DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 422, de 31/01/2018
cve: DSCD-12-CO-422
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 422
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS
Sesión núm. 21 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
31 de enero de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital
(Nadal Belda):
- Para informar sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno tras la
sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulos e
inconstitucionales los artículos 2.2, 4, 5 y 6, así como la disposición
adicional primera y la disposición transitoria del Real Decreto-ley
13/2014, de 3 de octubre, por el cual se permitió cobrar una
indemnización de 1350,729 millones de euros a las empresas promotoras del
almacén de gas Castor, y para dar cuenta de las actuaciones que ha
llevado a cabo su Gobierno, en particular sobre el reconocimiento de
retribuciones por un importe de 96 382,954 euros en el artículo 5 de la
Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, publicada con posterioridad a la
sentencia del Tribunal Constitucional. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 213/000738) ... (Página2)
- Para explicar las medidas que va a adoptar el Gobierno tras la sentencia
del Tribunal Constitucional que, resolviendo entre otros el recurso
presentado por el Grupo Socialista, ha declarado inconstitucionales y
nulos los artículos referidos al pago de una compensación económica a
ESCAL UGS, S.L. y a la atribución a Enagás Transporte, S.A.U. de los
derechos de cobro del sistema gasista, contemplados en el Real
Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, con el que el Gobierno acordó la
hibernación del almacén "Castor". Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000746) ... (Página2)
- Para explicar las medidas que han provocado que el precio de la
electricidad haya subido un 4,6 % en las primeras tres semanas de
diciembre, así como las que piensa adoptar el Gobierno para afrontar la
transición energética y abandonar una política que empobrece a las
familias, castiga la competitividad de las empresas e imposibilita la
lucha contra el cambio climático. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000747) ... (Página2)
- Para que informe y valore la situación actual del proceso del proyecto
Marismas en el Parque Natural de Doñana, con relación al reciente informe
del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre de 2017 y al
informe del Defensor del Pueblo correspondiente a noviembre de 2017, así
como aquellas otras cuestiones inherentes a la cuestión. Presentada por
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. (Número de expediente 213/000763) ... (Página2)
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión de la
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital para sustanciar las
comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios Confederal de
Unidos-En Comú Podem-En Marea y Socialista sobre cuestiones relacionadas
con el almacén de gas Castor, el almacenamiento en el parque de Doñana y
sobre la transición energética. La dinámica que utilizaremos es la que
viene siendo habitual en esta Comisión: primero intervendrá el señor
ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital sobre las cuestiones que le
han planteado los grupos parlamentarios y después intervendrán los
portavoces de los grupos en uno o varios turnos, según lo hayan
solicitado, en orden de mayor a menor, cerrando el partido que sustenta
al Gobierno. En función de las peticiones de los portavoces, valoraremos
si se abre un turno de réplica posterior. En primer lugar, le cedo la
palabra al señor ministro para que ilustre la comparecencia.
El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda):
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
Intervengo ante esta Comisión porque ustedes han pedido al Gobierno que
comparezca para hablar de los tres temas que quedaban pendientes, dos de
ellos tratados en la Diputación Permanente y uno en la última Comisión
parlamentaria, el primero sobre la evolución reciente de los precios
energéticos en nuestro país y, como bien ha dicho el presidente, el
almacén Castor y el proyecto Marismas en el entorno del Parque Nacional
de Doñana.
Con respecto a la primera cuestión, la evolución de los precios en los
últimos tiempos en el sector energético español, especialmente en el
sector eléctrico, lo primero que podemos ver es que enero ha sido un mes
con un precio medio mayorista sustancialmente mejor que el del año
pasado, hemos pasado de un 71,5 euros megavatio/hora en el mercado
mayorista el año pasado -año en el se dieron unas circunstancias muy
especiales que luego relataré- a 50, que es un precio en el entorno más o
menos normal; no es un precio excepcionalmente bueno, los hemos visto
mejores, y tampoco excepcionalmente malo. Hay una normalización de la
evolución del precio del mercado mayorista en el año 2018 respecto al año
2017. Esto, según nos cuenta la CNMC, en una factura ordinaria, para un
consumidor doméstico, significa pasar de pagar 80,78 euros en el mes de
enero del año 2017 a pagar 69,45 en enero de 2018. Es decir, estamos
hablando de una rebaja del entorno de un 14 % en precio final para los
consumidores y un 30 % en el precio mayorista. Dado que hay una parte
fija de la tarifa y una serie de impuestos, el resultado final es de en
un 14 % para el consumidor final. ¿Por qué se produce esta diferencia?
Esencialmente porque, como ya les he dicho en más de una ocasión, hay
determinados factores coyunturales que determinan el precio final del
mercado mayorista y eso a su vez se va hacia el precio minorista. España
es un país que repercute de manera muy inmediata la evolución del mercado
al precio minorista. Esto es precisamente lo que va a ser obligatorio,
por cierto, a partir de la aprobación del paquete de invierno, por lo
cual ya tenemos en España este sistema. Este sistema tiene que ir
reflejando hora a hora, día a día o mes a mes los costes que va teniendo
mercado.
¿Qué ocurrió en enero de 2018 respecto a enero de 2017? Pues que no se dan
las circunstancias tan adversas que se dieron entonces. Vemos que el
parque nuclear viene a producir más o menos lo mismo los dos meses, ha
habido un cierto incremento de renovables, esto es especialmente verdad
por la
eolicidad; algo más de hidráulica, aunque tenemos todavía unos niveles de
producción hidroeléctrica muy bajos en nuestro país, y tenemos una
disminución sustancial del peso de las térmicas en el mix en el año 2018
respecto a 2017, especialmente carbón y ciclos combinados, teniendo en
cuenta además que el precio de los ciclos combinados en el año 2017 fue
extraordinariamente alto. El año pasado lo que teníamos era una fuerte
ola de frío en el hemisferio norte que disparó los precios del gas,
teníamos dieciséis nucleares francesas que no operaban y, por tanto, en
lugar de recibir electricidad barata de Francia, en lugar de ser
importador el saldo de electricidad con Francia, lo que hacíamos era
exportar hacia Francia nuestra electricidad porque el precio francés se
había disparado. Por otro lado, una regasificadora en Argelia no operaba
y hacía que la importación de GNL, de gas natural licuado, que es más
caro, tuviese que aumentar en mayores proporciones, y estamos en el
comienzo de esa carrera y esa subida de los precios del petróleo. Como
resultado, lo que tuvimos fue un año 2017 con precios en España similares
a los de los países periféricos de nuestro entorno. Como ustedes ven y ya
les he contado más de una vez, en Europa tenemos tres zonas: los
nórdicos, que tienen una enorme disponibilidad de agua y de gas noruego y
ruso, que son los más baratos y de mejor calidad, eso hace que su precio
esté alrededor de los 30 euros y se mantiene bastante estable; luego
tenemos el centro de Europa formado por Alemania, Austria, Benelux y
Francia, que se sitúan en el entorno de los 40 euros, y luego los países
periféricos, que no tenemos acceso a esa energía barata del norte de
Europa, lo tenemos limitado por falta de interconexiones y por nuestra
propia escasez de lluvias, y el Reino Unido no tiene escasez de lluvias
pero no tiene montañas, por lo cual le cuesta también la utilización
hidroeléctrica. Esto hace que el Reino Unido, península ibérica y
península itálica, y también podríamos meter a Eslovenia y a Croacia,
tengamos los precios mayores. Por eso el Gobierno siempre ha defendido
las interconexiones. Cuando pongamos interconexiones con el resto de
Europa podremos tener acceso a energía más barata que existe en el centro
y en el norte de Europa.
Si nos vamos a la evolución de los precios a lo largo del año, tuvimos un
mes de enero muy malo que luego se fue normalizando con un cierto pico en
el invierno que también se está modulando en el mes presente. Este pico
es típico del invierno, los precios suelen ser algo mayores en invierno
que en el resto del año, y por otro lado también porque se van acumulando
las subidas de precios del petróleo que se fueron generando lo largo del
año. Como ven, desde mediados de 2016 el crecimiento del precio del
petróleo ha sido sustancial y esto repercute tanto en el precio del gas
-normalmente en los contratos hay una unión entre el gas y el petróleo-
como también cualquier energía alternativa al petróleo tiende a
contagiarse de la subida de precios del petróleo. En resumidas cuentas,
el año 2017 tiene una subida de precios respecto al año 2016 que ya he
comentado porque se mantiene la nuclear, las renovables son similares,
hay un descenso casi del 50 % de la disponibilidad de agua que se tiene
que suplir con un incremento sustancial del carbón y ciclos combinados.
En 2018 la hidraulicidad no ha mejorado sustancialmente porque todavía
tenemos grandes problemas en los embalses, cuyos niveles están más o
menos por la mitad de lo que tenemos como media en los últimos diez años.
No se está utilizando la energía hidráulica hasta los niveles que podría
utilizarse por falta de recurso, sin embargo, hemos tenido mejor
situación de viento y un estancamiento del precio del petróleo, lo que
nos ha permitido que los precios en estos momentos estén operando de una
mejor manera.
En definitiva, como les decía, a muy corto plazo el precio del petróleo se
mueve por factores coyunturales como la meteorología. Ya sé que
arreciaron mucho las críticas al Gobierno el año pasado cuando tuvimos
unos precios tan altos de la electricidad a principio de mes. Ahora mismo
no voy a decir que es gracias al Gobierno el que los precios estén en 50,
esto es sencillamente por cómo se va moviendo la coyuntura, unas veces va
mejor y otras veces va peor, pero lo que sí influye sobre el precio es la
política energética en el medio plazo, asunto del que es interesante que
hablemos. Una cosa es que mes a mes, día a día, dependa de determinados
factores y otra cuestión es que decisiones de política energética tengan
influencia en todos los elementos que sirven para conformar ese precio
final de la electricidad.
Lo primero que tenemos que tener claro es que la parte regulada, que son
aquellos costes que sí dependen de las decisiones que se toman aquí, en
las Cortes Generales, y por el Gobierno, lleva congelada o bajando cinco
años. Eso ayuda mucho a moderar los precios, cuando evidentemente suben,
porque sabemos que no se está añadiendo a un crecimiento de precios que
pueden venir por los factores del año pasado, que no se está añadiendo un
coste adicional proveniente de la política pública. Ese es uno de los
factores más importantes, con diferencia. Si nosotros en la parte
regulada -que es, aproximadamente el 60 % de un recibo doméstico y el 30
% de un recibo industrial- somos prudentes, no incrementamos los costes,
tendemos a reducirlos o ayudamos a bajarlos, eso ayuda siempre en la
formación de precio. Por otro lado, en cómo se forme el precio en el
mercado mayorista en función de las diferentes tecnologías de producción.
Aquí es donde creo que tenemos que tener un debate serio en nuestro país.
Lo digo porque ya hemos hablado en más de una ocasión en esta Comisión
sobre una tendencia que se marca con la disponibilidad de tecnologías,
luego los factores coyunturales hacen que haya cierta disponibilidad de
recursos y de otros recursos no. Pero, evidentemente, la disponibilidad
de recursos o qué tecnologías hay disponibles sí depende o debería
depender, por lo menos es la opinión del Gobierno, de la política
energética; digo que debería depender porque creo -y adelanto esta
aseveración- que no debería ser una mera decisión empresarial, sobre todo
porque esta era una manera de pensar que había en los años noventa, pero
en el momento en que tenemos que cumplir con determinados objetivos
medioambientales, especialmente en la lucha contra el cambio climático,
no vale producir de cualquier manera y, por tanto, las formas de
generación no pueden ser solo aquellas que determinen la rentabilidad del
mercado. Por esta razón, una vez que introducimos un elemento de
intervención en el mercado hay que ver cuáles son los sistemas más
baratos para producir.
¿Cuál debería ser, por tanto, desde el punto de vista del Gobierno, el mix
en el que deberíamos ir avanzando o que deberíamos ir generando en
nuestro país? España tiene un objetivo para 2020 de un 20 % de energía
renovable del conjunto de energía primaria consumida. En estos momentos
estamos en el 17,4 % -es verdad que la cifra es del año 2016, porque
todavía no se han cerrado las cifras de 2017- frente, por ejemplo, a un 6
% de Holanda, un 9,3 % de Reino Unido y el 14,8 % de Alemania o el 16 %
de Francia. Todos estos países, salvo Francia, tienen objetivos
inferiores al español. Alemania tiene un 16 %, Italia tiene un 17 %,
Reino Unido un 15 % y España un 20 %. España es el país, con diferencia,
que está más cerca del cumplimiento del objetivo, y después de las
subastas de renovables de 2017 estamos en una previsión del 19,6 o 19,7 %
de cumplimiento del objetivo frente al 20. No sé qué es lo que va a
ocurrir con los demás países, pero hoy por hoy los demás países están
mucho más lejos que España en su capacidad de cumplimiento del objetivo
de renovables de 2020. Tenemos un objetivo para fijar a 2030. Ya saben
ustedes que ahora mismo en la Directiva de Renovables, que es la única
que ha aprobado el Parlamento Europeo de los ocho elementos normativos
que tiene el paquete de invierno, se ha fijado por parte del Parlamento
un 35 %. El Consejo está en un 27. Aquí habrá que decidir cuál será la
cifra final, que es una discusión entre instituciones comunitarias, y a
partir de ahí cómo se hace el reparto entre los diferentes Estados
miembros.
Lo evidente es que, independientemente de la cifra que se ponga, dado que
España para 2020 va a tener un 20 %, va a tener que aumentarse el nivel
de renovables para cumplir con los objetivos medioambientales; en mayor o
menor medida, va a tener que aumentarse. Por tanto, la renovable va a
seguir siendo el factor de crecimiento de generación dentro del sistema y
lo que ocupa el centro del sistema energético -ya lo está ocupando;
aproximadamente, el 40 %, según los años, dependiendo de hidrauilicidad y
eolicidad- viene a ser, aproximadamente, el 40 %. No se incluye dentro de
las renovables otra energía no emisora que es la nuclear, que es otro 20
%. Y tenemos más o menos de media, un año con otro, un 20 % de carbón y
un 20 % de gas. La primera cuestión es qué hacemos con la energía de
base, cómo cubrimos la energía de base del sistema, teniendo en cuenta
que no hay ninguna energía renovable que pueda actuar como base del
sistema, es decir, que pueda trabajar veinticuatro horas al día siete
días por semana. Ya saben la opinión del Gobierno: ahora mismo las dos
tecnologías que pueden dar base, que pueden dar funcionamiento de
continuo, son nuclear o gas, las dos que permiten un nivel de producción
en continuo. La nuclear no admite CO2 y es más barata, pero emite
residuos nucleares. El gas es mucho más caro y emite CO2. Nosotros
opinamos que la nuclear como la base de producción del sistema y su
situación en base sigue siendo la mejor opción, pero me gustaría que
también otras fuerzas políticas hablasen sobre esta cuestión porque es un
tema fundamental.
Respecto a la punta, es decir, qué ocurre cuando la suma de la base y la
renovable no cubre toda la demanda y, por tanto, hay que producir más
porque si no, evidentemente, lo que tendríamos sería un apagón. No hay
dos tecnologías disponibles para actuar en punta, es decir, para actuar
de forma flexible cuando se necesita producir aquí y ahora y en la
cantidad que se necesita, que son carbón y gas, son las térmicas; el fuel
creo que ha pasado literalmente a la historia, salvo en sitios muy
puntuales. Se están utilizando las dos. Algunos se están planteando la
eliminación del carbón. Según los datos que hemos pedido -que ya los
conocen pero los vuelvo a repetir porque creo que tienen interés- al
operador del mercado para que nos dijesen qué efecto tendría la retirada
de las centrales de carbón y de las centrales nucleares de la oferta
mayorista en el precio final mayorista, según el análisis hecho de los
tres últimos años, es decir, se cogen los tres últimos años, se eliminan
esas ofertas y se calcula qué efecto tendría, en
el caso del carbón estaríamos hablando de un incremento del pool en el
escenario más favorable del 14 % del precio y en el escenario más
desfavorable del 26 % del precio. En el caso de las nucleares, sería un
18 % de subida en el caso más favorable y un 25 en el caso más
desfavorable; caso favorable y caso desfavorable es si se realiza un
cambio estratégico en las ofertas de agua, lo digo por si alguien tiene
interés en los elementos diferentes en los cuales se han establecido los
supuestos. Si se retiran simultáneamente ambas tecnologías, el caso más
favorable es un incremento de precio del 38 % y el más desfavorable un
incremento del 64 % del precio; eso si hubiese ocurrido tal cosa sin
estas dos tecnologías en los tres últimos años, que es lo que se ha
mirado. No es ni siquiera una simulación, es directamente una recasación
del mercado, es un análisis con datos reales de oferta por parte de las
diferentes compañías.
En definitiva, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Teniendo en cuenta que el
carbón emite el doble que el gas en CO2 y que más o menos tienen un
volumen de producción similar y que la nuclear no emite, los niveles de
emisión de CO2 serían idénticos con base de gas y punta de gas, que si
tenemos una base de nuclear y una punta con mezcla de nuclear y carbón,
pero los precios serían sustancialmente más altos. Son los análisis que
hacemos y por eso estamos haciendo la defensa que estamos haciendo de las
tecnologías, insisto, en los elementos en los cuales la renovable hoy por
hoy tecnológicamente no puede entrar, que es en la base del sistema
produciendo veinticuatro horas al día y en la punta del sistema, porque
evidentemente, si no tienes disponibilidad del recurso, tienes que
utilizar térmicas, que es la única manera de conseguir que esa demanda
sea satisfecha con un nivel de oferta suficiente.
Esto en cuanto al mercado mayorista. Es decir, qué podemos hacer en la
política energética, independientemente de que cuanto más llueva y más
viento haga muchísimo mejor para todos nosotros, porque evidentemente los
precios mejoran, como se ha demostrado este año y de que existan
coyunturas internacionales y europeas favorables. También se puede hacer
otra cosa para la mejora del mercado mayorista a medio plazo que es el
aumento de las interconexiones, por la razón que decía anteriormente: si
vemos estos precios sabemos que los precios a lo largo del año y
tendencialmente son más baratos cuanto más hacia el norte, cuanto más
hacia esa península escandinava nos vamos aproximando. Cuanta más
interconexión tengamos con el resto de Europa, más nos podremos
beneficiar de formas de producción más eficientes y más baratas que
existen en el resto de Europa y de las que no disponemos en España o que
no disponemos con la misma frecuencia en nuestro país. Esto supone el
equivalente a una apertura comercial. Es decir, la producción eléctrica
cara española quedaría desplazada por producción más barata de otros
países, pero eso es un beneficio al consumidor.
En lo que fue la discusión de la orientación general del paquete de
invierno en el pasado Consejo Europeo la delegación española consiguió
que en el ámbito europeo se tuviese una gobernanza de interconexiones
equivalente a la que se va a poner para renovables. Es decir, cuando un
país no cumpla renovables va a haber una serie de métodos de presión, que
son prácticamente idénticos cuando un país no cumpla con sus obligaciones
de interconexiones. Por otro lado, saben que ha sido una negociación
complicada, pero la Comisión Europea ha concedido 867 millones de euros
para la interconexión con Francia, la que va de País Vasco a Aquitania,
la próxima que va a haber, más de 2000 megavatios, lo cual hará que su
coste sea de unos 650 millones de euros. La estimación que hemos hecho es
que tiene un beneficio para el consumidor de unos 320 millones al año. Es
decir, en dos años estaría amortizada la inversión e inmediatamente esto
generaría un enorme rendimiento y una mejora sustancial. Hay un ligero
aumento del coste a la parte regulada pero, a cambio de eso, la parte de
mercado, como recibe competencia mayor del resto de Europa a través de
Francia, va a moderar sus precios. Junto a esto, la entrada en
funcionamiento de 8000 megavatios de renovable a lo largo de este año y
del que viene irá incrementando la oferta, una oferta que cuando está
disponible entra a muy buenos precios, y ayudará a moderar de media los
precios mayoristas en su conjunto. Por ello, con respecto a estos precios
mayoristas que tienen efectos coyunturales pero que podemos hacer muchas
cosas a medio plazo para que mejoren, estamos poniendo en marcha más
renovables, más interconexiones y al mismo tiempo estamos procurando que
el mix sea el más barato posible, con las menores emisiones de CO2 que
nos permitan cumplir los objetivos de CO2 y al mismo tiempo con los
objetivos de renovable.
En cuanto a la parte regulada, como ya les he dicho a ustedes, por un
lado, llevamos cinco años congelando la parte regulada de precios. Es la
intención del Gobierno, y además es un compromiso electoral, que a lo
largo de toda la legislatura se mantenga esa congelación por lo menos de
los precios regulados, de los peajes, de aquella parte que pagan los
consumidores fija en el recibo. Pero también tenemos una serie de buenas
noticias para el futuro, y yo creo que sería bueno que también se tomasen
decisiones sobre esta cuestión. En primer lugar, a partir de 2020 se
aplicará la modificación del régimen retributivo de las actividades
reguladas, tal y como está previsto en la ley. Esto, aplicado al conjunto
de actividades reguladas, supone un ahorro para el consumidor de unos
1500 millones de euros.
Francamente, yo creo que hay que aplicar la ley. Al aplicar la ley se
retribuirán estas actividades como está previsto, que es al tipo de
interés del bono del Tesoro a diez años más 200 puntos básicos en el caso
de actividades de transporte y distribución y 300 puntos básicos en el
caso de las renovables. Son actividades sin riesgo. Hemos de recordar que
los costes operativos se descuentan. Es decir, esto es lo que queda
limpio de la inversión. Yo conozco muy pocas inversiones que obtengan
Tesoro más dos puntos porcentuales sin riesgo. Lo digo porque creo que la
rentabilidad es la que se estableció y se ha definido como rentabilidad
razonable. Ya sé que hay alguna propuesta, con la que no estamos de
acuerdo, de que se mantenga esta rentabilidad, pero es una rentabilidad
que se fijó cuando había una altísima prima de riesgo en la economía
española y el bono del Tesoro estaba muy caro. Que se estén financiando a
tipos bajos -porque ahora cualquiera en el mercado se puede financiar a
tipos bajos- y obtengan una retribución muy superior a la que ahora mismo
tienen los activos sin riesgo, como son los del Tesoro -ya estamos dando
200 puntos básicos, que eso es mucho en el mercado, y no digamos si son
300-, me parecería que sería poco entendible por aquellos consumidores
que tienen unos costes fijos altos en el sistema que provienen de todo lo
que se ha hecho en política energética en nuestro país en el pasado y que
va manteniéndose a lo largo del tiempo.
