segundo lugar, los gastos de desarrollo y mantenimiento de los servicios de interoperabilidad del nodo frontal de intercambio del Sistema Nacional de Salud, necesarios para la gestión de los proyectos de sanidad digital, ya conocidos por todos ustedes, como son la tarjeta sanitaria, la historia clínica y la receta electrónica, así como el registro de centros y servicios. Respecto a la tarjeta sanitaria, vamos a completar el sistema de colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social y se va a continuar con la integración de las mutualidades de funcionarios para, entre otros objetivos, reducir los casos de doble aseguramiento. Por su parte, en cuanto a la receta electrónica, se va a extender en 2018 a las últimas cuatro comunidades autónomas pendientes de integración, Cataluña, Madrid, Andalucía y Baleares y también al Ingesa. Con estas incorporaciones todas las comunidades autónomas estarían integradas en el sistema a través del ministerio. Por otro lado, el proyecto de historia clínica digital se va a extender a todas las comunidades autónomas -actualmente solo queda por integrar Cataluña- y se va a intensificar su uso por el intercambio de más documentos clínicos codificados y tratables electrónicamente. Por otro lado, quiero señalar que el ministerio se ha comprometido, junto con catorce comunidades autónomas a conectar estos servicios nacionales con los europeos en 2020. Como novedad, se va a iniciar el diseño y desarrollo del proyecto de verificación de medicamentos para seguridad del paciente. Es un proyecto de extraordinaria importancia para el adecuado control del consumo farmacéutico.

En tercer lugar, los sistemas de aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Administración digital, en aplicación de las leyes 39 y 40, así como para la implantación de la estrategia TIC 2015-2020, temas en los que nuestro ministerio sigue las directrices marcadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por ello, siguiendo dichas directrices, estamos desarrollando, entre otros proyectos de Administración electrónica, los de firma electrónica, pago telemático de tasas, mapas de geolocalización o notificaciones electrónicas; también los servicios de registro electrónico, tramitación de expedientes y documentos bajo el esquema nacional de interoperabilidad o el archivo electrónico en departamento. En


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definitiva, aprovechando las oportunidades que proporcionan las tecnologías de la información y las comunicaciones, se están innovando estos servicios y generando nuevas formas más ágiles, transparentes y seguras de relación de la Administración con los ciudadanos.

Entre los gastos que asume la subsecretaría como responsable de los servicios comunes del departamento, figuran no solo los destinados a recursos humanos y a las tecnologías que he comentado, sino también los destinados a gastos generales del departamento, destacando en el capítulo 2 las partidas destinadas a reparaciones, mantenimiento y conservación de instalaciones y edificios, por un importe de 1 253 000 euros, y las destinadas a materiales, suministros y otros servicios, por importe de 3 757 000 euros, entre las que cabe destacar las partidas para los tributos locales, energía eléctrica y combustible, traslados de mobiliarios, enseres y documentación. En estos créditos se ha producido una disminución por la centralización del servicio de limpieza por un importe de 181 000 euros; además, se dispondrá de 834 000 euros, crédito suficiente para inversiones tanto de reposición como nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

Finalmente, otra línea de actuación dentro del área de la subsecretaría es la gestionada por la Secretaría General Técnica, que coordina las relaciones internacionales y el impulso de programas de cooperación internacional al desarrollo en el ámbito sanitario. Para estas actuaciones, se dota al capítulo 4 de la subsecretaría con un crédito para 2018 de 1 963 000 euros; una parte de este crédito, 772 000 euros, financia la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social y se destina al impulso de programas de formación en salud y asesoramiento técnico-sanitario a los países en desarrollo. He de señalar que esta fundación es financiada asimismo con una transferencia de capital de 24 920 euros; el resto de crédito, el capítulo 4, de la Secretaría General Técnica, es decir, 1 191 000 euros, tiene por objeto el pago de las cuotas de aportaciones por la participación del ministerio en organismos y programas internacionales. En este ejercicio se incrementa en 265 000 euros la partida correspondiente al pago del bienio 2018-2019 de la cuota del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, debido a que en el ejercicio de 2017, al no tener que hacer frente a este pago, reasignaron estos recursos para incrementar la capacidad de gasto en tecnologías de la información de la propia subsecretaría. En esta ocasión se repone el crédito desde otras partidas del propio capítulo 2, también de la propia subsecretaría.

Por último, la subsecretaría gestiona, dentro del capitulo 8, una pequeña partida de 83 380 euros, destinada a los préstamos y anticipos otorgados a los empleados públicos del departamento.

Señorías, concluyo ya, reiterando que el proyecto de presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2018 que les he presentado muestra el compromiso del Gobierno con las políticas sanitarias y sociales, que además nos van a permitir afrontar con garantía los nuevos retos y las actuaciones que en materia de sanidad y servicios sociales se incluyen en los programas presupuestarios.

Muchas gracias. Estoy a su disposición para todas aquellas cuestiones que quieran plantearme.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias, señora Fraile.

Tras la intervención de la subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Clemente, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente, señorías, miembros de la Mesa.

Gracias, señora Fraile por la intervención, sobre todo por su tono, que ha sido muy técnico, exento de valoraciones políticas, a diferencia de su compañero, el señor Garcés. Gracias por esa intervención y por el repaso extenso que ha hecho de nuevo a los presupuestos, a transferencias corrientes de capital, crédito, etcétera.

Al final le haré algunas preguntas de carácter técnico, que se las pasaré por escrito a la señora letrada, pero antes quiero hacerle un recordatorio. En la anterior comparecencia de los presupuestos, que podría leer literalmente, pero me lo ahorro, porque está escrito en el Diario de Sesiones, le pregunté -y quería hacer hincapié sobre ello- sobre las acciones en favor de los inmigrantes. En aquel entonces le dije que, según las cuentas del Estado, en la página 38, aparecía la misma cantidad que en 2016. Hablamos de la obligatoriedad y de la decisión del Consejo Europeo de reasentamiento y reubicación de demandantes de asilo y de que España debería haber acogido a 17 000 personas entre los años 2015 y 2017. Por aquel entonces le dije que la cantidad era la misma de 2016; ahora lo reedito y le digo que es la misma cantidad de 2017. Le vuelvo a preguntar qué tiene previsto el Gobierno para cumplir con ese


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compromiso. Me gustaría saber cómo piensan dar cumplimiento a ese objetivo y ejecutar esos 1750 millones de euros para su reubicación y si de nuevo piensan en no cumplirlo.

Referente al tema de juventud y subvenciones a entidades del IRPF, al que también ha hecho referencia en su intervención, sabemos que durante este año se han comenzado a ver los efectos generados por la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a los proyectos sociales financiados a cargo del 07 del IRPF. El paso de un modelo de gestión estatal a uno compartido mayoritariamente por el ámbito autonómico ha hecho que las entidades sociales hayan tenido que cambiar su modelo de financiación, haciendo que el ámbito estatal pierda gran parte de su capacidad. Dentro del movimiento asociativo juvenil, esta situación se ha notado especialmente, ya que antes las entidades juveniles estaban infrafinanciadas y la mayoría tenía grandes dificultades para mantener su nivel de actividad. Estas entidades juveniles, que trabajan a nivel nacional, permiten una acción conjunta en todos los territorios, así como una construcción de ciudadanía solidaria y con visión de conjunto. Es imprescindible que estas entidades puedan seguir trasladando la participación desde los diferentes territorios a nivel estatal para crear posicionamientos comunes de la juventud española y trabajar conjuntamente por los derechos de la juventud en el conjunto del Estado. Es imprescindible que estas entidades puedan seguir trasladando a nivel estatal la participación de la juventud española para hacer que esta se aleje de la construcción del Estado. Ante esta situación, la única financiación estable que recibe este tipo de entidades es la subvención anual que convoca el Instituto de la Juventud. Esta financiación contaba, tanto en el presupuesto de 2017 como en el actual proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, con un total de 1 362 760 euros. Por ello, le hago la siguiente pregunta. En un momento de cambio de financiación del tercer sector, debido a la gestión dual con las comunidades autónomas de la financiación de proyectos sociales con cargo al 0,7% del IRPF y el estancamiento de financiación de las entidades juveniles por medio de la subvención del Instituto de la Juventud, ¿cuál es el plan del Gobierno para garantizar la estabilidad de las entidades juveniles de ámbito estatal y garantizar que puedan seguir poniendo en marcha los diferentes proyectos sociales que llevaban a cabo. El señor Garcés, sobre el tema del 0,7% del impuesto de sociedades a cargo de la empresa del tercer sector, nos ha comentado que, en el mejor de los casos, recaudarían 200 millones de euros. No le hablo de esta medida en concreto.

Nada más. Muchas gracias. Le paso a la señora letrada unas preguntas por escrito.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias.

Tiene la palabra la señora Torres, por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora TORRES TEJADA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero darle las gracias en nombre de mi grupo a la señora subsecretaria de Estado por su comparecencia, por su detallada explicación y por el desglose de las diferentes partidas que se vinculan a su subsecretaría.

Nos encontramos con un presupuesto para 2018 en el que el Gobierno de España pone de manifiesto su firme compromiso con el Estado del bienestar, donde hay una apuesta clara y decidida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por las personas y las políticas sociales y donde 7 de cada 10 euros se destinan a gasto social. En 2018 el gasto social vuelve a ser la partida más importante, superando incluso los niveles anteriores a la crisis.

Quisiera hacerle algunas preguntas. Durante su intervención ha mencionado que en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad existen varias partidas que en cada ejercicio se incrementan y que mejoran considerablemente su capacidad de gasto. ¿Podría ampliar la información sobre las citadas partidas y los mecanismos para su incremento? ¿Podría ofrecer alguna cifra sobre cuál ha sido la ejecución real de su departamento, es decir, una vez efectuados los incrementos correspondientes durante los últimos ejercicios? Igualmente, ha hecho mención a la política de recursos humanos de su departamento, desde el punto de vista de la mejora retributiva de los empleados públicos. Entiendo que la información que ha ofrecido recoge los elementos básicos de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las organizaciones sindicales representativas, que tienen un claro reflejo en los presupuestos que hoy se presentan. No obstante, hay otro aspecto que ha mencionado y que creo que tendrá gran importancia en la propia ejecución presupuestaria, que sería el relativo a las medidas adoptadas de cara a la recuperación de efectivos. ¿Podría ofrecernos datos complementarios en cuanto a este asunto? Finalmente, ha señalado que dentro del ámbito de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tienen gran relevancia las cuantías destinadas a tecnologías de la información y las


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comunicaciones. ¿Podría ampliar la información sobre los proyectos que se pretender abordar durante 2018 con las cuantías que se contemplan en el presente proyecto de presupuestos?

Uno de los valores principales a tener en cuenta debe ser el hecho de haber conseguido este Pacto de Estado contra la violencia de género que ha mencionado y que ha supuesto un incremento de esta partida superior a un 24%, cuantía muy por encima de lo que nunca ningún Gobierno ha apostado por luchar contra esta gran lacra que es la violencia de género. Las actuaciones financiadas corresponden a un amplio número de necesidades que se plantean en la sanidad pública, como son la cartera de servicios, la ordenación profesional, la equidad, la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud, la promoción de la seguridad alimentaria y de la nutrición, el desarrollo de una adecuada estrategia en materia de medicamentos y productos sanitarios y el impulso de donaciones y trasplantes de órganos. Es importante tener en cuenta la dotación al Fondo de cohesión sanitaria, los 5 millones para la estrategia de salud, enfermedades raras y programas de prevención de sida y otras infecciones de transmisión sexual; el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, que vuelve a estar dotado con 1,7 millones de euros; las cuantías que se aportan a la Agencia del Medicamento, a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Organización Nacional de Trasplantes, así como a Ingesa. Nadie puede cuestionar que España es líder en donación de trasplantes de órganos, que encadena ya veintiséis años como líder mundial y ha alcanzado en 2017 46,9 donantes por millón de habitantes, superando por primera vez los cinco mil trasplantes. También quiero poner en valor el Plan Nacional de Drogas, que cuenta con 14,8 millones de euros. Al igual que sucedió por primera vez en 2017, se unifican las partidas del Plan concertado y el Fondo de apoyo a la familia e infancia en otra llamada protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Quiero hacer hincapié también en el programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que se incrementa con 0,5%, con una dotación de 20 millones de euros en este ejercicio presupuestario.

Es, sin duda, un presupuesto que apuesta por el desarrollo, un presupuesto que se puede traer este año gracias al esfuerzo de los ciudadanos durante los años difíciles de crisis. Las importantes y difíciles reformas que el Partido Popular se vio en la necesidad de tomar para evitar el rescate, medidas que quienes estuvieron antes no quisieron o no supieron afrontar a tiempo, hubieran evitado que nos esté costando tanto recuperarnos. Que la sanidad española está entre las mejores de Europa es evidente y nadie lo puede obviar; sin embargo, aun hoy, a pesar de tener delante de sus ojos unos magníficos presupuestos como recompensa al esfuerzo de tantos españoles y a pesar de que tienen asumido que la situación de España está ya mucho mejor, continúan aquí lanzando mensajes catastrofistas, totalmente desvirtuados y lejos de la realidad. Confiamos en que sean capaces de hacer, por una vez, un uso responsable de sus cargos aquí en el Congreso de los Diputados y apoyen estos presupuestos. No es tanto cuánto dinero se destina sino cómo se gestiona.

Solo me queda felicitarles a usted y a todo su equipo, a toda la subsecretaría, por todo el trabajo que vienen realizando. Esperamos ver por fin conectadas, como bien ha dicho, a todas las comunidades autónomas a través de la tarjeta sanitaria electrónica. Y quiero finalizar como usted empezó, diciendo que el reto es conseguir que los beneficios de la regeneración lleguen al mayor número de ciudadanos y en especial a las personas más desfavorecidas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias, señora Torres.

