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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 300, de 20/07/2017
cve: DSCD-12-CO-300
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 300
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión núm. 7 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
20 de julio de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid (Dancausa Treviño):

- Para que explique si considera compatible su actividad como Delegada de Gobierno en la Comunidad de Madrid con el hecho de estar siendo investigada por la Justicia en el caso Mercamadrid. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000774) ... (Página2)

- Para dar cuenta de las decisiones que va a adoptar y la responsabilidad que va a asumir tras su imputación judicial. A petición del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 212/000778) ... (Página2)

- Para dar cuenta de la responsabilidad que va a asumir tras su imputación judicial. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000779) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.

Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión Constitucional con las comparecencias de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid a petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comenzará la delegada del Gobierno, a quien damos la bienvenida en esta Comisión Constitucional. Tiene la palabra.

La señora DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Dancausa Treviño): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes a todos. Comparezco ante esta Comisión a requerimiento de los grupos parlamentarios Socialista, Ciudadanos y Podemos, y mi intención es explicarles cuál fue mi actuación en relación con la operación de Mercamadrid que está siendo objeto de investigación. Tanto el Grupo Socialista como el de Ciudadanos me preguntan por la responsabilidad que voy a asumir como consecuencia -dicen ustedes- de mi imputación judicial. Tengo que decirles que, a día de hoy, no existe ninguna imputación judicial contra mí. Como saben, el procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas, lo que significa que mi situación procesal es la de investigada y no la de imputada. Creo que es importante ser rigurosos en el uso de los conceptos, porque el hecho de que un juez admita a trámite una denuncia no implica, en modo alguno, culpabilidad. A día de hoy, el juez de instrucción no ha decidido si los hechos denunciados son constitutivos de delito ni tampoco ha determinado si la investigación debe conducir a la imputación de alguno de los investigados.

Esta cuestión, que puede parecer un mero tema terminológico, no lo es, porque la palabra imputada está cargada de connotaciones peyorativas, hasta el punto de que en el imaginario colectivo una imputación viene a equipararse a una condena. Precisamente, para evitar este tipo de condena social y no dar pie a los juicios paralelos, la ley retiró el término imputado, que se empleaba por igual en todas las fases del proceso judicial, e introdujo términos distintos para diferenciar los distintos momentos del proceso. Creo que esta opción refleja la realidad de forma más justa y, además, limita el daño que determinadas informaciones pueden hacer a la imagen y a la reputación de las personas.

Señoras y señores diputados, una vez aclarado esto y respondiendo a sus preguntas, creo que en este momento mi responsabilidad es estar a disposición del juez para que tenga toda la información que pueda necesitar. Y, dado que el proceso judicial está abierto, no voy a entrar en detalles que pudieran interferir en el mismo, pero sí me gustaría dejar claro que en modo alguno esta operación ha supuesto un daño patrimonial de 11 millones de euros a Mercamadrid, como erróneamente sostiene el Gobierno de Ahora Madrid. A partir de esta base, quiero explicarles por qué considero que ni la denuncia que presentaron la señora Higueras y el señor Sánchez Mato ni tampoco la que posteriormente presentó la fiscalía tienen fundamento. Estas denuncias se basan en la premisa de que los contratos de transacción y arrendamiento suscritos entre Mercamadrid y Mercaocio supusieron un importante perjuicio patrimonial para la primera y un importante enriquecimiento ilícito para la segunda. Según los concejales, Mercamadrid no solo habría renunciado a unas cantidades que estaba reclamando, sino que además asumió el pago de unas rentas a Mercaocio con el fin de obtener el uso de dos salas que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan ningún beneficio. Pues bien, esta premisa es incorrecta. Mercamadrid no suscribió el contrato de arrendamiento para utilizar las instalaciones ella misma o para dejarlas en desuso, sino para subarrendarlas a la empresa pública Mercasa, su principal accionista, en las mismas condiciones pactadas con el arrendador.

La premisa correcta es que el consejo de administración de Mercamadrid aprobó una operación entre tres entidades, Mercaocio, Mercamadrid y Mercasa, que resultaba claramente beneficiosa para Mercamadrid, porque con ella se ponía fin al litigio existente con Mercaocio desde el año 2001, que podía suponer un coste de 8 millones de euros más intereses; permitía a Mercamadrid recuperar las cantidades que Mercaocio le adeudaba por importe de 700 000 euros; eliminaba la incertidumbre inherente a este litigio y la obligación de efectuar provisiones contables; daba actividad a unas naves que llevaban cerradas desde 2004, lo que suponía un daño para la imagen de la sociedad y, como he dicho, no causaba perjuicio patrimonial alguno, ya que Mercasa se comprometía a abonar a Mercamadrid una renta idéntica a la que esta debía pagar a Mercaocio.


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Por tanto, no actuar, no hacer nada, sí podía haber supuesto un perjuicio económico para Mercamadrid, porque había posibilidades reales de perder el juicio y tener que pagar 8 millones más los intereses. Como ven, el papel de Mercasa es crucial para entender el interés de Mercamadrid en la operación y el beneficio que obtenía con ella. Hasta tal punto es fundamental su participación que esta operación nunca se habría llevado a cabo si Mercasa no hubiera expresado su interés en subarrendar las naves. Sin embargo, de forma totalmente incomprensible, la participación de Mercasa no se menciona ni una sola vez en las denuncias, ni en la de los concejales ni en la del fiscal. Es una omisión inexplicable, sobre todo teniendo en cuenta que los acuerdos entre Mercamadrid y Mercaocio se celebraron por el interés de Mercasa, que vio en estas naves un espacio idóneo para poner en marcha su proyecto Mercaorigen. El objetivo de este proyecto, anunciado públicamente a finales de 2012, era crear en los veintitrés mercados mayoristas que operan en España grandes espacios para comercializar toda la oferta nacional de alimentos y bebidas con denominación de origen. Esta iniciativa contaba con la aprobación del Ministerio de Agricultura, de las comunidades autónomas y de la SEPI. La intención de Mercasa era ubicar el primero de esos espacios en Mercamadrid y llevarlo después a otras comunidades. Hay abundantes testimonios en prensa sobre este proyecto. El proyecto Mercaorigen necesitaba unas instalaciones adecuadas y Mercasa vio en las naves de Mercamadrid un espacio idóneo para ponerlo en marcha. Como es lógico, en su condición de accionista de Mercamadrid, con un 49 % del capital social, Mercasa conocía perfectamente las naves y también el litigio que había en torno a ellas y vio la oportunidad de alquilarlas a través de un acuerdo a tres y el resultado de esta gestión son los contratos de transacción y arrendamiento del acuerdo de intenciones de subarriendo.

Mi nombramiento como consejera de Mercamadrid se produjo en el consejo de administración de 5 de marzo de 2012 y mi nombramiento como presidenta fue el 13 de marzo de 2013. Por lo tanto, no intervine en ninguna de las decisiones, actuaciones y reclamaciones que se habían adoptado hasta esa fecha en relación con las naves en cuestión. Hasta entonces, Mercamadrid había realizado una adecuada defensa de sus intereses en los tribunales, pero fue a raíz del interés de Mercasa cuando se vio la posibilidad de buscar una alternativa negociada que pusiera fin a los procedimientos en curso. El secretario general de Mercamadrid y letrado asesor elaboró un informe el 11 de octubre de 2013 en el que aconsejaba la suscripción de los acuerdos que se habían negociado y su elevación al consejo de administración, ante la viabilidad jurídica de que la demanda de Mercaocio prosperase. Este informe había sido consultado con el despacho de Hermosilla, que fue quien elaboró los escritos de reclamación en nombre de Mercamadrid contra Mercaocio. A la vista de las consideraciones del informe del secretario general la comisión ejecutiva de Mercamadrid -en la que yo nunca participé, dado que tenía delegada la presidencia en la vicepresidenta segunda- decidió, en sesión de 14 de octubre de 2013, someter al consejo de administración de la empresa los acuerdos a suscribir con Mercaocio. En concreto, proponían la transacción de la reclamación de Mercaocio, por importe de 8 millones de euros, con renuncia a ejercer acciones futuras, la compensación de la deuda con Mercamadrid, así como el cierre del arrendamiento de las salas de eventos, con la posibilidad de ceder el contrato o el subarriendo.

En aquella reunión, Mercasa manifestó expresamente su interés en ese subarriendo, así como también su voluntad de continuidad y no de corto plazo. Dos días más tardes, el consejo de administración, en su sesión de 16 de octubre de 2013, aprobó, a propuesta de la comisión ejecutiva, la suscripción del contrato de transacción con Mercaocio, el apoderamiento del director general de Mercamadrid para negociar y firmar ese acuerdo transaccional y el texto del acta de la sesión para facilitar su ejecutividad inmediata. Ninguno de los miembros del consejo de administración participamos en la elaboración del informe del secretario general al que me he referido antes ni tampoco lo hicimos en la elaboración de los documentos que se proponían por parte de la comisión ejecutiva.