Por otro lado, tampoco me parecen adecuadas propuestas que consistan en
que de estos costes regulados de redes que tenemos y de otro tipo de
peajes unos consumidores trasladen unas cargas a otros. Ya me han oído
hablar en más de una ocasión sobre esta cuestión. Son juegos de suma cero
-unos ganan y otros pierden; yo creo que eso no es suficientemente
aceptable- o son juegos de suma negativa incluso -en algunos casos pierde
el conjunto de sistemas, pero el que lo quiere poner en marcha obtiene
una ventaja menor que el daño que genera a los demás consumidores-. En
todo caso, ya saben que, aparte del pago de las redes con los costes
regulados, lo que se está pagando también son las primas de la renovables
a 7000 millones de euros todos los años, las extrapeninsulares -la
electricidad que pagan igual los archipiélagos, Ceuta y Melilla que el
resto de la Península-, la amortización y la deuda tarifaria. Esta última
partida tiene unos quince años de vida, irá disminuyendo algo partir de
2020. Las primas de renovables tienen veinticinco años de vida y no es
esperable que haya más, salvo que se cambie la política que estamos
llevando a cabo, puesto que ya las renovables reciben una retribución sin
problema de mercado y entran sin ningún problema a competir con el resto
de las energías de producción eléctrica, salvo por el hecho de que tienen
el problema de la intermitencia, de que siempre hay que tener sistemas de
respaldo para cubrirlas.
Estos serían los elementos básicos de la formación de precios en nuestro
país. Lo que les hemos comentado a los grupos parlamentarios en estas
últimas semanas es que nos gustaría hacer una serie de ajustes, la gran
mayoría de ellos procedentes de sugerencias o de peticiones que nos han
venido de organismos reguladores, en el sistema de retribución en la
parte regulada. Voy a hacer una descripción de los mismos porque me
gustaría, si los grupos están de acuerdo, poder adelantar lo que podamos
con algún tipo de enmienda en el Senado o, si no, ya les adelanto que, si
no estamos de acuerdo con esto porque ustedes saben que las enmiendas en
el Senado requieren un amplio consenso político si varían sustancialmente
el contenido de lo que sale del Congreso, lo que me gustaría sería hacer
un planteamiento como proposición de ley -ya la tiene mi grupo- con estas
enmiendas para que sean tramitadas en el Congreso por todos los grupos
que están aquí representados.
Estas enmiendas consistirían en lo siguiente. En primer lugar, para
reducir costes en el sistema en el ámbito de transporte y distribución,
en ámbitos en los cuales estamos viendo que puede existir un claro caso
de sobrerretribución. En primer lugar, lo que se llama el factor de
retardo. Para que entendamos cómo funciona el sistema, una empresa, puede
ser una distribuidora eléctrica o red eléctrica de España como
transportista, realiza un proyecto que está en la planificación. Una vez
que realiza el proyecto, se tiene que reconocer ese proyecto, se tiene
que integrar dentro del sistema y empieza a cobrar más o menos dos años
más tarde. Como tarda dos años en cobrar, ahora mismo se le paga esa
falta de cobro durante dos años a un equivalente tipo de interés del 10
%. Un tipo de interés del 10 % para actividades que están financiadas a
dos años en los precios de mercado actual es un tipo altísimo. Pagar un 5
% anual por una financiación a dos años yo creo que en el mercado no lo
paga absolutamente nadie para el nivel de riesgo que tiene la economía
española y para el nivel de riesgo que tiene esta actividad, que es cero.
Lo que pretendemos con esta enmienda es sustituirlo por un índice
financiero de financiación a dos
años. El impacto de esta medida estaría por encima de los 100 millones de
euros. Estamos hablando de un sector que recibe 7000 millones de euros al
año. Esto sería unos 100 millones de impacto, pero creemos que es un
nivel de sobrerretribución elevado y que por tanto debería corregirse.
Tal y como está la normativa eléctrica española, se tiene que corregir
con una norma con rango de ley.
En segundo lugar, para determinados activos, cuando la CNMC calculó su
valoración en distribución y en transporte hubo una serie de demandas y
quejas por parte de los pequeños distribuidores, pequeñas empresas -hay
muchas en Cataluña, en otras partes de España también- que hacen
distribución y que compiten con las grandes empresas distribuidoras. Se
quejaron porque se habían valorado incorrectamente sus activos y estaban
discriminados a la hora de retribuírseles a ellos. La CNMC estudió el
caso y dijo que tenían razón, pero solo en parte. Están discriminados,
pero no como ellos pensaban. Ellos están bien retribuidos, pero hay un
exceso de retribución en determinados activos de las grandes empresas
distribuidoras. Las CNMC nos envió ese expediente y nos pidió que
iniciásemos un procedimiento de lesividad, es decir, de corrección por
parte de la Administración pública, en este caso desde el cálculo que
había hecho la CNMC y la orden ministerial del ministerio, que
directamente daba traslado a lo que la CNMC había calculado en su día.
Esto está ahora mismo a la espera de sentencia por parte del Tribunal
Supremo. Pero ¿qué pedimos al Congreso de los Diputados, al Senado o a
las dos Cámaras? Lo que pedimos es adelantar lo que debería ser el efecto
de esta sentencia y aplicar lo que nos ha pedido la CNMC: que hagamos un
cambio retributivo en determinados activos que ellos, a resultas de esta
demanda, han visto que hay que corregir, y sería bueno hacerlo cuanto
antes porque cada minuto que pasa, cada día que estemos retribuyendo
estos activos de esta manera estamos haciendo perder dinero a los
consumidores frente a los distribuidores, que el propio regulador
independiente ha dicho que está sobrerretribuido. El impacto de esta
medida -lo digo para dejarlo adecuadamente claro- sería de unos 70
millones de euros adicionales. Estamos hablando de 170 millones de euros
de unos 7000 millones de euros de ingresos en total.
¿Por qué hacemos esto? Porque en nuestro sistema energético está
resultando que cuando las grandes empresas eléctricas miran la regulación
y en determinados elementos discutibles van a los tribunales, en algunos
casos los tribunales les dan la razón. El Gobierno siempre defiende la
estabilidad regulatoria y que se mantengan las normas tal y como son,
porque para eso evidentemente han salido de las Cortes Generales y en su
desarrollo reglamentario por parte del Gobierno. Ahora, hay veces en que
los tribunales les dan la razón, y esto está generando un impacto
inmediato en el consumidor. Sin embargo cuando la CNMC se encuentra con
elementos de sobrerretribución tenemos que recurrir a procedimientos de
lesividad, y esto hace que las correcciones a favor del consumidor sean
tremendamente engorrosas. ¿Qué pretendemos con estas normas que estamos
poniendo aquí? Que sea mucho más fácil aplicar esa defensa del consumidor
cuando, por ejemplo, el regulador independiente así lo considera
conveniente y le pide al ministerio que de un paso, que cambie la
normativa para adecuarla a sus estimaciones, a sus previsiones y a las
aplicaciones de su propia normativa, que es lo que ellos hacen. En el
primer caso, estaríamos haciendo una retribución menor de un 10 % en dos
años, un 5 % anual, a una serie de activos, aunque parece muy excesivo a
los tipos de interés actuales. Y, en segundo lugar, lo que hacemos es
acoger la petición que nos hizo la CNMC de lesividad, pero acelerando el
proceso de aplicación a través de una norma con rango de ley.
En tercer lugar, Red Eléctrica, en este caso otro operador independiente
del sistema, cuando se hizo el real decreto de normativas
extrapeninsulares tenía pendiente calcular la verdadera eficiencia de las
centrales. No tenía los datos disponibles entonces porque son datos
laboriosos de obtener, pero ahora sí que los tiene disponibles y también
nos está pidiendo que corrijamos los parámetros que entonces se
calcularon -que eran antiguos- por los nuevos, lo que permitiría un
cambio de retribución, en el caso de la energía extrapeninsular, en unos
15 o 20 millones de euros. Pero nuevamente, tanto en el caso de la CNMC
como este del que estamos hablando, dependerá también de los cálculos
definitivos que nos pase, tanto la CNMC como el operador del sistema
eléctrico en esta cuestión. Esto es en el sector eléctrico.
La CNMC también nos ha advertido de que en el sector gasístico existe una
determinada bolsa de activos, especialmente los activos previos a 2001,
en los cuales podría darse una situación de necesidad de corrección. Aquí
no ha sido tan concreto. Así como en el caso de electricidad sí que nos
ha traído el expediente completo, y ya iniciamos en su día el
procedimiento de lesividad, en este caso no ha sido tan concreto. Pero en
previsión de que pueda ocurrir algo similar y para no tener que volver
otra vez a las Cortes Generales para hacer exactamente lo mismo, pedimos
al Parlamento que se habilite para el gas, igual que para electricidad,
una disposición que permita, en cuanto tenga claras estas cuestiones la
CNMC, poderlas tramitar a toda velocidad en beneficio de ese conjunto de
consumidores que son los que pagan las actividades reguladas. Aquí
nuestra estimación es que el impacto puede ser desde cero -es decir, que
la CNMC diga: no estamos viendo ningún elemento de sobrerretribución-
hasta en torno a unos 50 millones de euros. Estas son las estimaciones
que estamos haciendo nosotros, pero de nuevo depende enormemente de lo
que luego vaya a hacer la propia CNMC.
Esto es lo que estamos pidiendo para hacer ajustes en el sistema; el
sistema está operando con normalidad, pero de vez en cuanto tenemos, o
bien algún caso de una sentencia, o bien algún caso de algún elemento
imprevisto que es necesario ir cambiando. Nosotros pensamos que cuando
los reguladores independientes, en este caso la CNMC o el operador del
sistema, nos piden correcciones a la retribución, y que además son de los
órdenes de magnitud que he dicho, no cambian sustancialmente los
elementos del sistema pero sí ayudan a hacerlo más eficiente y a
adaptarlo cada vez más a los análisis de los reguladores independientes o
de los que propiamente pueda hacer el ministerio, como el primer caso que
les he dicho, es bueno que tengamos la flexibilidad desde la regulación
pública para ir en beneficio del consumidor y no producir una asimetría
de que cuando haya algo que beneficie a las grandes empresas energéticas
se aplique inmediatamente como consecuencia de una sentencia, y cuando
hay algo que beneficia al consumidor tenemos que pasar por un largo
proceso de declaración de lesividad que muchas veces tarda mucho tiempo
en producirse, y que sin embargo se podría poner en marcha de una manera
más inmediata.
Junto a eso querríamos proponer a las Cortes Generales un cambio normativo
en otro aspecto muy importante, que es el tratamiento del
desmantelamiento de las centrales nucleares. España es el único país del
mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear -no del resto,
el resto sí es responsabilidad de la propia empresa- es responsabilidad
de todos, a través de la empresa pública Enresa, que hace dos cosas: el
tratamiento de los residuos, que en todos los países es una operación
común y generalmente con un ente público, y por otro lado, el
desmantelamiento de la propia central. ¿Qué ocurre? Que cuando se decide
el cierre de una central el propietario quiere abandonarla y dejársela a
Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de
predesmantelamiento que están obligados a hacer. Por otro lado, es verdad
que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del
mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando
-llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés- el fondo Enresa está
teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se
habían previsto. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo el cierre de
cualquier central -y estamos en el proceso del cierre de la central de
Santa María de Garoña- supone una aportación adicional por parte del
sector público.
¿Qué es lo que nosotros pedimos a las Cortes Generales? Lo que estamos
pidiendo es que cambiemos el sistema, de forma que cuando se tenga que
desmantelar -no para el resto de los gastos, pero sí para el
desmantelamiento- esa obligación pase a los propietarios de la central,
entregándose el fondo de Enresa, en su parte correspondiente, a los
propietarios de la central, de forma que a partir de entonces, igual que
en el resto de las centrales eléctricas del sistema, la responsabilidad
de dejarlas en perfecto estado, desmantelarlas y dejarlas en perfecto
cumplimiento de sus obligaciones medioambientales sea de las propias
empresas eléctricas dueñas de las centrales.
Por otro lado, tenemos otra serie de enmiendas o de partes de la
proposición de ley, en función de lo que se considere por parte de los
grupos que es más adecuado para su tramitación -aunque parezca mentira se
tienen que hacer por rango de ley-, que son técnicas, pero que ayudan
sustancialmente a determinadas cuestiones. Por ejemplo, para la movilidad
eficiente del vehículo eléctrico nos gustaría una desregulación para los
postes eléctricos de recarga del gestor de carga, de forma que esto
suponga una liberalización, que cualquiera pueda poner un poste
eléctrico. Y otra cuestión es permitir que los buques, aeronaves y otro
tipo de vehículos se puedan conectar a la red de los puertos y
aeropuertos. Tal y como está ahora mismo la normativa, para acceder o
vender electricidad tienes que ser comercializador eléctrico, con lo cual
llega un crucero a un puerto en España y no puede conectarse a la red y
que el puerto le venda electricidad, sino que tiene que poner en marcha
el motor diésel para generar esa electricidad. Es mucho más sensato que
pueda comprar esa electricidad en el puerto. Aunque parezca mentira,
porque la regulación eléctrica es como es, esto requiere rango de ley, y
por tanto lo que les estoy diciendo a sus señorías es que si podemos
cambiar esto y cuanto antes mejor creo que será en beneficio de todos.
Aunque sea una cuestión que parezca menor esto tiene su importancia en
los ámbitos donde está y si lo podemos mejorar creo que nadie estaría en
contra.
Tenemos otra enmienda para evitar el fraude en la comercialización de
hidrocarburos o nuevamente parte de la proposición de ley. Ahora mismo
hay empresas piratas que operan y lo que se quiere es poner más garantías
para que el que vende hidrocarburos -gasolina y gasoil- no defraude a la
Hacienda pública. Básicamente compran, no pagan el IVA, luego piden un
aplazamiento del IVA, desaparecen, se queda la Hacienda pública sin
cobrar, han vendido por debajo de coste porque no están pagando el IVA, y
estas empresas desaparecen y se generan fraudes. No les estoy exagerando,
pero todas las semanas firmo dos o tres expedientes de estas
características, así que calculen. Nuevamente si hacemos un cambio por
rango de ley que limite este tipo de actuaciones creo que sería más que
adecuado. En definitiva esta es la evolución de los precios, las razones
de los mismos, tanto en 2017 como en 2018; en 2018 vamos muy bien en
relación con el año pasado, y espero que esta tendencia continúe a lo
largo de lo que queda de legislatura. Nos gustaría hacer algunos cambios
de ajuste normativo, que en su mayoría nos lo han pedido los organismos
independientes para ajustar la retribución de determinadas actividades.
Nos gustaría mejorar determinadas cuestiones de movilidad eficiente, que
es algo en lo que creo que podemos estar todos de acuerdo, y nos gustaría
luchar contra el fraude de hidrocarburos como medidas inmediatas, que
sería bueno que se aprobasen cuanto antes, porque cada día que pasa no
estamos ayudando adecuadamente a que el sistema funcione de la manera que
debería funcionar. Por otro lado, sí a lo que es el mix a medio y largo
plazo -ya saben cuál es la posición del Gobierno-, junto con el hecho de
que pensamos que es muy bueno que siga aumentándose la capacidad de
interconexión en España.
Respecto al almacenamiento Castor lo primero que tenemos que tener claro
es que este es un proyecto que se inicia atrás en el tiempo, en el año
2006, que termina su construcción en el año 2011 con un coste muy
superior al que inicialmente se había previsto, ya que se habían previsto
unos 700 millones de euros y acabó en unos 1200 millones de euros. Todo
eso se hace desde el año 2006 hasta el año 2011; en un momento
determinado, cuando se va a poner en marcha el funcionamiento en el año
2013, todos sabemos que se producen una serie de seísmos y parecía
bastante obvio que había una correlación entre la inyección de gas en el
almacenamiento y los seísmos. El Gobierno lo primero que hizo fue ordenar
que se parase la inyección de gas, y evidentemente no permitir que
entrase en funcionamiento el almacén. Por otro lado, se encargó un
informe al Instituto Tecnológico de Massachusetts para que estudiase con
la mejor tecnología disponible la relación entre la inyección de gas y
los seísmos. Como ustedes saben, porque ya di cuenta de ese informe en
esta Cámara, el informe concluye que es casi seguro -nunca se puede dar
una probabilidad del cien por cien- que la relación entre los dos esté
clara, entre la inyección del gas y los seísmos. Por tanto la decisión
del Gobierno fue decir: Este almacenamiento no se va a volver a utilizar,
y en el momento en que haya un estudio técnico que permita la viabilidad
del proceso de desmantelamiento, se procederá al mismo.
Mientras tanto se quedaba el problema de una instalación que fue diseñada
en legislaturas anteriores a las de este Gobierno, construida en esas
mismas legislaturas, aceptados sus costes en esas mismas legislaturas. La
constructora cobró la construcción de esa instalación y se llevó
evidentemente el pago de la misma, quedando una empresa gestora con
prácticamente nada de capital y una enorme deuda, que en un porcentaje
muy elevado era del Banco Europeo de Inversiones. En esas circunstancias
se pidió por parte del Gobierno al Tribunal Supremo un procedimiento de
lesividad para que las decisiones que se hubiesen tomado en el pasado, y
especialmente el contrato que se firmó con la empresa fuese declarado
lesivo por parte del Tribunal Supremo, y por tanto no pudiese procederse
a su incursión dentro del sistema energético gasístico y proceder a su
retribución. Esta petición de lesividad no fue aceptada por el Tribunal
Supremo, por lo tanto se tuvo que hacer otra cosa, que era un control de
daños; ya que la instalación está ahí y el Tribunal Supremo no permite no
incluirla dentro del sistema, se tendrá que hacer algo diferente. ¿Qué se
hizo? En primer lugar, renegociar la deuda, lo que se hace en un plazo
muchísimo más largo y a un tipo de interés muchísimo más bajo. En segundo
lugar, se decide evidentemente no operar, sino sencillamente dejar la
instalación, pero no operarla. Esto permite bajar el coste de Castor de
280 millones de euros al año a 91. Por lo tanto el sector gasista iba a
pagar casi la tercera parte del coste que estaba previsto cuando se
planificó, se construyó y se aceptó esta instalación. Se renegocia la
deuda a más largo plazo, se bajan los tipos de interés en la retribución
de esa deuda, y por otro lado se deja la instalación sin operar, no se le
pagan los costes de operación ni de ningún tipo. Esto se hizo por
decreto-ley con la idea de que si quebraba la empresa concesionaria
evidentemente se iba a producir un fallido en una deuda del Banco Europeo
de Inversiones, y recuerden que estábamos en el año 2013, en la época en
que la prima
de riesgo de la economía española era todavía muy alta, había dudas sobre
el euro y había problemas con la deuda soberana española.
Al respecto hicimos este decreto-ley y hubo un recurso de
inconstitucionalidad del Grupo Socialista, de la Generalitat de Catalunya
y del Parlament de Catalunya, si la memoria no me falla. ¿El Tribunal
Constitucional qué ha dicho? El Tribunal Constitucional ha dicho lo
siguiente. Primero, que respecto a las peticiones de inconstitucionalidad
que se han formulado sobre varias cuestiones, la hibernación y la
asignación a Enagás de la instalación no tiene ningún problema de
constitucionalidad, y que la utilización del instrumento del decreto-ley
es perfectamente entendible dadas las circunstancias y la urgencia del
momento; de hecho dice que se trata de una medida con la que se pretende
-esto es entrecomillado de la sentencia- conjurar los riesgos que para
personas, bienes y especialmente medio ambiente, pudiera generar la
existencia de una instalación de almacenamiento de gas bajo las aguas del
mar Mediterráneo, en especial si esa instalación quedara desatendida o se
mantuviera a la sola suspensión de actividades administrativamente
acordadas. Por lo cual -dice el tribunal- debemos concluir que la
adopción de la decisión de hibernación de la instalación de
almacenamiento subterráneo Castor ha sido adoptada respetando la
definición constitucional de la figura del decreto-ley. Respecto a la
asignación también dice que en este supuesto la norma que se adopte por
decreto-ley se justifica en que la extinción de la concesión otorgada era
un requisito necesario para que la administración pudiera acordar la
hibernación, por lo que las mismas razones de urgente y extraordinaria
necesidad que justifican esta medida justifican también que, en virtud de
esta norma, se acuerde la extinción de la concesión.
Lo que no acepta el Tribunal Constitucional son las razones por las cuales
-lo dice aquí- la asignación de pago al sistema gasista ha de llevarse a
cabo en unos términos y plazos tan perentorios para excluir del recurso
al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia. Es decir, lo que
dice es: Si ustedes hubiesen tramitado el decreto-ley como proyecto de
ley, nada que objetar, pero en esta parte en concreto, como utilizaron el
decreto-ley con convalidación, pero sin tramitación posterior, queda
anulada por inconstitucional la parte que define el proceso financiero, y
que no está la urgencia adecuadamente justificada o no justifica la
utilización del instrumento de decreto-ley. Evidentemente las sentencias
del Constitucional son para cumplirlas en todo caso, y como el
Constitucional ha dicho que esto evidentemente es inconstitucional, tiene
sus consecuencias. Las consecuencias son que la sentencia no fue
publicada hasta -si no recuerdo mal- el 16 enero, y cuando se emitió la
orden de peajes del gas lo que hizo el Gobierno fue evidentemente incluir
el Castor, porque aunque había salido por los medios de comunicación, no
había un efecto jurídico de la sentencia. El día 16 enero llega la
sentencia y en veinticuatro horas se remite una carta a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia por parte del ministerio, que
remite el secretario de Estado, comunicando que la sentencia ha sido
publicada en el BOE, y que teniendo todavía la competencia en
liquidaciones por parte de la CNMC en el sector gasístico, proceda a dar
cumplimiento a la sentencia. Ya sabemos que la CNMC ha dado cumplimiento
a su sentencia y ha dejado de pagar los costes operativos y el pago de la
deuda, que está en manos de determinados bancos. Es decir, tenemos ahora
mismo un efecto que proviene de la sentencia que quiere decir que este
gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes
regulados del sistema, y no se procede a su retribución. Nosotros nos
limitamos a pedirle a la CNMC que cumpla la sentencia, lo que
evidentemente ha tenido estos efectos.