A continuación, por cinco minutos, turno de intervención de los portavoces de los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra doña Belén Terrón, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora TERRÓN BERBEL: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco la presencia hoy aquí de la señora subsecretaria. Hace un año ustedes, siendo conscientes del recorte acumulado en dependencia, se jactaban junto a Ciudadanos de una subida del presupuesto, concretamente de 100 millones, frente a, recordemos, más de 4000 millones de euros de recorte acumulado en dependencia; posiblemente no había nada que celebrar, pero aun así ustedes se alegraban. Un año después de esto sabemos que se han dejado de ejecutar 44 millones de esos 100 de incremento. Hemos pedido la comparecencia de la señora ministra, hemos preguntado en Pleno, no hemos obtenido respuesta y nos gustaría que hoy nos aclarara a qué se debe, sobre todo teniendo en cuenta que existe una lista de espera de 310 000 personas que tienen ese derecho reconocido y sin embargo no lo están recibiendo y sabiendo que cada 15 minutos muere una persona en España en situación de dependencia


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y con ese derecho reconocido. Creemos, sin duda, que es una cuestión de Estado. En 2018 ustedes van a incrementar 46 millones, pero esos 46 millones de incremento no se pueden gastar por las comunidades autónomas si estas no aportan a su vez 184 millones; por cada millón que aporta la Administración General del Estado, obliga a gastar a las comunidades autónomas cuatro millones. Y en la situación en la que estamos, en que las comunidades autónomas aportan el 63%, la Administración General el 17% y los usuarios el 20%, posiblemente muchas comunidades no vayan a poder seguir recorriendo ese camino de la dependencia. Incorporar 46 millones en la partida 231, es decir, transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia, no supone absolutamente nada. Este aumento de 46 millones juega en la misma liga del máster de la señora Cifuentes, y les voy a explicar por qué. La atención media de un dependiente cuesta 6665 euros al año. En el mejor de los casos, se podría atender a unas 6900 personas de esa lista de espera, lo que deja al 98% restante sin poder recibir esa ayuda que tiene reconocida. Por tanto, ustedes van a seguir incumpliendo la ley, van a seguir violando derechos subjetivos con estos presupuestos que luego no sabemos si llegarán a ejecutar, tal y como prometen; fallecerán más de treinta mil personas que tenían un derecho reconocido y luego quizá digan que la lista de espera ha bajado.

Hablemos también de servicios sociales. El presupuesto que destinan al plan concertado es prácticamente el mismo que el que destinaron el año pasado, siendo manifiestamente insuficiente para poder hacer frente a la situación de pobreza y desigualdad cronificada que con sus políticas de austeridad ustedes mismos han ido generando. Ustedes han aplicado y acumulado un recorte en el plan concertado del 80%, es el mayor recorte histórico desde que se creara este plan concertado hace ya más de veinticinco años. Y no se trata solamente -lo decía también la compañera del Partido Popular- de cuánto dinero gastamos, sino cómo lo gastamos. Y es que existe por su parte casi un cambio de modelo de facto del propio sistema del bienestar. ¿Por qué decimos esto? Porque están desviando el dinero que debería estar destinado a los servicios sociales públicos a manos privadas, y de esta manera se mantiene un sistema de servicios sociales, sí, pero vacío de presupuesto y vacío de competencias. Y olvidan -o quizá no es una cuestión de memoria, eso no lo vamos a juzgar- que la Administración pública tiene que velar por la garantía de igualdad, de democracia y de acceso a una vida digna. Cuando se externaliza, cuando se pasa a manos privadas la gestión de los derechos, no se garantiza. El señor Florentino Pérez no garantiza precisamente los derechos. Y mientras, siguen cargando el peso en miles de personas que en este país, con mucho amor y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, también levantan las vidas que ustedes parece ser que con sus políticas se empeñan en hundir.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias.

A continuación, tiene la palabra por cinco minutos la señora Alconchel, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias, señora Fraile, le agradecemos su comparecencia. La verdad es que todos los años califica los presupuestos como los más sociales y vemos que lo que hay detrás son más recortes. Usted parte del contexto en el que se formulan estos presupuestos y dice que tienen vocación social; me gustaría que el contexto del que partieran fuera, por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo 2017, donde dice que las políticas durante estos seis años han provocado unos niveles de desigualdad sin precedentes, donde la pobreza se ha incrementado de forma escandalosa y muchísimas familias se han visto abocadas directamente a la exclusión social. A pesar de que esta información está plasmada en informes de instituciones y organismos independientes, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, como le he dicho, nos presentan unos presupuestos que, frente a un crecimiento nominal del PIB del 4,2, solo prevén un crecimiento del gasto social del 2,8. El gasto social en España se sitúa en el 38% del PIB, uno de los más bajos de Europa. Por tanto, siguen recortando en el estado del bienestar. Nuestro país es el segundo país con mayores niveles de pobreza infantil de la Unión Europea. Viendo estas cifras dramáticas, cifras de la vergüenza, ¿de verdad estiman que el presupuesto en esta materia es suficiente?

También entienda nuestra indignación cuando no paran de repetir que suben el nivel mínimo de dependencia, cuando han dejado de ejecutar 44 millones de 2017. Nos gustaría que nos presentara una evaluación real de por qué se ha dejado de ejecutar este presupuesto, para que en 2018 no vuelva a ocurrir lo mismo. Y se lo digo porque el secretario de Estado, el señor Garcés, ha culpado a las comunidades autónomas, cuando la realidad es que la mayoría de las comunidades ponen más del 80% de financiación


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del sistema de dependencia. No creemos en ese compromiso con los servicios sociales si no se repone el plan concertado. La teleasistencia no aparece un año más; las políticas relacionadas con mayores que gestiona el Imserso, el turismo, termalismo, estudios y programas sobre envejecimiento activo, están recortadas otro año más; para discapacidad contemplan lo mismo que en 2017, aunque ya nos ha explicado el señor Garcés que le ponen nombres nuevos a algunos programas para que parezcan algo distinto. Vuelven a reducir la inversión en sanidad; el gasto sanitario es del 5,8% del PIB, baja respecto el del año pasado y lo sitúan en un mínimo histórico; las desigualdades en salud van a seguir aumentando y hay bajada en sanidad. Por tanto, no son la prioridad de estos presupuestos porque el Gobierno no cree en un sistema público universal gratuito, de calidad, eficaz, eficiente y equitativo, y solo hay que ver la cantidad con la que dotan el Fondo de Cohesión, por ejemplo. Van a seguir perjudicando a las mismas personas que vienen sufriendo sus políticas desde que comenzaron a gobernar a finales de 2011.

Dos preguntas. Programas de reasentamiento y reubicación de refugiados. Viendo los datos que se han arrojado, que el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones y que siguen presupuestando la misma cantidad, ¿nos podría decir cuántas personas prevén acoger, cómo va a afrontar la obligación del Estado español en esta materia? En materia de recursos humanos del ministerio queremos saber si estima que existe dotación suficiente para cumplir con los objetivos encomendados al mismo. Nosotros pensamos que no. Nos gustaría saber cuál ha sido el impacto real de las tasas de reposición impuestas por el Gobierno y cuántas obligaciones van a producirse este año. Nos gustaría conocer el aumento del gasto para la externalización de servicios para suplir las funciones de personal que se ha perdido por parte del ministerio.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias por ajustarse a los tiempos.

Tiene la palabra la señora Guinart.

La señora GUINART MORENO: Gracias, presidente.

Como el tiempo es escaso, voy a centrar mi intervención en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades citado en el programa 232.B de los presupuestos. Respecto al seguimiento y evaluación de ese plan a los que se hace referencia, queríamos conocer la evaluación del Plan 2014-2016, una evaluación que este grupo parlamentario ha solicitado en anteriores ocasiones pero del que no tenemos noticia. En 2016 nuestra portavoz de igualdad, Ángeles Álvarez, les preguntó por escrito sobre el cumplimiento del plan; le contestaron en diciembre de 2016, cuando teóricamente finalizaba su vigencia, que se estaba todavía recabando información sobre actuaciones y que cuando se dispusiera de ella se daría cumplida información. Como no fue así, la diputada Carmen Cuello elevó otra pregunta al respecto a la directora del Instituto de la Mujer en su última comparecencia en esta Cámara hace unos meses. En su respuesta mencionaba que el pasado 24 de enero, en una reunión del pleno del Consejo Estatal de Participación de la Mujer, se presentó un informe de ejecución y evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Solicitamos, en consecuencia, una copia de ese informe.

Igualmente queremos saber qué previsiones tienen respecto al nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021, del que circula alguna versión, del que sabemos que ha entrado en fase consultiva pero que no conocemos en su versión oficial ni definitiva. Nos resulta llamativo, eso sí, que en el borrador del nuevo plan se afirme que se ha tenido en cuenta el seguimiento y evaluación del PEIO 2014-2016, un motivo más para que nos facilite a la mayor brevedad esa evaluación que parece estar ya en disposición.

Le haremos entrega en versión escrita de esta y otras muchas preguntas respecto a diferentes actuaciones y medidas contenidas en el programa 232.B de los presupuestos. Queremos saber, por ejemplo, si su ministerio ha demandado las fichas de seguimiento presupuestario que se acordaron en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, si van a cumplir esa medida contenida en el pacto. Queremos asimismo tener identificadas partidas y programas presupuestarios correspondientes a cada una de las medidas que señalan en la descripción y actividades a cargo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Confiamos, por supuesto, que tengan a bien remitirnos la contestación con la mayor celeridad posible.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias, señora Guinart Moreno.

A continuación, nuevamente tiene la palabra la señora Fraile para contestar.


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La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Fraile Fabra): Muchas gracias, presidente.

Agradezco a sus señorías sus intervenciones y todas las aportaciones y preguntas que me han realizado. Si me permiten, voy a centrar mi segunda intervención -aparte de dar respuesta a lo que ustedes me han solicitado-, fundamentalmente en los aspectos generales del presupuesto del departamento y los correspondientes a los programas que gestiona la propia subsecretaría. Entiendo que las explicaciones más detalladas de las áreas y políticas social y sanitaria han sido ya expuestas por los altos cargos que me han precedido hoy en sus comparecencias ante esta Comisión y estoy segura de que les habrán dado fiel respuesta a todas sus dudas y preguntas en sus respectivos ámbitos competenciales.

Quiero hacer hincapié en que nuevamente insisten algunas de sus señorías en que el presupuesto asignado al Ministerio de Sanidad es insuficiente para realizar las políticas sociales y sanitarias que nos corresponden. Nuevamente también tengo que decirles que este presupuesto está elaborado, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la principal prioridad de este Gobierno, que es el gasto social. Prueba de ello es que en el ejercicio de 2017 el presupuesto de este ministerio ya se incrementó cerca del 8%, siendo el departamento que más creció, y para este ejercicio el crecimiento se sitúa por encima del 4%. Luego podemos decir que los presupuestos iniciales de nuestro departamento se han incrementado en dos años en más de un 12%, un incremento de más de 95 millones para 2018 que, como he dicho en mi intervención, van destinados prioritariamente a las políticas sociales de lucha contra la violencia de género, a la atención a la dependencia, ayudas a afectados por la talidomida y ayudas a entidades de interés social. El incremento en estas políticas asciende a más de 91 millones y el total del presupuesto destinado a políticas sociales alcanza 1899 millones de euros. Por supuesto, también se potencian las políticas sanitarias que favorecen la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, así como las estrategias frente a enfermedades raras y neurodegenerativas y la atención sanitaria prestada en Ceuta y Melilla, entre otras acciones. Pero como he apuntado también en mi intervención -y ha habido alguna pregunta al respecto-, no podemos olvidar que el presupuesto inicial del ministerio se incrementa a lo largo del ejercicio mediante una serie de modificaciones presupuestarias consistentes en generaciones, ampliaciones y suplementos de crédito que van a permitir prácticamente triplicar el incremento anual y contar finalmente con una capacidad de gasto considerablemente superior a la inicial. Dada su relevancia económica, voy a incidir en algunas de ellas.

En cuanto a las generaciones de crédito, destacan por su importancia en cada ejercicio los siguientes ingresos: los procedentes del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas, al que ya me he referido en mi intervención, que se destinarán a intensificar las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de estos delitos, a la prevención de toxicomanías, a la asistencia e inserción social y laboral en drogodependientes y a la cooperación internacional en la materia. En este caso, en el año 2017, se incrementaron 23,8 millones de euros estas partidas. Los efectuados por la industria farmacéutica al Sistema Nacional de Salud correspondientes a descuentos por volumen de ventas, que se destinarán a investigación en el ámbito de la biomedicina, al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de programas de formación para facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como a programas de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos. En este caso, en el ejercicio de 2017 se incrementaron estas partidas en 43 062 000 euros. Y lo que recibe el Ingesa por la asistencia sanitaria, que incrementa su presupuesto anual y redunda en la mejora de la calidad de sus servicios, son 7,63 millones de euros, también durante el ejercicio de 2017. Los procedentes de los saldos de cuentas y depósitos abandonados generan desde 2016 crédito a favor del Real Patronato sobre Discapacidad para financiar programas de mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad. En este caso, en 2017, se produjo una generación de crédito de 7,63 millones de euros. Por otro lado, hay unos créditos ampliables que son los destinados a actividades de interés general consideradas de interés social regulados en el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, que se desglosan, como ya he contado también en mi intervención, entre los ingresos procedentes del 07, de la asignación tributaria del IRPF, cuya ampliación alcanzó en 2017 los 150,21 millones de euros, y los ingresos procedentes de las herencias abintestato, destinados para fines de interés social a partir de 2016, que supuso 7,48 millones de euros en 2017. Y finalmente, las ayudas sociales para mujeres previstas en el artículo 27 de la Ley orgánica de violencia de género, que en 2017 alcanzó la cifra de 2,3 millones de euros, que excepcionalmente se financiaron con cargo a ajustes internos.


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Es importante resaltar también que cuando existen necesidades de financiación se tramitan suplementos de créditos en la aportación, por ejemplo, del departamento del Imserso para financiar el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General a las comunidades autónomas, mecanismo que no fue preciso emplear en 2017 al ser suficiente la cantidad presupuestada para hacer frente a las cantidades justificadas por las comunidades autónomas. Y aquí doy respuesta a lo que ustedes me han preguntado, y me limito directamente a repetir lo que ha dicho ya en su intervención el secretario de Estado. Si hubieran sido justificadas por las comunidades autónomas, existiendo crédito suficiente en la partida, evidentemente no habría ningún motivo para no haber gestionado y gastado ese crédito, que está dirigido, única y exclusivamente, al mínimo garantizado a las comunidades autónomas.

Por todo lo expuesto, me gustaría analizar no solo ya los presupuestos iniciales de los últimos ejercicios, sino también las modificaciones de los mismos y su ejecución real, para que ustedes vean cómo la ejecución presupuestaria del ministerio va por encima incluso de los presupuestos iniciales que se aprueban todos los años en las Cortes. Por ejemplo, en el ejercicio 2015, el presupuesto inicial del departamento aumentó un 16,82% vía operaciones de modificación de crédito, pasando de 1925 millones de euros a 2248 millones de euros. Pero ¿cómo se ejecutó ese gasto? Pues durante este ejercicio la ejecución presupuestaria alcanzó el 97,78%, pero sobre el crédito total, no sobre el crédito inicial, es decir, sobre los 2198 millones de euros, lo que significó un incremento de la capacidad de gasto en ese ejercicio sobre el presupuesto inicial del 14,23%, es decir, 273 millones de euros más de lo aprobado en el presupuesto inicial. Igualmente, en 2016 el incremento del presupuesto inicial supuso un 15,86%, pasando de 2023 millones de euros a 2344 millones de euros, y la ejecución presupuestaria supuso el 96,24% sobre el crédito total también, es decir, sobre 2256 millones de euros, lo que significó un aumento de la capacidad de gasto del 11,51% sobre el presupuesto inicial, es decir, 233 millones más. Por último, en el ejercicio de 2017 el presupuesto inicial del departamento se incrementó un 12,35% vía operaciones de modificaciones de crédito, pasando de 2185 millones de euros a 2454 millones de euros de presupuesto total. En ese ejercicio, por tanto, se reconocieron obligaciones por importe de 2385 millones de euros, lo que supone un nivel de ejecución del 97,19% del crédito total, no del inicial, y por tanto con una capacidad de gasto incrementada en 200 millones de euros sobre el presupuesto inicialmente aprobado.

