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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 301, de 27/07/2017
cve: DSCD-12-CO-301
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 301
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES
Sesión núm. 9 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
27 de julio de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proyecto de ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000002) ... (Página2)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000002) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. (Número de expediente 121/000002).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Se abre la sesión que hoy, como saben, tiene carácter extraordinario, para aprobar el orden del día que ha sido remitido a sus señorías y que tiene dos puntos. El primero de ellos es la ratificación del proyecto de ley de contratos del sector público por que el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo números 23 y 24, de 26 de febrero de 2014.

En primer lugar, procede ratificar la ponencia. ¿Entiendo que se aprueba por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.

APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. (Número de expediente 121/000002).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los que habéis participado en la ponencia: a los ponentes, a los portavoces y también al equipo que os ha estado ayudando porque me consta que ha sido un trabajo bastante arduo y dificultoso. Yo creo que es muy importante reconocer esto porque hay quien lo hemos visto desde el balcón y preguntábamos constantemente si quedaba mucho, pero comprendiendo la dificultad que tenían los trabajos.

Después de ratificar la propia ponencia, voy a darle la palabra a todos los grupos de menor a mayor, tanto a los que han presentado enmiendas como a los que no, porque el orden sería el mismo al final, resultando el último siempre el Grupo Popular. Tenía pensado hacerlo, en primer lugar, por un tiempo de siete minutos, con idea de terminar en una hora aproximadamente la sesión, pero me han dicho que hay preparadas intervenciones de unos ocho o diez minutos. Como sabéis soy flexible, pero ocho o nueve minutos creo que son suficientes para que expliquéis vuestra posición.

En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Llegamos al final de un trabajo arduo, largo en el tiempo y que, desde nuestra perspectiva, ha mejorado sustancialmente el proyecto que tuvo entrada en esta Cámara. En nombre del Partit Demòcrata y de mi grupo, si me lo permiten, quisiera comenzar con una serie de agradecimientos dado que esta ha sido una ponencia peculiar por su duración, por su voluntad de consenso y entiendo que también por su resultado. Por tanto, en primer lugar, mi agradecimiento a todos los compañeros de ponencia porque entre todos hemos hecho posible si no llegar a una unanimidad, si a un cierto consenso que en una ley de estas características es imprescindible. También quiero manifestar un agradecimiento especial a Manuel, el letrado, y a todo su equipo, que tampoco han tenido un trabajo fácil. Como he dicho, ha habido, y es justo reconocerlo -y después pondré cifras encima de la mesa-, voluntad por parte del grupo mayoritario y por parte del Gobierno de entender no sólo la realidad parlamentaria sino la importancia de una ley de estas características que, aparte de trasponer las correspondientes directivas, va a marcar una parte importante de la vida económica de este país en tanto en cuanto la contratación pública ampara esta parte de nuestra economía. Por tanto, quiero manifestar también mi agradecimiento por el talante negociador -¡ojalá fuera siempre en los mismos términos!- al subsecretario de Hacienda, don Felipe Martínez Rico y a Juan Antonio Martínez, director general de Patrimonio. Pero, más allá, como he dicho, de mi agradecimiento a todos los compañeros de ponencia, quiero manifestar mi agradecimiento al compañero que ha llevado ha llevado el peso de la ley por parte del grupo mayoritario, José Vicente Marí, tanto por su comprensión como por las largas horas de negociación.


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Nuestra formación política presentó 160 enmiendas, de las cuales noventa han sido incorporadas íntegramente o bien transaccionadas. Esta situación no ha sido una excepción en nuestro grupo dado que también la mayoría de los grupos parlamentarios habían presentado un gran número de enmiendas en diferentes porcentajes, que también han sido ampliamente incorporadas, lo que hace que el texto haya mejorado de forma muy sustancial de desde nuestra óptica. Esperemos que tras una larga y pausada lectura no surjan muchas incongruencias, que habrán de ser subsanadas en el futuro, lo que sería posible gracias al largo trabajo que se ha desarrollado en la ponencia. Obviamente, no voy a entrar en detalle de cada una de estas 90 enmiendas, pero sí voy a hacer referencia a unos bloques y algunos aspectos que desde nuestra óptica se han mejorado. Desde nuestro punto de vista, se ha mejorado -y además era necesario respecto del texto inicial- el acceso de las entidades del tercer sector a determinado tipo de contratación pública, así como los contratos sociales. Se han mejorado algunos aspectos relevantes en el ámbito de la transparencia y también hemos contribuido a mejorar un tema que yo entiendo que es singular, ya que prácticamente no había existido, y es la regulación de la subcontratación. Es un aspecto en el que seguramente se va a tener que continuar avanzando a lo largo de los próximos años, pero debo recordar que se puede dar la posibilidad, si la Administración así lo decide a través de los pliegos, de que se establezca por primera vez una relación directa entre Administración y subcontratistas, más allá de que se establezca también la obligación de los subcontratistas de utilizar la factura electrónica, lo que redundaría en su beneficio a efectos de acreditar las fechas de prestación de los servicios o de entrega de los bienes. Por tanto, entendemos que este ámbito de la subcontratación también ha sido muy relevante.

