DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 484, de 17/04/2018
cve: DSCD-12-CO-484
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 484
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ
Sesión núm. 15
celebrada el martes,
17 de abril de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Número de expediente
121/000020):
- Del señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, AIREF (Escrivá Belmonte). A petición de los grupos parlamentarios
Mixto (número de expediente 212/001433); Ciudadanos (número de expediente
212/001510); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número
de expediente 212/001330); Socialista (número de expediente 212/001223) y
Popular en el Congreso (número de expediente 212/001524) ... (Página2)
- Del señor secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego).
A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente
212/001446); Ciudadanos (número de expediente 212/001493); Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001350);
Socialista (números de expediente 212/001245, 212/001248 y 212/001249) y
Popular en el Congreso (número de expediente 212/001549) ... (Página30)
- De la señora secretaria de Estado de Comercio (Poncela García). A
petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente
212/001441); Ciudadanos (número de expediente 212/001488); Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/001334);
Socialista (número de expediente 212/001268) y Popular en el Congreso
(número de expediente 212/001538) ... (Página51)
- Del señor subsecretario de Economía, Industria y Competitividad
(González-Panizo Tamargo). A petición de los grupos parlamentarios
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente
212/001339); Socialista (número de expediente 212/001271) y Popular en el
Congreso (número de expediente 212/001541) ... (Página67)
- De la señora secretaria de Estado de Función Pública (Collado Martínez).
A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente
212/001436); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número
de expediente 212/001392); Socialista (número de expediente 212/001220) y
Popular en el Congreso (número de expediente 212/001567) ... (Página76)
- Del señor secretario de Estado de Administraciones Territoriales
(Bermúdez de Castro Mur). A petición de los grupos parlamentarios Mixto
(números de expediente 212/001437 y 212/001302); Ciudadanos (número de
expediente 212/001504); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea (números de expediente 212/001430 y 212/001429); Socialista (número
de expediente 212/001263) y Popular en el Congreso (número de expediente
212/001583) ... (Página93)
- Del señor presidente del Instituto de Crédito Oficial, ICO (Zalba
Bidegain). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de
expediente 212/001287) y Popular en el Congreso (número de expediente
212/001542) ... (Página110)
- Del señor secretario general del Tesoro y Política Financiera (Navarrete
Rojas). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de
expediente 212/001267) y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea (número de expediente 212/001338) ... (Página117)
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente
121/000020).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD
FISCAL, AIREF (ESCRIVÁ BELMONTE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
MIXTO (Número de expediente 212/001433); CIUDADANOS (Número de expediente
212/001510); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número
de expediente 212/001330); SOCIALISTA (Número de expediente 212/001223) Y
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001524).
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Buenos días. Disculpamos al
presidente de la Comisión, que estará a punto de llegar.
Comparece ante la Comisión el presidente de la Airef, que tiene la
palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD
FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Muchas gracias, presidente.
Señorías, voy a proceder a transmitirles los análisis y las
recomendaciones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
ha realizado en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018. En mi presentación me voy a centrar en los
siguientes temas. En primer lugar, voy a hablar del escenario
macroeconómico. Como conocen, la normativa europea exige que el cuadro
macroeconómico que subyace a los Presupuestos Generales del Estado sea
evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y lo
avale en el caso de que este presupuesto sea probable o más que prudente
que probable. Esos son exactamente los términos de la normativa europea y
me explicaré al respecto. En segundo lugar, la normativa europea y la Ley
Orgánica de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal también exige que evaluemos los
Presupuestos Generales del Estado desde la perspectiva de su adecuación a
las reglas fiscales y al marco de disciplina tanto europeo como nacional.
A eso también me referiré en el segundo punto. En tercer lugar, haré una
especie de síntesis, evaluando conjuntamente los datos de los
presupuestos desde una doble perspectiva que de alguna forma se
contrapone; de una parte, la función estabilizadora del ciclo económico
que debe tener la política fiscal, teniendo en cuenta la exigencia de que
la deuda sea sostenible; y de otra parte, que las cuentas públicas
respeten el principio de estabilidad presupuestaria. Hay otras funciones
en la política fiscal que la Airef no evalúa, aunque también son muy
relevantes, porque no tenemos mandato para ello ni tenemos el expertise
ni la capacidad, como son la función de distribución de renta que tiene
la política fiscal y, en su caso, para las nuevas medidas, el impacto que
puede tener sobre el crecimiento económico a medio plazo. En otros
países, los Airef correspondientes sí tienen competencias y por lo tanto
instrumentos y capacidad para evaluar esto. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Nosotros nos limitamos en esta evaluación a aquellos
aspectos en los cuales estamos habilitados para hacerlo, pero quiero
añadir que una evaluación más completa incorporaría algunas dimensiones
en las que desgraciadamente no me puedo extender mucho, aunque pueda
hacer alguna reflexión. Finalmente hablaré de mis recomendaciones.
Como decía, el primer punto de mi presentación hace referencia al
escenario macroeconómico. Nosotros hemos evaluado este informe y es
preceptivo que lo saquemos simultáneamente con la presentación de los
presupuestos por el Gobierno. Hemos evaluado el cuadro macroeconómico y
hemos concluido que son unas posiciones macroeconómicas prudentes. Voy a
intentar explicar y detenerme en por qué nosotros creemos que es así.
(Apoya su intervención con un powerpoint). En primer lugar, hay que
constatar que este año estamos evaluando las proyecciones del año en
curso en el mes de abril, cuando normalmente lo hacemos seis o siete
meses antes, con lo cual el grado de precisión de la valoración es mucho
mayor. No estamos en septiembre o en octubre del año 2017, estamos en
abril de 2018 y ya sabemos bastante lo que está pasando. Y eso que está
pasando lo intento reflejar en esta primera transparencia, que es el
indicador de termómetro de la economía española que estamos sacando desde
hace unas semanas, que evalúa en tiempo real y con datos diarios muy
térmicamente lo que está pasando dentro del trimestre. Lo que vemos es
que desde principios del año ha habido una tendencia a una mayor
aceleración de la actividad, a un mayor crecimiento, y esto va a
determinar en gran medida el resultado del año. Estamos creciendo en este
momento en tasas de en torno al 3 % -si no algo mayores- y si eso va a
ser así, como parece altamente plausible, en el primer semestre alcanzar
el 2,7 % para el conjunto del año es consistente con una desaceleración
significativa en el segundo semestre del año; no hay perfil trimestral
pero entendemos que es lo que incorpora la proyección de 2,7 del
Gobierno. Por eso pensamos que esta proyección es prudente dentro de lo
que es estrictamente el año 2018.
Voy a hacer algunas reflexiones un poquito más de tendencia. Aquí,
permítanme que comparta con ustedes la forma en la que nosotros
presentamos la evaluación, que es lo que se conoce como un fan chart, un
gráfico de abanico. Esa proyección central del PIB real del 2,7 es la del
Gobierno y, como ven, está claramente dentro del rango de plausibilidad
que tenemos nosotros. La evolución del deflactor del PIB, que es muy
importante desde el punto de vista fiscal -porque lo que importa es el
crecimiento nominal desde el punto de vista de los ingresos fiscales-,
vemos que está incluso por debajo del rango intercuartil central de
40-60, es decir, es una proyección de inflación conservadora. El
resultado -lo vemos aquí conjuntamente- cuando vemos el fan chart de la
proyección del crecimiento del PIB nominal -que es el relevante de una
forma simplificada para muchos de los ingresos fiscales- es que dentro de
nuestro rango de plausibilidad tenemos esa percepción de prudencia.
¿Por qué es esto? Voy a apuntar y a discutir algunas de las reflexiones
que se han hecho por parte de los especialistas a la hora de evaluar este
año 2018. Tenemos la suerte de que este año, finales de 2018 y principios
de 2019, estamos cerrando el ciclo, estamos llegando a una posición
cíclica neutral. Este es el gráfico de la brecha del producto, lo que
llamamos los economistas output gap, en la estimación en incertidumbre de
la Airef, y observamos que se está completando un ciclo completo. Ahí
tienen ustedes el ciclo completo de casi dos décadas. En el año 1999
estábamos en una situación cíclica parecida a la actual, con lo cual es
interesante comparar el año 1999 con el año actual porque nos da dos
puntos de referencia, donde las influencias cíclicas sobre muchas
magnitudes, que a veces distorsionan el análisis, básicamente las tenemos
fuera y son dos puntos muy comparables. Esto me sirve para decir que
pensamos que el recorrido de crecimiento es sostenible porque se está
creciendo de una forma más equilibrada de lo que ocurría en el año 1999
en una posición cíclica similar. Aquí vemos una comparación
de algunos elementos. Por ejemplo, en el año 1999 había un déficit por
cuenta corriente de más de 1,5 puntos del PIB; ahora tenemos un superávit
de casi 2. En el año 1999, en un punto cíclico similar, la inflación
estaba sensiblemente por encima de la del Banco Central Europeo; ahora
está por debajo la expectativa del año 2018. En el año 1999 teníamos un
apalancamiento del sector privado y el crédito ya creciendo al 16 %;
ahora, básicamente casi todo se financia con autofinanciación y se hace
prácticamente sin crédito bancario. ¿Esto qué quiere decir? Que es
probable que en los próximos años, cuando el ciclo vaya madurando a
partir de esta situación neutral que vemos en el gráfico, lo hagamos de
forma más suave, más equilibrada y probablemente tengamos un ciclo
alcista más sostenible y que se extienda algo más. Esa es una de las
razones por las cuales pensamos que este crecimiento en el que estamos
instalados tiene cierto recorrido, por esta comparación en dos puntos
cíclicos. Ahora bien, no todo es de color de rosa y la comparación con el
año 1999 también nos lleva a reflexionar sobre algunos retos. Permítanme
que distinga tres. El primero es el fiscal. En el año 1999 teníamos una
deuda pública en torno a 60 puntos del PIB -ahora estamos por encima de
95-; en el año 1999 teníamos un superávit primario de 2 puntos del PIB
básicamente estructural- porque estábamos en una situación cíclica
neutral, ahora estamos en equilibrio cíclico con un déficit probablemente
algo por encima del 2,5 % en el año 2018. Por lo tanto, se ha deteriorado
nuestra posición estructural de una forma significativa durante el ciclo
completo tan largo y tan amplio que hemos tenido. Es curioso que la tasa
de paro que tendremos a final de este año es prácticamente la misma -en
torno al 15 %- que la que teníamos en el año 1999. Seguimos teniendo un
problema en el mercado de trabajo después de este ciclo tan largo. La
desigualdad ha crecido; comparando el índice de Gini de 1999 con el
actual es más alto. Hay una tendencia a pesar menos las rentas salariales
dentro de la distribución de rentas. Es decir, hay elementos que, al
mismo tiempo que tenemos una economía que está creciendo de una forma más
equilibrada y con menos sobresaltos, plantean retos estructurales
significativos que he querido reflejar aquí. Me parece que esta es una
reflexión importante a tener en cuenta.
Entrando en temas más concretos, hay quienes están haciendo previsiones un
poquito más conservadoras -el propio Gobierno hace una previsión, donde
el consumo en el año 2018 crece a un ritmo inferior al del año 2017- y
nosotros no estamos tan seguros de eso. Les voy a intentar explicar por
qué. En este gráfico ven la evolución del consumo privado en volúmenes en
términos reales desde el año 1999. Esta línea que pongo encima es el
determinante estructural de equilibrio del consumo basado en sus
determinantes de renta, de equilibrio, de riqueza, tipos de interés,
etcétera. De tal forma que la brecha entre los dos -que es lo que pinto
aquí- es básicamente si el consumo está o no por encima de su nivel de
equilibrio, y lo que vemos es que sí estamos un poquito en una fase
expansiva. Pero es que cuando empieza la fase expansiva no se agota
inmediatamente -como ven ustedes-, sino que tiende a deslizarse y
probablemente estamos entrando en una fase de exceso de consumo pero que
tiene recorrido para unos años. Por lo tanto, desde un punto de vista
estrictamente objetivo, no pensamos que el consumo se vaya a desacelerar
tan pronto como aparece en algunas previsiones.
Otra forma de ver el tema del consumo. Se ha dicho que la tasa de ahorro
es muy baja en España ahora. Esta es la tasa de ahorro de las familias
españolas en porcentaje de la renta disponible desde el año 1999.
Observen ahí esos dos puntos que señalo, son los dos mínimos. Se suele
decir que estamos volviendo a los mínimos del año 2007, una tasa de
ahorro en torno al 6 %, pero se nos olvida algo muy importante que viene
en este gráfico y es que esa es la parte del ahorro bruto destinado a la
inversión por parte de las familias, básicamente en vivienda. En el año
2007 era 250 puntos del ahorro; es decir, el ahorro se agotaba y además
tenías que desahorrar con créditos de 1,5 puntos más de todo el ahorro
para poder absorber la venta de vivienda. Ahora, como vemos,
prácticamente todo el ahorro bruto es suficiente para abordar los gastos
de inversión en vivienda, principal desamortización de las familias.
Además, las familias tienen una situación de riqueza financiera bastante
agregadamente. Cuando uno mira los deciles de renta, la fotografía es muy
distinta -aquí estoy hablando en términos muy macro-. En términos muy
macro las familias tienen un nivel de renta neta -inmobiliaria financiera
menos crédito- que está en los máximos históricos, en 120 puntos del PIB.
Hay que retrotraerse a principios del año 2000 para encontrar algo así.
Toda esa tasa de ahorro tan alta que vemos en este gráfico durante la
crisis, las familias la han utilizado sobre todo para acumular activos
financieros; estamos en niveles máximos de depósitos en los bancos de las
familias y eso les da un colchón para sostener el consumo. Por tanto,
creo que todavía -cuando madure el ciclo ya lo veremos- en este punto
cíclico más o menos neutral no es razonable que encontremos una
desaceleración del ahorro.
Otro soporte es la inversión. El comportamiento de la inversión en bienes
de equipo -he quitado construcción- está siendo verdaderamente llamativa.
El gráfico que ven a mi izquierda es la tasa de crecimiento histórica
desde los años ochenta de la inversión en España, que ha sido alta, un
6,4 %. Desde el año 2013 estamos creciendo a una tasa superior, ahí ven
las dos pendientes. Estamos creciendo sistemáticamente en la tasa de la
inversión, se está invirtiendo mucho en España, mucho más que en Europa.
El gráfico de la derecha -si lo quieren comparar- representa la misma
aproximación para la Unión Europea y fíjense que la tasa de crecimiento
en los últimos cuatro años está por debajo de la mitad de la española, un
3,5 %. Luego estamos teniendo un crecimiento con un sesgo muy
significativo hacia la inversión en bienes de equipo, y esto suele
suponer una aportación al stock de capital de la economía que tiende a
sostener el crecimiento. Además, esta inversión -esto es una novedad- se
está financiando básicamente con capital, con autofinanciación. Esto es
lo que refleja este gráfico, donde ven el ahorro acumulado de los
sectores no financieros y cómo gran parte de esa inversión -la parte de
abajo vendría con crédito- se ha dado la vuelta completamente. Es decir,
el área oscura es lo que se financia con crédito, el área de color es lo
que se financia con autofinanciación. Está comprobado empíricamente que
cuando las inversiones se realizan con capital, con autofinanciación y
menos con crédito, la asignación de los recursos suele ser mejor. Estamos
financiando este gran stock de capital en España, fundamentalmente, con
capital y con autofinanciación y prácticamente en términos agregados y
netos no se está utilizando el crédito, lo que quiere decir que todavía
hay recorrido para cuando vuelve el crédito.
Estas razones nos llevan a pensar a nosotros que estamos en una situación
en la cual crecimientos similares a los del año pasado seguramente serán
perfectamente plausibles y a valorar el crecimiento del cuadro
macroeconómico como prudente en este contexto. Además, cuando uno evalúa
los riesgos -que siempre los hay- a la baja que puedan producirse,
nosotros los vemos -no voy a entrar en detalle porque me llevaría un poco
de tiempo- o bien con probabilidad baja o bien con impacto negativo sobre
el crecimiento limitado. Esto tendría ya que materializarse prácticamente
para que los impactos en 2018 se vean. Cuando vuelva aquí para hablar del
programa de estabilidad que tiene que presentar el Gobierno a final de
este mes, que se extiende durante cuatro años, el diagnóstico puede que
difiera, porque una cosa es evaluar a cuatro años vista y otra cosa es
evaluar a siete u ocho meses vista, que es lo que estamos haciendo en
este momento. Hay que ser conscientes de que lo que estamos evaluando es
a muy corto plazo en este momento, por tanto, cuando hablamos de riesgos,
tenemos que valorarlos desde esa perspectiva estrictamente. Estamos
viendo el impacto en ingresos en este propio año básicamente dentro de un
cuadro macroeconómico.
Voy a pasar ahora al segundo punto, que es la evaluación de los objetivos
fiscales. Aquí tengo que transmitirles el dilema al que se enfrenta la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. He intentado
reflejarlo en esta transparencia. Aquí hay un objetivo agregado, que es
el 2 %, que se acordó y se fijó con las autoridades europeas en su
momento para el conjunto de las administraciones públicas. Voy a explicar
durante esta presentación que nosotros consideramos que alcanzar este
objetivo agregado es factible, aunque está muy justo. Nuestra proyección
central es un poco por encima del 2,2, con lo cual es factible según
nuestros ejercicios probabilísticos, pero muy ajustado. Recuerdo que la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -esto es lo que piden
las autoridades europeas- tiene que hacer recomendaciones a las
administraciones públicas cuando perciba en un ejercicio preventivo que
su presupuesto o su ejecución le lleva a desviaciones de sus objetivos
fiscales. Desde esta perspectiva, nosotros no vemos la necesidad de hacer
ninguna recomendación este año desde el punto de vista de la reconducción
hacia el objetivo, tal y como establecen determinados artículos de
nuestra ley orgánica. ¿Pero qué ocurre? Que nuestra ley orgánica nos dice
que esto lo tenemos que evaluar mirando a cada una de las
administraciones individualmente, y cada una de las administraciones
individualmente tiene un objetivo distinto, objetivo que se fijó aquí en
las Cortes. Sería Administración central, comunidades autónomas -en este
caso todas son iguales- y corporaciones locales. Nosotros también tenemos
que pronunciarnos sobre eso, y cuando vemos los objetivos a nivel
individual, ese diagnóstico agregado no coincide. Esto nos plantea un
dilema porque realmente tendríamos que hacer recomendaciones a algunas
administraciones -ahora veremos cuáles-, diciéndoles que tendrían que
hacer ajustes cuando sabemos que agregadamente no son necesarios pero sí.
El problema está en que se han fijado objetivos inadecuados para cada uno
de los sectores; se han fijado, se han propuesto y se han acordado en
esta Cámara, y nosotros nos vemos impelidos a evaluar eso de alguna
forma. Lo que estamos aplicando es el sentido común y estamos
reconduciendo todo este cálculo para no tener que hacer recomendaciones
cuando, agregadamente, las cosas más o menos casan. Pero esto plantea un
problema de interpretación
muy estricto de la legalidad. Aparte de que el marco de esquemas de reglas
concretas que se fija para cada Administración pierde virtualidad de esta
forma y se vacía un poco de contenido la Ley de estabilidad cuando estos
objetivos se fijan así, desde el punto de vista de la Ley Orgánica de la
Airef se plantea un problema, porque nosotros, si nos atenemos a la
letra, tendríamos que estar haciendo recomendaciones que, por otro lado,
creemos que no son necesarias. Pero después llega el Tribunal de Cuentas,
que evalúa a la Airef y lo hace con una aproximación realmente muy
extensiva, y dice: Oiga, ustedes están favoreciendo al Gobierno porque
tendrían que haber hecho recomendaciones, ya que el objetivo es este y
resulta que no se qué... Entonces, tenemos que explicarles: Mire usted,
apliquemos el sentido común, porque agregadamente... Esto genera
problemas en los marcos cuando, a veces, se hacen interpretaciones muy
legalistas de las cosas, que es un juego en el que nosotros no estamos.
Más allá de las interpretaciones legalistas, lo que a mí me preocupa
sobre todo es que el marco de reglas para cada Administración que debe
guiar y permitir la evaluación de sus objetivos está perdiendo utilidad
con esta técnica de fijación de objetivos.
Voy a entrar a explicarlo, porque es importante, con un poquito de
detalle. Esta primera columna son los objetivos que han aprobado ustedes
para cada una de las administraciones: cero equilibrio para las
corporaciones locales; menos 0,4 para las comunidades autónomas; fondo de
la Seguridad Social, menos 1,1; Administración central, menos 2; y el
agregado que coincide, que es el que se acuerda por Bruselas. En
corporaciones locales el objetivo es muy holgado y no hay ninguna razón
para que las corporaciones locales no tengan un superávit, que es
realmente lo que ocurre. La Ley de estabilidad dice que las corporaciones
locales tienen que tener o bien equilibrio presupuestario o superávit; lo
dice así expresamente, pero no se fijan los objetivos. Y con las
comunidades autónomas son objetivos muy holgados. ¿Qué ocurre? Que es muy
improbable o casi imposible cumplir el objetivo que se ha fijado en cada
caso de la Seguridad Social una vez más o el de la Administración
central. Pero, agregadamente, cuando se compensan unos con otros, es
factible el 2,2. Es decir, la regla europea vale, pero el marco que nos
hemos creado nacionalmente podríamos decir que es papel mojado, desde el
punto de vista de las reglas, con esta técnica.
Voy a explicarles cómo hemos intentado salir de este lío e intentar
introducir sentido común en nuestra propia evaluación. Primero,
supuestos. Vamos a pensar que las corporaciones locales, porque su
posición financiera y presupuestaria es bastante estructural, van a tener
un superávit parecido al del año 2017, que es un 0,6 % de superávit; eso
es lo que pensamos. Supongamos que las comunidades autónomas cumplían la
regla de gasto. Si cumplían la regla de gasto, ese menos 0,4 se iría a
menos 0,2. Supongamos ahora que la Seguridad Social, en la que todo es
muy inercial y todo está predeterminado, va a tener un déficit
básicamente como el de este año, 1,5 puntos del PIB de déficit, y
recordemos cuál es el objetivo agregado de menos 2,2. ¿Qué nos sale por
residuo? El objetivo de la Administración central de menos 1,1. Eso es lo
que nos sale. Por cierto, hay una errata en esta transparencia; en
Administración central es menos 0,7, no menos 1,2, para que entiendan un
poco el cálculo.
¿Qué pensamos en la Airef? Pensamos que el 0,6 es realmente factible; que
algunas comunidades autónomas no van a cumplir la regla de gasto y, por
lo tanto, van a estar más bien en el menos 0,3, no en el 0,2; que la
Seguridad Social va a estar en el 1,5, muy parecido a este año, y que el
Estado probablemente esté no en el menos 0,7 de objetivo, pero sí puede
estar cerca del menos 1,1, aunque si añadimos el gasto incurrido por la
responsabilidad patrimonial de la Administración con las autopistas,
probablemente se vaya más al 1,3. ¿Qué ocurre? Que, al final, ese menos
2,2 es factible, pero ajustado. Si suman, nosotros apuntamos más a un
2,5, pero si tenemos en cuenta que el gasto de la RPA es un gasto no
recurrente de una vez de 2 décimas, pues estamos cerca de ahí; es difícil
llegar al 2,2. Esto es un poco como nosotros nos hemos aproximado para no
tener que hacer recomendaciones específicas a la Administración central
de que no va a cumplir su objetivo del menos 0,7, que no lo va cumplir. A
partir de ahí, es útil -porque al final la financiación está cruzada de
unos y de otros- mirar los distintos subsectores; yo creo que eso ayuda a
ver toda la fotografía, porque siempre hablamos del menos 2,2 y para eso
hay que mirar los subsectores. Nosotros, en paralelo a la evaluación del
presupuesto del Estado, estamos evaluando -ya lo tenemos muy aproximado-
los presupuestos de todas las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos, con lo cual, les puedo traer también la fotografía de lo
que está pasando en las otras administraciones.
Es bueno mirar un poco al presupuesto del Estado desde esta perspectiva.
Aquí, este quesito que va saliendo en la transparencia es todo el tamaño
de los presupuestos del Estado. De estos, 114 000 millones van a las
comunidades autónomas; 18 000 millones van a las corporaciones locales;
13 700 millones van
a la Seguridad Social; 10 000 millones son aportaciones a la Unión
Europea; 14 600 son clases pasivas, que están predeterminadas y sobre las
que no hay ningún margen de discrecionalidad; y 25 800 millones, con una
cierta caída este año, es lo que va a intereses. Entre paréntesis aparece
la tasa de crecimiento que en la Airef esperamos de cada uno de estos
componentes. Lo que le queda al Estado para poder jugar es
aproximadamente un 25 % de lo que hay, que es este quesito de aquí, que
le vamos a llamar gasto discrecional, aunque hay muchas cosas
predeterminadas también, como estructuras salariales, etcétera. De estos
62 000 millones, va a haber 34 000 millones para consumo público; 14 000
millones van a subvenciones y otros gastos; y finalmente, 14 500 es lo
que va a formación bruta de capital, y a nosotros nos gusta añadir aquí
también el resto de operaciones de capital que financian de otra forma
también. La RPA la hemos sacado fuera, que nosotros sí la hemos
incorporado a nuestro análisis, así como el céntimo sanitario que habrá
que pagar -unos 500 millones- y lo ponemos un poco separado. ¿Cuánto
crece esto que llamamos gasto discrecional? Aproximadamente, hasta este
año, un 5,8 %; lo que más crece es la formación bruta de capital, un 19 %
este año, aunque todavía, para que veamos hasta qué punto la inversión ha
ido bajando año tras año, estaremos a los niveles de 2010.
Si les parece, vamos a ir viendo qué pasa con cada uno de estos trocitos
del quesito. Empecemos por los ayuntamientos. Perdonen que me detenga un
poco aquí, porque este superávit estructural de los ayuntamientos, cuando
el conjunto de las administraciones públicas está en una situación de
déficit importante, requiere alguna reflexión. Voy a explicarles por qué
nosotros pensamos que este superávit es básicamente estructural, como
estamos viendo año tras año. En primer lugar, tiene que ver con los
ingresos. Los ayuntamientos -aquí la comparación con las comunidades
autónomas es interesante- tienen una estructura de ingresos mucho más
acíclica, con lo cual le da una gran estabilidad de los ingresos en
relación, por ejemplo, con las comunidades autónomas. En segundo lugar,
tienen mucha más capacidad de palancas propias. En este gráfico aparece
la recaudación en porcentaje del PIB de los ayuntamientos desde el año
2006 por IBI, y la gráfica de arriba es la recaudación que podrían haber
obtenido si hubieran llevado el tipo al máximo. ¿Ven ustedes cómo el
colchón se ha ido abriendo entre una y otra? Ninguna otra Administración
tiene una situación como esta, en la cual tienen posibilidades de
aumentar su recaudación crecientemente y que realmente no tienen por qué
utilizarla. (El señor Bel Accensi hace gestos negativos). Creo que al
señor Bel no le está gustando lo que estoy diciendo. (Risas.-El señor Bel
Accensi: No). Eso nos va a permitir tener después un buen debate. Hay que
hacer algo con estos 7000 millones (Una señora diputada: Ya, ya). Hay que
hacer algo con ellos.
Sigamos con la comparación entre las corporaciones locales y comunidades
autónomas. Este es un debate típico entre corporaciones locales y
comunidades autónomas. Aquí vemos la evolución de ingresos sensibles o no
por el ciclo, pero, permítanme que me vaya a la parte del gasto. El gasto
de los ayuntamientos está muy influido por la evolución de la población
en términos generales. Así como las comunidades autónomas están más
influidas por el envejecimiento, la estructura tiene la enorme presión
del gasto en sanidad, en educación, etcétera, la provisión general de
servicios en los ayuntamientos tiene mucho que ver con la población, y
las corporaciones locales se han beneficiado de una caída de la población
de un millón de personas en los últimos años, como se ve en este gráfico
de aquí. Veo que al señor Bel sigue sin gustarle esto (Risas), pero es
así, en España en los últimos años la población ha caído en un millón de
personas. Por tanto aquí vemos cómo va el gasto financiero de los
ayuntamientos a continuación.
La verdad es que las competencias de los ayuntamientos -y todavía más con
de la ley de racionalización de las haciendas locales, que está en el
limbo y que conoce muy bien el señor Bel- están muy acotadas. Los
ayuntamientos ayudan a las comunidades en temas de dependencia, de
asistencia social, mantienen colegios, etcétera, pero las competencias
pertenecen fundamentalmente a las comunidades autónomas, no a los
ayuntamientos, que tienen límites constantes y restricciones respecto de
hasta dónde pueden llegar en gasto social, a diferencia de lo que ocurre
en otros países donde la asistencia social la realizan fundamentalmente
los ayuntamientos. La dependencia suele depender de los ayuntamientos en
casi todos los países. No es sorprendente que después nos encontremos con
que en dependencia haya casi 300 000 personas en las comunidades
autónomas -esta es la cifra que nosotros hemos estimado- pendientes de
acceder a la dependencia. Nosotros estimamos que el coste puede estar en
torno a los 3000 millones, pero hay que tener en cuenta que a los
ayuntamientos les sobran 7000. Yo creo que hay que reflexionar sobre
esto.
Por tanto, señor Bel -perdóneme, pero veo que está muy interesado en este
tema-, (Risas) mire lo que pasa con la regla de gasto después. Esa línea
discontinua que ven ahí es la tasa de referencia de la
regla de gasto, y lo que tienen ahí es la tasa de crecimiento del gasto
computable de los ayuntamientos de acuerdo con la regla de gasto. Además
ahí también está Zaragoza y encontramos cosas particulares. Como ven,
excepto en el año 2015, los ayuntamientos globalmente no están
restringidos por la regla de gasto. En el año 2017 el gasto agregado de
los ayuntamientos creció al 1 %, pero podría haber crecido hasta más del
2 %. Parece que no hay recorrido, que no hay donde gastar. (Rumores). Y
fíjense ustedes en el año 2016. (Risas). Por tanto a algún ayuntamiento
le restringe la regla de gasto, y lo podemos comprobar, pero
agregadamente no, como pueden ver en el gráfico. El gasto ha crecido un 1
% y podría haber crecido hasta más del 2 %. Luego sobre esto hay que
reflexionar, porque tenemos enormes tensiones de gasto en otras
administraciones y enormes desajustes de financiación. Es muy importante
que esto se ponga encima de la mesa y esté en el centro del debate.
Aquí termino con los ayuntamientos, y aquí pueden ver exactamente la
estructura de ingresos y gastos. Voy a ir rápido porque aquí se ven los
crecimientos. El gasto ha crecido al 3,4 %. Esta es nuestra expectativa
para 2018, basada en la evaluación que hemos hecho de los presupuestos
que nos han ido mandando los ayuntamientos y en la interacción que hemos
tenido sobre todo con los grandes. En estas cajitas pueden ver la
estructura de ingresos y gastos, pueden ver cómo los gastos crecen de
nuevo en 2018 al 3,4 y por ejemplo los ingresos propios a más del 4 %.
Con lo cual vamos a tener otros tantos millones de superávit.
Por otra parte, se ha flexibilizado la regla de gasto de los ayuntamientos
para el año 2018. Nosotros hemos estimado el impacto que esto pueda tener
y pensamos que no va a afectar mucho a esta fotografía en el año 2018, e
intento explicarlo en esta transparencia. Primero, hay unas condiciones
bastante exigentes para quien pueda utilizar esa posibilidad de que
gastos financieramente sostenibles no computen en la base de la regla de
gasto, lo cual nos ha llevado a estimar que aproximadamente un tercio de
los ayuntamientos no se vayan a beneficiar. Se van a beneficiar todos los
grandes, pero sobre todo los ayuntamientos de tamaño intermedio en España
están en una situación bastante peor que los grandes y que los muy
pequeños. En esa franja va a haber un grado de capacidad para poder
acceder a inversiones financieramente sostenibles mucho menor. En cambio
las diputaciones en general están muy holgadas y casi todas van a poder
tirar de ello.
Como ven aquí la medida ha permitido ampliar aquellos conceptos en los
cuales se considera qué es financieramente sostenible. Realmente esto
tiene poco de financieramente sostenible; básicamente son capítulos -este
es el término que se utiliza- en que los ayuntamientos pueden invertir,
pero a pesar de que lo utilizamos, este es un concepto equívoco.
¿Qué pasa al final en nuestra estimación? Nosotros pensamos que de todo
esto salen unos 1000 millones adicionales, viendo los programas nuevos a
los que pueden acogerse los ayuntamientos, pero nosotros no pensamos que
el impacto en el año 2018 supere en mucho los 200 millones. Es decir, no
nos va a cambiar mucho la película, porque se puede ejecutar en dos años.
En este sentido, y si observamos el ritmo de ejecución, pensamos que
muchos de ellos caerán en los próximos años, sobre todo en el año 2019.
Luego para 2018 contamos con el 0,6 %, que es lo que a mí me preocupa
desde el punto de vista de los objetivos fiscales.
¿Qué pasa con esto? Cada ayuntamiento puede ser distinto, pero miren la
deuda de los ayuntamientos en este gráfico, que ya está en el 3 % del
PIB, que es el límite a largo plazo. Pero como ya hay muchos
ayuntamientos que no tienen deuda y no pueden cancelar ninguna deuda -y a
otros no les interesa por la razón que sea-, ¿qué es lo que hacen? Van
metiéndolo en depósitos en los bancos. Ese gráfico representa la
evolución de los depósitos en los bancos. Es decir, respecto a la
situación fiscal agregada que tenemos en España, los ayuntamientos ya
llevan 24 000 millones depositados en los bancos, y este año va a haber
otros 7000 más -va a subir una parte importante-, de manera que vamos a
acercarnos a los 30 000. Con lo cual ya ven ustedes dónde estamos
respecto a la deuda neta entre los dos, que es lo que sale en este
gráfico. Me parece que este es un tema interesante sobre el que habría
que reflexionar entre todos.
Vamos a fijarnos ahora en las comunidades autónomas, que no están tan bien
como los ayuntamientos. Pensamos que la previsión va a estar en torno al
0,3 %. Lo que les llega del Estado a las comunidades autónomas, o mejor
dicho, lo que les llega del sistema de financiación, no del Estado -las
comunidades autónomas también son el Estado; perdón por la imprecisión
evidente-, crece al buen ritmo del 3,6 % este año -algo menos que otros
años-. Pero según nuestras estimaciones y lo que hemos ido cotejando con
las comunidades autónomas sus ingresos propios están creciendo mucho,
porque se está recuperando el mercado inmobiliario, etcétera, y
probablemente el resto de ingresos crezcan a más de un 6 %, con lo
cual tienen una situación no diría que holgada, pero agregadamente -no
todas, sino agregadamente- van cumpliendo el objetivo de manera cómoda.
Por tanto el gasto crece a un 3,4 %. Esto no es exactamente la regla de
gasto, pero nos sirve de referencia con el 2,4 % para este año, porque
esto quiere decir que casi ninguna va a cumplir la regla de gasto. Como
saben ustedes en la disposición 106 del proyecto de presupuestos se ha
flexibilizado la regla de gasto. Esto va a afectar a aquellas comunidades
autónomas que teniendo superávit cumplen la regla de gasto del año
anterior. En consecuencia tenemos que ver quién cumple la regla de gasto
y quién es elegible, cosa que sabremos en los próximos días. Hay ahí
algunas cuestiones abiertas que tenemos curiosidad por saber cómo se
resuelven. En este sentido conviene aclarar que las comunidades autónomas
tienen menos restricciones que los ayuntamientos para gastar en
inversiones financieramente sostenibles, y que tampoco tienen que seguir
programas concretos; tienen más libertad.
Este es el mapa de cumplimiento del año 2018 por comunidades autónomas que
nosotros planteamos. En el año 2018 el objetivo del 0,4 es muy probable
que se cumpla. Solo queda la Comunidad de Murcia, y hay otras dos para
las que parece un objetivo improbable, como son Extremadura y Valencia.
Como vemos Murcia es la que se ha quedado ahí, descolocada, pero yo creo
que las demás van a estar en el cumplimiento.
No ocurre así en la regla de gasto, que es el gráfico de la derecha, del
2,4 %. Realmente pensamos que Andalucía y Madrid no van a cumplir la
regla de gasto. Después hemos puesto unos puntitos muy finitos encima del
mapa que casi no se ven para reflejar el caso de cuatro comunidades
autónomas que va a depender de si cumplen con la regla de gasto en el año
2018 -cosa que todavía no sabemos- o no. Veremos qué pasa, pero
dependiendo de eso podrán hacer uso o no de la disposición 106 relativa a
las inversiones financieramente sostenibles. Como hemos visto sus
presupuestos están preparados para gastárselos. Si no en cualquier caso
incumplirían la regla de gasto. Esta es la fotografía de las comunidades
autónomas.
En cuanto a la Seguridad Social -voy sector por sector-, yo creo que lo
más novedoso es que por primera vez tenemos ingresos en nuestra opinión
absolutamente realistas en el presupuesto de la Seguridad Social. Quiero
destacarlo porque es la primera vez que ocurre y hemos tenido
desviaciones notables. Lo podemos ver en este gráfico de la derecha. Este
es el promedio de desviación de la previsión de cotización a la Seguridad
Social de 2008 a 2016. La Seguridad Social se ha desviado en promedio
medio punto del PIB en sus presupuestos, lo que es una técnica
presupuesta mejorable. En 2017 ya tuvimos una mejora considerable, solo
se desviaron dos décimas. Según la estimación de la Airef pensamos que
este año están casi como nosotros, por lo cual el presupuesto es realista
y está diseñado para ir en esa dirección de 1,5 puntos del PIB en
términos de fondos de contabilidad nacional, de fondos de la Seguridad
Social.
Por el lado del gasto en el gráfico de la izquierda tienen la
descomposición entre los distintos componentes del gasto. Recuerden que
la parte de abajo es la parte que tiene que ver con el aumento del número
de pensionistas, y es muy estable -esta es nuestra estimación para 2018-;
la parte intermedia es la que tiene que ver con el efecto sustitución, es
decir, las pensiones de los que entran más altas que las de personas que
fallecen; la parte del IRP es esta parte pequeña de aquí y tenemos este
nuevo elemento, que son las medidas de este año, que nos permiten llevar
al 4 % una tasa de crecimiento de las previsiones que estaba en los
últimos años en torno al 3 %. En términos agregados -las medidas las
conocen, estaban en la transparencia anterior- nosotros las hemos
evaluado en coste y están en línea con nosotros. Dado que es tan novedoso
lo de las previsiones de la Seguridad Social aquilatadas, aquí les traigo
un poco de análisis económico. Aquí tienen por promedios y para 2018 la
descomposición de dónde sale este crecimiento de cotizaciones este año,
que en nuestro caso es del 5 %. Como vemos en el año 2018 vamos a tener
por primera vez, frente a lo que ha sido la tónica de 2017 y 2018, una
parte muy significativa que tiene que ver con la evolución del empleo,
pero ya hay una cierta recuperación de salarios que ya hemos ido viendo a
lo largo del año 2017 en los datos de cotizaciones, y que hemos visto
también en los primeros meses del año 2018. Empieza a haber una cierta
recuperación de salarios en línea con un poco de inflación, yo diría, y
eso hace que nuestra previsión del crecimiento de las cotizaciones sea
del 5 % y la de los Presupuestos Generales del 5,4 %, que básicamente no
es muy distinta, está dentro del rango razonable de plausibilidad. Y aquí
vemos la estructura de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Refleja
un poco las mismas tasas que contaba yo, lo que viene del préstamo del
Estado.
Por terminar voy a pasar a la Administración central. De nuevo tenemos
este año previsiones de ingresos realistas y también de gastos si
pensamos no en el objetivo del -0,7 %. Les recuerdo que yo aquí he dado
un salto en el vacío y estoy apuntando a un objetivo más en torno al 1,1
o 1,3 si se produjeran las RPA. Viéndolo desde esa perspectiva, que es el
objetivo de la Administración central, coincidente con el 2,2 una vez
visto lo que pasa con los otros tres subsectores, visto así, los ingresos
son realistas. También he utilizado un crecimiento nominal algo superior
del que aparece en los Presupuestos Generales de Estado, que nos parece
más central. Nos encontramos con que en tres de las figuras impositivas
nos parecen factibles los ingresos que aparecen estimados en los
Presupuestos Generales del Estado, excepto en los impuestos especiales,
que vemos muy optimistas. Pero agregadamente, dado que pesan poco, los
ingresos son optimistas.
Este gráfico es otra vez el mismo que presentaba para la Seguridad Social.
Ahí tienen el promedio de desviaciones en la estimación presupuestaria de
los ingresos desde el año 2008 al año 2016. Los Presupuestos del Estado
se han desviado en más de un 1 % del PIB en promedio de estos ocho años.
En 2017 ya observamos una mejora, pero todavía fueron muy optimistas las
previsiones de ingresos y fueron 6 décimas superiores a lo que realmente
ha ocurrido finalmente. Esto ya es con datos observados. Por los colores
de las barras pueden saber ustedes exactamente a qué impuesto me estoy
refiriendo. Este es el año 2018 y ahí ven que prácticamente están como
nosotros. Es la previsión de la Airef la que utilizo en el cálculo, y
como verán estamos prácticamente juntos, no hay apenas diferencias,
pequeñas diferencias en cada uno de los impuestos. Si quisiéramos ver
cada impuesto en las siguientes transparencias tienen de nuevo esa
descomposición de efectos, donde vienen los determinantes macroeconómicos
que están detrás de cada figura en las barritas y la comparación entre la
previsión de la Airef y la de presupuestos. Por ejemplo, en la renta
nosotros prevemos un 6 % y ellos están en el 6,5 %. Esto está dentro del
rango de lo plausible. De ahí vienen los efectos. Esta barrita rayada es
el efecto de la reforma fiscal bajando el impuesto sobre la renta en
determinados tramos.
En esta transparencia aparece evaluada esta medida. Estos son
estrictamente los datos que ha estimado el Gobierno. Nosotros los hemos
podido replicar con técnicas de microsimulación y nos parecen plausibles
los 2200 millones, 900 en el año 2018 -hay una errata- y 1300 en el año
2019. Finalmente hay un pequeño impacto negativo por el tipo reducido del
IVA. Nosotros tenemos una previsión algo por encima del 5 % para el
impuesto de sociedades y los Presupuestos Generales del Estado tienen una
previsión, también prudente, del 4,8 %, pero este es un impuesto muy
difícil de estimar, y quería llamar la atención sobre este asunto, porque
una vez más lo que estamos viendo en este gráfico que yo creo que he
enseñado alguna vez más es, en la línea azul, el impuesto de sociedades
devengado; la línea de abajo es la base imponible consolidada y la línea
de arriba es el resultado contable positivo que declaran las empresas en
el impuesto sobre la renta. Como vemos la brecha no hace más que abrirse
entre uno y otro y estamos a niveles de recaudación en términos reales
-ojo, esto en términos reales- del año 1999. Pero la base imponible en
ese momento tenía un nivel de 100 y estamos en una base de 200, más del
doble de la que había entonces. Nos parece bien la previsión prudente del
impuesto de sociedades. Hemos pedido muchas veces al Ministerio de
Hacienda conocer las bases imponibles negativas acumuladas porque
pensamos que esto está pesando mucho. No nos las proporcionan. Yo creo
que es una información que debería estar disponible para poder mejorar
las previsiones de todos de este ejercicio, cuántas bases imponibles
negativas se han acumulado durante la crisis, porque esta es una de las
razones por las cuales el impuesto no termina de despegar.
Esto es el IVA. En el IVA incluso estamos un poco por encima de ellos. Si
quieren curiosidades, esas barras rayadas son los efectos específicos de
la reforma. Nosotros hemos introducido una técnica de limpieza de las
series para poder ver lo que depende de la macro, por así decirlo, de lo
que son cambios normativos para que puedan ustedes analizar con más
precisión cómo evolucionan los impuestos y de qué depende cada cosa. El
IVA es así.
Finalmente, si nos vamos a los gastos, hay dos conceptos que favorecen la
ejecución presupuestaria. En nuestra opinión se va a reducir 2 décimas el
gasto en intereses respecto al año 2017 y va a haber otras 2 décimas
menos por transferencias al SEPE y al Fogasa. Lo de los intereses es
nuestra estimación. Lo de SEPE y Fogasa son los datos aprobados, que nos
parecen razonables. Dicho esto, ya se está agotando, son dos mecanismos
para dar holgura a otras partes del presupuesto que tenemos que ser
conscientes de que se van agotando. La bajada de intereses tiene poco
recorrido hacia delante, y también en las transferencias del SEPE estamos
ya a niveles mínimos de gasto en prestaciones de desempleo tomando una
perspectiva de largo plazo.
Hemos incluido en nuestras proyecciones el aumento de la remuneración de
asalariados del 1,75 para los empleados públicos. También lo que afecta a
pensiones de clases pasivas. En la formación bruta de capital nosotros
hemos incluido una estimación de RP, en cuanto a las autopistas, como la
que ha estimado el Gobierno de unos 2000 millones, y no hemos supuesto
que haya ningún ingreso complementario este año, que lo habrá
probablemente en 2019, cuando se reliciten.
No hemos podido incluir información sobre pasivos contingentes porque en
esto, que a nosotros nos parece absolutamente central y que está en la
línea de las mejores técnicas presupuestarias, es muy escasa la
información que proporciona la IGAE y nula la que hay en presupuestos.
Nosotros estamos trabajando seriamente en un estudio sobre pasivos
contingentes que yo creo que tendremos a finales del año en curso, donde
miraremos los distintos posibles elementos que puedan producir un aumento
de la deuda o déficit inesperado en los próximos años. Yo creo que esta
es una línea que hay que seguir. Las autoridades independientes con más
tradición como la inglesa, la americana y ahora la de los irlandeses
están haciendo informes que llaman Fiscal risks, que cada vez son más
relevantes a la hora de evaluar, desde una perspectiva a medio plazo, las
cuentas fiscales. Por eso seguimos insistiendo en que sería bueno que,
además de que nosotros hagamos un informe, hubiera más información sobre
pasivos contingentes en los presupuestos.
Voy a terminar con una evaluación de qué nos dicen todos estos números
agregados desde el punto de vista del tono de la política fiscal, el
Fiscal stands, la orientación de la política fiscal en este año y en los
anteriores. Retomo el gráfico sobre el ciclo. Recuerdo que, en nuestra
opinión, a finales de 2018 y 2019 estaremos volviendo a una situación
neutral. Cuando se hace una evaluación basada en estimaciones de esfuerzo
estructural, con cambios estructurales, y lo miramos no hay que fijarse
en estimaciones puntuales y hay que ver globalmente cómo sale. Si miran
los últimos años, incluido el 2018, verán que tenemos una situación que
yo llamaría básicamente neutral, quizá un pelín restrictiva si le
queremos sacar punta, porque está por encima de la línea cero, pero con
el grado de precisión que los economistas estimamos esto, es una política
básicamente neutral desde el punto de vista de su contribución al ciclo
económico. Esta es una impresión -y creo que es bastante correcta- sobre
cuál está siendo el tono o la orientación de la política fiscal estos
años.
En esta última transparencia voy a intentar dar datos un poco más
puntuales. Me da un poco de miedo, porque cuando das datos más precisos
la gente piensa que son realmente muy precisos y no lo son, pero ayuda a
ilustrar lo que estoy diciendo. En el año 2017 tuvimos un déficit público
del 3,1 %. En el año 2018 pensamos que vamos a terminar en el 2,3, sin
incluir autopistas, porque si las ponemos sería un 2,5. Esta es una
estimación central nuestra, con su rango de confianza, con lo cual el 2,2
es factible, está en el límite de la factibilidad. Lo que nos queda es
que estamos reduciendo 8 décimas. Veamos de dónde viene la reducción de
estas 8 décimas. De esas 8 décimas, 7 son: 2 de ellas vienen de una
reducción que pensamos que se va a producir en los intereses de la deuda
y hay otras 5 que serían genuinamente de ganancia todavía cíclica, porque
todavía estamos en la parte baja del ciclo, aunque ya estamos llegando a
la neutralidad. De esas 5, 4 son ganancia cíclica en ingresos y una
décima la estamos ganando porque baja el gasto del SEPE por prestaciones
por desempleo. Por tanto nos queda un esfuerzo estructural de
prácticamente cero, una décima, por eso decía que esto es básicamente
neutral. No le saquemos punta a esta décima, pero hay una décima. Si uno
tiene curiosidad de cómo se compensa esta décima, ha habido una décima de
expansión con la bajada de impuestos, estos 1000 millones; ha habido un
cierto esfuerzo inversor que nos da 2 décimas; he quitado la RPA porque
la RPA creo que no computa, va directamente a unos fondos y no creo que
revierta en el país, sino que sale fuera del circuito económico nacional
con toda probabilidad, por lo que no creo que tenga un impacto de stands
en España; pero sí hay un esfuerzo inversor en otros aspectos que nos da
2 décimas de impulso cíclico; y también otra décima en subvenciones. Todo
esto se compensa con 4 décimas de esfuerzo, de crecimiento por debajo del
gasto en esos dos componentes que ven ustedes ahí.
Me gustaría hacer una reflexión un poco más agregada. La regla de gasto es
muy complicada, porque además la Intervención General del Estado, que es
la que se encarga de esto, presenta la información de una forma muy
inadecuada y solamente ex post se comprueba lo que ellos hacen, cambian
mucho la metodología, no hay mucha transparencia. Nos lleva mucho
esfuerzo hacer esto, debería ser mucho más fácil si todo el mundo
ayudara, pero aun así lo hacemos. Nos parece que el gasto computable, que
no es todo el gasto, es el computable para regla del gasto, va a crecer
en torno a un 4,2 % en el año 2018, algo por debajo del PIB nominal, pero
por encima de la regla de gasto. Si se hubiera aplicado estrictamente la
regla de gasto por todas las administraciones públicas el grado de
esfuerzo fiscal sería significativo, que
es un poco la lógica europea. Esto lo vamos a ver ahora. Si aplicáramos la
regla de gasto -estamos hablando de 2018- en lugar de ese 4,2 sería un
2,4 %, por lo que tendríamos 3 décimas menos de déficit público según
nuestras estimaciones, es decir, en lugar del 2,3 sin autopistas,
estaríamos en el 2 %, sobrecumpliríamos el objetivo de déficit. Por
cierto si estuviéramos fuera del procedimiento de déficit excesivo eso es
lo que rige, porque rige la métrica europea que ya no es el déficit
nominal fijado cuando estás bajo procedimiento de déficit excesivo. De
hecho la regla de gasto europea es distinta de la española. Por ejemplo,
la Seguridad Social está incluida en la regla europea, por lo que esos
crecimientos del 4 % que tenemos con la regla europea tienes que
compensarlo con menos en el resto si va a crecer el gasto en Seguridad
Social. Ojo con lo que nos viene. La regla europea, según nuestro
cálculo, nos hubiera exigido un crecimiento del gasto del 0,8 % este año.
¿Por qué es así, por qué es distinta del 2,4 % español? Porque en Europa
hay dos cosas que se tienen en cuenta en la famosa matriz que te
determina la regla de gasto, una es la distancia al 60 %. Cuanto más
distante está del 60 % de deuda, nosotros estamos bastante lejos, más hay
que intensificar el ritmo de moderación del gasto. La otra es la
distancia al MTO, al objetivo a medio plazo. El MTO es del menos 0,5 %
-aunque nuestra Constitución diría que es del cero, pero quedémonos en el
menos 0,5 %- y estamos en el dos y pico en términos estructurales, y
además la Comisión piensa que ya estamos en un ciclo alcista, nosotros
no, pero ellos sí y utilizan sus métricas. Aquí hay una cierta situación
esquizofrénica en el siguiente sentido, la Airef piensa -y creo que la
política del Gobierno ha sido orientada hacia una cierta expansión- que
con una tasa de paro del 17 todavía no estamos en un ciclo alcista,
estamos en un ciclo bajista, pero la Comisión no piensa eso y la métrica
de la Comisión es la que rige cuando estás fuera de APD, en el
procedimiento preventivo. Lo que te dicen es que cuando usted está en
fase expansiva, como creo que usted está, tiene que ir al MTO más
deprisa. En España, con una lógica distinta, según vas creciendo más en
nominal por inflación de precios, la tasa de crecimiento del gasto está
en un 2,4 pero el año que viene estará en un 2,7, es decir, cada vez
crecerá más. Por tanto se cruzan los diagnósticos. Aplicando la métrica
europea, según nuestros cálculos, la regla de gasto sería de un 0,8 %, lo
que implicaría -para que veamos hasta qué punto esta métrica da
resultados sorprendentes- una corrección del déficit adicional a la que
ya se ha hecho de 1,2 puntos. Nos hubiéramos tenido que ir del 3,1 al 1,1
%. Seamos conscientes de esto, porque es importante que exista una
interlocución y un diálogo -como han hecho otros países- con las
autoridades europeas para que esto se reconsidere, y se tenga en cuenta
que la métrica europea que se va a aplicar a España casa mal con la
realidad que conocemos aquí. Por eso es importante tener instituciones
fiscales nacionales fuertes que sean un contrapeso y que puedan ser
utilizadas frente a lo que nos venga determinado por métricas como las
europeas que a veces no casan bien. Alerto de este tema porque a la hora
de evaluar la orientación de la política fiscal para el año 2018 todavía
estamos en procedimiento decisivo, pero en 2019 ya no lo vamos a estar.
Hay que ir preparándose para esto.
Además hay que tener en cuenta también, cuando hablamos de la orientación
de la política, como segunda dimensión, la sostenibilidad de la deuda.
Este ejercicio que les presento aquí es interesante porque ahora estamos
con una deuda en torno al 96 %. Si nos quedamos en la situación actual,
con lo que sabemos de los presupuestos, y estamos en una situación
cíclica neutral, tendremos una situación de equilibrio primario, un
déficit público del dos y pico, que en términos primarios es un
equilibrio. Si nos quedáramos ahí y proyectáramos en una situación de
ciclo normal nos iríamos a una estabilización de la deuda de 85 puntos
del PIB, muy lejos del 60 que nos exige la Constitución y la regla
europea. Por tanto tenemos que seguir avanzando. Si aplicamos las reglas
fiscales y vamos al MTO, al objetivo a medio plazo, en los próximos años
y nos quedamos ahí veremos que la deuda se va al 60 en el año 2033, 2034
o 2035. ¿Por qué es preocupante lo del 85? Porque las cosas pueden ir
mal, pueden subir los tipos de interés más de lo que esperamos o más de
lo que en este momento es plausible, podemos tener una evolución
económica desfavorable, podemos tener black swans. Por tanto cuando uno
hace simulaciones la deuda se empieza a ir más arriba del 85 %; por eso
es tan importante la orientación a medio plazo, porque es lo que te
llevaría en un momento determinado a que el mercado te vuelva a penalizar
y tener problemas de financiación para la economía.
Termino con las recomendaciones del informe. El informe de la Airef sobre
los Presupuestos Generales del Estado se publicará esta tarde después de
mi comparecencia y en las próximas semanas, días, tendrán ustedes el
informe específico para cada una de las comunidades autónomas y cada uno
de los ayuntamientos. Yo he dado aquí un poco el sentido general.
Este año nosotros ponemos el énfasis en nuestras recomendaciones. No
hacemos recomendaciones concretas de gasto o de ingresos porque pensamos
que más o menos es razonable visto lo visto, pero nos
preocupa mucho la técnica de fijación de objetivos. Es muy importante para
que realmente el marco de la Ley de estabilidad y las reglas fiscales
sirvan para lo que están diseñadas: orientar el proceso presupuesto, que
los objetivos de cada subsector sean realistas. Y para eso también es muy
importante atajar el sistema de financiación y que exista un buen
encuadre entre las competencias y los ingresos de cada uno. En ese
sentido me parece que hay que reflexionar sobre la Ley de estabilidad y
ver qué aspectos son mejorables. Yo no sé si es el momento porque es
verdad que Europa está también en proceso de cambiar su marco fiscal, que
va a impactar y va a necesitar cambios nuestra ley; la Ley de la Airef
sin duda, porque las competencias de las autoridades fiscales
independientes van a ampliarse en la intención, digamos, de las
autoridades de Bruselas, de la Comisión en este momento; y sobre todo la
Ley de estabilidad, donde a las reglas hay que darles una vuelta. Pero a
mí me parece que hay cosas que igual sí se podrían ir haciendo y hay una
que sería muy buena y sobre la que probablemente debería haber consenso.
Nuestra Ley de estabilidad tiene una disposición transitoria -que además
establece que hay que modificarla- que fija el ritmo con el que hay que
llegar al 60 %; y lo fija en el año 2020 ¿eh? Bueno, esa disposición
transitoria se ha quedado completamente desfasada.
Probablemente cada uno tenga en la cabeza trayectorias distintas y desde
luego cada grupo político cuando gobierne tendrá una composición de
ingresos y gastos distinta acerca de cómo llevar esa senda. Pero la senda
y el ritmo razonables sin que la economía sufra por ello por los que
deberíamos llevar la deuda a medio plazo al 60 % podría ser un punto de
acuerdo para que sirviera de ancla a las decisiones; es decir para que el
principio de sostenibilidad de las finanzas públicas fuera no algo
controvertido en el entendimiento de cuál es el punto al que hay que
llevar la deuda en equis años -esto puede ser todo lo gradual que sea-,
pero que sirva realmente de anclaje a las decisiones de unos y otros, que
después necesariamente serán distintas en sus políticas de ingresos y
gastos porque las preferencias son distintas y porque las opciones de
política tienen que ser lógicamente diferenciadas. Pero en este tema
podría haber acuerdo y además podría haber gradualidad suficiente para
que nadie se sienta necesariamente restringido. Esto está pendiente
porque tenemos una Ley de estabilidad vigente que dice que es el 2020, y
año tras año -ni siquiera lo pongo yo aquí- obviamente se desborda
ampliamente. Este es uno de los temas, junto a la técnica de fijación de
objetivos y la jerarquía de las reglas, que amerita sin duda una
reflexión y un esfuerzo de consenso.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Escrivá.
A continuación tenemos las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.
Doy la bienvenida al señor presidente de la Airef, es un placer
escucharle, da muchísima información y se agradece la transparencia de la
autoridad fiscal española. Por desgracia el Gobierno no hace lo mismo y
ayer nos dieron un ejercicio más de opacidad. Es verdad que ha sido una
exposición tan extensa y tan estricta que también haría falta un tiempo
de reflexión y análisis para poder responder con la capacidad de
analítica adecuada, ¿no? Yo voy a intentar mezclar la intervención que
tenía preparada con alguna reflexión sobre lo que nos ha dicho; espero
que el presidente sea flexible con los tiempos porque, cuando se
improvisa, se amplían.
El Gobierno ha revisado al alza -como ha dicho usted- la previsión de
crecimiento económico para el año 2018 situando el avance anual del PIB
real en el 2,7 %; hay un PIB nominal del 4,3 % que según la Airef es
factible e incluso prevé que sea superior. El principal reto es que este
crecimiento futuro, del cual lógicamente nos alegramos, sirva para crear
empleo de calidad y también contribuya a la sostenibilidad y mejora del
Estado del Bienestar. Porque entendemos que el Gobierno sigue apostando
por incrementar la competitividad por la vía de una bajada salarial, baja
productividad por ocupado, empleo precario o temporal, lo que afecta a la
desigualdad con el riesgo de que los costes sociales de la crisis se
mantengan en el medio y largo plazo. Usted ha reconocido que con relación
al año 1999 había aumentado la desigualdad en España y ha comentado el
índice de Gini, que es un tema preocupante y con el cual también hay que
trabajar para que disminuya.
La evolución prevista -en el propio escenario macroeconómico del Gobierno
con relación al PIB y el empleo equivalente a tiempo completo- apunta a
un crecimiento exiguo de la productividad aparente del trabajo del 0,2 %.
El entorno exterior es sin duda una de las incertidumbres más
significativas del escenario macroeconómico sobre el que están basados
los presupuestos del año 2018 destacando un incremento
progresivo de los tipos de interés -que en el caso del BCE se conoce como
normalización de la política monetaria-, un mayor proteccionismo
comercial por las medidas de Estados Unidos y su Administración y el
efecto de la próxima salida de Reino Unido de la Unión Europea. ¿Tienen
ustedes alguna cuantificación de los posibles impactos de esos riesgos en
el crecimiento económico?
En la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, a este Gobierno le falta
una política de reformas estructurales que ayude a fortalecer el
crecimiento estructural y nos haga menos dependientes de los factores
transitorios que han estado detrás del crecimiento de los últimos años.
No vemos un esfuerzo del Gobierno ni de sus socios en la nueva derecha
por aplicar políticas reformistas; más bien al contrario. Ha hablado
usted de retos estructurales, un trato fiscal con la ayuda pública, del
superávit primario. Le pediría un mayor desarrollo de cuál es el
deterioro de la posición estructural. El nivel de la tasa de paro, la
desigualdad -que ha crecido-, las rentas salariales -que pesan menos en
la distribución de rentas-. ¿Ha hecho el Gobierno, en su opinión, alguna
reforma estructural en lo que llevamos de legislatura para atacar estos
retos estructurales? Persisten desequilibrios estructurales que requieren
reformas -en opinión del Grupo Parlamentario Socialista- para aumentar la
productividad y el crecimiento potencial, como la calidad de las
instituciones, la innovación, I+D+i y la formación del capital humano.
¿Le parece adecuado actuar sobre estas cuestiones para cambiar el modelo
productivo español y modernizarlo? ¿Cuál es su opinión sobre el modelo de
crecimiento español? ¿Qué vulnerabilidades le ve? ¿Qué cambios
necesitaría?
Cómo crecemos y cómo se distribuye el crecimiento son cuestiones básicas
que definen una política económica y una política social y el proyecto de
presupuestos del Gobierno es antisocial y no contribuye a hacer de España
un país con una economía más moderna a juicio del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Le parece que el proyecto de presupuestos ayuda a cambiar y
modernizar el modelo productivo español? ¿Le parece que un incremento de
la productividad del 0,2 % es suficiente para que la economía española
mejore su capacidad de competir por una vía de generación de productos de
alto valor añadido y creación de empleos de calidad?
Ese modelo de crecimiento está, a nuestro entender, castigando a las
familias y a los trabajadores. Cabe recordar que en el conjunto del año
2017 la tasa de ahorro de los hogares se cifra en el 5,7 % de su renta
disponible: dos puntos menos que la del año 2016 y la más baja de los
últimos veinte años. En su opinión, ¿en 2018 puede volver a crecer la
renta disponible de las familias o va a seguir disminuyendo? ¿Tiene la
Airef alguna estimación de cuál podría ser el incremento de la
remuneración por asalariado para el conjunto de la economía en los años
2018 y 2019?
Por otra parte, el modelo de Estado del bienestar para España que plantea
el Gobierno es el de un Estado de low cost raquítico, pequeño, del 38 %
del PIB en gastos y en ingresos, un modelo que nos condena al furgón de
cola de la Unión Europea. ¿No le parece a usted que España debería
mirarse en el espejo de los países más avanzados de Europa?
Usted planteaba al final de su intervención lo de utilizar un objetivo de
deuda pública a medio plazo como anclaje de objetivo político, buscando
esa convergencia hacia un 60 %. Eso requeriría más ingresos fiscales y,
en nuestra opinión, requeriría una visión diferente porque, si no hay
superávit o ingresos fiscales, con las actuales necesidades y el actual
deterioro de los ingresos que está haciendo el Gobierno, nos parece muy
complicado lograr en un plazo razonable ese objetivo de un 60 % o el que
se fije de disminución progresiva de la deuda, que es una vulnerabilidad
clarísima para la economía de España e hipoteca el futuro de los
españoles.
¿Podría darnos datos de proyecciones de gasto social sobre PIB para los
próximos años y su desglose por funciones de gasto en educación, sanidad,
dependencia, protección social y pensiones para el conjunto del gasto
público en España, según el actual modelo planteado por el Gobierno y su
socio, Ciudadanos? Ha hablado de 300 000 personas en situación de espera
por la dependencia; 300 000 personas esperando a que el Gobierno les dé
un servicio que ellos tienen como derecho; son 3000 millones de euros, y
también hablaba de que les sobraban 7000 a los ayuntamientos. Entiendo
que cada uno tiene su responsabilidad y el Gobierno tiene que financiar
la dependencia y no lo está haciendo. ¿Qué tensiones de gasto social
estima en España por funciones de gasto? Ha hablado de dependencia y de
las pensiones. Incluso le preguntaría cuál entiende usted que debería ser
el peso de los ingresos fiscales sobre el PIB para poder atender a esas
necesidades de gasto y equipararnos con los países de la media europea;
me dirá que es una decisión del Parlamento, pero me gustaría conocer su
opinión.
También entendemos que se pueden hacer mejoras en la Administración desde
el punto de vista de la racionalización de gastos y mejora en eficiencia.
Ustedes han estado trabajando en la evaluación de
políticas de la Administración. ¿En qué áreas y de qué forma se podrían
introducir mejoras de eficiencia? ¿Tienen alguna cuantificación del
impacto económico en términos de recursos ociosos, liberados o que se
podrían liberar para mejorar los resultados?
En relación con los ingresos, en nuestra opinión creemos que pueden estar
sobrevalorados un año más. En particular, tenemos algunas dudas sobre la
estimación del IRPF. La Airef lo daba como factible y no vamos a
cuestionarlo, pero es verdad que nos parece complicado y tenemos algunas
dudas sobre si un impuesto que no se cumplió en el año 2017, que este año
incorpora una bajada de estimación de 2 millones de euros, tenga un
incremento superior a 17. Es verdad que el Gobierno confía a la inflación
y a la subida de los salarios ese incremento, pero a nosotros nos parece
poco creíble. Le pediría una mayor explicación de los impuestos
especiales, que según usted es bastante improbable que se cumplan, en qué
tipo de impuestos y por qué razones no se cumplen. También destacamos la
disminución del peso relativo de la recaudación del impuesto de
sociedades sobre el total de los ingresos tributarios. Usted lo ha
mencionado y señalamos que la estimación de ingresos por sociedades en el
2018 es 20 000 millones inferior al año 2017. Ya nos ha dicho cuál es su
opinión sobre la estimación de ingresos. ¿Qué reformas habría que hacer
en el impuesto sobre sociedades para que recuperara el nivel de
recaudación y su peso en la estructura tributaria que tenía en el año
2007? Porque usted ha dicho que ha aumentado la brecha entre el resultado
contable y luego impuestos; el resultado contable es más del doble que en
el año 1999, con lo cual es un tema sobre el que habría que reflexionar
también.
España cerró 2017 con un déficit público del 3,07 % del PIB. Una vez más
-sin contar la ayuda financiera- el Estado y la Seguridad Social, que
dependen del Gobierno, han incumplido el objetivo de déficit y usted de
nuevo lo resalta en su intervención: cumplen las entidades locales,
cumplen las comunidades autónomas, ve bastante factible que lo haga la
Seguridad Social, pero no ve factible que lo haga el Estado. Calcula 2000
millones de euros para autopistas...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
El señor LASARTE IRIBARREN: Un minuto, por favor, presidente. Gracias.
¿Qué pasaría si en vez de 2000 fueran 4000? Porque cada día el Gobierno
nos sorprende con más rescates y además no están presupuestados, no
aparecen en el presupuesto.
Voy a ir más rápido. Ya ha dicho cuál es su opinión en cuanto a que el
Gobierno vaya a cumplir el objetivo de déficit general de 2,2 %. En
particular, qué opina sobre que se cumpla el objetivo de déficit,
responsabilidad del Estado, que se ha incumplido sistemáticamente durante
los siete años del actual Gobierno. ¿Qué medidas cree la Airef que se
podrían implementar por parte del Gobierno para hacer frente al déficit
estructural de la Seguridad Social?
Por último, como ha dicho también la Airef, a pesar de haber crecido por
encima del 3 % durante el 2017, la ratio de deuda pública apenas se ha
corregido. Por tercer año consecutivo no se cumplió en 2017 con la
reducción de dos puntos porcentuales de deuda establecida en la Ley de
estabilidad presupuestaria. España tiene un elevado nivel de deuda
pública, lo que supone una carga para la economía y una vulnerabilidad
ante cambios en las condiciones económicas o financieras ante posibles
incrementos de los costes de financiación, además de suponer una alta
hipoteca para las próximas generaciones.
Finalizo. Entendemos que las cuentas públicas siguen arrastrando los
siguientes problemas estructurales: una capacidad recaudatoria
insuficiente -ingresos públicos-, necesidad de tener una reforma fiscal
integral, un esfuerzo desigual entre los diferentes niveles de la
Administración, un déficit estructural de la Seguridad Social y un
persistente déficit estructural. ¿Está de acuerdo con la existencia de
esos problemas estructurales? ¿Cree que habría que añadir algún otro?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lasarte.
A continuación, en nombre de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Escrivá. Es un placer tenerle por aquí ya que la de
usted es probablemente la única opinión que se puede considerar
independiente del Gobierno a la que se permite participar aquí en las
sesiones de comparecencias de los presupuestos generales y la verdad es
que se agradece escucharla. Resumiré muy brevemente el análisis que
hacemos desde nuestro grupo parlamentario de esos presupuestos.
Mientras que la economía crece desde el 2014 entre el 1,4 y el 3,4 % por
encima de la media europea, los beneficios de la recuperación no están
llegando a los bolsillos de los ciudadanos. Seguimos a la cabeza de
Europa en desigualdad y pobreza, con una productividad bajo mínimos y con
un modelo de crecimiento que consideramos que profundiza en las
debilidades del pasado. Gran parte de la responsabilidad de que esto sea
así la tiene la política económica del Gobierno cuya principal
cristalización son los Presupuestos Generales del Estado. Estos
presupuestos, que además de llegar tarde no sirven para distribuir la
riqueza que se está generando ni para abordar la transformación
productiva que necesita nuestro país, consolidan los recortes causados
durante la crisis en las principales partidas en un momento de
crecimiento y promulgan la austeridad fiscal como una forma de gobierno,
'jibarizando' los ingresos y los gastos públicos en un momento de
crecimiento y alejándonos más de la media europea y de los países más
avanzados de nuestro entorno.
Pasando ya a la intervención del señor Escrivá, voy a utilizar como
referencia el informe sobre el cuadro macroeconómico que publicó durante
el mes de marzo e intentaré incluir algunas cuestiones de las que ha
expuesto hoy aquí, aunque sin haber analizado en profundidad el documento
que ha publicado hoy es complicado. En primer lugar, quería preguntarle
sobre el retraso en la publicación de los presupuestos. Los presupuestos
llegan a esta Cámara con siete meses de retraso y querría preguntarle al
señor Escrivá su opinión sobre cómo cree que afectan a la economía los
retrasos en los ciclos presupuestarios que se están produciendo en los
últimos años. En segundo lugar, sobre la estimación de los ingresos
tributarios, nosotros, como ya hemos comentado, consideramos que los
ingresos en España son totalmente insuficientes debido a que no se aborda
una necesaria reforma fiscal que modernice nuestro sistema tributario
aumentando los recursos destinados a la lucha contra el fraude -de los
países de la Unión Europea somos el país donde menos recursos destinamos-
y que se cierren los agujeros que existen en el impuesto de sociedades,
que ahondan en la debilidad recaudatoria, como ha expuesto el señor
Escrivá y donde luego también ahondaremos. Además, consideramos que la
previsión que se recoge en estos presupuestos al plantear un incremento
de la recaudación mientras se producen rebajas fiscales es, cuando menos,
dudosa. El señor Escrivá ha manifestado que la ve adecuada, pero me
gustaría que profundizara en este aspecto y en cómo cree que la
estimación de la recaudación que plantean los presupuestos es plausible
y, en concreto, el aspecto de la recaudación de IRPF.
También querríamos preguntarle en referencia al informe sobre el cuadro
macroeconómico. En este informe se indica que no disponía de información
sobre el escenario de ingresos asociados al escenario macroeconómico. Nos
gustaría conocer cuáles son los motivos oficiales del Ministerio de
Hacienda para no trasladar esta información a la Airef porque nosotros,
como sabe, siempre abogamos por la independencia de la Airef, pero
también por la colaboración del Gobierno para transferir la información
necesaria a la hora de realizar su trabajo.
Pasando al siguiente punto sobre sociedades, ya trasladó con bastante
claridad en su presentación el señor Escrivá cómo una recaudación del
impuesto sobre sociedades se ha hundido gracias en gran medida a las
reformas del Gobierno del PP, con una diferencia de 22 000 millones entre
2007 y 2017, y nos gustaría que profundizara un poco más en los motivos
por los que cree que se ha hundido la recaudación del impuesto sobre
sociedades. Ya ha comentado algunos, pero nos gustaría que ahondara un
poco más porque es un tema que nos interesa bastante.
Respecto al nivel de gasto público, estos presupuestos plantean un nivel
de gasto público sobre el PIB que pasa del 41,6 % al 40,5 %, como ya
hemos comentado. Esto lleva la brecha con respecto a la media europea a
siete puntos. Nos gustaría conocer la opinión del señor Escrivá en dos
aspectos al respecto del gasto público. ¿Cree que la reducción del gasto
PIB es la única forma de reducir el déficit o también sería posible
abordar esta reducción del déficit por la vía de los ingresos? Ya ha
expresado su opinión sobre esto alguna vez, pero en este sentido queremos
preguntarle sobre los efectos que cree que puede tener sobre la economía
hacerlo de una forma u otra o, al menos, una estimación de ellos.
¿Considera el señor Escrivá que una reducción del gasto público de estas
características puede tener efectos negativos sobre las previsiones de
crecimiento? Nos interesa conocer la opinión de la Airef al respecto y
también sobre la composición del gasto público y los efectos que puede
tener.
