DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 320, de 20/09/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 320
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles,
20 de septiembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la puesta en marcha de un plan de erradicación de la
tuberculosis y la brucelosis bovina. Presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001530) ... (Página2)
- Relativa a mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones
de viñedo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001605) ... (Página6)
- Sobre la promoción del consumo de productos pesqueros. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001619) ... (Página9)
- Relativa a eliminar "la venta a resultas". Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002124) ... (Página12)
- Sobre medidas en el sector agro-ganadero para combatir la despoblación
rural en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/002186) ... (Página15)
- Relativa a elaborar un plan nacional en materia de salvamento y
socorrismo acuático. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/002227) ... (Página18)
Se abre la sesión a las doce y cuarenta minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, damos comienzo a la
sesión número 14 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, convocada para el día de hoy al finalizar el Pleno para el
debate y votación de las proposiciones no de ley que obran en poder de
todas sus señorías. (El señor Gómez-Reino Varela pide la palabra). ¿Sí,
señor diputado?
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Señor presidente, señores diputados, buenos
días.
Como hemos comunicado previamente, dada la situación anómala que vivimos,
en la que desde nuestro punto de vista se están poniendo en riesgo las
libertades civiles y las garantías democráticas, sobre todo en lo que
tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones del Estado, y
además en un contexto en el que los compañeros de los grupos políticos
catalanes han abandonado la Cámara y por tanto no se encuentran presentes
en esta Comisión, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea hemos trasladado a los portavoces la
solicitud de que no se celebre esta sesión y que se debe aplazar la
actividad parlamentaria de la Comisión hasta que se normalice la
situación o por lo menos veamos una vía abierta al diálogo y a la
normalización política, que ahora mismo entendemos que no se da.
El señor PRESIDENTE: Como he comentado antes, este Parlamento no se va a
cerrar, como se han cerrado otros, por tanto, como comprenderá, esta
Presidencia se opone a la solicitud que formula su grupo. Cuanto se habla
de grupos catalanes, yo quiero hacer siempre una simple significación, y
es que muchos catalanes estamos en otros grupos políticos, la diferencia
es que también nos sentimos españoles. ¿Algún otro grupo quiere
intervenir? (Pausa). Tiene la palabra, por parte de Ciudadanos, el señor
Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Creo que lo dijimos ayer bien claro; nosotros
estamos por las instituciones, no estamos junto a aquellos que se saltan
la ley, por tanto, vamos a hacer lo que nos han pedido los ciudadanos,
que es trabajar y seguir con nuestra labor de diputados, que consiste en
seguir luchando por el bienestar de los mismos, da igual de donde sean;
de Cataluña o del resto del país. Así que, por nuestra parte, le pediría
al señor presidente que siguiéramos con la sesión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garaulet.
La decisión ya está tomada (Risas), pero le agradezco que comparta el
criterio de esta Presidencia.
Señor González, por el Grupo Socialista.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Aunque no sería necesario que interviniera en esta Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como dicen en mi tierra y en
la vuestra, no confundamos las churras y las merinas, porque tenemos una
obligación. Hoy nos están viendo agricultores y ganaderos, vamos a
debatir temas de plantaciones de viñedo, de enfermedades y cuestiones
relativas al sector de la pesca y creo que estamos en la obligación de
realizar nuestro trabajo, y el hecho de que alguien no esté aquí,
sencillamente obedecerá a una decisión personal. Por tanto, que quede
clara la manifestación contundente de este Grupo Parlamentario
Socialista, y es que, aparte de Cataluña, la sociedad está mirándonos
para que sigamos trabajando por sus intereses. Ese es el trabajo que
tenemos hoy en la Comisión de Agricultura.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel Gabriel González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, gracias por este breve turno que
me veo obligado a hacer en nombre de mi grupo parlamentario, suscribiendo
las palabras de los dos portavoces que han intervenido anteriormente.
Solo quiero añadir una pequeña reflexión personal. Llevo como diputado
trece años en esta Cámara y he visto en muchas ocasiones cómo por
discrepancias puntuales de cualquier tipo o manifestación algún grupo o
algún diputado ha abandonado o bien el hemiciclo o bien una Comisión, y
en ningún momento esa situación se ha calificado como situación anómala.
A juicio de nuestro grupo parlamentario, lo anómalo en este momento sería
dejar de cumplir con nuestras obligaciones y suspender la sesión de la
Comisión. Yo creo que los ciudadanos lo calificarían como anómalo.
Por último, quiero decir que el portavoz del grupo que ha solicitado la
suspensión, aparte de referirse a una situación anómala, creo que habló
de riesgo de libertades civiles. Eso sí que es anómalo. Decir que lo que
está ocurriendo en este momento pone en riesgo las libertades civiles es
querer poner un cristal para que las cosas se vean del color que les
interesa a determinadas personas. Por tanto, agradezco a la Mesa que haya
tomado la decisión de continuar, porque es nuestra obligación hacerlo
así, ya que lo anómalo es plantear la propuesta que usted ha rechazado, a
nuestro juicio, muy acertadamente.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joaquín García Díez. (El señor
Gómez-Reino Varela pide la palabra). ¿Señor Gómez-Reino?
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Señor presidente, nosotros sí entendemos que
se da una situación de excepcionalidad, por tanto, vamos a abandonar la
sala y solicitamos la retirada de las PNL presentadas por nuestro grupo
para esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, esta Presidencia entiende que las
iniciativas presentadas por su grupo quedan retiradas hasta una próxima
sesión, donde esperamos volverles a ver. (Los señores diputados y las
señoras diputadas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, abandonan la Comisión).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA
TUBERCULOSIS Y LA BRUCELOSIS BOVINA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001530).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la iniciativa que ha presentado
el Grupo Ciudadanos, relativa a la puesta en marcha de un plan de
erradicación de la tuberculosis y la brucelosis bovina.
Para su defensa, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Sirvan mis primeras palabras en esta Comisión para recordar a nuestro
coordinador nacional de Agricultura, Eduardo González, que fue el que
redactó esta PNL y que por desgracia falleció hace dos días. Queremos
poner de manifiesto su inmensa labor para mejorar las condiciones del
sector agroalimentario y medioambiental de nuestro país. (Aplausos).
Gracias.
Es una pena que se hayan ido los compañeros de Podemos porque es la
primera vez que nos han enmendado una proposición no de ley de una forma
técnica y acorde a lo que se viene habitualmente pidiendo por los
ciudadanos, y es que aporten soluciones e iniciativas que al final puedan
llevarse a cabo y que sean de interés desde un punto de vista técnico y
no buscando shows como el que por desgracia acabamos de ver.
En los últimos años ha habido un repunte de la brucelosis y de la
tuberculosis bovina que ha llevado a que por parte del Ministerio de
Agricultura se estableciera el Plan Patubes para la erradicación de
dichas enfermedades. Además, se estableció en los últimos Presupuestos
Generales del Estado la cantidad de 32 millones de euros que me gustaría
que el compañero del Grupo Popular que ahora hablará en esta PNL nos
traslade dónde han sido invertidos porque están surgiendo reticencias en
las comunidades autónomas en el sentido de que se han adoptado medidas
distintas en función de la comunidad autónoma de la que se tratara para
erradicar la brucelosis y la tuberculosis. Esto ha creado malestar en las
comunidades autónomas, ha habido rechazo por parte de los ganaderos por
la forma en que se estaba actuando y piden que cualquier cambio de
protocolo en una comunidad autónoma debe ser conocido, debatido y
aprobado en las reuniones sectoriales, no de forma individual por parte
de cada una de ellas. Esta problemática que se está generando en
comunidades como Extremadura, Andalucía y Castilla y León creemos que
debemos solucionarla y por eso presentamos esta proposición no de ley.
Hay que reclamar un nuevo modelo de sanidad animal y mejorar la gestión de
la fauna silvestre. Por supuesto, hay que mejorar la delimitación de las
zonas de emergencia faunística y el establecimiento de planes de control
de las especies que provocan los daños. Tanto el Grupo Socialista como el
Grupo de Podemos han planteado una serie de puntos que hemos incluido en
nuestra propuesta, como instar al Gobierno a hacer una valoración
científica exhaustiva de la revisión de los protocolos de la aplicación
de
la prueba gamma interferón, que es una petición que hacen los ganaderos;
establecer, dentro de los programas nacionales de erradicación tanto de
tuberculosis bovina como brucelosis ovina, caprina y bovina, los derechos
de los ganaderos a realizar un contraanálisis en tiempo razonable; la
actualización de los baremos y que las indemnizaciones contemplen de
manera diferenciada los valores especiales de la raza y selección
genética, así como el lucro cesante en caso de los animales sacrificados.
También hemos incluido la petición del Grupo Socialista de que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación efectúe los cambios de
protocolo en sanidad animal que permitan mejorar la fiabilidad de los
diagnósticos que se llevan a cabo para el control de eventuales
enfermedades que con carácter excepcional puedan verificar la existencia
de brucelosis evolutiva en el rebaño, evitando así otras actuaciones más
gravosas para los propietarios de los mismos. Todas estas peticiones las
hemos incluido en una transaccional que espero que aprueben ya que todo
ello puede mejorar las condiciones laborales de muchos ganaderos que
están viéndose perjudicados por estas enfermedades y por las acciones que
para su erradicación están realizando las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
A esta iniciativa han presentado enmiendas el Grupo de Unidos Podemos, que
se ha retirado, y el Grupo Socialista. Para la defensa de su enmienda
tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidente.
Intervengo muy brevemente. Como ya ha manifestado el proponente del Grupo
Ciudadanos, se ha añadido nuestra enmienda a su texto original, una
enmienda que simplemente pretendía complementar todo aquello que ya
estaba en el texto propuesto por Ciudadanos, reforzando posiciones que
hemos tenido en otros lugares, otras instituciones donde se ha dado este
debate o alguno similar. Lo que pretendemos es que desde el ministerio
siempre se tenga como objetivo la mejora de protocolos de sanidad animal
para dar más fiabilidad a los diagnósticos. ¿Por qué? Porque en los
debates en los que nos hemos encontrado este tema subyace a veces el
exceso de celo que algunas de nuestras administraciones tienen en un
asunto tan delicado como el tratamiento y erradicación de enfermedades.
El único objetivo que pretendíamos con nuestra enmienda era evitar
actuaciones demasiado gravosas para los propietarios que pueda hacer que
se sientan maltratados por algunas de nuestras instituciones. Agradecemos
al Grupo de Ciudadanos que haya añadido nuestra enmienda al articulado.
