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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 418, de 24/01/2018
cve: DSCD-12-CO-418
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 418
DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL MAR GARCÍA PUIG
Sesión núm. 10 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
24 de enero de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat):

- Para informar sobre las políticas sobre infancia y adolescencia que impulsa su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000044) ... (Página2)

- Para que explique los trabajos del Gobierno para aprobar en el Consejo de Ministros la Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000714) ... (Página2)

- Para que explique la no inclusión de la Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el Plan Anual Normativo para 2018 aprobado en Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2017. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Número de expediente 213/000725) ... (Página2)

Corrección de error ... (Página36)


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Abrimos la sesión con la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este punto del orden del día se realiza a petición propia de la ministra y se acumulan las peticiones del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Quiero agradecer la presencia de la ministra, es muy importante para nuestra comisión, una comisión relativamente nueva. Sin más, le doy la palabra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar con mi condena y la del Gobierno de España al atentado de hoy en Afganistán en la sede de Save the Children y enviar nuestro cariño y nuestro apoyo a todos los cooperantes y voluntarios y a la organización y a sus familias. Este duro golpe contra la libertad y la solidaridad de nuestros cooperantes y voluntarios es también un golpe a toda la sociedad española. Por tanto, hoy más que nunca seguimos demostrando todos el agradecimiento al trabajo humanitario y nuestra unión incondicional frente a la lucha contra el terrorismo.

Comparezco en esta comisión con la satisfacción de comprobar que los parlamentarios han acordado en esta legislatura que por primera vez haya una comisión específica de infancia para velar por la protección del interés superior del menor y plantear todos los retos que afectan al bienestar de la infancia y la adolescencia.

Como saben y como ha dicho la presidenta, mi responsabilidad de Gobierno me obliga a dar respuesta a todas las peticiones parlamentarias y entre el Congreso y el Senado tenemos en total nueve comisiones de las áreas de la competencia del ministerio. En lo que llevamos de legislatura he ido compareciendo en las diferentes comisiones, en concreto en siete. La presidenta ha hablado varias veces conmigo para que pudiera comparecer en esta. Pospusimos la comparecencia a enero porque en diciembre había elecciones autonómicas ya que, como sabemos, en la Cámara está la costumbre de que cuando hay elecciones autonómicas, municipales o nacionales no haya comparecencias. Por lo tanto, le agradezco sinceramente a la presidenta, a los portavoces y a todos los miembros de la Comisión la paciencia, pero estoy intentando repartirme entre las nueve comisiones que tengo del área de mi ministerio entre el Congreso y el Senado.

El futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas empieza siempre a construirse en su infancia y dentro de sus familias. Los primeros años de vida tienen una importancia trascendental en su futuro y en su bienestar ya que la igualdad de oportunidades comienza a construirse en la infancia. Necesitamos continuar protegiendo y avanzando en su desarrollo para ofrecerles oportunidades de futuro y lo haremos trabajando para mejorar su calidad de vida, su bienestar integral, lo que nos exige la protección de todos y cada uno de sus derechos. Por eso la mejor manera de proteger a la infancia es protegiendo a las familias, la que cada uno escoja, y siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Esta protección de menores se fundamenta especialmente en nuestra constitución del año 1978, pero también estamos obligados a velar por la protección prevista en los acuerdos internacionales, a los que más tarde me referiré, y que velan por sus derechos, como son la Convención de Naciones Unidas y la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, porque son para nosotros un marco de referencia obligado para la elaboración de las políticas públicas de protección y ayuda a la infancia. Por ello desde el Gobierno estamos trabajando de manera prioritaria para llevar a cabo una política de infancia y adolescencia que sea la más eficiente y la que mejor les prepare para su futuro y para que estén bien protegidos.

Como he dicho, en el año 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, la primera ley internacional sobre los derechos de los menores, y tan solo un año después, en el año 1990, España ratificó dicha convención. Esta ratificación supuso una generación importante de reformas en materia de infancia, que empezó con la modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en el año 1996 y que ha culminado en el año 2015 con la aprobación de las dos leyes de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia. Estas dos leyes supusieron una modificación de un total de 20 textos legales; supusieron un importante avance en nuestro sistema de protección, tal y como ha reconocido el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU en sus últimos informes; convirtieron a España en el primer país en incorporar la definición del interés superior del niño como derecho fundamental, criterio interpretativo y norma de procedimiento reconociendo su derecho no solo a ser oído sino también a ser escuchado. Precisamente anteayer el secretario de Estado, junto con un equipo no solo del ministerio sino de todos los ministerios, pasó el examen periódico que hace el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus miembros felicitaron a España por los importantes


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avances que hemos hecho en materia de protección de nuestros menores, una felicitación que pone en valor nuestro trabajo como país y como sociedad y que nos anima a seguir adelante con esta firmeza.

Hemos de proteger a la infancia y a la adolescencia. Para nosotros eso es una prioridad y un deber compartido con toda nuestra sociedad, y esta protección exige conocer bien las necesidades que tienen nuestros menores para poder atender de manera prioritaria aquellas que tengan mayores implicaciones en su bienestar. Siendo un grupo de población cuya edad les convierte en vulnerables, pueden concurrir en ellos unas circunstancias que agravan dicha vulnerabilidad, como es el caso de los menores en desamparo, los menores con discapacidad, los menores infractores, los menores que son víctimas de delitos que tienen su origen en el ámbito intrafamiliar o aquellos otros que sufren abuso sexual, y también nos preocupa el crecimiento de hábitos poco saludables entre los niños y los adolescentes y la persistencia de estereotipos de género entre los adolescentes, y así podríamos seguir con todas y cada una de las situaciones de vulnerabilidad que pueden sufrir nuestros menores. Si somos capaces de resolver estos retos y otros a los que no me he referido estaremos, por un lado, garantizando el bienestar y el desarrollo de nuestros hijos e hijas y, por otro, abriendo las puertas a un futuro mejor para ellos y para el conjunto de nuestra sociedad.

Desde el Gobierno de España tenemos muy claro que para garantizar el bienestar de nuestros menores hemos de dirigir nuestros esfuerzos hacia tres líneas de actuación que podrían encuadrarse en las tres categorías de derechos del niño consagrados en la convención y conocidas como las tres P, es decir, la promoción, la protección y la participación.

En primer lugar, la promoción y el apoyo a las familias como principal espacio de protección y socialización de nuestros niños. Somos un Gobierno comprometido con las familias y así lo hemos demostrado con todas las medidas tomadas en su favor. En segundo lugar, la protección de los menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea por desamparo o por cualquier otra circunstancia; los menores son las personas más vulnerables de nuestra sociedad y son el bien más preciado que tenemos y que tenemos que proteger, por eso hemos de velar por su protección y bienestar, porque son nuestro presente y nuestro futuro. Y en tercer lugar, la participación de nuestros niños y adolescentes en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho garantizando su acceso a los recursos en igualdad de oportunidades; los menores son también protagonistas de derechos y su presencia en la sociedad no puede ser sustituida por ningún adulto, porque son ellos el centro de nuestras políticas educativas, sociales y económicas, por eso el impulso de su participación dentro de la sociedad no es una opción sino que es un derecho que hemos de proteger entre todos. Precisamente esta mañana, y ahora me lo comentaba también la presidenta, este Congreso, esta Comisión, ha acogido la segunda comparecencia de los niños y niñas de los consejos de infancia y adolescencia de nuestro país para dar a conocer el estado en el que se encuentran las propuestas que presentaron en la sesión celebrada el 25 de enero del 2017. Este es un ejemplo de ese tercer eje, de la participación.

Todos hemos de trabajar al unísono por el bienestar de los menores y sus familias, que en definitiva es el bienestar de nuestra sociedad. La transversalidad de las políticas de protección a la infancia y a la adolescencia nos demanda la colaboración y la coordinación de todos los agentes involucrados: Gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sindicatos, CEOE, empresas, escuelas, medios de comunicación, entidades públicas y privadas y, por tanto, la sociedad en su conjunto. Esto nos exige fortalecer la cultura de la cooperación en un sistema público y privado, descentralizado como el nuestro, si queremos construir un sistema global de protección a la infancia y a la adolescencia y obtener de él los mejores resultados para nuestros hijos e hijas.

Les quiero proponer que estudiemos la necesidad de trabajar por un pacto de Estado por la infancia que aborde desde el consenso político y territorial a la necesaria protección de nuestra infancia. Ha de ser una prioridad, es una prioridad para nuestro Gobierno y estoy convencidísima de que también va a ser una prioridad de esta comisión y de las fuerzas políticas que ocupan el Congreso. Para ello sería necesaria -se lo propondría a la presidenta y a los grupos parlamentarios- la constitución de una subcomisión en esta Comisión que analizase todas las propuestas que tienen que ir encaminadas hacia esta tres P: protección, promoción y participación. Esta subcomisión nos permitiría ir dibujando juntos el camino y solo así podríamos llegar más lejos tanto en la protección como en la promoción y en la participación de nuestros niños.

Permítanme que desarrolle los tres ejes que marcan la defensa de nuestra infancia y la adolescencia. Primero empezaré por la promoción y el apoyo a las familias como principal espacio de protección de la infancia. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 hasta


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la Convención de Derechos del Niño del año 1989 se ha considerado que el niño tiene derecho a crecer en su entorno natural, que es la familia, y nuestra responsabilidad como poderes públicos es apoyarla para que pueda cumplir adecuadamente sus importantes funciones. Las familias evolucionan y cambian su composición a lo largo de su ciclo vital, pero la diversidad en su composición no les impide mayoritariamente continuar desempeñando sus funciones sociales e incluso económicas que resultan imprescindibles, como la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, la solidaridad intergeneracional y el crecimiento económico, y que difícil podrían ser desempeñadas de la misma manera por otros agentes sociales. Además las familias ofrecen un espacio vital clave para el desarrollo y bienestar de sus miembros, por eso el presidente del Gobierno propuso durante la Conferencia de Presidentes del pasado enero de 2017 el abordaje del reto demográfico como una cuestión de Estado, porque el apoyo a las familias y a sus circunstancias sociales y económicas resulta imprescindible para el presente y el futuro de nuestra sociedad.

Para el 98,7 % de los españoles la familia es la institución más importante, por encima incluso de los amigos, el trabajo o el dinero, y el 83,8 % afirma que tener hijos es para ellos lo más importante. En la formación y educación de nuestros niños y adolescentes la familia juega un papel primario e insustituible, porque proporciona al niño el primer contacto con la sociedad. En ella aprenden el valor de las relaciones interpersonales, a convivir con paz y respeto, en definitiva aprende valores y normas de conducta a través de la convivencia familiar. Pero es una institución que no vive aislada, no es un sistema cerrado sin contacto con el exterior, todo lo contrario. El sistema educativo también juega un papel determinante en la educación y formación de nuestros niños y jóvenes, pero no son ámbitos intercambiables; respetando cada uno el del otro deberán colaborar de manera estrecha y nosotros debemos ayudarles en esta tarea. Por tanto, parece evidente que proteger a las familias es la principal forma de proteger a los niños y de proporcionarles un mayor bienestar presente y, por supuesto, futuro. Esa protección nos demanda soluciones a las dificultades de las familias españolas, especialmente en el caso de la conciliación y la corresponsabilidad, y todo ello con la vista siempre puesta en dar una respuesta rápida a las necesidades de las familias de mayor vulnerabilidad.

Permítanme que comience a relatar las acciones que hemos puesto en marcha para dar respuesta a la conciliación de la vida profesional con la vida personal, que es una de las preocupaciones más importantes para las familias de hoy en día. El nivel de satisfacción global de las personas trabajadoras en España con la conciliación laboral y familiar se sitúa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en un 6,8 en una escala del 0 al 10. Los niños expresan en muchos casos ansiedad por pasar tiempo junto a sus padres y estos a su vez viven con angustia el tratar de sacar horas de donde sea posible, lo que deriva muchas veces en estrés para todos los miembros de la familia.

Esta realidad nos pone encima de la mesa uno de los retos más importantes que tenemos que abordar, que es la conciliación. Conciliar la vida profesional y la personal no es un problema femenino, ni siquiera es un tema privado, es una cuestión de Estado que nos afecta a todos como sociedad. Lograr el equilibrio en el uso del tiempo de los adultos es una necesidad para que los más pequeños, nuestros hijos e hijas, puedan disfrutar de tiempo para compartir con sus progenitores, porque la falta de conciliación tiene importantes implicaciones, tanto en el bienestar de las personas, en su crecimiento personal y en la mejora de su salud como en el conjunto de la sociedad proporcionando una mayor igualdad entre mujeres y hombres, una mayor motivación a la natalidad y unas mayores relaciones intergeneracionales, y en los entornos laborales mejora el clima de trabajo, hay un menor absentismo, una mayor atracción de talento y, por tanto, una reducción de los costes de sustitución y reincorporación. ¿Qué hemos hecho? Desde el Gobierno hemos aprobado el segundo Plan Integral de Apoyo a la Familia de toda la historia de nuestra democracia, y de nuevo ha sido un gobierno del Partido Popular quien ha demostrado nuestro compromiso inquebrantable con las familias, porque el primer Plan Integral de Apoyo a la Familia de la democracia fue también con gobiernos del Partido Popular. Este plan 2015-2017 se ha dotado con un presupuesto de 5400 millones de euros en el primer ejercicio y con más de 225 medidas, que va dirigido a familias, a familias numerosas, monoparentales y, sobre todo, a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Una de las siete líneas estratégicas del plan es la conciliación y la corresponsabilidad, y recoge medidas como el desarrollo del teletrabajo, la ampliación de la edad de los hijos de 8 a 12 años para solicitar la reducción de jornada, la bonificación del 100 % de las cuotas sociales durante un año de los autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos -que muchas veces les supone un ahorro de 3000 euros anuales, y una reducción del 50 % de la jornada laboral de los progenitores- de niños hospitalizados y en tratamiento continuado sin que les suponga una reducción de sus retribuciones


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íntegras, así como la posibilidad de cogerse una baja para el cuidado del menor. También hemos ampliado a cuatro semanas el permiso de paternidad en 2017 y, como ustedes saben, pasan a ser cinco semanas en enero del 2018, siempre y cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a dicho ejercicio. Además quiero poner en valor medidas como la equiparación de los derechos de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, la mayoría de ellos mujeres que optaron por el trabajo a tiempo parcial como instrumento de conciliación, así como el reconocimiento por primera vez en España de un complemento económico a las pensiones de jubilación contributivas de las mujeres con hijos. Desde el 1 de enero del 2016 todas las mujeres que se jubilan y que hayan tenido hijos reciben un 5, un 10 o un 15 % más en su pensión dependiendo del número de hijos que tengan.

¿Qué vamos a hacer en esta legislatura? Hemos puesto encima de la mesa la oportunidad de suscribir un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios que permita de manera definitiva la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar. Es una iniciativa que está liderando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se está buscando el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para conseguirlo. Por esa razón está siendo objeto de negociación en la Mesa de Empleo de Calidad en la que la negociación colectiva cobra un papel capital. Ese deseo lo hemos manifestado los españoles en muchísimas ocasiones y la última vez lo hemos hecho en una encuesta realizada por la Universidad Complutense, en noviembre del 2017, donde al pregunta por lo que consideramos las mejores medidas para conciliar, sobre una puntuación de 10 los encuestados han concedido un 9,2 a la flexibilidad de los horarios laborales, valorando esta medida por encima de ayudas económicas como las desgravaciones fiscales o de protección social, porque conciliar no debe ser una opción, sino un derecho y, por tanto, desde el Gobierno estamos decididos a implicar a toda la sociedad para conseguir la racionalización de los horarios laborales, porque así nos lo demandan los ciudadanos. También quiero decir que somos 47 millones de españoles los que tenemos que implicarnos en ello, cada uno desde nuestras responsabilidades, desde nuestras posibilidades; si todos ponemos de nuestra parte, si fomentamos el reparto de roles y la corresponsabilidad en nuestros hogares, si los emprendedores favorecen el teletrabajo y si las mujeres no se sienten obligadas a decidir si quieren ser madres o promocionar en sus unidades, entonces podremos hacer posible la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Otra de las nuevas realidades de este siglo XXI que tiene importantes implicaciones en el bienestar de los niños es el cambio que se ha producido en los modelos y en los roles familiares, dando lugar hoy a situaciones familiares muy diversas que reclaman, por tanto, respuestas específicas. La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte. En realidad las familias nunca han dejado de cambiar, es quizá la institución que históricamente ha mostrado una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, de los que en general ha salido siempre reforzada. Por eso hoy la característica es la pluralidad y la heterogeneidad de las familias que cada uno decidimos formar. Por tanto, ante situaciones familiares muy diversas hemos de ser capaces de dar respuestas específicas para todas las familias y todas las formas de familias que existen en nuestra sociedad.

¿Qué vamos a hacer? Aprovecho esta comparecencia para adelantarles que hemos comenzado a trabajar en la elaboración de un nuevo diagnóstico sobre la situación de la familia en nuestro país, similar al realizado hace cinco años en la legislatura anterior, cuando se puso en marcha el Plan Integral de Apoyo a la Familia. Este nuevo diagnóstico estadístico nos permitirá conocer las nuevas necesidades que han podido ir apareciendo en estos últimos cinco años y reflejarán también los cambios en los comportamientos sociales y en las nuevas formas de familia. Así podremos diseñar también medidas de apoyo y protección, teniendo en cuenta todos los cambios que se han producido en nuestra realidad social y familiar, lo que nos ayudará a poner en marcha con mayor eficacia las medidas del próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia.

Debemos ser capaces de homogeneizar el concepto de familia monoparental porque actualmente es distinta en las legislaciones de las comunidades autónomas. En esa dirección no podemos olvidarnos de las familias numerosas que reclaman también soluciones a sus problemas y son ellas las que más capital humano están aportando para el futuro de nuestro país y a las que más necesitamos para abordar el reto demográfico. Hemos de ser capaces de reflexionar con calma sobre los derechos de los abuelos y otros familiares de los menores, es decir, esa otra familia extensa que también ha de seguir formando parte de la vida de los niños tras la separación de sus padres. Los abuelos necesitan a sus nietos y los nietos necesitan a sus abuelos, además son los abuelos los que más colaboran en la solidaridad intergeneracional. Todos sabemos que gracias a ellos la crisis económica que ha sufrido España estos últimos años ha


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podido ser soportada muchas veces por las familias más jóvenes. Por ejemplo, y les voy a dar un dato objeto de lo que estoy diciendo, llama la atención comprobar cómo el grupo de población de mayores de 65 años es el único que durante la crisis económica ha visto crecer su gasto en consumo y lo ha hecho no porque haya cambiado sus hábitos, sino porque ha ayudado a sus hijos y a sus nietos.