También hemos introducido algunas mejoras a la hora de establecer los mismos requisitos en cuanto a recursos, en cuanto a informes y en cuanto a procedimientos en el ámbito de la internalización de la prestación de servicios equiparándolo a la externalización. Es razonable que cuando se deba externalizar un servicio existan unos informes que evalúen la eficiencia y la eficacia de la medida, que existan unos recursos y que existan también unos procedimientos, si bien es igualmente razonable que cuando una Administración, en el ejercicio de su potestad, decida rescindir un contrato de forma anticipada, se garantice a los ciudadanos que este va a ser prestado en igualdad de condiciones en cuanto a la calidad y siempre de la forma más eficiente y eficaz. Y si para una externalización es posible un recurso, es razonable que para una internalización se posibilite el mismo recurso. Por tanto, entendemos que algunas de nuestras enmiendas también mejoran sustancialmente el proyecto en este aspecto.

Nuestro grupo presentó también una enmienda -les recuerdo que en el mes de marzo de 2016 estábamos en plazo de presentación de enmiendas y que ya llevamos una cierta perspectiva con esta ley- para modificar la Ley del IVA. Entonces, estaban surgiendo algunos problemas inicialmente en torno a las empresas de transporte público municipal, en cuanto a que, a raíz de una modificación de la Ley del IVA de 2014, se podía entender que las subvenciones que se concedían a estas empresas formarían parte de la base imponible del IVA y, por tanto, debería repercutir en el IVA. Esta situación no se había producido hasta ese momento. Nosotros presentamos una enmienda que ha tenido también un recorrido muy similar al de toda la ley y yo aquí, más allá de los agradecimientos que he dicho anteriormente, quiero mostrar mi agradecimiento al secretario de Estado de Hacienda y al director general de Tributos por el trabajo en torno a esta enmienda. A nosotros en aquel momento nos llegó esta petición a través de AMTU y a partir de aquel momento se generalizaron los problemas no solo en el ámbito del transporte público, sino también en otros ámbitos como por ejemplo los centros de investigación y desarrollo o algunos otros como los de la cultura o las televisiones autonómicas. Creo que en el ámbito del transporte público lo solventamos definitivamente y hemos dado un paso -entiendo que no definitivo, pero no deja de ser un paso- en alguno de los ámbitos de la cultura y se dejan claras las reglas del juego para los centros de investigación y desarrollo, los centros tecnológicos y también para las televisiones locales.

En este aspecto, quiero agradecer también no solo el trabajo desde el Gobierno sino también de todos los grupos por su ayuda y contribución en este tema. Si me lo permiten, aunque no generalice, también quisiera hacer hincapié en la colaboración de los diputados catalanes -fue un tema que surgió en Cataluña aunque después se generalizara en el resto de España- y agradecerles su colaboración y ayuda en esta cuestión. En todo caso, repito, esta es una ley que ha mejorado sustancialmente. Seguramente no es la ley que haría el Partit Demòcrata ex novo, pero vamos a votarla favorablemente, fruto de la incorporación de estas enmiendas que antes he mencionado.

Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: En primer lugar, quiero dar las gracias al letrado, al director de Patrimonio y subsecretario de Estado de Hacienda y a todos los miembros de la ponencia por la cordialidad y el entendimiento que se ha desarrollado en la misma, así como por el enorme esfuerzo realizado que nos ha llevado a transaccionar multitud de enmiendas en una ley ardua y además en un tiempo récord, con numerosas aportaciones de asociaciones y otras entidades. Es una ley prácticamente consensuada al 90 %. Desde el Grupo Vasco muchísimas gracias.

Nosotros estamos acostumbrados a negociar y al acuerdo porque así lo venimos haciendo en Euskadi, donde no existe una mayoría absoluta, y por ello entendemos que la necesidad de negociar viene por el propio mandato de las urnas. Negociar supone llegar a entendimientos y tener claro que tus propuestas no van a salir al cien por cien, por lo que hay que estar dispuesto a ceder, y creo que en esta ponencia se ha conseguido, dando lugar a una ley adaptada a los objetivos de las directivas comunitarias: flexibilidad, simplificación y seguridad jurídica para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y fomentar además una mayor participación de las pymes. Es una ley mejorada en definitiva, porque se ha mejorado el acceso a las entidades del tercer sector, incorporando cláusulas sociales y medioambientales, morosidad, gobernanza, etcétera. Hay que tener en cuenta además que la contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales e incidir en la consecución de fines públicos de interés general distintos del propio objeto de cada contrato considerado individualmente, pero con la virtualidad de mejorar su calidad y sin exceder los límites que impone el obligado respeto a los principios generales que rigen la contratación pública, y creo que eso también se ha logrado.

En el caso del Grupo Vasco se han aprobados y transaccionado la mayoría de las enmiendas presentadas, y que para nosotros han sido fundamentales, no solo para la salvaguarda foral, sino también porque hemos conseguido reparar problemas que con la anterior ley no se solventaban, así como introducir criterios sociales y medioambientales que, a pesar de que nuestras diputaciones han venido recogiéndolos, han sido objeto de recurso y de hecho algunos artículos han sido anulados. Por todo ello nosotros vamos a votar a favor de esta ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidente.

Molt bona tarda a totes y a tots. Sin duda estamos ante una de las leyes más importantes de esta legislatura; un proyecto de ley que en su día llegó a la Cámara baja tarde. De hecho no solo llego tarde, sino que también llegó mal, porque no se había consensuado con la mayoría del sector. Si en aquel momento me hubieran preguntando si hoy Esquerra Republicana votaría a favor de esta ley habría enloquecido directamente. (Risas). En fin, las cosas son así. En aquel momento no consideramos oportuno enmendar la totalidad del texto, porque pensábamos que era necesario agilizar los trámites parlamentarios y avanzar en la ponencia con decenas, decenas y decenas de enmiendas al articulado, no solo de nuestro grupo, sino evidentemente también de los compañeros. Pensábamos asimismo que era importante explorar las directivas europeas y también ajustar la futura ley al modelo de la economía social, que desde nuestro punto de vista debería primar en cualquier sociedad moderna, en cualquier sociedad avanzada. Para nosotros también era muy importante -y aquí han ido destinadas una gran parte de las enmiendas- facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública y acabar con la morosidad.

