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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 31, de 19/10/2016
cve: DSCD-12-CO-31
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 31
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles,
19 de octubre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias del señor presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB (Ponce Huerta), para:

- Informar sobre la evolución de las actividades del FROB y sobre los elementos fundamentales de su actuación económico-financiera y la gestión de los mecanismos de financiación que le corresponden, al amparo del artículo 56 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Por acuerdo de la Comisión de Economía y Competitividad. (Número de expediente 212/000077)... (Página2)

- Que explique el error reconocido por el FROB en sus cuentas anuales de 2015, que afecta a 230 millones de euros, y las pérdidas reales que está suponiendo el rescate bancario. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (Número de expediente 212/000008) ? (Página 2)

Comparecencias del señor presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Marín Quemada), para:

- Exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro y para debatir la evaluación del plan de actuación y el resultado obtenido, al amparo del artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por acuerdo de la Comisión de Economía y Competitividad. (Número de expediente 212/000078)... (Página26)


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- Que justifique las conclusiones del informe del organismo que preside, sobre las gasolineras desatendidas. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. Número de expediente 212/000017). ... (Página26)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

COMPARECENCIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (PONCE HUERTA), PARA:

- INFORMAR SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL FROB Y SOBRE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE SU ACTUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y LA GESTIÓN DE LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN QUE LE CORRESPONDEN, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 11/2015, DE 18 DE JUNIO, DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. (Número de expediente 212/000077).

- QUE EXPLIQUE EL ERROR RECONOCIDO POR EL FROB EN SUS CUENTAS ANUALES DE 2015, QUE AFECTA A 230 MILLONES DE EUROS, Y LAS PÉRDIDAS REALES QUE ESTÁ SUPONIENDO EL RESCATE BANCARIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000008).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Economía y Competitividad que está convocada en el día de hoy para que tengan lugar distintas comparecencias. La primera de ellas es la comparecencia del presidente de la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, para que informe sobre la evolución de las actividades de este organismo, los elementos fundamentales de su actuación económico-financiera y la gestión de los mecanismos de financiación que le corresponden; así como para la explicación del error reconocido por el FROB en sus cuentas anuales de 2015, que afectó a 230 millones de euros y las pérdidas reales que está suponiendo el rescate bancario. En el primer caso, la petición de comparecencia se realiza por acuerdo de la Comisión de Economía y Competitividad y, en el segundo caso, es del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.

Antes que nada, permítanme que le dé la bienvenida a la Comisión al presidente del FROB. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez que comparece, conoce ya el mecanismo de estas comparecencias. Para conocimiento de todos los miembros de la Comisión, les recuerdo que primero habrá una intervención del presidente del FROB, a continuación tendrán lugar las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios de mayor a menor cerrando el Grupo Popular, y finalmente, le daré nuevamente la palabra al presidente del FROB para que conteste a aquellas aclaraciones o preguntas que hayan hecho los distintos portavoces en el curso de sus intervenciones.

Sin más, agradeciéndole nuevamente su presencia en esta Comisión, tiene la palabra el presidente del FROB.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (Ponce Huerta): Muchas gracias, presidente.

Señor presidente, señorías, cumpliendo con el mandato de control recogido en el artículo 56 de la Ley 11/2015, de reestructuración y recuperación de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, comparezco ante esta Comisión de Economía y Competitividad con la finalidad de informar sobre las principales actividades desarrolladas por el FROB desde mi nombramiento como presidente el pasado 18 de julio de 2015. Asimismo, abordaré de manera muy específica dos asuntos sobre los que se solicitó particularmente mi comparecencia. Como ha citado el presidente, el error reconocido por el FROB en sus cuentas anuales de 2015, que afecta a 230 millones de euros, y las pérdidas reales que está suponiendo el rescate bancario. Como ya tuve ocasión de exponer ante esta Comisión con motivo de la propuesta de mi nombramiento, la Ley 11/2015 reguló de manera definitiva en España lo que a nivel europeo e internacional constituye ya una nueva disciplina de la regulación financiera, la referida a la resolución de entidades. Dentro de esta nueva disciplina, el FROB se integra como una de las autoridades


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financieras de país para responder a un mandato público de alcance y relevancia ya contrastadas durante los últimos años, que consiste en gestionar los procesos de resolución de entidades financieras inviables de la forma más eficaz para proteger la estabilidad del sistema financiero y minimizar el uso de recursos públicos. A su vez, ha de tenerse en cuenta que esta función se ejerce ya de la mano de nuestros socios de la zona euro dentro del ámbito de la unión bancaria a través del Mecanismo único de resolución en el que estamos integrados.

Si hubiera de resumir de manera sencilla los elementos que considero que vertebran la actividad del FROB desde la entrada en vigor de la nueva Ley 11/2015, y mi designación como presidente, estos son claramente los tres siguientes. En primer lugar, la adaptación a un nuevo marco institucional con múltiples autoridades nacionales e internacionales. Esto está exigiendo el mejor esfuerzo de coordinación con las autoridades preventivas de resolución, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, con quienes ya se trabaja en estrecha colaboración. Sobre todo, ha conducido a FROB a intensificar muy significativamente y a todos los niveles su actividad internacional, fundamentalmente para ejercer de manera proactiva la representación española en la Junta Única de Resolución europea. En segundo lugar, tras las lecciones aprendidas en los últimos años y en virtud del nuevo marco legal europeo y nacional, la resolución de entidades transita ya hacia un nuevo esquema operativo. Son los primeros pasos de un camino de transformación que si bien puede llevar tiempo ha de conducir necesariamente a la configuración de una industria financiera mejor preparada para, llegado el caso, acometer su resolución ordenada. En este sentido, ya está en marcha el trabajo preventivo y de planificación de la resolución que en España es competencia de los departamentos integrados en el Banco de España y la CNMV; ya están constituidos y con sus primeras contribuciones privadas los fondos de resolución europeo y nacional, y existe en estos momentos un debate internacional muy intenso sobre algunas políticas y decisiones pendientes, como en particular el requerimiento a las entidades de contar con pasivos fácilmente disponibles para absorber pérdidas en caso de problemas de viabilidad. Por último, el tercer gran desafío ha de ser inevitablemente la culminación óptima del proceso de reestructuración del sector financiero español, del que aunque ya está en fase muy avanzada restan algunas actuaciones ciertamente importantes, en especial en relación con las entidades de crédito a desinvertir y con el cumplimiento de los objetivos de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb. A ello dedicaré, lógicamente, buena parte de mi intervención hoy.

Hecha esta primera aproximación general al lugar en el que hoy se encuentra el FROB, paso ahora a darles cuenta de las cuestiones más importantes de la actividad reciente. Estructuraré para ello mi exposición en cuatro ejes que tratan de abarcar tanto una dación de cuentas general como de manera muy específica y en profundidad aquellas cuestiones para las que se solicitó mi comparecencia. Estos cuatro ejes son los siguientes. En la primera parte de mi intervención les informaré sobre las actuaciones regulares del FROB, que cubren la actividad ordinaria acometida en materia de resolución ejecutiva, el seguimiento de los planes de resolución o reestructuración en curso, los elementos más sustanciales de la evolución de las entidades participadas y el estado de actuaciones judiciales emprendidas por el FROB. En segundo lugar, realizaré una actualización detallada de los datos relativos a los recursos públicos empleados y la cuantificación del coste que está suponiendo el proceso de reestructuración bancaria. A continuación, les informaré del error que el FROB detectó e hizo público el pasado 3 de agosto en relación con las cuentas anuales de 2015 relativo al cálculo de la valoración de la participación en BFA. Finalmente, señorías, me detendré por su evidente relevancia durante las últimas semanas en los estudios en curso de cara a decidir la estrategia más adecuada de desinversión en Bankia y BMN.

Quisiera, por lo tanto, comenzar dando cuenta de las principales actuaciones desarrolladas por el FROB en el marco de la nueva normativa de resolución y en particular las que se derivan de nuestra integración en Europa en el Mecanismo único de resolución. Como conocen sus señorías, desde enero de 2015 la Junta Única de Resolución, en cuya sesión plenaria yo mismo represento a las autoridades españoles, es la responsable de ejercer las competencias de resolución de las entidades de crédito españolas más significativas. Básicamente, se trata de los catorce grupos bancarios españoles de más importancia junto con otras 116 grandes entidades de la zona euro. Por otra parte, el resto de entidades que quedan fuera del paraguas de la Junta Única de Resolución son atribución de las autoridades españolas; es decir, el propio FROB junto con el Banco de España para entidades de crédito y CNMV para empresas de servicios de inversión. Estas son un total de cincuenta y cuatro entidades de crédito, de las cuales treinta y ocho son cooperativas de crédito y cuarenta empresas de servicios de inversión, en su gran mayoría de un tamaño reducido. Pues bien, en relación con el trabajo de unas y otras autoridades


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conviene incidir en la siguiente actividad. La Junta Única de Resolución europea ha centrado buena parte de sus esfuerzos del último año -primero de su andadura- en su propia configuración interna y puesta en funcionamiento. Ello ha provocado que haya venido apoyándose de manera notable en las autoridades nacionales de resolución. Nuestro país ha colaborado muy activamente, por ejemplo, en áreas como la elaboración de manuales y guías operativas, la configuración y recaudación de contribuciones al Fondo único de resolución o en la elaboración de los borradores de planes de resolución, donde en particular el liderazgo de los grupos de trabajo constituidos al efecto ha correspondido al Banco de España como autoridad española de resolución preventiva para entidades de crédito.

En cuanto a la actividad más operativa de la junta europea destacaría, por no extenderme demasiado en ello, dos asuntos: los avances en materia de planificación y la constitución del Fondo único de resolución. En materia de planificación, la junta ha previsto para finales de este año tener elaborados los planes de resolución de doce de las catorce entidades españolas. De hecho, hace unos días, el pasado 12 de octubre fueron aprobados los planes de las tres primeras. Por su parte, el Fondo único de resolución fue creado el pasado mes de enero bajo la administración de la junta europea financiado con las contribuciones de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión que están sujetas a la supervisión del Banco Central Europeo. El fondo cuenta ya con una dotación total de 10.800 millones de euros y deberá alcanzar en diciembre de 2023 el 1 % del total de los depósitos cubiertos de la zona euro, una cifra que superará claramente los 55.000 millones de euros. Las entidades españolas han contribuido ya con 1.420 millones de euros, un 13 % del total del fondo en su conformación actual. De forma análoga, en España se ha creado gestionado por el propio FROB el Fondo de resolución nacional, dotado con las contribuciones de empresas de servicios de inversión que no están incluidas en el ámbito europeo. Su dimensión es, lógicamente, de un alcance mucho más reducido. Cuenta hoy con algo más de 2,5 millones de euros procedentes de la contribución de veintiocho empresas de servicios de inversión.

Continuando con el ámbito más estrictamente nacional, el FROB viene desde hace meses adaptándose a las nuevas funciones a desarrollar. En particular, se centra en los esfuerzos en la planificación interna, desarrollo de manuales y protocolos de actuación y demás actuaciones necesarias para garantizar nuestra capacidad de gestionar los procesos de resolución de forma sistemática, eficiente y bien coordinada con las demás autoridades involucradas. En esta precisa área de coordinación se está ultimando la suscripción de sendos convenios de colaboración con el Banco de España y la CNMV. En ellos se recogerán los elementos básicos de intercambio de información y cooperación con la finalidad de asegurar una eficiente aplicación de cualquiera de las medidas de actuación temprana y resolución de entidades. En lo que se refiere en particular a los trabajos nacionales de planificación, está previsto que en las próximas semanas el FROB reciba para su informe preceptivo los primeros planes de resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión del Banco de España y CNMV, respectivamente. Asimismo, el FROB está desarrollando los procedimientos adecuados de intercambio de información con los supervisores, de forma similar a como lo hace la Junta Única de Resolución y el Banco Central Europeo, para realizar un seguimiento de aquellas entidades que presentan un perfil de riesgo más elevado para detectar en último extremo posibles indicios de inviabilidad. Finalmente, procede informar de que en junio de este año se produjo la declaración de inviabilidad por parte de la CNMV de una empresa de servicios de inversión de tamaño muy reducido, con un activo de 923.000 euros; es decir, el 0,01 % de los activos totales del sector. De conformidad con la información facilitada por la CNMV, el FROB acordó en el mes de julio que no procedía la apertura de un proceso de resolución, teniendo en cuenta tanto su reducidísima dimensión como la inexistencia de perjuicio alguno para los escasos inversores que permanecían en la entidad.

A continuación, permítanme sus señorías que me detenga brevemente en actualizar el estado de situación de los procesos de reestructuración de entidades de crédito, los llevados a cabo en el marco del programa de asistencia financiera, que se puso en marcha, como saben, en 2012. Haré énfasis ahora en las entidades que actualmente no están participadas por el FROB para referirme más adelante a estas otras. Durante los últimos meses los dos hitos más relevantes acaecidos son los siguientes. En primer lugar, en diciembre de 2015 concluyeron los planes de resolución del Banco de Valencia y Banco Gallego, habiéndose cumplido todos los compromisos recogidos en ellos sin incidencias. Estas entidades están ya integradas, como saben, en CaixaBank y Banco Sabadell, respectivamente. En el caso de Banco de Valencia conviene recordar, no obstante, que continúa vigente el esquema de protección de activos que se otorgó en el momento de su venta y sobre el que se realiza desde FROB un seguimiento constante. En segundo lugar, durante el primer trimestre de este año 2016, y de acuerdo con el calendario previsto, Ibercaja Banco, dentro de cuyo grupo se integró Banco Grupo Cajatres -entidad receptora de las


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ayudas-, procedió a amortizar el 5 % de la emisión de obligaciones contingentemente convertibles, los denominados Cocos, suscrita por el FROB por un importe de 20,4 millones de euros. Con carácter más general, y de conformidad con la información que tenemos disponible, los procesos de reestructuración de las entidades que recibieron apoyo público siguen avanzando a un ritmo satisfactorio y el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de estas entidades resulta adecuado.

Son siete las entidades con planes vigentes, incluyendo el Grupo BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum, Catalunya Banc -integrada plenamente desde este mes de septiembre en BBVA-, NCG Banco, Abanca, Liberbank, Banco Ceiss -dentro del Grupo Unicaja- y Cajatres -integrada en Ibercaja-. La mayor parte de las entidades han finalizado los ajustes de balance, plantilla y oficinas, tal y como exigían sus planes, y las restantes se espera que lo consigan dentro de las fechas establecidas. En cualquier caso, se mantiene el seguimiento continuado del cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades con especial atención en aquellos que no han sido aún completados y vencen a finales de este año 2016. Por último, recordarán que el FROB vendió su participación en el capital de NCG Banco por un precio de venta de 1.003 millones de euros. Con fecha 5 de mayo de 2016, el comprador anticipó parte del pago aplazado sobre el calendario previsto por 300 millones de euros, quedando ahora pendiente idéntica cantidad del pago aplazado.

Paso a continuación, señorías, a actualizar los elementos más importantes de las empresas y entidades actualmente participadas por el FROB. Comenzaré por dos entidades de crédito: el Grupo BFA-Bankia y BMN. Debe señalarse, en primer lugar, que desde las inyecciones de fondos públicos recibidas en diciembre de 2012 y marzo de 2013, respectivamente, ambos bancos han venido cumpliendo rigurosamente los requisitos de sus planes de reestructuración. De hecho, sus esfuerzos de reestructuración han superado los citados compromisos, de modo que ambas entidades se encuentran hoy entre las que poseen mejores ratios de eficiencia del sector financiero. No obstante, señorías, el sector bancario se encuentra actualmente en un contexto complejo al que las entidades participadas por el FROB no son ajenas y que ha supuesto en los últimos meses el descenso de la valoración de los bancos, no solo españoles sino también europeos. Esta situación puede responder a algunos factores ajenos al sector, como las incertidumbres económico-políticas y particularmente el brexit, pero son dominantes las causas específicamente financieras. Es el caso del entorno de tipos de interés, extraordinariamente bajos, y su impacto en el margen financiero de la rentabilidad bancaria; la mayor presión regulatoria y supervisora, que implica crecientes requerimientos de capital y saneamiento de las entidades; las contingencias que por diferentes litigios y malas prácticas bancarias del pasado pueden impactar en las entidades; y de forma menos inmediata, pero si se quiere eventualmente más disruptiva, la carrera competitiva por la digitalización del modelo de negocio. En este contexto los gestores de las entidades del FROB tratan de manejar este complejo entorno con la máxima profesionalidad y con el objetivo final de proteger el valor de la participación pública, hasta que el FROB, dentro del marco legal aplicable, decida emprender las acciones de desinversión que considere óptimas para maximizar el retorno de las ayudas.

Refiriéndome al caso particular del Grupo BFA-Bankia, en 2015 arrojó un resultado de 1.040 millones de euros, lo que le permitió por segundo año consecutivo repartir dividendos. De ahí que BFA, participada, como saben, al cien por cien por el FROB, haya recibido 195 millones de euros en dividendos este año, que se suman a los 129 millones del año anterior. A continuación, me detendré un poco más para describir el estado actual de las contingencias legales que, como saben, vienen afectando de manera considerable la trayectoria de BFA-Bankia, tanto las relativas a la comercialización de participaciones preferentes, como la oferta pública de suscripción de Bankia en 2011. Pues bien, como recordarán sus señorías, el 27 de febrero de 2015 BFA firmó un convenio transaccional con Bankia para el reparto de las contingencias derivadas de los pleitos civiles relacionados con la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia en lo relativo al tramo minorista. Así, BFA y Bankia acordaron establecer que esta, Bankia, asumiría un tramo de primera responsabilidad hasta el 40 % de los costes, correspondiendo a BFA los que excedieran dicha cantidad, esto es hasta el 60 %, con un límite máximo de 780 millones de euros. Este límite máximo fue ampliado en diciembre de 2015 a raíz de la actualización de las estimaciones de impacto hasta los 1.840 millones de euros actuales. Posteriormente, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 enero 2016, que confirmaba la anulación de la adquisición de acciones de Bankia en su salida a bolsa en el tramo minorista, Bankia definió una nueva estrategia procesal que permitía reducir los importantes costes derivados de la vía judicial. Así, la entidad puso en marcha un proceso de restitución de la inversión para clientes minoristas a través del cual se han satisfecho ya 135.000 reclamaciones de clientes por un importe cercano a los 700 millones de euros. Asimismo, por la vía judicial se ha devuelto


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el dinero invertido minoristas en ya cerca de 75.000 expedientes judiciales. Por otra parte, la entidad ha recibido también algunas demandas de inversores institucionales. No obstante, estos litigios tienen características específicas, teniendo en cuenta el tenor de la propia jurisprudencia acumulada sobre el caso, el perfil de los inversores y las vinculaciones que estos podrían tener con el propio Grupo BFA-Bankia. Por su parte, en lo que se refiere a las demandas por mala comercialización de instrumentos híbridos, recordarán sus señorías que se articuló un proceso de arbitraje que finalizó con la devolución de la inversión a más de 130.000 reclamaciones, con un impacto final de 1.126 millones de euros. En paralelo, entre los años 2013 y 2016 el grupo ha dotado provisiones para hacer frente a reclamaciones judiciales por esta misma cuestión, hasta un importe de 1.531 millones de euros, que corresponden a alrededor de 32.600 demandas a junio de este mismo año 2016.

Paso ahora, señorías, a hacer una breve mención sobre la evolución de Sareb. A finales del ejercicio 2015, Sareb efectuó un proceso de valoración de sus activos derivado de la entrada en vigor de la Circular 5/2015 del Banco de España. Esta novedad normativa ha supuesto un cambio en la actividad de la sociedad y no solo en el tratamiento contable de sus activos. Su aplicación puso de manifiesto la necesidad de registrar provisiones adicionales a las recogidas en ejercicios anteriores por importe de 2.044 millones de euros y, en consecuencia, a cierre del ejercicio 2015 Sareb presentaba una situación de fondos propios negativos que condujo a la conversión de su deuda subordinada en capital por importe de 2.170 millones de euros, previa reducción a cero del capital original. Hoy, tras la conversión que permitió el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad, el FROB mantiene una participación de 45,9 %. En cuanto a su actividad ordinaria, durante el ejercicio 2015 Sareb obtuvo unos ingresos de 3.885 millones de euros, lo que permitió amortizar aproximadamente 2.000 millones de euros de deuda avalada por el Estado. Conviene recordar también, por tratarse de una cuestión estratégica de primer orden, la culminación reciente del proceso de traspaso de la gestión de activos desde los bancos cedentes a empresas especializadas, encargadas ahora de profesionalizar y hacer más eficiente esta gestión. De otra parte, me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en el último año Sareb ha intensificado su actividad de responsabilidad social corporativa. Hasta la fecha se han confirmado convenios de cesión de viviendas para su uso social con once comunidades autónomas y con cuatro ayuntamientos, entre ellos los de Madrid y Barcelona. El total de viviendas dedicadas a este cometido social alcanza las 2.300.

En otro orden de cosas, entro a comentar los trabajos del FROB en la investigación y análisis de prácticas de gestión presuntamente irregulares en las entidades que han recibido apoyo público. Como ya conocen sus señorías, la exigencia de responsabilidades a los gestores de las entidades que recibieron ayuda, así como la detección de cualquier conducta irregular ha sido desde el inicio de la reestructuración bancaria uno de los principales focos de atención del FROB. Este organismo ha centrado gran parte de su actividad tanto en el análisis y detección de las operaciones que pudieran ser susceptibles de un reproche penal como en el ejercicio de acciones procesales para la persecución de las conductas irregulares de los administradores y la reclamación de los daños y perjuicios causados. Con idéntica finalidad el FROB ha impuesto a todos los adquirentes de entidades con ayudas públicas la obligación de mantener la acción procesal o ceder las acciones judiciales de responsabilidad civil iniciadas o que pudieran iniciarse, y a entregar al FROB todas las cantidades que pudieran ser finalmente restituidas.

En el marco del protocolo para el impulso de actuaciones judiciales del que se dotó el FROB en mayo de 2013, se han revisado noventa operaciones de las entidades relacionadas con el tráfico inmobiliario y prácticas retributivas, de las que finalmente se han trasladado cuarenta y siete a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, que supondrían un perjuicio económico global estimado de 3.500 millones de euros. Las dos últimas actuaciones de traslado a la fiscalía han sido las siguientes: con fecha 30 de julio de 2015, se remitieron cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caja Penedès, que implicaban un quebranto patrimonial aproximado de 175 millones de euros; en marzo de este año 2016, se acordó el envío de diez operaciones de las antiguas Bancaja y Caja Madrid, con un perjuicio patrimonial estimado de 1.500 millones de euros.

Esta labor de análisis, detección de conductas potencialmente irregulares y denuncia a la fiscalía es probablemente la más relevante que corresponde al FROB para propiciar la adecuada exigencia de responsabilidades a los administradores de las entidades que recibieron ayudas públicas. A partir de ahí, recae lógicamente en los tribunales, señorías, el ejercicio de la potestad jurisdiccional. No obstante, también en esa fase jurisdiccional el FROB viene desarrollando una intensa actividad de personación. Hasta hoy el FROB se ha personado en veinticuatro causas penales, de las que veinte están iniciadas por denuncia del propio organismo ya sea directamente ante la fiscalía o a través de las entidades durante el


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periodo en que fueron administradas por el propio FROB. Obviamente, estas actuaciones se ejercen siempre dentro de los límites definidos por las leyes procesales y en estrecha colaboración con el ministerio fiscal en tanto que máximo garante de la legalidad dentro de los procedimientos.

Quiero subrayar que la defensa de la condición de perjudicado por el FROB ha centrado también gran parte de los esfuerzos procesales. Si la exigencia de responsabilidades a los gestores justificó la labor de detección y denuncia de conductas irregulares, la recapitalización de entidades privadas con dinero público y el legítimo objetivo de maximizar la recuperación de esas ayudas justifican nuestra condición de perjudicados en los procesos que se sustancian después. Así, el FROB ha empleado para este reconocimiento todos los recursos procesales existentes y lo ha hecho con éxito, habida cuenta de los pronunciamientos judiciales que reconocen esta condición. En definitiva, señorías, creo que el FROB viene ejerciendo con diligencia sus responsabilidades en esta materia. Tras la labor de detección y denuncia inicial en esta fase, la actividad se concentra en cooperar de forma activa con la Administración de Justicia, en especial con la Fiscalía Anticorrupción, para favorecer la adecuada instrucción de las causas, procurando la recuperación de las ayudas públicas y la debida exigencia de responsabilidades civiles y penales que correspondan.

A continuación les expondré, por la relevancia que estos datos presentan y tratando de abordar con claridad la solicitud de información sobre las pérdidas ocasionadas por el rescate bancario, la evolución de las ayudas públicas canalizadas a través del FROB. Trataré de hacerlo de la forma más clara y ordenada posible. El total de recursos públicos empleados por el FROB para la reestructuración del sistema bancario español asciende a 58.996 millones de euros. No obstante, para completar esta cifra habría de añadirse que el Fondo de garantía de depósitos ha aportado también 19.607 millones de euros, financiados en este caso por las propias entidades de crédito. Adicionalmente, a lo largo de estos años y mediante distintos conceptos, se ha apoyado la liquidez de las entidades mediante avales del Estado y líneas de liquidez extraordinarias por valor de 177.976 millones de euros, de los cuales prácticamente todo se ha recuperado con sus intereses y lo que queda vivo fundamentalmente es el aval concedido por el Estado a los bonos Sareb por 50.781 millones de euros, de los que ya se han amortizado 7.300 millones.

Paso a detallarles los diferentes conceptos dentro de esta cifra global -me refiero a la del FROB-, que no obstante tienen sus señorías reflejados en el anexo que entiendo que se les ha facilitado anteriormente. En primer lugar, el grueso esencial de esos 58.996 millones de euros lo constituyen 54.353, inyectados para la recapitalización de un total de once entidades de crédito con la finalidad de evitar lógicamente los efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero que hubiera ocasionado su liquidación. Destacan como procesos que han supuesto un mayor coste en términos absolutos de recursos los 22.424 millones de euros en BFA-Bankia, los 13.889 de Catalunya Banc, los 11.000 de Banco CAM y los 10.251 de NCG Banco. Aunque si se observa en términos relativos, las entidades que han recibido más ayudas en función de su balance son claramente el Banco de Valencia, un 28 % de ayudas sobre el total balance; Catalunya Banc, 18 %; Banco CAM, 16 %; CCM, 15 % y NCG Banco, 14 % de ayudas sobre el total de su balance.

Aunque cuantitativamente de mucho menor importe que los anteriores referidos a la recapitalización, en segundo lugar se encuentran las garantías otorgadas por el FROB en los procesos de desinversión o apoyo a la integración de entidades. En este caso, la pérdida estimada por el FROB por esta partida alcanza un importe de 2.451 millones de euros. Estas garantías se pueden agrupar en dos grandes conceptos: primero, los esquemas de protección de activos en los que el FROB asume un porcentaje de las pérdidas en determinadas carteras de créditos e inmuebles adjudicados; y, en segundo lugar, los compromisos de indemnización otorgados a las entidades que han adquirido entidades en resolución, relacionados en su mayor parte con contingencias de carácter legal.

En tercer lugar, completaría la información anterior la inversión de FROB en Sareb mediante la suscripción de acciones y deuda subordinada por un importe de 2.192 millones de euros.

Los importes anteriores se refieren evidentemente a los recursos públicos empleados o comprometidos por el FROB durante estos años. No obstante, el coste definitivo debe tener en cuenta los importes que progresivamente se van recuperando y las demás operaciones que pueden provocar un incremento o una disminución de la cifra global. Entramos, por tanto, en el complejo terreno de las estimaciones sobre la recuperabilidad de estos 58.996 millones citados anteriormente, sobre los que no obstante, y con la debida prudencia, se pueden tener en cuenta algunos elementos que paso a facilitarles. Así, el FROB puede considerar como ingresos efectivos hasta la fecha 4.837 millones de euros derivados en gran parte de la amortización e intereses de instrumentos híbridos de capital y de la venta de entidades, según el detalle


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que tienen en el citado anexo. Además, el repago de los Cocos procedentes de Banco Ceiss y Banco Grupo Cajatres, integrado hoy en Ibercaja, supondrían 604 y 387 millones de euros, respectivamente, a los que habrían de sumarse 140 millones adicionales de intereses devengados hasta el vencimiento de esos Cocos. En cuanto a Sareb, de acuerdo con el plan de negocio actual de la compañía que alcanza su término en 2027, se estima que, de cumplirse las hipótesis empleadas, se recuperará la inversión realizada tanto en capital como en deuda subordinada. Por lo que respecta al apartado de garantías, dado que parte de ellas todavía no se han materializado y continúan en vigor, las estimaciones de pérdidas estimadas podrán sufrir variaciones tanto al alza como a la baja en función de la evolución final de las contingencias garantizadas.

Por último, lógicamente la cuantificación del coste final de las ayudas públicas depende de un factor que cuantitativamente ha de ser el más relevante pero al tiempo no se puede anticipar, se trata lógicamente de la venta final de las participaciones públicas en el capital de BFA-Bankia y Banco Mare Nostrum, algo que, como digo, es muy difícil de estimar, máxime teniendo en cuenta la actual volatilidad en los mercados y que entronca, como les anticipé a sus señorías, con el último apartado de mi presentación, en el que les informaré sobre los estudios en marcha para organizar el proceso de desinversión en ambas entidades.

Adicionalmente, señorías, para ofrecer la máxima claridad, quiero destacar que las cifras anteriores se refieren a las cuantías empleadas directamente en los procesos de reestructuración, no incluyen gastos acometidos por el FROB vinculados a la ejecución de tales procesos, como por ejemplo los gastos financieros soportados, cuyo importe añadiría alrededor de 1.500 millones de euros, compensaciones al Fondo de garantía de depósitos por unos 110 millones de euros, o los gastos derivados de la contratación de informes de valoración, representantes en las entidades, notarías y otros asesoramientos, que alcanzan la cifra de 28 millones de euros.

Finalmente permítanme, señorías, que junto a las cifras de costes dedique también unas palabras a recalcar cómo con la perspectiva del tiempo transcurrido podemos comprobar que los objetivos sobre los que se asentó toda esta excepcional movilización de recursos públicos han sido razonablemente satisfechos. Me refiero al mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero y en particular a la completa protección de los depositantes. Solo en la protección de este interés público superior se justifica, de conformidad con la regulación nacional y europea, la intervención pública acometida. Creo, por tanto, que en el punto en el que nos encontramos pueden extraerse dos conclusiones: en primer lugar, que las medidas de reestructuración de estos años lograron restaurar la confianza indispensable para el correcto funcionamiento del sector financiero, lo que indudablemente habrá contribuido positivamente a la evolución económica general; y, en segundo lugar, que no obstante lo anterior, al FROB aún le quedan importantes desafíos para lograr minimizar la cifra última de apoyos públicos concedidos.

Como les avancé al principio, informaré seguidamente del error que el FROB hizo público el pasado 3 de agosto en relación con las cuentas anuales de 2015, relativo al cálculo de la valoración de la participación en BFA. A finales de julio, al hilo de trabajos ordinarios que empleaban la información financiera relativa al Grupo BFA, los servicios técnicos del FROB apreciaron la existencia de un error en el proceso de valoración contable de la participación en la citada entidad. Básicamente, el error suponía que el deterioro registrado en sus cuentas por dicha participación debería haber sido superior en 230 millones de euros, es decir; en lugar de un deterioro contable de 763, debería haber ascendido a 993 millones de euros. En consecuencia, el resultado del ejercicio ascendió a unas pérdidas de 1.523 millones de euros en lugar de los 1.293 millones publicados. Trataré de simplificar con transparencia y presentar con la máxima claridad el origen del error que se produjo.

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que para la contabilización en las cuentas del FROB de sus participaciones en entidades de crédito se realiza anualmente el cálculo del deterioro o, en su caso, reversión del mismo sobre la contabilización del ejercicio anterior. El error consistió en que, como se había venido haciendo en todos los ejercicios, se incorporaron en el cálculo del citado deterioro unas plusvalías tácitas procedentes de la cartera de renta fija de Bankia que no debieron incorporarse este año, ¿por qué?, porque aunque estas plusvalías seguían constando en el perímetro subconsolidado, es decir, en Bankia a nivel individual, a nivel del Grupo BCA no debían añadirse este año, porque este mismo año el grupo registró contablemente su cartera de renta fija como disponible para la venta, lo que implica que las citadas plusvalías ya figurasen en contabilidad, en concreto en una cuenta de patrimonio neto denominada ajustes por cambio de valor. De modo que el error se produjo al computar doblemente tales plusvalías en nuestras cuentas.