¿Qué puede ocurrir después? Lo previsible es que pueda haber una enorme
litigiosidad entre privados, y entre privados y operadores públicos como
consecuencia de la misma. Ahora mismo tenemos una inversión que en su día
se incluyó como inversión retribuida, porque el Tribunal Supremo dijo que
había que incluirla; ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que no, y
por tanto la CNMC ha actuado en consecuencia no retribuyendo. Hasta aquí
son las consecuencias de lo mismo; ya veremos en última instancia si hay
una modificación del estatus jurídico de esta cuestión, ahora mismo el
que hay es el del cumplimiento de la propia sentencia del Tribunal
Constitucional.
Por último voy a abordar el tema de Marismas Occidental y del almacén de
gas. El almacén de Marismas aquí lo tenemos (Muestra un gráfico en
powerpoint) y vemos que los diferentes almacenamientos que en su día se
previeron forman esas estrellitas rojas, y ninguna de ellas está en el
Parque Nacional de Doñana, sino en zonas en las cuales hay actividad
humana de algún tipo. En todo caso, para abrir y poner en funcionamiento
un almacenamiento se requieren una serie de requisitos previos,
esencialmente dos. Uno es una declaración de impacto ambiental, que es
competencia de la autoridad autonómica, en este caso de la Junta de
Andalucía. El segundo es que, desde los cambios normativos que hicimos
con Castor, se encargan al Instituto Geológico y Minero una serie de
análisis
sobre la sismicidad y la situación geológica de los almacenamientos.
Tenemos una serie de elementos diferenciados que forman parte de un
conjunto dentro de este proyecto. Como decía ninguno de ellos forma parte
del Parque Nacional de Doñana, sino que están en zonas relativamente
aledañas, pero evidentemente no dentro del parque, lo cual sería
absolutamente imposible. Eso lo prohíbe toda la normativa medioambiental
que existe en nuestro país.
El estado de tramitación es el siguiente. Marisma Oriental. La Junta de
Andalucía emitió autorización ambiental unificada desfavorable el 8 de
enero de 2016, por lo cual el almacenamiento de Marismas Oriental,
mientras tenga esta declaración de impacto ambiental hecha por la Junta
de Andalucía, no puede llevarse a cabo ni se puede tramitar. En segundo
lugar, Saladillo. No requiere autorización ambiental unificada, pero está
pendiente de lo que diga la Junta de Andalucía. Si la Junta de Andalucía
emite un informe igual que el de Marismas Oriental, no se puede tramitar
la licencia de construcción y menos aún la licencia de funcionamiento,
porque de entrada no se podría construir. Después tenemos Marismas
Occidental. Tuvo en su día una autorización ambiental unificada favorable
de la Junta de Andalucía. Nosotros hemos escuchado en medios de
comunicación que la Junta de Andalucía quiere revisar esta decisión. Si
piensan así, creo que lo deberían hacer por los procedimientos
administrativos adecuados y no con declaraciones públicas. Cuando existe
una declaración hecha a favor de un administrado y se quiere revocar esa
declaración, existen procedimientos administrativos; antes hemos hablado
de la declaración de lesividad o cualquier otro que tengan previsto en su
legislación o en la legislación administrativa nacional. Creo que la
Junta de Andalucía debería hacerlo.
Nosotros por nuestra parte estamos pendientes de que se emitan por parte
del Instituto Geológico y Minero los dos informes que les hemos
solicitado. El propio ministerio ha solicitado al Instituto Geológico y
Minero dos informes, y de hecho lo hemos realizado con extremada
prudencia. No tenemos tanta obligación, pero sabiendo que es un
almacenamiento de gas, hemos pedido dos informes. Uno de ellos ha
establecido una serie de obligaciones por parte del administrado respecto
a determinados riesgos de inundación. Nosotros hasta que no nos
encontremos en una situación de visto bueno al cien por cien de la Junta
de Andalucía en su declaración de impacto ambiental, y de visto bueno al
cien por cien por parte del Instituto Geológico y Minero de que se cumple
con los requisitos, según los estándares adecuados de seguridad en el
ámbito geológico y sísmico, evidentemente no vamos a dar una licencia de
funcionamiento. Ahora bien, la Junta de Andalucía, si tiene un criterio
diferente en el ámbito medioambiental, debería empezar a cambiarlo a
través del procedimiento adecuado. Para el ministerio es mucho más
complicado encontrarse con un documento oficial de la Junta de Andalucía
diciendo que tiene una declaración de impacto ambiental favorable, pero
luego se nos pida que deneguemos la autorización de funcionamiento, lo
cual sería muy arbitrario por nuestra parte. Por tanto tienen ellos que
argumentar por qué tenemos que denegarla. Evidentemente nosotros por
nuestra parte con una declaración de impacto ambiental desfavorable nunca
autorizaremos la puesta en funcionamiento. Es más, si se inicia un
procedimiento por parte de la Junta de Andalucía, hasta que no termine
ese procedimiento con el resultado que tenga que ser, nunca daremos la
licencia de funcionamiento del almacenamiento.
Creo que con esto he dado cuenta de los temas para los que se solicitó la
comparecencia del Gobierno en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por las explicaciones dadas, señor
ministro.
A continuación intervendrán los grupos de mayor a menor y cerrará el Grupo
Parlamentario Popular. El tiempo es de diez minutos por grupo. Ruego a
sus señorías que, a pesar del reparto dentro de los grupos, se atengan al
tiempo estipulado. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
interviene en primer lugar el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidente.
Sobre el tema Castor, ministro, tengo que decirle sin paliativos que su
intervención al respecto ha sido decepcionante, sonrojante y -sin ánimo
de molestarle u ofenderle- casi le diría que grosera con esta Comisión,
porque ha dedicado de su hora de intervención cuarenta minutos a otro
tema y quince a esta cuestión, pero no para ofrecerle a esta Comisión las
explicaciones que merecía, sino para hacer un excurso histórico y del
contenido de la sentencia que ya conocíamos todos. Lo que usted tenía que
hacer hoy aquí era dar explicaciones de por qué el Gobierno en su día
aprobó un decreto ley que en el plazo de treinta y cinco días obligaba a
indemnizar a una empresa con 1350 millones. Eso es lo que el Tribunal
Constitucional les ha dicho a ustedes que es inconstitucional y nulo.
Afortunadamente, gracias a los recursos interpuestos en su día por la
Generalitat de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Socialista,
se ha revertido y hoy los consumidores no están pagando el canon que se
les había impuesto y que se les iba a imponer a lo largo de treinta años.
Usted tenía que dar explicaciones de por qué se adoptó aquella decisión
exprés, por qué adoptaron una decisión que exclusivamente beneficiaba a
intereses particulares y no perseguía los intereses generales. Además hoy
aquí tenía que haber aportado información sobre qué piensa hacer el
Gobierno, y no simplemente decirnos que ya veremos y que se augura una
gran litigiosidad entre privados. Usted es ministro de Energía y tendrá
que actuar. El Gobierno tiene la obligación de ejercer funciones de
dirección y de iniciativa legislativa, y está haciendo una dejación de
responsabilidades extraordinaria. La sentencia abre la puerta a que en el
marco legal vigente se reconsidere esa indemnización en los términos en
que está planteada, como no se hizo en su día, que se evalúen
corresponsabilidades y que se contemple la posibilidad de una quita que
beneficie a los intereses generales. Por último, usted hoy aquí tenía
también que dar cuenta de qué piensa hacer el Gobierno para recuperar
esos 1350 millones que en treinta y cinco días le regalaron a la empresa
correspondiente. Decepción e irresponsabilidad, ministro; esa es nuestra
conclusión oída su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rallo Lombarte.
Por parte del mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora
González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, señor ministro, por acompañarnos.
El proyecto industrial Marismas Occidental, que es el que está en marcha,
es un subproyecto dentro de un proyecto mayor que cuenta con tres
subproyectos más -como ha comentado usted, Saladillo, Marismas Oriental y
Aznalcázar- dentro de la actividad industrial que Gas Natural pretende
llevar a cabo en el espacio protegido de Doñana. Sabe usted, señor
ministro, que si realmente se realizara el conjunto completo de este
proyecto que Gas Natural pretende llevar a cabo en Doñana sería el
almacenamiento mayor de gas de toda Europa en un espacio singular, en un
ecosistema lleno de valores y reconocido internacionalmente, y como usted
sabe igual que yo, justo en la periferia de un parque nacional que es
reserva de la biosfera, patrimonio mundial de la Unesco y una seña de
identidad para Huelva, para Andalucía, para toda España y para Europa.
La empresa Gas Natural vio que el proyecto era muy amplio e intentó
trocearlo en subproyectos. El primero que gestionó fue el de Marismas
Occidental, al cual en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy le dio la
autorización sustantiva, avalándolo técnica y medioambientalmente. ¿Qué
problemas tenemos? Al no poder evaluar conjuntamente los cuatro
proyectos, no podemos saber cuál sería el efecto acumulativo de estos
proyectos en Doñana y en su entorno.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de la Junta de Andalucía,
donde gobernamos los socialistas, queremos que se paralice su proyecto
Marismas Occidental, y así se lo ha hecho saber en varias ocasiones el
consejero de Medio Ambiente del Gobierno andaluz. Habla usted en su
intervención más como si fuera el consejero de Medio Ambiente que como si
fuera el ministro de Energía, porque solo nombra lo que tiene que hacer
la Junta de Andalucía pero no dice qué va a hacer usted con el proyecto
Marismas Occidental ni qué pensamiento tiene su ministerio de cara a los
tres proyectos que están parados. Por eso, le pediría por favor, señor
Nadal, que se remitiese usted a su competencia, que es la de ser ministro
de Energía, y que analizase con delicadeza y con cuidado el proyecto
Marismas Occidental, porque a la petición de los socialistas se ha unido
también la del Defensor del Pueblo andaluz y la del Defensor del Pueblo
español, así como la del Consejo de Participación de Doñana y, como
conoce usted igual que yo, la de la Unión Europea.
Como usted ha manifestado en su intervención, hay un informe emanado del
Instituto Geológico y Minero que reconoce que el riesgo de inundaciones
que presenta el proyecto Marismas Occidental a día de hoy es mayor que el
que propuso la empresa cuando lo tramitó ante el ministerio. Por eso,
señor Nadal, los socialistas le queremos decir que Doñana no es el lugar
más idóneo para almacenar gas, que no queremos que Doñana sea un almacén
de gas, motivo por el cual le formulo las cuatro preguntas siguientes.
Señor ministro, ¿tiene su ministerio intención de impulsar cuantas
acciones legales sean necesarias para que Doñana no se convierta en un
almacén de gas? ¿Es usted consciente de la obligación que tenemos todos
de cuidar del patrimonio natural para las generaciones presentes y para
las venideras? ¿Considera su ministerio que la empresa Gas Natural, en la
documentación presentada en su momento en el trámite de su proyecto
Marismas Occidental, rebajó el nivel de riesgo en cuanto a las
inundaciones en la zona afectada? Y por último, ¿plantea el informe, que
usted conoce bien, del Instituto Geológico y Minero que las acciones que
se están llevando a cabo en el entorno de Doñana por el proyecto Marismas
Occidental son de peligrosidad alta para el entorno? Y si es así, ¿qué
piensa hacer usted?
Para terminar, quiero reiterar que los socialistas no queremos que Doñana
sea un almacén de gas y decirle que desde la Consejería de Medio Ambiente
se han llevado a cabo acciones legales para paralizar este proyecto.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Bayo.
Por último, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.
Señor Nadal, nos alegra mucho a todos saber que las condiciones
climatológicas de este último mes hayan permitido que el precio de la luz
esté bajando. Afortunadamente ha llovido, aunque no suficientemente como
para hacer frente a la tremenda sequía que tenemos. Ha hecho sol, ha
habido viento, pero esperamos no tener que encomendar el precio de la luz
siempre a la meteorología.
Usted ha explicado en su intervención que hay medidas de política
energética que también han contribuido, pero a mí no me ha quedado claro,
porque, que yo sepa, la congelación en la retribución no baja el precio;
en todo caso, lo mantiene. No entiendo qué medida de política energética
es la que ha influido realmente en el precio de la luz. Sinceramente,
creo que no hay ni una sola medida de política energética que esté
contribuyendo a bajar el precio de la luz.
Queremos saber -y por eso pedimos esta comparecencia- cómo se va a
corregir la volatilidad de los precios y la tendencia de subida
creciente. Le pedimos que avance cuáles son sus planes para abordar este
asunto de tal importancia tanto para la competitividad de las empresas
como para el acceso de las familias a este recurso básico. El año pasado,
2017, ha sido un año récord en el precio de la electricidad en España, de
manera que un consumidor medio ha pagado un 9,5 % más que el año
anterior, según los datos de la CNMC. Le quiero recordar que, por
ejemplo, en países como Portugal, ha bajado un 10,2 %, según Eurostat, y
en la media de la Unión Europea ha bajado un 2,1 %. Usted ha tratado de
hacer un ejercicio complicado en estadística, como es comparar el año
2017 con el mes de enero del año 2018. (El señor ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda, hace gestos negativos). Yo
entiendo que sale bien la cosa, pero no es muy real, porque seguimos
sujetos a esa volatilidad y a esa incertidumbre acerca de los precios de
la energía.
Queremos saber si su Gobierno está teniendo en cuenta todos los cambios
que se avecinan dentro de nuestro sistema energético, siempre y cuando la
política energética española esté alineada con la europea, porque, como
usted bien ha defendido en Europa, parece que lo que está forzando este
ministerio es ir en contra de lo que la política europea está
defendiendo.
No podemos obviar que tenemos delante uno de los retos globales de mayor
magnitud, reto que tenemos que trabajar desde el nivel individual, pero
por supuesto también desde la responsabilidad social y empresarial y
desde la responsabilidad política. Usted sabe bien que la lucha contra el
cambio climático depende en un 70 % de lo que resulte de la política
energética, porque las emisiones de gases de efecto invernadero se
derivan en un 70 % del modelo energético. Por tanto, no valen más
excusas; no se pueden departamentar estos dos objetivos.
La ministra de Agricultura ayer mismo volvió a encogerse de hombros cuando
le preguntábamos sobre los objetivos en materia energética para alcanzar
los compromisos de París, y esto, señor Nadal, no es serio. Si no
avanzamos en esa visión integral de problemas, simplemente no avanzamos.
Nos encontramos ante el reto de modificar un sistema energético para
adaptarlo a las exigencias a las que nos hemos comprometido a nivel
mundial. Países como Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y Suecia ya
han puesto en marcha sus propios procesos de transición, y no lo están
haciendo de manera aislada, sino en una estrategia de país, en una
estrategia para la adaptación de sus economías.
Señor Nadal, en esta lucha encarnizada en la que se encuentra contra la
subida del precio de la luz está tomando medidas que no sirven para
bajarlo, y la realidad es muy tozuda. No sirven, señor ministro, usted
mismo lo ha dicho. Si ha bajado ha sido por cuestión climatológica. No
sirven ahora y no van a servir en el futuro si ustedes no entienden que
para abordar este asunto -como la mayor parte de los asuntos en política-
hay que hacerlo de manera sistémica. No puede usted seguir haciendo
cálculos -como ha hecho aquí hoy de nuevo- de lo que va a subir o bajar
la luz si dejamos de utilizar una tecnología u otra, usando los
parámetros actuales para la fijación de precios. No podemos hacer eso.
Sabe usted de sobra que con la expansión de las renovables se va a
producir una distorsión en el mercado, tal y como está concebido. El
sistema de fijación de precios actual no va a valer para un escenario
distinto con una
economía electrificada y con unos costes de producción mínimos. Por tanto,
resultan estériles sus cálculos si no planteamos estos cambios de manera
global.
En consecuencia, le digo -y termino, presidente; gracias por su
generosidad-, primero, que acepte usted esta realidad inminente que
tenemos delante, porque el sector energético no necesita más parches; lo
que necesita es una reforma integral. Quisiera saber si está usted
dispuesto a abordar esa reforma integral. Y por último, como usted habla
de lo que quiere cuando quiere, como ya le he dicho en otras ocasiones,
cuando traigan ustedes ese proyecto de ley, lo debatiremos en el Congreso
de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lucio Carrasco.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, los portavoces también se repartirán el tiempo de las
intervenciones. En primer lugar, intervendrá el señor López de Uralde
Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor ministro. Empezaré diciendo que nos ha dado usted una
exclusiva que contradice radicalmente lo que dijo ayer en este mismo
Congreso de los Diputados la ministra de Medio Ambiente. Usted ha
reconocido hoy que España no va a cumplir con los objetivos 2020. (El
ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital hace gestos negativos). Sí,
usted ha dicho que vamos a llegar al 19,7. (El ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital: Yo no he dicho eso). Eso confirma lo que viene
diciendo la propia industria, y es que el sistema de subastas es un
sistema que no está siendo adecuado para alcanzar el objetivo de volver a
poner en marcha las energías renovables. Hay diversos estudios que lo
venían diciendo y ahora usted mismo lo ha confirmado.
En lo que se refiere al mix, nosotros abogamos por una planificación que
introduzca progresivamente y de forma decidida más energías renovables.
Este es realmente el objetivo para conseguir también que el precio de la
energía baje, porque está demostrado en los países europeos que han
apostado claramente por las renovables que ese es el sistema más eficaz
de reducir el coste de la energía.
En cuanto a lo que usted dice sobre prescindir del carbón, hay otras
fuentes que dicen lo contrario. Por ejemplo, el Departamento de Economía
de la Universidad Carlos III dice que el cierre, el abandono del carbón
no tendría prácticamente ningún impacto sobre el precio, entre otras
cosas, porque, puesto que tenemos potencia instalada por encima de
nuestras posibilidades, en la mayor parte de las horas el precio del
mercado lo marcan las centrales de ciclo combinado, con lo cual
prescindir de las centrales de carbón no tendría un impacto sobre el
precio. Y dice todavía más: Si esa potencia fuera sustituida por energías
renovables, se produciría una reducción del precio; una reducción
pequeña, porque, como usted sabe muy bien, hay una parte fija, que es lo
que hace que el impacto sobre el precio sea difícil de tener.
En lo referido al tema nuclear, el problema de las nucleares -y usted lo
ha dicho muy bien al final- es que hay que cerrarlas. Ustedes saben que
hay que cerrarlas; por lo tanto, no pueden seguir confiando en las
centrales nucleares porque hay que empezar ya con su cierre progresivo.
Usted ha hablado de cómo afrontar el coste del desmantelamiento. Es sin
lugar a dudas un problema que pone de manifiesto los costes sociales de
la energía nuclear, es decir, una vez que terminan su vida útil o durante
su propia vida, nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacernos cargo del
coste del tratamiento de esos residuos radiactivos. Desde luego, nosotros
miraremos con interés lo que usted propone, aunque desde luego hay un
tema fundamental, que es el de la seguridad, que hay que tener en
consideración sí o sí.
En todo caso, nosotros consideramos que lo que necesitamos no son parches
a la política energética, sino una reforma en profundidad del modelo
energético, porque usted es muy hábil en venir y ofrecernos unos datos,
nos ofrece la comparativa entre enero de 2017 y enero de 2018, pero usted
sabe que a lo largo de 2017 el precio de la energía ha aumentado en un 10
%, lo cual supone 80 euros de media para los hogares españoles. Y, como
ha mostrado su propio cuadro, España es de los países de la Unión Europea
donde el precio de la energía, de la luz, es más caro. Esta subida de
precios continuada lo que hace es imposibilitar cada vez a más familias
afrontar el pago de la factura de la luz, y cuando se remiten a las
protecciones del bono social no dicen la verdad, puesto que los criterios
de renta restrictivos que en ellos han impuesto ustedes, en contra de lo
solicitado por la práctica totalidad de agentes y asociaciones que
conocen de primera mano la problemática, están generando más
vulnerabilidad y más pobreza energética, inclusive entre familias que
hasta hace años no tenían problema alguno para afrontar el pago de su
factura.
En fin, es necesario impulsar modificaciones legislativas en profundidad
para abordar un cambio del mercado energético para ir a un mercado
socialmente mucho más justo y ecológicamente mucho más responsable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Ballester Muñoz.
La señora BALLESTER MUÑOZ: Gràcies, president.
Señor ministro, buenas tardes. El proyecto Castor, aunque usted quiera
hablar del pasado, es un proyecto muy presente y se ha convertido en una
pesadilla -la pesadilla Castor- para mucha gente, para la ciudadanía de
la zona afectada, para el medio ambiente, para el turismo, para los
consumidores de energía y veo que cada día más para el Partido Popular y
para el propio Gobierno. Ha habido irregularidades en el proceso de
concesión, aumento de los costes del proyecto, un concurso hecho a medida
de la única empresa que se presentó y toda una serie de prácticas
contrarias a la normativa de contratación pública y a las directivas
europeas; un proceso lleno de sombras que -también hay que decirlo para
no olvidarlo- no afecta solo al Partido Popular sino también al Partido
Socialista.
Aparte de una pesadilla, Castor es ya sinónimo en este país de una forma
de gobernar que pone los recursos de todos al servicio de unos pocos, que
rescata a las grandes empresas, pagando siempre la ciudadanía. Castor es
también una muestra de un problema de fondo: es un modelo energético
insostenible. Este proyecto además fue un fracaso anunciado porque no se
tuvieron en cuenta las advertencias de los centros científicos y de la
sociedad civil sobre el riesgo sísmico. Vale la pena recordar esto porque
después hablaremos de responsabilidades. Se produjeron en muy poco tiempo
más de mil seísmos, que, según la empresa, en aquel momento no tenían
nada que ver con el almacén de gas. Hemos visto -usted lo ha dicho- que
sí tenían que ver y aquello paralizó el proyecto.
¿Qué hizo entonces el Gobierno? Aquí viene lo interesante. ¿Pedir
responsabilidades a la empresa promotora? ¿Buscar la forma de resarcir a
los ciudadanos y ciudadanas y a las poblaciones afectadas? ¿Buscar la
forma de revertir el daño ambiental provocado? No, señor ministro. No
solo no se han pedido responsabilidades a la empresa, sino que el
exministro Soria decidió indemnizarla con más de 1350 millones de euros.