Ante las rupturas de las parejas hemos de potenciar la conciliación en los procesos de separación pensando siempre en el interés superior del menor. Casi el 24 % de los divorcios son contenciosos y algo más del 58 % de los divorcios se producen en parejas con hijos. Por eso tenemos que ayudar a esas parejas para que sus menores no vean empeorar su calidad de vida por esta decisión de sus progenitores. No podemos olvidar tampoco las familias reconstituidas entre los hijos de uno de los miembros de la pareja y el otro. Sin lugar a dudas estamos ante un tema complejo que solo deberíamos resolver desde el máximo consenso y, por tanto, a través del diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos entre todos. En todo caso cualquier modificación legislativa que emprendamos, como no podría ser de otra manera, debe tener siempre por fin último la protección del menor por encima de todo, y deberá priorizar la gestión consensuada de las crisis familiares, evitando la judicialización de la vida doméstica, promoviendo la conciliación y la mediación y entendiendo a los progenitores como los verdaderos protagonistas de los acuerdos familiares. Como saben, el Tribunal Supremo en sus últimas sentencias sobre guardia y custodia de los hijos está creando un sólido cuerpo doctrinal con el que dar respuesta a las diferentes realidades que emergen tras la ruptura de pareja; debemos recoger esta casuística y trasladarla a nuestro derecho positivo. Según el Tribunal Supremo la guardia y custodia compartida debe ser tenida como un sistema más, pero siempre atendiendo al interés superior del menor. La custodia compartida es otra medida más para las familias y desde el Gobierno ya la incluimos en el acuerdo de investidura, junto con Ciudadanos, porque considerábamos que responde a una demanda social. Para legislar sobre esta medida necesitamos el consenso mayoritario, no la mitad del Congreso más uno. Ya he dicho varias veces en el Parlamento, en las sesiones plenarias en las que he sido preguntada por esta medida, que legislar sobre todo esto tiene un impacto absoluto sobre todas las familias, por lo que lo ideal es llegar a grandes consensos en esta Cámara; no podemos modificar una ley por la mitad más uno, porque a lo mejor mañana vienen otras fuerzas políticas y la vuelven a derogar o la cambian y al final quien saldrá perjudicado es el menor, que es a quien queremos proteger. Por eso he propuesto a la presidenta y a la Comisión empezar a trabajar en este camino conjunto de este pacto por la infancia, que se trabaje bajo el marco de estas tres P creando una subcomisión, algo que es una decisión de ustedes como grupos parlamentarios; si se crea, que estudie estas tres P y que también evalúe todas las formas de familia, sobre todo en cuanto a la guardia y custodia compartida; que vea el impacto que está teniendo en las comunidades autónomas en las que ya se aplica, en sus códigos civiles, forales; que vea cómo se está aplicando la guardia y custodia compartida, qué impacto tiene, para conseguir un acuerdo en esta Cámara y continuar legislando sobre las diferentes formas de familias. Somos conscientes de que ha contar con los máximos apoyos de todos. He querido hacer una mención especial a la guardia y custodia compartida porque es un tema que muchos de ustedes me sacan constantemente en las interpelaciones, en las sesiones de control, y pienso que una muy buena herramienta podría ser este pacto por la infancia o esta subcomisión que podría trabajar sobre las tres P, y uno de los temas podría ser lo que he señalado de la corresponsabilidad y, por tanto, de la guardia y custodia compartida. Ustedes conocen perfectamente el acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero eso significa la mitad de la Cámara y pienso sinceramente que para una reforma tan importante tenemos que trabajar todos en conseguir máximos consensos, porque al final el impacto es hacia los niños y todos los que estamos aquí estamos para proteger a los hijos.

Como les decía al principio, la familia es el lugar donde hemos de garantizar la seguridad y protección de los menores, y además de facilitar la conciliación de la vida laboral y personal y de procurar la corresponsabilidad de los progenitores para que pueda ejercer sus funciones adecuadamente, quiero detenerme en explicar las medidas destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad. El desempleo de sus progenitores es uno de los principales riesgos de vulnerabilidad social añadida para los menores. Por eso la intensa destrucción de empleo que se produjo en nuestro país, producto de la crisis económica y financiera del 2007-2008, fue causa directa de que los ingresos de los hogares disminuyeran en 3953 euros al año, un 13,2 %, y de que el riesgo de pobreza y exclusión social en los menores de 18 años aumentara tres veces más rápido en España que en la Unión Europea. El principal mecanismo para salir de esta situación era crear las condiciones de estabilidad económica y presupuestaria que permitieran a nuestro país volver a crecer y a generar oportunidades laborales, y así lo hemos hecho. Hoy hay 2 160 000 personas trabajando más que el año 2011. En términos generales esta mejora del empleo ha permitido


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que los ingresos medios de los hogares hayan aumentado -en el último año lo han hecho en 638 euros, lo que se traduce en un 2,5 %- y que la tasa del riesgo de pobreza y exclusión social en menores de 18 años, la tasa Arope, haya disminuido en los dos últimos años 3 puntos y haya pasado del 35,8 en 2014 al 32,9 en 2016. También se observa un aumento en el gasto medio por hogar, que ha sido posible por el incremento de sus rentas, lo que ha permitido que la población de menores que vive en hogares con privación material severa haya disminuido considerablemente pasando del 9,5 en 2014 al 7,1 en el 2016, es decir, casi 2,5 puntos menos.

El Banco de España señala que desde el inicio de la recuperación el crecimiento de la renta de las familias se sustentó fundamentalmente en la generación de empleo y que el crecimiento real de los salarios contribuyó a revitalizar la capacidad adquisitiva de las familias pese a que el aumento salarial nominal fue modesto. La generación de empleo y el aumento de los salarios repercutieron en el alza de la principal fuente de ingresos de las familias y es evidente que el reciente acuerdo de aumento progresivo del salario mínimo interprofesional que ha acordado este Gobierno junto con los sindicatos tendrá nuevos efectos beneficiosos sobre las rentas de las familias. El Gobierno del Partido Popular hemos sido capacidades de acordar con los sindicatos este incremento escalonado de la cuantía del salario mínimo interprofesional donde, como ustedes saben, el objetivo final es llegar a 2020 siendo el salario mínimo interprofesional de 850 euros. Además hemos intensificado las medidas para proteger a las familias con menores recursos mediante la reforma fiscal, que ha reducido los impuestos que pagan las familias con hijos. El mínimo de la base imponible no sometida a tributación ha sido elevada hasta un 32 % para las familias con hijos y se han establecido nuevas deducciones de 1200 euros anuales para familias numerosas, monoparentales con dos hijos a cargo o las que cuenten con hijos o ascendientes con alguna discapacidad a su cargo. En 2016, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, 1 905 000 personas se beneficiaron de esta ayuda, lo que supone una reducción de impuestos que asciende a 1473 millones de euros. Se ha reforzado también la protección por desempleo a las familias con hijos, poniendo en marcha el programa especial de activación para personas desempleadas con hijos a cargo. Este programa establece una ayuda de 426 euros, compatible con un empleo durante 5 meses, para más de 218 000 parados de larga duración con responsabilidades familiares que no recibían ningún tipo de ayuda. También se han considerado las familias con hijos como prioritarias, tanto en los mecanismos para facilitar la reestructuración de las deudas hipotecarias como en los de acceso al fondo social de vivienda. Hasta la fecha más de 43 000 familias se han beneficiado de reestructuraciones viables y 9000 familias han tenido acceso al Fondo Social de Viviendas.

Hemos puesto en marcha el Programa para la Protección Familiar y Atención Infantil y el Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Vulnerables, con un total ambos de 200 millones de euros; 100 millones de euros provienen del Ministerio de Agricultura, a través del FEAD, y los otros 100 millones de nuestro ministerio. Ambos programas refuerzan la atención que se presta desde los servicios sociales a las familias con hijos en situación de vulnerabilidad con ayudas para escuelas infantiles o apoyos educativos complementarios, y más de 96 000 familias se han beneficiado de estas ayudas y su realidad pone encima de la mesa el hecho de que el empleo es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad y, por tanto, romper con la vulnerabilidad. Además también gracias a la solidaridad de todos los españoles y a través de un programa que gestionamos en el Ministerio de Sanidad, en el año 2016 a través del 0,7 del IRPF los programas de apoyo a la infancia han recibido casi 18 millones de euros distribuidos en 173 programas, lo que representa un 8 % del crédito total del programa del 0,7 %.

Vamos a seguir apoyando de forma decidida a las familias. Uno de los compromisos del Gobierno, y por tanto del partido que lo apoya, es dar a lo largo de esta legislatura la condición de familia numerosa especial a partir del cuarto hijo -ahora es a partir del quinto- y permitir que mantengan esa condición hasta que el menor de los hijos cumpla los requisitos establecidos para mantener los beneficios sociales. Estaríamos hablando aproximadamente de 97 000 familias en España.

Me voy a referir ahora el segundo eje, la segunda P, la protección de los menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Para ello voy a hablarles de tres realidades que son prioritarias para nuestro Gobierno: las de los menores que se encuentran en desamparo, las de aquellos que son víctimas de violencia y las de los menores con discapacidad. Todos necesitan una especial protección.

Debemos abordar nuestra responsabilidad como poderes públicos en la protección de los niños que se encuentran en situaciones de riesgo y de desamparo. En 2016 había 33 745 niños en situación de desamparo que se encontraban bajo la tutela de las entidades públicas de protección. De estos niños, actualmente 14 104 viven en centros de acogida residencial y 19 641 viven con familias de acogida.


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Nuestro objetivo no puede ser otro que garantizar la protección de esos menores en desamparo y proporcionarles la oportunidad de vivir en familia, porque la familia es sin duda el mejor recurso de protección y el mejor ecosistema natural en el que crecer. Esta forma de ser madres y padres es la gran olvidada de nuestra sociedad y reivindica su propio protagonismo. ¿Y qué hemos hecho? Con la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que aprobamos en 2015, hemos dado prioridad al acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente en el caso de los niños menores de 3 años, procurando que vivan siempre en el seno de una familia sin tener que pasar por un centro residencial.

La mejor forma de conseguir este objetivo es agilizar el procedimiento. Con ese fin hemos adoptado las siguientes medidas: hemos desjudicializado el acogimiento, el juez ya no tiene que intervenir de forma obligatoria para que una familia pueda tener en su seno a un niño; también ordenamos y clasificamos los tipos de acogimiento familiar y la duración del mismo, lo cual redundará en favor tanto de los menores como de las familias. Así tenemos, en primer lugar, el acogimiento de urgencia, que está pensando para menores de 6 años y una duración no superior a los 6 meses; en segundo lugar el acogimiento temporal, con una duración máxima de dos años, y se aplica cuando se prevé que el menor pueda volver a la familia de origen o esté en un proceso de adopción, y en tercer lugar, hemos incluido un estatuto del acogedor familiar que comprende el elenco de derechos y deberes de las partes implicadas en el acogimiento. Además para potenciar esta figura y crear la conciencia en las familias de que con su generosidad pueden contribuir a cubrir las necesidades de niños que pasan por circunstancias particularmente difíciles, hemos emprendido acciones como la campaña de fomento del acogimiento familiar "Se buscan familias", también hemos realizado dos cursos online y se ha publicado el manual "Programa de soporte para adolescentes acogidos y acogidas en familia extensa", y hemos apoyado institucionalmente el desarrollo del III Congreso El interés superior del menor, organizado el pasado noviembre en las instalaciones del Ministerio de Sanidad. Gracias a estas campañas en 2016 hemos conseguido que 2112 familias se interesen por acoger a un menor en su hogar, hemos sido capaces de que más familias se interesen por el acogimiento.

¿Y qué vamos a hacer? Para completar estas medidas estamos trabajando con las comunidades autónomas para desarrollar los criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad en los ámbitos de acogimiento familiar y residencial, como la valoración de la aptitud educadora de las familias, la compensación económica para el acogimiento o la especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad. También estamos trabajando en el diseño de un mecanismo interterritorial de asignaciones entre comunidades autónomas, similar al que funciona en la Organización Internacional de Trasplantes. Este mecanismo nos permitirá que las familias dispuestas a acoger o a adoptar puedan ser localizadas y propuestas tan pronto como el niño entre en el sistema de protección, independientemente de la comunidad autónoma donde residan el niño o las familias, porque estamos comprometidos con reducir al mínimo el tiempo del menor dentro de los centros.

La segunda medida de trascendencia que introdujo la Ley de protección a la infancia y la adolescencia tiene por finalidad allanar las dificultades por las que tienen que atravesar las familias a lo largo del proceso de adopción, sea nacional o internacional. En lo que se refiere a la adopción nacional, siempre teniendo a la vista el interés superior del menor, hemos agilizado y simplificado el procedimiento de adopción. Para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación. Hemos unificado los criterios de idoneidad para las familias adoptantes, entre los que cabe subrayar la imposibilidad para adoptar de quien esté privado de la patria potestad de un hijo. Y antes de la adopción hemos previsto un periodo de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanecerán siempre en una familia evitándoles pasar por un centro de acogida. La finalidad que perseguimos con esta medida es reducir el número de niños que esperan en centros residenciales. Estamos convencidos de que haciendo más ágil y sencillo el procedimiento de adopción conseguiremos que los 14 000 niños en situación de acogimiento residencial encuentren un hogar y una familia.

En cuanto a qué hemos hecho, quiero subrayar el gran impacto que tuvo la Ley 26/2015 de protección a la infancia promovida por el Gobierno del Partido Popular en favor de las familias que acudían a los mecanismos de la adopción internacional. Las modificaciones que introducimos con esta reforma en la Ley de Adopción Internacional del 2007 pusieron orden a una situación que hasta ese momento era un poco caótica. En primer lugar, el Estado asume competencias respecto a la identificación de las condiciones de idoneidad, unificando así el sistema. Esta decisión permitió que en todo el territorio


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nacional se aplique un único criterio de idoneidad para la acreditación de las entidades de colaboración y estableció los mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad que estas deben observar en la prestación del servicio a las familias.

Además con el objeto de proteger jurídicamente al menor adoptado y a las familias adoptantes, hemos decidido que sea la Administración General del Estado en colaboración por supuesto con las comunidades autónomas y las entidades de colaboración quienes decidan abrir o cerrar acuerdos internacionales para adoptar niños en el extranjero. Esta decisión se adoptará en función de las garantías que ofrezcan los países de origen respecto al interés superior del niño que va a ser adoptado. Por ejemplo, tenemos acuerdos firmados ya con Rumanía, Senegal y Marruecos. El desarrollo reglamentario en el que hemos estado trabajando a lo largo de este año y que ahora termina su andadura con la aprobación del Real Decreto que será promulgado en 2018 va a permitir que las familias puedan optar por cualquier organismo acreditado en todo el territorio nacional, que las entidades colaboradoras cumplan con los mismos requisitos en todo el territorio nacional y que el coste de los servicios de las entidades colaboradoras sea el mismo en todo el territorio nacional. Lo más importante para nosotros, para el Gobierno de España, es garantizar que los menores adoptados y las familias adoptantes están protegidos jurídicamente tanto en el país de origen como en el del destino.

En segundo lugar, en este segundo eje dentro de la actuación de Gobierno en materia de protección de la infancia, vamos a fortalecer la protección de la integridad física y moral de los menores. España es uno de los países más seguros del mundo, con la menor tasa del muerte violenta de toda la Unión Europea, solo por detrás de Austria. Sin embargo la violencia contra un menor es inadmisible en nuestro país y por eso no dejamos de luchar contra ella de manera decidida y comprometida porque tenemos evidencias claras de que la violencia conllevan numerosos efectos negativos en su desarrollo y en su bienestar, tanto en el plano físico como en el cognitivo, en el emocional y en el social. La mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos principalmente por la dificultad con la que se enfrentan los niños para contar la situación por la que están pasando. Por eso trabajamos sin descanso para dar visibilidad a esta realidad, para concienciar a los ciudadanos sobre ella, para prevenir nuevos casos y para mejorar en la protección de los niños que ya sufren la violencia. En la X Legislatura todos los grupos parlamentarios, conscientes de esta realidad, decidimos por unanimidad crear una subcomisión en esta Cámara para abordar el problema de la violencia contra los niños. Una de las conclusiones de esta subcomisión fue la necesidad de avanzar hacia un modelo de protección integral de los niños contra la violencia que dé respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Parte de estas conclusiones de la subcomisión se han incorporado ya en recientes modificaciones legislativas. Las dos leyes de protección de la infancia y adolescencia aprobadas en el 2015 identifican como principio rector de la actuación de la Administración la protección de los menores, lo que implica la obligación de los poderes públicos de desarrollar actuaciones de prevención, sensibilización, detección, notificación, asistencia y protección ante cualquier situación de violencia que puedan sufrir los niños. Asimismo, prohíbe a quienes hubiesen sido condenados por delitos contra la integridad sexual trabajar con menores en centros educativos, culturales o deportivos y crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Y también hemos reconocido por primera vez a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas y, por tanto, se ha establecido la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas.

Por otro lado, la ley del 2015 de reforma del Código Penal y el estatuto de la víctima supusieron tanto un endurecimiento en el tratamiento penal de todas las formas de violencia contra la infancia como una mayor protección procesal de los menores en los procesos judiciales. Se permitió que las declaraciones de menores sean grabadas por medios audiovisuales para luego ser reproducidas en juicios sin necesidad de que el menor comparezca.

Asimismo se estableció la pena de prisión permanente revisable para los asesinatos de menores de 16 años. Tenemos muy presente -y eso lo quiero dejar bien claro, ya que ahora está el debate, tanto en los medios como en esta Cámara- la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Saben perfectamente el posicionamiento claro y firme del Gobierno de España, del Partido Popular, en la defensa de la pena de prisión permanente revisable. Tenemos muy presentes en nuestra memoria a Marta del Castillo, que hoy hace nueve años de su desaparición, y también tenemos presente la memoria de Ruth, de José, y de tantos menores asesinados cruel y vilmente. Les quiero dejar muy claro a los que están pidiendo esta derogación de la prisión permanente revisable que este Gobierno está convencidísimo de la importancia de esta medida. Se trata de una pena extraordinaria para supuestos de extrema gravedad


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que impide a los autores de graves crímenes que no demuestren su voluntad de reintegrarse de nuevo a la sociedad que recuperen su libertad poniendo otra vez en peligro nuevamente a la ciudadanía. La prisión permanente no es una cadena perpetua, es la medida que combina seguridad a los ciudadanos y reinserción.

Por tanto, más allá de otras cuestiones a debate que tenemos encima de la mesa, no hay duda de que tenemos un buen sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, pero hemos de seguir trabajando para mejorarlo con un instrumento legal que nos permita vertebrarlo mejor mejorando la coordinación de todos los organismos y de todos los niveles de las administraciones públicas (estatal, autonómico y municipal) con competencia en esta materia a través de procedimientos más ágiles que faciliten una respuesta más eficaz.

También tenemos que mejorar los sistemas de prevención coordinando mejor los sistemas educativo, sanitario y los servicios sociales, y aumentar la concienciación social frente a la violencia contra la infancia dando más visibilidad a las terribles consecuencias en su futuro. Por lo tanto. La mejor forma de proteger a los niños contra los actos violentos es la prevención y la concienciación. Por eso hay que centrar los esfuerzos en conocer, identificar, detectar los factores determinantes del riesgo para evitar que el daño llegue a producirse. Es un compromiso de este Gobierno en esta legislatura aprobar la ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Queremos que sea con el consenso de todos y que con esta ley reforcemos los mecanismos de alerta frente a la violencia contra los niños, por ejemplo, fomentando la especialización de profesionales en la detección precoz, tanto en los centros sanitarios como en las escuelas y centros de ocio. Fortaleceremos también la coordinación interadministrativa para poder realizar un mejor seguimiento de las intervenciones en casos de violencia infantil y dotaremos de mayor visibilidad los casos de menores que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Estamos preparando el texto cuya elaboración se encuentra bastante avanzada, gracias al grupo de trabajo con expertos de reconocido prestigio en el ámbito judicial, universitario y entidades del tercer sector. Como ya dije también en alguna comparecencia en el Congreso, estamos trabajando con Save the Children y la Universidad Pontificia de Comillas, y este grupo de trabajo viene reuniéndose periódicamente desde el mes de julio del 2017. Por tanto, es un compromiso de legislatura de este Gobierno presentar a las Cortes esta ley, que va a ser un gran avance y que es necesario poder sacarla, desde el diálogo y el acuerdo, en beneficio de nuestros menores.

De forma específica también hay que seguir abordando la violencia que se ejerce contra los niños en el entorno de la violencia de género y, por tanto. El pasado año se han producido ocho asesinatos de menores hijos de mujeres víctimas de violencia de género, y ya son veinticuatro los menores huérfanos que han visto cómo sus padres mataban a sus madres. Estas muertes inocentes a manos de las parejas de su madre, incluso de los propios padres de las víctimas, es intolerable. Pero esto no es todo: el 63 % del total de mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo a sus parejas o exparejas y que tienen hijos, afirma que en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia los hijos e hijas presenciaron o escucharon alguna de las situaciones de las violencia, y el 64 % de estas mujeres afirma que sus hijos sufrieron alguna vez violencia. Desde el Gobierno del Partido Popular nos hemos comprometido muy especialmente con los menores víctimas de violencia de género y les hemos reconocido, primero, su condición de víctimas y, segundo, una pensión de orfandad completa, el 100 % de la base reguladora de la madre fallecida.

Además desde el Gobierno estamos preocupados por el incremento de conductas de control entre las parejas adolescentes y por eso hemos reforzado las campañas de concienciación. Educar desde la igualdad es la base que nos permitirá construir una sociedad libre de violencia machista donde las mujeres y los hombres sean valorados por su talento y no por su género. Por ello hemos llevado a cabo varias acciones específicas, tanto en materia de formación de formadores como de sensibilización de toda la sociedad. Para los educadores hemos diseñado programas como el Programa Relaciona y las Jornadas Intercambia, en colaboración con los organismos de igualdad y las consejerías de Educación de las comunidades autónomas. El Programa Relaciona tiene por objeto promover a través de cursos presenciales la reflexión del profesorado en la prevención de la violencia de género y las Jornadas Intercambia impulsan la revisión, actualización y difusión de materiales didácticos centrados en nuevos modelos de formación del profesorado y en prácticas educativas que promuevan la igualdad. Más recientemente en materia de concienciación y sensibilización hemos llevado a cabo dos acciones de gran éxito, la campaña de prevención de la violencia de género entre adolescentes, llamada Corta a tiempo, que en los primeros veinte días tuvo más de 5,5 millones de visualizaciones en Youtube y la puesta en


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marcha de un apartado específico para adolescentes en la aplicación Libres, una aplicación para el teléfono móvil que ayuda a detectar las primeras señales del maltrato.