Como era razonable, a la hora de tomar una decisión confiamos en su opinión, dado que eran las personas que conocían los pormenores del pleito y podían expresar una argumentación fundada acerca de su conveniencia. Por lo tanto, los acuerdos que aprobamos procedían de la comisión ejecutiva de Mercamadrid y contaban con informes jurídicos y económicos favorables de los técnicos; contaron con dieciocho votos a favor, incluida la representación de Mercasa, y ninguno en contra; cumplían con todos los requisitos legales y de transparencia que se exigen a las empresas públicas municipales del Ayuntamiento de Madrid y no recibieron, posteriormente, ningún reparo en la auditoría externa ni en la auditoría de cumplimiento de la intervención general. Tanto el contrato de transacción como el de arrendamiento se suscribieron el 28 de noviembre de ese año con arreglo a las bases que habían sido aprobadas por el consejo de administración. Y ya solo quedaba pendiente subarrendar los locales a


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Mercasa. Por ello, en la sesión de la comisión ejecutiva del 5 de diciembre, la vicepresidenta segunda de Mercamadrid informó de la firma de los contratos con Mercaocio y confirmó que las naves estaban a disposición de Mercasa. Fue entonces cuando, de forma sorprendente, el representante de Mercasa anunció que querían ampliar el plazo más allá del 28 de enero de 2032, que era la fecha final que figuraba en el contrato de arrendamiento entre Mercamadrid y Mercaocio y era también la fecha en que Mercamadrid se extinguía y revertía al ayuntamiento. Una vez recibida la autorización de la SEPI el 30 de julio de 2014, el presidente de Mercasa y la vicepresidenta segunda de Mercamadrid firmaron un acuerdo de intenciones que reflejaba el compromiso de ambas partes de suscribir el contrato de subarriendo en el que el plazo de duración se extendía a 2055. Al ser un plazo mayor que el arrendamiento y la irreversión, era necesaria la aprobación de la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, señorías, el acuerdo de intenciones que se firmó demuestra la voluntad de Mercasa de ocupar las naves por la misma renta que Mercamadrid estaba abonando a Mercaocio, y esto es importante tenerlo en cuenta porque desactiva otra de las premisas en las que se fundamentan las denuncias, cuando afirman que la renta pactada era muy superior al precio de mercado. Dado que el precio de mercado es el precio que alguien está dispuesto a pagar por un bien, derecho o servicio, si Mercasa estaba dispuesta a pagar la misma renta que Mercamadrid estaba abonando a Mercaocio, la conclusión es que esa renta sí es de mercado.

El 6 de octubre de 2014, el director general de Mercamadrid solicitó al ayuntamiento la elevación de una propuesta de acuerdo a la junta de Gobierno para ampliar el contrato de subarriendo entre Mercamadrid y Mercasa hasta el 29 de enero de 2055. Tras diversas reuniones para analizar esta ampliación en enero de 2015, la secretaría general de la Concejalía de Hacienda reclamó a Mercasa un plan de negocio que justificara la necesidad de extender el acuerdo más allá de 2032, y así lo hizo Mercasa en el mes de febrero. Dos meses más tarde, el 10 de abril de 2015, cesé como concejal de Hacienda y, por tanto, como presidenta del Consejo de Administración de Mercamadrid para incorporarme a mi actual cargo como delegada del Gobierno en Madrid. En ese momento, el único obstáculo a la firma del contrato de subarriendo, y la consiguiente ocupación de las naves por parte de Mercasa, era la autorización del ayuntamiento que todavía no había sido concedida ni denegada. Pues bien, la nueva corporación municipal no ha suscrito el subarriendo con Mercasa y, pesar de que Mercasa ha tratado en varias ocasiones desde entonces de impulsar la ocupación de las salas, no lo ha hecho, pero tampoco ha intentado alquilar las instalaciones a cualquier otro interesado, lo que era posible. Si lo hubieran hecho, no estaríamos hablando aquí de la posibilidad de un perjuicio patrimonial para Mercamadrid.

Los concejales de Ahora Madrid hablan en su denuncia de un alquiler blindado de una nave vacía, que podría llegar a suponer un daño patrimonial de 11 millones de euros, pero ese eventual daño solo se produciría si no se alquilan las naves desde ahora hasta el año 2032, para lo cual faltan nada menos que quince años. La realidad hoy es que si las naves están vacías es única y exclusivamente porque los responsables actuales de Mercamadrid no han hecho nada para cambiar esta situación durante dos años. Por lo tanto, insisto, se trata de un daño perfectamente evitable ya que Mercamadrid puede subarrendar esas naves a la propia Mercasa, que ha seguido mostrando interés en alquilarlas o también a cualquier tercero e incluso usarlas para sus necesidades. Por supuesto, para ello es necesario actuar, pero, en vez de tomar la iniciativa y aportar soluciones, la corporación municipal de Ahora Madrid ha preferido denunciar la operación ante la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2016. Les recuerdo que esa denuncia fue rechazada por la Fiscalía Anticorrupción y remitida a la Fiscalía Provincial de Madrid, entiendo, señorías, que fue porque no apreció indicios de corrupción.

Tengo que reconocerles que cuando el fiscal aceptó la denuncia por un delito societario, no solo me sorprendió sino que incluso me sentí indignada. ¿Cómo es posible que se admita una denuncia y se reconozca haber hecho una investigación suprimiendo hechos esenciales que habrían permitido ver que allí no había ninguna irregularidad no ya penal, sino tampoco civil? No me refiero solo a la omisión de la participación de Mercasa, que, como ya les he explicado, era fundamental para entender esta operación, sino también al desconocimiento sobre si en el momento actual se había efectuado la compensación convenida de las rentas o si Mercaocio había abonado los cánones correspondientes a los derechos de superficie constituidos, algo que habría sido perfectamente verificable teniendo en cuenta que quienes acudieron al fiscal fueron la actual presidenta de Mercamadrid, la señora Higueras, y un consejero de la empresa, el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, que sin duda deben o deberían tener información actualizada al respecto. En su investigación la fiscalía tampoco parece haber tenido en cuenta las conclusiones de otros informes, como el que elaboró en marzo de 2016 el despacho de abogados de Pérez-Llorca, a petición de Mercasa, informe en el que se niega que haya ningún tipo de irregularidad en


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estos contratos, y precisamente hoy un periódico digital ha hecho referencia a esta cuestión. Por no hablar de que en todo ese tiempo el fiscal no se ha puesto en contacto con las personas a las que iba a denunciar para recabar nuestra versión de los hechos; una de las cuales, por cierto, ha fallecido hace tres años, y no lo ha investigado.

Señoras y señores diputados, una vez repasados los hechos, todavía sigo sin entender por qué la primera reacción de Ahora Madrid fue la de recurrir a la vía penal, sobre todo teniendo en cuenta que el informe del abogado del Estado en el que se basa la denuncia, pagado con dinero público, por cierto, y encargado ad hoc a alguien externo sin contar con los expertos municipales, ofrece tres posibles soluciones para resolver el contrato, ninguna de las cuales es la vía penal. El abogado del Estado recomienda el ejercicio de la acción de nulidad del acuerdo de transacción y del contrato de arrendamiento, y en ningún momento considera que haya indicios que llevaran a pensar que los hechos analizados fueron constitutivos de delito. Por eso creo, sinceramente, que si recurrieron directamente a la vía penal fue con intención torticera. Da la impresión de que su estrategia es "imputa, que algo queda", y lamentablemente lo que queda es un perjuicio innecesario y quizás permanente en la imagen y en la honorabilidad de las personas. Me reafirma en esta hipótesis el hecho de que esta cuestión nunca supuso un tema de preocupación para los partidos de la oposición, puesto que durante todo el tiempo en el que yo fui concejal de Economía y Hacienda nunca se planteó ni en el Pleno ni en las comisiones ninguna pregunta en relación con ella. ¿Por qué el señor García Castaño, hoy concejal de Ahora Madrid, nunca planteó dudas sobre esta operación en la Comisión de Economía y Hacienda en la que por aquel entonces ejercía como portavoz de Izquierda Unida?

En definitiva, señorías, no he cometido ningún ilícito penal o civil y no veo en qué sentido es incompatible mi actividad diaria como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y la investigación que se está llevando a cabo. Nunca he hecho nada ilegal ni he utilizado los cargos que he ocupado en mi propio beneficio o para ventaja de terceros. Al contrario, siempre he buscado el interés general y he trabajado desde un escrupuloso respeto a los procedimientos legales establecidos y desde la más absoluta lealtad institucional. En los cuarenta años que me he dedicado al servicio público he tomado y firmado miles de decisiones. Siempre me he guiado por el rigor y la prudencia y he actuado con la máxima honradez, y siempre he tenido en cuenta los procedimientos e informes preceptivos.

Acabo ya, señor presidente, pero antes de terminar, y para que conste, me gustaría aclararle, señor Errejón, que tampoco nunca me he escondido y, de hecho, aquí estoy para contestar a sus preguntas. Simplemente pedí que se pospusiera esta comparecencia porque prioricé mis responsabilidades profesionales ante un evento de enorme magnitud. Afortunadamente, el dispositivo de seguridad del Orgullo fue un éxito, y desde aquí quiero aprovechar para resaltar, una vez más, la eficacia y profesionalidad de las fuerzas de seguridad, de los equipos de emergencias y de todos los que de una forma u otra participaron en ese dispositivo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Dancausa.

Viene ahora la intervención de los grupos. Como indicativo, tendrán diez minutos para la primera intervención, aunque seré flexible, y en la réplica dispondrán de un tiempo de cinco minutos, y seré inflexible. Vamos a seguir el orden en el que están pedidas las comparecencias. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Errejón.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señora Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid.

