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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 332, de 26/09/2017
cve: DSCD-12-CO-332
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 332
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA
Sesión núm. 26
celebrada el martes,
26 de septiembre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Justicia:

- Del presidente del Consejo General de Graduados Sociales (San Martín Rodríguez), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 219/000799) ... (Página2)

- Del magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, doctor en Económicas (Gutiérrez López), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 212/000978) ... (Página9)

- Del magistrado en excedencia, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, abogado, mediador en materia civil y mercantil (Azparren Lucas), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 219/000800) ... (Página19)

- Del presidente del Consejo General del Notariado (Martínez Sanchiz), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 219/000801) ... (Página27)

- Del exfiscal de la Fiscalía Anticorrupción, fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo (Viada Bardaj), para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 212/000979) ... (Página34)


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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA:

- DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES (SAN MARTÍN RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000799).

La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la sesión de comparecencias. En primer lugar comparece don Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo General de Graduados Sociales.

Les recuerdo a los grupos parlamentarios que, tal y como se acordó en los trabajos de la subcomisión, el compareciente tiene un tiempo aproximado de diez minutos; los grupos parlamentarios de cinco minutos, de menor a mayor, y, finalmente, el compareciente tendrá otros cinco minutos para las respuestas o los asuntos que quedaran pendientes de su primera intervención.

Tiene la palabra el señor San Martín.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES (San Martín Rodríguez): Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la Comisión -a la presidenta de la Comisión y a todos los miembros de la misma, así como a la señora letrada- por esta invitación tan importante que nos hacen al colectivo de graduados sociales.

Las intervenciones de los últimos comparecientes tienen por grandeza conocer ya lo que han dicho los anteriores y, por tanto, a mí me resulta mucho más fácil poder expresar lo que pretendo en estos diez minutos, que seguramente cumpliré.

El graduado social, como ustedes saben, es un profesional jurídico que tiene su ámbito profesional en la jurisdicción social, solo en la jurisdicción social. Bien es verdad que en la jurisdicción civil, en la parte mercantil, y en concreto en los concursos, tiene la representación de los trabajadores, pero lo cierto es que solamente tenemos nuestro ámbito profesional en la jurisdicción social. Pues bien, en lo que a la estrategia de la justicia se refiere y en cuanto a la jurisdicción social debo decirles, en primer lugar, que sobre todo y muy especialmente lo que toca a la jurisdicción social son las relaciones humanas, las relaciones laborales que se disfrazan en relaciones humanas y que realmente son una materia muy delicada. Por tanto, en cuanto a exigir, plantear o proponer una serie de mejoras en la propia jurisdicción debo decirles que es muy delicado para los trabajadores que tengan los señalamientos aproximadamente a un año vista de la presentación de la demanda. Para nosotros eso -el tiempo de los señalamientos- es algo que significa que la justicia debería mejorar en ese sentido de una manera muy especial.

En cuanto a otras cuestiones también importantes que nuestro colectivo quiere plantear y proponer a la hora de poder mejorar la justicia, lo que hemos notado y eso se palpa tanto por los graduados sociales como por los abogados laboralistas, es la falta de especialización de los jueces en esta jurisdicción; es decir, nosotros consideramos que esta es una jurisdicción muy delicada, una jurisdicción muy especial en la que el juez que tiene que impartir justicia tiene que tener un conocimiento muy especial de la misma, no se trata solamente de un concepto y un conocimiento del derecho en general. Por tanto, el colectivo de graduados sociales busca y solicita la especialización en esta materia. Es una especialización necesaria para conocer también qué partes intervienen en un procedimiento laboral; en un procedimiento laboral, como ustedes saben, se juega una persona mucho, se juega el despido, se juega la prestación, se juega la pensión, se juega mil cuestiones que son realmente vitales para el desarrollo del ser humano. Por tanto, lo que exigimos sobre todo es que haya un trato mucho más humano por parte de los jueces a la hora de tratar al justiciable y a la hora de tratar precisamente a los profesionales del derecho, tanto abogados como graduados sociales, en este tipo de jurisdicciones porque obviamente lo que estamos representando son los derechos casi fundamentales de las personas en materia de jurisdicción social.

Hemos propuesto al Gobierno una serie de cuestiones importantes no solamente en esta legislatura, sino en las anteriores -llevo ya varios años como presidente del consejo general y hemos tratado con muchos ministros-, pero la realidad es que ninguna se ha puesto en práctica y nosotros consideramos que una de las formas más importantes de descargar la congestión que puede tener la justicia en materia laboral probablemente es sacar una serie de derechos disponibles que existen, como son las reclamaciones de cantidad de una cuantía inferior -cantidades de 1000 euros, de 500 euros- y llevarlas al arbitraje privado. Para ello, obviamente, habría que cambiar el artículo 1 de la Ley de Arbitraje privado que establece que no es posible llevar a cabo esa cuestión en términos laborales. Esta es una cuestión


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que hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones pero que en ningún caso ha sido aceptada por ninguno de los Gobiernos anteriormente. Y desde luego lo que puedo proponer en este caso es una modificación total del sistema de recursos en la jurisdicción social. Nosotros consideramos que tanto el recurso de suplicación como el recurso de casación son dos recursos que generan una gran desigualdad y generan en muchos casos más que justicia una tremenda injusticia. En la relación laboral, como en muchas otras relaciones -civiles, penales-, están perfectamente definidas cuáles son las partes del contrato, que son las que van a llevar a cabo esta situación: el empresario y el trabajador.

Y si bien es verdad que el trabajador goza de un derecho plenipotente en la jurisdicción social, lo cierto es que la empresa en este caso concreto se ve muy limitada a la hora de poder acudir al recurso de suplicación cuando no tiene capacidad económica para consignar el objeto de la condena. Eso en muchas ocasiones deja a la empresa en una situación de total desigualdad y es lo que realmente venimos reclamando desde hace muchos años, que tampoco se viene llevando a cabo. ¿Ocurre eso con mucha frecuencia? No tengo estadísticas, no puedo saber exactamente cuántas empresas han podido ir a concurso como consecuencia de esto que estoy diciéndoles, pero hay muchas condenas importantes que incluso probablemente provienen no de una falta o de un incumplimiento de contrato sino de una falta administrativa, un recargo de prestaciones, que la pequeña y mediana empresa no puede hacer frente a la misma y no puede llevar a cabo ese recurso como consecuencia de esta falta de liquidez y en consecuencia tiene que irse al concurso o desaparecer; en definitiva, perjudicar al trabajador, que es el que se ve realmente perjudicado en este sentido. Nosotros creemos que una reforma a fondo del sistema de recursos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es importante y, en concreto, del recurso de suplicación y, cómo no, del recurso de casación para la unificación de doctrina. No podemos establecer que haya una parte exactamente buscando una sentencia contradictoria a los hechos que dieron lugar a esa situación que si no existe se queda sin capacidad de recurso. Consideramos que debería hacerse una revisión general del sistema de recursos y además creemos que es necesario porque es la forma de dar fluidez a esta situación.

Lo decimos desde la humildad de ser quienes somos, somos los graduados sociales; nosotros, como la mayoría de ustedes conocen, nos dedicamos solamente al mundo y a la materia laboral, y como tal desde hace mucho tiempo venimos exigiendo que nuestra profesión tenga también una reforma profunda en el sentido de poder acceder a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Hemos propuesto en determinados momentos que nuestro colectivo, que se forma por veinticinco mil personas en toda España, que como ustedes saben estamos dando trabajo a setenta y cinco mil familias y estamos gestionando el 80 % del prácticamente millón, millón cien mil pequeñas empresas menores de cincuenta trabajadores. Pues bien, nuestro colectivo exige, al menos, que haya una igualdad con el resto de las profesiones jurídicas a la hora de comparecer ante la jurisdicción social, porque existe una leyenda en la que aparece el temor de que el colectivo de graduados sociales pretende conseguir mayores competencias que no sean de la jurisdicción social, y en absoluto es así. Nosotros lo que queremos única y exclusivamente es que nuestra profesión tenga su espacio, pero completo, en la jurisdicción social. ¿Y eso por qué? Por una razón obvia, porque nuestra formación, al igual que el resto de las profesiones jurídicas, se hace en la universidad española, se hace mediante un grado de 240 créditos exactamente igual y, fíjense, tiene hasta el mismo precio el coste del crédito en Relaciones Laborales que el coste de crédito en Derecho. Sin embargo, resulta que a la hora de acceder a la jurisdicción los graduados sociales no tenemos los mismos derechos que el resto de los operadores jurídicos. Y eso es lo que venimos reclamando hace tiempo. Para ello, en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la disposición undécima, se estableció que se crearía una comisión mixta entre abogados, graduados sociales y el ministerio con el fin de establecer cuáles serían las necesidades del título equivalente o validante para poder acceder a la profesión, que realmente es lo que desde hace tiempo estamos tratando de conseguir y que obviamente se lo expongo a ustedes como titulares del mayor derecho que puede existir en un Estado democrático, que es el Poder Legislativo.

Nuestro colectivo lleva mucho tiempo estableciendo un sistema de orientación jurídica gratuita en los colegios y nada percibimos por ello; nuestros graduados sociales en el año 2016 han hecho aproximadamente 5500 consultas gratuitas en toda España a la gente que menos capacidad económica tiene. Y lo que queremos no es solo reconocimiento institucional, lo que queremos, obviamente, es que esa posición se coloque en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y para ello estamos buscando que, de una vez por todas, o bien el ministerio desarrolle esto en el plazo de un año que establecía esa ley -plazo que ya ha transcurrido-, o bien la Abogacía tenga a bien llevar a cabo esa reunión con nosotros con la finalidad


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de poder acceder a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Para ello estamos tratando de conseguir ser oídos en todos los estamentos, y uno de ellos es esta Comisión. Esta modificación para nosotros es fundamental porque lógicamente, como les decía antes, no podemos estar privados de algo fundamental, como es el recurso de casación. Fíjense el escenario: el graduado social atiende al justiciable, hace la demanda o la contesta, hace el juicio o desarrolla la prueba, hace el recurso de suplicación o lo impugna, pero cuando llega el recurso de casación la ley no le permite firmarlo, lo tiene que hacer, eso sí, y dárselo a un compañero letrado para que se lo firme. En el siglo XXI me parece no inconstitucional, me parece una aberración que eso pase; pero está pasando. Por eso lo que queremos es que haya una modificación firme y en serio de todo esto con la única meta de alcanzar una igualdad para un grupo de profesionales que, como les digo, solamente nace en la jurisdicción social, que lo único que quiere es mejorar en la jurisdicción social y que lo único que pretende es ayudar a los demás con una gran vocación de servicio público.

Nada más, señora presidenta. Espero no haber rebasado el tiempo. Muchísimas gracias por haberme recibido.

La señora PRESIDENTA: Muy disciplinado. Gracias.

A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios. Creo que no estamos todos, ni PNV, ni Esquerra, ni Mixto. Así que, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera. (El señor Campo Moreno pide la palabra).

¿Señor Campo?

El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, le pedí antes que, si no había ningún inconveniente, pudiera intervenir ya, porque algunos nos tenemos que ausentar a una reunión. Es decir, si podríamos alterar el orden de intervención.

La señora PRESIDENTA: Si no hay inconveniente por parte del resto de portavoces, tiene la palabra el señor Campo, por el Grupo Socialista.

El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señora presidenta; gracias también a los compañeros, y gracias al presidente de los graduados sociales de España por su concreción.

En nombre del Grupo Socialista quiero, además de agradecerle su presencia -como siempre colaborador con cualquier mejora del sistema judicial-, pedirle unas pequeñas precisiones en orden a formar nuestro criterio. Evidentemente, el nudo gordiano creo que es la firma de la casación. Ahí se habla de una comisión, en virtud de la disposición undécima -creo recordar-, ¿cómo está esa situación? ¿Se ha constituido, hay ya trabajos? ¿Cómo lo ve el Consejo General de la Abogacía? Lo digo porque me parece que el colectivo de graduados es de veinticinco mil y ellos son doscientos cuarenta mil (Risas); o sea, que ahí va a haber, me figuro, un foco de tensión que creo que es bueno arreglar en pro del justiciable.

Después hay un tema -y he tenido oportunidad de hablarlo con el presidente-, que es la capacidad de aligerar la carga de litigiosidad. La propuesta que se nos hace desde la presidencia es, en las pequeñas reclamaciones de cantidades, un arbitraje privado. Eso se separa un poco de la costumbre tradicional, y creo que con buen éxito, que ha tenido siempre el ámbito social en el juego de la conciliación, tanto la externa como la interna -creo que sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo-. Me gustaría que matizara por qué esa opción por el arbitraje y las consecuencias que tendría ese laudo arbitral en orden a ejecuciones y demás.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias presidenta.

Muchas gracias por su comparecencia, señor San Martín. Quiero decirle que nuestro grupo comparte los objetivos y las inquietudes que usted ha expresado hoy, especialmente ese objetivo de una justicia más humana; de hecho, ese es uno de los ejes en torno a los cuales se articulan los trabajos de esta subcomisión de una estrategia para la justicia.

En cuanto al turno de oficio, si recuerda, yo tuve oportunidad de preguntarle por esta cuestión al final de su comparecencia en el Pacto de Toledo, pero aquel día no era el foro y quedó aquello un poco soslayado por el resto de cuestiones que se trataban allí. ¿Cómo está esta cuestión? Ustedes habían


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celebrado reuniones en el ministerio y hasta donde yo sé el ministerio se había manifestado proclive a esta inclusión; no sé si estoy equivocado. Si quiere puede ampliarnos la información al respecto.

En cuanto a alcanzar la firma del recurso de casación, me parece de lo más lógico; tiene sentido que los únicos profesionales universitarios especializados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social puedan actuar ante todas las instancias de la jurisdicción social. Lo que sí haría sería ponerlo en correlación con el master de acceso a la profesión. Creo que ustedes no tienen todavía implantado ni desarrollado un master de acceso a la profesión de graduado social y quizá sería interesante una mayor formación, una mayor especialización de cara a asumir precisamente esa competencia.

Le preguntaría por su experiencia con Lexnet, cómo está siendo su experiencia con el sistema de notificaciones y presentación de escritos.

Releyendo sus conclusiones de la asamblea nacional que han tenido recientemente, al final de dichas conclusiones hay una en la que ustedes se debate -hoy lo ha expresado con más firmeza y rotundidad- en la dicotomía de abogar por una mayor especialización en la jurisdicción social o por la ampliación de competencias, y lo pongo entre paréntesis, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Cuál cree usted que es el futuro de la profesión de los graduados sociales?

Finalmente le preguntaría, relacionado también con ese futuro, cuál es su opinión acerca del ejercicio de las profesiones en el ámbito jurídico, y me explico. ¿Está usted a favor de que el ejercicio de estas profesiones siga vinculado a la organización en colegios profesionales?

Nada más. Gracias.

La señor PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.

La señora PITA CÁRDENES: Gracias, señora presidenta, pero no tenemos preguntas para este compareciente.

La señora PRESIDENTA: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrionuevo Gener.

El señor BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor San Martín, le agradezco la comparecencia ante esta subcomisión de Justicia, comparecencia que se realiza a petición del Grupo Popular. Mi grupo ha querido que estén presentes los graduados sociales a través de su presidente y de esta forma tener en consideración las aportaciones que los profesionales de la justicia -abogados, procuradores y graduados sociales, que desarrollan su actividad ante los jurados y tribunales- sea tenida en cuenta, junto a la opinión de otros operadores jurídicos a la hora de extraer las conclusiones de esta subcomisión por una estrategia nacional de la justicia. Le agradezco las explicaciones que nos acaba de dar y sobre ellas y sobre otros puntos le voy a hacer una seria de preguntas.

Hace unos meses compareció ante esta subcomisión el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez. Hablaba de la implantación de las nuevas tecnologías, obligatorias, como usted sabe, a partir del 1 de enero de 2016 para las comunicaciones entre los profesionales. Decía que mientras que para unos había significado una neumonía, para los procuradores había sido un resfriado ya que venían trabajando con Lexnet, que era algo que ya utilizaban desde años atrás. Analizando precisamente la trayectoria de los graduados sociales hay que decir que sois pioneros en la utilización de los avances tecnológicos; no en vano, y hay que reconocerlo, fuisteis los primeros en interoperar con otras administraciones, como la Tesorería General de la Seguridad Social, a través del sistema RED, a través del sistema DELTA o la plataforma TESOL. La apuesta del Ministerio de Justicia precisamente es firme respecto a las nuevas tecnologías y la digitalización de los expedientes judiciales. De hecho, en estos presupuestos hay un incremento de más del 7 % en esta materia, y además en lo que llevamos de vida llevamos más de cien millones de notificaciones realizadas a través de estas vías telemáticas. Mi pregunta: ¿Considera usted que el modelo de la justicia electrónica es, con sus fallos, que se reconoce que los hay, y sus inconvenientes, el futuro por donde debe desarrollarse la manera de gestionar los expedientes digitales o, por el contrario, cree que la mejor forma es tener los expedientes en los armarios de los juzgados al alcance de mucha gente?


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Respecto a la formación, creo que actualmente habría una especie de competencia desleal. Le comento y le profundizaré. La Ley 34/2016, establece las pruebas de acceso para las profesiones de abogados y procuradores. Esa obligación para estos colectivos -ahora ya se ha hecho extensiva-, como usted bien ha apuntado, es a través de la Ley 45/2015, de 5 de octubre, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, que creará un sistema de acceso para acceder al sistema de representación técnica gratuita, eso que demanda de la asistencia jurídica gratuita. Nosotros consideramos que cuanto mejor formados estén los profesionales, mejor servicio prestarán a los ciudadanos. Mi pregunta: ¿Cómo valora usted la posibilidad de introducir una prueba de acceso a la profesión de graduado social y, sobre todo, cómo debería desarrollarse esa prueba para determinar la capacitación que va a tener el graduado social?

Su colectivo -es un tema que ha apuntado el señor Campo-, el de graduados sociales, siempre ha destacado por implantar la cultura del acuerdo, todos nos acordamos de las conciliaciones ante el CMAC. El ministerio quiere fomentar la mediación -y en eso está- como mecanismo de resolución de conflictos. ¿Considera que la mediación debería ser obligatoria en determinados procedimientos de cuantía escasa? ¿Considera que esos procedimientos deberían estar vetados a la jurisdicción?

Voy terminando, señora presidenta. Aunque la jurisprudencia de forma unánime tiene resuelta la cuestión de la jura de cuentas, ¿cree usted que deberíamos introducir alguna reforma en la ley para, de forma expresa, asimilar su régimen en este ámbito al que tienen los abogados y los procuradores?

Respecto a la jurisdicción contencioso-laboral, yo creo que usted, por las ponencias y en lo que le he podido seguir, es partidario de sacar del ámbito contencioso-administrativo las relaciones laborales de los funcionarios y llevarlas al ámbito laboral. Me gustaría que nos diera su opinión.

Por último, y como curiosidad, ya que lleva usted como presidente del Consejo General de Colegios de Graduados de España desde el año 2002, y además tiene una dilatada vida profesional, me gustaría saber su opinión sobre la Ley 3/2012, de Reforma del Mercado Laboral, si considera que debe ser reformada, si tiene que ser derogada y si gracias a ella ha habido ese incremento afortunado en la disminución del desempleo.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: A continuación tiene de nuevo la palabra el señor San Martín Rodríguez.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES (San Martín Rodríguez): Muchas gracias por las preguntas, por la motivación que despierta en ustedes mi comparecencia.

Me preguntaba don Juan Carlos Campo sobre cómo está la comisión mixta. Esa comisión se constituye por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en una disposición establece que en el plazo de un año el Gobierno enviará a las Cortes un proyecto de regulación de la capacidad necesaria para que los estudiantes de relaciones laborales y recursos humanos accedan a la profesión de graduado social. Para ello se establece un grupo de personas de la abogacía, un grupo de personas del colectivo de graduados sociales y un grupo de personas del ministerio. Tengo que decir que el equipo de Gobierno, tanto de este Gobierno como del anterior, han sido realmente proactivos en la búsqueda de la igualdad del colectivo de graduados sociales en el mundo jurídico-laboral. Este Gobierno convocó esa comisión en dos ocasiones pero lamentable e incomprensiblemente por parte de la abogacía no hemos tenido respuesta de ningún tipo. Yo también soy abogado en ejercicio, como muchos de ustedes lo son, la señora presidenta, la señora letrada, etcétera, y no logro comprender cómo es posible que un cuerpo profesional hermano -la mayoría de nuestro colectivo de graduados sociales también somos abogados-, probablemente por una cuestión institucional, se opone permanentemente al desarrollo de la carrera profesional de un colectivo que ha nacido hace sesenta años y que hoy en día ocupa el 50 % de la jurisdicción social. No son bromas ni son palabras menores, estamos hablando de que esa oposición va a dar lugar, obviamente, a un malestar general y a una ralentización de la norma, y eso es lo que no queremos. Desde aquí hago una llamada de cordialidad; entiendo y creo que dentro de poco deberá de nuevo ser convocada la comisión y trataremos de llegar a un acuerdo. ¿Dónde está el punto de conflicto de esta situación, cuál es el nudo gordiano? Parece ser que no se ponen de acuerdo sobre cuál es el máster de capacitación que nos debe homologar para poder acceder a la profesión. El master, lo hemos dicho con mucha sinceridad, nosotros creemos que no debe ser tan exigente como lo es para la abogacía, porque nuestra formación es específica para el mundo laboral, no tenemos por qué tener un master de 120 créditos, pero sí nos sometemos a un master de acceso a la profesión de 60 créditos, de los cuales 30 son teóricos y 30 son prácticos, de una materia que obviamente afecte al ejercicio de nuestra profesión y, naturalmente que sí, después a un


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examen de Estado como el resto de los operadores jurídicos, como abogados y procuradores. En cuanto al examen de Estado, valga esta circunstancia para decir que nosotros realmente consideramos que el que tiene en estos momentos la abogacía y la procura no es un examen de Estado que realmente permita conocer la capacidad profesional de alguien que accede al ejercicio profesional. He leído incluso la comparecencia de la señora presidenta del consejo general, que proponía un máster, un trabajo que se llevaría para casa el alumno y que luego desarrollaría con sus libros en el despacho para poder ser presentado luego ante el Colegio de Abogado. Me parece perfecto, nos sometemos a cualquier tipo de obstáculo legal, por llamarlo de alguna manera, con el fin de que nuestra profesión tenga lo que tiene que tener, que es el acceso a la asistencia jurídica gratuita y al recurso de casación. Así es como está. Espero que esto se desactive inmediatamente y que el Gobierno tome medidas en este sentido para poder traer a las Cortes incluso el desarrollo legislativo necesario si no hay acuerdo con el Consejo General de la Abogacía.