El informe se refiere al escenario macroeconómico de la Airef, a los
efectos favorables sobre la renta de los hogares por la vía de las
medidas fiscales expansivas anunciadas con un impacto de hasta 0,2 puntos
del PIB. Estas medidas fiscales expansivas tienen un efecto dentro de las
estimaciones del PIB conocido como el efecto multiplicador del gasto
público. Según la evidencia empírica, los multiplicadores son mayores
cuando se implementan por la vía del gasto que por la vía de los
ingresos. Ahí se fundamenta nuestra
opinión sobre estos presupuestos en gran medida. Del mismo modo, son
mayores cuando se canalizan a través de la inversión que a través del
gasto corriente. Por eso, estos presupuestos, que incluyen una inversión
pública que está en mínimos históricos, en 2016 y 2017 estuvo ya por
debajo del 2 % del PIB y en estos presupuestos se reducen aún más,
llegando a valores mínimos desde 1970. Nos gustaría conocer la opinión de
la Airef al respecto de la composición del gasto público y de esta
reducción que se ha producido de la inversión en los últimos años y cómo
cree que puede afectar también al crecimiento.
En cuanto a los riesgos que plantean el escenario macroeconómico y cómo
pueden afectar a la economía, el señor Escrivá ya lo comentó durante su
exposición y tampoco quiero reiterar lo que él ya ha dicho. Ha hablado de
los riesgos derivados del brexit, de los riesgos derivados de los
posibles incrementos de precios del petróleo y de fluctuaciones en los
tipos de interés y me gustaría que ahondara un poco más sobre cómo cree
que puede actuar el Banco Central Europeo sobre la expansión cuantitativa
y los tipos de interés bajo. También nos gustaría conocer cuáles son los
riesgos que pueden implicar sobre una deuda pública como la española, que
está cercana al 100 % del PIB, y sobre los posibles cambios en la
política monetaria por parte del Banco Central Europeo.
En el informe se marcan recomendaciones en el cuadro macroeconómico del
Gobierno y se dice: La necesidad de acompañar el cuadro macroeconómico de
un escenario inercial o a políticas constantes y de una cuantificación
separada del impacto económico de las medidas adoptadas o previstas, con
el fin de facilitar la comprensión de las previsiones. ¿Esto quiere decir
por parte de la Airef que no es posible discernir el resultado de las
medidas adoptadas por el Gobierno y la evolución del escenario
presupuestario en las estimaciones? Porque, de ser así, ¿desde su punto
de vista el Gobierno podría estar camuflando el resultado de las medidas
implementarias con la propia evolución del escenario macroeconómico?
Querríamos que se posicionara al respecto de esta cuestión que indican en
su informe.
En último lugar, y voy terminando por si acaso el presidente me lo
advierte, queríamos preguntarle por los sesgos en la previsión del
consumo público de los objetivos de déficit que también señala en este
informe previo. Según los datos que se adjuntan en este informe, más de
la mitad de los sesgos grandes se concentran en las partidas de consumo
privado y público, tasa de paro y la ratio de déficit público sobre el
PIB. De hecho, una de las principales recomendaciones que el informe hace
tiene que ver con adoptar y hacer públicas las medidas necesarias para
corregir los importantes sesgos observados en las previsiones de otoño
del consumo público. Desde su punto de vista, esto tiene que ver con una
de las prácticas que hemos denunciado en esta Cámara por la cual el
ministro Montoro ejecuta menos partidas de las presupuestadas, haciendo
recortes encubiertos. ¿Puede tener alguna relación con esta práctica
presupuestaria que caracteriza al señor Montoro y al Gobierno del Partido
Popular?
Por último, querría hablar sobre el reparto vertical del déficit y los
objetivos de estabilidad presupuestaria en los cuales ha ahondado
bastante y la verdad es que nos ha gustado que reflexionara tan
profundamente sobre estos aspectos en su presentación. No obstante, hemos
de decirle que para nada estamos de acuerdo con su apreciación sobre el
no gasto por parte de las corporaciones locales que, desde luego, no es
porque no tengan en lo qué gastar sino porque precisamente la injusta
regla de gasto no se lo permite. Estos 24 000 millones de euros en
depósitos que van a tener los ayuntamientos próximamente, como usted
indicó, desde luego no es por gusto de los propios ayuntamientos sino por
unas reglas fiscales por parte del ministro Montoro que, como usted ha
indicado, no tienen parangón en el resto de Europa y tienen un
funcionamiento que precisamente sirve para cargar la mayor parte de la
carga del ajuste sobre las corporaciones locales, mientras que permite a
la Administración central con este funcionamiento de cálculo residual de
los objetivos de déficit siempre ser la que no cumple los objetivos y que
hace que los ayuntamientos y corporaciones locales paguen los platos
rotos.
Quería preguntarle por las modificaciones, ya que lo que ha comentado, de
la Ley de estabilidad presupuestaria que hay en marcha aquí en el
Congreso -hay una en concreto para flexibilizar la aplicación de la regla
de gasto- y si usted se puede posicionar al respecto, ya que ha abundado
hoy en relación con esto, nos parecería interesante.
Por último, con respecto a la congelación de las transferencias a
comunidades autónomas derivadas de la recaudación 4230 millones de las
entregas a cuenta que se produjo en diciembre por parte de ministro
Montoro, queríamos que nos diera su opinión al respecto porque nosotros
consideramos que esto es un chantaje más de los que realiza el ministro
Montoro para presionar al resto de fuerzas con el fin de aprobar unos
presupuestos que, por otro lado, consideramos injustos, como ya hemos
manifestado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido, señor Escrivá. Es un placer tenerle aquí, es un placer
escucharle, es un placer que traiga datos, que haga unas presentaciones
modernas con proyecciones sensatas, que sea usted una persona
independiente y que la Airef exista. Ojalá hubiera muchas más Airef en
nuestro país no sólo para la responsabilidad fiscal, sino para otras
muchas políticas públicas que en este país se han hecho sin ningún
criterio de evaluación. Se han planteado gastos ingentes en políticas
públicas que después no han tenido ningún seguimiento. Podríamos hablar
de las políticas de empleo, de las políticas activas y de las políticas
de educación. Ojalá tuviéramos un criterio mucho más científico, mucho
más serio y mucho más europeo en la evaluación de las políticas públicas
en otros ámbitos, particularmente en un país, y ahora me refiero al
empleo, en el que tenemos un mercado laboral tan absolutamente roto.
Ojalá pudiéramos ver qué está pasando con las políticas activas en
nuestro país, por ejemplo, y evaluar en qué se están gastando el dinero y
quién se lo está llevando porque a veces resulta enormemente frustrante
intentar hacer políticas públicas en este país cuando no hay una claridad
tan necesaria como la que aporta la Airef al gasto público.
Dicho esto, quería hacer un comentario también al respecto de su propuesta
de tener o de acordar un anchor, un ancla de objetivos de reducción de la
deuda. Me parece una idea buenísima. Pienso que la relación que se ha
generado entre el Partido Socialista y Podemos lleva a un equilibrio
perverso que el que el único incentivo permanente es proponer más gasto
que el anterior. Honestamente pienso que no hay nada más irresponsable y
menos progresista que ser irresponsable fiscalmente y lo ha demostrado la
trayectoria de muchos países. Porque, como decía usted mismo, dentro del
marco fiscal establecido, se puede elegir gastar más en unas cosas o
gastar menos, tener una composición del gasto distinta, priorizar unos
impuestos sobre otros; ahora bien, cuando no eres responsable
fiscalmente, te acabas gastando el dinero que te tendrías que gastar en
educación, en hospitales, en pensiones o en dependencia en pagar los
intereses de la deuda, que es lo que hemos venido haciendo estos años. Se
ha dicho, se dice y se repite cada día como una matraca que este es un
presupuesto austero. Les aseguro que sería infinitamente más austero si
no se hubiera sido responsable y no se hubiera seguido la trayectoria de
reducción del déficit a la que Ciudadanos ha contribuido desde que está
en esta Cámara, porque entonces tendríamos que gastarnos muchísimo más
dinero en intereses de la deuda. Este año suben todas y cada una de las
partidas sociales, sube el gasto social global en un 3,5 %; de hecho, lo
único que baja es el pago de intereses de la deuda y el gasto por
desempleo. Podemos discutir si se quiere gastar un poco más en educación
o un poco menos en otro lado, pero no podemos hacer un órdago al marco,
porque entonces estamos dinamitando el progreso. Tenemos que ser
conscientes de lo que estamos haciendo -y me refiero directamente al
Partido Socialista- cuando ignoramos absolutamente la restricción
presupuestaria y pedimos cosas que todos sabemos que no se pueden
cumplir. Destaco esa reflexión, particularmente teniendo referentes de
partidos socialdemócratas perfectamente equiparables en otros tiempos a
los que teníamos en España, como ahora en Francia con lo que hace Macron
o como lo que hicieron Clinton y Obama en Estados Unidos, donde la
responsabilidad fiscal ha sido un eje prioritario en las políticas
públicas. Vaya por delante esa reflexión.
En este presupuesto en Ciudadanos hemos tenido dos objetivos básicos. Uno
era empezar a devolver de manera clara a los ciudadanos el esfuerzo
realizado en estos años tras muchos años de recortes y de subidas de
impuestos. Tenemos una bajada de impuestos para mileuristas, que era el
punto 2 del acuerdo; dentro del espacio fiscal y dentro del objetivo de
un ajuste de un 1 % de este año, creemos que era el momento de hacerla.
Tenemos unas políticas de conciliación muy ambiciosas. Tenemos una
extensión más de los permisos de paternidad, pasando de cuatro a cinco
semanas -ya doblamos de dos a cuatro el año pasado- y, al mismo tiempo,
una ayuda muy importante que va contribuir a despenalizar a las mujeres
en el mercado laboral, particularmente a las que tienen menos recursos,
porque es una ayuda para escuelas infantiles de 1000 euros al año.
Tenemos además un plan muy ambicioso para los jóvenes, un complemento
salarial naranja que podría beneficiar hasta a 600 000 jóvenes, que está
financiado con la Garantía Juvenil europea que venía tirando a la basura
el Gobierno durante años. Tenemos una subida de pensiones centrada en los
más vulnerables que es enormemente significativa. A eso le sumamos que
tenemos un aumento en la financiación de las comunidades autónomas de
4000 millones, un aumento de 50 millones en dependencia, un aumento del
2,9 % en fomento del empleo, un aumento en sanidad
del 3,9 % y un aumento del gasto social -como indicaba al principio- del
3,5 %. Por el debate que parece que se va consolidando en esta Cámara, le
pregunto si usted cree realmente que estos son unos presupuestos austeros
o si cree usted que son unos presupuestos socialmente sensibles dentro
del marco presupuestario. A mí me parece que son los presupuestos más
ambiciosos y más progresistas que se han hecho en una década, por eso me
gustaría tener su valoración. ¿Podría usted valorar también la rebaja
impositiva que ha propuesto Ciudadanos y que ha exigido al Gobierno este
año para mileuristas? Es una rebaja que aumenta el umbral de los que no
pagan impuestos de 12 000 a 14 000 euros y después reduce progresivamente
los que pagan hasta 18 000 euros. Me parece una reforma enormemente
progresiva -y no regresiva como intentan argumentar el Grupo
Parlamentario Socialista y Podemos-, porque va a beneficiar a los que no
llegan a fin de mes y que además en nuestro país tienen una presión
fiscal en términos relativos bastante alta. ¿Podría usted elaborar un
poco más su respuesta en ese sentido?
Dicho esto, quería valorar un par de cosas más. En el punto 2 del acuerdo
con el Partido Popular les exigíamos hacer una spending review, una
revisión del gasto público, y dotamos con más dinero a la Airef porque
confiamos en los organismos independientes y creemos que ustedes están
haciendo un muy buen trabajo. Este año volvemos a darles más dotación
presupuestaria para que sigan ampliando sus funciones porque nos parece
imprescindible hacer una revisión ambiciosa del derroche y el mal gasto
público que se ha hecho en este país durante años. ¿Han empezado ustedes
a hacer una revisión del gasto público, empezando por las subvenciones?
Me gustaría que ahondara un poco más sobre cómo va eso y si tienen
ustedes las capacidades o necesitan más dinero o más recursos para poder
hacer bien su trabajo, que es imprescindible. Más allá de la evaluación
que ya están haciendo del gasto público, me gustaría también que valorara
la posibilidad de hacer una evaluación de la cantidad de duplicidades
institucionales que tenemos en nuestro país, si creen que es posible, si
creen que la Airef podría hacerlo y qué necesitaría, porque ese era el
compromiso que adquirió el Gobierno y, entre otras, la razón por la que
el señor Rajoy está hoy gobernando.
Finalmente, hago un comentario muy rápido sobre la cuestión de las
reformas estructurales. Como me interesa mucho su opinión, me gustaría
que nos dijera qué piensa. Me da la impresión de que el Gobierno desde
hace tiempo ha pasado a ser un elemento más del paisaje, que básicamente
gestiona como puede sin liderar absolutamente nada ni fuera, ni en
Cataluña, ni en reformas estructurales, ni en nada. En términos de
reformas estructurales es evidente el elefante en la habitación en
cualquier informe que se lea. Es evidente que tenemos el mercado laboral
más anómalo de Europa. Es evidente que tenemos que hacer reformas
profundas en el ámbito del capital humano, en la universidad y en la
educación. Es evidente que queda muchísimo camino por recorrer. Me
gustaría que dijera si cree que se está llevando un ritmo de reformas
estructurales ambicioso o le gustaría que tuviera un poco más de
ambición.
Con esto termino. Le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el
señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, señor Escrivá.
Ya ve que usted -y la institución a la que representa- es de las pocas
personas que concitan el aplauso y el agradecimiento de todos los grupos
parlamentarios que han intervenido y me atrevo a vaticinar que también de
los que intervendrán. Me sumo a los agradecimientos por su independencia
y por su objetividad. Quiero agradecer de paso las rectificaciones
rápidas y eficientes sobre las primeras previsiones catastróficas que la
Airef hizo el pasado otoño sobre Cataluña. Quiero agradecer la valentía
de quien es capaz de rectificar, ya que no han ocurrido; al contrario. En
algunos ambientes lo único que hay respecto a ese espejismo es la
voluntad de sostenella y no enmendalla. (El señor vicepresidente, Hurtado
Zurera, ocupa la Presidencia). La economía catalana, como decía el
filósofo de mi pueblo Francesc Pujols, rebrota a pesar de sus ilusos
enterradores.
Quería preguntarle cómo incorpora a sus previsiones los incumplimientos de
la ejecución del presupuesto por parte del Estado; por ejemplo, en I+D o
las inversiones ferroviarias en Cataluña. Esta mañana nos desayunábamos
con una noticia acerca de un estudio de Foment del Treball Nacional,
Fomento del Trabajo Nacional, patronal nada susceptible de ser
particularmente independentista, que dice básicamente que los números de
los Presupuestos Generales del Estado no cuadran respecto a Cataluña.
Según el Gobierno español, los presupuestos para 2018 prevén invertir en
Cataluña un 13,3 % de lo que la Administración estatal define como
inversión regionalizable, pero la patronal Fomento cree que este
porcentaje es realmente un 10,6 %, muy lejos de la proporción de riqueza
que Cataluña aporta al Estado,
que se suele considerar un 19 % del PIB. Los presupuestos asignan a
Cataluña una inversión de 1113,8 millones de euros, el 13,3 % del total.
Pero cuando se analizan los anexos al proyecto de presupuestos, la
patronal que preside el señor Gay de Montellá afirma que se constata que
la inversión destinada con la concreción del proyecto de inversión se
sitúa para Cataluña en el 10,6 % del total para el ejercicio de 2018.
Agradecería, aunque sea a vuelapluma, que hiciese su valoración.
Déficit fiscal. Este año hemos tenido la "suerte" -entrecomillen, por
favor, lo de suerte porque no es más que hacer de la necesidad virtud- de
que desde la Generalitat intervenida -quiere decirse, desde el Ministerio
de Hacienda- se hayan publicado las balanzas fiscales de Cataluña
respecto al Estado y Hacienda admite que el déficit fiscal catalán ha
crecido hasta los 10 000 millones de euros. El dinero que Cataluña aporta
al Estado y no vuelve aumenta un 38 %, entre el 13 y el 14. El
departamento de Montoro hizo público lo que denomina sistema de cuentas
públicas territorializadas, que es un modelo propio de balanza fiscal que
analiza lo que aportan y lo que reciben las comunidades. El análisis se
hizo según la metodología que el ministro encargó en su día a la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada -Fedea-, que está basada, como
usted conocerá, en el denominado método de carga-beneficio, un método que
repercute a todas las comunidades gastos que se considera que son de todo
el Estado, como el ejército o la Casa Real, independientemente de dónde
se desarrolle su actividad. También sabe usted que la Generalitat siempre
ha defendido que también se debe tener en cuenta el método de flujo de
caja, que ofrece un déficit fiscal más elevado. Aunque el señor Montoro
lo obvia cuando, con su método, según Hacienda, Cataluña tuvo un déficit
fiscal de 9892 millones, un 5 % del PIB. Estos datos reflejan un
empeoramiento de la situación ya que el déficit fiscal aumentó un 38 %
respecto al año anterior, cuando según las cuentas de Hacienda era de
7189 millones. La pregunta sería: ¿Cree usted que se podría variar este
déficit fiscal que parece que se mantiene como una constante física? En
esa hipótesis y teóricamente, ¿usted cree que esto mejoraría la situación
del conjunto de la economía? En cuanto a deuda, quería hacerle la misma
pregunta que he ido haciendo a diferentes comparecientes. En los
escenarios que usted contempla, ¿cuáles serían sus previsiones? ¿Cómo se
verían alteradas sus previsiones si los tipos de interés en el ámbito
euro creciesen, pongamos, un punto? ¿A qué escenario nos llevaría?
Aunque el señor Bel le contestará mejor que yo en la disputa que han
anticipado, solo quiero hacer una aportación. En Cataluña los
ayuntamientos han subido de población y, por tanto, los servicios básicos
que deben prestar a las personas -creo que ahí sí estaremos de acuerdo-
son clave para el Estado del bienestar. En cambio, el Estado sí ha
aumentado cuando su gasto social -aparte de la Seguridad Social- no es el
mismo.
Voy a hacerle una pregunta más respecto a un estudio del Institut Valencià
d'Investigacions Econòmiques -que no sé si usted conoce- que calcula que
el Gobierno español se adjudicó de forma improcedente 84 500 millones que
debieran haber sido gestionados por las comunidades entre 2009 y 2015. Si
lo conoce, ¿qué opinión le merece este estudio?
En cuanto al informe regionalizado que ha anunciado usted, quiero
proponerle unos pocos enunciados para que me los corrija ahora o en el
informe que nos tiene prometido. La inversión prevista a ejecutar en
Cataluña el año 2018 por el conjunto del sector público estatal es de
1349 millones de euros, lo que supone un incremento de 200 millones de
euros, el 17,4 % respecto a los 1149 presupuestados para 2017. La
inversión en Cataluña representa el 13,3 % del total regionalizado, el
mismo porcentaje que en el presupuesto 2017. Se mantiene un elevado peso
de la inversión no regionalizada, del 31,7 frente al 33 del anterior
ejercicio, pero en la media del 16,7 % del periodo 2013-2016. Este fuerte
incremento de la inversión no regionalizada en los ejercicios 2017 y 2018
si se aprueban estos presupuestos, creemos que solo se puede explicar a
través del aumento de la inversión en defensa. Esta sería la segunda
pregunta.
Cataluña es la segunda comunidad autónoma por importe de la inversión
estatal en términos absolutos, solo superada por Andalucía. Sin embargo,
en términos per cápita -que es una forma bastante humana de calcular las
cosas- Cataluña se situaría en la posición catorce de diecinueve, con una
inversión estatal en Cataluña de 178,62 euros por habitante, lo que
representaría solo el 82 % de la inversión per cápita regionalizada en el
conjunto del Estado, que -si no hemos echado mal las cuentas- sería de
217,48 euros por habitante. En términos de peso de la inversión sobre el
PIB regional, Cataluña se situaría en la posición dieciséis de
diecinueve, con una inversión estatal equivalente al 0,6 del PIB de
Cataluña frente a una media estatal del 0,87 %.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Vasco.
La señora SAGASTIZÁBAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
La verdad es que ha sido una explicación con un detalle de información
alto, que quiero agradecerle y, como ha dicho el señor Lasarte, tendremos
que analizar. No voy a hacer muchas preguntas porque la mayoría ya las
han hecho mis compañeros, pero sí me gustaría que contestase a la
pregunta del señor Lasarte en cuanto a la previsión del IRPF y también
respecto al impuesto de sociedades, es decir qué reformas harían falta
para que hubiera una mayor regulación en este impuesto. ¿Cree que
tendríamos que intentar garantizar más ingresos? En ese caso, ¿qué habría
que hacer a nivel presupuestario? Nos ha hablado también del objetivo de
déficit y de que hay un riesgo de incumplimiento tanto en la
Administración central como en la Seguridad Social, y me gustaría saber
qué recomendaría usted a estas para que lo cumpliesen por sí mismas y no
basándose en el cumplimiento de los ayuntamientos y las comunidades
autónomas.
Nos ha hablado también del endeudamiento existente. Es verdad que llevamos
tres años consecutivos de crecimiento al 3 %, pero es que la deuda ha
bajado mucho poquito. Además, el desempleo sigue siendo elevado y el
informe del semestre europeo nos habla de que sigue habiendo mucha
contratación temporal, y nos ha hablado usted de un repunte de salarios.
Me gustaría saber de qué estimación de ese repunte de salarios se habla,
porque parece que a lo mejor esto no llega a la población.
Me gustaría saber qué previsión del riesgo han tenido aquí respecto a
Cataluña, ya que se ha hablado también en las comparecencias del día
pasado. El señor González García ha comentado ya que en el informe sobre
las previsiones macroeconómicas de marzo ustedes habían hecho dos
recomendaciones, acompañar el cuadro macroeconómico en un escenario
inercial o a políticas constantes. También hicieron esta recomendación
con los presupuestos generales de 2017 y me gustaría conocer la respuesta
del Gobierno a la misma, así como respecto a la segunda recomendación de
medidas necesarias para corregir los importantes sesgos.
Por otro lado, también me gustaría saber, ya que estamos en la tramitación
del proyecto de presupuestos generales, si el proyecto de presupuestos de
la Airef que el Gobierno ha enviado a esta Cámara ha sido consensuado con
ustedes y si lo ve adecuado.
Por último, quiero decirle al señor de Ciudadanos que me alegra que haya
dicho que debe haber una mayor responsabilidad fiscal porque entonces
estará de acuerdo en que nosotros tenemos un sistema muy bueno porque hay
una concordancia entre los titulares de ingreso y de gasto y, por lo
tanto, una responsabilidad de los territorios históricos total.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Escrivá, por su comparecencia y por sus
reflexiones, que no siempre compartimos, como le consta, pero que en todo
caso agradecemos porque entendemos que las efectúan desde la solvencia
intelectual y desde la independencia, más allá de que en algunos aspectos
me gustaría tener una reflexión mucho más profunda que la que podamos
tener hoy en esta comparecencia. De todos modos, para no perder la
perspectiva, de lo que se trata es de analizar los presupuestos que nos
presenta el Gobierno y sobre los que ayer ya arrancó la competición: si
eran naranjas, si eran azules; ahora parece que repunta el naranja, pero
vendrá otra intervención y repuntará el azul (risas); en todo caso son
tan azules o tan naranjas como los del año pasado y por tanto habrá que
evaluarlos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
En cuanto al cumplimiento de los objetivos de déficit, yo creo que usted
lo ha marcado de forma acertada e inteligente, una cosa es el análisis
global y otra cosa es el análisis sectorial. Como aquí no estamos
evaluando los presupuestos de las corporaciones locales y de las
comunidades autónomas, sino que evaluamos el presupuesto de la
Administración central y de la Seguridad Social, nos tendríamos que
centrar, los naranjas y los azules también, en evaluar los objetivos de
déficit de la Administración central y de la Seguridad Social, y es obvio
el resultado. Ustedes conocen que la desviación del objetivo de déficit
de la Administración central en 2017 ha sido del 72 % y, por lo que nos
plantea el señor Escrivá, entienden que este año la desviación del
objetivo de déficit de la Administración central va a estar entre el 57 %
y
el 85 %. Yo les quiero recordar que cualquier comunidad autónoma o
corporación local que tuviera una desviación de este tamaño ya hubiese
sido intervenida tres veces por parte del señor Montoro. Pero, claro, la
pregunta es: ¿quién interviene al señor Montoro? No lo van a intervenir
desde Europa porque lo están cubriendo o se está haciendo cubrir por las
comunidades autónomas y las corporaciones locales. Por tanto, la
reflexión, más allá de los ingresos potenciales de los que después vamos
a hablar, es que alguien tendrá que hacer un análisis de quién ha hecho
el esfuerzo en cuanto a la consolidación fiscal. Porque aquí viene
Ciudadanos y nos dice que son los campeones de la consolidación fiscal,
viene el Partido Popular y dice que son los campeones de la consolidación
fiscal y la realidad es que aquí los únicos que han consolidado hasta el
momento son las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Más
claro el agua, y el agua de Benassal, que si ustedes no lo conocen es un
manantial de la provincia de Castellón precioso y que les recomiendo.
(Risas).
En todo caso, entremos ya en algún detalle. Con respecto a las
corporaciones locales, señor Escrivá, más allá de lo que pueda decir y
que usted sabe que no compartimos, me parece oportuno tener alguna sesión
de trabajo, obviamente no en la Comisión de Presupuestos, pero a lo mejor
en la Comisión de Hacienda o en la misma Airef, para que podamos
intercambiar posiciones y visiones. Yo entiendo el análisis que puede
hacer usted, pero no lo comparto y, por eso, me gustaría tener la
oportunidad de transmitirle cuál es nuestra visión. A las corporaciones
locales se las encorseta, se las hace generar un superávit que ya se está
calificando como estructural -evidentemente si tú no puedes gastar ese
superávit ya lo calificas como estructural- y el paso siguiente -que yo
lo vengo aventurando desde hace unos meses- va a ser, en la próxima
reforma de las haciendas locales: Ustedes lo que tienen que ajustar es la
capacidad fiscal de las corporaciones locales para que se lo traspase a
las comunidades autónomas o a la Administración central. Desde nuestra
óptica, este es un argumento absolutamente perverso. ¿Por qué llegan las
corporaciones locales a esta situación? Obviamente, porque no se les
permite gastar. Incluso algunos de sus argumentos son que si hay una
reducción de la población eso implica que tiene que producirse un ajuste
del gasto. Yo creo que usted puede compartir que en algunos casos puede
ser cierto y en otros no ser cierto. Cuando uno tiene un servicio de
seguridad de la Policía local, seguramente, aunque le baje la población
de 75 000 a 70 000, no va a cambiar la estructura de su Policía local. Y
cuando uno tiene un pabellón de deportes, aunque reduzca en 3000 personas
su población, tendrá que mantener el pabellón deportivo, y así
sucesivamente.
Nos ha puesto una gráfica de la diferencia que hay entre la recaudación
real y la máxima teórica del IBI. Y dice: el GAP se va extendiendo.
Evidentemente que se va extendiendo, porque si las corporaciones locales
incrementan el IBI, recaudan más y pueden gastar más porque no están
afectos a la regla de gasto. Pero entonces, ¿usted me puede explicar qué
razonamiento van a utilizar el alcalde y el concejal que van a proponer a
sus conciudadanos: Oigan, como tenemos que gastar más, vamos a
incrementar el IBI porque me lo va a permitir la regla del gasto? Sus
ciudadanos le van a decir: Alcalde, que usted tiene un superávit
constante aquí. ¿Cómo con un superávit que no va a gastar me está
diciendo que tiene que subir el IBI para gastar más? Evidentemente, eso
no tiene ningún sentido. Lo que se ha hecho con las corporaciones locales
es que se ha establecido una regla de gasto perversa en sí misma. Usted
también dice que la tasa de referencia y la tasa de variación del gasto
computable han generado también un GAP y en algún ejercicio no se agota.
Claro, efectivamente, porque la capacidad de ejecutar el presupuesto no
siempre puede ser al 100 %, y eso hace que se produzcan estos pequeños
gap. Además, tenemos que ser conscientes de que eso les penaliza para los
próximos presupuestos y para la aplicación de la regla de gasto. En todo
caso, hoy no toca analizar las corporaciones locales. Ya han aprobado la
mayoría de ellas, a diferencia de la Administración central, y aprobaron
el presupuesto cuando les tocaba, antes de final de año; lo presentaron
cuando tenían que presentarlo y donde no había mayoría supieron pactar
para aprobarlo. Hoy nos tendríamos que centrar otra vez en la
Administración central y la Seguridad Social. Señores azules y señores
naranja, les ha dicho el señor Escrivá que no lo han hecho bien porque no
van a cumplir los objetivos de déficit que ustedes aprobaron hace unos
meses para la Administración central y para la Seguridad Social. (Risas).
En cuanto a algunas de las cuestiones que nos ha planteado, son todas
ellas interesantes, señor Escrivá. Respecto a las previsiones de ingresos
y a diferencia de otros ejercicios -esto en sí mismo ya les avala y, por
tanto, obviamente no solo ustedes tienen el beneficio de la duda, sino
también el Gobierno-, ¿ustedes entienden que son razonables o que al
menos son más razonables que en años anteriores, y que la desviación
estimada es menor que la desviación mínima de los últimos años? Ha salido
aquí algo que me inquieta, y no es porque no sea después asumible la
desviación, pero siento
cierta curiosidad y usted, de hecho, ha intentado hacer un esfuerzo por
presentar una transparencia exclusivamente de la evolución de la
previsión del IRPF. Yo les quiero recordar que el año pasado por IRPF se
recaudaron 1000 millones menos de los que estaban presupuestados, a pesar
de esto y de que hay una serie de modificaciones normativas que el
Gobierno cuantifica en 2200 millones de euros; y es verdad que ustedes
asignan para 2018 prácticamente 800 o 900 millones de euros, y se prevé
un incremento de la recaudación, una vez descontado este efecto, superior
al 7 %. Entendemos que es difícilmente asumible o al menos lo vemos menos
asumible que lo que ustedes plantean en cuanto a los impuestos
especiales. Si puede ser, nos gustaría que nos diera alguna información
complementaria al respecto.
Ayer yo lo decía también en mi intervención. Nosotros de estos
presupuestos lo cuestionamos casi todo, pero si una cosa no cuestionamos
es el cuadro macroeconómico. Coincidimos en que es prudente; también en
que todos aquellos anuncios apocalípticos respecto al efecto de la
situación política en Cataluña en torno al PIB eran apocalípticos en su
momento y, ahora, han desaparecido o no los sabemos ver en este entorno.
No quiero decir -espero que no se malinterpreten mis palabras- que no
haya ningún efecto; evidentemente, cierta inestabilidad produce efectos,
como va a producir efectos seguramente que no nos van a gustar -voy
terminando, señor presidente- el hecho de que estos presupuestos no se
aprueben, porque qué más inestabilidad puede producir que un Estado sin
presupuestos. Ahora ustedes van a decir que el Partido Socialista les
tiene que votar los presupuestos porque yo creo que vamos a estar toda la
semana aquí, pero esta guerra la tenían que haber hecho en septiembre y
no esperar al mes de abril.
Señor Escrivá, le agradezco una vez más su comparecencia y quisiera
emplazarle para otra ocasión. Perdone, pero nos gustaría tener esta
reflexión, que es común, en relación con la aplicación de los objetivos
de déficit a las corporaciones locales y la regla del gasto, aunque
discrepemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, en nombre del Grupo Popular el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido, señor Escrivá. Como siempre, es un placer escucharle.
A los compañeros portavoces de la izquierda no les he oído decir en su
intervención que la Airef avalara las previsiones del Gobierno ni que son
factibles ni prudentes ni que el crecimiento es más equilibrado y
sostenible, ni, como pone ahí en la transparencia, que existen soportes
para el crecimiento ni que se incrementa el consumo -mejor que otras
previsiones- ni que el ahorro está adecuado a la inversión ni que estamos
con rentas netas en volúmenes máximos ni nada sobre el dato tan positivo
de la inversión en bienes de equipo. ¿Me ha parecido oírlo? Pues no,
claro que no. Prefieren pasar su intervención criticando lo poco que hay
que criticar o incluso criticando lo que no se puede criticar, y ni una
palabra de agradecimiento o de valoración de lo que se ha hecho y se está
haciendo.
¿Qué consecuencias tiene ese discurso? Ya se lo he dicho algunas veces y
veo que no me hacen caso: que no resulta creíble. Incluso el señor
Lasarte ha dicho que es un placer escucharle, pero no lo escucha porque,
teniendo en cuenta las opiniones que vierte, está claro que no lo está
escuchando. El señor González dice que se agradece escuchar su opinión.
Pues haga caso al señor Escrivá. Incluso he oído a un compañero que ha
dicho que se agradece su objetividad. Si es objetivo, si los datos son
objetivos, vamos a hacerle caso. Las propuestas que hacen justo van en
sentido contrario.
La Airef avala las previsiones y las considera prudentes. Las hipótesis
básicas sobre el entorno exterior que sustentan el escenario
macroeconómico del proyecto se consideran factibles y reflejan un balance
de riesgos equilibrado. Nos ha dicho que la senda de crecimiento prevista
para 2018 se considera prudente y su composición, verosímil, destacando
la evolución contenida tanto del consumo público como del privado, y
manteniéndose la demanda interna como principal motor de la economía
debido principalmente a la evolución positiva de la inversión.
En el plano doméstico, afirman en su informe que los peores escenarios que
podían vislumbrarse en el mes de octubre a raíz de la crisis
institucional en Cataluña parecen haberse desvanecido. A estos factores
habría que sumar el potencial impacto expansivo de las medidas de
política fiscal, previstas en los Presupuestos Generales del Estado de
2018, que podrían redundar en una mayor renta disponible de los hogares
y, por tanto, en su demanda de consumo, algo que además busca este
Gobierno y este presupuesto.
En cuanto al sector exterior, el informe apunta que consolida su
aportación positiva y moderada, confirmando el cambio de patrón de
crecimiento de la economía española respecto al ciclo anterior.
Respecto al PIB y la composición de la demanda, las previsiones de
formación bruta de capital para 2018 se consideran prudentes tanto en
equipo como en construcción, y una posición financiera saneada del sector
empresarial, junto con la existencia de condiciones financieras
favorables, soportan una dinámica favorable en inversión. La recuperación
del mercado inmobiliario, con crecimientos de dos cifras; las tasas
previstas de crecimiento real de las exportaciones y de las importaciones
se consideran probables, y las exportaciones estarán asentadas
fundamentalmente en el tono expansivo que se pronostica para los mercados
españoles de exportación, aunque se prevea un contexto de ligera
apreciación cambiaria. El comportamiento de las importaciones iría en
consonancia con la desaceleración prevista para la demanda interna por el
Gobierno.
Usted nos ha dicho en varias ocasiones que la salida de esta crisis se
está haciendo con un porcentaje de exportaciones y superávit de la cuenta
corriente, que otorga claramente sostenibilidad a este crecimiento frente
a otros patrones de crecimiento en periodos anteriores, y otro soporte
que en parte está relacionado con todo lo anterior tiene que ver con que
estamos creciendo sin crédito, y nos lo ha explicado hoy de nuevo.
Sabemos que cuando se crece a un capital con autofinanciación la
asignación de recursos suele ser más sana, pero también hay una segunda
lectura, y es que todavía no ha llegado el crédito y las posiciones de
muchos agentes están claramente holgadas para crecer con crédito. Esto lo
que nos hace pensar, igual que a ustedes, que a la Airef, que hay
recorrido hacia delante para mantener el crecimiento relativamente alto,
como figura en el programa de estabilidad de España. Cuando han avalado
el cuadro de estabilidad, han mirado todos estos elementos para constatar
que realmente las posiciones de partida permitirán crecimientos por
encima del 2 % en los próximos años y en algunos años cercanos o que
superen el 5 %. ¿Hasta dónde cree, señor Escrivá, que puede alargarse
este crecimiento y qué margen tenemos? Lo mismo quiero decirle con el
asunto de los nuevos empleos previstos y las subidas salariales que están
llegando y llegarán en los próximos años. ¿Esto va a tener una influencia
positiva en la demanda interna? ¿Seguirá apoyando este recorrido de
crecimiento de la economía española?
Se ha hablado aquí de octubre de 2017, de sus previsiones entre octubre y
marzo. Yo creo que quizá este año sea mejor para los presupuestos, para
los proyectos y para las inversiones, que salga en este momento el
presupuesto y no en octubre pasado, teniendo en cuenta, por un lado, la
diferencia en las previsiones que hay y, por otro, el tema catalán. No
creo que en el momento álgido de esta situación se deban presentar unos
Presupuestos Generales del Estado. Ahora, según dice el informe, los
peores escenarios que podían vislumbrarse en el mes de octubre a raíz de
la crisis institucional de Cataluña parecen haberse desvanecido; por
tanto, parece un buen momento para presentar estos Presupuestos Generales
del Estado.
En su informe, la Airef nos habla de la existencia de efectos de
desbordamiento positivos que proporcionarían una posible justificación de
la divergencia entre el comportamiento de Cataluña y el resto de España.
Contrariamente a lo esperado inicialmente, los efectos de desbordamiento
negativos procedentes de una menor actividad en Cataluña, principalmente
a través del canal de intercambio de bienes y servicios, podrían haber
coexistido con cierta sustitución de actividad que haya ejercido un
efecto dinamizador en el resto de regiones. ¿Nos podría aclarar, si
tienen los datos, de qué regiones hablan?
Quería preguntarle, además, qué probabilidad daban en 2017 al escenario
que realmente se ha alcanzado en términos de crecimiento, empleo y
déficit; si era mayor o menor que el que dan para 2018. ¿Cree que las
cuentas públicas españolas son compatibles con una renta mínima para
todos los españoles? ¿Ha calculado la Airef cuánto costaría en los
próximos cinco años una subida lineal de las pensiones con el IPC? Lo
digo porque ustedes habían hecho en un informe una valoración hasta 2022
de que no habría crecimiento superior al 0,25 de las pensiones, y me
gustaría saber cuánto costaría en este caso. Le iba a preguntar por la
influencia del aumento de las medidas expansivas de esos presupuestos
generales en el crecimiento y la creación de empleo, pero ya nos lo ha
contestado.
Estos días ha llegado el informe sobre el grado de cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla
de gasto del ejercicio 2017, y los datos, realmente, son alentadores. El
gasto en el conjunto de las administraciones públicas ha tenido un
comportamiento riguroso; debemos, por tanto, felicitarnos. Nosotros no
queremos colgarnos todas las medallas, señor Bel, nos lo ha oído decir
muchísimas veces. Nosotros sabemos que todo esto se ha conseguido con el
esfuerzo de todos los españoles y de todas las administraciones públicas.
Eso es lo que hacemos. Usted ha
demostrado también en esta presentación, que la regla de gasto ayuda de
forma clara a la estabilidad de España.
En su comparecencia de noviembre nos habló de la revisión de la calidad
del gasto público. Nos trasladó que le habían hecho el encargo de iniciar
una revisión de la calidad y quería saber cómo estaba este asunto. En
cuanto a la deuda, como usted nos ha explicado muchas veces, el objetivo
de deuda es un objetivo fundamentalmente de medio y largo plazo; es, como
usted dice, el ancla, al que hay que acudir y, por tanto, hay que
evaluarlo en esos términos. Le iba a preguntar qué soluciones propone,
pero ya nos ha hecho una propuesta aquí. ¿Usted cree que las propuestas
de incremento de gasto del Partido Socialista y de Unidos Podemos, año
tras año, ayudan a este objetivo?
Quería pregúntale si la Airef estudia y revisa los cambios en nuestra
deuda pública en estos últimos años: los tipos de interés, el
alargamiento del plazo medio de vencimiento, etcétera y qué le parece el
trabajo realizado por el Tesoro -si lo analizan y lo estudian- durante
estos años y qué cree que aporta todo este trabajo.
Sobre el asunto de la deuda, quería decirle que la propuesta que nos ha
hecho de llegar a un acuerdo para ese horizonte de alcanzar el 60 % la
verdad es que es muy generosa, y yo se lo agradezco, pero no creo que
podamos llegar a un acuerdo porque no sé que van a hacer el Partido
Socialista y Unidos Podemos con todas esas propuestas que tienen
habitualmente; no sé cómo podrían encajar esos incrementos de impuestos,
estos incrementos de gasto porque el horizonte y las estimaciones de
crecimiento desaparecerían absolutamente, serían borradas. Estamos muy
satisfechos con haber puesto en marcha la Airef en la X Legislatura; hoy
se ha vuelto a demostrar y nos los demuestra cada vez que comparece en
esta Comisión.
Por último, quería aportar un poco de color a los presupuestos; azules,
naranjas, para mí estos presupuestos son unos presupuestos verdes, verde
esperanza. Porque consolidan un movimiento de nuestra economía desde el
año 2011 que ha sido muy positivo, que nos ha permitido salir de un
agujero y de una crisis absolutamente brutal y que, según las
estimaciones y las previsiones que nos presenta aquí la Airef, nos dan
una esperanza realmente importante para el futuro y para los próximos
años. Por eso yo apuesto más por unos presupuestos verdes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Para contestar, y rogándole en lo posible al señor Escrivá brevedad porque
estamos completamente fuera de tiempo, tiene la palabra el presidente de
la Airef.
El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD
FISCAL, AIREF (Escrivá Belmonte): Muchas gracias.
Voy a agrupar las preguntas, porque si voy uno por uno no creo que pueda
cumplir con su requerimiento. Ha habido unas cuantas preguntas de
distintos grupos que han intentado recabar de nosotros opiniones sobre el
impacto de reformas estructurales y de políticas públicas desde el punto
de vista del crecimiento; también ha habido algunas preguntas que
incidían sobre la distribución de la renta. Como dije al principio, la
Airef no está en condiciones de dar respuesta a esas preguntas con el
mismo nivel de detalle y, además, nuestra ley es muy rigurosa en cuanto a
dónde podemos llegar o no. Así mismo, todo lo que es crecimiento requiere
un nivel de análisis y de expertise muy grande y, en esta parte, tengo
que decir que es donde el análisis económico de evaluación de políticas y
de impacto es, a veces, menos preciso. Yo creo que lo que es impacto,
desde el punto de vista de la distribución de la renta, de a quién
beneficia una política u otra es más fácil de hacer -tampoco somos
competentes-, pero muchas de esas preguntas no las puedo contestar. Lo
que sí creo -e invitaría a ello- es que sería útil que hubiera una
instancia independiente; si yo fuera la Airef holandesa, que tiene 300
personas trabajando con ellos, vendría aquí y les podría contestar a
muchas más preguntas porque tienen a mucha más gente analizando estas
cosas y porque en Holanda, por ejemplo, hay una evaluación ex ante de
políticas públicas por parte de una instancia independiente. Aquí en
España no lo hay. La Airef no puede sustituir ese gap dando opiniones
aquí y allá, porque parecería que tendría un nivel de improvisación que
no estamos dispuestos a plantear. Ese gap existe, esa brecha existe, ese
hueco existe y yo sí creo que hacen falta evaluaciones independientes no
solamente sobre la sostenibilidad -que es a lo que yo me dedico- o al
stands de política fiscal, sino también sobre las dimensiones
redistributivas y de impacto a medio plazo de las políticas públicas.
Creo que esa es una deficiencia que tenemos en España de siempre y,
desgraciadamente, yo no puedo cubrir esa brecha y no voy a poder contestar
a muchas de las preguntas que ustedes me han planteado en ese terreno.
Sí que es verdad que este año estamos haciendo algo nuevo -me lo han
planteado el señor Roldán y el señor Paniagua- que es una evaluación no
ex ante sino ex post, que es una cosa distinta, de gasto ya realizado, en
el ámbito de las subvenciones este primer año. Es un programa que el
Gobierno ha planteado a tres años. Nosotros hemos pedido que hubiera un
acuerdo del Consejo de Ministros muy concreto para que nos mandatara este
estudio dentro de una de las posibilidades que plantea la Ley de la
Airef. El trabajo está empezando ahora, estamos empezando ya a trabajar
con datos; son siete proyectos de siete líneas de subvenciones distintas.
La principal son las políticas activas de empleo, con una cantidad de
subvención elevada, 6000 millones al menos, según como lo midamos. El más
importante es la farmacia no hospitalaria que supera los 11 o 12 000
millones de euros. Esos son los programas más importantes, pero estamos
también evaluando el gasto en becas en el Ministerio de Educación y, en
la Secretaría de Estado de Ciencia, gastos en becas predoctorales y en
proyectos científicos; en la Secretaría General de Industria las
subvenciones en capital a empresas emergentes, y estamos haciendo un
análisis horizontal de cómo se están haciendo las subvenciones en general
en todas las administraciones públicas más desde el punto de vista
procedimental; y, finalmente, estamos haciendo una evaluación concreta,
que nos ha pedido el Ministerio de Fomento, de la subvención asociada al
Servicio Público Universal de Correos.
Queremos hacer estos siete proyectos con el máximo rigor y la máxima
precisión. Por lo tanto, vamos a ir mucho más allá de lo que es habitual
en un estudio; no nos quedaremos, por supuesto, en lo que es habitual,
que es la parte más procedimental, sino que vamos a centrarnos en
eficiencia, en el detalle de cómo se gestiona y vamos a seguir el money
map en cada uno de estos procesos. Creo que lo que va a ser más novedoso
va a ser el análisis de impacto, el análisis de eficacia. Al final,
incluso si se utiliza eficientemente el dinero público, hay que ver si
los objetivos de las políticas responden a los objetivos planteados o a
los objetivos que deberían haberse planteando. Creo que el análisis de
impacto es el gran reto aquí y en muchos países, porque esto requiere
trabajar con microdatos y cruzar muchas bases de información porque
estamos en un terreno completamente de eterna incógnita aquí en España y,
lo que vamos a hacer a nivel internacional, es relativamente novedoso.
Para hacer esto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha
creado una unidad de evaluación y hemos conseguido incorporar a la Airef
a algunos de los funcionarios más especializados en evaluación de
políticas, que no teníamos y que están ahora trabajando con nosotros, y
hemos contratado a unos asesores científicos para el proyecto tras un
concurso, que ha ganado Fedea. Ha sido un concurso abierto, al que se han
presentado universidades y en el que va a haber a su vez científicos del
proyecto.
En estos momentos estamos con lo que va a ser el trabajo más rutinario y
vamos a utilizar, como se hace en todas las partes, empresas externas
consultoras que se van a encargar de hacer las encuestas, el tratamiento
de los datos; van a recabar la información y nosotros vamos a controlar
la calidad y a ser responsables de todos los resultados, que vamos a
digerir y a ajustar. Es decir, hay un trabajo de base que es muy intenso,
y que van a hacer consultoras. Uno de los proyectos, el proyecto de
sanidad, ha decidido financiarlo la Comisión Europea con un fondo de
inversiones destinado a políticas estructurales, y lo ha dotado con 1 200
000 euros, en sanidad y farmacia no hospitalaria. Los otros seis
proyectos, los hemos licitado individual y conjuntamente. Se acabó el
proceso de licitación ayer, es decir, estaban llegando las peticiones de
las distintas empresas consultoras interesadas. En los presupuestos de la
Airef hay una dotación de 1 600 000 euros para esos seis proyectos.
Nosotros pensamos que es un presupuesto suficiente junto con la suma del
presupuesto de la Comisión Europea. Es importante que esto se haga con
mucho cuidado, se haga bien para obtener resultados y que las
recomendaciones se sigan. El reto aquí va a ser la colaboración de las
administraciones públicas. En este momento ya estamos empezando a
testarlo en los distintos ministerios y en las distintas
administraciones; creo que aquí va a haber un proceso de aprendizaje
porque estamos observando que hay administraciones que están respondiendo
muy bien y otras administraciones y ministerios que están respondiendo
con una cierta resistencia. Creo que no es el momento de, como se dice en
ingles, blame and shame, pero si llega el momento, vendré aquí y haré
blame and shame, porque la buena noticia es que se recopila muchísima
información, en ocasiones quizá no sea el mejor formato, pero se pueden
reformatear las bases de datos. Hay muchísima información en las
administraciones españolas para evaluar políticas. Están ahí, lo que pasa
es que esos datos hay que ponerlos en manos del análisis, en este caso,
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, algo que tienen
que hacer todas las administraciones para que las evaluemos.
Hay que desterrar algunas opiniones de que los datos son míos y solo míos;
los datos son de todos y tenemos que evaluar lo que hemos hecho. Creo que
va a haber una batalla por el acceso a los datos en algunas
administraciones y yo, como me ha ocurrido ya en el pasado, voy a dar esa
batalla y a intentar ganarla porque los argumentos que se dan no están en
el mundo de la transparencia y en el mundo actual chirrían un poco. Creo
que vamos a tener un proceso de aprendizaje en los próximos meses, que
van a ser entretenidos, para conseguir todos y cada uno de los datos que
creo que son necesarios para hacer estas siete evaluaciones. Si tuviera
algún problema, lo diré públicamente y si ustedes me invitan, se lo diré
a ustedes, porque creo que es muy bueno, muy bueno que entremos en una
cultura en la que el dinero público, el gasto público se evalúe con el
máximo rigor y se compruebe si se han cumplido los objetivos o no para lo
que fueron diseñados.
En este momento no les puedo avanzar resultados porque, también, el primer
ejercicio es un ejercicio acotado, estamos en subvenciones; en los
próximos años iremos viendo otros bloques de gasto y creo que sería
incluso buena una reflexión general sobre las prioridades de lo que
queremos empezar mirando porque, dado que empezamos de cero, el ámbito es
muy amplio en este terreno y me parece que es un ejercicio de una enorme
importancia evaluar el gasto público. Lo creo así y creo que lo que vamos
a hacer va a ser útil para abrir espacios de reasignación de recursos
fundamentalmente. Me parece que ese tiene que ser el objetivo fundamental
en un ejercicio de esta naturaleza. ¿Tendremos resultados? Vamos un
poquito retrasados por los procesos administrativos, pero si los datos
nos llegan, creo que a final de este año o a principios del año que viene
iremos viendo cada uno de estos siete proyectos y podremos discutirlos y,
si les parece, podemos verlos en el ámbito parlamentario.
Esto es como una reflexión de carácter general. Permítanme que comente el
tema que se ha suscitado sobre las previsiones macroeconómicas en el caso
del efecto Cataluña, por así decirlo. Nosotros tuvimos que evaluar una
previsión del Gobierno en el mes de octubre, que planteaba una caída 4
décimas asociada a la incertidumbre en Cataluña. Los datos de septiembre
y octubre apuntaban a eso y a más; son los datos que había en ese
momento, que tenían muy mala pinta y reflejaban una caída de actividad y
de demanda en ese mes muy significativas. En ese momento, la situación
era muy compleja y, por tanto, creo que es razonable cuando uno evalúa
escenarios de riesgo en ese momento, en el mes de octubre, intentar
profundizar al máximo en lo que podía haber detrás y en ese contexto se
hizo esa evaluación. Si retrocedemos al mes de octubre y vemos los datos
que estaban cayendo en ese momento, podría esperarse que los impactos
fueran significativos. Han transcurrido siete meses y ahora,
efectivamente, hemos comprobado que el episodio de octubre fue un
episodio transitorio que se fue diluyendo desde el punto de vista del
impacto económico, pero no ha desaparecido completamente. Nuestra
impresión es -al respecto hay un recuadro en nuestro informe que lo
recoge- que la economía catalana ya estaba creciendo en el año 2017 a un
ritmo superior al del resto de España, podemos entrar en las razones,
pero era un crecimiento de varias décimas por encima del resto claramente
y eso se ha cruzado. Ahora, en este momento, la economía catalana sigue
creciendo a ritmos significativos, pero está creciendo por debajo de la
economía española, algo por debajo, luego se ha invertido. No son
magnitudes muy grandes, pero es lo suficientemente significativo, de tal
forma que si hiciéramos un análisis contrafactual del crecimiento
económico de España en su conjunto para el año 2018, si cada uno hubiera
seguido creciendo como crecía y siguiendo el ritmo que llevaba antes de
octubre, el crecimiento agregado de la economía española sería de una
décima superior al que sale de los ejercicios. Por ponerle números, una
décima. Ese es el efecto que a nosotros nos sale de la situación compleja
en la que estamos, con las técnicas econométricas y con las dificultades
que implica hacer estos ejercicios porque esto está sometido a una
incertidumbre, pero, evidentemente, estamos en un entorno muy distinto
del de octubre.
Me han formulado varias preguntas sobre algunas hipótesis y de algunas
recomendaciones que hay en el informe sobre el aval del cuadro
macroeconómico. El Ministerio de Economía se comprometió a introducir, si
es una buena práctica -es una recomendación europea- hacer un escenario
de lo que llamamos no politics change, de políticas inalteradas. De
hecho, en algunos sitios, como en Holanda, ese escenario lo desarrolla
incluso una AIReF, es un ejercicio inercial; y, a partir de ahí, aísla
las políticas adicionales respecto a lo inalterado de tal forma que se
puede identificar perfectamente el impacto de esas políticas. Nosotros
hemos recomendado al Ministerio de Economía ese tipo de aproximación y el
Ministerio de Economía se comprometió a hacerlo, pero no lo ha hecho esta
vez. Le hemos recordado que lo prometió y no lo ha hecho. Ellos son
conscientes y creo que es que los desarrollos técnicos para hacer esto no
han llegado a tiempo. Esa sería mi interpretación más razonable.
La segunda recomendación de ese informe a la que han hecho ustedes
referencia es la relativa a los sesgos. Esto de los sesgos no es una cosa
mía, es que la normativa europea, es decir, el Fiscal Compact exige a la
Airef que evalúe los sesgos hacia atrás; es decir, si hay sesgos
sistemáticos en alguno de los componentes del cuadro macroeconómico. Si
es así, el Gobierno tiene que comprometerse a corregir el sesgo. Esto es
normativa europea. Nosotros tenemos unas técnicas que están ahí
explicadas donde viene claramente especificado qué sesgos son. El sesgo
que al final es realmente sistemático y que, por tanto, es un sesgo es el
del consumo público. Dentro del cuadro macroeconómico el Gobierno ha
tendido siempre -este año pensamos que menos; ahora daré la cifra- a
estimar el consumo público algo por debajo de lo que ha resultado ser la
materialización. Ahí está el sesgo. Este año, si no recuerdo mal, el
Gobierno está previendo un crecimiento del consumo público del 1,1 %, y
nosotros pensamos que es del 1,3 %. Por tanto, esas 2 décimas no nos
parecen suficiente significativas y por eso no pensamos que el sesgo vaya
a ir a más.
El Ministerio de Economía ha propuesto como solución de esto algo que a
nosotros no nos gusta. La solución era: No se preocupe usted, cojo el
promedio del consumo público del panel de analistas, y así ya no hay
sesgo. Como nosotros evaluamos el sesgo frente al consejo de analistas,
nos dice esto. Por tanto, hemos dicho que no porque realmente es en el
consumo público -y quizá no en el sector exterior, que es un supuesto
externo- donde el Gobierno tiene que mojarse -tiene una información
superior porque eso deriva del presupuesto- y poner una previsión propia
pero insesgada. Este es un poco un ejemplo del tipo de diálogo. Hay
muchísimos diálogos que estamos teniendo, algunos más conocidos y otros
menos conocidos, que son la esencia de la Airef. La Airef da
recomendaciones y las administraciones públicas, las comunidades
autónomas, nos explican, nos contestan, y nosotros a su vez les
contestamos: esto es natural, se plantean soluciones. Esta es la esencia
del diálogo que nosotros desarrollamos, que está detrás de lo que se
llama el principio de cumplir o explicar.
Ha habido varias preguntas sobre ingresos. Nosotros hemos utilizado
exactamente la misma metodología que los años anteriores y esta vez nos
sale bastante plausible. Yo diría que es verdad que en el impuesto sobre
la renta de las personas físicas aparece un poquito alto, pero muy poco.
Y hay que tener en cuenta que los impuestos, como el de la renta, tienen
ganancia cíclica, y en situaciones como esta la elasticidad es mayor que
1. No hubiese sido razonable, como hemos visto desde el año pasado y como
está pasando en estos meses, que creciera algo por encima del crecimiento
del PIB nominal. No pondría yo el énfasis ahí; sí lo pondría en los
impuestos especiales, sobre los que me preguntaban dónde está la gran
discrepancia. En tabaco hay una diferencia pero sobre todo es en
hidrocarburos, y no entendemos muy bien por qué. Hemos hecho una pregunta
al Gobierno que creo que todavía no han contestado. Igual la debería
saber y ya hay una explicación. Perdónenme que no sepa exactamente esto,
pero realmente hay una discrepancia significativa en hidrocarburos.
Estamos hablando de alrededor de 500 millones, de una diferencia de ese
orden. En general los impuestos especiales tienden a crecer por debajo
del PIB, y eso hay que tenerlo en cuenta y va a ser así. Y eso no es mala
noticia porque son impuestos que lo que pretenden es desincentivar el
consumo. Es decir, que la base imponible del impuesto sobre el tabaco, el
alcohol o las gasolinas baje no nos debería sorprender; es que si no
bajara, no estaría siendo eficaz el impuesto. Por lo tanto, eso es
razonable. Lo que ocurre es que si se quiere mantener la recaudación hay
que subir los tipos impositivos. En el impuesto sobre sociedades hay
varios factores que están detrás de que la recaudación no suba, aparte
del de las bases imponibles, que tiene que ver con los esquemas de
amortizaciones que hay. Es decir, podríamos hablar sobre ese tema y
veríamos que, efectivamente, no es razonable pensar que esto esté pasando
con la estructura que tiene el impuesto. Esto sobre ingresos.
En cuanto a los gastos, no voy a entrar mucho en el tema de los
ayuntamientos, señor Bel -obviamente nos veremos y tendremos una charla
lo más extensa posible sobre este punto-, pero le daré dos datos: uno, el
gasto de los ayuntamientos en el año 2017 ha crecido el 1 %, cuando la
regla de gasto les permitía crecer al 2,1. Eso solamente es compatible
con que la mayoría de los ayuntamientos no se han visto restringidos por
la regla de gasto. Igual es parte del debate que tenemos que tener, pero
esto es un hecho objetivo. Hay algunos ayuntamientos que sí se han visto
topados por la regla de gasto y algunos que se la han saltado, muy pocos,
pero en general no ha sido vinculante -a lo mejor quiero yo aprender de
usted sobre cómo es posible-. Al final, cuando miro la estructura de
competencias de los ayuntamientos, y más después de la Ley de
racionalización de las haciendas locales, veo que los ayuntamientos
tienen cierta tensión para meterse en competencias que no les son
propias, y a veces echan una mano a las comunidades autónomas, como todos
sabemos, en gasto social. Y ahí es donde va mi segundo dato, es decir,
¿tenemos un déficit de gasto social? Sí, es evidente y lo vemos en
dependencia, lo vemos en pensiones, vemos que
hay gran tensión en esos componentes del gasto, y aprovecho para responder
a lo que me ha planteado el señor Nasarre. Sí que es evidente que, como
resultado del envejecimiento y como resultado de ciertas innovaciones, va
a haber presión sobre el gasto social. En muchos países, ese gasto, sobre
todo en lo que es dependencia, en lo que es asistencia social e incluso
en esquemas de renta mínima, quienes lo asumen son los ayuntamientos
porque es un gasto muy de proximidad. De hecho, en España, en gran parte
los asistentes sociales están en los ayuntamientos y trabajan a costa de
las comunidades autónomas. A mí no me gusta un modelo en el cual yo hago
el proceso pero no tengo la restricción presupuestaria, la tiene la
comunidad autónoma, que es la que termina gastando. Lo que tengo ahí es
un problema de competencia; en este tema estoy entrando en el límite de
lo que yo puedo hablar como autoridad fiscal, pero a mí me da la
sensación de que si miramos agregadamente dónde están las grandes
presiones de gasto y donde están las mayores holguras, termina uno
pensando que a lo mejor hay que hacer una redefinición de competencias o
hay que establecer convenios entre unos y otros. Eso es lo que yo creo
que hay que ver ahí.
Me preguntaba el señor Lasarte sobre proyecciones de gasto. Si quiere,
cuando hablemos del programa de estabilidad, que son cuatro años al
menos, podremos hablar con más perspectiva porque tendremos más años.
Cuando nosotros hacemos proyecciones de gasto, por ejemplo, de sanidad,
utilizamos modelos propios para cada una de las comunidades autónomas que
lo que nos están dando es una cierta presión de gasto, resultado del
envejecimiento y de las innovaciones financieras. A lo mejor hay una
parte también que tiene que ver -y esto sí puede ser parte del análisis
que tenemos que hacer nosotros en el área de la farmacia hospitalaria-
con las decisiones que se toman individualmente sobre qué fármacos se
financian y a qué coste. Eso también puede tener que ver con parte de lo
que estamos hablando. En cualquier caso, nosotros estamos viendo una
tendencia al crecimiento del gasto sanitario inercial de niveles en torno
al 6% en los próximos años e incluso hasta niveles en torno al 7% o algo
más. No estamos tan seguros de que haya tanta presión en el gasto en
educación a políticas constantes, porque la demografía ahí nos va a
llevar en la dirección contraria, a no ser que tengamos un boom
migratorio fuerte en los próximos años.
En cuanto las pensiones, según a qué horizonte se plantee el ejercicio. Me
preguntaba, creo que el señor Paniagua, por el gasto adicional si se
indexaran las pensiones al IPC. Estoy hablando de memoria, pero creo que
en el año 2023, de aquí a cinco o seis años, serían unas 7 décimas
adicionales del PIB. De aquí al año 2030 estaríamos hablando casi de 1,2
o 1,3 puntos adicionales de gasto público respecto al escenario
contrario, para poner cifras. Con carácter a medio plazo, a mí en el tema
de las pensiones me preocupa mucho, pero mucho, la sensación -y lo hemos
visto en las encuestas del CIS del otro día- de que se está trasladando a
los pensionistas y a la sociedad que hay un problema muy agudo a medio
plazo de las pensiones, que van a mermar sensiblemente los ingresos de
los pensionistas, porque esto no está sustentado por el análisis y la
evaluación. Muchos de los análisis que se hacen sobre pensiones,
incluidos otros organismos públicos, están basados en unas proyecciones
de población que hace el INE que nosotros no entendemos -y se lo hemos
dicho al INE-, que suponen que la población española va a empezar a
decrecer enseguida per saecula saeculorum. Esto choca dramáticamente con
cómo se ha comportado este país en otros momentos y con la capacidad que
tiene de absorber inmigrantes, como se ha visto en la época del 2000,
cuando ha hecho falta. Es decir, las previsiones sobre pensiones que se
hacen en España suponen que ante una propensión a empobrecernos porque no
hay activos ya, porque están envejeciendo cada vez más, no vamos a
reemplazar el stock, por ejemplo, con mayor participación de la mujer
todavía en el mercado de trabajo, qué tasa puede haber de participación
más alta, con políticas sobre natalidad, que en algunos países han tenido
éxito, o con flujos migratorios que reflejan eso. Eso es lo que hay
detrás, la hipótesis básica de prácticamente la mayoría de estudios sobre
pensiones es esa, y es la que determina los resultados, y cuando haces
esa hipótesis lo que te salen son cosas muy dramáticas. Cuando empiezas a
relajar ese supuesto te das cuenta de que el gasto en pensiones tiende a
subir algo, tiende a tener cierta presión, pero es algo que yo diría que
es absorbible y manejable.
Lo que yo no entiendo, sinceramente no entiendo, es cómo cuando tenemos
dificultades para hacer una previsión al año que viene -y tenemos rangos
que lo hacen así-, nos encontramos previsiones a cuarenta años en un
punto cerrado, y vienen aquí y lo dicen. ¡Oiga usted!, cuando uno va
entrando cuidadosamente en qué hay detrás de cada hipótesis, se da cuenta
de que la incertidumbre es considerable. Entonces cuando la incertidumbre
es considerable me parece que no hay derecho a transmitir esta
certidumbre, esta soberbia agnóstica con la que decimos: esto va a ser la
ruina. ¡Es que no es verdad, no es verdad! Y al final terminamos
afectando a una parte de la población que ya por su edad está inquieta y
no es razonable, sinceramente no es razonable, porque no es verdad. No es
verdad. Es
decir, el tema es abierto y va a depender de cosas como los flujos
migratorios, que tienen un impacto enorme, de la tasa de natalidad,
etcétera. ¿Por qué no vamos a aspirar nosotros a llegar a la tasa de
actividad de Alemania de aquí a veinte años, partiendo de donde estamos?
¿Por qué no? Simplemente llegando a la tasa de actividad que hay hoy en
Alemania, si nosotros llegáramos a ella, ya corregimos una parte
significativa. Y después, muchos de esos estudios sobre pensiones no han
incorporado suficientemente las reformas paramétricas sobre todo de 2011,
que son reformas que van a tener un impacto a medio plazo de mitigación
del efecto de sustitución. No están incorporadas en el análisis, lo hemos
hecho nosotros específicamente y hemos visto efectos. Luego ¿que va a
haber presión sobre el gasto en pensiones? Sí. ¿Que va a haber presión
sobre el gasto en sanidad? Sí. Cuando uno mira las incertidumbres y mira
los márgenes, esto es manejable y razonable, para que no creemos una
angustia innecesaria en toda la población.
Creo que lo voy a dejar aquí aunque han quedado muchas preguntas más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escrivá.
Las comparecencias en presupuestos -he intentado dejar el máximo margen
posible tanto a los grupos como al compareciente- tienen un objeto
determinado, no solamente en la Comisión de Presupuestos sino sobre todo
en la presentación del proyecto de ley de presupuestos, con lo cual, como
siempre, en nombre de la Comisión le agradezco que haya venido y le
invito a que fuera del periodo presupuestario podamos hablar de estos
temas de medio y largo plazo, que me parecen muy interesantes.
Vamos con mucho retraso, ahora mismo va a pasar el siguiente interviniente
y me gustaría que se acercasen un momento los portavoces a la Mesa para
hablar del horario que tenemos porque también ha habido una alteración en
el Pleno que, como saben, nos afecta. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BURGOS GALLEGO).
A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente
212/001446); CIUDADANOS (número de expediente 212/001493); CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/001350);
SOCIALISTA (números de expediente 212/001245, 212/001248 y 212/001249) Y
POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001549).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia del señor
secretario de Estado de la Seguridad Social. Para exponer el presupuesto,
tiene la palabra don Tomás Burgos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego):
Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. La sociedad española viene a disponer anualmente
los objetivos y las prioridades de actuación de su Gobierno en los
Presupuestos Generales del Estado. Esta es la verdadera naturaleza de un
presupuesto, el conjunto de disposiciones ordenadas y estructuradas para
asignar los recursos públicos conforme a la elección pública conformada
por la democrática voluntad de los ciudadanos. Entre estos objetivos y
prioridades, es inequívoco el respaldo a un sistema de Seguridad Social
pública y de reparto, la única capaz de ofrecer una cobertura amplísima,
una garantía frente a las muy diversas contingencias y un nivel de
retorno y seguridad imposibles de garantizar e igualar por otros
procedimientos. En un momento de sólido y equilibrado crecimiento de la
economía española, el gasto social se mantiene como una prioridad
esencial. Las pensiones suponen ya el 41 % del presupuesto del Estado. El
presupuesto de gasto es financiado en un 90,96 % con ingresos
contributivos y en un 9,04 % con aportaciones del Estado destinadas a
financiar la acción protectora no contributiva. Estos presupuestos son
una apuesta clara por reforzar el compromiso del gasto social. El
proyecto de ley de presupuestos destina más de 196 000 millones de euros
al gasto social, lo que supone casi el 56 %, y en este contexto los
recursos dedicados a las pensiones aumentan de nuevo. El mayor porcentaje
de gasto social, en concreto el 73,6 %, se destina a las pensiones, que
absorben 144 834 millones de euros. La Seguridad Social es, por supuesto,
la gran partida de las cuentas públicas de España. Cuatro de cada diez
euros -42,3 de cada 100 para ser exactos- del total de gasto consolidado,
sin transferencia interna en el presupuesto general, se destina al
sistema de Seguridad Social. Las pensiones siguen siendo, con gran
diferencia, la partida fundamental del presupuesto español. De hecho, si
se suman las clases pasivas, el gasto en pensiones alcanza ya los 144 834
millones de euros, el 12 % del producto interior bruto y casi el 50 % del
gasto del presupuesto en 2018.
El objetivo para 2018 en el presupuesto de Seguridad Social es el objetivo
de déficit del 1,5 % del producto interior bruto, bajo el criterio de
contabilidad pública. El total del presupuesto consolidado por
operaciones financieras y no financieras asciende a 149 950,72 millones
de euros, es decir, un incremento del 5,22 %. Y si atendemos al
presupuesto de gasto consolidado por operaciones no financieras, el más
adecuado para el seguimiento presupuestario, para su análisis y para su
comparación homogénea, estamos ante un presupuesto total consolidado de
148 365,82 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año
anterior del 4,13 %. Estamos, pues, un año más ante el mayor presupuesto
de la historia de la Seguridad Social española, expresión de una dinámica
que nos va a acompañar en el futuro. El gasto crecerá, no se reducirá ni
se congelará y lo que cabe hacer es gestionar ese incremento de forma
adecuada a las posibilidades económicas de nuestro país. Este presupuesto
se presenta en unas condiciones doblemente favorables. Primero, porque la
previsión de crecimiento sigue siendo alta, del 2,7 % para el año 2018,
con lo que España será por cuarto año la economía que más crezca entre
las europeas. Y segundo, porque los ingresos por cotizaciones, el
verdadero motor del sistema, crecen a un buen ritmo. El año 2017 cerró
con récord neto de cotizaciones y 2018 presenta unas expectativas
ciertamente también importantes. El proyecto de presupuestos, atendiendo
a esta situación, presenta unos ingresos no financieros por valor de 129
719 millones de euros, un crecimiento del 4,6 %. Las cuotas sociales son
el principal origen de los ingresos y ascenderán a 114 915,75 millones de
euros, con una previsión anual de crecimiento del 5,2 % sobre la
previsión de liquidación del año 2017. Esta aportación, que es clave para
el sistema, es ajustada y realista, como creo que el anterior
compareciente ha tenido a bien señalar.
Respecto a las cotizaciones, quiero significar tres hitos. Es la principal
fuente de ingresos del sistema. Las cotizaciones sociales representan el
88,6 % del total y aumentan ligeramente respecto al año anterior, en que
fue del 88,1 %. En segundo lugar, su participación en relación con el
producto interior bruto mejorará en una décima respecto al año anterior y
este año será del 9,5 %. Y en tercer lugar, las cuotas pagadas
directamente por ocupados recuperan el nivel del año 2007, es decir,
representarán el 8,9 % del PIB, el punto máximo alcanzado desde el año
2000. En 2018 se espera, por tanto, una evolución favorable de variables,
como la remuneración media de asalariados y la variación del empleo. Así
lo acreditan además los datos del primer trimestre de este propio año
2018, ya sea en términos de avance de la recaudación líquida del sistema
-nueve meses consecutivos creciendo por encima de los 10 000 millones de
euros de ingresos por cotizaciones sociales- o en términos de ejecución
presupuestaria. Señorías, más empleo y mayor recaudación fiscal es la vía
más segura para pagar mejores pensiones. La clave de bóveda del sistema,
no obstante, está en que hoy la relación es de seis afiliados -6,06 para
ser exactos- más por cada pensionista que se incorpora al sistema.
Tras las medidas ya adoptadas en años anteriores en relación con los
ingresos, estos presupuestos se hacen eco de importantes iniciativas,
como los recargos modulados o los incentivos a los trabajadores
autónomos, fruto de las últimas reformas legales aprobadas por este
Parlamento, y añaden nuevas medidas. La base máxima de cotización se
eleva en 1,4 puntos para los trabajadores por cuenta ajena en todos los
grupos. La base mínima de cotización se eleva de acuerdo al salario
mínimo, como corresponde legalmente, 4 puntos para los trabajadores por
cuenta ajena en todos los grupos. Se incrementa la base mínima para los
autónomos en 1,4 % también y la base mínima de los autónomos societarios,
que sufrió fuertes incrementos respecto al año 2017 y comienzos del año
2018, se incrementa en un cero por ciento, es decir, permanece estable.
En materia de pensiones, este Gobierno ha demostrado que es firme en su
compromiso para reforzar la cobertura del sistema y para mantener e
incluso mejorar pensiones y prestaciones. Así lo reflejan las
transferencias recibidas de la Administración General del Estado, que
este año ascenderán a 13 557,75 millones, aumentando un 4,9 %,
fundamentalmente para complementos a mínimos, con 7145,12 millones de
euros, que atienden a la revalorización ampliada que posteriormente
comentaremos.
Respecto a la evolución de los gastos, el volumen de gastos en operaciones
no financieras previsto en este proyecto asciende a 148 365,82 millones,
es decir, crece un 4,33 %. Los gastos de personal lo hacen en casi un 7
%, en un 6,91 %, incrementándose en el refuerzo de plantillas y en las
mejoras retributivas de los funcionarios públicos. Y los gastos
corrientes, que suponen 1525,85 millones de euros, siguen hablando de la
gestión de un volumen ingente de recursos, con notables criterios de
eficiencia que creo oportuno señalar. Las transferencias corrientes son
las partidas más importantes del presupuesto, el 95,62 % del total, y
alcanzarán este año 127 109,79 millones. También seguimos incrementando
las inversiones en nuestra red importante de centros, más de mil centros
de la Seguridad Social repartidos
por todo el territorio nacional, y llegamos, con las inversiones
contenidas en el anexo, a cincuenta y una provincias de nuestro
territorio.
