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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 392, de 30/11/2017
cve: DSCD-12-CO-392
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 392
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ
Sesión núm. 21
celebrada el jueves,
30 de noviembre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000017) ... (Página3)

Preguntas:

- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre objetivos e indicadores de gestión encomendados al Centro Nacional de Desaparecidos en los ejercicios 2014 a 2016 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016462). (Número de expediente 181/000504) ... (Página4)

- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre grado de cumplimiento de objetivos encomendados al Centro Nacional de Desaparecidos en los años 2014 a 2017 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016463). (Número de expediente 181/000505) ... (Página5)

- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre destino de los efectivos de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) al Centro Nacional de Desaparecidos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016464). (Número de expediente 181/000506) ... (Página7)

- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre dotación presupuestaria con la que cuenta el Centro Nacional de Desaparecidos dependiente de la Secretaria de Estado de Seguridad en el ejercicio 2017 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016465). (Número de expediente 181/000507) ... (Página8)


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- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre dotación presupuestaria que ha tenido el Centro Nacional de Desaparecidos y ejecución de la misma en los años 2015 y 2016, así como previsiones para el año 2018 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016466). (Número de expediente 181/000508) ... (Página10)

- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre organigrama vigente del Centro Nacional de Desaparecidos que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016467). (Número de expediente 181/000509) ... (Página10)

- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre motivos de la ausencia del Centro Nacional de Desaparecidos del organigrama del Ministerio del Interior (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016471). (Número de expediente 181/000510) ... (Página12)

- De la diputada doña Ana María Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en los últimos cuatro meses para el cumplimiento de los objetivos de mejora marcados por el Ministro del Interior para el funcionamiento del Centro Nacional de Desaparecidos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/016472). (Número de expediente 181/000511) ... (Página13)

- De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre funcionamiento de la Oficina de Asilo de Ceuta (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/010882). (Número de expediente 181/000438) ... (Página16)

- De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre expedientes de asilo pendientes de resolución (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011372). (Número de expediente 181/000439) ... (Página16)

- De las diputadas doña Ione Belarra Urteaga, doña María del Carmen Pita Cárdenes, doña Carmen Valido Pérez y del diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre situación de los centros de internamiento de extranjeros presentes en las islas Canarias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/008438). (Número de expediente 181/000440) ... (Página16)

- Del diputado don Marcelo Expósito Prieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre posible apertura irregular del Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de la Zona Franca, desacatando la orden de cierre emitida por el Ayuntamiento de Barcelona (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011270). (Número de expediente 181/000442) ... (Página16)

- Del diputado don Marcelo Expósito Prieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre episodio de tuberculosis aparecido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca (Barcelona) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011008). (Número de expediente 181/000443) ... (Página16)

- De los diputados don José Juan Díaz Trillo y don Gonzalo Palacín Guarné, y de la diputada doña Josefa Inmaculada González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas a las empresas afectadas por el incendio sufrido en el término municipal de Moguer de la provincia de Huelva el día 23 de junio de 2017 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/017719). (Número de expediente 181/000557) ... (Página20)


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- Del diputado don Jorge Luis Bail, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre escalada de violencia del colectivo taurino en concentraciones pacíficas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/017400). (Número de expediente 181/000564) ... (Página20)

Comparecencia del señor secretario general de Instituciones Penitenciarias (Yuste Castillejo):

- Para informar sobre los ejes de actuación de Instituciones Penitenciarias en la XII Legislatura y, más concretamente, para que explique los detalles de la aplicación de medidas penitenciarias de excepción, como el alejamiento y la dispersión, aplicadas a las y los presos vascos. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000192) ... (Página22)

- Para informar sobre la Instrucción de febrero de 2017 referente a los presos enfermos, que regula las condiciones que deberán cumplir estos presos para conseguir la suspensión de la ejecución de la condena impuesta y que se decrete su libertad condicional, por padecer una enfermedad grave e incurable. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000259) ... (Página22)

- Para que explique las medidas que piensa poner en funcionamiento para evitar los numerosos incidentes que se han producido en el primer semestre en la prisión de Picassent. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000011) ... (Página22)

- Para informar de las líneas generales de actuación que va a seguir al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000122) ... (Página22)

- Para informar de las agresiones que se están produciendo en los centros penitenciarios de manera reiterada, razones de las mismas y medidas que va a adoptar para hacerles frente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000126) ... (Página22)

- Para informar de las razones del incremento de las denuncias de internos que han visto prolongada su estancia en prisión transcurridos los plazos de cumplimiento fijados por el tribunal sentenciador. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000239) ... (Página23)

- Para informar de las actuaciones llevadas a cabo en el centro penitenciario La Moraleja-Dueñas (Palencia) en relación con presos sospechosos de portar drogas y que fueron recluidos en una celda en condiciones que no respetaban sus derechos fundamentales, derechos de los que en principio no deben estar privados. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000851) ... (Página23)

Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.

ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000017).

El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión de la Comisión.

El primer punto del orden del día es la elección de la vicepresidencia primera de la Mesa por renuncia de la señora Botella, a la cual, personalmente y nombre de todos los miembros de la Mesa, quiero dar las gracias por el trabajo que ha realizado y por la colaboración que ha tenido con este presidente. Creo que


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hemos actuado con lealtad, aunque me ha dado algún disgustillo, pero se lo perdono porque la aprecio mucho. (Risas). Le deseamos todo lo mejor en sus nuevos cometidos.

Se ha propuesto a un candidato. ¿Podemos hacerlo por asentimiento o alguien desea hacer votación? (Asentimiento).

Queda nombrado vicepresidente primero de la Comisión don Herick Manuel Campos Arteseros, al que damos la enhorabuena y le solicito que pase a ocupar su lugar en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN ENCOMENDADOS AL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS EN LOS EJERCICIOS 2014 A 2016 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016462). (Número de expediente 181/000504).

El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del señor subsecretario, que va a contestar a una serie de preguntas. Los representantes de Podemos no se encuentran en la sala, por lo que vamos a tramitar las preguntas planteadas por la señora Botella, que no sé si quiere acumularlas.

La señora BOTELLA GÓMEZ: ¿Me podría recordar la distribución de tiempos que tenemos?

El señor PRESIDENTE: Tenemos tres minutos para la pregunta y un minuto para réplica. Si las hace de forma acumulada se le concede más tiempo, lógicamente.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Las haré una por una e intentaré ir lo más rápido posible.

El señor PRESIDENTE: Una por una. De acuerdo.

La primera pregunta es la que figura con el número 7 en el orden del día.

Tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Yo voy a seguir el orden, esperemos que no nos despistemos.

En primer lugar, quería expresar al señor subsecretario mi agradecimiento por comparecer para responder a estas preguntas. El motivo de haberlas trasladado a preguntas escritas es, como dijimos en alguna otra ocasión, por planteamiento. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio. Es difícil escuchar a la persona que está interviniendo.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Las preguntas se formularon en el mes de agosto, y en el mes de octubre aproximadamente, no teniendo respuesta, solicitamos que se trasladaran por escrito a la Comisión, y a partir de ese momento hemos ido teniendo respuesta, si bien no de todas, prácticamente de la mayoría. Ya dijimos que instábamos al ministerio a que, por favor, nos respondiera en tiempo y forma, con lo cual aprovechamos también este trámite porque algunas cuestiones no se han cumplido.

Nos preocupa el Centro Nacional de Desaparecidos porque es un compromiso del Gobierno y porque es un compromiso hacia un colectivo y a una problemática muy sensible. En esta pregunta concreta respecto a los objetivos y los indicadores, entendemos que los objetivos son menos ambiciosos, la concreción de objetivos que hay está muy, muy limitada. Le queremos preguntar si consta en algún documento cuáles son los objetivos; si hay alguna resolución administrativa del ministerio donde consten oficialmente los objetivos, puesto que lo que vemos que se recoge es la intervención del propio ministro en la comparecencia que tuvo aquí, en la Comisión de Interior, al inicio de la legislatura el 21 de diciembre.

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.

Entiendo que estamos en la pregunta 184, objetivos e indicadores de gestión del Centro Nacional de Desaparecidos, ¿verdad?

Debo decirle, en primer lugar que, como bien ha señalado, la creación de este centro fue anunciada por el ministro en su comparecencia el 21 de diciembre de 2016. Yo trataré de ceñirme a su pregunta todo lo posible. Los objetivos ya fueron expuestos en dicha comparecencia: el control y gestión operativa de la


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base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados y mejorar e incrementar la relación entre la Administración, ONG, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, familiares, desaparecidos; en fin, facilitar el establecimiento de una estrategia nacional, la formación de los servicios implicados en la búsqueda de personas desaparecidas, recopilación de estadísticas para identificación de tendencias y patrones y la contribución a los esfuerzos internacionales para atender las cuestiones globales relacionadas con esta problemática de personas desaparecidas.

El reconocimiento normativo del Centro Nacional de Desaparecidos, que en realidad es una unidad administrativa que depende del gabinete de coordinación y estudios, que es como está organizada, se ha obtenido precisamente en el Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, que es el que ha actualizado la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Ahí es donde por primera vez, como tal, tiene ese reconocimiento normativo, aunque no constituye una unidad administrativa con entidad propia, eso se lo quiero señalar, sino que es una unidad administrativa inserta, como le digo, en el gabinete de coordinación y estudios, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Como tal, no tiene unos estatutos, digamos, o una inclusión normativa, que creo que es lo que usted me estaba preguntando en concreto, pero sí que tiene unos objetivos claramente señalados, que le he mencionado, y en los cuales se ha estado avanzando, que es objeto de otra pregunta que viene a continuación y ahí podremos concretar algo más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias.

Realmente hoy hemos dado ya un paso ante la grandiosidad de la presentación de un Centro Nacional de Desaparecidos. Creo que la sociedad y estos mismos diputados hubiéramos visto con muy buenos ojos que se hubiera creado ese gran centro nacional u operativo centro nacional. Se trata de una unidad administrativa, con unas limitaciones muy concretas, y vamos a hacer un seguimiento de que esos objetivos queden pertinentemente remarcados y que no tengamos que ceñirnos a las propias declaraciones del ministro, sino que tengan una entidad propia. A lo largo de las siguientes preguntas iremos haciendo esa formulación.

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Simplemente precisarle, efectivamente, que es una unidad operativa, lo que pasa es que no tiene una estructura orgánica autónoma, como le he dicho antes.

Gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ENCOMENDADOS AL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS EN LOS AÑOS 2014 A 2017 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016463). (Número de expediente 181/000505).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8, sobre grado de cumplimiento de objetivos encomendados al Centro Nacional de Desaparecidos en los años 2014 a 2017.

Tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: En el momento de la formulación de las preguntas, en el mes de agosto, nuestro grado de desconocimiento exacto del alcance de este centro era tal que teníamos que preguntar a pasado, a presente y a futuro. Y no es baladí porque el propio ministro cuando hizo su presentación, que es la única palabra a la cual se han acogido ustedes en su respuesta, utiliza tiempos verbales en condicional: debería de incrementar la relación entre la Administración y todos los colectivos afectados, y el centro facilitará el establecimiento de una estrategia nacional; es decir, ustedes como ministerio o el propio ministro tampoco lo tenían suficientemente claro.

En ese sentido, es difícil para esta Comisión, y para este grupo parlamentario en concreto, hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Aquí han ido desgranando una serie de circunstancias de las cuestiones que se han ido haciendo, pero es difícil desgranar objetivos de funciones de indicadores de


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seguimiento con esos tiempos verbales. Lo que nos queda claro es que la actividad durante todo este año, desde que se presentó el 21 de diciembre, se ciñe a un informe estadístico de la situación de los desaparecidos en España, que en su contenido nos parece muy bien, pero el hecho objetivo es que hay un informe estadístico, que se ha seleccionado al personal del centro, que hay un grupo de trabajo, que se ha presentado un pliego de mejoras y que se han mantenido unas reuniones con las asociaciones, concretamente dos.

Mi duda en este punto exacto de la intervención sería qué naturaleza tiene este grupo de trabajo que se hace entre personal de la Secretaría de Estado de Seguridad, según su respuesta, y miembros de fuerzas y cuerpos, qué personas lo integran y si está determinado también por algún tipo de resolución. Ese grupo de trabajo queda muy indeterminado; no sé si es un grupo habitual, al que llaman grupo de trabajo, si es una reunión coloquial entre colegas que cooperan, lógicamente, en el seno del Ministerio o está más normalizado. Quisiera saber, sobre ese carácter mensual, si existe alguna prescripción de que así sea para que cuando no se realice haya alguien que se encargue de su seguimiento. Nos gustaría que nos dijera qué naturaleza tiene ese grupo de trabajo.

Y luego, en cuanto al pliego de mejoras, que se hablaba también de un importe de 400 000 euros, que entendemos que es para que la naturaleza tecnológica de la base de datos sea mejorable, esperamos que nos diga si se ha hecho ya el trámite, el procedimiento administrativo y en qué fase de la tramitación se encuentra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.

Efectivamente, yo ciño mi respuesta, dado que pregunta también por actividades de años anteriores, a los meses en que ha tenido actividad esta unidad administrativa a la que me refiero, que son pocos, es el año 2017 y por tanto no me puedo remontar a una fecha anterior.

En cuanto a los objetivos mensurables, la remitiría también a las conclusiones de la Comisión Especial para el Estudio y Seguimiento de las Personas Desaparecidas, que se desarrolló en el Senado en diciembre de 2013, que de alguna manera en las conclusiones que alcanzó marcó una serie de objetivos que han constituido la senda por la que ha comenzado la andadura de esta unidad. Ahí hay cuestiones concretas, a las que ahora me referiré, y a las que usted también ha hecho mención.

¿Qué se ha hecho en estos meses, insisto, desde diciembre de 2016, fecha en la que el ministro dio el pistoletazo de salida a la constitución de este órgano? Creo que se han hecho cosas. En primer lugar, como ha mencionado usted, la presentación del primer informe estadístico sobre la situación de personas desaparecidas en España en el mes de marzo. Debo decir que somos uno de los primeros países de la Unión Europea que lo ha hecho; Francia no ha presentado informe de esta naturaleza, Reino Unido lo ha presentado, pero de una manera parcial y no con el carácter comprensivo que tiene el que se ha elaborado por esta unidad desde el Ministerio del Interior. En fin, esto ha sido un paso.

En segundo lugar, ¿qué se ha hecho en estos meses? Se ha seleccionado el personal del centro, los agentes que se han integrado en el mismo. De una plantilla de nueve personas, incluyendo al director, ocho tienen dedicación exclusiva a las tareas del mismo y se dedican al análisis y a abordar el fenómeno a nivel nacional y a coordinar e integrar las estrategias a nivel internacional. También se ha creado el grupo de trabajo que usted ha mencionado, con miembros de la Secretaria de Estado de Seguridad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, precisamente para el análisis y la valoración de las misiones y acciones que debe desarrollar el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, estableciéndose un protocolo de reuniones de carácter mensual. No es una reunión coyuntural entre funcionarios que se encuentran, sino que son personas designadas por los propios cuerpos, designadas entre el personal de la Secretaria de Estado que integra el Centro Nacional, que se reúnen de una manera programada, mensualmente, para ir avanzando en los distintos objetivos establecidos por el centro.

La otra cuestión a la que se refería era el procedimiento para la mejora de la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. El presupuesto han sido 235 000 euros en la adjudicación, porque es un expediente que ya está adjudicado, que ya está ejecutándose, cuyo objetivo es implementar determinadas mejoras tecnológicas en la base de datos y se espera que esté concluido y entregado dentro del primer trimestre del año 2018.

Se han realizado también mejoras en la aplicación Alerta Menor Desaparecido, adaptación al formato y requisitos exigidos para poder emitir las alertas a través de la red social Facebook y se han mantenido,


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también lo ha mencionado usted, encuentros con las asociaciones más representativas del sector, que son QSDglobal, Inter-SOS, SOSdesaparecidos y ANAR, para informar de la constitución del centro, presentar el equipo de trabajo y consensuar las líneas de actuación principales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Respecto al informe estadístico, ¿nos puede informar si va a producirse cada año una presentación de los datos de manera oficial? Quisiéramos saber de qué manera puede ser accesible respecto a las estadísticas que se publican en la página web del Ministerio, como estadísticas de criminalidad, de seguridad vial o de cualquier otro punto o aspecto importante de la seguridad nacional. ¿Se va haciendo un seguimiento estadístico? ¿Podemos esperar o está previsto que en el mes de marzo aproximadamente, que es cuando se hizo la presentación, dispongamos ya de ese informe estadístico?

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo le puedo decir que sí. Ese es el objetivo, dar cuenta de la actividad anual del centro y, desde luego, que estos datos estén accesibles, no sé si en la página web específica del Ministerio o por otros medios, es decir, publicar el informe que se emita.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DESTINO DE LOS EFECTIVOS DE LA BRIGADA DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE CASOS (BARC) AL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016464). (Número de expediente 181/000506).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, destino de los efectivos de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) al Centro Nacional de Desaparecidos.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Me gustaría detenerme unos minutos en esta pregunta, porque nos ha llamado mucho la atención la respuesta que nos ha proporcionado. Realmente, cuando los parlamentarios formulamos preguntas en el Congreso, podemos esperar que a veces las respuestas no cubran al cien por cien las expectativas de lo que preguntamos, pero lo que no esperamos es que dichas respuestas no sean ciertas o que sean falsas, incluso que puedan contener lo que se puede calificar como una mentira, como algo que no es objetivamente cierto.

Nosotros nos hemos encontrado aquí con una diferencia en la respuesta del Ministerio, y desde luego centraría la atención en que nos la explicara el señor subsecretario. Nuestra pregunta era muy clara. En un comunicado de prensa de la Dirección General de la Policía Nacional de febrero de 2017 se declaraba textualmente en su último párrafo que la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, las BARC, había dejado de tener funciones y que sus efectivos habían sido destinados al Centro Nacional de Desaparecidos, que depende de la Secretaria de Estado de Seguridad. Esto está colgado en la página web del Ministerio. En un momento en el que las BARC tuvieron mucha repercusión en la opinión pública, por una cuestión que tampoco voy a mencionar ahora para no desviarme de la cuestión, nos llamó la atención que de la Secretaria de Estado de Seguridad iban a pasar al Centro Nacional de Desaparecidos. Vamos a ver, se comentaba que llegó a tener hasta setenta agentes, luego, nuestras perspectivas de que pudieran ser operativos, buenas eran, podía ser útil. Pero, hete aquí que en la respuesta que ustedes nos han facilitado nos dicen taxativamente que ninguno de los efectivos policiales que se han integrado en el Centro Nacional de Desaparecidos pertenecía a la Brigada de Revisión de Casos. Entonces, la sospecha se puede convertir en realidad. ¿Cuál es la respuesta falsa o dónde está esa mentira? Es una evidencia que aquí no coinciden las respuestas. La pregunta es, ¿dónde se ha falseado esa contestación? ¿En este comunicado de prensa que está colgado en el Ministerio del Interior, y que al final se especifica que van a pasar al Centro Nacional de Desaparecidos, de febrero de 2017, y que está destinado a todos los ciudadanos españoles o en la respuesta parlamentaria, que está destinada al Congreso de los Diputados y que es una información que entendemos es sensible y merece el máximo respeto.


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Yo creo que es un tema importante a dilucidar por la credibilidad que tienen ambos canales de información: los comunicados de prensa de la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior y la credibilidad que tienen las respuestas parlamentarias que el Ministerio facilita a esta Cámara y a esta Comisión de Interior en particular. También me gustaría preguntarle quién es el responsable de esta diferencia de información y dónde está la verdad.

El señor PRESIDENTE: Subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.

Como usted dice, sobre ese anuncio que se hizo en la página web o ese comunicado por parte de la Dirección General de la Policía al que se ha referido, de febrero del año 2017, lo que le puedo dar es la información a día de hoy de la procedencia del personal que integra ahora mismo el Centro Nacional de Personas Desaparecidas o Centro Nacional de Desaparecidos, señalándole que no ha habido esa transferencia de personal. No sé si inicialmente era un objetivo que tenía la propia Dirección General de Policía y que al final, por los motivos que hayan sido, no se ha producido. Sí le puedo decir que del número de funcionarios que integraban la brigada a la que usted hace referencia, que eran un comisario, un inspector jefe, cuatro inspectores, cuatro subinspectores, cuatro oficiales, tres policías y un administrativo, es decir, en total 18 personas, todas ellas, menos uno de los policías, que ahora mismo ha pasado a la situación administrativa de jubilado, se encuentran realizando distintas labores, pero no en el Centro Nacional de Desaparecidos, que ahora mismo está integrado, como le he dicho, por nueve personas que, excluyendo a su director, que realiza otras funciones también en el ámbito del Gabinete de Coordinación y Estudios, tienen dedicación exclusiva. Por tanto, lo que le puedo dar es la situación a día de hoy, que es la que le comento.

El señor PRESIDENTE: Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Desgraciadamente, hemos de constatar en este caso -cualquiera de las dos circunstancias no sería la deseable- que la falsedad está contenida en el comunicado de prensa de la Dirección General de la Policía, lo cual nos lleva a hacer un seguimiento por esta vía parlamentaria de los comunicados de prensa y de la responsabilidad pertinente, porque negro sobre blanco aquí se dice que los efectivos de las BARC han sido destinados, no dice podrán ser o hay previsión o estará en trámite de, al Centro Nacional de Desaparecidos. Es decir, había una previsión y pediremos las debidas explicaciones de por qué no se ha aclarado esta situación.