Por otro lado, en relación con los recursos humanos y por hacer un poco de hincapié en el beneficio para la ejecución ya no solamente presupuestaria sino también de la gestión de los servicios sociales y del área sanitaria en el Ministerio de Sanidad, creo que es importante insistir en cómo van a intervenir los últimos presupuestos, tanto de 2017 como de 2018, y los últimos acuerdos adoptados. Tengo que decir que la recuperación económica ha permitido al Gobierno iniciar en los últimos ejercicios un proceso de mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos que ha culminado, como decía antes, en los dos últimos acuerdos sindicales de 2017 y 2018. Ya en 2015, una vez consolidada la mejora de nuestra economía, comenzaron a implantarse medidas destinadas a la recuperación de efectivos mediante el aumento de la tasa de reposición, una medida que se ha aumentado y mejorado en los años siguientes. Así, en 2016, la tasa de reposición ya era del cien por cien en los sectores prioritarios, sanitarios y sociales, en lo que afecta a este ministerio, y del 50% en el resto de sectores. Y en 2017 se mantuvieron estas mismas tasas del 100 y del 50% respectivamente, incluyéndose nuevos sectores prioritarios. Por otra parte, en la Ley de Presupuestos Generales para 2017 se preveía un procedimiento extraordinario de estabilización de personal temporal destinado a determinados ámbitos y sectores, entre los que se encuentran el sanitario del Sistema Nacional de Salud y, en nuestro caso, a centros de Ingesa y el de atención directa a usuarios de servicios sociales como los centros del Imserso, que pudieron disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal de hasta el 90% de las plazas dotadas presupuestariamente y ocupadas temporal e ininterrumpidamente en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016 como condición. De acuerdo con ello, en la oferta de empleo público para el año 2017 se han autorizado en el Ministerio de Sanidad 215 plazas de cuerpos adscritos al Ministerio de Sanidad, como son los farmacéuticos, los médicos y veterinarios titulares, 35 plazas de cuerpos generales y 159 para personal estatutario de los centros sanitarios de Ceuta y Melilla. Con respecto a este último personal, quiero recordarles que en el presupuesto del ejercicio 2017, el capítulo 1, para personal del Ingesa, se incrementó en más de 7 millones de euros para la cobertura de nuevas plazas y la estabilidad de los profesionales sanitarios y, como he dicho en mi primera intervención, en este ejercicio lo hemos incrementado en más de 2 millones de euros. El proyecto de ley de presupuestos para 2018 dispone como novedad para la oferta de empleo público la vinculación de las tasas de reposición del empleado al cumplimiento en el ejercicio anterior de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, de tal modo que


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dicha tasa será del cien por cien en todos los sectores para las administraciones públicas que hayan cumplido dichos objetivos, como sucede en el caso de la Administración General del Estado, con la posibilidad de una bolsa adicional del 8% destinada a aquellos ámbitos que requieran un refuerzo de efectivos por diferentes circunstancias, entre las que se encuentran un alto volumen de jubilaciones esperadas. Precisamente esta es la situación que se está produciendo en la Administración General del Estado y concretamente en nuestro ministerio.

Les voy a dar unos datos simplemente para aclarárselo un poco y centrarlo. En los años 2015 a 2017 se han jubilado en el ministerio y sus organismos una media de 150 funcionarios cada año; en lo que llevamos de 2018 ya se han jubilado 52 empleados públicos. Confiamos en que la fijación en 2018 de una tasa de reposición del 108%, unida a las que ya están en proceso de cobertura de 2016 y 2017, nos permita recuperar cuanto antes y en función de las necesidades actuales de nuestro ministerio los efectivos de cuerpos generales y especiales que se han perdido en los últimos años, entre otras razones por efecto de las jubilaciones, y con ello garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos en todo el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos. Y no quiero dejar de mencionar las medidas ya adoptadas y destinadas a la cobertura de las plazas que van quedando vacantes, ya sea por jubilación o por otros motivos, y en este caso me refiero a la convocatoria de concursos de provisión de puestos de trabajo. En concreto, en el año 2017, hemos convocado doce concursos entre generales y específicos para un total de 372 plazas, de las que se han provisto hasta ahora 238. Además, continuamos impulsando otras actuaciones para garantizar la provisión de los puestos con personal procedente de otras administraciones, especialmente la autonómica, la promoción interna del personal o el nombramiento de funcionarios interinos.

Muy brevemente, y en relación con la pregunta sobre los sistemas de información y comunicaciones, diré que efectivamente este año, dentro del presupuesto de la subsecretaría, se dotan con 15 463 770 euros, incluido el crédito para telecomunicaciones para este tipo de gastos. En este caso tengo que decir que fundamentalmente lo que vamos a hacer es, como he dicho en mi intervención, que se va a completar el sistema de tarjeta sanitaria; se va a hacer un despliegue del sistema de receta electrónica; extensión del proyecto de la historia clínica digital; se va a hacer también el inicio, el diseño y el desarrollo preliminar de proyectos de verificación de medicamentos para seguridad del paciente; se va a hacer un desarrollo de un nuevo sistema de información para monitorización terapéutica de pacientes con enfermedades raras, y por supuesto vamos a continuar en la adaptación de los procedimientos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En este caso, aunque ya a lo largo de los ejercicios 2016 y 2017 se han realizado grandes avances, de cara a la referida adaptación, durante 2018 también se pretende continuar con dicha tarea, sobre todo incidiendo entre otros en el punto de acceso general, en la identificación, firma y sellado del tiempo; en los sistemas de registros electrónicos, registro electrónico de apoderamiento y registro de funcionarios habilitados, entre otras muchas. Finalmente por supuesto se sigue dando cobertura a todos los desarrollos correctivos y evolutivos de diferentes aplicaciones ya en funcionamiento.

Voy a entrar ahora en el resto de las preguntas que me han realizado. La primera de ellas, que se ha repetido dos veces, en relación con los inmigrantes, diré que de las acciones a favor de los inmigrantes dentro del Gobierno yo solamente les puedo hablar de lo que tengo conocimiento. Usted me dice que en la intervención del año pasado ya me lo recordó. En 2017 efectivamente estaba presupuestada la misma cantidad que en 2016; la ejecución fue del cien por cien, se distribuyó vía conferencia sectorial y evidentemente se repartieron cantidades como ayudas también de acompañamiento a la gestión que se estaba realizando por parte de las comunidades autónomas. En este momento, como usted bien sabe, no me toca hacer la política del Gobierno en general y sobre todo del resto de los departamentos ministeriales, que son los que tienen asignadas unas partidas mucho más superiores a las que tiene asignadas el Ministerio de Sanidad en este caso concreto.

Por otro lado, en relación con las entidades o el movimiento juvenil no puedo estar más de acuerdo en la exposición que usted ha hecho de la necesidad que tenemos de los jóvenes toda la sociedad en general, pero es verdad que me sorprende un poco su intervención, porque en este caso el Instituto de la Juventud es uno de los organismos que ha incrementado su presupuesto en 3 767 000 euros, y no tengo conocimiento en este caso de que se vaya a eliminar alguna de las partidas de subvenciones que


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realizaba. Tendría que comprobarlo, pero no tengo en la cabeza que hayan sufrido algún tipo de disminución las partidas relativas a las subvenciones a entidades sin fines de lucro.

Me han hecho ustedes referencia también al tema de pobreza fundamentalmente y al tema de refugiados. Ahí me tengo que limitar evidentemente a las intervenciones que ha tenido el secretario de Estado competente en la materia de asuntos sociales, que estoy segura de que les ha dado fiel reflejo de toda su política de asuntos sociales. Dentro del propio ministerio y en relación con las preguntas del Plan 2018-2021, como nos las van a hacer por escrito, estoy a su disposición y se las tramitaremos lo antes posible.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arribas Sánchez): Muchas gracias, señora Fraile, subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Le agradecemos su presencia y sus explicaciones.

Suspendemos la sesión brevemente, por tres minutos. (Pausa).

- DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (BABIN VICH). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/0001423); SOCIALISTA (número de expediente 212/001283) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001589).

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Señorías, continuamos con la Comisión con la intervención de don Francisco de Asís Babin Vich, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Tiene la palabra el señor Babin.

El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Babin Vich): Muchas gracias, señora presidenta, miembros de la Mesa, señorías, es para mí un placer, una satisfacción comparecer un año más en esta Comisión con el fin de informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año 2018 en lo referente a los créditos asignados a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Es cierto lo que digo, es una vez más, aunque ciertamente el año pasado por razones de salud no pude comparecer, pero en ese contexto el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Mario Garcés, asumió evidentemente mi comparecencia.

Como a lo largo del día ya han comparecido ante esta Comisión los titulares de otros órganos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encabezados por el propio secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Mario Garcés, y en aras de la eficiencia me permitirán, señorías, que me centre directamente en los aspectos presupuestarios específicos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. No obstante, y siendo como digo esta mi primera comparecencia de presupuestos en esta legislatura, considero adecuado y necesario, lo he hecho en otras ocasiones en legislaturas anteriores, por lo que ruego disculpas a las diputadas y diputados que ya estaban en la Comisión en anteriores legislaturas, hacer una breve aclaración de las peculiaridades del presupuesto de la delegación, ya que se trata de un presupuesto que se dota en una doble vía, que quisiera explicar con objeto de evitar una percepción errónea del mismo. Ciertamente la subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se acaba de referir precisamente en su intervención a los créditos ampliables del programa presupuestario del departamento. Nuestro programa presupuestario, como se ha dicho, es uno de estos programas que pueden incorporar nuevas cantidades, y esto es muy importante.

La primera vía obviamente, es muy sencillo de percibir, se refiere a las cantidades ya consignadas en el proyecto de ley que motiva esta comparecencia y que sus señorías han tenido oportunidad de estudiar en lo que concierne al programa presupuestario específico de la delegación. En ese contexto se ha dicho ya por sucesivos comparecientes que la dotación inicial con la que cuenta la Delegación del Gobierno es de 14 868 000 euros, dejando los céntimos aparte, con un incremento por tanto respecto a 2017 del 1,01%. Ahora bien, el resto de los créditos que se incorporan a este presupuesto inicial y que gestiona la delegación tiene su origen en la aplicación de la Ley 17/2003, del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y que a través de la correspondiente generación de crédito desde la cuenta del tesoro específica del fondo o mediante aplicación del fondo de contingencias, según proceda cuando se refiere a incorporaciones de remanentes de ejercicios anteriores, incluyen tanto el dinero decomisado en efectivo como el producto de la enajenación mediante venta de los bienes, efectos


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e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados. Estas cantidades se incorporan como digo al presupuesto de la delegación y con ello pasan a formar parte del mismo. En ese sentido les llamo la atención a sus señorías respecto a lo que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 establece en su artículo 8.2.6, donde define precisamente como crédito vinculante la partida 227.11 del programa de la Delegación del Gobierno, precisamente porque esta partida es la que recibe las ampliaciones de crédito a las que me estoy refiriendo, por las vías mencionadas y en base a la aplicación de la Ley del fondo. Pues bien, el producto de estos bienes está destinado a intensificar, así lo define la ley, las actuaciones de reducción de la demanda y control de la oferta, pudiendo ser beneficiarios de las cantidades integrantes del fondo las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, las corporaciones locales, las organizaciones no gubernamentales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Fiscalía Especial Antidroga y otros órganos, organismos o entidades públicas de la Administración General del Estado, así como los organismos internacionales con competencias en la materia, las entidades supranacionales y Gobiernos de otros Estados extranjeros y por supuesto la propia Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Pues bien, este año, tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores, al producirse esta comparecencia en esta fecha, podemos conocer con certeza la cantidad que se incorporará al presupuesto de 2018 procedente del fondo, y que alcanza la cantidad de 35 millones de euros, 1 900 000 euros más que el año pasado, según el acuerdo ya alcanzado en el Consejo de Ministros respecto de la incorporación de remanentes, y también el acuerdo de distribución alcanzado en el órgano colegiado correspondiente, que es la mesa de coordinación de adjudicaciones del fondo, lo que supone que el presupuesto total que gestionará la Delegación del Gobierno será de 49 868 000 euros, es decir, un 4,29% más que el año anterior, de los cuales el 70,18% son de incorporación posterior, por lo que comprenderán sus señorías mi primera aseveración respecto a la necesidad de contemplar ambas vías de financiación en su conjunto, so pena de que si no el dibujo de estos presupuestos daría una visión muy parcial de lo que es la realidad.