En cuanto a la capacidad para aligerar la cuestión de la justicia, me decía el señor Campo que perfilase un poco más sobre el arbitraje privado y que matizara cuál era realmente la propuesta. La propuesta es que nosotros consideramos que en el mundo laboral se judicializa prácticamente todo y eso no es positivo, y eso enlaza con lo que me decía el señor Barrionuevo en cuanto a cuál era mi opinión sobre aquellos asuntos que deberíamos de desjudicializar y utilizar más la mediación. Llevo muchos años ejerciendo esta profesión, tanto de graduado social como de abogado, y lo veo; es absurdo acudir al juzgado, con todo lo que supone el aparato judicial de desarrollo, para una reclamación de 60, 70 u 80 euros, como ocurre con mucha frecuencia. Lo que nosotros proponemos, enlazando con su propuesta, es que ese tipo de cosas, hasta una cuantía a pactar, se llevara a una mediación obligatoria o bien a un arbitraje privado que debería hacerse en los colegios profesionales. En los colegios profesionales debería haber personas especializadas en este tipo de cuestiones, que obviamente formaran parte del personal del propio colegio o que fueran voluntarios o una lista de gente, que pudieran resolver sobre cuestiones de derechos disponibles, como es una reclamación de cantidad derivada, por ejemplo, de un impago de salario. Esa es una cuestión que podría liberarse sin perjudicar para nada el derecho no disponible de los trabajadores y aligeraría muchísimo la congestión de la jurisdicción social. Como les dije al principio de mi intervención, hay veces que da pena que una persona que ha sido despedida y que en el despido lleva prácticamente toda su vida, le señalen el juicio prácticamente a un año vista; eso no puede ser, eso es lo que tenemos que evitar. Los sociólogos americanos dicen que el mayor dolor que puede tener una persona es la muerte de un familiar en primer grado; después parece ser que es el divorcio, pero el tercer dolor conceptual dicen que es el despido, la extinción de la relación laboral. Una persona que se ve despedida -ustedes, gracias a Dios, están en otra posición, nosotros también-, que a los cincuenta y cinco años ha perdido su empleo y no tiene donde acudir, que le señalen un juicio a los ocho meses no le soluciona nada; ahí es donde tiene que estar la justicia, esa es la justicia, la justicia es hacerlo cuanto antes y en eso tenemos que trabajar todos para conseguirlo. De ahí que, aparte de descongestionar aquello que carga a los jueces de mucho trabajo, yo no diría insignificante, porque todo es significativo naturalmente, pero que no tiene la importancia de un despido o de un mobbing o de una extinción, sacarlo de la jurisdicción y llevarlo al mundo del arbitraje.

El portavoz del Grupo Ciudadanos hablaba de cómo está el turno de oficio; lo expliqué ya prácticamente. Nosotros estamos estableciendo nuestro servicio de orientación jurídica en los colegios de forma totalmente gratuita y lo que queremos es que esa condición de profesionales del derecho podamos utilizarla con la persona que menos tiene, ¿cómo? Pues incorporándolos al sistema de asistencia jurídica gratuita. Creo que no sería problema ni obstáculo para ninguna parte que no fuera retribuido, eso es lo que menos nos importa en este momento; lo que queremos es que al menos nuestro trabajo sea reconocido por las instituciones, lo que no puede ser es que estemos en una nebulosa en la que realmente estamos trabajando pero no figuramos para nada.

He leído prácticamente todas las intervenciones anteriores que se han producido aquí -estamos hablando de la Comisión de Justicia-, y cuando la gente se refiere al mundo de la justicia habla de jueces, de fiscales, de letrados de la Administración, habla de abogados y de procuradores -siempre pasa lo mismo-, todo el mundo se olvida de que existimos los graduados sociales. No pasa nada, porque estamos acostumbrados a ello, pero creo que ya va siendo hora de que la gente joven entienda que existimos, que tenemos un espacio muy claro en la jurisdicción y que estamos haciendo un papel, no tan relevante como podría ser el de un abogado, pero tanto o más que él seguro que sí. Por tanto, deberíamos estar considerados en ese sentido.


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Nos preguntaba por el máster, ya lo expliqué anteriormente. Hemos propuesto al ministerio un máster de 60 créditos, 30 teóricos-30 prácticos, dedicados al mundo de la jurisdicción social. Me hablaba del sistema Lexnet y de lo que había dicho precisamente Juan Carlos Estévez, con el que tengo una gran relación porque realmente es un presidente magnífico que ha llevado la procura a una altura importantísima. El sistema Lexnet tiene fallos, naturalmente que sí; yo fui usuario del sistema Lexnet, gracias a Dios tengo un despacho que funciona perfectamente y trabajo en todos los lugares de España y para los que trabajamos fuera de la provincia el sistema Lexnet es una bendición, porque gracias al sistema Lexnet la fluidez es muy importante. ¿Tiene fallos? Claro que tiene fallos. Miren, hace veinticinco años, el sistema RED por el que usted preguntaba, de la Tesorería General de la Seguridad Social, que hoy en día es un producto que se exporta y se vende -no sé si ahora está ocurriendo pero en la etapa anterior se exportaba y se vendía-, hasta que consolidó su posición tenía muchos fallos, pero es que ustedes son usuarios de Internet, ustedes probablemente están en Movistar y tienen una caída del sistema, ¿cómo no va a tener una caída del sistema? Todo tiene una caída en el sistema, esto no es algo realmente perfecto, pero funciona muy bien y la idea es muy buena. Lo que tenemos que hacer es no poner palos en las ruedas ni poder zancadillas y trabas, sino empujar, colaborar y ayudar. Lo que pasó, como ustedes saben en agosto, es que muchos profesionales, aprovechando la caída, entraron en los buzones de otros para mirar. Tampoco se dio una situación tremenda, pero quizá muchos de ustedes son abogados o procuradores y no me digan que en los casilleros llevados por los procuradores no entraron a ver lo que había. Pues eso ocurría en papel y ahora ocurre tecnológicamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en positivo, y creo que la solución es esa.

En cuanto a la jurisdicción social o jurisdicción contenciosa, por lo que usted me preguntaba, hay un error, en efecto. Me alegro mucho de esta pregunta que, por supuesto, no estaba preparada, porque alguien de la abogacía me llegó a decir que nuestra intención era ocupar el espacio en la jurisdicción contencioso-administrativa que tenían los abogados, y eso es falso. Nosotros no queremos en absoluto la jurisdicción contencioso-administrativa ni ninguna otra jurisdicción que no sea la laboral, la social, no queremos nada, queremos lo nuestro, pero en lo nuestro, por favor, déjennos estar como tenemos que estar. Lo que hemos hecho, y además Juan Carlos Campo, junto con Fernando Salinas, que fueron codificadores de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que lo hicieron muy bien, fue migrar de la jurisdicción contencioso-administrativa aquellas materias laborales a la jurisdicción laboral, que es donde tienen que estar. Y ahí están, y estamos manejando perfectamente la situación.

En cuanto al régimen funcionarial, efectivamente, el funcionario tiene materia laboral, materia laboral muy específica, de hecho los tribunales están admitiendo ya el mobbing en cuestión laboral, pero en la jurisdicción contencioso-administrativa pasa como en la laboral, es muy especializada -aquí hay una letrada en Cortes-, es decir, en materia administrativa los que más saben son los que más saben de esta cuestión: los administrativistas; los graduados sociales no podemos ni debemos pretender entrar en la jurisdicción contencioso-administrativa, y si lo hace alguien es un error. Creo que en materia laboral lo que hay que hacer es trabajar y especializarse en ella, como hemos hecho.

Me preguntaba usted sobre si consideraba que el sistema de colegios profesionales era el más correcto. Yo soy un defensor de los colegios profesionales. Llevo en ello desde el año 2002, finalizo mi mandato en el año 2018 -no pienso renovar más, de ninguna de las maneras-, y soy un gran defensor de los colegios profesionales. Creo que es un gran problema para un país que la organización no controle determinadas actitudes porque eso puede generar el abuso, y para evitar abusos creo que los colegios profesionales funcionan perfectamente. Es una opinión personal que obviamente dejo en la mesa.

El Grupo Popular a través del señor Barrionuevo me preguntaba por varias cuestiones, sobre la utilización de las nuevas tecnologías y el sistema RED. Ya he dicho que nuestros despachos están superacostumbrados a utilizarlas, y eso mismo hace poco tiempo con la abogacía y con la procura, en una reunión en el Ministerio de Justicia, se lo estuve explicando al ministro de Justicia. No hay que tener miedo al sistema Lexnet, obviamente tiene sus fallos, ha habido errores, pero lo que tenemos que hacer es potenciar ese sistema porque es lo mejor que puede pasar. Además hay una ley -y ahora que está tan de moda hay que decirlo-, y la ley hay que cumplirla, y la ley dice que hay que modernizar la Administración y hay que modificarla, cueste lo que cueste y sea como sea. Por tanto, los graduados sociales ahí estaremos ayudando al sistema Lexnet y colaborando con el Gobierno para tratar de sacar adelante la justicia y modernizar la misma.

Por último, me hablaba de la prueba de acceso a la profesión, que ya hemos señalado. En cuanto a la jura de cuentas, la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción Social prácticamente controla esa situación.


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Es verdad, señor Barrionuevo, que hemos sufrido muchísimo a veces el trato poco humano de muchas situaciones, incluso de forma despectiva se nos echaba del proceso diciendo que no formábamos parte de la jura de cuentas, de una manera vil, porque no tenía otra explicación. Sin embargo, poco a poco hemos ido introduciendo la bondad de la interpretación de la ley y en estos momentos nuestra posición en el mundo procesal es absolutamente equiparable a la de la abogacía en ese punto.

Quiero decir con esto que, efectivamente, a nivel general, a nivel nacional, como ya les dije a ustedes y muchos son procuradores o abogados o jueces, creo que entre profesionales de a pie no hay ningún problema a la hora de manejar nuestras costumbres. Incluso hay muchos juzgados, muchas salas de vistas que las togas las ponemos graduados sociales y abogados conjuntamente. No entiendo por qué institucionalmente se pretende siempre obstaculizar el desarrollo del graduado social.

La señora PRESIDENTA: Agradecemos al compareciente su claridad en la exposición y en los tiempos. Le recordamos -creo que se lo hicieron llegar los servicios técnicos- que además del magnífico trabajo que hacen las taquígrafas y la constancia que queda en el Diario de Sesiones, estamos pidiendo a todos los comparecientes que para facilitar los trabajos en la subcomisión y centrar bien las preocupaciones, concreten en un par de folios esa exposición que usted nos ha dado en el día de hoy para que no quepa duda de lo que han querido trasladar en el día de hoy.

Muchas gracias.

Interrumpimos un segundo para despedir a nuestro compareciente y dar la bienvenida al siguiente. (Pausa).

- DEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA, DOCTOR EN ECONÓMICAS (GUTIÉRREZ LÓPEZ), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 212/000978).

La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con la comparecencia de don Francisco Gutiérrez López, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla y doctor en Económicas, que es lo que también le trae a esta subcomisión, que solicitó el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Me ha pedido el compareciente un poco más del tiempo previsto. Como vamos muy bien en el desarrollo de la sesión, y veo que sigue habiendo algunos grupos ausentes, creo que podemos facilitarle el trabajo para que esté tranquilo en su exposición y el interés de los grupos que han solicitado su comparecencia se vea también satisfecho. Cuando usted quiera, puede comenzar con su exposición.

El señor MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA (Gutiérrez López): Señora presidenta, señorías, buenos días.

Quisiera agradecerles que me hayan convocado a comparecer en esta Comisión de Justicia y ojalá que la tesis doctoral que he realizado en el Departamento de Economía Aplicada III, de la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla, pueda servir para alumbrar soluciones que mejoren el funcionamiento de la justicia. He pedido un poco más de tiempo por que con diez minutos me resultaría muy difícil exponer los datos que tengo que suministrar. (Apoya su intervención en un powerpoint).

La tarea que tienen encomendada es compleja, basta recordar que el Pacto para la reforma de la justicia de 2001 ya reconocía como una cuestión de Estado la necesidad de modernizar el funcionamiento de la justicia. Sinceramente, creo que este objetivo no se ha conseguido plenamente si tenemos en cuenta las críticas que actualmente se vierten contra la justicia, que es tachada de ineficiente y tardía, y son muchos los profesionales que consideran que la justicia es la cenicienta de la Administración y que la falta de medios es la causa que justifica su mal funcionamiento, solicitando por ello mayor gasto.

Mi investigación no ha pretendido acreditar las deficiencias que tiene la justicia, para eso basta leer la prensa diaria o visitar los edificios judiciales. Lo que yo he puesto en relación es el gasto y el funcionamiento de la Administración de Justicia para comprobar que relación existe entre ambos. Y les anticipo que la conclusión esencial de mi investigación es que el sistema judicial español, desde 2004, está intensamente condicionado por una estructura compleja y por una gestión de recursos ineficiente, que han provocado que el incremento del gasto que ha habido en el periodo haya sido estéril y no haya mejorado su funcionamiento.

Les voy a exponer resumidamente los datos en los que sustento esta conclusión. En primer lugar, nos preguntaremos cuánto se gasta en justicia en España. Pues bien, una pregunta tan sencilla no es fácil de


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responder, y no lo es porque, en primer lugar, no existe un presupuesto nacional consolidado que englobe todo el gasto en justicia, sino que en España son catorce las administraciones competentes: Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y doce comunidades con competencias transferidas. Pero es que además no existe ningún criterio, ninguna regla que nos diga qué gastos se deben considerar como realizados en la justicia y para que vean que el problema no es baladí, en este primer gráfico se contiene la estructura de gasto de la Administración central, los programas referidos al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Verán que hay programas que cuesta entender que son de la justicia: registros vinculados a la fe pública; protección de datos con carácter personal; asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. No parece que el presupuesto de Justicia sea el gasto de justicia. Por tanto, si seguimos las indicaciones de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, que es un organismo creado en el Consejo de Europa precisamente con la intención de mejorar el funcionamiento de los temas judiciales, considero que únicamente deberían entenderse como gastos de justicia tribunales, ministerio público y justicia gratuita. Siguiendo estos criterios, por tanto, deberíamos tachar estos cuatro programas que no guardan relación con lo que he dicho.

En este cuadro se contienen los parámetros principales del gasto de la justicia en España en 2004 y en 2014. El gasto aproximado actualmente son unos 3600 millones de euros. Verán que el presupuesto de 2004 aumenta hasta 2010 y a partir de 2010 tiene un pequeño descenso. La característica principal que yo advierto es que mientras el gasto de la justicia alcanzó el 54 %, el incremento del gasto de las administraciones públicas fue del 42,3 %, es decir, que al menos en este periodo se ha dotado de una cierta preferencia al gasto de justicia.

En cuanto a los medios personales, aquí tienen recogido todo el personal al servicio de la justicia. Las características más importantes que puedo señalarles es que mientras el número de jueces se incrementó de 2004 a 2014, el 29 %, el de fiscales, el 40,19 %. Una característica es que España tiene muchos funcionarios y muchos abogados por juez, como después veremos cuando nos comparemos con Europa.

¿Cómo funciona nuestro sistema judicial? En estos dos gráficos lo vemos. El superior, en la línea azul se recoge el número de asuntos ingresados. Verán que del año 2004 al año 2009 existe un gran incremento en el número de asuntos ingresados, y que el número de los resueltos, que es la raya roja, es inferior, con lo cual en el gráfico inferior el número de asuntos pendientes aumenta considerablemente, el 54 % hasta 2010. A partir de 2010, coincidiendo con la crisis económica, con determinadas mejoras procesales, y a partir de 2012 con la Ley de Tasas, comienza a descender, pero el sistema en su conjunto está en peores condiciones en 2015 que en 2004, tiene un 15,4 % más de asuntos pendientes. Este es un análisis general, si vamos por jurisdicciones comprobaremos que las cuatro jurisdicciones han tenido una evolución diferente; por ejemplo, la social ha sido la peor, ha tenido un deterioro increíble.

¿En qué otros datos nos basamos para decir que el sistema judicial está peor? Pues en la tasa de pendencia, que es el cociente que mide el número de asuntos pendientes entre los resueltos e indica el tiempo teórico que tardaría el sistema en resolver todos los asuntos. Vean la evolución de la tasa de pendencia: es similar a la de los asuntos pendientes; hasta 2010 llega a 0,35 y después baja a 0,29, pero es superior a los 0,28 que teníamos en 2004. Igualmente, la duración media de los procedimientos ha aumentado en casi todos los juzgados y tribunales, salvo el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia. El incremento ha sido muy alarmante en los juzgados de lo mercantil, que superan el 600 %, y en los juzgados enjuiciadores unipersonales, de lo social, contencioso y de lo penal. Este dato del empeoramiento del sistema quizá esté en relación con el informe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial que referido al año 2013 dijo que de los 3896 órganos judiciales, el 43 % superaba el 150 % del módulo de entrada previsto por el consejo; el 32,83 % superaba el cien por cien, y solo el 23 % no llegaba al cien por cien.

Comparándonos con Europa, ¿cómo funciona España? Hay que tener una cierta prevención con los datos que se facilitan, porque entenderán que es muy difícil comparar sistemas judiciales de países con estructuras diferentes; por tanto con esa prevención analizamos cuál ha sido el gasto. El gasto de España, bien sea con el dato de la CPEJ o el dato del consejo, que difieren sustancialmente, España gasta por habitante más que la media europea, pero no solamente gasta más, sino que gasta más que países como Francia, Finlandia e Italia. Pero si comparamos el porcentaje de gasto que realiza el Estado en justicia en relación con el gasto total, con el PIB por habitante, el esfuerzo que realiza el Estado en justicia, comprobamos en este gráfico que casi todos los países, menos Alemania, que tienen más riqueza que la media, más PIB que la media, gastan en justicia menos que la media.


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En cuanto al personal, España tiene menos jueces que la media, once doce frente a veintiuno; tiene menos fiscales, cinco contra once, pero esta no es la característica esencial, porque verán que muchos países de nuestro entorno tienen un número similar de jueces. Lo característico de nuestro sistema es que tenemos muchos funcionarios y muchos abogados, de tal manera que nuestra estructura judicial solo es parecida a Malta. Miren este gráfico; comprobarán que existe una progresión razonable: a mayor número de jueces, mayor número de funcionarios, pero hay dos países que sobresalen, que destacan por la izquierda: España y Malta, porque tienen una estructura completamente diferente.

Por último, en cuanto a los asuntos ingresados, he de advertir que aquí los datos que ofrece el consejo difieren de los datos que ofrece la CPEJ, pero en cualquiera de los datos que contemos España tiene por juez muchos más asuntos que la media, la tasa de pendencia es peor que la media. Pero fíjense en este gráfico, comprobarán que no solo -lo dije al principio- los países más ricos gastan menos en justicia, tienen menos jueces y fiscales que la media, como se aprecia en este gráfico, sino que también tienen menos litigiosidad que la media. Es una característica, los países que tienen más PIB que la media, gastan menos, tienen menos jueces y fiscales y tienen menos litigiosidad.

Hasta aquí hemos visto una visión de conjunto del sistema judicial español, pero hay un segundo nivel que también se puede analizar porque nuestro sistema judicial está organizado por tribunales superiores de justicia. Y hay un dato que es muy importante, que es la divergencia en los datos de los distintos territorios en cualquiera de los parámetros o variables que analicemos. En primer lugar, en cuanto al gasto, vean la diferencia de gasto por el movimiento de las columnas que existen entre las distintas comunidades autónomas, entre las que más suelen gastar, que son País Vasco y Canarias, y las que menos que suelen ser -y quédense con el dato- Asturias, Navarra y Galicia. Pero si comparamos el número de jueces y fiscales pasa lo mismo, miren el movimiento que tiene el gráfico, es muy diferente el número de jueces y fiscales en los distintos tribunales superiores. Entre Asturias que es el que más tiene, más de catorce, y los que menos, que suele ser Castilla-La Mancha, que es sobre nueve. Pero lo importante no es solo esta divergencia sino que se ha mantenido durante diez años, porque verán que las curvas se mantienen a la misma distancia, es decir, que durante diez años que se ha incrementado la planta de jueces el 29 % y la de fiscales el 40 %, no ha servido para homologar de alguna manera los medios de cada territorio. Me podrán decir, ¡hombre!, es que estará en función de la litigiosidad. Exactamente, pero es que ocurre que la litigiosidad no concuerda con la planta de jueces ni de fiscales. ¿Y qué ocurre? Que siendo Andalucía la que más litigiosidad tiene, con mucha diferencia, la consecuencia es la que ven en el gráfico superior, que Andalucía tiene más de 2000 asuntos por juez, frente a la que menos tiene, que es La Rioja, que tiene 960. Además lo curioso es que si vemos el gráfico de 2004, los mismos cuatro TSJ que estaban a la cabeza y a la cola del ranking permanecen en el mismo sitio. La consecuencia está clara: los asuntos en trámite y la tasa de pendencia, los TSJ que tienen más carga por juez suelen ser los que funcionan peor, y hay una gran diferencia entre los peores, Murcia y Castilla-La Mancha, y los mejores, recuerden, Navarra y Asturias. Recuerden que les dije que Navarra y Asturias eran de las comunidades que menos gastaban en justicia y son las que mejores indicadores tienen en el funcionamiento, lo cual quiere decir que no parece que haya mucha relación entre el gasto y el funcionamiento.

Para recalcar esta divergencia les he confeccionado este cuadro. Lo que hago es comparar todas las variables con el dato nacional. Comprobarán que hay cinco comunidades muy desfavorecidas, que son Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid y Murcia. ¿Por qué? Porque el porcentaje de participación que tienen sobre el total nacional en jueces es muy inferior al de la carga de trabajo. Andalucía tiene el 17-18 % de los jueces españoles, y recibe el 21,61 % de los asuntos ingresados, más de cuatro puntos de diferencia. País Vasco, en el caso contrario. El País Vasco tiene el 4,36 % de los jueces y recibe el 3,21 % de los asuntos ingresados. La divergencia es tremenda.