No nos corresponde a nosotros en esta Comisión dilucidar las posibles responsabilidades penales, pero sí las posibles responsabilidades políticas y, al respecto, en la medida en que hay algunas cuestiones -usted se ha esforzado por ofrecernos una explicación- que a nosotros siguen sin quedarnos claras, querría que pudiéramos profundizar un poco más. Como usted sabe, comparece ante esta Comisión para explicar los hechos que llevaron a la Audiencia Provincial de Madrid a investigar a todo el consejo de administración de Mercamadrid, durante el tiempo en que usted lo presidía, y a investigarla a usted misma. Según los propios estatutos de Mercamadrid, el consejo de administración -y usted como presidenta-, tiene, entre una de sus obligaciones, la de velar por el patrimonio de la entidad pública y se investiga lo que podría ser un delito societario según el cual no solo no se habría velado por el patrimonio público, sino que se habría firmado un acuerdo que era tan dañino para el patrimonio público como


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enriquecedor para un constructor, el señor José Rodríguez Losada, que tengo entendido que no es un desconocido para el Partido Popular de Madrid.

Empiezo por el principio -por si usted lo quiere apuntar-: lo primero que le querría preguntar es si conoce usted al señor Rodríguez Losada, si ha hablado con él, si le tiene en su agenda de teléfonos y si mantuvo algún contacto, de tipo formal o informal, con el constructor tan agraciado con un acuerdo como el que después veremos; algún contacto que fuera previo a la firma del acuerdo transaccional o del acuerdo extrajudicial entre octubre y noviembre del año 2013. En el año 2010, Mercaocio, propiedad de Rodríguez Losada, deja de pagar unos terrenos que tiene arrendados a Mercamadrid. Mercamadrid le reclama el pago de ese arrendamiento y Mercaocio responde demandando a su vez a Mercamadrid por valor de 8 millones de euros, que dice que el Ayuntamiento de Madrid le debería por no haberle concedido una licencia. En ese tiempo, un abogado del Ayuntamiento de Madrid -entonces gobernado por el Partido Popular- y un abogado de Mercamadrid dicen que no es sólido el argumento porque ya en Mercaocio se habían celebrado eventos, encuentros y actividades de carácter comercial. Pese a eso, hay un informe que le dice a Mercamadrid que el juicio se va a perder y que, como se va a perder, hay que llegar a un acuerdo extrajudicial. Y aquí empiezan las cosas un tanto extrañas: el acuerdo extrajudicial recomienda un informe del que entonces era secretario general de Mercamadrid, el señor Fernando Gomar, que dice que Mercamadrid le tiene que pagar a Mercaocio, por unos terrenos que son de Mercamadrid, medio millón de euros al año hasta el 2032; es decir, compromete 12 millones de euros de pago. Tenemos un primer fenómeno que yo me atrevería a calificar de paranormal: para evitar la posibilidad de perder un juicio y ser condenado a pagar 8 millones de euros, se firma un contrato por 12 millones de euros.

Aquí le quiero hacer la siguiente pregunta: ¿quién encarga ese informe? ¿Conocía el señor Fernando Gomar al constructor que es beneficiado por ese acuerdo, a Rodríguez Losada? Y, por si nos puede sacar de dudas, ¿por qué esos precios? El Departamento Técnico de Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por el Partido Popular, emite un informe en el que dice que el acuerdo está tasando el alquiler del terreno hasta en un 81,24 % más de lo que valdría en el precio de mercado, en octubre de 2013. ¿Por qué se firma un acuerdo que duplica el precio del arrendamiento? Y yo ahí no comparto su visión de lo que es un precio de mercado. Yo a usted le puedo vender este bolígrafo -si es de mutuo acuerdo- por 50 euros, pero eso no lo convierte en un precio de mercado, lo convierte en un arreglo, y me gustaría que me explicara por qué, contra la propia opinión del Departamento Técnico de Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, se firma un acuerdo por el que un constructor privado sale beneficiado recibiendo alrededor del doble de lo que era en ese momento el precio de mercado. Me gustaría saber quién redactó los términos de ese acuerdo transaccional y por qué se establecen unos precios que son tan superiores a lo que vale el arrendamiento en el mercado.

El Partido Popular de Madrid y algunos medios afines -usted lo ha hecho hoy con mucha claridad- explican que ese acuerdo transaccional se firma porque ya está casi cerrado un acuerdo con Mercasa. Para que nos entendamos, cuando hablamos de Mercasa estamos hablando de Pablo González, hermano del que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy compartiendo celda con él en Soto del Real e investigado por la trama Lezo. Según esta teoría se firma un acuerdo muy extraño que infla los precios y que enriquece de manera desmesurada a un constructor contra el patrimonio público del conjunto de los madrileños, y se firmaría porque ya estaba preparado un acuerdo, un tercer acuerdo -usted nos lo explicaba como una forma triangular-, con Mercasa, que iba a subarrendar esos mismos terrenos para otro proyecto que, si no recuerdo mal, es Mercaorigen. La cosa aquí no mejora demasiado porque en realidad resulta que quien iba a poder garantizar que no había una pérdida patrimonial de todos los madrileños era el señor Pablo González, que prácticamente en las mismas fechas estaba firmando el acuerdo por la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II, que es lo que ha desencadenado una buena parte de la trama Lezo. Pudiera ser -y yo aquí no tengo prejuicios en absoluto- que ustedes, el consejo de administración de Mercamadrid, del que formaba parte también el señor Pablo González, llegaran al primer y único acuerdo limpio que se le conoce al señor Pablo González, y a lo mejor esa ha sido una suerte para Mercamadrid, que ha llegado al único acuerdo limpio que Pablo González, el de la trama Lezo, hoy detenido, preso en Soto del Real, fue capaz de establecer. Yo aquí al respecto tengo preguntas muy concretas.

¿Cuándo tuvo usted noticia por primera vez del proyecto Mercaorigen de Mercasa? El que el señor Pablo González, hermano de Ignacio González -los dos hoy presos-, le presenta a Mercamadrid para decirle: no te preocupes, aunque este acuerdo va a ser malo para Mercamadrid y muy bueno para un


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constructor, a cambio nosotros después nos vamos a hacer cargo, vamos a subarrendar los terrenos. ¿Influyó esa oferta -usted nos ha dicho que sí- en la decisión de alcanzar un acuerdo transaccional con Mercaocio? Se alcanzaría un acuerdo con Mercaocio que enriquece al constructor y no a la entidad pública porque a cambio está esperando Mercasa de Pablo González. ¿Fue Pablo González quien le explicó al resto del consejo de administración de Mercamadrid la posibilidad de poner en marcha este proyecto, Mercaorigen? ¿Le consta a usted -puede ser que no- algún tipo de relación entre Pablo González y Fernando Gomar, el secretario y autor del informe que recomienda llegar a ese acuerdo extrajudicial con los precios inflados? ¿Le consta algún tipo de relación entre el constructor beneficiario de ese acuerdo tan raro con los precios inflados, José Domíngo Rodríguez Losada, y el señor Pablo González? Y si la condición para poder alcanzar ese acuerdo es que después Mercasa se va a hacer cargo de los terrenos y los va a subarrendar, ¿por qué no se firma antes el acuerdo con Mercasa? ¿Por qué se conforman ustedes con un papel en el que dicen que hay un compromiso firme? Si la operación es a tres ¿por qué no cierran antes con Mercasa y con el señor Pablo González -el investigado por la trama Lezo-, por qué no lo cierran con ellos antes de firmar el acuerdo que parece tan lesivo para el patrimonio público, con el señor Rodríguez Losada?

Y luego hay una última pregunta que no arroja sino más oscuridad todavía al caso. Resulta que pocos meses antes de tener que firmar ese acuerdo, esa operación que según usted no tiene nada de fraudulenta ni nada de negligente, el que era gerente de la entidad de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla, dimite, y dimite porque dice que no se siente cómodo con la dirección existente en Mercamadrid y porque tiene algunas discrepancias. ¿Nos podría explicar cuáles son las discrepancias que hacen que el gerente dimita para no tener que firmar ese acuerdo? ¿Y nos podría explicar si a usted le comunicó esas discrepancias y le explicó cuál era la razón de que quisiera dimitir y que preferiría dejar su cargo antes de tener que firmar ese acuerdo?

En fin, a la espera de que nos conteste a algunas de estas preguntas, tengo la sensación -y no nos corresponde a nosotros dilucidarlo- de que, una de dos, o estamos ante un conjunto de hechos delictivos en asociación con Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, investigado por la trama Lezo, o estamos -si somos mejor pensados- ante un caso de negligencia que le ha causado daño al patrimonio público de los madrileños. Tengo entendido que ustedes a veces se llaman liberales, si es así, tengo una duda con respecto a su concepto de liberalismo: ¿incluye ser liberal promocionar a gente que le ha causado daños patrimoniales a las empresas que gestionaba? Supongo que en una empresa privada alguien que le causa un daño de 12 millones a la empresa no es ascendido, sin embargo, ustedes en el sector público sí lo aplican: a usted la ascienden a delegada del Gobierno y al señor José Enrique Núñez a director de Seguridad de Cristina Cifuentes. Por cierto, él también está investigado por los hechos que hoy discutimos. ¿Esto es una especial torpeza del Gobierno nacional y del Gobierno autonómico del Partido Popular a la hora de elegir a quién promociona porque tiene un mal departamento de personal o son recompensas concretas por algo? Si es torpeza, se podría disculpar, pero surge entonces la duda de si ustedes simplemente gestionan mal o son conscientes de que gestionan mal y no pueden gestionar de otra forma porque están atrapados en una maraña de necesidad de devolución de favores y de posible financiación ilegal, como están investigando algunos jueces, del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de la nación.