¿Qué vamos a hacer? Dentro del pacto de Estado contra la violencia de género hemos incluido muchas medidas que mejoran la protección de los menores como, por ejemplo, la revisión de las medidas civiles relativas a la custodia, el fomento de las actuaciones en el ámbito educativo y la promoción de campañas contra la cosificación del cuerpo de las mujeres y contra la hipersexualización de las niñas. Estas y otras medidas que pondremos en marcha próximamente nos permitirán reforzar la seguridad de los menores y prevenir las conductas violentas dentro de las parejas adolescentes.

La trata de menores es también un tema que ocupa un lugar prioritario en nuestra agenda política y por eso la próxima semana durante mi comparecencia en la Comisión de Igualdad de esta Cámara desarrollaré con todo detalle las medidas que afectan a la lucha contra la trata de seres humanos y explicaré el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género. Pero no quería dejar de mencionar en esta comisión la trata de menores, que también es un tema que ocupa un lugar prioritario en nuestra agenda política y el pacto de Estado prevé legislar sobre la trata.

Por último, me referiré al ámbito de la protección de los menores con discapacidad, no quiero dejar de mencionarlo. Ya traté en profundidad durante mi comparecencia el pasado 7 de noviembre en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de esta Cámara todas las políticas que estamos desarrollando en la discapacidad y también en la discapacidad de menores, pero quiero aprovechar esta ocasión para recordar una medida que ya anuncié en dicha Comisión, que es que hemos dado un destino social a las que conocemos como cuentas durmientes, esas cuentas bancarias que son las constituidas por cuentas corrientes y otros depósitos bancarios abandonados por más de veinte años. Todo el dinero de las cuentas durmientes lo vamos a dedicar a la formación, a ayudar a los adolescentes con discapacidad en su proceso formativo.

También quiero en este segundo eje hablar de salud en los niños y los adolescentes. El derecho a la salud en los niños es uno de los derechos fundamentales y una prioridad de este Gobierno. Aunque ya expliqué en mi comparecencia en la Comisión de Sanidad de esta Cámara todos los programas de actuación de este Gobierno que afectan a los menores y a su salud, no quiero dejar de esbozar de nuevo algunos de los aspectos más relevantes. Desde la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud trabajamos para ser cada vez más eficientes, por lo tanto contamos con un calendario de vacunaciones común en todo el Sistema Nacional de Salud, que extiende un manto de protección y prevención contra muchas enfermedades infantiles en todos los rincones de España. Además trabajamos intensamente en la pronta identificación de enfermedades por alteraciones genéticas: síndrome de Down, fibrosis quística, anemia falciforme; en la identificación de trastornos del desarrollo, como pueden ser autismo, asperger, TDAH, y en la identificación precoz de la hipoacusia en el recién nacido, lo que nos va a permitir actuar prontamente, poner soluciones y, si llega el caso, un implante cloquear cubierto por la cartera. Las enfermedades raras y el cáncer infantil son también una prioridad para nuestro ministerio. Ya hemos definido 46 centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, repartidos por todo el territorio nacional, para atender solo patologías en niños, y estamos trabajando en el Registro Español de Tumores Infantiles con un convenio con la Universidad de Valencia. Además estamos trabajando en el ámbito del Consejo Interterritorial y en el marco de la Estrategia de Salud Mental -están trabajando las comunidades autónomas con el Gobierno de España dentro del marco del Consejo Interterritorial- para incluir como línea estratégica la prevención de la conducta suicida en niños y adolescentes porque hemos de prevenir todas las cuestiones que afecten a la salud y al bienestar de nuestros menores.

En cuanto al tercer eje, la tercera P, la participación de los niños en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, hay que decir que son estos derechos los que de verdad identifican al niño como sujeto y no solo como objeto de derechos. Las leyes de infancia del 2015 reforzaron de forma indudable este tercer grupo de derechos, especialmente a través de la regulación orgánica del derecho del menor no solo a ser oído, sino también a ser escuchado en cualquier decisión que les afecte. Este derecho afecta al ámbito familiar y a cualquier procedimiento administrativo o judicial en el que los niños, niñas y adolescentes estén implicados o incida en su esfera personal, familiar o social, valorándose su opinión en función de su edad y madurez. La misma previsión ha sido introducida en los procedimientos de protección en materia de acogimiento familiar, patria potestad, adopción, régimen de visitas, riesgo y desamparo, y afecta también a las vistas que se celebran sobre custodia y otras causas relacionadas con la inmigración de niños, niñas y adolescentes.


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Además incluyeron un título relativo a los deberes de los menores haciéndoles corresponsables de las sociedades en las que participan, ya sea la familia, la escuela o el barrio. Esto quiere decir que ellos también participan en los deberes de respeto e igualdad, por ejemplo previniendo y alertando de los casos de acoso escolar, así como en su forma de vivir o sus relaciones adolescentes, convirtiéndose en agentes activos contra la violencia de género.

La participación de nuestros niños y adolescentes en la sociedad como protagonistas de sus derechos es también un motivo de acción política dentro del ministerio, un protagonismo que les garantiza hacer valer su derecho a una vida sana y plena en igualdad de oportunidades, garantizando su bienestar en el futuro independientemente de las dificultades sociales o familiares de partida. Y esa vida plena pasa necesariamente por el cultivo de unos hábitos saludables que les permitan desarrollarse tanto personal como socialmente en las mejores condiciones posibles. Nuestra responsabilidad como sociedad es fomentar estilos de vida saludables desde la etapa infantil y adolescente, para que cuando lleguen a la edad adulta se conviertan en sujetos activos de su propia salud. Después de unos años de aumento de la obesidad y sobrepeso de la población infantil, la prevalencia de exceso de peso en la población española entre 6 y 9 años se ha reducido 3 puntos en los últimos cuatro años. También en la población adolescente de 11 a 15 años hemos mejorado en 2 puntos porcentuales por debajo de la media de la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los 44 países europeos.

Queremos que lo que hoy es una tendencia mañana sea una realidad, y para conseguirlo necesitamos del trabajo de todos: familias, educadores, fabricantes y distribuidores de bebidas y alimentos. En breve, en pocas fechas vamos a presentar el primer plan pionero de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas en España, 2017-2020. Se trata de una apuesta de colaboración voluntaria y responsable con varios sectores: fabricación, distribución, vending, restauración moderna y catering para reducir de forma paulatina el azúcar, la sal y las grasas que inciden directamente en la obesidad, especialmente en la infantil. Con este plan vamos a reducir en un 10 % en tres años el consumo del azúcar, la sal y las grasas.

También estamos promocionando campañas y talleres como, por ejemplo, la campaña "Gracias por esos 1000 primeros días", para fomentar una alimentación y hábitos de vida saludables en los primeros mil días de vida, que no es desde que nace el hijo, sino desde el embarazo y la lactancia hasta los dos primeros años del bebé. O la campaña para los medios digitales con el lema "Con un poquito de azúcar es suficiente" que se va a difundir este año y que pretende que se lea la información nutricional presente en las etiquetas de los productos alimenticios para ser más conscientes del azúcar total que se consume y, por tanto, poderlo regular dentro de las dietas.

Nos preocupa también el sedentarismo, especialmente por las graves consecuencias que acarrea en la salud de los niños y los jóvenes. El 12,1 % de la población comprendida entre 5 a 14 años no realiza actividad física alguna en su tiempo libre, siendo este porcentaje de sedentarismo doble en las niñas que en los niños. Es por ello que estamos trabajando coordinadamente con el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Queremos aunar los programas ya existentes en el ámbito escolar y enlazarlos con la estrategia de promoción y prevención de la salud del Ministerio de Sanidad, sobre todo en la Estrategia NAOS, que se fija en la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad.

Además de la obesidad existen otros tipos de amenazas que afectan directamente al desarrollo físico e intelectual de nuestros menores, como el consumo del alcohol y el tabaco. Actualmente el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los menores de 14 a 18 años. En 2014, el 68 % había consumido alcohol en el último mes y un 31,9 % realizaba un consumo de riesgo de alcohol en fin de semana. Los efectos del consumo del alcohol en la salud de los jóvenes produce daños orgánicos en el hígado, páncreas y especialmente en el cerebro, ya que todavía se están desarrollando y madurando; interfiere con el desarrollo madurativo del Sistema Nervioso Central, produciendo déficits relacionados con la capacidad de concentración y resolución de tareas; produce daños en su desarrollo psicosocial y afecta a su rendimiento académico, por lo que es fuente de conflictos familiares. Por ello desde el Ministerio de Sanidad estamos centrando nuestros esfuerzos en la prevención y la atención temprana de este tipo de adicciones, y al principio de esta legislatura anuncié el compromiso de traer a las Cortes para su debate y aprobación un proyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores.

Quiero agradecer el trabajo de la Comisión Mixta, Congreso-Senado, para el estudio del problema de las drogas que aprobó por unanimidad una proposición no de ley que acordó la constitución de la Ponencia de estudio Menores sin Alcohol, cuyas conclusiones serán enviadas al Gobierno para la preparación del


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correspondiente proyecto de ley. Así, se nos comunicó desde el Legislativo que está previsto en febrero o marzo tener ya el informe de la ponencia y, por tanto, el Gobierno y yo misma estamos expectantes ante las conclusiones de este informe, que estamos convencidos de que se va a aprobar, de que se va a conseguir el acuerdo, la mayoría y la unanimidad, y de que este informe va a constituir el núcleo del texto del proyecto de ley que será remitido a ambas Cámaras para su tramitación y posterior aprobación.

Como Gobierno de España creemos que el informe debe perseguir tres objetivos claros: la sensibilidad, la prevención y el control del consumo del alcohol en menores. Estos tres objetivos deben desarrollarse en medidas dirigidas a las familias, que son las protagonistas activas en la sensibilización, la prevención y el control. Por ejemplo, hemos de ser capaces de empoderar a las madres y a los padres para poner límites y valores a sus hijos que les permitan desarrollar una parentalidad positiva y, por tanto, poder exportar a todos los rincones de España programas de éxito que ya existen en España, como puede ser el Role Play, un simulador para padres y educadores donde pueden interactuar y aprender a tomar las decisiones más adecuadas sobre la salud de sus hijos, a la hora de prevenir el consumo del alcohol.

También sería necesario reforzar todos los mecanismos para impedir que llegue el alcohol a manos de los menores. Por ejemplo, pienso en que tenemos que ir encaminados a que en las páginas web con contenidos para menores, en esas páginas webs que ven nuestros hijos, que consultan nuestros menores porque tienen contenidos para ellos, no se abran automáticamente ventanas de publicidad de productos alcohólicos. También creo importante mejorar los sistemas de información y de detección del consumo del alcohol en menores en el ámbito sanitario. Por ejemplo, sería necesario aplicar protocolos en los centros de atención primaria y en los de urgencias para que se avise a los padres de aquellos menores atendidos por alcoholemia en los centros hospitalarios.

Estas y otras medidas dan sentido a estos tres objetivos que deben plantearse en la ley, que son la sensibilización, la prevención y el control y estoy segura de que contarán con el apoyo mayoritario de la Cámara. Se trata de proteger la salud de los menores y en ello tenemos que estar todos unidos.

En cuanto al consumo de tabaco, es también un motivo de preocupación del ministerio, más aun en el caso de los menores. Es la segunda adición más extendida entre los estudiantes entre 14 y 18 años después del alcohol. Se trata de un problema de salud pública, pero sigue siendo la primera causa de mortalidad y morbilidad evitable en nuestro país, así como en el resto de los países de nuestro entorno. Según los últimos datos oficiales, el 31,4 % de los estudiantes de 14 a 18 años fumó tabaco en los 12 últimos meses, con un mayor consumo en chicas que en chicos: 33 % de las chicas y 29 % de los chicos habían fumado en los 12 meses anteriores, siendo la edad media de inicio 13,9 años.

El ministerio ha llevado a cabo dos tipos de iniciativas para prevenir el inicio del consumo de tabaco y animar, por tanto, a su abandono, por un lado mediante la sensibilización con campañas como: "Sois la generación de los retos y la única que puede acabar con el tabaco". Es una campaña tipo challenge, que pretende promover actitudes de vida saludable en los jóvenes, proporcionando herramientas para prevenir el inicio del consumo de tabaco y favorecer el abandono. Por otro, a nivel normativo hemos traspuesto dos directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico, la primera relativa a la fabricación, presentación y venta de productos del tabaco, y la segunda establece la nueva biblioteca de advertencias gráficas que han de utilizarse en los productos del tabaco. Con ello queremos seguir avanzando en la protección de la salud mediante la promoción de hábitos saludables y la prevención de hábitos perjudiciales, líneas estratégicas de nuestro ministerio que mejoran la salud de nuestros niños y adolescentes.

Además del alcohol y del tabaco, la salud de nuestros menores se puede ver amenazada por otros peligros como el consumo sin control de las redes y las nuevas tecnologías. El uso compulsivo y la dependencia patológica que tienen algunos menores de los móviles, ordenadores e Internet es un serio anuncio de que estamos frente a una nueva forma de adición. Además de los beneficios evidentes que las nuevas tecnologías proporcionan a nuestras vidas, existen también peligros que pueden afectar a su desarrollo, como es el caso del ciberacoso o la depredación sexual. Por eso desde el Gobierno de España hemos liderado por primera vez en cuarenta años la incorporación del consumo de las nuevas tecnologías dentro de la nueva Estrategia Nacional de Drogas, porque la nueva realidad social nos demanda una alerta permanente.

Señorías, como les decía al principio es una gran satisfacción para mí la existencia de esta Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, una comisión donde podemos dialogar, debatir y aproximar posturas con el objetivo y la responsabilidad siempre compartida que tenemos todos hacia nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Estoy convencidísima de que todos los presentes compartimos los mismos deseos de protección y bienestar hacia nuestros menores y solo hemos de ser capaces de


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escoger entre todos el camino para alcanzarlos. La mejor versión de nuestra sociedad está aún por venir y es hoy desde esta Comisión donde ponemos las bases para alcanzar una sociedad más justa y más igualitaria, una sociedad que liderarán nuestros hijos y que a su vez heredarán nuestros nietos. Esta comparecencia no trata solo de medidas políticas de unos y otros partidos, sino que define la España que queremos ser dentro de treinta años y este gran proyecto solo entiende de diálogo, acuerdo y trabajo en equipo.

Quedo a la disposición de sus señorías para cuantas cuestiones quieran preguntar para mejorar la promoción, la protección y la participación de los menores en nuestra sociedad. Presidenta, aquí termina mi primera intervención en esta comparecencia.

La señora PRESIDENTA: Acto seguido intervienen, por un tiempo de siete minutos, los grupos parlamentarios. Comenzamos por los grupos solicitantes. Es el turno, en primer lugar, de la señora Virginia Millán, portavoz del Grupo Ciudadanos.

La señora MILLÁN SALMERÓN: Señora ministra, quiero agradecerle, en primer lugar, que comparezca hoy en esta Comisión de la Infancia y Adolescencia, pero tengo que decirle que se ha hecho de rogar. Lleva más de un año en su cargo y no quiero pensar que esa tardanza simboliza el interés o el compromiso que tiene con esta Comisión y con los niños y con las niñas de nuestro país, no quiero pensar eso.

Todos aquí somos conscientes de la cantidad de problemas que sufre la infancia y, de hecho, hoy ha comentado usted muchos de ellos. Quiero hacer un inciso y quiero centrarme en cuatro grandes ejes, alguno de los cuales ha comentado, para concretar la situación en la que nos encontramos. Uno de ellos es el relativo a la Ley de protección integral contra la violencia en la infancia. Como sabe, el 12 de septiembre del año pasado se aprobó en Pleno en la Cámara Baja una iniciativa relativa a impulsar una proposición no de ley relativa a erradicar la violencia infantil, en la que se contemplaba una fecha determinada que no superara los doce meses. A finales de noviembre nuestro grupo parlamentario preguntó al Gobierno sobre los trabajos relativos para dar cumplimiento a esta proposición no de ley y la respuesta fue, como se ha comentado aquí, que se había creado un grupo de trabajo con Save the Children, con Cátedra Santander Universidad de Comillas y que estaba en la fase de delimitar el marco idóneo en el que se iba a desarrollar esa norma.

Mis preguntas sobre este bloque van a ir más enfocadas a saber si puede concretar qué plazos maneja el Gobierno para redactar este proyecto. Nos gustaría saber si nos puede dar su palabra de que esa norma estará en esta Cámara antes de que finalice el año, y qué tipos de violencia contra la infancia y los orígenes están teniendo en cuenta a la hora de redactar ese proyecto. Esas preguntas estarían relacionadas con esa gran problemática que tenemos ahora mismo en la infancia.

Un segundo pilar sería el protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. El pasado mes de diciembre la Comisión de Infancia aprobó una proposición no de ley sobre la revisión de este protocolo básico. Quiero volver a recordar el trágico suceso del pasado verano, que comenté en el Pleno: una menor murió en Valladolid por inacción de los servicios sociales, por fallos en el protocolo. Lo cierto es que es motivo suficiente para que se revise ese protocolo. En relación con esta situación, quiero hacerles las siguientes preguntas: qué medidas está desarrollando su departamento para actualizar y mejorar este protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil, qué asociaciones especialistas están trabajando para ello y cuándo prevé que pueda aprobarse ese protocolo revisado.

Un tercer eje es el relativo a la paralización y bloqueo de las adopciones internacionales en España. Ha comentado parte de lo que quiero preguntar. La realidad es que a día de hoy es imposible adoptar en España niños y niñas de otros países. En diciembre de 2016 la Comisión de Infancia aprobó una proposición no de ley sobre las medidas para desbloquear la paralización de los procesos de adopción en España. En tanto en cuanto el desarrollo reglamentario no se hiciera, se iba a establecer un régimen transitorio que solucionase la situación de vacío legal en la que nos encontramos. Quiero preguntarle en qué fase se encuentra el desarrollo reglamentario de la Ley 26/2015 del 28 de julio; cuándo tiene pensado el ministerio llevar al Consejo de Ministros el reglamento para su aprobación, una fecha más concreta; qué valoración hace usted sobre el sistema de adopción nacional en España y si ha valorado el Gobierno llevar a cabo alguna reforma concreta para mejorar la agilidad del citado sistema de adopción nacional.

El cuarto bloque estaría relacionado con la mejora de los sistemas de protección de los menores no acompañados. La protección de los menores no acompañados es una de las asignaturas pendientes de su Gobierno. El Gobierno ha repatriado a menores, ha realizado expulsiones sin comprobaciones


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fehacientes respecto a la edad, contraviniendo lo requerido por la Convención de los Derechos del Niño y la legislación que emana de las Naciones Unidas. Las pruebas de determinación de edad de los menores no acompañados están recogidas en el protocolo marco, pero también es cierto que el Defensor del Pueblo ha reconocido públicamente que no es un procedimiento válido. También existen claras deficiencias en los centros donde se encuentran los menores no acompañados. Un ejemplo de ello que quiero poner aquí de manifiesto es que el pasado mes de diciembre falleció un menor de edad residente en el Centro Educativo de Menores Infractores de la ciudad de Melilla. Por eso pregunto si el Gobierno piensa responder a las inquietudes del Defensor del Pueblo, como las que se refieren a las instalaciones inadecuadas de Melilla. Nos gustaría saber si el Gobierno ha exigido información al Ejecutivo autonómico de Melilla sobre el menor que ha fallecido en este centro que he mencionado anteriormente, y si considera que se deben garantizar los derechos de estos niños y de las niñas y no seguir realizando sistemáticamente unas pruebas que tienen un alto margen de error y que violan los derechos de estos menores.

La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora de la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Irene Belarra.