¿Quién paga esos millones de euros? Ya lo sabemos: los pagamos entre
todos y todas. Los pagan gente que, aparte de tener que comer en platos
rotos, aparte de sufrir los terremotos, de tener ese monstruo enfrente de
sus casas ahora mismo, tiene que pagar esos platos, mientras que Escal
UGS y el señor Florentino Pérez se van de rositas y encima cobran una
indemnización. Pero no acaba aquí la historia y por eso la historia es
del presente.
El pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional, como usted ha
dicho, declaró nulos e inconstitucionales los artículos por los que se
pagó aquella indemnización y no ha dado usted respuesta a qué va a hacer
el Gobierno ante esta sentencia del Tribunal Constitucional. No se han
apresurado ustedes a cumplir esa sentencia del Tribunal Constitucional.
Decidieron que había que seguir pagando esos 96 millones entre todos y
todas. Hoy hemos sabido que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia ha suspendido este pago a las entidades financieras por los
derechos de cobro derivados de la indemnización. Es la gran pregunta que
tenía yo para hacerle: ¿por qué la CNMC cumple la sentencia del Tribunal
Constitucional y el Gobierno no se apresuró a cumplirla con la misma
prisa con la que le pagó la indemnización al señor Florentino Pérez?
Tratando este tema de esta forma, me ha recordado usted a Mariano Rajoy
esta última semana cuando dijo que no nos metamos en las diferencias
salariales entre hombres y mujeres. Parece que usted está echando balones
fuera y no está abordando el tema, pero estamos hablando del interés
público, y usted como ministro y su Gobierno tienen responsabilidades y
el deber y la obligación de proteger ese interés público. Creo que no lo
están haciendo.
Voy a formular las preguntas que tenía preparadas porque, aunque usted
cree que las ha respondido, yo creo que no, y le voy a dar otra
oportunidad. ¿Va el Gobierno a desmantelar con garantías el almacén de
gas y a poner en marcha un plan de restauración ambiental de la zona, tal
y como le ha pedido esta Comisión y la sociedad civil, o va a esperar a
que llegue el informe técnico y le va a correr prisa para resolver el
problema? ¿Cómo piensa el Gobierno resarcir a las poblaciones del Baix
Maestrat, en Castellón, y de las Terres de l'Ebre, en Tarragona? ¿Cómo va
a exigir la devolución de la indemnización a Escal UGS, que es en
definitiva por lo que le hemos invitado a venir hoy? ¿Qué pasa con la
sentencia del tribunal y cómo van a exigir responsabilidades y la
devolución íntegra de esa indemnización? Nos parece que ha llegado el
momento de abordar desde el presente el proyecto Castor y de que usted
explique -el
Gobierno a través de usted- cómo van a hacer para que no siga pagando los
platos rotos quien no los ha roto, mientras quien los rompió se sigue
enriqueciendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ballester Muñoz.
Por último, por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora
Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.
Señor Nadal, nosotros solicitamos su comparecencia porque estamos muy
preocupados por las últimas noticias que hemos estado viendo acerca del
almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana.
El día 10 de enero eldiario.es sacaba un artículo en el que se hacía eco
de un informe del IGME que a día de hoy no se ha hecho público. Este
informe fue solicitado por el Ministerio de Energía, del que usted es el
máximo responsable, y declaraba que Gas Natural ha rebajado el nivel de
riesgo en cuanto a las inundaciones de la zona afectada, que las
asignaciones de peligrosidades y el riesgo que se deriva de su
utilización e interpretación son cuando menos cuestionables, que Gas
Natural les atribuye en su informe peligrosidad por inundación baja o
media, lo que, a juicio de una revisión oficial, contradice los datos del
propio análisis y que toda literatura especializada califica como de alta
peligrosidad, que el estudio de la empresa estableció que el daño
potencial de las avenidas sobre las instalaciones sería bajo y que lo
lógico parece que sería incluir esta zona, la zona de las actuaciones,
como de alta peligrosidad.
También se puso en marcha un nuevo reglamento, el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que establece prohibiciones por motivos de seguridad
para las personas y los bienes para la creación de una serie de nuevas
instalaciones en zonas de flujo preferente que almacenen, transformen,
generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la
salud humana o el entorno, por ejemplo, el gas. El reglamento también
limita las nuevas edificaciones y añade que se deben evitar equipamientos
sensibles o infraestructuras esenciales en las zonas consideradas como
inundables. Pues bien, además de esto, hay un informe del Defensor del
Pueblo que se hace a instancias de Greenpeace -lo pide por su
preocupación por el riesgo sísmico- que declara -además, sabemos que las
zonas de las actuaciones se encuentran encima de dos placas tectónicas y,
por tanto, es zona de alto riesgo sísmico- que el entorno de Doñana no es
el más adecuado para estas instalaciones y que además debería hacerse una
declaración de impacto ambiental unificada que recoja los riesgos
acumulativos. Aun así, ustedes le han vuelto a dar 6,3 millones de euros
a Gas Natural por estas instalaciones, como hicieron ya el año pasado.
Este proyecto ha sido cuarteado, se ha dividido en cuatro subproyectos con
la clara connivencia de sus Gobiernos, el Gobierno del Partido Popular y
el del Partido Socialista. El proyecto de Gas Natural se ha cuarteado en
Saladillo, Marismas Oriental, Marismas Occidental y Aznalcázar. Los dos
primeros se encuentran dentro del parque natural y Marismas Occidental,
como bien dice usted, no está dentro del parque natural, sin embargo, se
encuentra en sus fronteras, a dos kilómetros del parque nacional, a
trescientos metros del parque natural y, además, por si fuese poco, en
zona LIC Donaña Norte y Oeste. ¿Le gustaría a usted tener un
almacenamiento de gas a trescientos metros de su casa? Pues en Doñana
tampoco lo quieren.
Dicho esto, y para no extenderme mucho, Doñana lleva secuestrada por las
puertas giratorias mucho tiempo. Le voy a dar dos nombres: Narcís Serra y
Felipe González. Este secuestro se da por el Partido Popular y por el
Partido Socialista, así para mirarlo con perspectiva. En 2002, Gobierno
del Partido Popular; presidente, José María Aznar: se aprueba la
planificación energética del Gobierno por la que se pueden transformar
los yacimientos agotados en almacenes subterráneos de gas. Septiembre de
2010, Gobierno del Partido Socialista; presidente, Zapatero: aprobación
de la declaración de impacto ambiental de Marismas Occidental. Noviembre
de 2010, Gobierno andaluz del Partido Socialista; presidente, Griñán:
aprobación de la autorización ambiental unificada. Noviembre 2011,
Gobierno del Partido Socialista; presidente, Zapatero: la Comisión
permanente del consejo de Doñana da el visto bueno al proyecto. ¿Quién
era el presidente? Felipe González. ¿Dónde estaba Felipe González en esos
momentos? En el consejo de administración de Gas Natural. Prada dijo el
otro día que eso era mentira. Pues bien, aquí tienen noticias y actas en
las que se dice que sí, que, efectivamente, Felipe González era el
presidente.
Hace muy poco tiempo registramos y debatimos una proposición no de ley
para pedir la paralización cautelar y una declaración de impacto
ambiental única, así como informes hidrológicos y sísmicos. Hoy no nos
quedamos ahí, después del informe del IGME no nos vamos a quedar ahí. Le
vamos a pedir, por favor, que hagan público ese informe del IGME que
tienen bien guardado y que, además, de acuerdo a
dicho informe y a la normativa vigente, hagan la paralización definitiva
de Marismas Occidental. Ustedes, señor Nadal, pidieron ese informe al
IGME; por tanto, usted conocía ese informe, conocía la peligrosidad alta,
conocía que Gas Natural no decía toda la verdad y, si usted lo sabía, lo
conocía también su Gobierno. Háganse responsables y dejen de convertir
Doñana en un almacén de gas y dejen vivir a Doñana.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco Carmona.
El Grupo Parlamentario Mixto ha pedido, por cuestiones de agenda,
adelantar su turno. Si el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo de
Esquerra y el Grupo Nacionalista Vasco no tienen ningún inconveniente,
les adelantamos el turno. (Asentimiento).
Por tanto, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto el
señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Agradezco a los grupos dicha cortesía ya que estamos en otras comisiones.
Asimismo, agradezco el ministro Nadal su comparecencia. Voy a compartir
el tiempo con mi compañera Marta.
Seré muy breve, señor ministro, esencialmente quiero hablar del tema
Castor. La verdad es que ya se lo ha dicho algún otro compañero, viene
aquí, se pone de perfil, nos pasa una transparencia con algunas frases de
la sentencia, nos dice que esto viene de muy atrás y, haciendo honor al
presidente del Gobierno, nos dice: A partir de ahora, va a haber mucha
litigiosidad, va a haber mucho lío entre privados y alguien lo aclarará.
Pero es que ustedes son el Gobierno y, además de que alguien lo aclarará,
estaría bien que nos dijera cuál va a ser la posición del Gobierno aparte
de mirarlo desde La Moncloa o desde el ministerio.
Esta noche, aunque tarde, voy a regresar a las Terres de l'Ebre y ayer me
decían: seguro que el ministro nos va a decir qué van a hacer, si van a
desmantelar el almacén, cuándo lo van a desmantelar, cómo lo van a
desmantelar; seguro que nos avanzará si piensan reclamar la indemnización
pagada; seguro que nos explicará cuáles eran las prisas para pagar en
treinta y cinco días 1350 millones declarados inconstitucionales -y esto
sí que lo hizo su Gobierno-; seguro que nos dirá qué solución piensa dar
el Gobierno a todas las reclamaciones que estamos haciendo los
particulares, los afectados, a través de los diferentes ayuntamientos, si
es que piensa dar alguna solución o esto también es mucho lío y alguien
lo aclarará. De hecho, lo único que nos ha contestado como primicia -lo
tomó así- es que se tuvo que actuar muy rápido porque la empresa, que
estaba en una situación financiera muy delicada, tenía mucha deuda, que
el gran tenedor de esta deuda era el BEI y que si no se pagaba a la
empresa y la empresa no pagaba al BEI, quedaba en una mala situación y
que, esencialmente, se actuó rápido para no hacer enfadar al BEI y que el
señor Florentino y que Escal pudiesen dormir tranquilos y que eso no
afectase a las finanzas de un Estado que estaba en una situación
económica y financiera delicada. En eso coincidimos. En todo caso,
también nos tendría que explicar, ya que esta sentencia va en contra del
procedimiento, por qué se utilizó este procedimiento. Ya nos hemos
acostumbrado. Ahora es una legislatura nueva, no tienen mayoría absoluta,
en la anterior sí la tenían, y podrían haber utilizado perfectamente el
trámite parlamentario ordinario en el que hubiésemos podido poner cada
uno nuestras enmiendas, hubiese habido un debate público -que se obvió-,
pero eso tampoco lo ha respondido. Me gustaría que pudiese respondernos a
toda esta serie de preguntas que se están quedando encima de la mesa y
que hoy no tienen respuesta.
Ahora me tengo que ausentar, por lo que pido disculpas, pero voy a seguir
sus respuestas a través del Diario de Sesiones para analizarlas. Me
consta que en estos momentos hay mucha gente en las Terres de l'Ebre y
también en el Baix Maestrat que están siguiendo esta comparecencia en
directo, por lo que sería bueno que usted les pudiera dirigir, como
máximo responsable, su palabra para decirles: no se preocupen, que el
Gobierno va a tomar unas medidas para los afectados o va a ser riguroso
en este aspecto. De los 1350 millones de euros de Escal, sería bueno que
alguien supiera qué va a pasar y quién los va a pagar finalmente.
Muchísimas gracias, presidente. Paso la palabra a mi compañera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel Accensi.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Sorlí
Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcias, senyor president.
Gracias, señor ministro, por la comparecencia. No puedo decir lo mismo por
las explicaciones sobre el Castor. Al igual que ha comentado mi compañero
Ferran Bel -yo soy del Baix Maestrat-, hoy, aunque
tarde, volveré a casa. La verdad es que tenía ganas de volver con alguna
respuesta, pero en pocos minutos usted se ha pulido la
inconstitucionalidad del pago de 1350 millones de euros, como si fueran
calderilla. La gente afectada por el Castor llevamos mucho tiempo
preguntándonos por qué se hizo este proyecto así, porque se desarrolló
este proyecto así, por qué se hicieron todas estas chapuzas, así que la
verdad es que nos gustaría saber cuál va a ser la posición del Gobierno,
más allá de que el Tribunal Constitucional haya dicho que es
inconstitucional, pero lo que queremos saber es por qué, por qué se pagó
tan rápido, por qué, qué se sacaba de todo esto. Tenemos claro qué sacaba
Florentino, pero los sucesivos Gobiernos qué interés tenían en pagarle
tan rápido a Florentino Pérez. Como decía, esto ha sido un chanchullo
desde el principio, una autorización que se dio sin prever accidentes
graves, en la que se omitió el informe de seguridad, no tenía planes de
emergencia interior, sin estudios de afecciones económicas, sin estudios
de impacto arqueológico, sin estudios de repercusiones en el subsuelo. Y
además de todo eso, más de trescientos terremotos que dice hoy que parece
que tenían que ver. ¡Claro que tenían que ver, si la plataforma estaba
construida encima de una falla! Pero es que eso lo sabíamos hasta los
vecinos y vecinas que no tenemos ni idea de geología, sabíamos que allí
había una falla y dijimos desde el minuto cero que existía riesgo
sísmico. Y en lugar de intentar evaluar eso para proteger el bienestar de
las personas que vivimos y queremos seguir viviendo en los pueblos del
Baix Maestrat y de Terres de l'Ebre, lo que se hace es elaborar un pliego
de condiciones en el que se asegura la indemnización incluso en caso de
abandono de la concesionaria o de negligencia. Es que es el pastel
completo.
En la construcción pasamos de 700 millones de euros a 1200, aquí no pasa
nada, y luego viene la indemnización de 1350 millones de euros que
pagamos rapidito, rapidito para que Florentino se pueda comprar los
langostinos para Navidad. Espero que al menos fueran de Vinaroz, por lo
menos habremos sacado algo. Detrás de todo esto está Gas Natural, que es
la que facilita el dinero, con los intereses esto sube a mucho más de
1300 millones de euros; total, un chanchullo detrás de otro y no
entendemos qué es lo que saca el Gobierno de todo esto. Ya le digo,
entiendo qué saca Florentino, entiendo qué saca la empresa Escal UGS y
ACS, pero no entiendo qué saca el Gobierno, que debería intentar proteger
a las personas y legislar para las personas y no para las grandes
empresas.
Nosotros desde aquí vamos a hacer una propuesta porque se ha intentado que
se pague directamente en la factura de la luz por las personas que
tenemos un contrato con la empresa Gas Natural, pero yo le propongo: ¿por
qué no lo paga quien ha hecho toda esta serie de despropósitos desde el
principio? ¿Por qué no depuramos responsabilidades? Veamos quién, tanto
con Gobiernos del PSOE como con Gobiernos del PP, tiene responsabilidad
en estas decisiones y que sean quienes tomaron las decisiones y dieron al
final una serie de autorizaciones en una plataforma Castor que todo el
mundo teníamos claro que era un auténtico despropósito, que sean estas
personas las que paguen por su negligencia y por el mal uso de su cargo
público. Así que, por nuestra parte, la propuesta es clara: no queremos
que pague la ciudadanía porque la ciudadanía no tiene culpa de lo que
hicieron una serie de políticos por favorecer en este caso a una gran
empresa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí Fresquet.
Recuperamos el turno normal y, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señor ministro,
compañeros.
En cuanto al tema a debatir sobre el caso Castor, sobre el almacén de gas,
hay que decir que estamos hablando de una indemnización, como ya han
dicho mis compañeros, de 1350 millones de euros. Hay una cosa que me
sonroja porque esto no es responsabilidad de un único partido pues el
proyecto lo hizo un Gobierno de otro color. Hay que compartir esas
responsabilidades porque ahora solo apuntamos hacia un partido y creo que
si se habla de depurar responsabilidades tendrían que repartirse también.
Lo que está claro es que el Tribunal Constitucional acordó declarar
institucionales o nulos los artículos del decreto de indemnización -ya he
dicho la cantidad-, y además establecía que no concurría una situación de
extraordinaria y urgente necesidad, con lo cual, no entiendo el porqué de
esa celeridad en cuanto al pago de esa indemnización; una indemnización
que, como dicen mis compañeros, están pagando los consumidores, ya que el
pago público millonario se ha traducido en una deuda del sistema gasista
que supera los 4700 millones de euros una vez sumados los intereses. Con
lo cual, al final, quienes están pagando son los ciudadanos. Y lo mismo
pasa con la factura de la luz, los distintos parches políticos, los
errores de la no planificación y los errores de la improvisación los
acaban pagando al final los más vulnerables.
Me gustaría preguntarle al Gobierno, en este caso al ministro, tras un mes
desde el conocimiento de dicha sentencia, qué medidas plantea el Gobierno
a la vista del resultado de la misma. Y también nos gustaría saber si
mantiene, como declaró el pasado mes de diciembre, que esta sentencia del
Tribunal Constitucional no concluye en ningún caso que hubiera habido un
pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que
hubiera bastado conque la decisión se hubiera aprobado mediante el
procedimiento legislativo que usted ha citado. Nosotros creemos que no,
creemos que la sentencia ha dicho directamente que no tenía que existir
esa celeridad y que es inconstitucional y nulo el pago de dicha
indemnización que, repito, está recayendo en los ciudadanos.
En el caso del almacén de gas de Doñana, hace seis meses, en una sesión
extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, se trató este tema, que
ya se debatió en el Parlamento andaluz y se volvió a traer al Congreso de
los Diputados, en aquel caso disfrazado al inicio como que iba a ser una
iniciativa sobre incendios, a tenor de los incendios que se habían
producido en aquel momento, y acabamos debatiendo sobre esto que ya se
había debatido en el Parlamento andaluz. Se llegó a una propuesta
transaccional común entre los partidos, se votó y salió adelante. ¿El
Gobierno ha tenido en cuenta eso que ha salido de las Cortes, eso que ha
salió de la Comisión? Porque si no nos encontraremos en un debate
circular en el cual proponemos, no se hace, volvemos a proponer, no se
hace y no avanzaremos en ningún caso. Me gustaría saber si existe una
coordinación del Gobierno con la Junta de Andalucía y por una vez me
alegra que haya dicho usted que tiene distintos estudios; nos gustaría
que nos facilitara esos estudios y que incluyera los criterios
medioambientales. Me ha alegrado que haya dicho que hay una zona que no
sabe y se ha alertado porque puede haber una incidencia perjudicial para
el medio ambiente. No habíamos escuchado esto de su boca desde hace mucho
tiempo.
Vamos al precio de la luz. Usted ha venido exponiendo muchísimos datos,
esta vez nos ha traído el mapa con los datos de gas no de electricidad,
porque la otra vez lo criticamos. Me refiero el mapa en el cual están
dibujados los precios, lo que habíamos hablado. Nosotros desde el
principio hemos hablado de una auditoría, y con usted además lo acordamos
en el acuerdo de investidura, una auditoría de costes. Algunos de sus
compañeros han traído grandes tochos diciendo que son la auditoría, pero
si no fuese necesaria una auditoría no lo habríamos acordado, entiendo
yo; no creo que usted sea fan de acordar cosas que están hechas o que
considera que no son necesarias.
Ha hablado todo el tiempo de la dependencia de España y me preocupa
enormemente porque creo que en el ministerio sigue sin verse el potencial
que puede tener a nivel geoestratégico la posición de España. Solo se
habla de interconexiones con el norte de Europa, hay que hablar también
de interconexiones con el norte de África. España podría representar una
posición intermedia que utilizara sus relaciones diplomáticas para ser
una alternativa hacia el consumo de gas de Rusia, por ejemplo. Con lo
cual, en términos de geoestrategia, podríamos empezar a considerar España
como un punto clave en lugar de como una isla, si es que hablamos de
interconexiones internacionales. ¿Cree usted que vamos a llegar a los
objetivos que marca la Unión Europea en materia de interconexiones?
Cuando hablamos de los precios y nos enseña todas esas gráficas, no
incluimos el precio final de la factura en el cual están todos esos
errores políticos (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital, Nadal Belda: Sí), porque no solo va el coste de generación, van
todos los errores políticos. Por ejemplo, errores como el del caso Castor
y esa indemnización millonaria, o también cuando usted nos habla de su
modelo y de las bondades del carbón, habría que decir que también estamos
pagando ayudas al carbón en nuestra factura de la luz. (El señor ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda: No). Han incurrido en
ese déficit de tarifa que seguimos pagando en la factura. Ayer el Partido
Popular y Partido Socialista vetaron una comisión de investigación sobre
los fondos destinados a la minería para saber si han sido eficientes, si
se han invertido donde debían y si han sido útiles. Nos gustaría saber
por qué el Partido Popular y el Partido Socialista se niegan a que haya
transparencia en este tema, sobre todo porque como se ha incluido parte
en el déficit de tarifa y lo estamos pagando todos, estaría bien hablar
sobre el precio de la luz.
Ha hablado sobre las nucleares y me gustaría hacerle una pregunta porque
al final hablamos de residuos: ¿cuánto nos están costando los residuos?
¿Cuánto nos están costando a día de hoy los parches en materia de
almacenamiento de residuos sin tener al final ese ATC? ¿Cuánto nos ha
costado hasta el momento esto y cuánto está estimado que nos va a costar?
Es decir, los errores que se han cometido, que no se hayan cumplido los
plazos y que al final hayamos tenido que construir ATI, por ejemplo, y
hayamos
tenido que comprar distintos contenedores que no estaban previstos. ¿Cuál
es el sobrecoste por los errores políticos y por la falta de
planificación a que nos están llevando los residuos nucleares? Me
gustaría saberlo porque al final también se cargará, por supuesto, en la
factura de la luz.