Voy a hacer unas cuantas consideraciones de lo que pensamos que es importante, pero antes, al igual que han hecho los compañeros que me han precedido, deseo agradecer el trabajo de todas las compañeras y de todos los compañeros que durante semanas hemos trabajado para mejorar este proyecto de ley. Ha sido un trabajo duro y efectivo, siempre dentro de un marco de cordialidad extrema y con voluntad de conseguir el máximo consenso posible; un consenso que vale la pena. Por lo tanto deseo agradecéroslo a todos, porque también he aprendido -cabe decirlo- de grandes diputados expertos en esta materia. Ha sido un placer ver la transformación de José Vicente desde el principio de la ponencia, a medida que íbamos avanzando (Risas) y encontrando la metodología adecuada. Hoy ya con corbata y


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americana es una cosa extremadamente fantástica. (Risas). De Juan Bravo también, así como del resto evidentemente. Como no puede ser de otra manera deseo agradecer el trabajo del gran equipo de letrados que hay en esta casa, con Manuel al frente, que es un hombre que nunca se pone nervioso, a pesar de que hubo momentos para hacerlo.

Dejadme destacar en el tema del tercer sector y de la economía social la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación de los contratos de prestación de servicios sociales, en general de atención a las personas, que para nosotros era importante. En Cataluña como sabéis el tercer sector es extremadamente relevante, al igual que ocurre por ejemplo con la propuesta económica, donde la mejor oferta recibe la puntuación máxima, la mejor propuesta técnica debe tener la puntuación máxima para evitar que, a la hora de la verdad, la ponderación de los criterios económicos sea superior a la establecida en los pliegos; la necesidad de que las concesiones de los servicios a las personas vayan con la duración y las características de las prestaciones de tratamiento a las personas usuarias, etcétera. De hecho hay muchas, porque estamos hablando de que casi el 90% de las más de mil enmiendas que había han conseguido transaccionarse, y solo estos números ya explican el ingente trabajo que se ha hecho.

Quiero destacar -también lo ha hecho mi compañero Ferrán Bel-, en relación con la disposición adicional de modificación del artículo 78 de la Ley del IVA, que nosotros consideramos muy importante y extremadamente adecuado no considerar como subvenciones vinculadas a precio las aportaciones dinerarias que las administraciones públicas realizan para financiar la gestión de los servicios públicos y la promoción de la cultura, cuando no exista una distorsión significativa de la competencia, y las actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación. Con este texto creo que a última hora se consigue garantizar tres cosas. En primer lugar, la viabilidad económica y financiera de la gestión de los recursos públicos, las actividades culturales y de interés general, que de otro modo podrían haberse visto truncadas. En segundo lugar, que las administraciones públicas no tengan que incurrir en unos costes adicionales y por tanto en un mayor gasto y un mayor déficit. En tercer lugar, la neutralidad del IVA, ya que estas aportaciones no suponen una distorsión de la competencia.

Por lo que se refiere a la morosidad es evidente que a día de hoy, al menos hasta que empiece a aplicarse esta ley, el panorama de la contratación pública en el Estado español se caracterizaba por una serie de malas prácticas, básicamente en forma de retrasos en los pagos, en particular las que practicaban los grandes adjudicatarios de obra pública con la parte más débil de la cadena de contratación, o sea con los proveedores y con los subcontratistas, que suelen ser siempre el último eslabón que soporta todo el entramado, ya que los grandes contratistas -no descubro nada- pueden actuar con impunidad, debido a la ausencia de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento del plazo de pago legal. Creo que se ha trabajado en todos los temas, pero en el de la morosidad de una manera muy incisiva para que esto no ocurra, a través de la factura electrónica y de una serie de medidas que tampoco vale la pena ahora destacar. Hemos trabajado para que el plazo -aunque ya lo he dicho- de pago del contratista a los suministradores sea imperativo, y se ha conseguido lo que se ha conseguido. También quiero destacar aquellas medidas que tenían como finalidad primordial facilitar, como he dicho al principio, el acceso de las pymes a la contratación pública, tales como que los pliegos no incluyan unas condiciones de solvencia excesivas, como pasaba de manera habitual, o proporcionales al objeto del contrato, lo que evidentemente impedía a las pequeñas y medianas empresas poder acceder a cualquier pliego.

El resultado ha sido franco y claro, y es que esta ley seguramente no la habríamos hecho exactamente igual los republicanos catalanes, pero en aras de los esfuerzos compartidos, y evidentemente al resultado final de todo el trabajo, recibirá el voto favorable de Esquerra Republicana.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Algo ha debido ocurrir en esta ponencia para que incluso haya hecho brotar algo parecido al amor entre Esquerra y el PP (Risas), pero lo cierto es que sí ha ocurrido. Yo también quiero empezar agradeciendo la predisposición del partido del Gobierno, en este caso de José Vicente Marí, en la búsqueda de acuerdos. Quiero agradecer también por supuesto a Juan Antonio Martínez y a Felipe Martínez Rico su predisposición, y a todos los ponentes que han trabajado en la ponencia, porque creo que no solo hemos conseguido sacar un texto muy complicado, sino que la ponencia se desarrollara en


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un ambiente agradable, incluso en un tema tan poco propicio para el agrado como es la Ley de Contratos. Al final el texto como se ha dicho no es la ley de Ciudadanos ni la de Esquerra ni la del PDeCAT ni probablemente la del PP, pero todos hemos cedido parte para que salga un texto completo, y esto es lo importante. Finalmente lo que ha demostrado la ponencia y lo que demuestra la aprobación de esta ley es la política entendida como la búsqueda de acuerdos, muy alejada de la política entendida como confrontación entre enemigos irreconciliables, y esto sinceramente ennoblece el parlamentarismo.