A este respecto, tengo que decir que una delegada del Gobierno que comanda las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tiene que inspirar confianza a los ciudadanos. No sé si el conjunto de preguntas o de interrogantes que he desglosado aquí inspiran demasiada confianza y no sé si usted considera -nosotros sí- que hay un conflicto de intereses, que algo pasa cuando quien es responsable política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puede estar siendo investigada por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En nuestra opinión, genera un conflicto de intereses que ameritaría que usted dejara su cargo. Le cito dos ejemplos. En octubre de 2012, Antonio Juaneda es imputado siendo subdelegado del Gobierno en Menorca y dimite. En mayo de 2015, Serafín Castellano es detenido siendo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y es inmediatamente cesado. Son medidas que toma el Gobierno nacional del Partido Popular. ¿Cuál es la diferencia en este caso con usted? ¿Por qué un posible daño patrimonial de 12 millones para las arcas de los madrileños, y estar siendo investigada posiblemente por las mismas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que usted comanda, no origina un conflicto de intereses?

Un comentario final. Ustedes han dicho en muchas ocasiones en relación con la posibilidad del cambio político que iba a sumir a las instituciones de nuestro país en el descontrol y en el caos. Hoy estamos


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discutiendo esto precisamente porque ha habido un ayuntamiento de cambio en la ciudad de Madrid que ha podido poner los acuerdos a disposición de un juez, que inmediatamente los ha paralizado y ha abierto una investigación, a resultas de la cual, usted, como expresidenta de Mercamadrid y todo su consejo de administración, está siendo investigada. Es un perfecto ejemplo de la contradicción a la que nos enfrentamos. Si en España hace falta con urgencia el cambio político es precisamente para poner orden, el orden que existe hoy en Mercamadrid frente al desorden que existía cuando Mercamadrid, aliada con Mercasa, aliada con Pablo González, investigado y hoy preso por la trama Lezo, causaba un daño patrimonial como el descrito al conjunto de los madrileños.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errejón.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Merchán.

La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señora delegada del Gobierno. Me sumo al reconocimiento que ha hecho al dispositivo de seguridad del 1 de julio, que impidió que pudiera comparecer ese día en esta Comisión.

En su intervención no ha dicho nada que no supiéramos, salvo dos cosas y no sé cuál de ellas me preocupa más. La primera, que de una manera más o menos implícita o explícita ha reconocido que en el consejo de administración firmaron los acuerdos que les dio el comité ejecutivo, en los que no habían participado y cuyo contenido no conocían. Y la segunda, cómo se ha referido a la fiscalía. Estas dos cuestiones no las conocía y me han dejado bastante preocupada. Mi grupo quiere dejar claro que aquí no estamos para juzgar ni para acusar a nadie; esa es labor de la justicia. Nuestro propósito es proteger y salvaguardar la imagen de las instituciones públicas madrileñas, sobre las que no puede ni debe existir el más mínimo atisbo de duda o sospecha. No puede haber duda sobre la gestión y el uso de lo público ni sobre quienes están al frente de instituciones públicas ni sobre los criterios en los que basan sus decisiones, puesto que se presupone que siempre prevalece la voluntad y la obligación de defender el patrimonio de todos. Por eso pedimos su comparecencia, porque es importante habilitar espacios para explicar, clarificar y poner luz a cualquier signo de sombra. La ciudadanía de Madrid no puede tener dudas sobre sus tomadores de decisiones y, desgraciadamente, la sospecha y la duda se han instalado en ella a raíz de la concatenación de diferentes escándalos. Por eso, nos parece importante y que es nuestro deber como representantes políticos hacer lo que esté en nuestra mano para poner luz y transparencia.

Efectivamente, usted, como el resto de los investigados, no está imputada por ningún delito. Se han abierto diligencias de investigación por un presunto delito societario del artículo 295 del Código Penal, es decir, presunta administración desleal o fraudulenta. Para nuestro grupo esta circunstancia no solo justifica, sino que apela a nuestro sentido de la responsabilidad como representantes de la ciudadanía, solicitar su comparecencia aquí, porque entendemos que es aquí donde debe dar y ofrecernos explicaciones políticas, aquí, en la sede de la soberanía nacional. Más allá de las responsabilidades que haya ostentado en el pasado, usted hoy en día es la representante máxima del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y nos preocupa -y entendemos que a usted también le preocupe- que esté inmersa en un proceso de investigación por decisiones presuntamente dolosas para el erario público de la ciudad de Madrid por presunta administración desleal o fraudulenta durante su periodo como presidenta de Mercamadrid.

A nuestro grupo le preocupa mucho Mercamadrid y la reputación que pueda tener. Como sabe, es uno de los principales buques insignias de la economía y el empleo de la Comunidad de Madrid: 800 empresas, 8000 empleos directos y 30 000 indirectos. Es el mercado mayorista más importante de Europa que abastece -lo sabe usted mejor que yo- a 12 millones de personas de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, CastillaLa Mancha y Extremadura. Además, después de los años de crisis, la última cuenta de resultados arroja un beneficio con un incremento del 35 %. Por tanto, Madrid debe estar impecable cara al interior y al exterior. Por eso, cuando salió a la luz en febrero de 2016 el contrato de arrendamiento suscrito entre Mercamadrid y la empresa Mercaocio Hoteles 22, S. L. -hay que decir que el 22 es muy conocido en contratos con el Ayuntamiento de Madrid- cuyo contenido fue considerado desproporcionado y abusivo, el ayuntamiento presentó una denuncia, admitida a trámite por la Fiscalía de Madrid, que nos lleva a la investigación por la que hemos solicitado su comparecencia.

No voy a hacer tantas preguntas como han hecho otros diputados. Básicamente, la pregunta que le hace mi grupo es una: ¿no había una manera mejor de resolver ese conflicto contractual entre Mercaocio y Mercamadrid? ¿Ha habido efectivamente administración desleal o fraudulenta? Por su explicación no


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nos ha quedado claro. ¿Cómo es posible que se considerase que la mejor manera de resolver las discrepancias contractuales fuera que la ciudad de Madrid pague 11 millones de euros? No se entiende.

Aunque es verdad que usted no estaba en ese momento, esta historia empieza en 2001. Mercamadrid convoca un concurso para la adjudicación de la parcela y se adjudica a la empresa Konin 22 S. A. Otra vez el 22. En 2003, con el consentimiento de Mercamadrid, Konin 22 S. A. traspasa el derecho a Mercaocio Hoteles 22 S. L., empresa perteneciente al mismo grupo cuyo propietario es el mismo que el del hotel El Algarrobico; aunque se ha dicho su nombre, quizá eso nos suena más que su nombre de pila. Con el traspaso, Mercaocio debe pagar el canon incluido en esa adjudicación, pero en 2010 deja de hacerlo -hasta entonces, tanto Konin anteriormente como Mercaocio habían asumido que era un canon legítimo-, y deja una deuda que asciende a 698 397,70 euros. A consecuencia de esos impagos, Mercamadrid inicia acciones judiciales en 2011, 2012 y 2013. Por su parte, la empresa adjudicataria emprende vía judicial una reclamación por 8 millones de euros por incumplimiento de contrato, acusando al ayuntamiento de que no le había dado las licencias oportunas. Resulta que en otro documento aparece incluso el número de expediente de la licencia, pero hay una cuestión que tiene que quedar clara. El ayuntamiento es propietario del 51 % de las acciones de Mercamadrid, pero Mercamadrid no está autorizada para conceder licencias de obra ni de construcción; es el ayuntamiento y son dos entidades diferentes. Para desbloquear esta situación y hacerlo de la manera mejor posible se propone el acuerdo extrajudicial que usted ha detallado, que es tan difícil de explicar como de entender. Además, se firma en el momento álgido de los recortes en el Ayuntamiento de Madrid para hacer frente a la ingente deuda que tenía. Por tanto, es difícil explicar a los ciudadanos que el ayuntamiento tenía que pagar 11 millones por unas parcelas que son suyas y recortar a la vez, y también es difícil de entender.

En resumen, según el acuerdo, Madrid renuncia a la reclamación de los cánones impagados y Mercaocio retira su renuncia; un ni para ti ni para mí ya complicado porque en realidad lo que estaba en juego era el patrimonio de los madrileños y las madrileñas. En noviembre de 2013 se firma el contrato por el que Mercamadrid abona a Mercaocio 592 208 euros hasta enero de 2015 y 623 377 hasta el vencimiento en 2032, y la justificación que se da al acuerdo en ese famoso comité ejecutivo es que la denegación durante años por parte del ayuntamiento de las solicitudes de licencias necesarias había perjudicado a Mercaocio cuando en ese documento hasta consta el número de licencia, como he dicho. El informe que emite un abogado del Estado sobre el acuerdo en diciembre de 2015, dice -cito textualmente-: "no parece demasiado ventajoso el hecho de que para evitar una contingencia de 8 millones de euros en el peor de los casos Mercamadrid asuma el pago de una cantidad que supera los 11 millones, y menos ventajoso parece pagar por el arrendamiento de parte de lo construido por mor del derecho de superficie para servicios de restauración, quince veces lo que recibe como canon concesional la propietaria del suelo". A mí realmente me cuesta entender la lógica de esta toma de decisiones. Además, en unas condiciones leoninas porque se imposibilita el desistimiento unilateral, es decir, hay que cumplir hasta 2032, si no se indemniza con la totalidad del vencimiento del contrato, y encima las naves no reúnen las condiciones para ser utilizadas, nunca se han utilizado esas naves.

Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos y que nos gustaría que nos respondiera es cómo es posible que este fuera el mejor acuerdo que pudiera firmar el Ayuntamiento de Madrid. Los ciudadanos esperan que quienes están al frente defiendan lo que es mejor para la ciudad y, francamente, si este es el mejor acuerdo al que podía llegar una institución como el Ayuntamiento de Madrid... Usted, desde luego, no es responsable del despropósito del contrato con Mercaocio, no estaba allí, pero sí cuando se alcanzó el acuerdo que le dieron en el comité ejecutivo y ustedes aprobaron. ¿De verdad que a nadie le extrañaron los términos en los que se alcanzó este acuerdo? Cuesta creer que no se pudiera pelear esto en los juzgados porque también hay informes que dicen que en juicio se hubiera ganado. Usted dice que el acuerdo es legal -yo eso no lo voy a valorar-, que se adoptó por unanimidad y que nadie puso reparos. Desde luego, parece que reparos no, pero sentido común y prudencia tampoco.

En cuanto al subarriendo -y ya voy terminando, señor presidente-, nunca llego a hacerse. Hay cuestiones que nos ha contado pero no me queda claro cómo se atrevieron a hacer un contrato hasta 2055 cuando todavía no se sabe si Mercamadrid va a seguir en su estado societario actual o se va a modificar. Y luego la coincidencia en el precio, coincidencia entre la deuda de Mercaocio y el precio. Aparte tampoco parece un negocio muy redondo porque Mercasa es propietaria del 49 % de Mercamadrid, con lo cual estaba pagando como dos veces, un poco marciano, permítame la expresión. Por no mencionar que al frente de las decisiones estaba el hoy vecino en Soto del Real, Pablo González. Desde luego nosotros no entendemos que se cuestione la investigación porque nos cuesta entender la lógica, a quién


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beneficiaba ese acuerdo, porque hay una clara perdedora, que es la ciudad de Madrid; el ganador quizás nos lo puede explicar.

No se entendería que ustedes no dieran explicaciones, quienes estaban enfrente, y tampoco se entendería que nosotros no las pidiéramos. Cada semana escuchamos cómo desde la bancada de su partido se presentan como los gestores cum laude frente a los manirrotos gestores de la izquierda, y desde luego con ejemplos como este queda bastante clara su laureada gestión. Como le decía, usted es la máxima representante del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y no puede haber dudas ni sospechas sobre los criterios con los que ha tomado decisiones, y no es por usted en lo personal, que también, sino por lo que representa. La justicia determinará si hubo o no delito societario pero desde luego para mi grupo lo que sí que hubo fue una decisión de deslealtad para con los ciudadanos de Madrid.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Merchán.

Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señora Dancausa, por su comparecencia. Viene usted hoy aquí a explicarnos si considera compatible el ejercicio de su cargo con la investigación de la que está siendo objeto, y las decisiones y responsabilidades que pensaba asumir con motivo de esta investigación. Debo decirle que me siento un poco decepcionado porque no ha dicho claramente qué decisiones o qué responsabilidad piensa asumir y, de algún modo, tenemos que inferirlo del conjunto de su intervención, lo cual no me sorprende. Y no me sorprende, porque los miembros de su Gobierno son poco dados a asumir responsabilidades políticas. Como precedente tenemos a los reprobados ministros por esta Cámara, el señor Catalá y el señor Montoro, así como el señor Maza, fiscal general del Estado, y de aquellos que finalmente fueron convencidos para asumir esa responsabilidad, como el señor Moix, fiscal Anticorrupción, y el exministro, señor Soria. En el caso de estos últimos, la situación tuvo que hacerse verdaderamente insostenible para que, finalmente, asumieran la decisión de dimitir y de dejar sus responsabilidades públicas.

Mire, todo esto está causando un daño irreparable a nuestras instituciones. La ciudadanía está harta de desayunar cada mañana con un nuevo caso de corrupción, y en la Comunidad de Madrid, especialmente, esta situación es desoladora: el caso Mercamadrid, el caso Púnica, el caso Lezo. Los madrileños ven cómo la corrupción ha campado a sus anchas y cómo se cometen irregularidades con el dinero público sin que nadie asuma su responsabilidad. Coincido con usted -y le doy la razón en esa parte de su intervención- en la que conviene precisar y aclarar que, en efecto, usted no es objeto todavía de ninguna imputación formal. Usted no está siendo investigada por ninguno de los llamados delitos de corrupción ni esta comparecencia es un juicio. En cambio, los portavoces del Grupo Popular que intervendrán a continuación nos dirán que sí, que esta comparecencia es un juicio (El señor Martínez Vázquez: ¡Pero espera que hablemos!-La señora Escudero Berzal: Se pone la venda...), y lo harán antes de llamarnos `torquemadas' al resto de portavoces, como ya tenemos acreditada experiencia en el desarrollo de otras comisiones. (La señora Quintanilla Barba: Que no hagan juicios de valor, señor presidente).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio.

Continúe, señor Gómez.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidente.

Vamos a centrarnos en preguntarle por los motivos concretos de esta comparecencia. Usted está siendo investigada por un presunto delito societario del artículo 295 del Código Penal, administración desleal o fraudulenta. Efectivamente, en el meollo de este asunto está ese acuerdo transaccional, al que ya se han referido algunos portavoces, que suscribió el Consejo de Administración de Mercamadrid del que usted formaba parte, que suscribió con Mercaocio para poner fin a ese litigio en el que había demandas cruzadas. Mire, señora Dancausa, yo soy procurador de los tribunales; he suscrito cientos de acuerdos transaccionales en representación de mis poderdantes, y debo decirle algo: yo nunca he visto un acuerdo transaccional como este en el que una de las partes, en este caso Mercaocio, no cede ni un ápice ni se mueve un milímetro de su posición inicial. En derecho hay un aforismo que dice: más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Pues bien, ese aforismo no se cumple en este acuerdo transaccional; una


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de las partes sale escandalosamente beneficiada del acuerdo transaccional, en perjuicio de Mercamadrid y en perjuicio de todos los madrileños. Le querría preguntar cómo se desarrolló ese Consejo de Administración de Mercamadrid, de 16 de octubre de 2013, en el que por dieciocho votos a favor y ninguno en contra se adoptó ese acuerdo a todas luces perjudicial para los intereses de la sociedad Mercamadrid. ¿Qué razones la llevaron a usted a votar favorablemente ese acuerdo? ¿Qué criterios técnicos recogían esos informes que ha mencionado? ¿Se leyó usted esos informes?

Por otra parte, quince días después -como ya ha recordado también el señor Errejon-, el 31 de octubre de 2013, el director general de Mercamadrid, don José Manuel Torrecilla, dimite de su cargo. Él era la persona facultada para ratificar el acuerdo transaccional en sede judicial. ¿Le constan a usted las razones por las que dimitió? ¿Pudiera haberse dado cuenta del alcance de tal acuerdo? ¿Pudiera haber entendido que ese acuerdo podría ser constitutivo de delito? ¿Le preguntó usted por qué dimitía? ¿Por qué no actuó usted ni tomó una decisión entonces, cuando conoció la dimisión del señor Torrecilla?

Ha dicho usted hoy también que considera la operación como beneficiosa para Mercamadrid, sobre todo porque Mercasa se comprometía a subarrendar esas mismas naves por el mismo precio. A este respecto yo le preguntaría cómo se documentó ese compromiso de manera que no pueda ser exigido su cumplimiento y que ha motivado que se introduzca después una ampliación de plazo que, de haber sido documentado debidamente, no podría tener lugar. ¿Dónde está el beneficio si Mercasa, que también es una empresa pública estatal, accionista de Mercamadrid -creo que posee el 48,63 %-, se subarrienda a sí misma algo para pagar a un tercero? Yo no lo acabo de ver.

Voy terminando ya. A mi parecer, no está usted incursa, como he dicho antes, en un caso de corrupción. No hay ningún indicio para sospechar que usted se haya enriquecido, pero sí estamos ante un caso de mala gestión, yo diría que de pésima gestión, que pone en cuestión una vez más el mito de lo buenos gestores que son los miembros del Partido Popular. Cuando uno es responsable de una mala gestión, cuando uno es responsable de un quebranto de dinero público -efectivamente no asciende hasta la fecha a esa cantidad, pero ascendería a esos 11 millones de euros-, creo que es motivo más que suficiente para considerar marcharse a casa y dejar las responsabilidades públicas. Además, ocurre que en esta investigación la acusación la ejerce el ministerio fiscal, no la ejerce ninguna acusación popular sospechosa. Creo, por tanto, que se puede dar cierta credibilidad a la misma, mucho más cuando su grupo es un abanderado de la independencia y de la autonomía del ministerio fiscal.