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Señorías, esto es lo que ocurrió exactamente: una equivocación técnico contable que lamentablemente tampoco el auditor externo logró detectar, a pesar de la correcta sustentación de todas las fases en la elaboración de cuentas.

Una vez explicado lo anterior, quisiera añadir información sobre dos cuestiones: la ausencia efectiva de implicaciones derivadas del error y las actuaciones emprendidas desde la misma mañana en que se detectó, el pasado 28 de julio. En primer lugar, respecto a las implicaciones, al tratarse de un error en la estimación contable del valor de una participada, que anualmente se actualiza, solo tiene un impacto en ese reflejo contable, e incluso en este marco contable y, a pesar de que el auditor consideró la no necesidad de reformular cuentas, el FROB decidió, dado el importe significativo y en aras de la debida transparencia, poner en conocimiento su existencia. Pero es importante aclarar que este defecto carece de relevancia alguna en términos de ayudas públicas ni tiene nada que ver con los resultados o desempeño de la entidad, ni en la capacidad del FROB de recuperación de los fondos inyectados en la misma; tampoco, lógicamente, afecta al déficit público.

En cuanto a nuestra actuación, desde el instante en que se tuvo conocimiento del error, se informó al auditor de cuentas y se convocó inmediatamente el Comité de auditoría y la Comisión rectora del FROB. El auditor comunicó que dicho error se encontraba dentro de sus niveles tolerables de materialidad, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, por lo que no habría surgido la necesidad de incluir una salvedad de auditoría, en su opinión y, por tanto, no exigía la reformulación de cuentas anuales del ejercicio 2015. Por su parte, el Comité de auditoría del FROB tomó razón del error detectado y elevó sus propuestas a la Comisión rectora. Se acordaron definitivamente dos actuaciones: una adecuada comunicación, en aras de garantizar la debida transparencia sobre la situación financiera, económica y patrimonial del FROB y una revisión de los procedimientos internos del FROB, con el objeto de reducir el riesgo de errores futuros en la información financiera. Por tanto, de manera inmediata se procedió a informar de la existencia del error y de sus implicaciones contables en la página web mediante un comunicado fechado el 3 de agosto. En cuanto a la revisión de los procedimientos internos, la siguiente reunión de la Comisión rectora, celebrada el pasado 20 de septiembre, ya fue informada de las medidas puestas en marcha. El FROB, tras analizar las posibilidades de mejora, identificó dos áreas de acción para reforzar el procedimiento interno de elaboración de las cuentas anuales: por una parte, se ha revisado y perfeccionado formalmente el procedimiento de recopilación de la información financiera y, por otra, se ha implantado un procedimiento de revisión y control interno, por departamento distinto del originador, aplicable a la valoración de participadas.

Señorías, cuando comparecí ante esta misma Comisión el pasado año como candidato a presidir el FROB manifesté un compromiso explícito con la transparencia. Creo que el tratamiento que le hemos concedido a este asunto, basado en la publicidad activa, es consecuente con esa voluntad de apertura y dación de cuentas.

Realizadas las explicaciones anteriores, paso a informarles de la situación financiera y patrimonial del FROB a cierre de 2015, ajustadas, lógicamente, al defecto referido. En cuanto al balance, el activo del FROB asciende a 19.557 millones de euros, cuyos principales componentes son el valor neto de las participaciones de BCA -cien por cien del FROB, como saben-, BMN 65 % y Sareb 45 %, tras haber aplicado los correspondientes deterioros. Asimismo, en el activo se encuentran las obligaciones contingentemente convertibles de las que ya hablé, de Banco CEISS y Grupo Cajatres, actualmente en Ibercaja, y la deuda subordinada de Sareb. Finalmente, el resultado del ejercicio de 2015 ha reflejado unas pérdidas de 1.523 millones de euros. De este modo, al cierre del ejercicio, los fondos propios del FROB se sitúan en la cifra de 77 millones de euros.

Por último, querría llamar su atención, señorías, sobre el estudio de las posibilidades de desinversión que el FROB ha hecho público recientemente. Como saben, el FROB analiza de manera continuada las diferentes alternativas existentes para acometer la desinversión en Bankia y BMN, en los términos y plazos exigidos legalmente y tratando de maximizar el retorno de la ayuda pública concedida. Tras la desinversión realizada en febrero de 2014 del 7,5 % en Bankia y la exploración de la posibilidad de salida a Bolsa de BMN a mediados del año pasado, la realidad es que la negativa evolución de la valoración de las entidades financieras a la que hice referencia anteriormente ha dificultado actuaciones de desinversión en condiciones claras para la efectiva maximización del retorno de las ayudas públicas. En este contexto, y en el marco del trabajo continuado que el FROB realiza sobre esta materia, su Comisión rectora, en composición reducida, acordó el pasado 28 de septiembre poner en marcha las medidas necesarias para el estudio y valoración de una posible reordenación de las entidades de crédito participadas por FROB


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mediante la fusión de Bankia y BMN, explorando al mismo tiempo otras posibles alternativas. Nos encontramos, por tanto, en una fase de estudio y contraste de las mejores opciones para maximizar el valor de las citadas entidades y optimizar la capacidad de recuperación de ayudas.

Tras avanzar en estos trabajos y haber analizado bien las posibilidades de cada opción, teniendo en cuenta la normativa aplicable, tanto nacional como europea, en particular de ayudas de Estado, llegará el momento de adoptar una decisión definitiva. Esta deberá adoptarse por una Comisión rectora del FROB con representantes de los ministerios de un Gobierno en plenas funciones. Es lo que parece más conveniente a la luz del efecto que tendría en la capacidad de recuperación de las ayudas públicas inyectadas, como también señalé anteriormente. El anuncio realizado hace unos días por el FROB respondió, por tanto, a una voluntad de transparencia y puntual respeto de la normativa del mercado de valores, que exige la máxima publicidad de este tipo de análisis por lo que pudiera impactar en una sociedad cotizada como Bankia. El anuncio ha generado, como era de prever, especial resonancia pública, en particular el estudio de la fusión de Bankia y BMN. Esta es, lógicamente, una alternativa razonable que necesariamente ha de estudiarse, siempre desde una perspectiva de racionalidad técnica y profesional, en el marco de un respeto escrupuloso de la normativa aplicable y del funcionamiento de los órganos de gobierno de ambas sociedades y con el único objetivo de optimizar la recuperación de ayudas. Pero es importante subrayar que, al mismo tiempo, otras alternativas que pasen por la desinversión individual de las entidades deben estudiarse con idéntica profundidad y propósito.

Por último, les puedo avanzar a este respecto que, ayer mismo, la Comisión rectora del FROB aprobó el inicio del proceso de contratación para el asesoramiento sobre la reordenación de sus participaciones y otras posibles estrategias de desinversión. Cuando en los próximos días se culmine esta adjudicación, el FROB contará con un asesor externo con el mandato específico de estudiar comparativamente las diferentes alternativas en los términos que les acabo de exponer.

Concluyo ya, señor presidente. Como se deriva de mis palabras anteriores, el FROB vive hoy en una fase de transición, aún volcado intensamente en la culminación del proceso de reestructuración bancaria de los últimos años y abriendo el camino, junto al Banco de España y la CNMV y, en particular, nuestros socios europeos de la Unión Bancaria, para construir un sector financiero mejor preparado para gestionar casos de inviabilidad. De un lado, por tanto, tratando de encontrar el camino técnicamente más acertado para, tras haber logrado el restablecimiento de la estabilidad financiera, cerrar el proceso emprendido hace años con el mínimo coste público; de otro, tratando de emplear las dolorosas lecciones aprendidas durante el citado proceso en fortalecer la capacidad estructural de nuestro sistema para gestionar los críticos escenarios de inviabilidad financiera de la forma menos lesiva para el interés público en general y para el dinero de los ciudadanos en particular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ponce.

Es ahora el turno de los representantes y portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor Ponce, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. También queríamos agradecerle que su intervención la haya proporcionado al conjunto de grupos de la Cámara con un día de antelación. No tiene muchos precedentes en el Parlamento español, es una muestra de transparencia y quería, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradecerle ese gesto que ha tenido.

Señor Ponce, le voy a realizar una serie de preguntas sobre cuatro grandes temas que preocupan a la sociedad española, desde nuestro punto de vista, y también al Grupo Socialista. El primer bloque tiene que ver con las ayudas públicas al sector bancario. También el Banco de España publicó el pasado 7 de septiembre una nota de actualización de las ayudas públicas otorgadas a la banca durante el proceso de reestructuración del sector bancario español -esa nota también está disponible en la web del FROB-, donde se detallan las ayudas financieras otorgadas en diversas formas de capital. Se hace referencia allí a 62.000 millones de euros, de los cuales 53.500 millones han sido aportados por el FROB y prácticamente 8.000 millones lo han sido por la industria, a través del Fondo de garantía de depósitos. La pregunta es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo y le parece afortunada la expresión de que no nos va a costar a los españoles un solo euro el rescate de los bancos? ¿Le parece afortunada esa expresión? ¿Está de acuerdo con la expresión que han hecho pública varios miembros del Gobierno de España?


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¿Cuál es la estrategia del FROB -usted ha hablado de algunas cuestiones en su intervención- para maximizar la recuperación de las ayudas públicas? ¿Cuál es la estimación que hace usted de cuánto se va a recuperar de esas ayudas? ¿Cuánto puede decir el FROB que en este momento no se va a recuperar y que los españoles ya tienen que dar por perdido? Es una pregunta que me gustaría que nos contestara.

Un segundo bloque para nosotros importante es el proceso de integración de Bankia-BMN. Efectivamente, el pasado 28 septiembre el FROB publicó una breve nota en la que informó de que la Comisión rectora había acordado poner en marcha el análisis de la estrategia de fusión de Bankia y BMN. La nota decía que al mismo tiempo se analizarían otras posibles alternativas para maximizar el valor de las mismas y optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas.

Valoramos razonablemente la estrategia de fusión eventual de ambas entidades en la medida en que pueda tener una lógica desde el punto de vista de la maximización de la posible recuperación de las ayudas otorgadas a ambas entidades en forma de capital y la valoramos razonablemente en la medida en que surja un jugador reforzado en el área de influencia de ambas entidades.

En todo caso, ¿cuál es la posición de la Comisión Europea sobre la eventual fusión de estas dos entidades? Porque, a nuestro juicio, algo tiene que decir y mucho. ¿Cuál es, insisto, la posición de la Comisión Europea? ¿Cómo afecta esta operación al calendario previsto para la enajenación de las participaciones públicas? ¿Cómo valora el FROB las consecuencias de esta eventual fusión desde todos los puntos de vista? Me gustaría conocer su opinión.

El tercer bloque de preguntas tiene que ver con el error de las cuentas anuales de 2015. Usted lo ha explicado perfectamente. Efectivamente, en agosto se anunció que se había detectado un error en el cálculo de la valoración de la participación del FROB en BFA Tenedora de Acciones, que implicaba un mayor importe en el registro del deterioro de esta participada por 230 millones de euros. Por tanto, el deterioro fue de 993 millones de euros en lugar de los 763 millones comunicados. Usted nos ha explicado el error, las actuaciones realizadas, pero ¿puede informar sobre el deterioro de participaciones del FROB y posibles pérdidas adicionales latentes, por ejemplo, en la Sareb? ¿Qué estimaciones hacen desde el FROB de esa posibilidad? ¿Qué actuaciones están pensando llevar a cabo en el presente y el futuro inmediato ante este deterioro de participaciones adicionales del FROB?

El cuarto bloque nos parece importante y tiene que ver con el funcionamiento del FROB y la relación con el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados. A diferencia de casi la totalidad de las economías de la zona euro, en España el reparto de competencias en materia de resolución, usted y sus señorías lo saben perfectamente, que se acordó en la Ley 11/2015 de Recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, estableció un sistema complejo en el que se designó una autoridad de resolución independiente fuera del ámbito del supervisor bancario. De este modo, en España tenemos tres autoridades de resolución, diferenciando entre la resolución efectiva o preventiva. Esto es, el FROB como autoridad de resolución efectiva y el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores como autoridades de resolución preventiva en sus respectivas áreas de competencia.

Siendo conscientes de la complejidad del esquema, el legislador -este Congreso- recogió en el preámbulo de la Ley 15/2015 -abro comillas- que, sin perjuicio de lo anterior, una vez culminados los procesos actualmente en materia y teniendo en cuenta la experiencia del mecanismo de unión único de resolución y de las autoridades de resolución de los Estados miembros, se evaluará este modelo institucional en aras a una mayor eficiencia. Y le pregunto: Si bien aún no es el momento de esa evaluación, ¿cómo valora el funcionamiento del FROB con el nuevo reparto de competencias o con este reparto de competencias complejo y distinto al del resto de economías de la zona euro y de coordinación con el Banco de España y con la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Nos puede realizar sus consideraciones públicamente en términos de eficiencia, de evaluación preliminar y posibles duplicidades y conflictos? Nos gustaría conocer también su opinión sobre esta cuestión que nos parece importante.

Terminó ya, señor presidente. Nos gustaría que nos dijese porque nos parece muy importante, de acuerdo con las cifras que usted maneja y en este momento, ¿cuánto estima el FROB que desgraciadamente los españoles hemos perdido en ese rescate bancario, que sí se produjo, de nuestro país? Sí que hubo rescate bancario y queremos saber cuánto dinero ustedes estiman que ya se ha perdido para los españoles y que tendrán que pagar los españoles de su bolsillo.

Gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos van a intervenir, según han indicado, dos portavoces, don Alberto Montero y don Alberto Garzón. Repartan ustedes el tiempo de los diez minutos como les parezca oportuno. (Pausa). Tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias.

Intervengo con brevedad porque mi compañero a continuación tendrá mayor oportunidad de describir cuál es nuestra posición y además yo creo que sobrevuelan las preguntas conjuntas porque pienso que todos los portavoces parlamentarios aquí compartimos la preocupación que nos ha llevado a pedir esta propia comparecencia.

Es evidente que cuando el presidente del Gobierno anunció que no iba a costar ni un solo euro el rescate bancario y a día de hoy tenemos más de 62.000 millones de euros en pérdidas, no se trata de un menor error contable, sino que se trata naturalmente de algo muy grave que nosotros consideramos que está dentro de una estrategia, que es la del Partido Popular, de ocultar el carácter y la magnitud del rescate bancario. Por eso nos encontramos con sorpresa ante que una entidad como el FROB, que presume de profesionalidad, tenga a bien presentar sus cuentas en junio de este año para las cuentas de 2015, dé unas pérdidas de 1.200 millones de euros y dos meses más tarde tenga que reconocer unas pérdidas superiores que han alcanzado 230 millones de euros más. Para nosotros esto pone en tela de juicio la profesionalidad del FROB porque no estamos hablando de una pequeña empresa, estamos hablando de una entidad que gestiona nada más y nada menos que el rescate bancario, que gestiona miles de millones de euros y que se equivoca en una anotación no menor, sino de 230 millones de euros. Además, dos meses más tarde y con la mediación de una auditoría.

Por tanto, como yo también me conozco las comparecencias de esta naturaleza, quiero formular preguntas muy concretas para que tenga a bien responderlas en su turno de intervención. La pregunta es la siguiente: ¿Se ha planteado el FROB cancelar el contrato con la auditora que consideró que las cuentas estaban bien y que de repente dos meses más tarde resulta que tienen 230 millones de euros de pérdidas adicionales? Porque entiendo yo que la profesionalidad de la auditora también está en cuestión.

Le tengo que hacer otra pregunta. Es sospechoso que fuera agosto el mes en que en una escueta nota del FROB se reconocen 230 millones de euros; agosto, el mes desde luego mejor a todos los efectos comunicativos para que no se entere casi nadie. Eso evidentemente es, como mínimo, sospechoso. Entiendo que algún día se habrían enterado. ¿Es casualidad que sea justo agosto? ¿No podría haber sido a finales de julio, en la tercera semana de julio? Estamos hablando de algo que tiene un procedimiento y para nosotros parece que genera sospechas naturalmente sobre el carácter político que tenía ocultar esta cantidad y por eso pedimos la comparecencia.

Una segunda cuestión, y ya termino, son los procedimientos judiciales. Usted ha hecho una defensa de la participación del FROB en los procedimientos judiciales. Sin embargo, no ha citado, por ejemplo el caso de las cajas gallegas, en las que el Tribunal Supremo consideró que eran penas desproporcionadas por exiguas las de los antiguos directivos de las cajas gallegas. Estamos hablando de que el FROB tiene que asumir pérdidas de miles de millones de euros -y el FROB somos nosotros, no nos engañemos, los ciudadanos de este país- por culpa de una delincuencia organizada dentro de las cajas de ahorro. El FROB se presenta contra a ellas, está junto con la fiscalía en ese proceso, y resulta que tienen unas penas tan exiguas que ninguno va a pisar la cárcel, y viene el Tribunal Supremo y dice que son penas exiguas, pero que no puede hacer nada, porque el FROB no ha pedido nada, porque el FROB no ha pedido un incremento de las penas, no ha recurrido. Así que resulta que el FROB tiene un criterio mucho más laxo que el Tribunal Supremo frente a los delincuentes que generan las pérdidas al FROB. Eso me parece una barbaridad, porque ese dinero es de los españoles y de las españolas y, en este caso concreto, de los gallegos. Entonces la pregunta que le tengo que hacer con crudeza, pero naturalmente con el respeto que le puedo tener a usted y a la entidad, es por qué son tan benévolos con quienes les están ocasionando miles de millones de euros de pérdidas a los ciudadanos, por qué son tan benévolos, por qué no se ha recurrido o por qué no se recurre en otros casos como en el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, por qué no se recurre cuando son absueltos los delincuentes, por qué no se aprovecha al máximo toda la potencialidad jurídica.

En definitiva, esto para nosotros es muy preocupante, porque no son meras anotaciones contables, es el dinero que se podría destinar a sanidad y a educación, y el FROB debería representar esos intereses, porque el hecho de que los delincuentes a los que estamos haciendo referencia tengan afiliación política, y particularmente la misma afiliación política que el presidente del Gobierno en funciones, nos parece un


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conflicto de intereses suficiente grave como para que el FROB debiera haber sido bastante más contundente de lo que lo ha sido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Montero.

El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Ponce, siempre es bueno que se pueda ofrecer luz sobre algo que nos afecta a todos y a todas. Centraré mi intervención en una serie de puntos muy concretos y, al final, formularé una serie de preguntas. El primero de los puntos es que en junio de 2012 el presidente del Gobierno, ahora presidente del Gobierno en funciones, decía de forma contundente en esta Cámara que el rescate bancario no tendría coste para los españoles. No decía que el coste público sería mínimo ni que se trataría de reducir a su mínima expresión, sino que no tendría ningún tipo de costes. Hoy sabemos ya en sede parlamentaria que el rescate bancario se ha producido y se está produciendo a costa de los españoles, es decir, que son los contribuyentes los que están rescatando a los depositantes, que cada uno y cada una de los ciudadanos de este país, queriéndolo o no, está salvando a la banca. Es cuando menos paradójico que sean los contribuyentes los que salven a los depositantes y que esas pérdidas que se están produciendo no hayan sido masivamente asumidas por accionistas, inversores o acreedores de esas entidades financieras, entre otras cosas, porque la esencia de su negocio, la especulación o la inversión consiste precisamente en la asunción de riesgo, la captación de beneficios y de intereses cuando se obtienen esos beneficios y dividendos y la asunción de pérdidas cuando se pierde. Aquí parece que cuando se invierte hay una red de seguridad excesivamente extensa y protectora para los inversores. Ese principio básico se ha perdido en nuestro país, se han socializado masivamente las pérdidas del rescate entre los contribuyentes, se ha inyectado dinero público que se ha perdido para rescatar a instituciones que se han saneado y que se han llegado a vender por un euro. Hemos vendido entidades saneadas por un euro. Con este euro (muestra un euro) nos hubiéramos podido comprar algunos de los que estamos en la sala uno de esos bancos. Una cosa es rescatar a los depositantes, señor Ponce, y otra cosa es que esos mismos depositantes se rescaten a sí mismos, como cuando pagan los impuestos.

El segundo punto, en el que quisiera hacer hincapié y que está vinculado al primero, es la estimación del coste final del rescate. Usted nos ha confirmado que ya hay una serie de pérdidas: 900 millones en el esquema de protección de activos grosso modo; más de 2.000 en el capital de la Sareb, del banco malo -más que malo, malísimo-, y 963 millones en cobertura de adquirentes tras los procesos de desinversión. Pero hay una cosa que es todavía más grave y que usted la deja caer, pero no nos da ninguna luz sobre qué puede ocurrir, y es que el grueso potencial del coste o de la recuperación del dinero público que se ha inyectado en el dinero bancario va a depender de la desinversión o de la venta de Bankia y del BMN, es decir, de cuándo y por cuánto van a poder esos bancos que el Estado compró para evitar precisamente que la crisis se volviera sistémica. Esto contrasta con otros esquemas de rescate que han tenido lugar en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde la desinversión de los bancos ha dado lugar a rendimientos positivos para el Estado y la Administración pública y, por tanto, para los contribuyentes. Nos gustaría saber cuándo y de qué manera se va a garantizar que la desinversión en Bankia y en BMN no genera costes adicionales para los ciudadanos.

En tercer lugar, hay una cosa que me resulta más llamativa en su comparecencia y en su texto, porque contradice lo que normalmente escuchamos, y es que tenemos un banco público, nacionalizado con el dinero de todos, que está dando dividendos. No era tan mala la banca pública y, sin embargo, nos encontramos con que Bankia dio resultados por valor de 1.040 millones de euros, es decir, que el problema quizá no sea la titularidad de la banca, sino quiénes gestionan esos bancos y qué han hecho, especialmente en el caso de las cajas de ahorro.

Hay una cuarta cuestión sobre la que paso muy rápidamente que es la concentración de poder financiero que se está produciendo como consecuencia del rescate bancario y de la reestructuración del sistema bancario. Sobre eso quisiera saber muy en concreto su opinión. En este país han desaparecido más de 73.000 puestos de trabajo en el sector, tenemos una de las ratio más bajas de empleados del sistema bancario por cada 10.000 habitantes, tenemos un proceso de exclusión financiera, especialmente en el mundo rural, donde han cerrado decenas y cientos de oficinas y donde se abre en días alternos, con lo cual hay personas a las que les resulta imposible sacar dinero de su entidad bancaria, si es que ya les


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queda dinero. Es fundamental saber qué le parece la concentración de poder financiero que se está produciendo como consecuencia del rescate.

Termino rápidamente con las preguntas. ¿Cuál es el margen real del Gobierno para impedir la privatización o la desinversión -me da igual el eufemismo- de Bankia o de BMN y, al menos, cuál es el margen para evitar que esa desinversión se produzca en un contexto de pérdidas? Por lo menos, ya que la van a vender, que no nos cueste además el dinero. En segundo lugar, ¿qué le parece el esquema de protección de activos en el que garantizan a los adquirentes de instituciones financieras, que las han comprado normalmente a un precio por debajo de su valor real, la protección de los créditos que están comprando y, por tanto, el Estado y los contribuyentes asumen las pérdidas? La última pregunta, y la reitero, tiene que ver con la concentración de poder, la oligopolización del sistema financiero como consecuencia de la reestructuración que le tienen a usted encomendada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Francisco de la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Me gustaría empezar agradeciendo al compareciente que haya facilitado por escrito el texto de su comparecencia y la voluntad de transparencia y de dar detalles de la actividad que se desprende del texto de su intervención. En primer término, el Gobierno del Partido Popular cuando el FROB ha tenido alguna actuación que la sociedad ha aplaudido, en concreto presentar la denuncia por el tema de las tarjetas Black, decía el ministro De Guindos que el FROB, es decir, el Gobierno, era el responsable de la actuación. Como es una agencia en relación con la cual el Ministerio de Economía tiene mucho que decir, se identifica con el Gobierno. En este sentido, no voy a repetir lo que decía el señor Rajoy de que el rescate del sistema financiero no nos iba a costar ni un euro. Es evidente que no ha sido así y convendría verificar cuál ha sido el coste de estas ayudas públicas. Por lo que se refiere a Bankia y al Banco Financiero y de Ahorros, de su intervención me ha llamado la atención que existe un acuerdo transaccional para pagar parte de los costes con cargo al BFA y no con cargo a los accionistas, accionistas de Bankia que están recibiendo dividendos. Me gustaría saber si esto obedece a que el Estado tuvo alguna responsabilidad en una salida a Bolsa, porque recientemente en el juicio de Bankia se ha demostrado, según el jefe del equipo de inspectores del Banco de España, que fue la salida de un banco que no podía subsistir, que estaba virtualmente en quiebra. Hasta julio de 2015 el presidente del Fondo de reestructuración ordenada bancaria no era usted, señor Ponce, sino el señor Restoy, y seguramente él podría ilustrarnos mejor sobre el precio que hemos pagado todos por esta salida a Bolsa, con unas cuentas que ha dicho el Tribunal Supremo que no obedecían a la realidad, y lo que nos va a costar.

Además de la cuestión de Bankia y del BFA, se ha referido usted al coste de la Sareb, la sociedad gestora para la reestructuración del sistema bancario. Aquí hay algunos aspectos que nos llaman particularmente la atención. Por ejemplo, dice usted que, según el plan de la Sareb, no va a tener ningún coste; sin embargo, luego apunta que nos cuesta 2.000 millones. Tenemos avalados casi 50.000 millones de euros si se han amortizado 2.000 y había 50.000 emitidos. Aquí hay varias historias. En primer término, si se han tenido que aprovisionar los activos de la Sareb, ¿se adquirieron esos activos al precio que se tenían que haber adquirido? Lo pregunto como accionista. En segundo término, ¿cuál es el coste del pasivo que se está soportando en la Sareb? ¿Cuál es el coste del pasivo? ¿Tiene usted algo que decir sobre las operaciones de derivados que han incrementado sustancialmente el coste de la Sareb, lo cual al final podemos acabar pagando entre todos? Como mínimo vamos a pagar el 46,5 %, que es el porcentaje de participación. En general, como a anteriores portavoces, a Ciudadanos le gustaría conocer el coste del banco malo, de la Sareb, así como cuál es el riesgo que existe de que vuelva a entrar directamente en el perímetro público por el hecho de que los accionistas privados no pongan más dinero. Le pasa como al FROB, que ya tiene muy poco capital.

Otra cuestión que nos llama particularmente la atención es que parece que todo el mundo se olvida, en relación con el coste del rescate al sistema financiero, de una cuestión llamada activos fiscales diferidos. El régimen fiscal especial que tiene la banca está suponiendo que recaudemos cada vez menos con el impuesto sobre sociedades, es decir, que paguen muy poco las entidades financieras. Bien, pues esto es una parte del coste y parece ser que no lo estima nadie. No le pido que usted lo haga porque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pidió una estimación del coste que podía suponer para las arcas públicas a la Agencia Tributaria y no fue capaz de dársela, pero en mi opinión -es una pequeña crítica a


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su exposición, que por lo demás ha sido bastante completa- debería incluirse el coste de este régimen especial de activos fiscales diferidos.

Quiero preguntarle también si este año el déficit público se va a ver incrementado en dos décimas por las ayudas financieras tanto a Bankia como a la Sareb del Fondo de reestructuración ordenada bancaria. Y me gustaría que explicase por qué los 246 millones del error contable no forman parte del déficit público. Una cosa es que no computen y otra que no sean muy relevantes, pero yo tengo dudas de por qué las pérdidas de una entidad sometida a la consolidación pública, como es el FROB -obviamente, está dentro del sector público-, no computan en el déficit público. Cuestión distinta es que no formen parte como ayudas financieras del protocolo de déficit excesivo por el que nos miden. En este sentido, el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, como decía anteriormente, también presume de las actuaciones judiciales. Sin embargo, existen quejas -el anterior portavoz, el señor Garzón, ha citado al Tribunal Supremo- y otras acusaciones, por ejemplo en el caso de Bankia, por la actuación del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, y me gustaría saber si usted, como presidente del FROB, tiene algo que añadir a por qué otros querellantes se quejan de la actuación del mismo.

Quiero referirme al tema del error contable. Efectivamente, no parece que sea una cuestión intencionada, pero lo que me llama poderosamente la atención es que un error contable de 246 millones de euros se considere inmaterial, irrelevante, por parte de la auditora. ¿A ustedes les parece que deben trabajar con auditores que consideran esos 246 millones, que reducen a la cuarta parte el capital, un error inmaterial y que en consecuencia no se debe decir nada? ¿Deberían trabajar con esta auditora, que no detecta los errores y encima los considera inmateriales?

Finalmente, me gustaría conocer su calendario, si es que tienen alguno. Con la Unión Europea se acordó un calendario dentro del MOU, pero nuestra opinión como grupo político es que el calendario de desinversiones debería ampliarse. Quisiera saber, pues, si tienen algún tipo de calendario indicativo para proceder a las desinversiones tanto en Bankia como en el Banco Mare Nostrum. Y también nos gustaría saber si, en el caso de que se proceda a una fusión, se están estimando los costes tanto en términos laborales como en términos de competencia, porque, lamentablemente, con el proceso de crisis el sistema financiero está reduciendo sus niveles de competencia, lo cual significa que los españoles acaban teniendo menos bancos a su disposición, que acaba habiendo casos donde no se puede acceder a los bancos, particularmente en las zonas rurales, y que podemos enfrentarnos al poder de monopolio de muchas menos entidades, a diferencia de lo que ocurría anteriormente.

Agradeciéndole una vez más su intervención y la transparencia de la que ha hecho gala en toda ella, no tengo más preguntas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.

Por el Grupo Parlamentaria de Esquerra Republicana tiene la palabra doña Ester Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, me sumo a los agradecimientos hechos por los portavoces de esta Comisión al presidente del FROB, al señor Ponce, por su comparecencia y por el envío de la documentación para preparar esta intervención.

Esquerra Republicana, en este caso esta portavoz, se va a centrar en tres cuestiones básicas. Dos van a ser de carácter más general, sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de reoordenación bancaria y su impacto en la sociedad, en los ciudadanos, y sobre la competencia. La tercera se va a referir a un detalle muy puntual que han mencionado algunos portavoces: Bankia y el Banco Mare Nostrum. Es evidente que existe -Esquerra Republicana lo ha manifestado en otras ocasiones y vuelve a hacerlo- una preocupación por cómo está resultando el proceso de reordenación bancaria, a pesar de que usted ha dicho que se encuentra en fase de transición y de reformulación. Esta preocupación tiene que ver con el plan de retorno, que sitúa a España en la cola de países de la Unión Europea en cuanto al retorno de las ayudas bancarias. Apenas un escaso 6 % de las ayudas prestadas a la banca ha sido recuperado. Con respecto al plan de retorno, a criterio de Esquerra Republicana, faltan elementos que garanticen si se está llevando a cabo correctamente. La posición que nosotros defendemos no es otra que la de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Queremos transparencia absoluta en cómo se están produciendo los retornos, queremos saber si se recuperará la totalidad de las ayudas prestadas al sector bancario y, en definitiva, si será cierto aquello de que a los ciudadanos y ciudadanas la reestructuración bancaria no les va a costar un euro.


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Hemos dedicado aproximadamente 60.000 millones de euros a salvar entidades bancarias insolventes o mal gestionadas, como decía alguien antes, mediante recursos públicos que no han ido a garantizar y, por tanto, a blindar el Estado del Bienestar. Al final lo que vienen a corregir es una gestión nefasta, catastrófica. En esto voy a entretenerme un poquito. Usted ha practicado aquel aforismo de excusatio non petita, accusatio manifesta, es decir, nos ha venido a decir que ante los tribunales y en cuanto al ejercicio de la acción penal, en este caso respecto a la responsabilidad de los gestores de diversas entidades financieras, el FROB ha hecho lo que tocaba hacer, esto es, ir en la línea del ministerio público -he querido entender esto- sin ir más allá. Algún portavoz también se ha referido a ello antes. Lo cierto es que los tribunales no lo han entendido así, es decir que la actuación del FROB no ha sido del todo correcta desde el punto de vista de una acusación particular, como debería ser. No han aportado más de aquello que hacía el ministerio público pudiéndolo hacer. En todo caso, tirón de orejas por este aspecto que creemos que es importante, porque en definitiva -alguien lo apuntaba antes- las entidades financieras podían haber sido solventes si hubiesen tenido una buena gestión. Así que en este caso sí me gustaría enmendarles la plana -si se me permite la expresión- en ese sentido, porque la actuación del FROB en los procesos penales no ha sido todo lo correcta que se podía esperar en atención a la defensa del interés público que le correspondía defender. Esto también es predicable del ministerio público, pero como no lo tenemos aquí delante se lo recuerdo a usted.