He querido dejar para el final algo que suele pasar desapercibido y que para mí es un aspecto muy negativo de nuestro sistema judicial, que es la ejecución. Verán en este cuadro cómo el deterioro de la ejecución en estos años ha sido tremendo. Se ha incrementado el 91 %, casi sin fase de mejoría alguna, al contrario de lo que ocurrió con los asuntos pendientes que vimos anteriormente.

En cuanto a la ejecución, una ejecución tan deficiente no solo menoscaba los derechos de los justiciables, sino que afecta también a una cuestión que suele pasar desapercibida, que es la capacidad de ingresos de la justicia. Es una línea de investigación que he abierto recientemente. Ya saben que la justicia obtiene ingresos a través de distintas figuras: las tasas, los depósitos para recurrir, los intereses de la cuenta de consignación, las multas penales, las multas coercitivas. La información que se ofrece es


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muy fragmentada e incompleta, por tanto el análisis no está concluido, pero les puedo decir lo siguiente. A finales de 2016 había 400 000 ejecutorias penales en trámite; de ejecutarlas con celeridad se incrementarían notablemente los ingresos a favor del Estado porque en muchas de ellas se imponen multas. En segundo lugar, la ejecución es lenta y, además, poco eficiente. En este cuadro están recogidas todas las ejecutorias del año 2016 de la sección donde yo trabajo en la que se han impuesto multas. Las multas que se impusieron ascendieron a cerca de un millón de euros, de ellas se han cobrado solo 4957 euros, el 0,5 %. Creo que el dato es lo suficientemente esclarecedor y habla por sí solo, pero quizás la falta de medios y la falta de mentalidad recaudadora de jueces, letrados y Oficina Judicial expliquen, junto con otros factores, esta ineficiencia. Por ello, creo que es necesario plantearse un sistema más eficaz para ejecutar las multas, sin menoscabo del principio constitucional del artículo 117.3 de la Constitución española. Por último, a finales de 2016, había 175 000 asuntos penales en trámite, la mayoría pendientes de juicio. Si se enjuiciasen, las cantidades que se ingresarían serían muy elevadas. Y quede claro que yo no estoy defendiendo que se incrementen las cuotas de las multas ni que se impongan multas para recaudar más, no, no, lo que estoy defendiendo es que se sea eficaz en el cumplimiento de la ley, en ejecutarla, que es un mandato constitucional, y de esa forma se obtendrían ingresos que serían muy útiles. Lo que sostengo, en definitiva, es que la mejora de la ejecución permitiría obtener recursos que ayudarían a compensar el coste de la creación de las nuevas plazas de jueces, lo que a su vez, en una espiral favorable, aumentaría la actividad judicial y eliminaría la pendencia, obteniendo nuevos recursos para el Estado.

Las conclusiones ya las he ido exponiendo a lo largo de la intervención, pero me gustaría resumirlas. Primero, hace falta información, una mejor información. Segundo, el incremento del gasto ha resultado estéril e inútil porque no ha mejorado el funcionamiento de la justicia, ya que creo que no se ha dedicado a combatir las dos variables que inciden de forma más notable en el funcionamiento, planta judicial y litigiosidad, y además agravado por que en nuestro sistema hay una distribución territorial de los jueces que no se atiene a la litigiosidad. La incidencia del gasto de las comunidades en el funcionamiento de la justicia es muy relativa, porque no pueden atacar estos dos factores, no pueden ni crear plazas de jueces y su capacidad para influir en la litigiosidad es muy relativa. De hecho, Navarra y Asturias son las que menos funcionan y son las que menos gastan en justicia. Por otro lado, la estructura de la Oficina Judicial es poco eficiente y costosa debido al elevado número de funcionarios por juez.

Permítanme, por último, que me aventure a hacer una serie de propuestas, visto que no me parece razonable mantener el sistema judicial actual, que es altamente insatisfactorio, pero lo complicado es decidir qué hacer o más bien qué se puede hacer, porque, como bien saben sus señorías, las disponibilidades presupuestarias de un Estado son limitadas y hay muchas necesidades sociales que atender. Por ello, y con independencia de aquellas medidas relativas a la mejora de los edificios y medios tecnológicos, que en cualquier caso son necesarias, creo que la más factible y efectiva sería la inmediata ampliación de la planta de jueces y fiscales, medida que no tendría gran incidencia en el gasto si tenemos en cuenta que, a falta de información más precisa, la masa salarial de ambos colectivos ronda solo el 15 % del presupuesto total. Además, ese gasto se compensaría con el incremento de los ingresos que generaría la mayor actividad jurisdiccional que se produciría; pero si se opta por mantener el sistema actual, basado en una intensa litigiosidad y en un gran intervencionismo de la justicia, la evolución de estos últimos años me permite colegir que probablemente esta medida solo aliviaría momentáneamente la pendencia existente, pero subsistirían las deficiencias estructurales que lastran el sistema y que han convertido en estéril el incremento del gasto realizado, deficiencias que afectan esencialmente a la Oficina Judicial, a la ejecución y a la litigiosidad que, como hemos visto, es una de las variables que inciden de forma más determinante en el funcionamiento del sistema judicial.

Muchas gracias por su atención.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.

A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, don Francisco, por su comparecencia. Yo aventuraba que iba a ser novedosa y realmente lo es, porque en el conjunto de las comparecencias que estamos teniendo en esta Comisión, realmente aporta una perspectiva muy distinta y creo que muy necesaria de alguien que ha hecho de la magistratura su profesión y que, por tanto, vive la justicia en el día a día, pero que también ha hecho del


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estudio del funcionamiento de la Administración una parte importante de su vocación, y de ahí su tesis doctoral y sus aportaciones, esa mezcla entre conocimiento práctico y, digamos, estudio académico, desde el punto de vista económico, además, de la justicia. A nosotros nos parecía que era muy necesaria y de ahí su citación.

Por otras conferencias suyas a las que yo he asistido ya sabía un poco cuál era su conclusión, que puede resumirse en que no es solo una cuestión de gasto sino de gastar bien, no es solo una cuestión de dinero sino de saber en qué tenemos que emplear los recursos. Su conclusión es que el aumento del gasto en el periodo 2004-2013 ha sido estéril para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en la medida en que no se han atacado, digamos, los focos de ineficiencia. Usted ha contemplado el periodo 2004-2013. Estamos ahora en 2017, no sé si usted tiene algún tipo de actualización de esta información, si en el periodo de estos últimos cuatro años podemos saber si se han mejorado esas ratios o en su caso han empeorado. Decía que una de las primeras necesidades -es verdad- es tener un sistema de información. No podemos evaluar el funcionamiento de ningún servicio público, y desde luego no uno tan complejo como este, si no disponemos de una información de calidad, adecuada y en tiempo real también. Me gustaría saber si usted ha podido actualizar estos datos y si considera que sería necesario algún sistema de información, no sé si del ministerio, del Consejo General del Poder Judicial, una oficina de evaluación sobre el funcionamiento de la justicia que ofreciese esa información de calidad.

Usted ha hecho referencia a dos cuestiones que cree que son importantes, que son la ampliación de la planta, pero, ¿qué tipo de ampliación? Porque lo que acredita con sus datos es que la distribución de la planta judicial es muy desigual y que, por tanto, habría que hacer una distribución de planta a lo mejor diferente. También hablaba de las deficiencias estructurales. Usted ha hecho referencia a un nuevo diseño de la Oficina Judicial, pero la Oficina Judicial lleva diseñándose no sé cuántos años, la NOJ. No sé cuántos años llevamos diseñando, implantando y haciendo experimentos de implantación de la Nueva Oficina Judicial y no sé si llegaremos alguna vez a algún sitio. En todo caso, me gustaría que usted fuese un poco más allá y nos hablase de ese nuevo diseño de la Oficina Judicial o esa estructura, cómo considera que debería de ser, porque además parece que está desequilibrado en cuanto a medios humanos, entre lo que son jueces y fiscales y lo que son funcionarios. Tenemos un desequilibrio también en esa composición. Por otro lado, usted ha hecho referencia a que la incidencia del gasto de las comunidades autónomas, es decir, esa distribución de competencias no la considera como una causa de ineficiencia. Pero me gustaría que nos dijese si a la hora de abordar reformas estructurales la actual distribución competencial le parece que es un freno o es una ayuda. Me gustaría conocer qué consideración tiene usted sobre esta distribución competencial.

Me gustaría hacerle muchas preguntas pero tampoco quiero monopolizarlo y, además, estoy seguro de que con la documentación que pueda aportar a esta Comisión, que luego tendremos ocasión de estudiarla y valorarla, me daré por satisfecho. En todo caso, muchas gracias y vuelvo a reiterar el valor que para nosotros tiene esta comparecencia porque aporta ese doble juego de un profesional de la justicia y a la vez un estudioso, desde el punto de vista económico, que nos parece que es una perspectiva absolutamente necesaria.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.

La señora CARREÑO VALERO: Muchísimas gracias por su comparecencia. Nos ha dado una información muy completa y muy útil, sobre todo a la hora de abordar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, al igual que el compañero de Ciudadanos, si tiene usted información más actualizada de los años posteriores, le agradeceríamos que nos la hiciese llegar porque desde luego es muy útil.

Me gustaría preguntarle cómo se distribuye el presupuesto de justicia y aquello que usted considera que debería estar fuera de dicho presupuesto. Quisiera saber qué opinión le merece la propuesta de realizar una auditoría de todo el sistema judicial. Ha dicho usted al final de su comparecencia que necesitamos más jueces y más fiscales. Si bien pudiéramos estar de acuerdo, también ha dicho usted en su tesis anterior que en provincias, en comunidades autónomas donde hay más jueces y menos asuntos por juez, la pendencia es mayor, con lo cual creemos que hace falta estudiar dónde están los fallos del sistema, más allá de la cantidad de jueces y fiscales que haya.


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En cuanto a la comparativa del gasto por país, creemos también que es necesario compararla de acuerdo a los servicios que se dan en cada uno de los países. Nosotros entendemos que la justicia ha de ser un servicio público, puesto que estamos hablando de que la tutela judicial es un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución y, por tanto, creemos que es necesario invertir cuanto sea necesario para asegurar un buen sistema a los ciudadanos. En este sentido, querría preguntarle qué opinión le merece que en los presupuestos del próximo año vayamos a gastar 60 millones de euros en arreglar la chapuza del Lexnet, al mismo tiempo que se recorta en otras herramientas necesarias, como serían los equipos psicosociales, asistencia jurídica gratuita, es decir, cosas por las que nosotros apostaríamos para que la justicia llegase de verdad al ciudadano, en lugar de aquello en lo que se está gastando a día de hoy. Por otro lado, aparte de repartir el gasto de otra manera, qué opinión le merece apostar por sistemas de mediación civil y penal para descongestionar un poco el sistema judicial.

Me gustaría hacer solo una observación respecto a la ejecución de multas. Es cierto que hay un problema en España respecto a la ejecución, en el tema de multas penales en los últimos años es sabido que muchas están siendo sustituidas debido a la grave crisis económica que afrontan los ciudadanos que hace que muchos de ellos no puedan hacer frente a las multas penales, llegando incluso a sustituirlas por penas de prisión y, a nuestro juicio, no debería ser así, que una persona tenga que pagar con una pena privativa de libertad cuando no puede pagar una multa penal. Me gustaría saber si tiene alguna propuesta sustitutiva.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, presidenta.

Desde mi grupo parlamentario quiero agradecerle su comparecencia y su intervención que, como ya han citado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, aporta una visión un tanto diferente y además no esperada, permítame, por un magistrado venido a economista. Por tanto, le agradezco la intervención y la documentación que nos ha aportado, que indudablemente nos será muy útil para el objetivo que tenemos.

Muy brevemente me gustaría que nos pudiera desarrollar un poco más su visión con relación a cómo, una vez que ha quedado claro de esta breve exposición que efectivamente gastar más en justicia no significa gastar mejor o tener una mejor justicia, la organización territorial de la planta judicial puede realmente contribuir a una mejora de la eficacia, porque efectivamente, si no es solo un problema de gasto, tendremos que trabajar y tendremos que estudiar cómo podemos conseguir el objetivo de optimizar mejor los recursos humanos, optimizar al máximo los recursos materiales con los que contamos, intentando hacer una reasignación más inteligente o más racional de los efectivos con los que contamos en relación con las necesidades que tiene nuestro sistema de justicia. En este sentido, me gustaría conocer, si es posible, dentro del limitado tiempo que tenemos, su opinión con relación a cómo puede contribuir a esto la reforma territorial de la planta judicial y cómo la creación de los juzgados de Instancia puede coadyuvar a la consecución de esta mejora de una mayor racionalidad en relación con la eficacia de la justicia. Asimismo, me gustaría conocer su opinión -le han preguntado también oradores anteriores sobre el tema de la justicia digital, cómo la digitalización de la justicia puede mejorar- sobre cómo la especialización de jueces y magistrado puede conseguir una mayor rentabilidad en el trabajo y en los resultados finales.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Olano.

El señor DE OLANO VELA: Gracias, señora presidenta.

Señor Gutiérrez, el Grupo Popular se suma a darle la bienvenida a esta Comisión y agradecerle especialmente sus interesantes aportaciones, interesantes y además muy bien documentadas, que sin duda nos facilitarán el trabajo en esta Comisión porque aportan, como ya le han dicho el resto de portavoces, una visión interesante de la justicia que es novedosa y que en pocas ocasiones hemos tenido.

Señor Gutiérrez, en alguno de los trabajos académicos que usted ha publicado, he leído -y hoy aquí también lo ha reiterado- que el problema central de la Administración de Justicia en España es más de diseño organizativo que económico, pues el aumento del gasto, que ha sido importante, no ha mejorado


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su funcionamiento porque la política de gasto ha sido estéril o ineficiente. Es verdad que resulta sencillo o es lo más fácil para los grupos parlamentarios -a lo largo del tiempo esto ha ocurrido en esta Comisión- solicitar un mayor gasto en justicia pero no proporcionar soluciones de diseño de la Administración de Justicia. En esto coincido con la pregunta que le hacía la portavoz del Grupo Socialista, la señora Rodríguez. Me gustaría que usted nos pudiera aportar a grandes rasgos qué diseño organizativo considera que sería el adecuado para el sistema judicial en España en el siglo XXI. La portavoz del Grupo Socialista se refería al nuevo diseño de la planta judicial, la importancia que pudieran tener los tribunales de Instancia, que es la idea que se ha puesto sobre la mesa hace ya varios años pero que todavía no está funcionando. Soy partidario del cambio de planta y de la implantación de los juzgados de Instancia, porque creo que así se distribuiría mucho mejor la carga judicial y esas estadísticas del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial harían que esa distribución fuera mucho más homogénea y que no hubiera tantos juzgados que efectivamente cumplen con la ratio que recomienda el consejo y, que sin embargo, otros muchos estén muy por encima. Me gustaría conocer su opinión al respecto.

Por otro lado, usted nos ha facilitado una ingente cantidad de datos sobre el periodo 2004-2014 y algunos grupos le pedían si podía facilitar datos más actualizados, de 2016 o 2017. En mi doble condición de miembro de esta Comisión y miembro de la Comisión de Presupuestos, respecto a los presupuestos de 2017 que aprobamos en esta Cámara hace pocas fechas, sí podría facilitar unos datos: la oferta de empleo público ha aumentado considerablemente, sabe que hay un proyecto para reducir la interinidad en la Administración de Justicia, en todas las administraciones públicas, y esto va a permitir que en los años 2017, 2018 y 2019 esa oferta de empleo público sea de 7000 plazas; es verdad que la mayor parte será para estabilizar esa interinidad. Respecto a los medios materiales, el Ministerio de Justicia ha contado con 1700 millones de euros, lo que supone un incremento de 121 millones, un incremento cercano al 8 % con respecto al año anterior. Como usted sabe, en su condición también de economista, el techo de gasto, sin embargo, únicamente se ha incrementado en un 1,3 %; lo cual indica que el gasto en justicia es una prioridad para este ministerio. Desde luego, uno se sorprende con determinadas afirmaciones que escucha, cuando se dice que la justicia gratuita ha bajado en los últimos presupuestos. Desde luego, no es ese el dato que yo tengo, pero alguno sabrá por qué lo dice. Igual que se dice también que los 60 millones de euros se dedicarán a arreglar -creo que se dijo- la chapuza del Lexnet, y nada más lejos de la realidad. Esos 60 millones de euros serán para impulsar la digitalización de la justicia, que sin duda es algo en lo que todos estamos de acuerdo en que es absolutamente necesario.

En sus conclusiones usted hablaba también de las ejecutorias. Yo estuve hablando con usted fuera de la sala, antes de iniciar esta comparecencia, y compartíamos la importancia de las ejecuciones judiciales. Si las funciones del juez son juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, desde luego el hecho de que en España las ejecuciones judiciales sean tan escasas con respecto a las sentencias, quiere decir que hay una pata de ese banco que está fallando. Todos los profesionales nos preguntamos de qué sirve obtener una respuesta favorable en tus pretensiones si después esas legítimas pretensiones no se ven realizadas. En este sentido, me gustaría saber qué opina usted de si el hecho de que en las estadísticas del consejo judicial no aparezcan las ejecuciones a los efectos de valorar el trabajo en los juzgados, puede desincentivar tanto al juez como a la propia Oficina Judicial a completar esta tarea que creo que es el último paso para que la justicia sea realmente completa. Me gustaría conocer también qué soluciones propone usted para mejorar las ejecuciones. En esta Comisión a lo largo de estos últimos años se ha hablado mucho de la posibilidad de que sean los procuradores los que tengan unas mayores facultades de impulso de las ejecuciones, y si estos colaboradores de la justicia podrían desarrollar una tarea importante. En eso coincido con usted, que no solo desde el punto de vista de la justicia esto es importante, en el sentido que comentábamos antes, sino también desde el punto de vista económico, porque las ejecuciones judiciales son una cantidad de dinero importantísima que en el círculo de la economía -y reitero que es usted economista y sabe de qué va esto- sería francamente importante para el país.

Quedo a la espera de sus respuestas. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Para dar respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el señor Gutiérrez.

El señor MAGISTRADO DE LA AUDIENDIA PROVINCIAL DE SEVILLA (Gutiérrez López): Muchas gracias a todos. Quiero aclarar que yo no soy economista, soy doctor en Económicas, que no es lo mismo, no tengo la licenciatura de Economía. Les anticipo que me han puesto deberes para hacer varias tesis doctorales más y para licenciarme en Económicas y en algo más. He hecho una modesta tesis doctoral


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en la que he intentado poner en relación el gasto con el funcionamiento. Otras opiniones personales serían personales, no serían científicas, pero no voy a eludir contestar a casi ninguna.

En cuanto a la información, efectivamente la información sobre aspectos económicos es deficiente, pero se ha de reconocer que la labor que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial desde el año 2003 en el servicio de estadística es excelente; la información que ofrece hoy día el consejo a poco tiempo del funcionamiento de los tribunales españoles es extraordinaria. El servicio de estadística del consejo funciona muy bien. Distinta es la información económica; el consejo ofrece información económica pero no es suya, el consejo tiene que pedirla a otros organismos y sinceramente el Ministerio de Justicia ofrece poca información; entren en la página web del ministerio e intenten buscar información, ahora y desde hace años. He intentado buscar información, que me es muy necesaria, no tanto sobre la cuantía del presupuesto sino las partidas del presupuesto, porque para evaluar la eficiencia del gasto se ha de saber en qué se gasta; el que se diga que se ha aumentado el presupuesto un 54 % indica únicamente un esfuerzo en el gasto, pero si en lo que se gasta es en algo que no va a mejorar la eficacia de la justicia -es lo que ha ocurrido- el esfuerzo es estéril. Si tenemos un coche que no funciona y lo que hacemos es gastarnos dinero en la tapicería y en pintarlo, diremos que nos estamos gastando mucho dinero pero no en el motor que no funciona. La comparativa con los países europeos sirve para ver que hay sistemas con otras estructuras que funcionan mejor, y es muy difícil comparar los sistemas, es muy difícil, pero sí son indicadores. Es muy indicador que todos los países que son ricos tienen poca litigiosidad, tienen pocos jueces y fiscales porque tienen poca litigiosidad y, por tanto, funcionan mejor. ¿Cómo se llega a esa estructura? Eso más bien debe depender de la sociología, pero lo que sí es cierto -y eso sí lo he probado científicamente en el trabajo- es que los países europeos, teniendo la misma ratio de juez por asunto, asunto por juez, por ejemplo, países que tienen 300 asuntos por juez, unos llegan ahí porque tienen muchos jueces y muchos asuntos y otros porque tienen pocos jueces y pocos asuntos. Funcionan mejor los que tienen pocos jueces y pocos asuntos, es más viable un sistema con poca cantidad que un sistema con mucha cantidad, se gestiona mejor, es un dato. No sé por qué, pero es así.

He ofrecido datos del año 2014 y del año 2015. Los datos económicos son más difíciles de conseguir porque lo que manejo no son presupuestos, lo que manejo son las obligaciones reconocidas, el gasto ejecutado, y el que se ofrece a las comunidades autónomas está por el año 2015 y es muy difícil localizarlo. Tengan en cuenta que son doce presupuestos distintos muy complicados, porque igual que existe un Ministerio de Justicia y habrán visto que hay cuatro programas que hay que excluirlos porque no tienen relación con la justicia, en las comunidades autónomas la consejería suele tener varias competencias: Administración pública y justicia, y entonces los presupuestos son muy complicados y muchos de ellos tienen en el presupuesto de justicia actividades que no corresponden a justicia. Yo soy investigador a tiempo parcial y voy por el año 2014, en algunos datos por 2015, pero no más allá.