Se excusa usted también en que no se ha producido ningún daño patrimonial en ese subarrendamiento a Mercasa. Insisto, su responsabilidad radicaría entonces en no haber tomado la precaución de documentar debidamente el compromiso expresado por Mercasa, con independencia de que después quisieran una ampliación de plazo que no expresaran en un primer momento. Díganos si va a considerar en el futuro asumir responsabilidades políticas, díganos si lo condiciona usted a algún momento concreto, a algún momento procesal futuro, a que haya una imputación formal, a que haya un auto de apertura de juicio oral, o solo asumirá sus responsabilidades políticas si finalmente hubiera una sentencia condenatoria, algo así como ha ido posponiendo su compañero de partido, don Pedro Antonio Sánchez, en una suerte de dimisión en diferido, al que ya solo queda decirnos que dimitirá cuando pierda el recurso de apelación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.

Ahora es el turno de fijación de posiciones de los grupos. Doy la palabra al Grupo Popular, señora Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Dancausa, desde el Grupo Parlamentario Popular quiero agradecerle su presencia aquí esta tarde y las explicaciones que nos ha expuesto. Yo creo que ha sido bastante clara en esa exposición, aunque quizá habrá podido comprobar que para alguna de sus señorías poco importa lo que usted hubiese dicho porque da la sensación de que a veces traen las conclusiones hechas de casa (El señor López Álvarez: ¡Pues igual que tú!) y lo que usted diga poco va a cambiar. Yo se las agradezco, creo que en esa claridad he podido entender su actuación al frente de Mercamadrid durante el tiempo que estuvo, e intentaré exponerle lo que yo he entendido, a ver si estoy en lo cierto y lo he entendido bien, y le pediré alguna aclaración.

Se le ha dicho por algún portavoz que esto no era ningún juicio y creo que alguien con una bolita de cristal sabía que yo iba a decir que sí. Pues nada más lejos de la realidad, señora Dancausa. Lo que sí habría que decir es que, aunque el Partido Popular entienda que esto no es un juicio, otros portavoces,


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otros diputados, sí lo entienden, porque algunos de los comparecientes que vienen a esta Cámara vienen ya, aunque ellos no lo sepan, juzgados, sentenciados y condenados. Esto realmente no es ningún juicio, señora Dancausa, como han dicho. Usted viene a la Comisión Constitucional, que no es ni un juzgado ni un tribunal ni siquiera una comisión de investigación, y viendo los portavoces que han intervenido y los diputados que forman parte de la Comisión puedo hacerme una idea de por qué tenemos grupos parlamentarios que no están aquí representados. Después de escuchar el debate que hemos escuchado, yo me pregunto: ¿De verdad la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es el mejor foro para hablar de lo que estamos aquí hablando? ¿Por qué no el Ayuntamiento de Madrid? ¿Por qué no, incluso, la Comunidad de Madrid? Solamente se ha hablado de Madrid y aquí representamos a todos los españoles, señorías. Si pedimos que comparezcan todas las autoridades o todos los representantes de cada comunidad autónoma en la que surge un problema o un asunto ante el juzgado, realmente no pararemos; para eso hay otros foros. Pero, en cualquier caso, le agradezco mucho su presencia y sus explicaciones.

Como le decía antes, del acuerdo del que tanto se está hablando he creído entender que Mercaocio retiraba su demanda con la petición de los 8 millones -un juicio, además, que Mercamadrid podía perder-; Mercaocio pagaba los 700 000 euros que debía a Mercamadrid, y Mercamadrid alquilaba unas naves a Mercaocio, que las iba a subarrendar a Mercasa porque tenía un proyecto para darles uso. Ese acuerdo se aprueba con los informes técnicos y económicos favorables, se eleva al consejo de administración con el voto favorable también de todos sus miembros -con una excepción- y hasta ahí todo correcto. Pero el problema surge cuando Mercasa quiere un plazo más largo de arrendamiento; la fecha inicial era hasta 2032 pero quiere hasta 2055, cosa que, evidentemente, no se podía conceder, puesto que, al ser el plazo mayor que el arrendamiento y la reversión, era necesaria la aprobación por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Desde el ayuntamiento se pide a Mercasa un justificante de la necesidad de extender el acuerdo más allá de 2032 -y así lo hace Mercasa- y ya solo faltaba la autorización o la denegación del ayuntamiento. Pero antes de que llegue la autorización o la denegación, usted se incorpora a su actual puesto como delegada del Gobierno en Madrid, cesando en sus responsabilidades municipales, entre ellas la de presidenta del consejo de administración, con lo cual se puede decir -y se ha reconocido también en esta sala- que usted llega cuando las cosas ya están empezadas y se marcha antes de que terminen. ¿Es así? Lo dejo para que usted me conteste.

Se acusa también de un daño, que se cifra en 11 millones de euros; 11 millones de euros porque se está contabilizando, entiendo yo, el alquiler que se debería pagar hasta 2032. O sea, estamos pensando en un alquiler de veinte años, y son 11 millones de euros; pero podíamos calcular ese daño no a veinte años sino a cuarenta y serían 22 millones o en ochenta y serían 44 millones, mucho más daño para las arcas del ayuntamiento. Eso querría decir que esas naves iban a estar sin alquilar de aquí hasta 2032, y eso ya es mucho suponer. Se le acusa también de perjudicar los intereses de Mercamadrid. Yo aquí hago una pregunta: ¿Qué pasó durante su tiempo de gestión de presidenta de Mercamadrid? ¿Cómo fueron los resultados de Mercamadrid? ¿Hubo pérdidas? ¿Fue un desastre? ¿Hubo un bajón en el rendimiento económico? Creo que usted nos podría contestar a eso. Se habla del precio de mercado. Yo no voy a entrar en si es precio de mercado o no; yo, simplemente, he creído entender que Mercaocio iba a cobrar un precio de alquiler y a pagar un precio de alquiler que iba a ser igual, con lo cual ni beneficio ni perjuicio. El saldo de Mercamadrid en ese sentido sería nulo.

Me surge alguna duda más, señora Dancausa. Usted se va antes de que esto termine porque se incorpora a otro puesto, pero, y la nueva corporación, ¿no podía haber hecho nada en este asunto? ¿No podía haber solucionado el asunto? ¿O haber buscado otros interesados en arrendar las naves? ¿O haber pedido la nulidad del contrato, una nulidad civil, como le decía ese informe? Me gustaría hacer una aclaración sobre ese informe, del que se ha hablado, del abogado del Estado. No, yo entiendo que ese informe no era de un abogado del Estado; era de un abogado del Estado, pero era un informe pagado, de manera que era un informe que ese abogado del Estado hacía en cuanto tenía una compatibilidad, con lo cual era un informe pagado (Aplausos), que no es lo mismo. Pero no, la nueva corporación decidió no hacer ninguna de esas posibilidades. Quizá es mucho más fácil y más cómodo y tiene mucha más repercusión ir al juzgado, porque lo otro supone ponerse a trabajar y trabajar por el interés de los ciudadanos. Además, se acudió al juzgado aunque tampoco creo que con ánimo de solucionar el problema, porque cuando quieres ir al juzgado, acudes al que entiendes que le corresponde, porque estamos hablando de un delito societario. Pero no, se intenta una vía penal, y todos sabemos o deberíamos saber, que para que haya un delito penal hace falta un acto ilícito, hace falta un dolo, hace


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falta un daño, cosa que aquí no hay. También se quiere ir por la vía de la corrupción, por supuesto, porque eso va a dar muchas más portadas y va a ser mucho más llamativo. La Fiscalía Anticorrupción les dice que no, que no hay corrupción, porque para haberla, como se ha dicho, tiene que haber malversación, prevaricación o cohecho y aquí no hay nada de eso; y digo prevaricación y malversación, y a alguno quizá le suene, porque a ello me voy a referir más tarde, señorías.

Le voy a decir cómo lo veo yo. Yo creo que estamos asistiendo a un intento permanente de embarrar las instituciones y la vida política. Desde el momento en que el crecimiento económico va adelante y la creación de empleo va subiendo, la verdad es que a la oposición le queda muy poquito a lo que agarrarse para hablar del Partido Popular o del Gobierno del Partido Popular. (Rumores). Sí, sí, y les gusta embarrar las instituciones, eso sí, siempre y cuando haya que personalizarlo en el Partido Popular y en los representantes y dirigentes del Partido Popular.

Señora Dancausa, yo tengo la sensación de que no está aquí por el problema abierto en Mercamadrid; yo creo que usted está aquí por ser del Partido Popular. Creo que ese es su verdadero delito. Y como usted es del Partido Popular, es culpable por definición y no se le ocurra invocar la presunción de inocencia que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos porque usted, al acompañarle la calidad y la cualidad de ser el Partido Popular, lo que tiene es una presunción de culpabilidad. Da igual que esté simplemente investigada, señoría, porque usted, que yo sepa -y me responderá en su turno-, no ha sido todavía ni siquiera citada por el juez; además, da igual que usted sea citada y acuda a declarar porque, diga el juez lo que diga, daría lo mismo, porque usted es del Partido Popular y lleva, como digo, la etiqueta de culpable a su espalda.