En la ley de presupuestos se incluyen, además, puntos tan importantes como
la ampliación de la duración del permiso de paternidad, que supone una
dotación presupuestaria de 423,10 millones de euros, ampliándolo a cinco
semanas. Especialmente resaltable es la revalorización de las pensiones
mínimas, que en este presupuesto asciende al 3 % de las pensiones hasta
9800 euros al año, que aumentan el 1,5 %, y desde los 9800 hasta los 12
040 euros, el 1 %, aumentando el resto de las pensiones, incluidas las
máximas, el 0,25. La pensión de viudedad ve reforzada su cuantía con el
incremento de 2 puntos del porcentaje de la base reguladora que se
utiliza para el cálculo de la pensión, aumentando, de forma media, las
pensiones de viudedad en nuestro país en un 3,85 %. Todas estas medidas
de mejora alcanzan a más de 5,7 millones de pensionistas directamente;
con la rebaja fiscal que también contiene este presupuesto, el colectivo
beneficiado asciende a 7 millones de personas. Este presupuesto establece
una previsión de implantación de la protección no contributiva de
orfandad en el marco del Pacto contra la violencia de género, con una
dotación de casi 5 millones de euros, y refleja también el importante
efecto que tiene el complemento de maternidad implantado hace dos años en
nuestro sistema, que beneficia al 60 % de las nuevas pensiones de
mujeres. La previsión para 2018 es que esta prestación llegue a 186 000
mujeres más, con lo que desde su entrada en vigor esta prestación que
complementa hasta un 15 % las pensiones de las mujeres habrá superado el
medio millón de mujeres que reciben dicho complemento. La aplicación de
esta medida, junto al incremento de la viudedad, contribuye a que la
brecha de género en pensiones se haya reducido cada vez más: desde el año
2015, que estaba en el 25,15, se ha pasado hoy, en marzo de 2018, al
20,14, es decir, una reducción desde que se implantó esta última medida
en más de 5 puntos porcentuales. Por áreas de gasto, hay que destacar que
las prestaciones económicas del sistema absorben el 95,63 % del gasto
total, 143 392,73 millones de euros. Las pensiones totales, contributivas
y no contributivas, con una dotación de 129 489 millones de euros,
aumentan el 3,51 % y, en concreto, las pensiones contributivas del
sistema lo hacen en un 3,59 %, alcanzando la cifra récord de 127 109,7
millones de euros. Por tanto, las pensiones contributivas absorben el
88,6 % del presupuesto de gasto del sistema de la Seguridad Social.
Tengo que señalar que estos presupuestos también incorporan las
previsiones en relación con el desarrollo de la jubilación activa,
compatibilidad entre salario y pensión del 50 %, en el cual ya hay 36 931
personas en nuestro sistema, y, a mayores, en el año 2018 ya está
implantada la jubilación activa plena, es decir, la compatibilidad entre
salario y pensión al cien por cien, a la que ya han accedido 6355
personas, autónomos con, al menos, un trabajador por cuenta ajena. Las
pensiones contributivas representarán el 10,5 % del producto interior
bruto, es decir, se mantiene el mismo porcentaje respecto al producto
interior bruto que el año anterior. Estamos, por tanto, ante la
consignación de la estabilidad en el porcentaje del PIB que representan
nuestras pensiones, lo cual es, evidentemente, un indicador relevante de
sostenibilidad para el futuro. Las pensiones no contributivas
experimentan un aumento del 4 % respecto a la previsión de liquidación
del año 2017 y alcanzarán en 2018 los 2379,99 millones de euros. Quiero
destacar que este es el mayor incremento porcentual en estas prestaciones
en la última década. (El señor vicepresidente, Hurtado Zurera, ocupa la
Presidencia).
Estos presupuestos, por tanto, garantizan más protección de Seguridad
Social en un nuevo entorno económico y, especialmente, en las mejoras de
revalorización de 5,7 millones de pensiones en nuestro país, con un coste
adicional de casi 1000 millones de euros -989,33 millones- en nuestro
sistema. Quiero decir que la pensión media del sistema seguirá creciendo
en el año 2018. En estos momentos está creciendo al 1,85 % y hay que
señalar que desde el año 2011 la pensión media del sistema ha crecido en
más de un 15 %, el 15,05 %. Quiero señalar también que se produce un
incremento en el gasto en incapacidad temporal, que alcanzará en este
presupuesto los 7979,72 millones de euros, creciendo un 5,2 respecto a la
previsión de liquidación. Este Gobierno, que logró en 2013 separar
definitivamente las fuentes de financiación, vuelve a reflejar en este
presupuesto la aportación a la financiación del cien por cien de los
complementos a mínimos, que supondrá 7329,12 millones de euros, es decir,
un incremento del 4,29.
Quiero señalar que cada vez hay menos pensiones nuevas que precisan de un
complemento. Representan en estos momentos el 24,9 % del total, un
porcentaje que el año pasado era del 25,7 %. En cuanto a las nuevas
pensiones, la proporción de las altas de pensiones que requieren garantía
de mínimos está descendiendo y es ahora del 19,09 en las nuevas altas que
requieren ese complemento. Por tanto, el aumento de la pensión media en
términos reales supone que cada vez, afortunadamente, hay
menos pensiones en nuestro país que están por debajo del importe mínimo
establecido. Los pensionistas que tienen garantía de mínimos percibieron
por este concepto el año anterior una media de 204,3 euros al mes; la
cuantía más alta es la que se abona a las pensiones de viudedad, con más
de 243 euros por pensión. El Estado sigue asumiendo la financiación de
todo el ámbito no contributivo del sistema, algo que resulta clave para
garantizar la solvencia del mismo a medio y largo plazo, e incrementa
también otras prestaciones, como las que afectan a la maternidad, la
paternidad, el riesgo durante el embarazo y la lactancia y el cuidado de
menores, con un incremento del 4,46 %, uno de los más altos de los
últimos años. También en prestaciones familiares se produce un incremento
del 2,82 %. Las transferencias corrientes a las comunidades autónomas
afectan a 1650,92 millones de euros, aumentan, por tanto, en un
porcentaje muy significativo, el 11,7 %, especialmente dirigido a la
atención a la dependencia, que alcanza en este presupuesto la cifra de
1401 millones, es decir, un 3,4 % más que la previsión de liquidación. Su
principal partida es el mínimo garantizado por el Estado, que aumenta en
134 millones de euros, hasta alcanzar los 1396,87 millones.
Como consideramos adecuado seguir avanzando en otros esquemas de
financiación de prestaciones o de grupos de ellas que asignen nuevos
recursos al sistema, valoramos como extraordinariamente importante que el
Pacto de Toledo llegue al necesario consenso para abordar los pasos a dar
en esta dirección. Mientras eso se produce, el presupuesto de la
Seguridad Social vuelve a disponer de un préstamo del Estado por un valor
-en este caso máximo- de 15 164 millones de euros. El incremento de este
préstamo respecto al año anterior no significa que sean necesarias nuevas
o mayores aportaciones para financiar el sistema sino que se va a
disponer en menor medida que en otros años del Fondo de Reserva del
sistema. Por tanto, puede decirse que el Estado aporta vía préstamo el 10
% de los recursos necesarios para atender las obligaciones de gasto del
año 2018 y para mantener el sistema de prestaciones. Si esto lo sumamos
al aporte vía transferencias corrientes -que representa el 9,06 %- sería
la aportación que el Estado hace a las necesidades económicas del sistema
del orden del 19 % del total de las mismas.
¿Cómo pretendemos seguir avanzando? El sistema revaloriza -como viene
haciendo estos años- todas las pensiones en un porcentaje protegido o
asegurado y el resto de subidas extraordinarias que se produzcan en el
ámbito no contributivo, en las mínimas y en la mejora de viudedad -una
parte la paga el sistema y otra el Estado- se abonan con cargo
exclusivamente a la imposición general, al presupuesto general del
Estado, es decir, a la solidaridad de todos los ciudadanos. Solidaridad
que, a veces, queda desdibujada en un mar de cifras. Quiero señalar que
las pensiones de menores recursos -las pensiones mínimas y las no
contributivas- representan el 28,3 % del total de las pensiones y son
financiadas ya en parte o en todo por la solidaridad general a través de
esas transferencias del Estado.
Por ir finalizando, he de decirles que la Seguridad Social,
afortunadamente, protege hoy a más personas y no a menos y lo hace mejor.
Dispone de muchos más recursos económicos y no menos y los asegura un
país en crecimiento, un país que crea empleo. Representa hoy un
porcentaje de riqueza nacional y de producto interior bruto que está en
la cresta de los presupuestos de la Seguridad Social de los últimos años
y brinda más protección, más cobertura, con más colectivos integrados,
con más eficacia prestacional. Señorías, 2018 es un año importante,
estamos en un punto en el que ya no aumenta el déficit, un momento de
inicio claro del saneamiento gradual de las cuentas del sistema y
queremos que este presupuesto pueda contribuir a la consolidación del
mismo y a avanzar como creo que todas sus señorías comparten- en su
mejora continuada y permanente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Hurtado Zurera): Gracias, secretario de Estado de
Seguridad Social.
A continuación, pasamos al turno de portavoces. Tiene la palabra la
portavoz del Grupo Socialista.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
Empezaré por referirme a la memoria explicativa de los presupuestos
generales de la Seguridad Social, que parte de dos afirmaciones. En
primer lugar, que son unos presupuestos formalmente equilibrados; y en
segundo lugar, respecto a garantizar el poder adquisitivo de las
prestaciones, afirma que estas mantienen la evolución necesaria para
adecuarse a las demandas de la sociedad española. A juicio del Grupo
Socialista, ni una cosa ni la otra. Vayamos por el punto segundo, sin
remitirme a las manifestaciones de los pensionistas, que ya son
suficientemente patentes para todos. Señor Burgos, ¿considera que con las
medidas adoptadas por estos Presupuestos Generales del Estado se
garantiza el poder adquisitivo de las pensiones públicas? Máxime si
tenemos en cuenta que las medidas que se
adoptan -que son un 3 % para mínimas y pensiones no contributivas y
después de forma gradual para el resto de pensiones- discrimina a unas
pensiones de otras. Fiscalmente -me ha parecido que usted no se ha
referido a ello-, ustedes, señores de Ciudadanos y del Partido Popular,
están vendiendo que van a tener unas reducciones y unas mejoras fiscales
los pensionistas cuando resulta que el artículo 20 de la Ley del impuesto
sobre la renta de las personas físicas anticipa que no se van a poder
aplicar para el presupuesto de 2018 porque ya no le afectará más que en
la mitad. Los pensionistas no van a notar los efectos hasta el año que
viene y solo será la mitad porque la ley se aprobará habiendo entrado ya
el ejercicio presupuestario. Por tanto, consideramos que no van a dar
respuesta a esa premisa básica de la que parte su memoria explicativa
porque además aumentan a unas sí y a otras no. Le recuerdo que el Partido
Socialista durante la época de Zapatero incrementó las pensiones mínimas
un 53,02 y ustedes llevan un incremento -a pesar de la mejora en la
situación económica- de solo un 13 %, a efectos solo de ejemplo.
Entendemos que no garantizan el poder adquisitivo no solo porque
discriminen a unas y a otras sino porque hoy la pérdida del poder
adquisitivo, según informes de organismos diversos, ya es del 1,1 %, más
el copago farmacéutico, del que no nos acordamos nunca. El copago
farmacéutico ha sido el que le ha resuelto en parte el déficit al señor
Montoro, ese señor que nos anuncia que adopta medidas tan fantásticas que
resuelven el déficit, y lo cierto es que ha supuesto un trasvase de
rentas de los pensionistas a las arcas públicas de 6000 millones de euros
desde el año 2012 en que se aprobó esta medida. Es decir, pensionistas y
entidades locales le resuelven el déficit al señor Montoro.
Gracias a estos presupuestos entendemos que tanto Ciudadanos como el
Partido Popular legitiman la reforma de 2013. Una reforma que se hizo -
lo sabe usted perfectamente- de forma unilateral y que en ningún caso
tuvo en cuenta que en veinte años puede suponer la pérdida del poder
adquisitivo de las pensiones de un 30 a un 40 %. Me remitiré a un informe
del que en algunas ocasiones le he hablado al portavoz del Grupo Popular
del Pacto de Toledo. Es un informe de unos expertos que afirman que la
reducción del consumo privado basado básicamente en los pensionistas en
2035 puede suponer una pérdida del PIB de 3 puntos y que además puede
suponer la pérdida de 750 000 puestos de trabajo. Nosotros nos
preguntamos, si la reforma de 2013 no garantiza el poder adquisitivo ni
los resultados macroeconómicos ¿para qué queremos esta reforma? El Grupo
Socialista lo tiene muy claro; esta reforma está planteada única y
exclusivamente para depauperar el sistema público de pensiones y a corto
plazo ponerlo en el mercado privado de pensiones, porque otra cosa no se
entiende. Por otra parte, estos presupuestos desnaturalizan lo que había
sido hasta ahora el Pacto de Toledo. Ustedes, que tanto se remiten y se
esconden en el Pacto de Toledo tanto ustedes como los señores de
Ciudadanos-, resulta que en el mes de marzo asistimos a un mercadeo de
abastos en el que parecía que estábamos subastando el pescado cuando el
señor Rivera salió un día anunciando una subida del 2, el señor Montoro
le llama la atención al día siguiente y dice que va a subir un 3... Unos
cuantos días antes el presidente del Gobierno había dicho que él sabía de
números y que no le contasen la subida del IPC; lo dijo respondiendo a
preguntas del portavoz de UPN. (El señor Del Campo Estaún: Eso es
negociar). Hoy, además de confirmar una reforma de 2013 que desmonta el
sistema público de pensiones, se dedican ustedes a mercadear con el poder
adquisitivo de los pensionistas. Efectivamente, con la reforma de 2013 se
produce una distorsión -por no decir un fraude de ley- del que hoy ya
somos testigos claros cuando vemos al señor Rivera y al señor Montoro
mercadeando con la subida de las pensiones.
Señor Burgos, sabiendo como hoy sabemos que las pensiones -salvo que
deroguemos la reforma de 2013- van a reducirse de un 30 a un 40 % en
veinte años, ¿me puede decir qué sentido tendrá el sistema público de
pensiones? ¿Tendrá la ciudadanía que suscribir planes privados de
pensiones teniendo en cuenta que hoy sabemos que hay una pérdida salarial
de un 10 % y que, por tanto, no hay margen de maniobra para los
trabajadores? Hoy se ha producido ya un trasvase de las rentas salariales
al excedente bruto de las empresas, hoy sabemos que el peso de la renta
salarial es mucho menor de lo que era en 2008. Me gustaría saber qué es
lo que tiene que hacer el español medio para poder subsistir de aquí a
veinte años si hoy ya sabemos que las pensiones públicas no van a ser
suficientes si mantenemos su reforma de 2013.
Ya les hemos hablado un poco por encima de las medidas que han adoptado,
que son discriminatorias porque no suben al menos en proporción todas las
pensiones, pero nos preocupan más cosas. Nosotros no estamos en contra de
que no mejoren las pensiones mínimas y el Partido Socialista ya lo
demostró mientras gobernó, pero lo cierto es que ustedes adoptan unas
medidas -me remito al libro amarillo que presentan- y me preocupa el
hecho de si el señor Montoro se ha leído la memoria económica de la
Seguridad Social, porque hoy ya sabemos que el sistema público de
pensiones entra en un déficit
consentido tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos. Usted ha
afirmado que no aumenta el déficit, pero, según los números que presentan
en la memoria económica financiera, se ha incrementado y además se va a
incrementar en un 1,5 %. Igual nosotros no lo entendemos bien.
En julio de 2017 se aprobaron los objetivos de déficit, que tenían que ser
del 1,1 para 2018 -así lo ha confirmado hoy la Airef en su informe, no es
que me lo invente yo-, pero resulta que usted en la página 41 aporta un
cuadro donde hoy ya se consolida un déficit del 1,5 %, cifrado en 18
645,91 millones. Estos son los datos que ustedes facilitan, y nos parece
inasumible que no hayan adoptado una sola medida para sanear el déficit.
Señores de Ciudadanos, va por ustedes también. Qué pena que no esté el
señor Roldán aquí, que dice que es el adalid de la eficiencia
presupuestaria, porque se daría cuenta de que no han adoptado una sola
medida para mejorar ese déficit, sino que sencillamente el déficit les da
igual, lo cual nos preocupa; lo cierran a martillazos con un préstamo. Si
usted me dijera que es un préstamo como los utilizados en época
socialista -préstamos para la Tesorería-, podríamos entenderlo. Una parte
eran préstamos a la Tesorería. Era así, ¿no, señor Burgos? Usted estaba
presente. Eso es una cosa, pero concertar préstamos... Ya es gordo que un
Estado se preste a sí mismo dinero -eso no pasa en ningún país del mundo,
pero parece que en España somos un poco especiales-, pero más fuerte
todavía es que ustedes, con el gasto corriente, es decir, sabiendo que
van a tener ese déficit, concierten de nuevo un préstamo y se escondan en
el Pacto de Toledo. Señor Burgos, nos parece poco honesto, y le diré por
qué. Ustedes han decidido saltarse el Pacto de Toledo tantas veces como
han querido, y la prueba son estos presupuestos, que de hecho ya se
desvinculan de la reforma de 2013, incrementando unas pensiones sí y
otras no.
Señor Burgos, ¿qué pueden esperar los pensionistas si la subida de las
pensiones se va a hacer en función de lo que diga el Gobierno de turno?
¿Tenemos que dar las gracias al señor Rajoy por haber subido el 3 %? ¿Qué
esperan los pensionistas del sistema público de pensiones si hoy ya les
dicen que dependerá del mercadeo que tenga el partido que gobierne y el
que le da apoyo, en este caso los señores de Ciudadanos? Por tanto, no
son equilibrados ni formalmente, porque ya se ve dónde está el error, hay
un error de presupuestación, y además no garantizan el poder adquisitivo
de los pensionistas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Hoy sabemos que se cierra formalmente el ejercicio 2017 con un déficit de
18 800 millones de euros y que hay una desviación sustancial de los
ingresos presupuestarios. Les recuerdo que, respecto de lo que se
presupuestó y el cierre, los ingresos se han desviado en 1520 millones.
Respecto al Fondo de Reserva, me hace gracia que nos diga que se dispone
del mismo en menor medida. Claro, es que queda menos, si no se lo funden,
y la ministra no quiere fundirse el fondo, aunque a este paso no
tardarán, señores de Ciudadanos. (El señor Del Campo Estaún: Qué obsesión
con Ciudadanos). Y, además, adquieren un nuevo préstamo. ¿Cómo van a
equilibrar unas cuentas si están tirando del déficit, si están acomodando
dicho déficit y no están adoptando ninguna medida en relación con el
mismo?
Los miembros del Pacto de Toledo nos enteramos de estas cuestiones a
través de los medios de comunicación -no quiero matar al mensajero;
sencillamente lo pongo encima de la mesa-, pero parece ser que -según
fuentes de Empleo, lo cual me gustaría que aclarara- van a resolver el
déficit sacando las pensiones no contributivas del sistema de la
Seguridad Social para que pasen a ser gestionadas fuera del mismo. Esto
siempre según fuentes de empleo; si me lo desmiente, casi mejor, porque
eso sería una trampa y supondría desmenuzar el sistema, cuestión en la
que evidentemente el Grupo Socialista no estaría de acuerdo.
Señorías, nos alegramos de la revalorización del 3 % de las pensiones
mínimas -tendrían que haberlas incrementado más, como mínimo en relación
con el IPC-, y en cuanto a las medidas que toman respecto a la viudedad,
a mí me parece que hacen trampas. Ustedes deberían haber incrementado las
pensiones de viudedad desde el año 2012, cuestión que han estado parando.
Deberían haber incrementado...
El señor PRESIDENTE: Señora Perea, vaya concluyendo, por favor.
La señora PEREA CONESA: Voy acabando, presidente, disculpe.
Las deberían haber incrementado en un 13,47 % y solo lo van a hacer en un
3,85.
El presidente de la Airef lo ha dicho clarísimamente. Han hecho unas
proyecciones erróneas y hay muchos condicionantes que hoy el INE no está
teniendo en cuenta y que no tuvo en cuenta en 2013. ¿Qué les planteamos
desde el Grupo Socialista? Adopten medidas respecto al déficit, estimen
las alegaciones que va a hacer el Grupo Socialista en el sentido de
fortalecer el sistema público de pensiones
y de garantizar, sobre la base del IPC, las pensiones y evidentemente
mejoraremos todos y podremos creerles a ustedes, señores del Partido
Popular y de Ciudadanos, un poquito más.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación intervendrá el Grupo Parlamentario Podemos. Señoría, como
no es miembro de esta Comisión, le pediría, por favor, que me dijera su
nombre para facilitar el trabajo a las taquígrafas.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Alberto Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, y gracias
también al señor secretario de Estado.
Sobra decir que nosotros no compartimos el tono triunfalista que ha tenido
usted respecto de los presupuestos en todo lo que tiene que ver con
Seguridad Social y pensiones, pero no por motivos políticos e
ideológicos, que también, sino por cuestiones prácticas que tienen que
ver con las condiciones materiales de vida de la gente. Dicho en plata,
si los pensionistas y las pensionistas de este país van a poder llegar a
fin de mes con los presupuestos que el Gobierno y sus aliados están
poniendo encima de la mesa. Nosotros creemos firmemente que no, y ahora
pasaré a exponerle nuestras razones y a formularle una serie de preguntas
que espero que tenga a bien respondernos.
En lo relativo al poder adquisitivo de las pensiones y la reducción del
mismo, como ustedes bien saben, en 2013 aprobaron Ley 23/2013 -ley que
por supuesto no contó con el apoyo de nadie más que no fueran ustedes
mismos, enfrentados a sindicatos, sociedad civil y resto de partidos- con
desvinculación del importe de las pensiones respecto al coste de la vida,
de lo que sube la cesta de la compra, etcétera, estableciendo lo que
llamaron el índice de revalorización, un coeficiente de actualización de
las pensiones con un abanico que iba como mínimo del 0,25 % al IPC más el
0,50 como máximo. Año tras año han ido decidiendo a través de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado -que es lo que estamos debatiendo
ahora-, dentro de ese abanico, cuánto suben las pensiones públicas en
nuestro país. Para 2014 ustedes decidieron una subida del 0,25; para
2015, un 0,25; para 2016, un 0,25; para 2017, un 0,25, y para 2018 -que
es lo que tenemos ahora encima de la mesa-, otro 0,25.
Mientras que el IPC se mantuvo estancado o en valores negativos parece que
no había mayor problema, pero desde que se inició esta presunta
recuperación económica, allá por 2016, los precios han subido casi un 3 %
y el coeficiente de subida de las pensiones ustedes lo han mantenido en
el mínimo. En 2016 subieron los precios -lo que pagaba la gente por la
cesta de la compra, por la energía, por el transporte, etcétera- un 1,6 %
y en 2017 un 1,2 %, mientras que ustedes subieron las pensiones un 0,25
%.
Según un informe del Fondo Monetario Internacional del pasado mes de
octubre, en 2050 las pensiones se habrán devaluado un 30 %. El Fondo
Monetario Internacional no es ninguna organización que podamos acusar de
bolchevique y sus indicaciones ustedes las han seguido en muchos casos,
por lo que la pregunta es clara: ¿Comparten ustedes y su Gobierno las
conclusiones de este informe? ¿Hasta cuándo piensa el Gobierno mantener
esta subida mínima del 0,25 % para los pensionistas en nuestro país de
manera generalizada? ¿Cómo es posible que, pese a la mejora de la
economía experimentada en el PIB de 2016 y 2017, se mantenga la
revalorización de pensiones solo en un 0,25 %?
En cuanto al factor de sostenibilidad, como usted bien sabe, el 1 de enero
de 2019 entra en vigor esta nueva fórmula de cálculo de las pensiones,
que reducirá aún más las prestaciones de los nuevos pensionistas, como
dicen múltiples previsiones que esto ocurrirá. ¿Nos puede usted dar una
idea aproximada de en qué medida se va a devaluar la cuantía de la
prestación a partir del año que viene para los nuevos pensionistas y las
nuevas pensionistas?
Hablando de ingresos, que para nosotros es un tema clave, hay miles de
personas en las calles, hay movilizaciones a lo largo y ancho de todo el
país, y frente a esas justas reivindicaciones ustedes responden diciendo
básicamente que no hay recursos. Este año nos traen una estimación de
ingresos por cotizaciones al sistema de Seguridad Social que supera en
unos 4500 millones de euros la del año anterior -son 114 000 millones
frente a los 110 000 de 2017-, incremento que -ya lo hemos expresado- no
es suficiente para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y no
lo decimos solo nosotros. Sin
embargo ustedes no han adoptado desde que gobiernan ni una sola medida
encaminada a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, y se les
han propuesto muchas, no solo de parte de nuestro grupo parlamentario,
también de otros partidos políticos, de agentes sociales, sindicatos,
organizaciones en defensa de los pensionistas y las pensionistas.
Le voy a poner sobre la mesa con datos una serie de medidas a ver si algún
día son capaces de asumir para aumentar los ingresos del sistema de
Seguridad Social, y no poner la espada de Damocles continuamente sobre el
mismo: la elevación o destope de las bases mínimas de cotización -el
cálculo estimado de ingresos sería 7500 millones de euros-; la asunción
por parte del Estado de los costes de gestión de la Seguridad Social -el
ahorro sería 3200 millones de euros para este año-; la elevación
progresiva del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 950
euros mensuales en 2020; la reforma de la negociación colectiva para
incentivar la elevación de los salarios. Tengamos en cuenta estas dos
últimas cosas que he dicho porque la recuperación no se puede hacer con
empleos precarios, como estamos viendo. El último informe de Eurostat,
que tampoco creo que sea ninguna organización de corte bolchevique, sitúa
a España como el segundo país de toda la Unión Europea en el que menos
subieron los salarios. La media de subida fue un 2,4 % y en España los
salarios subieron un 0,4 %. Otra medida sería la conversión de todas
estas tarifas planas y reducciones en las cuotas en bonificaciones
financiadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que supondría
un incremento en el sistema de 1800 millones de euros. En definitiva, lo
que decía antes, que con respecto al gasto ustedes han hecho muchas
cosas, han metido mucha tijera, pero con respecto al ingreso no han hecho
ni una sola. ¿Podría decirnos si tienen previsto adoptar alguna medida
para incrementar estos ingresos en el sistema de Seguridad Social en los
próximos años? Y sin aumentar significativamente los ingresos de la
Seguridad Social, ¿pueden asegurar que el sistema público de pensiones es
sostenible? ¿Existe voluntad política en este sentido o el objetivo es
desmantelar el sistema público por descapitalización y caminar hacia un
modelo donde la economía privada tenga cada vez más peso? Nos gustaría
especialmente que fuera sincero en este punto.
En cuanto a lo que tiene que ver con las pensiones mínimas presumen
ustedes de haber ayudado a los pensionistas que más lo necesitaban, al
haber aumentado la pensión mínima contributiva a los 640 euros al mes,
788 en caso de cónyuge a cargo, y la no contributiva a 369 euros. La
contributiva está por debajo del umbral de la pobreza en España. Según
Eurostat para 2016 -esto sin computar la inflación de 2016 y 2017- el
umbral de la pobreza en España se sitúa en 9100 euros al año, que
dividido en catorce pagas son 650 euros. Repito, el umbral de la pobreza
según Eurostat. Y ustedes sitúan con estos presupuestos la pensión mínima
contributiva en 639 euros, o sea, por debajo de ese umbral. De la no
contributiva ni hablamos, que como ya dije son 369 euros. A ver quién
sobrevive, quién llega a fin de mes en condiciones de dignidad con una
pensión de este tipo. ¿Le parece a usted que estas son unas cuantías
dignas para una de las quince economías más potentes del mundo? En 2011
la mínima contributiva se situó en 601 euros. Han pasado siete años y el
IPC en este tiempo ha subido un 7,5 %. O sea, en la práctica lo único que
han hecho ustedes con los presupuestos que ponen sobre la mesa es
actualizar las cuantías al año 2011, lo que deberían haber hecho desde el
año 2011. Esto no es ningún tipo de regalo, lo sabemos todos. Estas
pequeñas subidas que vienen recogidas en el presupuesto, que ni mucho
menos llegan a unas pensiones dignas, son fruto de la presión de cientos
de miles de personas en la calle. Yo creo que esto es innegable.
Con respecto a las pensiones de viudedad presumen ustedes también de haber
incrementado su cuantía, y es cierto que en esta ley de Presupuestos
Generales del Estado, en la disposición adicional cuarenta y uno, el
incremento de este tipo de cotización para el cálculo de la pensión pasa
del 52 % al 54 % de la base causante. Ahora bien, quizá en lugar de
presumir ustedes deberían dar explicaciones de por qué no están
cumpliendo la ley en este punto, ya que la disposición adicional treinta
de la Ley 27/2011, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del
Sistema de Seguridad Social, establece que a partir del 1 de enero del
próximo año la base de cotización para la pensión de viudedad de viudos y
viudas sin otros ingresos será del 60 % de la base de cotización
causante, y esto lo tendrían que haber hecho de forma proporcional a lo
largo de todos estos años. ¿Por qué no cumplen la ley a este respecto?
Termino con esto, señor presidente, que para nosotros es importante
también. Con respecto al préstamo de la Seguridad Social para el
equilibrio financiero en estos Presupuestos Generales del Estado consta
un crédito a favor de la Seguridad Social de 15 000 millones de euros. El
año pasado fue de 10 000 millones de euros. Nos preguntamos por qué esta
cantidad se consigna en concepto de préstamo. ¿Cree usted sinceramente
que la Seguridad Social va a devolver este préstamo a la Administración
General del
Estado? Se dice en la disposición adicional cuarta de esta ley de
presupuestos que a partir del año que viene la Seguridad Social tendrá
que comenzar a devolver este préstamo al Estado. ¿Usted cree que esto es
posible sinceramente? ¿Cómo va a devolver ese dinero la Seguridad Social
al Estado si no se adoptan medidas que posibiliten el incremento de los
ingresos? Con esto termino. Según consta en la disposición adicional
séptima de la ley de Presupuestos Generales del Estado -en la del año
pasado también estaba-, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
1988 -de 1988, repito- dispuso un préstamo del Estado a favor de la
Seguridad Social por importe de 754 millones de euros. La devolución de
ese importe se ha venido prorrogando desde hace veinte años. ¿Por qué lo
llaman préstamo si en realidad es una aportación del Estado a un gasto
que es de interés público, que es el de la Seguridad Social? ¿Tiene que
ver quizá el hecho de que lo llamen préstamo con que si, en lugar de que
figure como deuda a cargo de la Seguridad Social, se calificase como una
entrega, como una aportación del Estado a la Seguridad Social...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Termino ya. Muchas gracias, señor
presidente.
Si en vez un préstamo figurara como una aportación, ¿esto no afectaría al
cálculo y el índice de revalorización de las pensiones y se verían
ustedes obligados a tener que subir las pensiones mucho más de lo que las
suben? ¿Quizá tiene que ver con esto?
Muchas gracias por su comparecencia y muchas gracias, señor presidente,
por su generosidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el
señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido de nuevo, señor Burgos, a esta Comisión, y muchísimas gracias
por su exposición. Nosotros, al contrario de lo que han dicho los
portavoces del PSOE y de Podemos y sus confluencias, sí votaremos a favor
de estos Presupuestos Generales del Estado, como ya lo hicimos el año
pasado, y votaremos a favor por varios motivos. El primero de ellos es
porque, después de negociar y llegar a acuerdos, estos presupuestos son
buenos para los españoles y además dan una vez más estabilidad en unos
tiempos muy complicados, permítame que se lo diga -ya sabe usted que yo
vengo de Cataluña-, y en los que entendemos que la responsabilidad debe
ser una de las condiciones principales a la hora de tomar cualquier tipo
de decisión política. Y votaremos a favor porque dicha estabilidad y
apoyo a los presupuestos por parte de mi partido se van a ver
condicionados al cumplimiento del acuerdo de investidura, a la dotación
económica para muchas de esas 150 medidas, que se han convertido para
nosotros en una exigencia a la hora de sentarnos a negociar con ustedes
en cualquier mesa política. Nuestras exigencias se traducen en estos
Presupuestos Generales del Estado en más de 8000 millones de euros en
políticas reformistas, que suponen un giro total al modelo económico al
que nos tenían acostumbrados hasta ahora. Por un lado, se acaban los
recortes y las subidas de impuestos a los españoles, y por otro, se
cumple con los objetivos de déficit, que ya era hora. Por lo tanto nos
encontramos con unos presupuestos expansivos, a favor de las clases
medias, y como digo que acaban con muchos años de recortes.
Por ir de lo general a lo particular quiero destacar que el gasto general
en estos presupuestos sube un 2,7 % respecto a los presupuestos del año
pasado, elevándose la mayoría de las partidas de gasto. Las exigencias de
Ciudadanos para estos presupuestos han hecho que se conviertan en los
presupuestos con mayor gasto social de toda la democracia, hasta
representar el 56 % del total, con unos incrementos del 2,8 % respecto al
año 2017. Por poner unos ejemplos el gasto destinado a sanidad sube un
3,9 %, 4251 millones de euros de incremento; en educación sube también un
3 %, aproximadamente 2600 millones de euros de incremento o cultura que
sube un 4,4 %, destacando también que un año más las comunidades
autónomas, a través de la financiación autonómica, recibirán 4000
millones adicionales para educación, sanidad o servicios sociales, lo que
supone un 4 % más que en el presupuesto del año 2017.
Como usted ha dicho en torno al 41 % de este presupuesto se dedica a
pensiones. Ciudadanos ha negociado para que este presupuesto de Seguridad
Social devolviese el esfuerzo realizado a nuestros pensionistas durante
los años de crisis, años durante los que en muchos casos las pensiones de
nuestros padres y abuelos han ayudado a sostener a muchas familias a las
que, como he dicho, la crisis dejó en la cuneta. Contamos si no es con el
mejor sistema de Seguridad Social -y en eso coincidimos con
ustedes-, con uno de los mejores sistemas de Seguridad Social del mundo, y
como tal debe ser tratado. Por eso pensamos que las grandes decisiones,
las importantes en materia de Seguridad Social deben abordarse de manera
consensuada, meditada y debatida donde toca. De ahí que seamos firmes
defensores de adoptar dichas decisiones dentro del marco del Pacto de
Toledo, dentro de esas políticas de Estado, entre las que debe ser
incluida la Seguridad Social. No obstante es cierto que dado el grado de
pluralidad del arco parlamentario y las dificultades que estamos
observando a la hora de buscar esos consensos en el marco de la Comisión
del Pacto de Toledo, entendemos que estos Presupuestos Generales del
Estado son una buena herramienta para solucionar ciertos problemas del
corto plazo en materia de Seguridad Social con los que nos estamos
encontrando, y también decisiones que, sin ser estrictamente decisiones
en materia de Seguridad Social, afectan de manera positiva al sistema
como pueden ser decisiones en materia de conciliación o del mercado de
trabajo. Repito que sin perjuicio de que las decisiones importantes en
materia de Seguridad Social deben ser tomadas en el marco del Pacto de
Toledo, es cierto que este año se debía dar respuesta a un problema que
teníamos, el incremento del IPC, y por tanto la pérdida real del poder
adquisitivo de los pensionistas, que con el índice de revalorización de
las pensiones que ustedes impusieron en el año 2013 de forma unilateral
no había sido un problema hasta ahora, en un escenario deflacionista,
pero que ahora sí se estaba convirtiendo en un problema. Nosotros, que
siempre hemos defendido que es necesario llevar a cabo reformas que
equilibren el sistema de Seguridad Social entre ingresos y gastos, y
entre el número de cotizantes y pensionistas, y que es necesario llevar
adelante decisiones para reformar este mercado de trabajo si queremos
tener en el futuro unas revalorizaciones suficientes y sostenidas en el
tiempo, también somos defensores de que no podemos permitirnos como
sociedad que en unos pocos años nuestros pensionistas actuales -los que
ya no tienen margen de maniobra- pierdan entre un 20 y un 30 % de su
poder adquisitivo en un escenario de crecimiento económico como el que
tenemos actualmente e inflacionista. Por eso este año hemos conseguido
que los Presupuestos Generales del Estado contemplen subidas de las
pensionistas por encima del IPC para los que menos tienen y más lo
necesitan. A algunas de ellas ha hecho referencia usted y a otras la
portavoz del Partido Socialista. Pensiones mínimas y no contributivas que
se incrementan un 3 %, pensiones de viudedad que se incrementan un 2 %
pero con un compromiso de que en el año 2019 se cumpla con lo dispuesto
en la disposición adicional treinta, así como incrementos del 1 y del 1,5
% y otros mecanismos. Como usted bien ha dicho lo que interesa es que no
se pierda poder adquisitivo, da igual el mecanismo, como la bajada del
IRPF para los pensionistas que estén por debajo de los 18 000 euros. Con
todas estas medidas conseguiremos en el corto plazo que no pierdan poder
adquisitivo el 80 % de los pensionistas, incrementando la renta
disponible de una u otra forma a casi siete millones de pensionistas.
Como le decía estos presupuestos, por eso también votaremos a favor,
también contemplan importantes medidas que, de forma más indirecta y a
más largo plazo, afectarán al necesario equilibrio de nuestro sistema
público de pensiones. Uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema
público de pensiones, como todas sus señorías saben, es el de natalidad.
España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de los países de
nuestro entorno. En estos presupuestos se contemplan ayudas a la
escolarización de cero a tres años, con 1000 euros que pueden llegar
hasta un millón de familias; políticas de conciliación o una semana más
en el permiso de paternidad, que ya llega hasta las cinco semanas. Desde
el año 2009, cuando lo impulsó el Partido Socialista, no se había
conseguido nada en materia de permiso de paternidad, aunque esa ley de
2009 decía que se tenía que incrementar hasta las cuatro semanas.
Nosotros conseguimos que se incrementase hasta las cuatro semanas y este
año una semana más. Como usted ha dicho, también el apoyo a los mayores
generadores de empleo en este país. Si tenemos problemas con el mercado
de trabajo, habrá que apoyar a los que más empleo neto generan en nuestro
país. Con estos presupuestos se dota de contenido económico también a
esta ley urgente de reforma del trabajo autónomo, una iniciativa que
Ciudadanos trajo a esta Cámara. Así se podrá financiar esta tarifa plana
de doce meses para quien quiere iniciar una actividad y también para
estas autónomas, madres, que se reincorporan a la actividad después.
También deducciones en el IRPF de nuestros autónomos que pueden llegar a
ahorrarles hasta 6000 euros al año. Estos son los motivos por los que
básicamente apoyaremos estos presupuestos.
Antes de terminar quería hacer una reflexión a la señora Perea, portavoz
del Partido Socialista, que parece que tiene una especial obsesión con
Ciudadanos. (La señora Perea i Conillas: No, no). Creo recordar que usted
el año pasado por estas fechas acabó su intervención diciendo: no se
preocupen porque el Partido Socialista va a traer una iniciativa a esta
Cámara que va a conseguir que se cumpla la
disposición adicional treinta (la señora Perea i Conillas: Y que ustedes
bloquearon), para incrementar el incumplimiento... Le digo que no han
conseguido nada en este año. (La señora Perea i Conillas: Porque ustedes
lo han bloqueado). No han conseguido que se cumpla la disposición
adicional treinta. (La señora Perea i Conillas: Porque ustedes lo han
bloqueado). Si votan a favor de estos presupuestos se conseguirá que se
cumpla (la señora Perea i Conillas: Ya, ya) la disposición adicional
treinta. Le voy a decir más, ¿qué han conseguido ustedes en los últimos
diez años en materia de pensiones? (La señora Perea i Conillas: Acuerdos
a los que hemos llegado). Aparte de subir la edad de jubilación a los
sesenta y siete y frenar el gasto económico en pensiones, que llegó hasta
el 75 % de las reformas. Dígame qué han conseguido en los últimos diez
años. (La señora Perea i Conillas: Acuerdos, acuerdos). Yo le estoy
diciendo unas cuantas cosas que ha conseguido Ciudadanos. Si yo fuera
votante del Partido Socialista reflexionaría para las próximas veces.
(Risas).
Finalmente, como voy bien de tiempo ya que no he gastado todo, quería
hacer una reflexión en clave territorial, ya que aquí tenemos varios
portavoces que son de Tarragona como yo, el señor Bel, Jordi Salvador.
(Muestra un documento). Ayer salió una noticia que decía que 64 094
contribuyentes de Tarragona se beneficiarán de un ahorro medio de 471
euros al año; los contribuyentes que más se ahorrarán de toda España, con
los pensionistas catalanes a la cabeza. Desde aquí les mando un mensaje a
los diputados de Tarragona, que tenemos la suerte de tener en esta
Cámara, para que antes de apretar el botón y tomar su decisión piensen en
esos 64 094 contribuyentes que se pueden ahorrar hasta 471 euros al año
por la bajada del IRPF, en uno de los territorios de Cataluña que como
todos ustedes saben es donde más pagamos IRPF.
Muchas gracias por su comparecencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
A continuación, en nombre del Grupo Mixto, Partit Demòcrata, tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
El señor Burgos ha presentado los presupuestos de la Seguridad Social, y
en primer lugar, señor Burgos, debemos constatar una evidencia, que es
que a la primera presión seria de la calle en relación con el índice de
revalorización de las pensiones y a la movilización de los grupos de la
oposición, la reforma de 2013 se ha quebrado. Y las previsiones que se
contemplaban en el índice de las pensiones no se han cumplido. Señor
Burgos, esta decisión que ustedes han tomado en este presupuesto de
incumplir las previsiones de la reforma del 2013 es toda una invitación a
su rectificación. Señor Burgos, le invito a que usted desde el Grupo
Parlamentario Popular, el grupo que apoya estos presupuestos, en el Pacto
de Toledo acordemos un nuevo mecanismo de revisión anual de las
pensiones. El que se aprobó en 2013 no ha aguantado, han tenido que
cambiarlo; básicamente porque es un mecanismo injusto, es un mecanismo
que no protege a los pensionistas del riesgo de la inflación, y cuando
ésta ha empezado a remontar la sociedad no ha entendido de ninguna de las
maneras que ese mecanismo continúe funcionando, y ustedes han tenido que
tomar medidas, como figura en este presupuesto, insuficientes pero
medidas que corrigen la propia reforma que nos impusieron en 2013.
Bienvenida la rectificación. Insuficiente. Claramente insuficiente. Pero
en cualquier caso bienvenida. Y espero que en el Pacto de Toledo su grupo
sea capaz de acordar con el resto de los grupos una nueva fórmula que
tenga como objetivo esa garantía del poder adquisitivo.
En relación con esta cuestión, en los acuerdos del Pacto de Toledo -y creo
recordar que en su etapa de portavoz del Grupo Parlamentario Popular fue
especialmente insistente en la idea que le voy a explicitar- se acordó
que los incrementos de las pensiones que estuviesen por encima de la
evolución del índice de precios al consumo fuesen financiados a cargo de
los impuestos y no a cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social. En
relación a los incrementos que se producen en este presupuesto por encima
del índice de precios al consumo o como mínimo por encima de la regla del
0,25 % me gustaría saber si los financiamos a cargo de impuestos o los
financiamos a cargo de cotizaciones de la Seguridad Social. En esa
propuesta en la que insisto en que usted fue insistente; la tesis era que
las mejoras que se produzcan en las pensiones por encima del objetivo de
la relación que marque la ley no deben de condicionar el gasto en
cotizaciones de cara a futuro. Sobre eso no hemos encontrado referencia
en el presupuesto que nos permita aclarar este extremo.
En tercer lugar, efectivamente por fin han desbloqueado las previsiones de
la disposición adicional treinta de la Ley 27/2011 en materia de pensión
de viudedad. Esa -yo lo debo reivindicar- fue una incorporación en la Ley
27/2011 pactada entonces entre Convergència i Unió y el Partido
Socialista. Una
de las condiciones que Convergència i Unió puso entonces al Grupo
Parlamentario Socialista para terminar apoyando la reforma del año 2011
fue, entre otras, el incremento de la base reguladora de la pensión de
viudedad. Ustedes, a la que llegaron al Gobierno, han mantenido bloqueada
esta mejora. Por fin la han desbloqueado. Bienvenida. Pero si alguien
debe atribuirse la paternidad de esa mejora seríamos el señor Bel y yo;
podría ser la señora Perea y sus colegas. No podrían ser, de ninguna
manera, ustedes porque se han limitado a dar cumplimiento a lo que tenían
en vigor desde el año 2012.
Cuarta cuestión. Nos preocupa, señor Burgos, que continúen congeladas las
prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social: el principal
instrumento en manos de la Seguridad Social de apoyo a las políticas de
natalidad y de apoyo a las políticas de lucha contra la pobreza infantil.
España es el único Estado de la Unión Europea a quince que no tiene la
prestación por hijo a cargo de carácter universal y con una cuantía
suficiente. En España esta prestación continúa siendo tan solo una
prestación para las familias extremadamente pobres, creo recordar que
para las familias con ingresos inferiores a los 11 000 o 12 000 euros al
año; y con una cuantía de 291 euros al año. Ni Francia, ni Reino Unido,
ni Alemania, ni Holanda, ni Dinamarca, ni Bélgica, ni Italia, ninguno de
estos Estados tiene una prestación de apoyo al cuidado de los hijos de
esta cuantía. Y ustedes continúan congelando la prestación por hijo a
cargo en este presupuesto. Y al mismo tiempo vetan desde el Gobierno
todas las iniciativas que ha planteado el Partit Demòcrata en esta
legislatura precisamente para abrir el proceso legislativo de ir hacia
una prestación para la crianza de los hijos de carácter universal y
carácter suficiente. Señor Burgos, en su etapa de portavoz del Partido
Popular usted también insistía en la necesidad de políticas de apoyo a la
familia, de apoyo a la natalidad, de inversión en infancia como mejor
garantía para el futuro de las pensiones, y en la prestación por hijo a
cargo congelada están renunciando a tener esta política. A mí me parece
escandalosa, en términos de funcionamiento del Estado del Bienestar en
España, la realidad de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad
Social.
En quinto lugar, señor Burgos, se incrementa el gasto en absentismo. Hay
un repunte del gasto en absentismo, yo no sé si eso forma parte de la
mejora en general de la economía o que las medidas que se han adoptado
para contener el gasto en esta materia no están funcionando. A mí me
gustaría conocer cuál es su criterio, porque sabe que el gasto de la
incapacidad temporal es un gasto necesario, hay que proteger al
trabajador del riesgo de la baja por enfermedad; pero existen también
supuestos de abusos que preocupan a nuestras empresas y que afectan a su
competitividad. En esa materia, ¿en qué posición está?
Finalmente dos consideraciones más. Estamos preocupados, como el resto de
los grupos, sobre la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social. Este presupuesto mantiene una previsión de déficit en el sistema
de la Seguridad Social; por cierto una previsión de déficit inferior a la
que el señor Escrivá contempla. A nosotros nos suscita dudas este
presupuesto. El señor Bel ha insistido a lo largo de estas sesiones e
insistiremos en los próximos días en que las previsiones de gastos e
ingresos del Gobierno son poco realistas; en la previsión del déficit se
es poco realista, la Airef nos apunta un déficit superior, cerca de un 30
% superior al que contempla usted. También me gustaría conocer qué
respuesta le puede dar al señor Escrivá para tranquilizarle en relación a
sus previsiones, y para hacer frente a ese déficit se opta de nuevo por
la política de préstamo a la Seguridad Social, que es una fórmula
extraña. Es cierto que existen antecedentes, pero es una fórmula que no
garantiza la tranquilidad que los pensionistas exigen. Al pensionista
tener la sensación de que sus pensiones de hoy se están pagando con un
préstamo del que alguien deberá responder no le traslada ninguna
seguridad sobre el futuro del sistema público de pensiones. El señor
Escrivá nos decía hace un rato en esta misma sala que le sorprende la
preocupación que existe en relación al futuro del sistema público de
pensiones cuando él analiza las previsiones demográficas y económicas
para los próximos años. Pues seguramente para los pensionistas esas
inseguridades sobre el futuro de las pensiones tiene que ver con esa
opción del préstamo para hacer frente al déficit del sistema. También
genera una enorme inseguridad entre los pensionistas la utilización del
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Qué previsiones tiene el
Gobierno en relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social? ¿Va a
continuar el Gobierno apostando por continuar vaciando ese Fondo de
Reserva? ¿O va a establecer el Gobierno un límite a partir del cual el
Fondo de Reserva ya no va a ser tocado? ¿Cuál es la voluntad política del
Gobierno? Esta es una cuestión que en el seno del Pacto de Toledo también
está en discusión, su colega el señor Camps ha efectuado algunas
reflexiones interesantes en esa dirección.
Finalmente no afecta directamente al presupuesto de este año 2018 en
curso, pero lo tenemos en la previsión de 1 de enero del año que viene, y
yo no puedo dejar de preguntarle si el Gobierno piensa dar
cumplimiento al mandato parlamentario que se aprobó en la Comisión de
Empleo hace unas cuantas semanas, con el apoyo de todo el grupo, de no
poner en marcha el factor de sostenibilidad a partir del año 2019. Hoy no
hay una mayoría parlamentaria que apoye esa previsión y lo razonable
sería que, vista la realidad de la Cámara, el señor Burgos hoy mismo nos
anunciase que no tiene previsto que ese ajuste de las pensiones que debe
entrar en vigor el año 2019 efectivamente se ponga en marcha.
Señor Burgos, me disculpo por que dentro de media hora he de estar en una
comida protocolaria y seguramente no podré escuchar sus respuestas; las
podré leer con mucho interés. En cualquier caso el señor Bel seguramente
sí estará en la sala.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para concluir las intervenciones de los grupos parlamentarios, por el
Grupo Parlamentario Popular, el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, presidente.
Mi agradecimiento también, como no podía ser de otra manera, al secretario
de Estado de la Seguridad Social por una nueva comparecencia, en este
caso en el trámite presupuestario. Podrá observar el señor secretario de
Estado que los tiempos cambian, que la situación de la Seguridad Social y
de sus cuentas cambia -se ha producido un momento de inflexión-, pero que
algunos discursos no cambian; da igual cuáles sean las cuentas, da igual
cuál sea el proyecto de presupuestos que se presente, da igual la mejora
de la situación económica, da igual el crecimiento económico ligado
también al crecimiento del empleo, que se siguen haciendo los mismos
discursos repetitivos un año tras otro, es verdad que cada vez con la
boca más pequeña y sin elevar tanto la voz como en otros ejercicios, pero
siguen demostrando la misma incoherencia en materia presupuestaria que ha
venido sucediéndose a través de los últimos años.
Tengo que decirle al señor secretario de Estado desde mi grupo
parlamentario, en primer lugar, que el Gobierno tiene la credibilidad del
que cumple y este Gobierno ha cumplido con sus expectativas, ha cumplido,
a diferencia de lo que decían algunos agoreros hace apenas un año en esta
misma sala, y ese cumplimiento es el que nos da la garantía de que este
presupuesto, que a nuestro juicio tiene previsiones más que prudentes
tanto en sus ingresos como en sus gastos, se va a cumplir a lo largo de
su ejecución presupuestaria. Hay algunos grupos, como el Grupo
Socialista, que vuelven a criticar la existencia de déficit. No deja de
ser paradójico, señora Perea, que ustedes, que fueron sus principales
causantes... (Rumores). Sí, sí, lo reconocen en sus propios documentos;
no voy a perder el tiempo sacándolo, pero en la página 50 del documento
"Sostener las pensiones públicas", del Partido Socialista Obrero Español,
verá usted cómo el déficit como tal empieza en el ejercicio 2011. Es
lógico, ustedes se olvidan de una crisis económica que trajo consigo la
destrucción de más de 3,5 millones de empleos que, a efectos del sistema
de Seguridad Social, es lo mismo que decir una caída importante de los
ingresos por cotizaciones. Ustedes pasan página sobre ello, pero siguen
insistiendo ahora en el déficit de la Seguridad Social y en lo que puede
traer consigo respecto de nuestro sistema de Función Pública. Pues,
señorías, deberían no diría que alegrarse en público pero, si se me
permite la expresión, sí congratularse en silencio (risas), de que haya
venido otro Gobierno, un Gobierno del Partido Popular, que recupera la
creación de empleo, garantiza el crecimiento económico sostenido y que
con ello se corrige el error que ustedes cometieron en política
económica, por cierto reconocido en este propio Parlamento -se lo digo al
señor secretario de Estado por si no lo conocía- por el propio ministro
de Economía de entonces, el señor Pedro Solbes, que en una frase, que
desde luego pasará a los anales de la posteridad, del señor Rodríguez
Zapatero que, como sobraba dinero en la Seguridad Social, dijo: pues
vamos a hacer cheques bebé. No sé qué dinero sobraría en la Seguridad
Social, a lo mejor el que ustedes no metieron en el Fondo de Reserva.
Hoy, señor secretario de Estado -algunos discursos siguen en el error y,
por tanto, es difícil que puedan hacer una ajustada previsión-, ya se va
reconociendo algo que se negaba hace apenas unos ejercicios: se está
creando empleo, se está aumentando la afiliación a la Seguridad Social
-según los últimos datos que hemos conocido, 18,5 millones, el segundo
mejor dato interanual de la última década-, se mejoran los datos, por
tanto, de empleo y afiliación y se demuestra lo incierto de las
afirmaciones que se hacían no hace mucho de que la reforma laboral no
generaría empleo y, es más, haría que aumentara el desempleo.
Luego se entra en otro debate, que hoy también el señor portavoz de
Podemos ha querido elevar, que es el de la mejor o peor calidad del
empleo. Estamos cansados de oír que el empleo es de peor calidad, cuando
justamente es al contrario y, ya que ha citado varias veces a Eurostat,
mire usted los datos de
Eurostat: cincuenta meses continuados de creación de empleo y crecimiento
del empleo indefinido en nuestro país; el único país de toda la Unión
Europea. El señor secretario de Estado ha dado muchos datos. Nosotros
esos datos, que son datos oficiales, los tomamos como elementos de
veracidad del presupuesto que ha explicado en el día de hoy. Además, es
muy sencillo poder averiguar en términos de Seguridad Social si el empleo
es de mejor o peor calidad atendiendo a unos datos: crecimiento
económico, crecimiento de la afiliación y crecimiento de la recaudación.
Si hoy en día el crecimiento de la afiliación, que es lo mismo que decir
el crecimiento del empleo, está algo por encima del crecimiento económico
y el crecimiento de la recaudación prácticamente dobla el incremento de
la afiliación, es que están aumentando las bases de cotización y por
tanto tenemos un empleo de mejor calidad. Es algo incontestable, por más
que se empeñen sus señorías en querer reflejar que en el mercado de
trabajo de este país solamente existen empleos precarios, cuando en
realidad cada vez existen más empleos indefinidos -ya prácticamente el 75
% del empleo-, que han crecido 7 puntos por encima de cómo estábamos en
el ejercicio 2008.
Señorías, ¿cuántas veces hemos escuchado de la mayoría de ustedes que los
beneficios de la recuperación debían llegar a quienes más habían sufrido
la crisis? Pues bien, este presupuesto es justamente el ejemplo más claro
de ello y por eso mi grupo también está especialmente orgulloso de poder
apoyarlos. En estos presupuestos se aumentan especialmente las pensiones
mínimas, las no contributivas y las de viudedad que, junto a la reducción
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, va a alcanzar a un
total de 6 730 000 pensionistas, y todo ello sin ligar la subida de las
pensiones al IPC y sin crear nuevos impuestos. Por cierto, hoy, señorías,
se les ha olvidado su mantra de la creación de nuevos impuestos como
solución a la situación de déficit del sistema de Seguridad Social, y
luego me referiré a ello. Señorías, estos son no solo los presupuestos
más sociales de la historia de nuestro país, sino también, si me lo
permiten, los más redistributivos. El esfuerzo que está haciendo la
sociedad española y que se refleja en estos presupuestos es enormemente
importante. No se puede hablar, por tanto, señorías, de presupuestos
antisociales, regresivos o que provocan inseguridad, como he oído aquí
esta mañana, o que son insolidarios, y más cuando el déficit actual
-ustedes lo saben bien- tiene un componente coyuntural evidente: el 70 %
de este déficit es a causa de la pérdida de empleo producida durante la
crisis. El resto es consecuencia -no han hecho ni una sola referencia a
ello- del envejecimiento demográfico. Nuestros gastos crecen alrededor de
4000 millones/año por el incremento del número de afiliados y el efecto
sustitución. Por cierto, al señor portavoz de Podemos le quiero hacer una
serie de consideraciones respecto a los pensionistas y la tasa de riesgo
de pobreza: ha disminuido a la mitad durante los años de Gobierno del
Partido Popular. Como tuve ocasión ya de decir en el último debate que
tuvimos hace apenas una semana, ya son incluso los propios informes los
que dicen claramente que los jubilados han mejorado su renta desde la
crisis. Y todo fue porque hubo un Gobierno que evitó que se rescatara a
este país y que las pensiones descendieran entre un 20 y un 40 %, como ha
sucedido en otros países de nuestro entorno. (Aplausos).
Señorías, hemos de hacer frente a esta situación desde el Pacto de Toledo.
Se lo he dicho en más de una ocasión: no pongan ustedes el carro delante
de los bueyes. Es a nosotros a los que nos corresponde tomar las
decisiones en el marco del Pacto de Toledo para acabar con la situación
coyuntural de déficit en que se encuentra el sistema y tomar también las
decisiones que nos permitan afrontar el reto del envejecimiento
demográfico. El esfuerzo que tenemos que hacer lo tenemos que abordar en
el Pacto de Toledo: tomar las decisiones que aseguren ese equilibrio
financiero. No debemos hacer dejación de nuestra responsabilidad,
señorías. El oportunismo y la demagogia no pagan pensiones. El trabajo en
el Pacto de Toledo, sí. (Rumores). Ustedes le han preguntado al Gobierno
qué ha hecho para aumentar los ingresos, y me voy a permitir citar todo
lo que ha hecho con mucha rapidez, pues veo que aún tengo tiempo. Pues
todo lo que estaba en su margen, dentro del actual Pacto de Toledo,
porque tenemos un Pacto de Toledo vigente: empezando por la culminación
de la separación de fuentes de financiación, continuando por la inclusión
en las bases de cotización de conceptos antes excluidos, siguiendo por el
incremento de las bases máximas de cotización en más de un 14 % desde el
año 2013; siguiendo por el incremento del salario mínimo
interprofesional, como saben ustedes, que subirá nuevamente un 5 % en el
año 2019 y un 10 % en el año 2020; la incorporación de recursos al
sistema procedente de las reservas de las mutuas e intensificando la
lucha contra el fraude. A nosotros no nos corresponde poner encima de la
mesa en el Pacto de Toledo, como sus señorías pretenden, una involución
del propio Pacto de Toledo, que es ir en contra de la separación de
fuentes -recomendación primera, base del Pacto de Toledo-, sino, muy al
contrario, profundizar en la separación de fuentes de financiación. No es
al Gobierno a quien
en estos presupuestos le corresponde traer medidas de ese tipo, sino a
nosotros adoptarlas: cambiar las reducciones y exenciones por
bonificaciones; que los tratos favorables sean financiados desde los
Presupuestos Generales del Estado, que existen en algunos regímenes aún
en estos momentos; que los complementos de maternidad se financien vía
presupuestaria y no sea con cotizaciones sociales. Y, así, una serie de
medidas que ya hemos debatido en alguna ocasión y que son las que nos van
a permitir colocar en estos momentos a nuestro sistema de pensiones en
una situación de equilibrio lo antes posible.
Déjense, señorías, de discusiones baldías respecto al índice de
revalorización de las pensiones -hoy ha salido en varias ocasiones- que
no determina, ni mucho menos, una reducción permanente del poder
adquisitivo de las pensiones en vigor y expliquen por qué no apoyan unos
presupuestos que suben las pensiones mínimas en un 3 % a 2 400 000
pensionistas; las prestaciones no contributivas en un 3 % a 450 000
perceptores; las pensiones de hasta 700 euros en 1,5 % a 1 500 000 de
pensionistas, o las pensiones de viudedad -por cierto, estamos cumpliendo
con la disposición adicional a la que se ha hecho referencia
anteriormente- en un 3,85 % a 500 000 viudas, y digo viudas porque son
principalmente mujeres, todo ello junto a una reducción en el IRPF para
rentas entre 12 000 y 16 000 euros, que también afecta a un millón de
pensionistas.
Señorías, dejen -permítanme la expresión- de marear la perdiz y de
pretender decir que lo que hacen los demás está mal y lo que hacen
ustedes está bien.
El señor PRESIDENTE: Señor Camps, por favor, vaya concluyendo.
El señor CAMPS DE VESA: Concluyo ya, presidente.
El propio representante de la Airef lo ha dicho en varias ocasiones. La
reforma del año 2011 supone una minoración del crecimiento del gasto de
un 70 % en relación con la reforma de 2013. La reforma de 2013 no es el
cúmulo de todos los males que pueden afectar a los pensionistas y a
nuestro sistema de protección social, sino continuidad de la reforma
2011. Este sistema se mantiene gracias a las reformas y esas reformas,
las que hemos podido ir acordando y las que estoy seguro de que
seguiremos acordando, tendrán constatación en presupuestos como el que
hoy ha presentado el señor secretario de Estado de la Seguridad Social.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.
A continuación, tiene la palabra el secretario de Estado, señor Burgos,
para contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Burgos Gallego):
Muchas gracias, presidente.
Señorías, voy a intentar dar respuesta a las numerosas cuestiones
suscitadas, empezando por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Usted habla de estabilidad formal de los presupuestos. Obviamente,
cualquier presupuesto razonable y ordenado tiene que tener una
estabilidad formal, tiene que haber una vinculación entre los ingresos y
los gastos y, evidentemente, los gastos nos vienen dados por la dinámica
de un sistema de Seguridad Social que tiene un amplísimo nivel de
cobertura y tenemos que ocuparnos de compensar esos gastos con las
adecuadas fuentes de financiación de las que dispone un país, una
sociedad y una economía, en este caso la española. Los recursos no caen
del cielo. Ya nos gustaría a nosotros hacer una apelación, año a año, a
la caída de las nubes de los recursos que necesita el sistema. Por tanto,
tenemos que utilizar las fuentes de financiación que están a nuestro
alcance, hacerlo de una manera rigurosa, de una manera equilibrada y de
una manera que no solo no altere los principios esenciales de la
recuperación, sino que abunde, además, en los criterios de equidad y de
contributividad del propio sistema.
Usted habla de que afrontamos estas medidas y que suponen una
discriminación, pero anuncia, a renglón seguido, que tenemos que abundar
en esa discriminación y que en lugar de subir el 3 % subamos el 13 %, que
es lo que hicieron ustedes con las pensiones mínimas. Si discriminamos,
no me pida usted que abundemos aún más en esa discriminación. ¿O
solamente es discriminatorio cuando lo hace un Gobierno del Partido
Popular? Porque ustedes subieron pensiones mínimas. Usted habla de
mercadeo cuando se está negociando un presupuesto y es que a ustedes les
gustaba más el modelo Rodiezmo, que era ir todos los años a montarse allí
su película y anunciar subidas de pensiones mínimas que la sociedad
española percibía como concesiones graciables de su Gobierno. Sé que a
usted le gusta más ese modelo,
pero a nosotros nos gusta más el modelo de discusión con otros grupos
parlamentarios para ver dónde hay posibilidades de acuerdo y dónde hay
posibilidades de compromiso, y los compromisos, obviamente, están para
cumplirse y, si es posible, y ha sido posible en esta ocasión, para
mejorarse. Creo que de eso nos deberíamos sentir todos orgullosos. Pero
usted no puede criticar que aumenten unas pensiones sí y otras no porque
esa fue la esencia de sus políticas durante tantos años. Ustedes, simple
y llanamente, decidían que subían las pensiones mínimas, eso sí, a
diferencia de la situación actual, ustedes las financiaban con cargo a
las cotizaciones sociales de sistema. ¿Y qué ocurrió? Que cuando llegó la
crisis y hubo el hundimiento de los ingresos, fue imposible compensar el
gasto que ustedes habían generado. Recuerde usted los años en que el
crecimiento del gasto en pensiones acumulativo era del 8 o del 9 %, un
proceso absolutamente irresponsable en un sistema de Seguridad Social de
reparto y contributivo como el nuestro. Cuando llegó la crisis, cuando se
hundieron los ingresos, fue imposible mantener el sistema con los niveles
de gasto a los que había llegado sin recurrir, entre otros instrumentos,
obviamente, al Fondo de Reserva. ¿O esperaba usted que en plena recesión
económica, en pleno atisbo de una recuperación que tardó en llegar desde
que accedimos al Gobierno, hubiéramos subido los impuestos a todos los
ciudadanos de forma masiva para cubrir ese déficit que ya se empezó a
generar, como aquí se ha dicho, antes de 2011?
Utilizamos el Fondo de Reserva, y anticipo una de las respuestas, porque
estaba para eso, para cubrir las necesidades de financiación del sistema
en momentos en que los ciclos económicos supusieran dificultades para
cubrir el déficit del sistema, sin recurrir ni a la subida de
cotizaciones sociales ni, por supuesto, a la disminución de ninguno de
los niveles de cobertura de este sistema. Por tanto, ahora que hay
recuperación económica, ahora que tenemos un cambio de ritmo, un momento
de inflexión en el que el déficit se va reduciendo, se pueden tomar
decisiones, como, por cierto, se han tomado a lo largo de estos últimos
años porque nosotros hemos sido capaces de atender no solamente a la
sostenibilidad financiera del sistema, sino a la suficiencia de las
prestaciones y a los niveles de cobertura. De eso se trata, de no elegir
entre la sostenibilidad económica y la suficiencia de las pensiones y de
los niveles de cobertura, que es lo que han tenido que hacer otros muchos
países en nuestro entorno. Debemos seguir perseverando para permitir
conciliar los tres objetivos, porque eso es lo que nos hace más fuertes y
nuestro sistema de Seguridad Social más potente. Por tanto, nada de
mercadeo, atender a las necesidades de suficiencia del sistema de forma
compatible con su sostenibilidad económica, porque no puede plantearse
esto en términos de dicotomía o de elección necesaria entre un elemento y
otro. Nuestro sistema ha ido avanzando a lo largo de las décadas porque
ha sido capaz de conciliar esos objetivos y, desde luego, este Gobierno
lo ha hecho desde que llegó y va a seguir haciéndolo mientras tenga la
confianza de los ciudadanos.
Las reformas de 2013 -lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular- abundan
en un proceso que ya venía de atrás, que venía de reformas anteriores y
en ningún caso van a suponer a treinta o cuarenta años, como algunos
proyectan, disminución de los niveles de cobertura del sistema o
deterioro de su suficiencia, porque todas las proyecciones que se hacen
en materia de pensiones traen aparejada siempre una coletilla que ustedes
nunca recuerdan, y la coletilla es: en ausencia de nuevas medidas, pasará
esto. Pero es que no hay nada que caracterice más al sistema de Seguridad
Social que la adopción continuada de medidas, y de eso se trata, de ir
corrigiendo paulatinamente todos los elementos que componen el sistema.
Hay reformas que se tienen que aceptar y que se tienen que adaptar
precisamente para atender a la sostenibilidad económica y hay otras
reformas que tendrán que ir haciéndose con el paso del tiempo, como se
han hecho en el pasado, para atender a los otros objetivos del sistema.
Lo tendremos que ir haciendo de forma acordada, si es posible, porque eso
ha sido muy positivo para el sistema de Seguridad Social a lo largo de su
historia. Por tanto, en ausencia de nuevas medidas, ¿pasará esto dentro
de cuarenta años? ¿Pero usted concibe un Sistema de Seguridad Social de
la dimensión y de la trascendencia social y económica que tiene la
Seguridad Social española que no esté permanentemente tomando medidas?
¡Si entre todos lo estamos haciendo todos los años! ¡Diría que todos los
meses! Porque no hay reforma legal en este país que no afecte de una
manera u otra al sistema de Seguridad Social. Lo que tenemos que hacer es
que esas reformas, que esas medidas que se vayan tomando, sean medidas
equilibradas y sean medidas que atiendan a los tres escenarios que han de
dibujarse en un sistema de protección como el nuestro.
¿Quiere usted que las pensiones mínimas suban el 3 %, sí o no? Porque no
puede acusarnos de haber tomado esas medidas unilateralmente y luego
decir que a usted incluso le parece poco. ¡Pero si han reclamado que
subieran conforme al IPC, entiendo que le tiene que resultar
satisfactorio que tripliquen
el IPC! (La señora Perea i Conillas: ¡Todas!). Y es la demostración más
palpable de que el sistema puede avanzar en una revalorización
garantizada, el 0,25 % para todas las pensiones, y en un esfuerzo
significativo para aquellas pensiones más bajas. ¿Qué ocurre? Que, a
diferencia de ustedes, que solo se acordaban de las pensiones mínimas y
que financiaban los incrementos con cotizaciones sociales, nosotros
también nos acordamos de aquellos que no tienen pensiones mínimas, aunque
son tan bajas que se parecen mucho a las mínimas y, por eso, también
hemos adoptado medidas para incrementar esas pensiones hasta los niveles
que ha incorporado el presupuesto. Es importante atender a las pensiones
mínimas, pero también hay que reconocer que en este país hay pensiones
que no son estrictamente mínimas y que nunca se habían beneficiado de
ninguna mejora adicional respecto a las decisiones del Gobierno en
relación con las pensiones mínimas. Esta vez nos hemos acordado también y
por eso han subido un 1,5 % esas pensiones, un 1 % las otras y hemos
avanzado en la pensión de viudedad. Luego hablaré sobre esta cuestión.
Por consiguiente, ¿qué sentido tiene el sistema público para los
ciudadanos que atienden a informes que hablan de proyecciones de treinta
o cuarenta años? Creo que el sentido que ha venido teniendo
históricamente en nuestro país: un sentido de plena confianza y un
sentido de pleno compromiso con la solvencia de ese sistema, que va a
perdurar y a trasladarse a las generaciones futuras. ¡Qué daño le están
haciendo a este sistema en estos momentos quienes abundan en la idea de
la insostenibilidad, quienes hablan de la pésima calidad de sus pensiones
o quienes hablan de imposibilidad de mantener los niveles de cobertura
actuales! Están trasladando una idea de degradación de un sistema del que
tenemos que sentirnos plenamente orgullosos, con sus posibilidades
actuales y con sus posibilidades de mejora, con sus realidades, que sin
duda serán objeto de adaptación en el futuro, pero desde la convicción de
que tenemos uno de los sistemas de Seguridad Social más potentes del
mundo y que merece la pena seguir apostando por él. No me venga usted una
vez más con el discurso de los sistemas privados. Si algo ha demostrado
este Gobierno es la apuesta permanente por el refuerzo del sistema
público. Este Gobierno no ha tomado ninguna decisión que haya favorecido
a los sistemas privados, a diferencia de decisiones que tomaron ustedes
en otros momentos. Es más, cuando ha habido que tomar una decisión
eligiendo entre lo que le convenía al sistema privado y lo que le
convenía al sistema público, hemos tomado una decisión a favor del
sistema público; y se ha citado aquí. Los conceptos antes excluidos de la
base de cotización eran los sistemas complementarios con los que se
retribuía a muchos trabajadores en especie para eludir las cotizaciones.
Ustedes no movieron un dedo durante los años que gobernaron para que esa
elusión de la cotización por la vía de la retribución en especie no
perturbara la recaudación ni los ingresos del sistema de Seguridad
Social. Quienes hemos integrado en la base de cotización esos conceptos
hasta ahora excluidos hemos sido nosotros. Ha sido este Gobierno el que
ha decidido apostar decisivamente en algo que era motivo de controversia
por el refuerzo del modelo público.
Préstamos a la Tesorería. Todos los préstamos son a la Tesorería de la
Seguridad Social. Con independencia del objetivo, los préstamos no se van
a hacer al Instituto Social de la Marina, sino que se hacen a la
Tesorería General de la Seguridad Social. Se han hecho muchos en el
pasado y por muchos motivos diferentes y se han hecho ahora porque se
entendía el año pasado y este que ese préstamo era un instrumento óptimo
en las actuales condiciones financieras al que podemos acceder para
asignar recursos, en espera de lo que finalmente el Pacto de Toledo
decida en relación con las transferencias. Nosotros hemos pretendido
desde el primer momento que el Pacto de Toledo diseñe el escenario de
transferencias del Estado para financiar partidas en las que todos
convengamos que hay que avanzar en los próximos años, porque esas
decisiones sí necesitan estabilidad. Esas decisiones, como otras en
materia de separación de fuentes, sí necesitan estar convenidas, porque
las tendrán que desarrollar diferentes y sucesivos Gobiernos, y es
importante que haya un acuerdo básico sobre ellas, si es posible, para no
tener que esperar como tuvimos que esperar doce años para financiar los
complementos a mínimos. Lo tuvimos que hacer cuando nos encontramos su
financiación al 37 % en lugar de al 82 %, que era lo que correspondía en
el año 2012. (La señora Perea i Conillas: Todo lo han hecho bien). En el
año 2012 y en el año 2013 pasamos de financiar el 37 % de los
complementos a mínimos a financiar el 100 %; y luego nos dicen que no
hemos tomado medidas de ingresos. En años de recesión económica este
Gobierno hizo un esfuerzo para cubrir no solo los complementos a mínimos,
sino todo el ámbito no contributivo del sistema de Seguridad Social. (La
señora Perea i Conillas: Un déficit de 18 000 millones. ¡Es increíble!).
Si se hubiera financiado antes, hoy tendríamos muchos más recursos en el
Fondo de Reserva. No confundan lo que se trasladó en el programa de
convergencia -que, además, va a ser objeto de revisión en próximas
semanas- con lo que se asigna a los presupuestos como objetivo de
déficit a todas y cada una de las administraciones. (La señora Perea i
Conillas: Lo que ha dicho la Airef). Nosotros tenemos el objetivo de
déficit de 2017 que hemos cumplido y tenemos el objetivo de déficit de
2018 que pretendemos cumplir para demostrarle también al presidente de la
Airef que, igual que cumplimos el año pasado, cumpliremos este. (La
señora Perea i Conillas: ¡Es increíble! Lo ha dicho la Airef). Estamos
para cumplir lo que ponemos en los documentos. ¿Esto supone una
desvinculación del índice de revalorización de las pensiones? (La señora
Perea i Conillas: ¡Es increíble!). Esto lo que demuestra y acredita es
que es perfectamente compatible, como hemos dicho en tantas ocasiones, la
existencia de un índice de revalorización general y la adopción de
medidas que atiendan a la suficiencia de determinadas pensiones. Eso
acredita precisamente que esa especie de dramatismo teatral que ustedes
han impreso sistemáticamente en relación con el IRPF se resuelve por una
vía muy sencilla, que es el compromiso de asignar recursos. Por eso,
todos los incrementos de pensiones mínimas se van a pagar con imposición
general y no con cotizaciones sociales. Eso, obviamente, lo podremos
hacer entre todos, si ustedes quieren, o lo seguiremos haciendo nosotros,
como Gobierno, si ustedes no quieren, pero sería aconsejable que en el
escenario futuro en las recomendaciones del Pacto de Toledo también se
hablara de cómo avanzar y por dónde en la suficiencia y en los niveles de
cobertura del sistema.