Esquerra Republicana quiere poner también encima de la mesa la necesidad de que se efectúe la correspondiente evaluación del impacto que va a tener todo el proceso de reordenación bancaria sobre la ciudadanía, es decir, cómo nos afecta, y no únicamente en cuanto a los puestos de trabajo perdidos en el sector bancario o a las personas prejubiladas, sino en cuanto al impacto económico que va a tener sobre toda la sociedad este proceso de reordenación. Asimismo, nos gustaría conocer cómo afecta a los pequeños ahorradores, algunos de los cuales se han quedado con sus ahorros difuminados, o cuántas personas han perdido su vivienda o se encuentran en proceso de perderla mientras el sector bancario se resiste a rectificar sus maneras de actuar, las mismas maneras que nos llevaron a una situación de crisis y que provocaron la necesidad de la inyección de dinero público. En estos momentos se continúan titularizando las hipotecas, y ello -supongo que estará de acuerdo conmigo- significa de nuevo falta de transparencia, de trazabilidad y pérdida de derechos en este caso de una de las partes contratantes, siempre la más débil. Por todo ello, les pedimos formalmente que cuando terminen de reorganizar todo lo que están reorganizando, nos hicieran un informe que fuese más allá del impacto económico y que hablase también de este impacto social sobre la ciudadanía. Asimismo, por la parte que les toca a ustedes, continuamos pensando que el sector bancario se mueve en los límites del terreno ético. Esquerra Republicana considera necesaria una apuesta decidida por una banca ética, transparente y que evite la participación en fondos de escaso valor ético, por decirlo de una manera suave.

Quiero insistir nuevamente en el coste del proceso de reordenación, pero me quiero referir a otra cuestión, que es la concentración sectorial. Después del proceso desarrollado estos últimos años y teniendo presente que al parecer se prepara una segunda ronda de fusiones, cosa que no solo ha apuntado la prensa sino que también ha manifestado usted, en la que se prevé una mayor concentración, ¿cómo se explica al ciudadano que el proceso para mejorar la competencia del sector ha llevado en realidad a una mayor concentración de agentes, lo que nunca redunda, al menos aparentemente, en beneficio del ciudadano medio, de cualquiera de nosotros?

El tercer aspecto al que quiero referirme es el de la posible fusión entre Bankia y BMN. A pesar de la escasa implantación en el territorio que a mí me toca defender, lo cierto es que en Cataluña sí mantiene alguna actividad secundaria ligada a las aseguradoras. ¿Qué repercusiones puede tener en el mercado en cuanto a oficinas y a personal esta nueva fusión?

Lo dejo aquí, agradeciéndole de nuevo su predisposición. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Jordi Xuclà, del Grupo Catalán.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Ponce.

Como usted ha podido observar, no he estado desde el inicio de su intervención, pero me atrevo a tomar la palabra porque usted fue ayer extremadamente amable y a aquello de las nueve y diez de la tarde-noche nos envió su intervención escrita, lo cual valoro muy positivamente como ejercicio de transparencia y de buena preparación de esta intervención. Otras obligaciones parlamentarias me tenían retenido en otra parte del Congreso de los Diputados.


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Este es un debate muy importante, de alto calado político, un debate de responsabilidades políticas que nos sitúa no ya en la gestión del FROB -después le voy a formular un par de preguntas o más- sino justo antes del FROB. Creo que es bueno situar las cosas en su punto justo. Si hoy existe el FROB es porque hubo una mala supervisión del sector bancario y del sector de las cajas. Aunque hoy estamos haciendo un escrutinio de la gestión del FROB y del retorno del dinero público prestado a cajas y bancos, es muy importante recordarlo. Aquellos que somos partidarios de la economía de mercado, sabemos que solo es eficiente si tiene unos organismos de control y supervisión que funcionen correctamente, y es evidente que en el ámbito del sector bancario, respecto a las cajas, el Ministerio de Hacienda, en su momento, las comunidades autónomas con competencias y también el Banco de España fallaron, y fallaron estrepitosamente. Justo esta semana hemos tenido conocimiento de un informe en el cual estas autoridades, estos organismos de supervisión, apuntaban que la salida a Bolsa de Bankia era una salida melancólica -si me permiten la expresión- porque era una salida inviable. Sé, señor Ponce, que usted no tiene nada que ver con esto y que el FROB no tiene nada que ver con lo que planteo, pero creo que es bueno situarlo en el marco de las responsabilidades políticas de los titulares en aquel momento del Ministerio de Hacienda, de las comunidades autónomas y del anterior gobernador del Banco de España. Evidentemente hay y habrá unas responsabilidades de carácter en algún caso penal para los gestores de bancos y cajas. Supongamos que no hablo solo de Madrid, que no hablo solo de Bankia, porque también podemos destacar el caso muy evidente y muy impactante de Catalunya Caixa y la burbuja bancaria, muy alimentada por la burbuja inmobiliaria. Todo ello fue posible gracias a esta falta de supervisión que considero clave a la hora de evaluar por qué existe en estos momentos el FROB.

Hablando de consideraciones políticas, algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a algunas declaraciones del presidente Rajoy. No voy a abusar de las citas, pero me permitirán que recuerde dos. Sobre la primera inyección de 40.000 millones euros al sector bancario, el día 13 de junio del año 2012, el presidente del Gobierno afirmaba en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria: Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Dos meses después, en el mes de agosto del año 2012, el presidente del Gobierno afirmaba: Se hace con el objetivo básico y fundamental de que no cueste ni un euro para el contribuyente y a lo largo del proceso se establezcan garantías para ello. Claro que el presidente Rajoy no anunció el calendario de retorno; estábamos en 2012 y ahora estamos a finales de 2016, por lo que estamos hablando de un calendario de retorno, como mínimo, lento, muy lento. Su intervención le pone en situación, primero, de dar cuentas al Parlamento sobre el uso del dinero público, pero también de informarnos sobre este calendario de retorno, que evidentemente está muy lejos de las expectativas. Tengo un pequeño documento que, literalmente, está bien elaborado, porque hay números de color rojo, que creo que son los que ilustran exactamente la realidad. Estos números nos hablan de menos 22.424 millones de Bankia, de menos 1.645 millones del BMN y podría continuar. Estamos hablando aún de entidades con ayudas y planes vigentes. Después hay otro capítulo muy importante referido a las entidades con ayudas que han sido canceladas, básicamente Catalunya Banc, Nova Caixa Galicia y Liberbank; también se refiere a cantidades importantes respecto al Banco de Valencia.

Mi última referencia en nombre del Partit Demòcrata tiene que ver también con esta tendencia a la concentración bancaria, pero, a diferencia de otros portavoces, no voy expresar una especial preocupación, porque creo que desde una óptica europea -que es como tenemos que plantear las cosas-, desde una óptica de integración europea -hace un momento hablábamos con el señor Saura de la integración europea en el ámbito de los mercados y del sector bancario- esto no nos tiene que preocupar. Me recuerda un debate recurrente, intenso, apasionado que tuvimos en el Congreso de los Diputados y en la opinión pública española sobre el sector energético. Ustedes se acordarán de aquella frase: Antes alemana que catalana. Nosotros somos verdaderamente europeístas y creemos que no pasa nada si al final entra capital italiano o alemán en el sector energético español. Si algo tiene la banca española es que es muy española y que tiene poca presencia de otros bancos europeos. Esta es una singularidad muy española. No tenemos que mirar esto estrictamente desde el punto de vista de unas fusiones que parecían inevitables y de unas fundaciones de unas cajas que tenían funciones políticas, de retiro, de balneario político, muy alejadas de las funciones que debían tener. Bien es cierto que comparto la preocupación por la necesidad de la presencia del sector bancario en las pequeñas y medianas poblaciones del país, pero también es cierto que están conviviendo dos planos: el plano de una nueva generación -una realidad disruptiva-, que vive en el banco electrónico, y el plano de otra generación, para la cual aún es muy necesario tener el banco o la caja muy cerca para asegurarse del ingreso de las pensiones a principios de mes. Pero, en


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términos generales, es interesante estar muy atentos a esta nueva tendencia de concentración y de apertura al mercado europeo, que va a ir muy ligada a una agenda europea que se puede quedar en stand by durante unos meses -a la luz de las elecciones francesas y alemanas- y a un calendario muy importante marcado por el final del mandato del presidente del Banco Central Europeo, del señor Draghi, que se va a producir el próximo año. El señor Draghi tiene unos deberes, y entre ellos está el compromiso de la construcción de un espacio europeo del sector bancario.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Irene Garrido.

La señora GARRIDO VALENZUELA: Muchas gracias, presidente.

Quiero comenzar, cómo no, dando la bienvenida al señor Ponce en su primera comparecencia en esta Comisión como presidente del FROB para hacer un balance de su gestión. Y digo como presidente porque, como acaba de recordarnos él en su exposición, ya compareció en este mismo foro en julio de 2015, en cumplimiento del artículo 55 de la ley que ahora regula el FROB, la Ley 11/2015, para dar cuenta de sus condiciones, su experiencia, su formación y las capacidades que le hacían adecuado para el cargo.

Señor Ponce, creo que a lo largo de toda su intervención nos ha dado cumplida cuenta del informe de gestión del organismo que usted dirige. Nos ha informado -la mayor parte de los portavoces se han referido a ello- acerca de las ayudas otorgadas por el FROB para la reestructuración y el saneamiento del sistema financiero, que han supuesto cifras muy cuantiosas. Ha distinguido, dentro de las entidades de resolución, entre los planes vigentes, los planes vigentes cuyas ayudas ya han sido canceladas y los planes ya vencidos; es decir, ha hecho una diferenciación entre la situación de todas las entidades en las que el FROB tuvo intervención. Con esta clasificación nos deja ver que ese proceso de reestructuración no ha acabado; por tanto, no podemos decir que este proceso de reestructuración ha supuesto la pérdida de tantos millones de euros o la recuperación de muy poco porcentaje cuando aún no ha finalizado.

También nos ha hablado -porque también era objeto de su comparecencia- del error cometido en las cuentas, que no ha supuesto salvedades, no ha supuesto una reformulación de cuentas. El señor Garzón ha rizado el rizo, ha dicho que era en agosto y que por qué no había sido en julio. Creo haber entendido que fue en julio cuando se detectó, el 28 de julio; nos lo ha dado por escrito y lo ha dicho. No sé qué importancia puede tener, pero ese error está ahí. Y me sumo a la petición del resto de los grupos para que nos explique un poco más qué tipo de medidas -más allá de este caso concreto- toma una institución como la que dirige, el FROB, cuando se produce algo como esta diferencia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué departamento lo hace? ¿Cómo se hace la búsqueda de ese error, sobre todo para que no vuelva a ocurrir, a pesar de que ha reconocido abiertamente que ha sido un error técnico contable?

También nos ha hablado de la fusión de Bankia-BMN y me gustaría formularle una cuestión. ¿En qué medida la limitación que tienen en sus planes de resolución de no realizar operaciones corporativas hasta finales de 2017 está limitando esta posible operación? ¿Entra dentro de lo habitual empezar a hacer estas gestiones de cara a poder materializarlas cuando así lo permita el plan de resolución? Señor Ponce, creo que es necesario -lo ha hecho el señor Xuclà y yo también creo que es importante- recordar los antecedentes en la actuación del FROB, porque creo que a partir de las circunstancias anteriores se pueden juzgar hechos posteriores. Al señor Saura -con toda cordialidad se lo digo- no le parecía adecuada la expresión: No nos va a costar un duro. Pero en 2011 finaliza el mandato de un Gobierno al que le oíamos expresiones como: España será uno de los países de la Unión Europea que más va a crecer en el año 2012; una expresión que tampoco me parece muy adecuada. No se reconocía que nuestro país estaba sumido en una fuerte recesión que destruiría empleo de forma intensa, que la sombra del colapso económico se hacía cada vez más grande. El Gobierno Socialista, hasta finales de 2011, inyectó a través del FROB 23.000 millones de euros, además de la parte correspondiente a la aportación de las entidades financieras con el Fondo de garantía de depósitos. Esta cantidad representa -si no me corrige- alrededor del 31 % del coste total de saneamiento y reestructuración del sistema financiero español. Pero el problema ha sido que ese porcentaje no supuso ninguna reestructuración del sector porque respondió fundamentalmente a siete SIP -sistemas institucionales de protección-, también respondió a la salida a bolsa de dos entidades, a una de las cuales se ha referido ahora el señor Xuclà, Bankia, en ese momento muy presente en los medios en relación con su oportunidad o no. Fue todo en esa época. Y por supuesto en esa etapa -que creo que es lo más importante en cualquier error que se


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cometa a lo largo de cualquier gestión que se lleve a cabo en un organismo o desde un Gobierno- no se tomaron medidas de cara al futuro, no se modificó el gobierno corporativo de las entidades, no se ajustó la remuneración de los banqueros, no hubo ningún tipo de modificación en relación con sus indemnizaciones y sus pensiones, aspectos que sí han sido abordados en la legislatura y para los que el grupo al que yo represento ahora ha recibido el apoyo. A pesar de haber inyectado cerca de 30.000 millones de euros, cuando el Partido Popular llega al Gobierno se encuentra con un sistema financiero que estaba colapsado fundamentalmente a causa de las cajas de ahorros y necesitaba urgentemente ayuda. Se barajaron muchas cifras, y me refiero a Bank of America Merrill Lynch, que habló de 122.000 millones de euros; Goldman Sachs: 114.000 millones, y Royal Bank of Scotland: 134.000 millones. Esa era la situación, señorías, a pesar de haber inyectado ya 30.000 hasta finales del año 2011. Finalmente, la ayuda utilizada, como todos sabemos, la constituyen los 39.000 millones de la ayuda financiera.

La primera ley de reforma del Gobierno -a la que se ha referido usted, señor Ponce, en su exposición-, apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, la Ley 9/2012, sirvió para llevar a cabo el mayor proceso de reestructuración financiera de la historia de nuestro país, que ha supuesto unas ayudas públicas cuantiosas y, como he dicho, habrían sido mucho menos cuantiosas si se hubiese actuado antes. La reestructuración llevada a cabo al amparo de esta norma ha sido el resultado de los mecanismos de que disponíamos porque no existía la Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito, a la que usted también se ha referido, y que responde a la trasposición de una directiva europea que fija el camino para que nunca más se vuelva a repetir lo que ha ocurrido en este y en otros países, pues con recursos públicos se ha tenido que salir a su rescate; no al rescate, señora Capella, de los consejos de administración ni de las entidades financieras, sino de los depositantes, de los depósitos de los ahorradores. Porque en numerosas ocasiones se alude a que el Gobierno, apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, está preocupado por rescatar a la banca con una falta de sentimiento social en las medidas de reestructuración; o a que el rescate financiero no era una necesidad social. Me cuesta creer, señorías, que alguien pueda poner en cuestión el rescate de una parte del sistema financiero, el de las cajas de ahorros, cuando estaba sufriendo una crisis de tal intensidad; y no me puedo creer que esto se ponga en duda porque claramente los perjudicados, de no hacer este rescate, serían las personas más desfavorecidas.

Me pregunto, señor Ponce -es una reflexión y con ella me dirijo en realidad a todos los portavoces que han planteado estas cuestiones-, si salvaguardar los centenares de miles de millones de euros que los impositores, los pequeños ahorradores españoles tenían ahorrados en esas cajas de ahorros era o no una necesidad social, porque -insisto, señorías- el rescate financiero ha sido un rescate fundamentalmente de los depositantes, atrapados en la mala gestión de las cajas de ahorros, gestionadas además por todo el abanico político y no solo por un único partido, señor Garzón. ¿Quien pone esto en duda no ha oído hablar del corralito que se ha producido en otros países?, ¿a quién perjudica la falta de liquidez en un sistema?, ¿no se ha oído hablar del pánico bancario? Señorías, siempre las personas más desfavorecidas son las más perjudicadas.

Nos ha expuesto el presidente del FROB la situación actual en cuanto a la recuperación de las cantidades invertidas. Entiendo que hay que esperar para ver -lo decía al principio- cuál es el coste definitivo de este rescate bancario, de esta reestructuración, puesto que todavía quedan cosas importantes. Ha hecho referencia a la venta del 7,5 % de la participación en Bankia, a la recepción de dividendos, pero también ha hecho referencia -es una frase muy pequeña, pero, como nos ha dado de antemano la intervención, me ha llamado lo atención- a los retos futuros. El FROB tiene retos futuros relacionados con su actividad, pero también con la recuperación, y me gustaría que nos hablase de esos retos que se plantean.

A la hora de hacer un balance responsable del proceso de reestructuración, creo fundamental plantearnos una serie de cuestiones. ¿Por qué no miramos qué es lo que está pasando en otros países? Veamos ahora Alemania o Italia. En este momento en España el sistema financiero no plantea ninguna duda. También podemos preguntarnos por qué los países de nuestro entorno no crecen: porque es imposible crecer en una situación en la que el sistema financiero genere dudas e incertidumbres, lo que nos ocurría hasta el último trimestre de 2013, como usted bien sabe, señor Ponce; también podemos preguntarnos si el 1,5 millones de personas que han encontrado empleo desde mediados de 2013 estarían hoy trabajando si hubiese quebrado nuestro sistema financiero y el país hubiera sido intervenido; o también si los 9,5 millones de pensionistas seguirían manteniendo sus pensiones. Claramente se ha producido un cambio en la percepción del sistema financiero español tras la reestructuración financiera: ahorro de intereses para el Tesoro de más de 5.000 millones en los últimos tres años; solo en el año 2016,


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hay 2.000 millones de euros en el ahorro de intereses del Tesoro público, que ha conseguido colocar más de 100.000 millones de euros a tasas negativas. Esto supondrá que tengamos ahorros respecto a la proyección establecida en los presupuestos generales por esa cuantía.

Finalizo ya, presidente, agradeciendo la comparecencia del presidente del FROB y deseando, como todos los que estamos hoy en esta sala, que la comparecencia semestral requerida por la ley a partir de ahora se normalice. Me gustaría finalizar señalando que siempre somos los últimos en reconocer nuestros propios logros, siempre despreciamos los esfuerzos que nuestro país hace para salir de una mala coyuntura. España inspira confianza en el exterior, como lo demuestran los indicadores. Hemos recuperado la confianza en el exterior. Y recuerden: la confianza sube por las escaleras pero baja en ascensor, y está en nuestra mano contribuir a mantener esa confianza.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Garrido.

Para responder a las cuestiones que le han presentado los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del FROB.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RECTORA DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, FROB (Ponce Huerta): Muchas gracias, por todas sus intervenciones, señorías.

Creo que buena parte de los portavoces han hecho referencia a elementos que están interconectados y que, por tanto, me permiten una cierta agrupación. Hay muchas preguntas sobre la mesa y trataré de abordar todas ellas, pero permítanme que las agrupe por temas. El más repetido, objeto fundamental de mi comparecencia hoy, es el relativo a la recuperación final de ayudas y a la transparencia debida en el impacto que va a tener para el contribuyente español el proceso de reestructuración financiera de los últimos años. Créanme que hemos hecho todo el esfuerzo que técnicamente ha sido posible para expresarlo con la máxima claridad.

En el cuadro que tienen ustedes al final de mi intervención expresamos la situación actual. Hay una cifra global, que es esa cercana a los 59.000 millones, que se refiere al coste total FROB. He dicho en mi intervención que eso no es el conjunto de la foto; hay otras intervenciones del Fondo de garantía de depósitos, hay otras intervenciones vía avales por el Tesoro, etcétera, pero lo que ha inyectado el FROB es esa cifra de 59.000 millones que expresamos con la máxima claridad. A partir de ahí y para calcular el impacto final, lo que tenemos que hacer es deducir ingresos, deducir capacidad de recuperación. En ese cuadro estos 59.000 millones, como ven, se articulan en dos columnas: una, referida a recapitalización directa de entidades, y otra, a garantías que hemos tenido que entregar y conceder en los momentos de desinversión. La parte, la columna que verdaderamente es el objeto fundamental que trataré de elaborar más ahora es la de las recuperaciones, y hemos tratado de presentarla con la máxima honestidad intelectual.

Podemos reconocer que hay ciertas recuperaciones que ya son evidentes y que alcanzan una cifra de 4.837 millones, una cifra, para el cuantioso volumen global, exigua: son 4.837 millones procedentes de las desinversiones que ya hemos acometido y de los intereses que esas inversiones en capital nos han generado. Sobre esos 4.837 millones hay algo más de valor en el activo del FROB que tendremos que ir poniendo en el mercado futuro. ¿Y qué hay? Hay fundamentalmente -lo dice el asterisco final- tres entidades participadas que son Bankia, BMN y Sareb, y hay dos instrumentos híbridos de capital, que son: los Cocos en circulación de Ceiss y Cajatres, en el Grupo Ibercaja. De estos, Ceiss y Cajatres, estimamos que la recuperación va a ser completa, incluyendo los intereses a percibir por esos instrumentos híbridos. Por tanto, eso -lo decía en mi comparecencia- añadiría la cifra de 604 millones por los Cocos de FACE, 387 millones por los Cocos del grupo Cajatres en IberCaja, más 140 millones de euros de intereses. Es una recuperación que estimamos de probabilidad muy elevada, según la información que tenemos actualmente. Adicionalmente sobre eso, ¿qué quedaría? Las tres participadas del FROB.

Sobre Sareb -algún portavoz hacía referencia a la credibilidad del plan de negocio de Sareb, creo que era el señor Latorre-, nuestra estimación es que Sareb va a devolver la inversión íntegra del FROB que son 2.100 millones adicionales. ¿Por qué lo estimamos hoy? Porque su plan de negocio hasta 2027 considera retornos suficientes para retribuir el capital y la deuda subordinada. El plan de negocio es un plan requerido legalmente, es un plan de negocio aprobado por el consejo de administración, seguido por las autoridades pero, evidentemente, está sometido a hipótesis que no son infalibles. Estamos hablando de un espectro elevadísimo de tiempo -2027-, estamos hablando de hipótesis fundamentalmente asentadas en la evolución del mercado inmobiliario y en el coste financiero de Sareb. No les puedo decir


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más que el argumento fundamental que utilizamos hoy para considerar la recuperación total es el plan de negocio aprobado por la compañía y que creemos lo más apropiado. Después nos queda el elemento sustancial y que es cuantitativamente, como les decía en mi intervención, lo más importante y que a efectos de estimación es más complicado para nosotros.

Nos gustaría poder cerrar esta cifra diciendo cuál es el valor que vamos a obtener en el mercado por Bankia y BMN, pero creo que sería imprudente, señorías, que aquí el presidente del FROB dijera finalmente cuál es el precio que va a obtener en la desinversión de Bankia y BMN. Por seguir con ese esfuerzo de transparencia, Bankia es una entidad cotizada, tiene un valor de mercado y si tomamos su valor de mercado de ayer mismo, a 0,76 euros, eso da una capitalización bursátil de 8.700 millones de euros de Bankia ayer mismo, de los cuales el 65 % corresponden al FROB. ¿Esa es la estimación definitiva que yo les puedo dar hoy? Creo que no es prudente, esa es mi opinión. Hace un año cotizaba a 1,21, lo que significa un 58 % por encima; hace más vendimos un tramo del 7,5 a 1,51, sustancialmente por encima. Pero es que hace unos tres meses estaba a 0,67, un 12 % por abajo. Consideren que crea que lo más responsable es que hagamos el máximo esfuerzo posible por analizar la estrategia óptima para maximizar el valor de Bankia pero que no puedo, legítimamente y de forma prudente, decir hoy cuál es la cuenta final del rescate financiero porque eso depende del valor de Bankia, depende del valor de BMN -que además no está cotizado- y debemos esperar.

Eso lo integro en ese análisis del que le hablaba que es el estudio que estamos haciendo. Nos queda plazo hasta 2017, conforme a la ley que esta Cámara aprobó para desinvertir completamente ambas participadas. ¿En qué situación estamos? En la de solicitar asesoramiento externo para estudiar si la integración de nuestras dos participadas aporta valor para ejecutar la desinversión final sobre una entidad combinada, si eso nos incrementa las capacidades de recuperación sobre las alternativas que serían desinvertir, conforme a los requerimientos legales que hoy tenemos individualmente en cada una de ellas. A eso vamos a dedicar las próximas semanas con asesoramiento externo porque necesitamos maximizar nuestro conocimiento del mercado y las capacidades reales que tenemos de recuperación de ayudas. En eso es en lo que está centrado el FROB. Algún día llegará en el que pueda venir a esta Cámara y decir que la desinversión final de Bankia y BMN aporta al Estado tal cifra y este será el resultado último. Pero en este momento hemos tratado de ofrecer el conjunto de la información que con una cierta credibilidad y probabilidad real les podíamos ofrecer y les pedimos que entiendan que la cifra última va a depender de la puesta en valor de lo que hoy es el valor fundamental, la participación más relevante para el FROB y, por tanto, para las arcas públicas que son sus participaciones del 65 % en Bankia y en BMN.

Sobre esta integración de Bankia y BMN se han sucedido las preguntas. Hay algunas que se referían a la posición de la Unión Europea, a las limitaciones en materia de ayudas de Estado... Efectivamente, ya lo dijimos en nuestra nota de prensa y lo reitero hoy, la fase en la que estamos es de estudio y de análisis. Si finalmente se considerara que la integración es una opción óptima para el FROB, eso llevaría aparejada una ruta que trazaría unos plazos de ejecución y que, necesariamente, debería integrarse en el cumplimiento estricto de la normativa de ayudas de Estado. Lo que ocurre es que estamos en una fase previa de análisis, esa decisión no se ha adoptado; puede ser que la última ejecución del FROB sea otra alternativa. Por tanto, en el plan del FROB, a pesar de que hay contactos frecuentes y periódicos en nuestra actividad ordinaria con la Comisión Europea, nuestra posición actual es de análisis y de estudio. Una vez que se haya adoptado la decisión pertinente por la comisión rectora eso tendrá una ruta de ejecución que deberá ser escrupulosa y respetuosa y estará coordinada y negociada, lógicamente, con las autoridades europeas.

Otros asuntos que han surgido han sido, por ejemplo, en relación con el error. Puedo reiterar lo que decíamos, han surgido algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, en cuanto a la transparencia. Lo decía en la comparecencia, el 28 de julio -creo recordar que era un miércoles o un jueves de la última semana de julio-, por la mañana somos conscientes de que las cuentas que hemos presentado solo hace cuatro o cinco semanas incluyen un defecto en la valoración. Es eso lo que sucedió, francamente; cuatro o cinco días después -estamos hablando del 3 de agosto, los primeros días de agosto- hacemos público el error detectado después de haber consultado con el auditor la necesidad o no de reformular cuentas. El auditor decide que no es necesario reformular cuentas y lo fundamenta en un análisis que no es momentáneo, que no realiza en ese momento de julio, sino en una consideración previa que ya había realizado el 20 de enero de ese mismo año en el proceso de elaboración de cuentas de conformidad con la cual, y aplicando la normativa contable y sus criterios expertos, consideraba que los índices de materialidad que justificarían una modificación en las cuentas tenían que superar el 1,25 % del activo total.


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Pero, francamente, la Comisión rectora del FROB y nosotros mismos no estábamos satisfechos con la consideración de que la no obligación de reformulación debiera quedarse en una cuestión puramente interna que ya habíamos ajustado inmediatamente -a partir del mes de agosto se ajustan las normas internas-. Nuestra consideración es que eso no debía quedar ahí, que debíamos hacer una comunicación pública, colgarlo en nuestra página web junto a nuestras cuentas y decir que lamentablemente había un error en la valoración de la participación en BCA y que lo poníamos en conocimiento de cualquiera que se acercara a nuestra información financiera. Eso fue exactamente lo que hicimos, en un ejercicio que consideramos como lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Coincidió que fue agosto -lo lamentamos-, pero pusimos un comunicado público de prensa en la web y fue recogido por los periódicos a lo largo de esa semana.

Alrededor del error también se hacía un planteamiento sobre qué medidas hemos adoptado. La siguiente comisión rectora después de ese suceso de agosto es la de 20 de septiembre. En ese punto los servicios técnicos del FROB ya elevan una propuesta doble: vamos a mejorar todo el procedimiento formal de recopilación de la información financiera que es donde se ha producido el error, vamos a formalizarlo, vamos a establecer un protocolo interno claro de cómo se alcanza esa información y, en segundo lugar, vamos a hacer un sistema -excesivo, probablemente, pero en este momento necesario- de cross-checking, es decir, que el departamento originador de la información financiera no sea el único que ve esa información financiera, sino que haya un sistema de control interno añadido, al margen del trabajo del auditor.

Sobre el auditor se han hecho algunas manifestaciones. He de decir que estamos en un proceso de sustitución del auditor, en una licitación abierta para cambiarlo. No tiene una relación directa, y he de ser transparente también con esta cuestión. Es un procedimiento que habíamos abierto antes de detectar el error y lo habíamos abierto porque en la medida en que en la actividad ordinaria del FROB se ha integrado el Fondo de resolución nacional, necesitábamos un auditor que integrara tanto la contabilidad o el trabajo de auditoría de las cuentas ordinaria del FROB como las del Fondo de resolución nacional. De facto se va a producir -es probable que se produzca- la sustitución del auditor en los próximos días y una vez se adjudique ese contrato.

Se han hecho diferentes referencias a las cuestiones relacionadas con las actuaciones judiciales en marcha del FROB. Hemos hecho un esfuerzo, que no estaba, como decía la señora Capella, fundamentada en un excusatio non petita, accusatio manifesta, créame que no. Habitualmente, creo que el reporte de dación de cuentas del presidente del FROB ha venido incluyendo, dada la relevancia, una actualización de cómo evolucionaban los procesos. Sí que he querido hacer -porque han insistido en esas críticas generalizadas a la diligencia con la que el FROB se está personando- una foto de conjunto sobre cuál es nuestra intervención aquí. Créame que mi opinión es que la parte más esencial de lo que ha hecho el FROB es la detección, estudio, análisis y denuncia; esa parte probablemente era exclusiva del FROB y solo el FROB -que había entrado con dinero público, lamentablemente, en el capital de entidades privadas- podría hacer esa labor de análisis. De esa se han derivado la enorme cantidad de pleitos que hoy vemos. Esa labor la hizo el FROB directamente o a través de los administradores que había colocado; es el caso, por ejemplo, de NCG al que han hecho referencia. Esa es la labor más importante. Se encargaron una enorme cantidad de forenses, algunos de ellos se trasladaron a la fiscalía y desde el momento de ese traslado, se coordina la cooperación con la fiscalía para facilitar la instrucción de las causas cuando hay responsabilidad penal. Adicionalmente, el FROB decidió -creo que es correcta esa decisión- personarse una vez que el proceso ya estaba en fase jurisdiccional porque es su responsabilidad llegar hasta el final con el esclarecimiento de los hechos, con la exigencia de responsabilidades y con la maximización de la recuperación. Y eso es lo que hemos hecho en todos los procesos. Lo estamos haciendo en veinticuatro causas penales, de las cuales veinte las ha puesto en marcha el propio FROB.

Se han citado -es algo verdaderamente sensible para nosotros- dos causas que pueden generar una especie de falta de credibilidad de la acción y de los principios generales de actuación del FROB. Es la causa de NCG y la causa de CAM. Déjenme que les aclare sobre estas causas. En la causa de NCG, el pasado 9 de septiembre el Tribunal Supremo se pronuncia en un recurso de casación sobre la sentencia previa de la Audiencia Nacional. ¿Qué había hecho el FROB en aquel pleito de exigencia de responsabilidades a los antiguos directivos de NCG Banco? Había instado la acción procesal de sus administraciones a través de NCG Banco. Adicionalmente, en el momento de desinversión del pleito de NCG Banco, exigió al comprador, actualmente Abanca, como saben, y a Banesco, el comprador del banco, el mantenimiento de las acciones y la reserva del derecho de cualquier restitución al FROB. En ese


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pleito, durante la acusación el FROB solicita tres años de prisión para los directivos en línea con el fiscal, como hacemos a menudo. Comprendan que el ministerio fiscal es el principal garante de la legalidad en los procesos jurisdiccionales. El FROB es una autoridad pública y lo habitual, lo razonable, es estar coordinados en esa labor procesal de acusación. Finalmente, la Audiencia Nacional sentencia por dos años de prisión y, en ese momento, ninguna parte acusadora -esa es la realidad- decide, dada la desviación de la pena sobre las solicitudes, que parecía que no fundaba en razones técnicas el recurso de casación. Eso no lo hizo el ministerio fiscal, tampoco el FROB, pero tampoco hizo acusación particular Adicae, que había solicitado cuatro años de prisión, y tampoco recurre.