La señora BELARRA URTEAGA: Es un placer tenerla frente a frente en esta Comisión, señora ministra. Ha transcurrido un año, bastante tiempo teniendo en cuenta la situación de emergencia que vive la infancia en nuestro país. Además, tengo la sospecha de que esta va a ser su única comparecencia en esta Comisión en esta legislatura, así que voy a intentar aprovechar al máximo el tiempo. Tiene usted la costumbre de leer casi literalmente sus intervenciones y la verdad es que yo me vi muy sorprendida cuando en el último periodo de sesiones hizo una intervención en el Pleno brillante, de una oratoria y una vehemencia inusitada, que tenía que ver con Cataluña y no con la infancia. A mí me gustaría que tuviera tanta vehemencia y tanto compromiso a la hora de defender los derechos de los niños y las niñas en nuestro país. En los últimos meses le hemos visto hacer mucho patriotismo de pulserita, pero muy poco patriotismo del de verdad. En mi intervención me voy a permitir hacerle algunas sugerencias que le ayudarán a ser patriota, pero de verdad.

En España tenemos una situación muy grave, no es la que usted pinta pero es real: uno de cada tres niños y niñas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Usted ha dado unas cifras de Arope del año 2013, pero las de 2015 son peores que las de 2011, cuando ustedes llegaron al Gobierno. Además la intensidad de la pobreza infantil se está recrudeciendo y tenemos ya un 16,7 % de niños y niñas en pobreza severa. Somos el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil. Tenemos ese dudoso honor, solo por detrás de Rumanía y nos encontramos con que tenemos una prestación económica por hijo a cargo que es absolutamente ridícula, de 24,25 euros al mes. Yo sé que usted tiene hijos y no sé si estima suficiente esta cantidad, esta prestación por hijo a cargo para las familias en situación de mayor pobreza. Habla de que tienen un compromiso con las familias, pero no sé de qué familias habla. Desde luego no de las nuestras, a las que nosotras representamos. Si quiere ser patriota, señora Montserrat, le recomiendo que haga una cosa muy sencilla: dígale a su Gobierno que desbloquee de una vez por todas nuestra ley de prestación por hijo a cargo y trabaje para generar una verdadera prestación universal de cien euros al mes por cada niño o niña que exista en nuestro país. También puede desbloquear nuestra ley de salario mínimo interprofesional, que lleva en la Mesa desde diciembre de 2016 y que proponía aumentar a 900 euros, en 2019, el salario mínimo.

Son algunas sugerencias. La prestación por hijo a cargo no es una ocurrencia, algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que es una medida que ha demostrado ya su fiabilidad y su capacidad de reducir drásticamente la pobreza infantil en algunos países como Irlanda. Si me permite le voy a dar otro consejo patriótico: de dónde sacar el dinero. Muy fácil, devuelvan lo robado que ya le han quitado mucho dinero a los españoles y las españolas y hoy mismo en esta Cámara se ha vuelto a saber que el Partido Popular se financia con dinero negro. (Rumores). Sí, ya sé que no gusta escucharlo, pero es la verdad.

No se trata solo de la pobreza, sino que se trata también de que los niños y niñas en nuestro país sufren múltiples formas de violencia, que es importante atajar cuanto antes. Esto es urgente porque necesitamos una sociedad libre de violencias, que condene tanto la violencia contra los niños y las niñas como condena la violencia hacia las mujeres. Contamos con muy poquitos datos, pero algunos de ellos están recogidos en webs oficiales: tenemos 3766 menores que en 2015 sufrieron malos tratos en el ámbito familiar, casi 4000 menores que vieron cómo se atentaba contra la libertad y contra su integridad sexual. Más de 3000 de entre esos niños y niñas eran niñas. Tenemos muchos menores que han muerto por violencia de género, hasta 15 en 2015; menores huérfanos por violencia de género 154, también datos


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de mayo de 2015; 6 de cada 10 niños en nuestro país reconocen que han sufrido insultos, muchos de ellos de manera frecuente. Esto en el marco de un sistema judicial que no escucha atentamente, que no escucha adecuadamente a los niños y las niñas, que los revictimiza, que no garantiza en muchas ocasiones que participen de su proceso judicial, además en el marco de una formación de profesionales que muchas veces no tienen la formación específica necesaria para atenderles.

Ha dicho usted que están generando un grupo de trabajo para elaborar esa ley integral contra todas las formas de violencia. Sin embargo se les ha debido pasar porque en el plan normativo del 2018 no está recogido. Me gustaría saber si es que ha sido un error y tendría que haber aparecido en ese plan normativo o es que otra vez el Partido Popular nos está dando gato por liebre.

Por último, en lo que respecta a violencia, ha señalado que quiere generar un pacto de Estado por la infancia. Nosotros fuimos los primeros que nos manifestamos a favor de ese pacto de Estado. Saludamos que se quiera sumar, pero nos preocupa mucho que quiera hacer otro pacto de Estado que es papel mojado como el Pacto de Estado de violencia de género. Uno de los grandes olvidados de ese Pacto de Estado son las niñas, no en tanto que hijas de las víctimas de violencia de género sino como propias víctimas que pueden ser de la violencia de género independientemente de la relación que les asocie con su agresor. Ese Pacto de Estado contra la violencia de género tendría que haber hecho ya algunas modificaciones legislativas -le recuerdo que el plazo acaba en marzo- y establecer, por ejemplo, que es imperativo la suspensión del régimen de visitas de todos los casos en los que el menor hubiese presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia. Aún no se ha producido ese cambio. Además se debe asegurar -así lo dice el pacto- que las pensiones de orfandad estén disponibles para los niños y las niñas víctimas de violencia de género de forma inmediata y con las oportunas garantías. Eso tampoco se ha producido todavía.

Querría hablarle de dos casos concretos, aunque no me gustaría concretar demasiado. Estas Navidades han muerto dos niños en Ceuta y en Melilla, dos niños migrantes, menores no acompañados que habían llegado a nuestro país. Estos niños sufren unos niveles de violencia que, aunque cuantitativamente no representan un colectivo muy numeroso -ustedes se empeñan en decir que hay muchos menos en nuestro país, pero no es cierto pues representan apenas el 0,001 % de todos los niños y niñas en nuestro país-, cualitativamente representan un colectivo muy importante porque sufren unas vulneraciones de derechos humanos gravísimas, sufren devoluciones en caliente, sufren indefensión jurídica, se les aplica una prueba de la muñeca, del siglo XIX... Como digo, en estas Navidades hemos tenido que lamentar la muerte de dos niños, uno que se suicidó después de haber perdido un pie haciendo risky y otro que presuntamente falleció después de haber recibido una paliza y pasar un mes en coma. Después de esto, el señor Ventura de su partido, consejero de la Ciudad Autónoma de Melilla, dijo que la familia se tenía que haber responsabilizado. Me gustaría saber cómo valora estas afirmaciones y si participa de la misma opinión. Si quiere ser patriota, señora ministra, yo le sugiero que empiece por tratar a los menores no acompañados como lo que son, niños y niñas.

Por último, quiero hacer referencia al tema de bebés robados. Han desaparecido muchísimos niños y niñas en nuestro país, tanto desde la dictadura franquista como hasta el presente. Tenemos un ejemplo en 2001, el caso de Lourdes que tuvo un embarazo gemelar y dio a luz en el hospital Infanta Elena de Huelva. Estos casos de momento no se están investigando en nuestro país. Su portavoz en esta Comisión se comprometió a que se iba a crear una unidad específica de la policía para investigar los casos de bebés robados, pero de momento no se ha producido. Se aceptó una enmienda en los pasados Presupuestos Generales del Estado en los que se aprobaba que se pudieran hacer de manera pública las pruebas de ADN, lo que tampoco se ha producido. Me gustaría saber qué está haciendo usted para que haya de verdad justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de desapariciones forzosas como es el caso de estos niños y niñas.

La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora del señor Sergi Miguel, portavoz del Grupo Mixto.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Disculpe, presidenta, nos vamos a dividir el tiempo con la portavoz adjunta señora Sorlí.

En primer lugar, señora ministra, muchas gracias por comparecer. Más vale tarde que nunca. En primer lugar déjeme que empiece condenando el atentado que ha sufrido la sede de Save the Children en Afganistán porque los derechos de los niños y niñas deben ser protegidos en todo el mundo y aquellos que se juegan la vida defendiendo los derechos de los niños y niñas en lugares peligrosos merecen nuestro respeto. Por eso quería empezar mi intervención condenando este atentado.


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Yo dividiría su intervención en cuatro grandes bloques. En primer lugar, dice que podríamos hacer un pacto estatal para la infancia. En segundo lugar, comenta la necesidad de abordar en la conferencia de presidentes la crisis demográfica de España. En tercer lugar, habla de todo lo que han hecho en materia de conciliación. Y en cuarto lugar, destaca que tienen un montón de ideas que van a aplicar pronto. Yo me pregunto, hace un año que es ministra, ¿qué han hecho este año? Porque no le he escuchado decir nada de lo que han hecho durante este año. Lleva de ministra todo este tiempo y no la he escuchado nada sobre los temas que nos ocupan hoy. Nada. Conciliación, conferencia de presidentes, pacto de Estado y muchas cosas por hacer. Pero por hacer. No han hecho absolutamente nada en el año que lleva en el ministerio. Mientras tanto, España tiene 40 000 denuncias de delitos de violencia contra menores y tenemos un 40 % de los menores viviendo bajo el umbral de la pobreza. Me gustaría saber qué ha hecho este año. Es verdad que ha tardado un año y tres meses en comparecer en esta Comisión. Imaginaba que estaría usted trabajando, pero tampoco, no ha hecho nada. Fruto -supongo- de los buenos resultados de este año -me gustaría que me respondiera tres preguntas-, el 27 de octubre decidieron usurpar una institución que no habían ganado en las urnas. Ministra, me gustaría saber cuál es la valoración que hace usted de la relación de su Gobierno con las instituciones catalanas en materia de protección infantil y del menor, como, por ejemplo, la coordinación que ha tenido su ministerio con el Sistema Català de Protecció a la Infància i L´Adolescència durante estos meses en los que el Gobierno español ha gestionado las instituciones catalanas. Me gustaría saber cuál es su valoración, a la vez que me gustaría saber también cuál es su valoración respecto al bloqueo de las cuentas de la Generalitat que dejaron a todas las entidades del tercer sector sin recibir los 3 millones de euros que les correspondían en subvenciones. Cuál es la valoración de su gestión después de la usurpación de las instituciones catalanas que no ganaron en las urnas y que no van a ganar en mucho tiempo.

Me gustaría invitarla, señora ministra, a que volviera pronto a esta Comisión para que nos cuente lo que ha hecho en los próximos meses para empezar a solventar los problemas reales que tienen los niños en este país y que la próxima vez que venga no nos hable de todo lo que tiene previsto hacer, sino que nos pueda hablar definitivamente de todo lo que ya ha hecho.

La señora PRESIDENTA: Interviene ahora la señora Marta Sorlí.

La señora SORLÍ FRESQUET: Benvinguda, ministra. Por fin, un año y medio después nos podemos sentar y decirle lo que pensamos. Es la primera vez que viene aquí -ya lo han dicho mis compañeros y compañeras-, hecho que deja bien claro cuáles son las prioridades de este Gobierno. Desde luego, la infancia no es una de ellas, porque ni siquiera en presupuestos tuvimos una comparecencia para poder hablar con usted de lo que iba a invertir o no en políticas de infancia.

A Compromís le preocupa la protección y el bienestar de la infancia. Pensábamos que el partidismo no llegaría hasta aquí. Ha llegado y aquí estamos, un año y medio después por primera vez pidiendo explicaciones. Como se ha dicho también, somos el segundo Estado de Europa en pobreza infantil, tenemos una prestación por hijo a cargo que no es universal, que está muy por debajo de las prestaciones por hijo a cargo de los Estados de la Unión Europea en los que tanto nos fijamos para lo que nos interesa; un Estado en el que uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión. Evidentemente ello se debe al bajo nivel de inversión en infancia. Si el dinero va a corrupción, a financiar actos y mítines del Partido Popular, difícilmente puede ir a políticas para la infancia.

Nos encontramos hoy con que de nuevo vienen a vender humo. En este año y medio aproximado que llevan en el Gobierno nos han acostumbrado, no solo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sino también otros ministerios, a que prometen pero luego no aplican todo lo que dicen, nos venden humo. Los recortes y la crisis han afectado especialmente a la infancia y nos encontramos con ese pacto con Ciudadanos, con que el Plan Infancia debería haber estado dotado con 1000 millones de euros, pero su dotación no llega a los 350 millones de euros. Si vamos al detalle, se prometió que la inversión en libros de texto gratuitos sería de 350 millones de euros, pero ha sido de 50. Se dijo que el Plan de Refuerzo Educativo sería de 60 millones de euros, pero ha sido de 30. Y la inversión en educación de cero a 3 años ni aparece, cuando se dijo que sería de 300 millones de euros. Esto es vender humo. Le proponemos que invierta recursos en esas políticas que van directamente a mejorar la situación de la infancia. Le preguntamos cuándo va a aparecer, cuándo van a traernos esa ley orgánica para erradicar la violencia contra la infancia que tanta falta hace; nos preguntamos cuándo van a levantar el veto para que los niños y niñas refugiadas puedan entrar en nuestro territorio. Hay gobiernos que queremos acogerlos, déjennos por lo menos hacerlo a nosotros. Cuándo van a dejar de desbloquear el permiso igualitario


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intransferible por nacimiento y adopción, que realmente sería un avance para la conciliación y para la corresponsabilidad.

Ya que comparece por primera vez ante esta Comisión, ofrézcanos algún calendario, concrete alguna propuesta. En cuanto a los recursos, díganos cuándo va a ponerlos encima de la mesa. Ya que usted también es la ministra especialista en campañas, en copagos y en cláusulas abusivas en contratos, esta vez recule de verdad y empiece a hacer políticas para mejorar el bienestar de la infancia, deje de vendernos humo y empiece a implementar todo lo que promete.

La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora del señor Joan Olòriz, del Grupo Esquerra Republicana.

El señor OLÒRIZ SERRA: Hoy no es un buen día para el Partido Popular ni para usted, sin duda; no es un buen día. Tampoco lo fue el 21 de diciembre. Le he de confesar hoy una cosa: tampoco hoy tengo buen día. El presidente de mi partido lleva 83 días en la cárcel preventivamente, un exconsejero, también y dos líderes ciudadanos, cien días. Por tanto, no es un buen día. No lo es porque usted, aparte de ministra de diferentes cosas -lo ha dicho-, muchas, se reparte la Consejería de Trabajo, Bienestar y Familia con la ministra Fátima Báñez y también lleva la Consejería de Sanidad. Mucho trabajo a distancia. Este es un elemento que me hace difícil compartir algo que durante estos meses he compartido con los diferentes miembros de esta Comisión: una voluntad común de defensa de la infancia y de sus condiciones de vida. Creo que esto es básico. En el ejercicio de las funciones que no le tocaban como consejera está la renta garantizada de ciudadanía, la renta garantizada de ciudadanía que valdría la pena que si hacen un pacto aprendiesen de ella. Pues bien, a partir del 15 de septiembre tuvo 27 000 familias que pudieron acogerse a ella, pero su compañera Fátima Báñez la paralizó hasta el 15 de febrero, es decir, castigó a todos; a pesar de su opción política, castigó a todos a no tener una prestación que es básica para niños y niñas, porque, como usted dice, el elemento básico es la familia.

En esta manera que tienen ustedes de hacer política se hace a veces difícil pasar de los buenos deseos a las malas realidades concretas. Después de un año y pico nos han ofrecido un pacto. He de ser sincero y tengo que decir que no puedo entrar en un pacto con las competencias de la Generalitat en manos de quien no le toca. Les recuerdo que su partido tiene 4 diputados sobre 135 y que todos los diputados y diputadas, los 135, tienen plenas facultades legales, porque no hay ninguna sentencia firme. Me es muy difícil llegar a un pacto de este tipo viendo cómo han ido los pactos que se han hecho hasta ahora: uno realmente existente, el pacto que nuestro grupo votó a favor pero que no se ha concretado en nada; otro en trámite, el de educación, que para lo único que ha servido hasta ahora ha sido para consolidar la LOMCE. Hasta que no veamos cosas concretas no nos lo creeremos. A pesar de que tengo mala tarde y a pesar de que considero que están tratando mal a todos los catalanes, estoy dispuesto, cómo no, a acciones concretas a favor de la infancia en el Estado español. Totalmente de acuerdo con cualquier propuesta que hagan de defensa de los niños y las niñas en el maltrato concreto y existente que hay en nuestro país, cualquier acción concreta que nos ayude, como es la renta garantizada de ciudadanía, a que la pobreza infantil, la pobreza de sus familias, sea menor. Y cómo no, totalmente de acuerdo en que la ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la infancia sea un hecho a corto plazo.

Esta mañana nos reuníamos con niños y niñas que venían de todo el Estado. Yo me he levantado, no hacer recriminaciones al Gobierno pues entonces no tocaba. Ahora, sí. Y he hecho un canto a la esperanza: he dicho que me gustaría que el año que viene -24 de enero de 2019- tuviésemos una ley sobre la infancia. Ahora concreto el deseo: que contemos con una ley orgánica de erradicación de la violencia contra la infancia. Si es cierto que están trabajando en ella, en la respuesta arriésguese un poco, arriésguese a decir: En mayo, en abril, en junio... tendremos el proyecto encima de la mesa. Estoy seguro de que en este tema -no sé el estado de ánimo que tendré yo en el mes de mayo, sea el que sea, en este hemiciclo porque me lo he ganado con los votos de los ciudadanos, nadie me lo ha regalado, son los ciudadanos los que me han dado sus votos- tendrá nuestro trabajo cotidiano aquí. A pesar de los pesares, a pesar de que la política a veces es el camino menos corto para la realización de las cosas concretas y necesarias puede contar con que mi grupo estará yo no digo a su lado pero sí siempre al lado de los niños. Arriesguémonos y trabajemos en este sentido. Estamos a tiempo porque estoy seguro de que Oriol Junqueras que tiene dos niños pequeños -usted lo sabe- también se alegrará de que seamos capaces de hacer cosas concretas por los niños y por las familias.

Espero su respuesta en el mismo tono de mis preguntas, pero sobre todo que sean respuestas concretas y pueda apuntar a algo que va más allá de lo que está probablemente no está en su capacidad como ministra, como es levantar de una vez el artículo 155 y que la soberanía popular que el 21 de


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diciembre se manifestó, se pueda concretar con el Gobierno que quieran los diputados que tienen el mandato popular. Esto no está en sus manos, pero sí lo están los compromisos con la infancia, en concreto, vuelvo a repetir la ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la infancia.

La señora PRESIDENTA: Es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sonia Ferrer.

La señora FERRER TESORO: El Grupo Parlamentario Socialista también quiere sumarse a la condena por el atentado de la sede de Save the Children, en Afganistán. Gracias, ministra, por comparecer aquí hoy. Aunque ha costado trabajo, finalmente en 2018 podemos contar con su presencia para que nos explique los ejes de su ministerio.

Comoquiera que ha expuesto muchos temas y que dispone de un tiempo ilimitado cuando nosotros lo tenemos tasado en siete minutos, si nos permite le haremos llegar aquellas cuestiones que hoy no queden resueltas; las tenemos escritas y se las haremos llegar.

Me ha parecido una intervención optimista y un poco triunfalista. Ha vendido como gestión lo que mandatan las leyes; ni más ni menos, la aplicación de las leyes pura y dura de la distinta normativa y la gestión es algo más que eso. Coincidirá conmigo en que son muchos y muy graves los problemas y las dificultades a lo que se enfrenta la infancia en nuestro país. Durante los últimos años se ha experimentado un retroceso en la aplicación plena y efectiva de los derechos de la infancia. La crisis, por un lado, junto con los recortes presupuestarios y la reforma restrictiva del Gobierno del Partido Popular, por otro, han arrojado como resultado un constante aumento de pobreza afectando con mayor intensidad a los colectivos más vulnerables de la sociedad y alcanzando cifras alarmantes en el caso de la infancia. Es particularmente grave que más de un 30 % de la población menor de 18 años se encuentre en riesgo de pobreza y exclusión social. Este no solo es el análisis del Partido Socialista. Cada informe de organizaciones como Save the Children, Unicef, Cáritas, etcétera, cada estudio, cada estadística nacional o internacional denuncia esta realidad y advierte del empeoramiento progresivo de la situación de la infancia en España.