Por lo que se refiere a la ampliación de la planta, es absolutamente necesaria; no se solucionaría si hay una redistribución de los jueces actualmente. Eso, digamos, mejoraría la ratio, pero actualmente, el nivel al que hemos llegado exigiría incrementar la planta. Yo no sé decir cuánto, porque debe ser la inspección del Consejo General del Poder Judicial la que haga un análisis de los juzgados concretos, un análisis por territorios, para relacionar el gasto con el funcionamiento, pero no se ofrece el dato del gasto de la Audiencia Provincial de Sevilla, se ofrece que la Audiencia Provincial de Sevilla está colapsada porque tiene 5000 asuntos pendientes, y eso no es por el gasto, porque no hay relación, porque no hay gasto para la audiencia, lo que sí hay son jueces para la audiencia, y ese dato sí se puede hacer, porque es muy fácil. La estadística de la inspección dice: señores, el 76 % de los órganos judiciales españoles superan el máximo de actividad. Parece que ni siquiera redistribuyendo los jueces que sobre en otros sitios, que podrían sobrar, que no son muchos, no funcionaría, hace falta incrementar la planta. Lo que yo les digo es que hay que incrementar la planta, y para eso hacen falta los datos económicos que he pedido, y que ojalá me los pudieran facilitar; para eso es necesario conocer cuánto se gasta en jueces y fiscales. En el año 2007 la masa salarial de jueces y fiscales era de 411 millones de euros -ese dato lo facilitó Hacienda-, actualmente puede rondar los 500 o 550 millones de euros, no los tengo oficialmente, los he pedido, pero no los tengo. Estoy diciendo que ampliar -es un número teórico- el 10 % de la planta judicial y fiscal, que son 8000 miembros entre unos y otros, supondría solo 50 millones de euros. No estamos hablando de unas cifras económicas desorbitadas, que digamos que no se pueden pagar; no, no, lo que estoy diciendo es que la partida de jueces y fiscales es muy baja, porque la partida de funcionarios en nuestro sistema es muy alta. El porqué, porque hemos heredado una estructura antigua donde hacían


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falta muchos funcionarios porque no había digitalización, no había ordenadores. El que sean las comunidades autónomas las que heredan esa estructura y ellas no pueden gastar en otra cosa y gastan en funcionarios, pues no lo sé, pero lo cierto es que yo calculo que la masa salarial de los funcionarios ronda el 40 o el 45 %, frente al 15, 16, 17 % de los jueces y fiscales. Creo que el problema no estaría tanto en aumentar la planta de jueces y fiscales, porque no sería dinero. Pero hacen falta datos, yo necesito esos datos para concluir la investigación. Y si llegan al convencimiento de ampliar la planta un 10 %, que es mucho -o sea, ampliar 2400 fiscales, 240 y 5500 jueces, 550, es bastante, es mucho-, el coste económico de eso es 50 millones de euros, y si les demuestro que toda esa actividad jurisdiccional genera ingresos y se recuperaría la capacidad de recuperación de reversión que tiene la justicia en los ingresos, el coste económico sería muy bajo, pero hacen falta datos y, si me los pueden suministrar, les garantizo que les hago ese estudio económico, que hace falta.

Yo no creo que la ineficiencia del sistema judicial dependa de las comunidades autónomas; en cuanto a la eficiencia del funcionamiento, no en cuanto a los edificios judiciales, es decir, dignidad de edificios judiciales, dignidad de los materiales. Yo estoy en un despacho compartido con cuatro magistrados de la Audiencia Provincial. ¿Eso mejora o empeora el funcionamiento o simplemente afecta a la calidad de mi trabajo y a mi dignidad? No creo que el problema esté en las comunidades autónomas, creo que el problema está en un diseño en el que no hay una dirección única; nadie dice cómo tiene que ser la justicia, cada comunidad autónoma tiene el número de funcionarios que puede, asume los jueces que casi les impone el Ministerio de Justicia y ni siquiera pueden reclamar jueces, aunque digan que quieren pagar más jueces. Imagínense que mañana Andalucía, que es la que menos jueces tiene, decide tener más jueces. Si dirige al ministerio y le dice: quiero más jueces, estoy dispuesta a poner dinero. Pero es que no los hay; la máquina de fabricar jueces es el ministerio. Entonces si no hay jueces no puede funcionar.

En cuanto al diseño de la nueva oficina judicial ese tema yo no lo he analizado. Sí sé, por la información que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, que la implantación de la oficina judicial en 2010 provocó, en aquellos lugares donde se implantó, que empeorasen más que la media nacional. Dato de 2012-2013. A los dos, tres años de haberse implantado no funcionaba. De hecho, Murcia, habrán visto que es de las peores comunidades autónomas. Hasta ahí les puedo decir, más no.

Respecto al Grupo Podemos, me he debido explicar mal. No he dicho que las comunidades si tienen más jueces funcionan peor, no, no, me he debido explicar más, precisamente las comunidades que tienen más jueces suelen funcionar mejor. Lo que sí he dicho es que las que gastan menos, que son Asturias y Navarra, son las que funcionan mejor desde el punto de vista de la pendencia. Me he debido explicar mal.

En cuanto a la mediación, creo que cualquier medida alternativa que evite el conflicto, cualquier diseño social que elimine litigiosidad, será bienvenido. Es una decisión de sus señorías, que son los que deciden qué se debe perseguir y qué no se debe perseguir. Sé que es muy difícil, porque hay algunas medidas que son culturales, que dependen del nivel de vida, dependen de la educación, que son a largo plazo, pero hay otras medidas legislativas que son a corto plazo y que sí están en manos de sus señorías como, por ejemplo, el proceso penal, que es un proceso anticuado y muy complejo, y eso probablemente genere mucha actividad, muchos recursos y mucha litigiosidad; está en sus manos reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa es una decisión relativa a qué tipo de justicia se quiere, pero desde luego si se es consciente de que queremos una justicia intervencionista porque, pese a lo mal que funciona, da más garantías que otras administraciones, hay que ser consciente de que hay que gastar. Y no digo que no haga falta gastar en justicia, lo que digo es que se está gastando mal. Para ver las necesidades que tienen los tribunales nada más hay que asistir a sus edificios y ver la informática que tenemos y los medios. Lo que digo es que se está gastando mal y se está gastando en aquello que no mejora el funcionamiento, porque desgraciadamente en el análisis con Europa las dos patas que sustentan el sistema es número de jueces y litigiosidad. Si hay una compensación entre ambos el sistema puede funcionar razonablemente; de hecho, en 2004, cuando yo empecé el análisis, con mucho menos dinero funcionaba mejor; si hay abogados en ejercicio, que los hay, la jurisdicción social en España era ejemplo en Europa, era ejemplo; un despido se veía en dos meses y ahora tardan años y son los mismos jueces. Algo se ha hecho mal o ha sido inevitable para que el esfuerzo, que ha sido el 54 % de incremento, que es un fuerte incremento, no haya funcionado, no es que funcione a la par, es que funciona peor. Y hay datos de 2014-2015 en este trabajo, pero la tendencia ha variado muy poco.


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En cuanto a las multas yo tampoco soy partidario de meter a los ciudadanos en la cárcel por que no paguen la multa, no creo que esa sea la solución; lo que estoy diciendo es que si se imponen multas y se pueden cobrar, se cobren. Yo creo, y ya eso se lo digo como juez, que los jueces no tenemos mentalidad recaudadora precisamente por eso, porque para nosotros lo importante no es recaudar. Quizá si la función se cediera a otra administración, o como en Francia donde hay un encargado de la ejecución, será más eficiente. Por ejemplo, tengan en cuenta que en España la Hacienda pública y la Seguridad Social tienen reconocida por ley la capacidad de cobrar las indemnizaciones acordadas en los procedimientos penales, por algo será, por algo se reservan ese derecho, porque saben que la jurisdicción ordinaria no tiene capacidad.

Respecto al Grupo Socialista, ya lo he explicado. Creo que la reorganización es necesaria, pero más que para decir quitamos de donde sobra es para poner donde falta. Habrá visto que solamente el 23 % de órganos judiciales tienen menos que la ratio, cosa que es normal; no en todos los sitios, si se quiere ofrecer un servicio público en determinados lugares donde hay poca población, es imposible, a lo mejor, llegar al cien por cien. Probablemente el diseño de los tribunales de instancia permitiría una mejor organización y distribución, o, lo que se está haciendo últimamente, que es crear órganos especializados en las capitales. Verán que sin querer estamos llegando a ese nuevo diseño; los juzgados de lo mercantil se crean en la capital, no se crean en pueblos; los juzgados sociales están en la capital; los penales están en la capital; los contenciosos están en la capital. Hoy día la justicia, por razones lógicas operativas, se está concentrando en la capital. Y yo creo que incluso se podría vaciar de contenido muchas de las competencias de los juzgados de pueblo en aquellas competencias que son muy extraordinarias, delitos muy graves, procedimientos muy complejos; es un poco vaciar de contenido porque es el primer escalón de la justicia y debería ser un escalón más sencillo, porque ahora mismo es muy complicado. Desde luego la distribución por tribunales de instancia mejoraría, daría flexibilidad al sistema, porque uno de los problemas de la justicia española es la poca flexibilidad, es que ni siquiera el consejo tiene la posibilidad de flexibilizar el funcionamiento de los juzgados, si hay once, hay once, y no puede ser ni trece ni siete, sino que hay once. Eso es poco operativo desde el punto de vista de la eficacia. Distinto son las garantías, donde ahí yo no entro.

La especialización es lo que le digo. Creo que vamos a una especialización de la carrera, de hecho ya el ascenso va por especialidades, no es como antes que se podía cambiar de jurisdicción. Ahora mismo, para ascender debes estar en esa jurisdicción. No creo que la especialización resuelva el problema de la justicia; tal y como está ahora el problema es de un verdadero caos pero no en todos los territorios, porque cuando hablamos de España nos confundimos, hay muchas comunidades y hay muchos juzgados que no tienen problemas, hay sitios como Segovia, Ávila, Lugo, Huesca, Teruel, Orense, Palencia, Zamora, muchas ciudades que no tienen problemas y donde funciona bien la justicia. El problema está concentrado en las grandes ciudades porque hay mucha litigiosidad, pero hay sitios donde funciona bien, con independencia de que uno de los problemas del funcionamiento sea el proceso también, sobre todo el proceso penal. Y respondo lo mismo: no creo que el diseño organizativo resuelva el problema actual, el actual es un problema de caos, y no creo que solamente el aumento de la planta urgente vaya a paliar muchos problemas, porque el deterioro en determinados lugares está siendo muy grave y no se va a resolver si no se incrementa la planta; yo no digo que se duplique la planta, nunca he sido partidario de incrementar la planta judicial porque, como les digo, por el estudio sobre Europa, funcionan mejor aquellos países que tienen menos litigiosidad y menos jueces que los que tienen más litigiosidad y más jueces. Yo iría a eliminar litigiosidad, a simplificar el proceso, a buscar medidas alternativas para el proceso.

Sobre la ejecutoria, completamente de acuerdo. Por ejemplo, en nuestra Audiencia Provincial, en las audiencias provinciales, el consejo no valora la ejecución, ellos puntúan por resoluciones y la ejecutoria no la puntúan, que es como si no fuera un trabajo, con lo cual hay que reconocer que parece que a los jueces nos están empujando a que nuestro trabajo sea dictar sentencias, dictar muchas sentencias, pero después la ejecución no es cosa nuestra, incluso ahora mismo depende de la oficina judicial y en gran parte del letrado. Yo creo que eso no es bueno, creo que la ejecución es una parte muy importante de la justicia y la tenemos muy abandonada.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por la explicación y la claridad en la misma.

Vamos a despedir al compareciente y a dar la bienvenida al siguiente. (Pausa).


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- DEL MAGISTRADO EN EXCEDENCIA, EXVOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ABOGADO, MEDIADOR EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL (AZPARREN LUCAS), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000800).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la sesión de comparecencias. En este caso el señor Azparren Lucas, magistrado en excedencia, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, abogado y mediador en materia civil y mercantil, nos ofrecerá a continuación las palabras de su exposición.

El señor AZPARREN LUCAS (Magistrado en excedencia, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y mediador en material civil y mercantil): Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias a los miembros de la subcomisión aquí presentes por haberme invitado, además casi a título personal y quizá por mi experiencia, por esta distinta visión que he tenido, incluso fui fiscal antes que juez, o sea que he pasado por fiscal, juez, vocal del consejo, abogado y ahora ya me dedico fundamentalmente a la mediación y por eso voy a hablar sobre ella, y porque creo que después puedo dar alguna solución práctica a los problemas que se vienen planteando en este diagnóstico sobre la justicia.

Como tenemos muy poco tiempo, sin perjuicio de que después las preguntas se puedan extender a otros muchos temas que se han ido tratando, me voy a referir a las dos cuestiones fundamentales que desde el primer día de las comparecencias, por lo que he tenido ocasión de leer de las anteriores, son las claves del problema actual de la justicia: por un lado la ineficiencia de la justicia, la falta de eficacia que redunda en la tutela judicial efectiva en un derecho fundamental y, por otro, el problema de la imagen sobre la independencia de los jueces, la politización de la justicia. Esos serían los dos bloques, como digo, sin perjuicio de entrar en otras cuestiones a continuación.

Empezando por el tema de la independencia, creo que en todos los intervinientes hay unanimidad en que hay una idea de politización de la justicia, una imagen que incluso es mucho peor que la real. Si vamos a ver las encuestas de opinión que aparecen en foros internacionales o en foros internos, cuando vemos que desde el punto de vista internacional aparecemos en el Foro de Davos, por ejemplo, en imagen de independencia judicial mucho peor que Arabia Saudí, Egipto o países de Iberoamérica, nos parece sorprendente. Yo he estado en relaciones internacionales en el consejo y conozco muchos sistemas judiciales de otros países y esto no es real, sin embargo la imagen que proyectamos, tanto interna como internacional, es mucho peor que la real y sí que hay un problema efectivamente de peligro de la independencia judicial real pero no tanto como el que se proyecta.

La realidad, y yo la viví, es que el origen de este problema viene del sistema de nombramiento de los vocales del consejo, y a partir de ahí los nombramientos discrecionales del consejo es lo que ha ido deteriorando esta imagen negativa de la independencia judicial. Como lo viví personalmente en el consejo, llegué a vivir un consejo que he denominado muchas veces un Consejo del Poder Judicial denominado como miniparlamento, donde había dos grupos perfectamente delimitados, con cierta afinidad con dos partidos políticos, en los que había reuniones de grupo, disciplina de voto, reuniones en las sedes del partido o del ministerio, según quien estuviera en el Gobierno e incluso instrucciones, sugerencias, respecto a determinados nombramiento. Esa es una realidad que yo la viví en primera persona y que creo que casi nadie desconoce actualmente.

¿Cuál sería la solución para esto? Las soluciones que voy a aportar son sencillas y además serían unas soluciones que ni siquiera necesitarían una reforma legislativa, es simplemente voluntad por parte de los grupos políticos de cambiar este sistema. El sistema de reparto de cuotas que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 dijo que iba contra el espíritu de la Constitución, se ha ido aplicando consejo tras consejo y simplemente con el hecho de que hubiera una voluntad real de los grupos políticos por cambiar este sistema y buscar candidatos que fueran independientes, no vinculados a los partidos, no afines a dichos partidos, se acababa el problema. El sistema que diseña la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial es un sistema perfectamente garantista de la independencia judicial. Decía José Jiménez Villarejo en un artículo hace años en El País, que los jueces en España saben que pueden ser independientes, pueden ser los independientes toda la vida, solo basta con querer ser independiente para que un juez pueda jubilarse siendo independiente. Y la realidad es que yo calculo que un porcentaje elevadísimo, y esto no está basado en ningún dato estadístico, pero que un 95 % de los jueces españoles son independientes y terminan jubilándose toda su vida ejerciendo como jueces independientes. Por tanto el problema no es el sistema, el sistema es muy garantista, el sistema que estableció la Constitución española es de los más garantistas de la independencia judicial, pero la aplicación del sistema que se ha


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hecho en la práctica lo ha deteriorado y, por tanto, no sirve. Podemos hacer todas las reformas que queramos, de todo tipo, podemos regular lo más objetivo posible los nombramientos discrecionales, etcétera, pero al final si no se tiene voluntad de cambiar el sistema no va a cambiar. Hay un ejemplo muy claro. He visto aquí alguna propuesta de alguno de los intervinientes, incluso de algún partido político, sobre el nombramiento del fiscal general del Estado, y una de las propuestas ha sido: vamos a elegir un fiscal general del Estado que pueda nombrar el Gobierno pero que tenga el aval de las dos terceras partes del Congreso o de las Cámaras. Nos parece que ese sería un sistema bastante eficaz, porque es imposible, cuando estamos hablando de una persona, que esa persona se pueda dividir en cuotas, pero, ¿cuál es el problema si no hay voluntad? Pues a lo mejor coincide que también hay el nombramiento del presidente del Consejo de Radiotelevisión Española y unos miembros del Tribunal de Cuentas. Entonces, si seguimos aplicando el sistema de cuotas se podrá decir: el fiscal general del Estado me lo reservo yo a cambio de que el presidente del Consejo de Radiotelevisión lo tenga otro grupo, etcétera, con lo cual, como digo, no es un problema del sistema sino un problema de voluntad. Si hubiera realmente una voluntad de cambiarlo, de cambiar lo que hasta ahora ha sido la designación, no haría falta ninguna reforma, como mucho sería conveniente volver al sistema original de designación de los doce vocales por los jueces, como ahora ya defienden todas las asociaciones, pero ni siquiera ese sistema garantizaría, por el juego de las asociaciones judiciales, la propia independencia judicial; se necesitaría, como digo, voluntad fundamentalmente. Actualmente soy presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y en esta plataforma que está compuesta por jueces, fiscales, abogados, notarios y personas incluso que no son juristas, se han redactado unas bases sobre la política de nombramientos, sobre cómo se podrían objetivar los nombramientos, que también les podría facilitar a sus señorías si tienen interés.

El segundo de los aspectos que parece muy importante y muy general, es el de la ineficacia de la justicia. Este es un problema -y ahora mismo lo acabamos de ver también-, y hay dos factores, hay un número muy pequeño de jueces en relación a los habitantes en relación con la media europea, 12,1 e incluso ha bajado en el último año, 12,1 por cien mil habitantes frente a los 21,5 que es la media europea, pero además hay una tasa, y lo acaba de decir el anterior compareciente, de litigiosidad mucho más elevada también que en el resto de los países europeos, con lo cual este dato objetivo de 12 jueces por cada cien mil habitantes incluso todavía es peor en la práctica, y por dos razones. Primero -creo que nadie lo ha dicho aquí- porque los cien mil habitantes son población de derecho y España sabemos que es el país que quizá tenga más población de hecho. Podemos fijarnos en un caso muy concreto: en Marbella son 140 000 los censados y hay 200 000 durante ocho o nueve meses del año y un millón en los meses de julio y agosto. Por tanto, ya tenemos un desfase respecto a la media europea que normalmente son países de Centroeuropa o del norte que no tienen este desfase entre población de derecho y población de hecho. Pero además, como decía, la litigiosidad también es superior. Por tanto la clave para que haya una eficacia y los ciudadanos valoren la justicia debidamente o de una forma positiva es relativamente fácil, en el momento en que haya jueces que tengan un número de asuntos asequible, como pueden tener los jueces alemanes o los jueces nórdicos, la imagen de la justicia será muy buena. Además hay un ejemplo práctico que se lo puedo comentar porque es sorprendente, los países que mejor imagen tienen de la justicia, que suelen ser -siempre se repite- Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Austria, en estos países la justicia se valora 6,8, que es lo máximo que se ha conseguido. Tengo que decir que nunca la justicia puede estar en un notable ni por arriba por la sencilla razón de que cuando hay dos partes en un litigio y una pierde, por muy bien que lo hayan tratado, esa parte no puede tener una imagen positiva. Lo máximo a que se puede aspirar, por tanto, es a un 6,5, un 6,8, que son puntuaciones extraordinarias. Bien, pues en España hubo un momento en que unos órganos judiciales tuvieron puntuación de 6,8, y fue cuando se crearon los juzgados de lo contencioso-administrativo, son órganos de nueva creación que empiezan con cero papel; incluso hubo un cierto fallo en cuanto a las materias que se distribuyeron y se les distribuyeron menos materias o menos contenidos de los que se esperaban y por tanto tenían un número de asuntos muy inferior al resto de los jueces españoles. En las primeras encuestas de opinión que se hicieron aparecían los juzgados de lo contencioso de España con 6,8 de puntuación, o sea lo máximo a lo que se puede aspirar, simplemente porque eran juzgados que tenían pocos asuntos, donde los jueces atendían sin estrés, donde se dejaba hablar a la gente, donde se era puntual, donde se resolvían las sentencias en muy poco tiempo, con lo cual vemos que la solución es sencilla, entre comillas, pero que es mucho más fácil de lo que pensamos.

Hay dos posibles soluciones, y con ellas voy a acabar. La primera -se ha hablado aquí- es aumentar la planta de los jueces, unido también a la redistribución de la planta, y hay una segunda solución que es


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reducir la litigiosidad, o combinar las dos: aumentamos planta de jueces y reducimos litigiosidad. Aumento de los jueces. Si estamos hablando de ese desfase que hay respecto a la Unión Europea, fíjense que para llegar con todos estos datos que les he dicho de litigiosidad, de población de hecho, para llegar a la media europea habría que doblar el número de jueces, estaríamos hablando de crear 5000 jueces, eso es imposible, es imposible desde el punto de vista presupuestario. Francisco acaba de decir hace un momento que 500 jueces y fiscales, un 10 % son 50 millones, pues, imagínense, crear 5000 jueces no es admisible presupuestariamente y tampoco es imposible en el tiempo. También se ha dicho en alguna comparecencia que desde que se convocan las plazas, se hace la oposición, escuela judicial, etcétera, estamos hablando de dos años y medio, y además no se pueden crear mil jueces en un año, no se pueden crear más de cien, doscientos al año, con lo cual esa primera oposición podría contribuir en una mínima medida a ir creando plazas, pero no es la solución.