¿Saben una cosa, señorías? Creo que esto es tan evidente que esos argumentos se caen. Y se caen porque, fíjense, es mucha casualidad que, de la lista de investigados por este caso, solo se le haya llamado a comparecer a usted, que es el Partido Popular. ¿Es casualidad? (Un señor diputado: Es la delegada). Sí, es la delegada, claro, pero en aquel momento no lo era. (Rumores.-Aplausos.-El señor Errejón Galván: Pero ahora lo es. Por eso está aquí). Además, es mucha casualidad que le pidan responsabilidades políticas, e incluso su dimisión, por estar investigada sin estar siquiera citada por el juez, cuando resulta que aquí tenemos formaciones políticas que cuentan con miembros en sus filas y en muchos puestos públicos que están siendo investigados e incluso citados a declarar y se mantienen en sus puestos y a nadie se le pide una dimisión. (Un señor diputado: ¡Incluso algunos han declarado!). Incluso algunos han declarado, cierto; de manera que es un doble rasero.

Me voy a detener a darles algún ejemplo. Señores de Ciudadanos, ustedes tienen una única representante en la Asamblea de Extremadura, que ha sido investigada y ha sido citada a declarar y no he oído a nadie pedir esa dimisión. Señor Errejón, usted mismo estuvo investigado y hasta que se archivó su causa tuvo seis meses, y nadie le pidió la dimisión ni dimitió. Y ahora iré a algunos que tiene usted mucho más cerca. Señores del PSOE, ¡quién hablaba de promocionar! Señores del PSOE, tienen ustedes a un alcalde de un pueblo de Murcia investigado por prevaricación (El señor Errejón Galván: Eso sí que es grave y no lo de Pablo González), que eso sí que es corrupción, y ustedes le han promocionado a la nueva junta ejecutiva. De manera que lecciones, las justas porque si nosotros no podemos darlas, ustedes tampoco. Es decir, nosotros no damos, pero tampoco nos gusta recibirlas de quien no puede darlas. (Aplausos). Y no nos vamos muy lejos, tenemos dos concejales de Ahora Madrid que están siendo investigados y citados por el juez, y ahí sí que se habla de malversación y de prevaricación, señorías, y eso sí que es corrupción. Pero parece que le han cogido gusto y han encontrado el filón para desprestigiar a representantes del Partido Popular porque resulta que nos enteramos por un medio de comunicación -y lo pongo, si ustedes quieren, con todas las cautelas porque es un medio de comunicación- de que nuevamente hay concejales de Madrid -uno, además, reincidente- que vuelven a ocultar informes favorables y vuelven a encargar o a tirar de informes a la carta para denunciar unos hechos de los que precisamente se acusa a la señora Dancausa.

Señorías, si esta es la nueva política de la que tanto presumen, la de que el fin justifica los medios, la utilización maquiavélica (El señor Sixto Iglesias: Maquiavélica y perversa) de las instituciones y del dinero de todos los españoles para fabricar pruebas, para desprestigiar a instituciones a partidos o a personas y para perseguir a los representantes del Partido Popular, ¡vaya nueva política! Si los informes dicen que no hay irregularidades en una actuación de un representante del Partido Popular, a ustedes les da lo mismo, a quién le importa eso; ustedes encargan otro para que diga que sí, que hubo esas irregularidades y, por supuesto, siempre con dinero de los ciudadanos. Tienen ustedes mucha razón cuando hablan de ayuntamientos del cambio. ¡Vaya cambio, señorías! Una forma de actuar propia de


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sistemas autoritarios, dictatoriales, pongan ustedes el calificativo que quieran. ¡Quiero conseguir un objetivo, lo busco y pago hasta que alguien me diga lo que yo quiero! En una democracia, señorías, no todo vale. (El señor Sixto Iglesias: En una democracia, las urnas de cartón, ¿valen o no valen?). En una democracia y en un Estado de derecho como el nuestro hay unas normas y unos procedimientos, y hay que seguirlos. Yo puedo entender la obsesión de algunas formaciones políticas por ganar al Partido Popular, pero eso se consigue en las urnas y eso se consigue obteniendo la confianza de los ciudadanos en las elecciones. Y a ustedes no se la dieron y, viendo cómo actúan, no sé yo si la van a conseguir, porque no saben respetar las normas. Por no respetar, no respetan ni sus propias reglas. Anuncian a bombo y platillo un código ético enarbolando la bandera de la regeneración que luego son incapaces de respetar y cumplir. ¿Esa es su nueva política, ese es su cambio, su doble rasero? Llegar a las instituciones para conseguir sus fines por los medios que sea, y de eso, señorías, los ciudadanos también son conscientes.

Acabo. Señora Dancausa, le agradezco muchísimo su comparecencia y sus explicaciones. Estamos a la espera de sus respuestas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.

Tiene la palabra la delegada del Gobierno.

La señora DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Dancausa Treviño): Muchas gracias, señor presidente.

Voy a tratar de responder a sus preguntas, y si alguna se me olvida, crean ustedes que no es porque no haya querido responderlas. Si ustedes me las recuerdan, en el siguiente turno con mucho gusto se las responderé. Yo he insistido mucho en mi intervención en que no hay un daño patrimonial. Claro, si no hay daño patrimonial, ustedes ya no tienen caso. Pero la realidad es que ustedes dicen que hay un daño patrimonial porque están contando que se va a dejar de pagar la renta de Mercaocio a Mercamadrid durante quince años más, pero es que es evidente que lo que tiene que hacer el Gobierno actual con estas naves -que además están en perfecto estado para ser alquiladas- es alquilarlas, y si no quiere a Mercasa o no se puede hasta un plazo mayor -porque no se puede o no se quiere hacer-, puede alquilarlas perfectamente, y probablemente eso le resarcirá de estos años en los que, en gran parte por culpa de los responsables de Ahora Madrid -exactamente durante veintitrés meses-, no han hecho absolutamente nada. Únicamente han pedido un informe a un abogado del Estado que, como he dicho antes, les indicaba que en todo caso podía ser un tema civil o mercantil y les aconsejaba la vía de anular el contrato de arrendamiento y el acuerdo transaccional; cosa que, por cierto, también han hecho veinticuatro meses después. Por tanto, aquí el problema es que hay que hacer cosas para no causar un daño. No se puede mirar para atrás y pensar que cuando tú gobiernas la responsabilidad es de los anteriores, porque no era nuestra responsabilidad. (El señor Errejón Galván: La herencia recibida). El acuerdo transaccional, el contrato de arrendamiento y el arrendamiento de Mercasa a Mercamadrid era neutro para Mercamadrid porque lo que recibía por un lado lo pagaba por el otro. Además de eso, se evitaba un pleito que llevaban desde el año 2001 -es decir, en el año 2013 llevaban doce años- sin darle una solución. Y la solución que le dimos fue una solución acordada, algo que se hace habitualmente en cantidad de empresas, porque muchas veces ante un mal pleito tus abogados te dicen que tienes muchas posibilidades de perderlo -entre ellos, el despacho del señor Hermosilla- y te aconsejan hacer otra cosa. Y eso es lo que hicimos, otra cosa.

Me ha preguntado usted si conocía a una serie de personas y le tengo que decir que yo no les conocía. Yo era la concejal de Hacienda y Economía; no les voy a contar todo lo que llevaba, pero tenía bajo mi responsabilidad a seis empresas públicas, cuatro organismos autónomos y toda el área de Economía, de Hacienda, de personal, de presupuestos, la Agencia Tributaria, etcétera. Yo tenía dos vicepresidentas que conformaban un comité ejecutivo con la responsable de la Dirección General de Economía y Sector Público, y las dos personas de Mercasa -una de ellas, por cierto, abogada del Estado, porque sí, estaba Paula González, pero había otra persona que era abogado del Estado, con grandes conocimientos- y el gerente. Por tanto, nuestra función era la de una presidencia no ejecutiva y eso creo que cualquiera de ustedes lo entiende. Las vicepresidentas ejecutivas primera y segunda, el gerente y cerca de trescientas personas eran los que llevaban el día a día de la empresa. (El señor Rallo Lombarte: Se ve que pagaban bien en esas empresas). Nosotros, lógicamente, nos limitábamos a


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revisar los acuerdos que antes se habían tratado en el comité ejecutivo, como estaba establecido en los estatutos y, por tanto, a decidir en esas cuestiones.