Hablaba de extrapeninsulares. Todos sabemos que, en general, en las
extrapeninsulares cuesta más caro, incluso llega a costar hasta cuatro
veces más. ¿Existe coordinación del ministerio con el Gobierno de
Canarias para que Canarias opte a un modelo energético menos costoso, es
decir, que mire hacia las energías renovables? Lo digo porque el Gobierno
tiene parte de culpa en cuanto a la legislación, pero el Gobierno de
Canarias tiene gran parte de culpa en el bloqueo de todo lo que se ha
hecho sistemáticamente. Me gustaría saber si el ministerio está poniendo
especial atención en este tema y si está intercediendo, porque aunque
haya un Gobierno que no apueste por una reducción de costes o por un
modelo sostenible, el ministerio sí quiere, ya que como no hablamos de
energías renovables sino de reducción de costes, entiendo que es más
asumible y más digerible por parte del ministerio y que pondrá mucha más
intención. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando
para interceder con el Gobierno de Canarias? Hemos hablado de que habrá
una subasta, en concreto en Canarias -esperamos que pronto-, ¿pero usted
cree que esto va a ser efectivo o va a acabar en los tribunales, como
todas las que ha habido en Canarias?
Hablábamos de criterios medioambientales y también de las distintas trabas
que están poniendo algunos Gobiernos autonómicos, en este caso el de
Canarias, pero ayer, en la ponencia de la ministra de Medio Ambiente,
vimos que su discurso no tiene nada que ver con el discurso del
ministerio. Sus declaraciones sobre la ley de transición energética o
sobre los objetivos de cambio climático distan mucho de las declaraciones
que usted ha hecho, como, por ejemplo, la de que España no para pagar un
céntimo más que otro país para cumplir objetivos medioambientales o su
declaración sobre que las medidas sobre cambio climático solamente
llegarán en la medida en que avancen las interconexiones. ¿Quiere decir
que si las interconexiones van a una velocidad A, aunque el planeta y el
cambio climático vayan a una velocidad D, España no puede trabajar a la
velocidad D y tiene que resignarse a trabajar a la velocidad A? Lo
planteo.
También hablamos de las distintas posiciones que existen en el Gobierno.
¿Qué tales son las relaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Ministerio de Energía? Lo pregunto porque a lo mejor en lo personal son
buenas pero es que los discursos son tan diferentes que nos descolocan.
Los que vamos a ambas Comisiones, a la del Cambio Climático y a la de
Energía, no sabemos realmente cuál es la posición del Gobierno, no
tenemos ni idea, porque en función de quiénes hablen nos cuentan una
historia o nos cuentan otra. ¿Está comprometido el Gobierno de España en
la lucha contra el cambio climático, en la reducción del precio de la
factura de la luz, en tener un modelo más eficiente? ¿Está comprometido
el ministerio, en este caso el de Energía, en que salga adelante la ley
de transición energética? ¿Cuándo va a estar publicado el borrador? Ayer
preguntamos también a la ministra cuándo va a estar ese borrador, cuándo
se prevé que estará la ley, porque hemos hablado con las personas
designadas para trabajar en el grupo de expertos, no solo con el experto
que hemos designado nosotros sino también con los designados por otros
partidos, y nos dicen que no se está imponiendo mucha velocidad por la
mayoría de los expertos citados por el Gobierno; es decir, que se lo
están tomando con calma. Si creamos la comisión de expertos y un comité
interministerial para que esta ley salga ya porque la necesita el país y
la necesitamos todos, ¿por qué se va a distintas velocidades? ¿Hay
compromiso o no hay compromiso? Nos gustaría saber por qué no se están
poniendo tantos datos sobre la mesa como se tendrían que poner en ese
comité de expertos.
Usted hoy aquí nos ha hablado de su mix energético, de cuál es su
objetivo, de la importancia que tiene el carbón para usted. Nosotros ya
hemos manifestado que ahí vamos a seguir los objetivos europeos. ¿Cree
usted que su propuesta de mix tiene algo que ver con los objetivos
medioambientales que establece la Unión Europea? Nosotros creemos que su
propuesta dista absolutamente de la de la Unión Europea, que son
realidades totalmente paralelas.
Hay una cosa importante. Nosotros en la Comisión del Congreso hemos
presentado -lo hemos hablado con anterioridad- medidas en materia de
eficiencia, medidas en materia de auditoría de factura de la luz y
auditoría del sistema eléctrico, distintas medidas para fomentar las
energías renovables, distintas medidas para reducir los costes de
generación del sistema o eliminar de cargas y trabas la factura de la
luz. ¿De qué sirve que nosotros trabajemos en la Comisión, que lleguemos
a acuerdos, que hagamos transaccionales, se voten y se aprueben? Le
pregunto directamente: ¿sirve para algo el trabajo que estamos haciendo
en la Comisión, señor ministro? Lo digo porque lo que votamos aquí no
tiene nada
que ver con lo que hace el Gobierno. No sé si el Gobierno quiere imponer
su posición y pasar de la Comisión. Que nos lo diga directamente y nos
ahorraremos un montón de debates, a los que damos vueltas todo el día.
Díganos si tienen en cuenta lo que se debate y lo que se aprueba en la
Comisión. El comisario europeo Arias Cañete sí lo tiene en cuenta, porque
dijo que iba a trabajar con la moción que se había votado entre todos. Si
en Europa utilizan lo que aquí se vota y nuestro Gobierno no lo utiliza,
díganos si sirve de algo el trabajo que hacemos cada día. Todos estamos
en muchas Comisiones y nos gustaría economizar en tiempo y en recursos.
Si no nos va a escuchar, podemos hablar en la prensa, podemos hablar
aquí, pero díganos si sirve de algo nuestro trabajo, señor ministro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes. Gracias, presidente.
Por enésima vez, como diputado de la demarcación de Tarragona, vuelvo a
incidir sobre el caso Castor y, por enésima vez, nos marchamos con
algunas preguntas y ninguna respuesta. Estas plataformas de almacenaje de
gas tuvieron que ser clausuradas a los pocos días de ponerse en marcha
porque provocaban terremotos en la comarcas de Terres de l'Ebre, Baix
Maestrat y Camp de Tarragona, alguno llegando a una intensidad de 4,6 en
la escala Richter, actividad sísmica grave por sí misma pero agravada por
tener cerca una zona donde se encuentran ni más ni menos que tres
centrales nucleares.
El Castor es uno de los mayores escándalos técnicos, políticos y
económicos de las últimas décadas en el Reino de España, y ha habido unos
cuantos. El Castor es una muestra más de los famosos negocios del palco
del Bernabéu, ese palco donde se pueden encontrar en un mismo día de
partido, sentado uno al lado de otro, el gran empresario, el que no
arriesga nunca nada y siempre gana, Florentino Pérez, el ministro Méndez
de Vigo -esto en un día normal-, el ministro de Justicia, Rafael Catalá,
el expresidente Aznar y su hijo, el señor Margallo, José Luis Cebrián y
el Grupo Prisa, José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, Antonio
Asensio, presidente del Grupo Zeta, Luis María Ansón, presidente del
diario monárquico ABC, Íñigo Meirás, director general de Ferrovial,
Rodrigo Echenique, presidente de IAG, Ignacio López, consejero de
Iberdrola y marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal,
Manuel Manrique, presidente de Sacyr, Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal
general del Estado, etcétera. El palco del Bernabéu es el palco de
negocios hechos a golpe de Boletín Oficial del Estado -no sé si algún día
también va a ir usted, si es aficionado al fútbol, claro- (El señor
ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda, hace gestos
negativos.-Risas), y de la gran connivencia existente entre el poder
político, el poder económico, el poder mediático y el Poder Judicial que
se dan en el Reino de España. Me parece que es innegable. El proyecto
Castor es un ejemplo de esa política económica tramposa, de puertas
giratorias y de amiguetes, un proyecto impulsado y mantenido por los
Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular y
que fue capitaneado por el empresario, amigo y gran beneficiado
Florentino Pérez, el anfitrión de los oligarcas del Bernabéu. Esquerra
exige una vez más que se impulsen en sede parlamentaria actuaciones para
que esto no se pueda dar, para determinar e investigar las
responsabilidades políticas, técnicas y económicas de aquellos que
autorizaron, tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del
Castor.
La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre, sobre
la que usted ha pasado de puntillas, nos retorna a la situación anterior
a la aprobación del Real Decreto-ley 13/2014 y, por tanto, debería
anularse la indemnización de 1350 millones de euros pagada por el
Gobierno a las empresas promotoras del Castor y su repercusión en las
facturas de los consumidores de gas durante treinta años. Cabe recordar
que los consumidores ya están pagando anualmente a Enagás Transporte 80,7
millones por el crédito de la indemnización y también 15,7 millones por
el mantenimiento de la planta hibernada. Se prevé, por tanto, que el
coste final del fracasado proyecto Castor supere los 4700 millones de
euros. Poca broma. A lo escandaloso del proyecto en sí, la sentencia del
Tribunal Constitucional determina que ni era pertinente ni tampoco
necesario pagar la indemnización de 1350 millones de euros una sola vez y
en un plazo de treinta y cinco días hábiles. Era evidente que el real
decreto-ley aprobado por el Gobierno del Partido Popular era una medida
que solo respondía al interés, la urgencia y las necesidades, una vez
más, de Florentino Pérez, un real decreto que suponía un fraude a los
ciudadanos, porque les obligaba a pagar, con una sobrecarga en su recibo
de gas, un fracaso provocado por diferentes dirigentes políticos, no por
los consumidores, y en connivencia con la empresa privada, a los que
nunca se les ha querido exigir ninguna responsabilidad. Ahora que el
Tribunal Constitucional ha declarado nula la indemnización
-dijimos hace un año y medio que esto era así- y que hoy mismo la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia ha suspendido el pago de las
entidades financieras al Banco de Santander, CaixaBank y Bankia por los
derechos de cobro derivados de la indemnización por el cese de la
actividad del almacén de gas proyecto Castor, no podrán o no tendrían que
poder cobrar los 1450 millones de euros reconocidos por el Gobierno por
la infraestructura inútil de Castor, después de que su actividad fuera
paralizada por la generación de decenas de seísmos en la zona.
Por todo ello, exigimos al Gobierno que devuelva a los consumidores de gas
los pagos efectuados con su recibo del gas, y le preguntamos
concretamente, a ver si hoy nos responde: ¿qué acciones realiza el
Gobierno para defender a los consumidores y resarcirlos del pago injusto
a que han sido sometidos? ¿Qué efectos y consecuencias comportará esta
sentencia para el erario público? ¿Quién asumirá las responsabilidades?
¿Puede informar de los costes detallados que se están repercutiendo sobre
la factura de los consumidores de gas y qué informes avalan la ejecución
de este pago? ¿Cuándo y cómo piensan devolver el dinero a los
consumidores de gas que injustamente están pagando con su recibo la
factura del fracasado Castor? Los consumidores también pagan en su recibo
a Enagás Transporte los 15,7 millones del mantenimiento de las
instalaciones hibernadas, hecho que exige respuestas por parte de su
ministerio que esperemos hoy nos dé. ¿Por qué demora el Gobierno el
sellado de los pozos de gas y Castor y el desmantelamiento de sus
instalaciones? ¿Para qué mantiene hibernadas unas instalaciones que nunca
más se van a poner en funcionamiento? ¿Tiene el Gobierno un estudio sobre
el coste económico del sellado y desmantelamiento de todas las
instalaciones del Castor? ¿Qué calendario de sellado y desmantelamiento
de las instalaciones prevé el Gobierno? ¿Cuántos años de mantenimiento de
la instalación tiene previsto otorgar el Gobierno mediante contrato a
Enagás Transporte? ¿Durante cuántos años más estarán obligados los
consumidores a abonar a Enagás el coste de la hibernación? ¿Tiene algún
interés el Gobierno en demorar el sellado de los pozos y desmantelamiento
de Castor para así beneficiar a Enagás?
Señor ministro, ante la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno
del Partido Popular está obligado a hacer aquello que se negaron a hacer
durante la aprobación del real decreto-ley, es decir, tramitar la
aprobación de la indemnización del Castor mediante un proyecto de ley
sometiéndolo al debate del Congreso. ¿Van a convocar dicho debate? La
opacidad ha sido la principal característica de Castor, un proyecto
inacabado, repleto de irregularidades técnicas, económicas,
administrativas y políticas, una obra que no llegó a estar operativa y
sobre la que los diferentes Gobiernos del Partido Popular y el Partido
Socialista Obrero Español no han querido asumir ninguna responsabilidad
ni facilitar los mecanismos necesarios para su investigación. Desde
Esquerra Republicana volvemos a pedir que sean los responsables del
fracaso de Castor quienes paguen los costes y no la ciudadanía. Por
último, y por tercera vez, exigimos que de una vez por todas se impulse
una comisión de investigación parlamentaria para dirimir
responsabilidades. Al fin y al cabo, con 4500 millones de euros me parece
que vale la pena investigar. Por mucho menos se han hecho otras
comisiones de investigación.
Voy a estar un rato más pero tengo que asistir a otras comisiones y, como
somos solo nueve diputados, igual no puedo quedarme, pero seguiré
atentamente las respuestas a nuestras preguntas.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Le correspondía ahora el turno al Grupo Nacionalista Vasco, el problema es
que se ha tenido que ausentar la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, a
pesar de la generosidad de la que ha hecho gala adelantando el turno al
Grupo Parlamentario Mixto.
En último lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.
Está ocurriendo con demasiada asiduidad que en la Comisión de Energía,
cuando pedimos una comparecencia, no escuchamos al compareciente y
venimos con un texto preparado que leemos o mencionamos exactamente igual
haya dicho lo que haya dicho el compareciente. Creo que eso no es lo
correcto.
Voy a empezar con Castor. Me parece que cuando hablamos de Castor hay que
empezar a asumir las responsabilidades, no las individuales solamente -no
me estoy refiriendo solo al Partido Socialista Obrero Español-, sino las
responsabilidades compartidas, porque en todo el procedimiento del
almacenamiento subterráneo Castor el Partido Socialista en esta casa, el
Congreso de los Diputados, se encontraba en minoría parlamentaria. Por
tanto, hay grupos parlamentarios que hoy han denunciado al Gobierno
atribuyéndonos una responsabilidad que en ningún caso -como demostraré-
tenemos y participaron, apoyaron, ayudaron o coadyuvaron a ese Gobierno a
aprobar las medidas que ahora se denuncian. Aquí hay una responsabilidad
compartida, incluso yo diría negligencia compartida por parte de aquellas
formaciones políticas que dicen una cosa aquí pero cuando el Partido
Socialista estaba en minoría y el señor Zapatero necesitaba su apoyo no
denunciaron esto. Por cierto, el señor Rodríguez Zapatero, en esta
materia, ha asumido su responsabilidad y ha pedido perdón. A ver si
aquellos que acompañan con el carnet de partido al señor Rodríguez
Zapatero se apuntan a ese brote de sentido común.
El informe de impacto ambiental que se solicitó para el almacén
subterráneo de Castor no contó con la necesaria solicitud de un informe
del Instituto Geológico y Minero, y nosotros sí lo hemos hecho, porque
modificamos en 2013 la Ley de Evaluación Ambiental y se exige que ahora,
en las declaraciones de impacto ambiental, ese informe sea preceptivo.
Hubo un decreto de una secretaría de Estado que aprobó la declaración de
impacto ambiental sin tener en cuenta esas fallas y esas problemáticas
relacionadas con la sismicidad a la que antes se hacía mención. Con
posterioridad tenemos el Real Decreto 855/2008, y hago referencia al
artículo 14, que dice que, aunque existiese dolo o negligencia, la
compensación del valor residual hay que pagarla. Ese decreto está firmado
por un presidente del Gobierno y por un ministro socialista, con un arco
parlamentario en que el Partido Socialista estaba en minoría y contó en
diversas oportunidades con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya,
de Compromís y, en su momento, de Convergència i Unió. (Rumores.-El señor
Salvador i Duch se da palmaditas en la cara con la mano). Digo esto
porque la responsabilidad es compartida. Se nos critica...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor MARISCAL ANAYA: Lo que he dicho es un dato, no es una opinión. La
opinión todavía no la he dado. (Risas). Ocurre lo siguiente. El Gobierno,
cuando se encuentra este artículo, que yo considero que violenta el
interés general -y el Gobierno exactamente igual-, inicia un
procedimiento de lesividad y el Supremo dice que no, que hay que pagar.
Lo ha dicho muy bien el ministro: ¿no pagamos al Banco Europeo de
Inversiones? Yo ruego a sus señorías que recorran sus provincias a ver en
cuántos proyectos de infraestructuras de sus provincias está colaborando
de una u otra manera el Banco Europeo de Inversiones y si consideran aún
que no era positivo pagarle al Banco Europeo de Inversiones ese aporte
dinerario. Por tanto, lesividad, sentencia del Supremo, y ahora tenemos
una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que dice es que el
mecanismo para aprobar el pago no es el correcto. Por tanto, el sistema
gasista a día de hoy no tiene que pagar esta inversión. Hay que escuchar
lo que ha dicho el ministro, que incluso lo ha leído y ha puesto en la
pantalla el trozo de la sentencia. El sistema gasista, a día de hoy, no
tiene que pagar esta inversión, según lo que dice la sentencia del
Tribunal Constitucional. Creo que eso es importante.
Es importante también recordar que, a pesar de que el Supremo no vio
lesividad en este procedimiento, redujimos los intereses del 8 % al 4 % y
se trasladó de veinte a treinta años el pago. ¿Eso no es positivo? ¿Eso
no es la búsqueda, como decía anteriormente, de evitar en la medida de lo
posible el sobrecoste que podía suponer a los españoles? Por tanto,
cuando venimos aquí a buscar votos yo lo entiendo, fenomenal, pero el
señor Ximo Puig estaba sentado aquí, en el Congreso de los Diputados, y
no denunció esto. (El señor Rallo Lombarte: Lo recurrió).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, respeten el turno de palabra y
dejen que el señor Mariscal Anaya se exprese. Habrá un turno de réplica.
(La señora Lucio Carrasco: Pero no de réplica al portavoz del Partido
Popular, de réplica al ministro).
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente, por su apoyo. Estaba sentado
en esta casa y también había sentado un representante de Compromís.
Tampoco le escuché entonces denunciar una declaración de impacto
ambiental que no aludía al necesario informe de sismicidad ni tampoco un
real decreto que es claramente lesivo al interés general, a juicio de
este diputado y por supuesto del partido político y del Gobierno al que
apoyamos. Por tanto, señores, responsabilidades compartidas, seriedad,
rigor, e intentemos evitar trasladar una responsabilidad a un partido
político que lo que ha hecho ha sido cumplir dos sentencias. Me parece
que eso es importante.
El representante de Esquerra Republicana ha hecho mención a que no es
necesario el pago de hibernación. ¿No es importante mantener la seguridad
de la instalación? ¿La dejamos al libre albedrío? Hay otros vehículos,
otras formas, otros debates en los que buscar el apoyo político o el
apoyo ciudadano
para buscar más votos. Yo creo que hay temas de enjundia diferente y no
tan grave como el que nos compete en este caso, que está fundamentalmente
relacionado con la seguridad.
Con respecto a marismas occidentales, hemos escuchado a la portavoz del
Partido Socialista y de la Junta de Andalucía en esta Comisión plantear
que la Junta de Andalucía se ha equivocado. (Rumores). Digo que es
portavoz de la Junta de Andalucía porque es el sentido que yo encontraba.
Ha planteado que la Junta de Andalucía se ha equivocado con la
declaración de impacto ambiental favorable. Pues que la revoque. Lo que
ha hecho el ministro, buscando y pretendiendo aumentar el nivel de
seguridad en esta instalación, ha sido pedir dos informes al Instituto
Geológico y Minero. ¿También nos parece mal eso? Está paralizado este
proceso hasta que conozcamos si medioambientalmente se puede o no
desarrollar esa actividad. En cualquier caso, yo le recomiendo a la
portavoz del Grupo Socialista que la autoenmienda tampoco es mala de vez
en cuanto. Si quieren hacerlo, nosotros aplaudiremos cualquier tipo de
autoenmienda.
El ministro ha venido con una serie de propuestas para la rebaja de la
factura eléctrica, sobre las que he escuchado poco interés por parte de
los grupos parlamentarios, si me permiten, compañeros de Comisión, poca
respuesta a la enorme lista de propuestas que se han realizado por parte
del ministro tanto para la rebaja de la factura eléctrica como de la
factura gasista. Creo que es importante que en el turno de réplica digan,
insisto, si están de acuerdo o no con las medidas que ha propuesto el
ministro.
Se ha repetido en muchas ocasiones que el 60 % de la factura eléctrica, lo
que se denominan peajes, está sobrecargado de erróneas y malas políticas
energéticas que -qué vamos a hacerle- no han sido fruto de políticas
desarrolladas por el Partido Popular. Es así. Somos el único país que ha
tenido un déficit eléctrico de 25 000 millones de euros. Eso ha sido
debido fundamentalmente a errores graves que hacen que año a año tengamos
una mochila de 10 000 millones de euros a los que hay que hacer frente a
través de la factura eléctrica. ¿Qué hace el Gobierno? Intentar reducir
esa mochila. ¿Cómo? Por ejemplo, solamente entre 2013 y 2017 se han
reducido, año a año, los costes regulados relacionados con transporte y
distribución en 4300 millones. Y eso no ha sido fruto de que al Gobierno
se le ocurriera una mañana, sino de un trabajo riguroso y exhaustivo por
parte de los funcionarios para saber qué infraestructuras estaban
recibiendo más de lo que debían. Es lo que ha planteado hoy, ajustar los
costes; no sé cuál es la opinión del resto de grupos parlamentarios.
Cuando pedimos la comparecencia efectivamente el precio de la energía
eléctrica ese mes estaba elevado; cuando el ministro viene hoy aquí y nos
dice que la factura eléctrica en 2018 es 11 euros más barata que la de
enero de 2017, de esto no es responsable el Gobierno, solo es responsable
cuando vienen mal dadas. Cuando vienen bien dadas, a otro tema, hablamos
de otras cosas. Claro que el Gobierno no es el único responsable de la
rebaja de la factura eléctrica, pero el trabajo que se ha desarrollado
para reducir los costes regulados ayuda, y mucho, a esto: la instauración
del mercado ibérico del gas; la subasta de renovables, 8000 megavatios
que por primera vez en la historia van a entrar sin ayuda. ¿Eso no nos
parece bien? ¿No nos parece bien que la incorporación de energía
eléctrica de renovables al sistema vaya a producir una rebaja en la
factura? Yo creo que es importante. Decía el señor López de Uralde que
está en contra de las subastas. ¿Vamos al sistema anterior? (El señor
López de Uralde Garmendia: Yo no he dicho eso. No me interpretes, no he
dicho eso). Bueno, ha dicho que tiene discrepancias con el sistema de
subasta actual. ¿Vamos al sistema anterior? ¿Nos parece que un sistema
que proporciona 8000 megavatios en una subasta de libre concurrencia, sin
ayudas, está mal? Yo creo que no es así. Por tanto, tanto la reforma como
el mercado ibérico del gas como la subasta están consiguiendo la
estabilización de precios y una sostenibilidad del sistema energético a
nivel financiero y técnico.