Nos han enseñado la transaccional que comentaba el señor Garaulet y, por
lo tanto, el Grupo Socialista votará a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Marc.
A esta iniciativa se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Diego
Movellán.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.
El Grupo Popular también quiere hacer un reconocimiento al compañero
Eduardo González y a todos los que han trabajado tanto por el sector
ganadero en nuestro país.
Queremos empezar diciendo que el Grupo Popular presentó distintas
modificaciones a esta PNL porque consideramos que la enriquecen y se
adaptan de manera efectiva a la realidad del sector ganadero en nuestro
país con el objetivo que perseguimos todos, que es que la resolución que
hoy se aprobara aquí fuera lo más beneficiosa posible para el sector
ganadero. Hay que decir que en la agenda del Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente siempre ha figurado como prioritario
este asunto. Por este motivo nuestro texto va directamente encaminado a
proseguir y, si es necesario, reforzar a la mayor brevedad las medidas
necesarias para erradicar la tuberculosis y la brucelosis bovina. En
primer lugar, apostamos por una monitorización efectiva del estado
sanitario y donde sea preciso por un control de la fauna salvaje cuando
se evidencie como reservorio de cada enfermedad, pero dentro de su
apartado específico del plan de erradicación.
Hay que tener en cuenta que desde el año 2011 el ministerio implementa
anualmente el muestreo establecido en el Plan de vigilancia en la fauna
silvestre con el objetivo de conocer cuál es la situación sanitaria de la
misma y tomar las medidas acordes para evitar su propagación. Desde este
mismo año 2017 el programa nacional de erradicación de la tuberculosis
bovina incluye el plan de actuación frente a la
tuberculosis en especies silvestre, el Patubes, que ya se ha nombrado
anteriormente. Ha sido elaborado por el ministerio a través de un grupo
de trabajo, donde están representados técnicos de todas las comunidades
autónomas y que tiene como objetivo ampliar y profundizar en la
monitorización mediante el Plan nacional de vigilancia de la fauna
silvestre. Enmarcado en el programa nacional que acabo de citar, se busca
conocer la influencia que tiene la misma en los diferentes escenarios de
tuberculosis y perfeccionar las medidas a establecer para disminuir la
transmisión entre las especies silvestres y las domésticas.
Con respecto a la brucelosis, sin ánimo de perdernos en aspectos meramente
técnicos, hay que recordar que los estudios nos permiten afirmar que no
existe en España una especie de la fauna silvestre que actúe como
reservorio de la brucella para el ganado bovino. Todos los programas
nacionales de erradicación impulsados por el ministerio, como no puede
ser de otra forma, tienen en cuenta la imprescindible colaboración de los
ganaderos afectados. Se establece que todas las medidas de control, de
prevención y de erradicación para su efectividad deben ser complementadas
por prácticas de manejo adecuado por parte de los ganaderos afectados.
En cuanto al asunto de los vaciados sanitarios, lo más problemático en
nuestras comunidades autónomas, hay que hacer hincapié en que el programa
de erradicación de la tuberculosis bovina establece que si una vez que se
identifica el vínculo entre el reservorio silvestre y doméstico no se
establece un plan integral de control en la explotación o no se aplican
las medidas contempladas en el Patubes para la zona en cuestión no se
aplicará el vaciado sanitario. El Grupo Popular defiende evitar sobre
esta base los vaciados, siempre aplicando estrictas medidas de
bioseguridad. También las actuaciones de control de la fauna silvestre
que se contemplan en el Patubes se desarrollan por un grupo de trabajo
específico para el estudio y consenso de las medidas tanto con sanidad
animal de las comunidades autónomas como con el resto de unidades con
competencia en la materia, como medio ambiente, caza o la Agencia
española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición.
Como conclusión, podemos afirmar que el ministerio, en los últimos cinco
años, ha incrementado los recursos y las medidas con la inclusión de
nuevos planes de actuación, como el famoso Patubes, del que me pedía el
portavoz de Ciudadanos un mayor detalle. Creo que tenemos mecanismos para
obtener la información, pero es verdad que deberíamos esperar a la
ejecución definitiva del presupuesto y a cerrar el ejercicio, porque ha
sido el primer año en que se ha puesto en marcha, para conocer cuáles han
sido las medidas, que desde el Grupo Popular no tenemos ninguna duda de
que han aplicado de forma objetiva al cien por cien. Queremos agradecer
al grupo proponente de la PNL el reconocimiento a este plan puesto en
marcha por primera vez por el ministerio, el Plan Patubes, pero el Grupo
Popular se va a abstener. Conocemos la transaccional con la incorporación
de las propuestas del Grupo Socialista y de Podemos, pero creemos que hay
varios puntos en esa transaccional que exceden de las competencias
propias del ministerio, como el pago de las indemnizaciones por los
sacrificios en los vacíos sanitarios, la coordinación interdepartamental
de las diferentes consejerías de los ejecutivos autonómicos o la
financiación y las líneas de destino de las ayudas de los planes, los
PDR, que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Creo que se está trabajando bien. Es verdad que con la misma normativa,
los mismos recursos y los mismos planes nacionales de erradicación
-finalizo, señor presidente, un minuto- los planes no son iguales en las
diferentes comunidades autónomas. Hay que hacer un análisis más serio y
no culpar al Plan de actuación nacional, sino que igual hay que mirar a
las comunidades autónomas porque, por ejemplo, en la comunidad autónoma
de la que provengo, Cantabria, la gestión que se está haciendo en esta
materia es un desastre; se paga mal y tarde y no se está ayudando con
indemnizaciones ni con ayudas para la reposición de la cabaña ganadera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Diego Movellán.
Esta Presidencia se suma al pésame expresado por el portavoz del Grupo
Ciudadanos por el fallecimiento del coordinador del programa de su grupo
parlamentario, don Eduardo González, y creo interpretar el sentimiento de
todos los diputados sumándonos a esas palabras de condolencia.
Señor Garaulet, le ruego que nos facilite la enmienda transaccional.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Se está imprimiendo, por lo que se la
entregaré en cuestión de minutos.
- RELATIVA A MEJORAR EL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LAS NUEVAS PLANTACIONES
DE VIÑEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001605).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
relativo a mejorar el sistema de autorización de las nuevas plantaciones
de viñedo, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa
tiene la palabra su portavoz, don Emilio del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: ¿Cinco minutos?
El señor PRESIDENTE: Siete. Para la presentación de la proposición son
siete minutos y para las enmiendas y fijación de posición tres, que esta
Presidencia administra con mucha flexibilidad, como habrá visto.
El señor DEL RÍO SANZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el nuevo régimen jurídico del potencial vitícola establecido en
el Reglamento Europeo de 17 de diciembre de 2013 establece el régimen de
autorizaciones para plantaciones de vid que se debía aplicar desde el 1
de enero de 2016 y que se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de
2030. A partir de este momento las vides de las variedades de uva de
vinificación que los Estados miembros tengan clasificadas para sus
territorios podrán ser plantadas o replantadas únicamente si se concede
una autorización administrativa a dicho efecto. Los derechos de
plantación han sido sustituidos por un sistema de autorizaciones
administrativas y se establece un reparto anual de un cupo de nuevas
plantaciones con una superficie máxima de un 1 % del total nacional,
calculado sobre la superficie plantada a 31 de julio del año anterior.
Para poder obtener una autorización administrativa se mantienen otras dos
vías: o por arranque de un viñedo de la propia explotación del viticultor
o por conversión de un derecho existente en una autorización
administrativa. A diferencia de los derechos, la autorización
administrativa no se puede transferir ni vender y tiene una validez
máxima de tres años desde el momento de su concesión.
De acuerdo con todo esto, en enero de 2016, el Ministerio de Agricultura
del Gobierno de España aprobó la resolución por la que se fijaba para el
año 2016 la superficie que se podía conceder para autorizaciones de
nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional y se establecían las
ubicaciones geográficas donde se podían aplicar limitaciones a las nuevas
plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorización de
replantación y de conversión de derechos de plantación. Se estableció un
cupo de 4173 hectáreas para nuevas autorizaciones administrativas y se
limitó la superficie máxima disponible para autorizaciones de nueva
plantación en las zonas geográficas de cuatro denominaciones de origen
protegidas: Txakoli de Bizkaia, Navarra, Ribera del Duero y la calificada
de origen Rioja, siguiendo las recomendaciones de los consejos
reguladores de estas denominaciones de origen y de la Organización
interprofesional del vino de Rioja. Sobre la base de los criterios
establecidos por el real decreto por el que se regulaba el potencial de
producción vitícola, se realizó el ranking nacional de solicitudes con la
superficie admisible y la superficie concedida. Una vez que se inició el
proceso, la demanda de superficie solicitada fue de 13 481 hectáreas y
una vez ordenadas las hectáreas admisibles casi triplicaba el cupo
establecido hasta alcanzar 11 858. Se ha repartido todo el cupo
priorizando los criterios de joven nuevo viticultor, que es aquel que en
el año de la presentación de la solicitud no cumpla más de cuarenta años
y sea nuevo viticultor denominado de buen comportamiento, que es aquel
solicitante que no posea plantaciones de viñedo sin autorización. Esto es
algo muy importante para mi comunidad, La Rioja, y para nuestro país.
El sector vitivinícola es un sector importante no solamente desde el punto
de vista de creación de riqueza y de empleo, tiene que ver con la
cultura, con la identidad, con la historia, con el asentamiento de
población, con apostar por el medio rural. Es uno de los elementos
fundamentales de nuestra manera de entender la vida y, por tanto, en la
medida en que podamos seguir mejorando los mecanismos que en este caso
tienen que ver con las autorizaciones de plantación, será algo positivo
para este sector tan destacado, tan importante, como decía, no solo para
mi comunidad, para La Rioja, sino para nuestro país. Por ello, el Grupo
Popular ha presentado una enmienda ya que desde que se presentó el texto
original hasta que ha llegado a la Comisión ha habido una regulación por
parte del ministerio. Lo que desde el Grupo Popular proponemos es que, en
primer lugar, se continúe trabajando ante la Unión Europea para incluir
determinadas mejoras en el marco del denominado paquete Ómnibus que
permitan un mayor margen de maniobra a los Estados miembros en lo que se
refiere a las nuevas plantaciones y, en particular, tres
cuestiones. En primer lugar, incluir como criterio de admisibilidad que el
solicitante no tenga o no haya tenido plantaciones ilegales. En segundo
lugar, dar la posibilidad al Estado miembro de establecer una superficie
máxima a conceder por el solicitante. Y en tercer lugar, permitir al
Estado miembro establecer con carácter supletorio a cualquier criterio de
prioridad el requisito de ser joven agricultor. Otra cuestión sería
mantener los grupos de trabajo en funcionamiento generados con motivo del
debate del Reglamento Europeo para tratar todos aquellos temas
relevantes, incluyendo las revisiones que sobre el Reglamento Europeo
pudieran realizarse, así como efectuar las propuestas oportunas de mejora
que sean acordes con la realidad vitícola española.