Le vuelvo a decir por enésima vez que usted indica una desviación en el
presupuesto de 1520 millones. En un presupuesto de 150 000 millones como
el de este año, que haya una desviación de 1500 millones forma parte del
rango habitual de desviaciones en materia de ingresos susceptibles de ser
asumidas con toda naturalidad y con toda tranquilidad. (La señora Perea i
Conillas: Ya me quedo más tranquila). Yo no me quedaría tranquilo, como
dice usted, pero los expertos en cuadrar los ingresos, que eran ustedes,
tuvieron rangos de desviación superiores a los 5000 millones al año. En
el año 2009 ustedes se desviaron en 5883 millones. (La señora Perea i
Conillas: Había desempleo). ¡Ah!, había desempleo. ¿Entonces ustedes no
preveían el desempleo en los presupuestos? Pues conviene tener en cuenta
el empleo cuando se pierde y tenerlo en cuenta sobre todo cuando se gana.
(La señora Perea i Conillas: Pero estaban equilibrados). No hago ni
siquiera referencias a las desviaciones de 1000 o 2000 millones que había
todos los años. Se desviaron en 5000 millones en el año 2009, en 5135
millones en el año 2011 (La señora Perea i Conillas: En 2011 estaban
equilibrados), en 2008 en casi 3500 millones... Eso cuando lo hacían
ustedes era un ejemplo de asignación eficiente de los recursos y de
confección de los presupuestos con absoluto rigor y seriedad. Pues, mire
usted, 1500 millones en el presupuesto, teniendo en cuenta la fluctuación
de los ingresos y cómo dependen estos de tantas y tantas variables, yo
personalmente lo considero un éxito.
En relación con sacar las pensiones no contributivas, las pensiones no
contributivas no se pueden sacar porque ya están fuera de la financiación
vía cotizaciones sociales. Las prestaciones no contributivas del sistema,
tal y como están definidas en la Ley General de la Seguridad Social, se
pagan íntegramente con impuestos. ¿De dónde las vamos a sacar? ¡Si ya se
sacaron! (La señora Perea i Conillas: De la gestión). Si eso ha sido la
separación de fuentes. De lo que se trata es de si otras partidas que se
financian con cotizaciones pasan o no a financiarse parcial o
íntegramente con impuestos. De eso se trata. (La señora Perea i Conillas:
De la gestión). ¿Cómo de la gestión? Si le estoy hablando de que estamos
incluso impulsando una nueva prestación no contributiva de orfandad.
¿Dónde va a estar? En el ámbito de la Seguridad Social; las pensiones
contributivas y las no contributivas de forma integrada, como siempre ha
sido en el sistema de Seguridad Social español. Deje de insistir en algo
que no tiene ningún sentido. Las prestaciones del sistema de Seguridad
Social son las de naturaleza contributiva y las de no contributiva y lo
que hay que hacer es clarificar la financiación de ambas y eso redundará
en beneficio del sistema.
Al señor Alberto Rodríguez quiero agradecerle su exposición y decirle que
el mío no es un tono triunfalista. No adopto en ningún caso en materia de
Seguridad Social un tono triunfalista porque nunca se llega a conseguir
los objetivos que se pretenden. El sistema, entre otras cosas, tiene
tantos niveles de exigencia social que nunca nos daremos por satisfechos;
nunca, ni siquiera cuando consigamos importantes objetivos de mejora.
En relación con la aplicación de la Ley 23/2013, le digo exactamente lo
mismo que en la intervención anterior. El índice de revalorización de
pensiones es un termómetro, no establece la obligación de revalorizar un
0,25 % o revalorizar más, es un termómetro que nos dice qué recursos
puede el sistema de Seguridad Social asumir como pago de las mejoras o
las revalorizaciones que se establezcan en cada momento. Y el Gobierno lo
que tiene que hacer es entender que no puede proceder a la subida de
pensiones o de prestaciones del sistema sin asignar los recursos
financieros necesarios para ello.
El índice de revalorización lo que establece, en un rango entre el 0,25 y
el IPC más medio punto, es el resultado de la evolución de los ingresos,
de los gastos del sistema y de otras variables que forman parte de la
fórmula que se estableció en la ley. Por lo tanto, nos indica -por
entendernos- cuál es la salud financiera del sistema y lo que podemos
hacer con nuestros propios medios, pero, si el resto del presupuesto
decide atender elementos de suficiencia o de mejora de la cobertura y lo
hace por la vía adecuada -que es el incremento de la solidaridad del
resto de la población-, esos recursos que se asignen son plenamente
compatibles con el índice de revalorización.
Informe del Fondo Monetario Internacional. Le digo lo mismo. Todos estos
informes siempre aportan la coletilla final: en ausencia de otras
decisiones. Siempre habrá decisiones en el sistema de Seguridad Social
que atiendan a los criterios de suficiencia y de cobertura, siempre los
habrá, los habrá permanentemente. Por tanto, utilicemos estos informes,
estas proyecciones para detectar dónde están los retos, dónde están los
desafíos, pero no utilicemos esto como arma arrojadiza y, sobre todo, no
traslademos a los ciudadanos la idea de que van a perder el 30 % o el 40
% de su pensión porque no es cierto. No es cierto porque el sistema
trabaja día a día para que sus pensiones sean cada vez mejor. La pensión
media de este país no ha hecho más que crecer, no va a hacer más que
crecer en 2018 y, afortunadamente, no va a hacer más que crecer en los
próximos años. Y el problema es que crecen tanto que necesitamos asignar
recursos para cubrir esos crecimientos. Si el problema que tiene este
país es que permite satisfacer necesidades sociales -comparándose con
otros países- con resultados extraordinarios, por los niveles de
suficiencia, por las tasas de sustitución, por la existencia de pensiones
mínimas, por la existencia de complementos a mínimos, por la relación
entre los salarios y las pensiones medias o iniciales. Por todo eso,
nuestro sistema otorga unos niveles de calidad en sus prestaciones, que
no tienen parangón. No devaluemos con estos discursos -que tienen
simplemente un tinte electoralista- lo conseguido porque es un gran error
para todos, es un gran error que traslada desconfianza en el sistema, y
no es momento de trasladar desconfianza en el sistema. ¿Cómo vamos a
trasladar desconfianza en el sistema cuando crecemos y creamos empleo
como nunca antes en la historia reciente? Si este sistema ha sido capaz
de aguantar una crisis demoledora en términos de empleo, cómo no va a ser
capaz de seguir desarrollando sus funciones en un entorno en el que los
ingresos crecen a ritmos históricos y en el que el empleo avanza
significativamente cada mes. Si lo hemos hecho en los momentos difíciles
y nadie parecía cuestionar el futuro del sistema, cómo no lo vamos a
hacer ahora.
Usted nos plantea medidas para aumentar los ingresos sobre las bases
máximas. Ya hemos tomado decisiones muy importantes estos años. Subir el
5 % un año la base máxima de cotización, que venía desarrollándose con
incrementos por debajo del IPC durante las décadas anteriores, fue una
decisión importante. Lo hicimos dos años, hemos hecho crecer esas bases
máximas y han allegado recursos muy importantes al sistema, han mejorado
los ingresos, pero, sobre todo, han mejorado la progresividad y la
contributividad del sistema, porque se habían subido las bases mínimas
muy por encima del IPC -hasta el 50 % del crecimiento del IPC, por
encima- y, sin embargo, las bases máximas, no. ¿Qué sentido tenía que
hubieran actuado de esa manera?
El salario mínimo interprofesional. ¡Pero si este es el Gobierno que ha
cerrado con los agentes sociales la mayor subida del salario mínimo
interprofesional en muchísimo tiempo y que la va a seguir desarrollando
en los próximos años! ¡Si esto ya ha tenido traducción en el presupuesto
del año pasado, el 8 %, y en el de este año, el 4 %! Pero tenemos que ser
conscientes de que de la base mínima del salario mínimo se obtienen pocos
recursos para el sistema. Todos los recursos son necesarios, pero no
podemos pretender que por ahí vengan significativos incrementos. En todo
caso, si usted pide que se destopen las bases máximas de cotización y eso
no se acompaña de incremento de la pensión máxima del sistema, lo que
estaremos haciendo es expropiando a los ciudadanos una parte de sus
retribuciones y convirtiendo en un impuesto lo que, como cotización,
tiene que tener algún tipo de retorno. Otra cosa es que fijemos un nivel
de solidaridad en el sistema para que ese retorno sea equis, pero no
podemos destopar las bases. Destopar no es incrementar, es que no haya
tope máximo. Si no hacemos lo mismo con la pensión máxima y si hacemos lo
mismo con la pensión máxima no habrá ingresos procedentes de esa medida,
no habrá ingresos porque la pensión máxima se comerá los ingresos por
bases máximas. Para que haya ingresos lo que tenemos que conseguir es
aumentar las bases máximas de cotización de forma compatible con los
niveles de solidaridad y de contributividad que entre todos queramos
establecer. Pero ya lo hemos hecho y si es necesario estamos abiertos a
convenir cómo avanzar en esa dirección.
Sobre reducciones y bonificaciones, lo hemos dicho, hay un acuerdo para
establecer transferencias del Estado en un escenario de una serie de
años, el propio presidente del Gobierno dijo en su debate
monográfico sobre pensiones que planteaba cerrar el déficit en un periodo
temporal. ¿Cómo? Con aquellas medidas que pactemos entre todos. Pero si
es la conversión de reducciones en bonificaciones, por nosotros
estupendo, no tenemos ningún tipo de problema, todo lo contrario, es que
lo hemos planteado antes incluso que otros grupos parlamentarios. Por
tanto, creo que sobre algunas de sus propuestas hay perfecta
compatibilidad entre lo que usted dice y lo que decimos nosotros. Pues
convengamos cómo hacerlo, háganlo en el Pacto de Toledo y ya nos
ocuparemos de cumplirlo escrupulosamente.
Dicen que hemos metido la tijera en el gasto. Cuando a mí me nombraron
secretario de Estado de Seguridad Social, la nómina era de 7189 millones
de euros al mes. En este momento es de 8965 millones de euros al mes.
Aquí no se ha metido la tijera en ningún sitio, todo lo contrario, los
niveles de gasto del sistema son de tal magnitud, su crecimiento es de
tal volumen, el porcentaje desde que nosotros accedimos al Gobierno ha
crecido en un 25 % en la nómina mensual de pensiones. Esto es un
auténtico desafío en una sociedad como la española, pero aquí no hemos
metido la tijera en ningún sitio. ¿Cómo vamos a haber metido la tijera en
una nómina que si ha hecho algo es crecer de forma sistemática mes a mes,
atendiendo además a mejoras de cobertura muy significadas?
Desde luego, sobre el préstamo ya le he dicho que entendemos que mientras
el Pacto de Toledo establece cuáles han de ser las transferencias y la
secuencia temporal de las mismas, con acuerdo, porque tiene que
desarrollarse a lo largo de un espacio de tiempo, el préstamo, combinado
con las reservas del sistema y otras medidas de ingresos, es la mejor
solución, desde el punto de vista financiero, para el país y para el
sistema de Seguridad Social.
Al señor Del Campo, de Ciudadanos, en primer lugar, quiero agradecerle su
defensa del modelo público de pensiones, porque creo que es muy
importante que, más allá de los números y de las cuantías que refleja
todo debate de presupuestos, el mensaje que se traslade al ciudadano es
que tiene que tener confianza no solo en lo que ofrece, en lo que aporta
o en lo que representa hoy el sistema, sino en lo que va a seguir
representando en el futuro también. Es muy importante que con esta
mayoría levantina que hay en esta Comisión, unos de Tarragona y algún
otro valenciano, yo que soy de Valladolid y no tengo esa vertiente
levantina, sí tenemos un poeta muy importante en mi provincia que se
llama Zorrilla, y en su Tenorio dice aquello de "como quien somos
cumplimos"; y, como quien somos, hemos cumplido los acuerdos que, en
materia de Seguridad Social, su partido y el nuestro habían comprometido.
Y yo quiero poner en valor que se ha trabajado muy seriamente; tan
seriamente que se han sumado todos los grupos de la Cámara a importantes
decisiones como la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Creo
que eso demuestra que hay voluntad por parte del Gobierno y por parte de
otros grupos de llegar a compromisos, y si se puede hacer en materia del
trabajo autónomo, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en todos los otros
elementos que conforman el Pacto de Toledo?
Es muy importante que se cumplan las medidas acordadas; es muy importante
que tengan acomodo en el presupuesto compromisos que si algo hacen,
además, es cumplir estrictamente el Pacto de Toledo vigente. Mientras no
haya otro nuevo, las recomendaciones son tan valiosas y tan relevantes
como las que pudieran ser en el futuro las convenidas por esta Cámara. Y
el incremento de las pensiones de viudedad y el incremento de las
pensiones mínimas atienden expresamente a compromisos de recomendaciones
actuales del Pacto de Toledo. Claro que hay dificultades para el
consenso, como las ha habido siempre, porque las anteriores renovaciones
del Pacto de Toledo no se hicieron precisamente en momentos en los que la
política era una balsa de aceite; se hicieron a las puertas, incluso, de
contiendas electorales muy relevantes y se supo llegar a acuerdos. ¿Por
qué? Porque no hay que perder de vista que el escenario del Pacto de
Toledo siempre es un escenario de acuerdos para el medio y para el largo
plazo, y que no es tanto un debate sobre el hoy como un debate sobre lo
que queremos que sea mañana.
Usted ha señalado que es el adecuado el enfoque que, en materia de mejora
de la renta disponible de los pensionistas, le ha dado este presupuesto,
porque ha sabido combinar lo que podíamos hacer desde el sistema de
Seguridad Social y lo que se podía hacer en materia tributaria; y el
resultado es que llegamos a todos los pensionistas a los que era posible
hacer extensible estas mejoras. Y no hemos dejado a colectivos
desprotegidos o a colectivos a los que no llegaran esas mejoras, como
ocurrió en otros momentos. Por tanto, creo que esa es la forma de encarar
estas cuestiones y le agradezco no solo el apoyo a estos presupuestos,
que evidentemente lo hago, sino, sobre todo, esa defensa, ese mensaje
positivo para los ciudadanos, que creo que debe salir de esta Cámara.
Al señor Campuzano, que no está presente por sus numerosas
responsabilidades que siempre tienen los grupos de menor composición,
quiero hacerle algunas matizaciones sobre la reforma de 2013, muy
denostada por algunos, curiosamente solo por los que votaron la de 2011,
porque no hubo ningún otro
grupo de esta Cámara que votara la reforma de 2011. Yo no sé qué
legitimidad democrática tienen las reformas, pero la reforma de 2013 tuvo
muchos más votos en este Parlamento que la de 2011; o sea, que no me
parece un mal termómetro saber el número de votos que tiene una reforma,
y la del 2011 fue bastante menos votada que la de 2013 y solo concitó el
apoyo de un grupo parlamentario. Eso sí, costó; y al peso las
disposiciones adicionales de esa reforma fueron muy importantes. Pero,
bueno, tanto como decir que porque hayamos subido las pensiones mínimas
el 3 % hemos quebrado la reforma de 2013... No, lo que hemos hecho es
afianzarla y demostrar que esa reforma de 2013 no es esa losa que cae
sobre los pensionistas y que impide sus mejoras, y que impide la
evolución de la suficiencia del sistema; es algo que atiende -insisto- al
principio de sostenibilidad económica del sistema. Pero es que hay otros
principios que se pueden y se deben conciliar.
Mejoras en pensiones mínimas y pensiones no contributivas. Yo creía que
estaba claro, pero lo vuelvo a decir, están financiadas íntegramente con
impuestos por primera vez. Por primera vez, todas las mejoras de
pensiones mínimas y pensiones no contributivas se financian con
impuestos. Este es un avance muy importante y es llamativo que se
desconozca el contenido de la disposición adicional cuadragésima tercera
de los propios presupuestos, que hablan precisamente de un incremento de
las prestaciones familiares del 3 % y de las asignaciones por hijo a
cargo. Precisamente, en estos presupuestos las asignaciones por hijo a
cargo de mayores de dieciocho años afectados por discapacidad igual o
superior al 65 %, de los que la tienen por encima del 75 %, e incluso el
3 % a los límites de ingresos para tener derecho a esa asignación,
crecen; y crecen en la misma medida en que crece el resto de pensiones.
¿Que a ustedes les parece poco? ¡Pero si este sistema está sometido
permanentemente al aluvión de peticiones del oyente! Si uno hace una
relación -y yo la he hecho, obviamente- de todo lo que se ha pedido que
se incremente en materia de Seguridad Social en esta Cámara en el último
año, en forma de proposiciones de ley o proposiciones no de ley, no
tendríamos con seis presupuestos como el actual para atender todo esto.
Pero tenemos que ir haciendo esas mejoras de forma progresiva y de forma
equilibrada. En esa dirección podemos encontrarnos perfectamente con
ustedes. Pero sí que quiero trasladar esa idea; todo el aumento, todo el
incremento en materia de pensiones contributivas mínimas, en materia de
pensiones no contributivas, y en prestaciones del sistema vinculadas a
esos crecimientos se financian por primera vez íntegramente con
impuestos.
Absentismo no es igual a incapacidad temporal. Lo que nosotros financiamos
son bajas laborales que otorga un médico del sistema público y que revoca
un médico del sistema público. ¿Que asistimos a un incremento
significativo del gasto en incapacidad temporal? Sí. ¿Que tenemos que
mejorar los instrumentos de coordinación con los servicios públicos de
salud para que no haya ni atisbo de fraude en el uso de estas
prestaciones? Desde luego. ¿Que lo estamos haciendo de la mejor manera
posible vía convenios con las comunidades autónomas, vía mejora de la
normativa, vía participación más intensa de las mutuas, vía compromiso
más firme con las empresas colaboradoras, vía incluso con mejoras
tecnológicas que nos permitan detectar con mayor claridad esa prestación
y el uso que se hace de la misma? También. Por lo tanto, hay una parte
significativa que se asocia a la mejora de la actividad y a la mejora del
empleo, pero también tenemos que afrontar la necesidad de tener un
conocimiento mucho más preciso de por qué esta prestación se comporta de
una manera diferente en unos territorios o en otros, en unas provincias o
en otras. Estamos desarrollando en estos momentos en el ámbito del
diálogo social un intercambio de información sobre los componentes de
esta incapacidad temporal, y espero que de eso también se deriven
importantes acuerdos o compromisos para mejorar la gestión de la misma.
En relación con la sensación de seguridad o de inseguridad que tienen los
ciudadanos por que se utilice un préstamo, yo creo que la sensación de
inseguridad la tendrá el ciudadano por que oiga que el sistema no se va a
poder sostener o por que oiga que su pensión va a caer el 40 %, pero no
porque le diga: Oiga, tenemos un Estado que tiene capacidad económica
para asistir al sistema de Seguridad Social, como este lo ha hecho con el
Estado en otros momentos, y como puede hacerlo lo hace, y como su
compromiso es firme con el sistema público no le regatea recursos para
financiar el sistema en su cobertura actual.
El préstamo es la demostración de que quien está detrás del mandato
constitucional de respaldar un modelo público de pensiones es el Estado y
todas sus capacidades al completo. Por lo tanto, la Seguridad Social hay
que verla como un instrumento útil, utilísimo, pero el mandato
constitucional lo respalda el Estado con todas sus capacidades económicas
y, si esto se traduce en transferencias, se traduce. Les he dicho que las
trasferencias del Estado para el sistema público de pensiones son las más
altas de la
historia y este ha asignado precisamente recursos atendiendo a sus
compromisos y a sus obligaciones. Por tanto, en relación con este asunto,
cumplimos y cumpliremos con los objetivos de déficit.
Yo, que siempre presto mucha atención a las reflexiones del señor Camps,
que ha sido secretario de Estado y conoce perfectamente el modelo,
también le digo al señor Campuzano que siga escuchándolas en el marco del
Pacto de Toledo, que seguro que será muy importante para todos. En todo
caso, al señor Camps también le agradezco el discurso, la intervención.
Es verdad que algunos discursos no cambian, es verdad que es insólito que
se culpe del déficit a quien crea el empleo y no a quien lo destruyó,
pero con estas cosas tenemos que trabajar. Lo que hace el sistema sin
duda es responder ahora de una manera mucho mejor porque ahora sí se crea
empleo con una intensidad muy importante, ahora sí que se generan
ingresos para el sistema vía cotizaciones de la forma que al sistema le
asegura el futuro, ahora sí que se incrementan las aportaciones del
Estado de manera muy significativa y, por lo tanto, insisto en como acabé
la primera intervención: 2018 es un año muy importante, y es importante
que se apruebe este presupuesto, no solo para atender esas mejoras en
materia de suficiencia o de cobertura, sino porque este presupuesto en sí
mismo es un elemento de estabilidad, de confianza y de seguridad para
todos los ciudadanos, especialmente para los pensionistas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burgos.
Antes de pasar al siguiente interviniente, les pido que ratifiquen por
asentimiento el cambio en el calendario de las comparecencias de esta
Comisión. Como ya he contado antes a Mesa y portavoces -estaban todos los
grupos de acuerdo-, a las cinco va a venir directamente, porque llevamos
retraso, el subsecretario de Economía y la última comparecencia de hoy,
que es la del subsecretario de Presidencia, pasará a ser la última de
mañana. ¿Ratifica la Comisión estos cambios? (Asentimiento). Queda
aprobado por asentimiento. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (PONCELA GARCÍA). A
PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente
212/001441); CIUDADANOS (número de expediente 212/001488); CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/001334);
SOCIALISTA (número de expediente 212/001268) Y POPULAR EN EL CONGRESO
(número de expediente 212/001538).
El señor PRESIDENTE: Señorías, retomamos las comparecencias de la Comisión
de Presupuestos. Previamente, doy dos avisos. El primero, respecto al
funcionamiento de la Comisión -se me olvidó comentarlo antes en la
votación-, el secretario de Estado de Presupuestos -por lo menos yo lo he
recibido en el teléfono móvil y en el correo y espero que ustedes
también- comparece este jueves a la una de la tarde para hablar de la
ejecución presupuestaria. En segundo término, a las cuatro menos cuarto
está convocado un Pleno solemne en el salón de Plenos, en el hemiciclo,
por la recepción al presidente de Portugal y, por tanto, como está
establecido reglamentariamente, no se puede estar celebrando esta
Comisión ni ninguna otra mientras hay un Pleno. Por tanto, esta
comparecencia necesariamente terminará -que lo sepan todos ustedes- antes
de las cuatro menos cuarto.
Dicho esto, ya no me entretengo más. Quiero dar la bienvenida a esta
Comisión a la señora secretaria de Estado de Comercio, doña María Luisa
Poncela. Le doy ya la palabra para que exponga su posición y la de su
departamento respecto al proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado.
Tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Muchas
gracias, presidente.
Señorías, comparezco ante esta Comisión para detallar el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en la parte
correspondiente a mi secretaría de Estado, la Secretaría de Estado de
Comercio. En términos globales, este presupuesto asciende a 425,4
millones de euros, lo que supone un incremento de casi 3 millones de
euros respecto del presupuesto de 2017. Antes de analizar con detalle el
presupuesto de la secretaría de Estado para 2018, me gustaría hacer una
breve referencia a los datos de comercio exterior de cierre de 2017. Las
exportaciones españolas de mercancías crecieron en 2017 un 8,9 % respecto
a 2016 y superaron los 277 000 millones de euros, cifra récord de
exportación, y el déficit comercial se situó en 24 744 millones. Nuestro
sector exterior crece por encima del de los países más avanzados porque
hoy tenemos una economía moderna y dinámica, cada vez más abierta al
exterior. Además, el número de exportadores ha aumentado un 8,5 %, hasta
la cifra de 161 450 y, lo que es más
importante, el número de exportadores regulares sigue creciendo y ya se
sitúa en 50 500. Nuestro objetivo como secretaría de Estado es continuar
trabajando para consolidar la evolución del sector exterior; a ello vamos
a dedicar el grueso de nuestro presupuesto para 2018, en concreto 416
millones de euros.
Señorías, nuestra acción en materia de comercio exterior se concreta en
las medidas contempladas en el Plan bienal de internacionalización de la
economía española 2017-2018 que se concretan en las siguientes acciones.
En primer lugar, trabajamos en el aumento del tamaño de las empresas
porque es un factor decisivo para el éxito en los mercados exteriores.
Por otro lado, la diversificación de los mercados a los que se dirigen
nuestras empresas es otro de nuestros objetivos. Estamos demasiado
concentrados en Europa, más del 65 % de nuestras exportaciones van a la
Unión Europea, por lo que debemos reforzar posiciones en otros mercados.
En este sentido, para el periodo 2017-2018 nos vamos a centrar en Asia,
comenzando por China y luego seguirá Japón e India. Asia tiene un
importante potencial de crecimiento y es el segundo continente por valor
de sus importaciones mundiales de bienes; China en concreto es el segundo
mercado de importación mundial, con más del 10 % del total de las
importaciones mundiales, solo por detrás de Estados Unidos, con el 13,4
%. Sin embargo, la cuota española de bienes en las exportaciones a las
grandes economías asiáticas apenas se sitúa en el 0,5 %, muy por debajo
de la cuota española en el comercio mundial, que es el 1,8 %. Igualmente,
para aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la
política comercial común y de las instituciones financieras y organismos
multilaterales, es importante centrarnos en los países donde la Unión
europea firma acuerdos comerciales como, por ejemplo, Canadá, Mercosur y
México, así como Marruecos, nuestro segundo socio comercial fuera de la
Unión Europea, con importantes crecimientos. Además, seguiremos
trabajando para reforzar España como destino de las inversiones
extranjeras y, en este sentido, estamos diseñando un programa de acciones
de promoción en países objetivos en coordinación con diversas entidades
públicas españolas.
Otra de las líneas de actuación debe ir dirigida a priorizar la
innovación, la digitalización y la marca en la internacionalización de
nuestras empresas. Las empresas deben sumarse a la revolución tecnológica
y digital porque supone mayor productividad, mayor empleo y nuevas
oportunidades. Nuestro patrón exportador se ha ido especializando en
productos de tecnología alta y media alta que representan ya más del 50 %
de las ventas al exterior. Pero tenemos que ser todavía más ambiciosos.
España está integrada en las cadenas de valor globales y debemos dar un
salto en el proceso de innovación para escalar en esas cadenas y
situarnos en los eslabones con mayor valor añadido. Señorías, la economía
digital se ha instalado en nuestras vidas y, por ello, debemos reenfocar
la formación hacia nuevos perfiles profesionales y nuevas habilidades,
así como adaptarnos a sus exigencias en las áreas críticas de la empresa:
producción, distribución y gestión.
Paso ahora a explicar brevemente el modelo de apoyo integral a la
internacionalización de las empresas que ofrecemos desde la Secretaría de
Estado de Comercio y que se centra en la promoción, el asesoramiento y el
apoyo financiero. Dentro del capítulo de apoyo financiero, como he
mencionado, como saben esta Secretaría de Estado de Comercio cuenta con
distintos instrumentos: Los créditos que se instrumentan a través del
FIEM, FIEX y Fonpyme; los seguros y avales que se ofrecen a través de
Cesce y el capital riesgo en el exterior instrumentado a través de
Cofides. En cuanto al FIEM, tanto la dotación presupuestaria como el
techo máximo de aprobaciones para 2018 se mantienen en los mismos niveles
que en 2017, es decir, 218 millones de euros y 500 millones de euros
respectivamente. Esta es una dotación suficiente para atender los
compromisos existentes y los nuevos que se puedan plantear en base al
calendario de desembolsos y proyectos en cartera. Durante el primer
trimestre de 2018 el comité FIEM ha aprobado ya operaciones por un valor
de más de 37 millones de euros y al final de año estaremos en una
horquilla de aprobaciones entre 250 y 450 millones de euros. Señorías,
durante 2018 continuaremos trabajando para fomentar a través de este
fondo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para impulsar sus
operaciones de internacionalización atendiendo a sus necesidades
específicas, en particular una tramitación más ágil en las operaciones de
menor importe. Este es el objetivo de la línea para la financiación de
pequeños proyectos que fue lanzada en verano de 2017. Por su parte, los
FIEX y Fonpyme tienen consignados 12 millones de euros para 2018, la
misma cantidad, e igualmente se mantienen los techos máximos de
aprobación que en 2017. Cofides ha estimado que el volumen de
aprobaciones podría situarse en 270 millones de euros en el caso de FIEX
y 30 millones de euros en el caso de Fonpyme, por lo que los techos de
aprobaciones serán suficientes para poder hacer frente a las operaciones
previstas. Mención especial merece el apoyo de Fonpyme a la pequeña y
mediana empresa española mediante el respaldo financiero, con
instrumentos participativos de capital y cuasi capital a largo plazo para
incrementar el tamaño de las empresas a través de los proyectos de
inversión en el exterior. Respecto a Cesce, el
techo de aprobaciones se mantiene en 9000 millones de euros, la misma
cifra que el año pasado y, según las previsiones para 2018, la
contratación se incrementara respecto a los niveles de 2017. También
desde Cesce se desarrollan iniciativas a favor de la pequeña y mediana
empresa. En 2016 se renovó la línea de fianzas para pymes y empresas no
cotizadas por un importe adicional de 100 millones de euros y en 2018
hemos hecho nuevamente una renovación de esta línea, dada su eficacia.
Esta línea permite a empresas técnicamente eficientes e inmersas en un
proceso de internacionalización obtener avales que por el tamaño de su
balance les resultaría complicado conseguir sin el apoyo de Cesce.
Por otro lado, esta secretaría de Estado cuenta también con instrumentos
de apoyo no financieros para la internacionalización de las empresas
canalizados a través de ICEX, las oficinas económicas y comerciales en el
exterior y la red periférica de comercio en territorio nacional. El
aumento en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Comercio en 2018
se va a destinar mayoritariamente a incrementar las transferencias a
ICEX, que ascienden a 80,5 millones de euros. En concreto, hemos
incrementado las transferencias de capital, que es la dotación que ICEX
utiliza para desarrollar sus actividades de fomento de la internalización
de las empresas. ICEX se ha consolidado como referente de la
internacionalización de la empresa española a través de las distintas
actividades que realiza. Mención especial merece dentro de todos sus
programas el programa de becas de internacionalización y el programa de
prácticas en instituciones públicas de internacionalización para
estudiantes. Me gustaría destacar un dato muy relevante, y es que el 86 %
de los becarios que terminan el programa de becas encuentran empleo
efectivo dentro de los tres primeros meses; por ello, seguimos apostando
de forma decidida por el desarrollo de este programa. Así, en 2018
incrementaremos el número de becas respecto del año anterior, incremento
que supone ya un 21 % respecto del número de becas que se convocaron en
2016.
Señorías, permítanme, asimismo, que haga una referencia a la red de
oficinas económicas y comerciales y a la red periférica de comercio que
dan servicio a las empresas españolas, con un alto grado de satisfacción
por parte de sus usuarios. Seguiremos trabajando para adaptar la
estructura geográfica de la red de oficinas a las necesidades de las
empresas, instalándonos en nuevos destinos allá donde estas necesitan el
apoyo de la Administración para abrir mercados. Además, el incremento en
la dotación en capital nos va a permitir invertir en la renovación de las
oficinas económicas y comerciales y de las direcciones territoriales. Por
otro lado, nos comprometemos a seguir avanzando hacia un modelo creciente
de prestación de servicios de valor añadido que combine el enfoque
sectorial con una atención integral a las empresas mediante la ampliación
de los servicios personalizados.
Señorías, como seguramente conocen, dentro de nuestro objetivo de
priorizar la digitalización en el proceso de internacionalización de las
empresas, recientemente hemos presentado al Programa eMarket del ICEX,
con el objeto de ampliar los servicios de promoción en mercados
electrónicos para ayudar a las empresas a realizar su transformación
digital. Este servicio de asesoramiento está abierto a todas las empresas
industriales o comerciales que ya estén exportando o que quieran
iniciarse en el proceso de exportación a través del comercio online. En
esta línea, el nuevo Plan integral de apoyo a la competitividad del
comercio minorista para 2018, que será presentado a las comunidades
autónomas en la conferencia sectorial prevista para el 23 abril, hace
también especial hincapié en la digitalización del pequeño comercio para,
entre otras cosas, favorecer el turismo de compras y su
internacionalización. Debemos trabajar por la innovación y la
digitalización para ayudar al comercio tradicional a incorporarse a
nuevos escenarios de compra, a utilizar las plataformas digitales y a
operar online, además de buscar vías para facilitar el relevo
generacional. Los establecimientos físicos van a seguir teniendo un papel
principal, pero necesitan una reformulación porque ahora deben competir
con las grandes plataformas y trabajar en una estrategia multicanal.
Tenemos que ayudar a nuestras empresas, muy especialmente a las más
pequeñas, a ubicarse en la cultura digital. Solo un dato: en el tercer
trimestre de 2017, el comercio electrónico en España supera los 7700
millones de euros tras crecer un 26 % respecto al mismo periodo del año
anterior y sigue creciendo a ritmo de dos dígitos. Dado que somos una
potencia turística de primer orden, debemos explorar también todas las
oportunidades que ofrece el binomio turismo-comercio. Tengan en cuenta,
señorías, que el comercio minorista, la segunda gran área de competencia
de esa secretaría de Estado, representa el 5 % del PIB y cuenta con casi
2 millones de ocupados. Este sector cerró 2017 con un aumento de ventas
minoristas del 1,2 %, enlazando así cuatro años consecutivos de
crecimiento. Para llevar a cabo estas acciones, contamos con una dotación
de 9 millones de euros y debo señalar, no obstante, que esta dotación se
complementa con las aportaciones que realizan otros departamentos
ministeriales y entidades públicas.
Señorías, con esto concluye ya mi intervención. Tras varios años de
reducción, el proyecto de presupuestos para 2018 incorpora un moderado
incremento en las partidas asignadas a esta secretaría de Estado. Este
presupuesto lo hemos orientado hacia aquellos objetivos que consideramos
fundamentales para que nuestras empresas afronten en mejores condiciones
su salida a los mercados exteriores y para que se adapten a la economía
digital, porque solo así podrán competir.
Me pongo ahora a su disposición para aportarles la información adicional
que requieran.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Poncela.
Ahora, en el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señora secretaria de Estado de Comercio, nos presenta usted los
programas de su secretaría de Estado en relación, por un lado, con el
comercio exterior y la internacionalización y, por otro, con la
ordenación de la actividad comercial interior y la modernización del
sector comercial. Por lo que respecta al comercio exterior y a la
internacionalización, tenemos el programa 431.A, con un contenido más
bien de fomento, y el 431.N, que atiende a las cuestiones de regulación.
En cuanto al primero de ellos, según leemos en la memoria, seguimos
centrados en la estrategia de internacionalización a medio plazo
2017-2027 y en los planes de acción bilaterales, de los cuales, el
primero, 2017-2018, prácticamente ya nos lo estamos comiendo, con unas
áreas de actuación para apoyar técnica, institucional y financieramente a
las empresas en su desarrollo internacional. En cuanto al segundo de los
programas, que trata de participar en ámbitos que establece la regulación
del comercio internacional, de realizar seguimientos y control de este
comercio y de las inversiones y defensa de los intereses comerciales de
las empresas españolas en el ámbito internacional, cuentan con dos
direcciones generales, una red interna formada por direcciones
provinciales territoriales, que están en las principales capitales de
provincia en España, los servicios de inspección del Soivre, y una red
que, de alguna manera, los que seguimos el comercio internacional siempre
hemos considerado la joya de la corona, que es la red de oficinas
españolas comerciales en el exterior y el Instituto Español de Comercio
Exterior, como bastión, como el organismo fuerte de promoción del
comercio exterior. La primera pregunta que le quisiera hacer es si, en
una visión global, sería el momento de plantearse una revisión de esta
arquitectura institucional -que es una arquitectura que ha sido muy
estable a lo largo del tiempo con los diferentes Gobiernos y las
diferentes administraciones-, dentro de esa lectura que hay ahora de ese
Plan estratégico 2017-2027 y de la experiencia que ustedes están
teniendo; nos gustaría conocer su valoración en este sentido, si acorde
con la competitividad tan enorme, por no decir agresiva, que hay en los
mercados internacionales, sería el momento de plantearse una revisión de
dicha arquitectura y de las formas en que los diferentes organismos se
relacionan entre ellos. Ya tuvimos oportunidad de debatir sobre esta
política y esta estrategia de internacionalización en una comparecencia
suya anterior y lo cierto es que nosotros se lo dijimos. Creíamos que
venía la música y nos faltaba la letra, que era un compendio de buenos
deseos y de buenas palabras, a los que, desde el ámbito legislativo, no
tenemos nada que objetar, pero sí tenemos que opinar en cómo se puede
materializar, y eso es concretarlo con números. Quizá hoy es el día de la
letra, aunque sea con números. Entonces, la letra de la música es que en
los recursos para apoyar la internacionalización de la economía española
el conjunto de los programas sufren reducciones, y viendo el cuadro a lo
largo de los últimos diez años, observamos que siguen las reducciones, lo
cual nos preocupa, porque de alguna manera plantea esa contradicción
entre una voluntad teórica de los responsables del Ministerio de Economía
de los últimos años de potenciar la internacionalización, todas las
acciones de comercio exterior, hacer un cambio de modelo, ligarlo con
muchas variables desde la industria, el arte, la cultura, el diseño, pero
la realidad es que los presupuestos no acompañan. Es cierto que son
variables estratégicas que sabemos que en otros países sí están
utilizando y que es una inversión muy potente para poder sumar en el
exterior. Además, nosotros tenemos comunidades autónomas, por lo que
quizá deberíamos plantearnos alguna acción coordinada potente en
determinados programas estratégicos en los que pudiéramos, poniendo cada
uno determinadas partidas presupuestarias, aunar objetivos en
determinados mercados que sean de especial relevancia y de especial
complejidad. No debemos perder la visión de marca España, pero sí
trabajar de una manera coordinada con aquellas comunidades que tienen
potencialidades en esos mercados.
En cuanto al descenso de las distintas partidas, que no es mucho, pero ahí
está, quisiera destacar sobre todo el área del comercio -en el pasado
Pleno también tuvimos ocasión de debatir una proposición no de ley en
este sentido-, porque el comercio minorista es penoso, parece el pobre de
la casa. Es un sector que tiene muchas potencialidades, ya que la demanda
interna ha subido y todo lo que significan ahora las compras electrónicas
pueden suponer un nicho de crecimiento muy grande, no solo por los
consumidores nacionales sino también por los extranjeros, las compras de
las web extranjeras hacia España, pero estamos viendo que no está
ocurriendo así. Todas las estadísticas de comercio electrónico nos dicen
que mayoritariamente de toda la masa que se mueve, son más las webs
nuestras hacia fuera que las del exterior hacia dentro, es decir, estamos
perdiendo, hay un déficit de potencial de comercialización. Por retomar
el modelo de internacionalización, la estrategia, que es un plato fuerte
de lo que ustedes nos han presentado anteriormente y también hoy, hace
aguas y no tenemos un presupuesto. Realmente, a no ser que usted me diga
lo contrario y haya algo que no hemos encontrado, no vemos de qué manera
ni de dónde sale con los mismos presupuestos, por mucho que su equipo
cualificado y usted misma se pongan al frente para intentar sacarlo
adelante. El resumen es: voy a hacer lo que se pueda con lo que me den.
Es aquello de ponerse a disposición del señor Montoro y con lo que dé
ustedes van repartiéndoselo. Eso pone en jaque o en peligro lo que
comentábamos, la competitividad hoy en día en el ámbito internacional, y
que estemos diversificando productos de mayor valor añadido y productos
más tecnológicos en el circuito de nuestras exportaciones puede tener una
consistencia muy poco clara porque están todavía a tenor de los últimos
cambios y porque realmente el mercado interior tampoco está consolidado.
Nos gustaría que hubiera una estrategia más consolidada que nos
permitiera alegrarnos de esas mejoras en cuanto al mejor contenido de la
exportación de nuestros productos -mayor valor añadido y más valor
tecnológico-, pero ni eso ni los nuevos mercados a los que nos estamos
destinando dan la impresión de que realmente España esté desplegando y
esté teniendo un posicionamiento estratégico en el mercado internacional
y global que pueda ser seguido con una continuidad. Creo que más bien es
fruto de la buena voluntad, de un esfuerzo ingente basándose en esas
oficinas españolas que tenemos muy veteranas en el exterior, pero creo
que competimos con dificultad -y me gustaría saber un poco su valoración
sobre esta cuestión- con todos los nuevos mercados que, insisto, están
destinando cantidades ingentes a su posicionamiento en el exterior.
Voy acabando, aunque veo que aún tengo la luz verde. Lo que está claro es
que estos presupuestos no ayudan a que el sector exterior sea el motor de
transformación del modelo de crecimiento, tal como nosotros queríamos. En
el caso del comercio interior también lo veíamos. Pensamos que tanto en
lo que le comentaba antes de potenciar las oficinas comerciales en el
exterior como en las colaboraciones con las comunidades autónomas en las
competencias que tienen en el ámbito exterior y en el interior -sobre
todo en el interior para un plan de digitalización del comercio interior-
sería una necesidad que debería venir prioritariamente de la
Administración General del Estado, porque es cierto que algunas
comunidades autónomas están haciendo sus propios planes, pero no vamos a
tener un comercio minorista potente a nivel español si no hay alguien que
tenga esa visión de conjunto; es decir, si hubiera planes como ha habido
en otras épocas en temas de calidad, en temas de Iniciativas pyme. Si no
hay una medida potente por parte de un ministerio que, aunando y
coordinando lo que otras comunidades autónomas también necesitan, se
ponga a la cabeza y luego puedan coordinar de qué manera se lanza y se
cofinancian, no tendremos un resultado final global para el país. Puede
ocurrir que en una comunidad autónoma su comercio minorista esté
megadigitalizado y que en la media española estemos en la edad de piedra
o sufriendo el sector por la lógica decadencia porque el comercio
minorista se venga abajo. Me gustaría saber de qué manera pueden
impulsarse ese tipo de medidas.
Por último, quería comentar dos o tres cuestiones que me preocupan. Usted
ha hablado un poco sobre la red de oficinas económicas comerciales
españolas en el exterior, pero no me ha quedado claro -seguro que tendrán
los datos- qué evolución ha habido en los últimos años, pongamos en los
últimos diez años, en términos de número de oficinas, en países de
destino, en número de personal que está adjudicado y en presupuesto
disponible, y qué plan se prevé a tres años vista para ello. Usted
hablaba de que estaban bien ubicadas, pero me gustaría conocer si hay
algún destino nuevo que usted quisiera; no me refiero a una carta a los
Reyes Magos, pero sí si hay dos o tres mercados prioritarios en los que,
por limitación presupuestaria, no haya posibilidad. Nos interesa mucho
tener constancia de cuáles son sus posibilidades y otra cuestión serán
las limitaciones presupuestarias. Hablo de mercados especiales que a lo
mejor nosotros no tenemos por qué conocer.
En cuanto a las becas del ICEX, comparto con usted la valoración muy
positiva que han supuesto estas becas sostenidas en el tiempo, la
metodología de trabajo que tienen. Creo que usted ha hablado de un 21 %
de aumento del presupuesto, pero me gustaría saber en qué se va a
traducir. Si no tiene ahora los datos, nos lo puede facilitar en el
futuro. Yo hice una pregunta parlamentaria y me proporcionaron muy bien
los datos desde el ministerio, pero se quedan en 2016. Se lo digo para
conocer desde 2016, con la previsión que tengan de 2018, cómo acaba este
último ciclo: número de personas, convocatorias, inversión que se está
destinando a ello y cuál sería el óptimo para ustedes.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señora secretaria de
Estado de Comercio. Quería empezar sencillamente destacando algo de lo
que usted ha dicho en su intervención. Entre las últimas cuestiones,
decía usted que ha habido un incremento moderado del presupuesto en
comercio. Hablaba de unos 400 millones, con una subida para este año de
unos 3 millones, es decir, es tan moderada que en términos reales es una
bajada. Para no hacernos trampas al solitario, sería importante reconocer
que la política de recortes, por lo menos en lo que respecta a la
cuestión del comercio exterior, sigue implementándose, aparte de que
nuestro grupo parlamentario ya ha defendido que hay una serie de recortes
acumulados desde el año 2009 que de alguna forma le dan continuidad a la
política austericida que ha mantenido el Gobierno hasta ahora.
Quería hacer también una reflexión, señora secretaria de Estado, en torno
a las bondades y características de su propio negociado, la Secretaría de
Comercio Exterior, en el sentido de que no porque nos vaya bien en
términos de Comercio Exterior, en términos de datos macroeconómicos, esto
tiene por qué ser necesariamente bueno para el país. De hecho,
precisamente lo que se está demostrando -y luego ahondaré un poquito más
en esta idea- es un síntoma claro de que los costes laborales unitarios
en España están tan reducidos y la política salarial ha sido tan
restrictiva en estos últimos años que cómo no vamos a ganar en
competitividad-precio con respecto al mercado exterior. Ya sería el colmo
que encima de pobres ni siquiera tuviéramos esa ventaja competitiva.
Quiero centrarme ahora también en la estrategia de internacionalización de
la economía española de los próximos diez años, de 2017 a 2027, que
ustedes han situado como gran articulador de lo que va a ser nuestra
política comercial en los próximos años. Quería destacar en ese sentido
que ustedes plantean una serie de objetivos, básicamente objetivos
nominales, cuantitativos. Hablan, por ejemplo, de exportaciones nominales
de bienes por 400 000 millones de euros para 2027. Quisiera preguntarle
cuál sería la composición ideal de esas exportaciones, porque me da la
sensación de que al referirnos solo a términos nominales estamos
perdiendo el elemento más importante. Quizá usted, señora Poncela,
coincida conmigo en la idea de que lo importante es precisamente la
composición de esa cesta exportadora. Hablan ustedes también de sesenta
mil empresas que podrían exportar regularmente al cabo de esos diez años.
Yo le planteo si ese aumento de la internacionalización de nuestras
empresas tiene que ver con la atonía de la demanda interna que sufre
nuestro país desde hace ya una serie de años y que, evidentemente, habría
forzado a las empresas españolas a buscarse las castañas fuera de nuestro
país. Eso tampoco es necesariamente una buena noticia.
Entrando ya punto por punto en algunos elementos de su plan plurianual y
en los propios datos de los presupuestos de este año, querría hacer una
serie de reflexiones que, si no le es mucha molestia, me gustaría que
comentara también.
En primer lugar, hablamos de que las exportaciones de bienes y servicios
vuelven a crecer prácticamente al mismo ritmo que crecían antes de la
crisis; estamos hablando de un 4,8 del crecimiento anual medio entre 1999
y 2007 versus 4,6 en el periodo 2014-2017. Hasta ahí, digamos, vamos
bien. Claro, luego nos fijamos en la composición, señora Poncela, y vemos
que la exportación de bienes en realidad crece a un ritmo marcadamente
inferior al periodo precrisis -hablamos de un 5,3 que crecía antes a un
3,9 que crece ahora- y, sin embargo, es la evolución de los ingresos por
turismo lo que justifica que estemos ahora mismo en estos niveles. Da la
sensación de que cada vez más nos estamos convirtiendo en un país de
monocultivo, un monocultivo que sería la industria del turismo. No tiene
nada de malo -lo hemos dicho ya en otras ocasionas en este y en otros
espacios- tener un turismo tan
potente como el que tiene España, el problema es cuando dependemos casi en
exclusiva de esa partida, que además, por lo que usted sabe, es
absolutamente sensible a los ciclos económicos y, por lo tanto, nos hace
ser especialmente víctimas de esos vaivenes que se producen a nivel
mundial.
En segundo lugar, querría detallar un poco y escuchar sus comentarios en
relación con el hundimiento o estancamiento de la demanda interna, lo que
habría provocado en última instancia esa búsqueda de mercados a nivel
exterior. Creo que también es un dato a reseñar, porque tener un país
cuyo mercado interno pierde consistencia, solidez, etcétera, no es ni
mucho menos una buena noticia para el país, aunque efectivamente, como
digo, el negociado de comercio exterior se pueda ver coyunturalmente
beneficiado.
En tercer lugar, señora Poncela, quisiera hablar de la base exportadora.
Tenemos la sensación de que la base exportadora de la economía española
ha crecido sobre todo entre los años 2010 y 2013 un 11 % anual. Ahí fue
cuando se produjo esa explosión de nuestra base exportadora, pero esto
tiene más que ver -parece- precisamente con esa caída de la demanda
interna que antes comentábamos, que con el propio impulso de las
exportaciones. Solo le quiero destacar un dato que daba el ICEX hace
relativamente poco, y es que, a pesar del aumento de la base exportadora
en España, solo el 1,5 % del tejido empresarial concentra el 94 % de las
exportaciones de bienes. No está precisamente muy distribuido.
En cuarto lugar, querríamos hablar también de las exportaciones de alto
contenido tecnológico, algo que ya hemos tenido ocasión de comentar en
anteriores exposiciones. Da la sensación, señora Poncela, de que el peso
relativo de este tipo de exportaciones sigue más o menos estancado en un
9 %. Por lo tanto, si hay que concluir algo de estas cuatro premisas que
acabo de exponer es que no hay una mejora de la composición de nuestras
exportaciones y el aumento de la base exportadora me temo que no es
suficiente para asegurar que el diagnóstico de la salud de nuestro
comercio exterior esté mejorando.
En quinto lugar, señora Poncela querría hablar de la competitividad-precio
en la que se sitúa la economía española, lo que explicaría en gran medida
ese aumento de las exportaciones. Yo querría preguntarle, señora
secretaria de Estado: ¿conoce usted la paradoja de Kaldor? ¿Ha oído usted
hablar de esa paradoja? Se lo comento muy rápido. Básicamente, lo que
estableció el señor Kaldor, Premio Nobel de Economía, es que cuando
disminuyen los costes laborales unitarios en una economía, lo que suele
ocurrir a medio y largo plazo es que disminuye la competitividad, en
contra de lo que algunas lógicas invitarían a pensar. ¿Cree usted que
España está entrando en una situación que podríamos calificar como una
paradoja de Kaldor? Es decir, ¿podría estar ocurriendo que nuestros
costes laborales unitarios estén bajando y esto, lejos de garantizar una
mejora de la competitividad a medio y largo plazo, la estaría
comprometiendo? Le rogaría que, por favor, se pronunciara también al
respecto.
Quiero hacer también un comentario en relación con las cadenas globales de
valor, algo que se ha puesto de relieve en las últimas intervenciones y
que recuerdo que el año pasado, en los Presupuestos Generales del Estado,
en la cartera de comercio, fue unos de los temas a discutir quizá más
interesantes. En principio, todo parece indicar que España poco a poco se
va integrando en esas cadenas globales de valor, lo que pasa es que,
según los estudios que he podido consultar, señora Poncela -quisiera que
usted me lo confirmara o me lo matizara-, tenemos una especie de aumento
de la participación backward -como dicen técnicamente- y no forward. Es
decir, que al final lo que está ocurriendo es que la integración de
España en esas cadenas globales se da más bien por el lado de las
importaciones que por el lado de las exportaciones, que sería -entiendo
yo- algo bastante más sano.
Finalmente querría hablar, señora secretaria de Estado, sobre el impacto
que la evolución del comercio exterior en España ha tenido sobre el
empleo. Como sabe usted, los sectores donde más se ha creado empleo han
sido básicamente comercio, transporte y hostelería. Estamos hablando de
rúbricas muy asociadas al negociado que usted gestiona. Tengo la
sensación de que si seguimos engordando aquellos empleos que ofrecen un
menor valor añadido, que ofrecen mayor temporalidad, mayor precariedad,
vamos a seguir sin ofrecer una alternativa de futuro a este país; vamos a
seguir ahondando en un modelo en el que, como les decía, nos concentramos
exclusivamente en ofrecer servicios de turismo. Parece que la
construcción ya no tiene el papel preponderante que tuvo en años
precrisis, pero desde luego no se podría decir, señora Poncela, creo yo,
que sea un crecimiento equilibrado. No me parece que se esté proyectando
un cambio del aparato productivo español, que requiere urgentes medidas
de actualización. Querría, por favor, que me detallara alguna noción
sobre esto.
Hablamos el año pasado, señora Poncela, y creo que es pertinente que
también lo hagamos en este, de ciertos vientos de cola que han impulsado
particularmente la economía española.
El señor PRESIDENTE: Señor Guijarro, vaya concluyendo, por favor.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Sí. Gracias presidente.
Estoy hablando concretamente de los precios del barril de petróleo, que
-como ya discutimos el año pasado- siguen empujando a la economía
española hacia delante en la medida en que nuestra dependencia de
combustibles fósiles, como usted sabe, es superior a la del resto de los
países europeos. Enfatizo también las cuestiones de la devaluación
salarial y el mercado de trabajo, porque, como seguramente usted sabrá,
la obsesión de todas y todos nosotros es intentar que el empleo en este
país se recupere y que los trabajadores y las trabajadoras tengan los
salarios dignos que por desgracia hoy no tienen.
Por último, ya para resumir, señor presidente, quiero ahondar en la idea
de que nuestra inserción comercial se produce de una forma
cualitativamente pobre -vamos a decirlo así- y ello se debe básicamente a
dos elementos que ya he comentado pero que quiero destacar para cerrar
esta intervención. En primer lugar, mantenemos la composición con bajos
valores añadidos y, en segundo lugar, tenemos una integración en las
cadenas globales de valor que sencillamente no va en la dirección que
todas y todos hubiéramos querido.
Por lo demás, le agradezco su comparecencia. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes,
señorías. Buenas tardes, señora Poncela, y bienvenida a esta Comisión.
La estaba escuchando hablar de los buenos datos de las exportaciones. Como
hemos tenido ocasión de debatir en otras comparecencias ante la Comisión
de Economía con usted, creemos que estos datos se deben básicamente a que
a las empresas, ante la crisis que ha habido en España, no les ha quedado
más remedio que buscarse la vida para sobrevivir y exportar. Ese es un
hecho positivo, pero en su comparecencia hemos visto que hay una cierta
autocomplacencia, porque nos ha dicho que en España las exportaciones
están creciendo a un ritmo que está por encima de los países de su
entorno. Sin embargo, nosotros vemos algunos datos que nos preocupan,
porque reflejan que esas exportaciones van disminuyendo poco a poco. Si
no se toman medidas, si no se hacen cambios, si no se hacen reformas, lo
que habíamos ganado con las exportaciones, lo que había sido positivo en
estos años lo vamos a perder.
En 2017, la cifra de crecimiento de la economía española ha resultado ser
del 3,1 % en términos reales, pero la contribución de la demanda interna
ha estado ligeramente por encima de lo previsto y ha compensado una menor
aportación del sector exterior: 0,3 puntos porcentuales frente a 0,7.
Precisamente los mayores errores en las previsiones de los presupuestos
generales del pasado año, de 2017, según la Airef, se han concentrado en
las exportaciones, que han evolucionado 1,1 puntos porcentuales, de forma
más contenida que la tasa que había previsto el Gobierno. En el cuadro
macro que ustedes presentan en estos presupuestos generales, el Gobierno
fija la aportación del sector exterior al crecimiento en el 0,4 %. ¿Ve
esto prudente? ¿Ve esto razonable? ¿Le parece que se puede conseguir?
¿Cree que van a llegar a esas aportaciones del sector exterior? Nos
preocupa que se espere tanto del sector exterior y que por parte del
Gobierno se esté haciendo tan poco. Se deberían hacer mayores esfuerzos y
reformas, tal como está el mundo actualmente. Hay señales de
proteccionismo en Estados Unidos, en la Administración Trump, y nos
preocupan, dados los datos que su propia Secretaría de Estado de Comercio
ha elaborado en el último trimestre. Dice que el índice de tendencia de
competitividad, basado en los precios del consumo, frente a los países
desarrollados, refleja una pérdida de competitividad en el cuarto
trimestre de 2017 del 3,3 % interanual, si bien es verdad que respecto a
la Unión Europea se registró una ganancia de competitividad del 0,2 %.
Esto lo justifican básicamente por los tipos de cambio, pero refleja que
hay que apostar más por unas exportaciones de alto valor añadido. No
podemos estar compitiendo en precios más bajos, porque por ahí no vamos a
poder ir.
Usted ha señalado en su comparecencia -lo hizo también el ministro en su
reciente comparecencia ante la Comisión de Economía- que uno de los
objetivos del Gobierno es aumentar el tamaño de las empresas, porque con
la estructura empresarial que tenemos en España -fundamentalmente son
empresas pequeñas y microempresas- es difícil que puedan dedicarse a
exportar. Nuestras grandes empresas son igual de competitivas que las
alemanas y las francesas, incluso más, pero nuestro problema es que
tenemos una estructura empresarial con muchas microempresas y pequeñas
empresas que
difícilmente se pueden dedicar a exportar y a invertir en I+D+i. El
aumento del tamaño de las empresas no es necesariamente una cuestión de
presupuestos, aunque esta sea una comparecencia de presupuestos, sino que
hay un importante problema con la regulación. Existen unas barreras que
regulan el crecimiento de las empresas. En el acuerdo de investidura
entre el Partido Popular y Ciudadanos había un punto para eliminarlas y
esperamos que el Gobierno cumpla con dicho acuerdo, porque no es cuestión
de dinero, sino de voluntad política, de que el Gobierno traiga las
reformas que harían que se eliminasen esas barreras que regulan el
crecimiento de las empresas.
En su intervención ha dicho que uno de los objetivos que pretenden es la
diversificación de las exportaciones, que se quieren abrir a nuevos
mercados, fundamentalmente a Asia, a China y a India. Lo vemos positivo,
claro que sí, ya se lo hemos dicho en otras comparecencias, pero en las
mismas también nos dijo que iba a hacer una reorganización de su
secretaría. Hasta ahora había una Subdirección General de Europa, Asia y
Oceanía, y esta mañana he mirado la página web y siguen con la misma
organización. No sé si es un error de la página web -ahora me lo podrá
explicar-, pero veo que la página web sigue estando igual. Me sorprende
cómo se puede abarcar tanto territorio. Es imposible que se pueda hacer
una labor comercial exterior eficaz abarcando Asia, Oceanía y todo lo que
es Europa que no sea la Unión Europea.
Centrándome en los presupuestos, como ha dicho, prácticamente se mantienen
igual. Crecen ligeramente, pero hay una reorganización de los diferentes
programas y quería que, por favor, nos explicase a que se debe la misma.
Es conocido por todos que Ciudadanos apoya el presupuesto que ha
negociado con el Gobierno por una cuestión de responsabilidad, para dar
estabilidad al país. Y en este ámbito, para cambiar el modelo productivo,
como decíamos, para que podamos exportar productos de alto valor añadido
y que no dependamos de competir en precios, Ciudadanos ha negociado
diferentes partidas que beneficiarían y ayudarían a ese cambio de modelo
productivo. Son 30 millones adicionales para la Red Cervera de
transferencia tecnológica. Sería un total de 530 millones, y esperemos
que este año el Gobierno la ponga en marcha, pues sería muy positiva para
nuestras empresas y nuestras pymes. Hay 90 millones para impulsar la
economía digital, la fibra óptica y para todas estas cuestiones de la
industria 4.0 y, cómo no, hay 520 millones para impulsar la Ley de
autónomos, un sector del comercio minorista. Muchas veces nos centramos
en las exportaciones, en el comercio exterior, y no en el comercio
minorista, un negociado que está básicamente está formado por autónomos,
y hay 520 millones para esa Ley de autónomos de Ciudadanos, que es muy
positiva, y por eso apoyaremos el presupuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidente.
Muchas gracias por su comparecencia de hoy y por las explicaciones que nos
ha dado, en un contexto internacional marcado todavía por la
incertidumbre del brexit y por las medidas proteccionistas que amenazan
al comercio internacional. Es verdad que la tecnología y la globalización
han cambiado y las relaciones comerciales y los hábitos de los
consumidores también lo han hecho, por lo que habría que establecer
medidas en este sentido de las cuales algunas explicaciones nos ha dado.
Es verdad que los Presupuestos Generales del Estado crecen ligeramente.
Hay una serie de programas de comercio que incluyen créditos por 419
millones, un 1 % más para apoyar la internacionalización, y me gustaría
saber si cree que existe una verdadera cultura preempresarial en este
sentido a la hora de que las empresas se internacionalicen y si realmente
prevén que toda esta partida se vaya a ejecutar, si las empresas lo van a
solicitar.
También nos ha hablado de las exportaciones. Dice que es un sector
competitivo, pero tenemos que conocer en qué aspecto lo es, si es por
precio o por valor añadido, porque no hay que olvidar que es la
productividad de las empresas la que nos permite que una economía pueda
pagar salarios al trabajo. A pesar de que los datos dicen que hay una
mejora, parece que todavía el peso de las exportaciones de alta
tecnología sobre el total de bienes manufacturados sigue siendo pequeño.
Me gustaría saber si tiene esta ratio. Porque, además, el Informe Global
de Competitividad Mundial 2017, del IMD Worl Competitiveness Center, dice
que España ocupa el puesto cuarenta y nueve de sesenta y tres y solo
quedan cuatro países europeos por detrás de ella en ese sentido.
Conseguir financiación para emprendedores y negocios pequeños también
requiere un cambio, como usted ha dicho, en las fuentes de financiación,
por ejemplo a través de garantías o avales. En ese sentido,
me gustaría saber si ha oído algo acerca de las críticas de las sociedades
de garantía recíproca, que hablan de falta de apoyo en los Presupuestos
Generales del Estado a las pymes y que, además, dicen que se ha recortado
el presupuesto de Cersa, a pesar de que tenga un importe doble de lo
consignado en 2017, porque ya en ese año había sufrido un recorte
bastante importante.
Por otro lado, en la descripción general de los objetivos del sector se
nos habla de que, en el caso del comercio interior, uno de los objetivos
es favorecer la unidad de mercado, creando un entorno favorable para las
empresas e introduciendo mecanismos de homogeneización de normativa,
básicamente. No sabemos si esto es para abordar una recentralización del
Estado, vulnerando de esta manera las competencias que puedan tener las
comunidades autónomas en este sentido. Me gustaría conocer si esto va a
ser así o si piensan abordar esta cuestión de la ley de unidad de mercado
en coordinación con las comunidades autónomas.
Estamos de acuerdo en que se necesita un plan de internacionalización -en
Euskadi, desde luego, lo tenemos-, sobre todo para conceder ayudas a las
empresas, formación en capital humano y consolidación de una red
exterior. En esto voy a coincidir con los señores de Ciudadanos. Una
cuestión importante para las empresas y las administraciones es la
selección de mercados y, en este sentido, ustedes han marcado una serie
de mercados prioritarios que creo que son excesivos y no sé si alguno va
a tener alguna prioridad, porque siempre oímos que hay que ir a los
mercados emergentes, porque las exportaciones están concentradas en la
Unión Europea y habría que diversificar. Me gustaría saber si van a dar
prioridad a alguno o van a ser todos estos mercados.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
A continuación, por el Grupo Mixto, Partit Demòcrata, tiene la palabra el
señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Quiero agradecer a la señora Poncela su comparecencia hoy aquí y su
exposición, aunque entiendo que no se han presentado más líneas generales
que la cuestión presupuestaria, que es la que nos ocupa aquí y sobre la
que vamos a intentar interpelarla y pedirle algunas aclaraciones.
La verdad es que yo esperaba con cierta expectativa esta comparecencia,
porque, como usted sabrá, señora Poncela, el Pleno del Congreso de los
Diputados celebró en la última sesión una interesante sesión, como lo son
todas las de esta casa, por supuesto, y se sometió a discusión una
proposición no de ley del Partido Popular relativa a la defensa del
comercio minorista y tradicional. El portavoz del Partido Popular la
defendió con gran diligencia y entusiasmo, a pesar de lo cual no contó
con el apoyo del resto de los grupos; los socios naranja lo apoyaron allí
para no apoyarlo al final en el presupuesto. Les recuerdo -la señora
Poncela igual no lo conoce- que instaba al Gobierno a apoyar las campañas
divulgativas que destacan las ventajas del comercio minorista tradicional
y a impulsar la colaboración público-privada para apoyar el desarrollo
del comercio minorista y fomentar su transformación digital. Y uno
piensa: Seguro que habrá reflejo en el presupuesto para esta moción tan
bien intencionada. Pero uno coge el libro amarillo para ver qué destaca
el Gobierno del presupuesto en comercio minorista y lee: Apoyo al
comercio interior favoreciendo la unidad de mercado y la modernización
del sector. Uno lo lee y coincide en que es exactamente lo mismo que
venía en el libro amarillo del año pasado, con una diferencia. Dice:
Estas actuaciones se atenderán a través del programa presupuestario de
ordenación y modernización de las estructuras comerciales, que cuenta con
una dotación para 2018 de 9 millones de euros. El año pasado eran 5
millones de euros y, por tanto, uno tiene la expectativa de que estos 4
millones de euros van a tener un impacto directo sobre el comercio
minorista que tanto le preocupaba al Partido Popular. Como ha dicho
usted, es verdad que en el conjunto de los tres programas de su
responsabilidad hay un incremento de 3 millones de euros, y uno piensa
que se deben concentrar, precisamente, en este programa -por si a alguno
de ustedes le interesa, el programa es el 431.O, de ordenación y
modernización de estructuras comerciales- y uno se pregunta: ¿Dónde se
concentra el incremento de los 3 millones, prácticamente 4 millones de
euros del programa? ¿Va a beneficiar directamente a los comerciantes, a
estos comerciantes de Tarragona que don Sergio del Campo seguro que
conoce y por los que está preocupado a causa del impacto que en ellos
puede tener? Uno ve las transferencias de capital y ve que son las mismas
que el año pasado. Analiza el capitulo 4, transferencias corrientes, y
son las mismas que el año pasado. Uno analiza gastos corrientes, y son
los mismos que el año pasado. Por tanto, ¿dónde se concentra este
incremento de prácticamente 4 millones de euros en este programa? Se
concentra en el capítulo 1, gastos de personal. De aquí nuestra primera
pregunta: Si el incremento de
estos -prácticamente, 4 millones de euros en el programa de ordenación y
modernización de las estructuras comerciales- se concentra en capítulo 1,
sería bueno que explicara, más que a nosotros a estos millones de
comerciantes -si no recuerdo mal la intervención de la portavoz del
Partido Popular en el último Pleno- que levantan la persiana cada día,
cómo les van a beneficiar estos 3 millones de euros dedicados a más
funcionarios y más personal del ministerio. Seguro que vamos a encontrar
en su respuesta una explicación, pero desde nuestra óptica esa no es una
apuesta por el comercio minorista ni va a apoyar campañas de divulgación
de las ventajas del comercio minorista, ni mucho menos va a impulsar la
colaboración público-privada que allí sí que parecía que era un elemento
importante. Sí que impulsa esta colaboración público-privada -se lo
recordaba la semana pasada- la Llei de Comerc y Servei de Fires, la ley
aprobada por este parlamento secesionista que solo pensaba en el
monotema, pero que en agosto de 2017 aprobó esta ley. Pero, claro, esta
ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, esencialmente, por no
coincidir con el criterio de los horarios comerciales de las leyes
españolas. Nosotros entendemos que se protege, quizá no
presupuestariamente, al comercio minorista estableciendo unos horarios
más racionales que les puedan hacer más competitivos con las grandes
superficies comerciales. En todo caso, ese es un criterio.
En cuanto al resto de programas, el programa de promoción comercial e
internacionalización de la empresa tiene una leve disminución de 1 millón
de euros y el de ordenación del comercio exterior una disminución
insignificante de 100 000 euros. En todo caso, es un presupuesto de
muchísima continuidad, excepto esta partida de personal, que seguramente
tendrá una explicación. Dado que aquí no hay subvenciones naranjas ni
complementos naranjas, el portavoz del partido Ciudadanos ha venido a
explicar otras partidas que no están en los programas que nos ocupan en
este momento. Es obvio que en estos tres programas no ha habido
aportación de Ciudadanos, porque son continuistas, son las mismas
cantidades, excepto estos prácticamente, 3 millones y medio más de
personal que seguramente nos explicarán. Pero cuando hablamos del
comercio minorista, tenemos que hablar de las partidas presupuestarias
destinadas al mismo por la Administración central del Estado,
independientemente de las competencias autonómicas que ya conocemos, que
queremos ejercer y que, constantemente, son respondidas con apelaciones
al Tribunal Constitucional.
Dicho esto, en cuanto al comercio exterior, si bien es verdad que
presupuestariamente no hay novedades, sí que nos gustaría saber si estos
límites de crédito tanto del FIEX como del Fonpyme o del FIEM, si se
habían agotado en 2017, o si pasaba como en otros ámbitos, donde una cosa
era la limitación preexistente y otra cosa era la parte ejecutada. En
todo caso, coincidimos con usted en que la marcha del comercio exterior
ha sido buena. Ha sido buena en el conjunto del Estado español; también
ha sido buena en Cataluña. Lo digo porque el procés tenía que afectar al
comercio exterior, se exportaría menos; de hecho, las exportaciones en
Cataluña durante este año han batido récords, y me parece que es el
tercer trimestre en el que las exportaciones superan a las ventas en el
resto del Estado español por parte de las empresas catalanas. Nos parece
razonable intentar fomentar o potenciar algunas áreas fuera de la Unión
Europea. Seguramente se debería incidir más en este aspecto, aunque
efectivamente el reflejo presupuestario no lo vemos.
En todo caso, si en algunos programas los presupuestos son continuistas, a
pesar de que desde el Grupo Parlamentario Popular vayan apelando al
Gobierno para que cambie de políticas, son estos tres los que le toca
defender.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora secretaria de Estado, muchas gracias por su explicación,
por su trabajo y por su paciencia. Como habrá podido comprobar, da igual
que se plante aquí con resultados históricos para nuestro comercio
exterior; da igual que nada de lo que dijeron el año pasado la mayor
parte de los grupos que están aquí hoy se haya cumplido, porque su
negatividad es impostada. Ellos saben que España es un país moderno y que
nuestra economía no crece por casualidad o por vientos de cola. Ellos
saben, aunque no lo reconozcan, del mérito de los datos que usted ha
expuesto aquí hoy. Solo hay que repasar el Diario de Sesiones del año
pasado con el de hoy para ver tantas similitudes en los discursos y en
los presagios. Como políticos no sé cómo les irá, pero como futurólogos
empiezo a preocuparme por su sostenibilidad personal, señores de la
oposición.
Las exportaciones españolas han batido en 2017, en contra de las
previsiones de algunos, un nuevo récord, con un crecimiento nominal del
8,9 % como resultado no ya de la acción de un gobierno, sino de la
competitividad de las empresas, de la profesionalidad de los empresarios,
que son los verdaderos artífices de este récord. Obviamente, ayuda la
situación del comercio internacional, así como, sin duda, el gran momento
que vive la economía española, que ha cerrado 2017 creciendo al 3,1 %, 7
décimas más que la media de la Unión Europea. Estas exportaciones también
crecieron en Cataluña, señor Bel, pese a su procés y pese a ustedes.
Yo sé que para algunos todo es casualidad, pero para nosotros es
causalidad; o mejor aún, es la consecuencia de políticas bien diseñadas y
bien desarrolladas para acompañar al empresario en esa difícil tarea de
salir de su zona de confort, de su mercado local y abordar desafíos
internacionales, con incomodidades como los tipos de cambios, los idiomas
o las diferentes regulaciones. Para que este salto se produzca es
necesario ese acompañamiento de nuestras administraciones públicas, y
este presupuesto es un ejemplo de que se sigue apostando por acompañar al
empresario en su salto internacional. Me dirijo a ellos, aquí y ahora, y
les digo alto y claro que este presupuesto es una apuesta por esa
internacionalización de sus empresas, que es un presupuesto que busca
seguir generando empleo en nuestro país y que, frente a los que siempre
lo ven todo negativo o a los que están en el no o en romper nuestro país,
hay partidos -y yo hablo por el mío- que diseñan presupuestos que
apuestan por acompañar a los empresarios en ese salto internacional,
quizá en la decisión más complicada de cualquier empresario. Que las
exportaciones hayan alcanzado en 2017 el importe de 277 126 millones de
euros, frente a unas importaciones de 301 870, con un déficit, por tanto,
en la balanza comercial de 24 744, es un dato irrefutable y muy positivo.
En términos reales, no nominales, el crecimiento de las exportaciones de
algo más del 8 % frente al de las importaciones del 5,5 % certifican el
papel principal que juega al sector exterior en la economía de un país
moderno como el nuestro. Este incremento de las importaciones nos indica
la recuperación de la demanda interna y la elasticidad más importante que
tienen las importaciones a la renta frente a las exportaciones.
España ha sido el país de la Unión Europea, exceptuando el Reino Unido,
que más crecimiento ha tenido en sus exportaciones frente a la media de
la zona euro, que creció un 7,2 %, y lo hemos hecho por encima de
Alemania, Francia o Italia. Igualmente, por sectores de actividad, los
que mejor resultado han presentado, en términos de exportaciones, han
sido los bienes de equipo, no precisamente un sector de bajo valor
añadido, las manufacturas para el consumo, con un crecimiento del 9,7 %,
y los productos químicos, con 7,8 %. Históricamente, las exportaciones de
la economía española tenían mucha sensibilidad a la demanda interna; esto
es, nuestras empresas salían principalmente cuando esta demanda se
comprimía. El que sigan saliendo con una demanda interna muy pujante nos
hace ver que este cambio es ya un cambio estructural de nuestra economía,
que nuestras empresas salen a los mercados exteriores para quedarse
compitiendo en ellos.