Hay un nuevo escenario, hay nuevas oportunidades. Me parece que el
ministro lo ha dicho hoy, también lo dijo ayer la ministra de Medio
Ambiente y lo llevamos diciendo por este grupo parlamentario desde hace
mucho tiempo, las interconexiones. Si queremos que exista un mercado
competitivo a nivel europeo y una convergencia de precios que permita a
nuestra industria competir en igualdad de oportunidades hay que
incrementarlas. Hemos conocido esta semana ese apoyo por parte de la
Unión Europea de más de 570 millones de euros a esa interconexión a
través del golfo de Vizcaya. Nos van a llevar casi un 5 % de
interconexiones muy lejos del objetivo 2020 que era el 10 %. Yo les pido
a sus señorías que sus compañeros en el Parlamento Europeo sigan forzando
a las instituciones europeas a colaborar en algo que va a redundar no
solamente en una rebaja de precios, sino también en una mayor estabilidad
y fundamentalmente en una mayor incorporación de energía renovable en el
sistema eléctrico español. Creo sinceramente que este Gobierno se ha
tomado muy en serio, como demuestran estas
propuestas que se hacen, la rebaja del precio, tanto de la factura del gas
como de la factura eléctrica, e intentar combinarlo con una reducción de
emisiones que haga que podamos cumplir con esos objetivos de emisiones.
Preguntaba cómo estamos en emisiones. En el año 2016 ha habido una
reducción de emisiones del 3,3 % con respecto a 2015. Ese es un buen
resultado. En cuanto a financiación climática ha habido 595 millones en
2016. Se están haciendo cosas, lo que hace falta es colaborar.
Esta Comisión sí tiene sentido, señora Rodríguez; le voy a poner un
ejemplo. Y termino ya. Es tal la insistencia, el impulso, la vocación que
ha tenido esta Comisión por la rebaja de la factura eléctrica y del gas
que el Gobierno ha presentado una solución; ahora hay que colaborar con
el Gobierno si nos interesa o no esa solución. Segundo ejemplo, esta
Comisión aprobó mediante una proposición no de ley, a propuesta del
Partido Socialista, la creación de un grupo de expertos para analizar la
Estrategia Española de Energía y Clima. Puedo dar ejemplos aquí, pero el
presidente me está mirando y no puedo continuar.
Por acabar diré que muchas veces en el debate energético y eléctrico
seguimos sin comprender que es un sistema N-1, es decir, hay que
garantizar que en todo momento, veinticuatro horas al día, siete días a
la semana haya acceso al suministro eléctrico. Esto obliga a que, más
allá de las filias y las fobias tecnológicas que tengamos, tenemos que
garantizar una tecnología de respaldo que permita el acceso a ese bien
que garantiza la competitividad de nuestra economía y el bienestar de las
familias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal Anaya.
Para dar respuesta a sus señorías, a quienes anuncio que después tendremos
un turno de réplica dadas las cuestiones planteadas, tiene la palabra el
señor ministro.
El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda):
Gracias, señor presidente.
Creo que ha habido en algunos casos elementos coincidentes. Intentaré
resumir, pero ya saben que a mí me gusta responder portavoz por portavoz,
porque aparte de la cortesía parlamentaria me permite ordenar el debate.
Respecto a Castor ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, incluso
algún otro portavoz. Nosotros nos encontramos en el Gobierno en 2011 con
el tema ya hecho: con el proyecto iniciado; las declaraciones de impacto
ambiental aprobadas; con un proyecto inicial de 700 millones que luego se
permitió que subiese a 1200, que es en lo que al final consistió; con una
construcción y pago del mismo. Aquí se ha hablado mucho de la empresa
ACS; ACS cobró cuando construyó y se quedó con una cantidad muy pequeña
del capital de la explotadora, pero como constructora -que era el
principal negocio de esa compañía- cobró, y cobró en la época de las
legislaturas socialistas. El proyecto ahí estaba, y cuando se va a poner
en marcha, que es lo que ya nos tocó a nosotros -el proyecto construido,
aprobado, con toda la normativa de entonces puesta en marcha-, dado el
enorme coste que suponía para el sector energético -estoy hablando de 280
millones de euros al año para el conjunto de los consumidores- porque
piensen que el conjunto del sistema gasista es unos 3000 millones de
euros, por tanto metía casi un 10 % de sobrecoste al sistema, nos
encontramos con la situación, y lo primero que hacemos como Gobierno de
entonces es pedirle al Tribunal Supremo que nos deje no pagar esto, que
declare la lesividad. Es decir, que la Administración vaya contra sus
propios actos, que el Tribunal Supremo diga que las cláusulas que se
firmaron en el contrato y alguna cuestión más eran abusivas, dañaban el
interés general, y que por tanto la Administración pudiera
autoenmendarse, porque evidentemente la Administración hereda las
decisiones políticas de los Gobiernos anteriores. Pedimos la capacidad de
autoenmendarnos como Administración, evidentemente con una dirección
política diferente, y no nos lo permitió. A las múltiples preguntas de
por qué se hizo esto: porque no tuvimos una sentencia favorable en la
lesividad. Eso es lo más importante de todo, no se nos permitió hacer
esto, que es decir: no se incluya este gasto dentro del conjunto de los
costes regulados del sistema y que se tenga que repercutir a los
consumidores.
Este Gobierno cumple las sentencias; es bueno que todo el mundo piense que
es bueno cumplir las sentencias, creo que en esto estamos todos de
acuerdo, las sentencias las tenemos que cumplir. A partir de entonces,
dado que tenemos que cumplir una sentencia y este coste tiene que estar
dentro del sistema, lo que hicimos fue minimizar el daño, hacer control
de daños, hacer que en lugar de 280 millones de euros todos los años
pasasen a ser 91 con una negociación financiera. ¿Qué problema había? Que
si no se hacía el pago pronto entraba en fallido, entraba en quiebra la
entidad, porque la entidad solo tenía un poquito de capital y un montón
de deuda, la mayor parte de ella en manos del Banco Europeo de
Inversiones, pero también de fondos de inversión que al mismo tiempo
estaban comprando deuda pública.
¿Qué querían? ¿Un default? ¿Un default del sistema gasístico español y un
default frente al Banco Europeo de Inversiones y grandes fondos que
habían financiado la infraestructura, teniendo además que cumplir una
sentencia? Es decir, en plena crisis de la deuda, en plena crisis del
euro, España hace un default de 1300 millones de euros en una
infraestructura que estaba considerada como segura. Era uno de los cinco
proyectos europeos llamados The Project Bonds, un experimento financiero
que en aquel momento hizo el BEI, que luego de otra manera ha venido a
ser heredero de esto el Plan Juncker. Todos los ojos de Europa puestos en
este proyecto, una sentencia del Tribunal Supremo que no nos permite
sacar esto de dentro del sistema, ¿y qué hace el Gobierno de entonces?
¿Una irresponsabilidad? Pregunto, porque creo que aquí se nos está
pidiendo que el Gobierno de entonces hubiese hecho una irresponsabilidad
-lo digo con sinceridad-, que es provocar un default, provocar un fallido
de una institución española importante, y generar un problema enorme de
reputación de la deuda española. Yo creo que eso es lo que se nos está
pidiendo aquí: ¿Y por qué no lo hicimos entonces? ¿Y de dónde viene la
celeridad? ¿Y por qué se hizo en treinta y cinco días? Les estoy dando la
explicación; les puede no valer, pero es la que había y les digo que esto
es rigurosamente cierto así, una enorme preocupación de qué vamos a hacer
cuando el Tribunal Supremo no nos ha dejado hacer otra cosa. Esa es la
respuesta por la cual hicimos esto. Creo francamente que los grupos
parlamentarios, como ha dicho el portavoz, que en su día apoyaron esa
política energética, esa planificación deberían tener más prudencia en
esto; en mi humilde opinión deberían tener más prudencia.
Ustedes me dicen: ustedes han hecho mal el control de daños, pero me
gustaría saber de qué otra forma se podría haber hecho ese control de
daños. Me gustaría saberlo porque no he escuchado ninguna otra propuesta;
ustedes sencillamente dicen: No tenían que haber hecho eso, es decir,
ustedes tenían que haber cometido esa irresponsabilidad, pero no estamos
nosotros para cometer irresponsabilidades, se lo digo con toda
sinceridad. (Protestas por parte del señor Salvador i Duch). A partir de
ahí me pueden decir que se podría haber dicho de otra manera, no lo sé,
yo desde luego no he escuchado ni una sola propuesta sobre cómo hacer ese
control de daños de otra manera, no la he escuchado. Sencillamente se nos
dice que no tendríamos que haber hecho esto, sino haber provocado la
quiebra de la entidad, el impago al BEI y habría corrido como la pólvora
en el rating de toda la deuda española de todas las empresas españolas
cuando empezamos a salir un poquito de la crisis financiera, de la crisis
del euro y empezamos a bajar un poquito nuestra prima de riesgo. Esto es
lo que ustedes nos dicen que tendría que haber hecho el Gobierno español
de entonces, pues yo les digo que el Gobierno español de entonces no hizo
eso e hizo bien en no hacerlo. Y lo digo con sinceridad.
Pasa el tiempo, esto está ya dentro del sistema, no pudimos evitarlo, se
paga mucho menos de lo que inicialmente se había previsto, y no se paga
el lucro cesante, solamente se paga la deuda y el poco capital que había
porque nadie ha ganado un solo euro con el Castor; una vez que se
construyó y se cobró por la construcción, no se ha pagado por nada, los
costos operativos son los que son, que son los que tiene Enagás, y la
deuda se está pagando como tal. Llega una sentencia del Constitucional
cuyos efectos son los que conocemos: esto no debe formar parte de los
costes regulados, que es lo que precisamente nosotros habíamos pedido al
Tribunal Supremo en su día, pero el Tribunal Supremo no nos lo dio.
Bueno, ahora nos lo da porque es la decisión que toma el Tribunal
Constitucional.
Muchas de las preguntas que me han hecho ustedes no corresponden al
Gobierno; el que tiene la gestión de la liquidación del sistema gasístico
de este país es un organismo independiente que se llama Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, y muchas de esas preguntas se las
tendrían que haber dirigido al presidente de ese organismo. ¿Qué hicimos
nosotros? Algún diputado me ha preguntado que por qué seguimos pagando
con la orden ministerial de 2018 del gas, y la respuesta es que todavía
no teníamos los efectos jurídicos de la sentencia, como ya he dicho
anteriormente, pero, claro, como muchas veces se lee en lugar de estar
atento a lo que dice el compareciente... Lo tengo que decir así, lo hemos
explicado. ¡Claro que vimos a través de los medios de comunicación la
sentencia! Pero el Gobierno no puede saltarse las normas a la torera, el
Gobierno tiene que cumplir la legislación, y les recuerdo a sus señorías
que los costes regulados los deciden ustedes por ley y están en la
regulación gasista, y nosotros no podemos sacar una orden ministerial que
contravenga la regulación gasista que emana de las Cortes Generales, por
eso les he dicho que teníamos que buscar un cierto grado de flexibilidad
para poder definir determinados costes regulados, especialmente cuando
los quiere revisar la CNMC, que es una de las propuestas que les he hecho
a ustedes precisamente. Como nosotros no nos podemos saltar la ley
evidentemente, y la ley dice que se tiene que pagar el Castor, hasta que
se publicase la sentencia y tuviese efectos jurídicos nosotros teníamos
que sacar una orden ministerial que incluyera el Castor, y la
teníamos que sacar, también por ley, antes del 1 de enero. Por lo tanto a
finales de año -no sé si el 30 o el 31 diciembre- sacábamos la orden
incluyendo los pagos de Castor, porque evidentemente esta era nuestra
obligación legal.
Cuando se publica la sentencia tardamos veinticuatro horas en enviarle una
carta al presidente de la CNMC, diciendo que, en función de las
atribuciones que tiene la CNMC como gestor del sistema de liquidación del
gas, aplique la sentencia, y es lo que la CNMC ha comunicado en el día de
hoy que está haciendo. La consecuencia de esto es que hay una sentencia
del Tribunal Constitucional, que por motivos formales considera que este
coste no puede formar parte del sistema gasista. A partir de ahí la CNMC
ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional, ya con la
habilitación legal para hacerlo, que modifica de facto la orden
ministerial por supuestísimo, porque la sentencia es posterior a la orden
ministerial y además tiene rango, porque es un rango constitucional. Esto
es lo que va a ocurrir sencillamente. Se cumple la sentencia por parte de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Qué más queremos
que se haga?
Luego ustedes me preguntan: ¿Qué se va a hacer con el almacenamiento? Ya
lo he dicho. El propio informe del MIT dice que hay que tener cuidado,
porque si se saca el gas podemos tener efectos similares a cuando se
introdujo. ¿Quiere alguien que eso ocurra? ¿Quiere alguien sacar el gas
sin tomar las precauciones, sin hacer los estudios adecuados y sin ver
que se haya asentado adecuadamente bien la falla, que es una de las cosas
que hay que ir mirando? Esto no se hace en dos días, no es la voluntad
política la que lo determina, son los estudios técnicos los que tienen
que determinar que ha pasado el tiempo suficiente para que se vaya
asentando el terreno y permita realizar otro tipo de operaciones. A
algunos les gustará más o les gustará menos, pero esto tarda el tiempo
que tarda, y tendrá que mirarse con cierta tranquilidad. A nosotros el
MIT nos dijo que por lo menos había que estar dos o tres años a la
espera, y a algunos les gustaría que se hicieron las cosas con más prisa,
pero yo creo que con bastantes prisas se han hecho ya las cosas con el
Castor como para que ahora, deprisa y corriendo, por obtener una ventaja
política o para vendernos a los vecinos de la zona, se cometa el error de
sacar el gas demasiado pronto, que es lo primero que hay que hacer. Por
supuesto que hay que mantener el sellado, por supuesto que hay que
mantener la hibernación y que esa estructura no genere ningún problema
adicional, que es en lo que estamos. Cuando pase un tiempo prudencial
para poder ver los análisis que permitan que se ha asentado adecuadamente
el terreno, y ver si técnicamente es factible el proceso de
desmantelamiento, se empezará a hacer, pero aquí queremos vender muchas
veces por encima de la lógica y la técnica, que es lo que tiene que
mandar aquí, el discurso político. Me parece que es irresponsable poner
un discurso político, de venta política por delante de la seguridad de
los ciudadanos, y lo digo también con la misma sinceridad con la que lo
he dicho antes.
En cuanto a Marismas tengo que decir que el ministerio no es competente en
declaraciones de impacto ambiental. (Protestas por parte de la señora
Lucio Carrasco). Lo hace el ministerio de Medio Ambiente, pero aquí está
compareciendo hoy el ministro de Energía, y lo que les ruego es que esas
preguntas las formulen en la Comisión adecuada. (Protestas por parte de
la señora González Bayo). Yo comparezco en función de mis competencias y
mis competencias están fijadas por real decreto.
El señor PRESIDENTE: Señorías, un momento. Si entran en diálogo, hay un
problema además para la retransmisión y se pierde parte de la
comprensión, por lo que es mejor que ordenemos el debate como es normal.
El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda):
¿Cuáles son las competencias del ministerio? La regulación energética; si
un almacén es útil o no para el sistema energético, si se debe o no
utilizar para el sistema energético. Esto está en una planificación
anterior y ya saben ustedes que las planificaciones no se pueden cambiar,
pero entrando en responsabilidad patrimonial, sí.
Nosotros hemos dicho -hoy también lo he dicho- que son prioritarios los
temas de seguridad y medioambientales. Nosotros no hacemos análisis de
impacto ambiental, porque además no sería bueno, ¿no creen? Lo bueno es
que los hago otro organismo diferente a nosotros para que haya
objetividad, porque, claro, tu puedes desear algo que puede ser muy útil
para el sistema, pero si luego tiene impactos medioambientales no creo
que sea bueno que el mismo que quiere la instalación sea el que evalúe el
impacto ambiental. Es un organismo diferente. En este caso es la Junta de
Andalucía la que tiene las competencias, por lo que yo sé. Ustedes me
preguntan: ¿Se pueden elevar las competencias u otro tipo de elementos a
declaraciones de impacto ambiental de la Administración General del
Estado? Si les
contesto sinceramente no lo sé, porque no lo sabe nadie en mi ministerio,
no nos dedicamos a esto; ustedes también me pueden preguntar sobre la
planta judicial y les diría exactamente lo mismo, es decir, no tenemos
competencias en otras materias que las que tiene el Ministerio de
Energía, y es precisamente sobre el funcionamiento del sistema. ¿Qué
hacemos nosotros? Siempre lo mismo, o esto está impecable desde el punto
de vista medioambiental o nosotros no vamos a dar ninguna licencia.
Hemos visto que de los tres almacenamientos hay uno con impacto
desfavorable. Pues aquí ya no hay más que decir; la Junta de Andalucía ha
dicho que tiene impacto desfavorable, pues nosotros no vamos a hacer nada
más; si no se puede, no se puede, nos lo ha dicho la autoridad
medioambiental, y por tanto no va a haber avance ni en la construcción ni
en nada. Otro almacenamiento está pendiente de que diga algo la autoridad
medioambiental, y yo no les puedo adelantar lo que va a decir la Junta de
Andalucía en el otro, no puedo hacerlo; y hay otro almacenamiento al que
la Junta de Andalucía dijo que sí, que era favorable, y es cuando
nosotros hemos pedido los informes al Instituto Geológico Minero. ¿Que
quiere cambiar de opinión la Junta de Andalucía? Nosotros no tenemos nada
que decir, si nos dice que ha cambiado de opinión, impide que el
almacenamiento se pueda realizar y que se pueda poner en funcionamiento,
pero nos lo tiene que decir. No vale una declaración de un consejero,
tiene que ser el procedimiento que a nosotros nos permita una
habilitación legal, porque las administraciones no pueden actuar
arbitrariamente, artículo 9.3 de nuestra Constitución, que supongo que no
hace falta recordar; se prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos
en nuestro Estado de derecho, nosotros no podemos decir porque sí o por
capricho o porque no o por capricho, tenemos que basarnos en algo. Cuando
una instalación tiene problemas medioambientales evidentemente se dice
que no, pero nos lo tienen que decir, es que no nos lo han dicho, es que
eso es lo que está pasando aquí. (Protestas por parte de la señora Franco
Carmona). Lo que no puede pretender una autoridad autonómica es: como me
va a meter en un lío revertir la declaración de impacto ambiental que
hice en su día, que venga el Ministerio de Medio Ambiente, cometa una
irregularidad y le meto presión política para que lo haga. No, haga usted
lo que tiene que hacer, que es decirme que la declaración de impacto
ambiental la va a revocar y me va a dar otra. Eso es lo que tiene que
hacer la Junta de Andalucía, no meterle presión al ministerio para que
incumplamos nuestra normativa y nuestra legislación, porque nosotros no
podemos arbitrariamente denegar un permiso cuando tiene todo en orden.
Ustedes dicen que no lo tiene todo en orden, pero eso lo tiene que decir
el órgano competente. ¿Tiene que haber otro tipo de declaración de
impacto ambiental? No lo sé, eso pregúntenselo a los que saben de medio
ambiente, porque nosotros no nos movemos ni un milímetro hasta que están
perfectamente aclarados todos los temas medioambientales y de seguridad.
No nos movemos un solo milímetro. (Protestas). Nosotros solo tenemos una
declaración favorable y no quiero entrar en diálogo porque luego nos
regaña el presidente. No tenemos eso. Yo estaría encantado de que se
hicieran las cosas adecuadamente según el procedimiento, pero esto no es
cuestión de manifestaciones o declaraciones altisonantes en la Cámara; es
cuestión de que la Administración competente siga el procedimiento que
tiene que hacer para esto. Es muy sencillo. Si nos viene una declaración
de impacto ambiental desfavorable de la junta, esto se ha acabado. El
almacenamiento ya no sigue. Para nosotros es condición sine qua non que
todo esté perfectamente arreglado desde el punto de vista medioambiental.
Lo mismo pasa con los temas de seguridad. O nos dice el Instituto
Geológico y Minero que esto está impecable o nosotros no seguimos. Como
les he dicho a día de hoy se les ha puesto una serie de requisitos a los
concesionarios, y me tienen que decir que con lo que hacen vale; si no,
no sigue hacia delante. Es muy fácil. Lo que no me pueden reclamar como
jefe de departamento es que les diga a mis funcionarios que, como tenemos
presión política, les vamos a denegar la autorización aunque tenga todos
los informes favorables la empresa. No, tendremos que denegarla
motivadamente, porque se nos obliga a denegar motivadamente. Y
motivadamente es con una declaración desfavorable de la Junta de
Andalucía o que nos diga el Instituto Geológico y Minero que algo no está
en orden. (La señora Franco Carmona: Ya lo ha dicho). Ya, pero el
Instituto Geológico y Minero no ha dicho que es definitivamente
contrario. No, ha dicho que tiene que cumplir una serie de requisitos el
concesionario. Descuiden, porque nosotros no vamos a cometer el error que
se cometió con Castor. Como no esté todo en condiciones no se abre un
almacenamiento subterráneo de gas en este país mientras esté este
Gobierno. Tiene que estar todo en condiciones, pero no pueden decirme que
opinan que no está en condiciones cuando el informe que emiten dice que
está en condiciones. Eso no se puede hacer y es lo que ahora mismo ocurre
con ese almacenamiento.
Respecto al tema de precios en el gráfico se ve cómo han evolucionado los
precios en España para los consumidores desde el año 2005. Son datos de
la Comisión Europea y esto es para industriales. La
época de crecimiento espectacular de los precios finales en factura no es
la del Partido Popular. ¿Por qué? Porque se subían los peajes muchísimo.