Desde el Grupo Popular creemos que el ministerio está haciendo un buen
trabajo y que se pueden introducir elementos de mejora en el mismo.
Porque entendemos que este es un sector decisivo para la agricultura,
para la economía, para la gastronomía y para la cultura en nuestro país,
pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel Gabriel
González. Estaba a punto de darle la palabra a don César Luena...
(Risas).
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Se la podría dar porque está al corriente de esta PNL.
El señor PRESIDENTE: Es una pequeña licencia para quitarle tensión a esta
Comisión. Como siempre intervenía él...
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Además, entre comillas, va a haber follón, en el
buen sentido de la palabra, como compañero y ante esta iniciativa.
Tengo poco tiempo y no sé por dónde empezar, señor portavoz del Grupo
Popular. ¿Sabe por qué? Porque cuando aquí traemos una PNL es para instar
al Gobierno a que haga algo, pero esta PNL -de entrada, para que no haya
dudas, la vamos a apoyar-, si la han leído el resto de diputados -que sé
que la han leído, analizado y estudiado- es de marzo de 2017 y
prácticamente lo que ha hecho el portavoz del Grupo Popular es volver a
leerla, cuando está totalmente desactualizada. Me explico. Marzo de 2017.
En esta iniciativa hacen mención a una resolución de 2016, cuando en esas
fechas ya había una resolución de la Dirección General del Ministerio de
Agricultura de 2017, cuando marcan como prioritaria esta iniciativa para
que venga a esta Comisión y cuando además ya se ha publicado un Real
Decreto, el 772/2017, que recoge todo lo que el Grupo Parlamentario
Popular proponía en su iniciativa. Nos ha leído prácticamente la PNL
primitiva que han modificado a última hora porque saben que estaba
desactualizada ya que hay un real decreto en el que se establecen esos
criterios prioritarios. En lugar de no debatirla y actualizarla, han
propuesto esa modificación. No hace falta que diga que compartimos los
criterios de un reparto justo y en función de las prioridades que cada
uno de los grupos políticos podamos tener y que en la mayoría de los
casos son coincidentes en un sector estratégico como es el viñedo, como
es el sector agroalimentario y como es, en este caso, nuestra gran
exportación en materia de vinos. Claro que estamos de acuerdo en que los
jóvenes agricultores -hombres y mujeres- que se incorporan sean
prioritarios, pero cabe dudar de algunas de sus iniciativas o de sus
propuestas porque que digan en su iniciativa, en esta PNL, que no pueden
tener un viñedo ilegal... Es obvio, claro que es obvio, y se viene
haciendo. Cuando hemos tenido que tramitar autorizaciones de arranque, en
algunos casos como funcionarios, lo primero que se ha visto es que no
tengan viñedo ilegal, pues sería una barbaridad. Recomponen, modifican su
PNL primitiva inicial y proponen una que -insisto- vamos a apoyar para
que no exista ninguna duda, pero el esmero no deja de ser dudoso,
permítame que lo diga así de claro. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en
que se priorice a jóvenes agricultores? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo
en que las prioridades se establezcan de acuerdo a los criterios que
marque, no el ministerio sino el ministerio conjuntamente con las
denominaciones de origen, con las comunidades autónomas, con las
organizaciones profesionales agrarias, con los representantes de las
cooperativas de toda España? Claro que estamos de acuerdo en todo lo que
sea mejorar el establecimiento de unos criterios prioritarios que vayan
en beneficio de asentar la población y de que el potencial de viñedo de
los viticultores que tiene este país y cada una de nuestras regiones se
fomente. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Insisto, claro que sí.
Vuelvo a decirle al portavoz del Grupo Popular -con esto finalizo, señor
presidente- que ha leído prácticamente la iniciativa primera, la PNL que
presentaron, cuando el real decreto del ministerio de 2017 ya establecía
lo que ustedes indicaron en esa iniciativa parlamentaria. Por tanto, nos
podíamos haber ahorrado esta iniciativa sencillamente diciendo que se
trabaje más, que se formen grupos de trabajo, como los que ya están
creados.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel.
¿Algún otro grupo desea fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Ciudadanos
tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidente.
Estamos hablando de nuevas plantaciones de vid en una política que se
enmarca a nivel europeo, como un mecanismo de salvaguarda que obliga a
los Estados miembros a poner a disposición, anualmente, autorizaciones
para nuevas plantaciones que representan el 1 % de la superficie plantada
de viñas y, además, se le concede a cada Estado miembro una cierta
flexibilidad respondiendo a las circunstancias específicas de cada Estado
miembro. Los Estados deben poder decidir si ponen a disposición
superficies más pequeñas a escala regional o nacional, incluidas
superficies que puedan optar a denominaciones de origen e indicaciones
geográficas específicas protegidas, basándose siempre -esto es lo
importante- en criterios objetivos y que no sean discriminatorios. A fin
de garantizar que las autorizaciones se concedan de forma no
discriminatoria se deben establecer criterios, en particular cuando el
número total de las autorizaciones de que dispongan los Estados miembros
exceda el número total de solicitudes presentadas por los productores.
Esto es especialmente importante.
En ese sentido, el Reglamento recoge que si en un año concreto la
superficie total cubierta por las solicitudes admisibles supera la
superficie puesta a disposición por los Estados miembros, podrá
procederse a las concesiones parcial o totalmente, de acuerdo con uno o
varios criterios de prioridad objetivos y no discriminatorios, entre los
que se encuentran -nos parece importante recordarlos- que los productores
planten vides por primera vez y estén establecidos en calidad de jefes de
explotación -nuevos viticultores-; que se trate de superficies donde los
viñedos contribuyan a la preservación del medio ambiente; que se trate de
superficies para replantación en el marco de proyectos de concentración
parcelaria; que se trate también de superficies con limitaciones
específicas naturales o de otro tipo: sostenibilidad de los proyectos de
desarrollo sobre la base de una evaluación económica; que sean
superficies para replantación que contribuyan a aumentar la
competitividad en una explotación agrícola y a escala regional; el
potencial para mejorar la calidad de los productos con indicaciones
geográficas y, por último, que se trate de superficies para replantación
en el marco del incremento del tamaño de las pequeñas y medianas
explotaciones. Creemos firmemente que el nuevo sistema para la gestión de
las plantaciones de vid con régimen de autorizaciones debe ser
transparente, basado en criterios objetivos y no discriminatorios -esto
es esencial- y recordamos que el sector vinícola es un sector pujante,
que goza de gran prestigio tanto a nivel interno como a nivel
internacional, favorecemos sin ningún género de dudas al sector
agroalimentario y a la balanza de nuestras exportaciones e importaciones.
Como siempre decimos, por Marca España y por la trascendencia que tiene,
como acabo de decir, a nivel económico, es muy importante hacer todo lo
posible para mejorarlo.
Gracias, señor presidente. Apoyaremos la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Toni Cantó.
Por el Grupo Mixto, Compromís, tiene la palabra don Enric Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
Nos parece interesante que hoy, señorías del Partido Popular, nos traigan
a la Comisión de Agricultura una proposición no de ley para mejorar el
sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo, que fue
registrada en marzo de este año y que la consideran actual, a pesar de
que el 29 de julio, hace muy poco tiempo, el Ministerio de Agricultura ya
publicó un real decreto que modificaba los requisitos y baremación de las
solicitudes de nuevas autorizaciones. Pero, en fin, puestos en materia
nos parece interesante intervenir en este punto porque nos va mucho en
juego. En la Comunidad Valenciana existen 60 000 hectáreas de viñedo,
alrededor de 21 000 viticultores, 190 bodegas y una producción en torno a
2,3 millones de hectolitros de vino por campaña. Acaba de comenzar la
campaña de la vendimia
y es necesario resaltar, tal y como denuncian algunas organizaciones
agrarias, como La Unió, que anualmente se dejan de cultivar, por ejemplo
en la Comunidad Valenciana, más de 1250 hectáreas de vid, y en los
últimos años se han perdido más de 18 600 hectáreas de potencial
vitícola.
En Compromís creemos que para mejorar realmente el sistema se debería
regionalizar el reparto de nuevas autorizaciones para plantaciones de
viñedo, de forma que cada comunidad autónoma disponga de su cupo del 1 %
sobre su superficie de viñedo como mejor se adecue a su política
vitivinícola. Se deberían introducir correcciones -ahí sí- tanto en la
reglamentación comunitaria como en la normativa estatal en beneficio de
los viticultores y para evitar repartos asimétricos, para evitar la
deslocalización del viñedo en ciertas zonas y para evitar pérdidas del
potencial productivo. Pero todo esto hay que negociarlo en el ámbito
europeo; hay que consensuar también con las comunidades autónomas y es
una tarea para la que instamos al Gobierno, y específicamente al
Ministerio de Agricultura, a que realice prontamente. Por este motivo,
desde Compromís anunciamos nuestra abstención a esta proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Enric Bataller.
- SOBRE LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001619).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día
relativo a la promoción del consumo de productos pesqueros. Esta
proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz don Joaquín
García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Empezaré por el final, que yo creo que es lo importante. ¿Qué es lo que
propone esta iniciativa? Promover con carácter general el consumo de
productos pesqueros. Y ya, con matices más particulares, que se realicen
campañas para la promoción de estos productos pesqueros destinadas,
especialmente, a los niños y a los jóvenes para que consuman más pescado
y para generar en ellos -algo muy importante- hábitos de consumo. Después
desarrollaré este punto un poquito más ampliamente.
Proponemos también que se continúe, por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con las campañas de
promoción del consumo de pescado, ya que en este momento hay varias
campañas en marcha, que incorporen medidas para permitir un incremento
del consumo de los productos pesqueros mediante la adaptación al
consumidor de un mayor servicio en el punto de venta, de una mejor
información sobre el producto y mediante el impulso de medidas educativas
sobre su consumo. Finalmente, lo que plantea además es colaborar en la
puesta en marcha de iniciativas individuales o sectoriales para
promocionar el consumo de pescado, aprovechando las posibilidades que
ofrecen los fondos que están integrados dentro del programa operativo del
Fondo Europeo Marítimo y Pesquero del reglamento comunitario.