Posteriormente, nos encontramos con una sentencia que lamentablemente, como decía el señor Garzón, recrimina a la Audiencia Nacional, no al FROB, una sentencia de dos años que concluye sin prisión. Además, se pronuncia sobre otras cosas porque ese no era el elemento sustantivo. Créame que la actuación del FROB en ese pleito, una vez repasada, es verdaderamente diligente. El FROB, desde el mismo momento en que la sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional le reconoce la condición de perjudicado, insta la ejecución provisional de esa sentencia a través de la Abogacía del Estado para solicitar la restitución y consignación inmediata de las cifras indebidamente percibidas por los administradores. Además, el único directivo absuelto en esta causa ha sido demandado por el FROB -en la medida en que no había responsabilidad penal determinada por la Audiencia Nacional- en la jurisdicción social para declarar la nulidad de su contrato y solicitar la adopción de medidas cautelares inmediatas, que habitualmente no se conceden, pero en este caso, afortunadamente y debido de la pericia profesional de la Abogacía del Estado, se han logrado. En la actualidad, tiene embargados preventivamente bienes y bloqueadas cuentas. Puede ser criticable en términos técnicos cualquier preescisión de la actuación del FROB, pero créanme que los principios generales de actuación están absolutamente consolidados en el FROB y se ejecutan diariamente a través de la Abogacía del Estado con convicción.

En el caso de la CAM, a la que se ha hecho alguna referencia, se ha concluido con sentencia absolutoria de los directivos. Nunca estuvo personado el FROB por una razón técnica bastante clara: porque había una cesión de actuaciones al Fondo de garantía de depósitos, que es el organismo que había inyectado los 11.000 millones, 5.000 millones en capital y más 5.000 millones en un EPA. La condición significativa de perjudicado era la del Fondo de garantía de depósitos, por tanto, hubo una cesión de actuaciones y ha sido el Fondo de garantía de depósitos el que ha continuado en ese pleito, donde nunca ha estado personado el FROB. Finalmente, nos encontramos con dos sentencias, no una, de la Audiencia Nacional absolutorias frente a los directivos de la CAM. De nuevo, creo que repasadas con humildad y desde una perspectiva técnico-profesional las actuaciones del FROB en toda esta materia, arrojan un resultado serio y razonable.

Otras cuestiones también relacionadas con pleitos. Aludiré a continuación a nuestra posición procesal en el pleito de la OPS en Bankia. En este caso, señorías, de nuevo se nos citado alguna vez la posición de perjudicado. Vuelvo a reiterar el mismo principio general de actuación, que hemos dicho aquí, es decir, como representante de los ciudadanos que han inyectado 22.000 millones de euros consideramos por sí mismo justifica la naturaleza de perjudicado en cualquier pleito en el que se sustancien, se deriven, responsabilidades penales que puedan tener un impacto final para la capacidad de recuperación de ayudas. Esa en nuestra misma posición al respecto. En la propia materia de la evolución del pleito de la OPS siempre hemos tenido una voluntad de cooperación procesal, y en este caso lo que hubo fue un escrito de alegaciones por el FROB fundamentados los criterios técnicos aportados en ese caso por el Banco de España y la CNMV, que después han sido confirmados por sus propios expertos en la propias testificales sustanciadas por CNMV y Banco de España. Desde ese mismo momento, tras el escrito de alegaciones, lo que mantiene el FROB, tratando de encontrar la estrategia procesal más respetuosa, es una disponibilidad absoluta de colaboración.

Adicionalmente, preguntaban en cuanto al error -creo que era el señor Latorre- que por qué no tiene impacto en las cuentas públicas. Evidentemente, no es competencia del FROB la contabilidad nacional, pero me aventuraría a decirle que nuestra percepción o la explicación más sencilla es porque esto es un activo del FROB, la participación en BCA. Lo que genera flujos en el déficit son los movimientos de caja, no las valoraciones. Nosotros valoramos anualmente nuestra participación en Bankia BCA conforme a normativa contable aplicando principios generales de contabilidad. Esa foto varía en función de los análisis de los deterioros, de la evolución de una serie de variables, pero lo que genera impacto no es una modificación en nuestras cuentas; lo que genera impacto en el déficit público son los flujos de entrada y salida de BCA Bankia, que sí han generado impacto en el déficit pero no el error. El error en sí


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mismo es la foto, la imagen fiel, a 31 de diciembre de 2015, de cómo estimamos la valoración en BCA. Creo que esa es la mejor aproximación que yo le puedo ofrecer sin ser el responsable en la materia.

Ha habido algunas referencias -creo que del señor Garzón o del señor Montero- a la posibilidad de crear un banco público, a la prueba de que está generando dividendos y a un buen desempeño de Bankia como muestra de la posibilidad de constituir un banco público. Al respecto les diré que funcionamos dentro del mandato legal que tenemos y de una forma muy paralela a la de otras autoridades de resolución similar en Europa. Tenemos un mandato de movilización de los recursos públicos no con voluntad inversora, sino con voluntad estabilizadora. El interés público que nos mueve es recuperar la estabilidad financiera, proteger a los depositantes, proteger las funciones críticas del sector financiero, pero no tenemos una voluntad inversora que pueda justificar una decisión última de banca pública. Eso es una decisión que pasa necesariamente por una modificación legal, pero entiendo que no le corresponde al FROB, dentro del marco legal del que le ha dotado esta misma Cámara, pronunciarse sobre ese aspecto. Considero que debe empezar por otro tipo de análisis y por una alteración del marco legal. Nosotros estamos cumpliendo con los trabajos necesarios y avanzando como técnicamente nos parece más razonable para maximizar el valor, pero con un mandato de desinversión, que es el que tenemos en la ley. Se trata de un mandato de desinversión, como ha mencionado algún portavoz, que concluye en 2017. Con esos mimbres tenemos que hacer el cesto, si me permiten la expresión. Eso es lo que pretendemos hacer: desinvertir en el plazo legal con la mejor capacidad de extraer valor de la participación pública. Es cierto que otros órganos internacionales colegas nuestros no tienen esas limitaciones de plazo y desinvierten en plazos más prolongados, pero nosotros tenemos el mandato legal que tenemos y tratamos de ejecutarlo con la mayor responsabilidad.

Se ha formulado además alguna pregunta adicional sobre el Sareb y sobre su coste pasivo y del swap. Podremos dar información por escrito, pero no sabría decir hoy cuál es el coste general del pasivo de Sareb. En cuanto al famoso swap -sobre esto hubo debate hace años-, diría algo general. Como decía antes, las variables sobre las que se mide normalmente el éxito o los obstáculos para que Sareb tenga un éxito final están vinculadas al coste de financiación de una enorme cantidad de deuda avalada por el Estado, que es para nosotros una gran preocupación, lógicamente. Ahora hay más de 40.000 millones, se han amortizado 7.000 millones de deuda avalada. Por tanto, la evolución de cualquier movimiento en el coste financiero tiene un impacto muy severo en las perspectivas de Sareb. Eso es lo que justificó sin lugar a dudas aquel swap, que es la reducción de los riesgos derivados por la evolución financiera en la actividad de Sareb, que no es una compañía para especular financieramente. Es una compañía con un mandato público de resolución, con el mismo objetivo con el que nosotros recapitalizamos las compañías: el objetivo de solucionar un problema de acumulación de activos de escaso valor que no podían ser absorbidos ni liquidados en el mercado en un momento determinado. Tiene ese mandato y debe hacerlo lo mejor posible para cumplirlo en un plazo dilatado que alcanza hasta 2027. Los costes financieros son una cuestión añadida, pero lo más relevante debiera ser la evolución del mercado inmobiliario y su pericia técnica y capacidad de prever el mejor momento para ir desinvirtiendo. En eso creo que trabajan, pero probablemente el señor Echegoyen, si comparece aquí, puede explicarlo con mucho más detalle.

También había alguna pregunta, creo que del señor Montero, sobre las garantías, los EPA y por qué se otorgan y cuál es su sentido último. Hemos dado con transparencia los datos de garantías que son pérdida esperada, entorno a 500 millones esperamos perder de garantías otorgadas durante los últimos años. ¿Por qué se otorgan esas garantías? Del mismo modo que otorgamos la recapitalización para un banco, la ley española y europea permite apoyar los procesos de desinversión con la concesión de garantías adicionales. ¿Cuál es la racionalidad? Es una racionalidad económica de gestión de un problema de asimetría de información. Habitualmente el comprador desconoce el descuento que le tiene que aplicar a un elemento determinante del precio; puede ser, por ejemplo, la evolución de los híbridos; puede ser descuento sobre el impacto posterior de Sareb, o puede ser que sea imposible predecir cuál es el valor real de una cartera de activos con un valor deteriorado. Por eso concedemos los EPA, porque consideramos que es óptimo para nuestra labor de minimización de los usos de recursos públicos otorgar una garantía que creemos que va a tener una pérdida estimada inferior al descuento que nos están pidiendo todos los oferentes. Es algo que se produce de manera habitual en este tipo de operaciones y trata de gestionar con cierta racionalidad el momento de la desinversión. Y eso hace que tengamos una labor de seguimiento del EPA de Valencia, que tiene diez años de cobertura de la evolución de la cartera, y tenemos otro conjunto de garantías que seguimos escrupulosamente porque van generando necesidades de pago o de reembolso


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y de ejecución de la contingencia y que requieren nuestra atención, pero esa es la última racionalidad de ese tipo de operaciones.

Ha habido preguntas generalizadas de varios portavoces en relación con los posibles efectos de la concentración bancaria en términos de empleo o en términos de competencia. Sobre esto les diría dos cosas. La primera es que todas las operaciones que haga el FROB estarán sometidas a las correspondientes autorizaciones de la CNMC a nivel nacional y a nivel de la Comisión Europea. Por lo tanto, cualquier impacto de concentración que se pudiera producir pasará por esas autorizaciones. Adicionalmente me atrevo a decir que el efecto que se puede estar produciendo de la concentración trae causa de las dificultades en el sector de las que hablaba antes, dificultades derivadas de los problemas de rentabilidad derivados a su vez de la política monetaria que pudieran producirse, de contingencias, de incrementos -en esto también tenemos algo que ver las autoridades de resolución- de los requerimientos de solvencia de capital con los que se debe funcionar en el mercado. Eso puede estar conduciendo a alguna presión de concentración que, evidentemente, debe encontrar el equilibrio adecuado entre la protección del funcionamiento correcto del mercado financiero. Mi consideración es que hoy España tiene, a pesar de una creciente concentración en los últimos años, suficiente nivel de competencia, un nivel de competencia razonable y elevado. La concentración que se pueda producir a futuro -que, como saben, es bien vista por los supervisores y lo han manifestado públicamente- va a derivar de su necesidad de adaptación a un entorno más complejo y probablemente a una necesidad de reestructuración y de ajuste de costes, como ha sucedido en otras partes de la economía. Habrá que seguir de cerca esos impactos en todas las variables sociales y habrá que seguir de cerca, especialmente por las autoridades de competencia, sus potenciales efectos de deterioro o lesión de la eficiencia del mercado financiero.

Creo que lo fundamental de sus alegaciones, comentarios y preguntas está abordado. Hay una pregunta adicional que recuerdo ahora relativa a nuestro nivel de cooperación con el Banco de España en este esquema de múltiples autoridades. Efectivamente, esta es una decisión regulatoria. De nuevo es el marco con el que tratamos de funcionar de la forma más eficiente posible. En España se combinan dos autoridades de resolución preventiva junto con el FROB como autoridad de resolución ejecutiva. Adicionalmente en Europa está la autoridad de resolución ejecutiva y preventiva única, que es el mecanismo único de resolución, pero no está integrado en el supervisor, que, como saben, es el Banco Central Europeo. Por tanto, un esquema no integrado en el supervisor es el esquema fundamental que ha adoptado Europa. Hay otros países con un modelo de no integración en el supervisor; países nórdicos como Finlandia y Dinamarca tienen modelos similares de no integración. Créanme que, haciendo de la necesidad virtud, probablemente, le veo elementos muy positivos al esquema actual que tratamos de aprovechar. Hay una cierta razonabilidad del aprovechamiento de las capacidades de cada una de las autoridades. Las autoridades supervisoras en su fase preventiva y de planificación están más cerca de esa capacidad analítica que da el conocimiento ordinario de las entidades y que ponen en marcha a la hora de hacer sus planes de resolución. Creo sinceramente que en el FROB -y soy presidente y miembro del FROB desde hace un año y medio- el eje fundamental de las actuaciones de resolución ejecutiva es previo, pero pienso que podemos decir que el FROB ha acumulado al menos una importante experiencia en la ejecución de procesos de resolución. Y ese valor se mantiene, esa capacidad de estar listos, de estar preparados para, en el caso de que fuera necesario, ejecutar los instrumentos de resolución con mayor eficacia, con mayor dinamismo y con la suficiente profesionalidad para reducir al mínimo el impacto que tenga sobre la estabilidad financiera. Esas capacidades del FROB se mantienen hoy y deben funcionar ahora -es lo relevante- de una forma coordinada, fluida y en una sincera y leal cooperación entre todas las autoridades, las españolas y con nuestra presencia e influencia internacional en Europa. Creo sinceramente que tanto Banco de España como CNMV, que están poniendo en marcha todas estas actividades, están haciendo un esfuerzo sincero y leal de cooperación. Tenemos que cerrar nuestros convenios de cooperación de manera inminente para intercambiar información, para trabajar juntos, pero creo que hasta este momento en el marco legal con el que funcionamos las cosas funcionan razonablemente bien.

Creo haber abordado al menos lo más sustantivo de sus preocupaciones. Les agradezco mucho sus agradecimientos a ese esfuerzo de transparencia que hemos hecho entregándoles la comparecencia con carácter previo y que responde a lo que he querido manifestar, que es un sincero esfuerzo de dación de cuentas didáctico y claro de lo que al final es una actividad ciertamente compleja pero con un impacto en el interés público muy relevante, del que somos conscientes.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su intervención, con la que termina esta comparecencia. Le damos las gracias al presidente de la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Esperemos que en el futuro podamos seguir dando explicaciones sobre su actividad.

A continuación abordaremos la siguiente comparecencia. Se suspende la sesión dos minutos. (Pausa).

COMPARECENCIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (MARÍN QUEMADA), PARA:

- EXPONER LAS LÍNEAS BÁSICAS DE SU ACTUACIÓN Y SUS PLANES Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO Y PARA DEBATIR LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN Y EL RESULTADO OBTENIDO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 3/2013, DE 4 DE JUNIO, DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. (Número de expediente 212/00078).

- QUE JUSTIFIQUE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL ORGANISMO QUE PRESIDE, SOBRE LAS GASOLINERAS DESATENDIDAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000017).

El señor PRESIDENTE: Continuamos el desarrollo de la Comisión con la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La comparecencia tiene por objeto exponer las líneas básicas de la actuación de la comisión y sus planes y prioridades para el futuro y debatir la evaluación del plan de actuación y el resultado obtenido, al amparo del artículo 39 de la Ley 3/2013, por acuerdo de la Comisión de Economía y Competitividad. Asimismo, para justificar las conclusiones del informe del organismo que preside sobre las gasolineras desatendidas, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Agradezco al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia su presencia en esta Comisión. Seguiremos el mismo orden de la comparecencia anterior: en primer lugar expondrá el presidente, después intervendrán los grupos parlamentarios y finalmente le volveré a dar la palabra al compareciente para que haga las aclaraciones o responda a preguntas o solicitudes de información que hayan formulado los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.

Don José María Marín, tiene la palabra como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): Señor presidente, señorías, como ya reflejé en mi solicitud de comparecencia, el artículo 39.1 de la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, exige que su presidente -yo, en este caso- comparezca ante esta Cámara al menos anualmente para exponer las líneas básicas de actuación y las prioridades para el futuro de nuestra comisión. Además, el apartado 4 del mismo artículo exige una comparecencia especial cada tres años, y la CNMC acaba de cumplir su tercer aniversario y entramos en nuestro cuarto año de funcionamiento.

Debo resaltar, en primer lugar, y subrayarlo, que para mí es un honor tener la oportunidad de venir a rendir cuentas de nuestra labor, de nuestros planes, algo que he hecho siempre en que he tenido ocasión en momentos anteriores a esta casa. Me dispongo, por tanto, a dar cuenta ante ustedes de la actividad de la CNMC en los tres primeros años de vida de la institución y a comentar -les adelanto que muy brevemente- el plan de actuación de 2016 que, como comprenderán, en buena parte ya ha sido desarrollado y que si no ha podido ser expuesto anteriormente a este momento ha sido por las circunstancias que están en la mente de todos.

En primer lugar, me complace trasladarles que la CNMC, que nació, como recordarán sus señorías, como fusión de las comisiones reguladoras y de supervisión de diferentes sectores, ya ha alcanzado su velocidad de crucero gracias a un gran esfuerzo por parte de las más de 500 personas que trabajan en la institución, a quienes, si me lo permiten, me gustaría agradecerles mucho su labor desde aquí. Como bien saben, en nuestra situación conviven personal laboral y funcionario de muy variado perfil técnico, algo que responde a las necesidades derivadas de nuestras responsabilidades. Ya lo he puesto de manifiesto en alguna intervención mía previa, pero, para precisar, de esas 500 personas un grupo de 300 son personal laboral y 200 son funcionarios. Afortunadamente, hemos conseguido superar las numerosas vicisitudes de un proceso de fusión complejo. Las distintas unidades han desarrollado, y desarrollan, sus responsabilidades contribuyendo a la seguridad jurídica y a la estabilidad que, por cierto, tan positivos efectos tiene para la


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marcha de la economía y la sociedad. Ahora bien, saben sus señorías que estos procesos de transformación institucional no son sencillos y que tienen costes especialmente en sus etapas iniciales. Afortunadamente, ya hemos superado, creo, la primera fase, que no carecía, como les decía, de desafíos relevantes en cuanto a la capacidad de una nueva institución como la nuestra para asumir las funciones encomendadas, las culturas y las formas de trabajar de organismos antes distintos, hoy unificados, en cualquier caso, diferentes entre sí. CNMC no es ya la suma de las partes, sino que hoy disponemos de una institución integrada que creo que es más fuerte y más útil para todos los ciudadanos, nuestro objetivo fundamental e irrenunciable.

Señorías, como muy bien sabían ustedes, la calidad de las instituciones constituye un elemento fundamental para impulsar el crecimiento a largo plazo y el bienestar de la sociedad. La existencia de autoridades independientes de competencia y regulación sectorial es un modelo muy asentado ya, por cierto, en las economías desarrolladas y, además, un requerimiento de la Unión Europea. Cada vez son más las normas europeas que exigen que determinadas funciones sean realizadas por estas agencias y que estas agencias alcancen el necesario nivel de separación con respecto al Poder Ejecutivo.

En el caso de España, la importancia de la labor de la CNMC como garante de la competencia y del buen funcionamiento de los mercados regulados es, si cabe, más relevante en el actual entorno económico, en el que, por cierto, tanto la política fiscal como la monetaria tienen escaso margen de maniobra por las razones que sus señorías conocen. La labor de mejora de la regulación y defensa de la competencia es clave, por tanto, para impulsar la competitividad de nuestras empresas y, con ello, el crecimiento económico y la creación de más empleo y, sobre todo, de empleo de más calidad.

Tampoco conviene olvidar que la actividad de la CNMC contribuye a reducir las desigualdades en la sociedad española porque las infracciones en contra de la competencia y contra la regulación perjudican claramente y siempre en mayor medida a los menos favorecidos y, por cierto, también a los sectores más frágiles de la sociedad.

Señorías, permítanme resaltar que nuestra labor no tiene otro objetivo que proteger al consumidor, al emprendedor y a los empresarios rigurosos solventes, garantizando que los primeros, los ciudadanos, los consumidores, puedan acceder a una variedad de bienes de mayor calidad y a mejor precio y que los segundos dispongan de un ámbito que vele por el cumplimiento de unas reglas del juego claras y justas que no favorezcan, como así ha sido en algunas ocasiones, a unos por encima de otros. Pero no creo que este sea el momento de resaltar exhaustivamente las actuaciones de la CNMC en estos tres años. Se han tomado multitud de decisiones que están recogidas de forma pormenorizada en nuestra web. Nos hemos reunido, déjenme compartir con ustedes algunas cifras muy rápidamente, en el consejo en trescientas sesenta ocasiones, sesenta y cuatro en Pleno, ciento cuarenta y uno como sala de competencia y ciento cincuenta y cinco como sala de regulación. En el caso de la sala de supervisión, por ejemplo, entre 2013 y 2015 se han tramitado más de 3.000 expedientes. El número en la sala de competencia es también más que notable.

Por otra parte, el artículo 37 de nuestra ley no admite dudas en cuanto al grado de transparencia exigible y todas nuestras actuaciones a las que acabo de hacer referencia son públicas y aparecen en nuestra web, naturalmente incluyendo las agencias detalladas de los cargos más representativos de la comisión. Ahora bien, conviene dar cuenta a sus señorías, esto sí, de una serie de temas de especial calado sobre los que la CNMC ha adoptado decisiones en estos últimos tres años y primeros también para la institución. Me van a permitir comenzar por el ámbito de las telecomunicaciones. Como bien saben, se trata de un mercado clave para el proceso de digitalización de la economía española en el que se están produciendo, además, profundos cambios. Es un sector, el de las telecomunicaciones, extraordinariamente dinámico en el que los nuevos actores aparecen a diario, y formas de hacer las cosas que antes no existían se instalan con naturalidad en los mercados. Parece mentira que cuando se creó la institución, ahora hace tres años y algunas semanas, todavía se hablara poco de los paquetes convergentes, algo que está incorporado en el mercado de las telecomunicaciones en el día a día de las ofertas de las distintas compañías, que nadie, o muy pocas personas, supieran qué era Netflix, plataforma, como saben sus señorías, de contenidos de pago, pero que hoy tiene, por cierto, más de cien millones de clientes y 2.400 millones de facturación, y esto ha sido en muy poco tiempo. Como les digo, se trata, permítanme este ejemplo que les acabo de dar, de unos mercados que cambian a toda velocidad, y los nuevos entrantes aparecen con un dinamismo y con un tamaño que eran propios de compañías más tradicionales en el pasado.


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Las actuaciones en este ámbito al que ahora me estoy refiriendo son un buen ejemplo de cómo una institución que integra competencia y regulación puede dar mejores respuestas a los ciudadanos. Por tanto, las cuestiones se abordan en nuestro día a día desde esa doble perspectiva. Por un lado, la perspectiva de la regulación y de supervisión de los mercados que suministra input esenciales para el resto del tejido productivo y en las que existen posiciones de dominio, situaciones de monopolio natural y fallos de mercado que justifican la necesidad de regular. Por otro lado, esos mismos temas son observados desde competencia, a nuestra dirección de competencia y a la sala de competencia, a la que corresponde el control de concentraciones y garantizar el cumplimiento de aquella Ley 2007, de Defensa de la Competencia. Esta doble perspectiva ha facilitado a la CNMC hacer frente a los cambios que con tanta rapidez se están produciendo en un sector, además, en proceso de modernización, en un sector donde la regulación sectorial se adapta continuamente a los desafíos también tecnológicos y que debe coexistir con un análisis permanente, como les decía, desde el punto de vista de competencia que asegure el mejor resultado posible para los ciudadanos, siendo la aproximación de la supervisión regulatoria y la competencia las dos caras de una misma moneda. Además, hay que tener en cuenta el proceso de convergencia, por ejemplo, en paquetes. Ya no se vende móvil o fijo o Internet, sino paquetes de servicio que, además, incluyen contenidos de audiovisual que se adquirían hasta hace relativamente poco tiempo por otras vías. Empresas que antes ceñían su actividad a la venta de servicios de telecomunicaciones hoy van mucho más allá y entre sus contenidos incluyen fútbol, motos, series, películas, etcétera. Sobre este asunto, y un matiz, volveré en unos minutos.

El enfoque integrado de las actuaciones, por tanto, de la CNMC se está traduciendo en una mayor eficacia y una mayor seguridad jurídica, que además evita el denominado forum shopping, que las empresas se agarren a la decisión de la autoridad que más les interesa en cada momento, sea esa autoridad de competencia o de regulación. El modelo, nuestro modelo CNMC, termina por favorecer, que es lo importante, al consumidor, termina por favorecer a los nuevos entrantes, termina por favorecer a las empresas más jóvenes y a los empresarios solventes. Esta estrategia, que creo que ya está plenamente consolidada, se ha desarrollado en actuaciones como la concentración telefónica/DTS, que fue aprobada con condiciones, la cuestión de los derechos de fútbol, que la CNMC lleva tiempo fiscalizando, o la regulación de las líneas de Internet de alta velocidad, la fibra. Este último proceso, por cierto, que se deriva de normativa europea, estuvo precedido de una consulta pública. Como sus señorías seguramente conocen, la CNMC realiza varias consultas públicas sobre distintas materias a lo largo del año. La opinión de las personas, la opinión de las empresas para conformar la decisión de la CNMC es una cuestión fundamental en nuestra toma de decisiones. Les decía que el proceso de fibra se deriva de normativa europea y estuvo precedido de esa consulta pública, que contó con el imprescindible aval de Bruselas, porque muchas de las cuestiones en lo que son mercados no locales tienen una consideración absolutamente continental. Por cierto, si me lo permiten sus señorías, no hemos debido hacerlo demasiado mal porque hemos recibido apoyos por parte de Berec -institución de la que luego hablaré cuando comente la proyección internacional de la CNMC, pero les adelanto que es el Foro internacional de reguladores de telecomunicaciones- y, además, otras autoridades de distintos países están reproduciendo nuestra forma de actuar. Queremos pensar que el rápido despliegue de las redes de fibra en España -como sus señorías saben, está a la cabeza de la UE- tiene algo que ver con decisiones regulatorias acertadas y con un camino de recuperación vía retorno de las inversiones que resulta también adecuado para esos inversores, para las compañías que sacan adelante sus programas de expansión. Este último ejemplo también pone de relieve que el debate interno genera decisiones basadas, como les decía, en el consenso y en la prudencia, sin que ello limite la capacidad para adoptar medidas con decisión. Esta prudencia en las actuaciones, como sus señorías seguramente comparten, es absolutamente fundamental.

Sin embargo, nos preocupa, entre otras cosas, el proceso de concentración en algunos ámbitos y los incrementos de precios de los denominados paquetes convergentes. En el sector de las telecomunicaciones hace relativamente poco tiempo teníamos cinco operadores de referencia, luego pasamos a cuatro y luego a tres. Esa paulatina desaparición de operadores se vio acompañada de un incremento de los precios que preocupó y ocupó a la Dirección de Telecomunicaciones y a la Dirección de Competencia de la CNMC y, naturalmente, a su consejo. Luego ha aparecido un cuarto operador, en el que en su desarrollo posterior, en su desarrollo estratégico empresarial, está bien fijada la mirada de la CNMC como uno de los posibles elementos entrantes y dinamizadores de ese mercado. Volviendo a los paquetes convergentes, ya he dicho en público alguna vez que no me parece lo más apropiado que si un ciudadano solo desea contratar servicios de Internet además deba pagar por fútbol o series. Estamos, por tanto, vigilantes y


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también para que las ofertas sean replicables, que es una de las cuestiones básicas en este mercado desde la visión de la agencia de supervisión o de competencia.

En relación con nuestro papel como regulador audiovisual, quiero comentar que hemos desarrollado una labor relevante de defensa del menor y que hace relativamente poco publicamos nuestro último informe sobre Radiotelevisión Española.

Permítanme ir deprisa y pasar ahora al ámbito de la energía. Nos parece de notable importancia, dada la intensidad de la intervención pública y los importantes cambios legislativos que se han producido en anteriores legislaturas y los que inevitablemente se deben introducir en el futuro próximo. Al igual que en telecomunicaciones, buena parte de la normativa se deriva de las decisiones que se adoptan en el seno de la Unión Europea, por lo que el papel de la CNMC en esos foros internacionales a los que me refería hace unos minutos es de creciente importancia. Y junto a todo ello, señorías, la CNMC ha incrementado sustancialmente el grado de transparencia también en este ámbito, en el ámbito de energía, respecto a la situación anterior.

Déjenme recordar ahora muy brevemente las actuaciones en torno a la ya aparentemente lejana subasta Cesur, de diciembre de 2013, que dieron lugar a cambios importantes en la determinación de los precios en España y, por cierto, también a una multa de 25 millones de euros a una empresa eléctrica, Iberdrola, por lo que a nosotros nos pareció una manipulación del precio de la energía a través en este caso de centrales hidráulicas. Por otro lado, debo destacar la sanción a Nuclenor por interrumpir definitivamente la producción sin la preceptiva autorización, que también fue una sanción de notable importancia, más de 18 millones de euros. En cuanto a casos menores pero significativos -voy a una posición polar para no entretener más de lo debido a sus señorías-, en abril de este año se impusieron multas, que sumaron 2 millones de euros, a empresas comercializadoras por incumplir sus compromisos de compra de energía en el mercado, y en este caso lo importante no es la sanción, sino la revelación de impagos por más de 17 millones de euros. Señorías, creo que si el control es laxo los ciudadanos terminan por sufrir las consecuencias y por eso avanzamos en realizar con rigor la tarea de supervisión que nos marca nuestra Ley 3/2013 y todas aquellas disposiciones normativas -estoy pensando en la Ley Audiovisual, en la Ley de Electricidad, en la Ley de Competencia- que rigen nuestras actuaciones.

Al igual que ocurre en el ámbito de la competencia, la finalidad de las sanciones debe ser claramente disuasoria, no recaudatoria. Sin embargo, no es menos cierto que la actuación de la CNMC ha generado importantes ahorros al sector público y a los consumidores. Estos ahorros se derivan tanto del efecto de la disuasión, del que hablaba hace un instante, como de las ordenadas o adecuadas propuestas regulatorias. Por ejemplo, en el informe para calcular la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de electricidad, la CNMC valoró la propuesta del Ministerio de Industria y recomendó cambios que suponen una rebaja del 24 % de los costes de operación y mantenimiento. Por cierto, este tipo de actuaciones serían mucho más eficaces si la CNMC tuviera las competencias que establecen las directivas europeas. Somos el único regulador de energía en la Unión Europea cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes. Como ya conocen ustedes, Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra el Reino de España por este motivo que puede derivar en sanciones si no se introducen los cambios legislativos que exigen las directivas europeas y que creo que desde el punto de vista de la CNMC hubiera podido ser razonablemente fácil de evitar. Tengan en cuenta que todos nuestros socios europeos consideran que determinadas cuestiones es mejor que sean responsabilidad de los reguladores más que de los Gobiernos, por la independencia de los reguladores y también por su capacidad técnica y por su grado de transparencia. ¿Qué justifica que nosotros tengamos un régimen diferente en este momento y en la Europa de los Veintiocho o Veintisiete? Esta cuestión no solo es relevante desde un punto de vista competencial, sino que evitaría que los Gobiernos hicieran política a través de, por ejemplo, las tarifas eléctricas, algo que asombra en Europa y que es, como pueden ustedes imaginar, una competencia esencial para el organismo regulador y, por otra parte, para el bienestar de los consumidores. Creo, sinceramente, que avanzar en este sentido, el de la normalización de las competencias, contribuiría a evitar las dudas de los ciudadanos sobre el sector y a incrementar la eficacia del sistema energético en su conjunto.

Pero permítanme otro ejemplo. Cuando la CNMC dijo en julio de 2005 a Red Eléctrica de España que sus previsiones de incremento de demanda para los siguientes años eran excesivas o que no parecía conveniente seguir invirtiendo en un mallado de la red, creo que actuamos en base a un análisis riguroso e independiente, al margen de otras consideraciones. Además de contribuir a una mejor regulación hasta donde ha sido posible y de avanzar en la supervisión del sector en estos años, se ha puesto a disposición


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de los ciudadanos un comparador de tarifas eléctricas, así como un simulador de facturación de electricidad con el nuevo mecanismo de precios. La CNMC también publicó un decálogo de recomendaciones a usuarios de tarifa eléctrica para orientarles en la selección de proveedor. El servicio de atención a los consumidores atendió más de 2.000 consultas solo en el año pasado. En todo caso, hay que seguir avanzando porque a mi juicio el recibo de la luz continúa siendo demasiado complejo y no fácilmente entendible por todos.