A partir de ahora, mantener este crecimiento va a requerir ser muy
intensivos en el uso de la innovación por parte de nuestras empresas para
ganar en competitividad, ya que es la única vía para mejorar los costes
de producción en un escenario en el que irán mejorando los salarios de
las empresas españolas. Aquí está la paradoja de Kaldor de 1978, que nos
comentaba el portavoz de Podemos, que creo que se tiene que releer y
saber exactamente el contenido y el concepto de la paradoja de Kaldor,
porque yo creo que no la ha aplicado correctamente. La innovación se
convierte, pues, en un factor clave de crecimiento, y la subida de más de
500 millones de euros en estos presupuestos de 2018 en esa área viene a
apostar por esta línea. Todo ello requerirá que haya que seguir ahondando
en el cambio de chip de nuestro tejido empresarial, que en el MID de
productos exportados tiene que seguir trabajando para mejorar la calidad
de las exportaciones. Es decir, conseguir mejorar el volumen de las
exportaciones, principalmente en aquellas actividades de alto valor
añadido.
En este punto quería preguntarle a la señora secretaria de Estado por las
actividades que considera fundamentales para seguir cambiando ese patrón
de crecimiento de las exportaciones españolas. Ayer mismo conocíamos que
España se ha convertido en el mayor país del mundo exportador de un
producto como el vino; somos el principal exportador en volumen, que no
en valor, dado que el precio medio es mucho más bajo que en otros países
que en valor nos superan. Señora secretaria de Estado, ¿qué acciones
contempla el presupuesto para mejorar la competitividad de nuestras
empresas en el extranjero, vía mejores precios de nuestros productos?
Aunque el año pasado lo recalcó, este año ha vuelto a hacerlo; en
exportaciones el tamaño importa y mucho, ya que las empresas exportan más
cuanto más grandes son; unas exportaciones también que siguen muy
concentradas, lo que demuestra que de
las 161 000 empresas exportadoras, las 500 mayores empresas por volumen de
exportación exportan más del 50 % del total. Le pregunto, ¿cómo afectará
el presupuesto a su pretensión de incrementar el tamaño medio de la
empresa exportadora y a la diversificación de las mismas?
Señora secretaria de Estado, son estos unos presupuestos buenos para
España, y con ello nuestro país volverá a crecer por encima de la media
europea y volverá a generar más empleo y cada vez de mayor calidad, pese
a los agoreros y aspirantes a pitonisos. Estos son los presupuestos que
nuestro país necesita y reclama y los presupuestos que seguirán
dinamizando nuestras empresas y mejorando su competitividad. En esta
encrucijada histórica, con los primeros presupuestos claramente
expansivos desde la crisis en la que nos metieron a todos, España
necesita de todos; necesita de nuestros comerciantes en nuestras plazas y
calles que abran sus persianas cada día, que sean competitivos y se abran
al mundo 2.0.
Señor Bel, pronto tendrá alguna noticia sobre el apoyo al comercio
minorista, no lo dude, pero ya le podemos hablar que las rebajas fiscales
que se han planteado; por ejemplo, las deducciones en la tarifa de
autónomos son ayudas al comercio minorista. España necesita de estas
empresas cada vez más grandes y que asumen los retos de mercados
extranjeros, pero España también necesita unos partidos políticos que
apuestan por el futuro de nuestro país, que apoyen estos presupuestos que
son buenos para España y buenos para los españoles. Necesitamos una
oposición que se mire al espejo y se plantee si realmente su voto
negativo no va a afectar a la vida de la gente. Y si la respuesta es
positiva, si un voto negativo puede perjudicar a la vida de la gente, yo
les pediría que la mirasen a los ojos y se lo dijeran, que les dijeran a
los españoles que van a votar contra estas cuentas no por el interés
general, sino por el interés particular de un líder que abandonó el
sentido de Estado para vivir en Neverland, el país de Nunca Jamás, ese
sitio en el que los niños no crecen y viven sin responsabilidad alguna
solo pendientes de las fiestas. Salgan de Neverland, porque la fiesta
acabó hace mucho, vuelvan a pensar en el futuro de los españoles y apoyen
estos presupuestos, que son buenos para nuestro país. Ya lo dijo
Churchill: "El precio de la grandeza es la responsabilidad". Señores,
seamos todos grandes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Para concluir, tiene la palabra la señora Poncela para contestar a los
portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Muchas
gracias.
La verdad es que me gustaría poderles enseñar este gráfico de la evolución
de las cuotas de mercado mundiales a lo largo de los últimos años
(muestra un gráfico). Empezaré por decirles que en este año 2017 que
acabamos de cerrar, de los veinte primeros países que podemos decir que
son los principales jugadores en el comercio mundial solo cinco han
mantenido o mejorado un poquito su cuota de mercado mundial. Todos los
demás la han perdido. Respecto de los que han mejorado cuota de mercado
mundial, estaríamos hablando de Holanda, Corea del Sur, Emiratos Árabes,
Taiwán e India. Estos son los únicos países del mundo que han conseguido
mejorar cuota, y así ha ocurrido en los últimos años. Hasta China, que
normalmente tiene una mejora de cuota de mercado mundial espectacular
-pasando de un 3 % en el año 2000 al casi 13 % actual-, el resto de los
países pierden cuota de mercado mundial porque el mismo pastel hay que
repartirlo entre muchos más países que han entrado a jugar al comercio
internacional. Por tanto, el hecho de que España mantenga su cuota de
mercado mundial creo que es para felicitarnos, reconocer lo que están
haciendo nuestras empresas y alabar el trabajo que se está haciendo
fundamentalmente por parte de las mismas, pero no solamente en el ámbito
de los bienes -esta es la cuota de mercado mundial en bienes-, sino
también en servicios.
Yo lamento decirle al señor Guijarro que ni muchísimo menos somos un país
en el que solamente nos dediquemos al turismo. Más del 50 % de las
exportaciones en servicios son exportaciones no turísticas, por tanto,
estamos exportando talento español y estamos exportando servicios
empresariales que acompañan a nuestros exportadores y a nuestros
inversores en el extranjero. Ese tipo de exportaciones, que, como digo,
son servicios profesionales de apoyo a la exportación, son empresas de
consultoría, ingenierías, la banca, los seguros, abogados, etcétera,
están generando más del 50 % de los ingresos por servicios de este país.
España está ganando cuota de mercado mundial también en el mundo de los
servicios, y hoy tenemos una cuota de mercado del 2,6 %. Y no todos los
países ganan, sino que también somos de los pocos países que ganan cuota
de mercado en este ámbito.
Respondiendo al portavoz de Ciudadanos, le diré que la estructura que
tenemos la cambiamos en mayo de 2018. Es cierto que a lo mejor, cuando
usted ve que hay una subdirección que lleva Europa, Asia y Oceanía, esta
lleva Europa, pero no la Unión Europea, sino todos los demás países.
¿Dónde ponemos la frontera de Europa? El otro día me decía el embajador
de Azerbaijan que ellos eran Europa. Por tanto, a veces tenemos el
problema de dónde ponemos el límite de Europa, si en los Urales o si lo
trasladamos, pero podemos decir que esa subdirección lleva Europa, no la
Unión Europea, sino, como digo, todos los países que no son de la Unión
Europea, y fundamentalmente Asia -que es donde está creciendo sobre todo
esta cuestión- y Oceanía.
Por tanto, hemos cambiado la estructura, y de ahí los cambios de los
programas que decía usted. Hemos cambiado los programas porque entendemos
que con la digitalización hoy cada vez hay menos barrera entre comercio
exterior y comercio interior. Hoy en ventas online hay muchas empresas
teóricamente de comercio local, de comercio doméstico, que están
exportando. Por ejemplo, el tercer mayor marketplace de este país es El
Corte Inglés, que todo el mundo lo consideraría como una empresa local,
una empresa que vende en comercio local. Pues bien, esta empresa está
exportando a través de su marketplace. Por eso, entendemos que la
economía digital tiene que llevar a nuevos paradigmas, a una nueva forma
de concepción, y hemos hecho una adaptación de nuestra estructura
intentando adaptarnos a la economía digital y trabajando el mundo de las
ventas online sin preguntarnos si es para vender aquí o para vender allí.
Una pequeña tienda de cualquier barrio de nuestra ciudad que reciba
turistas puede perfectamente seguir vendiendo cuando el turista vuelve a
su casa y quiere seguir consumiendo ese producto español que ha consumido
en nuestro país. De ahí el cambio de estructura, a la que hemos adaptado
los programas.
La señora Botella me preguntaba si la red exterior es adecuada. Tenemos
noventa y ocho oficinas en el extranjero y estamos realizando un
redespliegue de personal, redespliegue que debido a la situación
presupuestaria, que no es la que nos gustaría, y a que a causa de la
crisis y de los ajustes del presupuesto hemos tenido que ganar en
eficiencia de nuestra red, hoy tenemos, como digo, noventa y ocho
oficinas y estamos haciendo despliegue de personal -sin apertura de
oficinas- hasta que veamos una especie de avanzadilla, hasta que veamos
que en esos países donde nos estamos redesplegando haya muchas empresas
en esos nuevos mercados. Por tanto, cuando veamos por cifra de negocios
que esos mercados están tomando mucho más potencial, pasaremos a abrir
oficina. Por tanto, respecto a estas noventa y ocho oficinas en el
extranjero, más las direcciones territoriales que tenemos en España, el
ICEX y los servicios centrales, conectados todos como una sola red, lo
que hemos hecho a lo largo de estos años de crisis donde no podíamos
crecer en presupuesto ha sido exigirles que hicieran más con menos
presupuesto pero con mayor eficiencia. ¿En qué basamos esa mayor
eficiencia? Por una parte, en el mejor uso de los recursos humanos y en
el mejor uso de los medios a disposición de los recursos humanos, pero
sobre todo hemos puesto a disposición de toda esta red un sistema que
llamamos CRM o digitalización de la propia red. En estos momentos, toda
la red está conectada a través de este sistema CRM, de tal manera que
cualquier empresa, entre por la oficina que entre de la Secretaría de
Estado de Comercio, bien sea en Singapur, bien sea en Valencia, bien sea
en el ICEX en Madrid o bien sea en servicios centrales, quede
perfectamente identificada y localizada y cualquier operario de la red
pueda ver todo el historial de esa empresa en cualquiera de los mercados
por los que haya entrado y que nosotros hayamos atendido.
Evidentemente, en este país tenemos 3 millones de empresas, pero que hoy
por hoy se dediquen al comercio exterior tenemos unas 200 000. De ellas,
161 000 están ya exportando, pero si metemos a todo nuestro comercio
minorista a exportar, a vender de vez en cuando fuera, podríamos incluso
superar esa cifra de las 200 000. Hoy tenemos 161 000 empresas exportando
-eran 139 000 al inicio de la crisis, con lo cual esta cuestión ha
crecido de manera importante- y tenemos más de 50 000 exportando ya
regularmente. En concreto, casi un tercio de las que exportan
regularmente -exactamente un 32 % de de las 50 500 empresas que exportan
regularmente- exportan el 95 % del total del valor. ¿Qué quiere decir
eso? Que evidentemente tenemos grandes empresas, entre ellas las
multinacionales que son parte de las principales exportadoras de este
país, cuyo monto es muy importante, cosa que a mí no me importa, porque,
puesto que nuestro tejido empresarial es de pequeña empresa, en la medida
en que esas pequeñas empresas empiecen con pequeñas exportaciones, esas
pequeñas exportaciones les ayudarán a ir creciendo y acabarán teniendo
una cifra de exportación más importante.
Uno de los objetivos de la estrategia no solamente es ganar en eficiencia,
sino también en mayor coordinación institucional. Nos coordinamos con las
comunidades autónomas y para eso tenemos la
conferencia sectorial -la tendremos dentro de unos días-, donde
coordinamos nuestros programas mutuos para ver qué más cosas podemos
hacer en común. En ese sentido, a lo largo de estos años, a muchas de las
oficinas comerciales de las comunidades autónomas se les ha ofrecido
ubicarse dentro de la oficina comercial de la embajada de España y lo han
aceptado; allí compartimos espacios, experiencias y clientes. Esto
también lo hemos hecho con otras instituciones tanto del ministerio como
de fuera, como pueden ser el ICEX y el CDTI, los cuales trabajan hoy en
día mucho mejor conjuntamente. Afortunadamente, tuve la suerte de ser la
presidenta del CDTI hace unos años y en ese sentido impulsé una mayor
conexión del CDTI con el ICEX y, gracias a ello, el departamento de
productos tecnológicos ha crecido en clientes, entrando en tecnologías
que hasta ese momento no eran clientes del ICEX, como puede ser la
industria de la ciencia. Todas las plataformas tecnológicas, que eran los
clientes habituales del CDTI, hoy son ya también clientes habituales del
ICEX y están trabajando de manera intensa. Asimismo, la mayor parte de
los delegados y los becarios del CDTI hoy están también ubicados en las
oficinas comerciales. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir ahondando
en esa coordinación institucional con los distintos agentes que estén en
la internacionalización, por ejemplo, también con el Ministerio de
Fomento, que ha creado un observatorio para llevar mejor a las empresas
del sector, no solamente a sus empresas sino también a las que acompañan
a las empresas del Ministerio de Fomento para su internacionalización.
Nosotros formamos parte de su estrategia, la hemos compartido y estamos
dentro de ese observatorio.
La composición de nuestra exportación es un tema que recuerdo que ya
debatí el año pasado con el señor Guijarro. La composición de la
exportación cada vez es más tecnológica en nuestro país. Los sectores de
tecnología alta y media alta hoy son ya el 54 % de nuestra exportación y
los sectores de tecnología media baja y baja, el 46 %, y ha ido creciendo
a lo largo de los años. Una de las cosas que tenemos que hacer es seguir
impulsando, por ejemplo -lo comentaba el portavoz del Grupo Popular-, el
sector de bienes de equipo, que es el principal sector exportador de este
país, así como el sector de componentes de automoción, que tiene mucha
tecnología incorporada, incluso el sector agroalimentario, que era
moderadamente innovador hace unos años, pero durante la crisis se ha
equipado tecnológicamente y hoy los estamos viendo exportar en muchos
países con productos más tecnológicos. Precisamente en Alimentaria, que
está teniendo lugar en Barcelona en estos momentos, se pueden ver algunos
de los desarrollos tecnológicos tanto en procesos como en productos de
este sector. Desde luego toda la estrategia está focalizada en ese
objetivo.
Una de las cosas a las que damos mucha importancia es la formación de
recursos humanos y precisamente por ello las becas ICEX son para nosotros
un programa no solamente estrella: durante cuarenta y dos años se lleva
mejorando la excelencia de este programa que ha puesto ya en el mercado a
más de 6000 personas formadas en internacionalización. La señora Botella
me preguntaba cómo vamos a seguir incrementando este programa. En el año
2016 hubo 235 becas; en el año 2017, 260 y en el año 2018 van a ser 285
becas, y se sigue creciendo, pero no solamente en número sino en
exigencia de la formación. Este es el primer año en que la primera fase
de la beca es una formación que tiene el reconocimiento académico MBA; la
mayor parte de la formación se da ya en inglés a los que participan en
estas becas y además se les está dando formación en digitalización, en
cómo vender en los nuevos canales, cómo hacer marketing en la economía
digital. Por tanto, crecemos en número, en presupuesto -nos gastamos en
las becas más de 11 millones de euros- y en exigencia en cuanto al
programa de formación. Como he dicho, estamos creando nuevos destinos de
nuestra red de oficinas: Nueva Zelanda, Bangladesh, Addis Abeba, donde
vemos que están yendo nuestras empresas de manera importante. Cuando
podamos, también queremos abrir oficinas en Hangzhou -es una ciudad muy
potente de China-, así como en Houston, en Estados Unidos, porque vemos
que podría ser muy interesante. Hoy por hoy no lo hacemos porque están
cubiertas por otras oficinas, pero en el momento en que podamos sería
nuestro siguiente objetivo.
Desde luego, no hay atonía de demanda interna ni muchísimo menos porque,
cuando estamos viendo la evolución del PIB, la demanda interna
afortunadamente, una vez que se ha recuperado, no está detrayendo a
nuestros exportadores hacia el mercado interior, sino que están creciendo
a la vez la demanda interna y la demanda externa. Desde el año 2015 hasta
el año pasado está creciendo la demanda interna, es decir, el PIB crece
con cantidades cercanas al 3,1 % y el resto es el tirón de la demanda
externa. Como digo, no vemos, como ha pasado en otras crisis, que, una
vez que la demanda interna vuelve a tirar, nuestras empresas vuelvan a
casa y abandonen a sus clientes exteriores; hoy no lo estamos viendo,
sino que en ambos casos demanda interna y demanda externa siguen
creciendo. Pero, ojo, en el mercado exterior hay muchos agentes en estos
momentos, muchos países jugando en el
comercio mundial, pero somos de los pocos que mantienen cuota -hemos ido
creciendo en estos años- y somos uno de los cinco países, de entre los
veinte, que mantiene o crece en cuota de mercado mundial.
Como he dicho, el sector servicios también es muy importante en nuestra
internacionalización, sobre todo porque más del 50 % son servicios no
turísticos. No despreciamos para nada los ingresos por turismo porque,
como ya comenté el año pasado, este sector es a nuestra economía tan
potente como el sector del petróleo a un país como Noruega. Por tanto,
olé el sector turístico. Tenemos que tener a nuestra gente cada vez más
preparada en él, que es uno de los sectores que más rápidamente se ha
digitalizado. El sector comercio, junto con la banca, es otros de los
sectores donde la digitalización está entrando con fuerza. ¿Qué quiere
decir eso? Que esa digitalización forma parte de la estrategia de
comercio exterior y de comercio interior y, por eso, nosotros la estamos
apoyando a través de las comunidades autónomas, porque nuestros
presupuestos de apoyo al comercio minorista los hacemos a través de la
Cámara de Comercio, que apoya a las comunidades autónomas. Estamos
coordinando con ella la estrategia de digitalización con las comunidades
autónomas. Creo que hoy los discursos o los debates sobre horarios, sobre
si abrimos o no los fines de semana, cuando estamos hablando de que hoy
se puede comprar en cualquier momento y lugar, tienen que estar
superados. Tenemos que tener abierto el comercio, pero eso no quiere
decir que sea físicamente, sino que podemos tener nuestra tienda física
cerrada pero abierta en digital y se puede seguir comprando. Realmente,
vemos que el crecimiento del comercio online está creciendo a dos
dígitos, el 26 %, mientras que -lo decía antes- el comercio en físico,
las ventas minoristas, ha crecido un 1,2 %. Además, cuando vemos la
evolución de los establecimientos en físico, aquellas comunidades que son
más defensoras de los horarios, de no abrir en domingos, son aquellas que
están viendo perder más establecimientos físicos. Por tanto, tenemos que
reforzar nuestros establecimientos físicos ayudándolos a meterse en
tecnologías digitales.
El empleo en el comercio no es un empleo de segunda, de verdad que no.
Tenemos que hacer que el empleo en el comercio sea muy potente. Nuestros
comerciantes, apostando por la digitalización, están apostando por el
relevo generacional y por la distribución geográfica, porque las personas
no van a necesitar vivir en las grandes ciudades para tener acceso a las
mismas cosas que tenemos en las ciudades. Es una forma de enraizar a la
población en sus territorios si conseguimos que la mayor parte del
comercio, incluso la pequeña tienda, se meta en marketplace, tenga la
página web y pueda vender en digital. Esa es una de nuestras estrategias.
Para eso necesitamos formar a los recursos humanos, necesitamos que las
personas que trabajan en el comercio minorista, así como las que trabajan
en comercio exterior, estén muy formadas. A eso dedicamos otra parte de
nuestra estrategia, tanto de comercio minorista como de comercio
internacional, a formar los recursos humanos, porque tenemos que seguir
apostando por ello y ganar en competitividad.
Lo decía el portavoz de Ciudadanos y es cierto, a lo largo del año pasado
el índice de tendencia de competitividad ha empeorado con respecto a los
países de la OCDE, pero eso ha sido precisamente por la reevaluación del
euro con respecto a sus monedas. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, cuando
miramos con respecto a los países no euro. Se ha producido, por la
devaluación de la libra, un empeoramiento de nuestro índice de
competitividad. Sin embargo con aquellos países con los que tenemos la
misma moneda, como es la zona euro, gracias a una mejora de los costes
laborales unitarios, hoy en día hemos visto que vamos parejos en los
costes laborales unitarios, la gráfica va absolutamente alineada con el
resto de los países de la Unión Europea, y puesto que no tenemos
problemas de devaluaciones porque tenemos la misma moneda, ahí es donde
vemos que vamos más o menos. Algún trimestre ha habido un empeoramiento,
pero ha sido por los precios del petróleo, pero luego más o menos se ha
ido ajustando, con lo cual nuestro índice de competitividad va ajustado
con la zona euro, con nuestros principales socios, pero además con
nuestros principales competidores en los mercados, qué duda cabe, y ha
empeorado algo con aquellos con los que hemos tenido un problema de
reevaluación del euro con respecto a sus monedas. Qué duda cabe que con
esta estructura que hoy tenemos, al no tener comercio interior y comercio
exterior, sino que hoy el comercio es conjunto, podemos abordar mejor los
retos del comercio en su conjunto a futuro.
La digitalización como he dicho es muy importante. Me preguntaba la
portavoz del PNV por garantías hacia las pymes, y he de decir que hemos
reforzado a lo largo de 2017, y lo vamos a seguir haciendo en 2018, todas
las líneas de apoyo a las pymes, tanto en el ámbito FIEM como en el
ámbito de Cofides como el ámbito de Cesce. Estamos reforzando la línea de
garantías de Cesce para apoyar a las pymes para que puedan dar avales,
fianzas y refianzas. Me preguntaban por ejecución de FIEX, Fonpyme y
FIEM. Verán que la ejecución el año pasado fue cero porque no la
necesitamos, porque tenemos ya un
capital que es revolving, es decir, a medida que nos van devolviendo los
créditos que dimos en años anteriores, junto con los intereses que se han
generado, nos permiten volver a dar crédito sin necesidad de tirar de
partidas presupuestarias adicionales. Siempre las ponemos por si acaso en
un momento determinado pudiera haber alguna situación excepcional, pero
realmente el sistema ya se autosostiene. Por ello cada vez que se
aprueban en comisión delegada proyectos, siempre decimos que no genera
déficit, porque no necesitamos tirar de presupuesto. Yo creo que con esto
estamos consolidando nuestra red, estamos consolidando a nuestras
empresas.
Preguntaba la portavoz del PNV por la Ley de Mercado. La sentencia del
tribunal no nos ha afectado porque tenemos nuestra propia ley que rige el
comercio minorista, que es la Ley de Ordenación del Comercio Minorista,
la que llamamos la Lorcomin. Por tanto no se ha visto afectado.
El señor PRESIDENTE: Si pudiese ir concluyendo, porque tenemos ahora
Pleno.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (Poncela García): Yo creo que
con esto he respondido más o menos en su conjunto a todas las preguntas
que me han ido haciendo todos los portavoces, y si alguna hubiera dejado
de responder, lo haríamos por escrito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Poncela, por su comparecencia.
Se suspende la sesión y se reanudará a las diecisiete horas. Ahora mismo,
como todos ustedes saben, tenemos un Pleno que comienza en los próximos
minutos.
Muchas gracias.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cinco de la tarde.
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
(GONZÁLEZ-PANIZO TAMARGO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número de expediente
212/001339); SOCIALISTA (número de expediente 212/001271) Y POPULAR EN EL
CONGRESO (número de expediente 212/001541).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión con la
comparecencia del señor subsecretario de Economía. Tal y como se ha
acordado en la propia Comisión, en las comparecencias de los señores
subsecretarios se procede directamente por parte de los grupos
parlamentarios a formular, por un tiempo máximo de diez minutos, las
cuestiones que les parezcan oportunas a los altos cargos que comparecen.
En primer término, tiene la palabra la señora Botella, del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor subsecretario del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Un año más nos vemos en esta casa y en las mismas
circunstancias de repaso de los Presupuestos Generales del Estado.
Estudiado con atención el presupuesto de este departamento del Ministerio
de Economía resulta, en una primera impresión, un presupuesto
continuista, y si se me permite un presupuesto plano para la sección 27 y
apenas hay más de lo mismo; en realidad, es lo mismo de lo mismo que el
año pasado y el anterior. Es ciertamente un panorama desolador para unas
expectativas que desde luego nos hubiera gustado que se hubieran
cumplido, habida cuenta de que se trata de un ministerio que, como ha
sido descrito por el propio Gobierno, es horizontal, un ministerio que se
ocupa del conjunto de la competitividad de la economía española. Por
tanto si con los mimbres que recibe cree que va a poder irradiar a la
competitividad de la economía española sería más que milagroso, porque
creemos que tiene unos presupuestos muy ajustados.
Voy a hacer un pequeño repaso de las cifras y contrastarlas con usted a
ver si se corresponden en este baile de sumas que hemos seguido. Una
primera cuestión que nos sorprende es que, tras la remodelación y la
llegada del nuevo ministro -que es cierto que habló de continuidad sin
continuismo, es decir, quitándole la parte más peyorativa del término-,
sigan manteniendo la arquitectura institucional y la verdad es que no lo
vemos un modelo a seguir, porque seguimos reivindicando la oportunidad de
que
la Oficina Española de Patentes y Marcas -que fue con lo que arrancamos el
año pasado y volvemos a repetir- vuelva a esta casa, vuelva al Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad y vuelva de la mano de la
industria, vuelva al lado de sección de la industria. Ayer durante la
comparecencia tuvimos ocasión de decirlo, haciendo mucho hincapié en que
la marcha de la oficina no tiene ninguna sintonía, no aporta ni a la
energía ni al turismo ni a lo digital, más allá de que sea la herramienta
a través de la que se comunican -y sinceramente suena a broma-, pero sí
que es verdad que promueve la generación de conocimiento protegible y la
mayor parte, la principal fuente del conocimiento patentable radica en
industria. Nosotros queremos reivindicar -no sé si usted podrá
comentarnos algo al respecto- la posibilidad de que se pueda volver a
trasladar, antes de que acabe la legislatura, a casa.
En cuanto a la distribución de las secretarías ahora que estamos también
trabajando -de hecho soy portavoz de Industria por parte de mi grupo- tan
intensamente por ese plan de reindustrialización de la economía española,
llama la atención que el Gobierno le preste tan poca atención en la
estructura organizativa del ministerio. Hay muchas formas de hacerlo, y
en este caso ha optado por la menos bonita, por lo menos para la propia
Secretaría General de Industria, porque tenemos diferentes secretarías de
Estado y luego la industria cae en el organigrama como Secretaría
General. Impulsar desde ahí, desde esa posición una política industrial y
convencer al resto de interlocutores de los agentes económicos de que la
industria es muy importante, creo que está costando un cierto trabajo, y
más cuando lo que se está intentando lograr es un pacto de Estado con
capacidades de interlocución con todos los agentes económicos y sociales.
Creemos que no se le está dando el peso político que corresponde para
poder hacer esa tarea, que por otra parte es importante en la economía
española.
Haciendo un breve resumen de los créditos del ministerio vemos que suponen
un ligero aumento de un 3,4 %, y vienen a suponer unos 259 millones de
euros adicionales -menos da una piedra-, si bien hemos tenido
decrecimientos pero, en fin, para un ministerio de este nivel tampoco
parece que sea un gran crecimiento. Haciendo un seguimiento de las
diferentes partidas, tanto en transferencias corrientes como en capital,
la verdad es que yo he ido señalando en amarillo lo que se mantiene y en
verde lo que aumenta un poco, y casi todo está en amarillo. La verdad es
que sería una lectura un poco exhaustiva, pero la mayor parte de las
transferencias corrientes, tanto al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas como al Instituto de Comercio Exterior, al ICEX y al CDTI, la
mayor parte son partidas que con unos mínimos ajustes, bien sea en la
parte transferencias corrientes o de capital, y la impresión que tenemos,
salvo que usted nos pueda abrir luz con una buena noticia, es que
prácticamente no hay mucha variación.
Sí que hemos notado que el ICEX quizá y el CDTI tienen algunas partidas
específicas sobre las que si usted tiene datos concretos nos gustaría que
nos lo comentara. Son organismos que nos interesa seguir especialmente
porque creo que -lo ha dicho la propia secretaria de Estado de Comercio
esta mañana en su comparecencia- por separado tienen una funcionalidad
muy potente, pero que unidos pueden hacer un gran papel en la
internacionalización de la industria y de la I+D española.
Respecto de las aportaciones me gustaría también que nos informara sobre
las aportaciones a los fondos financieros que tiene el ministerio, sobre
qué variaciones han sufrido y cuál es el funcionamiento exacto que
tienen, si no se gastan estos créditos financieros, ya que también se ha
producido polémica en relación a la I+D, y tampoco sé si en comercio hay
fondos financieros que estén sujetos a las mismas características, por lo
que nos gustaría tener alguna información más específica.
Respecto de los organismos autónomos hemos sacado aquí un cuadro, y
realmente es un ministerio que tiene un cuadro de organismos en su órbita
de actuación bastante importante. Me gustaría que me dijera si hay alguno
que recibe partidas presupuestarias destacables o más o menos todos
siguen en la misma tónica de los años anteriores. Aunque luego se puedan
ver en los departamentos correspondientes de I+D o el viernes en la
Comisión de Industria, la subsecretaría tiene una visión más de conjunto
y dentro de los de carácter general nos interesa mucho el CDTI, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el ICEX -que hemos visto
esta mañana que no ha recibido mucho más- y el ICO. ¿En esos organismos
hay alguna peculiaridad que usted pueda comentarnos?
En cuanto al contraste entre la Agencia Estatal de Investigación y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas me gustaría que nos
pudiese aclarar si los fondos financieros tienen todos los mismos
orígenes, porque tememos que el aumento de uno pueda ir en detrimento de
otro, o bien no tienen ningún tipo de vaso comunicante y la opción
política de apoyar a uno no condiciona al otro en cuanto al origen de
fondos o si comparte aplicaciones de partidas que vengan de la Unión
Europea.
En grandes líneas estas serían las principales cuestiones que hemos visto.
Si hay alguna cuestión que considera que hay que resaltar, sobre todo de
las ventajas, le rogaría que lo hiciera. Ya a lo largo del tiempo iremos
viendo cuáles pueden ser las dificultades, pero si considera que en el
presupuesto hay algún incremento o algún reforzamiento de estas partidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidente.
Señor subsecretario, seré muy breve porque así igual podemos cenar esta
noche en algún momento en vez de tener comparecencias a altas horas.
En primer lugar, nos gustaría que su ministerio tuviera más recursos. En
este contexto de necesidad de un cambio del modelo productivo -que sigue
siendo una constante, porque la mayor parte de los motores que tiran de
la economía siguen siendo los mismos- nos gustaría que su ministerio
tuviera una mayor capacidad presupuestaria y un mayor grado de ejecución
presupuestaria; y después hablaremos de eso. También nos gustaría que la
estructura del ministerio fuera distinta, y como ha dicho el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, se le diera un peso mayor a la industria.
En el contexto de desindustrialización relativa de la economía española
que se ha producido en los últimos años sería una buena señal para los
agentes productivos, y en concreto para el sector industrial, que se
lanzaran mensajes claros y se le destinaran recursos. Nos gustaría que,
además de esos recursos, el ministerio actuara como un motor de
transformación de la economía. Nos parece que casi la mitad de las
partidas presupuestarias que se asignan, por ejemplo, a industria y
energía se van a financiar al sistema eléctrico y hay cosas que no tienen
sentido en absoluto. Son partidas que alimentan las cuentas de beneficios
de algunos sectores concretos sobre los cuales hay consenso generalizado
de su naturaleza oligopólica, su excesiva capacidad de captación de
rentas y sus beneficios espurios, y habría muchas cosas que corregir por
ese lado. Luego hay un elemento que nos parece fundamental. No entendemos
por qué -igual nos lo puede explicar usted- se sigue insistiendo en la
instrumentalización de las partidas de I+D+i a través de activos
financieros, créditos y otro tipo de mecanismos financieros cuando el
grado de ejecución final es tan bajo. Por ejemplo, en I+D+i el año pasado
se tuvo el grado de ejecución más bajo desde el año 2000. Se podía haber
hecho una reflexión sobre qué está pasando con la canalización de los
recursos y de la inversión hacia el I+D+i hacia el sector privado y por
qué no acaban asumiéndolo. El ministro en su comparecencia aludió a esos
problemas, pero no se han resuelto -al menos por lo que aquí aparece-
porque se sigue insistiendo en la misma política; no solo es continuista,
sino que además reviste continuidad. Eso ocurre también en la partida de
investigación y desarrollo tecnológico e industrial.
En definitiva -y con esto termino- insisto en que nos gustaría que hubiera
más recursos, y sobre todo un papel más activo del ministerio. Creemos
que en España el Estado a través de los ministerios y de las competencias
que tienen debería ser un motor de cambio que estamos desaprovechando,
sobre todo porque lamentablemente su ministerio no tiene los recursos que
creemos que debería tener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la
señora Faba.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, subsecretario. Agradecemos su comparecencia.
En 2017 hemos cumplido con un ambicioso objetivo de déficit, pasando del
4,5 % al 3,1 %, y su partido y el nuestro, como principales impulsores de
los Presupuestos Generales del Estado de 2017, creo que podemos
felicitarnos por ello. No obstante eso no siempre ha sido así. Coincidirá
conmigo en que en 2015 adelantar una rebaja fiscal antes de unas
elecciones disparó nuestro déficit al 5,2 % y causó un agujero de casi 10
000 millones, por el que casi nos multa la Unión Europea. ¿No es así? ¿A
qué atribuye usted que ahora sí estemos cumpliendo con los objetivos de
déficit? Es innegable que existe un entorno macroeconómico muy favorable,
y este Congreso y sus grupos parlamentarios podemos aprobar unos
fantásticos presupuestos, pero luego hay que llevar las políticas a la
práctica y a eso es a lo que me gustaría dirigir mis preguntas. Creo que
hay un profundo malestar por la inacción del Gobierno con la
técnica característica de su presidente de dejar las cosas dormir, de
esperar, de dejar que las cosas se arreglen por sí solas, de no reformar
nada si no es absolutamente imprescindible, y quizá tampoco entonces,
como diría él. En este sentido no es de extrañar que España sea con
diferencia el país que más multas recibe de Europa por no trasponer o no
trasponer bien la normativa europea, es decir, por inacción cuando hay
mucho que hacer. Por eso mi primera pregunta es cuáles son las
prioridades y objetivos de su área para 2018 con estos Presupuestos
Generales del Estado.
Estos presupuestos tienen un claro protagonismo social, pero también
contienen una importante subida del 7,2 % de los fondos destinados a
actuaciones de carácter económico hasta los 29 650 millones. Cabe
destacar la dotación para las políticas de industria y energía, que
aumentan un 6,2 % hasta los 5768 millones; comercio, turismo y pymes, un
2,8 % hasta casi 900 millones; investigación, desarrollo e innovación,
que suben un 8,3 % hasta los 7000 millones; y otras actuaciones de
carácter económico, que suben un 15,6 % hasta los 642 millones. Por
programas concretos que gestiona su ministerio tenemos el 422.M,
reconversión y reindustrialización, con 871 millones; el 431.A, promoción
comercial e internacionalización de la empresa, con 400 millones; el
433.M, apoyo a la pequeña y mediana empresa, con 145 millones; el 463.B,
fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, con 2339
millones; y el 467.C, investigación y desarrollo tecnológico e
industrial, con 1455 millones. Eso estaría muy bien si se ejecutasen al
cien por cien. Me gustaría que me explicase por qué su Gobierno tiene
unas ratios de ejecución de estos programas tan bajas. Como le decía no
es solo un problema de ejecución, sino de parálisis total. La Agenda para
el Fortalecimiento del Sector Industrial en España fue aprobada por el
Consejo de Ministros el 11 de julio de 2014, presentada públicamente en
septiembre de 2014, y desde entonces solo hay un informe anual de
seguimiento para 2015. Estamos en 2018. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde
estamos en cuanto a esta agenda de política industrial? ¿Cuántas
actuaciones se han llevado a cabo de las 97 propuestas?
En Ciudadanos hemos propuesto que la Red Cervera con un presupuesto de más
de 500 millones de euros pueda ser utilizada para llevar el I+D a las
pymes, aumentando la colaboración universidad-empresa. ¿Qué avances ha
habido en este campo? También creemos que una manera para salvar los
problemas de ejecución presupuestaria y la limitada capacidad de
absorción de fondos en algunos sectores podría venir de la mano de fondos
de match funding, donde la Administración se limita a igualar una
aportación de un agente privado que asume riesgos. ¿Qué avances hay en
estos fondos y qué logros hay en el campo del fomento del emprendimiento?
España tiene un objetivo 2020 en materia industrial, que es aumentar el
peso de la industria en nuestra economía hasta el 20 % del PIB. Esto
contrasta con las quejas del sector de que hay multitud de polígonos
industriales sin una conexión a Internet de calidad. La economía 4.0 está
ya aquí y no parece que España ni su política industrial vayan a coger el
tren de la robótica, la inteligencia artificial, el vehículo eléctrico o
la ciberdefensa. ¿Puede decirme usted algún avance destacable que hayan
logrado en este sentido en nuestro país?
Por último, me gustaría insistir en mi incredulidad respecto a que el
Partido Socialista vaya a votar en contra de unos Presupuestos Generales
del Estado que incorporan una bajada de impuestos para 3 millones de
trabajadores con las rentas más bajas; unos presupuestos con más de 500
millones para la equiparación salarial de nuestros policías y guardias
civiles; unos presupuestos con importantísimas medidas para la igualdad
entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida familiar y laboral;
unos presupuestos con la puesta en marcha de una ayuda naranja para 600
000 jóvenes con empleo precario; unos presupuestos con subidas en las
pensiones de casi 7 millones de pensionistas; unos presupuestos que no
solo elevan el gasto social a un nivel récord sino que además acaban con
los recortes en sanidad, educación y dependencia, y cumplen con el
objetivo del déficit. Como hemos visto aquí, aumentan en más del 7 % los
fondos para invertir en la economía del futuro. Como le decía, insisto en
mi incredulidad respecto a que el Partido Socialista vaya a votar en
contra de estos Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Faba.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, tiene
la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.
Agradezco al subsecretario de Economía, Industria y Competitividad su
presencia aquí. Le quería hacer una pregunta muy breve y, en todo caso,
más de futuro que relacionada con el tema de presupuestos. Oigo algunas
intervenciones y, claro, aquí tenemos un problema, porque los portavoces
de algunos grupos van cambiando, van repitiendo el mismo argumento y los
que estamos siempre parece que nos
repetimos porque tenemos que contraargumentar constantemente. Eso sí, hay
un denominador común, que es el disco solicitado al Partido Socialista:
dame algo para aprobar los presupuestos. Eso lo repiten absolutamente
todos. La portavoz de Ciudadanos le dice al señor subsecretario: Oiga,
que desde que estamos nosotros aquí cumplimos los objetivos de déficit;
antes ustedes no se aclaraban, pero ahora que estamos aquí, nosotros
aprobamos los presupuestos y cumplimos los objetivos de déficit. Pues no,
ni antes ni ahora, porque aquí están aprobando ustedes el presupuesto de
la Administración central. ¿Es verdad o no? Verdad. Están aprobando el
presupuesto de la Seguridad Social. ¿Es verdad o no? Verdad. Repasemos,
presupuesto naranja-azul del año 2017. Administración central, objetivo
de déficit: 1,10 % del PIB; realidad, 1,90 %, es decir, una desviación de
nada, de un 72 % solo. Seguridad Social: objetivo de déficit, 1,40;
realidad, 1,48. Aquí sí que la desviación solo ha sido de un 5,70 %. Si
hubieran estado esta mañana en la comparecencia del presidente de la
Airef, habrían visto cómo de forma elegante pero contundente les ha dicho
que la Administración central no va a cumplir con el objetivo de déficit
del presupuesto naranja-azul 2018 que ustedes aprueban hoy aquí. Ustedes
están aprobando un presupuesto con un déficit del 0,7 %, y el presidente
de la Airef dice: si les sale todo, todo, todo bien, ustedes van a tener
una desviación del 57 % y si las cosas no les salen bien, van a tener una
desviación del 85 %. Por tanto, no vengan aquí diciendo que estos
presupuestos van a cumplir los objetivos de déficit. Ni por mucho que se
esfuerce el Gobierno va a poder cumplir el objetivo de déficit de la
Administración central. Eso pasó el año pasado, el anterior, el anterior
y el anterior. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos años, cuando se han
cumplido a nivel global? Primero, que las comunidades autónomas han
cumplido, cosa que hasta ahora no habían hecho, y segundo, que la
Administración local está teniendo un superávit aproximadamente 2 décimas
más elevado que lo que tenía. Por tanto, no insistan en que gracias a la
aportación... (Rumores). Sí, le estoy enmendando la plana al
compareciente porque ustedes dicen: Antes no cumplían; ahora sí que
cumplen. Pues ni antes ni ahora cumplen. En todo caso, las aportaciones
naranjas habrá que verlas y habrá que cuantificarlas, pero la realidad es
esta.
Señor subsecretario, entiendo que el cambio en el ministerio por parte del
ministro ha sido cuando ustedes debían tener medio dibujados los
presupuestos. Entiendo también que no pueden hacer ahora un cambio en la
estructura del ministerio porque, como ha visto, no genera mucho
consenso. Nosotros también tenemos alguna discrepancia. Mi pregunta
sería, más allá de la aprobación del presupuesto tal y como lo tienen,
¿tienen previsto el ministro y usted, como máximo responsable técnico,
hacer algún cambio en el organigrama del ministerio a lo largo de los
próximos meses?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel, por sus explicaciones.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, la señora
Cotelo.
La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, presidente. Buenas tarde.
Bienvenido, subsecretario. Yo sí que voy a extenderme un poco en la
intervención, porque parece que los demás están ya un poco cansados.
(Rumores). Mis diez minutos, no me voy a extender más; no quiero asustar
a nadie. Después de todo lo que he oído, de todos los adjetivos
calificativos tan bonitos de plano, continuista, desolador, milagroso,
etcétera, lo primero que quiero hacer es contextualizar un poco. Estoy
convencida de que el subsecretario conoce de sobra la situación, pero
parece que algunos viven una realidad paralela, en algún 'matrix' o no sé
dónde, porque resulta que solo los que tenemos memoria y sabemos de dónde
venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos somos los miembros del Partido
Popular. Voy a empezar refiriéndome a hace un año. Hace un año estábamos
hablando en estas mismas comparecencias de recuperación de la economía
española, y hablábamos de un crecimiento de España de en torno al 2,5 y
de una creación de empleo de unas 400 000 personas. Este año,
afortunadamente -y digo afortunadamente, aunque parece que solo nos
alegramos las personas del Partido Popular- no es que se hayan cumplido
las previsiones, es que se han superado. Hay un crecimiento de un 3,1 % y
se han creado más de 400 000 puestos de trabajo, en concreto 600 000. Y
no es que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga la bola de cristal ni los
vientos de cola, que tanto les gusta a algunos decirnos que tenemos, ni
la suerte loca -porque si no, hubiésemos comprado lotería-, sino que,
gracias a la política que se está llevando a cabo y al sacrificio de
todos los españoles, se han producido cambios en la situación. Se ha
cambiado de una situación de recesión a la recuperación, de una
destrucción de empleo a una generación de puestos de trabajo. También
hace un año se confiaba en poder recuperar toda la riqueza que se había
destruido antes de la crisis, y podemos afirmar que no solamente es que
se haya recuperado, sino que hemos subido la recaudación fiscal y se han
recuperado las dos terceras partes del empleo perdido. En
contra de lo que algunos venden o quieren vender -no sé qué forma de
vender la burra es esa, como se dice en La Rioja-, vamos camino de la
recuperación estable, con una previsión de un 2,7 % para 2018. Les voy a
dar rápidamente algunos datos que parece que no tienen en la memoria, que
no son nuestros, sino que son indicadores oficiales. Es el cuarto año
consecutivo de creación de empleo, más de medio millón de personas.
Estamos cerca de conseguir 19 millones de personas ocupadas, cerca del
objetivo que debería ser de todos, que es tener 20 millones de personas
empleadas en el año 2020. Hay más mujeres que nunca trabajando, ya que
nos gusta tanto hablar de las mujeres. El empleo entre los jóvenes crece
al doble de la velocidad que el nacional. Llevamos cuatro años liderando
la reducción de empleo, cuarenta y ocho meses seguidos de contratación
indefinida, nivel de empleo indefinido, más de medio millón de personas
que estaban en situación de paro de larga duración han encontrado un
empleo. O sea, lo que les decía de la perspectiva.
Ahora me remonto un poquito más atrás. En el año 2008 empezó una larga
crisis. España padeció cinco años de larga crisis, 2009-2013, que se dice
pronto; cinco años de crisis. Habíamos perdido la décima parte de la
riqueza y habíamos perdido también 3 millones de puestos de trabajo.
Llegamos a un paro del 26 %, que se dice pronto, y hemos llegado a tener
hasta 6 millones de personas en desempleo. Como decía, gracias al
sacrificio de todos los españoles y a un Gobierno, a finales de 2011, del
Partido Popular -lo recuerdo una vez más, es el Partido Popular el que
llega al Gobierno para la recuperación-, se toman tres decisiones y se
adoptan tres políticas: en primer lugar, recuperar la estabilidad
presupuestaria -les recuerdo que la prima la tuvimos en 639 puntos y
ahora está a menos de 70 y nadie se acuerda-; en segundo lugar, el
saneamiento de nuestra economía financiera también ha mejorado -la semana
pasada fue Moody's el que nos cambiaba la calificación-, y en tercer
lugar, lo que se hizo fue mejorar la competitividad. Todo ello forma
parte de una agenda reformista y algunos se califican aquí de reformistas
pero desde que están no hay mucha reforma. En fin, como les decía, la
crisis, lamentablemente, a España le ha castigado mucho más. ¿Por qué?
Porque había un déficit, teníamos inflación, pérdida de competitividad,
etcétera. Actualmente vamos hacia una situación en la que nuestro sector
exportador es el protagonista de la recuperación. Les guste o no les
guste, los datos están ahí. Las exportaciones de los bienes de servicio
han aumentado; el año pasado estaban en un 4,8 y la previsión es similar
para este año. Esto encadenará, si no me equivoco, seis años continuos de
consecución de superávit. Por no olvidarnos del empleo, el Gobierno ha
pactado con los agentes económicos y sociales el año pasado unos salarios
mínimos para los próximos tres años. Por tanto, el 2017 es nuestro cuarto
año, como decía, de crecimiento, de empleo y de superávit externo. La
prueba inequívoca es el carácter estructural y duradero del cambio de
modelo económico, nuestra garantía para que sea una etapa expansiva. Se
está impulsando, como decía, una economía más fuerte, más equilibrada,
más competitiva; una economía más abierta, más productiva y más capaz de
adaptarse a la globalización. El propósito de la política industrial para
este 2018 es la implantación en España de un patrón de crecimiento
equilibrado basado en la competitividad, aumentar el peso de la
industria, como dice la Estrategia 2020, hacia una representatividad de
un 20 % del producto interior bruto.
Pero no me quiero alargar. Centrándonos en las cifras mayores del
presupuesto, le quería preguntar al subsecretario -las cifras nos las
sabemos todos: 7932 millones, consolidados 12 000, once organismos que se
han comentado que llevan a cabo las políticas- si nos podría exponer
cuáles son las principales variaciones del presupuesto. Una segunda
pregunta es que quisiera saber -para poder juzgar mejor los presupuestos
y con mayor conocimiento por parte de algunos que parece que no los han
visto bien- en qué medida la contención del gasto está prevista por parte
de la subsecretaría para cumplir los objetivos de estabilidad
presupuestaria, cumpliendo además el déficit del gasto no financiero.
Alguien decía que, según la Airef, no hemos llegado, pero les recuerdo
que es el Partido Popular el que va cumpliendo con lo comprometido,
llegando a un 3,1 % en el año 2017 y pudiéndonos situar cerca de la
salida del procedimiento de control. En cuanto a las cinco unidades -la
subsecretaría y las cuatro secretarías que llevan a cabo las políticas de
investigación, de innovación y comerciales-, le pediría al subsecretario
que nos especificase los incrementos que se han supuesto y la
proporcionalidad que tienen en el presupuesto.
Ya acabo. A aumentar el peso de la industria, la reconversión de la
industrialización, la potenciación de los sectores tradicionales,
equilibrar trabas administrativas, mejorar el acceso a la financiación,
el apoyo a la internacionalización, desarrollar el capital humano de
internacionalización, potenciar la captación y consolidación de inversión
extranjera y el apoyo al comercio minorista, a todo ello se dirigen las
políticas y los esfuerzos de la subsecretaría. No es una cuestión solo
del ministerio, ni solo del Gobierno ni solo del Grupo Popular, creo que
es responsabilidad de todos los que estamos hoy aquí que
seamos capaces de participar, de recuperar y de poner de nuestra parte
para que los presupuestos se aprueben con un objetivo muy claro: mejorar
la vida de los españoles. Estamos convencidos desde el Grupo Popular de
que la política es llegar a acuerdos; los acuerdos son buenos, el
equilibrio es bueno, la confianza es buena y la estabilidad es buena
compañera de la economía. Estamos convencidos de que el acuerdo de
presupuestos es imprescindible y, además, es posible. Por último, creo
que estos presupuestos son la mejor política social y pública que se les
puede dar a los españoles y, por tanto, la mejor política económica.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cotelo.
Para contestar a las preguntas de los representantes de los grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor subsecretario, señor
González-Panizo.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
(González-Panizo Tamargo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera comenzar señalando que para mí nuevamente es un honor
poder comparecer ante esta Cámara a dar las explicaciones oportunas, en
este caso sobre las principales líneas del presupuesto del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad para el año 2018.
Voy a intentar responder, empezando por lo general y luego por cuestiones
más específicas, en la medida de lo posible a las preguntas que me han
realizado sus señorías y espero no dejarme ninguna en el tintero. A lo
largo de mi exposición, sobre la base de las cuestiones que voy tratando,
verán que muchas de ellas quedan per se contestadas. Creo que también es
relevante -empiezo por una cuestión planteada por el señor Montero- saber
que la mejor manera de ver cuál es el resultado de las políticas son las
consecuencias que producen. Evidentemente, esto es una cuestión de
valoración, pero creo que hay una serie de datos objetivos que reflejan
el resultado de la política económica desarrollada por el Gobierno. Es
decir, las reformas que se han hecho, desde el punto de vista
institucional, todas las medidas que se han ido adoptando, el esfuerzo de
las familias, de las empresas, todo esto ha supuesto que hayamos salido
de una situación de crisis económica y que en la actualidad hayamos
sentado las bases para seguir desarrollando un modelo económico sano,
equilibrado y sostenible. Evidentemente, lo que hemos crecido en los
últimos años y la previsión del escenario macroeconómico que acompaña al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de este año, en el
que se ha revisado al alza la previsión de crecimiento hasta situarla en
el 2,7 %, revelan cuál es la consecuencia de lo que se ha venido
haciendo, que no significa que no se tenga que seguir actuando para, por
supuesto, continuar mejorando la situación económica.
En todo caso, lo importante -y ya me centro propiamente en lo que es mi
materia, que es el presupuesto del ministerio-, lo que hay que destacar
por encima de cualquier otra cosa es que el presupuesto del ministerio -y
este es un dato también objetivo e indiscutible- crece respecto al del
año pasado y, por supuesto, es una de las vías para conseguir los tres
objetivos fundamentales planteados por este proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2018, que creo que son objetivos
que todo el mundo quiere: en primer lugar, apoyar el crecimiento
económico y la creación de empleo; en segundo lugar, promover un
crecimiento inclusivo y, en tercer lugar, devolver a los empleados
públicos parte de los esfuerzos realizados en la época de crisis.
Por lo que se refiere a los objetivos fundamentales del ministerio, se
podría hablar principalmente de tres: en primer lugar, elaborar unos
presupuestos que en el contexto de crecimiento económico permitan
mantener la adecuada ejecución de las políticas sectoriales del
departamento. Son numerosas las medidas que se incluyen en los
Presupuestos Generales del Estado y hay una cuestión importante a
destacar, y es que es tan relevante en el presupuesto lo que son
propiamente las cifras del presupuesto, en el caso del Ministerio de
Economía, como también todas las medidas normativas que acompañan a este
proyecto de presupuestos y que son un instrumento adicional e igualmente
valioso e importante para la consecución de las políticas del ministerio.
Hay un segundo objetivo, evidentemente, que es mantener el imprescindible
compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y, en tercer
lugar, completar el proceso de ajuste presupuestario adecuado a la
estructura del ministerio, fundamentalmente mediante la gestión eficiente
de servicios comunes, en la que hay que destacar dos ejemplos
principalmente: en primer lugar, la Agencia Estatal de Investigación y,
en segundo lugar, determinadas cuestiones que se comparten con el
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Aquí quisiera detenerme
un momento para tratar algunas cuestiones. Señora Botella, yo siento
repetirle lo mismo que le dije el año pasado, no
tengo otra contestación, pero creo que es un argumento suficiente. Es
decir, dónde se encuentra la Oficina Española de Patentes y Marcas es una
decisión que se tomó en su momento y no existe ninguna causa objetiva, a
mi entender, para que se altere; con lo cual, las cuestiones que estén
vinculadas a cómo actúa, cómo funciona y los resultados que consigue
sería conveniente, si me permite, que se planteen al ministerio
competente.
Luego hay una segunda cuestión que también es relevante, que es la
vinculada con la Secretaría General de Industria. Yo lo enfocaría desde
otra perspectiva: fíjese lo importante que es la Secretaría General de
Industria que depende directamente del ministro, a diferencia de otras
secretarías generales que también son muy importantes, pero esta en
particular depende del ministro, con lo cual yo creo que no es tanto una
cuestión de rango, que también es relevante, como de la posición que
ocupa en el ministerio la Secretaría General de Industria.
Respecto a si va a haber más modificaciones en la estructura del
ministerio, señor Bel, la verdad es que eso no se lo podría decir, es una
decisión que, evidentemente, compete al ministro. El ministro se ha
encontrado con una estructura que yo entiendo que, en la medida en que de
momento no ha hecho ningún cambio, le parecerá suficientemente razonable,
y si tuviera que hacerlo, evidentemente no es una cuestión que en gran
medida, si me disculpa, tenga que anunciar yo sino que creo que lo tiene
que hacer él directamente.
Volviendo a la cuestión de los presupuestos y contestando también a alguna
de las preguntas que se han formulado, insisto, el presupuesto crece, el
presupuesto global, que es de 7932,93 millones de euros, de los cuales
3002,48 son de presupuesto no financiero y 4930,44 millones de euros son
de presupuesto financiero, supone un crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento
que supone? Con carácter general, un 3,39 %, 259,96 millones de euros
-creo que el cálculo que alguna de sus señorías ha hecho previamente es
bastante ajustado a la realidad-, de los cuales el presupuesto no
financiero se incrementa un 3,49 % y el presupuesto financiero un 3,33 %,
158,84 millones de euros.
Respecto a la cuestión de la ejecución por la que me han preguntado
algunas de sus señorías respecto al capítulo 8, es una cuestión que, si
me permiten, abordaré un poco más adelante, cuando lo analice.
También es relevante, y esta es una de las cuestiones sobre las que
también se me ha preguntado, que el presupuesto de los organismos
adscritos al ministerio crece 5773,09 millones de euros. Pero, y esto
también es importante, si excluimos del programa 425.A de la CNMC para
financiar los costes del sector eléctrico, el presupuesto global es de
2022,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,19 %
respecto a 2017, 44,35 millones de euros; es decir, también crece el
presupuesto de los organismos adscritos o que están en la órbita del
ministerio. Insisto, creo que eso es un detalle importante. El
presupuesto total consolidado del ministerio y sus organismos para 2018
es, por tanto, de 12 068,61 millones de euros, lo que supone un
incremento de 265,66 millones de euros respecto al presupuesto del año
2017.
Por lo que respecta a las principales variaciones, que es una de las
preguntas que me hacía la señora Cotelo y que luego vendrá a dar
respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por la señora Botella,
por la señora Faba y por el señor Montero, me gustaría hacer referencia a
cuáles son las principales magnitudes del presupuesto. En cuanto al
presupuesto no financiero, hay una parte que es de capítulo 1 y de
capítulo 4, que fundamentalmente lo que hace es dar cumplimiento a los
acuerdos de negociación colectiva sobre incrementos salariales a
empleados públicos. Hay un 1,97 % en el capítulo 1, lo que hace 2,88
millones de euros, y 11,81 millones de euros en lo que se refiere al
capítulo 4. Entiendo que estarán todos de acuerdo en que conseguir el
objetivo de devolver a los empleados públicos parte de los esfuerzos
realizados en la época de crisis es un objetivo razonable y, aún más, es
un objetivo deseable. También se incrementa el capítulo 6 del presupuesto
de la subsecretaría en 3,2 millones de euros.
Aquí me gustaría hacer referencia a otra de las cuestiones que se han
planteado y que a mí me afecta directamente, que es en qué medida se
puede hacer un esfuerzo por racionalizar y hacer más eficientes y menos
costosos los servicios del ministerio. Yo destacaría fundamentalmente dos
iniciativas: la primera, que es la vinculada a la Administración
electrónica, es decir, lo que se pretende por parte del ministerio
siguiendo un plan conjunto, evidentemente, de todos los departamentos
ministeriales, pero con singularidades del nuestro propio, es tener una
Administración que sea cada vez más moderna, que sea cada vez más
transparente y que facilite, por supuesto, el trato directo con los
ciudadanos. Evidentemente, en una estrategia en la que, por un lado, se
insiste en herramientas horizontales, es decir, para todo el departamento
ministerial no solo para algunas secretarías de Estado o secretaría
general en particular,
además utilizando instrumentos comunes de otros departamentos
ministeriales, en este caso los que suministra el Ministerio de Hacienda.
Creo que ese es un ejemplo de cómo se puede ahorrar utilizando políticas
comunes para toda la Administración General del Estado. Otra iniciativa
es la prestación de servicios compartidos. Nosotros tenemos dos ejemplos
bastante claros: uno es el convenio que tenemos con la Agencia Estatal de
Investigación, que nos permite prestarle determinados servicios, lo que
supone un ahorro considerable, y, por otro lado, también tenemos un
convenio por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
nos presta determinados servicios TIC, lo que, como es evidente, supone
para nosotros cierto ahorro.
También ha habido un incremento del capítulo 4 para aportaciones a
instituciones financieras multilaterales y -esto es relevante- un
incremento del presupuesto de I+D+i de 91,58 millones de euros. También
me van a permitir que en esto no sea demasiado específico en cuanto al
detalle de todas y cada una de las modificaciones que ha habido, porque
fundamentalmente creo que esta es una labor de la Secretaría de Estado de
Investigación y nada más ajeno a mi voluntad, desde luego, que coartar de
alguna manera o limitar los anuncios y las consideraciones que quiera
hacer al respecto. En todo caso, son 91,58 millones de euros. La
Secretaría de Estado de Comercio también se incrementa en este sentido,
hay una variación de 1 millón de euros, y luego hay una serie de partidas
como son 50 millones de euros para programas espaciales y un incremento
de la aportación a Cersa de 1 millón de euros, que es en el total 8,23
millones de euros, que permite colaborar con uno de los objetivos
pretendidos por el ministerio, que es fomentar la actuación de la pequeña
y mediana empresa. Entiendo que en este caso la señora secretaria general
de Industria dará cuenta de ello y explicará en los términos que
considere más adecuados todas estas cuestiones.
¿Cuáles son las minoraciones en el presupuesto? En el capítulo 2 se
eliminan 26 millones de euros correspondientes a gastos de acuñación de
moneda; se eliminan en el capítulo 3 casi 30 millones de euros de
remuneración negativa de los fondos del Tesoro Público; se reduce el
capítulo 3, costes de cobertura de riesgos en avales prestados por el
Tesoro, 2 millones de euros, y se reduce en el capítulo 7 el importe de
las subvenciones por préstamos de las líneas ICO en 1,05 millones de
euros. Estas son líneas que se fueron dando desde el año 1993 y que según
se van extinguiendo, evidentemente, deja de ser necesaria parte de la
subvención del interés. También se eliminan determinadas partidas
presupuestarias de I+D+i vinculadas con instituciones de Canarias, pero
es porque han sido ejecutadas y se complementan con otras distintas.
En relación con el presupuesto financiero, las principales variaciones
son: la reducción de 18 millones de euros en la aportación al Consorcio
de Compensación de Seguros, la reducción a aportaciones a instituciones
financieras multilaterales por importe de 168 millones de euros y el
incremento de 195 y 150 millones de euros en aportaciones a empresas del
sector público, 195 millones de euros para proyectos tecnológicos
industriales vinculados con programas de defensa y 150 millones de euros
a Hisdesat para el desarrollo de satélites de telecomunicaciones.
Otra de las cuestiones que se ha planteado es la vinculada a la ejecución
del capítulo 8. Hay una cuestión que me gustaría resaltar. Si nos vamos a
la ejecución del resto de partidas presupuestarias, veremos que el nivel
de ejecución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es
alto: la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el 99 %;
la Secretaría de Estado de Comercio, el 97,28 %; la Secretaría de Estado
de Investigación, el 98,69 %; la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, el 95,55 %, capítulos 1 a 7. Creo que esta es
una cuestión relevante.
La segunda, respecto al capítulo 8. ¿Qué destacaría yo respecto al
capítulo 8, sin perjuicio de que creo que esta es una cuestión a la que
ya ha hecho referencia el señor ministro de Economía, Industria y
Competitividad? El capítulo 8 se tendría que ver más bien como un límite
general a la autorización para la realización de determinado tipo de
operaciones financieras y, evidentemente, depende, como no podía ser de
otra manera, del interés y del apetito que tenga el sector, el mercado en
cada momento. Es decir, nosotros ponemos a disposición una cantidad y
luego de esa cantidad se consume la que se solicita y se articula a
través de los programas correspondientes. ¿Qué hay que destacar? Que el
incremento fundamental que hay en el capítulo 8 en el presupuesto de 2018
no está vinculado a I+D+i, sino que está vinculado a industria. El de
I+D+i se mantiene. En segundo lugar, yo creo que es relevante tener
capítulo 8 porque a través de anticipos reembolsables atrae Feder, lo
cual también es muy interesante desde el punto de vista del desarrollo de
políticas por parte del ministerio. Y también creo que es importante
destacar que en aquellos supuestos en los que no es necesario no se
utiliza o se minora el presupuesto como es el caso de la aportación de
determinadas aportaciones de la Secretaría de Estado de Economía
a instituciones financieras internacionales. Respecto a esta cuestión y,
como he señalado anteriormente, evidentemente hay una reducción
considerable, más de 180 millones de euros del capítulo 8 de la
secretaría de Estado.
Por último -y con esto ya concluyo porque no me quiero extender mucho
más-, ¿cómo es la distribución y el crecimiento que ha habido por cada
una de las unidades que forman parte del ministerio? La subsecretaría con
48,5 millones de euros representa el 0,61 % del total y crece en 2,49
millones de euros y la Secretaría de Estado de Economía con 669,78
millones de euros, que representan el 8,82 % del total se reduce en 235
millones, pero solo en las cuestiones a las que he hecho referencia antes
vinculadas a acuñación de moneda y a remuneración negativa de los fondos
del Tesoro. Son cuestiones a las que se les da una solución normativa
distinta y, por tanto, también desaparecen del presupuesto. En el caso de
la Secretaría de Estado de Comercio, 425,36 millones, 5,36 %, se
incrementa en 2,92 millones de euros el presupuesto no financiero, y en
el caso de la Secretaría de Estado de Investigación 4612,53 millones de
euros, se incrementa el 5,2 % de su presupuesto no financiero. Por
último, la Secretaría General de Industria, 2146,75 millones de euros,
incrementa su presupuesto total en 396,21 millones de euros.
Con todas las consideraciones que acabo de hacer, queda explicado, por lo
menos en líneas generales y sin querer abusar, por supuesto, ni de su
tiempo ni de su atención cuál es la forma en la que se articula el
presupuesto del ministerio, que, insisto, la actuación que ha
desarrollado el ministerio y los efectos que tienen en la sociedad en
general sus políticas, no solo las del ministerio, sino las del Gobierno
en general, tienen su reflejo claro en cuál es la situación económica, de
dónde veníamos y en qué situación nos encontramos ahora mismo.
Sin ánimo de extenderme más, con esto concluyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González-Panizo. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (COLLADO MARTÍNEZ).
A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número de expediente
212/001436); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (número
de expediente 212/001392); SOCIALISTA (número de expediente 212/001220) Y
POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001567).
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia de doña
Elena Collado, secretaria de Estado de Función Pública.
Tiene la palabra doña Elena Collado para su intervención inicial.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez):
Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.
Es un honor comparecer en esta Comisión para presentar el proyecto de
presupuestos para 2018 en lo que afecta a las competencias de la
Secretaría de Estado de Función Pública. Es muy satisfactorio poder
afirmar que, igual que en el ejercicio anterior, seguimos en la senda de
recuperación económica y de crecimiento, lo que nos ha permitido en el
ámbito de la Función pública continuar también con la política de
recuperación y mejora de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos que se han plasmado en buena parte en el proyecto de
presupuestos para 2018. Comenzando con nuestros programas
presupuestarios, la dotación total con que contará la secretaria de
Estado es de 1894 millones, repartidos en cinco programas
presupuestarios, lo que supone un incremento de 48 millones o, lo que es
lo mismo, una subida del 2,5 %.
El capítulo 1 supone entre todos los programas 72 millones y sostiene las
retribuciones de los 1650 empleados que trabajan en la secretaria de
Estado y organismos adscritos. El capítulo 2 asciende a 1151 millones, de
los cuales 1094 se dirigen a financiar los conciertos sanitarios de
Muface, lo que representa un incremento de más de 55 millones solo por
este concepto. Asimismo, destacan los 14 millones de euros del programa
de la Secretaría General de Administración Digital, que se destinarán a
financiar actuaciones de consolidación y mejora de proyectos de
administración electrónica. (El señor vicepresidente, Marí Bosó, ocupa la
Presidencia).
Por su parte, el capítulo 6 se dota con 20 millones de euros, cantidad
prácticamente igual a la destinada en 2017 para estos mismos programas.
Muface, con un total de 1745 millones supone el mayor porcentaje de los
créditos totales de la secretaría de Estado. Junto con el mencionado
incremento de 55
millones, hay otro ligero incremento de 400 000 euros en capítulo 1 como
consecuencia de la dotación de nuevos efectivos en las direcciones
provinciales que mejorarán la calidad y la eficiencia del servicio que
presta la mutualidad.
En lo que afecta al INAP, contará con 85,9 millones de euros, un 8,3 %
más. Esto refleja el incremento de actividad formativa y de selección de
nuevos funcionarios como consecuencia de las ofertas de 2016, de 2017 y
la que será de 2018. Se incrementa la partida de formación para el empleo
en 2,5 millones, llegando a 60,6. De estas cantidades, se destinarán 30,5
millones a comunidades autónomas, 11,8 millones a Administración local,
11,7 millones a la Administración General del Estado y 6,6 millones se
reservarán para financiación de acciones formativas interadministrativas
y formación en funciones relacionadas con la negociación colectiva y el
diálogo social. Por su parte, la Secretaría General de Administración
Digital contará en 2018 con 14 millones de euros en el capítulo 2 y con
17 en el capítulo 6. Se mantiene, por tanto, el esfuerzo inversor. Por
último, los créditos del programa 921.N, que financia los servicios
centrales de la secretaría de Estado, serán de 23,9 millones de euros.
Señorías, comenzaré exponiendo las actuaciones llevadas a cabo en torno al
empleo público y a la mejora de las condiciones en el ámbito de la
Función pública. Quisiera, en primer lugar, destacar el esfuerzo que
entre todos, administraciones públicas y organizaciones sindicales, se ha
realizado para que los empleados públicos vean mejoradas sus condiciones
de trabajo, esfuerzo que se ha plasmado en sendos acuerdos suscritos
entre el ministro de Hacienda y Función Pública, en representación del
Gobierno de España, y las organizaciones sindicales más representativas.
Son los acuerdos de 29 de marzo de 2017, que ya tuve ocasión de
comentarles en mi anterior comparecencia, y de 9 de marzo de 2018.
Respecto a este último acuerdo, antes de comenzar a describir su
contenido, quisiera resaltar por su importancia que en diez años no se
haya alcanzado un pacto de esta envergadura, comprensivo de medidas
retributivas, de empleo y de condiciones de trabajo. En materia salarial,
por primera vez se liga el crecimiento de los salarios al crecimiento de
la economía y a los objetivos de estabilidad. Es un acuerdo que aporta
seguridad, certidumbre y confianza a más de 3 millones de empleados
públicos. Asimismo, después de nueve años, se recuperan los fondos
adicionales y, lo que es más importante, los empleados públicos recuperan
poder adquisitivo y serán partícipes y beneficiarios de la recuperación
de la economía española. En materia de empleo, se consigue la creación de
empleo neto al aumentarse las tasas de reposición y se culmina, amplía y
universaliza el acuerdo de 29 de marzo, generalizando la estabilización a
todos los sectores. En materia de condiciones laborales, se refuerza la
negociación colectiva en cada ámbito con respecto a la jornada, al
descuento por incapacidad temporal, y se avanza en medidas de
conciliación y corresponsabilidad.
Comenzando con la exposición de las medidas del segundo acuerdo para la
mejora del empleo público, plasmado en el proyecto de ley de
presupuestos, recoge, como saben, un incremento retributivo en un marco
plurianual, con un incremento salarial fijo más un porcentaje adicional
ligado al crecimiento de la economía y a la estabilidad presupuestaria.
Los incrementos fijos acordados con las organizaciones sindicales son del
1,5 % para 2018, si bien ya ha devenido fijo el 1,75 %, de un 2,25 % en
2019 y de un 2 % en 2020. La subida acumulada fija, por tanto, es del
6,12 %. Para un crecimiento del PIB igual o superior al 3,1 % de 2017 y
al 2,5 % de 2018 y 2019, la subida acumulada será de un 7,42 %: un 1,75 %
en 2018, un 2,50 % en 2019 y un 3 % en 2020. Se prevé asimismo que cada
Administración pueda destinar un porcentaje adicional de masa salarial
para homologaciones retributivas, aportaciones de planes de pensiones,
etcétera. Para 2018 se destinará un 0,2 %, para 2019 un 0,25 % y para
2020 un 0,30 %, si bien las administraciones públicas en situación de
superávit pueden elevar dicho porcentaje hasta un máximo del 0,3 % por
cada uno de los ejercicios del acuerdo. Por último, se añadiría un 0,55 %
adicional por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
en el año 2020, lo que supone para ese año un subida del 3,85 %. En este
escenario, por tanto, la subida total acumulada sería de un 8,79 % para
el periodo del acuerdo. Finalmente, aunque no forma parte del acuerdo, no
puedo dejar de mencionar por su extraordinaria relevancia la subida
salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que inicia
la senda también plurianual hacia la equiparación salarial con los
cuerpos de seguridad autonómicos.
En materia de oferta de empleo, se establece una tasa de reposición del
100 % en todos los sectores para aquellas administraciones públicas que
hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, así como
una bolsa adicional del 8 %. Para las administraciones públicas que no
hayan cumplido algunos de estos objetivos, la tasa será del 100 % en
sectores prioritarios y del 75 % en los no prioritarios, a lo que se suma
una bolsa adicional del 5 %. En el caso de corporaciones locales que
hayan cumplido todos los objetivos y además tengan amortizada su deuda
financiera a largo plazo, será
del 100 % en todos los sectores, con posibilidad de que la acumulen entre
unos y otros, y una bolsa adicional del 10 %. Además, las corporaciones
locales tendrán una bolsa adicional del 5 % si en los cinco últimos años
han tenido obligación legal de prestar mayor número de servicios por
incremento de población. En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, de la Policía autonómica y de la Policía local, la tasa de
reposición será de un 115 %. Por lo que se refiere a los procesos de
estabilización regulados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, hemos acordado que se extiendan a servicios de
administración y a servicios generales de investigación, así como a otros
servicios públicos con las mismas condiciones y requisitos que los
procesos aprobados en la anterior ley. Se acuerda también la posible
extensión de estos procesos al ámbito de empresas, fundaciones,
consorcios y agentes.
La tercera parte del acuerdo lo conforman las medidas en materia de
condiciones de trabajo. Por lo que afecta a la jornada de trabajo, se
mantiene una jornada semanal de 37 horas y media, pero cada
Administración pública podrá establecer bien otras jornadas ordinarias de
trabajo o bien un reparto diferente de la jornada, en atención a las
particularidades de cada función, tarea o sector. Se tendrán en cuenta en
especial las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas. Para
ello se deben cumplir los objetivos en materia de déficit público, deuda
pública y regla de gasto, así como no afectar al objetivo de temporalidad
máxima del 8 %. En materia de conciliación, somos muy conscientes de que
para poder avanzar en ella son necesarias acciones concretas y medidas
efectivas con reflejo normativo. Tanto para el Gobierno como para los
interlocutores sociales, la conciliación es un asunto absolutamente
prioritario y para conseguir este objetivo hemos acordado también una
serie de medidas específicas que se recogen expresamente en el proyecto
de ley. En primer lugar, una bolsa de horas, de hasta el 5 % de la
jornada anual, de horas recuperables, para el cuidado de mayores, de
hijos menores y discapacitados. Y en segundo lugar, regularemos la
posibilidad de establecer jornada intensiva cuando sea necesario para el
cuidado de hijos menores o discapacitados. A estas medidas hay que unir,
por último, la quinta semana del permiso de paternidad previsto en el
proyecto de presupuestos. En el caso de la incapacidad temporal, cada
administración determinará las retribuciones a percibir durante esta
situación, pudiendo alcanzarse un máximo del cien por cien de las
retribuciones fijas. Como medidas de garantía, las administraciones, no
obstante, deberán diseñar un plan de control de absentismo, que deberá
ser objeto de difusión pública en el portal de transparencia junto con
los datos de absentismo laboral. Por último, el acuerdo prevé la
constitución de diferentes órganos paritarios, como la comisión de
seguimiento y control del absentismo.