¿Por qué? Porque se aumentaban los costes regulados muchísimo y aún así
con las subidas de peajes no se cubrían los costes regulados y se creaba
déficit tarifario. Eso es lo que ocurría entonces. Me dicen que congelar
los peajes y congelar los costes regulados no ayuda a bajar los precios,
pero subirlos los destroza en un caso y en el otro. En el caso de
consumidores industriales han bajado según los datos de la Comisión
Europea; estamos incluso por debajo de la media de la zona euro, y solo
Francia está un poco por debajo de nosotros. Cuando se congela la parte
regulada y lo demás va bien se ayuda a reducir el precio, pero es que
además hemos congelado y bajado. En 2015 se bajaron un 2,3 % los peajes
en este país. Es decir, hemos congelado y hemos bajado. Luego me dirán si
ayudamos o no a bajar los precios. Hay una gran diferencia entre aumentar
los costes regulados -muchas veces por caprichos políticos-, subir luego
los peajes, destrozar la parte fija del recibo e ir aumentando
sustancialmente el precio de la luz, y congelarlos y dar todos los años
la batalla para que no aumenten los costes. Eso nos cuesta mucho y para
eso les he pedido ayuda en esta Cámara. El ministerio necesita ahora que
muchas de estas cosas tengan rango de ley para poder seguir manteniendo
un equilibrio tarifario que permita seguir congelando e incluso bajando
los peajes. Para eso les estoy pidiendo ayuda, porque eso cuesta todos
los años muchísimo. No se pueden imaginar la cantidad de gente que quiere
aumentar los costes en su beneficio o que los demás paguen y ellos no.
Eso a veces se refleja en muchas de las propuestas políticas que aparecen
por esta Comisión. Está claro que a todo el mundo le gustaría pagar
menos, sobre todo si se tienen 10 000 u 11 000 millones de sobrecoste en
el sistema.
Sobre esos precios regulados luego viene la generación y el mercado
mayorista. El mercado mayorista nuevamente a corto plazo depende de la
coyuntura. El año pasado ustedes le echaban la culpa al Gobierno de las
subidas de precios; se la echaban y podemos ir al Diario de Sesiones. (La
señora Lucio Carrasco: Era por el tiempo). Este ministro tenía la culpa
de que estuviese subiendo tanto la luz y además no hacía nada. Eso está
en el Diario de Sesiones dicho por un sinfín de portavoces. Ahora que
está bajando, yo voy a ser honrado. Como les decía, eran circunstancias
ajenas a la capacidad de la política energética y de la actuación a corto
plazo -aunque estábamos tomando algunas medidas- y junto a nosotros
estaba el resto de los países europeos. Pero la cuestión era desgastar al
Gobierno con el discurso que fuese. Era cuestión de desgastarlo y decir
que la culpa de eso la tenía el Gobierno. De todo tenía la culpa el
Gobierno, y por supuesto la tenía que tener. Como dicen los italianos,
piove, porco Governo. Ahora ha bajado. ¿Dónde está el mérito? En aguantar
y en saber que si la política energética está bien hecha en cuanto vienen
circunstancias más favorables los precios bajan. No nos pusimos nerviosos
ni hicimos demagogia. A mí no se me ha ocurrido decirle a la alcaldesa de
Madrid en plena sequía que tiene la culpa de la contaminación. No se me
ocurrió hacerlo porque sería muy demagógico por mi parte. (El señor López
de Uralde Garmendia: A su compañera sí). He preguntado al Grupo Popular
en el Ayuntamiento y me han dicho que ellos tampoco; otra cosa es si es
verdad o no. (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: Ayer lo dijo
Tejerina.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): A mí
no se me ocurre porque la sequía, la falta de viento, la meteorología
tiene unos impactos a corto plazo que no puede controlar un municipio. Lo
que sí puede hacer un municipio es hacer política a medio plazo: ver con
qué se calienta la calefacción, qué tipo de autobuses urbanos se
utilizan, qué combustible utilizan los taxis, qué medidas de circulación
se ponen... Puede plantear medidas de ese estilo de forma que cuando
tengamos períodos mejores y periodos peores la tendencia sea la buena.
Eso es lo que podemos hacer en el mercado mayorista, que la tendencia sea
la buena. Les he dicho qué elementos estamos aplicando para que la
tendencia sea la buena: en primer lugar, un mix que, cumpliendo los
objetivos medioambientales, sea el más barato posible; en segundo lugar,
interconexiones; y en tercer lugar, un incremento de energía renovable
que haga competencia en el mercado y no que aumente los costes, que es lo
que ocurría antes. Se metía energía renovable y como había que primarla
aumentaba los costes. La de ahora los disminuye. Esos son los elementos
que estamos haciendo para mejorar los precios. Por otro lado, dentro de
la normativa y de la seguridad jurídica -porque en este país tenemos que
actuar según las normas-, cuando nos encontramos con elementos de
sobrerretribución hay que actuar inmediatamente para reducirlos, y
adelantar así lo antes posible la mejora de los costes regulados. Esa es
una buena parte de las propuestas que les he traído para regular en esta
Cámara -o en el Senado, porque estoy viendo el poco éxito que han tenido
aquí- y para ponerlas en marcha inmediatamente. Francamente creo que
son urgentes, pero si no, irán por proposición de ley. No se preocupen
porque mi grupo, el grupo que apoya al Gobierno -también es mi grupo,
porque soy diputado del mismo- va a plantear esas medidas.
La señora Lucio me habla de Portugal. No mire solo un año, señora Lucio,
por una cuestión: Portugal no tiene el PVPC y va con un año de retraso.
Cuando suben mucho los precios mayoristas, los pagan al año siguiente.
Con la subida de precios que ha habido en 2017 en el mercado mayorista no
sé qué va a ocurrir con el mercado minorista en Portugal. Sin embargo si
mira la media de los dos o tres últimos años el mercado portugués tiene
un comportamiento similar al nuestro o algo peor, porque nosotros hemos
aplicado más medidas de apoyo al consumidor. En todo caso es una
evolución similar, porque evidentemente tenemos el mismo precio
mayorista.
También me ha preguntado por la volatilidad. La volatilidad es inherente a
la intermitencia que estamos introduciendo en el sistema con los
objetivos de cambio climático. Es imposible meter renovable que depende
de la cantidad de agua, de la cantidad de viento y de la cantidad de sol,
y no encontrarnos con volatilidad. ¿Quién no tiene volatilidad? Francia
con un 75 % de nuclear no tiene prácticamente volatilidad; bastante menos
volatilidad que nosotros, aunque también tiene. Alemania con el lignito.
Yo no quiero producir electricidad con lignito. Es un carbón de baja
calidad fuertemente emisor y muy contaminante, pero es evidente que tiene
menos volatilidad en el precio. Esto es así. Estamos introduciendo
renovables y la volatilidad es inherente. Cualquier análisis de expertos
sobre esto habla de esta cuestión. Ese es el gran problema. La más
importante discusión que no ha quedado cerrada del todo en el paquete de
invierno es qué hacemos con la intermitencia y cómo pagamos la
flexibilidad. La propuesta de mercados de solo energía -lo que llaman
energy only- consiste en meter en picos de precio el coste de mantener un
sistema flexible, lo cual aumenta sustancialmente la volatilidad. El
Consejo tuvo que luchar muchísimo para que esa no fuese la propuesta
final adoptada, que es la que viene a la Comisión. La Comisión Europea
quiere un sistema de volatilidad extrema. Nosotros vemos el peligro que
esto tiene en todos los sentidos y queremos utilizar otro tipo de cosas,
pero también he visto propuestas de eliminación de los pagos por
capacidad. Los pagos por capacidad es el antídoto de la volatilidad, si
no hay que pagarlo por precio. Son cuestiones técnicas muy complejas.
Escapan del debate político, es más una solución que se quiera ver, y
nadie ha logrado una solución perfecta, salvo que alguien invente un
sistema de almacenamiento digno de tal nombre; eso sí, ahí se acabó la
volatilidad. Es una solución más técnica que económica. La volatilidad es
inherente a cómo se está generando y, por tanto, si podemos almacenar
eliminaremos la volatilidad y si no podemos físicamente almacenar es muy
difícil no hacer económica una volatilidad física y no trasladarla. Hubo
una época en España en que se pagaba un seguro de precios carísimo, que
suponía un 15 % de sobreprecio en la factura de la luz. Creo que no
deberíamos volver a esos tiempos. Eso sí, los que daban ese seguro de
precio formaban parte del sistema energético y del sistema financiero y
obtuvieron más que enormes rendimientos; y cuando el Gobierno quitó ese
sistema de precio obligatorio y el PVPC lo dejó limpio, sin ningún tipo
de seguro obligatorio, empezaron a decir que íbamos a tener todo tipo de
problema político, precisamente los que se beneficiaban de la venta de
ese tipo de seguros.
Me ha hablado de la relación entre las propuestas energéticas y
climáticas. La ministra de Medio Ambiente y el ministro de Energía nos
llevamos muy bien, no solo en lo personal sino en todo lo demás, lo que
pasa es que hablamos para públicos diferentes. Nosotros hablamos para el
consumidor, para la competitividad industrial y ella habla para una
sociedad preocupada por el medio ambiente. Las acciones son comunes, pero
ponemos incidencias y acentos de forma diferente en las cosas que
planteamos. Nunca verán una contradicción en el planteamiento de las
medidas que proponemos, entre otras cosas porque tenemos muy claro que
las restricciones medioambientales forman parte inherente del sistema. Es
decir, yo no puedo abaratar la electricidad a base de saltarme las
restricciones medioambientales, ni ella puede plantear medidas
medioambientales más allá de lo que se ha acordado que supongan una
pérdida descomunal de competitividad para nuestra industria o perjudiquen
al consumidor. Precisamente, es por el diálogo entre los ministerios por
lo que consideramos unos equilibrios. Pero ella tiene una ventaja que no
tengo yo, y es que ella tiene aprobada toda la normativa europea.
Nosotros hemos empezado a hablar, hemos hecho posición común, y fue un
éxito, en diciembre, en todos los elementos del paquete de invierno en el
Consejo. Solo hay aprobada una de las ocho normas en el Parlamento y solo
hay trílogos relativamente avanzados en eficiencia energética y empiezan
ahora en renovables, y todavía queda todo lo que viene por detrás. Y por
lo que me está contando la gente del Parlamento Europeo, la aprobación de
directivas y reglamentos, por un lado, y los trílogos, por otro, van para
largo. No podemos hacer la parte energética de la ley sin conocer la
normativa europea. Creo que esto es de sentido común. La parte de
clima está muy avanzada, además hay una parte que es puramente
comunitaria, se traslada al mercado de ETS aquí bien, pero la gestión del
propio mercado la va a hacer la Comisión Europea; pero nosotros tenemos
que adaptar nuestra legislación a lo que va a ser el paquete de invierno.
¿Qué va a ser el paquete de invierno? ¿Cuál va a ser el objetivo final de
renovables al que van a llegar las instituciones? No lo sabemos. ¿Cuál va
a ser el reparto que al final se va a hacer? Todavía seguimos discutiendo
las fórmulas de reparto, lo que llaman el agujero de esfuerzo, el gap de
esfuerzo, el hueco. Cuando los países de forma individual propongan sus
objetivos nacionales, si falta para llegar al objetivo comunitario, cómo
se reparte de alguna manera obligatoria el gap de esfuerzo. Hay como
media docena de propuestas diferentes. Evidentemente, cada país o grupo
de países tienen las suyas. Todavía no tenemos esa normativa europea,
luego no me pidan hacer otra cosa que seguir. Fuimos muy constructivos en
el Consejo de diciembre, muchísimo, como Gobierno, y logramos un acuerdo
-al que muchos pensaban que no se iba a llegar- a veintiocho, entre los
distintos Estados miembros, y aquí llegamos. A partir de ahora ustedes
también tienen representantes en el Parlamento Europeo y tendremos que
ver qué normas se van aprobando y cómo funcionan los trílogos entre las
diferentes instituciones; y cuando tengamos las directivas y los
reglamentos, lo podremos trasladar a la legislación española. Creo que
ese es un elemento esencial.
Señor López de Uralde, no es que no vayamos a cumplir, es que con las
subastas que hemos hecho, la previsión a día de hoy es que ya tenemos el
19,7 %. Esa es la previsión. (Denegaciones del señor López de Uralde
Garmendia). Usted dice: No es esa la previsión. Bueno, si se cumple en
todos los parques, y si no tendrán que pagar las indemnizaciones y las
garantías que han puesto, que son muy cuantiosas. Porque una de las cosas
que pedimos en las subastas fue que la gente fuese en serio. Pedimos que
la gente fuese en serio, de forma que el que se ha reservado para sí una
parte de la subasta y un parque y luego no lo haga va a perder mucho
dinero, aunque supongo que cuando han entrado será sabiendo esto. Se
aumentaron muchísimo las garantías respecto a las subastas anteriores,
precisamente para que el que fuese lo hiciera en serio. A partir de ahí,
con ese volumen de renovables tendríamos un 19,7 %. Nos queda -lo ha
dicho la portavoz de Ciudadanos- todo el desarrollo en Canarias -luego le
dedicaré un tiempo- y nos queda la posibilidad de aplicar otras medidas,
como en biocombustibles o en otros sitios. En las que se pueden poner más
al final, también podemos esperar a ver qué sale en el paquete de
invierno, precisamente para hacer ya el cambio a lo que va a ser la nueva
normativa, y, francamente, en relación con otros países España está en
una posición de cumplimiento envidiable.
En cuanto al modelo de la Carlos III -aunque no lo ha mencionado, también
me lo planteó la otra vez la señora Lucio-, como todo modelo académico se
basa en supuestos. Nosotros hemos hecho otro tipo de ejercicio. Hay dos
que creo que son tremendamente influyentes en el resultado del modelo.
Uno, es que se aplica solo a 2017, año con muy poca pluviosidad, de forma
que el número de episodios en los que el gas marca el precio es muy alto,
y el otro es que establece un estándar por cada tecnología, de forma que
considera que todos los ciclos combinados son iguales o establece muy
pocas categorías y cada planta es un mundo, cada planta tiene su propio
contrato de gas, cada planta tiene su tecnología, es más obsoleta, lo es
menos. Por eso, nosotros preferimos hacer un análisis sobre datos reales,
sobre ofertas que realmente existen, no sobre ofertas que teóricamente
pueden hacer, sino las que realmente han hecho, en función de sus costes
y de sus estrategias de mercado. Por eso, salen estos resultados
discrepantes. Nosotros pensamos que la metodología que hacemos es
infinitamente más rigurosa y, sobre todo, realista, toca mucho más la
realidad. Evidentemente, cualquier papel académico tiene sus ventajas y
tiene sus inconvenientes y para seminarios académicos está llena la
universidad.
Cuando se ha hablado de Castor yo creo que se han hecho muchas más
críticas a lo que fue la gestión, construcción, contratación,
declaraciones de impacto ambiental y demás. Creo que de esto ya he
hablado. Y sobre el porqué hicimos la orden ministerial como la hicimos,
creo que también lo dije en mi primera intervención y lo he dicho en la
segunda. También ha preguntado una serie de cuestiones sobre Doñana. Yo
no sé el currículum profesional de don Felipe González ni pretendo
saberlo. Lo digo porque también hemos escuchado esto bastante. ¿Y por qué
se están pagando esos 6,3 millones? Precisamente por lo que decíamos
antes, porque es un coste regulado reconocido por la ley, y el Gobierno
no puede saltarse la ley. Se tendrá que cambiar la ley, y yo encantado.
Por eso le estamos pidiendo que a raíz de las peticiones que hagan los
organismos reguladores tengamos flexibilidad para que, de forma
inmediata, no tengamos cada vez que pedir lesividad o cambiar la norma
con rango legal, y podamos hacer cambios de este estilo que beneficien al
consumidor.
Se ha hablado mucho del palco del Bernabéu, del señor Florentino... Yo de
fútbol sé muy poquito, porque no soy un gran aficionado. Creo que los
discursos están muy bien. En todo caso, la principal actuación de ACS fue
construir y cobrar, y eso lo hizo en época en la que no gobernaba el
Partido Popular. Tanto la portavoz de Ciudadanos como creo que el último
interviniente de Esquerra hablan de 4000 y pico millones de euros. Como
presumo que ustedes tienen conocimiento de matemática financiera saben
que nunca se puede calcular el valor de un proyecto si no se habla en
presente. Sería lo mismo que decir que una casa que vale 200 000 euros
vale mucho más porque se han pagado muchos intereses en la hipoteca.
Evidentemente, no. La casa vale 200 000 euros. Como es de puro
conocimiento básico de matemática financiera, entiendo que es del
discurso y no, evidentemente, de un error de concepto.
Me ha gustado que me hable de las interconexiones con el norte de África.
No están saturadas las eléctricas y tenemos capacidad de sobra en gas,
sobre todo porque el Medgaz, lo que une Argelia con España, con meter un
par de compresores a ambos lados puede aumentar también su capacidad. Es
una negociación delicada porque saben que las relaciones de Marruecos y
Argelia son siempre relaciones complejas, y nosotros estamos tratando de
mediar y de ayudar. Por tanto, se lo agradezco porque es un tema del
máximo interés.
Sobre el carbón, ya saben que no reciben ayudas y que solo quedan ya 300
mineros en activo. Aquí a veces se confunden las centrales de carbón, que
importan carbón de fuera, con las minas de carbón, que es una historia
que es bien diferente. En 2010 se aprobó una decisión europea y esto ha
ido gradualmente desapareciendo hasta llegar a la situación actual, en la
que es un sector ya tremendamente reducido.
Respecto a los fondos Miner, no tengo ningún inconveniente en que se
analice todo lo que se quiera por una sencilla razón. Nosotros tenemos a
la Intervención General del Estado y al Instituto de la Minería del
Carbón con un montón de contenciosos con las comunidades autónomas
precisamente porque queremos que todo se haga adecuadamente bien. Y los
nuevos convenios-marco que estamos firmando son mucho más gruesos que los
anteriores, porque ponemos todo tipo de precauciones para que los
proyectos se hagan y se liquiden adecuadamente bien. Ya tenemos dos
firmados, uno con Asturias y otro con Castilla y León, y próximamente
vamos a firmar otro con Aragón. Y, como sé que Castilla-La Mancha quiere
hacerlo, empezaremos las negociaciones cuando ellos quieran.
Me ha hablado de la coordinación con Canarias, que con el Gobierno es la
mejor. Usted y yo sabemos que el mayor de los intereses del Gobierno es
que existan las renovables en Canarias, y encima vamos a hacer un
proyecto que va a ser muy atractivo porque tenemos la posibilidad de
aplicar fondos comunitarios como en ningún otro sitio por ser esta una
región ultraperiférica. Luego estará la realidad de cómo se comportan las
autoridades locales y autonómicas, pero ya le digo yo que en esto la
Constitución nos prohíbe entrar. Cada uno, como es lógico y natural,
tiene sus propias competencias.
Me preguntó sobre las relaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y
el Ministerio de Energía y sobre si estamos comprometidos con el cambio
climático. Señoría, 8000 megavatios de renovables lo hacen evidente.
Nosotros cumplimos nuestros objetivos; nosotros sabemos que tenemos que
cumplir y llegar al 20 %, por eso somos muy conscientes de que hay que
tener cuidado con lo que hagamos para 2030, porque es muy fácil poner
objetivos imposibles para venderlos y que luego te aplaudan las
asociaciones ecologistas, pero nosotros pensamos de otra manera. Nosotros
decimos: Vamos a fijar objetivos que podamos cumplir. ¿Qué es lo que ha
ocurrido con 2020? Que vamos a cumplir el 20 %, y como vamos a cumplir el
20 %, hagamos para 2030 un objetivo lo suficientemente ambicioso pero
cumplible. La inmensa mayoría de mis colegas en el consejo probablemente
piensen de otra manera y digan: Vamos a poner un objetivo que suene muy
bonito, total en 2030 no estaré yo. Pero yo soy otro tipo de ministro,
soy un ministro que piensa que tenemos que hacer objetivos que se puedan
cumplir porque España se juega su credibilidad, entre otras cosas, siendo
un país serio y que cumple los objetivos medioambientales que se pone.
Me preguntaba usted que para qué trabaja la Comisión. Señoría, cualquier
propuesta de la Comisión que ayude a rebajar los costes del sistema, no a
algunos usuarios a costa de otros, sino que abarate los costes generales
del sistema, nosotros somos los primeros que la aplaudimos, y les hemos
hecho una propuesta a día de hoy.
Al portavoz de Esquerra le he hablado de los sellados, me ha preguntado
por las acciones y le he hablado sobre las cuestiones del riesgo del
desmantelamiento, por lo que creo que en general le he respondido: Si no
es así, le ruego que me lo diga. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Vamos a abrir un turno de réplica de tres minutos, con una intervención
por grupo parlamentario. Pienso ser absolutamente estricto en el uso del
tiempo. El portavoz de Esquerra pide adelantar su intervención, que será
de un minuto. ¿Se lo permite el resto de portavoces? (Asentimiento).
Adelante, señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Solo quiero decir dos cosas.
En primer lugar, estoy contento, porque me parece que con las
explicaciones que ha dado se va a poder crear una comisión de
investigación. Me parece que el tema lo merece. Unas instalaciones que
aún no sabemos cómo vamos a sellar o cómo van a poder cerrarse, etcétera,
suponen una cuestión importante.
La otra cosa que quiero señalar -y no voy a decir el nombre del diputado-
es que ha habido un error. Nosotros no hemos dado nunca, nunca, soporte
al proyecto Castor, y quiero que quede bien claro. Tengo aquí la
hemeroteca (Muestra su teléfono móvil), tengo alegaciones y tengo lo que
quiera. Hace once años, el 29 de agosto de 2007, nosotros ya pedimos que
este proyecto se paralizara.
Dicho esto, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Salvador i Duch.
Recuperamos el turno normal. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Quiero hacer alguna aclaración.
En primer lugar, sobre el almacenamiento de gas en Doñana, usted ha
hablado de los tres proyectos que están parados y nosotros queremos que
nos hable del proyecto que está en marcha y que nos diga qué va a hacer
el ministerio tras el informe del Instituto Geológico y Minero, así como
pedirle que, si puede ser, nos den cuanto antes ese informe del que
nosotros carecemos.