Otras tareas. El desarrollo de un mejor marco regulador del sector postal, ferroviario o el transporte por carretera contribuiría, en opinión de la CNMC, a la competitividad de nuestras empresas. La combinación de la actividad de regulación y supervisión de transporte y sector postal, con el punto de vista de competencia, es en estos asuntos absolutamente importante y además permite abordar los temas sectoriales con mucho más rigor. En este ámbito, el tamaño y grado de independencia de las antiguas autoridades reguladoras limitaba su capacidad para hacer frente a desafíos como la liberalización del transporte por ferrocarril -me refiero a las personas-, la privatización de AENA o la modernización del marco regulador del sector postal. Les daré un detalle, entre las actuaciones más relevantes citaré la regulación de las tarifas de AENA, que se ha traducido en un informe vinculante y en uno no vinculante, en el que consideramos que las tarifas de AENA podrían reducirse aún en un 2 % adicional anual entre 2017 y 2021. Para llegar a este resultado la CNMC ha analizado -rigurosamente, pensamos- la propuesta de AENA revisándola a la baja, lo que se traducirá, de salir adelante, en menores precios para los ciudadanos y para las compañías aéreas, con las implicaciones de todo estilo -citaré aquí solamente el turismo- tan notables para España.

Permítanme comentar que me parece singular que nuestro marco regulador no dé la última palabra en este ámbito a la autoridad independiente y que en cambio corresponda aún al Gobierno cuando es el principal accionista de la compañía. Todo ello se podrá ir resolviendo. Una buena forma de eliminar estos incentivos -que técnicamente saben sus señorías que se denominan como "incentivos perversos"- es que sea la CNMC quien determine la tarifa reguladora, lo que permitiría que un proceso de gran rigor técnico y transparente fuera realizado, naturalmente desde nuestra casa, y sometido a la consideración pública, se valorara y en su caso corrigiera las propuestas de empresas que, como en el caso que nos ocupa, además fueron parcialmente privatizadas.

En el caso del sector postal -y pido disculpas a sus señorías por la rapidez de mi exposición-, en el que desde competencia ya se habrían lanzado numerosos expedientes sancionadores y estudios sectoriales, la actividad ha tratado de impulsar el proceso de modernización, que no ha discurrido, por cierto, al ritmo esperado. Que Correos no disponga todavía de un plan de prestación del servicio postal universal, algo exigido desde una ley del año 2010, evidencia la dificultad para avanzar en este ámbito. Les recuerdo a sus señorías que desde 2010 a 2016 han transcurrido seis años. No obstante y al margen de dificultades, la CNMC ya ha acometido diversas acciones que están favoreciendo una supervisión más adecuada del mayor operador postal, especialmente en el ámbito del servicio postal universal, como la verificación de la contabilidad analítica de Correos, la metodología para calcular el coste del servicio postal o la supervisión de la calidad de ese servicio postal universal. Estas actuaciones analizan si los fondos que recibe Correos son o no excesivos y si el servicio es o no adecuado, por lo que, dada la conexión de Correos, el servicio postal universal y los Presupuestos Generales del Estado, a todos nos parece una cuestión de importancia. Finalizando con estas palabras la supervisión sectorial, ahora les hablaré de competencia.

Señorías, la actuación en el ámbito de la competencia tiene carácter transversal pues la regulación solo está justificada cuando los mecanismos competitivos no garantizan el mejor resultado para los ciudadanos. La actividad de la CNMC en estos tres años ha tenido dos grandes pilares. Por un lado, asegurar el cumplimiento de la Ley de Competencia del 2007, a la que ya me he referido en distintas ocasiones; es decir, perseguir cárteles y abusos de posición dominante al tiempo de realizar un control de los procesos de concentración. Y, por otro lado, promocionar la competencia, la denominada en los entornos internacionales labor de advocacy, que incluye análisis de sectores, proyectos normativos y una importante labor de difusión de los principios de regulación económica eficiente. No pierdan de vista, señorías, el hecho de que las principales restricciones indeseables a la competencia no se derivan solo de los comportamientos de las empresas en el mercado, sino también en ocasiones de regulaciones de marcos legales y reglas de juego que limitan esa competencia, generalmente en interés de un escaso número de empresas ya instaladas que se afanan en conservar unos derechos imposibles de mantener en el tiempo en el que vivimos.


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El año 2015 fue un año récord de sanciones en el ámbito de competencia. Nunca antes se desarmaron y sancionaron tantos cárteles, hasta catorce en el año 2015. Créanme que no hay muchas autoridades en el mundo de competencia que sean capaces de sacar adelante este número de expedientes sancionadores; vuelve a ser gracias al esfuerzo, a la ilusión y a la entrega de las personas responsables dentro de la CNMC. Los cárteles son las prácticas más dañinas para el consumidor y suponen una inaceptable transferencia de renta hacia empresarios que carecen de principios. Estas infracciones, además, perjudican siempre a los más desfavorecidos. Asimismo, al eliminar el esfuerzo continuo de mejora que exige un mercado competitivo, acaba por erosionar la competitividad y afectar al empleo y al crecimiento económico.

Los más de 500 millones de euros impuestos el pasado año deben ser ejemplarizantes. No hay que perder de vista el objetivo fundamental de la actividad sancionadora; es decir, disuadir futuras infracciones, no recaudar. Pero también hay que recordar -sus señorías lo saben ya- que las multas tienen que ser proporcionales al daño causado y disuasorias del ilícito que las ha generado. En un trabajo reciente de la CNMC -y este es un detalle que creo de interés compartir con sus señorías-, se ha estimado que los cárteles desmantelados por la autoridad de competencia entre los años 2011 y 2015 supusieron un ahorro para los consumidores de más de 640 millones de euros anuales. Si se tienen en cuenta solo los años completos desde la creación más reciente de la CNMC -años completos serían, por tanto, 2014 y 2015-, esa cifra aumenta hasta 1.260 millones de euros anuales. Pero permítanme trasladarles que desde mi punto de vista la cuantía de las sanciones no siempre es equiparable, a veces ni de lejos, al daño que producen los cárteles. La trasposición de la directiva de daños de la Comisión Europea, que esperamos que permitirá próximamente en España que los consumidores ejerzan acciones colectivas para reclamar daños por estas conductas, también contribuirá a que las empresas que incumplen se lo piensen antes de actuar en ilícitos. Nosotros hemos activado una opción que permite la ley, que es la sanción a los directivos responsables de los conflictos ilícitos. Próximamente intentaremos activar otras de las que a continuación daré cuenta a sus señorías.

Ahora me van a permitir que me anticipe a sus comentarios. Coincido con muchos de ustedes en que estas acciones continúan estando lejos de ser suficientemente disuasorias. Por eso me gustaría dejar sobre la mesa la posibilidad de retocar la Ley de 2007, que es una gran ley porque se aprobó con el consenso de todos los grupos parlamentarios tras un intenso proceso de debate y reflexión. Pero han transcurrido diez años y diez años después de su aprobación, y con la experiencia acumulada en su aplicación durante este tiempo, convendría abrir de nuevo este proceso con el mismo rigor, naturalmente, con que se hizo entonces y considerando los cambios tecnológicos, la digitalización de la economía tradicional o la presencia ubicua de la economía digital ya no solo en Europa, también en nuestros mercados.

Un ámbito en el que la actividad de detección y sanción de cárteles ha sido particularmente intensa en estos tres años ha sido precisamente el de contratación pública. Los cárteles de residuos urbanos, construcciones modulares, pañales para adultos o mudanzas internacionales han supuesto un coste de millones de euros para nuestras arcas públicas. Que un grupo de empresas se reparta las licitaciones públicas e infle los precios durante años y años genera un daño enorme al consumidor y al contribuyente además de que algunas de esas prácticas a las que me estoy refiriendo, y no puedo dejar de comentarlo con sus señorías, van directamente dirigidas en contra no solo de los presupuestos públicos, sino de estratos de la sociedad como pueden ser ancianos -estoy pensando en el tema de los pañales de incontinencia para adultos- o sectores extraordinariamente frágiles. Esto, señorías, me parece absolutamente vergonzoso y hay que terminar -y estoy seguro de que cuento con su apoyo para ello- con estas prácticas. Además, estas investigaciones han contribuido también a luchar contra la lacra de la corrupción.

Me referiré al siguiente paso que les había anunciado hace un instante que con el apoyo de sus señorías nos planteamos dar. La reforma de la Ley de Contratos, que permite sancionar a las empresas cartelizadas prohibiéndoles que participen en licitaciones públicas, contribuirá en nuestra opinión a reducir estas prácticas. También ayudarán nuestros esfuerzos para formar a los funcionarios de distintos ámbitos territoriales para que sepan cómo diseñar licitaciones, para prevenir estas conductas, cómo detectarlas y, en su caso, cómo denunciarlas. Durante este tiempo naturalmente no solo se han desarmado y sancionado cárteles en el ámbito de la contratación pública; otros sectores en los que ha habido sanciones importantes han sido el del automóvil, el de las industrias lácteas, el del cartón y papel ondulado -un sector que ahora está doblemente de actualidad por la importancia que está adquiriendo gracias al comercio electrónico-,


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el de combustibles, el de transporte frigorífico, el del hormigón. En ocasiones, como en el caso de las industrias lácteas, por cierto, son las grandes empresas las que, a nuestro criterio, se han aprovechado de pequeños productores, haciéndoles difícil mantenerse en el mercado.

Muy rápidamente les daré un balance de concentraciones. Sí deseo poner en conocimiento de sus señorías que en la CNMC estamos analizando entre ochenta y cien concentraciones al año, con un crecimiento en los últimos veinte meses que entendemos que es un reflejo de la mejora de las condiciones económicas y, lo que es más importante, de las perspectivas y de las expectativas que tienen los inversores sobre las medianas empresas españolas, sobre las grandes también pero especialmente sobre las medianas porque suelen ser un sector que tiene más dificultad para acudir a los canales de financiación. Ahora, a través del proceso de concentraciones, estamos viendo cómo a nivel internacional y a nivel de inversores españoles se está produciendo una creciente atención por la toma de participación o por la compra del cien por cien de esas empresas. Es bien sabido que el control de concentraciones tiene por objeto evitar que se reduzca la competencia al disminuir naturalmente el número de empresas, y que las empresas -también es sabido por sus señorías- tienen la obligación de notificar un proyecto de fusión cuando superan determinados límites de cuota de mercado o volumen de negocios. La mayor parte de los casos son objeto de aprobación en un procedimiento rápido, un procedimiento abreviado, que se ha ampliado en 2015 a las empresas de los sectores regulados, gracias al carácter integrado de nuestra institución. Hoy disponemos de un procedimiento sobre todo más rápido -como les decía- y también -lo que no les decía hasta ahora- menos costoso para un gran número de empresas. Los casos en que se han identificado en estas concentraciones algunos problemas para la competencia se han resuelto mediante la imposición de condiciones, que son posteriormente objeto de la imprescindible vigilancia. Sin duda, el caso más relevante de este periodo ha sido el de DTS/Telefónica, ya comentado, aunque también se han impuesto condiciones a varias concentraciones en el ámbito de la distribución comercial, de la industria química o de la logística. La función de control de concentraciones también produce beneficios directos para la sociedad. Se ha estimado que, desde el comienzo de la CNMC -en septiembre u octubre de 2013-, las condiciones impuestas a concentraciones empresariales problemáticas han supuesto un ahorro estimado para los consumidores de más de 15 millones de euros anuales, ahorro que ha alcanzado, por cierto, los 27 millones de euros en el año 2015.

Regulación sectorial más competencia. Esta doble perspectiva, que es natural para nosotros en nuestro día a día de la CNMC, ha evitado que las empresas vean aprobadas sus acciones desde un punto de vista de supervisión sectorial y que luego sean sancionadas por esta misma conducta, por ser incompatible con la normativa de competencia. Esto, señorías, como seguramente muchos de ustedes conocen, ocurría en el pasado. Había varias resoluciones para la misma empresa que daban lugar posteriormente a largas y costosas intervenciones en los tribunales para clarificar por qué algo que estaba autorizado por una de las comisiones era perseguido y castigado con sanción por otra. De nuevo, el modelo integrado de nuestra institución nos ha permitido una acción más eficaz. Procuramos que nuestras resoluciones sean lo mejor posible, pero les puedo asegurar que solo hay una, no como antes, que había varias. Les decía que creo que nos ha permitido una acción más eficaz de carácter también preventivo, y el tejido productivo se beneficia de esa ventanilla única ante el regulador, que les proporciona también -y debo subrayarlo- mayor seguridad jurídica, de gran importancia para la planificación de inversiones y para el desarrollo de los planes estratégicos de las empresas.

Aquí tenía una larga referencia a la subasta Cesur, que cambió la filosofía y la práctica del establecimiento de los precios de la electricidad en España. Supongo que sus señorías lo conocen, yo lo voy a obviar, pero si luego en el turno de preguntas quieren ustedes formular cualquier aclaración, estaré encantado de desarrollarlo hasta donde sea capaz. En cualquier caso, la actuación conjunta en aquel momento de la dirección de energía y de competencia facilitó ese cambio regulatorio de precios de electricidad y creo que en el panorama ha habido un antes y un después de aquella subasta. A ello contribuyó sin duda que por primera vez se publicará el informe de la autoridad regulatoria, que no avalaba el resultado de la subasta. Hasta entonces no se habían hecho públicos nunca los resultados de la subasta. La transparencia, como ven sus señorías -transparencia que nos exige nuestra ley en el artículo 37-, ha acabado con la costumbre de ocultar al ciudadano lo que piensa el supervisor de un tema concreto. Si me permiten, esto contribuye a fortalecer la calidad de nuestra democracia. Los españoles quieren, queremos, transparencia; quieren, queremos, saber; que se les habla, que se nos hable, claro, y eso para nosotros es prioritario porque a ellos y a ustedes, señorías, como sus representantes, es a lo que nos debemos.


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La actividad de promoción de competencia -advocacy a que hacía referencia hace unos minutos-, que tiene una función preventiva, también ha ganado fuerza en estos tres años. La CNMC ha publicado notables análisis sectoriales, que incluyen propuestas que a nuestro juicio serán beneficiosas para emprendedores, ciudadanos y distintos sectores empresariales, y ha revisado propuestas de normas impulsadas por el Gobierno desde el punto de vista de la competencia. Entre los estudios e informes permítanme muy rápidamente recordarles el del mercado mayorista de carburantes, el de las ITV, el del sector aeroportuario, el del transporte regular de viajeros por carretera, el del transporte de gas canalizado. También se han abordado cuestiones tan variadas como el acceso a la profesión de entrenador de fútbol o el código de buenas prácticas de contratación alimentaria. Se han publicado guías dirigidas a funcionarios, como la de evaluación de ayudas públicas, y se han revisado y propuesto mejoras a diversos proyectos normativos. La temática ha sido muy amplia, desde las denominaciones de origen protegidas hasta estatutos de colegios profesionales, pasando por normativa sanitaria y agrícola. La labor de estudios e informes de promoción se complementa con una intensa actividad de conferencias, seminarios, actuaciones formativas, de divulgación de todo tipo. El objetivo siempre es poner sobre la mesa los argumentos que justifican nuestros planteamientos y responder de forma razonada a las críticas, comentarios y sugerencias, muchas veces de gran ayuda para nosotros y desde luego para mejorar y matizar las recomendaciones. No es menos cierto que en ocasiones las reacciones a nuestros informes han resultado poco serenas o incluso alarmistas, a veces por proceder de quienes ven amenazados intereses particulares consolidados durante años. Ese fue el caso de algunos de los estudios a los que he hecho referencia. Estoy pensando en distribución de medicamentos, en instalaciones de servicio automáticas, a las que me referiré con algo más detenimiento al final de mi intervención. En cualquier caso, nosotros seguimos confiando en el diálogo basado en el rigor técnico, la transparencia, la independencia y en nuestro espíritu de servicio público.

Un ámbito muy relacionado con la actividad de promoción de la competencia es lo que denominamos legitimidad activa, es decir, la capacidad de la CNMC para recurrir normas y disposiciones de rango inferior a ley y que sean contrarias a la libre competencia. Esta responsabilidad se deriva de dos disposiciones contenidas en nuestra ley de creación, la Ley 3/2013, y en la Ley de garantía de la unidad de mercado, de diciembre de aquel año 2013. Me refiero al artículo 5.4 en el caso de la ley de creación de la CNMC, y al artículo 27 de la Ley de garantía de la unidad de mercado. Hemos actuado con mucha prudencia en estos ámbitos. Tratamos de convencer a las administraciones para que adapten su texto inicial al texto normativo que nos parece respetuoso con ambas leyes, antes naturalmente de emprender acciones judiciales. La CNMC tiene la capacidad de combinar lo jurídico y lo económico en sus propuestas a los tribunales y a las autoridades locales o de distintas comunidades autónomas y estamos dedicando mucho esfuerzo a demostrar cuantitativamente el impacto sobre el ciudadano de regulaciones que restringen la competencia sin ninguna necesidad o de una manera desproporcionada. De esta forma se coordina nuestro músculo jurídico con el trabajo de economistas e ingenieros de las distintas unidades. El resultado es que cuando no logramos convencer a la Administración y debemos acudir a los tribunales lo hacemos armados de completos informes económicos, técnicos o jurídicos que aportan valiosa información a los magistrados sobre el debate en cuestión; por supuesto todos ellos son públicos y están a disposición en nuestra web.

Estas acciones contribuyen muchas veces a la efectividad de las políticas públicas. Por ejemplo, en el ámbito de la formación -voy a citarles un caso- para el empleo, en que el nuevo marco regulador ha introducido la competencia para seleccionar a los prestadores de servicios formativos, estamos encontrando que en algunas autonomías sistemáticamente se exige estar registrado en la comunidad autónoma correspondiente de la convocatoria para acceder a los contratos, cuestión singular seguramente en opinión de sus señorías, también en la nuestra. Como comprenderán a una empresa radicada -déjenme que ponga cualquier ciudad española- en este caso en Logroño que podría prestar servicios en muchas autonomías limítrofes, esta barrera de entrada le dificulta competir en esos mercados. Son los ciudadanos, en este caso los desempleados especialmente, quienes sufren el coste de una economía fragmentada en mercados, sin dimensión suficiente para generar por otra parte empresas suficientemente competitivas. Creo que todos ganamos si se previenen estas prácticas en la Ley de Unidad de Mercado, aunque es importante ser muy escrupulosos, muy cuidadosos y muy prudentes en el respeto de las competencias territoriales en la aplicación de esta norma.

Por último, en este capítulo de mi intervención no puedo cerrar el balance sin mencionar la intensa actividad internacional de la CNMC. Como ya he comentado, tanto en el ámbito de la energía como en el de las telecomunicaciones, en el ámbito de competencia o en otros, la normativa europea nos está


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marcando el camino, por lo que es vital para los intereses nacionales estar representados, tener visibilidad en esos foros en los que se discute, se intercambian puntos de vista con otros reguladores, y se envían opiniones que normalmente en Bruselas tienen en consideración. Participar activamente en esos procesos comprenderán que es utilísimo para los distintos mercados sobre los que tiene acción la CNMC.

La CNMC ha adoptado una posición de liderazgo en el grupo de trabajo de electricidad, por razones obvias, en el consejo de reguladores energéticos europeos, y continúa siendo por cierto el anfitrión -es un honor para nosotros- del ya denominado con naturalidad foro del gas de Madrid, otro ejemplo de nuestro comportamiento y compromiso internacional. Hace menos de un mes acogimos en Madrid una reunión de 300 expertos de más de 50 países sobre específicamente el tema de cárteles, y lo hicimos dentro de una red internacional de la que formamos parte, que es la International Competition Network.

La conclusión -muy rápidamente, señorías, si me lo permiten- es que han sido tres años tremendamente ilusionantes de trabajo en los que todas las personas que trabajan en la CNMC se han dejado lo mejor de sí mismos, pero el proceso no ha sido sencillo, no está siendo sencillo; requiere esfuerzo, queda mucho por hacer y sin duda existen márgenes notables de mejora.

Ahora me referiré mucho más brevemente al plan de actuaciones de 2016. Hacerlo en octubre de 2016, como les comentaba a sus señorías, me produce una sensación de simplificación en mi exposición. Para realizar nuestro plan de actuaciones la CNMC elaboró hace tiempo un plan estratégico, del que cuelgan los planes anuales, que se materializa como les digo en actuaciones concretas para cada uno de los años. En aquel plan estratégico y en los planes de actuación anual se recogen acciones que desarrollan, arman y dan sentido a los objetivos estratégicos, que suelen ser plurianuales. Me permito compartir con sus señorías que este planteamiento implica una visión a largo plazo y una estabilidad en los objetivos que naturalmente contribuyen a fortalecer, creemos, a la CNMC y a dar seguridad y estabilidad, que es lo más importante, a empresas y ciudadanos. Debo pedirles de nuevo disculpas porque por las circunstancias conocidas, a las que también ya me he referido anteriormente, no he podido hacer este desarrollo mucho antes, como seguro que sus señorías y desde luego yo mismo hubiéramos deseado.

El plan de actuaciones es una continuación -no puede ser de otra manera- de los anteriores que ya presenté en las pasadas legislaturas. Su objetivo es ordenar las prioridades, facilitar el seguimiento de nuestro trabajo, garantizar que los ciudadanos y las empresas sepan a qué nos dedicamos y facilitar la rendición de cuentas. Creo que no merece la pena que les relate ahora -no teman sus señorías- una por una las 129 actuaciones concretas de las 18 líneas de acción estratégica, pero me voy a detener en aspectos que considero centrales o nucleares de las mismas; hay un documento que seguramente el presidente habrá puesto a su disposición y que les podemos facilitar con el grado de extensión que sus señorías consideren.

Muy brevemente, en el área de telecomunicaciones la CNMC pretende finalizar la tercera ronda de revisión de mercados relevantes en telecomunicaciones, y vigilar la aplicación de las obligaciones impuestas en los mercados de banda ancha, que tendrán en cuenta los resultados de esa serie de consultas públicas a las que me refería hace un momento y que han tenido lugar durante estos meses del año 2016 ya transcurridos. Asimismo se prestará especial atención a las decisiones en ámbitos como el roaming o la neutralidad de la red. El roaming, que ya debería haberse adoptado, ha sido recientemente retirado en Bruselas, transformado, y estamos a la espera de una nueva propuesta sobre la que trabajar.

En el sector audiovisual -también muy rápidamente- la prioridad es reforzar la aplicación del código de autorregulación, para aumentar la protección de los menores, así como el control de la emisión de comunicaciones comerciales y el fomento de la producción europea, de acuerdo con la regulación imperante. Asimismo esperamos seguir progresando en nuestro papel frente a la Corporación de Radiotelevisión Española e introducir mejoras en el informe que ustedes han conocido recientemente.

En el ámbito energético las prioridades se identifican en la puesta en marcha del mercado ibérico del gas y en la consolidación del nuevo mercado de retribución de las distribuidoras de electricidad, así como en seguir avanzando en la mejora de la supervisión de distintas actividades. Al igual que en el caso del análisis de proyectos normativos, desde la óptica de competencia, estamos esperando la reanudación de la actividad legislativa para poder realizar nuestras aportaciones al proceso.

En el sector del transporte deberán analizarse adecuadamente, pensamos -ya lo hemos empezado a hacer-, los cánones ferroviarios a la nueva ley del sector, y habrá que avanzar en el análisis del nuevo modelo de costes de la administración de infraestructuras, y me estoy refiriendo a ADIF. En relación con la regulación económica de las tasas aeroportuarias, la CNMC tendrá que preparar el primer informe referido al periodo 2017-2021 de acuerdo con el DORA, el Documento de Regulación Aeroportuaria, y


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este proceso, que debería estar más avanzado, es muy relevante para el buen funcionamiento de los aeropuertos españoles y tiene impacto en ámbitos como el turismo. A todo esto me he referido con cierto detenimiento en el balance 2013-2016 que he sometido a la consideración de sus señorías.

En el ámbito postal se mantiene el objetivo de conocer y auditar la contabilidad analítica de Correos, para adecuar continuamente las competencias de la CNMC en el sector a las demandas postales, especialmente por lo que se refiere a la supervisión de los precios de ese servicio postal universal. Asimismo es de especial relevancia el seguimiento del mercado de paquetería -de gran auge por la economía digital implantada, que requiere que finalmente alguien lleve algo a determinados lugares-, la supervisión de acceso a la red, la política de descuentos del operador de red y la determinación y verificación del coste neto del servicio postal universal.

En el área de competencia las prioridades recogidas en el plan de actuaciones pueden resumirse en continuar intensamente en la lucha contra los cárteles y las licitaciones públicas fraudulentas, en la progresiva utilización de las multas a directivos y responsables de infracciones graves, y la prohibición -siguiente paso que anunciaba a sus señorías- de contratar con la Administración pública para las empresas infractoras. Por otro lado hemos lanzado una consulta para evaluar el programa de clemencia que tan buenos resultados ha dado con el objetivo también de introducir mejoras.

En cuanto a promoción de competencias es prioritario concluir el informe sobre economía colaborativa, teniendo en cuenta las aportaciones recibidas en la consulta sobre el informe preliminar. También continuaremos impulsando la capacitación del personal de las administraciones públicas responsables de contratación, para prevenir y detectar licitaciones públicas fraudulentas, así como mantener la intensidad en el análisis de proyectos normativos y el uso de los instrumentos de legitimación activa a los que acabo de hacer referencia. También continuaremos con nuestra tarea de realización de estudios sobre sectores y actividades, que consideramos importantes.

No puedo terminar sin hacer referencia a un ámbito de actuación que consideramos de vital importancia en la CNMC: el proceso de fortalecimiento institucional para garantizar la independencia y transparencia de nuestras actuaciones. Las instituciones abrochan el contrato entre el Estado y los ciudadanos, y es de crucial importancia, entendemos, para cualquier país contar con instituciones fuertes, rigurosas, transparentes e independientes, y la CNMC pretende ser, señorías, una de esas instituciones. En la CNMC consideramos que si los ciudadanos y esta Cámara reclaman reformas en transparencia nosotros debemos darles respuesta en forma de avances concretos. Además de nuestro trabajo, encontramos justificadas iniciativas como, por ejemplo, la puesta en marcha del primer registro de grupos de interés a nivel de toda España o el buzón interno de denuncias dirigido a garantizar la independencia de nuestros técnicos. El primero supone una señal de que no tenemos nada que ocultar en nuestras relaciones con terceros, y que esperamos de esos terceros reciprocidad. Por eso pedimos a los grupos de interés que se inscriban en un registro de la institución con la misma naturalidad con la que lo hacen, por cierto, esos mismos grupos en Bruselas y que asuman -eso sí- el código ético que guíe sus relaciones con la CNMC. También hemos puesto a disposición de las personas -les decía- que trabajamos en la CNMC un buzón en el que pueden trasladar de forma confidencial al departamento de control interno cualquier asunto que suponga un menoscabo, en su opinión, de su imparcialidad y de su independencia. El objetivo es salvaguardar a las personas y garantizar el cumplimiento de la ley y nuestro propio código ético de conducta.

Estas medidas completan el esfuerzo de incrementar la transparencia, publicando todas las actuaciones que llevamos a cabo, las agendas de los altos cargos -ya se lo he comentado a sus señorías- o la organización de actos como los Diálogos de Compliance que iniciamos precisamente la semana que viene. Nos sentimos muy cómodos trabajando en una urna de cristal. Estas medidas se van a reforzar en las próximas semanas con la culminación del proceso de integración de todos los procedimientos internos en el sistema de información, y su vinculación con la publicación de nuestras actividades en una página web que esperemos que esté disponible, y que sea aún más trasparente y fácil de navegar que la anterior. Es mi deseo, pero no puedo comprometer fechas con sus señorías, que pronto publiquemos los órdenes del día que vamos a debatir, la relación de acuerdos adoptados en cada una de las sesiones, y que cada asunto sea hecho público acompañado de un breve resumen ejecutivo que incremente la transparencia. A veces los títulos técnicos no orientan lo suficiente sobre el contenido de las decisiones. Todas estas medidas adoptadas o en proceso de adopción se complementan con una labor intensa de comunicación en nuestro blog, en Twiter, en la página web que no pretenden sino facilitar a todos los interesados el acceso a nuestro trabajo. En definitiva continuamos trabajando intensamente una vez alcanzada


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-pensamos- una cierta madurez para proseguir con la labor que, como les he relatado, es de gran importancia para el buen funcionamiento de la economía y el bienestar de los ciudadanos. Pretendemos continuar reforzando nuestros pilares irrenunciables: transparencia, independencia y rigor técnico en un proceso continuo de autocrítica y con vocación de servicio a las obligaciones que sus señorías nos encomendaron.

Antes de terminar con esta primera parte de mi intervención quiero invitarles a todos ustedes que lo consideren a venir a la CNMC en próximas fechas, para algunas sesiones de trabajo que nos permitan explicarles, en nuestra sede y con mayor detalle, de la mano también de nuestros directivos, las actividades que llevamos a cabo en el día a día. Creo que a la CNMC nos beneficiará y nos beneficiará mucho, y espero que sus señorías lo tomen como una posibilidad de conocer mejor a una institución como la nuestra.

Previamente a quedar a disposición de sus señorías y de sus preguntas hay otro punto del orden del día que debo desarrollar. Tampoco me voy a detener mucho por la extensión de mi intervención. Ruego a sus señorías que entiendan que tenía que hacer un balance de tres años, un plan de actividades de todo el año 2016, y ahora hablarles de un punto que sus señorías me han demandado, que tiene relación con las denominadas estaciones o gasolineras desatendidas, que a nosotros nos gusta internamente identificar más como estaciones de servicio automáticas. En primer lugar, aunque seguramente no será necesario, me permito recordar a sus señorías el entorno de crecimiento de precios de las materias primas en el que nos encontramos en este momento. Inicialmente el crudo, los productos petrolíferos bajaron de precio en los mercados internacionales; posteriormente estuvieron estabilizados un cierto tiempo y ahora están subiendo de nuevo. Sí debo decirles -para anticiparme quizá a alguna de sus preguntas- que también vimos con atención cómo cuando bajaba el precio del crudo o de los productos -gasolinas y gasóleos- en los mercados internacionales lo hacían en menor proporción en nuestras estaciones de servicio. En cualquier caso el precio de los carburantes está subiendo de nuevo, y entendemos que si existieran estaciones de suministro automáticas -gasolineras automáticas en el lenguaje más lineal- se podría con ellas introducir una fuente de competencia que moderara los precios de los carburantes, haciendo frente a una situación que he definido muchas veces como oligopolística.

Las estaciones de servicio automáticas permitirán dar servicio en aquellos lugares en los que hoy no son rentables otras modalidades. Estoy hablando especialmente de zonas rurales, pero, por qué no, de zonas de concentración urbana densa o precisamente lo opuesto, de zonas de concentración urbana dispersa. No creo que supongan ningún problema de seguridad; sí naturalmente habría que adecuar la normativa municipal, entendiendo que no tienen riesgo relevante y que pueden ser un elemento dinamizador de los mercados, además de facilitar a los usuarios la carga de los depósitos de sus vehículos.

Se dice a menudo que están reñidas con el empleo. Permítanme sus señorías una reflexión. No estamos hablando de pasar de un sistema en el que hay doce empleados en una estación de servicio a otro en la que no hay ninguno. Les recuerdo a sus señorías que en la mayor parte de las estaciones de servicio hay un empleado que está en la caja, en la tienda, cobrando a las personas los combustibles y carburantes que se han echado ellos mismos; pasan por la tienda, van a la caja, que suele estar al final naturalmente, y en ese camino, no siempre directo de la puerta a la caja, han ido comprando cosas. Eso es a lo que nos enfrentamos. Las estaciones de servicio automáticas no son desatendidas, estarán atendidas por control remoto y en una central; no plantearán problemas notables de seguridad, si se aplica naturalmente una normativa adecuada; facilitarán el acceso de los usuarios; el problema de los vertidos está técnicamente resuelto, y no hay nada más que imponerlo en este tipo de estaciones de servicio; están dirigidas a los usuarios que lo deseen. Los consumidores que voluntariamente prefieran seguir yendo a las estaciones de servicio llamémosles atendidas o tradicionales, si prefieren ustedes, lo van a poder seguir haciendo. Pero quiero compartir con sus señorías un dato, y es que en España tenemos un número relevante de estaciones de servicio desatendidas desde hace muchos años -en las cooperativas agrarias, por ejemplo- que no han planteado nunca ningún problema. Sus usuarios lo identifican con un servicio positivo, cómodo, próximo a sus necesidades, y por cierto más barato que el resto de estaciones de servicio.