Y, en segundo lugar, también instaría al Ministerio a que en las respuestas se atengan un poco al seguimiento de la batería de preguntas que nosotros nos tomamos la molestia de desagregar, porque aquí lo hemos hecho hasta en nueve epígrafes y las respuestas son a veces, no sé si por hacer una faena de aliño, un poco generales y nos cuesta dilucidarlas.

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Simplemente, yo también, si le parece, voy a transmitir esta cuestión al director general de la Policía un poco para que sepamos exactamente si es que al final el concurso no ha podido realizarse, si no ha habido posibilidad de traslado forzoso o cuál de las distintas vicisitudes administrativas han impedido al final que se haya producido esa adscripción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA CON LA QUE CUENTA EL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD EN EL EJERCICIO 2017 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016465). (Número de expediente 181/000507).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 10, dotación presupuestaria con la que cuenta el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente de la Secretaria de Estado de Seguridad en el ejercicio 2017.

Señora Botella.


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La señora BOTELLA GÓMEZ: Nuestra inquietud es que una unidad administrativa, un centro con la entidad que finalmente tiene, para que tenga una transcendencia, una eficiencia, consideramos, dadas las expectativas que se crearon el 7 de marzo, con la presentación del señor ministro en sede ministerial con todas las entidades, que debería tener una mínima dotación presupuestaria.

En octubre se dijo que se preveía un presupuesto. Hasta la fecha, el único presupuesto que tenemos, y corríjame usted si no es así, es el de la base de datos, el procedimiento administrativo que se ha abierto para la mejora de la base de datos, que al final ha tenido un ahorro presupuestario notable. No existe una dotación presupuestaria específica para este centro y nos preocupa que realmente eso signifique que forma parte del día a día del ministerio, porque con la escasez de recursos que ya hay, la conclusión es evidente, y es que no se van a poder incorporar todas las mejoras y el ambicioso plan de funciones que se ha previsto para este servicio en este colectivo específico.

Le rogaría que me tranquilizara, que me dijera si en el próximo presupuesto de 2018 se está contemplando alguna línea presupuestaria para alguna de las acciones que se han previsto o bien ahora mismo la situación es no hay nada, más allá de esta mejora de la base de datos. ¿Qué plan hay para 2018?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Efectivamente, la adscripción o disponibilidad presupuestaria del Centro Nacional de Desaparecidos viene condicionada, lógicamente, por su configuración administrativa, a la que nos hemos referido en la primera pregunta, que ahora mismo, como ya le he mencionado también, se recoge en el Real Decreto 670/2017, de estructura orgánica del ministerio, que, insisto, vino a adscribir o a incluir a dicho organismo en la Secretaria de Estado de Seguridad, concretamente como unidad administrativa en el gabinete de coordinación y estudios. Como usted sabe también, la ordenación o estructura presupuestaria se realiza por servicios o por programas, con un nivel de desagregación específico, que no llega tampoco necesariamente a la identificación de las partidas a todas las unidades administrativas, lo cual no quiere decir que no tengan presupuesto y que no tengan disponibilidad presupuestaria.

Desde luego, el Centro Nacional de Desaparecidos, al ser dependiente de uno de los órganos superiores de la Administración, la Secretaria de Estado de Seguridad, depende del presupuesto que lleva este servicio, que es el 02 dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, sin embargo no conlleva una dotación económica específica ni tampoco incremento del gasto presupuestario asignado al mismo. Desde luego, en el presupuesto del año 2017 y en el de 2018, que de momento no ha iniciado su tramitación, está también la disponibilidad dentro, como digo, del presupuesto general de la Secretaria de Estado de Seguridad.

¿Quiere decir que este Centro Nacional de Desaparecidos no tendrá medios? En absoluto, tiene la dotación de recursos necesarios, los personales, a los que ya me he referido, con asignación de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo integran un total de nueve, que proceden todos de vacantes ya existentes de los cuerpos policiales y de la propia Secretaria de Estado de Seguridad, siguiendo un principio de racionalización lógico del gasto público; es decir, no ha habido una dotación de plazas presupuestarias sino una asignación de plazas ya creadas en el catálogo, con una modificación del mismo. Con lo cual, tampoco ha implicado una modificación en el capítulo 1 del presupuesto de personal. Insisto en que esto no significa que no haya recursos, que no se estén aplicando recursos dentro del presupuesto general de la Secretaria de Estado de Seguridad, por ejemplo, para la mejora del sistema -ya nos hemos referido a ello también anteriormente- de personas desaparecidas y restos humanos, que está vigente desde el año 2010 y que está siendo objeto de una importante mejora por el importe que le he mencionado de 200 000 euros. Por lo que respecta al año 2017 se ha iniciado la tramitación de esta mejora y se encuentra en ejecución. Esto implicará, entre otras cosas, la introducción de nuevas variantes que permitan extraer y codificar la información de las personas desaparecidas, registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a la cuantía de la dotación presupuestaria 2015/2016, que también lo ha mencionado en la pregunta, dado que el centro como tal tuvo configuración y entidad propia a partir del año 2017, no hay registro en estos años.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Hay una definición clásica que dice que el corazón de un ejecutivo está en el presupuesto. Si realmente hay ese interés estratégico, esa apreciación que nos ha trasladado el ministro en sus diferentes comparecencias, y en la que yo creo, respecto al Centro Nacional de Desaparecidos, va a ser responsabilidad de todos -entiende mi grupo parlamentario que va a ser responsabilidad de todos-, tanto del Ejecutivo como nuestro, en este caso, como leal oposición, instar al Ejecutivo a que destine alguna medida. Este año ya se ha hecho algo, bien está, porque hay una dotación para una mejora tecnológica de la base de datos, que es una base de datos fundamental, pero de cara al 2018 vamos a seguir instando y presionando al Ejecutivo para que destine alguna línea presupuestaria, porque mucho me temo que, de no haberla, no se podrán poner en marcha las mejoras necesarias que la sociedad y las propias asociaciones, a las cuales también representan, han trasladado ya al Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Escucho lo que usted nos dice, que me parece bastante bien, pero también le digo, dentro de lo que es la racionalización y eficiencia de los medios, que hay que ordenarlos a las necesidades de cada una de las unidades y en este caso nos parece que la Secretaria de Estado de Seguridad tiene un presupuesto bastante potente en el Ministerio del Interior y, por tanto, posibilidades de adscribir aquellas cantidades necesarias del mismo a este objetivo, que desde luego es absolutamente prioritario dentro del Ministerio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA QUE HA TENIDO EL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS Y EJECUCIÓN DE LA MISMA EN LOS AÑOS 2015 Y 2016, ASÍ COMO PREVISIONES PARA EL AÑO 2018 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016466). (Número de expediente 181/000508).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11, dotación presupuestaria que ha tenido el Centro Nacional de Desaparecidos y ejecución de la misma en los años 2015 y 2016, así como previsiones para el año 2018.

Tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Esta pregunta, señor presidente, podemos darla por respondida y pasamos a la siguiente porque ya la hemos abordado.

El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco enormemente.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ORGANIGRAMA VIGENTE DEL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS QUE DEPENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016467). (Número de expediente 181/000509).

El señor PRESIDENTE: Punto 12, organigrama vigente del Centro Nacional de Desaparecidos, que depende de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: En este caso, señor presidente, permítame que sí me detenga, porque precisamente una de las funciones de control de estas preguntas en relación al Centro Nacional de Desaparecidos, así como la proposición no de ley que ya presentamos y debatimos en esta Comisión, y toda nuestra acción de oposición en este tema, es que haya visibilidad del Centro Nacional de Desaparecidos. Parece un tema casi poético, porque estamos hablando de desaparecidos y nosotros


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hablamos de visibilidad, visibilidad en el presupuesto. A tenor de la respuesta del señor subsecretario, si la Secretaria de Estado de Seguridad, evidentemente, tiene un presupuesto, por lo menos el que le corresponde para cumplir sus funciones dentro de la tarea del Ministerio del Interior, vamos a pedir que haya una visibilidad de las líneas presupuestarias, por pequeñas que sean, pero por algo se empieza, y que se destinen con nombre y apellido, con una finalidad concreta, al Centro Nacional de Desaparecidos. Ese sería ya un gran logro tanto para las asociaciones como para la ciudadanía, que ve cómo miles de personas desaparecen a lo largo del año y no pueden identificar esa prioridad que le comunica el Ejecutivo en una línea presupuestaria. Todos los ciudadanos tenemos derecho a vernos en el presupuesto. Señor subsecretario, traslade al ministerio que el Grupo Parlamentario Socialista le insta a que dé visibilidad al Centro Nacional de Desaparecidos en alguna de las líneas.

La pregunta tiene exactamente el mismo objetivo: cuál es el organigrama del Centro Nacional de Desaparecidos. Aquí por fin nos han expresado, y agradezco que se concreten ya esas nuevas personas, un poco las funciones y el rótulo que hay, pero, ¿quién es el director? Realmente nos ha sorprendido. Existe la figura del director del Centro Nacional de Desaparecidos y nos gustaría que nos dijera quién es, y más allá del nombre y apellidos saber qué papel ocupa, cómo ha sido provista esa plaza, qué criterios se han seguido para su designación y cuáles son sus funciones dentro de este mínimo staff en el que trabaja. También vemos con preocupación que se habla de tres grandes categorías de funciones, que no me daría tiempo a desagregar -entiéndame, señor subsecretario, le traslado también nuestra inquietud-, que creemos que son muy ambiciosas para el organigrama que el Ministerio ha dispuesto para estas funciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.

Puedo compartir la necesidad de visibilidad del centro, pero también entiendo que dicha habilidad y, sobre todo, esa eficacia o esa eficiencia, que es lo que van a buscar aquellos familiares de personas desaparecidas, no tiene que estar vinculada necesariamente a una partida presupuestaria concreta, creo yo, sino a la necesidad de los medios que aseguren esa eficacia del centro, que es lo que se pretende dentro del ministerio, también dentro de la racionalidad de los medios personales y materiales de que podamos disponer y las restricciones en cuanto al aumento del gasto público, que no quiere decir que no se puedan destinar los recursos, sino que hay que hacerlo de una manera eficiente. En este sentido le transmito la información en cuanto a cuál es el organigrama ahora mismo y cómo se organiza este Centro Nacional de Desaparecidos. Como le digo, tiene una plantilla configurada por nueve personas, el director, tres jefes de servicios, dos jefes de sección y el personal auxiliar de fuerzas y cuerpos, también tres personas, que se estructuran, primero, en un Servicio Tecnológico y Calidad Estadística, que es el responsable de la base de datos de personas desaparecidas, el Sistema Alerta Menor Desaparecido y otras aplicaciones específicas que también se vinculan al funcionamiento de este centro, como es AlertCops.

¿Qué funciones realizan? Pues la supervisión y el análisis de la información contenida y registrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como usted sabe bien, este es un órgano de coordinación que se nutre de la información que fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, registran y transmiten los centros tanto de la Dirección General de Policía como la de Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también el seguimiento y control de calidad y el correcto funcionamiento de la base de datos que he mencionado, estudios encaminados al desarrollo, evaluación y actualización desde el punto de vista tecnológico del sistema, extracción de datos estadísticos para la confección del mencionado informe, al que ya he hecho referencia también. En segundo lugar, se estructura en un Servicio de Atención Ciudadana y Formación, que será el punto de contacto del centro y de asesoramiento a familiares o allegados de las personas desaparecidas, informándoles de los procedimientos a seguir para la presentación de la denuncia, la puesta a disposición de la información que solicitan y a estos efectos, por ejemplo, el establecimiento de comunicaciones con organismos y asociaciones nacionales o internacionales que representan a estas personas, allegados y familiares, llevar a cabo también la elaboración y el desarrollo de planes de formación específicos en esta materia que es tan importante y, por último, un Servicio de Normativa de Estudios, con las funciones de elaboración de instrucciones, protocolos de actuación a seguir por fuerzas y cuerpos, así como el seguimiento, modificación y actualización de los mismos. Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: ¿La figura del director, disculpe, quizás me he despistado, exactamente a quién corresponde?

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): El director del centro ahora mismo es un miembro del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, que dirige al resto del equipo, que son estas ocho personas que sí tienen dedicación exclusiva, el director ahora mismo realiza estas funciones de dirección y coordinación y también otras, fundamentalmente estadísticas y de rogación, o sea, no tiene la dedicación exclusiva, sino que también realiza otras funciones en el Gabinete de Coordinación y Estudios en este momento. Pero, como le digo, no ha sido provista mediante concurso ni de ninguna otra manera, porque, como le he señalado anteriormente, en este momento el personal del centro se ha designado mediante modificación de la plantilla y de puestos ya existentes en la RPT de la Secretaria de Estado de Seguridad y de las fuerzas y cuerpos.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MOTIVOS DE LA AUSENCIA DEL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS DEL ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016471). (Número de expediente 181/000510).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 13, motivos de la ausencia del Centro Nacional de Desaparecidos del organigrama del Ministerio del Interior.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Durante el mes de julio, cuando salió el real decreto en el que se aprobaba, el Real Decreto BOE 29 de julio de 2017, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y teniendo tanto interés en ver qué ocurría con el Centro Nacional de Desaparecidos, fuimos rápidamente a ver qué lugar ocupaba y la verdad es que le expreso mi sorpresa, además, al haber tenido usted la consideración de decirnos que es precisamente a partir de este real decreto donde toma carta de naturaleza la constitución del Centro Nacional de Desaparecidos. Pues bien, a mí me gustaría comentar al resto de miembros de la Comisión que la tal creación no esperen de ella un desarrollo orgánico profuso, se trata de una línea en un real decreto de 30 páginas.

Realmente, vuelvo a centrar mi intervención en la necesidad de una mayor visibilidad y de un mayor desarrollo de este centro, porque únicamente cuando se está hablando del Departamento de Análisis, en el cual se subsume el Centro Nacional de Desaparecidos, en el punto 14 dice estrictamente, yo creo que sería media línea: "actuar como Centro Nacional de Desaparecidos". Este es todo el desarrollo reglamentario que existe en el organigrama. La verdad es que creemos que es altamente mejorable respecto a todas las expectativas que se han ido creando, no solo a lo largo de este año con todas las intervenciones, tanto del secretario de Estado como del ministro, sino también por una naturaleza de una configuración orgánica que dé un rigor a todos los mínimos medios materiales y humanos que se están configurando. Realmente, en su calidad de subsecretario sí que nosotros le instamos a que estudie la posibilidad de que esto tenga una estructura orgánica más desarrollada, como unidad administrativa, o como quiera que sea, pero claro, está como dejado caer. El Departamento de Análisis actuará como Centro Nacional de Desaparecidos, es como poner una primera piedra, lo entiendo así, una primera piedra de este proyecto, pero bueno, tenemos el largo año 2018 para esperar mejoras en este aspecto. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.

En fin, yo creo que lo que hace este Real Decreto 770/2017 es darle esa visibilidad normativa a la que hemos hecho referencia con anterioridad. Le puedo comentar también, no es una cuestión del Ministerio


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del Interior, sino de todos los ministerios, las peleas que tenemos que sostener con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la modificación y ampliación de los reales decretos de estructura orgánica, con lo cual yo, modestamente, y aun cuando sea exclusivamente media línea, debo decirle que me siento muy satisfecho de por lo menos haber puesto esta primera piedra a la que usted ha hecho referencia, de algo que, como le digo, es una unidad administrativa, pero que tiene ya, en los pocos meses que lleva trabajando, una entidad y una actuación propia, ya le digo, una plantilla propia de nueve personas, creo que en este momento lo que es algo llamado posiblemente y en función de cómo evolucione este problema de seguridad ciudadana tan importante, puede alcanzar mayor entidad, mayor masa crítica de sus funcionarios y puede tener otra configuración, pero en este primer momento, donde buscamos, insisto nuevamente, la eficiencia en la organización administrativa, tiene su visibilidad normativa en este real decreto de estructura orgánica, tiene su plantilla, tiene, no un presupuesto propio, pero sí dispone de los recursos que se pueden allegar dentro del presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo cual también le digo que desde el punto de vista presupuestario muchas veces es mejor, porque es un presupuesto muy amplio y donde a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias podemos también atender a necesidades imprevistas inicialmente. Desde luego, tiene unas funciones a las que ya me he referido, que ya está desarrollando ese personal y que no es una entelequia: actúa como observatorio del fenómeno; recaba información y propone iniciativas; impulsa la coordinación y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es el núcleo esencial para poder avanzar y para ser eficaces en la resolución del problema de las personas desaparecidas; evalua el cumplimiento de las instrucciones y protocolos; realiza las propuestas de forma legislativa; coordina las funciones de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la coordinación de campaña de sensibilidad y prevención, que es otro aspecto fundamental; la elaboración y difusión periódicamente de información de carácter general y estadística, que hemos referido y que ya se ha materializado en este mismo año 2017. En fin, creo que puedo o no estar de acuerdo en que esta apariencia normativa pueda ser más amplia, pero es una unidad administrativa que tiene existencia y que desde luego lleva ya trabajando bastantes meses.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Espero que se amplíe ese número durante 2018.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA MARCADOS POR EL MINISTRO DEL INTERIOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/016472). (Número de expediente 181/000511).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 14, medidas en los últimos cuatro meses para el cumplimiento de los objetivos de mejora marcados por el ministro del Interior para el funcionamiento del Centro Nacional de Desaparecidos.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Pues esta es la última pregunta que tenemos hoy trasladada a Comisión.

Entenderán que este ejercicio de llevarlas a orales no era tanto como para, permítanme el sentido coloquial, torturar, entre comillas, a mis compañeros de Comisión y a la misma Mesa en un ejercicio detenido y reiterativo, sino por poner en valor una gran causa que tenemos todos y una gran responsabilidad que tenemos.

Más que con mis propias palabras, permítame que en esta última pregunta lea el apartado de conclusiones de la Comisión Especial del Senado sobre las personas desaparecidas. Dice así: A través de los distintos testimonios directos escuchados en las comparecencias, ha quedado de manifiesto que la situación de las personas desaparecidas es tal vez la situación más dolorosa a la que se puede enfrentar un ser humano, incluso más dolorosa que la propia muerte de un ser querido. Por ello, estimamos que es exigible de los poderes públicos la asunción del tratamiento de este problema de forma prioritaria y teniendo en cuenta toda la complejidad del mismo, no solo los aspectos técnicos o legislativos, sino


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también los aspectos humanitarios. En ese sentido, de verdad creemos nuestro grupo parlamentario que tenemos una responsabilidad, tenemos que seguir ese testigo que desde las Cortes Generales y desde la Comisión, que se hizo en el 2013, con un gran esfuerzo, con más de 20 comparecientes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de la sociedad, nos dejó abierta una hoja de ruta y nosotros tenemos que seguirla.

En esta última pregunta, cuando nosotros hemos preguntado los últimos cuatro meses es como si hubiéramos preguntado el último año, realmente lo que se ha hecho es, no sé cómo decirlo, no quiero tampoco ser peyorativa, algo se ha hecho, una primera piedra, un gran esfuerzo, pero es limitado respecto a lo que se podría haber hecho. Sí que les digo que entendemos que se podría haber hecho bastante más, porque hay dos colectivos que están en una situación de vulnerabilidad total dentro de todo el gran colectivo de desaparecidos, que son los niños, los menores de edad y los mayores y son dos colectivos que de las propias conclusiones de la Comisión se detectan una serie de medidas concretas que a través de determinadas instrucciones de la Secretaria de Estado se podrían abordar con mucha mayor celeridad, quizá si se tuviera un poco más de presupuesto, quizá si se hubiera dispuesto de más personal o quizá si se hubiera dispuesto de ambas cosas en un momento más oportuno a lo largo del año y quizá no al final.

Creemos de verdad, espero que esta sesión de control parlamentario a través de estas preguntas, trasladando a la sociedad y trasladándole a ustedes, al Ejecutivo, nuestra preocupación, sumada la proposición no de ley en la cual ya hemos instado al Gobierno, ojalá el Grupo Parlamentario Popular se sume, realmente el hecho de que no se sumara el Grupo Parlamentario Popular a la instancia que hacíamos a que el Gobierno traiga para el 2018 un plan de acción en este tema y qué presupuesto va a poder destinar, me parece no haber entendido realmente el fondo, quiero entenderlo así, no haber entendido el fondo de lo que se estaba pidiendo, nuestra posición es absolutamente constructiva, absolutamente respetuosa con las peticiones que hacen las asociaciones, de hecho nosotros acompañamos, intentamos respetar y acompañar lo que ellos han pedido. Y respecto al Grupo Parlamentario Popular y respecto a la acción del Gobierno instarles a que cumplan sus compromisos. Fue el ministro el que dio la señal de salida, fue el ministro el que se puso delante de todos los colectivos, fue el ministro el que dio todas las expectativas y toda la ilusión de que iba a haber un apoyo firme del ministerio, si no hay un presupuesto acorde y no hay unos recursos, se malogrará, y nosotros no vamos a colaborar en que se malogren esas expectativas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.

Yo comienzo agradeciéndole ese ofrecimiento de actuación constructiva de la misma. Yo, sinceramente, venía un poco precisamente con las conclusiones de esta Comisión Especial del Senado porque creo que, a diferencia de lo que usted dice, se han hecho muchas cosas y se han hecho muchas cosas desde antes incluso de la constitución formal de esta unidad administrativa, que es el Centro Nacional de Desaparecidos en el año 2017. Se vienen haciendo cosas y además se vienen haciendo de una manera muy sistemática para cumplir los objetivos que marcó en sus conclusiones esta Comisión del Senado. Si me permite, y muy brevemente, podemos ir analizándola.