Reducir la litigiosidad, ahí es donde está la clave. En España decimos que hay una litigiosidad muy elevada, muy superior a la normal, y aquí es donde entra el tema de la mediación. Hablaré sobre mi experiencia como mediador últimamente, porque sé que en algunas comparecencias se ha preguntado por algunos grupos de los que están aquí presentes, no ha habido quizá una respuesta clara sobre los efectos de la mediación. Yo soy un convencido de la mediación y creo que sería la única posibilidad de reducir la litigiosidad. Me ceñiría a algo muy importante, se ha dicho que no hay cultura, hay quizá unas creencias muy negativas o muy limitadoras como suelen las creencias negativas de decir: bueno, como no hay cultura en España va a fracasar la mediación, para qué vamos a intentarlo; y eso se ha oído en esta misma sala. Pero estoy convencido de que la mediación puede funcionar y mi propia experiencia personal me dice que yo llevo cuatro años de mediación y llevo más de 400 acuerdos en materia civil y mercantil, y eso no encaja con que no haya cultura de la mediación. O si miramos los datos de los divorcios contenciosos sin mutuo acuerdo, si nos vamos a hace 15 años y miramos ahora la realidad, ahora mismo en España los divorcios de mutuo acuerdo superan a los divorcios contenciosos y nadie pensaría que la cultura española, cuando estamos hablando de temas donde entran emociones, pasiones, odios, etcétera superarían, y en algunas comunidades autónomas estarían cercanos al 70 % los divorcios de mutuo acuerdo, con lo cual vamos a olvidarnos de que no haya cultura. ¿Cómo se produciría un efecto inmediato, y sobre todo -lo más importante- a coste cero, sobre la litigiosidad, una disminución de la litigiosidad? Haciendo lo que han hecho los italianos; nosotros no podemos inspirarnos en los británicos, los alemanes o los nórdicos, sino en lo que han hecho los italianos. ¿Qué han hecho los italianos? Hacer obligatoria la primera sesión de la mediación. Sabemos que obligatoriedad y mediación son términos contrapuestos, pero lo que se hace obligatorio es acudir a una primera sesión de mediación, no en todos los asuntos sino en determinados asuntos, en los bancarios, temas de seguros, de arrendamientos, etcétera. Hay unos determinados temas con los que se ha hecho una experiencia piloto en Italia, una experiencia que era para un año y se ha ido prorrogando, e Italia ha pasado de ser uno de los últimos países en mediación a ser uno de los primeros de la Unión Europea. El resultado puede parecer escaso porque de 180 000 asuntos en 2016 en Italia que pasaron a esta mediación obligatoria solo volvieron con acuerdo un 11 %, unos 20 200 asuntos, pero se descubrió posteriormente que un porcentaje muy importante de ese 80 % restante no iba después a los juzgados porque la propia reunión había tenido un efecto a corto y medio plazo y las partes habían llegado a un acuerdo fuera de la mediación; es decir, que ahí hay un segundo efecto de reducción de la litigiosidad, de forma que esos 20 000 al final eran 60 000 o 70 000 -es muy difícil de calcular- los asuntos en los que se pudiera haber reducido la litigiosidad. Si eso lo aplicamos en España -es una cuenta muy sencilla y esta es una ley que puede estar en vigor el año que viene-, a finales de 2018 tendríamos 70 000 asuntos que se han resuelto fuera de los tribunales. Si los jueces españoles civiles y mercantiles tienen una media de 700 asuntos al año, solo este efecto -y estamos hablando de porcentajes muy bajos, 70 000 asuntos sobre 1 800 000, que son los asuntos civiles- ya produciría el mismo efecto que crear cien plazas de juez, y además a coste cero. Cien plazas de juez tienen un coste y dictar una ley exclusivamente de obligatoriedad de la mediación con estos efectos produciría el mismo efecto de reducción de litigiosidad.

Por último, y con esto termino -porque hay muchísimos temas pero tengo el tiempo restringido a estos minutos, aunque no tendría ningún inconveniente en que podamos hablar de estos y otros muchos temas después en sus intervenciones-, me gustaría acabar con otro efecto muy importante que tiene la mediación y que quizá casi nadie conozca. Los asuntos resueltos por mediación no tienen ejecución. Les puedo asegurar, y yo llevo, como les decía hace un momento, más de 400 acuerdos de mediación, que no hay que ir a la ejecución. Como saben, los acuerdos de mediación elevados a escritura pública tienen


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el mismo efecto que una sentencia de un juez, y en los 400 asuntos nadie me ha pedido elevarlos a escritura pública, todos se han cumplido voluntariamente por una sencilla razón y es que cuando se consigue un acuerdo en que las dos partes quedan satisfechas no necesitan ir a la ejecución forzosa, con lo cual ese segundo efecto sobre la ejecución, que es un problema muy grave, como se ha dicho aquí en muchas ocasiones, también se resolvería.

Con esto, y sin perjuicio de hablar de cualquier otro tema de los que se han ido viendo aquí, acabaría esta exposición inicial. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tendrán la palabra los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor Azparren, por su comparecencia y por sus aportaciones. Usted ha incidido en dos puntos que a nosotros también nos parece que son básicos y esenciales en este tema de la justicia, el asunto de la independencia y el asunto de la eficacia como servicio público de nuestros juzgados y tribunales.

En el primer asunto coincido con usted en que estamos ante una cuestión de percepción de independencia, pero si no conseguimos romper esa dinámica o esa inercia y que los ciudadanos perciban a nuestra Administración de Justicia en su conjunto como una Administración independiente, realmente uno de los mayores problemas de la Administración de Justicia, de nuestros juzgados y tribunales, no lo habremos conseguido solucionar o mejorar en alguna medida. O sea que no es solo una cuestión puramente accesoria o cosmética, sino que nos parece una cuestión importante. Usted ha hecho referencia a la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que ahora por parte de las distintas asociaciones judiciales se nos ha trasladado que hay un acuerdo en volver, digamos, al modelo de elección corporativa de esos vocales, pero no se nos puede escapar, y yo se lo apunto, que en lo que tampoco podemos caer es en un consejo copado exclusivamente por el asociacionismo judicial, porque la mayoría de los jueces y magistrados no están vinculados a ninguna asociación profesional. Nosotros desde luego queremos romper esa dinámica de cuotas partidistas en la elección del consejo, pero tampoco queremos caer en la contraria de las cuotas por asociación. Nos gustaría, en la medida de lo posible, que pudiésemos avanzar un poco más y ver qué sistema se puede implementar que de alguna manera impida caer en estas dos captaciones que a nosotros nos parece que no son necesarias.

Hay una parte que nos parece muy importante, que es todo lo que hace referencia a los nombramientos en el ámbito de la carrera judicial, constituir realmente una verdadera carrera judicial profesionalizada, medida exclusivamente por los criterios de mérito y capacidad y que en la medida de lo posible se reduzca al máximo la discrecionalidad en los nombramientos, sobre todo en los estratos más altos de esa carrera judicial. Esa objetivación de los nombramientos entendemos que tampoco requeriría grandes cambios legislativos, o sí, me gustaría conocer su visión de esta materia, pero desde luego contribuiría muy mucho a reforzar esa percepción de independencia de nuestros juzgados y tribunales. Me gustaría que nos hiciera alguna aportación a esta cuestión de la objetivación de los nombramientos en la carrera, que nos parece muy importante.

En cuanto al tema de la eficacia del servicio público, tanto por la parte de aumentar la planta como de reducir la litigiosidad, usted ha hecho referencia a la mediación, donde realmente usted es un experto. En ese sentido me gustaría que nos hiciese una valoración porque la legislación en materia de mediación en España es bastante reciente, es del año 2012, la Ley 5/2012, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva del año 2008 de la Unión Europea, que realmente creo que no ha tenido excesiva virtualidad en su aplicación práctica en los ámbitos civiles y mercantiles. Me gustaría, dado que usted es una persona que en estos momentos se dedica precisamente a esto y es un experto en la materia, que nos dijese qué cambios legislativos, qué adaptaciones, qué modificaciones normativas habría que incorporar para que realmente esa mediación fuese eficaz. Hablando de este tema y retrotrayéndonos a la comparecencia del anterior ponente, nos decía que si alguna jurisdicción ha sufrido un deterioro importantísimo es la jurisdicción social, donde realmente está impuesta la mediación de forma obligatoria desde el principio, tanto ante las unidades mediación como, ya en el ámbito procesal, dentro del procedimiento laboral. Con lo cual sí, la mediación puede ser una herramienta útil a la hora de ganar en eficacia en la resolución de los procedimientos, pero seguramente alguna cosa no estaremos haciendo bien cuando las normativas que ya tenemos actualmente en materia de


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mediación realmente no están incorporando esa utilidad. Por eso le pregunto qué es lo que tendríamos que modificar y cambiar desde su visión.

Muchas gracias por sus aportaciones, que desde luego para nosotros son de mucha utilidad.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.

La señora CARREÑO VALERO: Muchísimas gracias por su comparecencia y por los datos que nos ha dado.

Estamos de acuerdo en lo que ha dicho sobre la falta de independencia de la justicia; creemos que es uno de los mayores problemas que azotan a la justicia española, y de hecho también lo cree la ciudadanía, cómo se revela en base a los datos del CIS o al informe Greco.

Respecto a las propuestas presentadas, ha dicho usted que en el fondo es necesaria la voluntad por parte de los partidos políticos. Estoy de acuerdo con usted en que hace falta la voluntad, sin embargo la voluntad es algo que no podemos regular, que es ajeno a aquello que podemos hacer aquí. Por tanto, quería preguntarle qué preguntas concretas tendría usted, por ejemplo, en cuando a la designación del fiscal general del Estado, puesto que nuestro grupo ha presentado una propuesta para que la Cámara participe en esa designación y que haya unos requisitos mínimos, y también queremos trabajar en un estatuto fiscal, por ejemplo, que ayude a que haya una mayor autonomía de esta institución. Por supuesto, creemos que es necesario reforzar la independencia judicial modificando ante todo el sistema de nombramientos.

Aparte de esto, sobre la mediación, nosotros estamos muy de acuerdo con la mediación como forma de disminuir la litigiosidad. Creemos que la cultura de la mediación -como se ha referido usted- es verdad que a día de hoy no existe pero es algo que se creará con el tiempo, y para ello hace falta invertir, hace falta destinar un presupuesto. Quería preguntarle cómo considera usted que deberíamos reflejarlo en los presupuestos. Nosotros creemos que uno de los grandes problemas de la justicia es que se está destinando muchísimo dinero a cuestiones que no son necesarias o que están mal administradas, como es por ejemplo el tema de los 60 millones de euros que destinaremos en los próximos presupuestos para arreglar la chapuza del Lexnet, mientras que no se invierte en mediación o en otras cosas necesarias para la justicia. Sobre su obligatoriedad o no, a día de hoy no tenemos posición, aunque creemos desde luego que hay que dar incentivos a la mediación. Y también querría preguntarle no solo por la mediación civil sino qué opina de la mediación penal, por ejemplo.

Por último, respecto a la litigiosidad, es un problema, estamos a la cabeza, pero creemos que esto tiene mucho que ver con el hecho de que España está a la cabeza en desigualdad en Europa, lo que probablemente tenga un impacto -las estructuras sociales- en que haya más conflictos, haya más problemas y por ende más litigiosidad. Querríamos saber su posición al respecto.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, presidenta.

Quiero agradecer las aportaciones del ponente, como también la claridad, concreción y sinceridad de su aportación en tan breve espacio de tiempo.

En relación a los temas que ha tocado, si en la respuesta puede hacer alguna concreción más en relación al modelo de representación del órgano de gobierno de la justicia, al que usted se ha referido, reitero, con una gran concisión y sinceridad al respecto; efectivamente, esto no es una corporación profesional de jueces y magistrados, sino un órgano de gobierno de un poder del Estado y que como poder del Estado necesita una legitimación democrática, como cualquier otro poder. Coincido en la elección según la idoneidad, la profesionalidad y la independencia de cualquier partido político, con una verificación, si es posible, que coadyuve al Parlamento en una especie de comisión de expertos por los que pueda pasar, es decir, siguiendo a lo mejor el propio modelo que el Tratado de Lisboa establece para la elección de jueces del Tribunal de Justicia Europeo, que se centra no tanto en esa legitimidad democrática absolutamente necesaria en un poder del Estado sino en esa idoneidad, profesionalidad e independencia de quienes son elegidos, puesto que efectivamente esta posición de independencia del


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consejo está fundamentalmente en que no esté sometido a ningún otro poder del Estado. Dicho esto, me gustaría saber si además considera usted que para conseguir esta autonomía, este no sometimiento a otro poder del Estado y poder mejorar también este órgano de gobierno estima usted que puede faltar alguna competencia, que pueden ser mejoradas o que pueden sobrar algunas.

Y en segundo lugar, en relación a la mediación, me ha parecido interesantísimo lo que nos ha aportado y lo que nos ha dicho de la implantación del modelo italiano -es muy oportuno que nos comparemos con estos modelos, no con otros-, pero me gustaría hacerle una pregunta que a lo mejor, por desconocimiento de esta materia, puede no ser muy oportuna. Qué tiene el modelo italiano, en qué cree usted que ha acertado para que, en un sistema judicial y jurídico desde luego no cercano a la mediación, la mediación obligatoria en primera instancia en algunos asuntos no se haya convertido en un trámite, en un obstáculo para ir a la judicialización del conflicto, un trámite que hay que pasar, sino que realmente haya conseguido estos resultados que son realmente positivos, ya no por el número de acuerdos logrados sino además por los acuerdos logrados fuera de la mediación pero que no acuden a la vía judicial. Indudablemente se ha convertido no en un trámite para poder acudir a la fase judicial sino verdaderamente en una resolución que impide acudir.

Reitero de nuevo el agradecimiento de mi grupo y espero que podamos ampliar algunas de sus propuestas, que me parecen muy interesantes. Como nos ha dicho, la plataforma de la que usted forma parte tiene además por escrito propuestas en relación a la elección de órganos tanto de la fiscalía como del Consejo del Poder Judicial. Si lo puede aportar a la Comisión, nos será de muchísima utilidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Molinero.

El señor MOLINERO HOYOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor Azparren. Bienvenido a esta subcomisión y nuestro más sincero agradecimiento por la valiosa contribución que ha hecho esta mañana con la aportación de propuestas, fundamentalmente la estrella, que es la mediación. Ha hablado sobre dos temas muy interesantes, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la mediación.

Voy a referirme primero a lo que es su especialidad. Nos ha complacido oír esas reflexiones porque en definitiva van en línea con las que viene marcando últimamente el ministro de Justicia en la reforma de la justicia y en el pacto que está tratando de obtener, de consensuar con el resto de los partidos, como también coincidimos con algunas de las propuestas que ha hecho no tanto en la literalidad pero sí en cuanto al fondo.

Me voy a referir en primer lugar, como he dicho, al tema de la mediación. Señor Azparren, nos ha explicado las bondades y las virtudes de la mediación como un instrumento de despresurización de la justicia, y compartimos esa idea, verdaderamente puede ser un instrumento de despresurización de la justicia pero yo le voy a formular una pregunta. Estamos convencidos de que es un medio capaz de romper un esquema; en lugar de: vamos a presentar una demanda y vamos a ir al juzgado, que ese esquema se rompa y se convierta en vamos a dialogar y vamos a solucionar ese problema. Así podemos ver de alguna manera desde el Grupo Popular lo que es en sí la mediación y esa es la línea que ha venido siguiendo el Gobierno desde el año 2012 con la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, a pesar de esa importante ley, los resultados, sinceramente, han sido bastante escasos y realmente no han contribuido mucho a bajar esa litigiosidad que viene padeciendo el sistema judicial español. Por eso una de las preguntas que le quiero formular es por qué motivo es tan escaso el recurso a la mediación entre los operadores jurídicos y los ciudadanos. Ese es uno de los interrogantes que a lo mejor solucionarían de alguna manera o facilitarían la solución del problema de la mediación. Se lo pregunto porque uno de los grandes retos del ministerio sigue siendo, como he dicho, la agilización de la justicia y la eficacia de la misma. El señor Catalá, ministro de Justicia, ya apuntó en su momento en una comparecencia, creo que el 6 de abril, que de alguna manera tendrían que colaborar los colegios profesionales y el conjunto de operadores jurídicos para sacar adelante esa mediación que tan interesante es para la eficacia de la justicia.

Ha plantado usted otro tema, el modelo italiano de la obligatoriedad de la mediación en los asuntos judiciales. Mi pregunta es, ¿cuándo se refiere a esa obligatoriedad de asuntos judiciales se está refiriendo a todos los asuntos judiciales o solo a aquellos asuntos judiciales de escasa cuantía? En segundo lugar, sería obligatoria la personación de las partes ante ese mediador pero, ¿qué efectos tendría si alguna de


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las partes no se atiene a esa mediación? ¿Se plantearía el arbitraje vinculante para las partes o se quedaría como una simple mediación laboral, como está ahora, que, como muy bien sabe, en muchas ocasiones se dice que no, se termina y se pasa directamente al juzgado? Me gustaría que explicara esto.

Por otra parte, ¿considera usted que habría que crear un instituto de justicia alternativa? He leído que en determinados países sudamericanos se han creado unos institutos especiales precisamente de justicia alternativa para desatascar y de alguna manera filtrar esos asuntos para que no pasen a los juzgados. También me gustaría conocer su opinión sobre el tema de la mediación penal. ¿Cree que va a ser positiva, que va a tener el efecto de bajar la litigiosidad y resolver algunos problemas de actuación de los jueces?

Como los compañeros que han intervenido anteriormente le han preguntado sobre el Consejo General del Poder Judicial y como ha sido usted fiscal me gustaría conocer su opinión sobre la reforma que se plantea el Gobierno respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto del Ministerio Fiscal para que sea el fiscal quien lleve la investigación actuando el juez como garante de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Es un tema que nos gustaría conocer porque a veces no vemos una posición unánime entre las asociaciones y entre los operadores jurídicos.

Muchísimas gracias por su intervención. Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Azparren. Para contestar tiene en torno a cinco o seis minutos, porque tenemos al resto de comparecientes esperando.

El señor AZPARREN LUCAS (Magistrado en excedencia, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y mediador en materia civil y mercantil): Muchas gracias. Voy a tratar de resumir las interesantes preguntas que me han hecho y que inciden casi todas en los dos temas que he planteado.

El señor Prendes decía que efectivamente, y yo sigo insistiendo, existe un peligro en relación con la independencia judicial, con independencia de que la imagen sea todavía peor. Alguno de los intervinientes -creo que fue el presidente de los procuradores- dijo que no era real esa imagen. Sí es real, aunque la percepción que hay es todavía peor. Y es verdad, y también lo señalaba, que el asociacionismo ha venido a perjudicar el sistema. A mí me hicieron una entrevista en su momento siendo vocal y me preguntaban qué era lo que más me había sorprendido, y dije: lo que me sorprende es que hay influencia política pero hay un problema mayor de amiguismo, de asociacionismo, de influencia de las asociaciones en los nombramientos. Ahora mismo, en este último consejo, ha cambiado bastante por el cambio del sistema pero existe y también sería importante abordar esto. Como decía, el sistema en sí es bueno, ni sobran ni faltan competencias, que era una de las cosas que preguntaba la señora Rodríguez; creo que incluso hay más competencias de las que tienen algunos de nuestro entorno, como por ejemplo la inspección de tribunales, que normalmente en los sistemas de poder judicial muy similares al nuestro sigue estando en poder del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, y en España está en el Consejo General del Poder Judicial. Por eso digo que el sistema en sí es muy garantista con la independencia judicial. Habría que entrar sobre todo en un tema que no es legal sino reglamentario, que es la política de nombramientos; objetivar de la mejor forma posible los nombramientos judiciales, me refiero a los discrecionales porque es donde está la clave de todo el problema de la independencia judicial. En casos de presidentes de TSJ o presidentes de audiencias provinciales nosotros, en la plataforma, hemos propuesto que sean los jueces los que los voten por el sistema de un juez, un voto, y dejaríamos un poco aparte la influencia de las asociaciones. Y en los temas de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo incluso hay sistemas de objetivación, como una comisión en la que estuvieran los propios magistrados del Tribunal Supremo, que son los que mejor saben quiénes son los magistrados que tienen mérito y capacidad. Yo hice una encuesta entre magistrados del Tribunal Supremo estando de vocal. Dije: decirme los tres mejores magistrados civilistas que hay en España. Los dos primeros coincidían; esos dos primeros magistrados eran no asociados y nunca llegaron a ser magistrados del Tribunal Supremo, pero había unanimidad en cuanto a mérito y capacidad como los mejores. Hay sistemas en los que creando una comisión y baremando de la forma más estricta posible se podría avanzar. Por supuesto, que sé que la voluntad, como decía la señora Carreño, es quizá una visión muy optimista e incluso ingenua por mi parte, pero es una forma de decir que el problema de fondo está en otro aspecto y no tanto en las regulaciones, pero creo que sí se puede limitar mucho esa posibilidad de que se puedan manejar los nombramientos discrecionalmente.

Sobre la mediación, que casi ha centrado las intervenciones de los distintos representantes de los grupos, quiero decir que la mediación no sería para todos los asuntos sino que se elegirían asuntos que son más susceptibles de mediación. Ahora mismo uno de los grandes incrementos de litigios en España está en los temas bancarios; es un tema absolutamente claro para haberlo llevado por sistemas de


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mediación y no hubiera habido necesidad de crear estos juzgados de cláusulas suelo. Yo he hecho mucha mediación bancaria y los porcentajes en mediación bancaria de acuerdo son del noventa y tantos por ciento, o sea que estamos hablando de que solo con esa medida y en mediación bancaria se hubiera reducido la litigiosidad una barbaridad, y lo digo por experiencia propia; es decir, que se trataría de limitarlo a unas determinadas materias. Se hace obligatoria la primera sesión, como en Italia; habría que ver el sistema italiano, ya que además tenemos la suerte de que lleva tres o cuatro años y podemos también saber en qué ha fallado o qué problemas ha habido.

Los efectos de quien no comparece muchas veces se suelen llevar al tema de las costas, a que tenga una cierta relevancia en la imposición de costas. En Inglaterra han llegado hasta el punto, en resoluciones de jueces ingleses, de que en un caso en el que el demandado hacía una oferta bastante razonable y no era aceptada por el demandante, el demandante iba a juicio y a pesar de ganarlo le imponían las costas; hasta eso se ha llegado en un sistema como el británico, con lo cual ahí puede haber unos efectos cuando no hay voluntad, cuando no se asiste a una comparecencia obligatoria.