Dejaba para el final, para no cansar demasiado a sus señorías -luego en el turno de preguntas ustedes me harán las reflexiones que consideren-, algo que creo que puede ser de interés. Las estaciones de servicio automatizadas en Suecia son el 60 %; en Dinamarca el 65; en Bélgica se aproximan al 20 y en Holanda al 23. No estamos planteando en nuestro estudio nada distinto a lo que se está haciendo, con éxito probado, en estos países. ¿Que no interesa a todos? Eso, señorías, es otra cuestión.


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Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que el presidente, la Mesa y sus señorías consideren.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José María.

Es el turno de los distintos grupos parlamentarios. Ya saben que, en principio, disponen de diez minutos. Procuren ajustarse a este tiempo en la medida de lo posible.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz en este punto doña Ana María Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Marín Quemada, es un placer contar hoy con su presencia en esta Comisión con motivo de la comparecencia en cumplimiento, usted lo ha dicho, del artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; celebro su presencia aquí, aunque se trate de una comparecencia establecida por la ley. A continuación debo trasmitirle la sorpresa que me causa que el presidente del máximo órgano nacional de la competencia exhiba un desconocimiento tan llamativo del alcance del control parlamentario al que está sometido el organismo que preside. En su carta de remisión del plan de actuación 2016 al Congreso usted escribe literalmente: Creo que debo presentar esta documentación a los miembros de la Comisión. Señor Marín, no se trata de creer, sino de cumplir la ley. El artículo 39.2 de la Ley de 4 de junio: Las comparecencias anuales estarán basadas en la memoria anual de actividades y el plan de actuación. Esta Comisión ha recibido el plan de actuación, pero no la memoria de actividades del año 2015, y es usted reincidente en este punto respecto de años anteriores. El artículo 37.d) establece: La memoria anual de actividades incluirá las cuentas anuales, la situación organizativa y la información relativa al personal y las actividades realizadas, los objetivos perseguidos, resultados alcanzados, y se enviará a la Comisión correspondiente. El artículo 37.1.g): El plan de actuación de la Comisión para el año siguiente se enviará también a la Comisión correspondiente del Congreso. Hablamos del plan del año 2017 y le recuerdo que seguimos teniendo únicamente el de 2016. Cada tres años además la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia presentará una evaluación especial, que se enviará también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. No lo hemos recibido. Señor Marín, la CNMC no está cumpliendo, en el marco legal de rendición de cuentas, en lo que le afecta a publicidad de sus actuaciones y al control parlamentario, o lo está haciendo de una manera tan deficiente que de facto lo imposibilita. Ello resulta especialmente inadmisible si tenemos en cuenta el tiempo del que usted ha dispuesto. No ha comparecido en esta Comisión desde el mes de febrero de 2015, hace exactamente un año y ocho meses. Están claras las circunstancias en las que se ha desenvuelto este año y el especial tiempo de las legislaturas, pero eso le ha dado a usted muchísimo más margen de tiempo; creo que es algo a favor en lugar de algo negativo. Además este es un año especial, porque justamente se cumplen tres años de la creación de la entidad, de la puesta en marcha de la ley, y como dice el artículo 39.4: Cada tres años el presidente comparece de forma especial. Esta es la forma especial en la que este año nos tenemos que emplear a fondo los parlamentarios que estamos aquí para cumplir con nuestra responsabilidad y esa exigencia democrática de control parlamentario. Señor Marín, ¿cree usted que con la información remitida podemos ejercer el control parlamentario que nos encomienda la ley de creación? ¿Qué está pasando en la CNMC? El plan de actuación de 2016, que es el único que nos ha remitido, ha sido aprobado por el consejo -no sé si mis compañeros y compañeras diputados se han percatado- en el mismo año 2016, en junio de este mismo año. Resulta sorprendente que su plan de actuación, con los objetivos marcados para realizar este año, se haga con la mitad del año transcurrido. ¿Usted primero ejecuta el plan y luego marca las prioridades?

Señor Marín, en nuestro grupo, el Grupo Socialista, somos conscientes del interés de que el máximo órgano regulador de los mercados y de la competencia en España goce de prestigio. Esa exigencia de prestigio es nuestro interés y nos duele ver cómo el prestigio de la CNMC está en sus horas más bajas. Acabamos de tener conocimiento esta misma mañana de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se pone de manifiesto que se ha vulnerado la independencia con la creación de la ley y la forma en que se gestionó -la ley de creación de la CNMC-, se ha vulnerado la independencia de los órganos reguladores en España como consecuencia de la expulsión y el límite de mandatos que se estableció de los consejeros independientes. Se ha recogido en la primera página de los medios económicos, por ejemplo, Cinco Días. Es la noticia, pero es que sinceramente, lo que mal empieza, peor termina.


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Hay que recordar que esta CNMC es fruto de una ley creada para el conflicto, se podría decir así. Se aprobó en 2013 sin consenso parlamentario y sin el debate público necesario, algo que creo que es muy importante, muy al contrario de lo que sí había ocurrido -y ustedes lo saben, porque estaban en el sector- en la época de la Administración socialista y con motivo de la Ley de 2007, donde hubo una amplia puesta en funcionamiento de coordinación de todos los agentes. Se dictó hasta un libro blanco -no un estudio de mercado, no un informe- para poder posibilitar la Ley de Defensa de la Competencia. Creemos que esa es la forma de hacer las cosas. Por ello esta fue una ley que en 2013 concitó el rechazo unánime de todos los agentes económicos, académicos e institucionales, de los reguladores, de la Comisión Nacional de la Competencia del momento, del Consejo de Estado, de la Unión Europea y de todos los grupos parlamentarios, que presentaron enmiendas a la totalidad. ¿Por qué? Porque este rechazo deriva del gran intervencionismo que esta ley contenía. Rescato el comentario de un experto del momento, un periodista muy conocido, que dijo: El Gobierno parece querer convertir a reguladores y competencia en una terminal ministerial. Es una ley que consolidó un modelo para el que el Gobierno del Partido Popular se apoyó, por decirlo suavemente, en un informe que realizó Price Waterhouse por encargo de una empresa regulada, Telefónica, y que responde -¡oh, casualidad!- al actual modelo de la CNMC. Esta ley de 2013 supuso la integración forzada de los organismos reguladores anteriormente existentes que funcionaban a pleno rendimiento y con gran prestigio, como se está viendo ahora con esta sentencia respecto de la CNMT, que ha salido hoy. Eran la CNC, la CNE, la CMT y la CNSP -no entro en el detalle de los nombres, porque ustedes los conocen-, creándose un nuevo organismo, la CNMC, en el que se mezclan -y quiero hacer un especial hincapié, porque esto es muy importante- la regulación sectorial ex ante con la aplicación de las normas de la competencia ex post. Una novedad mundial y una improvisación que están teniendo consecuencias negativas irreversibles para los ciudadanos españoles. En aquel momento se hablaba del modelo holandés, que todavía no había echado a andar, pero ya se utilizaba como ejemplo, siendo prácticamente una novedad mundial. Esta ley, como digo, provocó el cese anticipado de los consejeros, y quiero recalcar este punto, porque algo que ya había sido sancionado por la jurisprudencia europea en el caso de Hungría, sin que el actual ministro Montoro, entonces líder de la oposición en el ámbito económico, tuviera empacho para decir: Los nombramientos son ilegales, para nosotros no son aceptables, así que cambiaremos la ley. Ese es el espíritu con el que comenzó la andadura la ley y el organismo a que dio lugar.

Respecto de esta ley de creación de la CNMC quiero recordar que nuestro grupo, el Partido Socialista, se posicionó y votó en contra porque entendíamos que era y sigue siendo uno de los mayores desacuerdos y desaciertos cometidos por la política pública de supervisión y de regulación en España desde que existe esa política. Desde el PSOE hemos insistido coherentemente desde esa fecha, desde 2013, en un modelo de regulación que debería separar estrictamente las funciones de la competencia de la regulación sectorial. Sé que no es lo que usted piensa, señor Marín, porque así lo ha manifestado en diferentes medios y además lo acaba de mencionar, por lo que será muy productivo para el diálogo, si no nos da tiempo aquí, en futuras ocasiones. Quiero hacerlo constar porque nuestro propio programa electoral decía claramente que se apuesta por la transición de la CNMC a un modelo de regulador convergente similar al existente en Alemania -sin que ello sea limitativo, a modo inspirador-, que cuente con un organismo regulador para sectores económicos en red: energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte en el sector postal y un organismo de competencia diferenciado. Así, la intervención ex ante y ex post quedan claramente diferenciadas, como por otra parte está sucediendo ya en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Sinceramente creo que esto supone el reconocimiento explícito del fracaso del modelo del Partido Popular, porque ya en el acuerdo que han firmado recientemente Partido Popular y Ciudadanos hacen una apuesta clara por un modelo de separación en la línea de lo que acabo de comentar. No quiero pensar que ese modelo se haga de forma precipitada, como ya ocurrió en su momento -es decir, tendría que ser algo realmente debatido-, y tampoco ironizando en el sentido de que supusiera la separación tajante de reparto de lo que existe ahora mismo, como diciendo: esta parte para el presidente y esta parte para la vicepresidenta que existe actualmente. Si fuéramos a un modelo así, sería algo mucho más organizado, de un mayor calado, y con la experiencia adquirida algo mucho más serio.

Para finalizar me gustaría plantearle unas cuestiones para que me responda, por favor, en Comisión, y si no disponemos de tiempo, los datos de los que usted no dispone aquí nos los remita con total tranquilidad, que los vamos a estudiar. Señor Marín, como exige la normativa europea la independencia presupuestaria es esencial para proteger la independencia de la autoridad reguladora. Mi pregunta es: ¿se está cumpliendo esta independencia financiera, esta independencia presupuestaria, por supuesto


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respecto del Gobierno? ¿Cómo se está cumpliendo? ¿Qué porcentaje de financiación de la CNMC proviene de los presupuestos generales y cuántos de ingresos propios vía tasas?

Otra cuestión. He leído en prensa que en esta etapa de tres años la CNMC ha resuelto en torno a 1.500 expedientes sancionadores con multas que suman, aproximadamente, 1.000 millones de euros, pero que de momento la CNMC -dicho en términos muy coloquiales- no ha visto ni un céntimo. La CNMC tiene recurridas todas estas sanciones. ¿Son correctos estos datos? ¿Qué valoración hace usted de este hecho? ¿Qué propuestas concretas hace el presidente de la CNMC para cambiar o revertir esta situación? ¿Dónde tienen ustedes que incidir? En cuanto al último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2014 dice que la CNMC continúa ejerciendo en 2014, dos años después de su creación, funciones que por ley deberían traspasarse al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Fomento y al Ministerio de la Presidencia. ¿En 2016 cuál es el estado de situación de esta distribución de funciones entre la CNMC y los diferentes ministerios? ¿Hay nuevas competencias anunciadas para la CNMC en relación con los sectores regulados? ¿Cuáles son? No se le escapa que en esta pregunta va implícita esa cuestión que se plantea -a la que usted también ha hecho mención en su intervención- de la necesidad de que haya mayor independencia y de que caigan más las decisiones sobre los órganos regulados, pero parece que el Gobierno actual del Partido Popular tiende a recuperar competencias, y que ha aprovechado este modelo de fusión y de integración para que por el camino algo se quede y recuperarlo vía tasas y vía competencias, lo cual sería un mayor intervencionismo en España. Un caso concreto y corto: Google. ¿Qué medidas va a tomar el órgano de competencia en España para recuperar los beneficios que el Estado español ha dejado de ingresar? Me gustaría también conocer cómo valora usted el desafío regulatorio que suponen los nuevos modelos de prestación de servicios y, en especial, sobre la llamada economía colaborativa que tanto preocupa a colectivos como el del taxi. Espero que nos lo pueda exponer de alguna manera resumida y concreta y si no con el informe pertinente, pero haciendo especial relación a los sectores a los que afecta.

Igualmente, quería conocer su opinión acerca de la necesidad de reformar los servicios profesionales en España y adaptarlos al entorno europeo, porque la Comisión Europea no cesa de recordar la necesidad de que se acometan reformas en este ámbito. ¿Considera usted que el actual Gobierno ha hecho lo suficiente en materia de liberalización de los servicios profesionales? ¿Qué motivos ha podido haber para que el actual Gobierno haya paralizado el anteproyecto de ley de servicios profesionales que había elaborado el Ministerio de Economía y Competitividad que ha quedado congelado? En cuanto a la transparencia, en la página web de su entidad el único apartado al que no he conseguido acceder es al de acuerdos de la CNMC, para ningún año de vida del organismo. Está la plantilla, uno cree que va a poder acceder, cliquea y no recupera nada. Permítame la pregunta: ¿No hay acuerdos en la CNMC? ¿Por qué no están publicados en la web? Le recuerdo que la CNMC se comprometió, en el plan de 2015, a publicar todos los acuerdos adoptados por el pleno o las salas en un plazo máximo de siete días hábiles, y estamos en 2016.

Señor Marín, un tema interno. Desconozco si sigue la prensa, pero la CNMC está en el centro de los medios de comunicación con términos tales como conflicto, batalla, crisis, cisma, guerra... ¿Es cierto que usted en su calidad de presidente ha impuesto que el director de promoción de la competencia revise -entrecomillado- con posibilidad de hacer un contrainforme las resoluciones del consejo sectorial de la CNMC? ¿Existe un enfrentamiento entre el departamento de promoción de la competencia y los departamentos de regulación? ¿Es cierto que en marzo de 2016 la vicepresidenta de la CNMC y otros cinco consejeros solicitaron por escrito al presidente -es decir a usted- que en el orden del día del pleno, del 30 de marzo, se incluyera el punto: pérdida de confianza del pleno en el director de promoción de la competencia? ¿Es verdad que estos consejeros quieren ir a la Abogacía del Estado por falta de independencia interna de las direcciones sectoriales por la fiscalización que ejerce el director de promoción de la competencia? ¿Según usted, señor presidente, el departamento de promoción de la competencia es un director de instrucción o una figura de coordinación? ¿A qué punto de bloqueo se está llegando en la actividad del consejo de la CNMC? Como comentaba anteriormente, lo más preocupante de toda esta situación es que está teniendo consecuencias negativas irreversibles para la economía y los ciudadanos españoles.

El señor PRESIDENTE: Señora Botella, le ruego que vaya concluyendo.

La señora BOTELLA GÓMEZ: ¿Cuántos minutos llevamos?


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El señor PRESIDENTE: Lleva ya dieciséis minutos.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Bueno, es cada tres años. Es muy breve lo que me queda, dos aspectos nada más.

Desde luego, no es usted el único responsable, señor Marín, de todas las ineficiencias de la CNMC, algunas de ellas derivadas del modelo aprobado por el Partido Popular y que tras tres años de gestión hay que decir alto y claro que son un fracaso. Es un fracaso el enfoque de la fusión de los reguladores y la competencia y cómo se ha estado realizando la gestión. Pero usted es el único presidente de la entidad en estos tres años de vida y no está exento de responsabilidad. Baste señalar las subidas incontroladas de los precios de la energía en España y, por primera vez desde su liberalización, del aumento de precios de las telecomunicaciones. Solo hay que ver las revueltas internas, los consejeros rebeldes, los informes paralelos y contrainformes, las manifestaciones de los empleados a pie de calle que piden la dimisión del consejo, del presidente y de la vicepresidenta de la CNMC. Baste leer los dictámenes motivados desde Bruselas que cuestionan la independencia del organismo y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la que hoy ha salido en los medios. Baste comprobar cómo bajo su mandato en estos tres años el control parlamentario se está viendo limitado por el incumplimiento de artículos de la ley de creación, al no remitir la documentación que tiene obligación por ley ni en tiempo ni en forma a este Congreso de los Diputados. Este será un dudoso honor que nadie le podrá negar a usted en el marco de sus responsabilidades, señor presidente.

Para finalizar, hablaré muy brevemente sobre el tema de las gasolineras desatendidas y ya finalizo. Mi grupo parlamentario solicitó su comparecencia para que detallara las causas de este informe, porque pensamos que estamos ante un ejemplo de las disfunciones que ha producido esta reforma de la CNMC realizada por el Gobierno, que produce un exceso de generalización e insuficiente valoración de los factores técnicos y socioeconómicos, lo que nos lleva a la falta de neutralidad de los análisis y, en el extremo, a la sobreponderación de intereses de parte sobre el interés general, y nos parece muy grave. Mire usted, señor Marín, hemos hecho el análisis de todos los datos que ustedes aportan allí, y el mundo feliz de la distribución de carburantes mediante estaciones desatendidas que propugna el informe fácilmente puede convertirse en lo siguiente: en un mundo con una oferta más concentrada, con más margen de beneficios para estos ofertantes concentrados y con menor empleo, con más riesgos de seguridad y con escaso ahorro para un consumidor que, a cambio, tiene que asumir más incomodidades y, si se trata de consumidores con discapacidad, más dificultades para repostar sus vehículos. La realidad puede ser completamente distinta a como nos la cuenta el informe de la CNMC y, los datos que nos aportan -que es lo más triste-, no ofrecen garantía de que no vaya a ser así, no tienen el suficiente rigor. A partir de este informe de la CNMC se desprende con bastante certeza que con la eliminación de la restricciones a las gasolineras desatendidas los operadores tradicionales, probablemente, se tendrán que deshacer más pronto que tarde de sus trabajadores para ser competitivos -aprovechando la reforma laboral existente del señor Rajoy- y convertir sus estaciones de servicio en estaciones desatendidas.

El señor PRESIDENTE: Señora Botella, tiene que ir terminando ya.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Termino ya.

Creemos que en el informe se ha reunido con algunas de las partes que pueden tener interés en el mercado de los carburantes, pero no con el conjunto de los agentes, por lo cual le instamos en este punto a que haya una reunión mucho más amplia de todos los interlocutores y a que remita a esta Comisión todos los puntos del informe, su duración, los interlocutores, una ficha técnica de este estudio para valorar su grado de fiabilidad, dado el impacto que está teniendo en el tejido económico y social de todas las comunidades autónomas.

Muchísimas gracias. Y, con su permiso, tomo su palabra para realizar esa visita que nos ha brindado a futuro, que creo que siempre será muy positiva para un mayor y mutuo conocimiento.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botella.

Por el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra don Segundo González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Marín, por comparecer ante la Comisión. Entiendo que debe ser difícil velar por la competencia en una economía como la española, en la cual las principales empresas cotizadas del país


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han crecido al calor de la captura de rentas por parte del Estado, una captura de rentas que según la CNMV nos cuesta a los españoles al año un total de 48.000 millones de euros solo en sobrecostes. Tiene que ser difícil, pero mucho más difícil tiene que ser también con un Gobierno, como el del Partido Popular, que pone todas las barreras posibles a la entrada de la democracia en los parlamentos y en el control, y que hace todo lo posible por obstaculizar la información y la rendición de cuentas que solicitan los parlamentarios. Creemos que si un Gobierno como el actual tuviera que regirse por los principios de la competencia, como esos de los que tiene que hablar el señor Marín, ya estaría desmantelado como un cártel más o sería parte de una serie de Netflix, como usted comentó antes. En todo caso, estas prácticas del Gobierno están también insertas en el propio diseño de la CNMC, como ya comentaba la diputada socialista anteriormente, y la CNMC, como bien saben, nace bajo sospecha de la Unión Europea por su posible falta de independencia y de transparencia, pero también por la baja dotación de recursos con la que cuenta para desarrollar sus funciones.

El Gobierno del Partido Popular, en la anterior legislatura, con el rodillo del que hacía gala ley tras ley, aprobó este diseño y, como acostumbra a hacer también, posteriormente incumple las leyes que hace a medida de su trampa e intenta injerirse en la actividad de la CNMC, como ya ha manifestado el señor Marín ante las quejas que incluso creo que ha llevado ante la Unión Europea. Desgraciadamente, estas prácticas del Partido Popular de obstaculizar la actividad de las entidades de fiscalización y control no son nuevas -ya lo vimos aquí, en la Comisión de Hacienda, en la pasada legislatura con el caso de la Airef- y, aunque no nos sorprenden demasiado, nos gustaría que manifestara su opinión tanto sobre el diseño de la CNMC -si es correcto y adecuado para desarrollar sus funciones- como sobre las injerencias, que usted ha manifestado en medios de comunicación, a las que se le ha sometido por parte del Gobierno del Partido Popular.

Respecto al plan de actuación de 2016 que nos presenta, me sumo al comentario y a la queja de la diputada socialista. Creo que un plan de actuación tiene que estar firmado antes de su ejecución y no a mitad de mandato. En este plan de actuación hace referencia al control de la competencia y a la implantación e impulso de mejoras regulatorias en sectores oligopólicos como pueden ser el de las telecomunicaciones, el audiovisual, el postal, el de transporte y el energético. Ya que estamos finalizando el año -es octubre y pronto llegarán las Navidades-, nos gustaría que más que hablar del plan nos hablara de las acciones concretas que se han desarrollado a raíz de dicho plan y le voy a preguntar en relación con algunas de ellas. Por todos es conocido que la estructura oligopolística del sector energético en España y su mala regulación, engrasada por las puertas giratorias por parte de los dos grandes partidos que han gobernado este país, es una de las causas de que en España se dé uno de los precios más altos de la energía que supone que, por ejemplo, 5 millones de familias vivan en situación de pobreza energética y tengan dificultades para pagar las facturas a final de mes, pero también el deterioro de la competitividad de las empresas que se ven sometidas a esos elevados costes. En su plan de actuación incluía varias acciones relacionadas con el sector energético pero, en las noticias a las que he podido acceder, veo que durante 2015 solo ha habido dos multas a empresas del sector energético, que son relativamente pequeñas en comparación con el sector, como son Luci Mundi y Zencer, y querría saber qué medidas han tomado durante este año para impulsar mejoras regulatorias y para investigar y sancionar prácticas oligopolísticas en el sector de las empresas eléctricas. Asimismo, he podido tener constancia de que, a partir de este trimestre, las reclamaciones que realicen los usuarios a las empresas eléctricas tendrán que ser directamente dirigidas a la CNMC, y nos gustaría saber si eso se está produciendo con normalidad y cuál es la salida que le van a dar a esas reclamaciones que les van a redirigir los usuarios de las eléctricas.

Respecto a los combustibles -otro de los sectores que están incluidos en su plan de actuación como prioritario-, España es el tercer país con el combustible más caro de la Unión Europea y, pese a la bajada de los últimos años por el precio del crudo, como ya ha señalado el señor Marín, esto no se traduce en una bajada de los precios y ello es debido, en gran medida, a la estructura del sector, que también es un sector oligopolístico. En el 2015, la CNMC multó a cinco empresas, que son las principales empresas petroleras de este país y, queremos saber, si se han desarrollado medidas adicionales y si se ha impulsado algún tipo de investigación o de regulación adicional para mejorar e impulsar la competencia en el sector de los combustibles de cara a evitar que sucedan estos déficits que afectan al final a la mayor parte de los usuarios. Asimismo, quería hacer mención a una serie de cuestiones que no están incluidas en el plan de actuación, pero sobre las que me gustaría que se extendiera para contarnos si tiene algo previsto la CNMC al respecto. En el plan de actuación sí se hace referencia a sesenta medidas de mejora del funcionamiento interno, lo que al final supone casi la mitad del informe -he de reconocer, siendo nuevo


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en estas lides, que me sorprendió que una entidad como la suya, que tiene tantas funciones asociadas, debido a este diseño que se planteó por parte del Partido Popular, dedique tanto tiempo y tantas páginas al funcionamiento interno-, sin embargo no incluye -es algo que ya comentó usted- ninguna medida para mejorar el control de los lobbies que, por las noticias que han salido en el último año, parece que es un aspecto que sí tiene repercusiones y genera problemas y conflictos dentro de la CNMC. Constatamos que, tras tres años de funcionamiento, solo dos empresas se han registrado en ese registro voluntario de lobbies que tiene la CNMC, y la pregunta obligatoria es si han pensado algún tipo de medida para ampliar ese registro de lobbies. Nosotros tenemos claro que los registros de lobbies nunca pueden ser voluntarios, sino que tienen que ser obligatorios para todas aquellas entidades y grupos de presión que se relacionen con entidades públicas de la importancia de la CNMC.

La siguiente reflexión y pregunta es en relación con las comisiones de los cajeros. El sector bancario también es otro de los grandes oligopolios de este país, en este caso uno de los más protegidos por el Estado, pues se le rescató con 53.000 millones de euros de fondos públicos, en materia de ayudas públicas, de los que solo se han recuperado 2.600 millones. En lo tocante a la competencia, nos interesa saber hoy su opinión acerca del aumento en el último año, desde la aprobación de ese Real Decreto 11/2015, de las comisiones de los cajeros, que han aumentado en un 42 % durante 2015, y además de forma bastante coordinada entre todas las entidades bancarias; creemos que ahí puede haber algún tipo de práctica oligopólica que pueda ser detectada y supervisada por ustedes. Queríamos saber si se está realizando alguna acción en esta línea y, si alguna vez se han planteado realizar un informe como el que se hizo en el Reino Unido, el informe Cruickshank, para instar a una regulación de las entidades bancarias con respecto a los cajeros.

Por último, le traslado aquí una pregunta que realiza la Asociación de Consumidores y Usuarios, Facua, que ellos mismos le plantearon hace ya siete meses y que ustedes, por los motivos que sea, no han contestado -después de ver que el informe lo han hecho en julio y nos ha llegado ahora, entiendo que deben estar bastante ocupados con otras materias-. Facua quiere saber si se dan las circunstancias para incoar el expediente sancionador a la multinacional Volkswagen por el caso del fraude de las emisiones, que afecta a casi 700.000 vehículos en España.

Para terminar, simplemente quiero manifestar que nos unimos a la exigencia de mayor transparencia y mayor velocidad a la hora de proveer información para el control parlamentario en el Congreso, y también esperamos que no vuelva a ser necesario que tengamos que trasladar aquí una pregunta que plantea una entidad de la sociedad civil, como es Facua, y que directamente sea la CNMC la que conteste a las preguntas que realizan estas entidades que trabajan por los derechos de todos.

Sin más, muchas gracias, señor presidente, por el tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Vicente Ten.

El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.

Señor Marín, buenos días. Le agradezco su comparecencia desde el Grupo Ciudadanos y, sobre todo, el énfasis que ha puesto en su intervención en la defensa de los más débiles. Es fundamental y desde nuestro grupo incidimos sobre eso.

Nos expresaba en su intervención que, si el control es laxo, los ciudadanos terminan por sufrir las consecuencias y, por ello, abundamos en realizar con rigor esa tarea de supervisión. Ese es el eje fundamental. Por cierto, comentaba también que este tipo de actuaciones serían mucho más eficaces si la CNMC tuviera las competencias que establecen las directivas europeas. Más que nunca en estos momentos se establece la necesidad de tener aquí un Gobierno, se establece la necesidad de romper ese bloqueo y Ciudadanos ha luchado, tanto en la legislatura pasada como en esta, en llegar a acuerdos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular.

La Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, unifica estos organismos reguladores y la defensa de la competencia. Además, es un organismo público con personalidad propia y sometido al control parlamentario. No voy a repetir lo que mi compañera, la portavoz socialista, ha dicho sobre el control parlamentario, pero es fundamental que nos acojamos a la normativa e incidir sobre esa sentencia y esa preocupación que nos viene ahora con la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha declarado estos ceses como ilegales. Aunque se predique esa independencia del Gobierno, lo cierto es que su presidente y vicepresidente son nombrados por el Gobierno mediante real decreto, a propuesta del ministro de Economía, es decir, por el Gobierno.


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Apostamos por mejorar el diseño, el modelo de esta organización y, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, así lo hemos hecho y así lo hemos establecido en los dos pactos que tuvimos tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Ahora, en cuanto a actuar, apostamos por una comisión nacional estando en la que estén separados los mercados y la competencia. Por un lado, una autoridad independiente de regulación de los mercados y, por otro lado, una autoridad independiente de defensa de la competencia. Me gustaría saber su opinión sobre esa separación.

El enorme daño que produce el fraude en la licitación pública -se han dado aquí algunos datos-, prevenir esas conductas e incluso esa fragmentación de mercado merecen una reflexión suya sobre este ámbito. Sinceramente, lamento que sea así, pero incido otra vez en las divisiones internas que se aprecian en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El empeño del Gobierno del Partido Popular por integrar competencia y regulación a través de dos salas separadas, una presidida por usted mismo y la otra por la vicepresidenta, y el pleno del consejo integrado por sus diez miembros han generado disputas internas, de hecho, el pleno está bloqueado por la disidencia de esa mayoría de vocales. Hago un inciso aquí porque a tres de los consejeros se les ha caducado ya su mandamiento, hace casi un año, y me gustaría preguntarle qué cambio de modelo puede proponer para esos nombramientos. Me gustaría saber también, ante esta división interna de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, qué medidas propone usted. Me gustaría saber qué opinión tiene, si hay realmente un exceso de ego de los consejeros y directores sobre las consideraciones técnicas en la elaboración de informes y resoluciones.

Por otro lado, la Comisión Nacional bate récords de sanciones -se ha comentado aquí por diversos parlamentarios- y si realmente estas sanciones no se cobran -en su intervención lo comparaba con las multas de la Dirección General de Tráfico-, y son más de 500 millones de euros, no sé qué efecto disuasorio puede tener. Además, este proceso es muy complicado y aquí deberíamos hacer una reflexión porque puede durar hasta ocho o diez años cuando se va a la vía contencioso-administrativa. Por tanto, ¿tiene sentido que se pueda tardar tantos años en cobrar una multa en materia de defensa de la competencia? Esa es una pregunta.

Me gustaría hacer una reflexión en cuanto a la memoria de la Comisión, cuando habla de otras vigilancias está haciendo referencia entre ellas a medidas cautelares. Estas medidas cautelares, dado este procedimiento tan garantista, dada la suspensión de la sanciones cuando se interpone la vía contencioso-administrativa, ¿qué medidas cautelares podrían establecerse para producir ese efecto deseado en las conductas de los infractores?, disponiendo además de un marco normativo susceptible para usar estas medidas cautelares y, sobre todo, teniendo en cuenta que no es que las multas se cobren tarde, sino que no se cobran.

Nos preocupan los casos, lo han comentado aquí, como el de Google, como el de la economía colaborativa, pero quisiera hacer una breve mención al amaño de concesión de los cursos de recuperación de los puntos del carné de la Dirección General de Tráfico y la Confederación Nacional de Autoescuelas. Saben que en septiembre de 2016 María Seguí, la directora general de Tráfico, dimitió; el cese de Marta Carrera fue una decisión que vino motivada por una filtración. En tres ocasiones, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se archivaron estas denuncias que habían llegado de las autoescuelas, y eso que a pesar de 2009 la Comisión Nacional de la Competencia recalcó que este modelo estaba restringiendo la competencia. Sinceramente, si la razón de ser de esta comisión es investigar y sancionar prácticas anticompetitivas y fraudulentas, a partir de estas denuncias o incluso a propia iniciativa, ¿de qué sirvió ese informe, señor Marín? ¿De qué sirvieron esas denuncias? ¿Existen otros casos como este?

Por último, me gustaría hacerle unas cuantas preguntas sobre el plan que ha presentado por segunda vez. En el plan de 2016 hay dos objetivos fundamentales: la lucha contra los cárteles y las licitaciones públicas fraudulentas. ¿No creen que faltan objetivos cuantificables? Veo que solo es impulsar, reforzar y coordinar y, sin embargo, creo que le falta concreción. El plan además carece de un cronograma o planificación temporal. ¿Qué fuerza tiene un plan anual aprobado el 27 de junio cuando ahora se ha presentado también en octubre, como han comentado, y que entra en vigor a finales de año? Además, el documento dice que se han revisado planes de autoridades de competencia y regulación de otros países. Me gustaría saber si nos puede dar algún ejemplo de buena práctica que vayamos a importar de esos países. ¿Qué valoración puede hacerse del cumplimiento del plan de 2015 que fundamentalmente perseguía la integración de esa nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia teniendo en cuenta el bloqueo del Consejo y el solapamiento de direcciones y subdirecciones?