En cuanto al contenido se han dicho ya algunas cosas, yo tampoco me voy a enrollar, tiempo habrá de estudiarlo y detectar si efectivamente se han producido algunas contradicciones o incoherencias, pero creo que hemos conseguido, por un lado, por supuesto la adaptación del texto a las directivas, pero por otro lado mejorarla notablemente en el proceso de ponencia. Efectivamente, tal y como nos pedía Europa, hemos conseguido abrir la contratación pública o favorecer la contratación pública a las pymes, y nos hemos preocupado mucho del problema de los subcontratistas. Hemos establecido mecanismos como la obligación de comprobación por parte de la Administración de determinados contratos a partir de determinados precios y porcentajes de subcontratación. Hemos establecido la factura electrónica para el subcontratista a partir de mediados del año que viene, incluso el pago directo por la Administración si lo prevé en los pliegos. Nos hemos preocupado por introducir enmiendas referidas a la transparencia; evidentemente tal y como se ha dicho se facilita el acceso del tercer sector a la contratación pública, pero a mí me gustaría, como Grupo de Ciudadanos y puesto que ha sido una de nuestras enmiendas estrella, hablar de la parte de la gobernanza, concretamente de nuestra Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Han transcurrido ciento sesenta años desde la primera Ley de Contratos en los que se han mantenido una serie de problemas en la contratación que han provocado que no funcione eficientemente, y que de hecho haya sido campo abonado para malas prácticas. Lo que la ley ha intentado desde el principio ha sido regular de manera exhaustiva toda la realidad, cosa que ha sido imposible; tenemos una ley con muchísimos artículos, una ley muy compleja, y nosotros pensábamos que era el momento de hacer un cambio de enfoque, y eso es lo que pretende esta oficina. Esta oficina para empezar es independiente, estará compuesta por un presidente y cuatro vocales que serán elegidos por gente con más de diez años de experiencia en la contratación pública, y lo serán por el plazo de seis años, lo que rompe ya los ciclos electorales, y no podrán ser removidos discrecionalmente, sino por causas tasadas. Su función será regular, podrá emitir instrucciones y supervisar que la contratación se desarrolle con eficiencia, en la creencia como digo de que la mejor manera de erradicar las malas prácticas de la contratación es que exista efectiva concurrencia. Esto no es una cosa de broma, también nos hemos cansado de recordar que al final la contratación pública abarca casi el 20 % del PIB, y que el déficit de concurrencia está provocando pérdidas en torno a los 40 000 millones de euros al año. De esta oficina además colgará la Oficina Nacional de Evaluación de Proyectos, que estará destinada a evaluar la rentabilidad socioeconómica de estos proyectos, poder priorizar entre inversiones y conseguir alejar las decisiones de inversión en infraestructuras del interés político.

Como digo no voy hablar mucho más. Vuelvo a agradecer y a felicitar a todos los que han participado en esta ponencia, y a decir que nos congratulamos de que haya triunfado en esta ocasión el parlamentarismo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra Auxiliadora Honorato.

La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, presidente.

A mí también me toca agradecer; me da la sensación de que todo el mundo está pensando que no sabe muy bien de dónde ha salido esta ponencia un poco marciana, que estamos todos agradeciendo con cara de contentos por haber participado en este trabajo tan arduo, tan intenso, tan técnico y tan político, y por supuesto yo también quiero sumarme a estos agradecimientos. En realidad hemos tenido la suerte de vivir la demostración de que el Congreso, este Parlamento está muy vivo, y que realmente lo que estudiábamos -o yo estudiaba- en los libros de derecho imaginándome qué sería el Congreso o los parlamentos prácticamente es algo parecido a lo que hemos vivido estos días. Creo que eso es fruto de que realmente estamos en un Congreso vivo en el que son posibles estos acuerdos, y son necesarios además para avanzar y para mejorar la vida de la gente.

En el Grupo Confederal Podemos somos muy conscientes -lo han dicho antes Teresa y otros compañeros- de la importancia de esta ley y de la importancia de este momento en el que lo vamos a


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aprobar en el Congreso para su tramitación en el Senado, y somos conscientes de que será uno de los hitos más importantes quizá de esta legislatura. Era urgente y necesario modificar la Ley de Contratos del Sector Público. Cuando llegó el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en diciembre de este año pretendiendo la transposición de las dos directivas europeas nosotros no vimos que este proyecto pudiera obedecer al reto que tenía la contratación pública en nuestro país, ni que obedeciera al espíritu de la trasposición de las dos directivas europeas. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad de dicho proyecto, porque pensábamos que era muy difícil darle la vuelta como un calcetín para que obedeciera, tanto a los retos como a la trasposición de las directivas. Evidentemente, como no se aprobó la enmienda a la totalidad, nos pusimos rápidamente a trabajar con la sociedad civil -también lo han dicho los compañeros anteriores-, porque han estado muy presentes en esta tramitación, presentando muchísimas enmiendas, muy interesados en el proceso de modificación de la Ley de Contratos. Presentamos 186 enmiendas y empezamos a trabajar duramente en la ponencia para modificar ese proyecto de ley inicial.