El problema de hacerlo obligatorio es porque no se ha invertido en temas de mediación; hay una obligación por la ley y por la Directiva comunitaria de que las instituciones públicas tienen que invertir en mediación y no se ha invertido nada. Al no haber dado publicidad, no conocer el ciudadano el sistema de mediación -a mí me sorprende todavía que haya abogados que no lo conocen o no saben distinguirlo del arbitraje-, ese hecho lo que supone es que llevamos ya unos cuantos años de retraso. Estadística no hay porque no existe prácticamente mediación en la práctica, algo que también me preguntaba el señor Molinero, pero precisamente porque no existe ese conocimiento. El cambio de cultura no se refiere a una cultura del ciudadano, sino de los propios abogados, que cambien la cultura de decir vamos a presentar la demanda a vamos a intentar el acuerdo. Yo, como juez, en las comparecencias que había antes del juicio yo preguntaba a las partes, ¿han agotado ustedes todas las posibilidades de acuerdo? Y me decían: Sí, sí. Y yo les preguntaba, ¿cuáles han sido? Respuesta: Le mandé un burofax y no me ha contestado. Esos son los intentos que hay antes de ir a un pleito, esa es la realidad. Esa es la primera cultura que hay que cambiar. Afortunadamente la intervención de la presidenta del Consejo General de la Abogacía citó la mediación. Les puedo decir que los abogados siempre han sido contrarios, y afortunadamente eso ha cambiado. En Italia hubo una huelga de abogados cuando se dictó la ley de obligatoriedad de la mediación, e incluso recurrieron al Tribunal Constitucional. Por eso le digo que esa mentalidad afortunadamente los colegios de abogados la han ido cambiando y esa sería un poco la filosofía de cambiar. Pero entiendo que ahora mismo, sin inversión en cultura ... En Costa Rica se invierte en los colegios, se empieza desde la infancia a introducir la mediación como forma de resolución de los conflictos, pero eso es muy a largo plazo. Por eso digo y por eso insistía en que el único sistema que veo actualmente para difundir la mediación es hacerla obligatoria. Ha fracasado en lo social, ha fracasado el acto de conciliación previo, pero ahora tenemos la ventaja de que hay miles de mediadores, hay instituciones de mediación y la clave está en que la derivación a mediación se haga a través de un concurso en el que pueda haber mediadores y a partir de ese momento creo que los porcentajes variarán. Tengo una cierta esperanza si en Italia, como digo, ha funcionado. Y una cosa anecdótica final, ¿saben por qué en Italia hay más acuerdos fuera de mediación? Porque hay una primera sesión obligatoria -me lo contó un italiano- y a partir de ahí se dice si se quiere continuar. Si se quiere continuar hay que pagar la mediación, y a partir de ese momento se dieron cuenta de que era mucho mejor decir que no seguían y arreglarlo fuera.

Me preguntaba la señora Carreño por la mediación penal. En la mediación penal es una filosofía distinta, no es mediación propiamente, es justicia restaurativa. Pero les puedo dar un dato muy interesante: aquí se tiene en cuenta a la víctima, lo que me parece muy importante, nos olvidamos de la pena y nos vamos más a la víctima. Y sobre todo un dato muy interesante, que aparece en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, y es que las derivaciones de mediación penal que se están haciendo en España por los jueces de instrucción, jueces de lo penal, que se lleva haciendo desde el Consejo General del Poder Judicial, cuando se deriva casi un 80 % vuelven con acuerdo. Ese sí es un porcentaje mucho más elevado que en cualquier otra jurisdicción; es decir, en la jurisdicción penal cuando el juez te deriva a mediación, lo normal es que acabe en un acuerdo, con satisfacción de la víctima. Me parece una vía muy interesante.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Le agradecemos las novedades que ha incorporado al debate de esta subcomisión de trabajo.

Interrumpimos un momento para dar entrada al siguiente compareciente. (Pausa).


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- DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO (MARTÍNEZ SANCHIZ), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000801).

La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con las comparecencias. En este caso con la del presidente del Consejo General del Notariado, don José Ángel Martínez Sanchiz. Tiene la palabra por un tiempo aproximado de diez minutos para después dar paso a los grupos parlamentarios y a las cuestiones que se planteen.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO (Martínez Sanchiz): Muchísimas gracias.

Es para mí un honor comparecer en esta Comisión, y debo de manifestar, por tanto, mi agradecimiento por la invitación recibida. Realmente la contribución de los notarios en el ámbito de lo que es la modernización de la justicia reside fundamentalmente en la reducción de la tasa de litigiosidad, que verdaderamente es un problema nuclear de la justicia. Tenemos el ejemplo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que lleva unos pocos años de aplicación, pendiente todavía de un reglamento que facilite una unificación en la práctica y una mayor agilidad en su aplicación, pero la verdad es que es muy sintomático. Hoy leía en la prensa que el Instituto Nacional de Estadística había constatado que había habido un 30 % menos, grosso modo, de separaciones y divorcios y que en el año 2016, última estadística de la que disponía, había habido alrededor de unos 94 000 divorcios. La Ley de Jurisdicción Voluntaria ha permitido que se produzca, con la máxima asepsia procedimental, el divorcio de las personas que están de acuerdo con hijos mayores de edad, o sin hijos. En este punto concreto, por ejemplo, la estadística nuestra arroja en el año 2016, 7645 divorcios; evidentemente es una descongestión importante de los juzgados. Las declaraciones por ejemplo de los ab intestato de los últimos tres años rebasan las 300 000; se trata, por tanto, de una contribución importante.

La litigiosidad es verdad que se ha incrementado notablemente en el ámbito de las relaciones con los consumidores. En este tema todos tenemos presente el ejemplo de las cláusulas suelo, de los juzgados que se han constituido, del gran número de asuntos y litigios que van a tener que despachar y resolver los jueces. Nosotros como corporación hemos caído en la cuenta de que la manera en que se produce la adquisición de una vivienda por parte de cualquier persona, de cualquier consumidor no es quizá la más adecuada, porque se trata de acudir justamente al notario en el último momento, acompañado del banco, de la gestoría, del vendedor, con la tensión que esto representa y por mucho que te apliques a explicar las cláusulas del contrato, la verdad es que esa persona muchas veces no tiene el reposo suficiente para sedimentar la información que se le transmite. Por eso creemos que es acertada la idea que se plantea en la trasposición de la directiva de crédito inmobiliario de un acta de información precontractual. En esta acta, el notario elegido por el consumidor o, en su defecto, por el banco, recibiría a través de la vía informática, por una plataforma tecnológica, toda la documentación que se ha empleado en el proceso de comercialización y habría de explicar detalladamente al consumidor las cláusulas más importantes y responder a sus preguntas para, de esta manera, darle la oportunidad de tener una comprensión lo más completa posible. Esta acta sería gratuita, es decir que no generaría ningún coste para el consumidor. Creemos que es una solución que va a permitir que nosotros podamos asesorar mejor a la persona que tenemos delante, a ese padre de familia, por ejemplo, que afianza el préstamo de uno de los hijos que resulta que tiene otros hermanos y los problemas sucesorios, por ejemplo, que todo esto puede comportar y tantas otras dudas que se pueden suscitar, en un momento de calma, separado del instante de la firma de la escritura pública.

Creemos que es muy importante en toda esta materia tratar de humanizar -es una idea que personalmente me ha preocupado desde hace muchos años- las ejecuciones. Las ejecuciones primero hay que tratar de evitarlas; en este sentido, yo personalmente, ya desde el año 2005, no es, por tanto, un acuerdo del consejo sino que es una idea, un trabajo que yo desarrollé entonces, veía la posibilidad de que para aquella persona que se encuentra con angustias, que ve que no llega a cubrir la cuota de su préstamo, se llevara a cabo una especie de adjudicación en pago, pero la adjudicación en pago no del pleno dominio, sino de un dominio eminente al banco que a cambio cancelaría una parte del préstamo y esa persona conservaría en propiedad temporal, o en régimen de derecho de superficie, la propiedad de la vivienda en la que está, que podría vender, que podría volver a hipotecar, que podría cambiar de banco.


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De esta manera también obtendría una disminución muy importante de la cuota y es mejor que la adjudicación en pago porque la adjudicación en pago es irreversible, significa que se pierde el dominio completo de la cosa, mientras que en este supuesto uno lo puede conservar, por ejemplo, veinte o treinta años; tiene siempre la opción de rescatar el dominio atribuido al banco. Si pasado ese plazo no ha rescatado el dominio, entonces el banco recuperaría la propiedad. Creo que es una fórmula muy interesante, y no solamente para evitar estas ejecuciones sino también incluso desde el punto de vista de los propios bancos que hoy sabemos que tienen más de 350 000 viviendas todavía en sus carteras sin vender, para obtener precisamente ese resultado y que la gente pudiera acceder a esas viviendas a un coste más económico y barato. En la línea de la humanización creemos que en el procedimiento de ejecución también habría que considerar -o al menos esa es, repito, mi opinión- la posibilidad de que el deudor mejore en cualquier momento el precio de remate, no solamente en el instante en que hay un remate por debajo del 70 %, sino que debería de establecerse con carácter general.

El tema de las plusvalías creemos que debería tratarse en el juicio ejecutivo. Para el caso de que se venda por el banco la finca que se haya adjudicado en el curso de los diez años siguientes, debería participar el deudor en el 50 % de las plusvalías pero solo para descontarlo del importe de la deuda pendiente en el momento de la enajenación. Sería quizá más equitativo considerar que la plusvalía se debería descontar no del importe pendiente en el momento de la enajenación sino en el momento de la ejecución, de manera que fuera mayor esa participación.

Se ofrecen otras posibilidades que son relevantes, como la posibilidad de establecer derechos de retracto, a lo mejor no en el plazo de diez años pero si, por ejemplo, una entidad vende el piso con una plusvalía importante en los dos años inmediatos o en los cinco años inmediatos -esta es una cuestión a considerar o a madurar-, podría plantearse perfectamente un retracto por parte del deudor devolviendo el importe del remate con los intereses legales. De esa manera al final resultaría que las plusvalías las haría propias el deudor o ejecutado. Son soluciones que personalmente considero que deberían tenerse presentes y que lógicamente han de someterse a un estudio detallado y preciso que la importancia del caso requiere.

Igualmente entendemos que puede contribuir a disminuir la litigiosidad o hacerla menos gravosa un cierto reforzamiento de las escrituras públicas, en dos líneas de actuación. Por una parte, la atribución de fuerza ejecutiva en la escritura pública, también para las obligaciones de dar. Actualmente, con carácter general solamente se produce esta fuerza ejecutiva respecto de las sumas dinerarias, pero sin embargo hay una cierta asimetría, porque hoy encontramos que los decretos de los secretarios judiciales, que son funcionarios como nosotros, que no ejercen realmente jurisdicción, tienen fuerza ejecutiva en todo caso, y en el ámbito de las escrituras públicas, las de conciliación y aquellas que recogen una mediación, también. Por otro lado, es criterio que pondera en el ámbito comparado, como por ejemplo en el derecho alemán. Por tanto creemos que esto descargaría de procedimientos a veces más largos y complicados.

Sería importante recuperar el delito de falsedad ideológica. El delito de falsedad ideológica, cuando se declara en una escritura o en un acta notarial, que muchas veces se hace sobre promesa de hacerla verdad, la falsedad implicaría un delito. Esto existía anteriormente, se trataría de restaurarlo; fue suprimido por un prurito, quizá doctrinal, por pensar que casi todos los casos o que prácticamente todos los de falsedad ideológica se podían subsumir en el delito de estafa. Voy a dar un ejemplo que creo que es bastante claro. Pensemos en una escritura de compra-venta que se declara un precio muy inferior al real. En este caso si el precio finalmente, el que no se declara en negro, se paga, no podremos hablar de estafa, pero sí podríamos plantearnos la existencia de una falsedad. Creo que este sería un procedimiento muy interesante para conseguir una mayor moralización de la vida pública y para luchar precisamente contra la corrupción.

Me queda hacer referencia, muy brevemente, a un tema que ha sido tratado por el ponente anterior con un conocimiento de causa muy superior al que yo pueda tener, puesto que al fin y al cabo yo concretamente no soy mediador, pero es importante fomentar, evidentemente, la resolución alternativa de conflictos, tanto en lo que es la mediación como en lo que es el arbitraje. Nosotros en el Colegio Notarial de Madrid -y este ejemplo hoy en día se ha seguido por otros colegios notariales- creamos una fundación que se llama Signum, que fue la primera que englobó el arbitraje y la mediación, en realidad de una forma muy modesta pero hemos iniciado ya la singladura. Por ejemplo, es muy revelador que se ganó un concurso del Ayuntamiento de Madrid, concretamente para mediar en los desahucios, que es un tema de una complejidad y de una tensión que todo el mundo puede suponer. De los 503 asuntos que se plantearon, 268 acabaron


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con acuerdo, es decir, por encima del 50 %, 131 en desacuerdo y luego el ayuntamiento reasumió la competencia y de los que inicialmente se plantearon se devolvieron 104 asuntos, cuyo resultado no conozco en estos momentos, pero quiero decir que la estadística es muy alentadora.

Exactamente lo mismo cabe decir en cuanto al arbitraje, ahí es un problema; hay una desconfianza general en la sociedad hacia el arbitraje, hacia la decisión instantánea de un único árbitro, pero entiendo que es interesante tratar de fomentar esta posibilidad, sobre todo en determinadas áreas, que no son las de los grandes negocios o de las grandes empresas mercantiles que están normalmente fagocitadas no solamente por cortes nacionales sino por cortes internacionales, sino áreas mucho más modestas como las que se producen en ámbitos como la propiedad horizontal en temas a veces de servidumbres de ámbito de derecho agrario, ahí es un ámbito en el que el arbitraje no ha conseguido introducirse, pero que nosotros creemos, como notarios, que efectivamente puede contribuir a ayudar a una descongestión de la justicia y a una justicia, en definitiva, mejor para todos los ciudadanos.

Con esto, quizá excediéndome en la brevedad que se me ha pedido, creo que he dado un brochazo a distintas posibilidades, y por supuesto estoy abierto a cualquier otra que se me presente y a esas preguntas que me quieran formular.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tienen la palabra de nuevo los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor Martínez por su intervención, por su comparecencia. Se ha referido usted al impacto de esas nuevas competencias que la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 les atribuyó; en concreto nos ha dado el número de divorcios que hasta la fecha han efectuado, pero no nos ha dado en cambio el número de matrimonios que han celebrado. Esto que a priori parece que no tienen ninguna incidencia directa en reducir la litigiosidad, si tenemos en cuenta que desde el 30 de junio de este año ustedes tienen también la posibilidad de tramitar el expediente matrimonial completo y que ya no lo haga el registro civil, sí la tiene. Sé que son fechas recientes, no sé si tiene usted algún dato al respecto pero sería interesante que pudiéramos valorar también la incidencia en la reducción de la carga de trabajo que esta facultad pueda tener en el Registro Civil.

Quería preguntarle también si usted considera que la fe pública, como institución, necesita de alguna manera una puesta al día, una actualización, y ello debido en gran parte al impacto que las nuevas tecnologías han tenido en la vida de todos los presentes. Basta ir a la definición de la RAE de la fe pública, para ver que está un poco obsoleta. Lo que le quiero decir, por ejemplo, es que mientras que los profesionales de la justicia en nuestros tribunales y juzgados estamos haciendo un esfuerzo considerable en alcanzar ese objetivo del papel cero, contraponer esto, por ejemplo, a la imagen que tenemos todos de una escritura pública, encuadernada, con su cartón troquelado, con su sello de notariado europeo, en fin ... ¿Sabe por dónde voy, no? ¿Estamos muy lejos de que yo pueda llevar una copia auténtica de la escritura de mi vivienda en un pendrive con la firma digital de los intervinientes en la compraventa y su firma, por ejemplo? He ahí la cuestión.

Le preguntaría también qué ventajas cree usted que tiene el sistema de aranceles. Yo soy procurador, que es también una profesión que se rige por los aranceles, y mi opinión personal es que considero que los aranceles garantizan la prestación de un servicio de calidad, pero quiero que de alguna manera, como miembro de la Comisión yo no lo voy a hacer, uno de los ponentes deje constancia de su visión y de las ventajas o de los inconvenientes, si considera que los tiene, cobrar en base a unos aranceles.

Finalmente le quería preguntar sobre cómo está funcionando la notificación telemática de apoderamientos, cómo funciona y que impacto está teniendo.

Y nada más, solo felicitarle por esas propuestas que ha hecho para humanizar las ejecuciones hipotecarias, que considero que han sido muy interesantes, y tomamos buena nota de ellas. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.


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La señora CARREÑO VALERO: Muchísimas gracias por su comparecencia, por sus propuestas, de las que daremos traslado a nuestro grupo.

Quería hacerle una única pregunta y es si usted realiza algún tipo de autocrítica al colectivo de notarios respecto a la participación en escrituras notariales con cláusulas que luego han sido declaradas abusivas.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, presidenta.

Agradecemos al interviniente su comparecencia en esta Comisión y su intervención.

Ha dicho que no es experto en conciliación y en mediación, pero me gustaría que ampliara un poco más, desde la visión del cuerpo de notarios, propuestas concretas de la conciliación y de la mediación ante notario como una alternativa a luchar contra la saturación de la justicia española. En este sentido también -ya le ha preguntado el portavoz de Ciudadanos-, cómo ha afectado no solamente en el número de separaciones sino también en el número de matrimonios realizados ante notario; si efectivamente se ha visto un incremento de reclamaciones por deudas, tras la Ley de Jurisdicción Voluntaria ante notario, y cómo ha afectado esta ley sobre todo en el ámbito de sucesiones y de procesos sucesorios de partición de herencias y también en el ámbito de la testamentaría.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias por su comparecencia, por su información y por la que nos pueda dar en la contestación el señor Martínez Sanchiz, en representación del Consejo General del Notariado.

Creo que ha tocado algunos de los aspectos o casi todos ellos, pero sobre alguno se puede profundizar más, por lo que nos interesa que se ponga de manifiesto el papel que tienen como otros operadores jurídicos cualificados y su evolución, la propia evolución del notariado de la que a veces no se tiene la noticia suficiente.

Hablaba mi compañero el portavoz de Ciudadanos sobre si no sería necesaria una cierta actualización en algunas cosas, y quizá yo sí echo en falta que a veces esa actualización ha existido y sin embargo no ha habido el contacto social para un entendimiento, para una información suficiente.

Voy a incidir en algunos puntos, cuatro aspectos que son muy significativos del papel del notariado a partir de este momento, lo ha sido, pero a partir de este momento debemos tenerlo en consideración a la hora de establecer ciertas prioridades y estrategias en materia de mejora de la justicia. Uno es el aspecto de modernización y digitalización, y lo voy a ligar con qué tipo de normativa tenemos que hacer en el mundo digital, nos cuesta a todos, pero creo que somos muchos los que consideramos que la normativa ya no puede hacerse en materia de procedimientos, en materia de mecanismos, en materia de controles, en materia de acreditaciones como se ha hecho en los siglos XVIII, XIX y XX.

El papel de la seguridad preventiva, el que tienen los fedatarios públicos, en particular los notarios, creo que no ha sido suficientemente valorado, seguramente porque ha habido defectos y porque a lo mejor hay que hacer autocrítica, pero no rechazarlo, porque igual que en medicina, por ejemplo, si se me permite la comparación, la prevención tiene una gran relevancia y no puede vivirse sin ella, y un sistema de salud es imposible que pueda pervivir, creo que el ámbito del derecho mal vamos a poder entrar en ámbitos de mediación, de conciliación, en mecanismos alternativos, si además no somos conscientes de la importancia de quienes tienen que intervenir, todos aquellos que tienen que intervenir, en procesos de seguridad preventiva.

Le han preguntado mis compañeros y me gustaría dar un paso más, no solo saber aspectos concretos sino si el Consejo General del Notariado considera que debe hacer -quizá lo esté haciendo- un análisis y una evaluación de las ventajas, los inconvenientes y los vacíos que quedan en el desarrollo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Nos hemos incorporado muy tarde a algo que muchos ordenamientos en todo el mundo ya habían desarrollado con absoluta nitidez, y por tanto creo que en muchas reformas legislativas, pero también en esta, el papel de los operadores que han ampliado o han recibido competencias, creo que es importante, si no, nos queda coja la información y nos quedan cojos


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los instrumentos de coordinación, que creo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de futuras o muy próximas modificaciones de las normas.

En relación con el tema de modernización y digitalización, que en parte se ha puesto de manifiesto, me gustaría que nos hablara un poco más -rendición de cuentas no sé si es lo adecuado- sobre cómo se está siguiendo el proceso del desarrollo del documento público electrónico, porque a diferencia de la apariencia que ustedes dan, ustedes se incorporaron muy pronto a algunos mecanismos de modernización, también los registradores, que facilitaron una información rápida y con garantías precisamente en el tráfico inmobiliario en España, y sin embargo la sensación que puede tener la sociedad es diferente, de la misma manera que esta sensación que se ha vendido sobre privatización es realmente dañina y creo que nos perjudica a todos, no es que perjudique a un cuerpo sino que perjudica al sistema de la justicia. Me gustaría que desarrollara un poco más este punto.

Por otra parte, y sé que ahí entraríamos en otro camino, como no ha hecho nadie referencia a ello, en distintas reformas, con distintos gobiernos para la lucha contra la delincuencia organizada, contra el blanqueo de capitales, se ha incidido en las funciones de los notarios y los registradores en ese engranaje para la lucha. ¿Cómo se podría reforzar en este momento la colaboración de los notarios, por ceñirnos al colectivo, para mejorar la colaboración en la lucha contra la delincuencia internacional y en particular blanqueo de capitales, evasión y fraude fiscal? Me gustaría preguntarle más cosas pero con eso creo que es suficiente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

A continuación tiene la palabra el compareciente para responder a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO (Martínez Sanchiz): Muchas gracias.

Voy a tratar de responder a todas las preguntas, si me dejo alguna me lo recuerdan. Voy a seguir más o menos el orden, aunque alguna de estas preguntas se mezcla con las posteriores. En cuanto al tema de los matrimonios -que, efectivamente, no he querido tratar-, no tengo aquí la estadística de los matrimonios que se han celebrado. En el año 2015 eran 563; en el año 2016 fueron ya 6763, y en el tiempo que ha transcurrido de 2017, 4733. Es verdad que en estos momentos la actuación notarial se limita a recibir el expediente del Registro Civil y a realizar la escritura pública. Nosotros estamos preparados para llevar a cabo el expediente de Registro Civil, lo que pasa es que las dificultades que supone la puesta en marcha de la nueva ley han determinado que se haya suspendido durante un año el tema de los expedientes, pero realmente nosotros estamos en disposición de acometerlo y estaremos encantados cuando llegue el momento en que podamos empezar a realizarlos. O sea, que hay una completa disponibilidad por parte del notariado.

En relación con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que también mencionaba la representante del Partido Popular, es verdad que la ley -tengo aquí las últimas estadísticas- en algunos actos se multiplican y en otros se producen con mayor dificultad, pero también hay que tener en cuenta que la frecuencia del supuesto de hecho varía según las circunstancias, no es lo mismo la adveración de un testamento hológrafo que una declaración de los abintestato; lo primero se produce mucho menos. Hay algún procedimiento que efectivamente no acaba de salir del todo, que es, por ejemplo, el de reclamación de las deudas dinerarias no contradichas. Concretamente en el año 2013 hubo 99, en el año siguiente, 365, y en lo que va de año, 141. Es un procedimiento que probablemente habría que revisar en un futuro desde un punto de vista legislativo para darle una mayor eficacia.