Hay una cosa que nos preocupa en Ciudadanos y es el riesgo de que se duplique con las agencias de las comunidades autónomas. No se ha comentado nada aquí hasta ahora y me gustaría que me diera su


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opinión, sobre si estas sirven incluso para dividir el mercado único. Quería preguntarle si se ha aplicado ya en alguna ocasión la prohibición de contratar con la Administración pública a aquellas empresas y sociedades que han sido infractoras.

Para terminar, en España la contratación pública es aproximadamente del 18,5 % del PIB -lo ha comentado algún portavoz-, y eso supone casi 200.000 millones de euros anuales. Se estima que el 4,6 % del PIB se asigna ineficientemente a causa de la corrupción y de esa subida de precios. Me pregunto: si la lucha de la Comisión Nacional es contra los cárteles y las licitaciones ilícitas y fraudulentas, ¿qué se puede hacer para terminar con esa cantidad ingente de dinero? Estamos hablando de casi 48.000 millones de euros, lo que nosotros llamamos ese capitalismo de amiguetes. El Banco de España además estimaba en un estudio que cerca de 200.000 millones de euros era el coste de la ineficiencia, de la asignación de los contratos y de las contrataciones públicas. Señor Marín, ¿usted tiene datos de algún coste de toda esta relación de años de ineficiencia en la contratación pública?

Para finalizar, le agradezco la comparecencia, sus respuestas y, si no puede contestar a las preguntas aquí, que nos las pueda remitir, y le tomo la palabra para una próxima reunión le tomo la palabra.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señor Marín, le agradezco su comparecencia, así como su invitación, que aceptamos. Esperamos que pronto podamos poner hilo a la aguja.

Saltándome lo que ya se ha repetido y en aras de la brevedad, quiero comentar un tema de organización de la CNMC. Se crea el 7 de octubre de 2013 para integrar la actividad y las funciones de seis organismos. Aunque esta remodelación organizativa estaba sustantivada en motivos ligados a la profundización y a las tendencias visibles en países europeos para fusionar entidades de supervisión de distintos sectores con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar un enfoque consistente del conjunto de la actividad supervisora y de regulación, no se nos escapa que detrás de la fusión se encontraba algún motivo político que quizá no venga ahora al caso pero que ha determinado ciertos aspectos del funcionamiento del propio organismo. Mi pregunta es qué percepción tiene usted del modelo diseñado y de cómo se ha llevado a término. ¿Funciona bien? ¿Funciona mejor? ¿Funciona mejor junto que separado? ¿Cómo cuantificamos esa mejoría o empeoramiento de funcionamiento? ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del modelo después de tres años de funcionamiento? ¿Qué coste ha tenido hasta ahora el modelo desde el punto de vista de la eficiencia? ¿Qué economías de escala se han conseguido? ¿Se pueden cuantificar, por favor? ¿Cuántos casos más se han estudiado y, de ellos, cuántos se han resuelto? El modelo que a nosotros nos gusta es el inglés de Competition and markets authority. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esta pregunta viene a cuento porque en el pacto firmado entre el PP y Ciudadanos, como se ha dicho, los dos partidos coinciden en volver a proponer una separación, es decir, que la tendencia es contraria a lo actualmente existente. Quisiera preguntarle a título personal y a la luz de su experiencia cuál es su opinión, cómo ve la opción de volver al pasado que proponen estos dos partidos, aunque entiendo que tampoco es exactamente volver al pasado.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, entendemos prima facie que el proceso ha sido más bien torpe y costoso para el erario público. Por ejemplo, el cese del presidente de la CMT ha sido resuelto de modo ilegal y sin motivo. Es un proceso que ha llegado a los tribunales europeos, como ya se ha dicho, y tendrá un coste importante. ¿En qué situación se encuentran en este momento los señores Lorenzo y Ormaetxea? ¿Cómo se resuelve el dictamen de este Alto Tribunal Europeo?

Organizativamente también es relevante el proceso de renovación de los cargos. ¿Por qué se encallan en este aspecto? ¿Qué está ocurriendo? Parece que es un proceso de negociación constante, permanente y creemos que no ayuda a la independencia del organismo. Además, tiene dificultades para encontrar personas con formación, con conocimientos de los sectores regulados, que tengan suficiente experiencia, pero no dependencia. Quizá la pregunta no me la pueda responder de memoria, pero quisiera saber qué porcentaje de funcionarios y no funcionarios hay en el pleno y en los órganos de dirección del consejo. No prejuzgo nada. Por cierto, desde el punto de vista organizativo el plan de actuación señala diversas actuaciones con respecto a la mejora de la página de Google en relación con la publicación de informes y la transparencia. No hemos sabido encontrar el "clickable" para ver la página web en las otras lenguas oficiales del Estado, aparte de en castellano. Desde el punto de vista de la competencia, si no disponen de web en otras lenguas no podrán llegar a comprender los esfuerzos que llevan a cabo las empresas


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para tener una mejor relación con sus clientes ampliando la diversidad lingüística de sus sistemas de comunicaciones.

En cuanto a la Administración pública, quiero focalizar mis preguntas respecto a la mejora de la competencia en una sola cuestión: la lacra de la morosidad y sus efectos sobre la competitividad de las pymes. Los plazos medios de pago en el Estado español exceden ampliamente los plazos de pago legales. El incumplimiento de la ley, tal como ha denunciado en numerosas ocasiones la plataforma multisectorial contra la morosidad, es especialmente grave en el caso de las grandes empresas y en determinados sectores, tales como la construcción y la gran distribución. La Comisión Nacional de la Competencia tiene instrumentos para castigar estas prácticas que limitan la viabilidad de la competencia de sobre todo pymes y autónomos. ¿Qué medidas va a impulsar la CNMC para erradicar este abuso de posición dominante que atenta contra la libre competencia que supone la morosidad y permitir que se cumpla la ley? Le proponemos que la CNMC elabore un informe específico sobre los efectos que la morosidad tiene en la competencia de las pymes.

Con respecto al sector financiero, la primera pregunta, más teniendo en cuenta la visita hace unas horas del presidente del FROB, se refiere al objetivo de incrementar la competencia. ¿Cómo es posible que los diferentes conflictos y crisis bancarias que hemos tenido en el Estado español en estos últimos años se hayan resuelto haciendo fusiones? Esto nos hace pensar que el sistema bancario es en cierto sentido un fracaso del sistema de competencia. La concentración en pocos grupos financieros se corresponde claramente con una tendencia al oligopolio -corríjame si me equivoco- y eso nos aleja de un sistema competitivo. ¿Cuántos casos ha analizado el organismo que usted dirige sobre el sector? Creemos que ninguno por nuestras dificultades, como la compañera socialista ha manifestado, para desenvolvernos con la página web, pero como ha anunciado usted que habrá mejoras quizá los encontremos. ¿Cómo piensan favorecer la competencia en el sistema bancario? ¿Cómo tienen previsto facilitar nuevos modelos y sistemas de financiación? El crowdfunding, los business angels no son futuro, sino presente. ¿Es bueno que aparezcan nuevos agentes en el mercado financiero, que no caigamos otra vez en las manos de los grandes brontosaurios de las instituciones bancarias, que se van fusionando para conseguir estos oligopolios? ¿Cómo evitamos la concentración y facilitamos la competencia? Otro ejemplo en el mismo sector y muy reciente: el 95 % de la banca española está de acuerdo en implantar un sistema de pago por teléfono al que llaman Vissum. El Gobierno aún está pendiente de trasponer la Directiva PSD2. Debería estar lista en 2017, pero aún no lo ha hecho. Esta normativa obliga a los bancos a abrir su sistema y por eso le pregunto si no cree que esta casi unanimidad en este sistema de pago a través del móvil va claramente en contra de la competencia. También le pedimos que elabore un informe específico sobre esta cuestión por la relevancia que tiene para los consumidores y ante la experiencia que tenemos todos con el sistema bancario.

Se ha puesto roja la luz, pero prometo ser brevísimo. Con respecto a la economía colaborativa, somos conscientes de las disputas internas, de que hay distintos puntos de vista dentro del organismo que preside y por eso estamos expectantes ante la publicación del informe correspondiente.

En el tema de la energía no quiero que se vaya, por favor, sin decirme algo. Hemos visto últimamente cómo se multaba a compañías eléctricas por la cantidad de 52 millones de euros por pérdidas en las instalaciones; pérdidas que afectaban a unos usuarios concretos y, por tanto, a determinadas empresas: Endesa se llevó 43 de estos 52 millones de euros de multa. Y esto, en cambio, va a una caja común. Sorprende. ¿Cómo garantizan que el retorno del valor de la multa a los ciudadanos sea proporcional a cada territorio que se ve afectado por razón de la multa?

En cuanto al sector audiovisual, ¿cómo es que se permiten los toros en horario infantil? ¿Qué sanciones está aplicando la CNMC para estos casos? Termino. La historia de la carne de conejo -que supongo que usted conocerá-, industrias incluso subvencionadas se ven superadas por la competencia de los precios a nivel de mostrador. La cadena de valor entre el productor y el distribuidor parece que se ve afectada por un absoluto dumping. Las grandes cadenas parece que representan un freno a la libre competencia. ¿Se investigan? ¿Cuántas veces y con qué resultados?

Muchas gracias de nuevo. Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà.


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El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Marín Quemada, por su comparecencia, por su amplia exposición inicial, tan precisa como falta de brevedad, como corresponde a un informe anual ante esta Comisión.

En la anterior y breve legislatura -el destino de la presente lo sabremos en breve- tuve la oportunidad de visitar la CNMC y la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de la comisión a partir de una ley que nosotros votamos favorablemente y que nos parece que es una plataforma de un organismo realmente independiente. Y usted hoy ha demostrado esta independencia; independencia que a veces crea incluso incomodidad al Gobierno en funciones e incomodidad a los que creen que un organismo independiente quizá debe recibir instrucciones de algunos sectores del Gobierno. Usted ha cumplido los tres primeros años de mandato y tiene aún por delante tres años más. Como le digo, votamos favorablemente a este sistema de autoridad independiente y usted tiene nuestro apoyo y vamos a ver si a la luz del nuevo Gobierno se podrían producir algunas modificaciones legislativas. Creo que esta independencia se debe mantener en el futuro.

Como muchos portavoces le han hecho la misma pregunta, voy a ser escueto pero, evidentemente, a la hora de evaluar estos tres primeros años, justo hoy tenemos una noticia que impacta en la evaluación de estos tres primeros años. Noticia de hoy, leo el titular: Rajoy cesó ilegalmente a la cúpula de la CMT, según una sentencia de la Unión Europea. Justo hoy se ha hecho pública la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo haciendo referencia a dos miembros de la CMT (el señor Bernardo Lorenzo Almendros y el señor Xavier Ormaetxea) que legítimamente reclamaron sus derechos ante el tribunal. De una forma u otra esto expresa una falta de diligencia del Gobierno a la hora de proceder a la fusión. No le pido una interpretación por su parte, pero sí nos concierne esta sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Moviéndome brevemente -porque su exposición ha sido muy amplia y yo me voy a centrar en unos pocos aspectos- al ámbito de las telecomunicaciones, usted sabe que la fusión supuso la integración de unos organismos que en el caso de las telecomunicaciones tenía su sede en Barcelona. El acuerdo fue mantener una subsede en Barcelona. Me gustaría saber si la voluntad política del presidente es dar vigor y mantener el compromiso de la subsede en Barcelona. Es un ámbito que ha estado muy centrado en las telecomunicaciones y que solo ahora está entrando también en el ámbito del audiovisual. Otros países tienen organismos de supervisión audiovisual, por ejemplo, el modelo francés. España ha optado por no tener un organismo de supervisión audiovisual. Yo personalmente creo que es bueno que haya una supervisión sobre la libre competencia y la protección de los consumidores en el ámbito audiovisual. Y ante esta opción política y legislativa de no legislar al respecto, seguramente la CNMC deberá tomar cartas y profundizar sus competencias en esta materia. ¿Cuál es su opinión al respecto?

También quiero plantearle el grado de sintonía y coordinación con las estructurales supraestatales. Distintas comunidades autónomas tienen organismos que velan por la libre competencia. A algunos partidos políticos representados hoy en esta Comisión no les gusta que existan estos organismos de regulación de la competencia en el nivel autonómico que en muchos casos funcionan muy bien. Me gustaría conocer el nivel de sintonía y de cooperación entre el organismo que usted preside y los organismos supraestatales así como con los organismos sectoriales. Por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Cataluña tiene un largo recorrido y una buena experiencia en un ámbito, el audiovisual, en el que precisamente la comisión que usted preside se ha desarrollado poco.

No puedo por menos que coincidir con el señor Capdevila sobre la Ley de morosidad. Pero compete a la legislación y a este Parlamento afrontar una reforma de la Ley de morosidad para incorporar un régimen sancionador que haga realmente efectivos los plazos, que actualmente son voluntarios.

Voy a entrar en tres aspectos que sí hacen referencia a sus competencias y a la libre competencia. Usted ha hecho referencia a la supervisión en el ámbito de la contratación. Señor presidente, aquí aún hay mucho, mucho, mucho por hacer y se producen casos -y lo voy a ilustrar con un par de ejemplos- absolutamente de posición dominante y de contratos hechos a medida que les salen absolutamente gratis a las empresas concesionarias que han tenido una mala gestión de la concesión. Tenemos el caso Castor, que nos pilla un poquito lejos. Tenemos un caso reciente, de este verano: la empresa hispanofrancesa TP Ferro, que tenía que gestionar el tramo internacional del tren de alta velocidad entre Figueres y Perpignan. La parte española y la parte francesa han salido, han afrontado el concurso de acreedores con una deuda de 554 millones de euros que íntegramente va a endosar la Administración pública. Podríamos alargarnos mucho más porque el caso TP Ferro es un caso de mi demarcación y me compete como diputado, pero TP Ferro o Castor son ejemplos de una falta de supervisión en la letra grande y en la letra pequeña de los contratos, y cuando usted nos ha ilustrado muchos casos de pérdida de competitividad y de pérdida de


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dinero público por falta de competitividad, estos contratos, que no son contratos de libre mercado, que son contratos hechos a medida porque si las cosas van mal el riesgo es cero para el sector empresarial, son ejemplos de una economía no competitiva que deberíamos superar definitivamente. No me alargo más porque creo que los dos casos son ilustrativos: han sido agónicos, han tenido mil recovecos, pero al final lo que cuenta son las facturas -de 900 millones en el caso de Castor y de 554 millones en el caso de TP Ferro- que va a afrontar la Administración pública y sin ningún tipo de responsabilidad por parte del sector privado. También es cierto que el Ministerio de Fomento y Renfe podrían haber planificado mucho mejor los servicios de circulación y de conexión ferroviaria entre España y Francia, pero este sería un debate más apropiado para la Comisión de Fomento que para esta Comisión.

Segundo ámbito en el cual sería muy importante profundizar en la liberalización de verdad, el sector ferroviario. De acuerdo con la legislación vigente, estamos a las puertas de un año en el cual por las vías de tren de España podrían circular trenes de distintas compañías que pueden ganar en libre concurso contratos para la prestación del servicio de transporte de pasajeros y más adelante también de mercancías. Estamos bastante lejos de esta realidad y Renfe -cuando es eficiente y cuando no lo es- está aquí, parece ser, para quedarse. Usted sabe que la competencia de cercanías fue traspasada de forma incompleta a la Generalitat de Catalunya, y uno de los grandes malos servicios que en estos momentos existen en Barcelona y en su área metropolitana es precisamente el servicio de cercanías. ¿Cómo ve usted la entrada de operadores de terceros Estados en el ámbito ferroviario en España? Yo creo que si observamos con una mirada realmente europea esto debería ser posible. Esto es posible de acuerdo con la ley actual, pero me gustaría saber también su opinión respecto de una inyección de libre competencia en el sector ferroviario que haga que el transporte sea sostenible, que reduzca el número de coches que se mueven por ciudades y por carreteras en transporte de corto y largo recorrido. Qué opina sobre un incremento para que el sector ferroviario sea tan eficiente como lo es en los países escandinavos y en los países centroeuropeos.

Mi última consideración es sobre un sector que no ha sido citado por ninguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y le parecerá un poquito original, pero yo soy de la tierra de Salvador Dalí, con lo cual un poquito de originalidad es apropiada. Me parece muy pertinente mencionarlo cuando se habla de libre competencia. Señor presidente, en un Estado donde el primer sector económico es el sector turístico, ¿usted cree que después de tantos años tiene sentido que hayan pública de paradores nacionales? ¿No cree que estos paradores nacionales, de gran calidad y servicio, hacen la competencia a un sector hotelero privado también de gran calidad y servicio? ¿No cree que lo que pudo tener su interés y su sentido en un momento determinado del siglo pasado seguramente presenta muchas dudas en el momento actual? No es nada personal ni contra los gestores ni contra los trabajadores de los paradores nacionales del Estado. Los de mi provincia, cuando hago esta reclamación, piensan que es un tema personal. No, pero no tiene mucho sentido que en un Estado en el cual el primer sector económico es el sector turístico aún exista una red pública de Paradores del Estado.

Muchas gracias, señor presidente. Intentare escuchar sus respuestas hasta el final. Si no fuera posible, me disculpará pero llevamos desde las diez aquí, el calendario aprieta y hay Comisión de Exteriores a las cuatro, con otra intervención muy interesante sobre política europea.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Paniagua.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia su comparecencia en esta Comisión por su propia iniciativa, aunque sea para cumplir con la normativa. Cuando se aprobó la ley que sostiene la actual CNMC sus objetivos fueron ayudar a mantener mercados más eficientes y competitivos, lo que a su vez generaría ganancias de productividad que beneficien tanto a las empresas como los consumidores. La mejora en la competitividad de las empresas españolas se produciría a través del refuerzo de la competencia, la flexibilización de los mercados, la reducción de los trámites administrativos y la simplificación regulatoria, a lo que contribuiría también la austeridad y profesionalidad del sector público, que era otros de los objetivos fundamentales de esta ley. Esta reforma se enmarcaba dentro de los objetivos del Gobierno: profesionalidad del sector público y mejora de la intervención pública en los sectores afectados. La transformación y simplificación de los organismos supervisores que llevó a cabo el Gobierno a través de esta ley trataba de continuar con este proceso de reforma, mejorar y ahorrar en la gestión pública, evitar


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duplicidades y competencias que se solapan, reforzar la profesionalidad de estos organismos y contar con organismos más independientes. Son precisamente estos supuestos los que permitirían valorar la calidad de las funciones de los organismos supervisores y los que rigen también la reforma que se llevó a cabo en España. En definitiva, se buscaba mejorar la intervención pública en los sectores afectados, con el objetivo de tener mercados más competitivos. Por todo lo anterior, la reforma puede considerarse como una medida relevante de acompañamiento de las medidas de liberalización y apertura de los mercados.

Hay que recordar que había un sobredimensionamiento del sector público que provocaba fallos en la eficacia de la supervisión por falta de una adecuada coordinación. Políticas sectoriales divergentes en sectores donde la filosofía de intervención debería ser la misma y, en última instancia, mayor riesgo de captura del regulador como consecuencia de la atomización de los organismos. El fin básico de la ley era, primero, aumentar la eficiencia del sector público eliminando los costes innecesarios y reduciendo su tamaño y, segundo, aumentar la seguridad jurídica y la eficacia de la política de competencia y de protección al consumidor, en aras de promover mercados que ofrecieran bienes y servicios más competitivos en precio y calidad, lo que repercutiría lógicamente en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Después de varios años de funcionamiento creemos que los objetivos de esta ley se van cumpliendo adecuadamente, incluso como pedía algún grupo en alguna de las comparecencias anteriores de la CNMC, ya tiene velocidad de crucero. Ha mejorado en la presentación de los datos, se añade más información, se ha incrementado y mejorado toda la publicación de datos, se ha mejorado la coordinación, se ha mejorado la relación con terceros, se ha reforzado la vigilancia, también han mejorado las acciones ex ante y ex post, se han planteado nuevas iniciativas, etcétera.

Quería preguntarle al presidente si la fortaleza de la institución, la posibilidad de lucir músculo en sus relaciones con terceros le aporta ventajas significativas. También me gustaría que nos aclarara algo más de lo que ya lo ha hecho lo que aporta la internalización de los debates entre los actores regulatorios y de control de la competencia. ¿Esa eliminación de ruido favorece la racionalidad, la objetividad y la eliminación de presiones de todo tipo sobre la institución? ¿Es cierto también que se han generado mejoras de la parte regulatoria por la integración en un único organismo?

A nivel internacional, como ya ha destacado el presidente, quiero recordar que la CNMC se mantiene como la cuarta autoridad europea, es decir, su prestigio internacional mejora día a día y, unido a sus excelentes resultados con el tema de los cárteles, ha llevado a desarrollar los talleres que ya ha comentado el presidente este pasado mes de septiembre. ¿La mejora de este prestigio y su tamaño con respecto a otros organismos reguladores más disgregados y más sectoriales ha hecho que la presencia internacional de la CNMC sea cada vez más destacada? ¿Está liderando algún proyecto europeo? También me gustaría preguntarle qué mejoras en el funcionamiento de la institución aparecen en este año con respecto al año anterior. Creemos que el informe destaca los objetivos conseguidos, por los cuales nos alegramos como españoles y como diputados y les felicitamos por su buen trabajo. Hay muchas medidas para mejorar las líneas estratégicas, a todos nos gustaría más, pero creo que se va avanzando en las direcciones adecuadas y consideramos que es un plan ambicioso y supongo, por lo que nos comenta, factible.

Algunos grupos en anteriores intervenciones habían planteado que no existían referencias internacionales al modelo -lo han vuelto repetir en esta sesión-, pero puede que nuestro sistema pueda llegar a ser una referencia. De hecho, igual que se ha hecho en el sistema bancario, es posible que debamos tender a una unión de los sistemas regulatorios y competenciales nacionales, y en este caso nosotros con nuestro sistema estaríamos mejor colocados que el resto de países. Hay muchas modalidades a nivel internacional que gestionan este tipo de organismos, no hay una unanimidad: hay algunos que tienen unidos dos o tres sectores; otros son independientes; otros están todos juntos; otros la competencia la tienen separada; otros la competencia la tienen desglosada en varios apartados. Creo que todavía a nivel internacional no hay un modelo que podamos considerar de referencia para todos, y que nosotros planteemos un modelo poco novedoso me parece que es una buena cosa para el país.

También se critica que no hubo consenso. Es verdad que no hubo consenso pero es que no hubo consenso ni siquiera para aprobar normas contra la corrupción en la anterior legislatura. La oposición se dedicó toda la legislatura a desgastar a un Gobierno que había obtenido una mayoría absoluta. El cambio supuso un parón regulatorio derivado de la reestructuración y puesta en marcha del nuevo organismo. Cualquier cambio en una organización de este tipo es lógico que plantee un parón, pero esto también nos vale para no plantear ahora ninguna otra modificación del sistema durante unos años.


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También se habla de la falta de independencia. Al revés, nosotros creemos que cuanto más fuerte es una institución y más alejada está de sus sectores, más independiente es. Yo que creo que incluso lo ha destacado uno de los portavoces y también por la exposición que nos ha hecho el presidente queda claro que es una institución absolutamente independiente del Gobierno. Nosotros, hace dos legislaturas, durante los años 2011 a 2015, planteamos algunos cambios en varios organismos nacionales, como la Airef o la CNMC, intentando buscar siempre organismos que fueran independientes de nuestra labor de gobierno porque da la sensación de que con la mayoría absoluta a veces se intenta controlar un poco más toda la actividad económica y supervisora, y en nuestro caso fue justo al contrario.

También hay gente que cree que hay un modelo dual regulatorio competencial, pero a este respecto no hay nada que decir porque solo son dos visiones diferentes, pero basta solo con comparar resultados anteriores con los actuales. También se criticaron en su momento los procedimientos administrativos que volvían a los ministerios, y creemos que es una crítica no razonada, puesto que su mantenimiento no aportaba nada a la institución.

Por último, agradezco al presidente de la CNMC su explicación detallada sobre las conclusiones del organismo que preside sobre las gasolineras desatendidas o automáticas, aunque ya estaba suficientemente justificado en el informe, por lo que no entendemos muy bien el planteamiento de la cuestión por parte del Grupo Socialista.

Quería terminar preguntando al presidente si considera adecuado que se modifique la Ley de Competencia después de diez años -ha dicho en su intervención que es posible que sea algo positivo- y también qué cambios serían necesarios promover en la ley que regula la CNMC.

Le iba a hacer la petición de visitar las instalaciones de la comisión, pero ya lo ha propuesto usted, así que se lo agradezco; creo que va a ser bueno para todos porque vamos a valorar un poco mejor la labor que hacen y el trabajo que desarrollan.

Me gustaría decir un par de cosas, una de ellas al señor González. La comparecencia de una persona del exterior no me parece el momento para entrar en debates muy políticos. Tenemos suficientes oportunidades para darnos caña -perdonen la expresión- como para hacerlo cuando hay una persona del exterior. Creo que no debe ser así. También le pediría que nos felicitara a los grupos de la casta, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, porque se han reformado e instaurado este tipo de organismos durante los últimos veinte o veinticinco años, con mayor o menor acierto -eso está claro-, pero defienden aquello que ustedes mismos defienden, es decir, a los ciudadanos, a las personas más vulnerables. Eso es exactamente lo que hace este organismo y los que había anteriormente, que se unificaron en el año 2013.

Quiero acabar comentando lo curiosa que es la situación que tenemos en estos meses. Resulta que al Partido Socialista le gusta el acuerdo al que hemos llegado el Partido Popular y Ciudadanos en estos 150 compromisos, en los que desglosamos por un lado las competencias regulatorias y por otro lado las competencias competenciales, por decirlo de alguna manera. Es curioso que les guste ese modelo porque cuando ustedes negociaron con Ciudadanos en su modelo no las separaban; al revés, les daban más atribuciones, incluyendo todas las competencias en materia de consumo. Resulta que es un modelo que a nosotros nos gusta y hemos tenido que firmar con Ciudadanos uno en el que tenemos que separar las dos. La situación de estos meses es realmente curiosa. (Risas).

Quiero volver a agradecerle al presidente toda su explicación y las palabras que tendrá a partir de ahora. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.

Tiene ahora la palabra para contestar el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y simplemente quiero recordarle la disposición manifestada por distintos portavoces para recibir información singularizada sobre alguna de las preguntas que han hecho al respecto. Por lo tanto, si le parece oportuno, por la hora y por sus otras actividades en la Cámara, y quiere ceñirse más a temas generales planteados y luego contestar individualizadamente a cada uno de los portavoces, podría hacerlo. En cualquier caso, tome la decisión que le parezca oportuna.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): Gracias, presidente. Gracias a los portavoces, que han tenido la amabilidad de expresar lo que pensaban con la sinceridad que todos hemos tenido ocasión de comprobar y que yo desde luego agradezco mucho.


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A doña Ana Botella le insisto, y también a todas sus señorías, en que nos tiene que conocer mejor y estaremos encantados de establecer el mecanismo para que así sea, de todas maneras quisiera manifestar algunas cuestiones. Primero, yo he pedido comparecer voluntariamente, de la misma manera que pedí comparecer en el pasado en anteriores legislaturas, y no solo aquí sino también en el Senado porque, aunque no esté previsto en la normativa, me parecía que era de rigor ir al Senado a explicar las cosas, a contestar y a ponerme a disposición de los parlamentarios del Senado que lo consideraran oportuno. Si me lo permite su señoría, lo que voy a hacer es enviarle una copia de toda la documentación que he estado enviando en anteriores legislaturas a estas Cámaras y el texto de mis comparecencias, con lo cual a lo mejor le ayuda -quizás no lo necesita- a entendernos un poco mejor. Si decía que me parecía es porque estaba utilizando una prudencia del lenguaje; no me parecía que debiera dirigirme a un presidente diciéndole: Tengo que comparecer. Pues sí, claro, porque me obliga la ley. Era exclusivamente una prudencia del lenguaje. La memoria de actividades se la remitiré a esta Cámara en cuanto la apruebe el consejo, que es naturalmente el procedimiento que hay que establecer, como se ha hecho en otros momentos del pasado.

Su señoría, y otras de sus señorías -voy a agrupar por razones prácticas, como indicaba el presidente-, ha hecho mención a la sentencia que hemos conocido esta mañana. Sobre ello querría hacer algunas consideraciones muy rápidas. Primero, que es un asunto que está sub iudice en el Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo el que ha solicitado una opinión al tribunal de justicia y, por tanto, esta es la opinión que hemos conocido. El tribunal de justicia se limita a responder, una vez más, a las cuestiones que se le plantean con carácter interpretativo y que luego, obviamente, no resuelve. Son los tribunales nacionales los que tienen que resolver. Pero quiero subrayar que cuando se produjeron estos hechos la CNMC no existía y yo obviamente estaba en otros menesteres bien distintos. Entonces estaba en el sector financiero público, en el Banco de España, y en la universidad; no tuve nada que ver en la creación de este modelo, lo cual también quiero manifestarlo para lo que sirva. Si me hubieran pedido que participara no sé si lo hubiera hecho; es posible que sí, pero nadie me lo pidió, con lo cual me encontré un modelo en el Boletín Oficial del Estado y naturalmente leí lo que allí se decía y, si yo era capaz de hacerme cargo de esta institución, aceptaría y, si no, obviamente, no aceptaría. Ese ha sido mi nivel de incorporación a estos temas. Luego he tenido ocasión de conocer cuestiones que se corresponden con aquella época como, por ejemplo, que alguien pidió un informe o que alguien realizó un informe. Yo me he negado a verlo, señoría. Precisamente por las consideraciones que estaban, más que explícitas, implícitas en su intervención, me he negado a ver ese informe; no lo quiero ver. Me lo han ofrecido en distintas ocasiones, pero no lo quiero ver, no tengo el menor interés en verlo. Estoy seguro de que es un buen informe, como todos los que realiza esa consultora, pero no quería verlo, era un informe que a mí en principio no me interesaba nada. La experiencia de estos tres años en cualquier caso está muy por encima, por lo que a enriquecimiento de información se refiere, del contenido de ese informe.

Señoría, no crea que somos una novedad mundial o de tanta novedad. Permítame un repaso muy rápido porque sus señorías han puesto esta consideración sobre la mesa y efectivamente se ha hecho mención a la autoridad holandesa. Quiero recordar brevemente que la autoridad holandesa, que nació en abril de 2013, reúne a competencia, a consumidores, al sector postal y a telecomunicaciones. Con esto quiero decir que el modelo español, siendo todo lo ambicioso que se quiera, es un modelo que no es tan único como se piensa e incluso como se pensaba en estos años atrás. Los modelos -lo decía el representante del Grupo Popular- son múltiples. Dinamarca, por ejemplo, unifica competencia con la gestión de aguas, que es importantísima, y en España también. Recuerden sus señorías las cuestiones relacionadas con las cuencas, con los trasvases, etcétera. En Dinamarca está unido competencia y supervisión de aguas, tanto de aguas limpias como de aguas residuales. Por buscar un ejemplo lejano pero solvente, Australia unifica competencia, energía, agua y consumidores, como lo hacía Holanda con los consumidores pero distinto completamente de cómo lo hacía Holanda con otras materias. Nueva Zelanda, supongo que por proximidad a Australia, competencia más telecomunicaciones más electricidad más el transporte de energía, específicamente de gas. Se ha hecho mención especial a lo atractivo de los ejemplos de Reino Unido que sin duda lo son, tanto la Competition and Markets Authority como el resto de instituciones, Ofcom u Ofgem. Incluyen sectores de telecomunicaciones, de audiovisual, de postal, de gas, de electricidad y de competencia. Damos un giro de ciento ochenta grados y nos mudamos de continente. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones reúne desde 2013 competencias de telecomunicaciones y de competencia, pero solo en telecomunicaciones no de competencia en el resto de sectores que tiene una agencia independiente. Y, para no cansarles a ustedes, Estados Unidos tiene la


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Federal Trade Commission por un lado, institución con la que mantenemos unas relaciones muy normales y muy estables como con el resto de países a los que acabo de hacer referencia y otra agencia menos conocida que es la Federal Communications Commission, que reúne competencias sobre telecomunicaciones, sobre promoción de competencia y sobre defensa de la competencia en determinados sectores. Por tanto, verán ustedes que en el mundo del diseño de las agencias hay muchísimos modelos. No he querido ser exhaustivo, hay muchísimos más, pero en países que me parecía que podían ser para nosotros menos significativos. Sus señorías pensarán: Y en Francia, sin embargo, tienen las agencias separadas. Pues sí, efectivamente, es otro modelo. Y en Alemania tienen doble agencia: la Bundeskartellamt, por un lado, y las agencias de supervisión regulatoria, por otro. Sí, efectivamente, es otro modelo; el modelo ene de todos los que me he permitido someter a la consideración de sus señorías.