Esto es, en líneas generales, lo que vamos buscando si finalmente
aprobamos, con el apoyo de todos los grupos, esta iniciativa. ¿Por qué?
Señorías, España sigue estando, en este momento, a la cabeza de la Unión
Europea en consumo de pescado. El 75 % de los españoles consumimos
pescado entre dos o tres veces por semana, según diversas encuestas. Si
me ciño a lo que dice el informe de consumo de alimentos en España que
realiza el Instituto Nacional de Estadística, a pesar de este dato que
acabo de darles, observamos que el consumo de pescado en España ha
decrecido un 2,4 % si comparamos el año 2015 con el año 2014. Esta
tendencia a ir decreciendo el consumo de pescado fresco se contrapone con
un incremento del consumo de conservas, pero aun así el 45 % del pescado
que consumimos es fresco. Es verdad que el gasto permanece estable a
pesar de esta caída del consumo de pescado y a pesar de que se ha
incrementado el precio medio en torno a un 3 %, concretamente un 2,7 %,
en el último año. Y ya que hablo de precios, tengo que reconocer que el
precio afecta a una parte de esta bajada y que la crisis ha afectado,
lógicamente, a este decrecimiento del consumo, pero solo a una parte,
porque el motivo principal es el cambio generalizado en los hábitos de
compra y de consumo dentro del mercado español, especialmente en las
personas más jóvenes. De ahí que me refiriera hace un momento a un punto
de la proposición no de ley específicamente destinado a incentivar el
consumo en niños y jóvenes. Si nos fijamos en la encuesta de presupuestos
familiares, que también desarrolla el Instituto Nacional de Estadística,
podemos ver cómo los alimentos cada vez ocupan un papel menos relevante
dentro de los hábitos de consumo; concretamente, de los tres grandes
grupos que se fijan en esta encuesta, los
alimentos son el 15 %, y, dentro de ese 15 %, el pescado está un 1,8 %,
por debajo de la carne o del pan y los cereales. Si nos fijamos en el
segmento de los pescados, hay que diferenciar también el perfil del
consumidor. El pescado fresco se está consumiendo más en hogares con
parejas que tienen hijos mayores o parejas adultas sin hijos o personas
que están jubiladas. En general, responden también a rentas más
acomodadas y el responsable de la compra supera los cincuenta años de
edad. Si vamos a pescados congelados, vemos que aquí ya hay una
diferencia, y es que se consume mayoritariamente en hogares con hijos
entre seis y quince años, hogares donde viven más de cuatro personas y
normalmente en ciudades más pequeñas.
Todos estos datos me llevan a insistir en la necesidad de que estas
campañas que estamos pidiendo pongan especial énfasis en generar el
hábito de consumir pescado y, sobre todo, como decía antes, en las
personas más jóvenes, porque todos sabemos que, por falta de tiempo o por
desconocimiento de las formas de elaboración o de manipulación del
pescado fresco, tienden a no adquirir este producto y por tanto a no
consumirlo. No es nuevo si les digo que el ministerio lleva tiempo
haciendo campañas con unos y con otros Gobiernos. Hasta hace poco
teníamos un organismo que se dedicaba específicamente a promocionar el
consumo de pescado, como era el FROM. Todos sabemos que por la crisis tan
dura que vivimos el Gobierno presidido por Mariano Rajoy tuvo que adoptar
medidas, entre ellas reducir el número de instituciones y entidades
públicas, pero no se desatendió, lógicamente, la labor que venía
desarrollando el FROM, que ahora la hace el propio ministerio. Entendemos
que esas campañas que llevan tiempo haciéndose se pueden intensificar y
se pueden mejorar. Creemos que se puede seguir promocionando el consumo
de pescado en general y de determinadas especies en particular, como ya
se hizo en su día con campañas que tuvieron en su momento buena acogida.
Como novedades, está previsto por parte del ministerio desarrollar
campañas específicas hacia la población infantil. Citaré simplemente la
que, con el nombre de "Mediterraneamos", ya se ha puesto en marcha y
tendrá una duración de tres años aproximadamente, y la destinada a la
población adulta, que se va a llamar "Cultura mediterránea". Entre ambas
campañas y durante los próximos tres años la inversión va a rondar los 4
millones de euros, que es una cifra nada despreciable. Insistimos en la
población infantil porque estamos hablando de que hay 70 000 alumnos de
primaria y secundaria que participaron en el año 2016 con talleres
teórico-prácticos y otras actividades relacionadas con una dieta
equilibrada, el deporte, etcétera.
Por tanto, señorías, creo que es algo en lo que supongo que todos
estaremos de acuerdo, aunque habrá matices que ahora tendrán ocasión de
exponer los demás grupos parlamentarios. Entendemos que no es necesario
incorporar algunas de las enmiendas que se proponían, porque se desvían
un poco o no aportan nada adicional al objetivo que acabo de plantearles.
Por citar una, les diré que se habla de crear un observatorio de precios;
con este nombre no existe, pero existe ya en la Dirección General de
Industrias Agroalimentarias y se lleva perfectamente este control. El
etiquetado también se ha mejorado y a las campañas específicas ya me he
referido durante mi intervención.
Y no voy a citar las enmiendas del grupo que ha abandonado la sala. A ese
desprecio democrático, también mi desprecio democrático.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joaquín García Díez.
El Grupo Socialista ha presentado enmiendas a esta iniciativa. Tiene la
palabra doña Margarita Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias.
Consideramos que la iniciativa del Grupo Popular es poco concreta y por
eso creemos conveniente que se añada nuestra enmienda. Estamos de acuerdo
con que hay que promover el consumo de pescado, pero hay que concretar
cómo, y por eso -insisto- hemos presentado la enmienda. De todos modos,
ya adelanto que, aunque no la acepten, apoyaremos su iniciativa, pues
aunque consideramos que no aporta prácticamente nada, tampoco podemos
decir que no a que se pida simplemente que se promueva el consumo de
pescado.
Nos sorprende un poco que la presenten, ya que en una respuesta que el
Gobierno dio el 4 de abril dijo que entre la Dirección General de la
Industria Alimentaria y la Dirección General de Ordenación Pesquera se
cubrían los compromisos en materia de valorización y promoción de
productos pesqueros. Los datos que presentan en su exposición cuestionan
que esté funcionando satisfactoriamente la valorización y promoción de
productos pesqueros, pero, ya ve, el Gobierno dice que sí. Nosotros
estamos de acuerdo en que dicha valorización y promoción se debe y se
puede mejorar. También parece que el
Gobierno no tiene demasiado interés en mejorar la promoción del consumo de
productos pesqueros, ya que en otra respuesta dice que la promoción está
funcionando correctamente y no es necesario un organismo del tipo del
Fondo de regulación y organización del mercado de los productos de la
pesca y cultivos marinos, a pesar de que el sector pesquero considera que
sí y estima que el Estado recuperaba tres de cada cuatro euros que
invertía a través de este organismo. Otro motivo por el que nos sorprende
que el grupo que apoya al Gobierno presente esta iniciativa es que aún no
ha aprobado el real decreto que regula las ayudas derivadas del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca para las organizaciones profesionales en el
sector de los productos de la pesca y la acuicultura para el periodo
2014-2020, que también puede ayudar a elaborar planes de producción y
comercialización. Galicia y Andalucía han publicado sus correspondientes
órdenes, porque el Gobierno de España lleva tres años de retraso y las
organizaciones no podían seguir esperando, pero con el riesgo de que no
se ajusten a lo que no sabemos cuándo ni en qué términos publicará el
Gobierno.
Consideramos que hay que mejorar la promoción del consumo de pescado y
creemos que se puede hacer, además de publicando el real decreto
pendiente, promoviendo campañas específicas para mejorar el conocimiento
y consumo de especies poco valoradas y que la prohibición de descartes
ahora obliga a descargar. También se puede hacer mejorando las etiquetas
de productos transformados para que se conozca mejor su procedencia y se
promuevan las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas y constituyendo un observatorio de precios específicos de
productos pesqueros similar al de otros productos, como los lácteos, que
controle y estudie la cadena de valor del mar a la mesa y no refleje una
simple estadística de precios, que es lo que hace el Observatorio general
de productos alimenticios. Sería mejor abordar estas medidas concretas,
con las que se conseguiría un mejor resultado a la hora de promocionar el
consumo de productos derivados de la pesca, pero, como he dicho al
principio, ya que parece que no aceptarán nuestra enmienda, votaremos
igualmente que sí, porque es difícil decir que no a la generalidad de
pedir que se promueva el consumo de pescado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Margarita.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).
Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Vamos a manifestar nuestra posición frente a
esta PNL que presenta el Partido Popular, entre otras cosas porque los
diputados de Ciudadanos venimos a trabajar a las Cortes y, por tanto,
entendemos que es nuestra obligación demostrar que nos la hemos leído y
que si la vamos a apoyar es porque estamos de acuerdo con el contenido y
con lo que están proponiendo.
Evidentemente, esta PNL es muy generalista, es de las que gustan mucho al
grupo que apoya al Gobierno del Partido Popular. Aporta una serie de
obviedades que no por ello dejan de ser importantes y ello hace que no
vayamos a ponerle objeciones. Nadie puede dudar de las propiedades que
tiene el pescado para nuestra alimentación, con proteínas de excelente
calidad, con nutrientes esenciales, con vitaminas del grupo B o
liposolubles, como las A, D y E. Nadie puede dudar del potencial que
tiene nuestra flota pesquera -siendo la más importante en capacidad de la
Unión Europea, con cerca de 10 000 barcos y con 36 000 tripulantes- y que
somos una potencia mundial en pesca. Al mismo tiempo, la alimentación
necesita de esta inversión para promocionarlo y darlo a conocer lo máximo
posible para incorporarlo a la dieta.
Hemos leído la exposición de motivos y es verdad que existe una cierta
bajada en el uso y en el consumo. Hemos visto la tipificación que hacen
de los consumidores por tramos de población con más recursos económicos o
población con otras características para poder acceder a un tipo de
pescado u otro y también vemos las recomendaciones. Ustedes mismos dicen
que en España se consume dos o tres veces por semana, cuando los expertos
están recomendando entre tres y cuatro, con un mínimo de tres. Por tanto,
entendemos que esta PNL es oportuna, a pesar de la generalización, y que
es importante hacer este tipo de campañas que, por otra parte, deben
hacerse de manera continua para que nuestra dieta mediterránea tenga en
el pescado uno de sus principales atractivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Salvador.