En ese sentido quizá les haya llamado la atención la existencia de diversas partidas en nuestro presupuesto dotadas con una cantidad aparentemente simbólica de 3000 euros; la razón de ser de las mismas es que estén abiertas y operativas para recibir las transferencias que a su vez permitirán ejecutar las distintas acciones que hayan sido dotadas por la mesa de coordinación de adjudicaciones, de modo que a partir de las modificaciones presupuestarias correspondientes se puedan ejecutar todas las actuaciones, gestionándolas de manera exactamente igual que las cantidades que ya aparecen consignadas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Explicada esta importante peculiaridad de la Delegación del Gobierno conviene también hacer mención al contexto temporal y programático en el que nos encontramos en materia de drogas y adicciones. Como seguro que sus señorías saben la política sobre drogas, desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas del año 1995, se ha caracterizado por un gran nivel de consenso político y social. Además desde el año 2000 España comenzó -siendo por cierto el primer país de la Unión Europea en hacerlo- a planificar sus políticas basándose en estrategias nacionales concebidas para ocho años de duración y ejecutadas mediante planes de acción cuatrienales, modelo este que luego ha sido aplicado también en el propio marco de la Unión Europea, de modo que se puede y se debe asegurar en todo momento la coherencia entre estrategias nacionales y comunitarias, y revisar ambas en función de los resultados de las evaluaciones obtenidas, que en el caso de España se han venido efectuando y publicando desde el año 2009. Este ciclo de planificación-acción ha tenido un hito fundamental, al que se ha referido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad esta mañana: el pasado 9 de febrero, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024. El campo de actuación sobre el que incide la nueva estrategia incluye las drogas de abuso, legales o ilegales, los fármacos de prescripción médica y otras sustancias con potencialidad adictiva, y por primera vez las adicciones sin sustancia también denominadas como comportamentales. Asimismo, y como vienen haciendo las estrategias nacionales desde el inicio, garantiza el respeto a las convenciones internacionales, que como país hemos asumido, y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, la perspectiva del abordaje integral con enfoque de salud pública y el adecuado equilibrio entre las acciones de control de la oferta y reducción de la demanda, y en definitiva las líneas sustantivas que han permitido obtener resultados positivos en estas tres décadas, y que conforman un modelo de amplio reconocimiento internacional por su carácter pionero en su momento -y me estoy refiriendo sobre todo a las políticas de


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reducción de riesgos y daños-, y que al haber incorporado desde hace mucho tiempo cuestiones que solo ahora, con la declaración emanada de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas de abril del año 2016 en Nueva York, empiezan a ser tenidas en cuenta con carácter general por el conjunto de países que constituyen la comunidad internacional. Todo ello hubiera sido imposible sin el consenso de todos los actores implicados, consenso que ha vuelto a recaer en esta nueva estrategia con todas las administraciones públicas, sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales del sector, lo que constituye, créanme, un auténtico tesoro por su carácter social y salubrista, protector sin duda de las generaciones presentes y futuras, siempre que entre todos perseveremos en él.

Con esas premisas paso a informarles de las partidas más significativas con que contaremos durante 2018 en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En este punto conviene aclarar que la misión que tenemos encomendada consiste, expresada de un modo genérico, en la coordinación de acciones del plan nacional, y esto es importante porque mientras la delegación es un centro directivo del departamento de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el plan nacional y sus estrategias representan el esfuerzo coordinado de todas las administraciones públicas y del conjunto de la sociedad; las estrategias, el plan nacional, no son ni del ministerio ni de la Administración del Estado ni de nadie, sino de todos.

A la hora de interpretar los créditos asignados a la delegación hay que tener en cuenta que tienen como finalidad el impulso y la coordinación, pero en modo alguno representan el total del esfuerzo ni técnico ni económico que realiza la Administración General del Estado, y mucho menos aún el conjunto de administraciones, organizaciones sociales y demás agentes integrados en la estrategia, ya sea para el control de la oferta de drogas o para la reducción de la demanda mediante actividades de prevención, asistencia, reinserción, investigación, docencia, etcétera, todo ello en coherencia con el hecho de que las prestaciones que forman parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud las gestionan las comunidades autónomas.

Nos encontramos con un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ya lo he dicho, que en lo que concierne a nuestro programa presupuestario refleja al inicio un montante total de 14 868 000 euros. No voy a referirme al capítulo 1, se acaba de referir a él la subsecretaria, simplemente si acaso citaré la cifra, el importe, el montante del capítulo 1 de nuestra delegación, que es de 2 596 960 euros.

Con el resto de capítulos del presupuesto en 2018 es con el que continuaremos priorizando el apoyo a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, al mantenimiento de la función estadística pública -muy importante este concepto-, así como de la Red de Alerta Temprana -muy importante este concepto-, y para la obtención de indicadores y la realización de estudios y proyectos de investigación. Así en el capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, se han presupuestado 1 130 580 euros, destacando el artículo 22, dotado con 926 730 euros, y en el que se inscriben los gastos para el mantenimiento de la función del Observatorio Español de Adicciones, lo que permitirá seguir disponiendo de información objetiva, efectiva, fiable, de calidad y comparable sobre la evolución de los consumos y el fenómeno de las adicciones en general en nuestro país, incluidos los determinantes de las adicciones comportamentales, y todo ello como base para la formulación de políticas basadas en datos contrastados. Es de destacar en este aspecto el trabajo ya iniciado de revisión de indicadores y de criterios de medidas o escalas validadas para incorporar en las próximas encuestas en relación con cuestiones como la ludopatía o los videojuegos, lo que mejorará la información recogida anteriormente ya en las dos últimas encuestas Estudes. En dicha revisión están participando, como es lógico, no podría ser de otro modo, las comunidades autónomas. A ello hay que añadir la parte que el Fondo de Bienes Decomisados aportará a la ejecución de acciones gestionadas directamente por la delegación, y que tienen que ver con esta función, que será de 3 950 000 euros, un 23,4% más que en 2017, y cuya cuantía no solamente estará destinada a encuestas e indicadores y a la Red de Alerta Temprana, sino que incluye también una cantidad de 2 370 000 euros destinada a campañas de sensibilización social.

En el capítulo 4 se incluyen, entre otras, las transferencias corrientes a comunidades autónomas, de las cuales uno de los conceptos, el 454 para toda clase de gastos derivados del desarrollo del observatorio español es de donde se nutren las comunidades autónomas a los efectos de la notificación de los indicadores que está establecido recoger a nivel estatal, y dotada con una cantidad de 1 033 290 euros, con los que además de con el suministro de información sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad de sus respectivos ámbitos territoriales, ayudaremos a vigilar a través del sistema español de alerta temprana el fenómeno de las drogas emergentes, que aun siendo minoritarias en su consumo


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suponen una seria amenaza para la salud por sus muchas veces imprevisibles efectos en las personas expuestas. Continuando con el capítulo 4, en el que se mantienen las cuantías de otras transferencias a las comunidades autónomas, a lo que acabo de mencionar del concepto 454 se le añaden la del concepto 451, para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la estrategia nacional en los problemas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas, dotada con 3 270 160 euros; el concepto 452, para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la estrategia nacional, con 3 962 630 euros, y el concepto 456, para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación, reinserción de toxicómanos con problemas jurídico penales, con 1 253 320 euros. Estos cuatro conceptos totalizan una cantidad de 9 519 400 euros, a la que hay que sumar la cantidad de 8 700 000, un 1,16% más que el año anterior, desde el concepto 458, para actividades de las comunidades y ciudades autónomas, en aplicación de la Ley 17/2003, del Fondo de Bienes Decomisados. Todo ello significa que en conjunto las comunidades autónomas recibirán, desde la delegación, un total de 18 219 400 euros.

Asimismo están incluidas en el capítulo 4 las transferencias a organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de las prioridades del Plan Nacional sobre Drogas, el concepto 481, que se mantienen en la misma cuantía de 2017, con un importe de 996 490 euros. Además de estas subvenciones que a partir de 2013 ampliaron su rango de actuación a las adicciones en su conjunto, se prevé la generación de una convocatoria específica con dinero procedente del Fondo de Bienes Decomisados, a través del concepto 482, programas desarrollados por organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, financiados a través del fondo creado por la Ley 17/2003, que estará dotada con 3 200 000 euros. La suma de ambas fuentes supone que en 2018 se destinarán a las ONG 4 296 490 euros, un 2,4% más que en 2017.

En ese mismo capítulo 4, el concepto 462, subvenciones a corporaciones locales en aplicación de nuevo de la Ley 17/2003, se ha dotado desde el fondo, ya está dotada la partida desde el fondo, con 6 600 000 euros, los mismos que se consignaron para 2017, destinados a la resolución de la convocatoria, que ya ha sido efectuada y ya está en marcha.

Debo hacer mención también al concepto 483, desde el que se gestiona una subvención nominativa materializada a través de un convenio de colaboración anual con la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo de Bienes Decomisados y que se dotará desde dicho fondo con 650 000 euros, un 85,7% más que en 2017.

Finalmente, y dentro del mismo capítulo 4, se encuentra abierta una partida para programas de cooperación internacional -nuevamente en aplicación de la Ley 17/2003- a la que el fondo va a dotar con la misma cantidad que en 2017, de 250 000 euros. Esta cantidad será destinada en su totalidad a la realización de proyectos de cooperación, propuestos por Naciones Unidas, y con esta financiación focalizada obviamente en los países que constituyen áreas prioritarias de la cooperación española en América Latina, España sigue siendo uno de los países que ha efectuado a lo largo de la historia mayores contribuciones para este fin, contribuciones que son muy valoradas por los Gobiernos de los países donde se desarrollan dichos proyectos, y que contribuyen a mantener el liderazgo de España, reforzado además por nuestro papel en el proyecto de la Comisión Europea, Copolad, en su segunda fase, que lideramos, como ya ocurrió con la primera, un proyecto de cuatro años de duración, dotado con diez millones de euros para seguir fortaleciendo la cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe en esta materia. En total, contando lo dispuesto en el proyecto de presupuestos para 2018 y los créditos disponibles del fondo que les he descrito en el capítulo 4, en transferencias corrientes a las distintas administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, dispondremos para la reducción de la demanda de 30 015 890 euros, un 1,6% más que en 2017, una cifra destinada a reforzar las entidades, tanto públicas como privadas, sin ánimo de lucro que están en el día a día de la intervención.

A todo ello se unirá la incorporación en la partida 227.11, a la que me he referido desde el principio, del crédito del fondo destinado a control de la oferta, previo a la transferencia a los departamentos e instituciones que han de gestionarlo, que es de 10 050 000 euros, continuando así con la línea mantenida de atención, tanto al control de la oferta como la reducción de la demanda, primando esta última durante la existencia del Plan Nacional sobre Drogas.

Por último, dentro del capítulo 7, transferencias de capital, quiero mencionar el concepto 781, dotado con 609 790 euros, para financiar proyectos de investigación a desarrollar por centros de investigación


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públicos y privados en materia de drogodependencias. El importe es el mismo que el dispuesto en el año anterior, al que se añadirán 450 000 euros, de nuevo procedentes del Fondo de bienes decomisados, lo que permitirá atender a las segundas y terceras anualidades de los proyectos concedidos en las convocatorias de 2016 y 2017 e incorporar proyectos nuevos mediante la correspondiente convocatoria durante este año.

Señorías, termino mi intervención esperando haber sido breve -creo que sus señorías lo tenían en el ánimo-, capaz de transmitir no solo los números sino también el compromiso con un modelo integral de actuación centrado en facilitar la acción del Estado en el campo de las adicciones -la que le corresponde al Estado- y, consecuentemente, mantener las premisas esenciales que dieron lugar hace más de treinta años a la creación del Plan Nacional sobre Drogas.

Muchas gracias por su atención. Señora presidenta, señorías, me pongo a disposición de todos, como no puede ser de otra manera, para cualquier cuestión que deseen plantearme.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señor Babin.

A continuación tendrán la palabra los portavoces de los distintos grupos. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora De la Concha.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Buenas tardes.

Muchas gracias por su exposición, escueta y clara. Usted acude aquí como técnico, obviamente; nosotros estamos aquí como políticos, con lo cual nuestra lectura tiene que ser de otro talante. Nos damos cuenta de que el Gobierno en su discurso pregona constantemente que hemos salido de la crisis, que España ha salido de la crisis, y muchas nos preguntamos quién es ese nosotros y a qué se refieren cuando dicen España, porque hay muchísimos colectivos que no viven esta recuperación; podríamos mencionar, por ejemplo, a la gente joven que no puede volver a su país, a los aún más jóvenes que no ven cuál será su futuro, a los barrios en que ninguna de sus señorías querría vivir, a los niños y niñas que acuden a clase en barracones, a las camareras de hotel que trabajan como mulas por una miseria, a las mujeres víctimas de violencia, a las personas mayores con pensiones ridículas, a los falsos autónomos, etcétera. En algunos de estos colectivos encontramos también un índice más elevado de lo que sería normal de adicciones de diferentes tipos. Difícilmente, creo, se puede achacar esto a la casualidad. Es verdad que hay drogas de nueva aparición, muy peligrosas, que el programa Alerta Temprana contempla pero, como usted mismo dice, son drogas muy minoritarias si las comparamos con otras. El señor Garcés, a quien usted también aludía, en su comparecencia del año pasado en la Comisión mixta sobre Drogas, aseguraba que su intención era erradicar las drogas y las adicciones en nuestro país. En cuanto a erradicar las drogas no sé si se refería a erradicar el alcohol o el tabaco, o el azúcar, o el juego online, o los ansiolíticos, o las pastillas para dormir; nos gustaría pensar que se refería quizá a erradicar esas bolsas de pobreza y desarraigo, esas situaciones de marginalidad, esa desesperanza que se ha instalado en esas zonas de España que no forman parte de la España que, parece ser, ha salido triunfante de la crisis. Quizá el señor Garcés se dejó llevar por su elocuencia conocida y el subconsciente le delató. En un país moderno que respete las libertades individuales nadie pensaría en erradicar el alcohol ni el tabaco ni ninguna de las otras sustancias de la lista anterior, de lo que se trata es de educar, informar, regular y dejar que cada cual luego tome sus propias decisiones. En un país del que enorgullecerse se cuidarían los entornos más vulnerables, se pondría el interés del menor por delante, se apoyaría a las mujeres con menos recursos, con dependientes a su cargo, con situaciones de maltrato; se empezaría por las personas que más lo necesitan y todo eso haría que nuestro entorno fuera de repente mucho más saludable.

El secretario de Estado en otro momento de su intervención dijo otra frase curiosa. Dijo: En salud no se puede opinar y si se opina es sobre lo que dice la comunidad científica. La comunidad científica es otra entelequia, como a veces cuando se dice España; la comunidad científica, la real, como sabemos todos aquí, opina a su vez de muchas maneras. Parece, por ejemplo, que en Canadá, en Uruguay, en Holanda o en Australia no opinó igual que aquí, en cuestiones, por poner un ejemplo, como el uso del cannabis terapéutico.

Me remito de nuevo a la comparecencia del señor Garcés, en la que se dijo que las sustancias psicoactivas más consumidas en España eran, por este orden, el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y la heroína. El consumo de drogas está más extendido entre las personas mayores de edad -menos el cannabis y el éxtasis que está más extendido en más jóvenes- y más entre hombres que entre mujeres, excepto en el caso de lo que se llaman hipnosedantes. Quiero pensar de nuevo en todas las trabajadoras de hoteles, por ejemplo, que van dopadas a trabajar, o en


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cantidad de amas de casas que toman ese tipo de drogas. Y como efectivamente hoy se nos ha hecho muy tarde, paso directamente a hacerle unas cuantas preguntas.

Según las cantidades que usted nos ha dado, el presupuesto solo subía alrededor de un 1% sobre 2017; si al final sube más de un 4% es gracias a los decomisados; si es gracias a los decomisados quiere decir que ha habido más tráfico del habitual. También que a lo mejor han sido más eficaces en cuanto a las aprehensiones, pero probablemente hay más tráfico de lo habitual y más consumo de lo habitual, con lo cual la política fundamentalmente policial parece que no tiene gran éxito y sí un gran coste. Si miramos, por ejemplo, en las prisiones la cantidad de reclusos y reclusas que están por menudeo del cannabis y todos los recursos que se lleva del Estado, esta cuestión quizá tenga otras soluciones.