En su Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, prácticamente todos sus miembros ante cualquier cuestión recurre a la creación de empleo como la fórmula mágica para todo. Hoy usted misma lo ha hecho aquí. Cuántas veces hemos oído que las mejores políticas sociales son las políticas económicas que generan empleo. Eso sería cierto, señora ministra, si el empleo que se genera fuese un empleo digno, de calidad que garantizara la generación de riqueza y el bienestar de las personas trabajadoras.

Ayer mismo conocimos el informe de Oxfam, la población trabajadora no puede llevar una vida digna. En España casi un 14 % del total de población ocupada son trabajadores pobres. En nuestro país la recuperación económica tras la crisis ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres. Oxfam-Intermon pide al Gobierno español medidas para reducir la precariedad laboral que afecta principalmente a las mujeres y a los jóvenes. Por si faltara poco, el injusto sistema fiscal es aliado de esta desigualdad. No confíen tanto en su receta de creación de empleo, que vemos que no funciona, y aborden de una vez por todas políticas sociales de redistribución de renta más eficaces y más equitativas. En definitiva, los recortes presupuestarios y de derechos sociales han tenido un mayor impacto en la infancia, mermando la capacidad redistributiva de los servicios públicos, que son los instrumentos de fomento de la igualdad de oportunidades más potente.

Empezaré por lo más grave, la pobreza infantil. La lucha contra la pobreza y la exclusión social debería ser una prioridad cuando la tasa de pobreza infantil en España es del 23,4 %. Somos el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil y la realidad es que para este Gobierno no ha sido una prioridad. Usted ha hablado de cifras, pero las cifras se pueden también interpretar según nos convenga, señora ministra. En el acuerdo de investidura del Partido Popular con Ciudadanos comprometían 1000 millones para un plan contra la pobreza infantil. Posteriormente, en la presentación del presupuesto nos encontramos con que se destinan 60 millones de euros al programa de protección a la familia y atención a la pobreza infancia. La dotación en 2016 para este programa fue de 48 millones de euros, por tanto el incremento real en 2017 es de 18 millones de euros. Si según Eurostar hay 2 750 000 menores en riesgo de pobreza y 18 millones ha sido el incremento, estamos hablando de 6,5 euros anuales por cada menor en riesgo de pobreza. Estamos hablando, señora ministra, de 50 céntimos al mes, o si quiere decirlo de otra forma, 1 céntimo al día. Ese ha sido el esfuerzo presupuestario que en 2017 ha realizado el Gobierno de España para mejorar la vida de los niños que se encuentra en riesgo de pobreza. No vuelva a decir que es una prioridad de su Gobierno la lucha contra la pobreza infantil pues las cifras no dicen eso.


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Hace falta voluntad política además de frases hechas. Existen iniciativas que se supone que son más eficaces para la redistribución de la renta en España y un sistema más equitativo, que están estudiadas perfectamente. Estoy hablando de la prestación por hijo a cargo. Tanto las formaciones políticas como las organizaciones de defensa del derecho de la infancia, llevamos años advirtiendo de que para abordar de una manera efectiva la lucha contra la pobreza infantil es necesario incrementar la prestación actual por hijo a cargo. En sede parlamentaria se han aprobado varias iniciativas en este sentido, pero vemos que el Gobierno mira hacia otro lado. Le pregunto, ¿tiene el Gobierno contemplado aumentar la prestación por hijo a cargo? En concreto, mi grupo considera imprescindible la puesta en marcha de una política de garantías de rentas como el ingreso mínimo vital propuesto por el Partido Socialista, que cuenta con el reconocimiento de organizaciones sociales y profesionales como instrumento para mejorar y hacer más eficaz la redistribución de la renta en España.

El Gobierno anunció una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2017-2020, que a fecha de 2018 todavía no ha sido presentada y de la que desconocemos su presupuesto y el detalle de su medida. ¿Podría explicar qué ha pasado con esta estrategia anunciada? ¿Considera que la cuantía de menos de 25 euros al mes para los hogares pobres es suficiente? ¿No cree que debería llegar a todos los niños en situación de pobreza? ¿Considera el Gobierno que España debe ser el penúltimo país de la Unión Europea con la cuantía más baja de esta prestación? En cuanto al Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 estaba claramente infradotado. Este plan finalizó en 2016 y estamos en 2018. Llevamos más de un año sin plan, a no ser que usted me diga otra cosa. Le pregunto ¿en qué situación se encuentra el PENIA? ¿Hemos estado en 2017 sin plan o se ha prorrogado el anterior?

Particular mención requieren los niños y las niñas que pertenecen a colectivos especialmente vulnerables, menores con discapacidad, en situación de dependencia, en desamparo, inmigrantes o miembros del pueblo gitano, que han sufrido doblemente la desprotección por parte de este Gobierno. Concretamente las niñas con discapacidad, que siguen siendo las grandes invisibles y olvidadas. ¿Tiene el Gobierno plan específico para estos menores? ¿Y para las niñas o niños LGTBI que sufren además discriminación por su condición sexual?

Ahora querría hablar de adopciones internacionales. En mayo de 2017, el Pleno del Congreso aprobó una moción sobre adopciones internacionales en España. Entre otras cuestiones se instaba al Gobierno a desarrollar y aprobar con carácter de urgencia, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario. Dos años y medio después de la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia seguimos igual. En aquella ocasión el Grupo Parlamentario Popular votó a favor, pero ni aun así el Gobierno hizo caso. ¿Se ha desarrollado el reglamento?. He creído entender que a lo largo del 2018 lo van a presentar. Después de tanto tiempo, nos gustaría que concretara. 2018 puede ser febrero o diciembre. ¿Se han impulsado procesos de apertura de nuevas vías de adopción internacional que den respuesta a las personas, familias adoptantes en espera en nuestro país y a los menores de estos países que se encuentran en situación de desprotección?

En cuanto al acogimiento familiar -voy rápido para destacar todos los puntos posibles-, creemos que tampoco se ha hecho el esfuerzo necesario; se necesitan más campañas de divulgación. Existe una desigualdad de trato entre la familia acogedora y la familia biológica a la hora de finalizar el acogimiento. Quiero destacar a los menores extranjeros no acompañados, quizás los más vulnerables entre los vulnerables, a los que usted ni siquiera ha nombrado. Se han presentado aquí y se han aprobado iniciativas de las que no sabemos nada. Nos preocupa que dentro de las competencias de su Gobierno, al que usted pertenece, se aborden cuestiones que mejoren la protección y el cumplimiento de los derechos de los menores. Nos preocupan especialmente los procedimientos de determinación de la edad y los incumplimientos del Gobierno de las medidas provisionales solicitadas por parte del Comité de Derechos del Niño. Nos preocupan muchas más cosas que le pasamos por escrito porque no dispongo de tiempo para desarrollarlas. Desgraciadamente vemos que en los últimos tiempos la política para estos niños vulnera sus derechos y se les criminaliza a ellos y a las organizaciones que los defienden. No pongan excusas como las competencias o el efecto llamada. El efecto llamada no es sino la pobreza, la miseria en la que viven y la desesperación por encontrar un mundo mejor. Queremos saber si comparte las palabras del consejero de Melilla de su partido, que lejos de reconocer la pésima gestión sobre la protección de los menores ataca a los menores, incluso a los fallecidos, a los familiares, a los partidos de la oposición o a las ONG.


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La señora PRESIDENTA: Señora Ferrer, tendría que ir acabando.

La señora FERRER TESORO: Termino con el tema de violencia, si es tan amable. Por último, la violencia -una de las cuestiones que más nos preocupan- contra la infancia. Quiero traer aquí la campaña de Save the Children: Los últimos cien, ni un solo menor ni una sola menor muerta más por violencia. Señor ministra, esto sí que no puede esperar, no podemos desviar la atención hacia otras cuestiones. Usted más que nosotros es conocedora de la alarmante cifra de violencia contra los menores. Y lo que se ve, lo que se denuncia, es solo la punta del iceberg. Llevamos trabajando en esto con iniciativas conjuntas y también nos hemos ofrecido para colaborar en algo que nos parece trascendental, pero cuál fue nuestra sorpresa cuando la vicepresidenta no incluyó esta ley dentro de las prioritarias para 2018; usted hoy ha dicho aquí que sí lo es. El otro día en Ginebra el secretario de Estado, hoy aquí presente, dijo que en septiembre la ley llegaría al Congreso. Mi pregunta es clara: ¿En qué estado actual se encuentran los trabajos? ¿Cuál es el plan de trabajo que plantea el ministerio respecto a la ley y en qué plazos? ¿Qué medidas piensa poner en marcha el ministerio para proteger a la infancia hasta que se apruebe la ley? ¿Se plantea presupuesto para esta ley? ¿Cómo se elaborará la estrategia que acompaña a esta ley? Nos parece urgente proteger a los niños y a las niñas de todo tipo de violencia a través de la prevención y la sensibilización, y poner al servicio de la infancia víctima de violencia mecanismos de denuncia y reparación de daños causados.

No quiero alargarme más. Dejaré para la réplica las siguientes preguntas. Solo deseo recordarles el Pacto de Estado contra la violencia de género que influye directamente en los menores, tanto física como psicológica y emocionalmente. Seguimos esperando, señora ministra, el impulso de este Pacto de Estado, que cumpla sus compromisos. Siento decirlo así de crudo, pero también así de cruel es la realidad; cuántas mujeres asesinadas, cuántos niños y niñas asesinadas son necesarias para que reaccione. Gracias. En la réplica, continuaré.

La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora de la portavoz del Grupo Popular, la señora Silvia Heredia.

La señora HEREDIA MARTÍN: Querida ministra, bienvenida a esta Comisión recién estrenada, esta Comisión para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Es un honor recibirla en nombre del Partido Popular, de nuestro grupo parlamentario, tenerla aquí porque nos consta la sensibilidad y la entrega con la que realiza cada día todas las funciones como ministra que desarrolla para nuestro país. Es una suerte que sea usted la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que conoce como nadie el funcionamiento de las administraciones, por su experiencia no solamente como diputada y compañera sino que también como concejal. Es algo que debemos todos de valorar. Quiero también agradecerle la claridad con la que ha desarrollado su experiencia desde su nombramiento. Especialmente le ha gustado al Grupo Popular el anuncio que ha hecho de promover directamente el Pacto de Estado por la infancia y la adolescencia en nuestro país. Nos parece una gran noticia y lo celebramos. Nos encantaría que en esa subcomisión que se cree se pueda llevar a buen término con la colaboración de todas las fuerzas políticas. Espero que no se utilice como una arma de bloqueo, como vemos esta tarde aquí. Algunos tenían muchas ganas de hablar de infancia, de adolescencia, de tener a la ministra en la Comisión, pero aprovechan la ocasión para meter el típico mensajito del tema independentista. Parece que se han ido tanto los portavoces de Podemos, de Esquerra Republicana y de Compromís porque ahora no les interesa escuchar la réplica del Grupo Popular. La verdad es que es una vergüenza. (Pausa). Perdón, la señora Sorlí está en la Comisión. Como decía, es una vergüenza que pierdan el tiempo de los niños y de las niñas -tema que tanto que les interesa- hablando de corrupción y del tema independentista. Parece que les preocupa poco.

Contesto a la señora Belarra, aunque ha salido de la Comisión, parece que no le gusta escuchar las réplicas de los demás compañeros y no respeta el turno de palabra de otros portavoces. Me gustaría que su compañera se lo transmitiera. Dice que va a tener pocas oportunidades de tener una ministra en esta Comisión y pierde su tiempo hablando de corrupción. Y a mí me gustaría preguntarle directamente al Grupo de Podemos cómo se financian, porque todos sabemos que se financian gracias a la miseria, gracias a la pobreza de venezolanos e iraníes. La verdad es que deberían de agachar la cabeza cada vez que hablan de corrupción. Es una pena que pierdan el tiempo de esa manera en esta Comisión de Infancia y de Adolescencia. Pero claro, aquí cada uno viene siempre a jugar sus cartas.

Volviendo a la intervención de nuestra ministra, quiero decirle que estamos de acuerdo en los grandes logros que se han conseguido por parte del Gobierno del Partido Popular, aunque a algunos les pese


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reconocerlo. Han sido muy compleja las modificaciones que ha sufrido nuestro sistema de protección para el bien de la infancia y la adolescencia, y eso hay que ponerlo en valor. A lo largo de la X Legislatura se actualizaron más de 20 leyes en nuestro país, algo que no se hacía desde 1996, más de veinte años sin que se modificaran esas leyes, por el bien de los menores. Como grupo parlamentario lo reconocemos y ponemos en valor la gran labor del Gobierno. Queremos añadir que así lo reconocen las organizaciones y entidades sociales que se reúnen a diario con nosotros.

Señorías, no podemos olvidar que han entrado en vigor dos leyes: la ley orgánica como la ordinaria, con un compromiso muy firme para España. Hemos recibido una noticia de las más importantes: somos el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor, por primera vez se tiene como referencia el principio imperativo, el derecho sustantivo y la norma de procedimiento del interés del menor; algo que se alcanzó en 2013 y que es de agradecer. El Grupo Popular también felicita a su ministerio por otras medidas y otros planes que se han tomado durante su mandato para frenar la pobreza infantil. A algunos les cuesta reconocerlo, pero es así: somos pioneros en una serie de planes que han dado solución a problemas. Tendríamos que hacer un poquito de memoria y remontarnos al año 2011, cuando los gobiernos socialistas -hoy habla la señora Ferrer de recortes y de reformas restrictivas pero ya no se acuerda de su Gobierno-, en 2011, recortaban al 92 % los programas de apoyo a la familia. Eso ya se le ha ido de la memoria porque claro, cuando estamos en la oposición somos de una manera y cuando estamos en el Gobierno se nos olvida. Lo que nosotros hacemos ahora como recorte entonces eran recortillos. Pues no, también eran recortes entonces. Ha hablado la señora Ferrer, a boca llena, de la prestación por hijo a cargo. Cómo se le ocurre a una socialista hablar de esa prestación cuando cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero lo recortaron en un 42 %... (Rumores.-Una señora diputada: No se puede mentir en una Comisión). Algunas diputadas de su grupo parlamentario se está poniendo nerviosas, les pido respeto. Un 42 %. Dicen que el Gobierno debe mirar hacia otro lado, pues yo no sé hacia dónde deben mirar ustedes.

El Gobierno del Partido Popular ha apostado por los menores con planes específicos, como jamás se había visto en España, con una aportación económica tan importante como el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, el Plan nacional de acción para la inclusión social, así como el Plan integral de apoyo a la familia. ¿Eso para ustedes no cuenta?. Ahí están y están funcionando. Tenemos también el fondo extraordinario que se ha derivado a las comunidades autónomas. En este caso, estoy hablando del Plan de acción de inclusión social. Saben ustedes que se han derivado 17 millones en 2014; 32, en 2015; 48, en 2016 y 60 en 2017. Miren ustedes, cuando preguntamos a las comunidades autónomas nos explican en qué se están gastando este dinero, porque sabrán que este dinero al final se transfiere a las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos. Pues bien, en Galicia nos dan explicaciones, en muchas comunidades nos dan explicaciones, qué mala suerte que en Andalucía cada vez que pregunta el Partido Popular en el Parlamento andaluz no nos dicen ni buenos días. Me gustaría saber en qué se han gastado en 2016, por ejemplo, los 8 millones de euros que se han destinado a la Junta de Andalucía para la lucha contra la pobreza infantil -eso que les preocupa tanto-; en qué se lo están gastando. Cuántas familias y cuántos beneficiarios han recibido esos 8 millones. Ya que no nos lo contesta directamente la Junta de Andalucía, nos gustaría que los representantes del Partido Socialista otro día nos dieran explicaciones sobre qué se ha hecho con ese dinero.

Es importantísima la gestión que se está llevando a cabo en el reparto de las subvenciones del IRPF. Hablaba la señora ministra de la generosidad de todos los españoles que contribuyen a través del IRPF. Yo quiero también poner en alza ese gran trabajo que se ha hecho desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, porque hay que reconocer ese trabajo y también todo lo que va a permitir: 20 programas que se van a desarrollar en 18 entidades, exclusivamente para infancia, exclusivamente para adolescencia. Es algo que debemos señalar. Sé que a alguno le sabrá a poco lo que digo porque cuando estaban gobernando hacían muchas más cosas y los que no están gobernando seguramente también podrían hacer mucho más donde gobiernan, en gobiernos más pequeñitos como es el caso de Podemos, que podría también demostrar cómo está trabajando por lo social. Se les llenan la boca con afirmaciones tales como que el Partido Popular hace poco, pero pocas son las propuestas que ustedes registran para hablar de infancia y adolescencia.

Otra prioridad del Grupo Popular que hemos señalado como importante es la lucha contra la violencia hacia los menores. Conocemos su implicación en la materia señora ministra, sabemos de los trabajos que se están haciendo desde el ministerio, sabemos cómo está trabajando la Dirección General de Familia e Infancia y como Save the Children está apostando por este gran proyecto. Deseamos y estamos a


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disposición del ministerio para que pronto vea la luz esa ley y podamos resolver ese gran problema que tiene nuestros niños y niñas en España.

Por último, me gustaría hacer hincapié en otro tema importantísimo para el Grupo Popular que la señora ministra ha señalado. Se trata de los acogimientos familiares y las adopciones internacionales. Una pequeña reseña a la señora Ferrer quien decía que el Partido Popular había votado a favor de una proposición no de ley en la Comisión. No. Nuestro voto fue de abstención, señora Ferrer. Si usted no lo recuerda, le refresco la memoria: presentamos una enmienda y usted la bloqueó para que no votáramos a favor. Sobre el acogimiento familiar, reflejamos la gran importancia que supone el acogimiento familiar sobre el residencial. Nos enorgullece esa campaña de sensibilización que está haciendo que se aumenten los acogimientos en nuestro país. Yo estoy segura de que si una familia sabe cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acoger a un menor, seguramente muchísimas más familias en España lo harían. Felicito esa campaña titulada "Se buscan familias", porque estoy segura de que va a hacer que se fomente y que pueda aumentar el número de menores en acogida.

Pido desde aquí también mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para mejorar y armonizar los recursos económicos que reciben estas familias. Todos estamos convencidos de que a estos menores lo mejor que les puede pasar es encontrar una familia, pero también tenemos que pensar que arrastran algunos problemas, algunos trastornos que conllevan la necesidad de tener apoyo, terapias y talleres. Si las familias contaran con más recursos y se armonizaran entre todas las comunidades autónomas sería mucho mejor.

Hasta aquí mi primera intervención. Espero que la señora ministra nos amplíe algunos aspectos que nos interesan saber sobre las adopciones internacionales y el acogimiento familiar. Respecto al alcohol en los menores, es una preocupación para todos frenar el aumento del consumo, el que nuestros menores no abusen del alcohol.

La señora PRESIDENTA: A continuación, interviene la señora ministra para responder a las preguntas.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Permítanme que comience mi turno de réplica hablando de la tardanza -muchos grupos políticos han hablado de este asunto- de esta ministra en comparecer en esta Comisión. Ya les he dicho que creo que soy de las pocas ministras que tiene nueve comisiones entre Congreso y Senado. No quiero desatender tampoco al Senado, que forma parte de las Cortes. Como parlamentaria que soy de esta Cámara también tengo que comparecer en el Senado donde en próximas fechas voy a comparecer en esta misma Comisión -se llama de Familia en la Cámara Alta-. Vale la pena que ustedes sepan que en un año -esto sucede con muy pocos ministros de diferentes épocas- he convocado diez consejos territoriales de todas las áreas de mi ministerio. Saben sus señorías que en los consejos territoriales está la ministra, los secretarios de Estado y los consejeros. Ahí hemos discutido todas estas políticas que hoy estoy discutiendo también con el Legislativo. No hemos parado de trabajar. Es cierto que he tardado en comparecer en esta Comisión, pero también es cierto que tengo nueve comisiones. En ningún momento le dije a la presidenta de la Cámara que no quería comparecer, sino que comparecería pero que teníamos que ser todos conscientes de que no soy de esas ministras que solo tiene una comisión en el Congreso y una comisión en el Senado, sino que tengo nueve comisiones entre el Congreso y el Senado. Estoy atendiendo a todas las comisiones y a la vez estoy haciendo diez consejos territoriales con los consejeros de todas las áreas del ministerio y cuando estoy hablando de todas las áreas hablo de Sanidad, Social e Igualdad. Es un trabajo que se hace coordinado juntamente con las comunidades autónomas.