- RELATIVA A ELIMINAR "LA VENTA A RESULTAS". PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002124).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate del siguiente punto del
orden del día, relativo al desarrollo en el seno del programa nacional de
conservación y optimización sostenible de recursos fitogenéticos para la
agricultura y la alimentación, la conservación in situ y los derechos...
(Varios señores diputados: Esa está retirada). Perdón, me he equivocado.
Esta es una de las iniciativas que ha presentado uno de los grupos que se
ha retirado y tanto esa iniciativa como todas las enmiendas que se han
presentado a las distintas proposiciones decaen.
Pasamos entonces a la proposición número 6, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a eliminar la venta a resultas. Para
su defensa, tiene la palabra doña Pepa González.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, señor presidente.
Como ustedes saben, soy diputada por Huelva. Aclaro que vivo en un pueblo
eminentemente agrario, donde básicamente se vive de las berries o frutos
rojos, así como de frutas y cítricos extratempranos.
Dicho esto, quiero significar ante todo el daño que está haciendo al
sector agrario a nivel nacional la denominada venta a resultas, que no es
más que aquella transacción de palabra que hace el agricultor con el
comprador por la que deposita en el comprador toda su cosecha sin saber
qué beneficio va a tener al final. Esto crea una incertidumbre al
agricultor muy grande y a veces llega a consecuencias nefastas para el
agricultor y para la propia explotación, ya que se liquida en precios por
debajo de los de producción y a veces incluso ni se liquida. Esta es una
forma de proceder profundamente arraigada en el campo español. Aunque a
día de hoy es ilegal, en nuestro país se sigue manteniendo día a día con
unas consecuencias, como digo, desastrosas, ya que crea inestabilidad en
el sector, inseguridad jurídica y en la mayoría de los casos los
agricultores reciben un pago por su producción por debajo de lo que les
han costado esos productos de tan alta calidad.
La Ley 12/2013, del 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria, se puso en marcha con la finalidad de mejorar
el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, algo que a
día de hoy todavía no hemos conseguido. En la ley se establece la
obligación de llevar a cabo un contrato de compraventa a futuro o con
precio diferido excepto cuando estamos por debajo de los 2500 euros. Eso
es lo que marca la ley, que es mejorable desde nuestro punto de vista,
pero comprobamos cada día que esta ley no se cumple, y lo vemos por los
números de contratos que se dan en las estadísticas que se hacen en el
campo andaluz, que no corresponden con la realidad del campo y de la
agricultura española. Ante la situación extrema que viven muchos
agricultores, las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja se han unido
para hacer una campaña entre los agricultores para incentivar que se
hagan contratos de compraventa. También las comunidades autónomas están
trabajando para que cada vez sean menos estas prácticas que no se deben
llevar a cabo en nuestro país, pero que comprobamos que se siguen
haciendo. Son muchas las explotaciones pequeñas que se están viendo
abocadas al desastre y a la quiebra, consiguiendo con ello que un
agricultor que tenía una explotación que daba trabajo se sume a la lista
de desempleo; un señor que vivía de la agricultura, que generaba empleo y
riqueza en su entorno.
Por eso queremos que el ministerio tome partido y que lo haga rápido y de
una forma contundente y sin dilaciones, porque debe proteger y velar por
los derechos de los agricultores y de los consumidores que están viendo
sus derechos maltratados. Esta situación lleva a muchos productores de
fruta a estar a merced de los intermediarios; lo hemos visto este verano
claramente con la fruta de hueso. Hemos visto que los agricultores de
frutas de hueso se veían a merced de muchos inconvenientes -uno de ellos
el veto ruso, que fue ampliado, pero también la sequía- y luego se veían
con una producción que se quedaba en el campo sin salida y sin precio,
por lo que muchos de ellos se vieron abocados a recurrir a esta mala
práctica. Lo vimos en los últimos ataques que tuvimos en Francia el
pasado 21 de junio, cuando una veintena de agricultores franceses
lanzaron decenas de toneladas de melocotones, nectarinas y albaricoques
delante de la tienda Lidl en Perpiñán porque se quejaban de que la fruta
de España llegaba a los mercados franceses sin un contrato y sin un
precio establecido, lo que hacía caer el precio de toda la producción,
tanto de la española como de la francesa.
Por tanto, no podemos quedarnos callados. Tenemos que pedir al ministerio
que controle la fruta que se comercializa en España pero también la que
sale fuera de nuestra frontera, porque, si no, estamos dando paso a la
especulación, porque detrás de la venta a resultas lo que hay es
especulación y en la especulación siempre ganan los mismos: el
intermediario, que no arriesga nada y que simplemente con
una operación se lleva el trabajo y el tiempo del agricultor. Por eso,
desde este sillón, le pedimos al Gobierno que aumente el control tanto de
la fruta que se comercializa en España como de la que sale fuera de
nuestro país. Es necesario acabar con la especulación, es necesario
acabar con la venta a resultas. Tenemos que seguir trabajando con las
comunidades autónomas para llegar a tener un mercado totalmente
transparente y sostenible y el ministerio tiene que contribuir a la
difusión del contrato de compraventa en la agricultura. Es fundamental
que todos los agricultores vendan sus productos bajo un contrato que
garantice el precio, las condiciones de pago y la entrega y también que
se tengan en cuenta las consecuencias que conlleva el incumplimiento por
alguna de las partes de este compromiso.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Pepa González.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte de Ciudadanos y
para su defensa tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Al final de lo que vamos a hablar ahora es de la protección del eslabón
más débil en esa cadena alimentaria en la que en dos extremos tenemos a
los distribuidores y a los que dan esos insumos necesarios para hacer su
trabajo, unos agricultores que siguen siendo, a pesar de que se ha
legislado desde aquí ya, el eslabón más débil.
Hay una ley, la de la cadena alimentaria, que en teoría iba a mejorar el
funcionamiento, que dice que los contratos se han de formalizar por
escrito y, por tanto, han de contener como mínimo identificación de
partes contratantes, objeto del contrato, precio, condiciones de pago,
condiciones de entrega, puesta a disposición de los productos, derechos y
obligaciones de las partes contratantes, duración del contrato, así como
condiciones de renovación, modificación del mismo, causas, formalización
y efectos de la extinción del contrato. Esto es de lo que estamos
hablando hoy. Todas estas cosas que acabo de decir no se dan en esta
venta a resultas de la que estamos hablando. El contenido y alcance de
los términos y condiciones del contrato son libremente pactados por ambas
partes, deben ajustarse a un equilibrio, a una justa reciprocidad,
libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de
riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la
libre competencia en el mercado. En muchísimas ocasiones hemos visto cómo
esto no se cumple y cómo, repito, los agricultores resultan ser siempre
el eslabón más débil de toda esta cadena y los que acaban perdiendo.
Además, esta ley en teoría creó una agencia de información y control
alimentarios para el control de lo dispuesto en la misma, cosa que no se
está cumpliendo. Sin embargo, a finales del pasado mes la organización
agraria UPA reclamó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y a la AICA que investigasen esta venta a resultas en el
mercado de las frutas de hueso, porque una de las irregularidades que se
están detectando en esta campaña es esa, que se sigue llevando a cabo
esta práctica que es completamente irregular y frente a la que debemos
proteger a los agricultores.
Hemos presentado unas enmiendas al Grupo Socialista porque entendíamos que
podíamos completar. Todavía las estamos negociando y en cuanto estén en
nuestra mano se las entregaremos. En cualquier caso, lo hemos hecho con
el espíritu de proteger, repito, a los que siguen siendo el eslabón más
débil entre las distribuidoras y los insumos, porque creemos que esta
proposición no de ley se queda corta.
Pedimos fundamentalmente dos cosas, aunque son cuatro puntos, creo
recordar, los que enmendamos. En primer lugar, que el Gobierno cumpla con
sus deberes, que realice una labor mucho más decidida y más exhaustiva de
control para evitar que este tipo de prácticas se lleven a cabo. También
pedimos al Grupo Socialista que incluya otra enmienda que dice que se
lleve a cabo una labor de formación para ayudar a los agricultores mucho
más decidida y mucho más ambiciosa. Esperamos que estas enmiendas sean
aceptadas por el Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Toni Cantó.
Vamos a preguntárselo. Doña Pepa González, ¿acepta usted la enmienda que
ha presentado el Grupo Ciudadanos?
La señora GONZÁLEZ BAYO: He terminado de redactar la transaccional y el
señor Cantó tendría que leerla para ver cómo ha quedado.
El señor PRESIDENTE: Doña Pepa, si les parece, se ponen a trabajar ustedes
y, si llegan a un acuerdo, entregan la transaccional a esta Presidencia
antes de las votaciones.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa).
Por Compromís, don Enric Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para decir que Compromís va a apoyar esta
proposición no de ley. Entendemos que efectivamente acabar con la venta a
resultas es muy importante para aportar seguridad jurídica al campo de la
contratación agrícola. Si de verdad queremos nosotros defender el sector,
tenemos que emprender ya medidas decididas en este sentido.
Efectivamente, la Ley 12/2013, de medidas para mejora del funcionamiento
de la cadena alimentaria, ha sido bastante insuficiente en su
implementación. Algunas leyes de comunidades autónomas que están vigentes
en el mismo sentido están dando resultados, pero hace falta que el
Gobierno del Estado ponga en marcha su aparato para ayudar en la línea
que se apunta en la parte propositiva del texto que se nos trae. Además
es cierto que la venta a resultas actualmente es un instrumento que se
está utilizando para la práctica del dumping, de la competencia desleal.
Asimismo, abre un gran espacio para el abuso, porque no se controla todo
el supuesto desperdicio que se produce con los grandes porcentajes de
fruta. Muchas veces se dice a los agricultores por parte de los
almacenistas, de los intermediarios, que se ha perdido el género, que
estaba en malas condiciones, que ha habido que desecharlo y que
finalmente no se paga. Todo esto genera no solo incertidumbre sino, a la
postre, lo que hay que evitar: una gran pérdida de ingresos por parte del
agricultor. Esto debemos atajarlo y por este motivo Compromís apoyará
esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Enric Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Javier Calvente.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Hay que recordar que la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, constituyó un hito
histórico para el sector agroalimentario español. Fue una normativa
ambiciosa y está siendo observada desde su entrada en vigor, en enero de
2014, desde la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión
Europea por si en un futuro inmediato se pudiera trasladar a otros
Estados miembros.