Para cerrar este punto, debo agradecer el trabajo, esfuerzo y dedicación
de las organizaciones sindicales a lo largo de estos quince meses y en
más de ochenta reuniones de negociación, que han fructificado en siete
acuerdos, dos de enorme relevancia para la Función pública española.
Pasando a nuestros organismos adscritos y en lo que afecta al INAP, hemos
llevado a cabo un examen de las necesidades de formación para adecuar la
oferta a la demanda y, tras esta detección, estamos elaborando los
pliegos para un plan extraordinario de formación a tres años. Será
formación mucho más especializada y dirigida a transformación digital de
la Administración. Este será un plan adicional al plan anual que ya está
aprobado. Además, siguiendo la línea de diálogo, la Mesa General de
Negociación ratificó el 14 de marzo el acuerdo de 9 de marzo de la
Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas. Tras él se clarifica el ámbito de aplicación, se refuerza el
papel de las organizaciones sindicales en la gobernanza del sistema de
formación y se incluye la capacitación de los agentes sociales en la
negociación colectiva y en el diálogo social, adaptando para ello la
regulación de la Comisión General de Formación.
Otra de las novedades que quisiera destacar es el nuevo concierto suscrito
por Muface con entidades de seguro para la prestación de asistencia
sanitaria. Este concierto cumple el doble objetivo de garantizar la
sostenibilidad del modelo y de mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria prestada a nuestros mutualistas. Tiene tres pilares: un periodo
de vigencia de dos años, 2018 y 2019, un muy notable incremento de la
prima, del 5,62 %, lo que supone 114 millones adicionales de euros para
un presupuesto total de 2191, y la futura incorporación -esto hace
sostenible el sistema- de más de 100 000 nuevos mutualistas, tanto como
consecuencia de las ofertas de empleo público y de la mejora de las tasas
como por los procesos de estabilización. Además, hemos aprobado para
Muface una planificación estratégica que hemos denominado plan de
impulso, que gira en torno a los objetivos estratégicos de mejora del
servicio prestado a los mutualistas y mejora de la gestión interna del
organismo. Dentro del plan el proyecto fundamental para nosotros es la
receta electrónica. Se está acordando con las comunidades autónomas la
incorporación del colectivo de opción pública al sistema de receta
electrónica propio de cada
comunidad autónoma y prevemos que en este ejercicio se pueda utilizar. Y
respecto a los mutualistas de opción privada, prevemos que la receta
electrónica pueda ser una realidad ya en 2019.
Otra línea importante de trabajo de la secretaría de Estado es la
relacionada con el gobierno abierto y la transparencia. Como saben, el
Gobierno presentó el pasado 27 de junio el III Plan de acción de España
2017-2019 de gobierno abierto. El plan tiene como objetivos principales
potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad
civil, asegurar la cooperación interadministrativa y fortalecer los
cimientos del gobierno abierto. Es un plan que se estructura en cinco
grandes ejes que son: colaboración, participación, transparencia,
rendición de cuentas y formación, y contiene 20 compromisos y 223 medidas
a desarrollar antes del 30 de junio de 2019 en colaboración con todos los
ministerios, comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y
Provincias y, sobre todo, sociedad civil. El balance no puede ser mejor
en estos primeros meses, ya que el 46 % de las actividades ya están en
curso y el 21 % están finalizadas. Entre los compromisos del plan, cabe
destacar la creación, ya materializada, del foro de gobierno abierto como
espacio de diálogo permanente de las administraciones públicas y de la
sociedad civil, y otras medidas del tercer plan inciden en la mejora del
portal de transparencia de la Administración General del Estado y el
reforzamiento de las iniciativas sobre datos abiertos y reutilización de
la información del sector público.
En lo que afecta a las modificaciones en la estructura orgánica de la
secretaría de Estado operadas tras la aprobación del real decreto de
estructura del ministerio, se crean la Oficina de Planificación
Estratégica y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas. Se da así
cumplimiento a la Ley 40/2015, transformando la naturaleza jurídica de la
agencia para la evaluación, Aeval, cuyas funciones relativas a evaluación
han sido asumidas por el nuevo instituto y las de calidad por la
Dirección General de Gobernanza Pública. A través del nuevo instituto de
evaluación, perseguiremos el reforzamiento de las funciones de evaluación
de políticas en un órgano que velará con objetividad e independencia por
contribuir a la eficacia, eficiencia, pertinencia y coherencia de la
acción pública. Además, deseamos potenciar la evaluación como una función
necesaria en la realización de cada política pública mediante la
formación de los funcionarios públicos responsables de las decisiones y
de su ejecución, la difusión de las mejores prácticas y métodos de
evaluación y la colaboración con otros órganos que realizan funciones de
evaluación de políticas públicas desde diferentes perspectivas.
Además, en esta nueva etapa las funciones de impulso de la reforma y
transformación de la Administración y el apoyo a la planificación, así
como el seguimiento de proyectos de reforma, han sido asumidas por la
nueva Oficina de Planificación Estratégica. Su principal tarea en este
momento es la puesta en marcha de un plan de reforma administrativa que
hemos denominado Plan estratégico de impulso y transformación de la
Administración pública 2018-2020. El objetivo del plan es desarrollar una
transformación del modelo de gestión pública, para la cual se estructura
en cuatro ejes estratégicos, que nos marcarán las principales líneas de
actuación: transformación digital de la Administración, impulso de la
gobernanza pública, estrategia de gobierno abierto y mejora de la
transparencia, y mejora y modernización del empleo público. Actualmente,
se está implantando la primera fase de actuaciones, que consiste en el
propio diseño del plan, definiendo sus programas y medidas y poniendo a
punto las herramientas informáticas y organizativas para la gestión,
seguimiento y evaluación de dicho plan. Sus grandes líneas se han
sometido en el mes de marzo a un proceso de participación pública con el
fin de contar en su diseño e implementación con las aportaciones de la
sociedad civil. La puesta en marcha será para este ejercicio 2018.
Señorías, la trasformación digital de las administraciones públicas y,
como saben, la entrada en vigor en octubre de 2016 de las leyes de
Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico han supuesto un
importantísimo impulso en esta materia, pues contemplan una
Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente
electrónico. Para su implantación hemos puesto en marcha y reforzado un
conjunto de soluciones, infraestructuras y servicios comunes a los que
pueden tener acceso todas las administraciones públicas a través de
aplicaciones en la nube que les facilitan la implantación. Estas
actuaciones están permitiendo la utilización masiva por todas las
administraciones públicas de los mismos servicios compartidos, lo que
supone importantes ahorros y sinergias. FACe es un punto general de
entrada de facturas electrónicas que facilita la remisión de las facturas
de forma centralizada en un único punto para toda la AGE y para todas las
administraciones públicas adheridas -desde enero de 2015 se han tramitado
más de 25 millones de facturas por un importe de 121 millones- y, en
segundo lugar, Carpeta Ciudadana es una plataforma fruto de la
colaboración interadministrativa que pretende que el ciudadano pueda
acceder a toda su información personal, al estado de tramitación de sus
expedientes, a
sus notificaciones o a la información que haya presentado ante cualquier
registro, con independencia de la sede electrónica o de la Administración
pública en la que se halle la información. Durante el año 2018 ya se han
producido más de 300 000 accesos, gracias, además, a la interconexión de
registros de entrada y salida se han intercambiado desde 2012 más de
cinco millones de asientos registrales. También la plataforma de
intermediación de datos permite que el ciudadano no tenga que aportar
datos o documentos que ya tenga la Administración pública. Desde 2015 el
número de transmisiones ha sido de 180 millones. Clave, por fin, facilita
un nuevo modelo de identificación para la tramitación electrónica. Es un
sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. En la actualidad, se han registrado
en el sistema más de cinco millones de usuarios. Por último y en materia
de ciberseguridad, estamos trabajando para poner en marcha en el segundo
semestre de 2018 el centro de operaciones de ciberseguridad, que será un
servicio de seguridad compartido que tiene por objeto proporcionar de
forma centralizada protección a la AGE frente a amenazas exteriores.
Señorías, para concluir, la aprobación del proyecto de presupuestos para
2018 supondrá la cristalización y el respaldo a una nueva etapa para la
Función pública. Con el acuerdo del 9 de marzo que se plasma en este
proyecto se reconoce la labor del personal de todas las administraciones,
su compromiso, su esfuerzo colectivo y su contribución al interés general
y a la mejora de la situación económica. Subida salarial de tres millones
de empleados públicos, equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, creación neta de empleo, universalización de la
estabilización, medidas de conciliación y corresponsabilidad y refuerzo
de la negociación colectiva constituyen una considerable mejora no solo
para los empleados públicos, sino para un adecuado funcionamiento de
nuestros servicios y nos sitúan en la senda de crecimiento de la economía
de nuestro país, en la que esperamos permanecer para seguir avanzando y
modernizando nuestras administraciones públicas.
Muchísimas gracias por su atención, señorías. Quedo a su disposición para
contestar a las cuestiones que tengan a bien plantearme. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Muchas gracias, señora Collado.
En turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Serrano por tiempo de diez minutos.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Gracias, señora Collado, por su comparecencia y por las explicaciones
realizadas en el área que son de su competencia. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista queremos felicitar, en primer lugar, a los
empleados públicos y a sus representantes sindicales porque, debido a su
trabajo y a su tesón, han conseguido ganar el pulso al Gobierno de España
y conseguir que se empiecen a recuperar derechos de los empleados
públicos. El Gobierno, más por necesidad que por convicción, no le ha
quedado más remedio que acceder a las justas demandas de los empleados
públicos duramente castigados por las políticas del Gobierno del Partido
Popular durante los años de crisis. Sin ser ellos los culpables, habían
perdido poder adquisitivo, habían perdido derechos y se había perdido
calidad en los servicios públicos. En realidad, los ciudadanos perdemos
si hay empleo público precario e insuficiente porque para atender los
servicios públicos se necesitan empleados públicos y eso es lo que ha
faltado en estos años de mayoría absoluta del Partido Popular.
Habiendo analizado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de
2018, nos congratulamos de que este proyecto refleje, como no podía ser
de otra manera, el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de
Función pública -UGT, Comisiones Obreras y CSIF- para reducir la
temporalidad en el empleo público hasta situarla en el 8 % en los
próximos tres años, continuando con el acuerdo que ya se firmó el año
pasado. En el marco del proceso de consolidación fiscal, también tenemos
que decir que el número de empleados públicos ha pasado de 3 234 700 en
el año 2011 a 3 074 700 en el año 2017, lo que supone una reducción
cercana a las 160 000 personas y, por tanto, 160 000 empleados públicos
menos, y a eso, señorías, me referí anteriormente cuando decía que hemos
perdido calidad en los servicios públicos, porque hemos perdido esos
empleados públicos, que son el alma mater de los servicios públicos que
necesita la ciudadanía para tener calidad de vida y garantizado su
bienestar. Al final, esto se traduce en un déficit de atención a los
ciudadanos, que ven cómo los servicios esenciales -la sanidad, la
educación o la seguridad- sufren las consecuencias de esta tasa de
reposición infame a la que ha condenado el Gobierno de Rajoy a las
administraciones territoriales, tanto a la autonómica como a las locales
en los últimos años. Que ha habido crisis lo sabemos, pero que también se
podía haber recortado en otros ámbitos es evidente, pero, como el Partido
Popular no cree en los servicios públicos, no le han
dolido prendas hacer este tipo de recortes. Por tanto, señorías, gracias a
los sindicatos, los empleados públicos recuperan su derecho, y con ese
tesón y esfuerzo son los que han mantenido a pulmón muchos de los
servicios públicos. Doy las gracias, por tanto, a los empleados públicos
por el trabajo realizado. También nos congratulamos de que la oferta de
empleo público para este año 2018 recoja importantes avances y se oferte
un gran número de plazas de acceso libre y también, aunque sea menor, un
gran número de plazas de promoción interna.
Por otro lado, y como usted ha manifestado, señora Collado, el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge un aumento
importante de las retribuciones de los empleados públicos. Se establece
un acuerdo plurianual de incremento salarial para los años 2018, 2019 y
2020 que incluye un porcentaje de subida fijo más un incremento variable
ligado al crecimiento de la economía, del PIB, del producto interior
bruto. La horquilla de incrementos salariales queda establecida entre un
mínimo del 6,1 % y un máximo del 8,8 % para el periodo de tres años. Es
la primera vez en la historia que un acuerdo para subir los salarios a
los funcionarios se vincula al crecimiento de la economía y al
cumplimiento del déficit público, por lo que el IPC ha perdido
protagonismo en este ámbito de las revalorizaciones salariales. Lo dejo
ahí. No digo si es bueno o es malo, simplemente que los ciudadanos y los
empleados públicos valoren si eso es bueno o es malo. El número de
empleados públicos en España se aproxima a los 3 millones entre la
Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los entes
locales y diversos organismos públicos. Todos estos empleados tienen una
pérdida acumulada de poder positivo importante desde que empezó la crisis
económica. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista respeta el
acuerdo alcanzado por los funcionarios, ya que mejora las condiciones
salariales con respecto a los presupuestos del año 2017 y los anteriores,
aunque por supuesto lo consideramos insuficiente y hay que seguir
luchando para recuperar todo lo perdido. Además, queremos indicar la
falta de lealtad institucional del Gobierno de España al no hacer
partícipe de estas negociaciones con las entidades sindicales que
representan la Función pública y los empleados públicos a las comunidades
autónomas y a los ayuntamientos -no se ha hecho partícipe de esas
negociaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos-, toda
vez que la mayoría de los empleados públicos se encuentran en dichas
administraciones territoriales, y máxime cuando el Gobierno de España no
cumple con lo acordado en la Conferencia de Presidentes y no aborda la
financiación autonómica ni la local. Es más, el acuerdo alcanzado, al
condicionarlo al cumplimiento de la regla de gasto, supone que mientras
se mantenga la perversa metodología del cálculo de la regla de gasto por
el Gobierno, unido a la falta de un nuevo marco de financiación, hace que
sea muy difícil su cumplimiento sin esquilmar a su vez otras políticas.
Por supuesto que las comunidades autónomas lo cumplirán y lo llevarán al
máximo de sus posibilidades, pero se reivindica la necesidad de
vincularlo a un acuerdo de financiación justo.
En cuanto a la jornada laboral, como usted ha dicho -también se ha
referido a ello, señora Collado-, en el acuerdo con los funcionarios se
recoge la recuperación de la negociación colectiva de los funcionarios
públicos, aunque condicionada al cumplimiento de la regla de estabilidad
presupuestaria. Las administraciones públicas que cumplan con los
objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y
regla de gasto, así como que no afecten al objetivo de temporalidad
máxima del 8 %, tendrán capacidad de negociar la jornada de treinta y
cinco horas, por lo que de momento se mantiene en treinta y siete horas y
media. Esto supone un gran avance desde su punto de vista, pero nos
parece injusto someter al cumplimiento de la triple regla fiscal algo tan
esencial como la consecución de la jornada laboral de treinta y cinco
horas reivindicada y defendida por este colectivo. También esta jornada
laboral de treinta y cinco horas ha sido reivindicada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y a nosotros nos resulta injusto y
discriminatorio para los empleados públicos, según el territorio,
vincularla a ese cumplimiento de la regla de gasto, máxime cuando
ustedes, señora Collado, precisamente ustedes, su ministerio, su ministro
y el Gobierno del Partido Popular, hicieron bandera de la igualdad para
imponerse a la implantación de las treinta y cinco horas en Andalucía.
Por tanto, reivindicamos la jornada de treinta y cinco horas, pero sin
disminución de las retribuciones económicas, recuperando en primer lugar
el cómputo de la jornada máxima existente antes de los recortes del año
2012. Y si para Andalucía era injusta la jornada de treinta y cinco
horas, para el resto del territorio, si no se cumple la regla de gasto en
unos sí y en otros no, también debe ser injusta.
En el acuerdo con los funcionarios también se ha pactado una tasa de
reposición del cien por cien para todas las administraciones públicas
para este año 2018, aunque también se condiciona a que las
administraciones cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria
y regla de gasto, una tasa de reposición que se podrá elevar hasta el 108
% en los sectores o ámbitos que requieran un mayor esfuerzo
de efectivos. Las administraciones locales podrán incrementar esa tasa
hasta un 110 % si carecen de deuda y por incremento de la población
tienen necesidad de prestar nuevos servicios. Nos parece bien, pero la
Federación Española de Municipios y Provincias ya pedía al Gobierno que
se aplicará una tasa de reposición del cien por cien de la totalidad de
los empleados públicos en el año 2017. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista ya planteamos a través de una iniciativa parlamentaria abrir
una mesa de negociación para abordar, entre otras cosas, un plan de
recuperación del empleo público perdido en la Administración local en los
últimos cuatro años, pérdida de empleados públicos en la Administración
local que se ha estimado en cien mil puestos de trabajo, y la
Administración local ha sido la más afectada por la aplicación de esa
normativa, lo que supone un 15 %, mientras que la reducción de la
Administración General del Estado y de las comunidades autónomas ha sido
del 11,5 % y del 3,7 % respectivamente. Por tanto, apoyamos que en 2018
la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el
cien por cien para que, de esta forma, las entidades locales recuperen
los puestos de trabajo perdidos desde el año 2012 tras la entrada en
vigor de la normativa sobre el equilibrio presupuestario y sostenibilidad
financiera, pero entendemos que necesitan mirar con más cariño a la
Administración local, que es la Administración más cercana al ciudadano,
la que más castigada está por los recortes de su ministerio y de su
Gobierno y la que más afectada tiene su autonomía local debido a las
normativas que han aprobado.
En definitiva, valoramos el esfuerzo de los empleados públicos y
agradecemos su sacrificio, y entendemos que este acuerdo es un punto de
partida para seguir trabajando para recuperar todos los derechos perdidos
por los empleados públicos, que han estado sosteniendo a pulmón muchos de
los servicios públicos durante la crisis económica, crisis económica de
la que no tuvieron culpa y que han pagado con su esfuerzo y su tesón.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señora Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la secretaria de Estado,
no sin lamentar que hubiera sido mucho más completo escuchar también en
este tema las voces de las organizaciones sindicales, tal y como pedimos
desde el Grupo de Unidos Podemos, y eso porque al menos en esta materia
la tramitación de la ley de presupuestos ha estado enmarcada por el
acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales y el Gobierno, un
acuerdo impensable hace algunos años, cuando los sindicatos reclamaban
algo tan básico como la convocatoria de la mesa de negociación. Nosotros
saludamos este acuerdo, al igual que saludamos el anterior, el que se
celebró hace un año prácticamente con ocasión de los presupuestos de
2017. Nos parece que se sigue situando, al igual que el anterior, en la
dirección correcta; ahora bien, también nos parece que sigue faltando un
largo camino para poder recuperar los servicios públicos que han sufrido
los recortes de los últimos ocho años de forma descarnada. Y es que,
aunque con este acuerdo y su plasmación en el articulado de la ley en
algunas administraciones se podrá crear empleo, no va a ser algo
generalizado, o por lo menos no lo va ser para la Administración del
Estado, ya que con estas previsiones se podrá a lo sumo casi mantener
-eso sí, por primera vez tras muchos años- o contener las pérdidas, pero
el problema del déficit generado por las limitaciones y los recortes en
los últimos años no lo revierte este acuerdo, solo detiene la hemorragia,
pero necesitamos una transfusión de sangre mucho más enérgica para poder
caminar. Eso solo puede ser de dos maneras que ya comentamos el año
pasado, o eliminando la tasa de reposición o a través de una orden de
empleo pública extraordinaria.
Es cierto que en este acuerdo se avanza en multiplicar las posibilidades
de contar con una tasa de reposición del cien por cien o incluso tener un
8 % o un 10 % por encima de ella, pero esto aparece ligado a múltiples
condicionantes controlados desde el Estado, y nos sigue pareciendo que
debería ser cada Administración pública, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, quien decida aplicar el gasto a capítulo 1 o a capítulo
2, porque las necesidades existen, estas hay que cubrirlas y la tasa de
reposición no es sino una intromisión desproporcionada en la autonomía
municipal y autonómica. Es más, la Administración del Estado ya demostró
en julio que era necesario saltarse la propia tasa de reposición que se
había autoimpuesto un mes antes en los propios presupuestos generales.
Señora Collado, esto no nos parece nada serio. Si es posible saltarse la
tasa de reposición, debería poder serlo para todas las administraciones
públicas. Por eso, nos parece que ha llegado el momento de reconocer que
podemos
dar un paso más allá, abandonar esta hipocresía política y, en lugar de
acumular condicionantes infinitos que siguen tratando al resto de
administraciones como menores de edad, acabar de una vez con la tasa de
reposición. Demos a las administraciones la capacidad para poder
autogobernarse.
Hasta que lleguemos a ese objetivo, entendemos, en primer lugar, que los
ayuntamientos más pequeños, de menos de 20 000 habitantes, deberían estar
exceptuados de la aplicación de las reglas sobre la tasa de reposición
atendiendo a su especial situación de dificultad. En segundo lugar, y
también para los entes locales, cuando desde alguna ley se establezcan
obligaciones nuevas que cumplir por parte de estos, sería justo que se
les excepcionara de la aplicación de las reglas de la tasa de reposición
para poder convocar las plazas que precisen estas nuevas obligaciones;
por ejemplo, en el caso de la nueva Ley de Contratos del Sector Público,
cuya aplicación requiere un esfuerzo para las administraciones públicas,
ya que se incrementan las tareas relacionadas con la transparencia que
recaen sobre municipios que, en muchas ocasiones, carecen de la
posibilidad de ofertar plazas para cubrir estas nuevas funciones. Por
eso, nos parece que sería lógico eximirles de la aplicación de las reglas
sobre las tasas de reposición en estos casos. Junto con esto, nos sigue
pareciendo imprescindible una orden de empleo público extraordinaria que
reponga el empleo destruido desde 2009. Esta orden, para los ámbitos
administrativos más urgentes, debe ser inmediata. Esta necesidad la
reconoció el propio Gobierno en julio al sacar la orden extraordinaria,
pero, como ya dijimos entonces, nos parece insuficiente. La pérdida de
empleos solo en la Administración del Estado, de media en cada uno de los
ejercicios, alcanza una cifra de 6857 efectivos, lo que supone una
pérdida acumulada en el periodo 2008-2016, descontando el aporte de la
oferta, que ha sido irrisorio, de 41 426 efectivos. Tan solo en el ámbito
de la Seguridad Social se han destruido desde 2009 un total de 4249
puestos. Esta orden extraordinaria de julio, es cierto, creaba 2026
plazas en el ámbito de la Administración General del Estado, pero
convendrá conmigo que 40 000 de pérdidas acumuladas frente a 2000 es aún
insuficiente. Queda mucho por recuperar, ni siquiera se llega a la media
de empleos anuales destruidos.
En resumen, hay ámbitos donde es urgente intervenir de forma contundente:
en todos los centros de Atención a la Ciudadanía y en todos los centros
de gestión de la Seguridad Social. Me detengo aquí un momento, si me lo
permite. Hay en estos momentos treinta y nueve oficinas de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto General de la Seguridad
Social que están atendidas por un solo funcionario; no son superhéroes,
pero hay solamente un funcionario atendiéndolas. Hay centros de seguridad
aérea o seguridad marítima en donde el déficit de personal conlleva
peligros que esta Administración no se debería permitir. En los
diferentes organismos de investigación dependientes de la Administración
General del Estado, como el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, falta
plantilla, a lo que, además, se suma un nivel insufrible de precarización
del empleo. También, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes la pérdida de efectivos en los últimos cuatro años fue cerca
del 13 % de su personal, con la consiguiente repercusión en servicios tan
importantes para la ciudadanía, como los museos estatales y el Reina
Sofía, la Filmoteca Nacional, el Inaem o los archivos estatales.
Asimismo, en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, la pérdida de
personal ha sido del 15 % en los últimos años y la alta edad media de la
población supone un problema para el tipo de trabajo a desempeñar.
Hablamos de que en cinco años la plantilla de Instituciones
Penitenciarias tendrá más de cincuenta años. Usted sabe que este
colectivo, además, esta reclamando la adscripción al grupo B, y quería
aprovechar su presencia aquí, señora secretaria de Estado, para saber si
pretenden hacer un estudio de esta reivindicación. En todos estos casos
que atañen directamente a la Administración del Estado, ¿qué solución les
va a dar el Gobierno a todos estos supuestos de colapso actual que no se
solucionan ni con la reposición del cien por cien? ¿Hay algún plan o
seguirá el colapso, con los riesgos que esto conlleva para todas?
¿Tendremos otra orden de empleo extraordinaria en julio para atender
estos supuestos? ¿No estaría mejor tratar de incorporarlo en los
Presupuestos Generales del Estado? Haremos, como saben, enmiendas en este
sentido, pero tampoco podemos olvidar otras tareas necesarias por las que
quiero preguntar. Primero, la recuperación de los derechos económicos. Es
cierto que en los presupuestos generales, derivada del acuerdo, hay una
previsión de mejora retributiva respecto del año pasado y un plan
trianual de recuperación, como usted ha explicado, pero, aun así, nos
parece que en unas previsiones razonables de crecimiento económico vamos
a estar en una equiparación a la subida del IPC aproximadamente y nos
parece que hay que ir mucho más allá. En ese sentido, nuestro grupo
proponía una subida del 2,7 % en la tramitación de los presupuestos
generales del año pasado.
En relación con la posibilidad de negociar la jornada, por la que ya
preguntamos aquí el año pasado, nos parece que no debería estar
condicionada a las situaciones financieras de las administraciones. Sería
más razonable que cada Administración, en virtud de sus competencias de
negociación que le otorga su Estatuto de Autonomía o el propio Estatuto
Básico del Empleado Público, decidiera. También quería preguntarle qué se
piensa hacer desde la Administración General del Estado, ¿hay alguna
posibilidad de abrir una negociación para establecer las treinta y cinco
horas también en la Administración General del Estado? Otra pregunta, ¿se
va a iniciar alguna negociación para alcanzar el cien por cien de
prestación por IT en la Administración General del Estado? Respecto al
convenio colectivo para el personal laboral, desde hace más de dos años,
desde diciembre de 2015, está pendiente la negociación de este convenio.
En algunas categorías laborales las diferencias con los cuerpos de
funcionarios de referencia alcanzan los 10 000 euros anuales, como en el
grupo A2 respecto a la categoría 2. ¿Hay algún avance en este aspecto?
Por otro lado, en los últimos meses y a raíz de la reivindicación de los
cuerpos de Policía se ha puesto encima de la mesa la situación de las
retribuciones del personal de la Administración General del Estado
respecto a otras administraciones. ¿Cómo se aborda esto en los
presupuestos?
Hay dos disposiciones que nos llaman la atención. Es prácticamente repetir
la disposición adicional treinta y cuatro de la anterior Ley de
Presupuestos, cuando ya tenía carácter indefinido, disposición contra la
que ya manifestamos nuestra disconformidad el año pasado y, de hecho,
hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado, nos
parece inverosímil la disposición final treinta y cuatro en su apartado
1. Si ya era un despropósito jurídico tratar de eliminar de la redacción
la obligación de respetar la legislación laboral allí donde lo sea, la
aplicación nos parece inverosímil.
Por último, aun no teniendo relación directa con los presupuestos, quiero
consultarle una cuestión de su competencia que también nos preocupa. Me
refiero a la elevación a real decreto del acuerdo de 2011 por el que se
establecía un protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y
de los organismos públicos vinculados a ella. Señora Collado, ¿por qué no
se ha tramitado aún ese real decreto?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Bienvenida, señora Collado, secretaria de Estado de Función Pública.
A mí de pequeño me enseñaron que debemos dejar las cosas mejor de cómo nos
las hemos encontrado o, al menos, no contribuir a empeorarlas. No apoyar
estos presupuestos por los grupos de la oposición, el Partido Socialista
o Podemos, puede empeorar muchísimo y con creces y usted lo ha explicado
en su exposición.
Quiero hablarle de cinco puntos fundamentales, como son la subida de
salarios, la tasa de reposición, los interinos, la modernización de la
Administración de la que hablaba usted y el cumplimiento del acuerdo que
firmamos con el Partido Popular. En primer lugar, usted ya lo ha
explicado, este es un presupuesto expansivo, sin recortes, con subidas
salariales, no voy a entrar en detalles porque ya lo ha hecho usted, con
ese acuerdo con fuerzas sindicales. Además, creo que son fundamentales
las medidas de conciliación familiar, porque eso posibilita, además, que
hayamos solucionado el problema de la equiparación salarial de esos 140
000 policías y guardias civiles.
En segundo lugar, me quiero extender en el tema de la tasa de reposición,
que es algo que preocupa a Ciudadanos. Este aspecto está muy relacionado
con lo que usted ha comentado, pero, sobre todo, con los interinos. Es
cierto que durante muchos años esa tasa de reposición se ha visto mermada
por ciertas decisiones; hay veces que la congelación del empleo público
puede tener daños colaterales. Esa tasa de reintegro y de recuperación
que pueda tener, por ejemplo, la Agencia Tributaria, es decir, por cada
euro que invertimos recuperamos 10, es una lastima que durante el
Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta no se haya hecho así,
pero yo me alegro de que se haya vuelto a esas tasas de reposición, como
usted ha indicado, pero tiene un efecto en cuanto al tema de los
interinos.
En tercer lugar, la Administración pública lleva cubriendo puestos
estructurales con personal de las diferentes bolsas de interinos,
perpetuándose el personal interino e incumpliendo, además, la normativa
vigente, pues el interino está para cubrir necesidades urgentes y
temporales; conocemos las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 14 septiembre 2016, que lo estimó discriminatorio y contrario
a las normas. El año pasado, en 2017, se llegó a un acuerdo por el que
había que estabilizar la
situación de esos 250 000 interinos. Es un anuncio de convocatorias en
materia de personal que ha provocado una enorme preocupación e
incertidumbre en este colectivo, porque llevan muchos años cubriendo
estos puestos -en muchas ocasiones están más de veinte años- y esto puede
provocar que no solo se pueda perder la profesionalidad en las distintas
áreas, sino que nos preocupa ese proceso de interinidad. Quiero
preguntarle, primero, ¿cuánto se ha reducido esa tasa de interinidad a
fecha de hoy? Nos gustaría que nos pudiera dar una variable. ¿Qué
solución plantea el Gobierno para estos interinos que aprobaron una
oposición en su día y, sin embargo, no obtuvieron una plaza fija, si bien
fueron incluidos en esas bolsas de trabajo? Evidentemente, la
Administración no cumplió con la obligación de sacar suficientes plazas
para la mayoría de los interinos que aprobaron una oposición. Creemos que
hay un problema que atender y debemos anticiparnos porque, además, hay
varios procedimientos en vía contencioso-administrativa que están
elevando cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y que podrían obligar al Estado a tener que readmitir o
indemnizar a estos trabajadores con multas millonarias. Me gustaría,
señora Collado, que nos diera un planteamiento o una solución para estas
personas, para estos profesionales que llevan muchísimo tiempo
trabajando. Es evidente que no estamos de acuerdo con el enchufismo, con
el nepotismo, con los tratos de favor que pudiera haber, creo que son
casos aislados, pero la mayoría de estas personas realmente necesitan una
solución.
En cuarto lugar, nos ha hablado usted también de Administración digital,
de modernización de la Administración, que es una de las cuestiones por
las que apuesta Ciudadanos y que llevamos además en los presupuestos. En
primer lugar, porque esto permite, además, ofrecer un mejor servicio a
los ciudadanos optimizando los recursos y también porque la
Administración pública puede impulsar muchos más tipos de servicios y
productos tecnológicos. Sin embargo, además de estos medios, hay una
modernización pendiente en la Función pública, que no está del todo
basada en estos medios materiales sino en los modos. La persona que le
habla es miembro también de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas y lo cierto es que el Tribunal de Cuentas suele no
poder analizar ese principio de eficiencia del que usted nos hablaba
porque los centros fiscalizados no planifican el gasto, porque los
centros fiscalizados no fijan objetivos cuantificables de su actuación,
porque no justifican debidamente la necesidad de las contrataciones y
porque no se establecen procedimientos internos ni una asignación clara
de responsabilidades en ningún área. No lo digo yo, lo dice el propio
Tribunal de Cuentas, por lo que me gustaría preguntarle si recibe usted
esas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y cómo se le ocurre a usted
que podrían generalizarse unas mejores prácticas dentro de la
Administración. Usted nos ha hablado de ese plan especial de gobernanza,
nos ha hablado de esa formación, señora Collado, que yo creo que se
podría haber hecho antes, mucho antes, por lo que me gustaría que me
concretara un poco más qué se puede hacer con todo esto.
En quinto y último lugar, respecto al cumplimiento del acuerdo, le quiero
recordar que en esas 150 medidas que aprobamos con el Partido Popular
para la investidura del señor Rajoy había cuatro puntos fundamentales,
del 125 al 128. El 125 hablaba de reforma de las administraciones
públicas. Queríamos eliminar duplicidades administrativas. De hecho, se
comprometieron a reducir los gastos en aproximadamente 1000 millones. El
126 hablaba de establecer un concurso como norma general para el
nombramiento de secretarios, interventores y tesoreros de la
Administración local. Este es un grave problema y le quiero preguntar
cuántas plazas hay vacantes o qué porcentaje de plazas reservadas a
funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter
nacional siguen vacantes en la actualidad. ¿Dónde estamos en la reforma
para reforzar la independencia de los funcionarios locales con
habilitación nacional? En esta Cámara se aprobó una proposición no de ley
apoyada además por el Grupo Parlamentario Popular. Deben darle un impulso
porque hay muchísimas plazas por convocar. Se está designando a estos
funcionarios por el sistema de libre designación y debemos acabar en la
medida de lo posible con este tipo de prácticas y propugnar el mérito y
la capacidad en estas designaciones. El punto 127 hablaba de desarrollar
un Estatuto Básico del Empleado Público y el punto 128 hablaba de
reforzar la política de reducción de cargas administrativas, la
simplificación de procedimientos y el impulso de la Administración
electrónica. Nos ha hablado un poco de todo ello y me gustaría que
concretara más sobre estas cuestiones.
Termino como he empezado la intervención. Creo que hay que dejar esto
mucho mejor que como nos lo hemos encontrado. Algún portavoz -creo que
era el señor Mena- ha hablado incluso de saltarse la tasa de reposición.
Creo que la estabilidad presupuestaria es fundamental. No podemos
comprometer a las generaciones futuras con todos los errores que podamos
estar cometiendo. Nos hablaba de hipocresía política y creo que no es
nada progresista endeudar a las generaciones futuras ni estar pagando más
de 31 000 millones de euros en intereses, exactamente 31 547 millones de
euros de intereses. Esto es el doble de lo que estamos pagando, por
ejemplo, por prestaciones por desempleo. Por tanto, creo que es
fundamental apoyar estos presupuestos, porque acabamos con los recortes;
subimos los salarios a los funcionarios, que se lo merecen porque han
pasado una época de crisis muy dura; equiparamos salarialmente a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que es justo y a lo que
ustedes mismos se habían comprometido; y, fundamentalmente, damos
estabilidad. Crear empleo público es fundamental, pero crear empleo
público sin tener los recursos suficientes es un completo error.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Collado, por comparecer en esta Comisión de
Presupuestos. Vamos a intentar no agotar el tiempo, porque llevamos una
acumulación importante de retrasos y vamos a terminar a las once de la
noche si no lo subsanamos.
En primer lugar, señora Collado, saludamos y nos felicitamos por el
acuerdo que se produjo entre los sindicatos y el Gobierno. Además, no le
voy a escatimar felicitaciones. Yo felicito a los sindicatos y felicito
al Gobierno, porque cuando hay un acuerdo al fin y al cabo es un acuerdo
de todos. Por tanto, no le voy a escatimar ningún tipo de felicitación.
Además, algunos de los aspectos nos parecen razonables. Vincular la
actualización de la retribución del personal de la Administración pública
al crecimiento del PIB me parece ciertamente inteligente. Es una buena
medida. No obstante, tenemos algunas dudas y algunas discrepancias que le
voy a plantear.
Supongamos -que no va a pasar- el hipotético caso de que, a pesar de todas
las apelaciones que se están haciendo desde Ciudadanos y el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista no vota a favor
del presupuesto. (Risas). Supongamos -que no va a pasar- que todos estos
a los que no apelan para que voten los presupuestos pero que les votaron
el año pasado, tampoco votan a favor de los presupuestos. Supongamos -que
no va a pasar- que no aprueban los presupuestos. Yo quisiera -el señor
ministro lo ha dicho- que nos dijera usted aquí que este acuerdo se va a
cumplir igual y que se va a implementar a través del correspondiente real
decreto-ley. Lo digo porque ayer el señor Nadal nos dijo: Si no hay
presupuestos, no hay actualización de las retribuciones de los empleados
públicos; cosa que yo creo que no se cree ni él. Estaría bien aclararlo
porque ayer sí que hubo algún empleado público que me llamó y me dijo:
Oye, estoy siguiendo con gran interés el debate que lleváis en la
Comisión de Presupuestos y he oído decir que si no aprobáis el
presupuesto no nos van a actualizar el salario. Votadlo sea como sea, ni
155 ni nada. (Risas). Pero, claro, como el señor ministro dijo que en
caso de que no hubiese presupuestos, se podría aprobar un real decreto,
yo quisiera que hoy aprovechase la oportunidad para dejar claro a este
empleado público que ayer me llamó preocupado que el acuerdo se va a
aplicar igual haya presupuestos o no haya presupuestos.
En cuanto a la tasa de reposición, en la que hay una cierta mejora,
obviamente, aunque el portavoz de Ciudadanos dice que es una barbaridad
si se suprime la tasa de reposición, creo que tendríamos que hacer una
reflexión seria en los diferentes niveles. Fíjese, las corporaciones
locales llevan seis años consecutivos de superávit que va incrementándose
a lo largo del tiempo y, como nos indicaba esta mañana el presidente de
la Airef, van incrementando sus saldos en las cuentas bancarias porque,
evidentemente, no tienen capacidad de gastarlo. Miren lo que les estamos
diciendo a las corporaciones locales: Usted tiene que equilibrar el
presupuesto, no tiene que generar déficit. Esto es razonable. A más a
más, con la aplicación de la regla de gasto, solo puede gastar un poquito
más de lo que gastó el año anterior. Y a más a más, tiene una tasa de
reposición. Aunque no tenga deuda, aunque tenga el presupuesto
equilibrado y no esté generando déficit, usted no puede contratar
personal más que en un porcentaje de lo que tenía o de las bajas
causadas. Esto no tiene ningún sentido y atenta absolutamente contra la
autonomía local. Si se contrata se está consolidando gasto público, gasto
corriente, que después es difícil corregir en el hipotético caso de que
exista déficit o incumplimiento de algunas de las reglas de consolidación
fiscal. Pero, claro, en cambio a esta Administración local nadie le pone
ningún problema en que a través del capítulo 2 pueda consolidar gasto
corriente mediante prestación de contratos de servicios públicos a tres
años, a cinco años o a determinados años que se van renovando. Por tanto,
de alguna forma, a la Administración local, que tiene capacidad para
gastar, se le dice: Tú no contrates, pero sí puedes externalizar algún
servicio a través de alguna empresa de servicios, aunque te cobre el IVA
y te
esté incrementando tu coste, porque aquí no tienes ningún tipo de
limitación. Por tanto, la tasa de reposición en la Administración local,
que se está mayoritariamente cumpliendo, no tiene ningún sentido. Es una
limitación a la autonomía local, es una excesiva tutela de la
Administración local y, claro, ¿quién tutela? Tutela el que no cumple,
tutela aquel que no cumple los objetivos de déficit. Obviamente, en el
acuerdo, tal como se ha expuesto, esta tasa de reposición es del 100 %
para todos los sectores; para aquellas administraciones que no cumplan
los objetivos de estabilidad presupuestaria es del 100 % para los
sectores prioritarios y del 75 % para los sectores no prioritarios.
Entiendo por tanto -y nos gustaría tener confirmación- que en el caso de
la Administración central y de la Seguridad Social en los sectores no
prioritarios va a ser del 75 %, porque la Administración central, como
todo el mundo sabe en esta Comisión, no cumple los objetivos de déficit.
También quisiéramos confirmación al respecto.
En relación con la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad, esta
es una antigua reivindicación. Las circunstancias -no quiero pensar
cuáles, aparte de las naranjas- han querido que se produzca este año. Yo
quisiera saber también -creo que alguien se lo ha preguntado- si esta
política de equiparación salarial de los diferentes trabajadores públicos
se va a plantear más allá de los cuerpos de seguridad y si se va a
plantear en términos no solo de equiparación salarial sino también de
equiparación de condiciones de trabajo, que no siempre son iguales en
unas administraciones que en otras.
En todo caso, señora Collado, muchísimas gracias por su comparecencia.
Estaremos atentos al seguimiento de este presupuesto y de este acuerdo, y
si no hay presupuesto, vamos a ver cómo acaba el acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la secretaria de Estado de Función
Pública su comparecencia esta tarde aquí, en la Comisión de Presupuestos,
y darle la enhorabuena, junto con el resto de personas que forman su
equipo, por el trabajo que lleva realizando al frente de esta secretaría
de Estado. Prueba de ello, del resultado de ese trabajo, es este proyecto
de presupuestos del año 2018, que, por lo que hemos visto en las
intervenciones de los anteriores portavoces, podemos decir que es un gran
presupuesto y que incorpora elementos fundamentales para los servicios
públicos y para los empleados públicos de nuestro país y de todas las
administraciones.
El presupuesto de la secretaría de Estado está incorporando la profunda
agenda reformista del Partido Popular; la agenda reformista de la X
Legislatura y la agenda reformista que tenemos también en estos momentos.
Este presupuesto incorpora, por un lado, elementos fundamentales en la
modernización, en la digitalización y en la participación de los
ciudadanos en los procesos públicos y en la Administración pública. En
ese sentido, quiero destacar los esfuerzos que incorpora este presupuesto
en el gobierno abierto y también quiero destacar que no es el primer plan
de gobierno abierto sino que es el tercero y que continúa incorporando
las normativas y la legislación que se generó en la X Legislatura y que
ahora mismo se está extendiendo y ampliando dentro de nuestra
Administración. Prueba de ello son las partidas y las medidas que ha
anunciado la secretaria de Estado hoy en esta comparecencia: financiación
pero, sobre todo, políticas que permiten continuar -vuelvo a repetir- con
esa agenda reformista.
En segundo lugar, quiero destacar -ha sido ya dicho por otros portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra- el compromiso del Partido
Popular y del Gobierno del Partido Popular con los servicios públicos y
con los empleados públicos. Además, tenemos claro que ese compromiso
solamente puede existir dentro de una presupuestación que cumpla la
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Lo que tenemos
claro en el Partido Popular es que si queremos tener unos servicios
públicos de calidad, si queremos que nuestros funcionarios y nuestros
empleados públicos puedan desarrollar su trabajo, necesitamos esos
presupuestos que estén comprometidos con la estabilidad presupuestaria y
con la sostenibilidad financiera, y este proyecto de presupuestos cumple
perfectamente estas premisas.
Quiero destacar el compromiso con la calidad del empleo público que se
vuelve a incorporar en estos presupuestos. En los presupuestos del año
anterior, del ejercicio 2017, se incorporó el primer acuerdo para la
mejora del empleo público, donde había un compromiso real con el proceso
de estabilización. Yo quiero destacar -porque algún portavoz, sobre todo
la del Grupo Socialista, el año pasado nos dijo que no íbamos a cumplir
ese pacto que habíamos firmado con los sindicatos- que frente a lo que
hicieron ellos con el acuerdo de estabilización que firmaron en el año
2009, que luego se transformó en una reducción de los salarios para los
empleados públicos del 5 % de media, el Partido Popular, en el año 2017,
firmó este acuerdo con las entidades sindicales, con los sindicatos, y
está cumpliendo. Prueba de ello es que, como resultado de ese proceso de
estabilización, en estos momentos ya se han anunciado por todas las
administraciones en torno a unas 130 000 plazas de estabilización. Si
damos algunos datos, veremos que afecta a la Administración de Justicia,
con más de 2000 plazas; al personal docente no universitario, con casi 43
000 plazas; a los servicios públicos de salud, con casi 70 000 plazas que
ya están convocadas. Es decir, ese acuerdo de estabilización se firmó y
se está cumpliendo, porque el Partido Popular y el Gobierno del Partido
Popular cumplen aquello que firman y, de nuevo, este presupuesto permite
continuar con ese proceso de estabilización iniciado ya con el acuerdo
del año 2017.
Como ha sido dicho también por otros portavoces, este presupuesto
incorpora la mejora en la retribución a los empleados públicos. Los
empleados públicos hemos sufrido los ajustes que fue necesario realizar
por la situación en la que nos dejó en este país el Partido Socialista
Obrero Español, con unas finanzas públicas quebradas. Y en el momento en
el que se pasó de la recesión a la recuperación económica, el Gobierno
del Partido Popular comenzó a devolver a los trabajadores, a los
empleados públicos, todos aquellos ajustes que fue necesario realizar.
Una de esas devoluciones vuelve a ser ahora este incremento salarial, que
fue recogido en el segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de
las condiciones de trabajo, que fue firmado el pasado 9 marzo de este
mismo año.
No voy a repetir las subidas salariales, que pueden llegar hasta un 8,79
%, pero sí quiero destacar de nuevo la agenda reformista del Partido
Popular y del Gobierno del Partido Popular. Frente a quienes continúan en
esos planteamientos antiguos de revalorizaciones o de subidas salariales
en función del IPC, que todos sabemos que lo único que nos traen son
incrementos de precios e inflación y que no se transforman realmente en
mejoras en las retribuciones de los trabajadores, este acuerdo incorpora
que las subidas salariales vayan en función del crecimiento del producto
interior bruto y que incorporen también elementos de cumplimiento de
objetivos de déficit. Porque de lo que se trata es de que el crecimiento
del país se devuelva a los trabajadores, bien sean del ámbito privado,
bien sean del ámbito público, y, por otro lado, que no gastemos lo que no
tenemos, que es lo que ha pasado en los últimos años, que el Partido
Socialista gastó lo que no tenía y esto ha supuesto que después se hayan
tenido que realizar esos ajustes por los que nos hemos visto afectados en
los últimos años. Estamos con crecimiento, se trata de devolver ese
crecimiento económico, ese crecimiento del PIB a los trabajadores en el
ámbito privado, pero también en el ámbito público. De nuevo, vuelvo a
repetir, estamos hablando de una agenda reformista que se incorpora en
estos presupuestos. Y quiero volver a destacar que frente a un Partido
Socialista Obrero Español que bajó los sueldos a los funcionarios,
tenemos de nuevo una subida, el tercer año de subida, porque quiero
recordar el presupuesto de 2016 y el presupuesto de 2017, y en este
presupuesto de 2018 podríamos llegar a una subida de un 1,95 %.
También quiero hablar de las tasas de reposición, porque aquí hablamos
mucho de las tasas de reposición. Aquí de nuevo tenemos una agenda
reformista, porque se establecen dos modelos: para aquellos
ayuntamientos, entidades locales y comunidades autónomas que cumplen con
los tres criterios -déficit, deuda y regla de gasto-, en este caso
hablamos del 100 % en todos los sectores, hablamos de un incremento del 8
%, pero en las entidades locales ese incremento puede llegar al 10 %. Y
para aquellos que no cumplen -la tasa de reposición supone unos
incrementos en gastos que hay que pagar, es decir, hay que tener esos
ingresos para poder frente a esos gastos- o con la deuda o con el déficit
o con la regla de gasto, lo que tenemos es un 100 % en los sectores
prioritarios, que son la mayoría, un 75 % en el resto, que además puede
ser incrementado en un 5 % y, además, se establece que se puede poner un
5 % más en el caso de que tengan que prestar mayores servicios porque
haya habido un incremento en la población. Esa es la tasa reposición, un
incremento significativo en esas tasas de reposición, vuelvo a repetir,
incorporando la agenda reformista del Partido Popular, de forma que se
vincula el aumento en la tasa de reposición al cumplimiento de la deuda
del déficit y también de la regla de gasto. De la estabilización y de su
cumplimiento ya les he hablado, y si cumplimos con la estabilización,
volveremos a cumplir con este acuerdo del año 2018 de subidas salariales.
Estos presupuestos incorporan más elementos, incorporan la recuperación de
la negociación colectiva en los diferentes ámbitos de la Administración.
Creo que esa es una medida fundamental y va vinculada, por ejemplo, a la
jornada laboral; la capacidad de que se pueda negociar en los diferentes
ámbitos de la Administración esa jornada laboral, pero, por supuesto,
cumpliendo con los objetivos, cumpliendo con la deuda, cumpliendo con el
déficit y cumpliendo con la regla de gasto, porque yo lo que veo es que,
por un lado, se dice una cosa, pero, por otro lado, lo que se pide es
gasto y gasto, sin estar pendientes de si las administraciones tienen los
ingresos suficientes para hacer frente a esos gastos. Les vuelvo a
recordar el
concepto (el señor Bel Accensi hace gestos negativos) -veo que dicen que
no con la cabeza- de sostenibilidad financiera. No hablamos de un año ni
de dos años, sino de la posibilidad de mantener -finalizo, señor
presidente- los ingresos suficientes para pagar esos gastos a lo largo
del tiempo, no solo en un ejercicio económico.
Finalizo ya, porque las que incorpora este presupuesto son muchas medidas
y son muy buenas. Algunas peticiones de plazas que ha hecho el portavoz
de Podemos, por ejemplo, de controladores aéreos y en salvamento
marítimo, están en estos presupuestos. Mírenlo porque está en estos
presupuestos.
En definitiva, y finalizo, señor presidente, muchas gracias, señora
secretaria de Estado, por la tarea que está realizando, por este proyecto
de presupuestos. Si son tan buenos como han dicho todos los portavoces,
no entiendo cómo nos están pidiendo un real decreto y no votan a su
favor, porque son los presupuestos que necesitan todos españoles y los
más de 3 millones de funcionarios que se han esforzado también. Así que,
si son tan buenos, voten a favor de ellos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.
A continuación, la señora Collado, secretaria de Estado, tiene la palabra
para contestar a las preguntas de los diferentes portavoces de los grupos
parlamentarios.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez):
Muchas gracias, presidente.
Empezaré por las preguntas y los comentarios de la señora Serrano, y lo
primero que tengo que hacer, indudablemente, es decir que sí a esa
felicitación a las organizaciones sindicales, pero también trasladarle a
usted y a todos que no hemos estado solos y que el Gobierno entero tiene
por convicción la necesidad y las ganas de llegar a acuerdos. Les he
hablado de siete acuerdos y ochenta reuniones de negociación. Creo que
esa es una pequeña muestra de que, de verdad, no queremos hacer las cosas
unilateralmente.
Aparte de eso, y en respuesta a algunas otras intervenciones, hemos visto
tanto para el acuerdo de 29 de marzo, como para el que pudo ser en
septiembre, como para este a todas las comunidades autónomas -a algunas
tres veces, a otras cinco- y, además, tenemos varios órganos de trabajo,
como la Comisión de Coordinación del Empleo Público y la Mesa General de
las Administraciones Públicas donde escuchamos y recogemos ideas. El
acuerdo es fruto de muchas de las cosas que nos han trasladado
corporaciones locales y comunidades autónomas. O sea, bien por la
felicitación, pero extendámosla, porque hay muchos agentes implicados en
este acuerdo que es bueno para todos.
En lo que afecta a la reducción de efectivos, ya lo dije el año pasado,
hay una reducción de efectivos desde 2012 cercana a 150 000, y esos son
datos que publicamos religiosamente en el Registro Central de Personal.
La buena noticia es que desde enero de 2016 a julio de 2017 hay un
incremento de efectivos, sobre todo en las corporaciones locales y en las
comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las prestadas de
servicios. La segunda buena noticia es que las tasas de reposición que
traemos en esta Ley de Presupuestos aumentan significativamente y, como
he dicho, van a crear empleo neto. Si miramos datos, solo la
Administración General del Estado en dos ejercicios ha sacado 40 000
plazas. Las comunidades autónomas, solo en la oferta de 2017, llevan
convocadas 59 000, y no han convocado todo, evidentemente. Es decir, la
Función pública se mueve, las convocatorias están en la calle y estamos
en un buen camino para recuperar el empleo perdido y para rejuvenecer las
plantillas, que es otro de los problemas que nos preocupa a todos.
La tasa de reposición como instrumento de ordenación no es nada maldito.
Nació en el año 1995, por lo que tiene unos poquitos años. Les recuerdo
las tasas de reposición -me las pasa mi equipo- de los años 2009, un 30
%; 2010, un 15 %; 2011, un 10 %; y 2012 -ya gobernaba el PP-, un 10 %.
Caramba, estamos en tasas de reposición para comunidades autónomas
saneadas y para corporaciones locales del 115 % y pueden llegar al 120 %.
Esto es creación neta de empleo público. Y contestando al diputado de
Podemos, si hiciera falta -el año pasado les escuchamos y salimos de aquí
con muchos deberes- algún plan especial y decidimos la fórmula, el Estado
buscaría los mecanismos adecuados para incrementar las plantillas allá
donde sea esencial para nuestras políticas públicas. Eso nos lo trasladan
los sindicatos y los diputados y nosotros escuchamos, negociamos y nos
ponemos a trabajar. Nada está descartado en este aspecto.
Señora Serrano, en cuanto a los acuerdos vinculados al IPC, el último es
de 2009, y en él, con un incremento salarial del 0,3 %, se decía que en
los años 2012, 2013 y 2014 se recuperaría la pérdida de poder adquisitivo
en enero en función del IPC. Sabe que ese acuerdo tuvo un recorrido de
siete meses y que, por desgracia para todos, terminó en una bajada
retributiva de una media del 5 %, que en algunos casos fue del 12 %. Es
una forma de calcular los salarios y de hacer subidas retributivas
absolutamente obsoleta. Si los sindicatos mayoritariamente nos han
firmado esto, con independencia de la ideología, es que han podido
comprender que es mucho mejor ligar el crecimiento económico al
crecimiento de los salarios. En este sentido, es un acuerdo sólido y
factible, porque ya con las previsiones que hoy mismo nos daba el FMI la
parte variable del año 2019 se va a cumplir. Y, por supuesto, España
llegará a cumplir el objetivo de déficit en 2020 sin ninguna duda, con lo
cual estamos en condiciones de alcanzar la parte alta y la parte alta es
muy buena para todos los empleados públicos. Decía el representante de
UGT cuando terminamos que es un acuerdo felizmente insuficiente y yo me
he quedado con eso. Siempre podría haber sido mucho más, se podría haber
llegado a mucho más, pero negociar es ceder y al final hemos alcanzado el
mejor de los acuerdos posibles después de un largo año de negociaciones.
Por lo que se refiere a las treinta y cinco horas, vuelven a donde estaban
antes de la negociación colectiva de 2012 con cada comunidad autónoma y
corporación local. Pero, las treinta y cinco horas tienen que ser
sostenibles. Es absolutamente lógico y de sentido común que, por un lado,
se cumplan los objetivos de estabilidad que las hagan sostenibles, pero,
por otro, si estamos firmando estabilizar, no podemos hacer políticas
para que el porcentaje de interinidad se vuelva a ir al 30 %, que es
donde ha estado en las comunidades autónomas; no así en el Estado, donde
está en un 5 o en un 6%. Así, pues, los cuatro requisitos son buenos para
que se puedan negociar, y la generalización tampoco es algo que el
Partido Popular haya defendido. Hay que ver las circunstancias de cada
uno, las tareas, los sectores, cómo es el trabajo de una enfermera en un
turno de noche o en un sitio de cuidados especiales. Vamos a abrir un
periodo de reflexión. En todo caso, a la comunidad autónoma que más le
preocupaba este asunto le ha dejado de preocupar, porque ha elaborado 38
folios de medidas adicionales para completar esos horarios y, como bien
saben, no han sido recurridos por el Estado, con lo cual un problema
menos en este sentido.
Por lo que afecta a la pérdida de efectivos, les diré que en los últimos
años ya estamos en 18 000 puestos más en comunidades autónomas y en 9000
más en corporaciones locales. Se está creando empleo, aunque el Estado
sigue sin recuperar. No pierde, pero sigue sin tener recuperación neta de
efectivos. En este tema vamos también en una buena dirección y tenemos
que esperar la incorporación de la oferta de 2017, que, si recuerdan, fue
nada menos que de 28 000 plazas, 20 000 de ingreso libre.
En lo que se refiere a la Administración local, por la que preguntaba el
señor Mena, esta ha sido, en materia de empleo, la gran beneficiaria de
este acuerdo. Hemos tenido especial sensibilidad no solo por lo que nos
traslada la FEMP, sino también porque hemos recibido a muchísimos
alcaldes, alcaldes de las costas o de sitios pequeños, bastante
desesperados -usted también preguntaba por ello- porque son plantillas
cortas y la reposición no les daba, y encima tienen superávit. Por eso,
el paquete de medidas para corporaciones locales les sube por encima de
cualquier otra Administración pública. Estas administraciones saneadas y
con superávit, aparte de que tienen Policía local al 115 %, tienen su
tasa del 100 % en todos los sectores -y la pueden repartir en todos los
sectores- y pueden llegar a otra adicional del 15 %. Creemos que con la
suma de estas medidas en Administración local se puede conseguir un
refuerzo en muy poco tiempo de todos los servicios que también son
esenciales para la ciudadanía. Aparte de esto, las de superávit son
beneficiadas, porque los fondos adicionales les van a suponer un 0,3 por
cada uno de los años, frente a las incumplidoras, como hemos sido
nosotros, que les supondrá el 0,2, 0,25 y 0,3.
En otros asuntos que me plantea, he de decirle que nosotros trabajamos con
todos los ministerios en cuanto detectamos un problema. En el Ministerio
de Educación se ha detectado en la parte de museos, en el Reina Sofía y
en la Filmoteca. Tenemos un grupo de trabajo abierto. Precisamente los
vigilantes de museos planteaban ayer un conflicto, con movilizaciones
previstas. Estamos empezando a negociar con ellos y mi idea, la de la
secretaria de Estado, es ver si con los fondos adicionales de la AGE
podemos ir tapando esos huecos y dando respuesta a determinados
colectivos que quizá hayan estado abandonados en los último años, pero
eso -y le contesto a otra cosa que me ha preguntado- forma parte del
calendario inmediato. En cuanto esté la Ley de presupuestos, tenemos un
calendario con las centrales sindicales ya prefijado y nos vamos a sentar
a estudiar la jornada en la Administración General del Estado. Nos hemos
comprometido y nos vamos a sentar. No creo que sea una necesidad imperiosa
-esa, no; hay otras-, pero nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar para el
reparto de fondos adicionales, y a mí me encantaría que pudiéramos hacer
un reparto de los casi 127 millones de euros por tres años, que también
dará certidumbre y confianza a los empleados públicos; también nos vamos
a sentar para las medidas de corresponsabilidad y conciliación y tenemos
que elaborar el tercer plan de igualdad. Con esta firma del acuerdo yo
creo que tenemos tarea.
Por lo que se refiere a los centros de Seguridad Social e inspección, como
sabe, la oferta extraordinaria del año pasado, del Decreto 7/2017,
obedeció a una detección temprana del problema que se nos estaba viniendo
encima en estos centros y por eso sacamos ese número de plazas. Los
procesos se están convocando y yo creo que en muy pocos meses verán la
luz, no tanto en el A1, pero sí en los grupos de atención directa al
público, y creo que ese problema lo vamos a matizar bastante. Seguridad
siempre va a estar como sector prioritario con su 100 % y, en caso de que
detectáramos un problema adicional, como es un sector prioritario,
acumularíamos tasa de reposición para que puedan salir más plazas, y eso
lo haríamos en cuanto podamos aprobar el decreto de oferta
extraordinaria.
En Instituciones Penitenciarias hubo una oferta importante de 700 plazas
el año pasado -están en ello- y hemos hablado con el Ministerio del
Interior -porque también con los nuevos centros, como Archidona, hubo que
recalcular efectivos- y les hemos dicho que nos cuenten sus necesidades
reales y, si hay que acumular tasa de cualquier otro sector a
Instituciones Penitenciarias, vamos a estar encantados de hacerlo, como
lo hicimos el año pasado con Policía y Guardia Civil.
No repetiré lo referente a la jornada de treinta y cinco horas y su
sostenibilidad, porque he estado en todos y hemos acordado con las
centrales sindicales que tenemos que hacer un acuerdo que no nos lleve a
ningún lío y que sea sostenible en el largo plazo. Vamos a hacer todo lo
que podamos hacer, pero vamos a pagarlo y a no comprometer las finanzas
públicas por un acuerdo de esta enjundia. Por lo que afecta a la
incapacidad laboral transitoria, la IT, es otra de las tareas pendientes.
La mesa general de la Administración del Estado se va a reunir, como lo
harán las comunidades autónomas. Mi idea personal, que he compartido con
los sindicatos, es que vayamos no a un sistema de catálogo, que me parece
que siempre es interpretable, sino a un sistema de porcentajes, y desde
luego tenemos el compromiso firme de elaborar rápidamente la metodología
de medición del absentismo y un plan muy serio de persecución del
absentismo malo. No podemos estar más acuerdo de administraciones
públicas, centrales sindicales y Administración General del Estado. Lo
vamos a hacer, y además queremos publicar los datos en transparencia,
como decía esta mañana el secretario de Estado de Seguridad Social, para
que veamos los unos a los otros qué está pasando en nuestras
administraciones y por qué hay más absentismo en unos sitios que en
otros. Esas conclusiones nos van a llevar a poder controlar el
absentismo, lo que además es el deseo del 99,9 % de los empleados
públicos de este país.
En homologaciones, nosotros hemos negociado de forma centralizada. Esto
sería infinito, incluso si nos ponemos hasta los altos cargos a
homologarnos porque alguien quiere homologarse con la agencia o alguien
quiere irse al País Vasco. Las autonomías tienen autonomía y las
corporaciones locales también. Nosotros hicimos un modelo que todos
aprobamos y, quitando las retribuciones básicas, ellos pueden manejar en
términos de sostenibilidad los complementos específicos, los complementos
autonómicos, los sistemas de carrera... Tratar de una forma centralizada
o recentralizada de volver a hacer nosotros las retribuciones para todo
el Estado me parece que no es de recibo y además atentaría contra la
autonomía de las comunidades autónomas. En todo caso, hay problemas.
Intentaremos en la medida de lo posible negociar con unos y otros y ver
si con el margen que tenemos en fondos adicionales conseguimos aplacar de
alguna manera estas protestas que a nadie gustan.
Sí, hemos tardado un poco en elevar el decreto de acoso sexual y laboral.
Lo tenemos preparado, pero es verdad que se está aplicando. No hacía
falta rango normativo, fuera de que sería un poco más visible. En todo
caso, tomo nota e iremos viendo a ver si lo podemos encajar en el plan
anual normativo.
Por lo que se refiere al principio de eficiencia y al problema de los
interinos, empezaré por el de los interinos. La plataforma de interinos
que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante,
como en Andalucía está cobrando fuerza. Hay ya miles de personas que se
están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por
los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que
tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Nuestra posición ahí,
con franqueza, es que tienen una gran oportunidad -porque esto no a ser
en un año, tenemos hasta cinco en docentes- y su experiencia puede
servir,
porque mayoritariamente vamos a sistemas de concurso oposición y tienen
que opositar. En España, en la Función Pública, se ingresa como se
ingresa. A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos
provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede
trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras
vinculaciones. Este proceso era necesario y, como ha dicho la diputada
del PP, ya está en marcha, ya son más de ciento veinte mil plazas. No
debemos pararlo y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran
mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un
poco de esfuerzo y tirando, vuelvo a decir, de su experiencia,
conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios
de carrera, que sería lo suyo.
En Administración digital y en compartición de mejores prácticas, nosotros
vamos a seguir trabajando con todas las armas que tiene la Secretaría de
Estado de Función Pública, con especial incidencia en la formación, en la
evaluación y en el plan de transformación e impulso que les he presentado
esta tarde. Yo creo que con todas estas armas, y por supuesto con los
sistemas de gobernanza y simplificación de cargas administrativas, el
balance de lo que será el año 2018 será tremendamente positivo.
En lo que se refiere al cumplimiento del acuerdo y hablando de habilitados
nacionales, me han tenido que pasar una nota con los interinos que hay:
son como novecientos, entre Secretaría-Intervención e
Intervención-Tesorería. Lo que hemos hecho en esta ley -lo habrá visto-
es prever que se saque el 30 % de las plazas ocupadas de forma interina.
Pero estas vacantes, mayoritariamente, están cubiertas por interinos. Es
un proceso de estabilización un poco especial porque tiene un porcentaje
solo para los habilitados nacionales, pero la idea es que en dos o tres
años podamos tener un porcentaje altísimo de habilitados nacionales con
carácter fijo.
¿Qué pasa con los concursos? En la proposición de ley que ustedes llevaron
a esta Cámara en septiembre de 2016 venía un artículo donde, con otras
modificaciones en potestad sancionadora de habilitados, se refería a que
estos puestos fueran todos de concurso. Nosotros, en ese momento, ya
teníamos un decreto de habilitados nacionales preparado, pactado con
Cosital, que aglutina a todos los habilitados, y con dictamen del Consejo
de Estado. ¿Qué hicimos? Pararlo por la proposición de ley, como tenemos
parados varios reglamentos como el de transparencia o de alto cargo. El
régimen jurídico de los habilitados llevaba esperando no solo diez o
quince años desde los decretos antiguos, sino también desde que se
modificó la Ley de Bases de Régimen Local. Nos vinieron a ver muchísimas
veces y, al final, yo dije que estaba un poco en las manos de Ciudadanos
y que no queríamos hacer nada que fuera en contra de su proposición.
Entonces, hablaron con el responsable, con el que va a ser el ponente de
su grupo, y él mismo me mandó un correo electrónico diciendo que
sacáramos adelante el decreto y que, en cuanto se aprobara la ley,
nosotros haríamos la modificación pertinente. Eso estaba hablado y hemos
intentado hacerlo lo más rápido posible porque yo necesitaba una cierta
seguridad jurídica; empezaban a tener serios problemas después de tres
años.
En lo que se refiere al estatuto básico, ahí no les puedo engañar: no creo
que tengamos los mimbres para un desarrollo de la ley en el ámbito de la
Administración General del Estado. Vamos a hacer un desarrollo
reglamentario, por supuesto, y vamos a trabajar conjuntamente para que lo
podamos hacer, pero va a ser complicado que hagamos, justo ahora, la ley
que desarrolle el estatuto básico en el ámbito de la Administración
General del Estado.
Señor Bel, le contestaré lo mismo que mi compañero el secretario de Estado
de Presupuestos: ahora estamos sin presupuestos. Él y el ministro ya han
dicho que se salvarán las cosas esenciales de los presupuestos y a nadie
se nos escapan cuáles son las esenciales. Pero vamos a aprobar estos
presupuestos, con lo cual, no va a hacer falta ni pensar en los
eventuales apoyos de un decreto-ley.
Me parece que he contestado a todas las cuestiones que me habían
planteado. Por tanto, les doy las gracias a todos por sus intervenciones.
Muy buenas tardes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Collado. No he querido
interrumpirla cuando tenía que contestar a las preguntas de diversos
comparecientes, pero le quería hacer una aclaración que, a lo mejor, ya
sabe. Yo estoy aquí en el Congreso y no en la Agencia Tributaria y ya me
gustaría a mí homologarme salarialmente a la Agencia Tributaria. De
hecho, cuando me vine de la Agencia Tributaria al Congreso, porque fui
elegido, fue un honor pero perdí dinero.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA (Collado Martínez): Por
eso lo he dicho mirando al presidente.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(BERMÚDEZ DE CASTRO MUR). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO
(números de expediente 212/001437 y 212/001302); CIUDADANOS (Número de
expediente 212/001504); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA (números de expediente 212/001430 y 212/001429); SOCIALISTA (Número
de expediente 212/001263) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente
212/001583).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
La siguiente comparecencia es la del señor secretario de Administraciones
Territoriales. Para realizar la intervención inicial, tiene la palabra el
señor Bermúdez de Castro.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Bermúdez
de Castro Mur): Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Comparezco ante ustedes por segunda vez en esta
legislatura para dar cuenta de los presupuestos de la Secretaría de
Estado que yo regento para este ejercicio 2018. El presupuesto, como
todos ustedes conocen, se integra en la sección 25 y los tres programas
que se gestionan desde esta Secretaría de Estado son el 922, 921 y 942,
que suponen algo más de 300 millones de euros, con un aumento para este
año del 3,5 %. Voy a explicar con detalle estos tres programas y los
créditos que contienen, pero permítanme que me refiera muy brevemente al
proyecto de presupuestos para este año 2018, presentado el pasado 3 de
abril en el Congreso de los Diputados.
Este proyecto presupuestario refleja fielmente las prioridades y
compromisos del Gobierno y responde a las demandas y preocupaciones de
los españoles. Estos presupuestos consolidan el crecimiento económico y
el empleo. Asimismo, el proyecto presentado extiende los beneficios de la
recuperación económica a un mayor número de ciudadanos y, en particular,
a los que más dificultades pasan o tienen. En lo que respecta a las
administraciones territoriales, en este proyecto de presupuestos
recibirán 4248 millones más en concepto de recursos en el sistema de
financiación, hasta un total de 123 250 millones de euros. Las
comunidades autónomas percibirán 105 020 millones de euros, la mayor
cantidad que han recibido nunca, para financiar los servicios básicos que
prestan, con un aumento de 4000 millones de euros sobre el año pasado.
A las entidades locales se les asignan 18 230 millones de euros, lo que
supone 248 millones de euros más que el pasado año 2017. También estos
presupuestos incluyen créditos para financiar mecanismos de apoyo
financiero, que ascienden a 16 500 millones de euros para las comunidades
autónomas y 1000 millones de euros para los ayuntamientos. De igual
manera, los presupuestos de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales que hoy expongo ante ustedes responden a
las prioridades y compromisos del Gobierno en lo que se refiere a las
prestaciones de servicios por parte de la Administración periférica del
Estado y a la cooperación con las comunidades autónomas y los entes
locales.
Los principios que inspiran nuestra acción política son la búsqueda de
consensos y acuerdos, la lealtad institucional, la colaboración con
comunidades autónomas y entes locales y la cooperación económica local
para la mejora de infraestructuras y equipamientos municipales. Estos
principios persiguen un objetivo: que todas las administraciones públicas
presten el mejor y más eficiente servicio a todos los ciudadanos. Una de
estas prioridades se refiere a la modernización de la Administración
periférica del Estado. Ya expuse hace un año ante esta misma Comisión la
intención de emprender un plan integral de mejora de los servicios que
prestan las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En estos
momentos, este plan es ya una realidad que se ha empezado a implementar
con unas metas incluso más ambiciosas que las que les expuse el año
pasado inicialmente. No solo se trata de una mejora material, aunque
lógicamente el plan tiene una importante dotación económica que ya se
refleja en estos presupuestos con una inversión que aumenta un 30 %. La
intención del Gobierno es emprender una reforma estratégica con los
siguientes objetivos: fortalecer la presencia del Estado en todo el
territorio español, impulsar la colaboración intreradministrativa
reforzando la coordinación y el apoyo, especialmente con los pequeños
municipios, ampliar los canales de comunicación digital y mejorar los
servicios que se prestan en las delegaciones y subdelegaciones y que
inciden de manera directa en la vida de todos los ciudadanos, por
ejemplo, en las autorizaciones de residencia y trabajo en materia de
extranjería, la vacunación internacional, las homologaciones de títulos,
el control sanitario en las fronteras o la dirección y coordinación de la
protección civil, entre muchos otros temas. En definitiva, queremos una
Administración periférica más cercana al ciudadano, que preste un
multiservicio y que sea también multicanal.
Este plan se presentó el pasado 5 junio de 2017 y ha recibido un
importante impulso en la reunión nacional de delegados y subdelegados que
celebramos la semana pasada en Santander. Este plan se articula en tres
ejes estratégicos. El primero de ellos es el impulso a la Administración
digital; el segundo, la modernización de la imagen de la Administración
periférica, y el tercero, la racionalización y la mejora de los recursos.
Estos tres ejes se organizan en cuatro estrategias y veintidós medidas y
se vertebran por dos acciones transversales: la actualización integral de
las oficinas de información y atención al ciudadano y la promoción del
papel de las delegaciones del Gobierno en la difusión del canal digital.
El ámbito temporal de este plan se extiende hasta el año 2022.
El año pasado, asimismo, les hablé sobre el reto demográfico, que por
primera vez ha entrado a formar parte de la agenda política del Gobierno
de la nación, al igual que se ha integrado en la agenda de otras
administraciones. El Gobierno ha emprendido iniciativas en varios ejes
prioritarios, como garantizar la conexión a través de Internet en todos
los núcleos de población de España, poner en marcha nuevas ayudas a la
vivienda y pensar especialmente en el colectivo de los jóvenes, en
coherencia con la necesaria sensibilización del conjunto de las políticas
públicas con las especiales necesidades de las zonas rurales y con mucha
despoblación. Por parte de la Secretaría de Estado estamos preparando una
nueva convocatoria en el contexto de la garantía juvenil de ayudas
específicas que permitan contribuir a hacer frente a la despoblación por
un montante de 100 millones de euros, dirigidos especialmente a favorecer
la empleabilidad y pensando especialmente en esos municipios con menos
población.
Como bien saben todos ustedes, la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales gestiona parte de los recursos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder, y del Fondo Social Europeo,
asignados a la Administración General del Estado en el periodo 2014-2020,
y que están destinados a financiar actuaciones de las entidades locales.
Son casi 1800 millones de euros, de los que nosotros gestionamos
aproximadamente la mitad, algo más de 900 millones de euros, para
financiar proyectos en las entidades locales que tengan por objeto poner
en marcha estrategias de desarrollo urbano integral y sostenible, las
llamadas Edusi, reducir las tasas de desempleo juvenil en España a través
de la mejora de las cualificaciones y del fomento de la contratación y
del autoempleo y mejorar la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social. La Secretaría de Estado ha
llevado a cabo, y lo va a mantener en este ejercicio, un gran esfuerzo
para apoyar técnicamente a las entidades y corporaciones beneficiarias.