He empezado mi intervención hablando de coordinación y pienso sinceramente que somos responsables de las políticas de infancia -ya que estamos en la Comisión de Infancia y Adolescencia- del Gobierno de España, de los tres poderes del Estado y, por tanto, también de las comunidades autónomas del ámbito local, de los ayuntamientos. He puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo de todo mi equipo en los consejos territoriales, donde hemos avanzado muchísimo con las comunidades autónomas. Desde aquí quiero enviar un mensaje de gratitud por los grandes avances que hemos hecho en estos consejos territoriales junto con las comunidades autónomas.

En primer lugar, quiero agradecer sinceramente el tono de los portavoces de todos los grupos porque cada uno ha puesto encima de la mesa los ejes importantes a debatir; he oído muchas críticas pero pocas propuestas. Algunos de ustedes han diseñado la España de 1978, la España gris, la España en blanco y negro, y yo quiero ensalzar este gran país en el que durante estos cuarenta años hemos hecho juntos una gran transformación social. Somos uno de los mejores estados del bienestar de Europa y del mundo. Está


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claro que tenemos que continuar mejorando en los próximos cuarenta años y lo tenemos que hacer juntos, y cuando digo juntos me refiero a los tres poderes y juntamente con las comunidades autónomas y con la sociedad y con todas sus organizaciones.

La Convención de Derechos del Niño nos ha felicitado, o sea, nos reconocen los progresos realizados en los últimos veinte años, y justamente hablo de los últimos veinte años porque lo han logrado diferentes gobiernos de diferentes colores políticos, han gobernado diferentes colores políticos en las diferentes comunidades autónomas, porque eso lo hemos conseguido juntos toda la sociedad. Hay grupos que prefieren el derrotismo absoluto a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño nos felicite por el gran esfuerzo transformador de España en la protección del niño en los últimos veinte años, y esto lo quiero dejar bien claro.

También quiero dejar bien claro que en la protección de la infancia ha sido el Partido Popular el que ha impulsado las mejoras más importantes de los últimos años. Ha sido con nosotros, un Gobierno del Partido Popular, con el que se han aprobado las dos leyes del 2015 que han sido las grandes transformadoras y protectoras del interés del menor. Hemos sido nosotros en 2015. Muchos años antes había otros gobiernos de otros colores. ¿Y por qué no hicieron estas leyes? Porque quizás no creyeron en la infancia. Nosotros siempre hemos demostrado que creemos en la infancia, porque creemos en la familia y porque creemos en las personas, porque somos el Gobierno de las personas, de cada una de ellas, y tenemos que progresar y no dejar abandonado a nadie. Hemos sido nosotros, un Gobierno del Partido Popular, los que hemos incorporado el interés superior del menor como principio a respetar siempre por encima de cualquier otro, en todas las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia, y hemos incorporado la obligación de que todas las leyes valoren su impacto en la infancia. Esto es un gran avance que hace que estemos protegiendo mejor la infancia.

Y les voy a decir más, el Partido Popular en el año 2014 pone en marcha por primera vez en España en cuarenta años un programa de protección familiar y de atención a la pobreza infantil. Sí señores, ha sido un Gobierno del Partido Popular. Uno de los portavoces del Grupo Mixto dice que no hemos hecho nada en este último año; se le voy a explicar. Hemos incrementado por cuatro este programa de pobreza infantil. Cada año hemos ido incrementando este programa de pobreza infantil, y este año 2017 -usted dice que no hemos hecho nada- hemos llegado a 100 millones de euros; 100 millones de euros más los 100 millones que se suman del Ministerio de Agricultura. Eso sí, ha sido un Gobierno del Partido Popular el que por primera vez ha hecho un programa de atención a la pobreza infantil. Antes de nosotros ha habido otros gobiernos, y esto lo quiero dejar bien claro.

En cuanto a las adopciones ha habido dos grupos sobre todo, Ciudadanos y el Grupo Socialista que han hablado de ellas. Antes de referirme a la adopción internacional déjenme mencionar el acogimiento. Nosotros tenemos el objetivo -estoy convencidísima y hoy también ustedes lo han dicho- de que más niños no estén en residencia, en acogimiento residencial, y que cada vez haya más niños en las familias. Compartimos este objetivo con las comunidades autónomas -ellas tienen competencia- pero nosotros lo tenemos muy claro y hemos hecho esta campaña de sensibilización para que las familias acojan a un hijo en la que el año pasado invertimos 180 000 euros y en este año 2018 vamos a invertir 1 100 000 euros. También les quiero decir que hemos puesto muchísimas medidas para el acogimiento, como las bonificaciones fiscales a las familias que acogen a un niño, porque nosotros creemos de verdad en la protección de nuestros menores en nuestro país.

En cuanto al reglamento en las adopciones internacionales, que sobre todo es por lo que me han preguntado, les puedo decir que ya está hecho. Hemos terminado la fase pública, se ha colgado en la página web, y ahora ha de pasar, primero, por un consejo territorial del ministerio, por tanto tengo que convocar a los consejeros -les vuelvo a repetir que llevo ya diez consejos territoriales y que voy a continuar convocando consejos territoriales para ir avanzando en las políticas del ministerio-, se ha de aprobar el reglamento y luego tiene que informarlo el Consejo de Estado. Una vez hayamos pasado estos dos trámites el reglamento será una realidad, pero el tiempo que tarde el Consejo de Estado en informar no es imputable al ministerio. Quiero dejar muy claro que la falta de desarrollo reglamentario de ninguna manera ha paralizado los procesos de adopción internacional en marcha o los que se iban a iniciar; los organismos acreditados por las entidades públicas de las comunidades autónomas han continuado su actividad manteniéndose vigente su acreditación.

Tampoco quiero que nadie se lleve a engaño cuando se pretende ligar la falta de aprobación de este reglamento a la disminución del número de adopciones internacionales en España. El escenario de la adopción internacional ha experimentado un cambio significativo que todos debemos asumir y que


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debemos conocer. Los países de origen, por diversas razones, dan prioridad a los adoptantes nacionales sobre los extranjeros, o sea, dan prioridad a sus ciudadanos nacionales que adoptan a los hijos de sus países. Dos países muy significativos que han tomado esta decisión son, por ejemplo, China y Vietnam, que solo permiten la adopción por familias extranjeras de niños con necesidades especiales. Estas circunstancias han originado un acusado descenso en el número de adopciones, no solo en España sino en todo el mundo. En España a partir del año 2004 se ha constatado un descenso acusado de las adopciones. Hemos pasado de 5541 niños adoptados en 2004 a 798 en el año 2015. Pero no somos los únicos. En Estados Unidos las adopciones internacionales en 2004 fueron de 22 000 y ahora están en 5000. En Francia en el mismo periodo han pasado de 4000 a 800, en 2015. Suecia ha caído de 1000 a 333. Alemania en 2004 adoptó 749 menores y ha bajado a 200 en el 2015. Por tanto, no es un problema de España, sino que es un problema mundial ya que hay países que han cerrado la frontera porque han decidido priorizar que sus ciudadanos adopten a sus menores. Se están buscando -lo dejo claro- soluciones redirigiendo hacia otros países a las familias cuyos expedientes de adopción se encontraban en trámite y quedaron paralizados por el cierre de ese determinado país a las adopciones internacionales. En este sentido estamos explorando alternativas en países como Sudáfrica, Eslovaquia y Haití. Por último, quiero aprovechar esta tribuna para recordarles que en virtud del principio de subsidiariedad únicamente se puede acudir a la adopción internacional si no es posible la adopción nacional. Hay que priorizar que el niño permanezca en su entorno y en su país, por tanto estos países aplican este principio de subsidiariedad. Si países como China o Rusia están actualmente fomentando el acogimiento y la adopción por sus propios ciudadanos, debemos recordar también que en España tenemos casi 15 000 niños en centros tutelados que también necesitan una familia y por ello el Gobierno de España, juntamente con las comunidades autónomas, hemos puesto medidas para promover el acogimiento, tanto con campañas como con el sistema que he explicado por el cual cualquier familia podrá acoger cualquier niño de cualquier comunidad autónoma.

Me han hablado de la pobreza infantil, de la desigualdad y de la prestación por hijo a cargo. Yo quería decir que incendian el campo -sobre todo el Grupo Socialista- y acusan a los bomberos de que lo hemos provocado. Todos tenemos que ser conscientes de la gestión de la crisis económica que hizo el Gobierno del Partido Socialista, que fue desafortunada, provocaron el mayor desequilibrio económico y social de los últimos cincuenta años, y encima no lo reconocen, que me parece bien, pero es que los datos lo indican. El incremento de la pobreza empezó con ustedes -esto lo quiero dejar bien claro-, pero también voy a decir que la mejor forma de que progrese un país es generando oportunidades para todos, y por eso este Gobierno estamos comprometidos con la inclusión laboral, social y educativa, y la mejor política social, la mejor lucha contra la pobreza, la mejor lucha contra la desigualdad es la creación de empleo. Por tanto, mientras ustedes creaban desempleo nosotros hemos creado más empleo. Ante la pobreza infantil, ante la desigualdad tenemos muy claro que la gran receta es más empleo. Hoy hay 2 160 000 personas más trabajando que en el año 2011, por lo tanto, hay más hijos, más niños, más infancia y más adolescencia que viven en esas familias que tienen mejores posibilidades que las que tenían con ustedes en el año 2011.

Encadenamos el periodo más largo de crecimiento de contratos indefinidos. Ustedes me hablaban de precariedad, pues yo también les tengo que decir que estamos encadenando el periodo más largo de crecimiento de contratos indefinidos: 45 meses consecutivos, siendo actualmente el 73 % del total de los contratos, y esto lo dice la EPA del tercer trimestre. Y además, ¿qué hemos hecho? Menos impuestos, menos impuestos para las familias, para que tengan más renta para sus hijos. La reforma fiscal beneficia sobre todo a las familias con hijos. Esto lo quiero dejar bien claro: la reforma fiscal beneficia a las familias con hijos -y aquí estamos hablando de hijos- que hoy pagan menos impuestos, y esto ha beneficiado casi a 2 millones de personas durante el año 2016.

Los ingresos medios de las familias con dos hijos menores han crecido en 2360 euros anuales, por tanto, ha supuesto un crecimiento de un 7 %, y el consumo medio anual de los hogares se ha incrementado desde el 2014 en 1162 euros, lo que representa un incremento del 4,3. Por supuesto que tenemos que continuar avanzando, pero el camino es salir de la crisis, crear empleo, que haya crecimiento económico; esto estabiliza económicamente el país y podemos hacer más políticas sociales y llegar a las familias más vulnerables.

¿Qué hemos hecho también? Más protección para las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Hoy hay más jóvenes con becas, hoy hay más jóvenes que jamás haya habido en España con becas, 866 000 alumnos en total. Se ha reforzado la protección -como he dicho antes- por desempleo


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a los parados de larga duración con hijos. Se ha reforzado la protección de las familias vulnerables en los procesos de desahucios. Se ha mejorado el bono social; el portavoz dice que no hemos hecho nada en 2017, y yo le tengo que decir que hemos mejorado el bono social de energía para consumidores vulnerables, incrementándolo del 25 al 40 % en función de la renta y llegando al 50 % si además están siendo atendidos por los servicios sociales. Hemos hecho ese programa que ya les he comentado, que ningún Gobierno lo había hecho, y hemos dedicado casi 18 millones de euros a programas de protección a la infancia en el marco del programa del 0,7.

Y hemos hecho más: en los presupuestos del 2017 hemos dado a las comunidades autónomas más financiación, 5500 millones de euros para que financien sus políticas. Hay algunos que deciden hacer embajadas y hay otras comunidades autónomas que realmente quieren proteger a sus hijos. El Gobierno de España hemos dado 5500 millones de euros más de financiación a las comunidades autónomas, y luego cada comunidad autónoma pone las prioridades. Y yo le voy a explicar las prioridades. Colau -no es de mi partido- reduce a la mitad las ayudas a familias en dos años -no lo digo yo, sino un periódico-. En Andalucía -creo que no gobierna el partido que apoya al Gobierno-: tres de cada diez andaluces son pobres y casi la mitad de la población corre riesgo de serlo. Barcelona y Cádiz han reducido su gasto social tras convertirse en ayuntamientos del cambio. Andalucía es una de las regiones con más riesgo de desigualdad según un estudio. (La señora ministra va enseñando los correspondientes recortes de prensa). Claro que tenemos muchas cosas por hacer, pero si hacemos crítica, hagamos crítica sincera todos. Los 5500 millones de euros que el Gobierno de España da a las comunidades autónomas para más financiación, ¿a qué los dedicamos?

Antes he hablado de abuelos y he dado un dato importante señalando el cambio de consumo en las familias de mayores de 65 años, que no es que hayan cambiado los hábitos de consumo sino que han ayudado a sus hijos y a sus nietos, y hoy podemos decir que tenemos más pensiones y más altas, por tanto, es otra manera de proteger a las familias.

Al portavoz del Grupo Mixto que dice que desde 2017 no hemos hecho nada, le voy a decir que ha sido un Gobierno del Partido Popular con pacto, acuerdo y diálogo los que hemos subido el salario mínimo interprofesional. Hablábamos de precariedad, pues he de decirle que ha sido un Gobierno del Partido Popular los que hemos subido el salario mínimo interprofesional un 8 % para que la recuperación llegue a todas las familias; esto en 2017. Este año lo vamos a subir un 4 % y nos hemos comprometido a seguir subiendo un 5 en 2019 y un 10 en 2020 para que llegue el salario mínimo interprofesionales a 850 euros. Esto lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular y lo ha hecho en esta legislatura.

Me han hablado de la prestación por hijo a cargo. Nosotros cuando gobernamos ponemos medidas sostenibles en el tiempo. No somos un Gobierno que acostumbramos a poner 2500 euros para las madres que van a tener un hijo y que esta medida no dure ni un embarazo, porque duró ocho meses; duró ocho meses, sí señores. Y lo de los 400 euros a los contribuyentes fue una medida electoral que duró solo un año. Yo era diputada -todos los que estamos aquí sabemos perfectamente lo que cobra un diputado- y todos los diputados tuvimos derecho a esta medida que puso el Partido Socialista de dar 400 euros y que nos los dio a todo el mundo, a todos los trabajadores de España, y las personas con pensión no contributiva, como podía ser mi abuela y tantas personas mayores en este país, no tuvieron el acceso a esos 400 euros. Por tanto es muy fácil venir aquí y hacer medidas en formato tuit, pero luego estas medidas tienen que ser sostenibles económicamente, no solo en un año sino en el tiempo. Las medidas en la ayuda a la maternidad de gobiernos del Partido Popular en el año 1996 hoy aún están vigentes y han estado vigentes también durante los gobiernos socialistas, porque son viables económicamente y porque las hacemos sostenibles en el tiempo. Por tanto, en cuanto a la prestación por hijo a cargo protegemos nosotros a las familias y a sus hijos de tres formas: bajando los impuestos, reforzando la protección de las familias en situación de mayor vulnerabilidad y creando empleo. Esos son los tres grandes ejes para proteger a las familias. Les voy a decir más: la medida que tiene mayor impacto y nivel de cobertura es la desgravación fiscal por hijo a cargo, que cubre al 95 % de las familias en España que tienen hijos, y aquí estamos hablando de familias que tienen hijos. Por tanto, el impacto que tiene la desgravación fiscal es para el 95 % de las familias que tienen hijos. Ustedes deciden hacer una medida de tuit y nosotros preferimos hacer medidas viables económicamente en el tiempo y duraderas para justamente proteger a las familias bajando los impuestos, creando empleo y reforzando con programas a las familias en situación con mayor vulnerabilidad.

También se ha hablado de violencia, hemos hablado de la ley de violencia, y casi todos han coincidido en la misma pregunta, que cuándo va a estar la ley en este Parlamento. Yo les quiero asegurar el


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compromiso sincero y firme de esta ministra para la ley de violencia en la infancia, el compromiso es de legislatura. Si ustedes quieren que yo les diga fecha y hora va a ser complicado; ustedes son legisladores y saben el trámite. Yo he revisado, como miembro de Cámara que también soy y en la que he estado desde el año 2008, todas las PL que pueden llegar a hacer los legisladores, porque ustedes saben que también pueden hacer leyes y saben cuánto tiempo tardan en hacer las leyes, desde que plantean la proposición de ley hasta que termina aprobada definitivamente la ley. En esta legislatura no hay ninguna proposición de ley que ustedes hayan sido capaces de aprobar; ni en esta ni en ninguna legislatura, porque realmente necesita pasar sus acuerdos, sus trámites, su escucha, su diálogo. Por tanto, si ustedes quieren yo les puedo decir fecha y hora en que va a entrar la ley, pero sepan que cualquier ley tiene que pasar por informes de órganos consultivos que no dependen de esta ministra. El compromiso lo tienen firme y nosotros -aquí está el secretario de Estado y así lo dijo a todos los miembros de la delegación ante el examen de Ginebra- vamos a poner todos los esfuerzos para que la ley esté dentro de este año, pero ustedes lo saben y tienen que comprender como legisladores los trámites normales que exige una ley, y más una ley de estas características.

A la portavoz de Ciudadanos que me ha preguntado sobre la ley le digo que es una norma extensiva que incluye todo género de violencia sobre los menores. Se cuenta con un primer texto de análisis. Es un compromiso pleno, como les he dicho, y en el marco del estudio que se está realizando del nuevo texto estamos analizando todos los instrumentos, incluidos los protocolos y, por tanto, será un texto refundido de muchísimas medidas que ya hemos tomado y que ahora les voy a explicar, porque antes les he explicado algunas pero hemos tomado muchísimas medidas en la lucha contra la violencia en la infancia. Por tanto, tenemos un compromiso firme en la ley, pondremos todo el esfuerzo el equipo del ministerio para que esta ley entre en estas Cortes dentro del 2018, pero comprometerme en fecha y hora es complicado, conociendo que durante la tramitación se tiene que informar por organismos que no dependen del ministerio ni del Gobierno.

¿Qué hemos hecho en la protección? A veces me da la sensación de que cuando hablamos de pacto de Estado contra la violencia de género parece como si jamás nadie hubiera hecho nada en la lucha contra la violencia, y hemos hecho muchísimo, no solo este Gobierno sino todos los gobiernos que ha habido en España, todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su conjunto. Ustedes me dicen que soy positiva; no, yo soy realista. Desde aquí quiero decir que muchísimas instituciones públicas y privadas de los diferentes colores políticos han trabajado en la lucha contra la violencia de género y de infancia, y por tanto hemos avanzado muchísimo.

En la protección contra la violencia sexual nosotros hemos mejorado la tipificación del delito de trata y lo extendemos a los supuestos de matrimonios forzados. Hemos revisado el delito de pornografía infantil, castigando con prisión el solo hecho de estar en posesión de imágenes realistas de menores practicando conductas sexuales. Hemos castigado -esto lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular- con prisión el chantaje y ciberacoso sexual por medio de las nuevas tecnologías. Conseguimos, porque fue una enmienda del Partido Popular en la reforma del código del Partido Socialista, que se considere como abuso sexual y se castigue con prisión el ciberacoso como medio para lograr un encuentro sexual con menores de 16 años.

¿Qué hemos hecho en la protección contra el acoso escolar y el ciberbullying? Por primera vez se castiga con penas de prisión los delitos de odio que se ceban contra quienes sean diferentes por sus diferencias físicas, por sus preferencias o identidad sexual, raza, nacionalidad y delitos de acoso, principalmente cuando la víctima sea un menor. También llevamos a cabo programas de formación en el ámbito educativo para identificar y prevenir el acoso homofóbico y transfóbico. Hemos hecho muchísimo. Hemos aprobado un plan estratégico de convivencia escolar, con medidas dirigidas a los miembros de la comunidad educativa, los alumnos, profesores y progenitores, para proteger a las víctimas y crear conciencia sobre la necesidad de erradicar esta lacra y no mirar hacia otro lado cuando un menor está siendo objeto de esta violencia. Hemos puesto un teléfono unificado de atención a las víctimas del acoso escolar -esto es nuevo, de hace pocos meses- donde ya ha habido 14 000 llamadas y de ellas 6000 han sido de bullying. Hemos puesto en marcha este año el Centro de Seguridad en Internet para Menores para protegerlos del ciberacoso. Hemos puesto una web de ayuda a los profesores y a los familiares para el acoso y el ciberacoso. Hemos hecho una guía de acoso y ciberacoso para las víctimas, los padres y los profesores.