Dentro de estas conclusiones, en el apartado 5.1 se marcaba la necesidad de revisar y mejorar la Instrucción 1/2009, que regía la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esta materia, pues esto se hizo en el año 2014, con la Instrucción 14/2014, del secretario de Estado de Seguridad, donde se regula el funcionamiento para la activación y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana para la Desaparición de Menores, una cuestión demandada por esta Comisión, que es una herramienta esencial para la actuación en los casos de personas desaparecidas y que sí que se ha adoptado. Insisto, Instrucción 14/2014. Pero no es ni mucho menos lo único que se ha hecho. Se aludía también en esas conclusiones, necesidades de mejorar la reacción del supuesto de personas con especial vulnerabilidad, con enfermedades mentales, neurodegenerativas. Pues en esa instrucción también se recoge el protocolo de menor desaparecido, hay una atención específica y un mecanismo específico para personas especialmente vulnerables.

Se requería también por la Comisión mejorar el procedimiento de conexión de la base de datos ADN NIC, del Instituto Nacional de Toxicología, con la base de datos Fenix-INT, de la Secretaria de Estado de Seguridad, con los perfiles de ADN de cadáveres sin identificar, a fin de que pudiera hacerse un cruce de datos automático. Pues esto se está consiguiendo o se va a conseguir en el


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primer trimestre de 2018, cuando entre en vigor la base de datos mejorada de personas desaparecidas y restos humanos a que nos hemos referido. Creemos que es otro de los objetivos que marcaba la Comisión del Senado, que sea trabajado y que está a punto de conseguirse en los próximos meses. Hay otros objetivos que no dependían exclusivamente del Ministerio del Interior sino también del de Justicia, pero por ejemplo también en la modificación del punto 8 de la citada instrucción se refería a la del año 2009, pues eso se ha hecho en la instrucción 2014.

También, si llegamos al punto 5.2, varias de las cuestiones que se establecen se han conseguido tanto a través de la mejora del sistema de la base de datos mencionada de personas desaparecidas como de recursos humanos como de la Instrucción 14/2014, el impulso al funcionamiento del Sadar de alerta por desaparición de menores, eso ya está aplicado, esto ya se decía la conveniencia de que las alertas y fusión de búsqueda de personas desaparecidas se promovieran por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar falsos positivos y que los criterios de desaparición fueran acordes con los de alto riesgo, pues eso se ha hecho también en la misión, eso se ha atribuido específicamente y constituye una de las misiones fundamentales del centro nacional constituido en este año.

En fin, no me quiero extender, se lo podemos desgranar, pero precisamente estas conclusiones de la Comisión Especial del Senado han sido la guía de actuación por parte del Ministerio del Interior. Se han alcanzado logros concretos, otros están en curso, pero no es solamente la constitución de la unidad administrativa, insisto, es una serie de medidas que le he mencionado ahora mismo y que creo que van precisamente en la línea del cumplimiento de estos objetivos, que, insisto, es un compromiso, no solamente de este ministro, sino sostenido a lo largo de las legislaturas anteriores también y en el que, creo, se han dado pasos importantes. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Para finalizar, siento discrepar en el grado de cumplimiento de las resoluciones o de las propuestas que hizo la Comisión del Senado. Creo que la hoja de ruta es verdad que era amplia, pero estaba suficientemente detallada, queda bastante por hacer y ojalá que este sea el inicio y que durante el 2018 progresemos adecuadamente, como se dice en el ámbito de la educación, para su cumplimiento, y desde luego estamos en la Cámara Legislativa, sean valientes, no teman, propongan las modificaciones legislativas pertinentes, que haya realmente, una vez se ha puesto en marcha este proyecto, un antes y un después, que seamos realmente capaces de trasladar de esa unidad administrativa a un centro operativo, un centro realmente operativo para la búsqueda de las personas desatendidas o de las personas desaparecidas por una causa y que realmente podamos prestar esa asistencia a sus familiares y les ruego también que cuiden mucho los sistemas de comunicación, las páginas web, etcétera, porque no hay información para que las personas afectadas puedan tener una información de seguimiento a través de los mecanismos que ahora son estandarizados hoy en día a través de las redes de internet. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muy brevemente. En ese punto discrepamos porque yo creo, y estoy dispuesto a poderlo tratar más detalladamente, que se ha hecho mucho en la consecución de estos objetivos marcados por el Senado.

En cuanto a lo último, yo también quiero señalar que muchas veces la visibilidad o la publicidad que se le da a los casos de personas desaparecidas y su seguimiento es un tema bastante delicado y bastante sensible, porque puede comprometer, y así lo explicitan los responsables del seguimiento de cada uno de los casos, muchas veces el éxito de la resolución de los casos. Hemos tenido recientemente en este mes uno, donde no daré más detalles, pero donde ha sido la propia autoridad judicial la que ha impedido que se diera una mayor publicidad en la publicación del mecanismo, precisamente para no comprometer el éxito de la solución del caso, que se consiguió a los tres días, con la detención de la persona y la localización.

Quiero decir que este es un tema también bastante sensible, sin perjuicio de que nosotros trabajemos en esa mayor comunicación y visibilidad, hay que tener también en cuenta este aspecto. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASILO DE CEUTA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/010882. (Número de expediente 181/000438).

- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EXPEDIENTES DE ASILO PENDIENTES DE RESOLUCIÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011372. (Número de expediente 181/000439).

- DE LAS DIPUTADAS DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DOÑA MARÍA DEL CARMEN PITA CÁRDENES, DOÑA CARMEN VALIDO PÉREZ Y DEL DIPUTADO DON ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS PRESENTES EN LAS ISLAS CANARIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/008438). (Número de expediente 181/000440).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas de la señora Belarra. (La señora Belarra Urteaga: Denegaciones). Muchas gracias. Se dan por decaídas.

- DEL DIPUTADO DON MARCELO EXPÓSITO PRIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE POSIBLE APERTURA IRREGULAR DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EMIGRANTES (CIE) DE LA ZONA FRANCA, DESACATANDO LA ORDEN DE CIERRE EMITIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011270). (Número de expediente 181/000442).

- DEL DIPUTADO DON MARCELO EXPÓSITO PRIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EPISODIO DE TUBERCULOSIS APARECIDO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) DE ZONA FRANCA (BARCELONA) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011008). (Número de expediente 181/000443).

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a las preguntas formuladas por el señor Expósito. La número 5 y acumula la 6, que sería posible apertura irregular del Centro de Internamiento de Emigrantes de la Zona Franca, desacatando la orden de cierre emitida por el Ayuntamiento de Barcelona y el punto número 6, episodio de tuberculosis aparecido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona.

Al haber acumulado, se le conceden cinco minutos y tiene la palabra.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, presidente y muchas gracias, señor subsecretario, por comparecer.

El Ministerio del Interior sostiene desde hace varios meses un pulso institucional con el Ayuntamiento de Barcelona a propósito del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, el Ministerio del Interior mantiene en funcionamiento este CIE a pesar de los requerimientos del ayuntamiento para que el centro sea cerrado, dado que se encuentra en situación de irregularidad administrativa, según argumenta el Gobierno municipal.

El CIE de la Zona Franca fue abierto en agosto de 2006 y, como usted sabe de sobra, tiene un historial abrumadoramente polémico. Cuando se abrió, las declaraciones del Gobierno fue que pretendía mejorar en muchos puntos la situación del CIE anterior, el de la Verneda, el CIE que sustituye la Zona Franca. Sin embargo, no pasó ni una década cuando en el año 2015 tuvo que ser cerrado por una resolución de los jueces de control de los Juzgados 1 y 17 de Barcelona, exigiendo que se implementaran una serie amplísima de obras y también de cambios en los mecanismos de funcionamiento del CIE. Esa resolución merece la pena que la recordemos muy brevemente, y voy a citar literalmente. Las valoraciones eran taxativas: El Estado -decía la resolución- mantenía a los internos en Zona Franca, en condiciones poco humanitarias, que atentan contra la dignidad humana porque limitan gravemente el derecho a la intimidad, a la dignidad personal, a recibir un trato humanitario y no degradante, sobre todo cuando se trata de


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personas privadas de libertad por no haber cometido delitos sino para ser expulsadas de España, y esta consideración del juzgado es importante sobre la base de algo que le voy a recordar inmediatamente en mi replica y que, como usted puede imaginar, se trata de la situación de los internos actualmente en la cárcel de Archidona de Málaga.

La resolución del juzgado además no era gratuita, evidentemente, porque apenas tres años antes, en 2012, había muerto en el CIE de la Zona Franca Idrissa Diallo, un ciudadano guineano, por el que también le hemos preguntado en esta Comisión, cinco años después de la muerte de Idrissa todavía no se conocía públicamente el paradero de su cuerpo ni se había comunicado oficialmente a su familia en el país de origen dónde se encontraba el cadáver, los motivos de su muerte y ni siquiera que había fallecido. Durante el tiempo que el CIE permaneció cerrado por obras los juzgados de Barcelona no emitieron ninguna orden de internamiento de los extranjeros que eran encontrados en situación irregular en nuestro territorio. Sin embargo, ello no produjo ninguna alteración ni de la seguridad pública ni de la convivencia ni tan siquiera se vio dificultada la aplicación de su propia política migratoria vigente, lo que a tenor de numerosas organizaciones sociales, instituciones y expertos en la materia -opinión que nosotros también sostenemos-, demuestra la inutilidad de la existencia de los CIE. Además, en ese periodo hubo también, como sabe, dos resoluciones del Parlament de Catalunya y del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona contrarias a la reapertura del CIE de la Zona Franca. La cuestión es que en el año 2007 ustedes reabren el centro y el Distrito de Sants-Montjuïc, donde se encuentra el centro, ha abierto un expediente al descubrir que el CIE estaba funcionando sin licencia administrativa de apertura.

Nos podríamos extender muchísimo en la historia infame del CIE de la Zona Franca, de los CIE en general, pero en particular del CIE de la Zona Franca, pero en este momento lo que corresponde es que nos ciñamos a las dos preguntas que le teníamos formuladas, la primera, que usted explique por favor por qué sigue manteniendo ese CIE abierto en actuación de desobediencia institucional y por qué se siguen sucediendo en ese CIE episodios como el que tuvo lugar en marzo de 2007, con un brote de tuberculosis, que a tenor también de algunos expertos, también de algunos sectores de la Administración del Ayuntamiento de Barcelona, fue manejado por el Gobierno de manera irregular, como digo, entre tantos otros episodios que podríamos mencionar de irregularidad en el CIE, pero en este caso nos corresponde ceñirnos a este. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): En primer lugar, permítame que discrepe de las alegaciones o aseveraciones de actuación irregular o de situación irregular de este centro.

En cuanto a la primera de las cuestiones, recuerdo también la pregunta que ha hecho en referencia al interno que falleció y que yo en aquel momento, que también me correspondió a mí comparecer y responder, entendimos que se había cumplido el protocolo correspondiente y actuación con las autoridades consulares del país de origen. Pero no es el objeto de la pregunta de hoy.

Lo que usted nos plantea, y en primer lugar en cuanto a la posible apertura irregular, yo le transmito que desde el punto de vista del Ministerio del Interior no hay en absoluto ninguna irregularidad, las competencias que atribuye la Constitución a esta materia de emigración, extranjería y derecho de asilo, determina que los centros de internamiento sean una competencia estatal, ese es el punto de partida. En segundo lugar, le recuerdo que, sin perjuicio de la posición política que se pueda tener respecto a los mismos, los centros de internamiento extranjeros son hoy en día una herramienta necesaria para hacer efectiva la política migratoria de la Unión Europea y fundamentalmente en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal, recuerdo que España tiene un plazo de mantenimiento de las personas en situación irregular de dos meses, cuando la legislación europea permite que esta pudiera extenderse hasta seis meses como mínimo, les recuerdo que hay otros Estados miembros que son de irreprochable corrección institucional, donde este internamiento se produce directamente en centros penitenciarios, me refiero a Alemania por ejemplo, quiero decir que a la hora de plantear la posición que tiene la Administración española respecto a estos centros de internamiento, creo que habría que ser más prudente. España, y como miembro de la Unión Europea, necesariamente tiene que cumplir la normativa de la Unión Europea también en política migratoria y ajustarse a los principios de ordenamiento jurídico y eso es lo que hace y es lo que hace con los centros de internamiento extranjeros y con los datos que le he mencionado anteriormente, creemos de una manera absolutamente rigurosa y plenamente respetuosa con los


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derechos fundamentales de las personas que llegan a España en situación irregular como inmigrantes irregulares.

Los centros de internamiento de extranjeros, insisto, no tienen carácter penitenciario y están establecidos con los mecanismos necesarios para garantizar estos derechos y libertades de extranjeros y están siempre sometidos, esto también hay que recordarlo, a control judicial en el marco de las garantías de la normativa española y europea.

Debo señalarle ya concretamente en cuanto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, que reúne absolutamente las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la finalidad, las condiciones establecidas en la legislación.

Yo también quiero citarle literalmente la resolución en este caso del auto dictado por el Juez de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Barcelona el 4 de julio de 2016, donde el propio juzgado deniega al Ayuntamiento de Barcelona una autorización de entrada en el centro que le requirió este ayuntamiento para comprobar si se había dado cumplimiento a la resolución del ayuntamiento de 4 de julio de 2016, donde ordenaba el cese de actividad del Centro de Internamiento de Extranjeros y concretamente el juzgado, la autoridad judicial, y le cito también literalmente, refiere en el auto, que la petición del Ayuntamiento de Barcelona esconde un claro y manifiesto evidente conflicto competencial entre el Ayuntamiento y la Administración del Estado, gestora del Centro de Internamiento de Extranjeros, es decir, lo que se pretende y creemos que refleja el auto, lo que pretende el Ayuntamiento de Barcelona es trasladar al terreno del conflicto político una cuestión que es de competencias y que ahora mismo se está dilucidando en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, que creemos que es donde debe dilucidarse, porque el Ministerio del Interior, nosotros, entendemos que cumplimos absolutamente la normativa de aplicación y que la apertura y el función del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona es absolutamente regular. Esperaremos a la decisión de la autoridad judicial al respecto, pero desde luego ya hubo una denegación de entrada para hacer esa comprobación, porque entendían que la autoridad o los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona no eran competentes para hacer esa inspección, porque, si no, hubieran autorizado dicha entrada.

En cuanto al incidente, es que como he acumulado, señor presidente, discúlpeme, al incidente que se produjo de tuberculosis en el Centro de Internamiento quiero hacerle dos breves precisiones. Primero, a los funcionarios que prestan el servicio, y me refiero a lo que se planteaba en la pregunta, en este centro de internamiento se les realizan anualmente y de forma obligatoria revisiones médicas completas que incluyen pruebas analíticas y particularmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 262/2014, los extranjeros internados son sometidos en el momento de ingreso a un examen médico para conocer si padecen alguna enfermedad física o mental que desaconseje su internamiento en el mismo y se valoran muy detenidamente las circunstancias personales del extranjero y lo que más convenga.

Debo decirle que en los centros existen dependencias para los extranjeros internados que cuando no requieran atención hospitalaria en razón de su enfermedad física o psíquica o toxicológica y se aprecie que sea necesario, puedan ser separados del resto de internos a juicio del facultativo correspondiente, medida que siempre se comunica al juez competente para el control de estancia de los extranjeros en el centro.

¿Qué ocurrió el pasado día 15 de febrero? Un interno de este CIE de la Zona Franca fue derivado al hospital de Bellvitge, informando el día 16 que el interno derivado había sido contagiado por la bacteria de la tuberculosis, la Agencia de Salud Pública de Barcelona fue informada del hecho tanto por el hospital de Bellvitge, en cumplimiento de los protocolos ordinarios establecidos por el Servei de Salut de la Generalitat, como por la propia dirección del centro de internamiento y el servicio médico del centro, o sea que hubo esa puesta en conocimiento. A partir de ahí se llevaron a cabo una serie de actuaciones, que son las que marca el protocolo, el servicio médico del centro estableció el reconocimiento de los internos que habían compartido habitación con la persona contagiada los días 20 y 21, llevándose a cabo esta revisión en el Hospital Clínico. Segundo, los cinco funcionarios que tuvieron contacto el día 15 con el enfermo también fueron sometidos a estos exámenes y revisiones médicos, dos de ellos no pudieron hacerse la prueba de tuberculina por haber dado positivo en el año 2014, como consecuencia de estar vacunados, el resto de funcionarios indicaron que se habían realizado las pruebas DRX de tórax a través de su mutua asistencia con resultados negativos.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, subsecretario, por favor.


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El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Los otros tres funcionarios que tuvieron contacto con el enfermo se realizaron las pruebas. Creemos que los protocolos se han cumplido y se activaron correctamente el día 15 de febrero, cuando se trasladó al interno al centro penitenciario.

Perdone por la extensión.

El señor PRESIDENTE: Señor Expósito, con brevedad.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, señor presidente.

Hay algunos detalles de su respuesta sobre los que no hay tiempo para detenerse, como por qué se tardó cuatro o cinco días en dar la orden de traslado urgente para hacer las pruebas toxicológicas necesarias o por qué no se contaba con suficiente personal policial en ese momento en el centro de internamiento para ejecutar ese traslado. Lo que sucede es que los dos casos que acabamos de exponer no son aislados ni hilillos de plastilina. Usted sabe que en esta Comisión nuestro grupo tiene con ese tema, que es muy grave, un talante sosegado y abierto al diálogo. Pero es que el asunto de los CIE, señor subsecretario, se pasa de castaño oscuro. No solamente es que presentan un nuevo modelo de CIE como si estuvieran presentando una promoción de chalés, no solamente es que encarcelan a inmigrantes en prisiones, personas que no han cometido ningún delito. Lo dicen los autos judiciales, los medios de comunicación, todos los especialistas. Ustedes no pueden encarcelar a inmigrantes. Es un escándalo mayúsculo. No hace falta que se lo digamos en esta Comisión. Literalmente, ustedes están quebrantando la ley. No solamente se trata de si estamos de acuerdo con su modelo. Es que ustedes están gestionando los CIE de manera escandalosa. Nosotros podemos tener desacuerdo de fondo con el modelo CIE. Pero mientras se cierran, porque se van a tener que cerrar, porque tienen que pasar a la historia como una infamia, lo hemos dicho muchas veces, que estamos predispuestos a dialogar sobre cómo se gestiona este modelo. Pero es que ustedes están llevando la gestión de los inmigrantes y los centros de internamiento de una manera absolutamente fuera de control. Está fuera de control su política.

En mayo de este año les enviamos una carta, en respuesta al grupo de trabajo al que nos invitaron y tuvimos una primera reunión en sede ministerial. En esta carta les explicamos que estamos dispuestos a dialogar sobre el nuevo modelo de CIE, a debatirlo, y a trabajar sobre cómo están gestionando el modelo en la actualidad. Su respuesta fue remitirnos a la Comisión Constitucional del Congreso. ¿Qué esperan para abrir un proceso de diálogo transparente y público sobre la existencia de los centros de internamiento y sobre cómo lo están gestionando? ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen por un motivo muy sencillo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Sí, señor presidente.

Gestionan los CIE de manera oscura porque los CIE son una historia tremendamente oscura y saben que no gozan de la aprobación de la mayor parte de la ciudadanía. Si se conocieran públicamente las historias que se protagonizan en los CIE, el 200 % de la ciudadanía estaría en contra de su existencia. Por favor, abran un proceso de diálogo transparente sobre la cuestión de los CIE y su política migratoria, en general. Nosotros llevamos meses, desde que estamos en esta Cámara, repitiendo que estamos dispuestos a abrir un diálogo. Pero, sinceramente, no les vemos predispuestos. Y la manera -insisto- en que lo están gestionando es escandalosa. Están quebrantando normativas, reglamentos, leyes y acuerdos internacionales que son de obligado cumplimiento por su Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Con mucha brevedad, tiene la palabra el señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Señor Expósito, con el mismo respeto que le tengo personalmente, permítame que le transmita la absoluta discrepancia con lo que usted acaba de decir. No hay ningún descontrol en los CIE. No solamente hay un control judicial por parte de la autoridad judicial encargada en cada uno de ellos del internamiento, un seguimiento exhaustivo, con controles judiciales y cumplimiento absoluto de la normativa, sino que también hay un control parlamentario. Y, en fin, no es la primera vez que venimos, como tiene que ser, desde luego. Pero entendemos que no hay descontrol ni ocultación, en absoluto.

Discrepo totalmente de la afirmación de que hay un encarcelamiento de los extranjeros. No es un encarcelamiento. En el centro de Archidona, que todavía no es una prisión aunque esté destinada a serlo, no hay ahora mismo otros internos, o sea, los inmigrantes irregulares que están allí confinados, con


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absoluta autorización judicial, como no puede ser de otra manera, porque, si no, no se hubieran podido internar allí, no tienen ningún contacto ni están sometidos a un régimen penitenciario. Lo siento, discrepo absolutamente, y creo que es un dato objetivo.