Asimismo, vamos a invertir más de 200 000 euros para la dotación de
medios destinados a optimizar los procedimientos de selección, evaluación
y validación de los proyectos.
Otro de los principios de nuestra acción política a los que me referí al
principio es la lealtad institucional como forma de relación con el resto
de las administraciones. En este sentido, quiero destacar el esfuerzo que
estamos llevando a cabo para reducir la litigiosidad entre el Estado y
las comunidades autónomas. No quiero cansarles con más cifras, pues los
siguientes apartados están llenos de ellas. Simplemente les daré algunos
datos bastante significativos. Se ha incrementado en casi un 10 % el
porcentaje de cartas de cooperación enviadas a las comunidades autónomas
en relación con proyectos normativos analizados. A lo largo de esta
legislatura se han iniciado sesenta y cinco procedimientos al amparo del
artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De estos
sesenta y cinco procedimientos, sesenta y cuatro se han iniciado a
iniciativa del Gobierno y uno a iniciativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón. El resultado de esta negociación a través del artículo 33.2 ha
sido positiva, a nuestro juicio, ya que en veintiséis de ellos hemos
llegado a acuerdos y no se ha presentado recurso, en trece de ellos el
resultado ha sido negativo, en veinticuatro estamos negociando y ha
habido un acuerdo parcial en dos.
Como les decía al principio, señorías, el presupuesto de la secretaría de
Estado se integra en la sección 25. El presupuesto no consolidado del
Ministerio de la Presidencia -es decir, el que incluye las transferencias
a los organismos públicos- asciende a 801 millones de euros, lo que
supone un incremento del 4,8 % respecto al año pasado. El presupuesto
consolidado, excluidos los organismos adscritos, es de 441 millones de
euros. No me voy a extender, ya que mañana por la mañana creo que
comparece ante todos ustedes el subsecretario de ministerio, José María
Jover, que les dará muchas más explicaciones.
Señorías, como saben, las competencias que ejerce esta secretaría de
Estado están adscritas en esta legislatura al Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. El real decreto
que desarrolla la estructura orgánica del ministerio se aprobó en el
Consejo de Ministros en julio del año pasado, lo que supuso la
transferencia de los empleados públicos adscritos al Ministerio de
Hacienda y Función Pública y los correspondientes créditos
presupuestarios. Esto significa un incremento del crédito del capítulo 1,
en concreto, en el programa 922.M. Lo destaco porque seguro que ustedes
lo han visto ya
en los presupuestos que hemos presentado. El presupuesto de la secretaría
de Estado para 2018 asciende a algo más de 311 millones de euros, 10,5
millones más que en 2017. El montante representa el 70,5 % del total del
presupuesto consolidado del Ministerio de la Presidencia. Las
competencias que ejerce la secretaría de Estado y las acciones que las
desarrollan tienen un marcado carácter de gestión política y
administrativa, lo que lógicamente se refleja en el presupuesto. Por
ello, el capítulo 1, gastos de personal, se eleva a 225,9 millones de
euros, lo que representa algo más del 72 % del total del presupuesto. En
la secretaría de Estado se integran los 6334 empleados públicos que
trabajan en cada una de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Además, este capítulo sube en 9,7 millones de euros debido al traspaso de
empleados que he dicho antes y al incremento salarial que fija el
proyecto para todos los funcionarios. Es significativo también el
incremento del capítulo 6, de inversiones, que sube el 29,6 % hasta los
14,6 millones de euros, 3,3 millones más que el año pasado, como
consecuencia del plan de modernización que les decía anteriormente.
Paso ahora a desglosar brevemente los datos de cada uno de los tres
programas que integran el presupuesto de la secretaría de Estado. El
programa 922.M, organización territorial del Estado y desarrollo de sus
sistemas de colaboración, tiene una dotación de 13,1 millones de euros.
Además de su presupuesto inicial de 2017, este programa recibe créditos
que se dan de baja en el Ministerio de Hacienda y Función Pública por la
reestructuración ministerial que les comentaba antes. El objetivo de este
programa es consolidar e impulsar la cooperación, el auxilio mutuo y la
coordinación en los tres niveles -central, autonómico y local- en los que
se organiza territorialmente el Estado español. Para ello, se efectúa un
seguimiento pormenorizado de la distribución competencial, el ejercicio
de las funciones administrativas y las relaciones interadministrativas
que se generan. Asimismo, debe velar por la adecuación al marco
constitucional de los actos y disposiciones del Estado y las comunidades
autónomas y garantizar el respeto a la autonomía local como
Administración más próxima al ciudadano y prestataria de importantes
servicios públicos. Como decía, lo más importante de este programa es el
aumento del capítulo 1 como consecuencia de los movimientos de
funcionarios y la subvención que recibe en este programa la Fundación
Manuel Giménez Abad que viene desde hace bastante tiempo y que, como dije
el año pasado, seguiremos apoyando.
El programa 942.A es el que desarrolla el principio de cooperación
económica local del Estado. Sus créditos ascienden a 35,4 millones de
euros, 600 000 euros más que el año pasado. Respecto a los presupuestos
de 2017, la principal variación figura en el capítulo 7 como consecuencia
de haber finalizado el pago de las ayudas para paliar los daños causados
por el temporal en la fachada atlántica y cantábrica. En el resto de
capítulos no existen variaciones significativas. Este programa incluye
actuaciones dirigidas a la financiación de las infraestructuras y
equipamientos de las corporaciones locales y a mejorar los servicios
públicos que prestan. El objetivo es conseguir una mayor calidad de vida
y un mayor grado de cohesión económica y social de los municipios, en
especial de los menos favorecidos. La cooperación económica local del
Estado para 2018 se estructura en torno a las siguientes actuaciones.
Primera, aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias
de una cuantía económica similar a la del año pasado. Segunda, el
seguimiento de programas operativos comunitarios. Como les comentaba al
principio, gestionamos fondos europeos asignados a España en el periodo
de programación 2014-2020 destinados a financiar actuaciones de
corporaciones locales. En concreto, gestionamos Fondos Feder y Fondo
Social Europeo.
Por lo que se refiere a los fondos Feder, nos corresponde la gestión de
las acciones dirigidas a los municipios de menos de cien mil habitantes,
excepto capitales de provincia, dentro del capítulo de desarrollo urbano
sostenible integrado, dotado con 1353 millones de euros. Con cargo a
estas ayudas europeas se han realizado hasta la fecha tres convocatorias
de ayudas. La primera de ellas, por un importe de 730,9 millones de
euros, y en este supuesto gestionaremos 335 millones de euros
correspondientes a cincuenta y dos Edusi. La segunda convocatoria es por
un importe de 300,1 millones de euros, de los cuales gestionamos 145
millones de euros correspondientes a veintisiete proyectos Edusi. La
tercera convocatoria, por un importe de 353 millones de euros, se
resolverá en los próximos días. Como ya dije el año pasado, si este fondo
lo hubiéramos multiplicado por siete, ocho o nueve, a pesar de la
cantidad de peticiones que hay en el conjunto de los municipios del país,
podríamos haber cubierto sin ninguna duda todas ellas.
Por otra parte, la secretaría de Estado participa como organismo
intermedio en el Programa operativo de empleo juvenil y el Programa
operativo de empleo, formación y educación. El primero de ellos se
destina a apoyar la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España
través de la mejora de
cualificaciones y del fomento de la contratación y del autoempleo. La
secretaría de Estado ha convocado ayudas por importe de 100 millones de
euros en dos convocatorias que están resultas y en fase de ejecución.
Quiero destacar que cerca de una tercera parte de estas ayudas han sido
concedidas a diputaciones provinciales para financiar treinta y siete
proyectos que están beneficiando a más de 8500 jóvenes en nuestro país.
Por eso creemos que este es también un muy buen instrumento para
favorecer el empleo de los pequeños ayuntamientos, con la asistencia
técnica de las diputaciones. Por eso vamos a plantear una nueva
convocatoria con una asignación de en torno a 40 millones de euros, con
carácter adicional a la línea de 100 millones dirigida de forma más
específica a la situación de despoblación. Respecto al Programa operativo
de empleo, formación y educación, se financian proyectos que traten de
mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y
personalizados de inserción por medio de las estrategias de desarrollo
local a cargo de entidades locales, de nuevo ayuntamientos y diputaciones
provinciales. En fechas inmediatas, esperemos que incluso sea esta misma
semana, se va a publicar una convocatoria por importe de 184 millones de
euros y no descartamos la posibilidad de que se pueda efectuar una
segunda convocatoria adicional. La gestión de los recursos provenientes
de estos fondos hace imprescindible la puesta en marcha de nuevas
herramientas informáticas para la digitalización de todos los procesos
relacionados con fondos europeos. Durante este año 2018 tenemos previsto
destinar 225 000 euros a estos nuevos desarrollos. Seguimos manteniendo,
como estos últimos años, el Fondo de inversión de Teruel, con una partida
de 30 millones de euros. La última línea son transferencias a entidades
locales derivadas de los daños causados por catástrofes naturales. La
secretaría de Estado también gestiona la convocatoria de ayudas
destinadas a paliar los efectos sobre infraestructuras municipales
causados por catástrofes naturales. Estas ayudas no disponen de una
dotación fija en nuestro presupuesto, sino que las distintas
convocatorias van a cargo del Fondo de Contingencia. La secretaría de
Estado actúa de gestor y les aseguro que ponemos el máximo esfuerzo para
agilizar la convocatoria y los pagos. Quienes hemos estado en otras
administraciones, como la local y la autonómica, somos conscientes de la
necesidad de que estos pagos se lleven a cabo en el menor plazo posible.
Finalmente, y voy concluyendo ya, al programa 929.P, de la Administración
periférica del Estado, que tiene como objeto dotar a las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno de los medios personales y materiales
necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos que
prestan. Su presupuesto asciende a algo más de 262 millones de euros, 2
millones más que en el presente ejercicio. Absorbe este programa la mayor
parte del presupuesto, casi el 84 %, y atiende los gastos de personal y
funcionamiento de las diecinueve delegaciones del Gobierno, cuarenta y
cuatro subdelegaciones y siete direcciones insulares. La dotación del
capítulo 1 asciende a 213 millones de euros, con un incremento de casi 3
millones de euros. Finalmente, el capítulo de inversiones, como decía
antes, asciende a 13,8 millones de euros, 2,8 más que el año pasado. Con
cargo a este programa y las aportaciones de otros ministerios se
sufragarán los gastos derivados del plan de modernización y mejora de la
Administración periférica del Estado.
Acabo ya, señorías. Creo que en esta exposición he aportado datos y
argumentos suficientes para defender que el presupuesto de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales responde a las
prioridades que he descrito, es decir, que es un presupuesto que atiende
a la colaboración interadministrativa, a la cooperación económica local y
a la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos. Nuestro
presupuesto se enmarca en un proyecto global, que asimismo es coherente
con las prioridades del Gobierno: el crecimiento económico, la creación
de empleo, la atención a los sectores desfavorecidos y la extensión de la
recuperación económica al mayor número de ciudadanos.
A partir de ahora quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o
pregunta que ustedes tengan o ampliar cualquier cuestión que ustedes
consideren oportuna. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
A continuación, para exponer la posición de los grupos parlamentarios, en
primer término, tiene la palabra el señor Cámara Villar, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias por su intervención, señor Bermúdez de Castro, y por estar
aquí hoy en la Comisión de Presupuestos explicando el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el ámbito de sus
competencias. Muy a mi pesar, señor Bermúdez de Castro, aunque haya
venido usted envuelto en el optimismo presupuestario, tengo que comenzar
esta intervención tal y como la iniciamos también el
pasado año por parte del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que la
sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado, Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, realmente no sufre
grandes variaciones en el proyecto para 2018 que ahora estamos
debatiendo. Lamentablemente cuestiones de gran importancia para las
administraciones territoriales siguen sin abordarse a pesar de haber
transcurrido un año; un año ya, señorías, desde la celebración de la
Conferencia de Presidentes, donde su Gobierno y su ministra, la señora
vicepresidenta, se comprometieron a abordar, junto con los presidentes de
las comunidades autónomas, la necesidad de establecer un nuevo modelo de
financiación y a estudiar la financiación local. Quizá haya que
recordarles a ustedes, señor Bermúdez de Castro, que su ministerio no es
solo el Ministerio de la Presidencia, sino también el de las
Administraciones Territoriales. Tanto el informe de expertos para la
reforma de la financiación autonómica como el de la financiación local
están terminados, pero su Gobierno no ha dado ni un solo paso para poner
en marcha la modificación de estas fundamentales cuestiones. Aunque usted
manifestara aquí el año pasado mucho espíritu de diálogo -ciertamente lo
hizo-, al final la verdad es que todo ha quedado en bonitas palabras,
pero pocos hechos. No olvidamos que el sistema de financiación autonómica
y de financiación de las entidades locales, como tantos otros temas que
merecerían una referencia, no es una cuestión de su departamento
ciertamente, es un problema de este Gobierno del Partido Popular.
En cuanto a sus áreas de actuación, a las que me voy a ceñir ahora,
querría destacar las siguientes cuestiones: en primer lugar, valoramos
positivamente que la partida para el programa de organización territorial
del Estado y desarrollo de sistemas de colaboración -el programa 922.M al
que se acaba de referir-, destinada fundamentalmente a financiar las
técnicas de cooperación y coordinación entre las distintas
administraciones públicas, se haya incrementado en esta ocasión,
destinándose 13,12 millones de euros, frente a los poco más de 4 que
tenía en 2017; por tanto es un incremento notable ciertamente del 224,24
%. Nos gustaría que ofreciera alguna explicación más precisa de este
concreto y acotado -porque también es limitado- incremento. Nosotros no
obstante, conforme a lo que ya dijimos en los presupuestos del año
anterior, creemos que es insuficiente porque estamos en un Estado muy
descentralizado, y necesitamos recursos para mejorar las relaciones
intergubernamentales de colaboración y cooperación, que es uno de los
pilares fundamentales, centrales, imprescindibles para el buen
funcionamiento de un Estado como es el nuestro. En particular echamos de
menos ciertamente un compromiso más firme de su Gobierno con las formas
cooperativas de relación entre administraciones locales.
En segundo lugar, lamentamos profundamente que en la partida de
cooperación económica local con el Estado, el programa 942.A, se vuelva a
poner de manifiesto que el Gobierno del señor Rajoy no cree en la
Administración local, a la que desde luego sigue asfixiando y
maltratando, porque entre las pocas partidas que bajan en su presupuesto
están las que integran el programa de las técnicas de cooperación con las
entidades locales, que, a su vez incluye como usted bien sabe la
aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias, el
seguimiento de los programas operativos comunitarios y las subvenciones
por daños producidos por catástrofes naturales, por ejemplo. En efecto
este es uno de los pocos programas que se ven reducidos de la sección 25:
pasa de 36 millones de euros a poco más de 35 millones de euros, un
descenso del 1,67 % respecto al año 2017, si bien se debe
fundamentalmente a la desaparición como usted ha relatado de las
indemnizaciones para paliar daños por temporal en las fachadas atlántica
y cantábrica que establecía el Real Decreto-ley 2/2014.
En cuanto a la aportación de la Federación Española de Municipios y
Provincias se mantiene en 2 millones de euros; esto es, igual que en el
año 2017, lejos por tanto del compromiso del señor secretario de Estado
manifestado en su anterior comparecencia presupuestaria para acercar esta
cantidad a los 3 millones de euros que destinaba el último de los
presupuestos socialistas, ya del año 2011.
En relación a la financiación de los entes locales, aun siendo consciente
de que esto puede exceder el ámbito de su específica responsabilidad
presupuestaria, querría que valorase dos cuestiones que ha puesto de
manifiesto la Federación Española de Municipios y Provincias
recientemente. De un lado, la crítica que ha hecho al incremento de 224
millones en su financiación, lo que considera un agravio -abro comillas-
respecto a los 4000 millones que tienen las comunidades autónomas en este
presupuesto. De otro lado la demanda de negociación urgente de la
financiación local y la flexibilización de la regla de gasto, cuya
modificación espera que se aplique este año, de manera que esté vigente
antes de las elecciones municipales de 2019. También ha urgido a Hacienda
-me refiero a la federación- a publicar la guía de aplicación del
decreto-ley para la reinversión del superávit, que se aprobó el mes
pasado y que
habilita a los ayuntamientos a destinar ese dinero a inversiones
financieramente sostenibles, una demanda reiterada de los socialistas. Le
pregunto en consecuencia: ¿cómo valora el señor secretario de Estado
estas demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias?
Por otro lado, esta secretaría de Estado gestiona también en este
programa, a través de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales -como usted ha expuesto
anteriormente también-, parte de los recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, asignados a la
Administración General del Estado en el periodo de programación
2014-2020, destinados a financiar actuaciones en el ámbito de las
entidades locales. Estos fondos, por ser exclusivamente de la Unión, no
están consignados en los Presupuestos Generales del Estado, pero habrá
que preguntar y valorar sobre su evolución, como usted ha hecho. En este
sentido nos parece que bien podría calificarse de lamentable en buena
medida la gestión que se está haciendo de los mismos, porque me gustaría
que nos explicase por qué razón han fraccionado en tres convocatorias las
estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado a las que se
acaba de referir. ¿Por que aún no se ha resuelto la tercera convocatoria,
cuando como usted sabe el plazo máximo ya venció el pasado 21 de marzo?
Ustedes deben ser conscientes de las necesidades que existen en el ámbito
local de fondos de este tipo para generar empleo y desarrollo sostenible
con el objetivo fundamental de fijar la población al territorio. Ya que
el área de la comisionada para el reto demográfico no parece estar
funcionando muy bien que se diga, podrían agilizar la distribución de
dichos fondos para paliar los déficits de recursos económicos de la
Administración local, porque ustedes mantienen a los ayuntamientos -que
le recuerdo que es la Administración más cumplidora- en situación de
asfixia, y no se arregla con el real-decreto que amplía los supuestos de
inversiones financieramente sostenibles para poder gastar el superávit, y
que lamentablemente no permitirá tampoco gastar los más de 5000 millones
de euros.
En todo caso, señorías, el problema fundamental que plantea el presupuesto
de esta secretaría de Estado es que son ajenos a su estricta
responsabilidad, y vienen dados por los propios problemas que tiene,
tanto la financiación local como la autonómica, y por la falta de
voluntad política de darle solución por parte del Gobierno de España. Y
hablando de falta de voluntad política me gustaría añadir algo.
Permítanme que me refiera a una cuestión fundamental que atañe al
departamento en el que se integra su secretaría de Estado, y que no
podemos pasar por alto, aunque no sea de su estricta responsabilidad,
pero aquí estamos en un debate que no es solo técnico, sino un debate
político. En este sentido creo que es importante decir que como ustedes
saben bien durante los Gobiernos socialistas, con preocupación y
sensibilidad hacia las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, se
arbitraron medidas que llegaron a alcanzar los 25 millones de euros para
implementar las políticas establecidas por la Ley 52/2007. Sé que no es
estrictamente de su responsabilidad, pero estamos hablando de una sección
25 en la que brilla todavía por su ausencia una partida dedicada a esta
fundamental cuestión. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno rebajó
considerablemente esta cantidad hasta un tercio para acto seguido dejarla
en cero a partir de 2013. El Gobierno pretendió justificar esta
supresión, aun reconociendo la vigencia de la Ley 52/2017, por la crisis
económica, comprometiéndose a volver a convocar las ayudas,
principalmente dirigidas a la localización de fosas, exhumación e
identificación de los restos de las víctimas, en cuanto la situación
presupuestaria nos lo pudiera permitir.
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, debe ir concluyendo.
El señor CÁMARA VILLAR: Termino, señor presidente, inmediatamente.
En esta materia están concernidas también las administraciones
territoriales, las comunidades autónomas, los entes locales e igualmente
la sociedad civil a través de las asociaciones memorialistas. Pues bien,
el actual Gobierno no ceja de decir que la situación económica mejora,
pero para general sorpresa y también hasta cierto punto indignación los
presupuestos de 2018 vienen, una vez más, sin un solo euro dedicado a
esta materia, y el señor Rajoy hasta se ha permitido alardear
públicamente de no haber dedicado ni un solo euro a la memoria histórica
desde el año 2013. Termino. Está claro que se trata, creo yo, de una
injusta y equivocada opción ideológica. No es que no haya dinero, es que
entre sus prioridades no está paliar y resarcir el daño de quienes
sufrieron la Guerra Civil, el franquismo, y de sus familiares, una
radical injusticia, señor subsecretario de Estado, con la que es
absolutamente imprescindible acabar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor Bermúdez de Castro, buenas tardes y gracias por sus
explicaciones.
Usted lo decía, el ámbito de actuación de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales es limitado y es más de carácter político
entiendo que no de gestión económica directa, con grandes volúmenes, y
entiendo que usted tiene también una responsabilidad transversal por el
ministerio en el que está en relación con la política de administraciones
territoriales del Gobierno. Así que mi intervención va a versar sobre
estas cuestiones más de posición, opinión y gestión política. Siendo
además usted quien es y por la responsabilidad que ha tenido creo que es
necesario subrayar que este debate de presupuestos y su comparecencia se
producen en una situación de anormalidad. Por una parte, por primera vez
se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución que, a nuestro parecer,
se ha hecho vulnerando el derecho a la autonomía e interviniendo
totalmente el autogobierno de Cataluña, y por otra parte en Cataluña -yo
soy de En Comú Podem- no tenemos Gobierno y sería importantísimo,
imprescindible y necesario formar Gobierno, recuperar las instituciones
de autogobierno, levantar el 155 y evidentemente garantizar la
convivencia en la sociedad catalana. Pero quería subrayar la incapacidad
de su Gobierno para afrontar la crisis territorial que vive Cataluña, y
que ha sido a nuestro entender clamorosa por la judialización de la
política y por la politización de la justicia, que ha quedado en
evidencia por recientes pronunciamientos judiciales en Alemania. Además
ustedes no tienen un plan real y efectivo para hacer frente a la ruptura
del pacto territorial y para hacer frente a una crisis constitucional de
una enorme gravedad. Es que ni siquiera tienen una propuesta de
modernización del Estado autonómico, la modernización en términos
federales imitando a otros países. La cuestión es cómo se vuelve a la
normalidad -que según decían ustedes era el objetivo del 155- con
políticos en la cárcel, cómo se vuelve a la normalidad con la
judialización de la política, cómo se vuelve a la normalidad si ustedes
no tienen un plan para Cataluña y ni siquiera un proyecto para España, y
que en el ámbito del modelo territorial la agenda reformista de la que
ustedes presumen ni está ni se la espera.
Creemos que el Estado autonómico está agotado por sus propias políticas
recentralizadoras y porque no han resuelto el reconocimiento de la
articulación de la realidad plurinacional del Estado, que es una cuestión
absolutamente fundamental. La ruptura del pacto territorial es la otra
cara en definitiva de la ruptura del pacto social, de lo que se ha
producido en todos estos años de su gestión en el Gobierno, limitando las
actuaciones de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos,
limitando en definitiva las políticas sociales porque son las
competencias que tienen mayoritariamente, tanto autonomías como
ayuntamientos. Creemos que en materia de administraciones públicas
ustedes tienen dos objetivos: que nada se mueva, no hacer ninguna reforma
como no sea para recentralizar, y limitar como sea el gasto público. El
objetivo estratégico de su política es reducir el peso del gasto público
en relación con el PIB, que es reducir el peso relativo del Estado del
bienestar en definitiva, y como le decía las comunidades autónomas tienen
la competencia en servicios sociales, educación y salud.
Quisiera destacar algunos elementos de estos presupuestos y de su política
que afectan más directamente al ámbito de incidencia política de su
departamento y en general del Gobierno. El Gobierno ha planteado una vez
más las entregas a cuenta a las comunidades autónomas como si se tratara
de un favor, de una decisión graciable del Gobierno central, cuando en
realidad es una obligación derivada del modelo de financiación. Las
entregas a cuenta de los tributos cedidos suben un 3,8 %, un porcentaje
inferior a la recaudación prevista por los diferentes tributos: el 6,5 %
el IRPF, el 5,6 % el IVA y el 6,4 % los impuestos especiales. Y lo mismo
podría decirse del incremento de las corporaciones locales, con 224
millones de euros. Son unos presupuestos que un año más se presentan con
un sistema de financiación que hace cinco años tendría que haberse
reformado y que también se ha demostrado agotado. No garantiza
adecuadamente la equidad, la suficiencia y la autonomía. ¿Cuál es el
calendario, señor secretario de Estado, porque hemos oído diferentes
calendarios? ¿Cuándo se va a impulsar este nuevo modelo de financiación?
En el ámbito local hace menos de una semana se aprobó el real decreto-ley
para la reinversión de superávit. Ustedes abren un poco la mano, pero no
dejan de limitar la autonomía local y no resuelven los problemas
estructurales de la misma. El problema es la irracional regla de gasto,
que es lo que reivindica el municipalismo y lo que hay que cambiar. Hay
que resolver el tema del endeudamiento, las limitaciones
a la contratación de personal, etcétera, y no poner más parches. Y es
imprescindible un nuevo modelo de financiación local para garantizar la
autonomía y la suficiencia financiera de los entes locales. ¿Cuál es el
compromiso del Gobierno en relación con esta cuestión? ¿Qué pasos se
están dando? ¿Cuáles son las previsiones de calendario? Lo que vemos un
año más -lo hemos oído esta mañana en la comparecencia del responsable de
la Airef- es que quienes van a cumplir nuevamente van a ser las
corporaciones locales -un 0,4 %- y quien va a incumplir nuevamente va a
ser la Administración central. También en los presupuestos hay una
flexibilización en el uso del superávit para las comunidades autónomas
que nos parece absolutamente insuficiente y limitativa. Ustedes plantean
que lo fundamental es cumplir con el superávit, con la regla de gasto, y
para nosotros el problema es precisamente la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, que limita la autonomía, tanto de ayuntamientos como de
comunidades autónomas.
Uno de los problemas de nuestro Estado autonómico es la debilidad de los
mecanismos de cooperación vertical del Estado con las comunidades
autónomas y horizontal entre comunidades y los mecanismos de cooperación
y colaboración, que tendrían que ser una norma fundamental y
característica del modelo de Estado que tenemos. La Conferencia de
Presidentes se reunió en enero de 2017 y la anterior reunión fue en 2012.
Y en cuanto a las comisiones bilaterales que están establecidas en
diferentes estatutos de autonomía -en Aragón, en Castilla y León y en
Andalucía- el ritmo de reuniones es absolutamente escaso. Esta cuestión
se la planteamos también el año pasado. ¿Podría informarnos de cuántas
reuniones se han celebrado y a qué acuerdos se ha llegado? Las comisiones
bilaterales deberían ser un instrumento fundamental para el desarrollo de
las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado del que
ustedes no hacen uso.
En su ámbito de actuación también está la Oficina de Lenguas, que entre
otras funciones tiene por objetivo realizar el seguimiento anual del
grado de cumplimiento del uso de las lenguas oficiales por parte de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos. ¿Es
consciente del bajo uso de las lenguas cooficiales en ámbitos como la
justicia -el número de sentencias publicadas en catalán oscila, según los
años, entre el 8 y el 12 %, lejos del 18 % de 2006- o en la propia
Administración periférica del Estado?
En cuanto a traspaso de funciones y servicios a las comunidades autónomas
es cierto que con los años esas transferencias han tendido a disminuir
por el mayor desarrollo de los estatutos de autonomía, pero es que en los
últimos años es prácticamente inexistente. ¿Cuántas reuniones de
ponencias técnicas de la Comisión Mixta de Transferencias están abiertas
en estos momentos o tienen ustedes previsto abrir en 2018?
También le quiero preguntar -usted se ha referido a ello- sobre la
conflictividad competencial, que es un problema estructural de nuestro
sistema autonómico por la gran capacidad que tiene el Estado de
intervención en todos los ámbitos competenciales que tienen las
comunidades autónomas. El grado de conflictividad competencial continúa
siendo elevado; en el caso de Cataluña, entre 2011 y 2017, se han
presentado setenta y siete recursos de inconstitucionalidad, treinta y
dos por parte del Gobierno contra leyes del Estado y cuarenta y cinco por
parte del Gobierno del Estado, en algunos casos contra leyes sociales tan
sensibles como la que hacía referencia a la emergencia habitacional o la
Ley del Cambio Climático, cuya suspensión se ha levantado hace unos días
por parte del Tribunal Constitucional. Son toda una serie de cuestiones
que hacen referencia a la calidad de los autogobiernos, a su concepción
del modelo de Estado y a unas políticas que a nuestro parecer estos años
han sido absolutamente recentralizadoras y contradictorias con lo que
tendría que ser un modelo de Estado descentralizado, con unos
autogobiernos con capacidad de actuación y también capacidad financiera.
Para nosotros, esta es la enmienda a la totalidad que planteamos en
cuanto a su política.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el
señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor Bermúdez de Castro. Mi intervención desde luego no tiene
nada que ver con la del señor Vendrell porque creo que ha sido
catastrofista pero, si quiere que le diga la verdad, sí hay que hacer
hincapié -es una de las cosas en las que estoy de acuerdo con él- en el
modelo de financiación autonómica. Con el modelo de 2009 del Partido
Socialista se incumplieron todos los sistemas de equidad entre
comunidades autónomas y creo que el Partido Popular durante estos años no
ha acometido las reformas necesarias. Esto es fundamental para no dar
argumentos a populismos ni a nacionalismos.
Señor Bermúdez de Castro, quería hablarle, en primer lugar, de las
bondades del presupuesto. En el año 2017 España cumplió por primera vez
con el objetivo de déficit. El señor Escrivá, el presidente de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta misma mañana nos
comentaba que en un abanico podría cumplir este próximo ejercicio para el
2,2, que podría estar en unas décimas. Es muy importante porque cumplimos
con Europa, con la estabilidad y con los ciudadanos, señor Bermúdez de
Castro. En realidad, las dos cosas son cara de la misma moneda. Cumplir
con Europa es sanear nuestras cuentas, que es lo mejor que podemos hacer
para fortalecer y defender nuestro Estado del bienestar, y además podemos
devolver todo aquel esfuerzo que han hecho los ciudadanos durante
muchísimo tiempo. La mejor política social es la que se puede pagar.
Estos presupuestos, además, cumplen con el Pacto anticorrupción que
firmamos con el Partido Popular; incorporan bajadas de impuestos -3
millones- a los trabajadores; traen equiparación salarial e
importantísimas medidas de igualdad entre hombres y mujeres en la
conciliación familiar. Hay un montón de medidas más en las que no me voy
a extender.
Voy a plantearle tres preocupaciones que desde mi grupo parlamentario
queríamos establecer: en primer lugar, la distribución territorial. Es
cierto que los Presupuestos Generales del Estado solo territorializan una
parte del gasto; por ejemplo, las inversiones del programa 942.A, de
cooperación económica local del Estado. Todos los diputados echamos de
menos que haya un resumen global de imputación territorializada de todo
el presupuesto general del Estado. Hay multitud de transferencias, de
partidas dispersas, de subvenciones nominativas, que van de una u otra
provincia, y esto no parece sumado a ninguna parte. Dar esta información
a los diputados sería un gran ejercicio de transparencia y nos
permitiría, en el cumplimiento de nuestras atribuciones, rendir cuentas
de manera mucho más completa.
En segundo lugar, quería hablarle de lealtad institucional. Las
competencias de su sección son las de organización territorial, el
desarrollo de los sistemas de colaboración entre la Administración
periférica del Estado y las relaciones con las comunidades autónomas y
los entes locales. Imagino que habrán vivido muy directamente el fiasco
previo al 1 de octubre y posterior. El Gobierno no logró impedir que ni
un solo euro fuese a la organización de la consulta que se realizó ese 1
de octubre. Según los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, incluso de la fiscalía, no se ha trasmitido esa preocupación.
Para nosotros un certificado del señor Oriol Junqueras no es
justificativo de que no se haya destinado ni un solo euro. Estamos muy
preocupados. Desde nuestro grupo parlamentario ya indicamos que podría
ser una función de la Intervención General de la Administración del
Estado haber mandado unos inspectores a controlar todo ello.
Antes de traer a esta Cámara los presupuestos, el Gobierno actualizó la
previsión de crecimiento cuatro décimas, al 2,7 %, en parte atribuido a
esa incertidumbre política que había ante la situación de Cataluña. El
propio presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
esta misma mañana decía que la tendencia de crecimiento de la economía
catalana se había invertido y estaba ahora creciendo por debajo de la
media del Estado español. La última cifra que tengo yo de las empresas
que han trasladado su domicilio fiscal fuera de Cataluña y que
representan el 50 % del PIB son 3200 empresas. Podríamos hablar de caídas
en la hostelería en Barcelona, pero estas son cifras muy discutibles. Yo
quiero preguntarle, señor Bermúdez, qué seguimiento específico se está
haciendo de los efectos del 1 de octubre. ¿Sabe usted cuántas empresas a
día de hoy han cambiado su domicilio fiscal fuera de Cataluña? ¿Cree que
el cambio de domicilio social afecta a la actividad económica de
Cataluña? ¿Cree que la imagen de la fractura social y la negativa de los
grupos independentistas al cumplimiento de la normativa y de las
resoluciones de los tribunales crea un estado de inseguridad, contrario
al necesario para atraer inversiones?
En tercer lugar, quería hablarle de la reforma de la Administración. Me
gustaría preguntarle por la mejora de la eficiencia de la gestión
pública. En este sentido me gustaría saber qué avances hay sobre el punto
125 de nuestro acuerdo de investidura con el Partido Popular para la
reforma de estas administraciones públicas, para eliminar esas
duplicidades administrativas que siempre hemos reclamado, esos organismos
innecesarios. Ustedes mismos estimaron que podrían ser aproximadamente
unos mil millones. Es más, el PSOE, que ha presentado unos presupuestos
alternativos, hablaba de unos ahorros de 2500 millones. No sé si esto es
coincidente. El caso es que nos preocupa qué avances se han hecho en
esto. La Administración periférica del Estado, por ejemplo, ha aumentado
en su presupuesto un 1 % respecto a 2017, pero es que también crece el
gasto en las diputaciones -tengo aquí el dato- casi un 5 %, ascendiendo a
5284 millones en 2018.
Yo le puedo poner el caso, por ejemplo, de la Diputación de Valencia. Es
cierto que es anecdótico, pero un funcionario estuvo diez años sin
trabajar en Valencia y además ahora la fiscalía archiva la investigación
con el argumento de que don Carlos Recio avisó a sus superiores de que
carecía de puesto físico y no le hicieron caso. Este señor aparecía por
allí fichando y además decía a sus compañeras que cumplía el trámite muy
temprano, llevando puestos aún el batín y las zapatillas de andar por
casa. Efectivamente esto es un caso anecdótico, pero es un descrédito de
las instituciones y son posicionamientos que dan argumentos a los
populistas y a la desconfianza en las instituciones. Yo quería
preguntarle, señor Bermúdez, cómo va el cumplimiento del punto 125 que le
he comentado, qué ahorros administrativos se han logrado en 2017 y qué
ahorros administrativos tiene previstos su secretaría de Estado en 2018.
Por último, y para terminar, quisiera decirle, señor secretario, que
estará de acuerdo conmigo con que el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, promovido por Ciudadanos y aprobado, además, en el Congreso de
los Diputados, con la abstención, por cierto, de Podemos, estipulaba que
en 2018 se dotaban unas partidas de 200 millones de euros: 80 millones
correspondían al Estado y, además, las comunidades autónomas y
corporaciones deberían incluir en sus presupuestos un importe de 120
millones. Yo quería significar esto porque son muchas razones para apoyar
estos Presupuestos Generales del Estado. Muchas de ellas se las he
nombrado aquí, en mi intervención, pero una de ellas fundamental es
evitar la muerte de una mujer por violencia de género.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
A continuación, por el Grupo Mixto, en primer término, el señor Martínez
Oblanca, de Foro.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente, y muchas
gracias, señor Bermúdez de Castro, por su comparecencia.
La Mesa de la Comisión de Presupuestos decidió por mayoría denegar la
petición que realicé en nombre de Foro para que compareciese la
comisionada del Gobierno para hacer frente al reto demográfico, al objeto
de que explicara los presupuestos para llevar a cabo su tarea ante el
gravísimo desequilibrio poblacional que se vaticina. A cambio, se me ha
indicado que debo dirigir mis preguntas al secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales, lo que hago con mucho gusto, si bien creo
que quince meses después de crear la figura del comisionado frente al
reto demográfico hubiese sido necesaria su presencia en un trámite tan
relevante y decisivo como es el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2018, que avanzará en las cuentas públicas más allá de la
segunda mitad de esta XII Legislatura.
El envejecimiento de la población es uno de los principales problemas de
España y, sin duda, el principal problema de Asturias, una de las
comunidades con una de las tasas de envejecimiento más altas de toda la
Unión Europea. Si la tendencia no se corrige, tenemos en ciernes una
gravísima crisis que se acompaña de un proceso de despoblamiento que ya
afecta también a más de la mitad de nuestras comunidades autónomas. Esto
exige que miremos a Europa y aprendamos de los países que llevan la
delantera en este tema y que deberían ser, cuando menos, un modelo a
observar y, si funciona, a imitar. Cada vez con mayor frecuencia se
supera en España la serie semestral estadística histórica de saldo
vegetativo, con muchas más defunciones que nacimientos, y el consiguiente
desplome de la tasa de natalidad, así como la descomposición de nuestra
pirámide poblacional. Esto tiene efectos demoledores sobre las zonas que
ya vienen arrastrando una crisis demográfica, como es el caso singular de
las regiones cantábricas y sus núcleos rurales de montaña. Ha pasado
usted, señor secretario de Estado, raudo y veloz al hablar de las
iniciativas del Gobierno en esta materia. Confiamos que sean de mayor
calado que lo de la conexión a Internet, las ayudas a la vivienda y las
políticas a favor del empleo joven o la distribución de las parte estatal
de los fondos Feder, iniciativas que están muy bien, por supuesto, pero
que no responden a las medidas de fondo que España necesita para afrontar
esta gravísima crisis demográfica.
A juicio de Foro, resulta una cuestión de emergencia la aplicación de
ayudas directas a la natalidad y las que favorezcan los horarios y la
flexibilidad del empleo, como las que están desarrollándose ya en
Alemania o Finlandia, que están muy contrastadas. De hecho, ya hemos
defendido en el Pleno del Congreso los Diputados el impulso, junto a las
comunidades autónomas afectadas por el envejecimiento de la población y
despoblamiento de su zona rural, de los planes de fomento de la natalidad
para corregir el cada vez más negativo saldo vegetativo de la población.
Por eso, le pregunto: ¿Tiene previsto el
Gobierno la aplicación de un plan de estas características? Quisiera
conocer, igualmente, si en este proyecto de ley de presupuestos está
prevista la incorporación de criterios demográficos en el próximo sistema
de financiación autonómica para frenar la despoblación y los desafíos que
esto representa en forma de políticas de empleo, juventud, familia,
conectividad tecnológica, vivienda y sostenibilidad, entre otras.
Por otra parte, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el brexit,
va a suponer una merma presupuestaria de la Unión Europea que va a
impactar negativamente sobre la dotación de los fondos de cohesión y los
de la PAC, claves para el desarrollo equilibrado de las zonas con
problemas de despoblación. Es decir, al envejecimiento se van a añadir
los problemas derivados de este importante recorte presupuestario
europeo. Me gustaría saber si existen previsiones presupuestarias
nacionales para compensar estos recortes ya confirmados por el comisario
Oettinger precisamente en esa misma Cámara.
Finalmente, quisiera conocer las medidas que piensa aplicar el Gobierno
para frenar el reto demográfico y qué soporte tendrán en este proyecto de
ley de presupuestos las medidas que tienen que aplicar. Esto se lo
pregunto porque en la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero
de 2017 también se encomendó al Gobierno la elaboración de una estrategia
nacional y quisiera confirmar la dotación económica que está prevista en
estas cuentas públicas para llevar a cabo esta estrategia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
A continuación, también en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el
diputado del Partit Demòcrata, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Agradezco al señor Bermúdez de Castro su comparecencia en esta Comisión de
Presupuestos.
Me había hecho el propósito de no hablarle específicamente ni de Catalunya
ni del 155 (risas) pero algunos diputados, en estos momentos no
presentes, han insistido al respecto y, claro, alguna cosa le tendré que
decir, aunque sea en defensa propia.
Le queríamos plantear esencialmente que este es el quinto año en que no
por parte de la vicepresidenta inicialmente pero sí por parte del
ministro Montoro se dijo que se tenía que afrontar la reforma de la
financiación local y la reforma de la financiación autonómica, pero van
pasando los años y siempre hay algún elemento que lo dilata. Hemos
repasado los presupuestos y en el libro amarillo no aparece ninguna cita
o referencia al nuevo sistema de financiación de la Administración local
ni al nuevo sistema de financiación de la Administración autonómica. Voy
a intentar diferenciarlos.
En cuanto a la financiación local, usted, como responsable de las
administraciones territoriales, tendrá que tutelar también que este
mantra, que en una parte de la doctrina se está estableciendo de que la
Administración local tiene un superávit estructural y que en la reforma
se tendrá que replantear cuáles van a ser sus capacidades fiscales, no
vaya en detrimento de la Administración local que, al fin y al cabo, ha
hecho bien sus deberes, mucho mejor que otras administraciones. Algunos
solicitaban ajustes, reformas y replanteamientos de la propia
Administración pero la que los ha hecho ha sido la propia Administración
Local. Por tanto, queremos saber cuáles son las perspectivas, si ustedes
contemplan alguna reforma de la financiación local durante el año 2018 y
si piensan solucionar -sé que es responsabilidad de otra secretaría de
Estado y ya se lo plantearemos- que la aplicación de la regla del gasto
en la Administración local tantas veces comprometida, incluso en el seno
de la Comisión Nacional de la Administración Local por parte del
ministro, no llega.
En relación con la financiación autonómica, el portavoz de Ciudadanos le
instaba a que hiciera la reforma de la financiación autonómica o un nuevo
sistema de financiación de forma rápida, para no dar argumentos a
populistas y a nacionalistas. A populistas no lo sé pero si la
financiación autonómica lleva por arriba o por abajo algo de color
naranja, ya le digo que seguramente les van a dar muchos argumentos a los
nacionalistas. Ya sé que usted me va a decir que nosotros no nombramos a
ningún experto para la Comisión de expertos y que el presidente no fue a
una Conferencia de Presidentes pero eso no inhabilita a mi grupo
parlamentario para poder reclamarles un nuevo sistema de financiación
autonómica en el cual, evidentemente, vamos a participar e intentar que
no tenga los defectos que tenía el de 2009 y que solucione algunos de los
problemas históricos del sistema de financiación autonómica. En todo
caso, un año más se ve claramente que no va a tener reflejo
presupuestario en los presupuestos que aprobamos fuera de plazo.
Haciendo ya referencia al tema del referéndum, que tanto preocupa al señor
Ten, yo he escuchado decir en esta Cámara, tanto al presidente del
Gobierno como al señor ministro de Hacienda, que del presupuesto de la
Generalitat no se dedicó un solo euro público a la organización del
referéndum. Yo no investí al señor Rajoy, lo invistieron ustedes; yo no
sustento al Gobierno, lo sustentan ustedes, y si ustedes tienen alguna
prueba de que se destinó algún euro público a la organización del
referéndum, o lo dicen porque no se han enterado o lo aportan donde lo
deban aportar. Intentar sembrar esta duda, seguramente no genera ningún
tipo de gratificación.
En cuanto al tema de las sociedades que cambiaron el domicilio social,
¡cuidado!, porque algunas cambiaron el domicilio social pero no el
domicilio fiscal, y ayer se lo clarifiqué: una cosa es cambiar el
domicilio social y otra deslocalizar una inversión, una fábrica, una
planta o unos puestos de trabajo, lo que en estos momentos no esto no se
ha detectado.
Respecto a la opinión de la Airef, yo creo que su presidente ha sido muy
explícito, como lo fue todavía más ayer el gobernador del Banco de
España, cuando dijo que el impacto de la situación de Cataluña en el PIB
de Cataluña y en el conjunto del Estado español era mínimo, muy mínimo, y
nada significativo. Por tanto, no insistamos en este argumento, en este
mantra pensando que, a base de repetirlo, alguien pueda pensar que se
debe creer.
Voy finalizando ya, presidente. Una novedad que hemos descubierto a lo
largo del día de hoy es que esta Comisión, aparte de pedir constantemente
el voto al Partido Socialista por parte del Partido Popular y por parte
de Ciudadanos, también está sirviendo para revisar los acuerdos de
Ciudadanos con el PP. Pues, ¡oigan!, reúnanse de forma bilateral y allí
analizan cómo están sus acuerdos porque no hace falta tanta
gesticulación. Si estuvieran tan mal, si esos acuerdos no se cumplieran,
seguramente ustedes no estarían apoyando el presupuesto; lo digo en el
sentido de que no hay que aprovechar la Comisión para desarrollar temas
bilaterales sino para temas de interés conjunto, y los acuerdos del
Partido Popular con Ciudadanos y de Ciudadanos con el Partido Popular,
visto este presupuesto, tengo que decirle...
El señor PRESIDENTE: ¿Puede ir concluyendo, señor Bel?
El señor BEL ACCENSI: ... que gozan de muy buena salud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Para concluir el turno de los grupos parlamentarios, la señora Cortés, por
el Grupo Parlamentario Popular.
La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señor Bermúdez de Castro, bienvenido a esta Comisión una vez más, a esta
su casa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. En su comparecencia
para presentar los presupuestos anteriores usted decía que eran unos
presupuestos que consolidaban la recuperación económica y la creación de
empleo. En esta segunda comparecencia suya tenemos que hacer honor a la
verdad y reconocer que tenía usted razón en aquella afirmación y que
realmente aquellos presupuestos sirvieron para esa recuperación y esa
creación de empleo. Esto no es obstáculo para que estos presupuestos, de
nuevo, tengan esas prioridades para el Gobierno, a la vez que son unos
presupuestos con un carácter social importante, mucho más que los
anteriores y van más allá incluso de algunas de las propuestas que
algunos grupos parlamentarios podían imaginar o plantear. Ojalá esta
premonición de su presentación de hoy sea como la anterior y cuando nos
juntemos para los siguientes presupuestos podamos reconocerle ese mérito.
En ese sentido, yo también hago una llamada a la responsabilidad de los
grupos parlamentarios; algunos han ofrecido su apoyo a estos
presupuestos, pero quiero llamar a la responsabilidad del resto de los
grupos para que los valoren, los tengan en cuenta y ayuden a mejorarlos
en lo que ellos estimen pertinente a la hora de presentar enmiendas al
articulado, pero que sí que den el apoyo que tanto beneficio va a
ocasionar a todos los ciudadanos, a todos los españoles con la puesta en
marcha de las medidas que en ellos se contemplan.
Ha citado los programas de su departamento dentro de su responsabilidad y,
en este sentido, voy a hacer algún comentario. Hablaba usted del programa
922 que hace referencia a la organización territorial del Estado y al
desarrollo de los sistemas de colaboración. Me congratulo de que la
Fundación Manuel Giménez Abad vuelva a contar con el apoyo del Gobierno
en estos presupuestos. También quiero referirme a la Comisión que se ha
creado en este Congreso de revisión del modelo territorial. Allí
precisamente se
ha hablado -y mucho- por parte de los comparecientes que hemos tenido de
algo a lo que usted también se ha referido en su exposición, que es la
colaboración y la cooperación entre las distintas administraciones
públicas. Una vez que la transferencia y la distribución de competencias
están prácticamente cerradas, muchos comparecientes han aludido a la
cooperación y a la colaboración entre las administraciones públicas, que
tiene que ser tanto horizontal como vertical. En esa Comisión territorial
se ha hablado también mucho de modernización de ese sistema. Por eso,
lamento que algunos grupos parlamentarios que en su intervención han
mencionado la necesidad de modernizar el modelo territorial no hayan
asistido a esa Comisión ni hayan participado en esos debates. Allí se ha
hablado de conflictividad, de transferencias y de financiación
autonómica, con lo cual insisto en que el foro adecuado para esos temas
es esa Comisión y pido que participen los grupos parlamentarios que no
participan y que incluso vuelvan aquellos que se han marchado. En este
sentido, quiero referirme a lo que he entendido cuando el señor Bel ha
hablado sobre la financiación autonómica. He creído entender su voluntad
de participar en el debate de financiación autonómica y me congratulo de
su intención. Animo a que el presidente de su comunidad autónoma -cuando
lo tengan- también participe en la Conferencia de Presidentes y en todos
los debates que se celebren. Creo que será enriquecedor y beneficioso
para todos.
Respecto al programa 942, desarrollo del principio de cooperación
económica local del Estado, veo con simpatía que FITE sigue presente ahí,
con lo cual Teruel será una vez más afortunado en ese sentido. Quiero
poner en relación el desarrollo de esta cooperación con el reto
demográfico que tenemos ante nosotros, porque creo que es importante. La
despoblación es uno de los mayores problemas que afronta nuestro
territorio, aunque afecta a algunas comunidades autónomas más que otras;
yo hablo desde Aragón, donde sí que nos afecta. Todo lo que llegue para
las entidades locales desde ese programa será bienvenido y, como
seguramente el secretario de Estado sabe, todo será poco porque la
necesidad es perentoria.
Respecto al programa 921, de la Administración periférica del Estado, un
ejemplo más del trabajo con eficacia y eficiencia es el ahorro que se ha
producido por la centralización de esas comunicaciones. Todos vemos con
buenos ojos la inversión que está anunciada para la mejora de la
Administración periférica del Estado. Aunque puede no parecerlo, también
tiene importancia en el reto demográfico, puesto que si la Administración
periférica funciona bien y da servicios de calidad a los ciudadanos
también ayuda a fijar población en aquellas provincias y comunidades
autónomas que más perjudicadas se ven por la despoblación.
Solamente quiero hacer una referencia a la inversión para el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género. Esta misma tarde la delegada del
Gobierno para la Violencia de Género ha comparecido ante la Comisión de
Igualdad y ha puesto encima de la mesa todas las partidas económicas que
van a llegar tanto a las comunidades autónomas como a las entidades
locales para poder hacer frente a la lacra de la violencia contra las
mujeres que nos afecta.
Quiero acabar igual que empecé, dándole la bienvenida y felicitándole por
su exposición y por el trabajo que está desarrollando en aplicación del
artículo 155 que se ha citado por algún portavoz. Estoy convencida de que
si su aplicación no estuviese dentro de la normalidad que se espera de
ella hubiésemos tenido noticias de su actuación. Puesto que no hemos
tenido ninguna noticia, creo que ha entrado dentro de la más absoluta
normalidad.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.
Para contestar las preguntas de los portavoces de los grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Bermúdez de Castro Mur): Gracias, señor presidente.
Señorías, si les parece, los temas comunes los trato al final para no
dirigirme solamente a un portavoz. A todos les quería agradecer también
el tono de sus intervenciones. Creo que es muy positivo en un debate como
este que haya un tono cordial e incluso positivo o constructivo. Empiezo
por el señor Cámara y empiezo por el final. La Ley de memoria histórica
no depende de mí. Como usted ha dicho, yo no sabía si en el presupuesto
había partida. Solamente le puedo decir que cuando yo he tenido
responsabilidad de Gobierno, donde yo he estado ha habido partida. Yo he
tenido responsabilidad en el Gobierno de Aragón, y allí había partida
para la memoria histórica en mi departamento de Presidencia y Justicia de
esa época. Muy poco porque no había dinero, era una partida mínima, pero
por lo menos acabamos una actuación
en el año 2012. Luego la dejamos de hacer. Cuando la situación económica
mejore, yo soy partidario de que todo el mundo tenga un lugar donde poder
ver a sus familiares, de un lado y de otro. Siempre he pensado lo mismo;
lo veo así, y esto no es cuestión ni de unos ni de otros; es cuestión de
todos. Hay que solucionar este problema... (El señor Cámara Villar hace
signos negativos). No, no diga que no. Es así, y si no, léase un poco la
trayectoria de cada uno, que es bastante positiva.
Habla usted, señor Cámara, acerca de la disminución de presupuestos de la
secretaría de Estado que nosotros dirigimos. Nosotros somos una
secretaría de Estado muy política, aunque no es menos cierto que llevamos
a cabo la gestión de una parte importante de fondos europeos, vía Fondo
Social Europeo y vía Feder, tanto los Edusi como los destinados a empleo.
Creo, sinceramente, que los técnicos que llevan a cabo la gestión de
estos fondos lo están haciendo de una manera óptima. Lo creo sinceramente
y lo dije el año pasado: si hubiera mucho más fondos para poder repartir
Edusi, no tenga ninguna duda que hubiéramos podido repartir diez veces
más porque había proyectos buenísimos de muchos ayuntamientos. En
muchísimos ayuntamientos hemos tenido que dejar proyectos sin darles
dinero porque no había más partida. Espero que con el paso del tiempo,
poco a poco, todos ellos puedan ir entrando, si hay más, en las
diferentes convocatorias. Se ha dividido en tres partes por dificultades
de gestión, por el volumen de gestión tan exagerado que era, nuestro y de
los ayuntamientos también. Según me han dicho, la última convocatoria se
va a solucionar esta semana o la que viene, y con ello ya están
repartidos todos los Edusi de esta legislatura. ¿Que hubiera sido bueno,
como le he dicho al principio, haber tenido más dinero? Pues sí, pero los
fondos europeos para este tema eran los que eran. Ojalá hubiéramos tenido
más capacidad, pero las decisiones son técnicas. Ha habido comunidades
donde ha habido un gran reparto a municipios y creo, sinceramente, que
son positivos para estos municipios.
En relación con la FEMP, con la Federación Española de Municipios y
Provincias, es verdad que el año pasado me comprometí a que intentaríamos
subir la partida para recuperar los 4 millones que recibían antes de la
crisis. Espero que durante el ejercicio presupuestario, si tenemos algún
tipo de ahorro, podamos aumentar la partida de 2 millones en algún
momento hacía ellos. Nuestra relación con ellos es muy positiva, hemos
tenido una interlocución fantástica y ellos saben perfectamente cuáles
son las posibilidades que tenemos de darles dinero para su gestión.
También es verdad que se han adaptado a los fondos que reciben de la
Administración General del Estado, que no el año pasado sino el anterior
eran menores, eran 2 millones de euros. Yo espero que durante este año
podamos aumentar un poco la cuantía. Me preguntaban sobre cómo valoraba
yo las demandas de la FEMP. Las veo lógicas por su defensa del
municipalismo. Yo he sido concejal de mi ciudad ocho años, he sido
diputado provincial, he sido hasta presidente de una comarca en Aragón, y
es lógico que ellos, en su defensa del municipalismo, hagan esas
peticiones. Es normal; luego hablamos, si quiere, un poco de la regla de
gasto e incluso hablamos un poco de la reforma de la financiación local,
pero yo entiendo que ellos pidan que la regla de gasto se flexibilice. Es
normal que lo pidan o que pidan que el superávit se pueda reinvertir.
Lógicamente, cuando un alcalde ve, como dice usted, que tiene medio
millón de euros en el banco y no lo puede gastar, yo entiendo que en su
preocupación o en sus ganas de gastar o en sus ganas de gastar en el año
preelectoral, sea muy importante el hecho de que pueda gastar más o menos
para poder vender a sus vecinos más o menos gestión.
Contestando al señor Vendrell, quiero decirle que la aplicación del
artículo 155 en Cataluña se está llevando a cabo -se lo digo yo que estoy
allí- de una manera exquisita, tan exquisita que nadie nos puede decir
que hemos ido arrasando con nada, con nada. Le puedo decir, como hemos
dicho reiteradamente, que el artículo 155 se levantará el mismo día que
se nombren los consejeros del próximo Gobierno de la Generalitat de
Catalunya. El día que haya un Gobierno presidido por un presidente que
pueda ser presidente, que cumpla los requisitos o que cumpla la legalidad
vigente y que ese nuevo president nombre a los consejeros nuevos, ese
mismo día se levantará el artículo 155. Yo no estoy de acuerdo con usted
-ya se lo dije y confrontamos el año pasado- acerca de que el modelo
autonómico está agotado o de que el modelo autonómico no da para más. Yo
siempre digo lo mismo: cualquier persona que analice un poco cómo era
este país en el año 1977 y vea cómo está este país ahora, se dará cuenta
de que ha evolucionado muchísimo. Una persona que vaya a Andalucía y vea
fotos de Andalucía hace cuarenta años y la vea ahora, dirá que este país
ha evolucionado muchísimo, y lo ha hecho, en gran medida, gracias a las
comunidades autónomas. Yo soy aragonés, vivo en Aragón, mi vida está ahí
y le puedo decir que tenemos una gran sanidad con la transferencia de
sanidad y que hay hospitales -espero que algún día esté hecho el de
Teruel y el de Alcañiz- que si se van a hacer es gracias a que hay una
comunidad autónoma que ve dónde realmente está el problema. A mí no me va
a convencer y no diga por
ahí que no soy autonomista porque soy un autonomista convencido y creo que
si este país ha cambiado ha sido gracias a las comunidades autónomas.
También digo, con normalidad, que con el ruido que ha habido estos
últimos años no era el momento más adecuado para sentarse a ver realmente
cómo tenemos que volver a hacer la estructura de nuestro país.
Volviendo al 155, le reitero lo que le he dicho al principio: nosotros
hemos intentado por todos los medios restaurar allí la legalidad, que
creo que lo hemos conseguido; restaurar la normalidad institucional, que
creo sinceramente que lo hemos conseguido, e intentar por todos los
medios que lo que estaba sucediendo se notase lo menos posible en la
situación económica. Pongo un ejemplo: cuando llegué allí el 29 o el 30
de octubre, en la Delegación del Gobierno había cinco filas de vallas
alrededor y ahora no hay ninguna, ninguna. Eso es así. Usted va a
Barcelona y sabe cómo está. ¿Hay que recuperar la normalidad? Pues la
normalidad se recuperará en el momento en el cual sean capaces los que
han ganado las elecciones de conformar un Gobierno y dejar de echar
pulsos absurdos al Estado, que es lo que están haciendo.
Respecto a los mecanismos de cooperación, creo sinceramente que están
funcionando. En cuanto a las comisiones bilaterales, es verdad que hasta
la fecha solamente hemos hecho la de Aragón, la que es general. No
solamente son esas comisiones de cooperación, sino que cada vez que nos
juntamos en una comunidad autónoma para llevar acuerdos con el 33.2, que
son organismos de cooperación para conflictos entre ambas partes;
constantemente se están juntando grupos técnicos, semanalmente se están
reuniendo. Le puedo decir que del total de leyes autonómicas, quitando
Cataluña, solamente se ha recurrido el 5 % de la legislación autonómica,
concretamente el 5,95 %, y de ese 5,95 que ha recurrido el Estado, el 81
% de las sentencias son favorables al Estado. Eso viene también
arrastrado de Gobiernos anteriores. Se pretende tener la mejor relación
posible e intentar llegar a acuerdos con Gobiernos de todos los colores.
Hemos llegado a muchísimos acuerdos con Andalucía, con Aragón -hablo de
comunidades del PSOE-, con Asturias, con Valencia. Lógicamente, con otras
no puedes llegar a acuerdos porque son posturas diametralmente opuestas,
pero sí le puedo decir que en el 95 % de los casos llegamos a acuerdos.
Con Cataluña no le voy a negar que del 31 de julio al 30 de septiembre
fue imposible llegar a acuerdos. Fíjese, no se llegaban ni a sentar a la
mesa. Encima, hubo un cambio del director general de los servicios
jurídicos y con un cambio de última hora no se sentaban a la mesa. El
33.2 es un procedimiento por el cual nosotros pedimos que firmen y cuando
firman las dos partes se inicia el procedimiento y no querían ni firmar.
Esto es así.
Traspasos. No se crea usted -y si quiere le pasaré la información- que ha
habido muchas comunidades autónomas que en los últimos tiempos han pedido
muchos traspasos. En esta época de crisis creo que las comunidades, en
general, se han dedicado a gestionar lo que tenían traspasado, por
decirlo de alguna manera, en vez de a pedir más traspasos; es decir, ha
habido muy pocas peticiones. Si quiere la información, se la podemos
pasar, pero ha habido pocas peticiones; lógicamente, cuando hay
peticiones de traspasos nosotros, sin ningún problema, intentamos llegar
a un acuerdo o no llegar a un acuerdo.
Con respecto al portavoz de Ciudadanos, sobre el modelo de financiación
hablaremos más adelante. Cuando ha hablado de lealtad institucional
referida a Cataluña, me ha pedido el dato de empresas que se han ido, me
parece. En el año 2017 se fueron 3208 y en el año 2018 van 1300; ese es
el último dato que tenemos hasta ahora mismo. Se ha ido, al menos, el
domicilio social; muchas de ellas también el domicilio fiscal. Yo soy de
los que quieren que no se vaya ninguna. Y le digo una cosa: muchas
comunidades del entorno han sido bastante leales en no buscar en esta
pesca revuelta, en no intentar pescar. Ha habido presidentes autonómicos
que han sido muy criticados en sus comunidades autónomas que se han
portado bastante lealmente con este tema; es así. El de Valencia, el de
Aragón y el de Castilla-La Mancha podían haber intentado pescar en este
río revuelto y han sido bastante leales en este aspecto. Hay que decir
las cosas como son y las cosas son así. Aunque hayan dicho el presidente
de la Airef y el presidente del Banco España que no ha habido
repercusión, solo hace falta pasearse para ver cómo está Barcelona. El
director del hotel donde estoy yo me dice que no hay tanta afluencia de
gente. En los últimos meses se ha recuperado; lógicamente, en el mes de
octubre hubo un bajón, pero ahora se ha recuperado; y yo estoy seguro de
que la temporada de verano va a ir muy bien. Nosotros vamos a poner en
marcha todas las campañas de publicidad que había previstas en Cataluña
para lograr que vaya el mismo número de turistas que el año pasado y para
lograr que no haya ni un solo español que deje de ir a Cataluña o tenga
duda por ir allí. Esa es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer; esa
es mi responsabilidad y lo que de mí dependa lo vamos a hacer. Entiendo
que es mucho mejor para una empresa que vaya a ir a Cataluña
o a Sebastopol que haya normalidad institucional, política y social. Eso
lo mira una empresa, en su balance de cosas a favor y cosas en contra
busca la normalidad institucional. Por lo tanto, usted en ese aspecto
tiene razón.
Con respecto a la ordenación territorial, me ha parecido extraño, o eso he
entendido yo al menos, que me eche en cara que en esta ordenación
territorial y en esta mejora de la eficiencia aumentemos el dinero en el
tema periférico. Cuando llegué a esta secretaría de Estado hace año y
medio no tenía un conocimiento muy amplio de cómo estaban las
delegaciones o subdelegaciones del Gobierno del conjunto del país. Pero
le digo una cosa: yo creo que es fundamental recuperar la presencia del
Estado en el territorio. Esto no significa ni recentralizar ni nada por
el estilo, esto significa que la persona que vaya a hacer una gestión de
tráfico a Ceuta tenga las mismas condiciones personales técnicas que el
que va a hacer esa misma gestión a una oficina de la delegación de una
comunidad autónoma. En algunas delegaciones del Gobierno da la sensación
de que entras en el siglo XIX, y lo que pretendemos nosotros con este
plan es que quien entre a una delegación del Gobierno entre a una
delegación del Gobierno moderna, que cada vez más gestiones sean vía
telemática para que no haya que ir a la delegación del Gobierno, pero que
cuando tengas que ir allí, sea lo más moderna posible. Algún día le
contaré lo que nos ha llegado a pasar. El Estado no debe dejar de estar
presente en todos los puntos del país, por muy descentralizados que
estemos, por muchas competencias que haya en las comunidades autónomas,
por muy autonomistas que seamos todos o casi todos aquí, y yo lo soy.
Espero que en este tema nos ayuden todos, ya que es importante dar un
paso adelante.
Un tema del que también me gustaría convencerles es el tema de las
diputaciones provinciales. Yo soy de una provincia, Huesca, con 202
municipios y más de 2000 núcleos de población. Hay municipios, como
Sabiñánigo, con 55 núcleos de población de menos de 100 habitantes, y o
hay algo que les ayuda a gestionar, o es muy complicado. ¡Es que nosotros
en la provincia de Huesca tenemos más de 100 municipios con menos de 500
habitantes! Y no se vaya a Teruel, no se vaya a Soria y no se vaya a
Asturias. ¡Es que es muy complicada la España interior! ¡Muy complicada!
El mecanismo actual de las diputaciones provinciales como ente prestador
de servicios, no como ente repartidor de dinero, como dije el año pasado
aquí, es muy importante.
Al señor Martínez Oblanca, de Foro, le diría que no voy a hablar de la
lluvia, por decirlo de alguna manera. Cuando yo fui consejero de
Presidencia del Gobierno de Aragón en la anterior legislatura, junto con
Asturias, Galicia y Castilla y León pusimos en marcha todo el mecanismo
de la despoblación. La gente que estaba con nosotros, incluida la
comisionada de despoblación, era plenamente consciente de las
dificultades que existen para vivir en la España interior y de las
dificultades que existen para prestar servicios en muchos puntos de
nuestro país. Somos plenamente conscientes.
No sé si tienen mucho calado o poco las medidas hasta ahora aprobadas,
porque lo que ha hecho la Comisión ha sido priorizar un conjunto de
medidas de vivienda, de banda ancha y empleo juvenil, y luego presentar
el plan global, pero me dice usted que no es de calado. Voy a hacer una
reflexión: para conseguir que una persona quiera instalarse en un
municipio de 50 habitantes debemos asegurarle las mismas posibilidades de
instalarse allí que de instalarse en Madrid, o que una persona que vive
en un municipio de 125 habitantes tenga la misma prestación de servicios
sanitarios que el que vive en Huesca capital o la misma capacidad de
servicios educativos que el que vive en Valencia capital.
Medidas fiscales para las familias numerosas y para las guarderías están
muy bien y conseguir que aumente la natalidad es lo más importante, pero
en muchos municipios del interior de Teruel con la estructura demográfica
que tienen es imposible que tengan hijos, por la edad me refiero. ¡Es
imposible! Tenemos que conseguir dos cosas: que la gente que reside allí
tenga posibilidades de vivir e incentivar que la gente vaya allí. Me dice
que no tiene mucho calado la banda ancha. Pues yo conozco amplias zonas
de España, la que mejor conozco es mi comunidad autónoma, como el
municipio de Matarraña, donde existe un gran turismo rural, donde muchos
hoteles no pueden contratar por Booking porque no tienen banda ancha. ¡Si
eso no es intentar que algunas zonas de este país económicamente se
puedan recuperar y pueda ir gente joven a vivir allí...! Hay muchas
personas mayores en el interior de Cuenca que para hacerse una
radiografía tienen que ir a Cuenca capital y, de verdad, yo pienso que sí
es una medida de calado conseguir una banda ancha para que el servicio
que va allí tres veces por semana le pueda hacer una radiografía y
mandarla por e-mail al centro de salud. Es una medida muy importante.
¿Que hay que hacer muchas más medidas? Muchísimas más. (El señor Martínez
Oblanca: ¡La estratégica!). La estrategia, por supuesto, pero estoy
diciendo que la comisionada ha priorizado unos temas, como son los
relativos a la vivienda -que hay dinero-, la banda ancha -que hay dinero-
y el empleo juvenil -que
hay dinero- y en las próximas semanas presentará el plan global con todo
el conjunto de medidas. Porque aquí nos hemos encontrado, como muchas
veces pasa en este país, con que todas las comunidades autónomas se han
puesto a trabajar en la despoblación. Pues vamos a coordinarnos y todos
conjuntamente vamos a tomar medidas. Están trabajando muy bien en este
tema porque aquí hay lealtad entre todas. Y le repito que las que
empezaron fueron Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León, y le puedo
decir que existe una plena coordinación entre todas las comunidades
autónomas. Se están tomando las medidas. ¿Que nos gustaría ir más rápido?
Por supuesto, pero se está avanzando.
Y luego hablaremos de la financiación, porque es fundamental tener en
cuenta estos criterios de despoblación, de dispersión, de envejecimiento
y muchos más como, por ejemplo, de población flotante, porque hay
municipios de Valencia que tienen 1000 habitantes en invierno y 50 000 en
verano, y también tienen un problema de gestión y de financiación.
Al señor Bel le agradezco el tono de su intervención. Luego hablaremos de
financiación local y autonómica en conjunto. Puestos a pedir, ya que
usted ha pedido, yo también le pido que aprueben el real decreto-ley de
paga extra en el Parlament. Antes le escuchaba cuando estaba hablando con
Elena Collado sobre el decreto-ley y cómo se va a hacer y yo le pido que
el día 25 apoyen el decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros
en funciones del 155 para que los empleados públicos de Cataluña puedan
recuperar la paga extra. Eso se va a votar el día 25. Todos los grupos,
por supuesto el PSC, En Comú Podem, el PP y Ciudadanos lo van a apoyar y
yo le pido que lo apoyen. Hoy los letrados han dicho que no hace falta
que vaya ningún miembro del Gobierno a defenderlo, como pasa en todas las
comunidades y como ya ha pasado allí. Es importante que el empleado
público no se vea afectado por esto y que recupere algo a lo que tiene
derecho, que es recuperación de la paga extra.
Por lo que se refiere a la reforma de la financiación -termino ya, señor
presidente-, voy a hacer cuatro matizaciones. ¿Es una prioridad del
Gobierno que haya reforma de la financiación autonómica? Sí, es una
prioridad del Gobierno. ¿Es necesario? También. ¿Tenemos mayoría con 137
diputados? No, por lo que hay que tener dos acuerdos, el de las
comunidades autónomas -sin él no hay financiación autonómica- y el de
esta Cámara. ¿Y el Gobierno está dando todos los pasos adecuados? Yo
pienso que sí. Solo les puedo decir que el secretario de Estado de
Hacienda está haciendo un trabajo intenso para intentar llegar a acuerdos
en este tema. También les digo que este presupuesto es el que más fondos
destina a las comunidades autónomas. Ya me hubiera gustado a mí de 2011 a
2015 tener el presupuesto que tiene ahora Aragón. Cuando yo llegué tenía
5500 millones y cuando me fui 4500 y el doble de pago de la deuda. Como
decía, imagínense los ajustes que tuvimos que hacer. Una comunidad
autónoma gestiona educación, sanidad, servicios sociales y dependencia,
los temas más sensibles del Estado, aparte, por supuesto, de las
prestaciones por desempleo. Y como dijo el presidente Rajoy el pasado fin
de semana, los criterios de esta financiación autonómica deberán abarcar
la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la sobrepoblación y la
población flotante. De las diecisiete comunidades autónomas, hay diez con
problemas de despoblación, de envejecimiento y de dispersión. Prestar un
servicio en Cuenca es mucho más caro que prestarlo en Valencia por la
dispersión, y a su vez Valencia tiene otros problemas muy graves de
financiación, diferentes a los de Aragón y a los de Galicia. Cuadrar ese
sudoku, como dijo hace unos años un compañero suyo, es muy complicado; si
no existe la voluntad de quitar este tema del debate político y de
sentarnos todos en una mesa, es muy complicado. Es así. Ojalá se llegue a
un acuerdo. Esto es igual que la financiación local -y acabo ya, señor
presidente, que me mira con mala cara-, es decir, se ha dado un paso ya
para solucionar lo relativo al superávit y en cuanto a la regla de gasto,
hubo un acuerdo con la FEMP para constituir un grupo de trabajo, que está
creado, para buscar una fórmula para reformarla. Es así.
Es verdad que esta secretaría de Estado es muy política, pero no es menos
cierto que también gestionamos muchos fondos europeos que a los
ayuntamientos, sinceramente, les hacen un favor. En momentos de crisis,
como en años pasados, los ayuntamientos de todos los colores políticos
-nadie puede echarnos en cara nada y nadie lo ha hecho- han tenido fondos
adicionales para poder mejorar la vida de los ciudadanos.
Agradezco a la portavoz de mi grupo su intervención y apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro por su
comparecencia y, sin solución de continuidad, pasamos ya a la
comparecencia del señor Zalba, presidente del Instituto de Crédito
Oficial.
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO (ZALBA
BIDEGAIN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de
expediente 212/001287) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente
212/001542).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes o, mejor, buenas noches.
Reanudamos la Comisión con la comparecencia de don Pablo Zalba, presidente
del Instituto de Crédito Oficial. De acuerdo con lo establecido en la
propia Comisión, pasamos directamente a las intervenciones de los
portavoces de los grupos parlamentarios y, en primer término, por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Bienvenido de nuevo, señor presidente del ICO, a esta sesión de
presupuestos. Voy a empezar diciendo algo que venimos repitiendo desde el
Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no podemos aprobar estos
presupuestos, y no lo podemos hacer porque hay razones de peso como no
abordar los problemas que tiene este país, que tiene esta economía. No
aborda la necesidad de mejorar los ingresos para sostener el Estado del
bienestar y también para redistribuir las rentas; somos el séptimo país
por la cola en cuanto a esfuerzo fiscal y, por tanto, en cuanto a una
peor distribución de la renta, por lo que es necesaria una reforma
fiscal. No se abordan, por otra parte, cuestiones como el sostenimiento
del sistema de la Seguridad Social o el sistema de financiación
autonómico, que es fundamental para el sostenimiento del Estado del
bienestar. Tampoco se aborda el enorme y dramático ajuste que ha habido
en cuanto a las inversiones reales en este país, pues se ha producido una
descapitalización en los últimos años.