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En cuanto a la violencia de género conocen perfectamente todas las medidas que hemos tomado, así como el pacto de Estado en el que se incluyen más medidas y que tenemos el compromiso de ejecutarlo. Por tanto, el Gobierno no ha parado de proteger a la infancia y tenemos muy claro que en esta ley contra la violencia en la infancia tenemos que recoger lo que ya hemos hecho, que hemos hecho mucho, no hemos estado con los brazos cruzados. A veces da la sensación de que no hubiéramos hecho nada y que ahora hacemos la ley como si hasta ahora nadie hubiera hecho nada, ni nuestro Gobierno ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos ni los anteriores gobiernos. Se ha hecho y tenemos que continuar en este empeño y, por tanto, pensamos sinceramente que la ley va a ser un gran instrumento para articular la protección, la prevención, la sensibilización y el control y, por tanto, la lucha en la infancia contra la violencia que sufren.

Luego me han hablado de los MENA, de los menores extranjeros no acompañados. Tengo que volver a decir que ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha garantizado en la Ley 26/2015, en concreto en el artículo 5, la protección de todos los menores extranjeros que se encuentren en España, y tienen derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles. Quizás hubo oportunidad durante ocho años del anterior Gobierno de poderlo hacer, pero lo hizo el Partido Popular, porque vuelvo a decir que tenemos un compromiso firme con la defensa de los menores, también extranjeros, de nuestros menores y de los menores extranjeros. Y también quiero decir que todos los menores extranjeros no acompañados cuya minoría de edad sea manifiesta son atendidos de inmediato por las entidades públicas de protección de las comunidades autónomas que velan por su situación personal. Esa ley lo que presume es la minoría de edad de una persona cuya mayoría de edad no puede ser determinada; pusimos en la ley que se presuma la minoría de edad, lo que significó una gran protección.

Hacer discursos alarmantes, decir que todos los niños se deportan, no es cierto, eso es mentir. Me hablaba la portavoz de Podemos de patriotismo, pues el mayor patriotismo para nuestro país, para nuestros niños es no mentir; este es el mayor patriotismo que cualquiera podemos hacer: no mentir. Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha regulado que los menores extranjeros tengan protección en nuestro país. Y también hemos puesto medidas para que cuando el menor está indocumentado y se tienen sospechas razonables sobre la autenticidad de sus documentos oficiales o de su edad, tenga una protección absoluta; si esta persona dice que es menor y la fiscalía considera que es mayor, tiene una protección absoluta, tiene asistencia de justicia gratuita y la posibilidad de recurrir la determinación del fiscal hasta en cuatro procedimientos diferentes.

¿Qué hemos hecho? Hemos reforzado la protección de los menores extranjeros no acompañados. ¿Cómo? Con un protocolo de actuación que determina su protección y su seguridad en España. El pasado mes de diciembre hemos reforzado esta protección con un protocolo específico de atención y protección de menores víctimas de trata, porque somos conscientes de la mayor vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados ante las mafias y, por tanto, que pueden ser víctimas de trata.

Y en relación con la situación específica de Ceuta y Melilla -ustedes me han hablado sobre todo de Melilla-, hemos complementado directamente los recursos propios de las ciudades autónomas para reforzar la capacidad de atención a los menores extranjeros no acompañados. Esta medida proviene sobre todo del Ministerio de Empleo. En concreto, en 2016 y 2017 hemos invertido en Ceuta 3 759 000 euros y en Melilla 6 138 000 euros, y hemos desarrollado otros programas para ayudar a mejorar la situación de las personas migrantes, como les he dicho el programa el 0,7 y programas específicos en los que en el año 2016 hemos dedicado 12 millones de euros, pero además tenemos en el Ministerio de Sanidad un programa de reasentamiento y reubicación de refugiados y para menores MENA de 1 700 000 euros en este año pasado 2017, que sobre todo incluye medidas sanitarias, de salud pública, hacia los MENA.

También me han hablado de los niños robados. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses centraliza los perfiles obtenidos por informes genéticos y el Ministerio de Justicia puso un servicio de información al afectado que tiene una base única y, por tanto, entre la base única del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se va avanzando en la situación de los niños robados, sin perjuicio, por supuesto, de todas las reclamaciones judiciales que puedan tener las familias.

El portavoz del Grupo Mixto me ha hablado de la aplicación del 155 en las áreas de sanidad y social de la Generalitat, así como el portavoz de Esquerra Republicana. La valoración que hago es que es una gestión correcta, que la ministra y todo el equipo del ministerio hemos trabajado con los mismos


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funcionarios y con los mismos cargos públicos que había antes del artículo 155 y que ha sido una relación de respeto institucional, pero también le voy a decir, porque usted ha dicho también cosas que no son ciertas, lo que nos hemos encontrado, porque creo sinceramente que vale la pena saberlo. En la aplicación del artículo 155, ya que está usted hablando de servicios públicos, hemos mantenido todos los servicios públicos en Cataluña, no ha habido ningún servicio público que se haya dejado de prestar ni ningún tipo de conflicto. Pero le voy a explicar lo que nos hemos encontrado: contratos sin prorrogar, servicios sin cobertura y convocatoria de subvenciones sin resolver, y no es que estuviera todo a punto después de agosto, no, es que muchos de los temas ya venían de principios del año 2017. Usted me ha hablado de que no hemos pagado los 11 millones de euros en las ONG de los servicios sociales. Es la primera cosa que hizo esta ministra cuando se aplicó el artículo 155. Pregunte a las entidades del tercer sector y verá cómo le dirán que fueron llamadas por el ministerio, se les atendió por supuesto en catalán, y dijeron: "Sí, esta es la verdad". Seamos muy cuidadosos porque hay muchísima gente que no ha recibido las ayudas por la mala gestión del Gobierno anterior, porque nos hemos encontrado con esta realidad.

Cuando llegué al ministerio convoqué a todos los consorcios sanitarios en materia de sanidad. El consejero se encargó de presidir todos los consorcios sanitarios. La primera medida que tomé fue devolver todas las presidencias de los consorcios sanitarios a las personas que había antes, porque en Cataluña como en el resto de España hay grandes profesionales, grandes funciones, grandes altos cargos que lo que hacen es prestar el servicio público sin ideología, pensando siempre en los catalanes. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de España, lo que ha hecho nuestro ministerio para continuar atendiendo los servicios sociales y sanitarios en Cataluña. Vale la pena saber cómo estaban los expedientes.

Para terminar con la réplica, ningún portavoz me ha hablado de la salud de los menores -la tercera P, de promoción-, deduzco de su silencio que avalan la gestión de este Gobierno en todas las medidas de promoción y, por tanto, de salud de los niños. A nosotros nos preocupan no solo las políticas sociales -que, por supuesto, nos preocupan mucho-; no solo la pobreza -que, por supuesto, también nos preocupa mucho-; no solo la desigualdad -que nos preocupa mucho-, sino que nos preocupa la obesidad y la salud de nuestros hijos, de todos los menores. Vuestro silencio avala la gestión del Gobierno del Partido Popular en todo lo que estamos haciendo para los menores. Tengo que decir desde aquí que tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo. No solo lo dice el barómetro sanitario que cada año hace el Ministerio de Sanidad en el que los pacientes -los pacientes somos todos los españoles- valoran bien, muy bien y excelente el Sistema Nacional de Salud, con altos porcentajes; sino que también las mejores revistas profesionales más renombradas del mundo, hace pocas semanas han reconocido al Sistema Nacional de Salud más eficiente y el octavo sistema mejor del mundo. Si analizamos la lista, vemos cómo antes que España hay países con poca ciudadanía, menos de 1 o 3 millones de personas. Con 47 millones de personas, somos uno de los mejores del mundo. Quiero destacar este dato en esta Comisión porque gracias a este Sistema Nacional de Salud, gracias a los profesionales que trabajan en él, gracias a las comunidades autónomas, gracias a la coordinación del Gobierno de España, gracias a los pacientes podemos cada día trabajar mejor en la salud de nuestros niños, hecho que a nosotros también nos preocupa. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al turno de réplica de los portavoces. Por un tiempo de tres minutos, interviene en primer lugar el señor Félix Álvarez, del Grupo Ciudadanos.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Es cierto que todos los gobiernos, sus ministerios, gobiernan en coalición con el Ministerio de Economía. Yo no sé si estaba la Comisión de Infancia, en la de Economía o incluso en la de Justicia. Después de escucharla decir que España a nivel de infancia y adolescencia es lo más parecido a Disneylandia, me gustaría señalar algo que me ha llamado mucho la atención: la prisión permanente revisable.

Ciudadanos no ha apoyado la derogación de la prisión permanente revisable. Como usted sabe, la iniciativa para su derogación fue presentada por el Partido Nacionalista Vasco y fue admitida a trámite con los votos del Partido Socialista, de Podemos y de los partidos nacionalistas, grupos parlamentarios que reunían por sí solos los votos favorables para sacarla adelante. Se trata de una iniciativa que está pendiente de tramitación, por lo que tendrá que ser debatida junto con las enmiendas que se presenten, luego tendrá que ir al Senado y volverá a esta Cámara para que se produzca la votación para su aprobación definitiva. Nosotros queremos reformar la prisión permanente revisable para corregir sus deficiencias y garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. No nos parece admisible que un condenado a prisión permanente revisable por cometer delito de especial gravedad, que suele afectar en


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un gran porcentaje a niños, a niñas y a adolescentes, pueda estar en la calle disfrutando de un tercer grado a los quince años. Aprovecharemos la iniciativa en el debate del Congreso para plantear las enmiendas que permitan derogar o corregir esta anomalía y garantizar que la pena se cumpla de forma íntegra y efectiva.

Fueron advertidos por muchos juristas y por expertos en derecho penal de que la prisión permanente revisable presentaba dudas sobre su inconstitucionalidad, tal y como está redactado el artículo 25.2 de la Constitución. Nosotros entendemos que lo prudente hubiese sido esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional antes de lanzarse a otra iniciativa parlamentaria, como es la derogación. Pese a que la pena que se impone en principio es por tiempo indefinido, los condenados a prisión permanente revisable -repito- pueden acceder a un tercer grado a los quince años de condena, lo que les podría permitir estar en la calle en un estado de régimen de semilibertad. Además, la prisión permanente revisable puede ser revisada a los veinticinco años y un tribunal podría suspenderla, lo que implicaría que los condenados podrían pasar una fracción mínima de la pena total que se les impuso.

Dos preguntas muy concretas, señora ministra, qué plan alternativo tiene el Gobierno si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la prisión permanente revisable. Segunda, si está de acuerdo o no en que los autores de estos delitos de extrema gravedad puedan disfrutar de un tercer grado a los quince años o puedan salir a los veinticinco años, si así lo estimula un tribunal, cumpliendo una parte mínima de los años a los que fueron condenados.

La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora de la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Sofía Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Señora ministra, me gustaría hacerle una puntualización. Dice que ninguno de los portavoces que ha intervenido anteriormente ha comentado el tema de la salud. Me pregunto si no sabe que la comunidad internacional desde distintas instancias ya ha dicho que la violencia machista que afecta a nuestra infancia y a nuestra adolescencia es un problema de salud pública. No se le escapará que estar hablando de pobreza en la infancia y en la adolescencia es estar hablando de dignidad y de salud.

Ya que su ministerio lleva tantas cuestiones -me hago cargo de que lleva Igualdad, Sanidad, Servicios Sociales, Consumo, Infancia como es el caso de esta Comisión-, sería mucho más útil tener una visión más holística y no tan compartimentada. Nos parece muy importante resaltar alguna cuestión como que, por ejemplo, una subcomisión no es un pacto -parece una frase de Perogrullo, pero es relevante con relación a lo que hemos escuchado- y un pacto es un documento de compromisos muy claros, 2,2 % de inversión en el PIB, prestación por hijo e hija a cargo de cien euros al mes, al menos para todas las familias por debajo del umbral de la pobreza y Esto no lo decimos nosotras, sino que lleva años pidiéndolo UNICEF. Comprométase para los Presupuestos Generales del año 2018 y nosotras sin excepción lo apoyaremos.

Señala que ha encontrado pocas propuestas por parte de los grupos que han intervenido. Durante una hora se ha hablado, pero solo se ha hecho un diagnóstico de malas noticias. A quién le corresponde fundamentalmente hacer las propuestas, señora ministra, es sobre todo al Gobierno. No pasa nada. Vamos con una, y además lo ha comprobado. Entra en un tuit: nuestra propuesta de prestación por hijo e hija a cargo es concreta y temporalizada en un año, para aplicarla en cuatro años sostenible, aplicable y eficaz. Entre medidas en formato tuit, que tienen contenido y folios y folios de diagnóstico con un calado de reportaje de revista divulgativa, casi preferimos esas medidas tipo tuit que son aplicables y eficaces. Tome esta calificación dentro de la dialéctica parlamentaria. Sé que no me lo va a tomar a mal, aunque lo digo con honestidad y vehemencia.

Señora ministra, dice que han incorporado el interés superior del menor. ¿Puede decirnos exactamente qué es el interés superior del menor? Por cierto, menor de edad, que parece que estamos hablando de menores per se, como si fuera una ciudadanía menor. Es necesario concretar quiénes son el objeto y el sujeto de esta Comisión. ¿Es en interés superior del menor que estén nuestros adolescentes con problemas, recluidos en centros de menores, en los que se ha constatado que hay torturas como es el caso de Sograndio en Asturias? ¿Los niños magrebíes, a los que se les deja morir sin atención médica en Melilla, no forman parte de ese interés superior del menor? Hablamos, insisto, del interés superior del menor cuando estamos ante casos de custodia compartida en situaciones de violencia machista. ¿La gestión actual de los puntos de encuentro responde al interés superior del menor? ¿Obligará a las niñas,


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niños y adolescentes a estar con padres que abusan sexualmente de ellos, como vienen denunciando las distintas plataformas por la infancia? ¿Esto tiene que ver con el interés superior del menor?

Escuchándola me temo que confunde felicitación con tirón de orejas y esto es un problema para un cargo que, como usted misma ha dicho anteriormente, debe escuchar y saber escuchar. Los informes 5 y 6 de la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas que leíamos precisamente el lunes pasado, han dado un tirón de orejas, han manifestado preocupaciones que hace ocho años existían y que siguen vigentes hoy. Se las voy a enumerar rápido: la Ley Integral de Violencia. Hasta cuándo va a esperar el Gobierno para poner en marcha una estrategia para erradicar la violencia ejercida hacia niñas y niños. Se hacen muchas preguntas sobre la falta de protección de la vulneración de los derechos de los MENAS y varias veces se señala que no están contestando. Hay una gran preocupación por lo que pasa en Melilla, lo destaca como un grave incumplimiento de la Convención de Derechos del Niño.

Pobreza infantil, volvamos a este asunto que tiene que ver con la salud pública, insisto. España está a la cola respecto a niñas y niños en situación de pobreza. Cómo es posible que esto no solo siga así, sino que agrava la situación y aumenta la desigualdad año tras año. Pregunta sobre los desahucios en casos en los que hay menores de edad en los hogares. ¿Cómo es posible que estas situaciones se den si se trata de una muestra de vulneración de un derecho básico? Informes de impacto de infancia. Si es obligada la realización de informes de infancia para todas las leyes, por qué no se considera que esto se aplique también a una de las principales leyes que se aprueban aquí, los Presupuestos Generales del Estado.

Todas las diputadas y diputados nos podemos hacer cargo del terrible estrés que genera estar llevando tantas comisiones. Creo que parte de esa solución, no solo para su estrés, sino también para los problemas de este país, es que tengamos -tal como venimos pidiendo desde el primer día- un ministerio específico de igualdad. Quizá así podríamos abordar con mucha más seriedad problemas sociales y fundamentales y ejes de la situación en la que nos encontramos en este país.

La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Mixto. ¿Van a compartir la intervención? Recuerden que tienen tres minutos y que tienen que ser muy breves. En primer lugar interviene el señor Miquel.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muy breve, casi telegráfico porque con un minuto y medio nos da para lo que nos da. En primer lugar, empiezo por donde terminaba la compañera del Grupo Confederal: si usted no puede con las nueve comisiones deje algunas, pero no venga aquí a llorar argumentando que no puede con todo su trabajo, porque no es nuestra responsabilidad, sino la suya. Si no puede con todo, deje alguna.

En segundo lugar, yo no he dicho en ningún momento que su Gobierno no haya hecho nada, de hecho creo personalmente que su Gobierno ha hecho demasiado en algunos ámbitos. Lo que he manifestado es que en la materia que nos ocupa hoy, en un año no ha hecho nada. En su réplica no ha sabido responderme a esa pregunta. Dígame si la subida del salario mínimo interprofesional en los próximos tres años es mérito de usted, cuando está en el marco de los temas que nos ocupan en esta Comisión. Estará de acuerdo conmigo en que no.

Señora ministra, usted me hablaba de embajadas como prioridad de gobiernos territoriales y ha puesto ejemplos de reducción de inversión en política social: el Ayuntamiento de Barcelona y la Junta de Andalucía. Me pregunto si no ha encontrado ningún ejemplo en la Generalitat de Catalunya de reducción en inversión en política social o es que al final las embajadas no han ido en detrimento de una mayor inversión en política social, como todos sabemos y como usted hoy no ha podido demostrar.

Por último lugar, y ya termino Presidenta, si usted llegó a la Generalitat de Catalunya con la aplicación del artículo 155 y vio subvenciones por pagar, subvenciones por convocar y deudas encima de la mesa a lo mejor se debe a que las cuentas llevaban congeladas unos días. Es posible que se acuerde de esta carta que le mandaron las entidades del tercer sector a su Gobierno, no el Gobierno de la Generalitat sino al Gobierno central, pidiendo que desbloquearan las cuentas de la Generalitat para que pudieran cobrar esos 10 millones de los que yo le he hablado antes. No mezcle cuestiones porque sabe que cuando usted llegó a la Generalitat de Catalunya las cuentas ya estaban congeladas desde hacía días por su Gobierno.

Señora ministra, gracias por su comparecencia.

La señora PRESIDENTA: Interviene ahora la señora Marta Sorlí.

La señora SORLÍ FRESQUET: Hemos pasado del vender humo a la poca vergüenza y el caradurismo. Lo que le debería de dar vergüenza a la portavoz del Partido Popular es defender aquí que en el País


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Valenciano se estuviera robando a manos llenas mientras había centros de menores donde los niños presuntamente estaban obligados a mendigar y vivían en condiciones infrahumanas. Eso es lo que hizo el Partido Popular en el gobierno de la Generalitat Valenciana, mientras se financiaba irregularmente con la Gürtel. Lo mínimo es callar y agachar la cabeza. Eso como mínimo. Después de eso nos encontramos con el Govern del Botanic que está dando pasos de gigante para rescatar personas. Cito solo ejemplos de infancia, de nada más, de infancia: el Plan integral de infancia, la ley de infancia y adolescencia que se va a tramitar por urgencia. Esperemos que estos dos ejemplos no sean recurridos al Tribunal Constitucional, como muchas otras leyes sociales que recurre constantemente el Gobierno central. El Gobierno central recurre todas las iniciativas sociales del Gobierno del País Valenciano, el Govern del Botanic, para tumbarlas y para que no podamos rescatar personas.

Con referencia a la Ley de la Infancia como novedades, regulación de la situación de riesgo, preferencia del acogimiento familiar y la no institucionalización de los menores. Si no quiere que le parezca que hablamos de la España de 1978, cosa que me parece muy lícito, tenemos que revertir la situación, tenemos que revertir las propuestas y tenemos que revertir la inversión que se está haciendo -ya lo he dicho en mi primera intervención- porque con las cifras y con las propuestas que nos ponen hoy encima de la mesa, a las diputadas y diputados que estamos aquí lo que nos parece es que nos está hablando de la España de 1939.

La señora PRESIDENTA: Es el turno del portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, el señor Joan Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Señora ministra, sin duda la autoestima es fundamental para gobernar, sin autoestima no comunicas a nadie aquello que tu crees y que estás haciendo, pero una autoestima exagerada es muy peligroso, porque puede acabar desmintiendo la realidad. Si la realidad no le gusta, la olvida y genera otra. Es la segunda vez que lo veo en sus intervenciones. Hay una primera intervención, en general un listado de proyectos posibles, futuros, futuribles y una voluntad de mano tendida; habla de que entre todos lo haremos todo, adelante. Pero luego no le gusta lo que le dice la oposición, no le gusta nada. Pero nada, nada y su intervención es un verdadero martillo de la oposición. Es aquello de cómo no hacer amigos. Si usted ha planteado la necesidad de un pacto, a lo mejor diciendo que tenemos razón en alguna cosa, es posible que lleguemos a acuerdos. Si lo hace todo bien, no hace falta el pacto. Si lo hace todo bien, la realidad más o menos tangible se impondrá.