Con respecto al tema Castor, me parece muy bien hacer de nuevo un relato
sobre lo que ocurrió, pero si vamos a hacer un relato sobre lo que
ocurrió yo quisiera saber por qué el Gobierno en su momento no hizo una
negociación con la empresa sobre el coste real a indemnizar y sobre las
responsabilidades de la empresa concesionaria, que entonces ni siquiera
tenía la concesión definitiva, porque, como bien sabe, estaba en pruebas.
Quisiera saber por qué ocurrió todo de esa manera, porque la historia se
puede contar de muchas formas, pero lo que está claro es que aquí ha
habido una indemnización y que hay una sentencia del Tribunal
Constitucional que da la razón al Grupo Socialista y a la Generalitat de
Catalunya respecto a que eso no se hizo bien.
A partir de ahí, señor ministro, usted ha respondido lo que le ha
parecido. Yo no le he preguntado sobre la volatilidad -yo sé
perfectamente por qué hay volatilidad-, yo le he preguntado qué va a
hacer usted para rebajar el precio de la luz, qué políticas van a poner
en marcha, y ha seguido sin responderme. Mantener las retribuciones no es
bajar los precios, sino mantenerlos.
Ha hablado usted también de que la ministra de Agricultura tiene que dar
cabida a unos ciudadanos preocupados por el medio ambiente, mientras que
usted habla con los consumidores. Señor ministro, yo soy consumidora y
también soy una ciudadana preocupada por el medio ambiente, como la
mayoría de los ciudadanos que se preocupan por el medio ambiente, por
tanto, queremos que se resuelvan las dos cosas a la vez y que haya una
respuesta integral por parte del Gobierno de este país, una respuesta
para todo, no solamente para una cosa. No se puede departamentar todo,
señor ministro.
Me alegro de que se haya interesado, aunque no lo haya comentado en ningún
momento, por el modelo Energea, modelo por el cual nos guiamos nosotros
para hacer una serie de pruebas y ver cómo puede quedar el precio de la
luz. Quiero destacar que el Partido Socialista apuesta por que la reforma
del sector energético en su conjunto tenga un nuevo sistema de fijación
de precios, con un único objetivo realista: abaratar los costes
energéticos a las familias y a las empresas, cumpliendo con los objetivos
climáticos.
Las medidas que ustedes están tomando y que nos han propuesto en el día de
hoy carecen...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
La señora LUCIO CARRASCO: ... de la seguridad jurídica necesaria y
abaratan por un lado, pero por otro encarecen; y si no, mire usted los
movimientos bursátiles de los últimos días.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lucio Carrasco.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias.
Señor ministro, usted dice cosas muy diferentes a las que dice la ministra
de Medio Ambiente, y hoy hemos escuchado unas cuantas. Ha reconocido, por
ejemplo -y estoy de acuerdo con usted-, que la culpa de la contaminación
de Madrid no es de Carmena, sin embargo, ayer la ministra de Medio
Ambiente dijo en la Comisión de Cambio Climático que la culpa de la
contaminación era de Podemos. Lo dijo así, y aquí hay testigos.
Otra cuestión sobre la que usted dice cosas diferentes es sobre el
cumplimiento del objetivo 20/20. Usted ha dicho que si se instalan los
8000 megavatios de la subasta, estaremos en el 19,7 % (El señor ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital hace gestos negativos), por tanto,
no estaremos en el 20/20, y eso con dos condiciones: que se instalen los
8000 megavatios, cosa de la que la propia industria duda, y que no haya
crecimiento de la demanda. Por tanto, también en eso tienen un discurso
diferente, porque ya afirma sin contemplaciones que el objetivo se va a
cumplir.
En cuanto a los temas Castor y Doñana, los dos son consecuencia de un
modelo energético absolutamente sobredimensionado que ustedes han
compartido con el Partido Socialista y que consistía en instalar
almacenes de gas en distintos puntos de la península porque consideraban
que la demanda iba a subir hasta el infinito, cosa que luego no ha
ocurrido.
Se han puesto de manifiesto suficientes cosas muy interesantes como para
justificar, como ha dicho el diputado de Esquerra Republicana, una
comisión de investigación sobre el caso, cosa que nosotros compartimos y
que hemos pedido, porque efectivamente había distintos actores políticos
implicados en que Castor fuera para delante, pero ustedes hicieron algo
que el Tribunal Constitucional ha tumbado. Ustedes, deprisa y corriendo,
sin pasar por el Congreso de los Diputados, pagaron esa indemnización
mediante un método respecto del que por lo menos me reconocerá que el
Tribunal Constitucional ha dicho que no era el correcto. Por tanto, por
lo menos eso lo hicieron ustedes mal, lo hicieron incorrectamente, es
decir, aprovecharon su mayoría absoluta para hacerlo deprisa y corriendo.
Y, qué casualidad, ustedes siempre van deprisa y corriendo a satisfacer
los intereses de los grandes, ya sean los bancos, sea en este caso ACS o
sean las autopistas. Siempre corren a resolver los problemas de las
grandes empresas. ¡Qué casualidad! Por eso nosotros creemos que sería
importante crear una comisión de investigación para que haya
transparencia y publicidad de toda la documentación sobre lo que hay
alrededor del Castor. Por cierto, no solamente es lo que se ha pagado,
sino que cada año pagamos 17 millones de euros en su mantenimiento, que
con eso sí se podría terminar.
Sobre el tema de Doñana, usted sabe más de medio ambiente de lo que dice
que sabe. Usted sabe que Doñana es un proyecto que se ha dividido.
Primero, respecto a la diapositiva que usted ha puesto diciendo que no
está en Doñana, vamos a ver, en el subsuelo no están las rayas de lo que
es el parque y lo que no lo es. Yo he visto un pozo que está en la misma
línea del parque, y en el subsuelo...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Concluyo muy rápidamente.
El Instituto Geológico y Minero ha dicho claramente que es un proyecto de
alta peligrosidad debido al riesgo de inundación. Hagan público ese
informe. ¿Por qué no se hace público? En definitiva, el proyecto de gas
en Doñana, en primer lugar, responde a una planificación energética
sobredimensionada, y en segundo lugar, está ubicado en un lugar
-reconocido por todas las partes- en el que han tenido que romper en
cuatro partes el estudio de impacto ambiental para poder poner en marcha
una pequeña parte. Eso es incorrecto, va en contra de la directiva
europea, y usted lo sabe. Paralicen el proyecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora
Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor ministro, le
solicitamos que en el tema de las Marismas nos envíe esos estudios que ha
nombrado, si es posible, uno de los cuales daba unos índices de riesgo de
inundaciones.
En cuanto al caso Castor, usted ha hablado del coste total. Cuando yo voy
al banco a pedir una hipoteca no solo miro lo que me cuesta la casa, sino
cuánto me va a costar en total la casa, es decir, con los intereses más
lo que voy a pedir. Tampoco nos haga la trampilla.
Me alegra saber que por parte del ministerio no hay ninguna preocupación
de que se haga una comisión de investigación sobre los fondos mineros, en
qué se han invertido y si se han invertido regularmente. Le pido, por
favor, que solicite a su partido que no nos bloquee la Comisión y así el
Partido Socialista se quedará solo ante el temor de que se descubra
alguna irregularidad en la inversión de esos fondos. Si no hay nada que
ocultar, no pasará nada, entiendo. Le solicito que pida a su partido que
no bloquee esa comisión de investigación.
Le quería hacer una pregunta. ¿Sigue usted apostando por el pacto de
Estado por la energía? Lo digo porque usted nos habla de su mix
energético, de las previsiones que usted tiene de su mix energético, y
como al final los efectos de las políticas energéticas los vemos a
veinticinco o treinta años estaría muy bien llegar a un acuerdo para ver
cómo va evolucionando ese mix, sobre todo para que, independientemente de
quién gobierne, se dejen de poner parches a todo el sistema energético,
que al final, como ya dije antes, todos estos parches se están pagando en
la factura de la luz.
En cuanto a las relaciones de los ministerios, señor ministro, el
compañero ha citado las distintas contradicciones en las que caen, y ha
dicho que se exponen ante foros diferentes. Los de la Comisión
prácticamente somos los mismos, los de una y los de la otra. (El señor
Postigo Quintana: No somos los mismos; yo no estoy en la otra). No es
necesario que cambien en eso, pero por lo menos que sean coherentes. Yo
no digo que los dos entren en detalle en todo, pero mientras no se
contradigan creo que el mensaje será más coherente. Igualmente le digo
que desde la parte del Ministerio de Medio Ambiente nos llega mucha más
permeabilidad y mucha más voluntad de hacer esa ley de transición
energética y cambio climático que desde el Ministerio de Energía. Eso es
una realidad y también lo dicen públicamente.
Para terminar, usted dijo una frase, que los objetivos los ponemos porque
tenemos que cumplirlos. Si nosotros no nos creemos que lo que tenemos que
hacer hoy es trabajar para dejar un mundo con unas condiciones climáticas
determinadas o por lo menos con la menor variación posible a las
generaciones futuras y solo lo vamos a hacer porque nos van a dar un
tirón de orejas desde Europa, créame que entonces no estamos resolviendo
el problema. Tiene que entrar en la educación, y lo del cambio climático
va de concienciación, no va de que nos tiren de las orejas para actuar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí
Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, president.
Seguimos sin tener muy claras muchas cuestiones y nos sumamos a esa
petición de comisión de investigación. Al final hay varios partidos, y yo
en mi intervención lo he remarcado mucho. Vamos a ver quién tiene
responsabilidades y que sean esas personas las que asuman incluso el
coste económico del Castor. Espero que el portavoz del Partido Popular se
desdiga de algunas de las declaraciones que ha hecho, porque Compromís en
2008 no tenía representación en el Congreso. Es imposible que nos oyera
intervenir en el Congreso porque no teníamos representación. Sí lo
hicimos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vinaròs, donde sí denunciamos
que nos parecía que era aberrante lo que se iba a hacer con el Castor y
donde sí presentamos todas las propuestas y todas las alegaciones
posibles para que esa planta no se hiciera, igual que lo hicimos en la
Diputación de Castellón y en les Corts Valencianes, que era donde
teníamos representación. Aquí no la teníamos. A partir de 2012, cuando sí
empezamos a tener representación, también desde aquí denunciamos la
chapuza y el chanchullo que se había hecho con Castor, que generó al
final, como he dicho antes también, más de trescientos terremotos, y todo
porque no se tuvo en cuenta el riesgo de sismicidad. Posiblemente fue
porque no interesaba tenerlo en cuenta, porque los resultados podían
hacer que esa plataforma no se construyera donde se construyó. Pero es
que parece que solo nos acordamos del Baix Maestrat para líneas de muy
alta tensión, para Castor y para fracking, y ahí hay gente que queremos a
nuestra tierra, que queremos a nuestros pueblos y que no queremos que sea
un sitio que perforar y que violar constantemente para acabar al final
con terremotos o teniendo nuestra tierra abierta en canal por debajo de
nuestros pies.
Por último, ante los que dicen que hubiese sido una irresponsabilidad no
pagar esa indemnización, lo que es una irresponsabilidad es que a través
de organismos públicos como el BEI o como los ministerios, o incluso con
cláusulas firmadas por el Gobierno -me da igual del Partido Socialista o
del Partido Popular-, se blinden los intereses económicos de las grandes
empresas para asegurar que, aunque sea
por dolo de la propia empresa o por abandono de la explotación, se le va a
pagar uno tras otro todo el beneficio que esa empresa quería tener. Eso
sí que es una irresponsabilidad, y aquí, vuelvo a repetir, pongo a los
dos partidos que han estado implicados en el tema Castor. Eso es la
irresponsabilidad y eso es precisamente lo que hemos denunciado desde el
minuto cero que se empezó con la tramitación del expediente para la
construcción de esta plataforma y seguimos denunciándolo ahora.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí Fresquet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal
Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Intervengo muy brevemente para contestar a las
alusiones que se han hecho al portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Lo que yo sigo diciendo es que el partido político al que representa en
esta Cámara la diputada que acaba de tomar la palabra está apoyando a un
presidente del Grupo Parlamentario Socialista, es vicepresidente de un
Gobierno que preside el señor Ximo Puig, que estaba en esta Cámara cuando
ese tipo de medidas se tomaron. No hace falta que venga a Madrid a
preguntarlo, puede ir al Palacio de la Generalitat en Valencia y hacer
esa pregunta.
Fíjese en la frase que ha dicho al final, es una frase para guardársela de
recuerdo: da igual qué partido sea el responsable. Claro, si es el PP,
no. Lo que está demostrando esa frase es un nivel -a mi juicio, con todo
respeto- de falta de objetividad relevante... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guardan silencio.
El señor MARISCAL ANAYA: ... que demuestra unos prejuicios hacia mi
formación política insanos. Intentemos en la medida de lo posible
atribuir las responsabilidades a aquellos que la tienen en este caso y
que en ningún caso son del Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mariscal.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Una cuestión de orden, presidente, simplemente
para que conste en el Diario de Sesiones. El entonces diputado Ximo Puig
no era diputado en el momento que dice él, porque entra de diputado en
2011 y, por tanto, esto ya estaba en otro momento procesal. Simplemente
lo digo por aclararlo, porque no vale utilizar en vano el nombre del
presidente de la Generalitat.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
EL señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): He
hablado de los tres almacenamientos en la zona de Doñana, también
Marismas Occidental, y he dicho lo que he dicho, que es: la Junta ha
emitido una DIA favorable. Si quieren cambiarla, deben hacerlo. (La
señora Franco Carmona pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). La
Junta, la Junta.
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, no entren en debate. Ha habido
dos turnos por parte de los grupos.
EL señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): La
información que yo tengo es que es la Junta de Andalucía. (La señora
Franco Carmona: Autorización ambiental unificada). Pero eso es otro tema.
La específica de almacenamiento es de la Junta. Yo no soy competente en
la materia, no tengo ni idea de si tiene que ser unificada o no, no es mi
trabajo. Mi trabajo es dar luz verde para su puesta en funcionamiento
cuando todo el mundo que tiene que opinar previamente diga que todo está
correcto. Eso es lo que vamos a hacer. Si está todo correcto, el
almacenamiento funciona; si no está correcto, no funciona. Por ahora hay
escollos tanto en cuestiones medioambientales, y no sé si tiene que ser
unificada o no, si es del Ministerio de Medio Ambiente o es de la Junta.
La información que yo tenía es que era la Junta, pero da lo mismo. Yo
tengo que tener, como ministerio, todos los informes en orden y si no lo
están no habrá puesta en marcha, es así de claro. Por tanto, está en
manos de aquellos que miran otras cuestiones diferentes a las nuestras
que esto se abra o no se abra. Si alguien hace un informe que dice que
esto no se puede abrir, evidentemente no se puede abrir y no puede
funcionar, es así de claro. No estamos diciendo ni presionando a nadie;
no, que nos digan qué es lo que tenemos que
hacer. ¿Esto afecta al parque? Pues que diga un informe que esto afecta al
parque y entonces nos dirá que no puede funcionar y nosotros, dado el
informe que recibimos de que afecta al parque y no puede funcionar, no
entrará en funcionamiento. Es así de sencillo.
Me pueden preguntar ustedes, ¿tiene sentido o no, desde el punto de vista
energético, el almacenamiento? Alguno ha dicho: esta sobredimensionado.
Es verdad, el sistema está sobredimensionado, pero una vez que el sistema
se crea, ¿qué haces con el sobredimensionamiento? Pues, de entrada,
limitar las inversiones, que es lo que hemos hecho en la reforma
energética para que no haya más incrementos. Porque aquí no se había
establecido límite a las inversiones energéticas hasta que hicimos la
reforma, tanto las gasísticas como las de electricidad. El primer
Gobierno que ha dicho que cada uno puede poner en transporte y en
distribución hasta esto ha sido nuestro Gobierno, porque veíamos como
aumentaban y aumentaban las inversiones; todo esto era coste para el
consumidor y muchas veces no estaban suficientemente justificadas. Ahora,
lo que viene del pasado genera derechos y genera pleitos y hemos tenido
ya bastantes con la reforma energética, con la que hemos hecho lo que
ustedes me están reclamando: mirar hacia atrás y ver qué es lo que
sobraba y poder ajustar dentro de lo que jurídicamente es posible en un
Estado de derecho. Eso es lo que hemos hecho con sentencias favorables
tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, pero por ahí
hay algún arbitraje que quiere que esto no sea así. Ustedes luego también
se ceban en el Gobierno cuando salen arbitrajes negativos que van en
contra directamente del consumidor español.
Me pregunta la portavoz del Grupo Socialista, ¿por qué no negociaron el
Castor? Porque ustedes firmaron que no había nada que negociar; porque
firmaron que hasta el dolo lo pagaba el sector. Firmaron que si se subía
un directivo de Escal y le prendía fuego a Castor lo pagaba el Gobierno,
eso es lo que ustedes firmaron. Y cuando fuimos al Tribunal Supremo a
decir declare usted la lesividad de este contrato el Tribunal Supremo no
lo hizo. (La señora Lucio Carrasco: Eso no es lo que dice la sentencia).
Entonces, ¿qué negociación teníamos? Era perder todos los pleitos.
Seguro. Esto fue lo que ustedes firmaron y nos dejó las manos atadas
totalmente como Gobierno. (La señora Lucio Carrasco: Eso no es así). Esto
fue así.
Cuando me habla de revisión y cambios del modelo, diga cuál. Porque a
ustedes les está pasando con el sistema energético lo que con la
financiación autonómica o con el cambio de la Constitución. Hablan mucho
de que hay que hacerlo, pero no ponen una sola propuesta. Usted habla de
ajustes y cuando ponemos ajustes del sistema energético en cuestiones de
distribución y transporte, resulta que ponemos en peligro la seguridad
jurídica. Ese es el argumento de los grandes despachos de abogados que
trabajan para las grandes eléctricas. Pero eso no me parece que sea lo
adecuado para un gestor político, lo digo con sinceridad.
Con respecto a 2020, le digo claramente que nosotros tenemos holgura para
cumplir porque tenemos medidas de sobra para cumplir. ¿Nuestro objetivo?
Vamos a ir cumpliendo lo que ya se ha puesto encima de la mesa, que son
las renovables. Ya le he hablado del sistema sobredimensionado... Sí,
estoy de acuerdo. Si pudiese echar hacia atrás las agujas del tiempo, que
sería el sueño de casi cualquiera de nosotros, claro que se tendrían que
haber hecho las cosas de manera muy diferente. Ahora, ¿cuándo son las
grandes etapas de fuertes inversiones en el sistema gasístico? ¿De cuándo
son los dos almacenamientos subterráneos, por ejemplo, de los que estamos
hablando? Porque de cuándo son las grandes puestas en marcha de las
regasificadoras. Ya sé que hubo una España megalómana en su día, claro
que la hubo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Controlando, precisamente lo
que he dicho antes; controlamos que el número de inversiones sea el
adecuado y tendremos que ir controlando cada vez más, porque, por
ejemplo, en la seguridad del suministro -se lo digo así de claro- el
operador del sistema, que es una parte de Red Eléctrica, decide qué
inversiones hay, que luego cobra Red Eléctrica. A mí me parece que
tenemos que dar una vuelta a cómo evitar este tipo de conflictos de
intereses, se lo digo con sinceridad. De entrada lo que ponemos es un
máximo total de inversión, pero todo ese tipo de cosas sería interesante
que las debatiésemos. Yo estoy encantado de hacer modificaciones en este
sentido. Otro conflicto de intereses que les he contado es, precisamente,
el desmantelamiento de las centrales nucleares: Hay un conflicto de
intereses de primer orden y por eso les hago una propuesta para evitarlo.
No me diga que tenemos prisa por satisfacer los intereses empresariales
cuando la prisa la tenemos por incorporar unas enmiendas en el Senado que
reduzcan la sobrerretribución a las grandes empresas de distribución y
transporte de este país. Ustedes aquí claramente han dicho que no querían
entrar en esa cuestión. Irá por proposición de ley, no se preocupen, pero
prisa sí que tenía yo por rebajar del orden
de 300 millones la retribución y la sobrerretribución de las eléctricas;
la prisa que ustedes no han tenido en la sesión de hoy.
Me pregunta por el pacto por la energía. Lo que pasa es que volvemos a lo
de siempre, yo encantado, pero si esto son dos o tres cuestiones
relativamente sencillas. ¿Queremos la nuclear o no la queremos? Y con un
debate objetivo. ¿Queremos que todavía se mantenga el carbón, o lo
cerramos por decreto aunque en el mercado sea más barato y logre casar en
mayor cantidad que el gas, que es lo que hoy en día está pasando? Eso
implicaría un perjuicio para el consumidor, porque esto se revela en el
mercado. Digan los modelos académicos lo que digan, cuando una tecnología
entra a casar y desplaza a otra es porque es más barata; eso es pura
economía, se estudia en primero de carrera. Por tanto, si el carbón está
desplazando al gas es porque es más barato; si obligamos a cerrar el
carbón obligamos a entrar una tecnología más cara. Luego me pueden decir
que tiene otras ventajas pero el precio, desde luego, no, esa sí que no
la puede tener. Porque además esto se revela directamente, hora a hora,
según se va casando el mercado.
Me dice que el cambio climático es una cuestión de concienciación. Sí, y
de reparto de los costes. Porque en Europa todo el mundo va a lo suyo, y
es lógico, y por tanto hay un compromiso continental. Y todo el mundo
intenta que parte de esos costes de adaptación al cambio climático no los
pague su país y los pague el país de al lado. Y eso también hay que
negociarlo y yo creo que, como ministro del Reino de España, tengo la
obligación cuando voy al Consejo no solo de que se cumplan los objetivos
europeos y se fijen objetivos europeos, sino de evitar que determinados
países le pasen parte de sus costes al nuestro. Y ese discurso tampoco lo
oigo en ustedes, porque tenemos, al mismo tiempo, que luchar contra el
cambio climático y defender nuestro interés nacional. Y nuestro interés
nacional es que se comparta la carga equitativamente en todos los Estados
miembros y no que unos aporten más que otros. Yo creo que esto es muy
importante.
Creo que con esto, porque también he hablado sobre Castor lo que quería,
respondo a la portavoz de Compromís.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Habiendo celebrado las comparecencias que aprobó la Diputación Permanente
de la Cámara, se levanta la sesión de esta Comisión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.
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