Me gustaría saber si los fondos que vienen del decomiso tienen un reparto fijado; es decir, un tanto por ciento para ciertas partidas y cuál es. En cuanto a las mujeres que usan ansiolíticos, Valium y todo este tipo de productos, ¿hay algún programa específico para trabajadoras, camareras de piso, amas de casa medicadas, mujeres maltratadas con antidepresivos? ¿Hay alguna cantidad específica? No se suele mencionar el nivel de exigencia en la competición deportiva y el dopaje que lleva asociado muy a menudo, como sabemos todo el mundo y hay noticias constantes a este respecto. ¿Hay algún programa específico en el Plan Nacional sobre Drogas en relación con este tema? ¿Cómo se hace para que una sustancia pase a formar parte del listado de lo que se considera drogas? Por ejemplo, ¿el azúcar tendría posibilidad de estar en este listado? ¿Las bebidas refrescantes azucaradas podrían formar parte de esto?

En cuanto a la educación, es muy importante que haga en los niños y en las niñas muy jóvenes, puesto que sabemos que a los 14 años ya muchos de ellos toman alcohol, por ejemplo. La educación debería ser antes de los 12 años y en la escuela estaría muy bien que el profesorado tuviera la formación adecuada. ¿Hay algo para esto? En cuanto a la publicidad constante en televisión anunciando el juego online, a veces con héroes deportivos juveniles, ¿se va a hacer algo a este respecto? ¿Se podrían dar los datos que hay sobre inversiones en materia de drogas en prisiones?

Por último -usted no ha hablado mucho de esto pero sí sus compañeros con anterioridad-, dicen que los presupuestos son sensatos, que tenemos el dinero que tenemos y que no ven de dónde sacar más, pero, por ejemplo, el señor Juan Abelló sí que ha visto de donde sacarlo. ¿Cómo explica que la empresa Alcaliber tenga licencia para cultivar cannabis en España para su exportación posterior y que sea líder en cultivo de opiáceos en nuestro país? ¿No se podría plantear el Gobierno la posibilidad de que esos cultivos, como ocurre con el tabaco, fueran nuestros y obtener ingresos cuantiosos que acabarían con los recortes? Si consideran que estos cultivos no deberían permitirse, ¿cómo es que Alcaliber obtiene estas licencias? A su vez, este tipo de cultivos contribuyen de alguna manera en la política de la lucha contra las drogas. Se dan datos de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias entre las personas menores de edad, pero, ¿nos podría dar comparativas, si existen, con otras franjas de edad? Entre los niños tampoco es igual tener 14 años que 17 años y 11 meses, ¿vienen separadas estas cifras? Hay entidades del tercer sector que trabajan en rehabilitación de personas con drogodependencia. ¿Nos puede decir cuáles reciben fondos del Estado y en qué cantidad? ¿Existe este listado? Teniendo en cuenta el fracaso de las políticas más represivas contra las drogas, ¿hay datos comparativos de los recursos que se dedican a las mismas en relación con recursos para educación y formación?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señora De la Concha.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Flórez.

La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Gracias, señor Babin, por su comparecencia en esta Comisión de Presupuestos. El informe, que usted conocerá, de evaluación de la concluida Estrategia 2009-2016 decía en sus recomendaciones -y cito textualmente-: La próxima estrategia nacional sobre drogas -que ahora se llama de adicciones- debería disponer de un presupuesto acorde con sus objetivos, recuperando al menos los niveles anteriores a la crisis y propiciando la sostenibilidad de sus actuaciones. Está en la página 127, lo puede comprobar usted. Hoy nos trae usted un presupuesto que refleja un incremento minúsculo e insignificante, de un 1% respecto al año pasado; minúsculo e insignificante puede parecerle algo subjetivo, y aquí tenemos que trabajar con la objetividad, con lo que es evidencia científica, pero con un 1% no le dejo margen para otro tipo de calificativos. Estas partidas reflejan que el interés del Partido Popular por asuntos tan graves para la salud pública como son el consumo de alcohol por menores, la incorporación de las nuevas adicciones que usted ha mencionado a la estrategia nacional recién aprobada -que precisamente ha variado su


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nombre en referencia a las adicciones sin sustancia-, la perspectiva de género en el consumo o los altos consumos reflejados por algunas sustancias. Todo esto solo se refleja en una subida de un 1%, subida que se concentra, como en los cinco años anteriores, en un alza ligera en los gastos de personal. Por tanto, transmiten la sensación de que les ocupan las adicciones en lo que se refiere a la denominación de las herramientas, las portadas de los informes, pero no en lo que se refiere a dotar los instrumentos y a los agentes implicados en el abordaje y en la intervención de las consecuencias de las adicciones con una apuesta presupuestaria suficiente para hacer frente a los nuevos retos y atajar de manera rotunda, por ejemplo, el mencionado consumo de alcohol en menores.

Haciendo referencia a las recomendaciones de la estrategia, el último Gobierno socialista, en plena crisis, destinó en 2011 casi 26 millones de euros; para ser más exactos, 25 867 000 de euros, sin contar los decimales. Sin embargo, usted nos trae hoy la misma fotocopia de los últimos cinco presupuestos, 14 868,22 para este año, 11 millones menos, una reducción del 42,52% respecto al año 2011. Por tanto, las recomendaciones de la pasada estrategia, esta recomendación en concreto, no es que ustedes no la hayan contemplado sino que se la han saltado a la torera.

Una vez más, y ya son cinco años, el Gobierno del Partido Popular, con la elaboración de sus presupuestos, ha consolidado una demostrada irrelevancia hacia el Plan Nacional sobre Drogas. Es de nuevo un presupuesto pobre, inmovilista y con una absoluta falta de iniciativa ante la realidad cambiante de la droga, ante los actuales y nuevos problemas que surgen en esta sociedad, en la que además convivimos con una baja percepción del riesgo y una banalización de los consumos que requieren de intervenciones urgentes. Si hacemos un repaso a las líneas de actuación de la estrategia de adicciones que se nos presentó en febrero pasado por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, verán que hablábamos de la prevención desde la perspectiva multidisciplinar de las actuaciones para abordar el consumo de alcohol en mejores, del tratamiento de las adicciones comportamentales, el juego en línea, la ludopatía -por supuesto, la patología dual, que sigue en pañales-, la importancia de la coordinación internacional sin la cual se nos escapan los esfuerzos preventivos, el refuerzo del sistema de atención temprana, la perspectiva de género en las adicciones, que son todos objetivos que compartimos todos y todas y en los que debemos ahondar y profundizar, pero estos presupuestos no nos garantizan su cumplimiento. No puede decirme como en alguna ocasión: No, es que lo importante es la gestión de los recursos. Para gestionar adecuadamente los recursos primero hay que tener recursos adecuados. Pero, además del importante esfuerzo preventivo o asistencial frente a las adicciones más comunes, tenemos los nuevos retos ya mencionados, y para todo ello se requieren recursos contantes y sonantes, no palabras y buenas intenciones en los discursos. Es cierto que no todo es financiación, pero todo pasa por la financiación; como no todo es salud, pero sin la salud todo es nada. Creo que esta última cita puede sonarle.

Un pretexto habitual sobre la infrafinanciación del Plan Nacional sobre Drogas son las aportaciones del Fondo de bienes decomisados. Esas aportaciones, como usted sabe, son unas aportaciones variables, los presupuestos no pueden estar condicionados por estas partidas que desconocemos. Usted ahora nos ha dicho: bueno, es que a estas alturas, como ya sabemos las cantidades líquidas y lo que se ha obtenido de las subastas, ahora vamos a contar con un tanto por ciento más. ¿Pero que pasa si estos presupuestos hubiesen llegado en la fecha que tendrían que haber llegado? Por otro lado, tampoco creo que hubiese movido algún dato, a la vista de esta fotocopia constante de presupuestos que nos traen de un año a otro. En cualquier caso, y ya que usted nos ha traído los datos de las diferentes partidas que van a cargo del Fondo de la Ley 17/2003, ¿nos puede facilitar ese detalle en esos programas concretos de las cifras que usted nos ha indicado?

Sigo diciendo que el Gobierno deja una vez más poco margen de maniobra a quienes tienen que implementar los programas, a quienes tienen que trabajar en la calle en la prevención, en el abordaje de las adicciones, manteniendo un 60% de descenso en el desarrollo de la futura estrategia nacional sobre drogas, con un 40% de descenso en los programas de prevención que tienen que ejecutar las comunidades autónomas que, como saben, le exigen, le demandan al ministerio más transferencias. En cuanto a las ONG mantienen el descenso presupuestario a todas las organizaciones que trabajan directamente con los afectados y sus familias en la prevención, en la rehabilitación, en la inserción, que saben que están desbordadas y que no tienen los recursos suficientes. Se mantiene un 30% en los programas de investigación en una época en la que aparecen nuevas sustancias manipuladas farmacológicamente y con gravísimos riesgos para la salud, además con el peligro de nuevos canales de difusión y de distribución.


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En definitiva, la prometida recuperación económica parece que no llega al área de la prevención y el tratamiento de las adicciones y que estos años de Gobierno se consolidan como una travesía en el desierto en el área de la prevención de las drogas. Si continúan con esta política puramente ideológica van a convertir el Plan Nacional sobre Drogas en un elemento residual y con un aumento de la desigualdad económica y social en lo que se refiere al abordaje y tratamiento de las adicciones, y en el futuro, y futuro próximo, aumentarán evidentemente los gastos sociales y sanitarios de las personas afectadas y de sus familias. Usted me contestará que le apoye los Presupuestos Generales del Estado pero usted no me puede pedir eso porque sabe que son unos presupuestos erróneos, equivocados e insuficientes, pero sin respaldarlos podemos debatir y discutir enmiendas, enmiendas que les haremos llegar y que son perfectamente asumibles por su Gobierno si ustedes tienen voluntad de poner en la agenda política el abordaje y el tratamiento de las adicciones y tomárselo además en serio.

Como usted sabe, señor Babin, la prevención es una tarea integral que requiere programas permanentes de largo aliento, diseñados, operados y evaluados por especialistas, por integrantes de las comunidades objetivos, y no campañas y proyectos temporales y sin continuidad que no corresponden a programa preventivo alguno o con propósitos no definidos o con recursos insuficientes; la gente necesita propósitos definidos y recursos suficientes. Este presupuesto, como los anteriores presentados por el Gobierno, carece de una visión estratégica para afrontar el complejo problema de las adicciones. El Grupo Parlamentario Socialista rechaza este presupuesto y les insta a que incrementen progresivamente las partidas presupuestarias que afectan a las transferencias a comunidades autónomas, a ONG, investigación, reinserción y rehabilitación de penados, cooperación y nuevos planes que traten decididamente y con la importancia que se merece la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones o el consumo de sustancias por menores y que apueste definitivamente por la investigación en las nuevas adicciones y en las adicciones comportamentales. En cuanto las reciba -las enmiendas- verá que nosotros no le pedimos un imposible, somos un partido responsable que ha sido partido de Gobierno y tendrá usted unas enmiendas asumibles y realistas para poder llevar a cabo políticas efectivas de prevención y coordinación eficaces entre las distintas administraciones para afrontar los retos actuales y los nuevos en el área de las adicciones, pero sobre todo apelamos a que la política sobre drogas esté en la agenda del Gobierno de una manera significativa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Gracias, señora Flórez.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor De Arriba.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes.

En primer lugar, queremos agradecerle su presencia aquí, señor Babin. Nuestro grupo parlamentario le felicita por la nitidez y el rigor en la exposición que ha realizado en relación con los presupuestos asignados a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, cuya política es de enorme trascendencia para nuestra sociedad.

El presupuesto destinado al Plan Nacional sobre Drogas en el proyecto de presupuestos de 2018 se mantiene estable respecto a 2017, con un aumento del 1,01%. Entendemos que estos presupuestos consolidan el camino emprendido hace ya varios años para abordar los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas, para reducir su incidencia en la sociedad y en relación a otras conductas adictivas. Los objetivos de este programa presupuestario los ha detallado claramente en su intervención. Debemos destacar los créditos destinados a las comunidades autónomas y el desarrollo de actuaciones para incentivar que éstas participen en el suministro de información al Observatorio español de drogas y adicciones y también, por ende, al Observatorio europeo. Quiero destacar asimismo las actuaciones en programas supracomunitarios, como ha remarcado, a desarrollar con entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal para promover la participación de la sociedad civil en el Plan Nacional sobre Drogas y los proyectos de investigación, también muy importantes. El principal reto de la delegación se encuentra en impulsar la nueva estrategia nacional sobre adicciones 2017-2024. Con su reciente aprobación en este documento programático de gran consenso, y herramienta también de coordinación para todos aquellos involucrados en implementar una política de drogas, se produce la adaptación de los cambios habidos en los últimos años en la exposición al riesgo de consumo, en la evolución de la oferta de drogas y en las modificaciones en las medidas de prevención, de reducción de daños y en el tratamiento de las personas afectadas. La finalidad principal es disminuir el consumo de drogas para reducir significativamente tanto el impacto sanitario como ese impacto social, indeseado y evitable en relación con el uso de drogas. Dos


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son las metas de la estrategia: alcanzar una sociedad más saludable e informada y tener una sociedad más segura mediante la reducción de la oferta de drogas y de la prevalencia de las adicciones en general y el control de aquellas actividades que puedan llevar a situaciones de adicción.

Las principales novedades de la estrategia son: enfatizar en la perspectiva de género, como ya se ha dicho aquí esta tarde; incluir todas las adicciones y su prevención, no solo las derivadas de sustancias, incluyendo así la ludopatía, singularmente en lo que se refiere al juego online y las adicciones a las nuevas tecnologías; adelantarse a los riesgos derivados de las nuevas sustancias psicoactivas; priorizar en el abordaje de los problemas derivados de los consumos de alcohol y de cannabis en menores de edad; generar instrumentos que garanticen en todos los niveles -prevención, asistencia, reinserción- la equidad, la calidad, las buenas prácticas y la eficiencia, y poner por primera vez el foco en la población drogodependiente no tratada o que continúa en tratamiento y ha envejecido para conocer sus necesidades en aras de facilitar su rehabilitación e inclusión social.