Sobre Cataluña estoy seguro de que el próximo Gobierno auditará la situación y no será con recortes de periódico con los que discutiremos las cosas, será con informes. Estoy seguro de que ustedes no quedarán demasiado bien. Al tiempo. Me quedo solo con una afirmación. He sido muy modesto en mi intervención anterior y lo soy ahora. No acabará el año 2018 y tendremos proyecto de ley -no digo en mayo o en junio- presentado en este Congreso y a punto de ser aprobado. Hago memoria para los niños: en enero del 2019 tendremos que explicar que este proyecto está en marcha y que estamos trabajando en él. Yo estaré muy contento y si no le recriminaré por qué no ha cumplido. Supongo que no me contestará que la culpa es mía.

La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora de la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sonia Ferrer.

La señora FERRER TESORO: Respecto al Pacto de Estado de Infancia -antes no me ha dado tiempo a contestar-, en principio recogemos el guante. Nos alegra de que se sume a ese pacto, aunque tenemos que decir que somos algo escépticos viendo los resultados de estos años de gestión. Lo que no tenemos muy claro es la existencia de una subcomisión dentro de la Comisión de Infancia, de una Comisión no legislativa. Quizá a lo mejor sería más importante dar el paso hacia una Comisión legislativa o hacerlo en otra Comisión porque es verdad que la custodia compartida -no lo ha mencionado al principio, sino que ha hablado de Pacto de Estado- atañe a los menores pero también a los progenitores, a los padres. Quizás no sea esta la Comisión más adecuada y sí la de Igualdad, pero esperamos algún otro gesto. Ha dicho que no hemos hecho propuestas: Sí, la prestación por hijo a cargo. Usted ha citado varias excusas para al final decir que no, ya comprobamos la prioridad que tienen con la infancia.

Solamente dos segundos para contestar a la portavoz del Partido Popular por alusiones. No voy a entrar en su fango porque en esos ambientes su señoría se maneja bastante mejor que yo. Yo vengo aquí a hablar de menores y a eso me voy a remitir. Siempre intento hablar con rigor, no he visto que lo haga así la diputada. La portavoz del Partido Popular dice que me he equivocado porque en las adopciones


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internacionales se abstuvieron. En efecto, se abstuvieron en la PNL, pero yo no me he referido la PNL, he dicho que ustedes votaron a favor en la moción consecuencia de interpelación, en el Pleno, aunque a lo mejor no se quisieron quedar solos votando. Mire el Diario de Sesiones de 18 de mayo, página 32.

Señora ministra, tengo que decirle que me ha decepcionado. Esperaba otra cosa de usted. Si su compañera se ha metido en el fango, usted ha buceado en él prácticamente. Ha hablado de herencia, siete años más, la herencia recibida... El problema no es la herencia, el problema son los herederos. Y no lo decimos solamente nosotros, lo dicen también las distintas entidades que denuncian la continua desprotección de los menores. No me ha contestado prácticamente a nada. Reitero que si no le ha dado tiempo o no ha sabido responder, le vamos a pasar por escrito las preguntas. Ha mencionado algunas cuestiones en las que ha faltado a la verdad. Subraya que la ayuda por nacimiento de hijo que duró ocho meses, duró tres años y medio, del 2007 a 2010. A ustedes les parecería poco, pero era una manera de repartir cuando había. Ahora que ustedes dicen que la economía va mejor, podrían tener un gesto similar, a lo mejor no que fuera universal pero sí para las familias que más lo necesitan. Es probable que pida demasiado. Lo más escandaloso ha sido el tema de los menores extranjeros no acompañados cuando ha afirmado que han sido ustedes los que han venido a protegerles.

Ha hablado de lo que ha dicho el comité y menciona que le ha felicitado, pero parece que se le han olvidado cuestiones. El comité ha manifestado su preocupación por la situación de los menores no acompañados en España, especialmente por las violaciones del derecho internacional que pueden producir las devoluciones en caliente, las pruebas de determinación de la edad y su derecho a ser oído y escuchado. También preocupan al comité la ausencia de políticas suficientes para reducir la pobreza infantil, los costes ocultos relativos a la educación y el hecho de que no se haya aprobado una ley específica de violencia contra la infancia. Y no sigo.

Señora ministra le aconsejo ya para terminar que visite Melilla si no lo ha hecho y que vea cómo se distribuyen los 12 millones de euros que ha comentado que el Gobierno ha dado a la comunidad autónoma; que vea cómo se hace la gestión. Si quiere cuando vuelva a la Comisión hablamos a ver si es capaz de sostener lo que ha dicho ahora.

La señora PRESIDENTA: Es el turno de la portavoz del Grupo Popular, la señora Silvia Heredia.

La señora HEREDIA MARTÍN: Como usted podrá comprobar, algunos grupos por mucho que lo explique, por mucho que lo aclare, por mucho que lo demuestre con datos, son de ideas fijas. Aquí cada uno tiene que cumplir el código de su partido y todo lo que sean buenas cosas que hace el Partido Popular no se reconocen. Ahora bien, todo lo que sea malo lo ven a leguas.

El Partido Popular se queda siempre con lo positivo, con seguir trabajando porque para quedarnos en el derrotismo ya están otros. Le agradecemos sus aclaraciones, sobre todo en lo relativo a la ley de protección integral de la violencia de género contra la infancia. Me hubiera gustado que algunos partidos hubieran sido más explícitos a la hora de hablar de esta ley, sobre todo porque hablamos de proteger a los menores. Y cuando hablamos de proteger a los menores también lo hacemos cuando hablamos de no derogar la ley de la prisión permanente revisable. No debemos de proteger a esas personas que todavía no están para reinsertarse en nuestra sociedad y devolverlas a la calle para que puedan cometer cualquier crimen, como ya hemos visto en determinados casos tan preocupantes en nuestro país. Les pido a todos los grupos hoy aquí que escuchen al 80 % de los españoles que están a favor de mantener la prisión permanente revisable, que escuchen a esa sociedad, a esos españoles y que no se pongan de perfil a la hora de votar en contra.

Me gustaría darle las gracias por sus aclaraciones y apreciaciones en las medidas contra el alcoholismo, la incidencia que ha hecho en los temas de salud que también nos preocupan -como mejorar los hábitos saludables de los menores-, así como el acogimiento familiar; las adopciones internacionales, gracias por esas aclaraciones finales. Y nos quedamos con que tenemos que seguir entre todos trabajando porque cada día también se presentan nuevas dificultades. Aquí tenemos que estar todos, no solamente tenemos que esperar que lo solucione el Gobierno del Partido Popular. Ahora el Gobierno del Partido Popular está en minoría y, por lo tanto, las demás fuerzas políticas también son importantes. No solamente están las administraciones, las entidades sociales sino que también tienen que estar los grupos políticos.

En contestaciones a algunas de las alusiones personales que me ha hecho la señora Sorlí, representante de Compromís, quiero pedirle que no nos dé lecciones de anticorrupción. De verdad que no nos puede dar lecciones de anticorrupción cuando permite que en su Comunidad Autónoma, Valencia, que


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se adoctrinen a los niños en las escuelas de la Comunidad Valenciana. Usted está permitiendo que los padres no puedan elegir libremente la lengua en la que tienen que ser formados sus hijos. Es muy triste que se pierdan esos niños, que entren en fracaso escolar, porque no comprenden ese idioma, no comprenden esa lengua. También quiero destacar aquí que ustedes no ejecutan al 100 % los presupuestos que tienen para infancia. Eso de agachar la cabeza.... veremos a ver. No sé ahora mismo dónde tiene usted la memoria, pero han dejado de aplicar el presupuesto para infancia en una cuarta parte, solamente han aplicado una cuarta parte del presupuesto. Señora Sorlí, si no gastan ese dinero en infancia en qué lo gastan. Habría que preguntárselo al Gobierno de su comunidad autónoma.

Me gustaría decirle a la señora Ferrer, del Grupo Socialista, que yo sé que les cuesta reconocer que vienen siempre tarde con las propuestas, con las medidas, porque ustedes gobernaban y mandaron a 3,5 millones de españoles al paro ahí sí que no había medidas ni propuestas para frenar esa sangría de empleo. Y les puedo asegurar que esos 3,5 millones de españoles eran muchas madres y muchos padres de muchos niños, de lo que usted habla ahora que es una prioridad luchar contra la pobreza infantil, que no tuvieron la oportunidad durante muchos años de encontrar un empleo y que gracias al Gobierno del Partido Popular hoy ven la luz y están trabajando.

Para finalizar, señora ministra, nuevamente deseo agradecerle el que esté aquí. El Grupo Popular va a seguir trabajando por el futuro de los niños y de las niñas de nuestro país, porque sin duda será el futuro de nuestra sociedad.

La señora PRESIDENTA: Para finalizar el debate tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): El portavoz del grupo de Ciudadanos ha dicho que he dibujado un mundo que es como Disneylandia. Yo solo he dicho que la Convención de Derechos del Niño nos felicita y reconoce los progresos realizados en los últimos veinte años. Y significa que en estos veinte años -me referiré ahora al portavoz de Esquerra Republicana- hemos ido juntos, que juntos lo hemos hecho. El portavoz de Esquerra Republicana decía que no he escuchado las críticas y que solo cito las medidas y nada más. No. He dicho que en estos cuarenta años hemos hecho mucho todos juntos por la infancia, y que tenemos que continuar en este camino, y mis propuestas de pacto por la infancia están en base a estos tres ejes claros de promoción, protección y participación. Yo le he dicho al Legislativo que los pactos de Estado se hacen trabajándolos en el Legislativo a través de una subcomisión, puede ser en esta comisión o en otra comisión, eso lo decidirán esta Cámara y ustedes que son los legisladores, que son el Poder Legislativo. Pienso sinceramente que hemos evolucionado muchísimo en los últimos cuarenta años y Naciones Unidas nos ha felicitado por el gran progreso social y económico en protección de la infancia en los últimos veinte años, y esto lo hemos conseguido juntos, y he dicho como autocrítica que hemos de trabajar en los próximos cuarenta años para continuar mejorando en la protección hacia los menores. He marcado estos tres ejes: la proporción, la protección y la participación, y he explicado en mi primera y en mi segunda intervención lo que henos hecho respecto a los tres ejes y las propuestas de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer por supuesto que tenemos que continuar haciéndolo junto, y he dicho que hemos avanzado muchísimo en la protección gracias a los gobiernos de España de los diferentes colores, gracias a las comunidades autónomas de los diferentes colores, gracias a los ayuntamientos y gracias también a las organizaciones no gubernamentales, así como a entidades públicas y privadas y a la sociedad en su conjunto y que, por tanto, considero sinceramente que tenemos que continuar avanzando en la protección de la infancia cada uno desde su ideología, cada uno desde sus propuestas, y un instrumento válido es el pacto por la infancia, y para trabajar el pacto por la infancia sobre estos tres ejes el mejor sitio es crear una subcomisión. Ustedes tienen que decidir crearla, no yo; solo digo que para trabajar en el pacto por la infancia es en esta sede, las Cortes, que es la sede donde recae la soberanía nacional, donde puede comparecer toda la sociedad en su conjunto para hacer sus aportaciones. No voy a ser yo la que voy a decidir si se va a crear la subcomisión o si no o dónde se va a crear, pero pienso sinceramente que si queremos trabajar hacia este camino del pacto por la infancia se necesita una subcomisión donde pueda comparecer la sociedad en su conjunto para analizar estos grandes tres ejes sobre los que tenemos que trabajar el pacto por la infancia que son la promoción, la protección y la participación.

El portavoz de Ciudadanos ha utilizado su turno para hablar de la prisión permanente revisable. El PP ya ha definido en la ley de la pasada legislatura nuestra propuesta sobre la prisión permanente revisable. Son ustedes los que se tienen que justificar. Yo ya he marcado muy claro nuestro posicionamiento y lo he


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marcado en esta comisión porque nosotros pusimos esta medida como una de las medidas de protección de la infancia para que nuestros menores no se sientan más violentados por asesinos viles.

En cuanto a la intervención de Podemos, por supuesto, he hablado de violencia y ustedes han hablado de violencia, pero aparte de hablar de violencia también he hablado de salud en el alcohol, en el tabaco, en los hábitos saludables, en la obesidad, en las enfermedades raras, en las enfermedades oncológicas. Por tanto, para mí esto es justamente ser holística: venir aquí a hablar en toda su transversalidad de la infancia y, por tanto, he hablado muchísimo de la violencia, pero también he hablado muchísimo de la salud de los menores. Usted enfoca la salud de los menores en la violencia y nosotros hemos enfocado la salud de los menores en todo su ámbito más transversal. Ustedes saben que trabajamos cada día en las enfermedades oncológicas, raras, obesidad, hábitos saludables, tabaco, alcohol, y también he puesto encima de la mesa propuestas referidas a la salud. No soy yo ni usted quienes definimos lo que es el interés jurídico del menor sino que aparece ya en múltiples sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y en la convención donde definen exactamente el interés jurídico del menor.

Sobre la prestación con hijo a cargo me han preguntado el Grupo Socialista y el de Podemos. Las comunidades autónomas tienen competencia y hay algunas comunidades autónomas que ya lo están regulando, ahora bien, esto es una discusión que también se está llevando a cabo en el Pacto de Toledo. Yo les he explicado perfectamente cuáles son los ejes en los cuales está trabajando el Gobierno de España en la lucha contra la pobreza infantil y la desigualdad, y estamos trabajando en salir de la crisis, en más empleo, en menos impuestos, en más protección para las familias en situación de mayor vulnerabilidad, en más financiación para las comunidades autónomas, en más pensiones y más altas para los jubilados y en el incremento del salario mínimo interprofesional. Nuestros ejes de trabajo son estos, con datos objetivos, y hoy he demostrado que hemos cambiado la tendencia en España: donde había destrucción de empleo hay creación de empleo, donde había trabajos temporales ahora llevamos 46 meses consecutivos de incremento de trabajos indefinidos, donde teníamos un salario mínimo estancado hemos incrementado el salario mínimo en una proyección a cinco años, hemos garantizado las pensiones que estaban congeladas, hemos hecho una reforma fiscal para ayudar a las familias que más lo necesitaban y bajando los impuestos en la bonificación por hijo hemos beneficiado al 95 % de familias que tienen hijos.

Me han hablado de Melilla y Ceuta. Les soy sincera, he estado en Ceuta y Melilla como ministra, y ahora vuelvo. El 24 de mayo voy a Ceuta y a Melilla lo tengo que terminar de cerrar pero iré en marzo. Por tanto somos conscientes, y creo sinceramente que todos los españoles tendrían que ser conscientes, de la situación de Ceuta y Melilla por las circunstancias territoriales donde se sitúan. En este año de legislatura hemos hecho una prueba piloto que está teniendo un gran impacto sociosanitario en Ceuta y Melilla. Hemos hecho un programa proinfancia con los gobiernos de Ceuta y Melilla junto con una entidad social, y no se pueden hacer afirmaciones gratuitas sobre la situación de Ceuta y Melilla. Lo digo sobre todo por la portavoz de Podemos. Usted ha dicho: espero que haya ido a Ceuta y Melilla y que vuelva a Ceuta y Melilla. Voy a volver. No solo este departamento del Gobierno sino todos los ministerios estamos haciendo grandes esfuerzos para los ceutís y los melillenses. Están lejos en distancia pero están cerca de corazón de todos los españoles y, por lo tanto, somos conscientes del gran esfuerzo y del gran sufrimiento de Ceuta y Melilla y, por tanto, estamos constantemente trabajando con los dos gobiernos de las dos ciudades autónomas para poderles ayudar. Haciendo afirmaciones gratuitas sobre la situación de Ceuta y Melilla hacemos un flaco favor a los melillenses, a los ceutíes y sobre todo a los profesionales no solo sanitarios sino de servicios sociales de Ceuta y Melilla que cada día trabajan para mejorar en la protección social y sanitaria de los ceutíes y de los melillenses.

Termino con lo que decía el portavoz de Esquerra. Le he dicho antes que claro que escucho, sé escuchar por supuesto. He entendido perfectamente sus críticas, pero yo también he puesto encima de la mesa datos, medidas, propuestas. Algunos grupos parlamentarios ponen como propuesta una renta básica, nosotros planteamos como propuestas lo que he dicho: más empleo, menos impuestos, más protección para las familias vulnerables, más financiación para las comunidades autónomas, más pensiones más altas, un salario mínimo interprofesional a cinco años con crecimiento cada año. Nosotros hemos puesto encima de la mesa medidas para combatir la desigualdad y la exclusión social.

Por tanto, por supuesto que el tono de la ministra es continuar trabajando juntos para mejorar este país los próximos cuarenta años, como hemos hecho entre todos estos últimos cuarenta años, con el esfuerzo de todos, con aciertos y a veces no aciertos, pero siempre con la voluntad de, cada uno desde su ideología, mejorar en la protección de la infancia. Tienen aquí mi compromiso de la ley de violencia en


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la infancia, tienen mi compromiso firme, tienen mi compromiso y el del ministerio, de todo el equipo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, de que pondremos todos los esfuerzos para que entre la ley en las Cortes este año 2018. Igualmente tienen mi compromiso en la voluntad de vehicular, de armar este pacto de Estado en la infancia que me gustaría que lo articuláramos en esta casa, aunque esto ya es competencia suya.

Quiero finalizar esta comparecencia recordando el gran trabajo que llevamos realizando en estos últimos cuarenta años en España en protección de nuestros menores, un trabajo normativo, reconocido positivamente por Naciones Unidas y por miles de familias españolas que se han visto protegidas y amparadas en situaciones de vulnerabilidad. Nuestra sociedad estará libre de violencia de género, de discriminación, de intolerancia, de injusticia social cuando nuestros ciudadanos piensen, hablen y actúen en pie de igualdad de trato y de oportunidades. Los menores de hoy mañana serán los adultos. Por eso si nos mantenemos unidos como lo hemos hecho en estos cuarenta años estoy convencidísima de que conseguiremos continuar mejorando la protección de todos los menores, de los entornos familiares donde crecen los menores, garantizando su acceso a los recursos necesarios para potenciar su pleno desarrollo, eliminando cualquier tipo de violencia física y moral contra sus personas y viviendo en una sociedad excelente donde se promocione la infancia y la adolescencia de manera global en toda España. Quienes hacemos sociedad somos todos nosotros y en nuestras manos está hacerla extraordinaria. Yo siempre pongo en valor España, mi país, porque pienso sinceramente que es uno de los grandes países en el mundo en Estado del bienestar, donde en los peores momentos hemos sacado lo mejor de nosotros para continuar sacando adelante este país, cada uno desde sus responsabilidades. Tenemos que continuar trabajando juntos desde nuestras diferencias ideológicas para el bien de España y sobre todo para el bien, en este caso, de la infancia y de la adolescencia. Por eso cuanto más trabajemos para garantizar el bienestar de nuestros menores más cerca estaremos todos de alcanzar una sociedad más libre, más justa y, por tanto, más igualitaria.

Aun cuando yo asumo mis responsabilidades e iré a todas las comparecencias que sea llamada, ustedes tienen que entender -y sé que lo entienden- que tengo muchas comisiones en las dos cámaras, y tenemos que igualar las comparecencias de aquí con las del Senado porque los senadores dicen que comparecemos más aquí que en el Senado y que los tenemos descuidados. Por tanto, como miembro parlamentaria que he sido de las Cortes me gusta equilibrar mis comparecencias y comparecer en las dos cámaras con el mismo nivel.

Muchísimas gracias presidenta. Estoy convencidísima de que podré comparecer de nuevo en esta Comisión aportando nuevos datos, aportando nuevos proyectos y compartiendo con todos ustedes nuevos proyectos para mejorar y proteger a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. Moltes gràcies.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y quince minutos de la tarde.

CORRECCIÓN DE ERROR:

En el Diario de Sesiones número 400, correspondiente a la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, sesión número 9, celebrada el 12 de diciembre de 2017, en la página 23, cuando dice: "La señora Alonso Clusa", debe decir: "La señora Belarra Urteaga".

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