Por último y tratando de ser lo más breve posible, tenemos una obligación legal de la normativa de la Unión Europea vigente de actuar así. Y si no lo hiciéramos, tendríamos consecuencias muy negativas. Le invito a que lea la actualización del Código de fronteras Schengen, de la Unión Europea, y las consecuencias que puede tener el que un Estado miembro no cumpla sus obligaciones de control de fronteras exteriores y de control de la inmigración irregular, consecuencias que pueden llegar a que el Consejo de la Unión Europea recomiende el cierre de las fronteras. Creo que es una obligación que tiene el Gobierno y que no se puede hacer dejación de la misma, con total cumplimiento de la normativa y absoluto respeto a los derechos fundamentales, y creemos que así se está haciendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

- DE LOS DIPUTADOS DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO Y DON GONZALO PALACÍN GUARNÉ, Y DE LA DIPUTADA DOÑA JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AYUDAS A LAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL INCENDIO SUFRIDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGUER DE LA PROVINCIA DE HUELVA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2017 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/017719). (Número de expediente 181/000557).

El señor PRESIDENTE: La pregunta número 15 ha sido retirada.

- DEL DIPUTADO DON JORGE LUIS BAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE ESCALADA DE VIOLENCIA DEL COLECTIVO TAURINO EN CONCENTRACIONES PACÍFICAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/017400). (Número de expediente 181/000564).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, punto 16, sobre escalada de violencia del colectivo taurino en concentraciones pacíficas. Tiene la palabra el señor Luis.

El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, señor presidente.

El pasado 8 de septiembre quien le habla fue testigo de cómo, con una actitud de total impunidad, un par de sujetos en Barbastro, Huesca, se acercaban a una manifestación absolutamente pacífica que protestaba por las corridas de toros en Barbastro y, haciendo uso de la fuerza, arrebataban la pancarta e intentaban forcejear con los allí concentrados. Por eso hicimos en ese momento esta pregunta, que hoy es oral, acerca de las instrucciones. Sabemos que, efectivamente, la Guardia Civil hizo su trabajo y que presentó diligencias, y así se nos ha sido respondido por escrito. Sin embargo, hay otra parte de la pregunta acerca de si el Ministerio del Interior estaba llevando a cabo algún tipo de acción para evitar la radicalización violenta del colectivo aficionado de la tauromaquia y, en caso de que no fuera así, si consideraría que sería interesante llevar a cabo alguna acción al respecto. En ese parecer, no hemos recibido otra contestación sino simplemente un último párrafo en el que se dice que no se considera que fueran hechos generalizables, sino puntuales y que, por lo tanto, la actividad delictiva abordable no era competencia policial, desde la perspectiva de un plan de actuación.

En el pasado Pleno mi grupo presentó una interpelación acerca de las actividades que hacía la extrema derecha y estuvimos comentando que no eran cosas puntuales, no eran casos aislados, sino que, efectivamente, está habiendo una escalada. En el colectivo animalista y en el ecologista vemos que esta escalada realmente es una tendencia. Le voy a comentar las noticias de los últimos meses: "Denuncian agresiones físicas e insultos de toreros contra un grupo de animalistas en Murcia". "Un grupo de animalistas denuncia las agresiones al protestar en una feria medieval en Chinchón", aquí en Madrid. Y así una y otra y otra.

Hay una sentencia de cuatro detenidos por la agresión a dos animalistas que estaban simplemente grabando un correbou en Tarragona que dice además que tenía el agravante de discriminación ideológica. Estamos hablando de un colectivo.

El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir, señoría.


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El señor LUIS BAIL: Sí, señor presidente.

Estamos hablando de la acción de un colectivo que no supone violencia callejera. Es una violencia dirigida con odio y con agravante de discriminación ideológica. Por tanto, creemos que debería ser el Ministerio del Interior el que adoptara una acción, el que tomara un plan para evitar esta escalada, que a nuestro grupo le preocupa muy seriamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Señoría, en ese sentido, desde el ministerio, por el análisis de los hechos y de los datos estadísticos, no compartimos la aseveración que acaba de realizar, o sea, eso de que se eleve a categoría de genérico lo que entendemos o lo que entendieron los responsables en ese momento que eran hechos puntuales. Le doy el dato: en 2016 se celebraron 276 484 manifestaciones, reuniones o concentraciones en toda España y en Aragón fueron 11 579, en su inmensa mayoría desarrolladas de manera absolutamente pacífica. Es decir, hay que tener cuidado en elevar unos hechos puntuales a una categoría de actividad delictiva que deba ser abordada policialmente desde la perspectiva de un plan de actuación. Creo que eso hay que reservarlo para los casos que verdaderamente lo requieran desde el punto de vista de la responsabilidad sobre los mismos y su calificación judicial, que también tiene su importancia.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad en todos los casos actúan con sujeción absoluta a la ley y, desde luego, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y oportunidad y también creemos que se hizo así con ocasión de la concentración antitaurina que en el mes de septiembre tuvo lugar en Barbastro, a la que se refiere su pregunta. Justo antes del festejo taurino que se iba a celebrar con motivo de las fiestas patronales y desarrollándose una concentración autorizada por la Subdelegación del Gobierno que protagonizaron unas cincuenta personas que portaban pancartas en contra de la celebración de los festejos taurinos con lemas como "Por el fin de la barbarie" o "Libertad animal" y se leían manifiestos antitaurinos por megafonía, la Guardia Civil, a través de la comandancia competente de Huesca, impartió instrucciones para que se establecieran los servicios pertinentes para que durante esa concentración se garantizase el derecho de reunión y el mantenimiento del orden público, y creemos que no hubo grandes altercados. Y no trato de minusvalorar lo que ocurrió.

El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir, señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Sí.

Se produjo un intento de arrebatar una pancarta a un manifestante y se reaccionó contra ello, y se recibió oficio y denuncia de la Subdelegación del Gobierno por vulneración de la Ley Orgánica de seguridad ciudadana, por perturbar el desarrollo de una manifestación, reunión o manifestación ilícita, y la unidad de sanciones comenzó a tramitar el expediente administrativo correspondiente. También hubo una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Barbastro por un fotógrafo que cubría la concentración por un forcejeo que se produjo que dio lugar a las diligencias correspondientes.

Creemos que la respuesta a lo que ocurrió en Barbastro en septiembre fue adecuada y proporcional a la importancia que tuvieron los hechos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Con brevedad, tiene la palabra el señor Luis.

El señor LUIS BAIL: Le estoy dando la razón. Efectivamente, las actuaciones que se llevaron a cabo en Barbastro con posterioridad a la agresión fueron adecuadas. Lo que nos preocupa es no haberlas previsto. De hecho, ya le comento en la pregunta que el cordón policial no tuvo lugar y que se levantó acta del suceso.

De nuevo, le pongo el ejemplo de los cuatro detenidos con agravante ideológico, a quienes se les imputan coacciones, daños y lesiones. Evidentemente, según las cifras que nos ha dado, las manifestaciones son pacíficas, de activistas pacíficos, y todas las acciones que llevan a cabo son en esa argumentación y en ese contexto pacífico. El problema es que, si la policía no pone remedio, nos enfrentamos a una reacción violenta, a la reacción de un colectivo. Y hago esta afirmación porque es la realidad que vivo día a día, porque veo cómo poco a poco tienen la sensación de impunidad y, por tanto,


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como no se les da un mensaje contundente por parte del Gobierno, se están radicalizando, están entendiendo que pueden utilizar la violencia. Esto es lo que estoy intentando decirle. En nuestra pregunta instábamos a que se tomaran acciones, a que se adoptara un plan; podría ser un plan de comunicación, un plan de difusión y concienciación de que estos colectivos eviten radicalizarse. Nosotros lo hacíamos con respecto a la extrema derecha en Pleno.

El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que concluir.

El señor LUIS BAIL: Hoy lo hago con el colectivo animalista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario, con brevedad.

El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muy brevemente.

Yo también coincido con usted en el sentido de que creo que había un dispositivo suficiente, que los incidentes no alcanzaron mayor gravedad y que han dado lugar a los procedimientos judiciales y administrativos a que debían dar lugar y que han de ser las autoridades judiciales las que aprecien la concurrencia de los agravantes y, en su caso, impongan las sanciones correspondientes.

Es competencia del Gobierno y del Ministerio del Interior garantizar el normal y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que está el de reunión y manifestación, y así se hace y se seguirá haciendo, y, desde luego, se adoptarán todas las medidas necesarias para que se puedan desarrollar estas concentraciones y manifestaciones.

El señor PRESIDENTE: Damos las gracias al señor subsecretario.

Suspendemos la sesión por un minuto para que se incorpore el alto cargo que va a comparecer. (Pausa).

COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE CASTILLEJO):

- PARA INFORMAR SOBRE LOS EJES DE ACTUACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN LA XII LEGISLATURA Y, MÁS CONCRETAMENTE, PARA QUE EXPLIQUE LOS DETALLES DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PENITENCIARIAS DE EXCEPCIÓN, COMO EL ALEJAMIENTO Y LA DISPERSIÓN, APLICADAS A LAS Y LOS PRESOS VASCOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000192).

- PARA INFORMAR SOBRE LA INSTRUCCIÓN DE FEBRERO DE 2017 REFERENTE A LOS PRESOS ENFERMOS, QUE REGULA LAS CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR ESTOS PRESOS PARA CONSEGUIR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA IMPUESTA Y QUE SE DECRETE SU LIBERTAD CONDICIONAL, POR PADECER UNA ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000259).

- PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS QUE PIENSA PONER EN FUNCIONAMIENTO PARA EVITAR LOS NUMEROSOS INCIDENTES QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL PRIMER SEMESTRE EN LA PRISIÓN DE PICASSENT. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000011).

- PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN QUE VA A SEGUIR AL FRENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000122).

- PARA INFORMAR DE LAS AGRESIONES QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE MANERA REITERADA, RAZONES DE LAS MISMAS Y MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA HACERLES FRENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000126).


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- PARA INFORMAR DE LAS RAZONES DEL INCREMENTO DE LAS DENUNCIAS DE INTERNOS QUE HAN VISTO PROLONGADA SU ESTANCIA EN PRISIÓN TRANSCURRIDOS LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO FIJADOS POR EL TRIBUNAL SENTENCIADOR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000239).

- PARA INFORMAR DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL CENTRO PENITENCIARIO LA MORALEJA-DUEÑAS (PALENCIA) EN RELACIÓN CON PRESOS SOSPECHOSOS DE PORTAR DROGAS Y QUE FUERON RECLUIDOS EN UNA CELDA EN CONDICIONES QUE NO RESPETABAN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHOS DE LOS QUE EN PRINCIPIO NO DEBEN ESTAR PRIVADOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/000851).

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.

Damos la bienvenida al secretario general de Instituciones Penitenciarias, quien va a comparecer para dar cumplimiento de forma acumulada a los puntos 17.º a 23.º

Sabe el señor secretario general que dispone inicialmente de veinte minutos como tiempo máximo, los grupos parlamentarios disponen de diez minutos, después habrá una breve réplica de tres minutos por parte del secretario general y una intervención de dos minutos de los grupos.

Tiene la palabra el señor secretario general.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, agruparé las comparecencias de forma sistemática, para no cansarles con explicaciones redundantes.

En esta legislatura las líneas fundamentales de actuación que contribuirán a modernizar nuestro sistema de ejecución penal mejorando su eficiencia gestora y que dotarán de mayor seguridad jurídica a sus actores se centrarán, por una parte, en una revisión técnica de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de las normas que la desarrollan. Se trata de actualizar la Ley General Penitenciaria, manteniendo su carácter simbólico y los principios humanistas que la impregnan, con el objetivo de sintonizar mejor con lo que la sociedad demanda y espera del sistema penitenciario.

La segunda línea general será impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud. No hacemos sino cumplir las previsiones imperativas tanto de la Ley General de Sanidad, como de la Ley de cohesión del sistema sanitario, que ya en el año 2003 impulsaba la mejora y la calidad del sistema asistencial a las personas privadas de libertad con esta integración.

Otra línea de actuación se orienta a mejorar el tratamiento penitenciario de las nuevas formas de criminalidad, terrorismo autóctono, yihadista y delincuencia organizada. Se trata de impulsar programas para prevenir la radicalización violenta de los yihadistas en las prisiones, así como de la intervención recuperadora con internos ya radicalizados. En relación con el terrorismo autóctono, se ha comprobado que el agrupamiento de terroristas en los mismos departamentos y centros penitenciarios provoca un robustecimiento y cohesión del colectivo que posibilita su control y seguimiento por la organización, así como el diseño y difusión de estrategias por parte de esta.

En cuanto a la política penitenciaria de dispersión, la abordaré posteriormente, porque hay una comparecencia concretamente que incide sobre este extremo.

En cuanto a la implantación del protocolo específico para prevenir las agresiones a funcionarios en el medio penitenciario, este punto se tratará con mayor profundidad en mi posterior intervención y únicamente señalaré aquí que el sistema penitenciario español tiene como seña de identidad una muy reducida conflictividad.

Otra línea que destacaría pretende profundizar en las herramientas terapéuticas que nosotros denominamos de alto valor reinsertador, así como hacer análisis sistemáticos de los estudios globales de reincidencia. Además de la puesta en marcha de nuevos programas de intervención, necesitamos la evaluación selectiva de estas iniciativas para poder disponer de un soporte científico y estadístico que aporte información para la toma de decisiones e introducción de mejoras.

Por otra parte, es preciso destacar el progresivo aumento experimentado por las penas y medidas alternativas, en comparación con las penas tradicionales de prisión, lo cual, además de positivo, nos hace converger con respecto a la ratio recluso/habitante con los países más avanzados de nuestro entorno en esta forma de ejecución penal. Han sido numerosos los programas de intervención para distintas etiologías


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delictivas que han visto la luz en la anterior legislatura y se han incorporado a los ya existentes sobre violencia de género, seguridad vial, etcétera.

La siguiente línea de actuación que quiero destacar es la relativa a profundizar en el potencial rehabilitador del trabajo productivo a través de itinerarios integrados de reinserción social. Tanto el trabajo como la formación profesional tienen una importante función educativa, sobre todo en aquellos internos que provienen del fracaso escolar y de trayectorias vitales desestructuradas. Estamos convencidos de que invertir en programas de reinserción social con personas que han infringido la Ley Penal forma parte de una estrategia afortunada de prevención del delito, facilita el retorno de los infractores a la sociedad, previene la reincidencia y contribuye de forma sustancial a la seguridad pública.

La séptima línea de actuación trata de la modernización del plan de actuación en centros penitenciarios. Pretendemos acometer distintas reformas, mejoras y actualizaciones, con la finalidad de homogeneizar los niveles de habitabilidad y confortabilidad de las infraestructuras penitenciarias, teniendo como destinatario principal a la población reclusa. Se trata de que un interno no pase de una cárcel del siglo XIX a una del siglo XXI simplemente por el hecho de tener que acudir a un centro penitenciario en diferentes áreas geográficas.

Una octava línea de actuación es la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética. En este ámbito, pretendemos seguir profundizando en la utilización eficiente del agua, priorizando el uso de dispositivos hidráulicos que reduzcan su consumo, y explorar alternativas sostenibles en el uso de combustibles y electricidad.

Finalmente, hay que señalar la necesidad de potenciar el reclutamiento y la formación de los empleados públicos dentro de las disponibilidades presupuestarias. Tras el plan de sostenibilidad de empleo público, la oferta de empleo público para los cuerpos penitenciarios está siendo paulatinamente ascendente desde 2014, superando los años 2016 y 2017 las ratios de jubilaciones previstas y mejorando la ratio interna por empleado público.

Paso a contestar sobre la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista para informar de las agresiones que se están produciendo en los centros penitenciarios de forma reiterada, razones de las mismas y medidas que se van a adoptar para hacerlas frente.

Habría que decir que con relativa frecuencia se intenta polemizar sobre un clima de conflictividad en los centros penitenciarios, trasladando la idea de la existencia de un incremento de agresiones al personal penitenciario por parte de los reclusos, lo que, a la luz de los datos de que disponemos, no se compadece con la realidad. Las instituciones penitenciarias españolas disponen de profesionales altamente cualificados, de una moderna estructura en la mayoría de los centros, de una normativa clara y precisa que regula las medidas de seguridad para hacer frente a estas situaciones conflictivas y una mejora en los últimos años de la ratio de ocupación de los centros, factores que, consolidándose en este tiempo, entre otras consecuencias, dan como resultado muy positivo que la conflictividad en nuestros centros es muy reducida. Así, en lo que se refiere a las agresiones que sufren los funcionarios, aun teniendo en cuenta que el medio penitenciario es por su propia naturaleza un entorno conflictivo que puede facilitar la aparición de comportamientos agresivos, en los últimos años se advierte un descenso paulatino de las agresiones al personal penitenciario, que ha pasado de 406 en el año 2012 -235 de ellas sin lesiones- a 360 en el pasado año 2016 -193 sin lesiones-. Estas cifras admiten una comparación ventajosa con las habidas en los años anteriores: en el año 2009 hubo 630 agresiones, en el año 2010 fueron 475 y en el año 2011 fueron 427, comparación ventajosa que también evidencian los datos de los sistemas penitenciarios de nuestro entorno, donde el número de agresiones es muy superior al nuestro. Sirva como ejemplo el caso de Francia, que en el año 2015 tuvo 4122 agresiones físicas, de las que 149 tuvieron la consideración de muy graves, y también el caso de las cárceles inglesas, donde en el año 2016 se computaron hasta 6430 agresiones, de las que 461 fueron graves.

No obstante, desde la convicción de no asumir como inevitables las reacciones agresivas de los internos frente a los funcionarios y para poder abordar la prevención de estas desde premisas realistas, se ha puesto en marcha un protocolo específico para prevenir las agresiones en el ámbito penitenciario, en cumplimiento de un mandato parlamentario acordado por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en su sesión de 18 de octubre de 2016. En este protocolo, que contó con un significativo respaldo sindical y está implantado desde el día 15 de junio del presente año 2017, se arbitran una serie de medidas encaminadas a prevenir y evitar cualquier tipo de agresión a los empleados públicos penitenciarios, con el objetivo de mejorar la actividad penitenciaria y cumplir con el deber de protección de la integridad física de los mismos. Este protocolo ha sido desarrollado recientemente por la


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Instrucción 6/2017, de 5 de septiembre, y tiene como objetivo difundir las buenas prácticas, que contribuyen a detectar de forma temprana situaciones de riesgo para la integridad del personal penitenciario y mejorar el conocimiento e interacción con la población reclusa. En concreto, en esta instrucción se desgranan medidas destinadas a potenciar el mejor conocimiento de los internos y a actualizar y revisar los medios y técnicas de protección personal. De las actuaciones enmarcadas en el protocolo que se está desarrollando en los centros desde el 15 de junio se ha informado a los responsables sindicales en reuniones mantenidas al efecto. Asimismo, acerca de la evaluación de dichas medidas en los centros penitenciarios, se está haciendo un seguimiento puntual por parte de un equipo multidisciplinar constituido para impulso y diseño de este protocolo en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Paso a contestar sobre la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las medidas que se pondrán en funcionamiento para evitar los numerosos incidentes que se han producido en el primer semestre en la prisión de Picassent.

Es necesario informar que ese establecimiento penitenciario, que alberga aproximadamente 2000 internos, es uno de los centros que registra un menor índice de conflictividad del país, obviamente si tenemos en cuenta la población reclusa que alberga. En concreto, en los últimos años no se ha producido en él ningún incidente especialmente grave, como muerte violenta, secuestro o motín. En cuanto a las agresiones graves y muy graves entre internos, estas han descendido en los últimos años, pasando de cinco agresiones en 2012 a ninguna en 2016 y una en lo que llevamos de este año 2017. La positiva evolución que muestran los datos se evidencia aún más si los comparamos con las cifras de años anteriores, por ejemplo, con las ocho agresiones de estas características que hubo en 2009 o con las cinco sucedidas en 2010. En cuanto a las agresiones a funcionarios, las cifras también muestran una evolución positiva y tendencia a la baja, pues si en el año 2012 se computaron hasta veinte agresiones -catorce de ellas sin lesiones-, en el año 2016 fueron solamente once -siete sin lesiones-, y en el presente año 2017 se llevan registradas diez -seis de ellas sin lesiones-, cifras que en todo caso están muy por debajo de las que se computaron en años anteriores, como en el año 2008, cuando hubo cuarenta agresiones a funcionarios, o las treinta y siete que se registraron en 2009.

Estos datos, contrariamente a lo que se señala en la solicitud de esta comparecencia, no avalan la existencia de numerosos incidentes en el primer semestre del año. Es más, el cómputo de los mismos hasta la fecha avala la tendencia de disminución de los incidentes graves y muy graves en el centro. El hecho de contar con unas modernas infraestructuras penitenciarias, el trabajo de excelentes profesionales y el desarrollo de actuaciones que inciden en la disminución de situaciones de riesgo, así como la participación de los internos en actividades hace que tengamos un sistema penitenciario que canaliza adecuadamente las lógicas tensiones del internamiento, propiciando una ordenada convivencia a los internos, como ocurre en el centro de Picassent, si bien ello no obsta para que siga siendo un objetivo prioritario de esta Administración la adopción de medidas que contribuyan a erradicar o, al menos, reducir el número de incidentes en los centros penitenciarios.

Ya he hecho referencia al plan para evitar las agresiones en el medio penitenciario, y, en un ámbito más estrictamente terapéutico, apostamos por la ampliación y mejora de la implantación de programas de tratamiento, como el de módulos de respeto, resolución pacífica de conflictos, adecuada atención a enfermos mentales y drogodependientes, entre otros; en todo caso, medidas que favorecen una buena convivencia en el interior de los centros y, por tanto, facilitan las relaciones interpersonales entre los recursos y el personal penitenciario.

Paso a informar sobre la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con el incremento de las denuncias de internos que han visto prolongada su estancia en prisión transcurridos los plazos de cumplimiento fijados por el tribunal sentenciador.

En este sentido se informa de que las garantías establecidas por nuestro sistema legal, la profesionalidad y formación de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y las buenas prácticas consolidadas en la gestión de los centros penitenciarios hacen que las estancias en prisión de forma indebida sean muy puntuales y claramente excepcionales. No podemos compartir, por tanto, la afirmación de que se haya producido un incremento de estas situaciones. Valga constatar que en los últimos años se viene produciendo una media de una o, como máximo, dos situaciones de este tipo al año. En todos estos casos se ha procedido a una pormenorizada investigación de los hechos, al tiempo que se ha dado puntual conocimiento a la autoridad judicial competente. En la generalidad de los casos se ha debido a errores humanos o materiales, injustificables, pero que suponen rarísimas excepciones, si atendemos al volumen de gestión como el que nos ocupa, y que confirma la regla general contraria, esto es, que


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disponemos de un sistema legal que a través del procedimiento de habeas corpus protege al ciudadano de forma ágil o eficaz contra cualquier detención indebida.

Paso ya a contestar la solicitud formulada por el Grupo Socialista para informar de las actuaciones llevadas a cabo en el centro penitenciario La Moraleja-Dueñas, en relación con presos sospechosos de portar drogas y que fueron recluidos en una celda en condiciones que no respetaban sus derechos fundamentales, derechos de los que en principio no deben estar privados. Se informa en este sentido que el abordaje eficaz de la drogadicción en los centros penitenciarios requiere tanto de una intervención sobre la demanda, a través de los correspondientes programas de tratamiento especializado, como de una intervención para reducir la oferta con medidas que impidan o dificulten la entrada, tráfico y consumo en el interior de las cárceles. Contrastado el hecho de que una de las vías más importantes de entrada de sustancias psicoactivas y objetos prohibidos viene siendo el propio cuerpo del interno tras contactos con el exterior, para hacer frente a esta situación se dictó en su momento la Instrucción 3/2011, que regula la adecuación de celdas o dependencias de observación para los casos en que hubiera fundadas sospechas o evidencias de que el interno portaba sustancias prohibidas en el interior de su cuerpo, al tiempo que establece un protocolo de actuación a fin de impedir su introducción, desprendimiento u ocultación.

En la actualidad el uso del referido protocolo y tipología de celda está generalizado en un considerable número de centros, siendo su uso y condiciones conocidas y aprobadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria sin ningún tipo de reparo. Concretamente la del centro penitenciario La Moraleja en Palencia se adecua a este fin la celda número 61 del departamento de Ingresos. Sin que previamente existieran quejas de internos ni se tuviera conocimiento de denuncias en este sentido, el 2 de junio de 2017 el sindicato Acaip denuncia en rueda de prensa lo que a su juicio supone una falta de respeto a los derechos humanos y la aplicación de un rigor innecesario en la utilización de la llamada celda de observación del centro penitenciario de La Moraleja. Con carácter inmediato se ordenó a la Inspección Penitenciaria la correspondiente información previa, que se practica de forma particularmente extensa y minuciosa. Las conclusiones de la Inspección Penitenciaria son claras, en cuanto a la falsedad de la denuncia realizada por Acaip sobre las condiciones físicas de la celda y en cuanto al desprecio absoluto de la verdad en las imputaciones realizadas al director del centro. Así, en cuanto a las condiciones de la celda número 61 el informe de inspección concluye que las condiciones arquitectónicas y el equipamiento de la celda garantizan la intimidad del interno, su descanso y la adecuada ventilación y luminosidad de la misma.

En cuanto al protocolo de actuación la Inspección analizó puntualmente los veintiocho casos en los que se había utilizado la citada celda, concluyendo que en todos ellos se había actuado conforme a las previsiones legales y reglamentarias, de acuerdo al protocolo establecido y dando en todos estos casos conocimiento al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 de Castilla y León en Palencia, quien mediante auto toma conocimiento de la aplicación de la medida a cada interno, en particular declarándola conforme a derecho. Se concluye igualmente por la Inspección Penitenciaria que el tiempo de permanencia del interno en la celda es reducido, no llegando en la mayor parte de los casos a las veinticuatro horas y si es necesario prolongar el tiempo de permanencia se adoptan las medidas oportunas para que el interno disfrute del tiempo de patio y se asee en dependencia comunes. De dicha prolongación se da igualmente cuenta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. A mayor abundamiento, y en contra de algunas publicaciones del mismo sindicato en el sentido de que desde la denuncia formulada no se ha vuelto a utilizar dicha celda, hay que destacar que ha continuado utilizándose y que en alguna ocasión ha sido el propio Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien ha instado a su utilización, por supuestos en los que tras la realización de pruebas radiológicas se ha negado a entregar las sustancias.

En cuanto a la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Mixto para informar sobre la instrucción de febrero de 2017 referente a los presos enfermos, que regula las condiciones que deberán cumplir estos presos para conseguir la suspensión de la condena impuesta y que se decrete su libertad condicional por padecer una enfermedad grave e incurable, cabe señalar como sus señorías conocen que la legislación española contempla fórmulas para que los internos penados que sufren enfermedades graves con padecimiento incurables puedan ser excarcelados cuando se cumplen las previsiones en ellas contempladas. Se trata sin duda de medidas impregnadas del humanitarismo que preside la ejecución de las penas privativas de libertad en nuestro país y que ha de cumplimentarse con elementales prevenciones de defensa social, especialmente respecto a los autores de crímenes más graves o cuando el afectado mantiene su peligrosidad. Me estoy refiriendo a las disposiciones contenidas en los artículos 60, 80.4 y 91, todos ellos del Código Penal.


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Los requisitos para el acceso a la libertad condicional han sufrido reformas normativas, particularmente a través de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, y de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal. En primer lugar, la citada Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, introdujo determinadas exigencias específicas para la clasificación inicial o progresión al tercer grado y a la libertad condicional, en particular, para miembros de bandas terroristas y organizaciones criminales. En segundo lugar, resultan muy relevantes también las reformas introducidas en el actual Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que contempla cambios sustanciales en los requisitos exigibles para la excarcelación por suspensión de la pena en libertad condicional. Estas reformas en los supuestos de aplicación de esta medida a internos septuagenarios y a enfermos muy graves con padecimientos incurables diseña dos categorías: una primera que podríamos considerar general, artículo 91, párrafos 1 y 2 del Código Penal, y otra segunda para supuestos en los que el peligro para la vida del septuagenario o el enfermo es patente.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señor secretario.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIAS (Yuste Castillejo): Quiero decir únicamente que la instrucción que nos ocupa, como el resto de las instrucciones de la Secretaría General, es totalmente respetuosa con los principios de legalidad y jerarquía normativa y, como no puede ser de otra manera, no violenta la regulación recogida en normas de rango superior. Por otra parte, es preciso apuntar que esta instrucción no vincula a los jueces y tribunales.

En lo referente, y para finalizar, a la última pregunta del Grupo Parlamentario Mixto referente a las medidas de alejamiento y dispersión he de decir que no hay medidas de excepción en la normativa penitenciaria. La ley se aplica a todos los presos por igual, independientemente de su lugar de residencia. Hay que tener en cuenta que el tratamiento penitenciario es individualizado y según sea de grave el delito, la peligrosidad del autor y la duración de la condena impuesta se han de ajustar la ejecución penal a cada caso concreto, lo que no constituye ninguna excepcionalidad. Simplemente se trata de dar una respuesta distinta a casos que son diferentes. Como ustedes saben la legalidad española tiene un tratamiento específico para delincuencia terrorista y un mayor nivel de exigencia para el acceso a determinados beneficios penitenciarios. La asignación de un centro de cumplimiento no es una decisión arbitraria de la Administración penitenciaria, obedece a la finalidad de desarrollar un programa de separación de los reclusos terroristas en diferentes centros penitenciarios, que propicie la desvinculación del colectivo de aquellos presos que opten por afrontar su condena fuera de la disciplina de la organización terrorista.

Por terminar, he de decir que no parece razonable prescindir de una medida como la dispersión de reclusos terroristas, especialmente de la banda terrorista ETA, cuando precisamente ha acreditado su eficacia en la lucha contra el terrorismo y, por tanto, no parece lógico prescindir de aquellas medidas -insisto- que han contrastado su eficacia. El cumplimiento de la condena para cualquier penado terrorista, independientemente de su lugar de nacimiento, se enmarca solo y exclusivamente en las exigencias de la legalidad penitenciaria. Aquellos otros internos que abandonen los postulados de la organización terrorista, pidan perdón a las víctimas, colaboren con las autoridades y acrediten capacidad y voluntad de vivir respetando la ley penal podrán obviamente acceder a las fórmulas de cumplimiento de sus condenas más acordes con sus intereses, en los términos previstos en la normativa penitenciaria como el resto de los internos.

Quiero reiterarles mis disculpas por mi mal estado de voz y agradecerles su paciencia por escucharme. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señor Yuste, bienvenido. Me voy a referir principalmente a las dos cuestiones sobre las que yo pedí su comparecencia y a las que se ha referido además en último término en su exposición: la política de alejamiento y la situación de los presos enfermos. Al contrario de lo que dice -hablaba de no prescindir de una medida que ha sido eficaz-, son cada vez más las voces que están pidiendo acabar con esta política penitenciaria de alejamiento que se aplica de forma sistemática, no de forma individualizada, a los presos políticos vascos y que es vulneradora de derechos de los presos y de sus familiares, ya que no es parte de la pena. La condena les priva de libertad pero no priva a ningún preso, sea cual sea el delito que ha cometido, del resto de sus derechos.


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Recientemente se ha aprobado en el Parlamento Europeo el informe Bergeron que pide que se acabe con el alejamiento por considerar que vulnera el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, a la par que exige una mayor protección del derecho a la salud. Esta es una realidad cada vez más extendida, al menos en Euskal Herria. Desde la ciudadanía hasta más de doscientos juristas han pedido recientemente que la política penitenciaria se cambie, porque la política de dispersión es contraria a la ley. Me voy a referir tan solo al artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que la ubicación de los centros penitenciarios debería ser en el lugar más cercano al domicilio para que evite el desarraigo social. Hay una política específica, por mucho que usted lo niegue, destinada a los presos vascos por los que se les aleja sistemáticamente a más de 1000 kilómetros de sus familias, no por su lugar de origen, no se decide por ello, sino por otras cuestiones. Ello es un castigo añadido para sus allegados que no han recibido ninguna condena, como son los relacionados con sus derechos a la comunicación, con el riesgo por los largos viajes que tienen que realizar o el alto coste económico. Entre esos familiares se encuentran a día de hoy 113 menores que tienen que realizar también largos trayectos para ver a sus seres queridos.

Recientemente se ha sumado a esta petición de acabar con el alejamiento el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, que ha realizado un estudio para el Gobierno vasco que dice que el alejamiento no es compatible con los principios rectores de la legislación penitenciaria. Mi pregunta es clara: ¿van a seguir actuando en contra de la ley -al contrario de lo que dice, es una ley vulneradora-. ¿Van a esperar como en otras ocasiones a que Europa les diga que lo tienen que hacer, o van a cambiar de actitud y actuar con responsabilidad antes de ocurra esto? Esto ya lo ha empezado a hacer Francia, que ha abierto un espacio de diálogo para abordar la problemática de los presos vascos y ha retirado el estatus de vigilancia especial a siete de ellos, adecuando su política -lo han dicho así, literalmente- a los tiempos que vivimos.

Con relación a los presos enfermos también Francia puso en libertad a Oier Gómez con una esperanza de vida de seis meses. Mientras tanto ustedes están dilatando de forma inexplicable la decisión sobre la puesta en libertad Ibon Iparraguirre, el caso más grave de la veintena larga de presos con enfermedades incurables a los que se les aplica una instrucción que yo voy a calificar de cruel, por la cual el preso tiene que estar en una situación límite, al borde de la muerte, para ser excarcelado. En el caso de Iparraguirre ni eso, porque ya sus últimas analíticas hablan de que se rompen todos los criterios médicos de esperanza de vida. No se atreven siquiera a decir cuánto tiempo vivirá, pero aun así siguen manteniéndole en prisión, alejándose de esa legislación y ese trato humanitario que dicen defender. Ibon Iparraguirre es una realidad, se muere y ustedes tardan semanas en asignar el médico que hará el nuevo informe, después de dejar esa tarea en manos de tres dermatólogos cuando estamos hablando de un enfermo de sida. No me diga que su estado se debe a que se niega a tomar el tratamiento, porque tan solo se niega a tomar los retrovirales que le sientan mal y todo el resto del tratamiento lo toma. Desde luego es un preso que no ha manifestado la voluntad de morir, sino más bien todo lo contrario tiene voluntad de vivir. Le pedí precisamente una reunión para tratar esta situación y le tengo que decir que lamento la respuesta que recibí; lamento no haber podido hablar de una forma sosegada y tranquila con usted de esta situación. Entiendo que le compete al juez de vigilancia penitenciaria decidir si tiene que ponerle en libertad o no, pero creo que también le compete a usted poder hablar del posible traslado de este preso a una cárcel cercana a su domicilio para que incluso los médicos que hacen el seguimiento de su situación en el exterior pudieran tener mayores facilidades para tratar su enfermedad, mientras Instituciones Penitenciarias o en este caso el juez de vigilancia toman una decisión sobre la petición, bien de prisión atenuada o bien de libertad condicional.

Le voy a mencionar también otro caso, el de Sara Majarenas, que a falta de unos poquitos meses para poder cumplir íntegramente su condena sigue en un centro de Alcobendas con su hija Izar, después de que el padre de la pequeña intentara matarla, cuando lo que la niña necesita es volver a casa con su madre y recuperarse ambas en su entorno del trauma que han sufrido. Por tanto, creo que hubiera sido una medida aceptable, que solo depende de voluntad política y que en nada impide o niega la ley. Le pregunto: ¿le parece que el derecho de esta pequeña a su integridad, o el derecho a la salud y a la dignidad de las personas presas, puede condicionarse al delito que cometieron, a la pena que se les ha impuesto, etcétera? Yo entiendo que no hay norma alguna que lo diga, y que en cambio la política de excepción que se aplica a estas personas sí va en contra de los derechos más elementales. De ello son conscientes en Euskal Herria todas las formaciones políticas, porque todas -excepto el Partido Popular-,


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así como la totalidad de las fuerzas sindicales vienen reclamando la puesta en libertad de estos presos enfermos de forma conjunta, unánime y reiterada.

¿Cuándo se va a sumar el partido que sustenta al Gobierno, y ustedes mismos, señor Yuste, a esto que es algo que la ley no impide sino que es al contrario, que es cuestión de voluntad política? Al igual que por impulso político se diseñó una política penitenciaria específica para los presos vascos, se puede decidir también ahora cambiarla. Me dirán que a todos los presos se les da el mismo trato y que no hay un tratamiento específico, pero hay muchas cuestiones relacionadas con el día al día de los presos vascos que demuestran lo contrario. Le voy a dar un único dato: hoy en día de toda la población reclusa en el Estado español tan solo el 1,5 % de estos presos está en primer grado; de los presos a los que me estoy refiriendo son el 95 %. Esta petición que estoy haciendo es extensible a cualquier preso, ya que cualquiera que sea el motivo por el que está en prisión ni tiene que estar a punto de morir para que sea puesto en libertad, ni debería de estar alejado de sus familiares por el castigo añadido que supone para ellos.

Por estas cuestiones le hemos preguntado al Gobierno y voy a aprovechar la ocasión para mencionar algunos de estos casos, porque se están produciendo lamentablemente demasiadas muertes en prisión. Hay muchas dudas sobre algunos de estos casos, y no me estoy refiriendo a la muerte del último preso vasco Kepa del Hoyo en julio, que también. Me estoy refiriendo a otras preguntas que he venido haciendo al respecto porque, o bien no se ha permitido a la familia conocer cómo ha sucedido el fallecimiento, o bien ha sido la propia actuación de las autoridades penitenciarias, de alguna forma, la causante de la misma. Me refiero al caso de Murcia II con el suicidio de un preso en aislamiento, hecho que motivó la destitución del director. Por tanto, se asumió que había habido un comportamiento negligente por parte de la cárcel.

Tampoco el Gobierno nos ha respondido aún sobre la muerte de Manuel Fernández en Castellón II. La denuncia que realizaba la familia y las dudas que lo generaban creo que interesa que se aclaren a todas las partes. La familia denunciaba que el cuerpo presentaba signos evidentes de haber sido maltratado. O la muerte en extrañas circunstancias de José Ángel Serrano en Zuera, sobre la que hicimos una extensa batería de preguntas. Hace unos poquitos días hemos sabido que la denuncia de la familia se ha archivado sin practicar las pruebas pedidas por la misma. Entiendo que cuando existen dudas en cualquiera de estos casos, poder permitir a la familia que haga todas las pruebas y poder saber realmente qué ha ocurrido muchas veces sería bueno para que la gente crea las palabras que dicen, porque intentan vendernos sistemáticamente que el sistema funciona y realidades como esta nos hacen sospechar lo contrario.

La verdad es que podría mencionar más casos y extenderme, pero no tengo tiempo y no lo voy a hacer. Entiendo que las cárceles en términos globales como están concebidas hoy en día y la gestión que se está haciendo actualmente están lejos de ser ese paraíso de funcionamiento ideal que intentan transmitir, que están lejos de parecerse a un régimen que facilite la resocialización y la reinserción que dicen perseguir.

Le voy a dar un dato ilustrativo, que debería darles razones suficientes para reflexionar sobre el sistema que tanto defienden y la necesidad de cambios. España está entre los países europeos con una mayor tasa de población reclusa, mientras que es el tercer Estado europeo con la tasa de criminalidad más baja. Y eso que apenas están encarceladas personas denunciadas por corrupción, ni torturadores porque los pocos casos que llegan a ser juzgados y condenados han sido posteriormente indultados, cuando no ascendidos, ni mucho menos responsables de acciones del GAL, como el señor Galindo que salió de prisión a los pocos meses de ingresar por cuestiones de salud. Que nadie me entienda mal, yo no pido que esa instrucción que he calificado de cruel se le aplique al señor Galindo, pero es una muestra evidente, teniendo en cuenta que es una persona que fue condenada por el secuestro, tortura y muerte de Lasa y Zabala, que el trato a todas las personas no es el mismo. Viendo la comparativa ahora hay que estar apenas a punto de morir para salir en libertad, mientras Galindo lleva disfrutando de su situación de libertad ya hace años. En unos casos ha sido por políticas de excepción, en otros por una política penitenciara que en términos globales nos parece equivocada. Mi grupo entiende que es necesario reformar estas cuestiones, el sistema penitenciario ordinario -no solo me refiero a la cuestión de los presos vascos- en su globalidad. Lamentamos no ver en los responsables de esta política penitenciaria voluntad para ello y para que realmente sea creíble que se da un trato igualitario a todas las personas presas.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero darle las gracias también al secretario general de Instituciones Penitenciarias por su presencia hoy aquí. Sus reflexiones han pivotado un poco sobre cuestiones generales del sistema penitenciario español y su política concreta. Al hilo de su intervención quiero hacer, en nombre del Grupo Vasco, PNV, algunas reflexiones en general y sobre la política penitenciaria del Gobierno.

Con carácter preliminar quisiera recordar que ayer mostramos al ministro nuestra preocupación en una pregunta parlamentaria sobre la cárcel de Martutene. Nos contestó que Instituciones Penitenciarias se reuniría con el Ayuntamiento de San Sebastián, a fin de tratar la cuestión de Martutene y confiamos en que lleguen a buen puerto esas conversaciones. Al final de la intervención también le volvimos a reclamar -ahora también lo tengo que poner de manifiesto- el cumplimiento del Estatuto de Guernica, treinta y ocho años después, en relación con las competencias del Gobierno vasco en materia de política penitenciaria y gestión de las cárceles en el País Vasco.

Después de esta introducción me centraré en algunas consideraciones sobre la política penitenciaria del Gobierno, con relación al proceso de paz tras el fin de las acciones terroristas de ETA porque es una cuestión que, como comprenderá, nos preocupa profundamente. Recordaré cuál ha sido el periplo último de ETA: en Navidad de 1998, tregua; en Navidad de 2011, renuncio al uso de la violencia; en Navidad de 2013, el colectivo de presos reconoce el daño causado y la voluntad de hacer el uso de la legislación penitenciaria, y finalmente, en primavera de 2017, el desarme. Queremos enmarcar este final ordenado del terrorismo de ETA en un contexto con otras cuestiones. En primer lugar, están las víctimas. Consideramos -no tenemos ninguna duda- que se han vulnerado sus derechos, como es obvio, y que han sido víctimas de un daño injusto. Por eso pensamos que son elementos esenciales la memoria, la justicia y la reparación. Junto a todo esto no dejamos de reclamar día a día la desaparición definitiva de ETA. Asimismo, tenemos que articular una memoria compartida que conlleve a una pedagogía para la convivencia, pero también en paralelo a estas cuestiones, consideramos que hay que hacer una reflexión sobre la política penitenciaria en aquellos aspectos que inciden sustancialmente en este asunto. En concreto me refiero a la política de alejamiento, a la política respecto a los presos gravemente enfermos, no necesariamente de ETA, aunque también, a la acumulación de condenas y a lo que nosotros consideramos una legislación de excepción.

En cuanto a este primer aspecto sobre la política penitenciaria y la cuestión del acercamiento desde 1998 -por eso he citado ese iter temporal- usted conoce que hubo una práctica material de acercar aquellos presos que salieran de la disciplina de ETA, cuando simplemente se había declarado la tregua. Luego en 2003 vino la vía Nanclares, su eje eran los encuentros restaurativos. Y finalmente, tras el año 2011, que es cuando hubo la renuncia, esos encuentros restaurativos mutaron hacia unos encuentros reparadores, con mayores dificultades para esa restauración porque exigían el perdón y el arrepentimiento que luego se introdujeron en la reforma de 2013.

Para nosotros el alejamiento tiene tres dimensiones. La primera es una dimensión política. Por un lado, no compartimos las consideraciones que ha hecho porque desaparecida la dimensión armada de ETA, consideramos que la dispersión no tiene una finalidad y a su vez creemos que objetivamente dificulta el logro de la paz y la convivencia. También consideramos que la dispersión tiene una dimensión humana, ya que añade un castigo y un sufrimiento suplementario, no solo a los condenados sino también a sus familiares. Hay que tener en cuenta -me corrige, si me equivoco- que la media de presos de ETA están a unos 500 o 600 kilómetros. Una visita de cuarenta minutos supone hacer en una semana entre 1000 y 1200 kilómetros. Eso ha llevado aparejado a lo largo de los años dieciséis muertos en familiares y cuatrocientos heridos, así como unos costes económicos muy importantes, del orden de mil y pico euros al mes. Estos familiares están sufriendo y pagando por una actividad reprochable y unas circunstancias de sus familiares condenados. En este momento esta dimensión humana debiera considerarse. Además, en el recluso -luego entraré en la dimensión jurídica- supone un mayor desarraigo y una mayor dificultad en su reinserción, según las circunstancias actuales. No estoy hablando de las circunstancias de hace tres, cuatro, seis o siete años; estoy hablando a día de hoy, de cara al futuro.

Por otra parte, tiene una dimensión jurídica y en este tema tampoco compartimos -como es obvio- las consideraciones que ha realizado. Un tratamiento conjunto de la misma Constitución -artículos 18


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y 25-, así como de las recomendaciones del Consejo de Europa, las normas del Comité Europeo sobre la Prevención de la Tortura y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo pueden resumir que hay un derecho reconocido dentro del ordenamiento constitucional español y dentro de la cultura y de la normativa jurídica europea internacional. Es decir, los lazos familiares y sociales, la vida familiar, es un valor consustancial a la dignidad del preso, que aunque esté preso tiene esos valores. ¿Que caben interferencias legítimas? Sí, caben interferencias legítimas. Sin embargo, estas tienen que ser objetivas y proporcionadas. En las circunstancias actuales no se vislumbra -voy a citar como interferencia legítima la seguridad nacional, que es la que más nos puede afectar- ningún escenario, afortunadamente ni presente ni futuro, en el que ETA vuelva a las andadas. Entendemos que en este momento y con las circunstancias actuales este alejamiento jurídicamente no es ni necesario ni proporcional.

La segunda dimensión que quería considerar era la de los presos muy gravemente enfermos y, además, con enfermedades incurables. Esto ya lo hemos debatido en Pleno, y yo creo que también en Comisión. Supongo que habrá leído las intervenciones, si no se las resumo yo porque son también previsibles. Entendemos, con carácter general -no me estoy refiriendo ya solo a ETA-, que mantener en prisión a los presos muy gravemente enfermos y con enfermedades incurables ya solo tiene una finalidad retributiva. Carece de sentido mantener en prisión a alguien a quien por su situación y su degradación física ya no puede aplicársele tratamiento rehabilitador ni resocializador, que es el fin de las penas, según el artículo 25 de la Constitución. Entonces, aunque la pena sea legítima, el mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma y con una enfermedad además incurable llega un momento en que se convierte en inhumano por el devenir de las circunstancias.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor LEGARDA URIARTE: Un minuto, presidente, y concluyo.

El último punto se refiere a la acumulación de condenas Efectivamente, la Ley orgánica 7/2014 no integra correctamente la decisión marco 2008/275 de la cooperación judicial y policial. Todos ustedes recordarán que en el Senado, a través de una enmienda introducida en ese momento por el Partido Popular, el proyecto sufrió un giro y un cambio con respecto a cómo se desarrolló en el Congreso, lo que generó una fuerte polémica en el Tribunal Supremo. Nosotros no consideramos correcta su incorporación al ordenamiento estatal.

Para terminar, consideramos que la legislación de excepción, en la normativización -perdóneme la expresión- de esta visualización reparadora, excede de lo que debiera ser tanto en la legislación penal como penitenciaria porque dificulta muchísimo la progresión en grado, la resocialización y un final más rápido y más ordenado.

Muchas gracias, presidente, por su generosidad y disculpe el tiempo empleado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, presidente.

En primer lugar, escuchando al señor Legarda, a quien tengo por una buena persona, ha hecho un relato de la situación según el cual o el Estado se convierte en magnánimo y al final hace buenas obras y hace todo lo que se le está pidiendo en este momento, o si no ha dejado caer que se están cometiendo excesos, que es inhumano, que se castiga a familiares, como si fuera un Estado represor. Yo creo que lo que se le olvida es el fondo de la cuestión, se le olvidan los hechos por los que esas personas están en prisión. Usted ha explicado aquí las condiciones que se determinaron para que puedan cambiar de un régimen a otro, pero no entiendo que se tenga que dar una visión tan amable porque, a la vez, se van dejando caer cosas y los malos se convierten en buenos y pobrecitos que se les está maltratando, y los que están haciendo cumplir la ley y la legalidad son los pobres represores y hay que llamarles la atención para ver si corrigen esto. Esto lo digo a modo de inicio y también en relación con el tema de las enfermedades terminales. Creo que la legislación está clara, a quién le corresponde analizarlo, a quién le corresponde conceder lo que tengan que conceder, y yo le pregunto a usted -lo dejo caer aquí- si se trata en ese tema de forma distinta a según qué presos, si hay algunos que a pesar de tener una enfermedad incurable se les trata de una manera y a otros que también tienen una enfermedad incurable se les trata de otra.

En el cómputo global de la intervención que ha hecho podemos terminar concluyendo que, si nos comparamos con los países del entorno, tenemos un buen sistema penitenciario, pero también es verdad


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que tenemos un sistema penitenciario que es absolutamente perfeccionable, como es lógico. Nosotros tenemos que dar una visión crítica de los aspectos que entendemos que son mejorables porque, por lo pronto, yo creo que estaremos de acuerdo en que garantizar la seguridad de los funcionarios y de los propios presos tiene que ser un objetivo permanente. ¿Eso se consigue siempre? Evidentemente, no. Aunque usted ha comentado, por ejemplo, que se han rebajado el número de agresiones, en los ocho primeros meses de este año llevábamos 178 agresiones a funcionarios. Por tanto, hasta que no veamos que hay tres, cuatro o ninguna, tenemos un trecho importante que recorrer. También es importante saber si los medios de que disponemos son los adecuados, el tamaño y la dimensión de nuestras cárceles, el ratio de presos que hay dentro de ellas, si se excede en ocasiones, y también si el número de funcionarios es el adecuado sobre todo en los sitios clave para asegurarnos de que esa seguridad puede ser garantizada por el Estado. Nos llegan informaciones, porque nuestra obligación es hablar con todos, también con los sindicatos, aunque a veces a la Dirección de Instituciones Penitenciarias no le haga mucha gracia, y aunque unas veces se quejarán con razón y otras sin razón, se quejan para eso, para que la gente lo pueda analizar después, pero también muchas veces describen situaciones en donde es muy difícil que un solo funcionario pueda garantizar la seguridad si está custodiando a más de 100 presos en solitario. Por tanto, creo que podemos decir que tenemos un sistema de prisiones bueno en comparación con los países del entorno, pero que tenemos que mejorar muchas cosas.

Por otra parte, le pregunto directamente: ¿está satisfecho con el ratio de presos que tenemos por prisión? ¿Cuándo se van a poner en marcha todas las prisiones nuevas que están terminadas y que no están rebajando esos ratios y dando mejores condiciones, precisamente para garantizar esa seguridad y también la calidad de vida que se pueda prestar desde esa institución? ¿Considera que tenemos el número de funcionarios suficiente en Instituciones Penitenciarias?

En relación con el protocolo que desde Ciudadanos pedimos precisamente para su aplicación y que ustedes ya han empezado a aplicar, quiero preguntarle si está satisfecho con ese protocolo, tal como ustedes lo están aplicando, porque nos llegan informaciones también por parte de representantes sindicales diversos de que la aplicación está siendo relativamente ineficaz; si sobre la base de los problemas que puedan derivarse de esa aplicación o de la gestión que ustedes están llevando a cabo se han planteado hacer algún tipo de reforma, algún tipo de mejora para poder optimizar ese protocolo con el fin último, repito, de que se eviten las agresiones. Sabe que nosotros hemos defendido siempre que se considere a los funcionarios de prisiones como agentes de seguridad.

Y ya que hablamos de los funcionarios de prisiones, etcétera, aunque no le guste mucho ACAIP, me gustaría saber si entiende como justo el malestar de los funcionarios de prisiones por distribuir una bolsa de productividad de más de un millón de euros solamente a directivos; si no considera relevante que esa productividad debiera de afectar también al resto de los trabajadores, que están incluso más cercanos a los presos y al peligro que pueda representar su función.

Mañana vamos a hacer una visita la Comisión de Interior a la cárcel de Archidona. Es cierto que como esa cárcel formalmente no está abierta, no han ingresado en prisión porque la prisión no se ha inaugurado. Podemos entender que técnicamente sea así, pero la imagen dentro y fuera de nuestro país es que cono no sabemos qué hacer con los migrantes los metemos en una cárcel. ¿Eso a qué da pie? A intervenciones como las que hemos oído antes, porque al final la impresión que se da es que como no sabemos qué hacer con los migrantes, entran en una cárcel. Ayer el ministro Zoido decía que quién se quejaba. Dentro de nada, cuando alguien no tenga una vivienda, pues a lo mejor tiene una celda, si no se ha abierto todavía la cárcel, para poder disponer de una habitabilidad decente y tener servicios. No creo que sea el caso; una cárcel está para albergar a penados, para dignificar a las instituciones penitenciarias y también a los trabajadores que están en ellas, y no creo que sea el sitio ideal. ¿Que en un momento determinado puede tener que adoptarse una medida como esta? Pues entonces yo le quiero preguntar si usted considera que eso es normal y que si cree que se tiene que mantener en el tiempo y sobre todo qué medidas tienen para intentar precisamente, si no está de acuerdo con que eso se tiene que mantener en el tiempo, que eso no sea una tónica ahora y que empecemos a utilizar ahora mismo las prisiones que se han hecho precisamente con otro objetivo, también para el tema de los CIE, porque, repito, mañana puede surgir la tentación de utilizarla para otra cosa porque es un espacio disponible y mientras no se inaugure pues no es cárcel. Pues sí, es la cárcel de Archidona, todo el mundo lo sabe y sobre todo ni a la marca España ni a nosotros creo que esto nos venga bien.

Con estas preguntas, y como me imagino que tendremos un minuto para concluir, nos damos por satisfechos y le agradecemos su comparecencia.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Podemos, tiene la palabra el señor Santos.

El señor SANTOS ITOIZ: Buenos días, señor Yuste.

En primer lugar, lleva usted catorce años al frente de Instituciones Penitenciarias, ocho años en la anterior gestión del Partido Popular, seis en esta nueva etapa, es usted, digamos, el hombre en prisiones del Partido Popular y quien se ha encargado durante todo este tiempo de diseñar esas políticas penitenciarias, que a nuestro juicio son absolutamente deudoras de un sistema o un subsistema excepcional que se ha ido extendiendo a todo el sistema penitenciario, que es una política antiterrorista y por lo tanto de excepción, en nuestra opinión muy poco respetuosa con los derechos humanos y la gente que está ingresada en prisión; es usted un ejemplo, desde nuestro punto de vista y para nuestro grupo político, de la banalización de los derechos de las personas presas y es usted un ejemplo de que gestiona los equipos humanos que están a su cargo de una forma que genera desprecio y sufrimiento innecesario. Por lo tanto, desde los términos más duros en que nos podemos expresar en una sede como esta desde la defensa radical de los derechos humanos, se lo queríamos hacer saber como introducción para que usted tenga claro cuál es nuestra postura de impugnación general a todas sus políticas desde hace mucho, mucho tiempo y con ejemplos perfectos -lamentablemente, no me dará tiempo a bajar a tierra en todos estos minutos, que son diez- que son suficientes para darle algunas pinceladas y hacerle algunas preguntas.

Por tanto, entrando en este primer planteamiento, supongo que usted, desde ese punto de vista, estará satisfecho de que seamos el único país, junto con Hungría, en que Instituciones Penitenciarias esté a cargo del Ministerio del Interior -con el que usted empezó- y no de Justicia, lo cual tiene un sentido de seguridad mucho mayor que el sentido de reinserción de las personas privadas de libertad, a las que usted tanto alude formalmente, pero que en la escasez tanto de medios como de políticas de la Secretaría se ve que hay un hueco fundamental y de otra manera no se entienden algunas de sus políticas. Se ha mencionado aquí, por ejemplo, el ingreso de personas inmigrantes con un concepto de seguridad en un centro penitenciario con todas las letras, que arquitectónicamente tiene las funciones de seguridad, que usted sabe muy bien cuáles son, y que son, evidentemente, las que condicionan la calidad de vida y la facultad de movimientos de personas que no deberían estar en ningún caso privadas de libertad.

En todo caso, y como luego le haré preguntas concretas sobre esto y para aprovechar el tiempo, vamos a empezar a hablar del tema de salud penitenciaria. En un rango de lo que usted debe proteger de las personas privadas de libertad que están a su cargo serían la vida y la salud, y en este sentido la condena no puede ser más dura. Hay una falta general de personal sanitario en todas las prisiones, podríamos mencionar, por ejemplo, el centro de Ocaña I, que tiene cinco médicos a su cargo, pero cuando el último médico se cogió un permiso, al que legítimamente puede tener por derechos laborales, resulta que hubo un tiempo durante el cual esa cárcel no tuvo ninguna asistencia médica y sanitaria, con las implicaciones de prevalencia de salud que usted sabe que hay en las cárceles y que, por lo tanto, espero no me lo niegue. Me podrá usted decir que es un caso aislado, su gestión puede estar llena de casos aislados, pero le puedo mencionar más cárceles, por ejemplo la de Algeciras, o algunas otras que podríamos entrar a determinar. ¿Es esto casual? No. Creemos que hay una política de dejación en este sentido. Usted ha mencionado el cumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas que, lógicamente, exige que se haga con una dotación de medios suficientes. Yo no sé si están jugando ustedes a la ventaja de no tener médicos para dar menos dotación a las comunidades, lo que sé es que esto no se está concretando y que esto al final no es una guerra entre administraciones, que realmente quienes pagan con la asistencia sanitaria en un derecho que no está restringido por ninguna sentencia judicial son las personas ingresadas en prisiones y por lo tanto este es un tema urgente, con carácter general y al que le pedimos que preste ya la máxima atención. Pero si le pedimos eso, también le vamos a pedir otra cosa y es que urgentemente también meta mano en el problema de la salud mental en prisiones. Todos sabemos que con los recortes del Partido Popular en el sistema sociosanitario ha habido muchas personas con problemas evidentes de salud mental que han acabado en centros penitenciarios que tienen pocas plazas para ello, pero es que la única solución que ustedes están dando para el problema de salud mental en prisiones no es más psiquiatras, no es más tratamiento, es precisamente una banalización del tratamiento. Cuando eso no tiene consecuencias, ustedes acaban metiendo a personas con graves problemas en primeros grados o regímenes de aislamiento, y eso no se puede hacer en un


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Estado de derecho: vulnera los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, no solo a la salud sino posiblemente a la vida. Por lo tanto, estas dos cuestiones son claves en un primer momento, en un primer rango de protección de derechos.

Si hablamos de actividades tratamentales, hay una escasez fundamental de personal técnico y una falta de individualización de las actividades para el fin que debería tener el ingreso en prisión; si esto es así con carácter general, es más grave todavía en temas de violencia de género. Usted sabe que en muchas ocasiones, y no me lo negará, hay actividades de violencia de género, cursos de violencia de género que duran diez meses, pero a los cuales no es posible incorporarse, lo cual está generando que en condenas cortas de prisión no haya en muchos sitios ningún tratamiento. Yo le podría decir, por ejemplo, que en Extremadura solo uno de cada diez condenados ha adquirido terapia específica y esto es seguir generando un riesgo social evidente y está bajo su responsabilidad.

Podría mencionarle el último informe del CPT, que felicita a España por la disminución del hacinamiento, lo cual entendemos que no es competencia exclusiva de su gestión sino más bien por los cambios en el Código Penal que quitaron los delitos de drogas, impidiendo que en delitos más leves se ingresara en prisión, pero que denuncia varias cuestiones, por ejemplo el problema de los módulos cerrados, donde hay denuncias específicas de malos tratos y ausencia de actividades, con la consecuencia de los problemas que el aislamiento prolongado puede tener igualmente para la vida, para la salud de las personas privadas de libertad. Denuncia el aislamiento durante más de catorce días o aislamientos de catorce días concatenados en relación a sanciones por cumplir; hay sujeciones mecánicas, como sanciones encubiertas ilegales, estamos hablando de problemas graves que se han visto, y ausencia de control por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que se convierten según el CPT en meras autoridades para refrendar lo que ustedes deciden. Ya sé que me va a decir que esto no es competencia suya, pero es que usted suele presumir de que ustedes son una Administración muy controlada porque tienen a un juez de referencia exclusivamente dedicado a eso, pero ustedes saben que manejan en este sentido cierta impunidad derivada de cuál es el funcionamiento en la práctica, insisto, de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, agravado por la consecuencia de que muchas veces las personas privadas de libertad no tienen asistencia jurídica conveniente para poder defender sus derechos, y esto lo sabe usted y lo sé yo.

En cuanto a política penitenciaria antiterrorista, en el tema del yihadismo hay una opacidad absoluta. Nosotros le hemos pedido en sede parlamentaria que nos diera acceso a las órdenes de servicio 4/2014 y a la instrucción 8/2014 sobre radicalización, y usted ha ignorado directamente las facultades de control o de información que este Parlamento, a través de este grupo, le ha pedido para saber cuáles son las situaciones que está ejecutando en la práctica en prisiones. En segundo lugar, y ya se ha dicho aquí, ETA ha desaparecido como organización armada y usted no se ha enterado y no ha aplicado ningún tipo de política relativa a este aspecto. Me ha sorprendido un poco que usted esté defendiendo la dispersión. A mí no me gusta el término dispersión, vamos a hablar de alejamiento -por lo que luego le diré- en términos de eficacia; si fuera en términos de eficacia yo no dudo que ustedes estarían dando porcentajes de personas pertenecientes a grupos o bandas armadas, no hablo solo de ETA, que se han reinsertado, con el concepto amplio de reinserción, en función de estas políticas. Es decir, ya desde un punto de vista académico me resultaría incluso complicado establecer la relación causa-efecto, pero creo sinceramente que usted está de acuerdo con que es una política meramente retributiva, lo sabe y lo aplica, y no tiene más explicación que esto y menos en este momento de la historia. Pero es que hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar, que es que esto no es exclusivo de determinadas personas privadas de libertad, según por pertenencia a banda armada o según lo que han hecho, le pedimos información a su propio departamento para ver cuántas personas en prisiones españolas estaban alejadas de su lugar de origen prácticamente o de residencia. Nos sale una media del 28 %, el 28 % es un problema grave dentro del sistema penitenciario español, que incluye el desarraigo y la falta de posibilidades de reinserción y ese 28 % es un porcentaje como para tener en cuenta. ¿Puede darnos usted alguna razón o alguna de las razones por las cuales en el sistema penitenciario español se está produciendo este desarraigo generalizado y este incumplimiento de la Ley Orgánica General Penitenciaria?

Con respecto a las enfermedades graves, con padecimientos incurables, la instrucción que ustedes sacaron es una infamia.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


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El señor SANTOS ITOIZ: Dos minutos, señor presidente. Ustedes confunden patente con inminente, una cosa es una enfermedad patente y otra es la inminencia, digamos del fallecimiento; cuando una persona pierde el sentido de la pena, sencillamente, mantenerla en prisión es inhumano.

Tengo muchas más cosas sobre trabajo penitenciario, sobre mujeres y niños en prisión, sobre la celda 61... Usted me ha hablado de protocolos, y yo le voy a decir una cosa: ningún protocolo que provoque que una persona privada de libertad acabe comiéndose sus propios excrementos es un protocolo que puede afectar a la dignidad de estas personas, aparte de discutir lo que usted estaba planteando.

Tiene usted un problema evidente con los sindicatos, estamos hablando no solo de agresiones, estamos hablando de la gestión de las becas, estamos hablando de la precariedad de medios personales, de las jubilaciones. ¿Tiene usted algún plan para recuperar los funcionarios y funcionarias que se van a jubilar? ¿Tiene usted algún plan para que los centros, que están abiertos, pero que no hay funcionarios para gestionarlos, se puedan gestionar? Simplemente Archidona, Nanclares, Pamplona, Tenerife, Las Palmas, Alicante, Murcia, Menorca, etcétera.

El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que concluir.

El señor SANTOS ITOIZ: Lógicamente, tendría muchas más cosas que decirle. Sencillamente le voy a pedir al señor presidente que le deje a mi compañero treinta segundos.

El señor PRESIDENTE: Lo siento mucho, señoría, se ha excedido en un 20 %; ha consumido usted todo el tiempo de su grupo y yo lo que no voy a darles a ustedes es privilegios a costa del resto de los grupos. Haber administrado bien su tiempo porque, si sabía que lo iba a compartir con un compañero, lo que me parece muy egoísta por su parte es que se haya excedido en un 20 % del tiempo que tiene concedido todo su grupo parlamentario.

Tiene la palabra el Grupo Socialista, señor Serrada.

El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Yuste, la verdad es que aquí encajonados en esta sala, y después de oírle a usted, uno tiene la sensación de que está en el callejón del gato y que está aquí viendo una realidad absolutamente distorsionada entre la que usted pinta, la que pintan los medios de comunicación y la que pintan los sindicatos de profesionales, que al final son quienes están en el día a día y no quienes están encerrados en un despacho.

Yo quería hacerle tres consideraciones de fondo, tres consideraciones para que entienda cuál es la posición del Partido Socialista en esto. La primera de ellas es una absoluta frontalidad respecto al modelo que tienen ustedes de gestión de Instituciones Penitenciaria. Nosotros creemos que además de esa labor que debe de tener de cuidado y custodia de los internos, también hay otra labor: una labor asistencial que ustedes están desmantelando desde que usted está al cargo de este departamento. La segunda cuestión es que lleva seis años al frente de Instituciones Penitenciarias, corríjame, pero creo que es la primera vez que viene a esta Comisión para hablarnos de qué va a hacer en su cargo, de cuáles son las líneas fundamentales y, siguiendo con esto, acumula usted en lo que va de legislatura siete solicitudes de comparecencia, ni más ni menos, siete, es de los altos cargos del Gobierno que más solicitudes tiene. Creo que solo viene a esta Comisión a hablarnos de presupuestos, no viene a hablarnos de nada más, solamente a lo que le exige la ley y creo que hay situaciones muy graves que están ocurriendo en nuestras prisiones, en las que usted debería ser mucho más, no sé cómo decirlo, rápido a la hora de acudir a esta Cámara, porque hay situaciones de las que estamos hablando que ya han pasado hace tiempo, con lo cual son situaciones, si quiere, que ya no gozan de ninguna actualidad, pero que sí que tienen que ver con ese modelo que usted pretende o que lleva queriendo imponer en Instituciones Penitenciarias.

Mire, voy a entrar ya en algunos detalles, por cierto, detalles en los que usted no ha entrado. Usted ha venido aquí y ha dicho que van a impulsar tres o cuatro cosas, cosas que ya deberían estar hechas, como la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas; ha venido a darnos aquí unas líneas maestras en las que no ha detallado absolutamente nada, con lo cual, si tuviéramos que hacer un balance a priori de su comparecencia, sería una comparecencia que nos podríamos haber ahorrado y podríamos habernos ido todos a casa porque nos hubiéramos quedado absolutamente igual si hubiéramos hecho un seguimiento de las noticias de prensa que van haciendo ustedes, por cierto, cada vez menos.


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Por tanto, la primera cuestión es respecto a una solicitud de comparecencia que habíamos pedido en relación con la celda número 61, de Dueñas. Mire, creo que ha confundido el enfoque; la cuestión no es sobre una denuncia que hace un determinado sindicato, la cuestión es sobre las denuncias que reiteradamente vienen haciendo todos los sindicatos sobre el centro penitenciario de Dueñas. Sin ir más lejos, hoy había una denunciando la situación en la que está ese centro respecto a la limpieza, pero es que es continuo, es un chorreo lo que pasa en ese centro penitenciario, lo que pasa en ese centro penitenciario tendrá algún responsable y digo yo que el responsable será quien gestiona directamente ese centro. La celda 61 es la consecuencia del desmantelamiento y de lo que ustedes pretenden hacer con las UTE, que mi Gobierno puso en marcha, que usted conoce perfectamente, que poco a poco han ido desmantelando y que poco a poco les han ido restando importancia en el sistema penitenciario; al final esto trae consecuencias y la consecuencia es que aparece la celda 61, que es un agujero negro en su gestión y agujero negro lo digo literalmente porque, igual que yo, usted habrá visto las fotografías que han aparecido en diversos medios de comunicación y no es que denuncien solo los sindicatos, lo hemos denunciado nosotros a través de distintas iniciativas parlamentarias y lo han denunciado muchas ONG. Y respecto a las iniciativas parlamentarias, no solo aquí sino sobre otra cuestión que también le plantearé, cada vez que hacemos preguntas, ¡hombre!, no es que queramos que nos contesten a lo que pedimos pero sí pedimos que sean rigurosos a la hora de hacerlo o que por lo menos resuelvan las dudas que tenemos a la hora de hacer la pregunta, porque en esto, como en otras cuestiones, lo que tenemos son mayores dudas cada vez que nos responden.

Ha hecho escasas referencias al personal, a la gente que trabaja en su departamento. Yo le voy a dar algunas pinceladas. En 2004 se incrementaron 4743 efectivos, lo que representó el 20,5 % sobre los efectivos ese mismo año. En 2011 se alcanzaron 25 454 efectivos. A día de hoy hay dos tercios menos de esa cifra y además la edad media de los funcionarios está en cincuenta y cuatro años. Le doy algunos indicadores sobre la situación actual del personal. Según datos que nos aportan los sindicatos, no que nos aportan ustedes porque, como les digo, cada vez que tienen que atender a los requerimientos de este grupo son bastante difusos, en la actualidad no se está cumpliendo la tasa de reposición. La última convocatoria de traslados está sin resolver y, como usted muy bien sabe, esto está generando graves problemas en el ámbito familiar de muchos trabajadores. Pierden personal, no cubren la tasa de reposición y se encuentran con una plantilla próxima a la jubilación; además de todo esto, señor Yuste, tiene usted en la actualidad cárceles sin abrir o tiene cárceles que se convierten en CIE de un día para otro o tiene nuevos módulos esperando para su inauguración. Señor Yuste, cuénteme cómo pretende impulsar en su terminología esta carencia de personal que hay en Instituciones Penitenciarias durante esta legislatura. Tampoco están cumpliendo los acuerdos suscritos que tienen en formación del personal y esto provoca una reducción en la calidad del trabajo que se realiza, además de obligar a muchos trabajadores a tener que buscarse la vida fuera de su horario laboral para poder asistir a cursos. Ha hablado usted de agresiones, dice que hay pocas agresiones en las cárceles españolas. Pues ojalá no hubiera ninguna, y creo que estaremos de acuerdo ahí, pero creo que hay de media en los últimos tres años unas 400 agresiones, según datos que nos han facilitado ustedes.

Mire, desde mi grupo impulsamos esa proposición no de ley, a la que agradezco que ustedes hicieran caso, pero también me gustaría que el relato fuera completo, una proposición no de ley que aquí se aprobó, una proposición no de ley y un acuerdo con el que ustedes llevaban tiempo mareando la perdiz con los sindicatos y una negociación que finalmente se llevó a buen término. Ha dicho usted que existe un grupo de evaluación dentro de su departamento para ver cómo está evolucionando, para ver qué resultados están haciendo. Sí que me gustaría que remitiera a los miembros de esta Comisión qué conclusiones han obtenido en el breve espacio de tiempo que lleva operando este protocolo de agresiones. Y hablando de agresiones, hay un tipo de presos dentro de nuestras prisiones, que son aquellos que están cumpliendo penas que tienen que ver con violencia de género. Sobre esta cuestión nosotros también le queríamos plantear alguna duda que tenemos, sobre todo respecto a información que no disponemos y que nos gustaría disponer. Nos gustaría que nos explicara o que nos aclarara cómo se están cumpliendo o qué requisitos están haciendo para las notificaciones de salidas de personas de centros penitenciarios con sentencias de violencia machista. En cuanto a preguntas sobre cuestiones más concretas, nos gustaría saber cuál es el número de personas que ahora mismo están ingresadas en prisión por delitos vinculados a la violencia machista. Y una tercera cuestión respecto a esto es saber cuántas de estas personas están haciendo cursos de reeducación y cuál es la tasa de abandono de estos cursos.


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Sigo con más cuestiones, señor Yuste. Sabe que desde esta Comisión, igual que le ha llegado esa proposición no de ley y que, insisto, me alegro de que la hayan hecho caso, le habrán llegado más proposiciones no de ley que tienen que ver con la mejora de los medios materiales con la que los funcionarios de prisiones cuentan en la actualidad. Usted sabe que es una preocupación de este grupo y de otros muchos grupos de esta Cámara que todas las personas que ejercen su trabajo y sobre todo las que están al servicio de la Administración, ya que ustedes forman parte del Gobierno, estén dotadas del mejor material. Usted sabe que hay una carencia grave respecto a algunos materiales con los que se está haciendo frente a labores de riesgo y a labores que entrañan muchas veces la integridad física de muchos funcionarios de prisiones, pero también creo que conoce una cuestión fundamental, como es la demanda que últimamente está existiendo entre todos los sindicatos para mejorar las condiciones salariales que tienen los funcionarios de prisiones, unas condiciones salariales que son realmente injustas y que espero que nos aclare de qué manera van a solucionar ustedes este papelón que tienen encima de la mesa. Ya le adelanto que nuestro grupo sí estará a favor de estas reivindicaciones que están haciendo ahora mismo muchos trabajadores del sistema penitenciario, porque lo que no nos parece justo es que mientras hay personas que están cobrando unos sueldos que no son dignos con el trabajo que realizan, haya determinadas personas que se estén repartiendo un millón y medio de euros en concepto de productividad, y ahí es donde nos va a encontrar usted siempre enfrente, señor Yuste. Y espero que nos aclare exactamente qué es lo que van a hacer para solventar esta tremenda injusticia.

Como ha dejado tantos temas abiertos, y yo creo que a lo mejor dentro de su estrategia de comparecencia era que nosotros le diéramos el trabajo hecho y usted ahora juega a la defensiva, continúo con un tema importante, como es el de los centros penitenciarios, que tiene que ver con las grandes inversiones que se han hecho en este país para dotarlo de nuevas prisiones y que ahora mismo están cerradas, prisiones que no es que estén cerradas y no nos cuesten dinero, sino que han costado dinero para hacerlas y ahora están costando dinero, por ejemplo, en conceptos como la seguridad, porque estamos contratando a empresas de seguridad para que nos vigilen centros penitenciarios nuevos, cerrados y que están esperando a que se empiece a funcionar para que haya funcionarios que puedan trabajar en ellos. Ustedes esto lo solucionan a las bravas, si tienen centros vacíos los llenan. ¿Y los llenan de qué?

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor SERRADA PARIENTE: Los llenan de personas que llegan a nuestro país en patera, pero también tratan de hacer trasvases de personal y de funcionarios de una manera un tanto chapucera, como denuncia absolutamente todo el mundo, como está ocurriendo en Ceuta.

Y ya por acabar, por hacer caso al presidente aunque sea por una sola vez, respecto al trabajo productivo usted ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención, y es la capacidad de reinserción que espera que tengan esos trabajos que se hacen en la cárcel. Yo le digo, porque hemos también registrado varias iniciativas sobre esto, o le quiero decir que tenemos muchas dudas sobre lo que nos han dicho; primero, porque no sabemos si se están respetando los derechos laborales de los internos que están trabajando allí; segundo, porque no sabemos exactamente qué tipo de trabajo realizan, y tercero, porque tenemos serias dudas de cómo se está contratando con determinadas empresas, qué contratos se están haciendo, qué producto se está elaborando allí y cuál es el beneficio que se obtiene de eso.

Y ya para finalizar, un breve apunte. Ya que he hablado de seguridad privada, me gustaría saber también cuántas prisiones en nuestro país disponen ahora de seguridad privada para vigilar su perímetro y también me gustaría saber cuál es el coste y cuál es el plan que tiene su departamento para implementar este tipo de seguridad privada en otros centros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Grupo Popular, señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Yuste, por su comparecencia de hoy.

Antes de entrar a analizar su exposición, lo que tengo que manifestar en nombre de mi grupo es que no podemos tolerar, y nos parece indigno, que en esta Comisión la representante de Bildu califique de presos políticos vascos a los terroristas, que están en la cárcel por terrorismo, por secuestro, por


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asesinatos de personas inocentes. Por tanto, no lo podemos tolerar. Hay una doble vara de medir en algunos grupos aquí representados, parece que tienen una sensibilidad muy especial para las familias de los presos por terrorismo y muy poca sensibilidad para las familias de los asesinados, que también se tienen que desplazar, pero para ver las tumbas de sus asesinados, señorías. La política penitenciaria está bajo control judicial, y ustedes, cuando hay sentencias un poco conflictivas, bien que las traen, pero sabrán sus señorías que el 2 de marzo de este mismo año, 2017, el Tribunal de Estrasburgo avaló la política de dispersión de presos de ETA; tiene el aval del Tribunal de Estrasburgo, señorías, y aquí se quiere presentar como si se estuvieran vulnerando los derechos de los presos de ETA, porque parece que solo se preocupan de los presos vascos que son de ETA, porque los presos vascos que están por robo o por otros delitos, parece que no les preocupan a algunos de los grupos políticos aquí representados.

Señorías y señor Yuste, nosotros, el Grupo Popular le pedimos al Gobierno que siga con la política de dispersión, porque hay unos requisitos para el acercamiento y alguno de esos requisitos es colaborar con la justicia para esclarecer muchos asesinatos pendientes de saber y esas familias -la memoria histórica- necesitan saber quién asesinó, quién mandó y ordenó asesinar a sus familiares; tienen ese derecho y están sufriendo porque no hay condena y esclarecimiento de esos hechos y no oigo a nadie hablar de esas familias que están sufriendo ni de exigir a ETA que se disuelva ni de exigir a los presos de ETA que colaboren con el esclarecimiento de esos asesinatos que están pendientes de resolver.

En cuanto a la intervención del señor Yuste y de otros grupos, quiero decir que el Grupo Popular se encuentra relativamente satisfecho con la información que nos ha facilitado. Nosotros también nos entrevistamos con sindicatos de funcionarios de prisiones y no nos ha regañado nadie; no nos ha regañado nadie por reunirnos con ellos y sabemos de las preocupaciones que tienen y compartimos algunas, pero creo que se están resolviendo algunos de los problemas debido a la gravísima crisis económica que se generó durante los gobiernos socialistas, eso es así, en cuanto a una política de que no podría haber tasa de reposición. Había falta de medios económicos y de inversiones y eso se está resolviendo poco a poco.

En cuanto a agresiones, se ha aprobado un protocolo negociado sindicalmente -por supuesto que el objetivo es que no haya ninguna, ninguna agresión a funcionarios-, pero los datos que nos ha dado el señor Yuste son que en el Reino Unido hay 6430 agresiones al año, en Francia 4122, en España, en el 2016 hubo 360, pero en el 2009 hubo 630. Es decir, ha ido reduciéndose el número de agresiones, y ese es un dato positivo. Esa disminución está relacionada también con la disminución de la ratio preso/funcionario, que en 2008 estaba en 2,73 presos por funcionario y en el año 2017, en noviembre, estaba en 2,14. Por tanto, la ratio, que es una manera de decir que se está prestando mejor servicio y también en mejores condiciones para los empleados públicos, ha mejorado. Evidentemente, ha habido tasas de reposición incluso negativas durante años, que empezaron con Gobiernos socialistas, hay que recordarlo, por la crisis económica. La plantilla en 2008 era de 23 256 funcionarios y en 2017 ya son 23 933. Por supuesto, nos preocupa el envejecimiento de las plantillas y, por tanto, hay que seguir con convocatorias que vayan creciendo, con oferta pública de empleo que vaya creciendo. Sobre esto les daré algunos datos. En 2010, prácticamente último año de Gobierno socialista, la oferta pública fue de 267 plazas; luego bajó, en 2011, 2012, pero en 2016 ya fueron 600 y en 2017 fueron 774, es decir, se está sacando oferta pública. Es cierto que algunas convocatorias han quedado desiertas, como la sanitaria, y nos preocupa. Habrá que ver el tema de la salud penitenciaria, porque nos preocupa a todos, pero no se puede decir que los presos españoles no tienen una cobertura sanitaria, porque eso no es cierto. Nos gustaría que fuera la mejor posible, pero ahí tienen mucho que intervenir las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden decir que se lavan las manos respecto a la salud de unas personas que son residentes en sus comunidades. El que está residiendo en una comunidad autónoma, porque trabaja o por lo que sea, recibe la prestación sanitaria de esa comunidad, y aquí se exige al Estado que preste ese servicio, y lo presta, pero desde 2003, señor portavoz del Grupo Socialista, desde el 2003 -repito- deberían haberse hecho las transferencias. Lo digo porque dice usted que vamos lentos, pero hasta 2011 el Partido Socialista también tuvo tiempo de hacer las transferencias, y sabe perfectamente que no es problema del Gobierno, de la Administración General del Estado, sino de muchas comunidades que consideran que esto es un problema y no quieren asumirlo, y son comunidades autónomas gobernadas por Partido Popular y por Partido Socialista. No es problema de quién quiere, es que no quieren asumirlas y quieren lavarse las manos de unas obligaciones que las comunidades autónomas tienen como prestadoras del servicio de la salud en España.


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Por otro lado, escuchando al portavoz de Podemos he oído cosas increíbles. Nos han pintado una Administración penitenciaria que debe estar confundida con la de Venezuela. Señorías, España no tiene un sistema penitenciario como el de Venezuela, eso es así. No pinten tan negros los problemas que pueden existir porque pierden credibilidad. Pintan ustedes un espantapájaros que no existe, señorías, no existe.

Tienen ustedes una fijación. Han hecho unas acusaciones muy duras al señor Yuste. Me hubiera gustado que cuando ustedes se reunieron con las familias de los agresores de los guardias civiles de Alsasua hubieran sido tan duros y no tan permisivos en sus valoraciones, porque parece que el señor Yuste es malísimo y los que agreden a guardias civiles y hacen una especie de kale borroka 2 son gente maravillosa a la que hay que prestarle apoyo moral. Yo creo que incluso se deben estar arrepintiendo de aquello que hicieron ustedes reuniéndose con esas familias. (Risas.-La señora Blanco Garrido: Y se ríen). Aquí nos podemos reír todos. (Rumores). Ah, no; no se reunieron con ellos, no.

El señor PRESIDENTE: Señor Delgado, por favor. Señora Blanco.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Si le contara al señor Delgado lo que opinan las asociaciones de la Guardia Civil de la reunión que tuvo su grupo con las familias de los agresores de Alsasua, no se reiría nada en absoluto, en absoluto, porque la opinión que tienen de eso es muy negativa y lo sabe usted. (Rumores). Pues entonces no se ría.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: La exageración en el tema de Archidona, señorías, también es lamentable. Algunos de los primeros CIE se construyeron sobre cárceles que se cerraron; eran cárceles que no estaban en buenas condiciones y que el Gobierno socialista destinó a CIE. Ahora se trata de una cárcel moderna, que no se ha inaugurado y por lo tanto no es un centro penitenciario, y ante una emergencia, se está dando una solución ocupándola como CIE. No planteen que se mete a los inmigrantes en cárceles, porque es otra exageración, y cuando se exagera en políticas que deberían ser de Estado, uno pierde toda la credibilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para contestar, tiene la palabra el señor secretario durante cinco minutos. Le ruego que mida el tiempo bien.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Me reprocha en este momento la política de dispersión. La política de dispersión ha sido avalada por todas las instancias judiciales nacionales y por la Corte de Estrasburgo. La circular que usted llama cruel es un reflejo puntual y organizativo de la reforma del Código Penal. Y yo acostumbro a cumplir las leyes porque juré eso cuando como funcionario tuve que hacerlo.

Me hace referencia a que quería haber hablado conmigo. Mire, usted no es la representante jurídica legal de ese interno y yo le contesté haciendo una matización referida, en primer lugar, a criterios médicos que yo desconozco, porque la confidencialidad de los datos médicos la tienen los médicos que tratan a esta persona y, en segundo lugar, a razones judiciales, porque el juez de Vigilancia había enviado a dos forenses a ver a la persona por la que usted se interesaba.

En el caso de Sara Majarenas, creo que la Administración, dado el régimen en el que se encuentra, fue suficientemente sensible a la agresión de su hija más que a otra cosa. Que me reproche lo de Kepa del Hoyo, un señor que tiene... (La señora Beitialarrangoitia Lizarralde: No se lo reprocho). Entonces he entendido mal, disculpe. La cárcel es una organización de conflicto y ciertamente imperfecta, y las cárceles españolas son tan imperfectas como las mejores de Europa.

En cuanto al señor Legarda y lo que le dijo el ministro de Martutene, en fin, evidentemente el ministro suele honrar sus compromisos y yo no voy a corregir al ministro, obviamente.

El cumplimiento del Estatuto de Gernika no creo que sea un problema con la Administración penitenciaria. En cualquier caso, las transferencias se negocian con las administraciones públicas, o sea, nos pueden pedir algún criterio técnico, pero la transferencia a las comunidades no es bilateral entre la Administración penitenciaria y el Gobierno Vasco.


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Respecto a los internos gravemente enfermos o la política de excepción, una de las señas de identidad de la vía Nanclares eran los encuentros restaurativos, que, efectivamente, yo cambié por los encuentros reparadores. Entiendo que cuando alguien va a cumplir un requisito legal, que es pedir perdón a la víctima, el perdón tiene que pedirlo a aquella víctima que él ha causado y no hacer una reflexión sobre las bondades del arrepentimiento, que son obvias.

En cuanto al tema de la desaparición de ETA y de que ETA no mate, le diré que ETA en este momento intenta controlar a sus presos con la misma intensidad con la que lo hacía hace años y un ejemplo patente es el de Murcia, donde recientemente la organización ha expulsado a un preso por discrepancia. Por tanto, algunas políticas han sido eficaces. Me preguntaba el responsable de Podemos si teníamos datos estadísticos de la eficacia de la dispersión en la política penitenciaria. Evidentemente. Miren, desde las dos amnistías, de los reclusos de ETA que han pasado por la cárcel ha reincidido menos del 1 %. Esa es la capacidad de la Administración de hacer de un terrorista una persona con capacidad y voluntad de vivir respetando la Ley Penal, y si tiene usted algún interés... El problema es que todo lo que usted ignora no es que no exista, es que simplemente lo ignora, y hace de esa ignorancia un acta de notario que lo que pretende es ridiculizar, insultar a los demás y administrar la descalificación con largueza de vocabulario, así que me va a permitir que yo también le traslade alguna referencia.

Respecto a los presos gravemente enfermos, se cumple la ley. Es una prerrogativa del juez de Vigilancia, y el Poder Judicial es un poder independiente en este país, y la Administración penitenciaria no puede trasladar decisiones a los poderes independientes.

En cuanto a la acumulación de condenas, como se ha traspuesto la decisión marco, a mí me consta que algunos presos de ETA se han beneficiado de las condenas que cumplieron en Francia, algunos de la vía Nanclares. Si tienen interés, luego les digo cuáles son. Permítanme que vaya tan rápido. Si tuviera más tiempo me podría detener de forma más puntual en lo que ustedes dicen.

Respecto a Ciudadanos, hay reflexiones de verdugos que se disfrazan de víctimas. Normalmente, los verdugos más abyectos suelen ser los que se disfrazan de víctimas. Evidentemente, las circulares y las instrucciones son generales. No se trata de forma distinta a un enfermo que es terrorista y a un enfermo que no lo es, más que en la medida de que el legislador español, por una amplia mayoría, se ha precavido de que personas que cometen delitos tan graves y que han dado muestras de una resistencia a asumir planteamientos absolutamente elementales de convivencia tengan periodos de seguridad o exigencias como pedir perdón a las víctimas, colaborar con las autoridades, etcétera. No vamos a dar vueltas.

Efectivamente, el nivel de tolerancia cero con las agresiones es el que nos ha movido a realizar el protocolo al que ha hecho referencia, que fue instado, entre otros y con un protagonismo muy importante, por su grupo. Estamos abiertos a trasladarles cualquier avance, porque, evidentemente, es un programa que se va nutriendo de los elementos y de las circunstancias que se van aportando desde la experiencia en los centros al grupo que lo hace.

Respecto a los funcionarios y su número, se nos achaca, como si el Partido Socialista no hubiera gobernado nunca, la situación de los sueldos de los funcionarios de la Administración penitenciaria. Cada uno tiene el amor a sus propias tesis y puede juzgarse con toda la indulgencia que considere oportuna, pero en este momento la ratio de interno por empleado público es la más beneficiosa de los últimos diez o doce años con diferencia. Es cierto que ha habido una rebaja sustancial en la población reclusa, pero es un hecho igualmente testado. Y en cuanto a cómo vamos a afrontar los temas de personal, lo que hay que ver es cómo los estamos afrontando. Se nos reprocha que hay departamentos vacíos en las cárceles, cosa que es verdad. Son departamentos que yo heredé con una oferta de empleo público, que gestionó el Partido Socialista en 2011, de 84 funcionarios, 84; este año hay 774. Si ese hecho no le sugiere a su señoría ninguna reflexión, mucho me temo que mi capacidad dialéctica no va a poder alumbrar nada positivo en este momento.

También tengo que decir a Ciudadanos, que el protocolo ha mejorado razonablemente. ¿Estoy satisfecho del protocolo? Razonablemente. No puedo estar satisfecho mientras haya una situación de conflicto que yo debo, evidentemente, intentar superar, pero tengo que tener un planteamiento realista y compararnos con otros momentos. Asimismo, el miembro del Partido Socialista se escandalizaba de las 269 agresiones que había habido en 2017, en este momento, mientras contemplaba con absoluta normalidad las 630 que hubo en 2009 o las 475 que hubo en 2010. Oiga, yo creo que hay que tener un poco de cuajo para tranquilizarse en el incendio y escandalizarse del rescoldo.

Respecto al malestar por la productividad, tengo que decir que nosotros hemos hecho un reparto de productividad porque los funcionarios directivos tienen un nivel de dedicación y de incidencias que no


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tienen otros colectivos. En este momento, el poco atractivo de la función directiva en Instituciones Penitenciarias está ligado en parte a esa mayor disponibilidad y, desde luego, en ese reparto están perfectamente explicadas las causas.

Respecto a la cárcel de Archidona le puedo decir que la Administración penitenciaria recibe los centros llave en mano de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y todavía no ha recibido el centro de Archidona, por lo que no puede pretender imputar a la Administración penitenciaria cualquier decisión de ese tipo. Usted comprenderá que yo no le pueda contestar a ese tema.

El tono de los representantes de Podemos, no voy a decir que me ha extrañado, pero tampoco voy a decir que me ha dolido. Uno con el tiempo elabora cierta costra. Hay insultos que ennoblecen determinadas tareas y algunos me los tomo en esa línea.

Habla su señoría de los problemas de salud y me cita los centros de Ocaña I y Ocaña II. En la relación de puestos de trabajo de Ocaña I hay dos médicos y cinco ATS. Yo soy de un pueblo de la Serranía de Cuenca. Compare usted la atención sanitaria que se dispensa con ese número de efectivos a los internos privados de libertad y la que tienen algunos de mis paisanos y eso le contestará. La escasez de personal técnico no sé de dónde la saca usted, sinceramente. Las sujeciones mecánicas, evidente. El CPT hace una crítica que nosotros hemos respondido de forma puntual, pero el informe del CPT se refiere a otras muchas cosas, como el escaso número de quejas que ha recibido sobre malos tratos o cómo estas se concentran en menos del 2 % de la población reclusa, que son los internos que están en centros cerrados. Y no sé si usted comparte también la opinión de que los jueces de Vigilancia se dedican a estampillar papeles o que el Poder Judicial no esclarece algunos de los supuestos malos tratos que existen en las cárceles. Si usted cree que no hay división de poderes en este país y que lo que hacen los jueces es también decisión del Ejecutivo o, muy modestamente, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, evidentemente coincide con algunos colectivos, con los que no quiero compararle, que también sustentan esa misma opinión.

Califica usted de infame una circular -insisto- que es un reflejo de las modificaciones legales que han sido avaladas por las Cámaras. No sé si usted lo que pretende es que también yo deserte de la obligación de cumplir la ley y le pida opinión sobre lo que debo hacer. Evidentemente, tenga la certeza de que si me aplaudiera usted me plantearía dudas sobre si estoy acertando.

En cuanto al PSOE y lo del callejón del gato, bueno, eso de que estamos desmantelando un modelo no sé por qué lo dice. Ha hecho referencia concretamente a que no se había resuelto un concurso de traslados, cosa que no es cierta. Respecto a la mejora de medios materiales y de las condiciones salariales, mire usted, yo voy a apoyar cualquier iniciativa que mejore la retribución de los funcionarios, pero me parece que a usted no se le escapa que no tengo un saco de billetes debajo de la mesa de mi despacho. Y, mire, yo estoy encantado de venir a comparecer aquí; lo hago cuando me lo dicen, creo que eso es bastante obvio.

En cuanto a las UTE, no son creación de su Gobierno, o sea, las UTE ya existían. El problema es que usted me dice eso a mí, que llevo muchos años para saber qué son módulos terapéuticos y cómo han evolucionado. Yo he apoyado los módulos de respeto, por ejemplo, cuando nacieron, en los años 2004 o 2005, y no le voy a restar ningún mérito a la señora Gallizo por haberlos impulsado, porque es una iniciativa de alto valor terapéutico que comparto, pero tampoco debería usted decir aquí la primera ocurrencia que tenga solo para dar la sensación tremendista de que estamos ante una situación absoluta.

Dice que hemos mareado la perdiz en el protocolo. Oiga, este protocolo de prevención de agresiones se ha gestado en este momento, se ha gestado cuando se ha gestado, cuando se ha pedido, y se ha gestado de la mejor manera posible.

El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): No entiendo por qué mi antecesora no se planteó este problema con datos mucho más escandalosos. Volvemos al mismo tema.

En cuanto a la seguridad privada, usted sabe perfectamente, porque lo hemos repetido hasta la náusea, que la seguridad perimetral de los centros no depende de la Administración penitenciaria, depende de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y quien gestiona ese contrato es la Secretaria de Estado de Seguridad. Por lo tanto, usted puede repetir las cosas cuantas veces quiera y puede pedirme a mí explicaciones de lo que no es mi competencia ni mi responsabilidad. En esta legislatura no se ha


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privatizado ninguna actividad que hayan realizado los funcionarios de Instituciones Penitenciarias de forma histórica, ni una.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno de réplica de un minuto.

Grupo Mixto.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias.

En primer lugar, quiero dejar claro que yo considero que el alejamiento y la instrucción cruel referente a los presos enfermos no hay que aplicársela a nadie, sea cual sea la causa que le haya llevado a prisión. Digo esto por si alguien intenta volver a malinterpretar las palabras de esta que les habla.

Yo entiendo que al Gobierno no se le pide generosidad, se le pide respeto de los derechos humanos, justicia y legalidad. La instrucción a la que se ha referido el señor Yuste diciendo que es la ley es una interpretación de aplicación que ha hecho el Gobierno que no se ajusta a la ley. La ley en ningún sitio dice que alguien tenga que estar al borde de la muerte para poder acceder a la libertad condicional. Además, ha utilizado usted otra serie de términos antes que entiendo que precisamente me dan la razón en esto.

Y en cuanto al tema de Ibon Iparragirre, yo lamento realmente que no hayamos tenido la oportunidad de conversar, porque en nada pretendía entrar a datos privados. Solamente con los datos que se conocían por la prensa, había una cuestión que usted y yo podíamos haber tratado. No me va a contestar hoy, porque seguramente no es el lugar ni el momento, pero es la pregunta que quedaba latente, y es si, al margen de lo que decidieran hacer los médicos y el juez de Vigilancia Penitenciaria, no le parecía a usted que era el momento de que este preso fuera trasladado a una cárcel cercana para que los médicos del exterior también pudieran hacer un seguimiento en mejores condiciones. Y esa sí es una cuestión que le compete a usted y que, al margen de conocer los detalles del informe médico o no y de lo que en ese momento se estuviera haciendo, podía haber sido tratada. Espero que en un futuro y con alguna otra cuestión sea posible hacerlo. Desde luego, tendrá a esta diputada dispuesta a hablar de cualquier tema cuando lo considere oportuno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Vasco, señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Aprovecharé el minuto que se me da. Me he sentido aludido de manera indirecta por alguna manifestación de algunas de las personas que se encuentran aquí y quisiera matizar tres cosas. La primera, que he intentado ser cuidadoso con los temas que he tratado, porque sé el dolor que causan. Por eso he puesto en primer lugar a las víctimas, sus derechos y su dolor por el injusto daño sufrido; en segundo lugar, la exigencia de la desaparición de ETA, y en tercer lugar, que cualquier forma de terrorismo es una vulneración de los derechos humanos. También quiero poner de manifiesto que en ningún momento de mi intervención he cuestionado la legalidad de las penas de los miembros de ETA condenados por sus crímenes. Por último, quiero decir que simplemente hemos manifestado desde el Partido Nacionalista Vasco que consideramos que hoy en día esas penas legítimas pueden cumplirse de otra manera.

Nada más, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Ciudadanos, señor Salvador.

El señor SALVADOR GARCÍA: Muy brevemente. Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero decirle al compareciente que la intervención de Ciudadanos ha sido racional, que no ha sacado las cosas de contexto y que no ha utilizado el alarmismo en ningún momento, es más, hemos partido de un diagnóstico amable y, a partir de ahí, hemos dicho que había que revisar para mejorar y corregir cosas. Usted nos ha interpelado a cada uno y le he notado un poquillo a la defensiva. Yo creo que usted está compareciendo en calidad de lo que representa; todos lo entendemos y le hacemos las preguntas que le tenemos que hacer al responsable de Instituciones Penitenciarias, que creo que son correctas.


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Por ejemplo, con respecto al tema de Archidona, usted ha vuelto a decir que no han recibido el llave en mano que yo le había dicho. Por eso le digo que entonces podemos dedicar la instalación a un albergue, a viviendas para personas que en este momento tengan problemas para ver garantizado ese derecho constitucional o podemos darle también un uso de turismo penitenciario. Podemos hacer lo que queramos, porque tenemos una instalación ahí que está terminada, pero lo que le quiero decir es que si se ve que a inmigrantes que están llegando a nuestras costas se les introduce en una cosa que se llama cárcel de Archidona, aunque todavía no tengan la entrega de llave en mano, es una mala imagen y podemos confundir a la gente. Yo creo que eso lo entiende también todo el mundo, seguro. A partir de ahí, ¿le culpo a usted y a Instituciones Penitenciarias de esa decisión? Estoy diciendo que seguramente es el Gobierno el que ha tomado esa decisión y, además, hemos sido comprensivos con que haya tenido que tomar una decisión de excepcionalidad. Por eso le he preguntado en primer caso si le parecía normal, y lo que no me ha contestado es cuánto tiempo iba a durar esa situación y si se estaban previendo medidas. También es verdad que en vez de dedicarle este minutito a usted, se lo tenía que haber dedicado al portavoz del Grupo Popular, que ha contestado todas las preguntas que iban dirigidas a usted. Creo que eso es por su ardor guerrero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Podemos, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Sobre el tema de Picassent, por el que habíamos pedido su comparecencia, ha dado usted antes una pincelada, pero una pincelada muy triunfalista. La verdad es que la comparecencia la pedimos en el mes de agosto del año 2016, referida al primer semestre del año 2016, con unos datos que aparecieron publicados en los medios de comunicación, que fueron proporcionados por los sindicatos y que contradicen claramente los datos que usted maneja. Ellos hablaban de al menos 800 incidentes graves en el centro penitenciario de Picassent y, efectivamente, esto no concuerda para nada con los datos que usted ha dado en su comparecencia. La verdad es que choca, choca mucho esa disfunción entre los datos de los sindicatos y los datos que da usted sobre un centro penitenciario como es el de Picassent, que ha aparecido en los medios de comunicación por sus muchas deficiencias, deficiencias que he tenido el honor o el placer de trasladar al Gobierno mediante preguntas por escrito, algunas de ellas todavía pendientes de resolución, que muestran las deficiencias de ese centro penitenciario, en una situación muy alejada de esa idealidad que usted plantea dentro de esa visión magnífica que usted, como responsable de Instituciones Penitenciarias, se abroga como el gran intérprete, mientras nos dice a los demás que si nos hiciese usted caso algo mal estaría haciendo. Es demasiado prepotente y le critico esa aseveración que acaba de hacer respecto a la intervención de mi compañero, Eduardo Santos, que ha sido magnífica y que ha puesto los puntos sobre las íes en los problemas de la política penitenciaria española que usted lleva comandando ya desde hace demasiados años.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Socialista, señor Serrada.

El señor SERRADA PARIENTE: De manera telegráfica, quiero decirle tres cosas, señor Yuste. La primera es que tiene razón; ya le digo que la capacidad dialéctica para convencerme no se la voy a reconocer, lo que sí le voy a reconocer es la capacidad que tiene usted para echar balones fuera, para no responsabilizarse de nada y echar la culpa a otros, a la herencia. Pero la herencia, señor Yuste, es la suya. Usted está gestionando su herencia, sus decisiones, porque lleva seis años en el cargo. Por tanto, no eche la culpa a otros de lo que usted no quiere, no sabe, no puede o no le dejan hacer, como en el tema presupuestario.

Y por último, le voy a hacer un ruego, y es que todas las peticiones de información que hemos hecho nos sean remitidas en el más breve espacio de tiempo posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor Martín-Toledano.


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El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero trasladar al señor Yuste, para que se lo haga llegar a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias, la defensa del Grupo Popular de su trabajo. No vamos a tolerar que se hagan acusaciones, sin que se aporten pruebas, de que practican malos tratos, no lo vamos a tolerar, y pueden contar con todo nuestro respaldo en su trabajo ordinario. Si hay alguna circunstancia especial individual, ya será denunciada y será perseguida judicialmente, pero no se puede extender un velo de sospecha.

En cuanto a las condiciones laborales, respaldamos que se mejoren las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones y de todos los funcionarios públicos. Quiero recordar, porque algunos tienen poca memoria, que el real decreto de 2010 del señor Zapatero bajó de media a todos los empleados públicos un 5 %. Por tanto, creemos que esa negociación que se está llevando a cabo en Función pública para incrementar hasta un 7,5 % en tres años las retribuciones a los empleados públicos es muy justa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para cerrar, tiene la palabra el señor secretario general.

El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Únicamente querría decirle a la representante de Bildu que realmente nosotros entendemos que la legalidad de la circular es impecable, que nadie ha impugnado legalmente esa legalidad, porque no violenta entendemos normas de rango superior, y el interno al que usted se refería en su momento estuvo en un régimen flexible del artículo 10.2 en su casa con una pulsera telemática, y fue la audiencia la que le revocó después de que le condenaran nuevamente por delitos gravísimos. Únicamente quería trasladarle eso.

Desde luego quiero agradecer el tono del señor Legarda, pues probablemente en el ardor de la dialéctica yo tampoco haya podido embridar mi vehemencia, pero en cualquier caso sí que le agradezco el tono. La legitimidad de las penas la trasladan los ciudadanos a través de su voluntad en las leyes, y desde luego entenderá que no pueda trasladarle claridad en una visión que puedo entender muy razonable, pero que desde luego a la hora de objetivarla hay que buscar si la pena es legítima o no en función de si responde a planteamientos legales.

Al portavoz de Ciudadanos le pido disculpas si realmente, insisto, mi tono ha resultado demasiado desabrido; no pretendía desde luego hacerlo; yo le agradezco su tono, que siempre es amable, y desde luego en las veces que he comparecido me ha parecido constructivo. Vuelvo a decir que sobre el tema de Archidona se ha pronunciado el ministro, y en consecuencia no parece razonable que yo entre a hacer ninguna valoración.

Realmente nosotros tenemos muchos problemas, como cualquier organización imperfecta, y no es que nos falten ideas ni desde luego que entendamos o podamos asumir que el sistema se está envileciendo. A nuestro juicio el sistema mejora, probablemente no con la velocidad que fuera deseable, pero entendemos que admite una comparación absolutamente ventajosa con los países más avanzados de Europa.

En cuanto a Picassent yo recuerdo haber contestado -perdón, estoy intentando contestar al portavoz de Podemos- en agosto de 2016; si usted prefiere creer otros datos como usted comprenderá yo no cuento los incidentes, lo hacen funcionarios dentro de una actividad profesional, a mi juicio profundamente necesaria en un Estado de derecho, y respecto a las eventuales carencias de un complejo como el de Picassent se han hecho inversiones que, si usted tiene interés, yo se las puedo hacer llegar... (El señor Sixto Iglesias: Ya las hemos pedido). Entonces nosotros las trasladaremos porque las inversiones son públicas, es difícil sacarlas de la chistera para justificar ante una determinada circunstancia.

Al PSOE le diré que mi herencia puede ser de seis años, pero la Administración penitenciaria para bien o para mal tiene más memoria, y yo creo que por ejemplo los centros penitenciarios los inician unos gestores, los construyen otros, y son unos terceros los que tienen que ponerlos en funcionamiento. Si tiene interés yo le puedo trasladar las dificultades objetivas para que con un descenso tan previsible y tan evidente de la población reclusa se optara por la idea de contratar nuevos centros penitenciarios, algunos como en Soria donde la justificación criminológica o penitenciaria es bastante discutible, y en qué medida los que tenemos que recoger esa herencia no es de esos cinco años, sino de decisiones anteriores, como la señora Gallizo tuvo que asumir decisiones mías de la etapa anterior. Y yo creo que en una política de Estado, en una actividad como la penitenciaria, donde el margen es tan relativo en cuanto a que está muy condicionada por la legalidad y por el control judicial, no parece razonable que se imputen al que está en un momento todas las carencias históricas que no se han podido hacer, y no lo hago en tono de disculpa.


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Respecto a la transferencia sanitaria la primera referencia obligatoria no está en la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario de 2003, que efectivamente es del Partido Popular, está en la Ley General de Sanidad, de Ángeles Amador, que era de un Gobierno socialista, porque en ese tema no hay ideología, simplemente es una búsqueda de eficacia. Y si me permite una opinión, forzosamente modesta en esa materia, más que evitar elementos ideológicos arrojadizos deberíamos construir una alternativa que creo, insisto, que no tiene ideología.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general; muchas gracias a los miembros de la Comisión y a los servicios técnicos.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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