Hay otros procedimientos que merecerían quizá una revisión en esta línea, como sería, por ejemplo, la consignación. Cuando se trata de la consignación ante notario el problema que nos encontramos es que si no está de acuerdo el acreedor, entonces hay que ir al juez para que declare bien hecha la consignación, cuando esta declaración de que está bien hecha no es propiamente, en nuestra opinión, una actividad jurisdiccional sino simplemente la constatación de una situación fáctica. Quizá una reforma en este sentido permitiría que hubiera un mayor número de consignaciones.

Hay otros aspectos, por ejemplo, en el ámbito de los procedimientos sucesorios, los vamos llevando a cabo pero estamos pendientes de un reglamento que está realizándose en el Ministerio de Justicia con la colaboración tanto de los notarios como de los registradores, que pensamos que estará pronto disponible y va a facilitar y resolver alguna de las dudas que toda ley conlleva cuando se trata de su


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ejecución. Desde el punto de vista de los notarios y del Consejo General del Notariado, lo único que puedo decir es que por nuestra parte nos vamos a aplicar, como no puede ser de otra manera, en el buen éxito de la ley, y aportaremos -ya lo estamos haciendo- al Ministerio de Justicia, a través de la confección del reglamento, todas aquellas soluciones que pensamos que pueden favorecer efectivamente su buena aplicación.

Se ha mencionado también el tema del papel. Desde luego el notariado fue el primero en España en disponer de la firma electrónica reconocida. Tenemos un centro tecnológico que en estos momentos se dedica exclusivamente, desde hace ya quince años, al estudio de proyectos en la línea de lo que se acaba de mencionar. En primer lugar, desde el año 2004 tenemos un índice único, que es un sistema en el que todas las escrituras, todas las escrituras y pólizas que se autorizan, se remiten a ese índice único, que no es algo puramente digitalizado sino que está parametrizado, es decir, que se descompone en distintos campos. Esto ha supuesto un esfuerzo para las notarías extraordinario, puesto que ha habido que teclear los datos, y un incremento en el número de empleos de 1,3 por cada notario. De ese índice único se extrae o bebe directamente la base de datos del titular real, a la que se refería la representante del Partido Popular. Esa base de datos del titular real está creada desde hace cinco años para luchar contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales y se beneficia del índice único, es decir, que los datos que están parametrizados para el uso de esta base de datos arrancan del año 2004. Esta base de datos de titular real tiene más de 110 millones de documentos parametrizados a su disposición. Verdaderamente es la única que existe en el mundo, es algo de lo que tiene que estar orgulloso no ya el notariado sino concretamente el Estado español; la única. Ha merecido las recomendaciones favorables del GAFI. Algo que se podía parecer fue una base de datos que presentaron los ingleses, pero a pesar de que tiene un número de asociados algo superior al nuestro, 3,5 millones, solamente había unas 20 000 y lo obtenían por Internet, sin que hubiera, por tanto, ninguna garantía en cuanto a la acreditación de titular real, y uno de los representantes del GAFI, de nacionalidad australiana, le preguntó al inglés: Entonces, si yo pongo que el titular real es el Pato Donald, ¿usted no tiene ningún argumento para decir lo contrario? ¿Qué jurisdicción sería la aplicable? Aquí todo esto se desarrolla a través de un sistema de acreditación notarial; la mayor parte de las titularidades a día de hoy están ya acreditadas, hay otras que no están necesariamente acreditadas que son manifestadas ante notario. Esto a veces es imposible de evitar; por ejemplo, cuando interviene una sociedad extranjera que no tiene sucursal en España y no tienes otro método para saber quién es el que está detrás que la declaración que realice en el acta correspondiente el interesado. Por eso también me interesa mucho este tipo de actas, que estarían muy reforzadas si fueran unidas al delito de falsedad ideológica, cuando se cuenta una mentira. Esta base de datos es algo verdaderamente extraordinario; ahora la IV Directiva contra el Blanqueo de Capitales va en la línea de que tienen que llevarse en un registro público, es una traducción del inglés, lo que implica un registro público; también podría ser la base de datos nuestra, que está ya confeccionada. La estamos perfeccionando, estamos pidiendo copias a todos los notarios, copias que se emiten gratuitamente y con gran esfuerzo para completar todavía más el número de documentos incorporados a la base, los anteriores al año 2004. Esa base de datos suministra una información preciosa para empezar, entre otros, al ministerio fiscal, a los jueces y también a las autoridades tributarias, todas aquellas que tengan estrictamente competencia, e igualmente a los sujetos obligados en blanqueo de capitales que tengan unos sistemas informáticos y de encriptado y garantía equivalentes a los que tenemos nosotros. En este tema concreto, contra lo que se pudiera pensar, el notariado está muy orgulloso y vamos en una línea que va por delante del resto. Ahora estamos a punto de pasar de la firma electrónica reconocida con una tarjeta, anticipándonos a lo que es la directiva europea, a un sistema de firma en la nube que podremos desenvolver a través del teléfono móvil, cosa que tampoco existe en ningún otro lado.

Estamos estudiando en todo momento el problema del documento público electrónico, la ley lo reconoce pero siempre que se cuente con los medios necesarios y las garantías precisas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Desarrollamos la copia electrónica, que permite que una persona firme un poder en Barcelona que se necesita en Cádiz y se mande al notario de Cádiz inmediatamente, que extraiga el poder y se pueda utilizar por el apoderado, todo eso en cuestión de pocos minutos. La copia electrónica no puede llevarse en un pendrive, porque es entre los funcionarios y autoridades. Estamos estudiando la posibilidad de dar una mayor circulación, es cuestión de tiempo, por ejemplo, que se pueda examinar en el lugar donde se tenga que utilizar una copia online. Todos ellos son proyectos que se están estudiando, se tienen que ir desarrollando y algunos de ellos pueden implicar alguna reforma legislativa.


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Estamos estudiando también la formación de un protocolo electrónico, de hecho, lo tenemos, porque todo lo que hacemos está en el ordenador al final, aunque luego tengamos el protocolo en papel, pero ese protocolo electrónico que sí requeriría una ley, y en eso estamos, daría mucha más vivacidad a todas las vicisitudes que atraviesa un negocio jurídico. De momento, hay que conservar el protocolo en papel porque, hasta donde nos alcanza a nosotros, hay que tener presente que ahí están las firmas manuscritas y que cualquier sistema, hoy por hoy, de conservación del protocolo, aunque sea en la nube, tiene, según los expertos, inseguridades importantes e incluso aunque no se produjera la pérdida de la documentación, en el caso de un cambio de tecnología que implicara una migración de los datos a otro, podría perderse esa información, que es preciosa. Por tanto, en este momento nosotros estamos jugando con las dos cosas, es decir, con el protocolo en papel y con el protocolo electrónico, que de momento es de facto pero que pretendemos que se convierta en una realidad jurídica. El día de mañana, cuando sepamos o tengamos una certeza de que hay alguna otra manera de conservar, iremos por ahí, porque para nosotros la conservación de los protocolos ciertamente es muy importante pero también muy costosa, pues hay que buscar y habilitar sitios; hay que tener en cuenta que los conservamos, por ejemplo, en Barcelona desde el siglo XIII y en Madrid tenemos registros desde el siglo XIV. El valor que tiene eso es inmensurable, no se puede mensurar. Ninguna empresa podría hoy ofrecer esa posibilidad.

Me estoy extendiendo mucho en lo telemático. Yo he venido hoy de Valencia, ayer teníamos unas jornadas en el Colegio Notarial de Valencia sobre bloksein y estamos estudiando las nuevas tecnologías y de qué manera podemos ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, pero siempre con seguridad, que es el motivo fundamental por el que existimos.

Con respecto al tema del arancel, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -el nombre de la señora es Piringer o algo así, es un nombre muy complicado- que abordó este tema ante la Unión Europea y puso de relieve que estaba perfectamente justificada la actuación notarial e incluso menciona específicamente el arancel. ¿Qué es lo que ofrece el arancel? Podrá estar más o menos acertada en cuanto a la determinación de los diferentes conceptos que sean de aplicación. Para empezar, el arancel ofrece una igualdad, o sea a todo el mundo se le aplica el mismo importe, no se trata de ir a un médico que te cueste más o te cueste menos o de buscar un abogado que sea más prestigioso o un bufete; todo el mundo recibe un asesoramiento o una prestación por parte del notario a un precio igual. Luego en el arancel se podrá cuestionar, pero hay distintos conceptos, unos que son sin cuantía que suelen ser documentos de importancia desde el punto de vista social, como es el caso de los testamentos, de los poderes, que tienen menos gravamen por parte del arancel, y otros que reflejan un contenido económico donde el arancel es un poquito más alto, pero en definitiva es un sistema que asegura la igualdad, y creo que este es el fundamento, frente al sistema de los honorarios.

En lo que respecta a la presentación telemática, ya lleva mucho tiempo con ella. Tenemos pendiente en estos momentos una regulación no ya de la presentación de los asientos telemáticamente en el registro, que lo hacemos, sino de todo lo que son las comunicaciones de las cargas que puedan existir en el registro que todavía se desenvuelven por un sistema que es antiguo, que es el fax, y estamos pendientes de un reglamento que está también en Justicia para facilitar un sistema transitorio que permita el cumplimiento de lo que establecen unas leyes del año 2001 y 2017, que es que los notarios, como también las autoridades y los funcionarios públicos, tengan acceso telemático directo a los libros del registro, cosa que no podemos hacer hoy en día porque los libros del registro están digitalizados pero no informatizados, no están en campos parametrizados, la digitalización impide que eso se pueda plasmar. Es un proceso que confiamos en que con el tiempo se llevará a cabo y por el que concretamente el Consejo General del Notariado apuesta decididamente.

También se ha mencionado por la representante del Partido Popular el asunto de la digitalización. En el tema de la digitalización de la firma reconocida, la posibilidad va vinculada a la formación de un documento electrónico matriz. Es un tema que nosotros estudiamos y que, hoy por hoy, hay que tomar con las debidas precauciones; también es verdad que es un asunto que está estudiándose por la Comisión Europea, se habla de una directiva sobre este particular y nosotros en este tema tenemos el 4 de octubre, en Santiago de Compostela, un congreso de notariados de la Unión Europea, al que concurrirán veintidós notariados europeos, y los dos temas que se van a tratar son el traslado de sede social en el ámbito de la Unión Europea, los mecanismos con los que se pueda llevar a cabo y también el problema de la protección del consumidor en el entorno digital. Es decir, estamos en ello, otra cosa es que cuando una cosa se quiere que funcione, hay que llevar a cabo el proceso continuamente, constantemente, pero sin incurrir en prisas.


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En cuanto a la autocrítica. Después de todo esto que he dicho de la telemática voy a quedar mal, porque parece que nos hemos puesto galardones. La verdad es que efectivamente nos hemos dedicado a ello. En el tema concreto de los temas hipotecarios y de las compraventas, hay que tener en cuenta que nosotros hemos cumplido con la legislación, otra cosa es que la figura del notario no sea suficientemente utilizada, que nosotros es donde creemos que está verdaderamente el fallo, que es un fallo del sistema. Es decir, con las cláusulas suelo, con las cláusulas abusivas, nosotros no tenemos competencia para declarar si son o no abusivas, esa es una competencia judicial, solamente podemos negarnos a aquellas que sean patentemente nulas. Por ejemplo, si por una ampliación de plazo en un préstamo me ponen la comisión en un 0,50, yo en la escritura diré no, es el 0,10, y de aquí no paso. En aquellos supuestos en los que haya unas sentencias que sean firmes, que estén inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que no es un registro que funcione bien porque es dificilísimo de consultar y no siempre las sentencias se inscriben porque no es obligatoria su inscripción, y aquellas que tengan valor jurisprudencial, que es la nueva jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y el Notariado y por donde va concretamente el proyecto de trasposición de la Directiva de Crédito Inmobiliario. Ahí pensamos que sería muy bueno que hubiera algún tipo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial donde se nos remitieran concretamente las sentencias firmes que establecen la nulidad de determinadas cláusulas, de forma que nosotros pudiéramos distribuirlas entre los notarios y de ese modo resolver que no se aplicaran ni se introdujeran en las escrituras de forma inadvertida. Por tanto, autocrítica, sí, naturalmente, pero con una esperanza; pensamos que el notario puede hacerlo mejor y siempre que nos den la posibilidad, la cancha, y tengamos el espacio y el tiempo necesarios.

No sé si he respondido a todas las preguntas. Me temo que he sido demasiado extenso, yo venía a hablar de la judicatura y menos del propio notariado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención.

- DEL EXFISCAL DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (VIADA BARDAJ), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 212/000979).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la última comparecencia de la mañana de hoy. Nos acompaña Salvador Viada, exfiscal de la Fiscalía Anticorrupción y actualmente fiscal en la Fiscalía del Tribunal Supremo, para darnos su visión y su análisis en la contribución de lo que nos convoca, que es el estudio y definición de una estrategia nacional por la justicia.

El señor FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (Viada Bardaj): Muchas gracias y, por supuesto, muy agradecido por haber sido invitado y estar hoy con ustedes.

Quiero empezar con un análisis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en nuestro sistema procesal. Nuestro sistema procesal proviene de una ley de 1882, es decir, ha hecho ahora 135 años, si no he calculado mal. Esa ley se diseñó en su momento como un gran avance pero, evidentemente, muchas cosas han pasado desde entonces hasta nuestros días, de manera que hoy muchas de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se han visto desbordadas incluso por la Constitución. En el Tribunal Supremo tiene mucha más influencia la Constitución, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, todo ese tipo de derechos fundamentales de los particulares, mucho más que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como digo, se ha visto desbordada.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal diseña un sistema que hoy se ha visto superado por los tiempos. Hay tres problemas fundamentales en la ley. El primero es un sistema de investigación muy amplio por el juez de instrucción. El artículo 299 de la ley rituaria lo que dice es que el juez investigará los delitos con todas las circunstancias que influyan en su calificación, la responsabilidad de los delincuentes con circunstancias atenuantes y agravantes. Es decir, todo lo que el juez, sin límites, sin acotamientos, considera que debe ser investigado. Esto en muchos delitos no tiene relevancia porque son hechos muy concretos, pero cuando entramos en cuestiones más amplias, en cuestiones que tienen una indefinición en los hechos que hay que investigar a lo grande, provoca una dispersión enorme, una dispersión que luego, sin embargo, cuando llega el momento de acusar, la defensa solo tiene que defenderse de aquello que ha acotado el fiscal. Es decir, de toda esa investigación a lo mejor el fiscal se ha quedado con algunas pequeñas partes, o la acusación, y de esas pequeñas cosas es donde realmente va a discutirse en el


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proceso. Toda esta distorsión entre lo grande que es una investigación y lo pequeño que a veces es el objeto procesal produce enormes gastos, enormes dilaciones y enorme desmoralización, porque la gente está soportando las investigaciones, que dicen que son investigaciones que no van buscando un hecho concreto; no, son investigaciones muy amplias, que el juez considera así, pero que luego hay un juego procesal en el que el fiscal es el que acota el objeto de la investigación. Todo eso es un error, hay que hacerlo de otra manera, y se hace de otra manera en otros sitios.

Hay otro problema estructural. El juez de instrucción busca la verdad de lo ocurrido, pero la verdad de lo ocurrido es lo que quiere averiguar un investigador. El investigado está confrontado con el juez, el investigado puede tener intereses distintos de que se averigüe la verdad, como el acusador particular puede tener intereses distintos de que se averigüe toda la verdad. Sus posiciones son distintas. Esa confrontación entre un juez y un investigado en relación con la responsabilidad de lo ocurrido no es propia de un sistema racional, porque el juez tiene poderes de juez. Un juez que tiene poderes enfrentado con un investigado coloca al investigado en situación muchas veces de indefensión; no puedes defenderte de que un juez te pinche el teléfono, te intervenga las comunicaciones, un juez que está comprometido con la investigación. Ese tipo de cuestiones se resuelve en otros países atribuyéndole la investigación al fiscal y que sea el juez de garantías el que diga si el fiscal acierta o no y controle al fiscal. Eso en España no ocurre porque el sistema es el que tenemos.

El tercer problema de nuestro sistema procesal penal es que cuando llega el momento de decidir si se va a juicio o no, ese trámite que han visto en las películas, el gran jurado, es decir unos señores que dicen: "hay pruebas suficientes para ir a juicio", ese análisis, ese juicio de la acusación lo hace el propio juez de instrucción, de manera que el procesamiento lo hace el propio juez de instrucción. Entonces, no es ninguna garantía porque el juez se juzga a sí mismo, el juez está analizando su investigación y decide por sí mismo si está bien o mal. Ese es otro problema enorme en nuestro sistema procesal. Y te preguntas: ¿y cómo arreglamos esto? Pues las miradas convergen en el fiscal, hay que atribuirle la investigación al ministerio fiscal. ¿Y cuál es el problema? Pues que el fiscal está politizado, no hay ninguna duda -y se lo digo yo que estoy dentro-, el fiscal está politizado, el fiscal está influido políticamente por su sistema de elección. El sistema de elección del fiscal por parte del Gobierno conduce a que no inspire confianza a terceros en que el fiscal actúe en todo caso, como dice la Constitución, con arreglo al principio de legalidad y de imparcialidad. Esos son los principios fundamentales del ministerio fiscal, actuar con imparcialidad y conforme al principio de legalidad en todo caso. Cuando el fiscal lo elige el Gobierno de la manera que se produce en España y esa situación se prolonga desde la aprobación de la Constitución, nos encontramos con una estructura del fiscal que ya no inspira confianza; no la inspira desde dentro, pero desde luego desde fuera hay mucha gente que dice que cómo le vamos a atribuir ese poder, porque la investigación es poder, al fin y al cabo. En este mundo todos quieren retener lo que tienen las funciones del juez de instrucción, con independencia de que sea aceptado de una manera o de otra.

Pues bien, esta situación hay que reconducirla, no se puede atribuir la instrucción al fiscal sin despolitizarlo. Ustedes tienen los mecanismos para hacerlo, pero hay que hacerlo. ¿Y cómo se puede hacer? Hay muchas ideas pero creo que lo sensato, si el fiscal es el encargado de aplicar la ley, de procurar que la ley se aplique, de instarlo, es que entre dentro de la órbita de quien produce las leyes, eso es lo que a uno se le ocurre, es decir, que tenga que venir aquí el fiscal general del Estado a dar cuenta de sus trabajos, de su gestión, les reclame a ustedes sus necesidades presupuestarias y haya un vínculo de alguna manera con el Parlamento. Por tanto, la elección tendría que estar también condicionada a una opinión favorable del Parlamento. Esto es lo que a mí se me ocurre y es de sentido común. Hay otros sistemas, pero desde luego si mantenemos el sistema actual, impedimos que los españoles tengan un proceso moderno, un proceso que ya ha adoptado media Europa, simplemente porque el sistema de politizar al ministerio fiscal solo favorece al Gobierno de turno, porque a nadie más, toda la oposición piensa que a ella no le favorece que la fiscalía esté politizada. Solo favorece al Gobierno.

Se argumenta la idea de la política criminal del Gobierno. No, este es un mantra que se viene repitiendo que no es verdad. La política criminal del Gobierno no se ejerce en los tribunales, mal vamos si tiene que ejercerse en los tribunales. La política del Gobierno se ejerce a través de los presupuestos, a través de la policía, a través de los actos políticos, se ejerce a través de la Abogacía del Estado si es necesario, pero la fiscalía no es el instrumento para ejercer la política criminal del Gobierno. Son otras las razones que hay al respecto, otras razones que resultan muchas veces inconfesables.

Hay más medidas que son necesarias para despolitizar la fiscalía, hay que reformar el régimen disciplinario de la carrera fiscal orientándola al principio de unidad y no al principio de eficacia. La fiscalía


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sirve a los ciudadanos y tiene que estar orientada a este servicio. Aquí se castiga con extraordinario rigor al que cuestiona la estructura o las órdenes. Echaron a un fiscal hace cuatro o cinco años por desobedecer una orden, por plantear a una orden la resistencia que tenemos nosotros en el estatuto, y lo echaron, luego lo readmitieron pero la gente ha aprendido y piensa: ¡cuidado, enfrentarse a la jerarquía aquí tiene problemas! Hay que arreglar esto, hay que hacer un nuevo reglamento, el que tenemos ahora, el reglamento de la carrera fiscal es coetáneo a la Ley Orgánica del Estado, aquella de unidad de poder y coordinación de funciones, que es lo que nos enseñaban en bachillerato. Nuestro reglamento proviene de entonces.