Como todos conocemos, existe la situación peculiar de la financiación de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tanto a través de los Presupuestos Generales del Estado como del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Para el desarrollo de la estrategia nacional resulta de especial importancia el apoyo en la financiación que supone la aportación procedente de este fondo, regulado por la Ley 17/2003, y quiero subrayar que este es un aspecto importantísimo en la gestión y una decisión que el Gobierno ha querido priorizar, como ha quedado puesto de manifiesto durante los últimos años y que continúa haciendo. La Mesa de Coordinación de adjudicaciones del Fondo de bienes decomisados, en su reunión de marzo, a la vista de los criterios de reparto aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 9 de febrero, aprobó la cuantía destinada al ejercicio 2018, 35 millones de euros, casi dos millones de euros más que el pasado año, lo que, una vez más, demuestra el compromiso del Gobierno, del propio ministerio y de la delegación para dar respuesta con una visión integradora a los diferentes problemas derivados del consumo y del tráfico de drogas, abordando las áreas de reducción de la demanda, control de la oferta y cooperación internacional. En consecuencia, este presupuesto que presenta el Gobierno no es erróneo, no es insignificante y es necesario para continuar dando esa respuesta coordinada y eficaz en la lucha para la reducción del riesgo de sustancias adictivas. Hoy se ha elaborado ya una estrategia nacional sobre adicciones y se está elaborando el primer plan de acción que la desarrolle; se está trabajando en la ponencia de estudio "Menores sin alcohol" para disponer de un documento de consenso para prevenir el consumo de alcohol en menores; se ha puesto en marcha el sistema estatal de Alerta Temprana, importantísimo para detectar nuevas sustancias, y se está promocionando una cultura responsable en la venta de alcohol en el sector de la hostelería y de prevención de consumo en el ocio nocturno. Se han mejorado, señorías, desde el año 2012 los procesos asistenciales, dedicando más de 58 millones de euros a financiar programas de formación, de prevención o investigación a ONG e instituciones distintas de las comunidades autónomas, y se ha hecho un esfuerzo importantísimo en la reducción del gasto corriente dedicando ese ahorro a aumentar el conocimiento y la información sobre el consumo de drogas. Por su parte, las propias comunidades autónomas han recibido desde la delegación 57,8 millones de euros en el periodo 2012-2017, ambos incluidos. Las políticas de drogas en España gozan cada vez de mayor reconocimiento internacional, con especial relevancia en el área latinoamericana y del Caribe.

Señorías, debemos continuar trabajando para disminuir la tolerancia hacia el consumo de alcohol por parte de los menores de edad, incrementar su protección frente a los riesgos de consumo y contrarrestar esa banalización del consumo de cannabis para que la población conozca realmente los riesgos que comporta su consumo mediante formación e información basada en la evidencia científica, cuestiones que se han incorporado a la nueva estrategia nacional. Los presupuestos son un instrumento necesario para conseguir tal fin. Desde nuestro grupo parlamentario, señorías, reiteramos nuestra voluntad de establecer un diálogo sincero y constructivo entre todas las fuerzas políticas para lograr la aprobación de unos presupuestos que son clave para continuar en esa mejora social. Apelo también a su altura de miras y a que salgan de ese inmovilismo en el que algunos, como digo, se encuentran. He dado muchas claves para decir que la prevención está en la agenda del Gobierno.

Antes de acabar mi intervención me gustaría hacerle alguna pregunta relativa a algún comentario que ha realizado en su exposición. Ha comentado que la delegación del Gobierno suscribirá un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, que aumenta su cuantía hasta 650 000 euros, si no he entendido mal, lo que supone un 85,7% más que en el año 2017. Nosotros estamos de acuerdo en que los municipios tienen un importante papel en la prevención de las adicciones y por eso le pregunto qué acciones incluirá ese convenio, si ese mayor importe es porque se prevé una mayor actividad o es porque


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se van a implementar nuevas acciones. Quería preguntarle también por la proyección de los fondos de bienes decomisados. Es evidente que este fondo está contribuyendo de manera importante al presupuesto de la delegación. Ha sido usted el que ha dicho que con alrededor del 70% para este año 2018. Además, año tras año se reparten más recursos a los distintos beneficiarios. Por eso le pregunto si esos incrementos se van a mantener en los próximos ejercicios.

Por último, como parte importante del capítulo 2 de la delegación está concebido para el desarrollo de esas estadísticas, sobre todo de las encuestas estatales que elabora el Observatorio español de drogas y adicciones, quisiera conocer si está prevista alguna novedad en relación con dichas encuestas.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señor De Arriba.

Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Julià.

La señora JULIÀ JULIÀ: Gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer la comparecencia del señor Babin, que nos ha deleitado con muchas a lo largo de la ponencia de Menores sin Alcohol, gracias a las cuales conocemos algunos de los datos y sobre todo su estrategia. En primer lugar, quisiera comentar que el presupuesto del Ministerio de Sanidad es verdad que ha aumentado en 295 millones de euros, que, a nuestro juicio, es positivo, pero por supuesto no creemos que sea suficiente. Desarrollar programas, partidas concretas con este aumento de presupuesto creemos que es una falta de ambición de este ministerio. España es uno de los países de la Unión Europea que tiene mayor prevalencia de consumo en drogas como el cannabis, la cocaína, según los datos de la Comisión Europea. También tenemos problemas serios de adicciones en cuanto a los menores. Nuestros menores de edad consumen más alcohol y de forma más intensiva, más tabaco, más cannabis y tranquilizantes, que la media de los menores del resto de los países de la Unión Europea. Los últimos datos que ofrecen sus informes señalan que España es el quinto país de la Unión Europea en consumo de cannabis y el tercero en cocaína, por parte de nuestros menores y jóvenes entre quince y treinta y cuatro años, con un aumento de los problemas relacionados con el consumo y abuso de estas adicciones: fracaso escolar, fracaso profesional, daños físicos, psicológicos, violencia de género, embarazos no deseados; cifras que ninguno de nosotros creemos que sean buenos datos. (El señor vicepresidente, De Arriba Sánchez, ocupa la Presidencia). Pese a ello, el presupuesto de 2018 del Plan Nacional sobre Drogas no se ha incrementado en especial medida, como usted ha comentado, un 1%, tan solo 148 000 euros en total. Sí que nos ha comentado y ha hecho mucho hincapié en que se le suman los fondos decomisados, lo subastado y vendido, pero son fondos variables y lo cierto es que las estadísticas de los últimos años -por ejemplo desde 2003- que hemos analizado lo que demuestran es que en la última década se ha invertido cada vez menos en el presupuesto, como ahora comentaré.

En lo que se refiere a la nueva Estrategia Nacional sobre Drogas 2017-2024 y muchas de las cuestiones que usted plantea -que ya nos ha comentado en algunas de sus comparecencias y, por supuesto, con las que estamos de acuerdo- no sabemos cómo va a poder afrontar las cuestiones de reducción de demanda, de control de oferta, de reducción de exposición al riesgo, de consumo, de modificaciones en las medidas de prevención, de reducción de daños, de tratamiento y reinserción de las personas afectadas, de medidas de cooperación internacional, etcétera, solo con 14,8 millones de euros en este presupuesto. Mirando la evolución anual de los presupuestos desde 2003 -como he comentado-, el presupuesto destinado a combatir las drogas y sus consecuencias ha rondado en estos diez años desde los 30 millones de euros en 2003-2005, hasta una disminución del 50% aproximadamente hasta el 2010. Desde el 2010, hemos sufrido falta de recursos y una gran crisis, pero las escasas medidas en cuanto al tema de adicciones han traído un incremento del problema de drogas, sobre todo en menores y jóvenes. En cuando a la edad media del consumo inicial de alcohol, por ejemplo en 2009 se situaba alrededor de los dieciséis años. Según los vaivenes, dependiendo de los años, conforme a la estadística Estudes de 2016 y 2017, la media es alrededor de los catorce años -catorce años, señorías-, duplicándose o triplicándose, dependiendo de la bebida alcohólica elegida por nuestros menores, la tasa de alcohol consumida en fines de semana por estudiantes de catorce a dieciocho años, aumentando esta pauta del binge drinking, como se llama, sin diferencia de sexos, que es lo más controvertido que hemos tenido que tratar en la ponencia de Menores sin Alcohol. Tienen accesibilidad al producto, a cualquier tipo de alcohol, un 35% de ellos, y son menores de catorce a diecisiete años. Consideramos prioritario incidir en que hay que tener una mayor eficiencia en la coordinación de políticas y conseguir retrasar esa edad de inicio -en eso coincidimos- de nuestros jóvenes, independientemente de si dicha droga es legal o


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ilegal o son otro tipo de adicciones como las ludopatías, el ciberacoso, etcétera, como ya comentamos en la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas. Hay que promover nuevas leyes, por supuesto, como la posible ley de menores sin alcohol, pero sin medidas directas que atajen el problema o fomenten un cambio de las conductas sociales y sin el suficiente presupuesto para su ejecución, pueden resultar al final actuaciones contraproducentes.

Otro de los datos más preocupantes en nuestro país -y termino ya, señor presidente- es el mantenimiento de la tendencia de contagios de VIH y sobre todo en algún otro tipo de transmisiones en prácticas nuevas, como puede ser el chemsex, que está aumentando entre la población joven, así como el incremento de los casos de sida o de hepatitis C en internados y en instituciones penitenciarias. Por ello, le pregunto rápidamente -y disculpe que me pase de tiempo-, ¿qué nuevas medidas van a llevar a cabo contra la práctica, cada vez más extendida, del chemsex, por ejemplo? ¿Qué trabajos concretos va a elaborar su departamento en relación con las recomendaciones que la ponencia de la Comisión Mixta para el Problema de las Drogas ha elaborado para el consumo de alcohol en menores? Hay numerosas asociaciones que se quejan de que a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas no llegan los suficientes materiales o fondos para cubrir las necesidades de prevención y tratamiento en materia de drogadicción, como, por ejemplo, jeringuillas, entre otros. ¿Tienen constancia de ello desde el Plan Nacional sobre Drogas? ¿Qué medidas concretas va a desarrollar contra la adicción a las nuevas tecnologías, apuestas deportivas, juego online o ciberacoso y cuáles irán destinadas exclusivamente a los menores de edad?

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchas gracias. No coincidirán nunca con un presidente tan permisivo como servidor.

A continuación, tiene la palabra el señor Babin para contestar.

El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Babin Vich): Tenemos para un par de horas; además, como personalmente me encanta el tema en el que trabajo y como creo poder contestar a la inmensa mayoría de las cuestiones que aquí se han planteado, vamos a intentar hacerlo.

Decía la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que ella tenía que hacer un discurso político y que yo era un técnico, sí, señoría. Mire, si me lo admite, politécnico (risas), como decía una directora general de Salud Pública con la que compartí muchos años de trabajo, por aquello de que efectivamente nuestra formación es técnica y estamos para aportar una vis técnica a los planteamientos, pero también somos elegidos, si se me permite la expresión, por políticos, con lo cual creo que tampoco sería bueno, aunque yo me encuentro comodísimo con la vitola de técnico, que yo no contestara a algunas de las cuestiones que usted ha planteado explícitamente diciendo que usted tenía que hacer un discurso político, y las contesto desde mi leal saber y entender, porque algunas de ellas francamente me preocupan y sé que están de alguna manera en el imaginario de su grupo parlamentario y, por tanto, es bueno que aprovechemos aquí hoy y ahora para intentar dejarlas claras. Me refiero sobre todo a aquello del alegato de la libertad individual desde la perspectiva de que lo que hay que hacer es dar información a las personas y que las personas elijan. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento pero en el marco en el que la Constitución determina cuál es la obligación de los poderes públicos al respecto, porque le recuerdo a su señoría que el artículo 43 de la Constitución no solo reconoce el derecho a la protección de la salud, sino que la encomienda a los poderes públicos, es decir, a su señoría y también al Ministerio de Sanidad, porque usted también representa uno de los poderes públicos, la tutela efectiva de la salud pública de la población. ¿Y qué ocurre? Que apelar al derecho individual desde la perspectiva del consumo como único referente olvida el problema que eso genera desde el punto de vista de la colectividad. Por tanto, yo personalmente no puedo dejar de contestarle desde la convicción firme que tengo y defiendo desde hace muchos años, que en ese camino de mirar a Uruguay, de mirar lo que ocurre desde el punto de vista de la evaluación estoy totalmente de acuerdo, desde el punto de vista de la implementación lo que los datos -por cierto, cada vez más difíciles de conseguir- ponen en evidencia de lo que está ocurriendo en aquellas latitudes con las decisiones que han tomado, es que estamos en la línea acertada, indiscutiblemente, en la línea acertada.

Señorías, estoy absolutamente de acuerdo con usted en relación con la influencia de la exclusión con los consumos de sustancias, totalmente de acuerdo, porque efectivamente hay cosas que son evidentes. Decía mi profesor de Filosofía, Pedro Esteban Rovira, cuando yo hacía sexto de bachillerato, que lo


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evidente no había que demostrarlo, bastaba con mostrarlo. Evidentemente, yo desde luego -y supongo que si su señoría hace esta afirmación es que también ha tenido oportunidad de constatarlo-, he vivido la epidemia del VIH, he vivido otra serie de circunstancias que han acontecido en este país y soy absolutamente consciente de quiénes, de alguna manera, se vieron más afectados por aquellas contingencias. Ahora, otras cosas me pillan un poco más lejos, lo reconozco. Si los jóvenes no vuelven a nuestro país, no entiendo muy bien que tiene que ver con las políticas de drogas, pero usted sabrá por qué ha hecho esa asociación. Desde luego, con los colectivos excluidos trabajábamos, trabajamos y seguiremos trabajando directa o sobre todo indirectamente. Yo he querido recalcar en mi intervención algo que yo comprendo que a veces venimos aquí, comparecemos, trasladamos una serie de ideas que, como ya está preconcebido lo que se va a contestar, a lo mejor no se tienen en cuenta o no se escucha mucho, y es que nuestro papel es de coordinación y de impulso, no de ejecución de las políticas en el territorio, salvo algunas cuestiones muy concretas que tenemos atribuidas en el decreto de estructura del departamento. Por tanto, desde esa perspectiva del trabajo con los colectivos excluidos a nosotros ¿qué nos toca? Facilitar el que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales podamos garantizar la equidad de lo que se hace en el Estado español porque asumamos o acordemos o consensuemos protocolos de actuación eficientes y basados en la evidencia científica. La evidencia científica no es lo que pasa un día por un determinado lugar: es que como soy muy importante, esta es mi evidencia. No, la evidencia científica tiene unos métodos de consolidación a través de Cochrane, a través de otra serie de métodos que son los que consolidan la evidencia. Como decía: protocolos equitativos compartidos a lo largo y ancho de todo el territorio, porque esa sí es una garantía que debe de intentar propiciar el Estado, no la ejecución directa de esas políticas. Me ponía usted de ejemplo algunas de las afirmaciones de mi jefe, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, al que obviamente, señoría, como se puede imaginar, no voy a contradecir, en absoluto. Cuando él habla de erradicar es como cuando la Organización Mundial de la Salud dice 'salud para todos en el año 2000'. ¿Es ilegítimo que la Organización Mundial de la Salud diga 'salud para todos en el año 2000'? No. ¿Es ilegítimo que se definan una serie de objetivos del milenio para intentar avanzar hacia un desiderátum? No, lo que pasa es que hay que entender el valor de ese desiderátum. Ni el secretado de Estado ni usted ni yo pensamos que al menos mientras nosotros estemos en la ejecución de nuestras respectivas responsabilidades vayamos a erradicar las drogas ni vayamos a eliminar los factores de riesgo del desarrollo de conductas adictivas. Pero entiéndalo en ese contexto, que es perfectamente entendible y perfectamente legítimo desde el punto de vista de marcar el horizonte hacia el que queremos ir.