Señorías, la venta a resultas es una práctica prohibida por esta Ley de la
cadena alimentaria y lo que no se puede hacer es confundir al sector. El
día 7 de junio hubo un encuentro del sector con el ministerio para
analizar el estado de la campaña y buscar soluciones que evitaran otra
mala campaña para los agricultores. El origen de esta proposición no de
ley que nos presenta el Grupo Socialista es consecuencia de unas
declaraciones del secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, del pasado
mes de junio. Este señor mantenía que si no cambiamos los vicios -según
sus palabras- y los malos hábitos instalados en el sector no saldremos de
una crisis que ya dura demasiados años. Es decir que el origen de la
situación que ustedes denuncian no se debe a la aplicación de la ley sino
a los vicios y malos hábitos que reconoce el sector.
Como decía, el 30 de mayo del año pasado las organizaciones agrarias UPA,
COAG y Asaja se unieron para promover el uso del contrato de compraventa
de fruta; lo han hecho a partir de experiencias que se están llevando a
cabo en otros sectores utilizando su conocimiento de mundo de la fruta.
Reconoce el sector que esta iniciativa se planteó como una herramienta
para luchar contra la venta de fruta a resultas. El contrato existe desde
el año 2015 y ya está siendo utilizado por muchos agricultores, según ha
reconocido esta organización agraria. La firma de los contratos es el
único mecanismo que puede servir para aportar transparencia y estabilidad
a las relaciones entre los agricultores y los compradores y además es una
de las obligaciones que establece la ley de la cadena alimentaria, que
tiene como principal objetivo mejorar el equilibrio de las relaciones
entre los diferentes agentes. Las propias organizaciones agrarias también
reconocen que el tipo de contrato es un elemento fundamental porque
aporta garantías a las operaciones que suscriben, garantía de recogida y
suministro y garantía de cobro según las condiciones preestablecidas. Por
lo tanto, es importante presentar denuncia si se producen prácticas
abusivas. La propia ley creó la Agencia de Información y Control
Alimentarios, AICA, que hace inspecciones diarias; desde la entrada en
vigor de la ley ha hecho en el sector de la fruta más de 700
inspecciones, que han conllevado varios centenares de expedientes
sancionadores. Señorías, no se puede aumentar el
control porque la propia Agencia de Información y Control Alimentarios
está haciendo las inspecciones o bien de oficio o bien por denuncias que
le llegan.
Señora González, usted ha reconocido que las propias organizaciones
agrarias, las comunidades autónomas y el ministerio están trabajando
juntos para establecer un mercado alimentario transparente y sostenible.
Y termino, señor presidente, no se puede poner en marcha lo que ya se ha
puesto desde la entrada en vigor de la ley, que es un plan de difusión de
que el contrato es obligatorio en España, porque, en definitiva, de lo
que se trata es de cumplir la propia ley de la cadena alimentaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Javier Calvente.
- SOBRE MEDIDAS EN EL SECTOR AGRO-GANADERO PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN
RURAL EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/002186).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es sobre medidas
en el sector agroganadero para combatir la despoblación rural en España.
El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular y para su
defensa tiene la palabra la diputada María Jesús Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Buenos días. Muchísimas gracias, señor
presidente.
Señorías, estamos ante una realidad que nos preocupa y nos ocupa a todos
ante la realidad del reto demográfico, que supone asumir una realidad que
tenemos que valorar y ante la cual tenemos que adoptar las debidas
actuaciones, para garantizar en definitiva una igualdad de oportunidades
a todos los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que afrontar el
envejecimiento de la población, el bajo nivel de natalidad y que no es
una realidad exclusivamente española ni europea, sino de todos los puntos
del mundo, pero que en España hay determinadas provincias que se ven
especialmente afectadas por esta situación, como son Cuenca, Soria y
Teruel. Por este motivo los diputados de estas circunscripciones
estuvimos reunidos con representantes de colectivos de las diferentes
provincias que nos trasladaron de manera detallada su problemática.
Ante esta situación, que es mucho más que hablar de un problema de
demografía o natalidad, puesto que estamos hablando de empleo, de
servicios sociales, de servicios públicos básicos, de la educación y por
tanto del futuro de los ciudadanos, de la sanidad, en definitiva de la
proyección de futuro de personas, de familias y de determinados
territorios, debemos preguntarnos con qué contamos. Contamos, por un
lado, que en enero de 2017 en la Conferencia de Presidentes de todas las
comunidades autónomas se adoptó impulsar medidas específicas para hacer
frente a los desafíos demográficos y llevar a cabo la estrategia nacional
frente al reto demográfico. Esto es muy importante, porque es un acuerdo
de todos. Es un acuerdo en el que se da y se pone de relieve que es un
problema importante que hay que evaluar y ante el que hay que tomar las
debidas medidas y resoluciones. Pocos días después por parte del Gobierno
de España se creó una figura, la del comisionado del Gobierno frente al
reto demográfico, que también demuestra cómo esto es una prioridad para
el Gobierno de España. También se creó un grupo interinstitucional sobre
la crisis demográfica que tiene como objetivo analizar en la visión de
consumo sobre el reto demográfico. Pues bien, todo este tipo de
cuestiones nos demuestran que hay que actuar de manera conjunta, hay que
actuar de manera global y hay que actuar de manera transversal e
implicándonos todos. Por eso entendemos que desde el Congreso de los
Diputados -por eso hoy pido el máximo consenso y apoyo en este tipo de
medidas- debemos instar al Gobierno -y aquí está el petitum de nuestra
iniciativa- para que se incluyan medidas dentro de la estrategia nacional
frente al reto demográfico, en coordinación con las diferentes
planificaciones estratégicas sectoriales, medidas para consolidar el
sector agroganadero en territorios que sufren despoblación, como ocurre
-y lo he citado antes- con las provincias de Cuenca, Teruel y Soria.
¿Cuáles son las medidas que pedimos? Y aquí quiero decir -porque ha habido
otros grupos que han presentado enmiendas- que son muchas las propuestas
que habría y se podrían incluir. Nosotros hemos querido agrupar en
grandes bloques, conscientes de que se está elaborando la estrategia y de
que hay muchas cuestiones que se tratarán en su momento y que habrá que
profundizar, pero ahora nos tenemos que centrar en dónde creemos que
debemos de incidir. El primer punto que planteamos es defender que en el
marco de futuras negociaciones de las políticas agrarias y de cohesión
post 2020 de la Unión
Europea existan diferentes líneas de financiación que contribuyan al
desarrollo económico y social del medio rural español, considerando
-entre otros aspectos- el envejecimiento de las zonas rurales y la
necesidad de fomentar el relevo generacional, el tipo de actividad
agraria y las zonas con limitaciones naturales. También entendemos que es
muy importante, y se incluye como punto segundo, desarrollar en el
próximo plan nacional de regadíos planes especiales de regadíos para las
áreas susceptibles de ser zonas regables en las provincias afectadas, que
incluyan la mejora y modernización de regadíos existentes. El punto
tercero es crear en la futura estrategia nacional de modernización y
diversificación rural anunciada por el Gobierno un plan especial y
específico para la incorporación de los jóvenes a la actividad
agroganadera y forestal para las zonas altamente despobladas de estas
provincias. Aquí quiero llamar la atención sobre cómo se ha elaborado la
estrategia de modernización y diversificación rural, cuyo eje central son
las mujeres y los jóvenes, para lograr mejorar las condiciones de vida y
de trabajo y permitir la revitalización del medio rural, y en particular
del sector agrario. Su documento Medidas en favor de los jóvenes y de las
mujeres en el ámbito de la estrategia de modernización y diversificación
rural se presentó el pasado 18 de julio en la tercera reunión del comité
de coordinación de autoridades de gestión del programa de desarrollo
rural. Las medidas propuestas en esta estrategia se enmarcan en una serie
de bloques, y son todas ellas esenciales: el denominado Paquete Joven,
innovación y digitalización, formación y orientación, impulso de la Ley
de Titularidad Compartida, visibilización del papel de las mujeres y los
jóvenes en el medio rural, creación de una oficina de atención al joven y
a la mujer rural, etcétera. Son muchas las medidas que se han adoptado y
he reseñado esas a título de ejemplo. Y el cuarto punto, que también
entendemos esencial, es apoyar la actividad cinegética y piscícola como
recurso natural propio que contribuye a la creación de riqueza y empleo,
buscando soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad y
el desarrollo económico del medio rural.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
desarrolla varias líneas de trabajo relacionadas con estas dos
cuestiones. Pese a ser actividades cuya gestión es competencia
autonómica, el hecho de que su impacto sobre la economía excede al ámbito
exclusivo del ejercicio de estas actividades habilita al Estado, en
virtud del artículo 149.1 de nuestra Constitución, para planificar y
asentar las bases de planificación general de la economía. En definitiva,
señorías, lo que pretendemos es que se adopten y que se incluyan estas
medidas en este plan estratégico.
Respecto a las enmiendas de los otros grupos repito que por supuesto todo
suma, y hay que sumar, pero unas están ya incluidas en estos puntos y
otras habrá que tratarlas en otro momento. Sí quiero decir que hemos
pactado una transaccional con el Grupo Parlamentario Ciudadanos por la
que admitimos y transamos el punto quinto de su enmienda, que dice:
Incidir en la sostenibilidad del Estado del bienestar, fundamentalmente
en la educación, la sanidad y los servicios sociales y la atención a las
personas mayores, personas con discapacidad, etcétera. El punto quinto
que es objeto de esta transacción es, en definitiva, como les decía
antes, la razón por la que hoy estamos aquí. Es evidente que es una
realidad y al Grupo Parlamentario Popular y a este Gobierno les preocupa
esta realidad. Debemos trabajar juntos -por eso pido el apoyo de todos
los grupos- para ir adoptando aquellas medidas que garanticen el futuro
de nuestro mundo rural y el futuro de las personas que habitan en él.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María Jesús Bonilla.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Una es del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Miguel
Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Una de las características que más define al mundo rural es su
complejidad, partiendo de su propia definición derivada de la estructura
poblacional y de las dificultades para acercar a sus habitantes los
bienes y servicios de los que disfruta la población urbana.
Efectivamente, como bien dice la compañera, hasta la última Conferencia
de Presidentes el despoblamiento rural nunca había sido considerado como
un problema de Estado, aun a pesar de que vulnera el principio de
cohesión territorial por el que se deben ofrecer las mismas oportunidades
y servicios a todos los ciudadanos. Este enfoque es de particular
relevancia en España, sobre todo en las tres provincias que se han
indicado, con una amplia variedad de zonas agroclimáticas y grandes áreas
rurales, prácticamente despobladas, frente a otras de elevada producción
agroalimentaria. En la actualidad, aunque la actividad primaria supone un
sector importante en la economía rural, no es suficiente para generar un
entorno económico que cree empleo, fije y atraiga población al ámbito
rural, y que además de potenciar los recursos de cada territorio apueste
de manera
estratégica y transversal por otros sectores como pueden ser el turismo,
la artesanía, el comercio local, la agroindustria o las pymes.