Es preciso despolitizar el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal está integrado básicamente, a través del sistema electoral que tenemos, por asociaciones cuya representación se mantiene íntegra a lo largo de los treinta y tantos años que funciona, lo han hecho así, han diseñado un sistema electoral para favorecer a estas asociaciones. Con el tiempo se han generado unas servidumbres, unas lealtades, un sistema de complicidad entre el fiscal general de turno con la asociación afín, y eso no ayuda para nada a nuestro sistema. Hay mil ejemplos más, podemos hablar de mil cosas. Hay que crear un estatuto del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado tiene que tener transparencia en su agenda, no puede ser que aquí no sepa nadie nada de lo que hace el fiscal general del Estado. Hay que incluir un código ético del fiscal general del Estado. No puede ser que haya fiscales generales del Estado que van por los palcos, que dan conferencias retribuidas o que hacen viajes sin control, no puede ser que se seleccione a amigos para puestos relevantes en la carrera fiscal. Todo esto hay que regularlo y hay que establecerlo. Usted no puede ser el amo aquí dentro, tiene que tener controles internos. Un sistema de protección del fiscal general del Estado frente al Gobierno hoy no tiene sentido. Si hay una relación de confianza tan grande entre uno y otro, proteger al fiscal general del Estado no tiene sentido, pero cuando se consiga la autonomía necesaria del fiscal general del Estado respecto al Gobierno hay que hacerlo, hay que hacer un sistema de protección. Hay que eliminar las órdenes particulares, especialmente las negativas, las prohibiciones de actuar, eso no puede ser. En media Europa, en el fiscal europeo, esto se prohíbe, no puede funcionar. Yo, que he tenido experiencia en un tribunal penal internacional -he trabajado unos años en el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia-, he visto que un sistema como el que les estoy diciendo funciona. Es un sistema racional que funciona. Se puede coordinar la unidad de actuación, pero con un principio de legalidad y sin que se produzcan cosas que aquí se producen y que te llaman mucho la atención. Esto es posible, se puede hacer, pero hay que actuar en ello, hay que vincular al fiscal general del Estado con el Parlamento, hay que establecer una relación de esta naturaleza. El fiscal general del Estado tiene que tener un vínculo con el Parlamento mucho más que con el Gobierno. Hay que objetivar la promoción interna en la fiscalía. No puede ser que el amigo del Gobierno elija a su amigo para fiscal jefe de tal puesto o de tal otro, eso no puede ser, porque, si es así, el elegido no tiene esas garantías de imparcialidad que tiene que tener alguien para ocupar un puesto de responsabilidad profesional. Los fiscales no somos políticos, somos profesionales; lamentablemente, estamos influidos por la política pero no somos políticos. Hay que objetivar los sistemas de promoción en la carrera fiscal y con todo eso, regulando cuestiones como la carrera, estableciendo un auténtico estatuto, una carrera profesional interna, podremos mantener la ilusión de los más jóvenes, que es lo que más me duele a mí de este negocio, de esta situación terrible, porque hay fiscales que ingresan y al cabo de tres o cuatro años se ven en la situación en la que están en algunas fiscalías. Porque en la fiscalía no hay baremo de trabajo, todo lo que entra sale; si entra mucho, sale mucho y tienes que estar trabajando todo el tiempo que haga falta para sacar lo que tienes. Esto a muchos fiscales jóvenes les desmoraliza rápidamente, porque después de tres o cuatro años de oposición, empiezas a trabajar y al cabo de tres años dices: Me he equivocado. ¿Yo qué pinto aquí? Esto no es una vida. Esto pasa también con fiscales con más antigüedad. Mi mujer es fiscal Anticorrupción y cuando veo cómo trabaja digo: Esto es una locura, le va a dar un ataque al corazón, no se puede trabajar así. Este sistema de trabajo sin límites erosiona muchísimo, cansa muchísimo, pero no hay baremos. Una vez regulado todo esto, conseguiremos mantener un sistema más aceptable para todos y, desde luego, la justicia mejorará.

Respecto al Poder Judicial, no puedo extenderme, pero la idea es básicamente la misma. Hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, despolitizarlo. Esto se plasma en su presidente hoy día, un ex director general de Justicia. ¿Cómo puede ser que el ex director general de Justicia sea el presidente del Tribunal Supremo? Es que no cabe. Nos vendemos como un sistema despolitizado, pero no puede ser. ¡Ojo!, al margen de su valía, que es indudable, porque es un fantástico jurista, pero la imagen no puede ser. Es un sistema que creo que es expresivo de cualquier cosa que les pueda decir.


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Al margen de esto, hay que objetivar también el sistema de nombramientos en la judicatura. He traído aquí un texto de una asociación muy activa de juristas que lucha por una justicia independiente. Se llama la Plataforma Judicial Independiente. Ha hecho un enumerado de puntos para poder combatir la discrecionalidad en los nombramientos judiciales, y son nueve puntos que creo que les van a encantar. Les invito a que lo lean. Lo he traído aquí, se lo puedo aportar a la Presidencia de la Mesa por si les puede ayudar. Y luego hay miles de detalles. Aquí parece que copiar es malo, pero es que hay mil detalles en Europa que funcionan bien. Por ejemplo, los asistentes del fiscal. Un cuerpo de Administración de Justicia no se puede hacer con los jueces, pero sí con la fiscalía. Son ayudantes del fiscal que se encargan de tareas menores, de tareas menos importantes, que pueden engrosar los activos del ministerio fiscal sin tanto coste y, desde luego, creando una especie de carrera profesional. Funcionan en media Europa y funcionan bastante bien. Las puertas giratorias son un drama en este sistema. No es que sea muy cuantitativo, pero es absolutamente expresivo y eso no puede ser: de la abogacía a la política, de la política a la fiscalía... Lo que pasó con el anterior fiscal general del Estado -con el anterior no, con el anterior del anterior-, que fue liberado de su obligación de ir a un despacho particular en dos años y a los siete meses de su dimisión obtuvo el plácet para irse no puede ser. Todo esto afecta a una persona a dos personas, pero aprendemos muchos. Muchos lo vemos y pensamos: pero, ¿esto se puede hacer? ¿Esto es correcto? ¿Esto no nos lesiona a todos? El tema no es el caso concreto de la persona concreta, es el ejemplo que produce.

Lo que quiero decir -por el tiempo que tenemos y lo avanzado de la hora no voy a extenderme mucho- es que hay una serie de medidas que son generales, que son importantes, que son procesales incluso y que podrían ser de utilidad para incorporarlas a un nuevo sistema procesal, pero lo esencial, desde mi modesto punto de vista, es contribuir a despolitizar la justicia, que no inspira confianza cuando está politizada. Este es el gran drama, que la gente no se lo cree y, si no se lo cree, no hay auctoritas para poder imponer sus decisiones. Hay que despolitizar la justicia a través de la fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial. Con eso legaremos a la siguiente generación una justicia quizás mucho mejor.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por la concreción y la brevedad de sus palabras, sin duda con mucho contenido.

Doy la palabra a los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor Viada, por su comparecencia. Cuando la propusimos pensábamos que usted por su trabajo, por su experiencia, nos ofrecería una visión distinta, una voz propia diferente a la que ya hemos tenido oportunidad de conocer por parte de las asociaciones de fiscales, y creo que así ha sido. Su comparecencia ha tenido una visión diferente y una voz propia. Muchísimas gracias por la misma.

En primer lugar, quisiera disculpar a mi portavoz, Ignacio Prendes, que ha tenido que marcharse a una reunión de grupo en la que su presencia era inexcusable. Tenía muchísimas ganas de escucharle a usted y de hacer esta intervención, intervención que me ha tocado a mí hacer.

Compartimos gran parte de las afirmaciones que usted ha hecho, particularmente en cuanto a que el modelo de elección de fiscal general del Estado se encuentra politizado, lo que compromete su imparcialidad y su autonomía. Por tanto, coincidimos en que es necesario despolitizar ese modelo de elección antes de atribuir la investigación al ministerio fiscal. Como sabe, nosotros hemos presentado una proposición de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que introduce un trámite parlamentario previo a la propuesta de nombramiento del fiscal general del Estado que eleva el Gobierno a Su Majestad. Así que la pregunta es única y sencilla: ¿Qué valoración hace usted de dicha propuesta? En concreto, ¿cree que podría tener algún obstáculo en cuanto a su encaje constitucional?, que es la objeción que ya nos han manifestado algunos de los grupos presentes.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.


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La señora CARREÑO VALERO: Muchísimas gracias, señor Viada por su comparecencia.

Nuestro grupo comparte absolutamente todo lo que ha dicho. Creemos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal está obsoleta y debería ser objeto de reforma, pero nos da muchísimo miedo atribuir en este momento poderes de investigación a la fiscalía cuando esa politización continúa, como usted bien ha dicho.

Me ha gustado mucho que tratara el tema de las órdenes concretas. En los últimos meses se ha sabido que se han recibido, en casos de corrupción que involucraban a políticos, órdenes concretas de la Fiscalía General de no investigar. En esta situación, pensamos que es sumamente necesario reformular esta institución y no solo crear un estatuto del fiscal general del Estado sino reformar el estatuto fiscal, impidiendo, por ejemplo, este tipo de órdenes, atribuyendo mayor transparencia y estableciendo que todas las órdenes han de ser por escrito, que es, en última instancia, una manera de limitar este tipo de órdenes contrarias a la legalidad o contrarias a la justicia.

A riesgo de repetirme con el diputado de Ciudadanos, le querríamos preguntar qué le parece la propuesta que hemos realizado desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre modificar la designación del fiscal general del Estado. Establecemos también un vínculo con la Cámara. No establecemos una mayoría reforzada, por los problemas que esto pudiera traer de no llegar a un encuentro y, sobre todo, por su encaje constitucional. La propuesta que hemos realizado, para refrescarle la memoria, es que el fiscal general del Estado sea nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, pero de una terna de tres juristas de reconocido prestigio, de los que al menos uno sea mujer, nombrada por el Congreso. Nos gustaría conocer su opinión sobre esto.

Muchísimas gracias por intervenir hoy aquí.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señor Viada. Intervendré muy brevemente, porque hemos tenido muchos foros para compartir y debatir.

Coincidimos plenamente en la necesidad de la reforma de la ley por todos los argumentos que ha dado, incluso podríamos añadir muchos más. Hay un campo de debate enorme -sin duda hemos enriquecido nuestro acervo con lo que nos ha dicho- en la idea de la despolitización, porque es un concepto jurídico indeterminado -permítame la expresión- y podríamos llegar a muchas consideraciones. Haciendo una interpretación férrea o incluso reforzada del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal -estoy pensando en el artículo 27-, no tendríamos por qué dudar -sé que el interviniente no lo hace y yo, desde luego, tampoco- de la profesionalidad de los miembros de la carrera fiscal, que se baten el cobre sin sometimiento a presión alguna. Creo que las órdenes contradictorias tienen un juego, el juego del 27 y su entorno, y ese es un mecanismo que quizás habría que potenciar, pero, desde luego, no creo que las actuaciones diarias de nuestros fiscales puedan ser tildadas de politizadas. En los últimos meses ha habido manifestaciones en las que han tenido consecuencias esos intentos desmesurados. Por eso creo que es un buen momento para hacer esta reflexión. El Grupo Socialista le agradece su intervención.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias. Señor Viada, le doy también la bienvenida y le agradezco su intervención.

No comparto muchas de las afirmaciones que usted ha hecho y, en ese sentido, me voy a unir, recogiendo el hilo del portavoz del Grupo Socialista, a la politización de la fiscalía. Me ha preocupado parte de su exposición, tengo que decírselo, porque si usted está tan seguro de esas afirmaciones que ha hecho, algunas de ellas merecerían denuncia, puesto que podrían ser graves.

Este grupo parlamentario, como usted sabe, da apoyo a un Gobierno y, al hilo de lo que decía el señor Campo, un Gobierno, al menos el que está encabezado por el señor Rajoy y al que este grupo da sustento, cuando hace un nombramiento en la carrera fiscal lo hace confiando plenamente en su profesionalidad y basándose en ella, en ningún momento el hilo conductor de esa decisión son las creencias o la hipotética afiliación o simpatía política; siempre lo hace desde el máximo respeto a la profesionalidad y, sobre todo, en la confianza de que, una vez en su puesto, va a realizar su labor con total y absoluta profesionalidad, y nunca va a poner en duda o va a intentar coaccionar o influir en las decisiones que a partir de ahí ese profesional va a tomar en el puesto para el que ha sido elegido.


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Se habla de la alternativa de mayor vínculo con el Parlamento, del nombramiento por el Parlamento. Me gustaría preguntarle: ¿Por qué una decisión que adopta el Gobierno es política y una que adopta el Parlamento no es política? ¿Hay decisiones más políticas que las que salen de un Parlamento, que las que salen de este Congreso? En caso del nombramiento por parte del Gobierno, puede ser por un Gobierno de un único color o quizá con algún pacto, con algún acuerdo. En el caso de que la decisión saliese del Parlamento, no tenga usted ninguna duda de que se jugaría con la mayoría que sustentara ese nombramiento, con lo cual los partidos ya se alinearían -si lo vemos desde el punto de vista político- e intentarían hacer un nombramiento que ellos estimasen pertinente, que, a mi juicio -créame que se lo digo con total sinceridad-, sería el que estimasen que profesionalmente iba a desempeñar mejor esa función. No quiero creer que se intentase ese nombramiento porque tuviese una carga política que les fuese a convenir. Voy a depositar también confianza en mis compañeros representantes y creo que todos estaríamos por la labor de elegir al profesional que mejor pudiese desempeñar ese cargo.

Quizá se ha monopolizado el turno de los portavoces respecto a este tema de la politización y también se ha puesto de manifiesto una cierta falta de transparencia en la toma de decisiones por parte de miembros de la carrera fiscal. Yo le preguntaría qué elementos, a su juicio, debería contener ese nuevo marco normativo que puede surgir de la reforma del Estatuto del ministerio fiscal, para que no pudiera existir esa supuesta opacidad en la toma de decisiones y, en su caso, qué elementos habría para resolver las discrepancias, si las hubiera, o qué modelo resultaría más conveniente para regular el reparto del trabajo interno dentro de la carrera fiscal o de la fiscalía.

Al principio de su intervención usted ha hecho una referencia a la investigación, en el sentido de que es el juez pero podría ser el fiscal. Me gustaría insistir ahí un poco, preguntándole qué ventajas o inconvenientes ve usted en que sea el fiscal el que realice esa investigación y si, a su juicio, esa investigación la puede realizar el fiscal sin ninguna merma respecto a los derechos del acusado o del investigado.

Para no pasarme del tiempo, lo dejo aquí. Reitero mi agradecimiento a su intervención. Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cortés.

Para concluir con esta comparecencia y responder a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Viada.

El señor FISCAL DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (Viada Bardaj): Muchísimas gracias. Vamos a ir por orden.

Encaje constitucional de una reforma que introdujera el Parlamento con carácter decisivo a la hora de elegir al fiscal general del Estado. Sobre esto, el encargado de decirlo al final es el Tribunal Constitucional, ahora bien, si tomamos en cuenta que se considera constitucional la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial de la manera que lo son ahora, a pesar de que la literatura estricta de la Constitución parece invitar a otra interpretación; si se considera también constitucional, porque no parece que haya habido pega alguna en cuanto a los límites a la duración del nombramiento del fiscal general del Estado, con lo cual se restringe de alguna manera la posibilidad de renombrar a otro fiscal general del Estado que tenía el Gobierno atribuida con anterioridad al año 2007, da la sensación de que esta reforma también sería constitucional. Yo realmente lo creo, creo que sería constitucional, pero la decisión final tendría que ser del Tribunal Constitucional. Además, con todo el respeto para el que piense lo contrario, que son la mayoría, la conjunción del Partido Socialista y del Partido Popular a lo largo de los años va llevando a la conclusión de que los dos partidos son favorables a un sistema en el que el Gobierno mantenga esas potestades, alternativamente, y además todos se muestran disconformes con el sistema cuando no gobiernan. Pues a mí, que veo desde fuera las dos cosas, me parecen mal los dos supuestos. Pero siendo esto así y aceptando que la mayoría puede pensar lo contrario, creo que la eficacia del ministerio fiscal, la credibilidad del ministerio fiscal es mayor si el nombramiento no viene directamente del Gobierno. Puede que el Tribunal Constitucional también fuera sensible a este razonamiento.

Órdenes de no investigar. Las órdenes de no investigar son las más temibles de todas las órdenes, porque la orden de no acusar es muy difícil darla, porque eso obliga a entrar en los hechos y valorar si esos hechos son delictivos o no, con lo cual la publicidad te desmonta. La orden de no investigar es mucho más peligrosa, porque es decir: No investigue porque no quiero saber lo que pasa. ¿Esto no ocurre? Hombre, no ocurre mucho, afortunadamente, y no ocurre en la generalidad de los asuntos, ocurre


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poquito, pero cuando ocurre hace mucho daño y es muy desagradable. La orden de no investigar es la peor de todas, debería estar prohibida. Creo que las órdenes negativas deberían estar prohibidas o, al menos, sometidas a un control interno tan grande que el hecho de darlas supusiera exponerse a las consecuencias de tomar una decisión arbitraria.

La propuesta que hace el Grupo Parlamentario Podemos respecto a una terna propuesta por el Parlamento me parece bien. Todo lo que sea eliminar influencia del Gobierno sobre el nombramiento del fiscal general del Estado, a mí personalmente, me parece bien, lo que pasa es que para evitar los efectos negativos que apuntaba la representante del Grupo Popular, en mi opinión, sería mejor una mayoría reforzada, porque si se trata simplemente de elegir por mayoría al fiscal general del Estado, la mayoría que sostiene al Gobierno, estamos en las mismas, es igual. No sé cómo funcionan ustedes internamente, pero me imagino que habrá una coordinación interna y que es igual, que el que toma las decisiones fundamentales en el partido político puede influir en la elección de una persona como podría hacerlo el Gobierno, no cambia gran cosa; ahora bien, si se busca un método de consenso grande, ese fiscal general del Estado no le debe su nombramiento a uno o dos grupos sino a una mayoría grande. En esta situación, ese fiscal general del Estado tiene las manos mucho más libres; viene aquí a responder de su gestión ante todos, no responde ante el Gobierno, no tiene que preocuparse exclusivamente de quien le ha nombrado o agradecérselo solo al que le ha nombrado.

¿Qué es la politización? Es un concepto jurídico indeterminado, pero la politización, desde mi punto de vista, es claramente la capacidad de influir sobre las decisiones concretas que toma un órgano. No es: Oiga, usted está teñido de socialismo, está teñido de ser del Popular o está teñido de ser de Izquierda Unida; no, hombre. La ideología de cada uno no es lo relevante aquí, lo relevante es que la ideología de cada uno haya sido la causa fundamental de su nombramiento, de su elección; eso es lo relevante y es la evidencia la que lo demuestra. No tengo más que ir a los datos. Me voy a referir a las fiscalías importantes, no a las fiscalías que tienen menor trascendencia pública. El antiguo portavoz de la Asociación de fiscales es hoy el asesor del ministro de Justicia -el anterior del año pasado- y el actual portavoz de la Asociación de fiscales ha sido nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Los vínculos son evidentes. Pero cuando cambia el Gobierno y las capacidades del nuevo Gobierno con el nuevo fiscal, cambian en fiscalías importantes los fiscales jefes -País Vasco, Cataluña, Madrid-; en Madrid es clamoroso, cambia inmediatamente. Esto no influye en la profesionalidad. ¡Hombre!, la profesionalidad la ven unos de manera distinta según sean de una asociación o de otra. Es que esto no resiste un análisis, funciona así. Yo quiero acabar con todo esto; somos muchos los que queremos acabar, pero necesitamos ayuda, necesitamos ayuda de ustedes, que lo entiendan. Al Partido Socialista o al Partido Popular o a ninguno le conviene que el fiscal lo nombre el partido de al lado. Yo creo que esto es evidente, porque la situación de la justicia queda muy comprometida en este sentido. Además, hay otros factores que no son denunciables pero que sí son objeto de sospecha, que son las comunicaciones. Es decir, la elección de personas de la máxima confianza -porque no hay otros filtros que la confianza para determinados puestos y para el puesto de fiscal general del Estado- genera sospechas de complicidad. Vamos a ver, ¿qué hay de esto? Es deber del fiscal general del Estado mantener el secreto, naturalmente, pero esa complicidad, ese me debes tu nombramiento, produce sospecha en terceros. Hay que acabar con estas sospechas. La justicia es apariencia de imparcialidad también, no solo ser sino la apariencia de imparcialidad. Todo eso hay que eliminarlo. Hoy está usted en la posición del partido que sostiene al Gobierno, pero mañana será distinto y le diré lo mismo. Usted entonces dirá: Tiene usted algo de razón, porque se lo ha dicho a mis antecesores y ha dicho lo mismo cuando ustedes no gobernaban. Este es el problema.

Ventajas del fiscal en la investigación; no quiero dejarme ninguna pregunta. Transparencia en la actuación del fiscal general. Ha habido ocasiones en las que por la Fiscalía General del Estado ha pasado determinado investigado -estoy hablando de hace tres o cuatro años-, y dices: ¿Qué viene a hacer un investigado aquí? No se sabe, la agenda del fiscal es opaca, nadie sabe lo que hace el fiscal general del Estado, nadie sabe dónde va. Yo veo al rey, a la Casa Real, al fiscal del Tribunal Penal Internacional; sabemos dónde están y lo que hacen, podemos seguir con total transparencia su agenda. En la Fiscalía General del Estado no ocurre, ni siquiera se sabe dónde viaja. Yo sé de los viajes que se han pegado -porque hubo un fallo informático y nos enteramos algunos fiscales- y me pregunto: ¿Qué hace este tío en Corea? ¿Qué hace este tipo en Moscú? ¿Eso por qué? ¿No requiere transparencia la actuación del fiscal general del Estado? ¿Qué hace, por ejemplo, un fiscal del Estado que está todos los días invitado en un palco del Real Madrid o del Atlético de Madrid o en un palco de la Ópera, rodeado de personalidades de la vida social y económica? ¿No tiene que ponerse coto a todo esto? ¿Qué imagen da la fiscalía así?


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En esos conflictos que tienen esas personas que están en el palco con terceros, ¿qué pueden pensar los terceros? Es que son cosas que creo que son normales y que hay que regular, son códigos éticos. No hay manera de regular el deber de abstención del fiscal general del Estado nombrando a sus amigos. En la carrera somos pocos y sabemos perfectamente quiénes son amigos de quién; todo el mundo sabe quiénes son mis amigos. Bueno, pues nombrar a amigos no puede ser, usted tiene que abstenerse. No, es que es de mi confianza. Es que nosotros no somos políticos, no somos cargos de confianza, somos cargos discrecionales, pero tiene que ser una discrecionalidad, conforme lo establecen la Constitución y nuestro estatuto, de mérito y capacidad. ¿Cómo se puede hacer esto si no se valora nunca, si no hay sistemas de valoración del mérito? ¡No los hay! Una reforma del Partido Popular introdujo una sección permanente de valoración en la fiscalía en 2007. No ha funcionado nunca ni se ha constituido, porque no se valora nada. Esto hay que normalizarlo en beneficio de todos. La fiscalía no puede ser del Gobierno, es de todos y debe serlo. Y no lo digo por interés personal, porque seguramente yo no lo viviré, ya que estas cosas llevan mucho tiempo, mucho trámite, muchas discusiones; esto ya no es para mí -pensaba que iba a ser para mí, pero no es para mí-, pero piénsenlo para el futuro. Esto no puede ser. ¿Treinta y tantos años discutiendo lo mismo y no hemos avanzado nada?

Este es mi punto de vista y perdónenme porque soy un poco apasionado cuando hablo. Nosotros les necesitamos a ustedes y no puedo decirles que ustedes están en el bando de los malos; están en el bando de los buenos y quieren arreglarlo, y se lo pido como lo digo, con la manera de ser que yo tengo, que es un poco apasionada y que me trae problemas a veces.

La señora PRESIDENTA: La pasión nunca puede ser negativa.

Con esta comparecencia, damos por finalizada la sesión.

Se levanta la sesión.

Eran las dos de la tarde.

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