Es verdad -lo han dicho también los otros ponentes- que el texto que tenemos hoy aquí no es el texto del Partido Popular, no es el texto del proyecto de ley que presentó el Gobierno a finales de diciembre, es un texto diferente, es un texto que está casi a una galaxia de distancia de ese proyecto, lo que pasa es que nos parece que se queda a medio camino, debemos seguir avanzando hacia una ley de contratos a la altura de las necesidades de nuestro país. Muchos son los avances, y en eso creo que nos podemos felicitar todos, porque ha habido muchos avances colectivos y muchos avances de cada uno de los grupos, introducidos por todos los grupos. De esas 186 enmiendas nosotros hemos transaccionado 113, que están incorporadas al texto, por tanto consideramos que el texto tiene un poco de alma podemita, un poco de alma de este Grupo Confederal Podemos, y eso nos alegra. Por ejemplo, por destacar alguna de las cuestiones que nos parece que se han mejorado, había una cuestión en la que estábamos muy empeñados, y era intentar evitar que el precio siguiera siendo el único criterio de adjudicación de los contratos, y finalmente se ha conseguido que para determinados contratos sea obligatorio al menos el 51 % de calidad para valorar las ofertas; es decir, que en las ofertas tiene que primar la calidad sobre el precio. Nos parece que ese es un avance fundamental, algo de lo que adolecía la contratación pública de nuestro país, y que es causante de muchos de los problemas: modificados posteriores, contratos mal ejecutados, precariedad laboral entre los trabajadores de las contratas, etcétera. Es un gran avance que se consigue en este proyecto.

También hay una bastante adecuada trasposición de las cláusulas sociales ambientales. Era uno de los defectos que tenía el proyecto de ley, pero ya desde el artículo 1 se establece la obligación de definir el objeto del contrato en relación con esas cláusulas sociales ambientales, que además permea todo el proyecto de ley y vincula a las administraciones públicas. Es uno de los avances más interesantes del proyecto, así como la reserva de contratos al tercer sector, a las empresas de economía social, así como la necesidad de garantizar los salarios conforme a convenio, que tanto nos imploraban casi las organizaciones sindicales, incluso las organizaciones empresariales para no rebajar los salarios una vez firmados los convenios. La posibilidad de rescindir los contratos por impago de salarios a los trabajadores es otra de las mejoras que hemos introducido en este ámbito.

Es muy difícil resumir en tan poco tiempo 315 enmiendas y muchas de otros grupos, pero por seguir señalando algunas, en relación con el acceso de las pymes, una de las prioridades de nuestro grupo, se ha flexibilizado como han dicho otros ponentes la necesidad de acreditar la solvencia para poder acceder a estos concursos públicos. También presentamos una enmienda que nos parecía interesante, para que las empresas de nueva creación no tuvieran que acreditar trabajos previos para poder participar en los concursos. Así se les abría la posibilidad a los nuevos emprendedores de poder acceder a los concursos públicos. La división en lotes como norma general y el avance en morosidad nos parece fundamental, que toda Administración que quiera pueda pagar directamente a los subcontratistas. En relación con la factura electrónica, todavía queda mucho por hacer, es cierto, pero creo que hemos avanzado al eliminar esa cláusula que se había colado de forma extraña relativa al pacto entre las partes, que parecía revivir del Jurásico. En materia de transparencia hay muchos avances, como la reducción de la cuantía de los menores y la eliminación de las instrucciones para el sector público, así como un procedimiento en el que nos empeñamos, ágil, sumario, rapidísimo, objetivo y de fácil acceso para las pymes, y la democratización de alguna manera del recurso especial de contratación. Esto en cuanto a los avances que se logran con esta ley.

Sin embargo nos quedamos a medio camino porque creemos que es necesario avanzar más en algunas cuestiones, cuestiones que no están lo suficientemente claras. ¿Fundamentalmente cuál? La relativa al órgano de supervisión de la contratación. Es un esquema excesivamente complejo y dudamos


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que pueda tener una alta eficacia. Ese órgano, más que del Ministerio de Hacienda, debería colgar del Congreso de los Diputados o de las Cortes; es quizá la mayor de las dudas que nos presenta este proyecto. Se ha avanzado en transparencia, pero en la supervisión de la contratación todavía queda mucho camino por recorrer. También es interesante en esta ley poder invertir el orden de trato en la privatización de los servicios públicos, es decir, que en lugar de tener un carril ancho y fácil para la privatización y la externalización de los servicios, y uno estrecho para la internalización o la recuperación de servicios públicos, pueda ser al revés. Aquí reconocemos que no se ha podido avanzar, siendo otra de las cuestiones que nos plantea la necesidad de seguir avanzando en una ley mucho más acorde con el respeto a los servicios públicos y a los derechos de la ciudadanía. Y en relación con las tarifas que se cobran a los concesionarios deberían tener naturaleza tributaria, lo cual es mucho más garantista para la ciudadanía, y tampoco ha sido posible avanzar ahí. Por último nos gustaría que los partidos políticos y las organizaciones sindicales estuvieran sujetos a la Ley de Contratos, pero no con instrucciones, sino a la totalidad de la ley.