Voy a intentar pasar a sus preguntas concretas. Yo tomo nota de todo y luego me cuesta Dios y ayuda entender lo que he anotado (risas), pero espero ser capaz al menos de contestar a la mayoría. Me decía usted que si aumenta el Fondo de bienes decomisados es porque hay más tráfico. No necesariamente; si aumenta el Fondo de bienes decomisados es porque nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desde una perspectiva absolutamente eficiente, decomisan más drogas que en infinidad de ocasiones va destinada a otros países o es capaz de identificar con más acierto a aquellos que intentar hacernos daño a través de generar el tráfico de sustancias. Pero sí le digo una cosa, señoría, en la cárcel no hay gente por menudear cannabis, no equivoquemos; por menudeo de cannabis no, porque no hay un tipo, desde la perspectiva del Código Penal, que en un contexto de menudeo sea aplicable e implique una sentencia de ingreso en prisión. Otra cosa es que pueda tener evidentemente otro tipo de reproche o de sanción, pero desde luego no por menudeo. Ahora, si usted me habla de alguien que menudea constantemente todos los días y que además es reiterativo en ese tipo de actuaciones, entonces ya no estamos hablando de menudeo, aunque lo queramos llamar así.

En cuanto a las diferencias de consumo por edad, género, etcétera, evidentemente los datos están ahí, nosotros los explotamos de múltiples maneras para intentar dar una imagen completa, válida, eficiente para la toma de decisiones; se pueden explotar de muchas otras. Por ejemplo, no hay ninguna dificultad para proporcionar datos que muchas veces nosotros ya de entrada y de oficio publicamos de la distribución, dentro de la encuesta Estudes de catorce a dieciocho años, del valor a los catorce, el valor a los quince, el valor a los dieciséis, ningún problema, y tampoco por género, ningún problema; de hecho, lo hacemos sistemáticamente. Si a veces, que también puede ocurrir -y lo digo de verdad, de corazón-, no somos eficientes en la comunicación como para que sus señorías estén al tanto de todo lo que se publica, sí les digo que, independientemente de los powerpoint con que nosotros podamos poner a disposición de los medios una nueva encuesta, sistemáticamente se van publicando los informes completos de todas esas encuestas, y ahí es donde les sugiero que acudan para encontrar la información


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más desagregada posible, porque lógicamente una presentación de una encuesta es lo suficientemente breve, por razones operativas, como para que no se den todos esos datos, pero todos esos datos existen; incluso, por homogeneidad con otras prácticas que se realizan en la Unión Europea, también intentamos, salvando la problemática metodológica que pueda implicar que la comparación haya que mirarla con cuidado, hacer otras explotaciones, por ejemplo de quince a treinta y cuatro años en la encuesta Edades. ¿Por qué? Porque esos datos se tienen muy en cuenta en el Observatorio europeo y, no lo voy a repetir después, pero le diré a la señora Flórez que ella habla de la perspectiva de los datos de quince a treinta y cuatro años, pero no dice que los dos únicos países en el último informe del Observatorio europeo en los que se reduce el consumo de cannabis en quince a treinta y cuatro años de edad son el Reino Unido y España y que en todos los demás está aumentando. Esos datos los tenemos y los podemos comparar. Intentamos además hacer una comparación, insisto, salvando distancias cuando es necesario desde el punto de vista de que las metodologías no son idénticas, de los chicos y chicas de quince y dieciséis años. ¿Por qué quince y dieciséis conjuntamente? Porque la encuesta Espad, que es la encuesta europea de consumos entre adolescentes, que es una encuesta solidaria de muchos países pero que, con todos los respetos, es mucho menos potente que nuestra encuesta estatal, se refiere exclusivamente a quince y dieciséis años; por tanto, nosotros intentamos extraer la fracción de quince y dieciséis para comparar con Espad. Desde esa perspectiva, yo le diría: señoría, pídanos; nosotros todo lo que podamos dar de información desagregada lo vamos a dar. Es verdad que cuando hay que hacer un interrogatorio a la base de datos de una encuesta que no estaba previsto anteriormente nos lleva un tiempo, se lo reconozco, y desde esa perspectiva, a veces, si la demanda viniera por la vía formal desde el punto de vista de una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito, a lo mejor nos pondría en un brete -se lo digo con toda claridad y con toda sinceridad- porque no nos daría a lo mejor tiempo a hacer la explotación específica que su señoría nos pida, en cuyo caso le tendríamos que contestar lo más aproximadamente posible a su demanda, pero hacemos esa valoración independiente hasta donde los datos permiten desagregar. No quiero perderme en temas técnicos -su señoría me ha calificado de técnico y yo se lo agradezco-, pero tengan sus señorías en cuenta que a medida que vamos troceando una muestra para llegar a un punto muy concreto, muy concreto, vamos perdiendo fiabilidad, vamos aumentando el margen de error, etcétera. La encuesta está concebida para tener total fiabilidad en las variables principales; por tanto, cuidado con eso no vaya a ser que digamos que la prevalencia de un consumo es de un 1% y estemos con una muestra tan ínfima que la verdad sería decir: pues mire, entre 0 y 50, con lo cual el 1 vale lo que vale, absolutamente nada. Pero intentamos, evidentemente, hacer esa transformación.

Me pregunta su señoría por lo que viene siendo el reparto habitual del fondo en relación con las distintas finalidades que cubre. Hay un acuerdo tácito que no está escrito, pero que se viene respetando desde hace muchos años y desde luego todos los años que yo llevo en la delegación -y ya son más de seis-, según el cual del dinero disponible para repartir del Fondo de bienes decomisado, el 70% se dedica a la reducción de la demanda y el 30% al control de la oferta, es decir, en otras palabras, el 70% para prevención, reinserción, investigación, etcétera, y el 30% para todo lo que implica control. Esto, señoría, no me lo tome al pie de la letra, puede variar un año medio punto arriba o abajo, porque no está escrito en la ley, es un acuerdo tácito. A partir de ahí, el reparto específico destinatario por destinatario, si su señoría quiere se lo digo, porque lo tengo por aquí, pero lo hemos publicado; hay una nota de prensa que está en nuestra web para que su señoría pueda acceder y ver cómo se reparte este año. Le diré simplemente, a grandes datos, para reducción de la demanda 23 450 000, para control de la oferta 10 050 000. Si su señoría hace las cuentas verá que sale la proporción que le he dicho, porque, además, este año ha sido exacta: 70 y 30. Si quiere más datos, se los damos de mil amores.

Por otro lado, me preguntaba su señoría si íbamos a hacer algo específico con el tema de los ansiolíticos. Bueno, ante todo y sobre todo una de las cosas que venimos haciendo desde hace muchos años es que venimos monitorizando su consumo, si no, no sabríamos que aquí tenemos un problema y que está aumentando aunque ha habido últimamente algún diente de sierra donde parecía que podía cambiar la tendencia, pero hoy por hoy creo que tenemos que estar en la idea de que este consumo está aumentando en todos los casos, sobre todo en mujeres e independientemente de si consideramos solo consumo con receta o si consideramos tanto el consumo con receta como sin receta; y todo esto lo tenemos perfectamente categorizado. ¿De qué nos dimos cuenta cuando nos pusimos con las comunidades autónomas y con todos los demás al elaborar la estrategia nacional? Pues que no se ha hecho una sola campaña sobre el tema de ansiolíticos nunca, perdón -no me lo perdonarían mis amigas y compañeras de Extremadura-, salvo en Extremadura, lo digo así de claro. Pero no se hacen, por


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ejemplo, campañas de sensibilización y de información, ¡pues tendremos que hacerlas! Y, eso sí, señoría, lo que yo le garantizo, porque me lo conozco al dedillo y he sido cocinero antes que fraile, es que en los centros de tratamiento que hay en España -más de 500 que están certificados y acreditados para el tratamiento de las adicciones- si una persona llega con una adicción a ansiolíticos la van a tratar y muy bien. O sea que en ese sentido no tengo absolutamente ningún temor de que tengamos un problema porque no estemos atendiendo una demanda. Otra cosa es la demanda oculta que pueda haber en relación con la problemática general relacionada con género y drogas. Por eso, hemos priorizado de una manera clarísima el tema de género y drogas en esta nueva estrategia, clarísima, entre otras cosas por los hipnosedantes, pero evidentemente no solo por los hipnosedantes.

Señorías, no tengo absolutamente nada que decir sobre doping y similares, no es mi cometido, hay un órgano específico encargado de velar por esto y que depende, si no me equivoco, del Ministerio de Educación, con lo cual lo siento, pero no tengo nada que decir al respecto.

En cuanto a si se pueden fiscalizar el azúcar y las bebidas refrescantes, con las convenciones internacionales en la mano no, en absoluto; no va por ahí la cosa y, si me lo admite, por no extenderme mucho, no voy al detalle del porqué no, pero desde luego le digo taxativamente que no.

Me pregunta también si hay alguna iniciativa en marcha en relación con el juego online. Ha estado en exposición pública en periodo de audiencia un borrador de real decreto del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en donde radica, les recuerdo, la Secretaría de Estado de Hacienda, la Dirección General de Ordenación del Juego, precisamente sobre comunicaciones comerciales del juego y juego responsable. Ese periodo de audiencia ha terminado, el decreto se sigue elaborando a la vista de las aportaciones que ha habido y no soy yo, como ve, el centro directivo que lo impulsa, por tanto permítame que no le dé un plazo exacto y concreto, pero evidentemente ese decreto llegará a aprobación más antes que después. Claro que se está trabajando en esto.

Hay una cuestión que me ha preocupado mucho, pero seguro que tenemos una visión radicalmente distinta de algunas cosas, pero eso tampoco tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Puedo pedir a mis compañeros de Instituciones Penitenciarias los datos que nos pide en relación con inversión en temas de drogas en Instituciones Penitenciarias; yo ahora aquí no los tengo, lo digo con la máxima sinceridad, porque el dato más próximo que tengo es el del presupuesto que el Ministerio del Interior, donde está, como muy bien sabe su señoría, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dedica a este tema, pero el dato concreto de Instituciones Penitenciarias no lo tengo. Lo que decía que me ha preocupado es su comentario en relación con Alcaliber. Alcaliber, como si se llamara -no quiero decir ningún nombre, no vaya a existir ese nombre por casualidad- de otra manera. Lo que ha hecho Alcaliber es cumplir estrictamente la Ley de 1967 -cincuenta años lleva esa ley aprobada- que determina en qué condiciones y con qué destino se pueden producir sustancias fiscalizadas para la industria farmacéutica. La cumple; pidió una autorización y, evidentemente, este Gobierno prevaricaría si no diera esa autorización a Alcaliber; ahora, cuando a mí me viene un club cannábico, denominación que a mí personalmente me produce salpullido, y me dice: es que por la Ley de 1967 yo quiero que usted me autorice a cultivar. Oiga, perdón, ¿usted sabe que por la Ley de 1967 no tiene propiedad sobre toda su cosecha sino que la tiene que entregar a la industria farmacéutica? ¿Es eso lo que va a hacer? Ah, no, yo la voy a repartir entre mis asociados. Pues mire, entonces no corresponde. Luego estaremos de acuerdo o no en si eso tiene que evolucionar y cómo y lo podemos discutir cuando quiera su señoría, pero desde luego yo no voy a ser el que ponga en cuestión a Alcaliber ni a nadie que cumpla la legislación vigente porque se le dé una autorización que la legislación vigente reconoce que se le puede dar. Insisto, lo contrario sería prevaricación, y eso no está de ninguna de las maneras en cuestión.

Señora Flórez, su señoría y yo llevamos ya unos cuantos de estos, ¿verdad? (Risas). Volvemos a lo mismo, usted me insiste en que el presupuesto de base es muy bajo y yo le insisto en que su señoría tenga en cuenta el fondo, cosa que no hace con ninguna de sus afirmaciones, manifestaciones y preguntas. Porque, mire, señoría, es que no hay absolutamente ninguna duda, ninguna duda, del incremento que se ha producido en estos últimos años en relación con muchas de las cosas que usted comenta. En absoluto. Es que hay muchas cosas que ha comentado, lo siento, que no son verdad. Vamos a ver si yo he tomado suficientemente bien mis notas como para poder contestarle.

Usted dice que maltratamos a las ONG. Vamos a ver, las ONG que trabajan en drogas están recibiendo más dinero que en 2011, en 2010 o en cualquier otro momento, señoría, ni bajo su Gobierno ni bajo ningún otro Gobierno del Partido Popular. Mírelo, revíselo, porque esto es exactamente como le digo. Desde el punto de vista de la solicitud de 'más y más y todo más', que es un poco también un planteamiento


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que a lo largo de esta jornada ha salido en varias de las aportaciones, yo se lo he dicho otros años, siento repetirme, pero es que es una obviedad, señoría. Nuestra función es coordinar e impulsar, nuestra función no es financiar aquello que está en la cartera básica, no es usurpar a nadie la competencia que tiene atribuida desde una perspectiva normativa y no tiene absolutamente ningún sentido un discurso de 'más y más'. Hay que reformar el Sistema de Alerta Temprana; sí, señoría, lo hemos dicho desde el primer momento, hay que hacer un real decreto que le dé al Sistema de Alerta Temprana un sustrato normativo que garantice su funcionamiento para el futuro. ¿Cuánto cuesta hacer un real decreto? ¿Se necesita un presupuesto específico? Yo creo que no. Para que funcione como está funcionando, que está funcionando muy bien, pero que personalmente me quedaría mucho más tranquilo si hubiera un decreto detrás, no necesitamos un crédito extraordinario ni nada por el estilo.