En Ciudadanos defendemos al sector agroganadero como un mecanismo para
prevenir la despoblación. En este sentido en el acuerdo con el Partido
Popular se recogió explícitamente el compromiso de la defensa del medio
rural, el sector agroalimentario y la industria pesquera, trabajando para
que la política agraria común contribuya a la ordenación del territorio.
La enmienda que hemos introducido y que algunos puntos no nos han
aceptado iba en el sentido de dotar de un mayor contenido a esta
proposición no de ley, planteando la aplicación de los fondos Feder y
estructurales, siguiendo el modelo de desarrollo local participativo y
teniendo en cuenta el programa Leader, que debe suponer, junto con otras
medidas, un pilar propio fuera de la PAC. Además creemos que se debe
incluir una medida específica en el Plan nacional de desarrollo rural de
fomento de la ganadería extensiva con razas autóctonas. También
consideramos crucial garantizar la sostenibilidad del Estado del
bienestar fundamentalmente en la educación, la sanidad, los servicios
sociales y la atención de personas mayores o con discapacidad, así como
el propio desarrollo de los territorios, garantizando que los municipios
reúnan las necesarias condiciones de suministros y de infraestructuras
para que las personas que se instalen puedan desarrollar su labor
profesional. Por último, también incluimos en nuestras enmiendas promover
la planificación silvopastoral, en cumplimiento de la Ley de Montes, y
reconocer y apoyar los pactos forestales en su doble función: como
aprovechamiento ganadero y por los servicios ambientales que generan,
además de ser una medida de prevención de los incendios, que han asolado
nuestro país en este año. También conciliaría los diferentes intereses y
usos y se aprovecharía el territorio rural y el agroforestal.
En definitiva creemos en el potencial del desarrollo del territorio rural,
y estamos peleando y trabajando en ello. Vamos a seguir luchando para que
entre todos y en una unidad de acción podamos desarrollar el territorio
rural, no solamente para que no se siga despoblando, sino para hacerlo
atractivo y que muchas de las poblaciones que actualmente viven en las
ciudades vean interesante poder desarrollar su vida profesional en el
territorio rural, y dotemos a esos territorios de las suficientes
infraestructuras y servicios que hagan que puedan desarrollar su
potencial de crecimiento económico y generen empleo, pero empleo de
calidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Javier
Antón, para defender la enmienda presentada por su grupo.
El señor ANTÓN CACHO: Gracias, señor presidente.
Una vez más nos encontramos con un Grupo Parlamentario Popular que nos
sorprende con una proposición no de ley que no deja de ser más que una
mera declaración de intenciones, que casi con toda seguridad, junto con
nuestra enmienda -en caso de que sean aprobadas-, acabará en algún arcón
de la vicepresidencia del Gobierno. En ella se nos anima a incluir en la
estrategia frente al reto demográfico una serie de medidas generalistas
que no se concretan en nada y que no comprometen para nada al Gobierno.
Esta PNL es un ejemplo nítido de la política del Partido Popular frente
al problema de la despoblación; muchas palabras pero pocas acciones. De
hecho en los últimos cinco años se han desarrollado en el Senado sendas
Comisiones para analizar y proponer medidas contra la despoblación en el
mundo rural y en los territorios de alta montaña, y en sus conclusiones
ya vienen recogidas más de cien medidas concretas y puntuales, de las
cuales dudo mucho que el Gobierno haya puesto en marcha alguna en los
últimos tiempos. En la propia Conferencia de Presidentes se abordó de
nuevo el problema de la despoblación y se acordó impulsar medidas
concretas para afrontar este reto demográfico, y el Gobierno nombró un
comisionado para desarrollar esa estrategia específica para solucionar
este problema. Lo cierto, y pese a lo que nos ha dicho la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, es que nueve meses después de su
nombramiento en el Consejo de Ministros poco se sabe de este comisionado
y de su estrategia; lo que sí les puedo decir es que nueve meses después
este comisionado no ha querido atender la petición de reunión del
presidente de la Diputación Provincial de Soria, de la que yo soy
diputado. Como todo el mundo sabe Soria es o se puede considerar como el
paradigma de la despoblación en nuestro país. De hecho tenemos noventa
mil habitantes, lo que nos da una densidad de población que está por
debajo de los nueve habitantes por kilómetro cuadrado. Con estos
antecedentes uno tiene la
sensación de que este comisionado vuelve a ser una cortina de humo para no
afrontar directamente el problema.
Como todos sabemos, por muchos análisis, estudios, estrategias, lo que sí
sabe el Gobierno del Partido Popular es que las medidas y los recortes
austericidas que han aplicado en los últimos años han sido letales para
el mundo rural, los han aplicado sin medidas correctoras necesarias para
que los territorios más despoblados puedan recuperarse, cortando además
de raíz medidas de discriminación positivas que el Gobierno socialista
puso en marcha en las provincias más afectadas. Esto se puede comprobar
perfectamente en los últimos presupuestos aprobados en 2017. Por ejemplo,
mi provincia ha recibido la peor cifra de los últimos catorce años, con
un descenso respecto al año anterior de un 30 %. ¿De qué sirven los
comisionados, las Comisiones, las soluciones, si al final hay recortes
económicos y no vienen acompañados de inversiones? Pues se lo digo yo: no
sirven absolutamente de nada.
Aunque la portavoz ya ha dicho que no va a aceptar nuestras enmiendas me
gustaría explicarlas de manera breve. La primera tiene que ver con una
petición que nos han hecho los propios agricultores y ganaderos, y es que
en esta enmienda se recogiera algo que también se pidió al Partido
Popular, y es el aumento y el impulso del sistema de seguros agrarios que
garantice la rentabilidad de las explotaciones, sobre todo en años como
el que hemos pasado de sequía devastadora. Por otro lado, de nada sirve
apostar y apoyar al sector agroganadero de las zonas despobladas si no lo
acompañamos con medidas necesarias que hagan que los habitantes de esas
zonas gocen de la misma calidad de vida que los de otras zonas.
Fundamentalmente estamos hablando de los servicios públicos sanitarios,
educativos y de dependencia en las mismas condiciones que se están
ofreciendo en otros territorios. Además es necesario invertir y mejorar
las infraestructuras viarias, ferroviarias y por supuesto el acceso a los
nuevos sistemas de comunicación, telefonía móvil e Internet, en las
mismas condiciones técnicas y económicas que en otros territorios, sin
las cuales, por mucho que apoyemos a este sector, va a ser difícil ser
competitivos.
Señorías del Partido Popular, en las próximas semanas se van a presentar
los presupuestos para 2018. Con su tramitación tienen una posibilidad
excepcional para pasar de las palabras a los hechos. Aprueben partidas
específicas para luchar contra la despoblación, de lo contrario tendremos
que decir que sus proposiciones no de ley son meras declaraciones de
intenciones y que solo sirven para engañar y confundir a los ciudadanos y
las ciudadanas.
Nada más. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Javier Antón.
Doña María Jesús Bonilla, tiene la palabra a los efectos de aclararnos si
acepta alguna de las dos enmiendas que han presentado Ciudadanos y el
Partido Socialista.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Con Ciudadanos sí que hemos transado el punto quinto -lo he leído en la
intervención- de su enmienda. Y la del Grupo Socialista no la admitimos.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que facilite a la Mesa la transaccional
antes de las votaciones.
- RELATIVA A ELABORAR UN PLAN NACIONAL EN MATERIA DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO ACUÁTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/002227).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que
hace referencia a la elaboración de un plan nacional en materia de
salvamento y socorrismo acuático. La va a defender don Miguel Ángel
Heredia, en nombre del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Los ocho primeros meses del presente año 2017 se saldaron con 375 muertes
por ahogamiento en nuestro país, de las que 235 fueron en los meses de
verano, hasta el 31 de agosto. Eso representa un 37 % más que en el mismo
verano del pasado año 2016. En el mes de julio se registraron las cifras
más altas, con 95 sucesos. Agosto fue el segundo mes más trágico en los
espacios acuáticos, con 70 muertes, una media de 2,25 por día. Según el
Informe Nacional de Ahogamientos, elaborado por la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo, se determina que en los meses
estivales, junio, julio y agosto, se ahogaron 64 personas más que en el
mismo periodo de 2016. De hecho, el número de personas ahogadas
representa ya la mitad que el de fallecidos en carretera en nuestro país.
El perfil de la persona ahogada
en España es hombre en un 80 %, español en un 75 %, de treinta y cinco o
más años en un 71 %, muerto en una playa un 52 %, o en espacio acuático
sin vigilancia un 89 %. El verano también ha sido el periodo con más
rescates, 300 en tres meses, lo que representa el 80 % de las 400
personas que han sido salvadas de una situación de peligro en el agua,
según ha asegurado la Federación de Salvamento y Socorrismo.
En este marco los ayuntamientos tienen la competencia para decidir en qué
puntos del término municipal tiene que haber socorristas y en dónde no.
Ellos -los ayuntamientos- son quienes corren con este gasto y exigen la
formación que consideran oportuna, pero es verdad que muchos consistorios
-muchos ayuntamientos- no tienen capacidad económica suficiente como para
poder contratar un socorrista en cada playa, por eso reclaman una mayor
colaboración de las administraciones públicas, especialmente en un verano
como el del presente año, en el que -como decía anteriormente- se ha
disparado el número de personas ahogadas como consecuencia de la mayor
afluencia de bañistas. Los ayuntamientos pequeños con pocos recursos
difícilmente pueden asumir el coste de mantener a los socorristas, y al
no contar con este servicio es difícil controlar a los bañistas que
acceden a zonas peligrosas, a quienes tienen actitudes temerarias o
incluso a los que se sumergen habiendo consumido mucho alcohol. Por otra
parte, actualmente no existe una regulación estatal que establezca unos
mínimos de formación para los socorristas, ni tampoco existe una
normativa básica de qué sanciones aplicar cuando los bañistas cometen
imprudencias, una de las principales causas de ahogamiento. Además en
muchos casos -y esta es otra cuestión que nos preocupa- el sueldo de los
socorristas es sencillamente miserable. La mayoría están cobrando en
torno a 800 euros por trabajar un elevado número de horas, y esto también
habría que arreglarlo. Como decía es llamativo que sean los ayuntamientos
los que deciden si ponen o no socorristas en las playas, cuando España es
un país que recibe a millones de turistas cada año.