Es muy difícil resumir todas estas cuestiones, pero digamos que son las que nos hacen tener el corazón partido. Por una parte, nos alegramos del trabajo y de las mejoras. No es la ley que entró en el Congreso, sino una ley mejor, más acorde con las necesidades de este país, pero se queda a medio camino en muchas cuestiones. Seguimos ratificando nuestro compromiso con la ciudadanía para seguir saltando vallas y eliminar impedimentos para hacer de la contratación pública una verdadera contratación estratégica a nivel europeo, homologable al resto de países europeos, moderna y que profundice en el desarrollo del tejido productivo de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Al final ha tenido sus diez minutos.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

Como no puede ser de otra manera, también me sumo a los agradecimientos al señor letrado, al subsecretario de Hacienda, al director general de Patrimonio, a todos los compañeros de la ponencia, y en especial a los ponentes del Grupo Popular, que han tenido que aguantarnos porque todos hemos ido a pedirles lo que creíamos que era mejor para este proyecto de ley.

Como saben -no es nada nuevo- la reforma viene impuesta por mandato comunitario. El proyecto llegó aquí en diciembre y el que ahora estamos debatiendo y ha salido del dictamen de la ponencia nada tiene que ver con ese. El que llegó no nos gustaba, no cumplía con lo que mandaban las directivas europeas y por eso el Grupo Parlamentario Socialista presentó 400 enmiendas tras escuchar a los colectivos, a las entidades y a los expertos en la materia. El objetivo era que la nueva Ley de Contratos garantizara lo que las directivas europeas imponían, y sobre todo lo que la sociedad civil demandaba. Por eso nuestras enmiendas iban encaminadas a la incorporación al proyecto de ley de las cláusulas medioambientales, de las cláusulas sociales y el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y también teníamos un objetivo claro: que fuera una ley transparente que acabara con cualquier posibilidad de corrupción, y todo esto el Gobierno no lo había introducido en el proyecto de ley.

Tras la ponencia, dado el breve tiempo que tenemos, voy a señalar los logros más destacables que el Partido Socialista ha conseguido. Es verdad que se han transaccionado y aceptado muchas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, pero hay algunas que para nosotros eran determinantes y se han quedado atrás. Centrándome como decía anteriormente en los logros, un logro y un elemento transversal de nuestras enmiendas es haber conseguido trasladar la necesidad de que todos los criterios sociales y medioambientales sean un punto de referencia en la contratación pública. Desde la exposición de motivos y a lo largo de todo el texto legal queda reflejada la convicción de que la inclusión de esos criterios sociales y medioambientales proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. También era una cuestión fundamental para el Grupo Parlamentario Socialista dar cabida, como aquí se ha dicho ya por otros grupos parlamentarios, a las reclamaciones y necesidades del tercer sector. El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha estado al lado del tercer sector, siempre ha defendido sus reivindicaciones, y tras incorporar las enmiendas y propuestas que ellos nos aportaron esta ley ya no es la que remitió el Gobierno en diciembre; ahora salvaguarda los intereses del tercer sector y los protege mejor, aparte de haber conseguido reservar aquellos contratos a entidades que tienen como objetivo dar cabida a personas en riesgo de exclusión social o a personas discapacitadas.


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Por primera vez se ha conseguido que se recojan medidas en defensa y protección de los trabajadores. Para el Grupo Parlamentario Socialista era un tema prioritario y fundamental, pues protegemos a los trabajadores de aquellas empresas adjudicatarias de servicios. Así por ejemplo se ha dado una nueva redacción al artículo 35, por mayoría de la ponencia, pero sobre la base de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, donde se establece la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. De esta manera conseguimos que quede reflejada la protección a los trabajadores en la Ley de Contratos del Sector Público. También hay un logro destacable en los contratos de concesión de servicios y servicios públicos en los cuales sea relevante la mano de obra. Ahí se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos de aplicación a la hora de estimar el valor del contrato para fijar el presupuesto base de licitación. Y como hecho novedoso, gracias también a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, se establecerá en los pliegos la imposición de penalizaciones al contratista para aquellos supuestos de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicación de las condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos. También hemos de destacar una mejora especial en el recurso en materia de contratación, puesto que se amplía la legitimación para interponer este recurso a los sindicatos, para que aquellos que consideren que sus trabajadores no están viendo cumplidas sus condiciones laborales puedan recurrir los incumplimientos por parte del empresario adjudicatario. También a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista se ha conseguido establecer la figura obligatoria de un responsable del contrato para supervisar la ejecución del mismo.

Es importante destacar que en los casos de las concesiones de obra pública y de las concesiones de servicio hemos conseguido establecer la designación por la Administración de una persona que actúe en defensa del interés general para obtener y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio de la obra, así como que el concesionario asumirá todos los riesgos derivados de la obra y de la explotación de la concesión. Como logro importante en materia de transparencia, gracias a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, está la publicación relativa a los contratos menores, que deberá hacerse al menos trimestralmente y deberá publicar su objeto, duración, el importe de la adjudicación incluido el IVA y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la entidad del adjudicatario para que se pueda ver a quién se dan y así se eviten cuestiones que no están permitidas en la ley, como el fraccionamiento de los mismos. También tenemos que destacar -esto se recoge por primera vez- que las demandas de colectivos tan importantes como los arquitectos, ingenieros y, en definitiva, los servicios de consultoría, se recogen por primera vez y se introduce el criterio del valor intelectual de este tipo de contratos y que no prime la adjudicación por precio exclusivamente, que se de valor al saber intelectual de los mismos. En cuanto al objeto del contrato, se ha conseguido también que se prevea su división en lotes, siempre que la naturaleza y objeto del mismo lo permita. De esta manera recogemos el espíritu de la directiva de favorecer la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas que el Gobierno no había previsto en el proyecto que remitió a las Cortes en diciembre del año pasado. Asimismo, se establece la obligatoriedad de reservar lotes para centros especiales de empleo, empresas de reinserción y de economía social, con el objetivo de favorecer la incorporación al mercado laboral de personas que trabajan en dichas empresas a través de la contratación pública. Por tanto, se ha revertido el espíritu del proyecto, como decía anteriormente. Se ha dicho ya aquí que, en busca de la calidad en la ejecución del contrato y bajo la premisa de mejorar la competitividad de la economía a través de la calidad en la contratación pública, se ha sustituido como criterio de adjudicación la oferta económica más ventajosa que preveía el proyecto de ley por el criterio de la mejora en relación con la calidad y el precio.