Con relación a esta última razón, creo que el ICO tiene mucho que decir
por el siguiente motivo. El ICO ha ido teniendo papeles distintos. Empezó
principalmente como banca pública, haciendo un esfuerzo por inyectar
liquidez a través de las líneas de mediación; llegó a un máximo de 21 000
millones de euros en 2014 y ha caído hasta los 4600 en 2016, y estamos
pendientes de conocer las cifras de 2017. Lo cierto es que las
consignaciones presupuestarias dicen mucho: de 15 millones en 2016 se
pasa a 9 millones en 2017 y el proyecto de presupuestos incluye 4
millones de euros. Eso pone de manifiesto la poca importancia que tienen
ya las líneas de mediación en el ICO. Hay una razón para eso, y es que en
un momento expansivo, cuando los bancos ya están inyectando liquidez y
financiando, el ICO, que tiene un carácter más anticíclico, deja de tener
la importancia que tenía en el momento más duro de la crisis. La realidad
es la que es. No obstante, también estamos en un procedimiento de
desapalancamiento de las empresas. Último dato: 881 000 millones de
euros, lo que significa una reducción paulatina en los últimos años;
desde enero de 2017 ha habido casi 26 000 millones de euros menos de
endeudamiento de las empresas no financieras.
En segundo lugar, el ICO empezó a tener otra función más importante, que
fue la de agencia financiera y gestionó el plan de pago a proveedores y
también las necesidades de liquidez, sobre todo de deuda financiera,
devengos, de determinadas comunidades autónomas. Ese papel importante
también ha desaparecido en cuanto a que en estos momentos ya no hay plan
de pago a proveedores y las comunidades autónomas están haciendo frente
en estos momentos al pago de la deuda tanto de intereses como de
amortización.
Le hago una segunda pregunta. ¿Cuáles son los inconvenientes que tienen en
estos momentos las comunidades autónomas para poder acceder a los
mercados financieros? En concreto Andalucía ha solicitado el acceso a los
mercados financieros para poder prescindir del FLA y para poder
financiarse, como venía haciendo con anterioridad a la crisis, en los
propios mercados. Pero el ICO ha aprobado un Plan Estratégico 2017-2021
que fija nuevas líneas de actuación y que tienen importancia para este
ajuste, para recuperar lo que es el esfuerzo inversor y la
capitalización, sobre todo en infraestructuras y en inversiones a largo
plazo en este país. De hecho, el ICO gestiona el plan Juncker, que no
está teniendo la importancia que esperábamos, que no responde a la
ilusión con la que se creó. El último dato fue de marzo de este año,
donde se repartieron 55 000 millones de euros en préstamos de los que
España consiguió 5600 millones, el 10 % aproximadamente. En la última
comparecencia que tuvo usted aquí recuerdo que decía que íbamos a ser los
primeros. Nos hemos quedado los quintos, pero es importante seguir
haciendo este esfuerzo por captar financiación del Banco Europeo de
Inversiones y por abordar estos recursos que están a nuestra disposición
y en los que el ICO tiene un papel fundamental.
Me gustaría conocer qué gestión, qué promoción y qué intermediación está
haciendo el ICO en estos momentos para mejorar y si los planes previstos
de mantener el plan hasta 2020 y llegar a los 500 000 millones de euros
están aprobados. Por otra parte, el ICO tiene otras medidas incluidas en
ese plan
estratégico, como son financiar inversiones en infraestructuras a largo
plazo, iniciativas de apoyo a empresas y a instituciones. Figura como
línea, pero no conocemos realmente el resultado de esa línea y si el ICO,
además de ponerlo como plan de actuación, como sigue teniendo las líneas
de intermediación y de apoyo a emprendedores, está teniendo suficiente
efecto arrastre para promover y propiciar la inversión en
infraestructuras y la capitalización que necesita nuestra economía.
Otra línea importante que tienen a través de Axis es captar recursos
privados. Se creó el fondo de los 1500 millones de euros. Ya dijimos en
su momento que nos parecía poco, pero no está teniendo, por lo menos en
apariencia -me gustaría conocer su opinión al respecto-, el papel
protagonista que debiese tener a efectos de bancarizar a las empresas y
que la deuda no sea exclusivamente del sector financiero.
Por último -y concluyo-, me gustaría conocer la posibilidad de cumplir con
el convenio del ICO. Ya lo dije en mi última intervención, el ICO tiene
establecido un sistema de promoción interna para los empleados que
durante los últimos años no se ha podido aplicar. Los inconvenientes
siempre han venido por parte del Ministerio de Hacienda, con la excusa de
la limitación de la masa salarial y de las retribuciones a los empleados
públicos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se va a poder aplicar ese
convenio, que sigue estando en vigor? ¿Se va a poder retomar el sistema
de promoción interna establecido en el mismo?
Estas preguntas son las que me gustaría que usted contestara. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Buenas noches.
Queríamos hacer una intervención señalando algunos elementos que nos
parecían estratégicos en el uso que se está dando al Instituto de Crédito
Oficial y plantear algunas cuestiones concretas respecto a estos
presupuestos en particular.
En relación con las cuestiones estratégicas de medio y largo plazo y sobre
todo del papel que creemos que debería jugar el Instituto de Crédito
Oficial, sabe usted que una de las prioridades sobre las que se insiste
de forma permanente tanto desde la Unión Europea como desde el Banco
Central Europeo es la necesidad de hacer llegar el crédito a la pequeña y
mediana empresa. Es decir, la crisis todavía no ha permitido recuperar
con la suficiente intensidad los canales de crédito ni los tipos de
interés previos a la crisis, y eso es relevante. Por otro lado, el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instituciones tan poco
sospechosas de fomentar la actividad del Estado en la economía, insisten
en que uno de los papeles estratégicos del Estado en estos tiempos es
asegurar una competencia saludable y reconocen el papel contracíclico que
ha jugado en todo este proceso la banca pública en aquellos Estados en
los que aún existe. Lo que nos parece es que el Instituto de Crédito
Oficial no cumple en España ese papel con la suficiente intensidad, y
sobre eso querríamos reflexionar. El rescate financiero supuso una
transferencia ingente de recursos hacia las instituciones bancarias y
financieras y, sin embargo, estas instituciones secaron el grifo del
crédito hacia las pequeñas y medianas empresas durante esos años, como le
decía. Por otro lado, como consecuencia de la reestructuración bancaria
se ha producido una concentración en el sector en este país que hace que
la competencia sea puesta en duda. En estos momentos, y especialmente
tras la caída del Banco Popular, cinco entidades concentran el 70 % de
los activos y la mayor parte de la actividad en el sector. El papel de la
banca pública en ese espacio es el de tener un contrapeso que permita que
las actividades oligopólicas que se suelen dar con ese nivel de
concentración no se den. ¿Que ocurre? Que vemos que el papel del
Instituto de Crédito Oficial se altera. De hecho, en su memoria de
objetivos de los presupuestos lo que viene a decir es, textualmente, que
la mediación del ICO como instrumento contracíclico irá reduciéndose -no
sabemos si es aún el momento para que esa reducción en la intensidad
contracíclica se produzca- y que, por otro lado, van a orientar su
actividad hacia un modelo más especializado y de búsqueda de actividades
de gran valor añadido. Eso, al tiempo que se produce una reducción en el
balance del Instituto de Crédito Oficial, de manera que el balance de la
entidad ha caído casi en un 15 % respecto a los presupuestos de 2017 y
casi un 40 % respecto a los presupuestos de 2016. ¿Podría usted
explicarnos a qué obedece esta reducción en el balance de la institución?
¿Considera usted, como presidente, que los fondos de los que dispone en
estos momentos el instituto son suficientes para las necesidades de
financiación de la pequeña y mediana empresa españolas y sobre todo para
algo que aparece en su memoria, que entendemos que es la orientación de
su actividad, la transformación del modelo productivo en este país? Sin
embargo, esa transformación no se produce, y no se produce esencialmente
porque hay una contradicción entre los intereses del sistema financiero,
que
son absolutamente cortoplacistas, como todos sabemos, y la necesidad de la
planificación y la intervención estratégica, que requiere de una mirada
de medio y largo plazo para poder llevar a cabo esa transformación
productiva. Ustedes tienen el instrumento, lo que no sé es si tienen los
recursos suficientes y si van a orientar esos recursos hacia esa
transformación del modelo. Además, creemos que su actividad se vería
complementada perfectamente si se mantuviera en el ámbito del sector
público una entidad que ya es mayoritariamente pública, que es Bankia. No
porque consideremos que tener un banco público sea un fin en sí mismo,
sino porque, en primer lugar, creemos que ayuda a la transformación del
modelo productivo orientando su actividad mayoritariamente hacia el medio
y largo plazo y hacia esos sectores de alto valor estratégico hacia los
cuales parece que ustedes apuntan y, en segundo lugar, porque en este
contexto aparece un problema mayoritariamente percibido no solo entre la
población, sino a nivel académico y de la opinión pública, que es la
exclusión financiera; la exclusión financiera no solo se produce en el
mundo rural, sino también entre los estratos de renta más baja. Es decir,
querríamos que nos hablara acerca del balance, acerca de la orientación
de su actividad y acerca de si ve complementariedad o no, posibilidad de
actuar conjuntamente con Bankia.
Me quiero referir ahora al conflicto que nos ha trasladado el personal de
su institución, que lleva, como ya le ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, más de cinco años pendiente de mejoras en sus niveles
retributivos, mejoras que no dependen del Ministerio de Hacienda sino de
la propia institución. Están viendo cómo se incumple de forma sistemática
el convenio colectivo y además que esa suspensión de la carrera
profesional solo se ha aplicado al personal técnico y al personal
administrativo y no a los mandos intermedios, que siguen consolidando sus
niveles retributivos. ¿Tiene usted previsto, como presidente, mediar con
la Cecir para que se vuelvan a autorizar las mejoras del nivel
retributivo de los trabajadores del ICO o va a seguir incumpliendo el
convenio colectivo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor Zalba. Intentaré no repetir las cuestiones que ya han
planteado el resto de portavoces. Quiero referirme, sobre todo, al
cumplimiento del déficit y la mejora de la financiación, por un lado, y,
por otro lado, a los autónomos.
En primer lugar, hay que resaltar que 2017 ha sido el primer año que
España ha cumplido con el objetivo de déficit, con unos presupuestos que
han sido creíbles, negociados por mi grupo con el Grupo Popular. Pero
además de darnos la enhorabuena, creo que podemos tener confianza en
estos presupuestos en el sentido de abandonar el déficit excesivo, como
nos marca la Unión Europea, y así poder tener otro entorno financiero.
Por eso le quiero preguntar, ¿cómo afecta a la labor del ICO la mejora
del entorno financiero, como le comentaba, de la mano de esa estabilidad
presupuestaria? El ICO tuvo un papel muy importante durante la crisis,
cuando la financiación bancaria a empresas escaseaba, pero también de
apoyo a las entidades públicas. En primer lugar, me gustaría saber cuál
es la evolución de utilización de las distintas líneas de mediación que
están ustedes llevando a cabo. También me gustaría saber qué importe
suman las deudas firmes contraídas por las entidades locales con el
Instituto de Crédito Oficial por la línea de crédito instruida por este
último a las que se hace referencia en la sección segunda del capítulo II
del Real Decreto-ley 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, para cancelar esas obligaciones pendientes de pago.
En segundo lugar, quiero hablarle de los autónomos, en particular le ruego
que nos comente algo sobre las líneas de financiación orientadas a estos
autónomos, a estas personas que levantan la persiana todos los días
porque Ciudadanos es un partido que está muy sensibilizado con estas
personas que hacen un gran esfuerzo todos los días. Hoy la Ley de Medidas
Urgentes para los Autónomos ya es una realidad y estos presupuestos
contienen más de 520 millones para esta ley, para ayudar a todos los
autónomos, con la extensión de la tarifa plana, con bonificación de
cuotas sociales, con una reducción de los recargos por retraso y, además,
con una seguridad jurídica en los gastos. Son estas, son las pequeñas y
medianas empresas el sector que precisa realmente las ayudas en estos
Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que no entendemos la postura
del Partido Socialista y de Podemos en este aspecto pero, nosotros desde
luego apoyaremos estos presupuestos.
Señor presidente, yo querría preguntarle además, respecto del marco del
convenio de colaboración entre el IDAE y el ICO para la instrumentación
de la línea ICO IDAE Eficiencia Energética 2017-2018, qué
importe se ha destinado al ICO-IDAE Eficiencia Energética en 2017 y en
2018, cuál es la previsión. Por último, quería preguntarle sobre los
resultados que están obteniendo con este convenio con el IDAE. Asimismo,
en el anexo III de los Presupuestos Generales del Estado se autorizan
operaciones de crédito al Instituto de Crédito Oficial por 5900 millones
de euros, igual que en 2017. Querría saber cuánto de este límite se
utilizó en 2017 y cuánto estiman que van a utilizar para este ejercicio.
Por último, ¿cómo afecta al ICO el actual escenario de bajos tipos de
interés y la previsible alza a finales de 2018 si el Banco Central
Europeo acaba realmente con ese programa de compra de bonos?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Para concluir, tiene la palabra el señor Juncal en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente, y bienvenido, señor
presidente del ICO.
Voy a hacer un simple apunte. Señor Hurtado, ponga otra disculpa; yo no
voy a abrir aquí un debate de tipo ideológico sobre por qué no nos
aprueban los presupuestos, los tipos impositivos y demás. Creo que el
Partido Socialista ha tenido grandes ministros de Hacienda, como lo
fueron Fernández Ordóñez, Solchaga o Solbes, que esa teórica la tienen
más que superada. Si ustedes se quieren aliar con Podemos, allá ustedes,
pierden una oportunidad, creo que importante.
Centrándonos en el tema y con la presencia del presidente del ICO, quiero
sumarme a lo que también han solicitado los compañeros de otros grupos,
que comente usted las cifras, dadas las horas y el tiempo, como
buenamente pueda.
Sí quiero plantearle tres preguntas, tres consideraciones respecto a la
actividad del ICO de cara a 2018. La internacionalización ha supuesto un
factor clave para la recuperación de la economía de España. Las
exportaciones siguen marcando máximos históricos y tienen indudablemente
un factor multiplicador en la economía. Ahí está el dato de que seguimos
estando por encima del crecimiento de las exportaciones en el conjunto de
la zona euro. Por lo tanto, quisiera conocer la actividad del ICO en
cuanto a potenciar la internalización de la empresa española e
incrementar en lo posible esta actividad exportadora tan beneficiosa para
la economía del país.
Otro punto que también quería abordar en relación con la actividad de la
entidad que usted preside es el impulso al sector del capital privado. El
capital privado es un instrumento que permite capitalizar las empresas,
su internacionalización y, al mismo tiempo, apoyar su crecimiento. Es
también una línea de trabajo de la Unión Europea; la propuesta de la
Unión en cuanto a los mercados de capitales va en la misma dirección: la
necesidad de diversificar -algo que también se ha mencionado aquí por
algún otro colega- las fuentes de financiación. En consecuencia, me
gustaría conocer en relación con estos presupuestos la actividad que está
llevando a cabo el ICO para fomentar el capital privado en España y la
financiación alternativa bancaria para nuestras empresas.
Por último, otro de los elementos importantes para la economía de un país
son los niveles de sostenibilidad. Las inversiones socialmente
responsables son la respuesta a esta necesidad y, aunque se han
incrementado considerablemente desde 2002 hasta 2015 -pasando de 80
millones en 2002 a 170 millones en 2015-, seguimos ocupando puestos de
cola entre nuestros socios de la Unión Europea. Mi pregunta es sobre la
política del ICO y su actividad en relación con el impacto real en la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos apoyando estas inversiones
socialmente responsables.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
Para contestar las intervenciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios tiene la palabra el presidente del ICO, el señor Zalba.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, ICO (Zalba
Bidegain): Muchas gracias, presidente y muchas gracias a todos por sus
intervenciones.
Empezaré, como no podía ser de otra manera, por el señor Hurtado, el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Lamento de corazón que
ustedes no aprueben estos presupuestos porque no tengo ninguna duda de
que son unos presupuestos importantes para consolidar el crecimiento y la
creación de empleo en este país. Hoy precisamente hemos conocido que el
Fondo Monetario Internacional mejoraba nuevamente la previsión de
crecimiento de España y era la mejora más importante de todos los países
que analizaba. Creo yo que esa es la prueba de que vamos por el buen
camino. Y lo lamento
también por los pensionistas de este país, lo lamento por los pequeños y
medianos empresarios y lo lamento por los autónomos de este país. Pero
obviamente usted y su grupo están en total libertad de tomar la decisión
que más oportuna consideren.
Desde luego, el reto de estos presupuestos no es solo consolidar la
recuperación económica, sino también conseguir que la recuperación llegue
a todos los españoles. En eso estoy de acuerdo con usted en que el ICO
tiene mucho que decir. Precisamente conseguir que la recuperación llegue
a todos los españoles ha sido una prioridad del ICO en su papel de
impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Me va a permitir hacer
una mención a los bonos sociales, de los cuales el ICO ha sido pionero.
Como todos ustedes saben, el ICO no se financia a través de los
Presupuestos Generales del Estado, sino que se financia a través de los
mercados y a través de préstamos bilaterales con instituciones como el
Banco Europeo de Inversiones o el Banco de Desarrollo del Consejo de
Europa, entre otras. En esas emisiones que impulsa el ICO para obtener la
financiación hemos sido un referente en los bonos sociales. Lo hemos
hecho -y me alegro de que esté aquí el secretario general del Tesoro que,
en su papel de director general de financiación del ICO, ha sido uno de
los impulsores de los bonos sociales-, puesto que es un compromiso que
demanda la sociedad, un compromiso, una demanda y un barniz social que
necesita y precisa toda la política. Por eso, el ICO, por esa necesidad
de dotarnos de una dimensión más social, ha impulsado los bonos sociales.
¿A qué hemos destinado esa financiación que hemos obtenido de los bonos
sociales? A financiar a pymes localizadas en comunidades autónomas con un
PIB inferior a la renta media española. ¿Con qué objetivo? Con el
objetivo de que la recuperación sea una realidad para todos los
españoles.
Creo que, como bien ha dicho usted y yo reitero, el ICO tiene mucho que
decir, ha tenido mucho que decir y va a tener mucho que decir en la
consolidación de la recuperación económica. Ha mencionado usted las
cifras. En el año 2014 el ICO financió a través de la mediación a las
pymes y a las empresas españolas por valor de 21 000 millones de euros;
en el año 2016, por valor de 4700 millones de euros, y el año pasado con
unas cifras similares. Pues bien, el impacto sobre el empleo de estas
cifras, de estos casi 5000 millones de euros con los que a través de la
mediación hemos financiado a las pymes y a las empresas españolas, ha
sido significativo. Gracias a la financiación de las líneas de mediación
del ICO se han mantenido o creado en España tanto el año pasado como el
año anterior 322 000 puestos de trabajo. Es una cifra sin duda importante
que demuestra, como bien ha dicho usted, el importante papel que tiene el
ICO, que, como bien ha recordado, es un papel anticíclico y precisamente
pasamos de modelo expansivo a un modelo especializado. ¿Especializado en
qué? En primer lugar, y lo ha mencionado también usted, en apoyar la
financiación de la internacionalización de las empresas españolas, en
especial apoyar la financiación de las pymes españolas. Precisamente la
internacionalización es la prueba del cambio de modelo productivo y es la
prueba de que las reformas impulsadas por el Gobierno de España están
teniendo resultados. Si bien antes de la crisis lo que aportaban las
exportaciones de nuestras empresas al PIB era un cuarto, hoy es más de un
tercio del PIB lo que representan las exportaciones de nuestras empresas.
Si el año pasado las exportaciones en el conjunto de la Unión Europea
aumentaron un 7 %, en España aumentaron un 9 %. Esa es la prueba de que
seguimos ganando competitividad. ¿Y por qué es tan importante la
internacionalización? Porque exportar más significa crear más empleos.
Según datos de la Comisión Europea, cada 1000 millones de euros que
aumentan nuestras exportaciones se crean 14 000 puestos de trabajo. De
ahí la importancia de seguir apoyando y apostando por la
internacionalización. Sin duda alguna, el ICO lo va a hacer, y respondo
también al portavoz del Grupo Popular, señor Juncal, que me preguntaba
por la internacionalización. Va a ser fundamental en los próximos años en
el ICO, es una de las primeras líneas estratégicas por las que estamos ya
apostando y en las que estamos ya trabajando porque, insisto, sin duda
alguna tiene un impacto importantísimo en el empleo.
Me preguntaba también el señor Hurtado respecto al papel del ICO como
agencia financiera. A través de los diferentes mecanismos, muchos de
ellos todavía en vigor, por ejemplo el FLA, se han inyectado en la
economía española 100 000 millones de euros, es decir alrededor de un 9 %
del producto interior bruto, pero es importante recordar que aquí
actuamos como mera agencia financiera bajo la instrucción de Hacienda.
Por tanto, ahí somos -perdónenme la expresión- unos mandados.
Respecto al plan estratégico, yo me atrevería a decir que tiene tres
líneas estratégicas. La primera de ellas, la internacionalización, a la
que ya he hecho referencia. La segunda, el Plan Juncker. A usted le he
visto muy pesimista al respecto. Yo creo que el Plan Juncker es una
importante iniciativa impulsada por la Comisión Europea, impulsada por su
presidente, el señor Juncker, que ha tenido un éxito importante y, sin
duda alguna, España ha sido uno de los principales países beneficiarios
del mismo. El ICO ha jugado un papel fundamental y aspiramos a seguir
jugando ese papel clave en el Plan Juncker. Como seguramente sabrá, ya se
ha aprobado lo que se conoce como la segunda parte del Plan Juncker, el
Plan EFSI 2.0, donde, insisto, el ICO aspira a seguir jugando ese papel
tan importante que ha jugado para que España esté a la cabeza de los
países perceptores de las ayudas. Y tenemos que ser conscientes de que
una de las prioridades del Plan Juncker va a ser impulsar la eficiencia
energética. Y esto me gustaría vincularlo a la pregunta que me ha hecho
el portavoz de Ciudadanos, el señor Ten, respecto de la línea ICO-IDAE.
La línea ICO IDAE está dotada con 100 millones de euros, es una línea
francamente importante que aspira y que espera mejorar la eficiencia
energética de edificios industriales y de edificios de hostelería y que
abre camino a ese Plan Juncker que tanta importancia va a dar a la
eficiencia energética. En un país como España, fuertemente dependiente
desde el punto de vista energético, toda mejora de la eficiencia
energética es muy importante, y si bien las reformas estructurales y de
impulso a la internacionalización han permitido que España, que
arrastraba un déficit crónico por cuenta corriente, lleve ya tres o
cuatro años consecutivos -perdónenme, no recuerdo exactamente-, de
superávit, sin duda alguna el impulso a la mejora de la eficiencia
energética contribuirá a mejorar nuestra balanza comercial.
Un tercer aspecto importantísimo de ese plan estratégico es -y también lo
han mencionado el portavoz del Grupo Popular y el portavoz de Ciudadanos-
el impulso a la diversificación de las fuentes de financiación. Si algo
hemos aprendido de la crisis económica es que nuestras pequeñas y
medianas empresas en particular, pero nuestras empresas en general, deben
diversificar las fuentes de financiación y reducir la fuerte dependencia
de la financiación bancaria. No es un objetivo único de las empresas
españolas, sino también de las empresas europeas. Dos tercios de la
financiación de las empresas europeas vienen a través de la financiación
bancaria y un tercio únicamente a través de la financiación alternativa.
En Estados Unidos precisamente tienen el ratio contrario. Viendo esa
realidad, la Comisión Europea ha impulsado la unión del mercado de
capitales para fomentar la financiación alternativa y desde el Gobierno
de España se ha impulsado la financiación a través del capital privado y
concretamente lo hemos hecho hace ya algunos años a través de FOND-ICO, a
través de los diferentes fondos que tiene nuestra filial de capital
privado.
Me gustaría hacer referencia a FOND-ICO Global. Le he visto muy pesimista
al respecto. Creo que tenemos motivos para estar francamente satisfechos.
Tuvo una dotación inicial de 1000 millones de euros, a los pocos meses se
incrementó hasta los 1500 millones, de ellos se han aprobado inversiones
por valor de unos 1465 millones, de los cuales se han desembolsado 477
millones que han conseguido captar inversiones de otros fondos por valor
de 1600 millones. Esos 477 millones desembolsados se han invertido en 64
fondos, que a su vez han invertido en 330 empresas que dan empleo a 100
000 trabajadores, que, en definitiva, es lo más importante.
Me va a permitir leerle una frase que el presidente de Israel citó en un
encuentro con empresarios durante su reciente visita de Estado a España
-y cito literal-: Israel es un referente mundial en innovación,
tecnología y emprendimiento y muestra de ello es el programa Yozma del
Gobierno israelí para promover la creación de startups, muy similar al
FOND-ICO Global de España. Por tanto, me atrevería a decir que casi nos
hemos convertido en un referente en la financiación alternativa. No vamos
a caer en la autocomplacencia y seguimos trabajando. Vamos a impulsar un
segundo Fondo Isabel La Católica de business angels. Vamos a ampliar
FOND-ICO Global y estamos trabajando en nuevas iniciativas que ojalá el
año que viene les podamos contar. Por tanto, esas tres líneas
estratégicas forman nuestro plan estratégico: el apoyo a la
internacionalización, el impulso a la atracción de fondos del Plan
Juncker y el apoyo a la financiación alternativa.
Respecto al convenio del ICO y al denominado SDP sobre el que me ha
preguntado usted, señor Hurtado, y también el portavoz de Podemos, para
el ICO, sin duda, no hay nada más importante que su capital humano, como
no puede ser de otra manera, porque gracias a ello el ICO puede llevar a
cabo el importante papel que juega en impulsar el crecimiento y la
creación de empleo. No obstante, por la normativa retributiva que usted,
señor Hurtado, ha mencionado, la reactivación del sistema de desarrollo
profesional no es una decisión que competa a este presidente, sino que es
una decisión que compete a Hacienda. Estamos haciendo gestiones, sin duda
alguna, señor Montero; no es que vayamos a hacerlas, es que ya las
estamos haciendo y no solo el presidente del ICO, sino todo el personal
directivo del mismo, me atrevería a decir que desde el mismo día que
llegué al ICO y me atrevería también a decir que mis predecesores han
sido muy activos también. Nada nos gustaría más a todos los que formamos
el equipo directivo del ICO que verlo resuelto lo antes posible.
Respecto al señor Montero, usted ha mencionado al BCE, a la Unión Europea
y a los problemas que las pymes españolas y europeas se enfrentaron para
obtener crédito. Me atrevería a decir que esa es una cuestión del pasado.
Yo fui eurodiputado muchos años y cada vez que venía el señor Draghi a la
Comisión de Economía -está en las hemerotecas- le preguntaba precisamente
por el crédito a las pymes. Hoy creo que gracias a la reforma del sistema
financiero español, impulsada por el actual Gobierno de España, gracias a
las reformas impulsadas también a nivel europeo, como pueden ser los dos
primeros pilares de la unión bancaria y, por supuesto, también gracias al
Banco Central Europeo, nuestras pymes se financian, me atrevería a decir,
de forma mejor y más barata en la reciente historia económica. Por tanto,
creo que podemos estar satisfechos. Hemos oído que en el año 2014
financiamos a las pymes por valor de 20 000 millones de euros, los dos
últimos años ha sido por valor de 5000 millones de euros y si vemos las
cantidades agregadas de crédito vemos cómo no dejan de crecer. Es la
prueba de que hoy nuestras pymes se financian más y mejor que en tiempos
pasados.
Me preguntaba usted también sobre Bankia, BMN y la posibilidad, entiendo
yo, de crear una gran banca pública. Usted ha mencionado también con
acierto la complementariedad del ICO con Bankia y BMN. Nosotros no
aspiramos a ser complementarios con Bankia, aspiramos a ser
complementarios con el conjunto de entidades financieras del territorio
español; lo estamos haciendo. El ICO no aspira a competir con la banca,
sino a complementar con la banca comercial. Yo les he escuchado en
numerosas ocasiones esa ambición que tienen de crear una banca pública, a
mí me parecería un error. ¿Por qué? Hoy me atrevería a decir que cada
sucursal bancaria que hay por España es una sucursal ICO, porque en cada
sucursal bancaria que vemos en España uno puede entrar, una pyme, un
autónomo, y obtener una línea ICO. Si creáramos un gran grupo con Bankia
y BMN, limitaríamos la capacidad de acción de esa banca pública a las
sucursales que tienen Bankia y BMN. ¿Para qué limitar el ICO si, insisto,
tenemos decenas de miles de sucursales en toda España? Hemos visto cómo
ha jugado un papel trascendental, que reconocía el señor Hurtado, en la
reciente crisis económica y, por tanto, lo que funciona, digo yo, para
qué cambiarlo.
Respecto al señor Ten, el portavoz de Ciudadanos, sin duda alguna
agradezco a su partido la responsabilidad que está teniendo en aprobar
unas cuentas públicas que -no lo ha podido explicar mejor- ayudarán a
cumplir los objetivos del déficit. Precisamente la consolidación fiscal y
las reformas son la principal receta que nos ha sacado de la profunda
crisis económica que hemos vivido en este país; y, por tanto, los
principales instrumentos que tenemos para seguir impulsando el
crecimiento y la creación de empleo y para seguir escuchando noticias tan
positivas como las que hemos escuchado hoy del Fondo Monetario
Internacional, que ha mejorado la previsión de crecimiento de la economía
española, es seguir por ese mismo camino que tan buenos resultados nos ha
dado. No hay que caer en la autocomplacencia, es importante conseguir que
la recuperación llegue a todos porque, sin duda alguna, si no, no será
una recuperación. Y la mejor garantía de conseguir este objetivo es, sin
duda alguna, que estos Presupuestos Generales del Estado sean una
realidad.
En cuanto a la línea ICO-IDAE que me decía, ya he hecho referencia, está
dotada con 100 millones de euros y sin duda es un buen precedente para
que el ICO y España se puedan seguir beneficiando de los fondos del Plan
Juncker EFSI 2.0, que, como he dicho antes, va a tener un papel
fundamental.
Hacía usted una mención a los autónomos; desde luego, los autónomos son un
sector clave en la economía española. Y precisamente las líneas ICO
gracias a esa complementariedad con la banca comercial tienen una gran
capilaridad. El 53 % de los préstamos ICO tienen una dotación inferior a
los 25 000 euros, y el 66 % de las operaciones van dirigidas a micropymes
de menos de nueve empleados. ¿Y cómo conseguir financiar por valor de
5000 millones de euros con esta gran capilaridad, solo con trescientos
empleados, trescientos grandes profesionales, que son los que formamos
ICO? Pues precisamente complementando la actividad y haciéndolo en
colaboración con las entidades financieras.
Por último, me gustaría agradecer al portavoz del Grupo Popular, señor
Juncal, lo que nos ha preguntado, que, si no recuerdo mal, era sobre la
internacionalización, que ya le he respondido. A lo del capital privado
también le ha respondido, y respecto a los niveles de sostenibilidad,
también le he respondido haciendo referencia a los bonos sociales.
Me gustaría acabar diciendo que me complace informarles de que el ICO
procedió el pasado 15 de septiembre a la amortización anticipada sobre
los préstamos que en momentos muy difíciles como fueron los años 2013 y
2014 nos concedió el banco público alemán, nuestro homólogo alemán KFW,
por valor de mil millones de euros. Hemos procedido, como he dicho, a
amortizarlos anticipadamente, lo que supondrá un ahorro financiero de 10
millones de euros que, sin duda alguna, contribuirá a la eficiencia del
ICO y
redundará en las miles de empresas y pymes que se benefician. Me van a
permitir que diga que precisamente esta devolución anticipada de este
préstamo que el KFW nos dio en circunstancias muy difíciles para la
economía española es un ejemplo más del giro positivo que ha dado la
economía española en los últimos años.
Cualquier cuestión adicional que puedan tener, estaré encantado de
responderles en el formato y en el contexto que crean oportuno.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Marí Bosó): Muchas gracias, señor Zalba.
Señorías, un minuto para despedir al presidente del ICO y recibir al
secretario general del Tesoro y Política Financiera. (Pausa.-El señor
presidente ocupa la Presidencia).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (NAVARRETE
ROJAS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de
expediente 212/001267) Y CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA (número de expediente 212/001338).
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión para concluir con la
comparecencia del señor secretario general del Tesoro y Política
Financiera.
De acuerdo con el orden aprobado por la propia Comisión, pasamos
directamente a las preguntas de los portavoces y, en primer término, por
el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Yo no termino, empiezo. Era una broma porque a esta hora cualquiera ya...
(Risas). Bienvenido, señor secretario general del Tesoro. Creo que es la
primera vez que comparece y encantado de conocerle y de poder debatir, a
pesar de que la hora es la más intempestiva, sobre la materia de la que
usted es competente.
Voy a ir muy al grano y espero que me conteste. En primer lugar, nosotros,
el Grupo Parlamentario Socialista, uno de los grandes motivos por los
cuales no vamos a apoyar estos presupuestos evidentemente es porque no se
aborda un problema que está ya reconocido por todos los analistas, y yo
creo que también por el propio Gobierno, y es el exceso de endeudamiento
por parte de las administraciones públicas y especialmente de la
Administración central. Hemos superado el cien por cien del PIB. El año
2017 se ha quedado en un 98,3 %, 1 billón 144 000 millones de euros de
endeudamiento de las administraciones públicas y un coste financiero
consolidado de más de 31 500 millones de euros, el 2,6 % del PIB. ¿Y con
qué nos encontramos, según algunos analistas? No con un problema, sino
con un riesgo de insostenibilidad del endeudamiento público de este país.
Mi primera pregunta es por qué están incumpliendo ustedes la ley. La
disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
dice que cuando se supera el 2 % de crecimiento hay que reducir un 2 %
como mínimo el nivel de endeudamiento. Llevamos tres años consecutivos
superando el 2 % de crecimiento y el nivel de endeudamiento va en
aumento. Para 2018 las previsiones son de un 97 %, décimas -no llega ni
al punto- de reducción del déficit de endeudamiento público. Por tanto,
mi pregunta es: ¿El Gobierno abandona ya claramente el objetivo de 2020,
un 60 % de endeudamiento? Si no lo abandona, son ganas de no ver la
realidad, pero lo más grave es que el Gobierno está incumpliendo la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, esa ley que se menciona para todo, para
los ayuntamientos y para las comunidades autónomas, que si se sanciona,
que si se abren expedientes. Para todo se pone en boca. Es una
justificación, pero el Gobierno no cumple con la propia Ley de
Estabilidad Presupuestaria. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo va a ser ese
un objetivo? ¿Cuándo está dispuesto el Gobierno a asumir que es una
obligación legal y que hay que abordar este problema? Desde luego, en
estos presupuestos no se hace. Se queda en el 97 % el nivel de deuda
pública y se habla de no cumplimiento, evidentemente, para 2020 del
objetivo del 60 %.
La segunda pregunta que le quiero hacer es qué estimación hace el Tesoro
del cambio de política monetaria del Banco Central Europeo anunciada para
el próximo mes de septiembre. En estos momentos la solución del Gobierno
está siendo: si tengo que sanear los bancos, me endeudo; si tengo que
ayudar financieramente a las comunidades autónomas, me endeudo; si tengo
que establecer un fondo de financiación, un FLA, me endeudo, pero es que
todo eso se ha acabado y se sigue endeudando. No tiene
fin, es una dinámica de recurrir. El endeudamiento es una política
recurrente que está creando un grave problema a la economía, porque ese
dinero sale de entidades que podían prestárselo a las familias y a las
empresas, que están haciendo un esfuerzo enorme de desapalancamiento; sin
embargo, parece que no va con el Estado. El desapalancamiento de hogares
y de empresas justamente está siendo compensado con un mayor
endeudamiento del Estado. ¡Vaya jugada!
Quiero hacerle otra pregunta. Ya hay comunidades autónomas que están
interesadas en acudir a los mercados financieros. ¿Cuál es el problema?
¿Por qué no se autoriza? Mi comunidad, Andalucía, ha solicitado
formalmente al Gobierno no depender del Fondo de Liquidez Autonómico,
sino poder acudir a los mercados financieros. ¿Por qué no se autoriza?
¿Cuál es el problema? ¿En qué fase están ustedes? ¿Qué lupa están
poniendo?
Por último, le haré otra pregunta. No cabe duda de que si se sale del
déficit excesivo justamente en 2018 -yo creo, y lo digo aquí que no me
escucha nadie, que no se ha salido aposta porque se ha quedado a menos de
una décima-, vamos a la regla de gasto europea, muchísimo más exigente.
Eso va a significar una restricción de gasto que afectará al coste
financiero en unos momentos donde también probablemente se producirá una
subida de tipos de interés. ¿Qué evaluación de estos efectos tiene en
estos momentos el Tesoro y el Gobierno?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la
palabra el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor secretario general del
Tesoro.
A mí me ha llamado la atención esa defensa a ultranza de la austeridad que
ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. (Risas). Entiendo que se pueda
estar incumpliendo la ley, pero cuando la ley impone una austeridad que
está siendo tremendamente dañina para la sociedad española en estos
últimos años, creo que lo que menos me preocupa es que el Gobierno la
incumpla, porque lo que hay que plantearse es cuáles deben ser las
reformas para que la austeridad deje de acogotarnos en la vida normativa.
En cualquier caso, usted asume el cargo -creo que lo acaba de hacer- en un
momento delicado porque hasta la propia Airef, que es bastante respetada
en esta Cámara, acaba de señalar los riesgos de insostenibilidad de la
deuda pública a medio y largo plazo, así que nos gustaría saber cuál es
su valoración del escenario al que se enfrenta, sobre todo en un contexto
en el cual se produce un trade-off absolutamente perverso, un trade-off
en términos de ajuste permanente del déficit, lo cual impone políticas de
austeridad sobre las generaciones presentes, trasladadas en forma de
deuda hacia las generaciones futuras. Nos preocupa mucho -y parece que a
Europa le preocupa mucho-, para mantenernos en el procedimiento de
déficit excesivo, el límite del 3 %, pero el límite del 60 % de la deuda
pública, que es también uno de los objetivos que está marcado en términos
fiscales, ha desaparecido como un problema cuando se ha convertido en un
problema para la economía española. (El señor Hurtado Zurera: Es un
problema). Así pues, me gustaría... Claro que es un problema, pero el
problema no es que el Gobierno incumpla la ley, el problema es la
austeridad. (El señor Hurtado Zurera pronuncia palabras que no se
perciben.-Risas). Sinceramente, defender que cuando se supera el 2 % de
crecimiento lo que hay que hacer es rebajar la deuda todo lo que suba,
entramos en un debate bastante complejo. Así pues, me gustaría que me
hiciera alguna valoración de ese incumplimiento del 60 % y de cómo tiene
previsto el Gobierno, si es que lo tiene, enfrentar el incumplimiento
normativo; es decir, ¿vamos a relajar definitivamente ese artículo de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria al que aludía el señor Hurtado
anteriormente?
Hay otro elemento que me parece llamativo, que son los riesgos que el
endurecimiento de la política monetaria europea puede tener sobre la
sostenibilidad y el pago de la deuda. Se empieza a advertir de la
retirada de la relajación de la expansión cuantitativa del Banco Central
Europeo y eso puede dar lugar a un encarecimiento de los tipos de interés
y de la financiación del sector público, y evidentemente del sector
privado. ¿Tiene previsto el Gobierno, su negociado, algún plan para
enfrentar ese escenario que avizora, que parece bastante cercano, o
esperan a que se produzca para ver cómo reaccionan?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el
señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a
todos.
Buenas noches, señor Navarrete. En 2017 cumplimos con un ambicioso
objetivo, que fue la reducción de dos puntos del PIB de nuestro déficit.
Luego podemos entrar en debates filosóficos de economía con el señor
Montero o con el señor Hurtado a ver si eso es bueno o es malo. Desde
luego, para Ciudadanos es bueno. Este 2018 tenemos un objetivo que yo
creo que es igual de avanzado, y es cumplir con un 3,1 % de déficit sin
renovación. España es el último país que sigue en ese procedimiento de
déficit excesivo y estamos a punto de salir de él. Yo no sé si compartir
la opinión del señor Hurtado, que no se ha salido aposta. Yo creo que
seguimos en él y tenemos que salir de él y creemos que será una muy buena
noticia para este país. De todos los altos cargos que han pasado por aquí
hoy creo que usted, señor Navarrete, será el que más aprecia que los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 sean más rigurosos, más
creíbles y que garanticen cumplir con Europa. También lo ha dicho la
Airef, son unos presupuestos más que alcanzables. Son claramente
expansivos, a pesar de lo que digan algunos, crece el gasto social, crece
el gasto en todas las secciones y en todas las políticas, excepto en
deuda. Ahí nos ahorramos este año cerca de 400 millones, que se pueden
aplicar precisamente a esas políticas naranjas que al señor Bel le gustan
tanto.
No obstante, esto no ha sido siempre así. Coincidirá usted conmigo en que
en 2015 ese adelantamiento de una rebaja fiscal antes de unas elecciones
disparó nuestro déficit en el 5,2 % y causó un agujero a las arcas de 10
000 millones que casi nos causa una multa de la Unión Europea. En este
sentido le quería preguntar, señor Navarrete, a qué atribuye usted que
ahora sí se esté cumpliendo con los objetivos del déficit.
Señor Bel, yo le diré que el déficit y el techo de gasto del resto de las
administraciones también se aprueba aquí. Por tanto, cuando la Airef esta
mañana -yo estaba presente, como usted bien sabe- explicó claramente qué
desequilibrios se pueden producir entre las distintas administraciones,
hay que decirle que estaré de acuerdo con parte de lo que dijo el señor
Escrivá, pero también es en esta Cámara donde se deciden los déficits del
resto de las administraciones, de las locales, esas que según el señor
Escrivá tienen 7000 millones de superávit que pueden ser utilizados
dándoles más competencias. A lo mejor de eso podemos hablar otro día,
estoy de acuerdo con usted.
En Ciudadanos insistimos en que para apoyar los presupuestos generales de
2017 era necesario que estuviesen basados en unas previsiones creíbles
-eso es algo fundamental-, que no se subiesen impuestos ni se inflasen
las previsiones de ingresos y que se terminase con ciertos trucos que se
utilizaban hasta ahora, como era dejar los programas de armamento del
ejército fuera de estas cuentas, ya que posteriormente se hacían
modificaciones de crédito y no estaban incluidos dentro. Me parece que
esto es una fortaleza de las cuentas de 2017 y de estas cuentas. Está
claro que uno de los vientos de cola de este crecimiento ha sido la
política ultraacomodaticia del Banco Central Europeo. La previsión del
Gobierno respecto a la evolución de los tipos de interés no prevé apenas
variación, y esto sí que nos preocupa, porque está claro que el Banco
Central Europeo, que ya redujo a principios de año su programa de compra
de deuda, la quantitative expansive que se está utilizando como el SEC, y
las positivas perspectivas de crecimiento de inflación que a todas luces
están viendo todos los indicadores, parecen poner encima de la mesa que
en septiembre pondrá fin al programa por completo, y yo veo claro que el
Banco Central Europeo y el Banco de España están más que comprometidos
con la recuperación económica y que no permitirán movimientos bruscos que
la comprometan. Aun así -esta es la pregunta que le quiero hacer-,
¿considera razonable esperar tan pocos cambios en los tipos de interés,
algo que nos puede afectar mucho como país?
No podemos olvidar que tenemos un sobreendeudamiento -en eso estaremos
totalmente de acuerdo todos-, las indicaciones nos dicen que tenemos un
porcentaje de deuda que fue arrastrándose en los años del boom y que
tenemos casi un cien por cien de deuda pública, que en el caso de la
deuda privada supera el 137 %. Por tanto, me gustaría saber su opinión
sobre la situación de las familias y su vulnerabilidad a esta subida de
tipos, que es esperada, y su opinión sobre los sectores privados con
elevado ratio de deuda que también tenemos en este país. Esta opinión
sobre el endeudamiento como foco de riesgo no debe ser pasada por alto.
El año pasado le preguntamos si podíamos tener alguna sorpresa -a usted
no, al anterior secretario general del Tesoro-, y nos dijo que no había
ningún motivo de preocupación. Casualmente dos meses más tarde el Banco
Santander compraba el Banco Popular por un euro a costa de los cientos de
miles de sus accionistas, por lo cual espero que en este sentido pueda
ser usted más concreto, más conciso y sobre todo más certero. Desde
luego, el anterior no lo era. Quizá por eso está usted aquí y no está el
anterior.
Por último, antes de traer a esta Cámara los presupuestos, el Gobierno
actualizó la previsión de crecimiento en cuatro décimas del PIB para este
año, hasta el 2,7 %, en parte atribuido a la menor incertidumbre política
por la mejora de la situación en Cataluña, que nos preocupa mucho, señor
Bel, de verdad, pero no por algo negativo, sino porque la región de
Cataluña nos parece fundamental. Sí nos preocupa la autocomplacencia en
este asunto tan delicado, ya que, como bien sabe, Ciudadanos es la
primera fuerza política en Cataluña tras las elecciones del 21 de
diciembre y, aunque la situación política se mantiene inestable, se puede
decir que al menos desde el punto de vista económico la aplicación del
155, la convocatoria de elecciones y la victoria de un partido
constitucionalista contribuyeron a evitar los escenarios económicos más
catastrofistas para los catalanes y para todos, algo de lo que nos
congratulamos, señor Bel. Sin embargo, a nosotros nos sigue preocupando
que se minimice el daño real que el 1 de octubre ha causado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, por el PDeCAT, tiene la palabra el señor
Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quisiera agradecerle, señor Navarrete, su comparecencia
aquí a estas horas poco ortodoxas, pero son las que el calendario ha
tenido a bien fijarle. Quisiera darle la enhorabuena por su nombramiento
y le deseamos suerte y aciertos. Seguro que le va a ir bien.
Estamos en la comparecencia de los presupuestos, por si a alguien le
sorprende, y aquí cada uno se va posicionando en relación con el
presupuesto, excepto Ciudadanos, que hace esta función (pronuncia
palabras en catalán) de hacer de Gobierno y oposición, defender los
presupuestos pero cargar contra todos los comparecientes, justificar que
esto ha ido todo mal hasta que la marea naranja aterrizó en esta Cámara y
justificar todas sus actuaciones. (Rumores y risas). Más allá de esto y
de que después hagamos una referencia a las políticas naranjas,
anaranjadas o no sé qué va a dar de sí el color, la cuestión, señor
Navarrete, es que, tenemos un problema. La deuda pública se incrementa en
65 puntos porcentuales desde 2008 hasta 2014, la reducción que se está
produciendo a lo largo de los últimos años es modestísima, si me lo
permiten. Hemos oído a diferentes miembros del Gobierno, con razón, que
comparecen en esta Cámara y dicen: Vamos a encarrilar los cinco años
consecutivos creciendo, prácticamente, al 3 %. La realidad es que,
después de estos años de crecimiento, el nivel de deuda pública se ha
reducido de forma muy modesta con relación al PIB, y si se ha reducido es
porque ha crecido el PIB, no porque se haya reducido el endeudamiento.
Ayer recordaba al gobernador del Banco de España los últimos datos del
boletín estadístico, donde se ve que el endeudamiento por sectores
implica que el endeudamiento de la Administración central a lo largo de
2017 continúa creciendo en torno a un 4 %, que el de la Seguridad Social
vuelve a repuntar, cuando se había estabilizado, y que el endeudamiento
de las comunidades autónomas continúa creciendo. Es verdad que las
corporaciones locales, esas a las que a los señores de Ciudadanos parece
que no les gustan nada, van reduciendo su endeudamiento en torno al 10 %.
Ante esta situación, nuestra pregunta es: ¿Cómo ve, desde su
responsabilidad, esta senda de reducción del endeudamiento que se
plantea? Esta mañana, el presidente de la Airef planteaba que si no se
hacía ninguna modificación y se le daba una proyección a la actual
política fiscal, en el año 2039 estaríamos en un endeudamiento del 85 %.
Evidentemente, esto es insostenible. No sé cómo lo ve desde su
responsabilidad. ¿Qué se tendría que hacer?
Respecto a los objetivos del déficit, un tema también muy apreciado por
los portavoces de Ciudadanos que van rotando en esta Comisión, tengo que
volver a repetir, y cuantas veces haga falta, que aquí aprobamos el
presupuesto de la Administración central. Dígame cuándo ha cumplido la
Administración central, la azul y la azul y naranja, sus objetivos de
déficit durante los últimos siete años. Nunca. El presupuesto azul
naranja que aprobaron ustedes el año pasado ha implicado que ni la
Administración central ni la Seguridad Social cumplieran el objetivo de
déficit. Usted dice: El presidente de la Airef ha dicho que aquí se
aprueban los objetivos de déficit. (El señor Ramírez Freire: ¡Aquí, aquí,
en el Congreso!). Efectivamente, aquí se aprueban los objetivos de
déficit. Pero, ¿se aprueban los presupuestos de las corporaciones locales
aquí? (El señor Ramírez Freire: Las cifras). ¿Se aprueban los
presupuestos de las comunidades autónomas aquí? (El señor Ramírez Freire:
Los déficits). ¿Se ejecutan los presupuestos de las corporaciones locales
aquí? (El señor Ramírez Freire: Los déficits). ¿Se ejecutan los
presupuestos de las comunidades autónomas aquí? (El señor Ramírez Freire:
Los déficits). No, no, aquí no se aprueban estos presupuestos y aquí
tenemos que hablar de los presupuestos
que se aprueban aquí (el señor Ramírez Freire: De todo) y si un
presupuesto está bien hecho y se ejecuta bien va a cumplir los objetivos
de déficit. Si un presupuesto no está bien hecho y no se ejecuta bien no
va a cumplir los objetivos de déficit, que es lo que está pasando con los
Presupuestos Generales del Estado en relación con la Administración
Central y la Seguridad Social. Eso les gustará o no, pero es así y es su
responsabilidad. También la suya porque como se esfuerzan tanto en
explicar que estos presupuestos son magníficos y que todos los que no los
votamos, especialmente el Partido Socialista, estamos condenados al fuego
eterno y nadie les va a votar en su vida, pues tendrán que explicarlo.
Espero que, de aquí al viernes, alguien de Ciudadanos o del Partido
Popular nos lo explique. Porque apelar, aunque a mí ya me apelan poco
porque, claro, imagínense que les voto el presupuesto, les hundo.
(Risas.-El señor Bravo Baena: ¡Qué va!, ¡anímate!-El señor Olano Vela:
No, no, bienvenido.-Un señor diputado: ¡Mira que expectativa ha
levantado!). Sí, sí, sí. De momento, si tienen tanto interés, no nos lo
han pedido todavía. (El señor Olano Vela: Prueba a ver). Nos lo tendrá
que pedir quien nos lo tenga que pedir, tendrían que corregir las
inversiones en Catalunya, tendrían que corregir... (Varios señores
diputados: ¡Ah!). Claro, no les vamos a votar gratis, eso ya se lo hace
Ciudadanos (Risas), pero el resto no tenemos por qué hacerlo. (El señor
Ramírez Freire: Saca esos 8000 millones, que es lo que hemos sacado, 8000
millones). Disculpe, señor Navarrete, son las horas de la noche. (Risas).
Por la mañana estamos mucho más frescos y no insistimos tanto en este
aspecto. Señor Navarrete, me gustaría tener su opinión en relación con la
evolución de la deuda pública y qué se debería hacer.
Algún otro compañero le ha preguntado por los tipos de interés. La verdad
es que creo que si los tipos de interés se modifican será a partir de
septiembre u octubre y será de forma paulatina, por lo que el impacto
presupuestario en el presupuesto de 2018 será relativamente bajo. Eso no
quiere decir que con un nivel de endeudamiento tan elevado como el que
mantenemos una normalización, ya no digo repunte, de la política
monetaria a nivel del Banco Central Europeo y una adaptación de los tipos
de interés van a dejar mucho menos margen para políticas naranjas o para
políticas azules.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Para concluir el turno de los grupos parlamentarios, ahora sí, tiene la
palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor
Navarrete.
El importe de la deuda pública española no depende de su secretaría
general, depende de los Presupuestos Generales del Estado, que aprobamos
año tras año en el Congreso. Son los déficits o los superávits los que
marcan el importe del endeudamiento público de España. Hago esta
aclaración para el señor Hurtado, aunque no esté aquí, porque no entiendo
qué preguntas le hace, como si usted o su secretaría general fueran
responsables del endeudamiento público español o de los presupuestos o
del déficit. Usted y su departamento tienen que gestionar esa deuda
pública y adaptarla a las necesidades del Gobierno y del Estado en
cualquier momento.
Al señor Ramírez solo quería hacerle una consideración, luego me la
aclarará cuando salgamos porque no tiene mucho que ver con esto. Cuando
estamos solos en el Gobierno y bajamos los impuestos no le gusta, pero
cuando participan ustedes, se jactan de que se bajan los impuestos más de
lo que el Gobierno del PP lo hubiera hecho él solo. Espero que luego,
cuando salgamos, me lo pueda aclarar.
Creo que algún portavoz se ha equivocado de comparecencias y lo digo,
además, porque el trabajo de esta secretaría ha sido muy positivo para el
Estado; la gestión que se ha hecho de la deuda pública ha ayudado y está
ayudando mucho a nuestro país. En primer lugar, me gustaría preguntarle
sobre cuál ha sido la evolución de la duración de la cartera de deuda
desde finales del año 2011 hasta el día de hoy y por qué es importante
este proceso que se ha llevado a cabo durante estos años. Asimismo,
querría preguntarle por la evolución de los tipos medios de nuestra
cartera desde finales de 2011 hasta hoy, también por qué se ha podido
disminuir este tipo medio y, a este respecto, cuál ha sido el coste
financiero anual de nuestra cartera de deuda desde finales de 2011 hasta
ahora y qué previsiones hay para los próximos años. Además, estos
próximos años son importantes; tenemos grandes vencimientos este año de
2018 y además en 2019 y 2020. Con una posible subida de tipos de interés,
como ya ha comentado aquí algún portavoz, tenemos que intentar influir en
algunas de las partes que componen el tipo de interés por el que luego le
preguntaré.
En estos últimos meses hemos visto unas mejoras importantes del rating de
España, además, por las cuatro grandes agencias, por lo que me gustaría
preguntarle por las consecuencias positivas directas e
indirectas que tiene esta rebaja de los ratings. Igualmente, quería
preguntarle por la evolución de los tipos de la deuda en España y
Alemania, desde diciembre hasta ahora, y también respecto de lo que le
decía anteriormente sobre cómo se descompone un tipo de interés. Creo que
esta explicación nos va a ayudar a entender en dónde tenemos que actuar,
por qué se ha actuado en algunas materias y qué debemos hacer en el
futuro.
Según usted, ¿cuál debería ser el objetivo en materia de tipos de interés
de la deuda? ¿Hasta dónde cree que podemos llegar y hasta dónde
deberíamos llegar? Asimismo, quería preguntarle si este año hay previstas
emisiones para el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y del
Fondo de Financiación de Entidades Locales y qué saldos vivos tienen
previsto que habrá a finales de 2018 en ambos fondos.
Este año ya se ha anunciado una preamortización del préstamo del MEDE y
quería saber qué porcentaje, después de esa preamortización, nos quedará
del saldo inicial de este préstamo, al igual que quisiera que nos aclare
por qué se ha decidido a preamortizar y no a esperar a vencimiento
teniendo en cuenta que está a un tipo de interés reducido. En cuanto a
los avales, solo quería preguntarle si queda algún aval de la
restructuración del sistema financiero.
Creo que después de esta comparecencia seremos conscientes de la
importancia de su trabajo, de la importancia del trabajo del Gobierno en
materia económica, de la importancia de los anteriores presupuestos
aprobados y de la importancia de aprobar estos, al igual que de la
importancia de la estabilidad política y económica porque al final todo
esto es dinero, el dinero de todos los españoles; unos Gobiernos lo
dilapidan y otros Gobiernos lo cuidan.
Muchas gracias. Traslade a todo su departamento el agradecimiento de este
grupo por su gran trabajo en estos años, y a usted le deseo mucha suerte
en este cargo al que se ha incorporado recientemente.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
A continuación, para responder a las cuestiones planteadas por los grupos
parlamentarios, o por lo menos a algunas de ellas, tiene la palabra el
señor Navarrete, secretario general del Tesoro.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Navarrete
Rojas): Muchísimas gracias, señor presidente y muchas gracias, señorías.
En primer lugar, quiero agradecer su flexibilidad por permitirme
comparecer hoy y no mañana, ya que tengo previsto un viaje a las
asambleas del Fondo Monetario, Banco Mundial y G20, aunque nos haya
llevado a estas tardías horas de la tarde y, yo diría, primeras horas de
la noche.
Son muchísimos asuntos los planteados y algunos se solapan, por lo que, en
ese sentido, les ruego que me permitan agruparlos por grandes temas.
Quisiera agradecer especialmente al señor Paniagua esa aclaración un poco
metodológica porque me siento abrumado en el sentido de que el stock de
deuda, como su propia palabra indica, es stock, es una variable de stock,
es decir, es la acumulación, desde que el mundo es mundo, de los déficits
o superávits que, en su caso, han ido ocurriendo. Evidentemente hay otras
variables, como puede ser el pago de los intereses, pero la variable
fundamental que determina el stock de deuda en un punto en el tiempo es
la historia de la que venimos; y, en el margen, la variable de política
económica que se tiene para afectar a la variable stock es el flujo. En
ese sentido, es el presupuesto del año. Es importante indicar la
necesidad de tener superávits primarios, que es la senda en la que
estamos. De ahí la importancia fundamental de abandonar el protocolo de
déficit excesivo y entrar en una senda de consolidación fiscal y
continuar con ella para que nos lleve al cumplimiento de hitos y que nos
llevará a la reducción paulatina. No hay milagros. No es posible reducir
una variable stock de forma discreta, sino que es un esfuerzo continuado.
¿Qué hacer en ese sentido? Perseverancia en dos ejes de acción; y con
esto contesto también a alguna pregunta que ha planteado el señor
Montero. Tenemos que tener en cuenta los superávits primarios como
variable presupuestaria estática sobre la que incidir, pero también
tenemos que tener en cuenta que el presupuesto es un instrumento no solo
contable, sino sobre todo un instrumento de política económica. Así,
tenemos que entender que la otra variable fundamental, en la medida en
que esto se determina como porcentaje del PIB, es en qué grado las
medidas de política económica contenidas en el presupuesto sirven para
conseguir un mayor nivel de crecimiento en términos reales y después, por
aplicación de la política monetaria -en este caso, del Banco Central
Europeo-, del crecimiento nominal. Esas dos variables son las que tenemos
que tener siempre en cuenta y ese es el verdadero punto de equilibrio que
hay que conseguir: un presupuesto y unas medidas conjuntas de política
económica que permitan maximizar el crecimiento corriente y el
crecimiento potencial de la
economía, que es lo que nos permitirá a futuro seguir por esta senda de
perseverancia y mantener la disciplina fiscal, desde el punto de vista
puramente presupuestario o contable.
Los dos elementos tienen que ir de la mano. Si solo nos centramos en uno
es la estrategia self-defeating, que diría un anglosajón, con la que
derrotas a ti mismo. Tenemos que tener en cuenta siempre los dos ámbitos
y esa es la fortaleza de este presupuesto en sentido agregado. Ya digo
que aquí como gestores de deuda somos tributarios de la historia fiscal
de este país que heredamos e intentamos gestionar. Ahí lo que han
planteado casi todos los grupos -aunque lo que todo el mundo prevé no
necesariamente ocurre; eso también es importante- y sobre lo que hay un
consenso generalizado que yo comparto -no quiero dar una opinión
discrepante- es que va a haber normalización de política monetaria.
¿Cuándo? Algunos de ustedes han sido muy taxativos sobre cuándo empezará,
pero la ambigüedad constructiva de los bancos centrales es siempre una
baza que tienen. Da igual, en realidad los mercados se anticipan. En el
fondo a efectos de lo que nos preocupa, que son los costes de emisión a
medio y largo plazo, que sea en septiembre, octubre, noviembre, diciembre
o enero es igual. No es la variable más importante; no voy a decir que es
irrelevante, porque eso sería una veleidad por mi parte, pero no es la
más importante en la medida en que existe un consenso en el mercado de
anticipación de tipos. De hecho, estamos viendo que los tipos de mercado
en la mayoría de los tesoros europeos están creciendo ya, con
independencia de que el Banco Central Europeo no haya hecho nada en
términos factuales. Da igual, la mera expectativa de que lo va a hacer en
el futuro ya se anticipa. Al final, como todos ustedes saben, los tipos a
largo plazo no dejan de ser más que la composición de las expectativas de
los tipos a corto que se esperan de aquí al plazo más largo. De hecho,
eso está pasando en Alemania, por ejemplo. El Grupo Parlamentario Popular
pide datos específicos sobre ese tema. Desde diciembre de 2017 los costes
de la deuda pública alemana -por poner un ejemplo- han subido en el plazo
de diez años 9 puntos básicos. Es un reflejo del stock que les estaba
diciendo, la anticipación del mercado de la que les estaba hablando.
¿Qué ha pasado en España? En España hemos tenido el movimiento contrario.
¿Significa que hemos encontrado en el Tesoro la piedra filosofal o la
magia para aislarnos de las anticipaciones? Evidentemente, no. No vamos a
contar aquí cuentos de hadas. Esto enlaza con la pregunta específica que
se me ha hecho. Hay que tener en cuenta que la composición del tipo de
interés de cualquier activo -también en el caso particular de la deuda
pública española- tiene dos componentes. Uno es el componente rate
-perdónenme el anglicismo- de política monetaria, el tipo base que mide
la anticipación del tono de la política monetaria de aquí a los próximos
diez años. El segundo componente es la ya famosa prima de riesgo, el
componente crediticio. Pero eso pasa en la deuda pública española como
pasa en cualquier activo del sistema financiero internacional. Entonces,
¿qué estamos teniendo en España en estos momentos? Precisamente, a
diferencia de lo que se ha dicho, el consenso internacional de los
mercados y de las agencias no es para nada de insostenibilidad; al revés,
es que se avanza a pasos acelerados en la senda de sostenibilidad de la
deuda. Por eso me ha sorprendido que alguna afirmación que se ha hecho,
en sentido contrario en esta Cámara, es lo que opinan los mercados;
además yo concurro con esa opinión. Pero con independencia de eso, eso es
lo que estamos observando, que, al revés, hay una creciente percepción de
sostenibilidad del conjunto de medidas de política económica que se
trasladan a la sostenibilidad de la deuda, y eso lo que nos ha permitido
es reducir el componente de crédito. Es mucho más fuerte el componente de
crédito que el componente de tipo base, lo que nos ha llevado a que el
coste de la deuda española desde finales del año pasado a diez años haya
bajado algo más de 35 puntos básicos. Si nos vamos a plazo mucho más
largos, del orden de treinta años, es superior a 50 puntos básicos el
ahorro de costes. Eso está ocurriendo en este escenario actual de
previsión de normalización, es decir, precisamente porque venimos de
donde venimos. Y recordemos los tiempos en los que los exprés de crédito,
que en realidad era lo que mataba a la economía española, llegaron a ser
superiores a los 600 puntos básicos; porque esto no solo afecta al Tesoro
público a la hora de los costes de financiación -se ha hecho mención a
los números de los costes financieros que supone para el presupuesto, que
es lo que nos concita hoy aquí-, sino que si tenemos un poco de
perspectiva más amplia, creo que lo que tenemos que tener claro es cómo
eso va permeando al conjunto de las condiciones crediticias a las que se
tienen que enfrentar todos los operadores en el mercado español, todas
las empresas, los particulares, etcétera. Creo que eso domina; de hecho
es mucho más importante ese efecto, y ahora estamos en la fase
absolutamente contraria: ese efecto se está reduciendo precisamente por
la percepción internacional de que avanzamos a pasos agigantados en la
senda de sostenibilidad de la deuda.
En ese sentido, esa es nuestra primera línea de defensa: seguir avanzando
en la consolidación fiscal y en consolidar el crecimiento económico. Esa
es nuestra mejor herramienta de aislamiento frente al
futuro. Evidentemente, esto tiene un recorrido limitado. Una vez que
llegas ya a no tener prima de riesgo, a partir de ahí ya no tienes más
margen de actuación con eso. Todavía nos quedan en el plazo de diez años
algo más de 70 puntos básicos de recorrido, pero todo lo que podamos
avanzar en eso es mucho más potente que el efecto de los tipos base, y lo
estamos aprovechando. Llevamos desde finales del año pasado cuatro
agencias de rating en oleadas mejorando la calidad crediticia, y ese uno
de los desencadenantes de esta mejora de la percepción del riesgo España
en los mercados internacionales. Tendremos otra oleada de valoración por
las agencias de rating a partir de julio y hasta octubre tendremos una
segunda revisión.
Hago notar en este punto, porque ha salido en la discusión y creo que es
relevante a efectos nuestros, que en esa valoración de las agencias de
rating -que vale lo que vale, pero que al final tiene un impacto en los
mercados; en el caso de Moody´s, que fue el último en hacer el movimiento
y es muy explícito por su metodología, y de eso debemos ser todos
conscientes- los fundamentos económicos y de dinámica de deuda de la
economía española permitirían ratings mucho más altos. El elemento
fundamental que nos está haciendo retrasar un poco la mejora de rating y,
por tanto, esto de disminuir los costes, no solo para el Tesoro -al
final, con la ejecución presupuestaria, mejorar todos los números-, sino
para el conjunto de la economía, según estas agencias, es lo que ahí
asocian como riesgos internos políticos relacionados con la situación en
Cataluña. Tenemos que ser conscientes de que eso lo ha retrasado.
Efectivamente, desde que se han aplicado determinadas medidas se han
levantado ciertas compuertas y esta mejora la estamos empezando a
percibir. En ese sentido, nos queda margen de mejora. Pongámonos en lo
positivo, no en lo negativo; lo negativo veámoslo como margen de mejora.
Lo que tenemos son unos potenciales por el crecimiento económico y de
calidad institucional, o sea, todos los elementos que ellos tienen en su
valoración, para tener un rating mucho más alto. España es un gran país,
lo es desde el punto de vista institucional y lo es también desde el
punto de vista económico, dado el cambio de patrón de crecimiento de la
economía.
Se me pedía información detallada sobre los tipos de la deuda. Voy a dar
simplemente los datos del stock que, de nuevo, es una composición de los
costes que hubo en emisión en el momento en que se emitieron más los que
cada año se acumulaban nuevos. La media de todo eso se me pedía desde el
año 2011 y, si me permiten, no voy a dar todos los datos; simplemente,
para tener una idea de orden de magnitud: venimos del 4,07 en el año
2011, se cerró el año pasado al 2,55 y se prevé un 2,5 este año. Alguien
preguntará cómo baja si uno prevé lo que hemos dicho antes, la subida en
la normalización monetaria. Tienes este primer efecto de la mejora de la
calidad crediticia, que se ha materializado; al principio era una
hipótesis cuando se empezaron a hacer los presupuestos y ahora ya es una
realidad, afortunadamente, que hay que mantener y preservarlo. Luego
tienes otro efecto más contable y más mecánico de que la deuda que te
vence en un determinado año estuvo emitida, si fue un bono a siete años,
hace siete años. Puede que el nuevo bono que emitas para refinanciar
parte de ese bono lo hagas a los tipos que estén en el 2018 que, aunque
sean superiores a los que estén en 2017, en la medida en que puedan ser
inferiores a los que podía haber en 2013, el promedio baja. Esto tiene
mucha inercia. Lo único que les quiero transmitir, señorías, es que estas
variables tienen mucha inercia. Esto no es un coche, esto es más bien un
gran transatlántico que en el margen tienes que ir viendo que el rumbo
sea el adecuado, pero esto no es una lancha motora, que quizá sea una
mejor analogía. Las variables tienen muchísima inercia y, en ese sentido,
lo importante es que ustedes valoren si el rumbo que se ha tenido -ya
digo que es, por el lado general presupuestario, esa combinación de
consolidación fiscal, pero que apoye un crecimiento real y también
nominal fuerte- ha sido el adecuado. El resto es una deriva casi
mecanicista de hacerlo. Al final podría parecer que estoy diciendo que
esto viene dado, pero no, como he dicho vamos fijando el rumbo.
¿Cómo podemos hacer una línea de defensa adicional aparte de perseverar y
transmitir a los mercados la mejora en la calidad crediticia del soberano
español? Podemos hacer ciertas estrategias financieras que en el margen
también nos ayudan a retrasar en el tiempo el efecto de la normalización
monetaria, básicamente alargamiento de duraciones. Se me preguntaba
información detallada. De hecho, teníamos a final de 2013 una duración de
la cartera viva del 6/20, de seis veinte años, actualmente tenemos del
7/44. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros realmente estamos viendo un
diagnóstico no muy diferente al que pueden estar ustedes viendo. La idea
es: vamos a intentar garantizar -locking, como dirían los anglosajones y
perdónenme los términos de mercado- esos tipos que vemos que quizás estén
en mínimos históricos desde el punto de vista de los rates e intentamos
fijarlos por el mayor número de años posibles. ¿Qué estamos haciendo?
Emitiendo más bonos a treinta años y estamos intentando
alargar la duración de la cartera. Insisto, estas son segundas líneas de
defensa que son básicamente pequeños ajustes de grado dentro del gran
ritmo y el gran ritmo lo determina la política económica, pero a mí lo
que me compete son básicamente esos pequeños ajustes de fine tuning de
distintos grados en la corrección del rumbo de la senda de la deuda
pública.
Se me ha preguntado sobre otras actividades no solo de la gestión de la
deuda pública, sino sobre si tenemos contemplada la emisión para atender
los fondos de financiación de comunidades autónomas y también se me ha
preguntado un poco sobre la estrategia en relación con esos fondos. Sobre
la estrategia de esos fondos entiendo que, entre otras cosas, por una
disposición que hay en el propio presupuesto dependerá también de la
aprobación de estos mismos presupuestos. Lo que sí está contemplado en
los presupuestos evidentemente es la dotación, que creo recordar que es
por 17 000 millones de euros, a los fondos de financiación de las
comunidades autónomas, así como 15 000 millones de financiación para la
Seguridad Social. Discúlpeme, déjeme que compruebe la cifra, que ahora
mismo no la encuentro.
El señor PRESIDENTE: Si quiere, desde esta Comisión le damos traslado al
diputado de los datos concretos, no se preocupe.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Navarrete
Rojas): No, no se preocupe. Estoy intentando encontrar la cifra.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, su equipo lo puede hacer llegar
por correo electrónico, no se preocupe.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA (Navarrete
Rojas): Lo confirmo, son 17 500 -en este caso la memoria no me había
fallado- y los 15 000 de la Seguridad Social.
Me parecen especialmente relevantes los comentarios que ha hecho el señor
Hurtado sobre el tema de la interacción -creo que ya he comentado algo,
pero me gustaría incidir un poco más-, del efecto que tiene la
financiación del Tesoro sobre el conjunto de la economía, insisto, aunque
sea unos minutos vamos a abstraernos del presupuesto. Efectivamente,
pienso que es absolutamente esencial considerar -porque además es así- la
financiación del Tesoro como ancla sobre todo a la hora de fijación de
precios para el resto de activos financieros en la economía, es decir,
para las condiciones de financiación de la economía. De hecho, me he
permitido escuchar al anterior compareciente, al presidente del ICO, que
yo creo que lo ha expresado con bastante certidumbre, con bastante
certeza y precisión, el tema de cómo el gran problema era la desconexión,
lo que Draghi llamaba la no transmisión de la política monetaria
precisamente por la existencia de este gran riesgo crediticio. Yo creo
que todo lo que estamos haciendo, y en esto el presupuesto colabora a
ello, para reducir este spread de crédito en realidad no lo hacemos solo
para las cuentas públicas, lo hacemos para todos los agentes económico, y
esto es especialmente importante en una economía en la cual todavía hay
agentes con elevados niveles de endeudamiento. También es verdad, y yo
creo que todo hay que decirlo, que el sector privado de la economía -y
creo que se ha reconocido- ha hecho un grandísimo esfuerzo de
desapalancamiento, dicho lo cual eso son promedios; lo cual no obsta para
que pueda haber agentes concretos con elevados niveles de endeudamiento.
Pero el nivel de endeudamiento privado de la economía española ahora
mismo es exactamente el del promedio de la unión monetaria, no es
superior -en promedio-, lo cual no obsta para que pueda haber elementos
de vulnerabilidad en algunos sectores, en algunas empresas, en algunos
individuos concretos. Pero en agregado, que es de lo que tratamos, no
estamos más endeudados; creo que ese es un elemento que nos debe hacer
repensar algunos estereotipos que es verdad que han sido ciertos durante
muchos años de la crisis, pero que ya no son ciertos precisamente por la
aplicación sistemática de una política económica que ha permitido y ha
favorecido este desarrollo.
En cuanto a comunidades autónomas, se ha contemplado a través del Tesoro
proveer de financiación estos fondos para la financiación de comunidades
autónomas. Respecto a acudir al mercado, insisto, esto está vinculado,
entre otras cosas, a la aprobación de este presupuesto; y en ese sentido
depende de sus señorías, del voto de sus señorías. Yo simplemente quería
hacer unas consideraciones generales sobre lo importante que es
precisamente por los efectos contagio que existen. Yo he hablado de lo
que el Tesoro supone con respecto a la economía, y eso también aplica a
otros emisores públicos. Creo que tenemos que dar una vuelta al mercado
que no suponga un deterioro del acceso a la financiación, en este caso,
de los agentes privados, tampoco de los públicos, que, en ese sentido,
quien acceda al mercado esté en
situación de hacerlo en buenas condiciones. Creo que meter costes
adicionales en el sistema económico no favorece en realidad a nadie.
Varias de sus señorías han hablado del riesgo de insostenibilidad e,
insisto, no lo comparto ni lo comparte el mercado financiero
internacional ni los analistas, porque lo que tenemos -ya lo he dicho-
son varias subidas de rating en cascada. En ese sentido, uno puede tener
su opinión personal, pero no es claramente el consenso del mercado y, por
supuesto, no coincide con mi valoración, según la cual yo creo que
estamos avanzando a un buen ritmo.
Creo que no me dejo ningún tema en el tintero de los que me han suscitado.
Disculpen por el baile de cifras, pero a estas horas ya la mente nos
juega malas pasadas.
Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.
Reanudamos mañana la sesión a las nueve de la mañana con la comparecencia
del señor secretario de Estado de Hacienda.
Muchas gracias a todos, a sus señorías, a algún periodista que todavía
queda y a todos los demás por haber aguantado tantísimas horas.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal