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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 355, de 26/10/2017
cve: DSCD-12-CO-355
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 355
DE DERECHOS DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL MAR GARCÍA PUIG
Sesión núm. 7
celebrada el jueves,
26 de octubre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Secretaría Segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000029)... (Página2)

Proposiciones no de Ley:

- Relativa a impulsar medidas de apoyo y protección a los menores extranjeros no acompañados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001190) ... (Página2)

- Relativa a la protección de los derechos de los niños extranjeros no acompañados (menores extranjeros no acompañados). Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002170) ... (Página2)

- Relativa a incluir la atención temprana dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001430) ... (Página8)

- Sobre la necesaria armonización de la atención infantil temprana. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002162) ... (Página8)


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- Relativa a la mejora de la seguridad en centros educativos. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001742) ... (Página12)

- Relativa a promover medidas de prevención de lesiones no intencionales en la población infantil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002152) ... (Página16)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000029).

La señora PRESIDENTA: Buenos días. Se abre la sesión. Procedemos a la tramitación del orden del día: en primer lugar, elección de la Secretaría Segunda de la Comisión. Se ha hecho llegar a esta Presidencia la candidatura de don Félix Álvarez Palleiro por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Podemos aprobarla por asentimiento? (Asentimiento). Gracias. Ruego al nuevo miembro de la Mesa que pase a ocupar su puesto. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A IMPULSAR MEDIDAS DE APOYO Y PROTECCIÓN A LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001190).

- RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS (MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002170).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ya al debate y votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley relativa a impulsar medidas de apoyo y protección a los menores extranjeros no acompañados, del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo debate se acumula al de la proposición no de ley relativa a la protección de los derechos de los niños extranjeros no acompañados, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No se han presentado enmiendas. Para la defensa de sus iniciativas intervendrán las portavoces de los grupos parlamentarios proponentes, que recordemos que disponen de un tiempo de siete minutos. En primer lugar, tiene la palabra la señora Galovart, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora GALOVART CARRERA: Gracias.

Buenos días. Desamparo, soledad, miedo, violencia, riesgos de todo tipo y muchos sufrimientos son términos que ayudan a visibilizar lo que se conoce bajo el acrónimo de MENA. En España entre 3500 y 4000 menores extranjeros no acompañados se encuentran en la situación descrita, en un agujero negro donde se vulneran principios como el interés superior del menor y el de no discriminación, así como derechos reconocidos en nuestra legislación y en la Convención sobre los Derechos del Niño. La vulneración de derechos se lleva a cabo a pesar de que la convención, de carácter vinculante para España, obliga a adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la misma. Derechos que deben ser aplicados a todos los niños y niñas y, por lo tanto, también a los MENA, pues son niños de conformidad con el artículo uno de la convención.

Así las cosas, la iniciativa transaccionada que presentamos tiene por objeto mejorar la vida de esos menores y conseguir que disfruten de forma efectiva de los derechos de la mencionada convención. En la fase de localización y protección de los MENA por los servicios de protección competentes se produce una vulneración de los artículos 1, 2, 3, 12, 20, 22, 24, 34 y 35 de la convención, por lo que se insta al Gobierno a garantizar que las administraciones competentes asuman la tutela ex lege de todos los menores que se encuentran en situación de desamparo. Y es que si bien es cierto que la entidad pública correspondiente está obligada por ministerio de la ley a tutelar a todos los menores desamparados,


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también lo es que en los MENA esa solución ex lege de la tutela sufre demoras porque, una vez localizados, su ingreso en el sistema de protección no se lleva a cabo hasta que, previo pronunciamiento de la determinación de la edad, se comprueba su minoría de edad. Ha de señalarse que el defensor del pueblo considera que una vez constatado que un menor se encuentra en situación de desamparo, los servicios de protección competentes tienen la tutela del mismo por ministerio de la ley. La no entrada inmediata de un MENA en el sistema de protección trae como consecuencia que no se proceda a la tramitación del desamparo, la asunción de tutela ni tampoco a la tramitación de su residencia, por lo que el menor no recibe la protección y el cuidado necesarios para su bienestar. Se vulnera de esta manera el principio del interés superior del menor al no asegurarle ni sus derechos ni sus necesidades básicas, físicas, materiales y emocionales. Esta actuación de la Administración constituye una práctica discriminatoria por razón del origen, pues no se lleva a cabo en el caso de menores nacionales en situación de riesgo o desamparo, que ingresan inmediatamente en el sistema de protección una vez son identificados.

En la PNL también se insta al Gobierno a reformar la Ley de extranjería y su reglamento para otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo. La razón de ser de este punto es que las administraciones competentes no solicitan la autorización de residencia para los MENA hasta que transcurren nueve meses desde su puesta a disposición en el sistema de protección. De acuerdo con el artículo 35.7 de la Ley de extranjería, la autorización de residencia se otorgará al menor a instancia del organismo que ostenta la tutela; por lo tanto, no de forma automática ni a petición del interesado. Además de ser una recomendación del defensor del pueblo, la justificación de esta instancia estriba en que el registro inmediato de los datos de todos los MENA tras ser localizados constituye una herramienta fundamental para su protección efectiva, así como para su localización en caso de ausencia del centro de protección asignado. Otra instancia al Gobierno es para reformar el Reglamento de extranjería, en concreto el artículo 190.5, a fin de garantizar la asistencia de un letrado con formación específica en el procedimiento de determinación de la edad. La razón de este punto se encuentra en la necesidad de garantizar la defensa del interés superior del menor y el derecho a ser oído. El artículo mencionado que se pretende reformar no prevé la asistencia de abogado de oficio, y menos especializado en el procedimiento de determinación de la edad, ni tampoco lo prevé el protocolo marco, de ahí que también solicitemos su derogación, como más adelante expondré. Sin embargo, la resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 2013 exige a los Estados miembros que, tan pronto como llegue un MENA a su territorio y hasta que se encuentre una solución duradera, velen por la asignación de un guardián o persona responsable de acompañar, asistir y representar al menor en todos los procedimientos. Asimismo, el Parlamento Europeo reclama que esa persona tenga formación específica en los retos que afrontan los menores, en la protección del niño y sus derechos, así como en la ley de asilo e inmigración.

En la fase de identificación y documentación del MENA por vulneración de los artículos 2 y 3 del convenio, en la PNL se insta al Gobierno a reformar la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, artículo 12.4, para garantizar que ningún MENA que tenga documentación acreditativa de su edad, sea sometido a un procedimiento de determinación de la edad de acuerdo con la Ley de extranjería y la doctrina jurisprudencial. La razón de este punto está en que los MENA que poseen documentación que acredita su minoría de edad son considerados extranjeros indocumentados y sometidos de manera sistemática a procedimientos de determinación de la edad. Así resulta que el Ministerio Fiscal viene disponiendo la realización de pruebas médicas a MENA de cuya documentación resulta la minoría de edad, sin entrar a discutir previamente la validez de los mencionados documentos. Esta práctica es contraria a derecho de conformidad con la doctrina jurisprudencial fijada en el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014, al interpretar el artículo 35.3 de la Ley de extranjería. Y así resulta que la mencionada jurisprudencia establece que el inmigrante de cuyo pasaporte o documento de identidad se desprenda su minoría de edad, no puede ser considerado un extranjero indocumentado ni puede ser sometido a pruebas complementarias de determinación de la edad, por lo que cabe cuestionar, sin una justificación razonable, por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. No en vano el propio Tribunal Supremo ha recordado en sus sentencias la citada resolución del Parlamento Europeo al establecer que un MENA es, ante todo, un niño expuesto a un peligro potencial y que la protección de los niños, y no las políticas de inmigración, debe ser el principio rector de los Estados miembros de la Unión Europea, respetándose el interés superior del niño. En definitiva, se puede señalar que para el Tribunal Supremo la condición de menor y su protección se


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antepone a su condición de inmigrante y a las políticas inmigratorias. En el sentido jurisprudencial antes mencionado el defensor del pueblo ha formulado numerosas recomendaciones que no han sido aceptadas por las administraciones a las que iban dirigidas.

Otro punto de la PNL es la derogación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los MENA. Se insta a la derogación de este protocolo suscrito poco antes de fijarse la posición doctrinal mencionada, aunque publicada con posterioridad, por ser contrario al espíritu jurisprudencial de anteponer la condición de menor a la de inmigrante. En el apartado sexto del capítulo II se establece en determinados supuestos la posibilidad de incoar procedimiento de determinación de la edad para menores indocumentados. Sin perjuicio de todo ello ha de señalarse que el próximo 23 de enero esta cuestión va a ser resuelta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en virtud de un recurso de casación interpuesto en su día. El resultado de la aplicación del protocolo es que cada semana quedan en la calle menores extranjeros que están documentados como menores de edad. Ello conlleva que al ser considerados mayores según las pruebas realizadas, no están bajo el paraguas de protección de menores. Sin embargo, al ser menores según su documentación -por cierto, nadie procede a su invalidación- no pueden acceder a las prestaciones ni a los servicios ni a los dispositivos destinados a los mayores. En definitiva, sin duda se puede decir que los MENA se encuentran en un absoluto limbo jurídico y social, como consecuencia de la aplicación del protocolo antes indicado.

En cuanto a la fase de los MENA cuando cumplen los dieciséis y los dieciocho años, la justificación de nuestra iniciativa es asegurarles la autorización de trabajo porque nos encontramos que al llegar a la edad laboral no la pueden solicitar y no se les concede. Por ello al alcanzar los dieciséis años es necesario asegurar esa autorización y prepararles para su plena autonomía. Para finalizar, señalaré brevemente que la PNL presenta también dos iniciativas en relación con los MENA que viven en la calle. No explicaré este apartado ni el referido al reforzamiento de las políticas de reasentamiento y reubicación, que también se presenta en la PNL, por falta de tiempo.

El resumen de lo expuesto, señora presidenta -gracias por su generosidad-, es que es preciso que el Gobierno en todos estos puntos ponga fin en el sentido indicado a la situación de intemperie de derechos en que se encuentran los MENA, abrigándolos con los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que disfrutan de los mismos derechos que los menores nacionales, pues como ellos son también niños.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Galovart.

Es el turno ahora de la señora Belarra.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, creo que es muy importante que sepamos de qué estamos hablando hoy con esta iniciativa que trae mi grupo, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y estamos hablando de que se garanticen en nuestro país los derechos de todos los niños y niñas. También los derechos de aquellos niños y niñas que al encontrarse en los márgenes y en situaciones de especial vulnerabilidad por no adaptarse a los estereotipos infantiles occidentales, ven cómo cada día sus derechos se vulneran de una manera que, además, es sistemática, premeditada y estructural. Hoy traemos aquí una iniciativa que, en palabras de la Observación General número seis del Comité de los Derechos del Niño y de distintas resoluciones de la Unión Europea, son los derechos de los menores extranjeros no acompañados. El hecho de que se les haya dado este nombre y después de menores vaya la palabra extranjero, pone encima de la mesa uno de los principales problemas, y es que por parte de las administraciones y de las instituciones se ha considerado a estos menores más como extranjeros cuya presencia en Europa hay que controlar, limitar y reducir, que como lo que son; es decir, niños cuyos derechos tenemos la obligación de proteger. Quiero dejar esto claro desde el principio. Por eso tenemos la obligación de cambiar, en primer lugar, nuestra forma de nombrarlos. De ahí que en mi intervención me refiera a ellos como lo que son, niños y niñas que emigran solos sin un adulto de referencia.

Siempre creo que esta Cámara es muy fría y quiero que vean a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de MENA, cuando hablamos de niños que emigran solos, niños y niñas que podrían ser cualquiera de nuestros hijos. Estos niños sufren con especial virulencia la violencia que ya hemos denunciado en muchas ocasiones, la violencia en las fronteras, y la sufren porque no existen vías legales y seguras para inmigrar a nuestro país. Señorías, me gustaría preguntarles en esta Comisión si dejarían


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a sus hijos vivir una situación como esta; si dejarían a sus hijos hacer risky y andar por una escollera de esta manera. Yo estoy segura de que la respuesta es muy clara: no, no les dejarían. Entonces, yo me pregunto por qué hay niños y niñas en este país para los que esto sí es asumible, sí es tolerable y sí es aceptable. En mi grupo desde luego consideramos que no es aceptable, que no es tolerable y en un día como hoy, en el que defiendo esta iniciativa, no puedo dejar de tener un recuerdo para Osama, que murió en mayo de 2015 al perder el agarre de la cuerda que lo sostenía cuando bajaba el muro de la escollera, o para otro chico que venía de Nador e intentaba llegar a Melilla y murió ahogado. Como tampoco podemos olvidar al niño que ese mismo año 2015, en Nochevieja, se ahogó y se tardó una semana y un día en encontrar su cuerpo porque no había ninguna autoridad que lo estuviera buscando.

Estos niños y niñas sufren las violencias transfronterizas porque se ven obligados a entrar ilegalmente en España porque, como decía, no hay ningún mecanismo legal y seguro para entrar. Además, sufren unos niveles altísimos de lo que hemos llamado violencia institucional, que se concreta en cosas muy específicas. En primer lugar, sus documentos de identidad son considerados sistemáticamente inválidos. Y esto no deja de ser paradójico porque esos mismos documentos que sí sirven a la Policía Nacional para expulsar a las personas extranjeras, no sirven para determinar la edad de los niños y las niñas y proteger sus derechos. Esto es algo que desde luego nos parece intolerable, dice poco de la calidad de nuestra democracia y dice poco de nuestro compromiso con los derechos de la infancia, que no es otra cosa que nuestro compromiso con los derechos humanos. A estos niños se les somete de manera sistemática a una prueba médica que fue creada hace décadas para personas caucásicas, que tiene un margen de error de más/menos dos años, y con la que, casualmente, siempre acaba resultando que los niños y las niñas son declarados mayores de edad. La bienvenida que les damos no es otra cosa que un desnudo integral, presencia policial y meterlos en centros de menores para extranjeros. Desde luego es una respuesta que no consideramos apropiada y que vulnera sistemáticamente sus derechos. Creo que quienes hayan visitado un centro de menores compartirán conmigo que estos centros solo pueden llamarse centros de desprotección. La verdad es que yo he visitado bastantes centros de reclusión a lo largo de mi vida, centros de internamiento, la cárcel de Pamplona, los CETI de Ceuta y Melilla en varias ocasiones, y he de decir que ningún lugar como La Purísima, el centro de menores de Melilla, me ha causado una impresión tan nefasta, con su asqueroso olor a zotal, con sus literas apelotonadas en una sala que no es ni un cuarto de esta sala, con sus agentes de seguridad privada, con decenas, centenas de denuncias por malos tratos a los niños. La Purísima, recuerdo, era un centro militar que se cerró porque no era un lugar que cumpliera las condiciones para los militares. En qué momento hemos pensado que sí cumple las condiciones necesarias para alojar a niños y niñas. Me pregunto qué clase de sociedad somos para pensar que sí reúne las condiciones para atender a niños y niñas.

Con todo, creo que el principal problema que tienen estos niños y una de las peores violencias que sufren es la criminalización. En mi última visita a Melilla tuve un increíble desencuentro con el que podríamos denominar "consejero de malestar" de Melilla, que sostiene la teoría de que estos niños y niñas nos están invadiendo, son muchísimos y cada vez más. Este discurso extremadamente xenófobo, racista y peligroso se contesta con unos datos que son muy simples. El año pasado llegaron a través de Ceuta y Melilla 414 niños y niñas que emigran solos, y eso supone el 0,0024 % de todos los niños y niñas de nuestro país. No son muchos niños, son niños a los que estamos vulnerando sistemáticamente sus derechos, criminalizarlos y utilizar un discurso xenófobo y racista, aparte de extremadamente irresponsable, es suficiente motivo para que este señor abandonara su puesto.

Termino ya. Es urgente que se apruebe esta proposición no de ley principalmente porque tiene un contenido muy simple, y es que se cumplan los mismos derechos de los niños y niñas españoles para los niños y niñas que emigran solos. Parece una evidencia, pero no lo es; hemos tenido que presentar una proposición no de ley porque este Gobierno sistemáticamente vulnera los derechos humanos de estos niños. Queremos que se garantice que ningún niño, niña o adolescente que tenga un documento que acredite su identidad, pase por una prueba de determinación de edad; que se garanticen en un protocolo los derechos de los niños y niñas en los procedimientos de determinación de la edad, como ya se ha advertido en distintas recomendaciones del Defensor del Pueblo, pero también en distintas sentencias en este mismo sentido; y una cosa increíblemente obvia, que se garantice el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles; y que se obtenga la autorización de residencia y trabajo a los dieciséis años, que es exactamente lo mismo que ocurre cuando cumples dieciséis años y tienes la nacionalidad española.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Belarra.

Seguidamente hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, por tiempo de cinco minutos. Es el turno del señor Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.

En esta primera intervención en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, quisiera trasladar a todos sus miembros mi satisfacción, mi compromiso, mi trabajo y mi disposición absoluta para conseguir, con la responsabilidad debida y con el respeto institucional pertinente, los objetivos para los que esta Comisión fue creada, que no son otros que mejorar las condiciones de vida y luchar por defender los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Siempre he creído que una sociedad que no atiende y que no mima a sus ancianos, una sociedad que no protege a sus débiles, una sociedad que no cuida y ampara a sus niños, a sus niñas y a sus menores, es una sociedad sin futuro abocada al desastre.

Señorías, vayamos al asunto. Yo no voy a recordar, por ejemplo, la devolución "en caliente" de inmigrantes subsaharianos, ni la sonrojante Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de octubre de 2007, en la que falló por unanimidad que habían existido una serie de vulneraciones legales que son habituales en este tipo de procedimientos, que se repiten en las fronteras de Ceuta y Melilla, y en las que puede que parte de esos expulsados sean menores, y digo puede porque nunca lo sabremos, ya que fueron expulsados sin ningún tipo de comprobación. Precisamente en este problema de los menores de edad, el Comité de los Derechos del Niño ha apercibido ya en diferentes ocasiones al Gobierno -por cierto, al Gobierno del Partido Popular que no me importaría mucho, pero sí me importa cuando ocurre con el Gobierno de España- para que lleve a cabo las medidas que protejan los derechos de los menores no acompañados que llegan a nuestras fronteras, o que las traspasan para luego vagar por nuestro país sin rumbo o futuro alguno. En estos apercibimientos el Comité de los Derechos del Niño señala siempre que sus mayores preocupaciones en relación a los menores no acompañados son las siguientes: primero, los métodos utilizados para determinar la edad de los niños no acompañados que entran en nuestras fronteras varían de una comunidad a otra, y no tienen en cuenta cuestiones como las costumbres nutricionales que pueden influir tanto en el desarrollo físico como psicológico del menor, por lo que creemos necesario elaborar un protocolo uniforme para determinar la edad. En segundo lugar, los daños sufridos por algunos menores en la repatriación forzosa o involuntaria a su país de origen son inadmisibles, puesto que en determinadas ocasiones el Gobierno consiente que sean devueltos sin tener acceso a asistencia letrada, a servicios de interpretación, a un análisis de su situación en defensa del interés superior del menor y con una clara vulneración de sus derechos. En tercer lugar, el incumplimiento de las autoridades al no otorgar a los menores no acompañados la autorización de residencia temporal a la que sencillamente tienen derecho por ley. En cuarto lugar, las condiciones de los centros de alojamiento. La portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos se ha referido al caso de Melilla, pero también tenemos el caso de Ceuta y algunos centros de las Islas Canarias que tienen condiciones realmente lamentables. Y en quinto lugar, la necesidad de garantizar que una vez identificado el menor como tal, se analice la situación individualmente y prime siempre el interés superior del menor.

Los problemas de los menores no acompañados son de tal magnitud en todo el planeta que la Convención sobre los Derechos del Niño elaboró y publicó una Observación General, a la que también se ha hecho aquí referencia, la número seis, en la que se definían los principios que deben aplicarse en el caso de menores no acompañados, y que coinciden ampliamente con las propuestas que hoy nos han traído aquí los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal Unidos Podemos. Para Ciudadanos garantizar los derechos fundamentales de los menores, la protección de su interés general y la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones legales internacionales es fundamental; y por encima de todo esto, el convencimiento absoluto de que así debe ser. De hecho, hemos requerido al Gobierno en repetidas ocasiones con el fin de paralizar la expulsión o devolución de menores de edad con documentación probada. Nuestro grupo votará a favor de estas iniciativas y de la transaccional si la hubiera.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Es el turno de la señora Heredia, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


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Señorías, la numerosa llegada de menores extranjeros no acompañados a nuestro país durante los últimos veinte años ha supuesto un reto para nuestro sistema de protección. Se ha visto en la necesidad de adaptar sus procedimientos a las necesidades concretas de estos adolescentes. Por ello es un tema delicado y sensible, donde todas las fuerzas políticas tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para apoyar al Estado, a las comunidades autónomas, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y sobre todo a quienes desarrollan el trabajo que son las entidades sociales. Todos ellos se coordinan para aplicar el mejor modelo de actuación, porque cada región es diferente y cada programa y servicio que se dé es específico. Se dirige a esos menores para profundizar sobre todo en el apoyo de su transición a la vida adulta y, también, a la atención de ese malestar emocional que sufren muchos de ellos.

En España el fenómeno de los MENA está mayoritariamente asociado a niños y adolescentes que proceden de los países del Magreb, fundamentalmente de Marruecos y Argelia. Aunque no es un fenómeno fácil de cuantificar, según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016 que corresponden al ejercicio de 2015, en España hay 3660 menores de origen extranjero no acompañados bajo la tutela de las comunidades autónomas. Como todos sabemos, esta cantidad va en aumento año a año, y por eso el pasado mes de junio el Consejo de Ministros concedió un importante incremento de la subvención que reciben tanto la Ciudad Autónoma de Ceuta como la Ciudad Autónoma de Melilla para mejorar la atención de estos menores. Las cantidades que reciben por esta subvención se han incrementado en 6,45 millones de euros. Ceuta recibirá el importe de 2 345 000 euros y Melilla va a destinar a este fin más de cuatro millones de euros para este año. Esta subvención se otorga para orientar, sobre todo, la colaboración y proporcionar una atención inmediata a la acogida de estos menores, suministrándoles información, orientación y apoyo psicológico, así como para facilitar su escolarización e inserción profesional. En este sentido, hay que destacar que la colaboración que presta el Estado se está aplicando desde el año 2015. Desde dicho año se están firmando instrumentos de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las ciudades de Ceuta y Melilla. Es un esfuerzo para mejorar los recursos habilitados y para atender también a las necesidades de estos menores.

Está claro que, por la situación geográfica, las ciudades de Ceuta y de Melilla se ven afectadas con una mayor presión migratoria, en eso estamos todos de acuerdo. No hay ninguna otra comunidad en España que reciba esta gran cantidad de niños y, por tanto, estos territorios son un punto de acceso preferente en las rutas migratorias procedentes de África. La situación de estas ciudades es extrema, compleja. Podemos decir que cada día hay más de tres mil menores que están esperando en la frontera de Beni Enzar y de Farjana para entrar a España. Por eso, no estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que se están haciendo aquí, porque hablan desde el desconocimiento, hablan desde la demagogia fácil. Tenemos que entrar en este tema e intentar tratarlo desde la responsabilidad que tenemos como diputados y como representantes del Estado español. Tenemos que valorar el trabajo que se está haciendo desde hace años en muchas administraciones, y sobre todo, el trabajo que están realizando muchas organizaciones sociales que se dejan la piel todos los días en este asunto.

Señorías, se están cumpliendo los protocolos, solo tienen que hablar con las entidades sociales. Si se declara una documentación no fiable es porque un fiscal ve razones justificadas. Se está atendiendo a los niños tanto en el tema educativo, como en el tema sanitario y en los servicios sociales. España es un ejemplo como país, nadie recibe esa presión migratoria que está recibiendo nuestro país y estamos respondiendo. Asimismo, hay que decir que se está sacando adelante a muchos chicos y chicas de la calle. Se lo demuestro con datos objetivos y les pongo como ejemplo la ciudad de Melilla, porque tengo la suerte de conocer el magnífico trabajo que está desarrollando su consejero, Daniel Ventura, al frente de la Consejería de Bienestar Social. No estoy de acuerdo y no comparto las palabras de la señora portavoz del Grupo de Unidos Podemos, porque creo que son palabras que provienen desde los celos y desde el sectarismo político.

Actualmente Melilla tiene tres centros de acogida: el Centro La Purísima, que ha pasado de tener 200 menores en 2015, a tener en 2017 más de 445 menores, imaginaros la presión que está soportando ahora mismo esta ciudad; el Centro Asistencial de la Gota de Leche, que lo lleva esta fundación, ha pasado de tener 70 chicos en 2015, a tener 135 actualmente; y el Centro de La Divina Infantita que acoge solo a niñas, y actualmente tiene 32 niñas. Se está buscando también la solución definitiva. ¿Y cuál es la situación definitiva? Pues que se entiendan los países, que nos entendamos con Marruecos. Les puedo decir que hay una buena predisposición por parte del Gobierno de Marruecos a entenderse con el Gobierno de España. Ese paso es también muy importante porque ayudaría a frenar esa llegada, frenaría las expectativas de esos chicos de intentar llegar a España.


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Además, tengo que decir que en Melilla se están dando pasos para crear -de hecho ya se ha creado y son quince- dos grupos de educadores de calle, hombres y mujeres que se van a dedicar a atender a estos menores, a escolarizarles y a hacerles un seguimiento, a llevarles al médico, a ayudar a vestirles, a llevarles a talleres prelaborales, así como también a darles amparo en las calles de Melilla. Se están dejando la piel en este trabajo. También se están desarrollando muchísimas actuaciones más.

Aquí tengo que decir algo porque en las iniciativas se menciona que hay otras comunidades autónomas que están dispuestas a recibir a estos menores, porque está claro que Ceuta y Melilla son los que tienen el problema, pues que algún diputado o diputada dé un paso adelante. Que me lo diga aquí el partido que quiera, por ejemplo, Podemos que gobierna en Aragón, o el Partido Socialista que gobierna en Andalucía. Si quieren hacerlo digan una cantidad, porque Ceuta y Melilla están dispuestas a trasladar a esos niños a la península, solo tienen que decir una cantidad. El consejero de Melilla lleva más de dos años intentando concertar una cita con la consejera de Andalucía y no le recibe. Les ha llamado más de cuarenta veces, más de dos años esperando, y no hay una respuesta de esa consejera.

La señora PRESIDENTA: Señora Heredia, tiene que finalizar.

La señora HEREDIA MARTÍN: ¿Saben cuál es el presupuesto... (La señora Ferrer Tesoro pronuncia palabras que no se perciben). Yo no he interrumpido mientras que he estado escuchando con mucha atención las palabras de los demás portavoces.

El presupuesto que dirige actualmente Melilla a los menores es de 14 millones: 10 millones los pone la propia ciudad autónoma, y 4 millones, el Gobierno de España. Piensen en la inversión que se está haciendo en la atención de estos niños.

Concluyo, señora presidenta, gracias por su generosidad. Quiero hacer un alegato al trabajo que se desarrolla, no solo por las administraciones porque son en este caso las comunidades autónomas las que tienen mayores competencias, sino también por las organizaciones sociales y otras muchas que no les ponemos nombre porque son muy pequeñitas o porque son más desconocidas. Por ejemplo, la ONG Accem está gestionando muchos centros de acogida de menores en nuestro país. Están haciendo una gran labor, hablen con ellos para que vean cómo se está trabajando con estos menores y cómo no se está dejando a nadie desamparado. Pero tenemos que intentar llegar a ellos, que eso es muchas veces lo más complicado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- RELATIVA A INCLUIR LA ATENCIÓN TEMPRANA DENTRO DE LA CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001430).

- SOBRE LA NECESARIA ARMONIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002162).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley relativa a incluir la atención temprana dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Esta proposición será debatida conjuntamente, por acuerdo de la Mesa de la Comisión, con la proposición no de ley sobre la necesaria armonización de la atención infantil temprana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Para la defensa de sus iniciativas, en primer lugar, tendrán la palabra los portavoces de los grupos proponentes por un tiempo de siete minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo parlamentario trae a debate a esta Comisión una proposición no de ley, que estoy convencida que por parte de todos los grupos parlamentarios consideramos que es de enorme importancia, con la que espero encontrar un amplio consenso. Para nosotros es una iniciativa vital porque su finalidad no es otra que la de incluir la atención temprana dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de


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Salud, estableciendo las medidas necesarias para la coordinación con las diferentes comunidades autónomas.

Señorías, tenemos la oportunidad de corregir una injusticia en el terreno de lo social, porque coincidirán conmigo en que todos los niños y niñas de nuestro país deben tener el mismo derecho a acceder a una red pública de atención temprana, independientemente de la autonomía en la que residan, ya que dependiendo de donde se nazca se tienen más o menos posibilidades de tener una red de asistencia al menor y a su familia. Les pongo un ejemplo. Si naces en Canarias no tienes ninguna posibilidad, porque Canarias es la única comunidad autónoma en la que no existe absolutamente nada, pese a tener más de nueve mil niños y niñas que precisan de esta atención. De hecho, un departamento de docencia e investigación de la Universidad de La Laguna se está haciendo cargo de atender a unos doscientos niños procedentes de todas las islas, pero pese a sus esfuerzos y a su dedicación se encuentran absolutamente desbordados.

Señorías, este es un ejemplo claro de vulneración de derechos y de incumplimientos del artículo 39 de la Constitución, que reconoce la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias y en especial de la infancia, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. La atención temprana es un derecho de todos los niños y niñas y de sus familias y debe tener en nuestro país la misma condición que el derecho a la educación, o el derecho a la sanidad. La ausencia de este derecho merma las posibilidades de estos menores y sus familias de alcanzar su meta, que no es otra que la de poder vivir una vida lo menos dependiente posible. Desde luego, creo que nosotros no debemos negarles esa oportunidad. Si les negamos esa posibilidad, a través de la prevención, la detección y el diagnóstico y la intervención temprana de cualquier tipo de trastorno en el desarrollo del niño o niña en las primeras etapas de su infancia, les estamos privando de la posibilidad de alcanzar un desarrollo evolutivo lo más normalizado posible y una vida plena e independiente que no implique necesariamente discapacidad.

Señorías, en nuestro país hay muchos padres y madres, muchas ONG, asociaciones de profesionales y asociaciones de discapacidad que están esperando una respuesta. Adelanto que estamos trabajando junto con el Partido Popular para hacer una enmienda transaccional, porque lo que buscamos es que una iniciativa como esta pueda salir adelante. Pero francamente nos ha parecido muy descafeinada la propuesta que ha presentado el Partido Popular en la que solo se pedía armonizar, porque armonizar en este terreno implica directamente nada.

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi, ha reclamado que se garantice la atención temprana a la infancia con discapacidad, o en riesgo de adquirirla, mediante un modelo universal, gratuito e inclusivo, puesto que los servicios actuales no llegan a una parte importante de los menores que deben recibirla. Entre las demandas planteadas está también la de sentar las bases de una financiación suficiente de los servicios de atención temprana, tanto por parte de las comunidades como por parte de la Administración General del Estado; reforzar la evolución de la atención para mejorar la calidad de los servicios; dar un papel fundamental a las familias y atender a sus necesidades; apostar por la investigación con fórmulas como la creación de la sociedad científica española de la atención temprana y el desarrollo infantil; o mejorar constantemente la formación de los profesionales para trabajar en el campo de la atención temprana. Estas son algunas de las demandas que ha hecho el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

No vamos a negar que en los últimos veinte años se ha ido avanzado con el libro blanco, donde se profundiza en la atención temprana. He puesto el ejemplo de Canarias antes, pero también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla carecen de este tipo de servicio, y esto vulnera los derechos de los niños. Sin duda creo que es nuestra responsabilidad buscar soluciones para solventar un problema que, desde nuestra perspectiva, es muy grave.

Como he dicho antes, estamos trabajando en un texto transaccional con el Partido Popular y cuando terminemos el debate en la Comisión, si alcanzamos el acuerdo, se lo haremos llegar.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Popular, interviene la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy abordamos en esta Comisión quizás una de las cuestiones más importantes y decisivas que podemos debatir en esta Cámara. Hoy vamos a tratar, ni más ni menos, de cuál es el futuro que


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queremos dar a nuestros hijos. Hoy vamos a decidir si de una vez por todas rompemos esa España de diferentes velocidades que condena a muchos de nuestros niños a ser ciudadanos de segunda, dependiendo del lugar donde hayan nacido. Esta es una realidad muy triste, pero es una realidad.

Todos podemos estar de acuerdo en los estudios que acreditan que un niño o una niña con algún trastorno, discapacidad, patología crónica, metabolopatía, etcétera, experimenta una evolución mucho más favorable si es detectado a tiempo, si es diagnosticado a tiempo, si es atendido y apoyado a tiempo, desde el primer momento, desde sus primeras horas de vida. Por tanto, no es cualquier cosa lo que hoy estamos aquí debatiendo. Se trata de que entre todos nos pongamos de acuerdo para invertir hoy, de que acertemos hoy para hacer ciudadanos libres e independientes mañana. Por eso, no concebimos que las diferencias que puedan existir entre las diferentes comunidades autónomas sean tan brutales, que haya niños que tengan sesiones de atención temprana de estimulación de cuarenta y cinco minutos semanales, y otros el doble, dependiendo de la comunidad autónoma; que haya niños con discapacidad con fisioterapia desde el primer momento, y otros que tengan que ser atendidos mediante la financiación de sus familias; que la diferencia en el conjunto de la atención temprana pueda llegar a ser de uno a cuatro sesiones semanales, dependiendo de la comunidad autónoma de la que estemos hablando. Señorías, nosotros queremos que todos tengan la misma asistencia, con independencia de donde hayan nacido y de la situación de sus familias. Queremos que ellos sean el centro de atención, y además que se les preste la atención que precisen, conforme a sus perfiles y necesidades, porque todos son diferentes, pero todos son especiales.

Nosotros acudimos a esta Comisión buscando el máximo acuerdo, el máximo consenso. Creemos que estamos ante uno de los temas capitales de nuestra sociedad. Es cierto que no partimos de nada, es cierto que hemos evolucionado y que hemos aportado mucho en los últimos años. En la actualidad el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Y en esa cartera de servicios comunes se establece clarísimamente determinados aspectos que afectan directamente a lo que podemos definir como atención temprana: la detección de los problemas de salud, con presentación de inicio en las distintas edades, que puedan beneficiarse de una detección temprana en coordinación con la atención especializada, a través de actividades encaminadas a la detección precoz de metabolopatías; detección de hipoacusia, displasia, criptorquidia, autismo, etcétera; detección y seguimiento del niño con discapacidades físicas o psíquicas; y detección y seguimiento del niño con patologías crónicas. Además, la atención temprana se recoge como una necesidad sanitaria en las diferentes estrategias del Sistema Nacional de Salud, dentro de la propia estrategia de enfermedades crónicas y del libro blanco que hasta el momento ha sido dirigido y llevado dentro del ámbito de la discapacidad.

Es cierto que con el mismo marco normativo unas comunidades autónomas han hecho más, y otras han hecho menos. Es verdad que las diferencias entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía, por ejemplo, es que en la Comunidad de Madrid puedes tener cuatro sesiones gratuitas a la semana, mientras que en la Comunidad de Andalucía solo una. Sin embargo, no es cierto que Melilla no tenga, porque se lleva a través del Imserso, aunque todo es perfeccionable. Que necesitamos más recursos y un compromiso de financiación entre el Gobierno y las comunidades autónomas es evidente, pero esto tiene que trabajarse dentro del ámbito del Consejo Interterritorial de Salud.

Nosotros estamos trabajando con el Partido Socialista, creemos que su propuesta es absolutamente asumible y aceptable. Creemos que tenemos que valorarla desde el punto de partida, pero tenemos también que ser ambiciosos. Actualmente se está trabajando en un plan nacional de prevención de las deficiencias que contempla, entre otras medidas, el facilitar el acceso a la información sobre deficiencias y discapacidades y sobre recursos y servicios de atención prenatal; el diagnóstico precoz y de atención temprana disponibles en cada comunidad autónoma; potenciar sistemas de coordinación entre los colectivos de profesionales de los diferentes servicios involucrados en la atención temprana de menores con deficiencias; desarrollar itinerarios de formación para los colectivos profesionales de atención temprana; garantizar la inmediata derivación tras la detección de la deficiencia hacia una intervención temprana orientada a potenciar la capacidad de desarrollo y de bienestar que posibilite la integración en el medio familiar; establecer mecanismos para la sistematización, etcétera. Yo creo que tenemos los mimbres y tenemos el compromiso. Eso hay que enmarcarlo dentro del consejo interterritorial y, por ello, estamos de acuerdo en poder redactar una enmienda común que recoja ambas sensibilidades. Nuestra intención es ser lo más concretos y lo más comprometidos posibles.


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Me van a permitir que finalice mi intervención, en primer lugar, agradeciendo la disposición del Partido Socialista y de otros grupos con los que he tenido ocasión de hablar, y agradecer también en mi nombre y en nombre de muchísimas familias, a todas las entidades, colectivos, fundaciones, plataformas que día a día nos hacen la vida más fácil a todos aquellos que tenemos la suerte de tener a nuestro lado a una persona tan especial.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo.

A continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas durante cinco minutos.

Por el Grupo Vasco, señor Barandiarán. (Denegación).

Entonces pasamos al turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Álvarez Palleiro.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.

Vaya por delante el compromiso de nuestro grupo parlamentario con la necesidad de mejorar la atención temprana en todo el territorio nacional, tal y como muestra la proposición de ley que presentamos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y vaya por delante también nuestro apoyo a estas iniciativas.

La atención temprana es médicamente necesaria, es socialmente justa y es políticamente urgente e irrenunciable. La atención temprana a niños y niñas de cero a seis años que presentan necesidades especiales transitorias o permanentes, originadas por deficiencias, alteraciones en el desarrollo o riesgo de padecerla es un medio estratégico imprescindible para proteger el desarrollo de muchos niños y niñas que tienen dificultades que pueden comprometer sus posibilidades individuales y que pueden comprometer su plena inclusión en la sociedad. Por todos es conocido que la base genética específica de cada persona establece unas capacidades propias de desarrollo y que son los factores ambientales los que van a modular, o incluso determinar, la posibilidad o no de expresión o la latencia de algunas de estas características genéticas. No podemos alterar la base genética, pero sí que podemos influir, y sí que podemos procurar los mejores factores medioambientales. De ahí que la evolución de los niños o niñas con trastornos en su desarrollo dependa en gran parte de que la detección de los riesgos, el diagnóstico y el tratamiento sean realmente precoces.

Es cierto, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, que dependiendo de la comunidad autónoma en la que nazcas tienes más o menos posibilidades, más o menos acceso a este tipo de atención temprana. No puedo dejar ahora mismo de pensar, después de oír a la portavoz del Grupo Popular, en aquellas personas o en aquellos partidos que pretenden romper este país, o que pretenden promover los referéndums, porque lo único que hacen es acabar con la solidaridad interterritorial y hacen de este país un país mucho menos justo, y mucho menos equitativo, permitiendo además que sean las comunidades supuestamente ricas las que abandonen al resto de la comunidad.

Otra de las cuestiones claves, tal y como recoge el Libro Blanco de la Atención Temprana publicado por el Real Patronato sobre Discapacidad que es la referencia fundamental para este sector, es que la atención temprana no solo se dirige al niño sino que considera también a la familia y al entorno en el que se desenvuelven. Se avanza desde un modelo que se fija únicamente en las intervenciones con el niño, a un enfoque mucho más amplio y mucho más contextualizado que engloba al niño, a la familia y al entorno, tanto en la vertiente asistencial cuando está presente una discapacidad o trastorno del desarrollo, como en la preventiva cuando hay factores de riesgo que puedan llevar a desarrollar este tipo de alteraciones.

Los principales objetivos de la atención temprana son: primero, reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño; segundo, optimizar en la medida de lo posible el curso del desarrollo del niño; tercero, introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación a necesidades específicas; cuarto, evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto riesgo; quinto, atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y del entorno en el que viven el niño; y sexto, considerar al niño como sujeto activo de la intervención. Son varios los ámbitos de intervención en la atención temprana. Hablamos de sanidad, de educación y de servicios sociales, que han sido y son primordiales para aplicar este entramado sociosanitario y educativo. Hablamos de la presencia y el trabajo de los centros de desarrollo infantil y atención temprana, tanto los generalistas que atienden a niños y niñas con menos de seis años que presentan un trastorno del desarrollo, o que tengan un riesgo de padecerlo, como de los centros específicos que atienden a los que sufren una patología concreta.


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No quisiera terminar esa intervención sin reconocer el trabajo de todos los profesionales, el esfuerzo de todas las distintas asociaciones que fueron proliferando a lo largo del territorio estatal, siempre por delante de los políticos, una cuestión que algún día seremos capaces de resolver, y que fueron la anticipación de lo que conocemos como atención primaria, a través de los servicios de estimulación precoz. Estamos satisfechos de que este tema llegue a esta Comisión, esperemos que estas iniciativas lleguen a buen puerto y salgan adelante.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora De la Concha.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Buenos días.

La compañera del Partido Popular ha expuesto que le gustaría que se llegara a un acuerdo sobre este tema lo más concreto posible. Lo más concreto posible sería que la atención temprana estuviera recogida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, eso sería lo más concreto posible. Aquí hay varios partidos y algunos han gobernado durante los últimos cuarenta años. ¿Cómo es que esto no está resuelto? Me da tristeza a menudo hablar en las Comisiones mientras defiendo proposiciones no de ley, que todos sabemos el recorrido que tienen, dándoles bombo de cara a la sociedad que les hace creer que estamos resolviendo sus problemas. Sus problemas se resolverían con una actitud política firme y, en este caso, con un presupuesto adecuado y con una toma de posición política que diga algo tan sencillo como que queremos que cada pequeño ciudadano o pequeña ciudadana que nazca en este país pueda estar orgulloso de pertenecer al mismo, que cada niño y cada niña que nace en este país será cuidado de la forma que yo querría que se cuidaran a los míos. Me parece que las bases para cantidad de cosas que hablamos aquí son tan sencillas como esto.

Mientras preparaba esta proposición no de ley estuve mirando diversas legislaciones y como siempre, como nos pasa mil veces, encontré cantidades de resoluciones y reales decretos, cosas que se han hecho en una comunidad de una manera y otras de otra forma distinta. Pero la cuestión es que el asunto está sin resolver. Como en otras muchas ocasiones, pasará que estos críos y estas niñas que nacen ahora mismo llegarán a su adolescencia viendo cómo ha habido cantidad de cosas publicadas en los boletines oficiales, que no han afectado a sus vidas.

Por favor, pido al Partido Popular que incluya en los Presupuestos Generales del Estado las partidas suficientes y a todos los partidos presentes que se llegue al acuerdo necesario para que esto no sea una proposición no de ley, sino que de una vez por todas la atención temprana esté recogida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Aunque se han presentado enmiendas y los autores de las iniciativas ya han hablado de una enmienda transaccional, ¿la señora Raya acepta la enmienda presentada?

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Estamos trabajando en el texto, todavía no lo tenemos. Si me permiten un segundo, quisiera aprovechar este momento para manifestar que hoy es el Día del Daño Cerebral Adquirido y que los niños que nacen con este tipo de daño necesitan más que nunca una atención temprana e igualitaria en todas las comunidades autónomas. En cuanto tengamos el texto, se lo haremos llegar a la Mesa.

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, muchas gracias. (La señora vicepresidenta, Cascales Martínez, ocupa la Presidencia).

- RELATIVA A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001742).

La señora VICEPRESIDENTA (Cascales Martínez): A continuación debatiremos el 6.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la mejora de las seguridad en centros educativos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, para la defensa de su iniciativa, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos la señora Millán.


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La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, los centros escolares son los espacios donde nuestros hijos pasan una gran parte de su tiempo, aprendiendo y realizando actividades deportivas, culturales y lúdicas. Por tanto, los centros deben ser espacios seguros y saludables tanto para los alumnos como para los trabajadores que desarrollan su actividad en esas instituciones. De hecho el alumnado y profesorado tienen recogido tal derecho en el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo. En dicho decreto se recoge que tienen que desarrollar sus actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Por otro lado, existe también el Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, en el que se establecen unos requisitos mínimos, que completa de alguna manera la legislación en materia de seguridad, higiene acústica y accesibilidad en los centros escolares. Aparte de esto es cierto que en algunas comunidades autónomas existe una regulación propia, pero tengo que decir que no en todas. De ahí que hayamos traído esta iniciativa y siempre, por supuesto, en colaboración con el resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, otro de los motivos por el cual hemos traído esta iniciativa es que el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que es insuficiente todo lo que se está haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque diariamente en los centros educativos se producen accidentes, golpes, caídas, accidentes estructurales y de edificación, etcétera, que podrían en muchos casos haberse evitado con una planificación y con una implementación de medidas adecuadas y preventivas.

Entre los elementos que habitualmente son causa de accidentes en los centros educativos encontramos el hecho de que las barandillas tengan una altura inferior a 1.10 m, que los barrotes se hallen situados a una distancia superior a 10 cm, que no se disponga de bandas y suelo antideslizante y que falten protecciones adecuadas en puertas y ventanas para evitar roturas y atrapamientos. Como dato importante, les diré que un alto porcentaje de los centros educativos no realizan un mantenimiento adecuado de los elementos lúdicos y propios de la zona de juegos, ya sean para actividades en horario lectivo o para las extraescolares. Por ejemplo, la práctica de la Educación Física o de cualquier deporte, en general, supone en sí misma una actividad de riesgo, por lo que el uso de las instalaciones y el equipamiento deportivo deben estar bajo estrictos principios de seguridad y teniendo siempre presentes las características del pavimento. Así, deben eliminarse las irregularidades, como charcos en el terreno de juego o pista ante la posibilidad de cualquier caída o esguince, deben retirarse los elementos que puedan ocasionar heridas incisivas y punzantes, han de valorarse los desperfectos en los postes, tableros y porterías y han de vigilarse los contrapesos para que no se produzcan desplomes, porque no sería la primera vez que ocurre.

No evitar este tipo de situaciones, aunque, como he dicho anteriormente, en la mayoría de los casos no son de gravedad, constituye un grave problema para los alumnos y sus familias. Por eso es necesario desarrollar una política integral de protección en la comunidad escolar mediante la prevención, para lo que se deben realizar previamente los correspondientes análisis de riesgo y la implementación de las medidas de protección necesarias. ¿Cómo saber si una zona de un centro es segura? En primer lugar, hay que desarrollar los procesos evaluativos que permitan identificar cuáles son los peligros, y, en segundo lugar, saber si las acciones preventivas que la comunidad educativa está realizando son las adecuadas y suficientes. ¿Cómo? Pues requiriendo que los centros educativos establezcan los procesos dirigidos a la identificación y el control de los peligros y se establezcan también planes de actuación para adaptarlos a la realidad y a la idiosincrasia de cada centro. Hacer esto permitiría reducir la presencia de los peligros y, por supuesto, el riesgo de daños, tanto personales como materiales. Parece que estoy contando algo lógico y evidente, pero lo cierto es que las administraciones educativas no siempre han afrontado estos procesos de identificación y control del peligro e implementado las medidas de seguridad adecuadas en los centros escolares. Un claro ejemplo es el atraso que existe en este ámbito, por ejemplo, si continúa empleando manuales de seguridad elaborados hace quince años.

Para finalizar y resumiendo, teniendo presente todo lo que he venido exponiendo, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos lo que queremos con esta proposición no de ley que traemos es instar al Gobierno a regular para poner en práctica la prevención de los riesgos en los centros educativos, puesto que lo que no se puede permitir es que la solución a esta situación sea restringir el desarrollo de los niños y de los adolescentes por no haber medidas que garanticen el pleno desarrollo de su derecho, de modo que este se pueda ejercer de manera efectiva en todos y cada uno de los centros escolares. Y para ello sería necesaria una regulación que garantice un marco jurídico estable y permita desarrollar la actividad académica en las condiciones debidas de seguridad e higiene; en segundo lugar, desarrollar los procesos evaluativos necesarios que permitan identificar cuáles son los peligros, con el fin de saber si las acciones


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preventivas que se realizan son suficientes y adecuadas; y, finalmente, llevar a cabo las medidas que garanticen que las actividades académicas, deportivas, etcétera, que se realizan en los centros son las adecuadas en cuanto a seguridad e higiene.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cascales Martínez): Gracias.

A continuación, interviene por un tiempo de tres minutos la señora Merchán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado enmienda a la propuesta.

La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los diputados y diputadas.

Huelga decir que para el Grupo Parlamentario Socialista la seguridad de los alumnos y alumnas que estudian en los centros educativos, así como la de los trabajadores y trabajadoras que en ellos desempeñan su actividad profesional es una cuestión de total relevancia, pero compartimos las dudas de forma y de fondo que nos provoca su iniciativa.

Entendemos que hay una debilidad de partida en la proposición no de ley que presenta el Grupo Ciudadanos. España es un país descentralizado, en el que las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, lo que, sin duda, ha contribuido a mejorar su calidad. Como seguramente sabrán, las responsabilidades relacionadas con las infraestructuras y el mantenimiento de las mismas recaen en los ayuntamientos en el caso de los centros educativos de infantil y primaria, y en las comunidades autónomas en el caso de los centros de educación secundaria, que, como también sabrán ustedes, durante el periodo vacacional emprenden a toda velocidad gran cantidad de obras, precisamente para mantener en el mejor estado posible las instalaciones educativas. Entendemos que el Congreso no puede instar al Gobierno a ejecutar medidas sobre las que no tiene competencias. Para el Grupo Socialista es un imperativo respetar el marco competencial del que nos hemos dotado y evitar toda iniciativa que pueda suponer una injerencia en las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Es cierto que el Grupo Ciudadanos no ha ocultado nunca su opinión sobre el actual modelo autonómico, pero nos preocupa que eso se traslade a esta Comisión.

Les confieso que con más dudas que convicción, hemos presentado una enmienda, en aras de mantener el consenso que habitualmente reina en esta Comisión, que no tiene otro propósito -y permítanme la expresión- que salvar la iniciativa. Esta enmienda se enmarca en el respeto de las competencias de las comunidades autónomas y el diálogo sectorial, manteniendo los dos primeros puntos de la PNL, cuyo contenido, efectivamente, nos parece interesante, siempre y cuando se haga respetando el marco competencial. No podemos aceptar el tercer punto, sobre la elaboración de un proyecto de ley de prevención de riesgos laborales en centros educativos, por varios motivos que enumero brevemente. En primer lugar, ya hemos hablado de las competencias transferidas; en segundo lugar, porque ya existe legislación en materia de riesgos laborales, aunque no haya una ley específica para centros de trabajo -por poner un caso que podría compartir elementos, tampoco existe una ley sobre riesgos laborales en polideportivos-; y, en tercer lugar, si hacemos una sencilla búsqueda en la red sobre normativa en centros educativos, en un primer pantallazo ya nos encontramos con que la práctica totalidad, por no decir todas -confieso que no he hecho el análisis exhaustivo de todas las ciudades, porque, como antes decía, hay competencias de ayuntamientos en los centros de infantil y primaria-, ya tienen normativa sobre autoprotección y seguridad.

En definitiva, nos preguntamos qué aporta de nuevo su iniciativa a lo que ya hay. Además, aprovecho para reivindicar el papel de los ayuntamientos, que, no siempre con los suficientes recursos, hacen un esfuerzo ingente por mantener el estado de sus centros educativos. Desde el Grupo Socialista entendemos que es en el ámbito autonómico y local donde debería debatirse esta cuestión. Por tanto, esperaremos a ver si es considerada nuestra enmienda. Si no, no podremos apoyar la iniciativa en los términos en que está redactada.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cascales Martínez): Gracias.

Seguidamente hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda por un tiempo de tres minutos. En primer lugar, toma la palabra el señor Barandiaran, del Grupo Vasco.


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El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias.

Decía hace un momento a una diputada que al examinar los puntos del orden del día de hoy observo que todos están sujetos a crítica pero que, en realidad, podría apoyarlos porque tendrían proposiciones más o menos aceptables, salvo esta, pero precisamente por las razones que acaba de apuntar quien me ha precedido en el uso de la palabra, señalando que entiendo que no solo supone una falta de respeto a la distribución competencial existente en la actualidad, que dirige la responsabilidad sobre el patrimonio educativo tanto a la administración educativa de las comunidades autónomas como a la de los ayuntamientos, sino, fundamentalmente, a la capacidad de gestión que estos pueden tener y a la distribución que actualmente existe en ese sentido, que ha permitido, al menos en muchos lugares, ofrecer soluciones más o menos aceptables; criticables todas, pero eficaces en su mayor parte. Es evidente que la seguridad en los centros escolares, la seguridad de los alumnos que allí cursan sus estudios es, primero, una preocupación de todas las administraciones, pero también una responsabilidad de todas aquellas a las que se han sido reconocidas esas facultades. Pretender ahora desdibujar eso supone, a nuestro modo de ver, no solo una falta de respeto, sino -ligándolo con una intervención habida en otro punto anterior-, seguramente, incidir en el ámbito de la violentación -o llámese como se quiera- de un espacio jurídico respecto del que no han existido discrepancias, y simplemente determinados planteamientos dogmáticos de un grupo político vienen a pretender alterarlos en estos momentos. La situación en este país es demasiado complicada como para echar gasolina allí donde no hace falta, y algunos grupos en estos momentos están procurando hacerlo de una forma absolutamente irrazonable. Incidir en un ámbito tan claro, tan específico, tan nítidamente desarrollado por la normativa y pacíficamente aceptado por los ciudadanos como este nos parece absolutamente inaceptable, y por eso, por supuesto, vamos a rechazarla.

La señora VICEPRESIDENTA (Cascales Martínez): Tiene la palabra ahora la señora García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora GARCÍA PUIG: Muchas gracias.

Nuestro grupo no puede apoyar esta iniciativa por lo que se ha comentado ya, por un tema de invasión de competencias. Como diputada de En Comú Podem, quiero expresar la preocupación, y más en estos momentos, por que un grupo como Ciudadanos pretenda invadir competencias tan claramente determinadas como son las de educación, que cuentan con una amplia trayectoria de éxito. Por tanto, vamos a abstenernos y quiero mostrar nuestra clara preocupación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cascales Martínez): Finalmente, tiene la palabra la señora Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Aplaudimos esta proposición no de ley que presenta el Grupo Ciudadanos. Lógicamente, estas lesiones que padecen los niños se producen, sobre todo, en el exterior de los colegios, el 70 % en primavera y verano, y quienes más las sufren son los que cuentan con mayor autonomía, los que tienen entre nueve y diez años. Pero querría hacer alguna puntualización respecto de esta proposición no de ley.

En primer lugar, nosotros defendemos a los profesores, no se puede hacer pesar sobre ellos más cargas. El otro día se hablaba de que si podrían adoctrinar. No todos adoctrinan, y hay grandes profesionales, entre ellos los que estaban escuchando la intervención de la portavoz de Ciudadanos. En un colegio me decían que tienen comité de seguridad y salud para prevención de riesgos en el que valoran cada trimestre los posibles problemas y las posibles soluciones. La directora de otro colegio me decía que ellos tienen un plan de convivencia y autoprotección que revisan cada seis meses. Por otra parte, para acceder a la función directiva se exige la prevención de riesgos laborales y el manual de autoprotección, es decir, se está haciendo. Además, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado desarrolla continuadamente esta labor de prevención de riesgos en los centros escolares.

Propongo una enmienda in voce, y es que esta cuestión se pueda abordar en el pacto de Estado por la educación en el que se está trabajando, y, en segundo lugar -razón por la que votaríamos a favor si la aceptan-, instando a las comunidades autónomas que no tengan estos planes. No podemos votar a favor de esta iniciativa cuando en Galicia ya tenemos todo esto desarrollado y hay un plan de infraestructuras


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que se pone en marcha todos los años para los nuevos centros educativos, y los ayuntamientos -como decía la portavoz del Grupo Socialista- están colaborando, actualizándolo en sus centros. Entonces, proponemos una enmienda in voce instando a las comunidades autónomas que no lo tienen, pero que sean las propias comunidades autónomas las que lo desarrollen. Nosotros, como Estado, no podemos introducirnos en este ámbito, porque no es nuestra competencia.

Finalmente, hay que poner en valor a los profesores, que son unos grandes profesionales y siempre están pendientes, también en los recreos y en las horas no lectivas, para que no se produzcan este tipo de lesiones. Realmente, gracias a ellos se evitan muchas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cascales Martínez): Señora Millán, ¿acepta las enmiendas?

La señora MILLÁN SALMERÓN: Solamente he podido considerar el texto que estamos intentando transaccionar con el Grupo Socialista. Con el Partido Popular, me gustaría hablarlo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

- RELATIVA A PROMOVER MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LESIONES NO INTENCIONALES EN LA POBLACIÓN INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002152).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a promover medidas de prevención de lesiones no intencionales en la población infantil, del Grupo Parlamentario Popular. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la iniciativa, interviene la señora Cascales, del Grupo Popular.

La señora CASCALES MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es imprescindible seguir concienciando a los adultos que están a cargo de niños y adolescentes de que es necesaria una actitud de vigilancia constante hacia los menores, puesto que los más pequeños de la casa no son capaces de valorar el riesgo que pueden entrañar sus actos, a lo que hay que sumar que en muchas ocasiones lo desconocido supone una motivación añadida para experimentar, sin medir las consecuencias de sus acciones. Tampoco debemos olvidar que en la mayoría de los casos el origen de las situaciones de riesgo y sus nefastas consecuencias pueden evitarse simplemente con una adecuada prevención. Señorías, la prevención debe ser la piedra angular de las políticas de lucha contra las lesiones no intencionales en la infancia y la herramienta principal contra las mismas, ya que es más que evidente que las sociedades desarrolladas estamos capacitadas para generar recursos que disminuyen el riesgo y estamos obligadas además a poner en marcha medidas que lo combatan. Pensamientos como que a mí no me va a pasar, es solo un momento o está aquí al lado pueden llegar a ser muy peligrosos, y, por lo tanto, deben ser desterrados de nuestra memoria colectiva.

Los datos sobre accidentes en la población infantil son muy claros. En España las lesiones no intencionales causaron en 2014 el fallecimiento de ciento cincuenta niños menores de quince años por causas evitables, y las vidas de todas esas familias se ven sacudidas por su pérdida. Además, por cada niño que muere, muchos más tendrán alguna discapacidad para el resto de su vida. Por lo tanto, estamos hablando de un problema muy serio, que nos atañe a todos y sobre el que hay que seguir trabajando para encontrar una buena solución. En este sentido, he de decir que no es la primera vez que el Grupo Parlamentario Popular trae a debate la necesidad de estar vigilantes ante los distintos riesgos que acechan a nuestra población infantil en nuestro país, como tampoco lo es para el Gobierno, ya que la prevención de lesiones no intencionales ha sido siempre una línea prioritaria de actuación. Me gustaría hacer un breve repaso al trabajo realizado hasta ahora para ponerles en antecedentes, porque no partimos de cero. Por ejemplo, se ha potenciado la seguridad frente a las lesiones mediante la aprobación de la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, de cuyos objetivos específicos me gustaría destacar la promoción de estilos de vida saludables y la creación de la página www.estilosdevidasaludables, que persigue proporcionar información útil y de calidad y en donde encontramos recomendaciones, herramientas interactivas, vídeos y una sección específica dedicada a la prevención de diversas lesiones no intencionales, como son los accidentes de tráfico, ahogamientos, caídas, quemaduras, envenenamientos, intoxicaciones, asfixia, atragantamientos y estrangulamientos entre niños, que son las causas más importantes.


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Como nosotros no olvidamos que nuestros hijos son la riqueza más importante que tenemos, tampoco lo debe hacer el ministerio. Por este motivo es preciso que se continúe trabajando en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, porque sin esa labor es imposible avanzar. Pero también hay que trabajar con las sociedades científicas y otras instituciones, para desarrollar medidas oportunas para una mayor protección de nuestros niños. Sabemos además que el ministerio está avanzando en la generación de alianzas con diferentes sectores, como educación, deportes, urbanismo y transporte, con el objetivo de potenciar la salud pública. El ministerio colabora activamente también con instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en programas como Prevención de lesiones y violencia, de la Organización Mundial de la Salud, y en el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011- 2020, de Naciones Unidas. Y, señorías, no podemos obviar tampoco que el ministerio coordina la encuesta mundial sobre seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud y coopera en diferentes proyectos, en el marco de los programas europeos de salud pública, como en la Alianza Europea para la Seguridad Infantil.

Por último, quiero señalar que, a pesar de todas estas actuaciones y del trabajo ya realizado, para el Grupo Parlamentario Popular no es suficiente, no lo es mientras exista este tipo de casos entre nuestros menores. Es por ello que a través de esta iniciativa instamos al Gobierno de España a seguir trabajando intensamente para reducir a la mínima expresión las lesiones no intencionales en nuestros más pequeños, porque ello redundará en el bienestar de nuestra sociedad, en general, pero, especialmente, en el de nuestra población más vulnerable, nuestros hijos. Este trabajo no debe plantearse como una opción, sino como una obligación de todos, y es por todo lo expuesto que pido a todos los grupos parlamentarios de esta Comisión su apoyo para esta proposición no de ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cascales.

A continuación, para la defensa de la enmienda, por un tiempo de tres minutos interviene la portavoz del Grupo Socialista, la señora Ferrer.

La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Popular trae hoy una proposición no de ley sobre lesiones no intencionales a menores. La Organización Mundial de la Salud y Unicef afirman que la vida de más de dos mil familias en todo el mundo se ven destrozadas cada día por la pérdida de un niño debido a estas lesiones no intencionales, denominadas también accidentes. En España murieron ciento cincuenta niños en 2014 por lesiones no intencionales. Por tanto, estamos hablando de las tragedias que padecen familias, de tragedias que afectan a padres, madres, hermanos y amigos cercanos, tragedias que pueden dar lugar a cambios vitales irreversibles.

Pero nos llama la atención que el grupo proponente, el Grupo Popular nos inste a analizar ahora, en 2017, después de seis años de Gobierno. ¿Ahora nos ponemos a estudiar? ¿Qué han hecho ustedes estos años? Realmente nada, y eso puede ser. No han hecho nada, ninguna campaña, ningún estudio, ninguna acción para evitar lesiones en los menores. Y ahora vienen a pedir que el Gobierno se ponga a estudiar. Si se hubiese preparado bien esta iniciativa y no fuera un mero trámite para cumplir con el cupo que tienen asignado en esta Comisión, se habrían dado cuenta de que este tema se lleva estudiando hace mucho tiempo y de que existen cantidad de informes, estudios, análisis a nivel nacional e internacional que hablan de ello. Por tanto, entendemos que no tiene mucho sentido que hoy el partido que sustenta al Gobierno presente una iniciativa para instar al Gobierno a que se ponga ahora a estudiar, después de seis años.

Nos parece una proposición no de ley poco seria, poco rigurosa, pues estamos hablando de los derechos de los niños, de los adolescentes y de su seguridad. Solo tendrían que haber escrito en Google: lesiones no intencionales a menores, y habrían visto que salen 330 000 resultados. Y si dicen: lesiones no intencionales a menores en España, aparecen 164 000 resultados. Por tanto, hay informes y estudios al respecto: uno de ellos, de la Universidad de Navarra, en el que se ponen en valor medidas que ya están estudiadas respecto a la seguridad vial, como promulgar leyes relativas a los límites mínimos de edad para el consumo de alcohol, usar casco al circular en bicicleta o motocicleta o separar a los distintos usuarios en la vía pública; con respecto a los ahogamientos, eliminar o cubrir las masas de agua peligrosas y exigir el cercado de las piscinas; respecto a quemaduras, promulgar leyes sobre los detectores de humo y velar por su cumplimiento; respecto a las caídas, mejorar el diseño del mobiliario y de otros productos destinados a los niños en edad preescolar; en cuanto a intoxicaciones, promulgar leyes sobre el envasado


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de medicamentos y sustancias tóxicas, etcétera. Por tanto, el problema se sabe, está diagnosticado; lo que hace falta es voluntad para solucionarlo. Y, precisamente, creo que eso es de lo que carecen ustedes, que han importado a esta Comisión el estilo Rajoy: no hacer nada, dar largas, dejar pasar el tiempo y de vez en cuando presentar una iniciativa para que parezca que se hace algo. Pero además de esta bibliografía existente, además de estos informes, les recomiendo que se fijen en una campaña que hicieron los de la herencia, los de la herencia socialista: la única campaña que se ha hecho de lesiones no intencionales a menores fue en 2007, precisamente con un Gobierno socialista.

Por tanto, mi grupo, puesto que no puede decir que no a algo que supuestamente va a beneficiar al menor, va a apoyar esta iniciativa, siempre que se dé un paso más, que se vaya más allá, es decir, que no solo se inste a analizar nuevos accidentes, sino a actuar. No podemos quedarnos en un simple análisis o estudio, es la hora de actuar, y en ese sentido va nuestra enmienda.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Es el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda, que disponen de un tiempo de tres minutos. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Coincidiendo en parte con el análisis que acaba de realizar la representante del Grupo Socialista, voy a señalar que, sin embargo, no voy a poder apoyarla, y nuevamente por cuestión competencial. Es decir, entiendo que el Gobierno pueda estar interesado en la cuestión, pero entiendo también que por ello pueda promover que las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de infancia y adolescencia -en nuestro caso, las diputaciones forales-, puedan poner en marcha medidas orientadas a la prevención de accidentes domésticos allí donde no existan, cosa que sí podemos predicar nosotros en el ámbito de las diputaciones forales de Gipuzkoa, Bizcaya y Álava. Este tipo de actuaciones ya son reiteradas, sabemos a qué conducen, tienen una clara orientación y por eso no podemos apoyarlas, sin perjuicio de estar de acuerdo con la filosofía que las inspira.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Es el turno de la señora Millán, del Grupo Ciudadanos.

La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, España posee una tasa de mortalidad infantil inferior a la media de la Unión Europea -por fin, hemos encontrado algo en lo que no estemos a la cola en la Unión Europea-. Sin embargo y pese a ello, la pérdida de una vida, y en este caso la pérdida de la vida de un menor, siempre debe evitarse a toda costa. Según el informe Patrones de mortalidad en España, de 2014, publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la primera causa de mortalidad entre menores de dieciocho años son los accidentes no intencionales y casi un 20 % de los fallecidos son menores de dieciocho años, siendo la principal causa los accidentes de tráfico, y la segunda causa de mortalidad infantil es la muerte por ahogamiento. Según el informe nacional de ahogamientos de menores que estudia el periodo comprendido entre 2013 y 2017, el número de fallecimientos por ahogamiento asciende a 117, cuando cuatro de cada cinco menores fallecidos por ahogamiento no estaban vigilados. El perfil es el de varón, niño, entre dos y cuatro años, en un entorno no vigilado, principalmente en piscinas particulares. Y este es un ejemplo de las numerosas causas de accidentes no intencionales que pueden acabar con graves consecuencias, cuando no son fatales, para los menores.

En definitiva, la proposición que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Popular es genérica, sin medidas concretas, pero compartimos su fondo, y siempre que se traigan a esta Cámara y a esta Comisión iniciativas que pretendan evitar accidentes no intencionales o riesgos de menores van a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Es el turno del señor Vila, del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor VILA GÓMEZ: Buenos días. Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero compartir con quien me ha precedido en el uso de la palabra que esta iniciativa trata un tema importante, un tema que afecta gravemente a las familias de nuestro país y que creemos


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que se ha de considerar. Pero, en este sentido, lamentamos que la PNL que presenta el Partido Popular sea genérica, de cupo, sin entrar a señalar cuáles son las medidas que considera que puede adoptar el Gobierno. Nosotros vamos a votar a favor porque el espíritu de la iniciativa está bien, y no se puede votar en contra, pero ya digo que echamos en falta algunas concreciones, que voy a aportar para intentar influir sobre las medidas que creemos que debería tomar el Gobierno. Y lo primero que hay que decir es que, efectivamente, son medidas que afectarían a varios ámbitos, muchos de ellos transferidos a comunidades autónomas. Por tanto, dado los días que vivimos de pulsión recentralizadora del Gobierno de España, creemos que hay que garantizar esa descentralización y que no se invadan competencias ya transferidas, como sucede en materia de educación, sanidad, derechos de la infancia u otras correspondientes a los ayuntamientos en servicios sociales y demás.

Dicho esto, nosotros consideramos que hay varias medidas que se pueden tomar desde el Gobierno de España para avanzar en la prevención de lesiones en accidentes de niños. Buscando información para la PNL, encontré un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 1990 -pensamos que hay que garantizar hogares en condiciones habitacionales dignas- en el que se describen las características de los hogares, y no todas tienen que ver con la vivienda en sí misma. Hace alguna referencia a la vivienda, que es de sentido común, como puede ser garantizar una estructura digna, consistente, sólida, bien hecha, y luego habla del entorno en el que se hacen las viviendas. Creo que esto es importante, porque hay que tener en cuenta que las viviendas tengan acceso a servicios de seguridad y urgencias cercanos; que tengan acceso a servicios de salud y servicios sociales, que es muy importante, porque considero que las políticas económica del Partido Popular van justo en la línea contraria de garantizar esto, por lo que el Gobierno actualmente no está en disposición de garantizar hogares con condiciones habitacionales dignas, cosa que redunda directamente en el problema que estamos tratando con esta iniciativa.

En concreto, el informe de la Organización Mundial de la Salud habla de que las zonas rurales se ven más afectadas que las zonas urbanas por estos casos. La política del Partido Popular en las zonas rurales sabemos que es de abandono, y prueba de ello es la despoblación que se está produciendo, que básicamente se centra en la falta de acceso a servicios de primera necesidad que tiene la gente que vive en las zonas rurales. Instamos al Gobierno a que cambie su política en las zonas rurales y luche contra la despoblación, ofreciendo servicios públicos de calidad.

Por otro lado, habla también de acceso a servicios sociales y de ocio. Estas competencias principalmente son de los ayuntamientos. Nos encontramos con otra ley estatal que impide que los ayuntamientos puedan desarrollar políticas en esta materia con decencia, en tanto que la Ley Montoro asfixia los presupuestos de los ayuntamientos, por lo que no pueden dar soluciones satisfactorias en estos campos.

Otra medida que proponemos al Gobierno y al Grupo Popular es que le diga a su propio Gobierno que la Ley Montoro igual no ayuda mucho a garantizar la prevención de los accidentes en los niños. También creemos que hay otras medidas, como evitar la pobreza infantil. Algo fundamental en este ámbito sería la prestación por hijo a cargo, que otra vez tengo que decir -presentamos una iniciativa- que el Gobierno al que da sustento el grupo proponente actualmente tiene vetada en la Cámara. Otra cosa que decimos al Gobierno es que no vete este tipo de iniciativas.

Voy acabando. Han hecho mucho hincapié las otras portavoces en la vigilancia. Efectivamente, la vigilancia de los niños por parte de los adultos es muy importante. Hay que adoptar medidas concretas para garantizar que hay vigilancia por parte de los adultos, porque los estilos de vida saludables se los puede permitir quien se los puede permitir, que no es todo el mundo. Más allá de los estilos de vida saludables, creo que podríamos implementar medidas en el ámbito laboral que garantizarían que los adultos puedan vigilar a sus hijos o a los niños que tengan a su cargo. Habría que hacer una racionalización de los horarios, es decir, reducciones de jornada sin reducciones de salario...

La señora PRESIDENTA: Señor Vila, tiene que terminar.

El señor VILA GÓMEZ: ..., lo que contribuiría a repartir el empleo; reducciones de jornadas para los padres o a las madres sin reducción de salario ni de cotizaciones; excedencia con reserva del puesto de trabajo durante el tiempo que esta dure y con alguna remuneración; igualar permisos de maternidad y paternidad; estabilidad laboral, porque la precariedad laboral que sufrimos en nuestro país...

La señora PRESIDENTA: Señor Vila, lo siento, tiene que terminar.


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El señor VILA GÓMEZ: ...no da lugar a esto.

He terminado, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

¿La señora Cascales acepta la enmienda presentada?

La señora CASCALES MARTÍNEZ: Sinceramente, no he entendido muy bien la intervención de la señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora PRESIDENTA: Señora Cascales, la intervención es para aceptar o rechazar la enmienda.

La señora CASCALES MARTÍNEZ: No podemos aceptarla porque la enmienda que han presentado es menos ambiciosa que nuestra proposición. La nuestra es más completa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Vamos a hacer una pausa de cinco minutos para que nos entreguen las transaccionales. (Pausa).

Se ha presentado una enmienda transaccional por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la proposición no de ley relativa a impulsar medidas de apoyo y protección a los menores extranjeros no acompañados, del Grupo Parlamentario Socialista, y sobre la proposición no de ley relativa a la protección de los derechos de los niños extranjeros no acompañados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Paso a leerla para que la Comisión tenga conocimiento de su contenido.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reformar la Ley de Protección Jurídica del menor -artículo 12.4- para garantizar que ningún niño, niña o adolescente que tenga documentación acreditativa de su edad es sometido a un procedimiento de determinación de la edad, de acuerdo con la Ley de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

2. Reformar el Reglamento de Extranjería -artículo 190- para garantizar la asistencia de un letrado con formación específica de los y las menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan a territorio español.

3. Derogar el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación a los menores extranjeros no acompañados y elaborar un nuevo protocolo que coordine las actuaciones de todas las administraciones, garantizando los derechos de los menores de acuerdo con la legislación nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

4. Cumplir estrictamente con la reseña y registro de todos los niños y niñas que accedan al territorio nacional, independientemente de que haya dudas o no sobre su edad y de la documentación que porte.

5. Garantizar que con independencia de la nacionalidad, las administraciones asumen la tutela ex lege de todos los menores que se encuentren en situación de desamparo.

6. Reformar la Ley de Extranjería y el reglamento de la Ley de Extranjería para otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de edad. Asegurar la autorización a los mayores de dieciséis años a acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.

7. Garantizar el derecho a la educación, la asistencia sanitaria y los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores de edad españoles.

8. Abordar con urgencia, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la situación de los niños y niñas que viven en las calles a través de programas de intervención comunitaria, social y psicológica para evitar posibles situaciones de desamparo.

9. Promover los traslados de los niños y niñas no acompañados que se encuentran en las ciudades de Melilla y Ceuta a la península, siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados, con la correspondiente asignación económica a las comunidades autónomas para garantizar sus derechos y condiciones materiales de vida.

10. Promover programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos menores una vez alcanzan la mayoría de edad que incluyan la garantía de acceso a la atención sanitaria, a los programas de garantía juvenil y formación para el empleo.


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11. Reforzar las políticas de reasentamiento y reubicación para acoger en España a cuantos menores solicitantes de asilo puedan ser atendidos por nuestras administraciones. Con este fin, el Gobierno convocará a las comunidades autónomas y realizará cuantos esfuerzos políticos diplomáticos sean posibles para acelerar el proceso.

Vamos a proceder a la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 14.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Pasamos ahora a la votación de la proposición no de ley relativa a incluir la atención temprana dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se vota conjuntamente la proposición no de ley sobre la necesaria armonización de la atención infantil temprana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se ha presentado una enmienda transaccional firmada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra,1.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a la mejora de la seguridad en centros educativos, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota de acuerdo con la enmienda transaccional presentada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos que paso a leer.

Los puntos 1 y 2 quedan igual y se añade un tercer punto que dice: Abordar en la subcomisión del Pacto de Estado por la Educación la problemática de las lesiones no intencionales en los centros educativos y sus acciones preventivas.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Perdón, señora presidenta.

Los puntos 1 y 2 de la enmienda del Grupo Socialista tienen matices. No es el texto original de la proposición.

La señora PRESIDENTA: No me he expresado bien. Los dos primeros puntos quedarían tal y como están en la enmienda presentada por el Grupo Socialista y el tercer punto que se incluye es el que acabo de leer.

Pasamos a la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 1; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Votamos la proposición no de ley relativa a promover medidas de prevención de lesiones no intencionales en la población infantil, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 11.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.

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