Por todo ello, ¿qué exigimos al Gobierno? Lo que exigimos al Gobierno es
que colabore y que lleve a cabo la elaboración, en el plazo máximo de
seis meses, de un plan nacional contra ahogamientos que defina una
estrategia común contra estos accidentes y permita financiar equipos,
materiales, formación y planes de empleo en materia de salvamento y de
socorrismo. Nos decía la portavoz del Partido Popular que seis meses es
muy poco tiempo, pero si ponemos un plazo más largo al final esto no se
hace; por tanto vamos a exigir un plazo de seis meses; tiempo más que
suficiente. Este plan debe establecer los mínimos de formación para
socorristas y las sanciones a aplicar cuando los bañistas cometan
imprudencias, como les decía, una de las principales causas de
ahogamiento.
En el último punto, que también nos parece esencial, instamos al Gobierno
a que estudie cómo dotar a las entidades locales de partidas
extraordinarias en verano que permitan sufragar estos costes, porque los
ayuntamientos no tienen recursos económicos. A España todos los años
vienen millones de turistas y de ese turismo millones de euros van a
parar a las arcas del Estado, por lo que parece razonable exigirle al
Gobierno que una parte de ese dinero se destine a los ayuntamientos para
poder contratar socorristas que garanticen la seguridad en nuestras
playas, cuestión esencial a la hora de evitar el problema que abordamos
en el día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Ángel.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos tiene la
palabra don Luis Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo con la PNL que ha presentado el Partido Socialista,
entre otras cosas porque la cifra de personas ahogadas prácticamente
supone la mitad de los fallecidos en nuestras carreteras al año. La
estadística que se ha dado es demoledora, y creemos que puede corregirse
en la medida en la que se hagan campañas de sensibilización, en la medida
en la que haya más personas con una mayor formación que protejan a los
bañistas, y exista mayor coordinación entre todas las administraciones,
principalmente de la Administración local, pero con especial celo de la
Administración autonómica y de la Administración del Estado.
Por tanto, a la vista de la PNL presentada, y entendiendo que compartimos
plenamente sus objetivos, hemos planteado una enmienda de adición
respecto a la mejora de los criterios de formación en socorrismo acuático
en todas las comunidades autónomas, y a las sanciones que deberán aplicar
los ayuntamientos, cuestión en la que también hay que actuar. El portavoz
del Grupo Socialista nos ha planteado una transaccional respecto a la
enmienda que hemos presentado, con la que estamos absolutamente de
acuerdo por dos motivos: primero, por el fondo, y segundo, porque es
mucho mejor llegar a un acuerdo
también en la forma. Por tanto entendemos oportuna esta proposición no de
ley. Entendemos que esta es una problemática que pasa muy desapercibida,
que tenemos que hacer una sensibilización de los ciudadanos muy
importante, y que no podemos darla de lado porque las estadísticas son
absolutamente demoledoras. Por tanto vamos a apoyarla y sobre todo a
intentar que esto salga a la calle para que los ciudadanos sepan que
bañarse conlleva una serie de peligros si se hace de manera temeraria.
Hemos visto en muchas playas y en muchos sitios a padres con hijos
dándose baños que son absolutamente preocupantes, y que después han dado
lugar a dramas familiares o incluso a que personas que han ido a
salvarlos también hayan fallecido en ese intento de rescate. Entendemos
que es una problemática oportuna en estos Cortes Generales y vamos a
apoyarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Salvador.
Don Miguel Ángel Heredia, tiene la palabra a los simples efectos de que
indique si acepta o no la enmienda que le han presentado.
El señor HEREDIA DÍAZ: En los términos de la transaccional que le hemos
pasado a la Mesa, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel.
¿Grupos que deseen intervenir respecto a esta iniciativa? Doña Loreto
Cascales, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Me gustaría iniciar mi intervención diciendo que, en nombre de mi
compañero Juan Vicente Pérez, en el mío propio y en el de mi grupo,
queremos expresar también nuestro reconocimiento a una figura histórica
del campo valenciano, Vicente Hernández, expresidente de AVA-Asaja, que
nos dejó la semana pasada y que fue todo un referente y pionero del
asociacionismo agrario. Una vez dicho eso, me gustaría continuar diciendo
que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que España es un país
con un inmenso número de espacios acuáticos naturales de costa, pero
también de interior, y que además esos entornos naturales no son los
únicos utilizados por la ciudadanía. También existen miles de
instalaciones artificiales, como las piscinas, y a menos que usted
entienda que las piscinas puedan ser consideradas un entorno natural,
sinceramente todavía no entiendo la razón de por qué usted, señor
Heredia, ha traído el debate de esta proposición no de ley a esta
Comisión.
Para su información le diré que la elaboración de un plan nacional contra
ahogamientos debería partir de un informe nacional elaborado por la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo, dependiente no del
ministerio de nuestra Comisión, sino del Consejo Superior de Deportes,
por lo que entendemos que esta propuesta debería haber sido incluida y
debatida en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y no en esta
Comisión, cuyas competencias no recogen este tipo de propuestas, e
incluso que fuera valorada y escuchada la opinión del Ministerio de
Fomento por su Plan Nacional de Salvamento Marítimo. Me gustaría pedirle
que en próximas ocasiones estudie usted bien qué temas trae a esta
Comisión, y compruebe, antes de introducir otra propuesta suya, si en
realidad el debate de la misma y las resoluciones y acuerdos nos competen
o no. Esta proposición no de ley definitivamente no nos compete.
Además de esta importante puntualización, cabe destacar que desde nuestro
punto de vista no solamente nos presentan la propuesta en la Comisión
equivocada, sino que además presenta carencias y contradicciones
importantes. No han tenido en cuenta un factor fundamental a la hora de
presentarla, como es la importancia de la concienciación pública y la
cultura preventiva como factores fundamentales a la hora de reducir
ahogamientos y accidentes en los medios acuáticos. Además, y lo más
llamativo, parece ser que en esta iniciativa mezclan bastante los
conceptos. Hacen referencia única y exclusivamente a la situación de los
socorristas en las playas, y por tanto su preocupación por el ahogamiento
en playas, pero el número de personas fallecidas al que hacen referencia
corresponde a los ocurridos en todos los medios acuáticos. La realidad
nos muestra que un gran porcentaje de este tipo de accidentes se produce
no solamente en playas, sino también en ríos, lagos, embalses, piscinas,
etcétera. No queda muy claro en su propuesta si este plan nacional de
ahogamientos es solo restrictivo para zonas de baño en playas o incluiría
a todos los medios acuáticos que tenemos, por lo que a nuestro parecer
esta propuesta, tal y como la plantean, es bastante ambigua, incompleta y
puede inducir a equívoco.
Me gustaría recordarles además que el artículo 115 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, dice que estas competencias a las que ustedes
hacen referencia están derivadas a los municipios, siempre siguiendo lo
que dicten las comunidades autónomas. Señor Heredia, me llama
sinceramente la atención que en esta propuesta no se haga ni una sola
mención a la necesidad de ayuda y colaboración por parte de las
comunidades autónomas, que, junto con los ayuntamientos, tienen derivadas
las competencias. Si de verdad se quiere buscar una solución adecuada,
inexorablemente habrá que contar con la ayuda y colaboración de las
comunidades autónomas, aunque ustedes aquí ni las nombren. No obstante,
explicadas las incongruencias de su propuesta y siguiendo el criterio de
responsabilidad que caracteriza a mi grupo, al Grupo Parlamentario
Popular, entendemos que es obligación de todas las administraciones
públicas poner los medios necesarios y que estén a nuestro alcance para
evitar que estos accidentes se produzcan.
Por tanto, quiero dejar claro, muy claro, que desde el Grupo Parlamentario
Popular siempre apoyaremos a las federaciones, haciéndonos eco de sus
peticiones, y entendemos que es deseable una coordinación en cuanto a
objetivos y medidas, formación de profesionales y financiación entre las
diferentes administraciones y entidades implicadas en la materia,
entendiendo además que la coordinación y puesta en común de una materia
en donde son muchísimas las entidades que deben dar su opinión necesita
un periodo de desarrollo más amplio del que ustedes han presentado. Seis
meses, señor Heredia, por mucho que usted quiera, es poco tiempo, y yo
instaría a que este plan nacional contra ahogamientos fuese una realidad
lo antes posible porque lo importante es que se lleve adelante.
El señor PRESIDENTE: Doña Loreto, ruego que vaya concluyendo.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Ya finalizo, diciendo solamente que la
dotación de partidas extraordinarias para los ayuntamientos debe ser
estudiada -quiero hacer esta puntualización una vez más porque es
reiterativa en las Comisiones- en la futura reforma de la financiación
autonómica y local. Por lo tanto, este tema debe ser estudiado en esa
futura reforma.
Muchas gracias y disculpen mi tardanza. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Loreto Cascales.
Esta Presidencia quería expresar el pésame por el fallecimiento de esta
figura del asociacionismo agrario, de don Vicente Hernández, sumándose de
esta manera al sentir de todos los grupos presentes en la sesión.
Señoras y señores diputados, les propongo un pequeño receso de cinco
minutos para ordenar todas las enmiendas que han sido objeto de
transacción antes de empezar las votaciones. (Pausa).
Señoras y señores diputados, vamos a proceder a la votación de las
proposiciones no de ley incluidas en el orden del día de hoy. En primer
lugar, vamos a someter a votación la primera propuesta, relativa a la
puesta en marcha de un plan de erradicación de la tuberculosis y la
brucelosis bovina. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos y objeto de una transaccional con el Partido
Socialista. Por lo tanto, se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación ahora la propuesta relativa a mejorar el
sistema de autorización de las nuevas plantaciones de viñedo, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular y que ha añadido una autoenmienda. Por
tanto, se vota en esas condiciones.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la propuesta sobre la promoción del consumo de
productos pesqueros presentada por el Grupo Parlamentario Popular en sus
términos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley número 6 relativa a
eliminar la venta a resultas, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Hay una transaccional resultado de una enmienda del Grupo
Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta sobre medidas en el sector agroganadero
para combatir la despoblación rural en España. Esta iniciativa ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Popular que ha transaccionado con
el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, sometemos a votación la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista relativa a elaborar un plan nacional en materia de salvamento
y socorrismo acuático. Ha sido transaccionada una enmienda de Ciudadanos,
por lo tanto sometemos a votación la transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señoras y señores diputados, les agradezco su colaboración.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
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