En el capítulo de gobernanza, el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido la figura de una ponencia permanente en el marco de la Comisión mixta del Tribunal de Cuentas para que fiscalice y supervise toda la contratación pública. Uno de los logros que hemos conseguido entre todos ha sido ese importante avance en la lucha contra la morosidad y en la lucha por la protección de los derechos de los subcontratistas que afecta a pequeñas y medianas empresas. Todos hemos defendido esos derechos y así hemos avanzado.

Por razones de tiempo, como es evidente, no me voy a extender más en los logros conseguidos por el Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, sí me detendré en dos cuestiones que son prioritarias para mi grupo y que han hecho que no podamos votar a favor de esta ley. La ley hace desaparecer el contrato de gestión de servicios públicos. Para el Grupo Parlamentario Socialista esta era una de nuestras


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banderas y de nuestras apuestas estrella porque entendíamos que se pierden potestades de la Administración para la prestación de los servicios públicos al ciudadano y para seguir protegiendo el Estado social y el Estado del bienestar. Creemos que la directiva no prohibía que este contrato de gestión de servicios públicos se traspusiera. Era una figura del ordenamiento jurídico español que redundaba en esa característica del derecho administrativo interno. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular ha entendido que no era necesario aceptar esa propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Otros grupos parlamentarios tampoco lo han entendido así y por eso no estamos de acuerdo con el proyecto que hoy se trae aquí. Tampoco podemos estar de acuerdo con la penalización que hace a la remunicipalización de los servicios. Es evidente que el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por los servicios públicos, por los servicios de calidad, por la autonomía municipal, por que no se haga injerencia en esa autonomía municipal como sí ha hecho el Grupo Parlamentario Popular a través del Gobierno, ya que con la ley Montoro ha intervenido en esa autonomía municipal.

Estas son las razones por las cuales no podemos apoyar esta ley. Alabamos el espíritu de consenso y de diálogo del Grupo Parlamentario Popular en esta ley, más por necesidad que por convicción, pero igualmente se lo agradecemos; sin embargo, entenderán que nuestro voto no puede ser favorable ya que se pierde el contrato de gestión de servicios públicos y esa posibilidad de apostar por la autonomía municipal y por que no se injiera en la posibilidad de remunicipalizar dichos servicios. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista, dadas las enmiendas que han sido aceptadas y transaccionadas y que este proyecto es otro y es diferente, se abstendrá en la votación del mismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Marí.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, inicio mi intervención agradeciendo al señor letrado y al equipo que le ayuda por habernos aguantado durante estos meses y también a los ponentes de los diferentes grupos parlamentarios. Para los miembros del Grupo Popular ha sido un gustazo participar con ustedes en esta ponencia y mejorar y tratar de aprobar este proyecto de ley. Si me permiten, parafraseando a la señora Jordá, nosotros, los del Grupo Parlamentario Popular, también hemos disfrutado observando como ustedes se han ido transformando (Risas) durante estos meses de ponencia. (Aplausos).

Permítanme trasladarles también algunas reflexiones. Señorías, frecuentemente los ciudadanos, al observar nuestra vida pública y el discurrir de nuestra vida política, escuchando los argumentos de unos y de otros, se preguntan: ¿Es que no es posible que se pongan de acuerdo en algo? Esta es la pregunta, señorías, con cierto poso de hastío y decepción, seguramente. Si tuviera que contestar la pregunta diría que los únicos motivos ciertos capaces de impedir los acuerdos son los propios principios, los que defiende cada uno de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos, diferentes, contrapuestos, que configuran una propia visión y una propia concepción de nuestra sociedad. No deberíamos transigir en los principios, señorías; sin embargo, en el día a día disfrazamos de principios motivos distintos que se apartan del objetivo común, que es la resolución de los problemas de los ciudadanos. En ocasiones, la creencia equivocada de que la alternativa política solo se afianza en la oposición permanente en todo tipo de cuestiones y otras veces lo que malinterpretamos que pide nuestro propio electorado nos lleva a la intransigencia y a practicar el desgaste, olvidando si la cuestión concreta conviene o no a nuestros conciudadanos y en la mayoría de las ocasiones es la falta de valentía política la que impide transigir en las posiciones propias, buscando la conciliación y el punto de acuerdo, por miedo a que eso sea interpretado como una debilidad o por miedo a que si nos avenimos se refuerce la idea de que el adversario político hace algo bien. Señorías, todo esto serán muchas razones, muchos motivos, pero todos ellos están muy alejados del interés de los ciudadanos y, sin duda, están en la base del poco crédito que les podemos merecer. Resulta frustrante -y así lo perciben los ciudadanos- saber que existe el punto de la mutua conveniencia, saber que existe acuerdo en determinadas cuestiones y, no obstante, abdicar de ello y tener que someterlo a otro tipo de consideraciones cortoplacista o a otro tipo de estratagemas. En nuestra opinión, no se puede jugar con los intereses y anhelos de los ciudadanos y prescindir de la inteligencia cuando se marcan posicionamientos políticos en algunos momentos, no es útil, y menos aún se puede prescindir de la inteligencia en todas las circunstancias, porque además de ser inútil es reprobable. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!). Sin embargo, señorías, contestando a la pregunta que les indicaba al inicio, deberíamos responder y explicar que en nuestra vida