Como les decía, no quiero volver a ello, pero sí quiero resaltar un punto a propósito del primero de los temas que acabo de comentar: la sentencia que hemos conocido esta mañana. Definitivamente, la interpretación que haga el Tribunal Supremo y la decisión que adopte es la que se deberá seguir. El hecho de que no estuviéramos en la CNMC cuando se produjeron estos acontecimientos no quiere decir que si se nos responsabiliza por parte del Tribunal Supremo o por parte de esta Cámara -de quien puede hacerlo, no de quien no puede- de la ejecución de esa sentencia lo haremos ad pedem litterae, señorías, como no puede ser de otra manera. Como seguiremos absolutamente las indicaciones de esta Cámara por lo que respecta al modelo que finalmente resulte, hipotéticamente, de una modificación del modelo actual. Son sus señorías las que tienen la decisión y nosotros los que tenemos la obligación de asumir la ley que ustedes dictaminen.

Sigo uniendo intervenciones de distintos portavoces y reuniendo cuestiones que creo que pueden contestarse a la vez, sin perjuicio de que quedo a su absoluta y total disposición para profundizar en los asuntos en los que ustedes crean que merece la pena profundizar o extenderme en aquellas cuestiones en las que por razones prácticas y de tiempo en este momento no sea posible contestar. En cuanto a la recaudación de las multas de competencia quiero hacer, en primer lugar, una aclaración. Nosotros no recaudamos ninguna multa, la recauda el Tesoro público a través de la agencia correspondiente; nosotros no recaudamos, nosotros imponemos las sanciones. Lo que ocurre es que el 80 % o el 90 % de las sanciones que imponemos son a empresas de un tamaño considerable que estiman suficiente también el acudir a los canales que la normativa legal pone a su disposición. ¿Qué es lo que quiero decirles? Pues que en el 80 % o el 90 % de los casos se solicita la suspensión de la obligación del pago de la multa ante la Audiencia Nacional, que en unas ocasiones las concede y en otras no. Cuando no las concede se paga y en todos los casos -esto es importante- hay que constituir una garantía. Después nos metemos en una cuestión de plazos, que seguramente coincidimos todos los aquí presentes en que en la justicia española son dilatados. Eso hace que tengamos datos solo de años atrás de multas que después de ser recurridas son firmes. Recuerden ustedes que después de la Audiencia Nacional y en función del monto de la sanción, etcétera, las empresas suelen ir al Supremo. Esto nos hace estar en presencia de plazos muy dilatados -yo cuento con sus señorías para que hagan lo que en su mano esté para acortar los plazos-, pero sí les quiero dar un dato. Las sentencias que han cubierto ya, por decirlo así, todo el camino, de Audiencia Nacional y de Supremo, nos permiten manifestar ante ustedes que hemos cobrado -quien fuere, dentro del aparato del Estado- el 80 % de las sanciones que se han impuesto. Esto me parece que es un dato que hay que poner en valor. Cosa distinta es que quien quiera debilitar a la institución o introducir dudas empiece a tratar de instalar, a través de los medios de comunicación, que no importan mucho las sanciones de la CNMC porque luego no hay que pagarlas. No, señorías, esto es absolutamente incierto; las sanciones de la CNMC que están ratificadas por los tribunales, obviamente, se pagan. ¿Que se tarda? Pues sí. ¿Que se tienen que garantizar? Pues también. Sobre esto podría estar hablando más tiempo pero no quiero reiterarlo más de lo que sus señorías consideren.

Doña Ana María Botella hacía mención al informe del Tribunal de Cuentas. Siguen existiendo funciones sin traspasar muy a nuestro pesar. El Gobierno en el año 2013 nos asignó unas responsabilidades, alguna de ellas a mí me parecieron intraspasables desde el primer momento y en cualquier caso no se han traspasado porque el Gobierno no las ha querido o no las ha podido asumir. Algunas de ellas, las que son intraspasables -y me sirve para ponerlo en conocimiento de sus señorías-, son la liquidación de las 60.000 plantas de energías renovables que hay en España. Yo no creo, sinceramente, que se deba hacer en la CNMC la liquidación de las plantas. Tampoco sé si se tiene que hacer en el ministerio porque hay que liquidarlas mensualmente, señoría; 60.000 liquidaciones mensuales. Esto es un trabajo de otra naturaleza bien distinta a la de un regulador y creo que al de un gobierno. Pero, en fin, el ministerio


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también incluyó en la Ley 3/2013 que hasta en tanto no se crearan las estructuras correspondientes en los ministerios que tenían que recibir esas responsabilidades no se iban a recibir las funciones. Pues ahí están, nosotros -porque también lo indicaba la ley- las tenemos que seguir desarrollando; y lo haremos, efectivamente, hasta que no cambie la normativa.

Hablábamos de Uber. Esto nos llevaría más tiempo del que seguramente sus señorías disponen. La economía digital se implanta en el mundo; no podemos discutirla; no podemos caer en la tentación fácil de prohibirla porque comprenderán que este es un ejercicio muy poco imaginativo. Está ahí y no está ahí solo bajo esta fórmula, sino que está bajo las fórmulas que todos ustedes están imaginando. Amazon empezó vendiendo libros y hoy vende cosméticos, productos de jardinería, lo que ustedes quieran. Junto con Uber han nacido un montón de plataformas. Por cierto, como sus señorías conocen, Hart ha recibido el último Premio Nobel de Economía, premio del Banco de Suecia en economía -porque no fue instituido por Alfred Nobel- precisamente por esto. Es decir, es un desafío que está ahí. ¿Cómo se trata? Con mucha mesura. Es seguramente -lo estuve discutiendo en Estados Unidos hace aproximadamente un mes con los presidentes de distintas agencias europeas y de Estados Unidos- el desafío más importante que tenemos las agencias en este momento de todo el mundo y, especialmente, del mundo más occidental o del mundo con mayor nivel. Es el desafío por excelencia. Y en lo que todos estamos de acuerdo es que estas plataformas y las compañías que cuelgan de ellas tienen que pagar impuestos. Estas compañías tienen que estar cubiertas de seguros, tienen que tener normativa sanitaria, etcétera. Eso no lo pone en duda absolutamente nadie. Lo que ocurre es que hay que ajustar la legislación y la normativa a ese desarrollo que ha ido, una vez más, por delante de la ley. Por eso decía que era el desafío fundamental que tenemos las agencias. No solo era el tema de Uber, sino todos los temas -Uber y parecidos- que tenemos ahí y que en muchas ocasiones lo que hacen es señalar oportunidades de negocio para los sectores que se muestran más reacios. Lo que se está señalando son aplicaciones de móvil para transporte de personas en grandes ciudades. ¿Qué impide que esto lo asuman otros profesionales del mismo sector? No lo impide nada, es una oportunidad de negocio. Además, y sobre todo, señorías, nosotros no tenemos el BOE, son el Gobierno y el Parlamento los que tienen el BOE y nosotros ya podemos opinar lo que queramos que son ustedes los que tendrán que incorporar lo que consideren al Boletín Oficial del Estado. Nosotros, naturalmente, en cuanto tengamos la ley, como no puede ser de otra manera, señorías, seremos los primeros cumplidores de esa normativa. Pero no solo Uber, es una nube de nuevas empresas, muchas de ellas con domicilio fiscal y social -lo que hace tremendamente complejo su seguimiento- las que están irrumpiendo con una fuerza imparable en todas las economías occidentales.

En cuanto a la ley de servicios profesionales, he de decirles que es una necesidad absolutamente apremiante, lo que ocurre es -y el Partido Socialista, que la tenía incluida en su plan de reformas del año 2011, lo sabe bien, pero no pudo llevarla a cabo, y parece que tampoco el Partido Popular- que estamos en el año 2016, a punto de entrar en el próximo año, con una cuestión extraordinariamente delicada. ¿Que es compleja? Es muy compleja. ¿Que hace referencia a sectores que ejercen una cierta capacidad de influencia sobre determinados mercados claves y sobre determinadas estructuras de poder? Sin duda. Está en manos de sus señorías. Ojalá, por cierto, la saquen pronto de sus manos y podamos imponer nosotros los controles adecuados sobre la normativa que las Cámaras determinan.

Todos los acuerdos de la CNMC están publicados y lamento que no sean fáciles de encontrar. Esa es otra cuestión en la que no puedo sino unirme a ustedes en sus lamentaciones. El que yo los encuentre no significa nada porque estoy todo el día trabajando en ello, pero están publicados. Me pongo a la entera disposición de sus señorías para ayudarles hipotéticamente en una búsqueda, pero esa no es la solución. La solución es dotar de mayor agilidad nuestra página web para resolver problemas, que es lo que estamos haciendo en este momento. No es cierto que el director del departamento de promoción de competencia revise nada, entre otras cosas porque el director del departamento de promoción de competencia no es director de instrucción ni revisa nada pues los directores de instrucción no lo permitirían y los consejeros tampoco. Quiero aclarar esto porque son personas que tienen la responsabilidad que tienen, pero no les podemos asignar más espacio de decisión.

Los incrementos de subidas de precios en energía y en telecomunicaciones son objeto de un seguimiento y de una atención prioritaria por parte de la CNMC. Es una cuestión preocupante. A lo largo de mi intervención me he referido -y no le ha pasado desapercibido a ninguno de ustedes- a dos. Uno de ellos en el sector de distribución de carburantes y otro en el sector de empaquetamiento de productos de telecomunicaciones, como se denominaba anteriormente porque ahora abarca muchas más cosas. Lo estamos siguiendo con una atención y una preocupación tremendas. Señorías, cada vez más las empresas


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tienen clientes, no tienen sectores y una empresa de telecomunicaciones está vendiendo y preparándose para vender electricidad. Es normal y seguirá siendo así. De la misma manera que anteriormente nos vendían un fijo en casa -que a veces había que pedir recomendación para que nos lo instalaran- ahora nos venden el fijo, el móvil, la velocidad, los megas y el paquete audiovisual y dentro de este, además, nos meten el fútbol, las series, etcétera. Si yo lo único que quiero es fibra, lo demás ya me lo buscaré. En definitiva, todo esto lo que supone es un aumento de calidad en muchas ocasiones porque la tecnología lo permite, pero lo que implica siempre, siempre, es un aumento de precios en el sector de las telecomunicaciones.

En el sector de la distribución de carburantes lo que ocurre es que baja el precio de los productos en los mercados internacionales -no digo del crudo, que es una referencia muy fácil de desarmar-, me estoy refiriendo a los mercados que son para España importantes como, por ejemplo, el mercado de Rotterdam o el mercado mediterráneo de gasolinas y de diesel, y observamos que allí bajan los precios y en España no. Esto nos produce una enorme preocupación. No basta con que nos preocupemos, nosotros tenemos que abrir expedientes, sustanciarlos, instruirlos, probarlos y resolverlos y eso, señorías, requiere como es lógico, tener, si me lo permiten en un lenguaje más coloquial, un caso con pruebas y las pruebas no son fáciles alcanzar, pero cuando las hemos conseguido, y en estos sectores lo hemos hecho -ahora estoy pensando especialmente en la distribución de carburantes-, se han sacado expedientes importantes adelante con sanciones. Les recuerdo a sus señorías que tres consejeros fuimos recusados por un par de compañías petroleras porque pensaban que teníamos animadversión hacia tales empresas, que debían ser las suyas, obviamente. Señorías, les puedo asegurar que los seguimos con una enorme atención y con una enorme preocupación, pero tampoco podemos extender la sospecha de que todas las compañías de telefonía y todas las compañías de distribución de carburantes lo hacen mal porque sería irresponsable por nuestra parte. No, tenemos que actuar con seguridad, con rigor, con mesura y con expedientes.

Estoy a disposición de este Parlamento -y créanme que lo digo con absoluto convencimiento- para que establezcan todos los controles que ustedes quieran. No solo he solicitado comparecer, como he hecho en ocasiones anteriores, para explicarles a sus señorías lo que ustedes hayan considerado, sino que lo vuelvo a reiterar aquí. Sinceramente, señoría, creo que cuando dice usted que el control parlamentario no está cubierto, prefiero pensar que cuando nos conozca mejor y podamos poner a su disposición toda la documentación pueda quizá cambiar su apreciación.

Respecto a las estaciones de servicios automáticas, gasolineras desatendidas, he de decirles que aquí hay intereses de parte. Tenemos que ser muy claros, aquí hay intereses de parte, no nos confundan ni a sus señorías ni a nosotros. Vamos a dejarnos llevar de la mano del rigor y vamos a dejarnos llevar de la mano de la interpretación correcta de la situación del mercado. No creo ni de lejos que esto incremente beneficios, sino todo lo contrario; creo que disminuirá el beneficio de los agentes más tradicionales si se les deja poner estaciones desatendidas a otros, claro, si no, estaremos en lo mismo. No creo que disminuya el empleo, no busco un paralelismo en importancia de asuntos que son muy distintos, pero tenemos cajeros automáticos o tenemos ascensores automáticos. La sociedad española decidió eliminar los ascensoristas hace muchos años o decidió que hubiera una disponibilidad veinticuatro horas al día en la pared de una calle para realizar determinadas actuaciones con los bancos. Ahora estamos dando un paso muy modesto. Sugerir que podemos pensar que lo que en otros países está completamente instalado y a satisfacción, las estaciones de servicio automáticas, en España podrían jugar algún papel. Eso es lo que estamos haciendo. Los posibles problemas de seguridad están absolutamente resueltos -que son fundamentalmente de vertidos-; por cierto, si se produce un vertido en una estación, la persona de la caja saldrá y esparcirá un absorbente en el suelo puesto que el suelo no tiene las rejillas que absorben el vertido porque las estaciones de servicio tradicionales no tienen -y no tienen por qué tenerlas porque la normativa no les obliga- esas medidas de seguridad. Ese es el problema, los vertidos, y créame, señoría, que no hay unos problemas de seguridad mucho más allá de estos vertidos.

Señoría, perdón, seguro que he dejado algunas cuestiones sin responder. Me pongo a su disposición para profundizar en ellas, si bien en algún momento agruparé alguna de ellas cuando conteste a otros portavoces.

Desde Unidos Podemos el señor González me hablaba de la Unión Europea y de la desconfianza hacia el modelo. Le puedo asegurar, como testigo de excepción, que esa desconfianza ha desaparecido, pero también le puedo y le debo asegurar que es a lo que me dediqué durante prácticamente el primer año de mi estancia en la CNMC, prácticamente todo el año 2014, a explicar nuestro modelo, cómo trabajábamos en el día a día, a explicar quiénes éramos cada uno de los responsables, a pedirles a los


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responsables que fueran a explicar a distintos foros internacionales -en Bruselas desde luego- cómo y qué hacíamos, y esa desconfianza ha desaparecido. Si su señoría me permite el lenguaje, nos hemos convertido en parte del paisaje. Allí se sienta Alemania, allí se sienta Francia, allí se sienta Holanda y allí tenemos la enorme satisfacción de que se siente España, con absoluta naturalidad y entre iguales. A mí eso, señorías, me parece importante para España; me parece importante que nos consideren una agencia más entre ellos, que no produce ninguna desconfianza. Hemos conseguido esta situación sobre la base del trabajo -no mío, señoría- de las quinientas personas que están allí, como decía con ilusión, con respeto y con dedicación a su trabajo. Quiero aprovechar para agradecerles nuevamente ese respeto y esa dedicación, con una retribución que por cierto es incomparablemente más baja de la que cualquiera de ellos obtendría en el sector privado, porque son especialistas de primer nivel en sus correspondientes funciones.

Injerencias del Gobierno. Señoría, soy muy opaco a las injerencias del Gobierno y de las empresas. ¿Eso ha producido una notable pérdida de amigos a lo largo de los últimos tres años? Pues es que no eran muy amigos. Injerencias, por lo que a muchas personas de la CNMC que conozco le puedo asegurar que no existen, que pueda existir en otras que desconozco no le puedo decir nada a su señoría. Lo del oligopolio energético considero que ya lo he tratado. Si su señoría lo desea estoy a su disposición para profundizar mucho más, insistía en la atención preferente de determinados sectores.

El control de los lobbies y el registro de los grupos de interés. Por si surgía el tema he pedido el estado de los inscritos esta mañana: son 320. Somos la primera institución que llevó a cabo un registro de intereses a escala nacional, y somos la institución que más inscritos tiene con muchísima diferencia. Es una satisfacción haberlo conseguido en no muchos meses. Es una iniciativa que no es mía, surgió desde dentro de la casa. Vamos a poner en marcha un registro de intereses, propusieron. Y de la misma manera que no es una iniciativa mía sí fue una iniciativa a partir del momento en que la hice mía, que fue cuando las personas de la comisión me lo pusieron delante. Me pareció interesantísimo y está funcionando razonablemente bien y con buen ritmo de crecimiento, haber pasado de cero a tener un registro de intereses nacional ya es importante, y haber pasado de cero inscritos a 320 hoy también me parece que es digno de satisfacción para las personas que están detrás de ese proyecto, que hoy ya es una espléndida realidad.

Las comisiones de los cajeros. Tenemos que hacer un informe anual. Ya hicimos uno a los pocos meses de su puesta en marcha, con lo cual teníamos muy poca experiencia. Lo que les puedo decir a todas sus señorías es que tenemos una idea clara al respecto, y es que la normativa de cajeros en este momento beneficia a los que más cajeros tienen y perjudica a los que menos o a los que no tienen cajeros. Esto que parece -perdónenme que lo diga así- una simpleza no lo es tanto si meditan en ello, porque son los grandes bancos tradicionales los que tienen una red de cajeros más extendida, por razones obvias, y por tanto existe teóricamente el riesgo -hasta ahora no comprobado por la CNMC- de que pueda constituir una barrera de entrada ante nuevos integrantes en ese sector. Como ya estamos preparando el próximo informe para el año que viene este será uno de los temas centrales. Será sobre si encarece o no encarece, si es o no es una barrera de entrada, y si supone en un balance de costes y beneficios una situación mejor que la situación anterior. Esto será en el siguiente informe que haremos, siguiendo la normativa que existe en este momento, no porque se nos ocurra, sino porque nos obliga el decreto correspondiente.

Sobre Facua permítame que le diga a su señoría, por si desea trasladárselo a quien considere, que con fecha 29 de octubre de 2015 la dirección de competencia contestó a Facua sobre esos extremos que me ha planteado. Seguramente hubo algún problema y por tanto quedamos a disposición -faltaría más- de su señoría para repetir nuestra contestación. También debo decir que con fecha 25 de febrero de 2016 se produjo una resolución -esto es mucho más reciente- que está en nuestra web, donde se vuelve a dar respuesta a algunas de las consideraciones que Facua nos realizó en su momento. Quedo a su disposición enteramente sobre este y sobre el resto de los asuntos.

Voy a intentar ir más rápido, porque a medida que voy contestando a sus señorías me van quedando menos temas por contestar. Perdónenme, si no les cito directamente en la contestación alguna de sus cuestiones. El tema de las competencias -me estoy refiriendo al señor Ten, portavoz de Ciudadanos- es crucial. Somos una de las pocas autoridades europeas que aún no tiene determinadas competencias en electricidad o en telecomunicaciones, y esto no puede ser, señoría. Nos han abierto un procedimiento que, según mis noticias, está a punto de llegar, si no ha llegado ya, a los ministerios correspondientes, pero no puede ser por rigor de país -también le han abierto uno a Alemania, que les acaba de llegar, pero


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no consuela-. Esto no puede ser, lo llevamos advirtiendo tiempo. No se pueden retirar competencias al regulador y si no se han asignado en la Ley 3/2013 hay que asignárselas de inmediato. No se puede retrasar más ese proceso. De la misma manera que comentaba hace un momento que nos consideran una agencia normal en el panorama europeo no es así por lo que respecta a competencias en determinados aspectos eléctricos o en determinados aspectos de telecomunicaciones. Les evito a sus señorías decirles los puntos en los que tendríamos que recuperar esas competencias, porque algunas se nos han retirado desde el año 2013 hasta hoy, especialmente en telecomunicaciones y alguna en energía, durante un tiempo precioso que hubiera evitado el expediente al Reino de España y la hipotética sanción -espero que se rectifique próximamente y por tanto no acabe en sanción, pero puede acabar en sanción importante-. Espero que no se llegue a ello y que la CNMC recupere las competencias que tienen los otros países y las otras agencias normales. No pedimos más, no pedimos ser adelantados, ni siquiera pedimos ser el ejemplo de tener unas competencias que nadie tiene, no, de ninguna de las maneras. Comprendo que cualquier gobierno -no me voy a referir al que está en funciones- puede tener la tentación de hacer política con instrumentos de supervisión regulatoria, lo comprendo a la perfección, pero una cosa es gobernar y otra cosa bien distinta es la supervisión regulatoria y los organismos independientes. No se pueden mezclar ambas cosas, porque si se mezclan ambas cosas en un área supranacional como en la que estamos ahora eso da lugar a incumplimientos, a sanciones y a que a un país como España a estas alturas le vayan poniendo la cara colorada en cuestiones que son demasiado básicas, señorías. Perdonen mi efervescencia en este tema, pero habrán notado que me importa, lo cual no quiere decir que cuando soy menos efervescente no me importen los otros temas, pero este me importa mucho.

Se ha hablado -y no quiero obviar la contestación- de divisiones internas, de plenos bloqueados, etcétera. Miren ustedes, doy por hecho que es sobradamente conocido que una institución es lo que las personas de esa institución quieren que sea, y que una institución buenísima desde el punto de vista del modelo con unas personas menos buenísimas acaba siendo mediocre y también a la inversa. Un modelo mediocre con unas personas buenísimas acaba siendo una institución de primer nivel. Estamos en presencia de una institución joven, señorías, vamos a darle un poco de tiempo a los ajustes. Vamos a esperar a que todo vaya encontrando su espacio, que todos nos acostumbremos a trabajar en esta nueva CNMC en la que tantos y tantos creemos. Vamos a darle tiempo, señorías, a la institución para que vaya normalizando algunas situaciones -que soy el primero en compartir con ustedes que no podemos entender que sean normales-. No lo son, señorías, pero les puedo asegurar que estoy dejando mis mejores esfuerzos en que esas discrepancias internas cada vez lo sean menos.

Hay una cuestión que se ha repetido no solamente en la intervención del señor Ten, sino en las de otros portavoces de otros grupos, y es a propósito de las agencias de las comunidades autónomas, de las agencias más locales podríamos decir. Nuestra relación con todas ellas es excelente, es de mutuo apoyo. Si me permiten ustedes el detalle, yo mañana por la tarde salgo para Bilbao porque la Autoridad Vasca de la Competencia ha organizado unas jornadas en las que estaremos -han tenido la amabilidad de invitarnos a formar parte del programa- varias personas de la CNMC. Pero es que, aprovechando nuestra estancia en Bilbao, vamos a tener una reunión informal entre consejeros de distintas agencias para unificar criterios. Esta es la situación normal. Eso es mañana, pero también es lo que hemos hecho ayer, anteayer o la semana pasada mediante reuniones en Madrid, conversaciones telefónicas o reuniones en los lugares de las distintas agencias. Es que el mercado no conoce fronteras de comunidades autónomas. Los mercados exigen muchas veces una visualización más completa y el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo es crucial. Además, entre otras cosas, porque de la misma manera que muchas veces las agencias de las comunidades autónomas no tienen una dotación presupuestaria que les permita una visualización de los problemas nacionales, nosotros no llegamos a todo, y entonces las cosas que suceden y que son objeto de atención por parte de la autoridad gallega de la competencia -por citar un ejemplo ausente a los intereses políticos de las personas que están aquí, me parece- tienen que ser atendidas desde Galicia, porque nosotros no llegaríamos nunca desde Madrid a un hipotético cártel que se estuviera formando en Lugo, Orense o donde quieran ustedes pensar. Eso se traslada, y nuestras relaciones tienen que ser necesariamente -no es que nos guste que sean, que nos gusta- de apoyo mutuo, porque si no es con ese apoyo mutuo no sacamos adelante las responsabilidades que tengamos ellos y nosotros. Comunicación continua, como comunicación continua -no lo han preguntado sus señorías, pero yo me voy a permitir añadirlo- existe entre la CNMC y la DG Connect en Bruselas, porque es la misma naturalidad que tenemos en nuestras relaciones intra España la que tenemos que tener con los organismos extra España.


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No se ha llevado a cabo la prohibición de contratar porque para ello no hemos tenido sustento legal hasta hace muy poco, y solo se puede aplicar a aquellos procedimientos o expedientes que se hayan iniciado después de que haya salido la normativa que nos permite esta línea, que es la siguiente, como les decía a sus señorías, de disuasión.

Perdón, señor presidente. Intento ir todo lo deprisa que puedo. Perdón, señorías, por la hora. A algunas de las reflexiones del señor Capdevila, de Esquerra Republicana, ya he contestado, pero por si no hubiera quedado claro, le diré que yo acepté ser presidente de un modelo único, y después de tres años estoy absolutamente convencido de las ventajas de ese modelo único. Que en España, por primera vez, alrededor de la misma mesa se hayan sentado abogados de competencia, abogados del sector que usted quiera poner -energía, electricidad o lo que quiera-, técnicos de competencia, técnicos de telecomunicaciones, y que alrededor de la misma mesa alcancen un acuerdo da una enorme seguridad jurídica a las empresas, enorme seguridad jurídica, porque saben que solo va a haber una resolución, y que con seguir esa resolución va a ser suficiente, no va a haber confusiones de ningún tipo, va a haber solo una resolución. Por tanto estoy firmemente convencido de que este modelo, perfeccionándolo de año en año -y cuento con la ayuda de sus señorías para hacerlo-, puede ser un modelo de éxito, puede serlo, y yo desde luego lo estoy intentando, señorías, y lo voy a seguir intentando. El modelo inglés, como me he referido ya a él, lo paso por alto.

Respecto a por qué no se renuevan los cargos, aprovecho para comentar algo que se ha dicho también y en lo que no me he detenido. Los consejeros tienen el siguiente procedimiento de nombramiento: el Gobierno sugiere unos nombres a esta Cámara, esta Cámara los examina, y examina a las personas de dos cosas: de capacidad y conocimientos, y de independencia, de las dos cosas, y a continuación esta Cámara se pronuncia, y si lo hace negativamente no hay nombramientos y el Gobierno tendría que sugerir otros nombres. Ese es el proceso que seguí cuando me sometí al criterio de esta Cámara, que me examinó de esas dos cuestiones, a las que yo respondí lo mejor que pude y supe en ese momento. Estoy seguro de que el resto de los consejeros haría algo parecido, y también estoy seguro de que los consejeros, cuando se nombren en sustitución de las vacantes que hay ahora y de las que se puedan producir en el futuro, seguirán el mismo procedimiento, que a mí me parece sensato, pero que deja en la responsabilidad de sus señorías la decisión de quiénes van a ser los consejeros de la CNMC. Me adelanto a comentarles que ahora tenemos tres vacantes, pero que a fin del año 2017, en octubre de 2017 tendremos otras tres, lo que supone la renovación de un porcentaje muy alto del Consejo de la CNMC, y que esa renovación pasará necesariamente por el criterio de sus señorías y si no se ha hecho antes...No procedo del mundo de la política ni soy jurista y no tengo un lenguaje muy fino, pero he comparecido ante esta Cámara cuando ha habido Comisión para poder comparecer. Quise comparecer antes pero es que no había Comisión ante la que comparecer y eso es un hándicap de cierta importancia. Perdonen la expresión tan llana con la que me he dirigido a ustedes, pero es lo que yo siento. En cuanto se normalice la situación, en cuanto que haya un Gobierno que pueda proponer, no estando en elecciones o no estando en funciones, y haya una Comisión dispuesta -y ustedes ya lo están- a recibir a los hipotéticos consejeros hasta que ustedes les den su plácet, entonces se pondrá en marcha -espero y deseo- ese procedimiento. Les puedo asegurar a sus señorías que al día siguiente de que haya un ministro de Economía yo intentaré hablar con él, sea quien sea, para decirle que esta es una cuestión pendiente y que es urgente de resolver, pero no puedo emplazar más que esa palabra -y lo hago- ante ustedes.

Lo de carne de conejo me lo tiene que explicar, porque no conozco la reflexión, aunque seguro que es enriquecedora. (Rumores). Eso es lo que he entendido, algo así como que si yo conocía... Seguro que no le he entendido bien.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Debo haberme explicado mal.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): No, por Dios. Es que usted me ha dicho que conoceré la historia de... Seguramente no le habré oído bien. Yo no la conozco, pero quedo a su disposición.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Le aseguro a usted que es dramático para muchas familias.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): Seguro, seguro, pero si me lo puede aclarar su señoría... Es que no le he entendido.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Lo haré cuando usted disponga.


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El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): A su disposición.

El señor PRESIDENTE: Si me permiten, y dentro de las funciones de dirección de la Comisión, puesto que este es un tema muy particular, si al señor Capdevila no le parece mal se lo puede explicar posteriormente.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): Y lo haré porque me siento obligado a ello, señor Capdevila, naturalmente.

Al señor Xuclà, del Grupo Mixto, le puedo asegurar que la independencia crea incomodidad, como usted decía; sí, crea mucha incomodidad, pero merece la pena.

La subsede de Barcelona procede de un acuerdo político de hace muchos años, cuando se decidió establecer en Barcelona la Dirección de Telecomunicaciones -creo que el señor Xuclà ha tenido que ausentarse- y yo voy a seguir al pie de la letra aquel acuerdo, reflejado en la Ley 3/2013, y en ningún momento nos hemos planteado ni nos vamos a plantear cambiar de lugar la sede de Barcelona o absorberla en Madrid ni nada de eso. Como el señor Xuclà está ausente, si le parece al presidente, y con el permiso de sus señorías, le contestaré a él personalmente las reflexiones que me ha hecho.

Al señor Paniagua le quiero agradecer su intervención, ya que ha tenido palabras elogiosas para esta trayectoria inicial de la Comisión. Le puedo asegurar que los asuntos que tenemos encima de la mesa lo que hacen es desafiarnos cada vez a hacerlo mejor. En eso creo que muchos de nosotros hemos empeñado nuestra dedicación y nuestra profesionalidad. Sí debo subrayar que creo que el tamaño actual de la CNMC evita la captura. Sí debo subrayar que el tamaño actual de la CNMC permite que haya recursos de los que unas agencias más pequeñas no podrían disponer. Sí le quiero asegurar que nuestra presencia internacional, no me voy a detener en ello, es más que notable, y sí efectivamente creo que ya tenemos bastantes años de experiencia para poder aportar algunas reflexiones a la posible modificación de la Ley de Competencia del año 2007, también algunas reflexiones a la Ley de Electricidad o la Ley Audiovisual, etcétera, pero desde luego a la Ley de Competencia del año 2007 porque los mercados están variando mucho y muy deprisa, y necesitan que la normativa se adecue precisamente a esa velocidad de cambio. La Ley de 2007 lleva diez años. Cuando vivíamos con un Código Civil que nos enorgullecíamos de él, era otra época, era otra normativa y otro espacio legal. La Ley de 2007 hace referencia a los mercados, que son muy importantes en su cambio, y es muy importante seguirlos bien, pero también tenemos una experiencia de tres años en la Ley de 2013. Para nosotros es una enorme satisfacción recoger las sugerencias de su señoría, señor Paniagua. Ya tenemos algunas cosas pensadas que son perfeccionables en la ley, pero las someteremos a la consideración del Gobierno y de sus señorías cuando el momento lo aconseje, cuando tengamos un Gobierno y cuando tengamos una Cámara, que estoy seguro que será formada por ustedes mismos y nos darán respuesta a nuestras necesidades, que son muchas. Queda mucho trabajo por hacer. Esto no está siendo fácil, señorías, pero para que sea menos difícil, si me permiten una referencia personal, yo cuento con el apoyo de todos ustedes, de los que sean más críticos, porque nos ayudará a mejorar, y de los que sean menos críticos, porque nos ayudará a compartir reflexiones de las que no estemos seguros, pero de las que necesitamos sentirnos seguros.

Muchas gracias por todas sus intervenciones y se lo digo subrayando y con absoluta sinceridad lo de muchas gracias. Muchísimas gracias también por su paciencia y perdón por la hora.

El señor PRESIDENTE: Con la intervención del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia damos por concluida esta Comisión, agradeciéndole una vez más su presencia y su disposición en la misma.

Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.

Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.

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