¡Qué quiere que le diga! Saca usted a colación la patología dual. Vamos a ver. ¿Su señoría sabe que yo impulsé la primera unidad de patología dual de Madrid? (Asentimiento). Pues gracias por ese reconocimiento que me llena de satisfacción, no por petulancia sino porque creo que es una muestra firme del compromiso que tengo y que tiene mi equipo con la patología dual y con la Sociedad Española de Patología Dual y la Fundación, por cierto de reciente creación, de la Sociedad Española de Patología Dual, con la que estamos colaborando y está encantada. Yo entiendo, evidentemente, que tenemos que seguir apostando por la patología dual, que es un problema prevalente que además complica indiscutiblemente el pronóstico de los pacientes en situación de consumo de drogas, pero, ¿eso lo tiene que hacer la delegación o quienes son titulares de la competencia de asistencia sanitaria, que son las comunidades autónomas? Porque no se engañe, señoría, se lo he dicho muchos años, ya es que no sé cuántos años y perdóneme que sonría. Yo le he comentado más de una vez que las transferencias que se hacen a las comunidades autónomas lo son única y exclusivamente o bien para el sostenimiento del Sistema Estatal de Vigilancia, que comporta el Observatorio español de adicciones, o bien para la financiación de aquellas cuestiones nuevas que impliquen cada una de las nuevas estrategias. Por tanto, y desde esa perspectiva, no estamos hablando de si mi financiación es suficiente para que se abran unidades de patología dual o no, porque no tiene por qué serlo, porque no es esa la finalidad de la transferencia y porque no es esa ni mi competencia ni mi función.

Le garantizo señoría, de verdad, y lo digo sin ninguna acritud, que esto está en la agenda del Gobierno; está tan en la agenda del Gobierno que sus señorías -y yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los grupos parlamentarios- han estado trabajando un año -y su señoría lo ha citado- en la ponencia Menores sin Alcohol desde la perspectiva de hacer recomendaciones al Gobierno frente a este problema que tenemos del consumo en adolescentes. Creo que convendría recordar que fue la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la que sugirió la iniciativa -evidentemente son sus señorías los que tienen la capacidad de tomar la decisión-. El tema importa, está en la agenda, y porque está en la agenda hemos aprobado una estrategia nacional -lo ha dicho el secretario de Estado- con una memoria económica de más de mil millones de euros para su ejecución, pero no lo busque en mi presupuesto, búsquenlo en los lugares donde se realizan las acciones que garantizan la eficacia de las competencias de la Administración del Estado en relación a la ejecución de la estrategia. ¿Qué es competencia del Estado? Por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o las acciones en el marco de aduanas. Ahí es donde está, y en Exteriores, y también en la delegación, en la parte que le corresponde, pero desde luego no todo en el presupuesto de la delegación; no está ahí, no lo van a encontrar ahí.

Quisiera responder a algunas de las cuestiones que se han planteado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tengo un problema, es que no estoy de acuerdo con casi ninguno de los datos que se han dado, no sé cómo leemos los datos unos y otros, a lo mejor en algún contexto, evidentemente, puedo ser yo el que esté equivocado pero, por ejemplo, señoría, no puede decir -perdóneme, lo voy a decir de otra manera, usted puede decir lo que le parezca-, no es correcto, y se lo voy a intentar explicar, que usted me diga que hace unos años la edad de inicio en el alcohol estaba en los dieciséis años y ahora está en catorce. No, señoría, lo que pasa es que usted está comparando dos cosas distintas, y cuando comparamos peras con manzanas nos puede salir algo raro. Yo he explicado mil veces, incluso en Comisión, pero no importa, evidentemente estoy aquí para explicarlo muchas más, que cuando nosotros hacemos una encuesta a chicos y chicas de catorce a dieciocho años nos sale una edad que es la media del inicio en el consumo, obviamente de los que han empezado a consumir antes de los dieciocho años. Cuando yo hago una encuesta entre quince y sesenta y cuatro años de edad, todos aquellos que empezaron a consumir después de los dieciocho y que obviamente no están en Estudes,


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elevan la media. Por tanto, usted me está comparando una media de edades con una media de Estudes; lo siento, señoría, son poblaciones distintas, no me lo puede comparar. Y fíjese si soy categórico: hace nada hemos presentado en el Congreso de Socidrogalcohol, y está en nuestra página web, la encuesta Estudes 2016-2017, perfecto. Edad de inicio en esa encuesta que se refiere a adolescentes, catorce años exactos. ¿Sabe usted que representa ese valor en la serie histórica de veinticuatro años? El valor más alto para esa encuesta; nunca en una encuesta Estudes hubo un catorce, siempre fue un trece y algo. Tenemos que manejar los datos con un mínimo, mínimo, mínimo de seguridad de que es lo que estamos diciendo porque si no luego todo esto trasciende a la opinión pública y sacamos conclusiones que no son ciertas.

No tenemos, aparentemente, según algunas de las intervenciones, presupuesto para hacer nada. Tenemos el mismo presupuesto que hemos tenido año a año en el marco del Plan de Acción 2013-2016. ¿Hemos conseguido algo con la Estrategia 2009-2016? Ha aumentado la edad de inicio de todas las sustancias principales; han disminuido todos los consumos excepto el de hipnosedantes; ha disminuido la mortalidad por drogas... Luego sus señorías sacan la conclusión de que estamos en la política equivocada y de que no estamos consiguiendo nada. Todo esto, o tomando café o en comparecencias particulares, estoy absolutamente dispuesto a explicarlo dato a dato.

No sé si fue su señoría quién preguntó por el promedio anual que repartió el Fondo de bienes decomisados del año 2006 a 2011 -si se va usted hasta 2003 ni mi equipo aquí presente ni yo tenemos los datos, qué lástima-, y le digo: el promedio anual en el periodo 2006-2011 que repartió el Fondo de bienes decomisados fue de 23 850 000 euros; el promedio anual del fondo en el periodo 2012-2018 ha sido de 29 580 000 euros. Es decir, no hay absolutamente ninguna duda, y me extenderé un poco más cuando conteste a la persona que ha hecho de portavoz y ahora nos preside, que no hay ninguna duda en cuanto al futuro del fondo. Claro que tenemos que empezar a pensar en el fondo como parte de la financiación, porque el fondo va a crecer y mucho en el futuro; luego intentaré explicar, en los cinco minutos que me quedan, por qué digo esto.

Su señoría ha comentado muchas más cosas y me va a disculpar si no entro más en detalle porque insisto que tengo un problema, lo lamento, lo digo con toda la honestidad y sinceridad del mundo, para interpretar sus datos. A mí no me coincide ninguno, y es bastante problemático porque tendría que ir rebatiendo uno a uno y desde luego eso en cinco minutos no lo podemos hacer, pero hay dos cosas muy importantes. De ninguna de las maneras ha aumentado el sida y la hepatitis C en las cárceles, de ninguna de las maneras, y eso tiene que quedar clarísimo porque para eso hacemos encuestas también de consumos en instituciones penitenciarias desde hace diez años y entre otras cosas medimos la prevalencia de infección por VIH y de infección por hepatitis C y en absoluto está aumentando, está disminuyendo notablemente. En relación al tema del chemsex quiero decirle que sí hay un grupo de trabajo creado entre la Dirección General de Salud Pública, nosotros mismos y algunas entidades y asociaciones, que está evaluando la evidencia disponible, la tengo aquí pero permítame que no vaya artículo por artículo, por no alargar esto, qué es lo que se está analizando con el fin, efectivamente de incorporar medidas en relación con este tema en su justa prioridad. ¿Cuál es su justa prioridad? Desde el punto de vista humano, toda; desde el punto de vista planificador gestor, teniendo en cuenta que obviamente hay mucho más riesgo en otras circunstancias porque alcanzan a porcentajes de población mucho más altos no porque la actividad sea de mayor o menor riesgo que en la actividad del chemsex -no lo estoy minimizando-, hay que ponerlo en su justo lugar.

También preguntó por jeringuillas. Vamos a ver, en la evaluación de la estrategia, señoría, puede usted observar cómo la Administración por vía parenteral de drogas ha disminuido de 2009 a 2016 a mucho menos de la mitad. Por tanto, es absolutamente lógico que se repartan menos jeringuillas, por que hay muchos menos usuarios. Todo eso está explicado en la evaluación de la estrategia nacional. Le animo y le invito a que lo vea.

Diputado, discúlpame que vaya a ser tan sintético en la respuesta a lo que has planteado. Primero, y por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que se refiere al planeamiento, a la forma en que estamos acometiendo estos temas y sobre todo desde la perspectiva en la cual, como bien sabe su señoría, este es un esfuerzo colaborativo, así lo concebimos y así lo presentamos. Esto no es un problema de: yo hago, tú haces, él hace; hacemos entre todos y si no en esto vamos a ir muy mal, muy mal. Su señoría tiene razón, 35 millones de euros procedentes del fondo; la ponencia de Alcohol y menor... He alabado antes el trabajo que se ha hecho pero, eso sí, dénnos tiempo a que nos llegue el informe y lo


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estudiemos porque es que todavía no ha pasado por Comisión, solo lo ha cerrado la ponencia, y a partir de ahí hablaremos del informe y de la aplicación.

Me ha gustado oír el problema de la banalización del cannabis. Esto tiene mucho que ver con alguna cosa que hemos comentado antes sobre un supuesto uso terapéutico que va mucho más allá de lo que la evidencia científica dice. Yo no digo que no tengan una utilidad los principios activos del cannabis en terapia, pero desde luego no fumarse un porro, y así se reconoce por todos los organismos serios.

Me hacía sus señorías tres preguntas. ¿Por qué hemos aumentado de manera importante el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias? Porque creemos en el municipalismo y en la oportunidad que esto supone. Mire, por ejemplo, además de todas las acciones que se vienen realizando habitualmente en ese convenio, pero que solo justificarían una financiación más o menos similar, en esta edición del convenio, y ya está hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias, vamos a poner en marcha también, junto con la Secretaría de Estado de Turismo, un intento de programa nacional de turismo saludable. Esto, ¿qué significa? Significa que claramente estamos contra el turismo de botellón, contra el turismo de balconing, contra el turismo que pone claramente en riesgo, nacionales o no, a las personas cuando visitan nuestro país. Vamos a poner en marcha por primera vez el congreso nacional de servicio responsable; el servicio responsable viene funcionando como un programa nacional desde hace ya prácticamente una década y ha supuesto formar a miles y miles de personas que trabajan en la hostelería y en la industria del ocio en un servicio responsable de alcohol y en una vigilancia activa contra el menudeo de drogas en sus establecimientos. Además, vamos a poner en marcha una actividad formativa nueva que va más allá de lo que habíamos hecho hasta el momento, de técnicos municipales en buenas prácticas en prevención. Y así sucesivamente hasta un total de nueve actividades que incorpora el convenio, que va a suponer un refuerzo muy notable, y yo sugiero se le pregunte al secretario general de la FEMP, porque sé que él es sincero cuando dice que este convenio les supone un alto grado de satisfacción por los resultados que está consiguiendo.

Me hablaba su señoría sobre la salud del fondo. Esto es muy importante, lo diré mil veces, esto es muy importante. Solo ahora mismo ya en proceso de realización, es decir, dispuesto para una venta próxima, tenemos la sentencia 19/2012 de la Audiencia Nacional en la que, entre otros inmuebles, existe una nave ubicada en Gelida, Barcelona, que el Consejo de Ministros ya ha aprobado la enajenación, que tiene un valor de tasación de 22 405 000 euros; otra en Parla, con un valor de tasación de 12 828 491 euros, y quedan pendientes de tasar y enajenar de ese mismo proceso, dos viviendas y dos garajes en Santa Cruz de Tenerife, seis viviendas y doce trasteros y garajes en Las Palmas. Pero es que este es solo un caso, porque, por ejemplo, procedente de la sentencia 6/2015, nos han entrado al fondo 180 inmuebles entre fincas rústicas, locales, garajes y fincas urbanas, que están ahora mismo en periodo de inscripción en el registro a nombre del Estado y en tasación. Además de dos procedimientos abreviados de la Audiencia Nacional, en uno 70 fincas en Galicia y en otro 19 fincas en Tarragona y Barcelona. Además, hay otros 200 inmuebles de todo tipo, procedentes de decomisos, que han sido adjudicados recientemente al fondo y que solo estamos empezando a explorar para recorrer el camino que nos permita en un momento concreto enajenar. Son cantidades clarísimas en cuanto al volumen que nos permiten con toda categoría decir que el fondo se va a seguir incrementando de manera muy notable en los próximos años y sería -puntos suspensivos, cada uno que ponga la palabra que quiera- desde luego un error no contemplar esa financiación dentro de lo que son las políticas a las que está destinada, las políticas de drogas y adicciones.

Por último, me decía si había alguna novedad en relación a los sistemas de información. Comenté antes que ya estamos trabajando con las comunidades autónomas en la revisión de indicadores porque, por ejemplo, en la línea del trabajo de la ponencia Menores sin Alcohol estamos absolutamente convencidos de que sus señorías nos van a recomendar que tengamos un sistema de información homogéneo que nos permita saber qué está pasando en las urgencias con las intoxicaciones etílicas, con los comas etílicos y otra serie de cosas, y con toda seguridad nos van a ir indicando caminos en relación a otra serie de temas que tienen que ver, por ejemplo, con la mejora de los datos que hemos obtenido en las dos últimas encuestas en relación al juego on line, al juego presencial por parte de adolescentes o prohibido desde el punto de vista de la legislación, o al uso compulsivo de nuevas tecnologías de la información, el juego y demás.

Por tanto, sí vamos a producir una evolución de estos sistemas paulatina.

Y en el marco de la próxima encuesta Estudes, que será la que concursemos este año para su inicio, pensamos incorporar por primera vez también una encuesta Espad para que no nos pase lo que le


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comentaba antes a su señoría. Vamos a hacer una prueba, no significa que nos comprometamos a hacerla permanentemente, pero vamos a hacer un mini Espad en España de chicos y chicas de quince y dieciséis años para hacer una comparación directa y exacta con Espad y ver si a partir de ahí nos quedamos solo con la nuestra, porque sea suficiente, o si periódicamente hay que repetir esa encuesta. Sí digo, para que nadie se lleve a engaño, que las encuestas de la delegación tienen dos oleadas en dos años sucesivos, es decir, los datos de esta encuesta serán los que dispongamos al final de 2019, para no generar una expectativa falsa en sus señorías.

Presidente, gracias por la benevolencia. Señorías, de verdad, gracias por todos los comentarios, independientemente de que mi vehemencia me lleve a ser más expresivo a lo mejor en la respuesta a algunos comentarios que a otros, nunca a unas personas que a otras. En cualquier caso, quedo a su disposición, como siempre, para que sigamos trabajando y colaborando en este apasionante mundo en el que si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es en que tenemos que perseverar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (De Arriba Sánchez): Muchísimas gracias, don Francisco Babin, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Después de una Comisión maratoniana de cerca de nueve horas, quiero agradecerles también a ustedes su presencia aquí, a las taquígrafas, letrados y responsables, etcétera. Gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.

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