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política y parlamentaria se produce con naturalidad, día a día, el diálogo sincero en diferentes cuestiones: negociaciones dilatadas, contraste de pareceres y argumentos que a menudo fructifican en el acuerdo. Ello es así porque la inteligencia de todos nos dice que es mejor un proyecto de ley acordado con razones de unos y otros que no todos los proyectos de ley que haya llenos de razones y verdades absolutas. Este es el ejemplo del proyecto de ley de contratos del sector público que hoy debatimos; un proyecto de ley fruto de un amplísimo acuerdo, un proyecto de ley que ha tenido la amplia participación de entidades, hasta 126 entidades y colectivos en el trámite de audiencia pública. Con posterioridad, el Grupo Popular se ha reunido con más de sesenta entidades, colectivos profesionales y sociales durante la tramitación y estoy seguro de que todos y cada uno de ustedes han hecho otro tanto. Se han presentado 1081 enmiendas, de las cuales se han aceptado o transaccionado 975, es decir, el 90 % de las enmiendas se han incorporado de una u otra forma a este texto final; un gran esfuerzo y un gran acuerdo de todos los grupos parlamentarios, un gran esfuerzo y un acuerdo en el que se ha implicado también -quiero agradecerlo expresamente- el ministro Cristóbal Montoro y el subsecretario de Hacienda y su Dirección General del Patrimonio.

Tras estos meses -porque han sido meses, señorías- hemos profundizado en la aplicación de los criterios sociales, laborales y medioambientales; hemos construido una mejor arquitectura institucional para la regulación y supervisión de nuestra contratación pública que nos da mejores instrumentos en la lucha contra las irregularidades administrativas y la corrupción. Hemos introducido por primera vez en nuestra normativa de contratación la posibilidad de que la Administración pague directamente a los subcontratistas; con ello nos situamos a la vanguardia de Europa, señorías. Hemos otorgado mayor control de contratación a las entidades del sector público, hemos reducido o hemos puesto mayor control aún en la contratación de las entidades del sector público instrumental al eliminar las normas o las instrucciones internas de contratación y hemos mejorado y potenciado el acceso de pymes a la contratación pública dando mayor transparencia a los procesos administrativos.

El Grupo Popular dijo en el debate de la enmienda a la totalidad que este proyecto no requería de dicha enmienda y que sí precisaba del análisis, de la información suficiente, del contraste de razones respecto de las previsiones allí contenidas. Como consecuencia de todo ello requería del esfuerzo de todos los grupos políticos para llegar a acuerdos en la tramitación parlamentaria. Esa era y es la disposición del grupo parlamentario al que pertenezco y del Gobierno del Partido Popular, y eso es lo que hemos hecho, señorías, eso es lo que han hecho ustedes, todos y cada uno de los grupos parlamentarios: comprometerse, transigir, dialogar y negociar con profusión y buscar lo más beneficioso para nuestros conciudadanos. Ello es lo que permite que este proyecto de ley tenga un amplio acuerdo y respaldo. Este proyecto de ley es trascendente porque la materia de contratación pública es transversal y trascendente, ya que afecta a amplios sectores de nuestra actividad productiva. Por ello, este proyecto de ley no puede ser tachado solamente como un proyecto de ley técnico, que lo es, sino que es también un proyecto de ley de transcendencia política relevante, un proyecto de ley en la línea de las reformas estructurales de nuestra actividad económica.

Señorías, Henry Clay, presidente del Congreso americano en el siglo XIX, dijo que toda legislación está fundada en el principio de mutua avenencia. Es así, señorías, y este proyecto de ley es prueba de ello, como es prueba de ello también el compromiso del grupo al que pertenezco de seguir dando pasos en el marco del diálogo, del acuerdo y de la transigencia para -si así lo desean, señorías- juntos seguir mejorando la vida de nuestros conciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Nos lo han dado todo muy masticadito. Hay un informe final que se les ha entregado con las enmiendas que quedan vivas; no hay ninguna transaccionada. Para no repetir el número de las enmiendas, voy a someter a votación por bloques las que han quedado vivas de cada grupo parlamentario. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes al Partido Demócrata de Cataluña. Votamos las enmiendas que siguen vivas del Grupo Parlamentario del PDeCAT.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, pasamos a votar las enmiendas correspondientes al Grupo de Coalición Canaria, que se votan conjuntamente con las de Compromís.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación sometemos a votación las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26: abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 19; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 19; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A la Mesa ha llegado, independientemente de estas enmiendas, un texto presentado y firmado por todos los grupos parlamentarios en relación con la disposición adicional séptima. Entiendo que se aprueba por unanimidad. (Asentimiento). Que así conste entonces.

Seguidamente vamos a proceder a la votación del informe de la ponencia con este último texto que hemos incorporado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Finalizada la votación, queda aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena el proyecto de ley de contratos del sector público por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, la número 23 y la número 24 de 2014, de 26 de febrero, que se remitirá al Senado a los efectos previstos en el artículo 90.1 de la Constitución. (Aplausos).

Felices vacaciones. Se levanta la sesión.

Eran las seis y quince minutos de la tarde.

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