Cuando usted me pregunta si yo conocía al resto, le tengo que decir que no. Yo conocía exclusivamente al consejo de administración y a los gestores, lógicamente, que estaban allí: el secretario general y el gerente. ¿Por qué? Porque no era mi responsabilidad conocer a nadie más. Es que las empresas tienen una estructura y hay unas delegaciones. Funcionar de otra forma y pensar que yo voy a estar en el detalle de cada una de las funciones de Mercamadrid es pensar una cosa que no es real. Lo ha dicho aquí la representante del Grupo Socialista: Mercamadrid es la segunda empresa más importante de la Comunidad Autónoma de Madrid, no solo porque tiene 800 empresas y porque entran más de 25 000 personas todos los días, sino porque, mire usted, tiene el segundo mercado de pescado del mundo después de Japón -es algo de lo que nos teníamos que sentir orgullosos- y, por tanto, el problema que tiene Mercamadrid fundamentalmente no es esta operación, aunque le pueda parecer muy importante. Ustedes hablan de un daño patrimonial de 12 millones, que es imposible que se produzca porque, como le digo, en todo caso sería si de aquí al 2032 no se hiciera nada; ese daño no existe, porque, insisto, la operación era neutra para Mercamadrid, como ha dicho la señora Cortés, representante del Partido Popular. Parten ustedes de una premisa absolutamente falsa. Por consiguiente, a su pregunta de si conocía al señor Losada, o al señor..., yo no conocía absolutamente a nadie ni intervine. Lo he dicho en mi exposición: yo no intervine en ninguno de los trámites que se hicieron dentro porque fueron los responsables, desde la gerencia a los vicepresidentes, los que tenían que llevarlo y tenían delegado ese cometido. Me dice usted: Dejaron de pagar el canon del 2010. Sí, pero tengo que decirle que también lo dejaron de pagar en el año 2006; hubo una quita y nadie dijo nada, ¡qué casualidad! Entonces, los representantes de Mercasa dependían del Gobierno socialista, que era quien gobernaba. Por cierto, el que estaba como representante de Mercasa es el actual director general de Mercamadrid. (Rumores). Preguntan ustedes sobre si hubo alguna actividad de restauración. Se terminaron las naves en el año 2004, yo no tengo ni idea de si hubo algún tipo de actividad porque yo no estaba, pero no era una actividad diaria ni aquella para la que ellos habían recibido la concesión, que era para servicios de restauración. Ellos pretendían crear allí, por los papeles que yo he visto, un área de hotel y servicios de restauración, es decir, de restaurantes, que atrajera gente para ir a comer, a cenar, etcétera, y se les dio una licencia para exposiciones de restauración, no de restauración. Por tanto, no creo que los señores de Mercaocio fueran tan tontos de dejar aquello sin funcionar para luego poner una demanda. Es que no podían hacerlo, no podían porque no tenían la licencia. Pero si es que hasta Mercamadrid en un momento pide la licencia a Urbanismo y Urbanismo les dice que no se la pueden dar porque no la pueden pedir en nombre de Mercaocio. Por tanto, aunque usted dice que hacían esas actividades, eran unas actividades eventuales, se realizaban de vez en cuando, pero no era una actividad diaria.

Me pregunta usted también sobre el precio del arrendamiento. Mire, es que aquí confundimos unas cosas con otras: una cosa es el canon y otra el precio. El canon tiene que ser menor que el precio de arrendamiento, porque hay que amortizar las naves que se han construido. Es que Mercaocio, además de tener el derecho de superficie, tuvo que gastarse 8 millones en construir el hotel y las naves y, por consiguiente, tiene que recuperar y nunca puede ser una cantidad igual, tiene que ser diferente. Me dice usted que los precios de arrendamiento no son los que deben ser porque hay un informe del ayuntamiento, de la Dirección General de Patrimonio, que hace una estimación diferente. Pues tengo que decirle que ese informe de la Dirección General de Patrimonio es erróneo. El informe de la Dirección General de Patrimonio compara los precios de las naves de Mercamadrid -unas naves construidas y con todos los servicios- con el polígono de Vallecas y con unas naves en el polígono de La Gavia. Es que los precios de Mercamadrid no tienen nada que ver con ningún polígono de ningún sitio de España, porque no es un polígono, es un lugar que tiene todos los servicios: tiene servicios financieros, servicios de frío, de recogida de basuras, tiene aparcamiento. Mercamadrid es una gran sede de servicios. No hay naves con esos servicios, luego, por tanto, no pueden ser iguales, no son comparables. Y la pregunta que yo le hago es: ¿Por qué la persona de la Dirección General de Patrimonio que elaboró ese informe no hizo una comparación con los precios de las naves que están en Mercamadrid, que figuran en la página web de Mercamadrid? ¿Sabe en cuánto se ha alquilado recientemente uno de las locales de Mercamadrid para una cafetería? Por 16 euros el metro cuadrado; el precio del metro cuadrado que se pone a Mercaocio es de 8 euros, es decir, la mitad. Por tanto, las comparaciones tienen que ser en términos igualitarios, no puede compararse una cosa con otra. Luego tengo que decirle que ese informe, sinceramente, no lo puedo comprender, no lo puedo entender, y además siento hasta rabia por el hecho de que unos


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funcionarios del ayuntamiento hagan un informe que es verdaderamente lastimoso, porque el informe tenían que haberlo hecho comparando las naves y locales de Mercamadrid con el precio de Mercamadrid, que es lo lógico y lo normal. Y si ustedes se van a la página web, simplemente se meten y verán que lo pone, que le salen todos los locales que hay con los precios que tienen. Le puedo asegurar que está en la línea del arrendamiento que se hizo a Mercaocio o incluso superior a ese arrendamiento.

Me pregunta usted por quién redactó los términos del acuerdo transaccional y del acuerdo de Mercasa. Pues los abogados de Mercamadrid, la empresa. Yo no sé si lo hizo el secretario general o lo hizo otro letrado de los que tenían allí, pero, evidentemente, lo ejecutaron las propias personas que trabajan en la empresa de Mercamadrid.

Me pregunta también que cuándo conocí Mercaorigen. Yo conocí el proyecto de Mercaorigen cuando lo expusieron como uno de los proyectos que iban a implantar en Mercasa; me lo contaron, me pareció estupendo y vi que se había contado a las comunidades autónomas, vi que el ministro lo había presentado, que el propio presidente lo había presentado y que era un proyecto interesante para Mercamadrid porque iba en la línea del trabajo que se venía haciendo.

Pregunta usted quién explicó el proyecto al consejo de administración. Lo hizo el gerente, Torrecilla, y consta en las actas; fue él el que explicó el proyecto y contó las bonanzas del mismo, que evidentemente todos compartimos y por eso votamos a favor.

Ignoro las relaciones entre González y Gomar o esas relaciones que ha mencionado entre unos y otros porque yo no estaba allí físicamente. Iba a los consejos y, por tanto, no tengo ni idea. Yo les veía en los consejos de administración. Lo ignoro.

Ahora me pregunta usted por qué no se firma con Mercasa. No se firma con Mercasa precisamente porque piden un plazo mayor y tengo que decir -lo he dicho intervención inicial- que yo me quedo sorprendida cuando piden un plazo mayor. Lo que hacemos, en primer lugar, es preguntarles por qué piden un plazo mayor y nos dicen que porque no les salía económicamente rentable si se hacía hasta el año 2032 y pedían el plazo de 2055, que es el plazo que tiene la ampliación de Mercamadrid, porque Mercamadrid tiene una parte que es la Mercamadrid antigua -por decirlo de alguna forma- y otra parte que es la ampliación de Mercamadrid que todavía no se ha puesto en marcha y que tiene un plazo hasta 2055. Tengo que decirle que a mí me venían muchas empresas de Mercamadrid a hacerme esta petición porque querían hacer inversiones fuertes y, por tanto, necesitaban un plazo más largo para la amortización. En todo caso, ¿qué hicimos nosotros? Pedirles una explicación y un plan de viabilidad. Nos mandaron un plan de viabilidad, que llegó en febrero de 2015; como le digo, yo me fui en abril de 2015 y, por tanto, no pude tomar ninguna determinación sobre esa cuestión ni tramitar lo que hubiera sido una ampliación de plazo o no una ampliación y por tanto alquilárselo a otro.

No obstante, yo lo que no hubiera hecho es estarme dos años quieta. Es verdad que pasaron unos meses por distintas circunstancias: porque tuvimos que esperar que pasara por la SEPI, porque nos tuvieron que mandar el plan de viabilidad, porque no estaba claro que pudiera darse un plazo mayor; se tardó unos meses porque así funciona la Administración, pero no nos quedamos quietos en ningún momento ni sin hacer nada, cosa que el equipo actual ha hecho: no hacer nada y esperar a que pase el tiempo. Y lo primero que ha hecho ha sido ir al fiscal para denunciar algo que no sé en base a qué lo denuncia. Ya le he dicho que yo no entiendo la denuncia al fiscal porque ni siquiera es lo que le recomienda el informe que piden a propósito para ello. Curiosamente, no habla de la vía penal. Es que el abogado del Estado, que compatibiliza con un despacho y por eso hace este informe, habla de la vía civil, de ir a la anulación del contrato.

Usted pregunta por qué dimite Torrecilla. Lo dice Torrecilla en la carta de dimisión que envía. No solamente lo dice, sino que manda un escrito que pide que se presente en el siguiente consejo de administración y, como es lógico, yo lo presento. Torrecilla dimite por discrepancias por un pliego de condiciones, nada más. Teníamos discrepancias, yo le dije que así no lo quería y que tenía que ser diferente. Eso lo puede comprobar porque era el pliego de la contratación de seguridad de Mercamadrid, un pliego de mucho dinero. Le exigí que lo cambiara porque no me parecía que estuviese en las condiciones en las que debía estar para que precisamente hubiera concurrencia pública y él lo dice.

Por otro lado, dice usted que hay un conjunto de hechos delictivos y una trama con González o que ha habido una negligencia que ha causado todo eso. No hay hechos delictivos. Lo que me sorprende de esta denuncia es que para que haya un delito penal tiene que haber un acto delictivo -que no existe-, un dolo -que no existe- y un daño -que no existe-. Es lo que dice el informe que Ahora Madrid no ha enviado ni a la fiscalía ni al juzgado. Ese informe no lo ha presentado y lo tienen, porque se entregó en el


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consejo de administración, el informe que pidió a Pérez-Llorca. No lo dice; sin embargo, ese informe está en los autos.

Por último, dice que me han promocionado y que he causado daño a una empresa. No voy a entrar en ese tema. Están haciendo de la corrupción su motivo de vida; ese es su programa electoral, acusar de corrupción a todos los del Partido Popular -en eso estoy de acuerdo con mi compañera- para irnos matando uno a uno, como si fuéramos los diez negritos de Agatha Christie, y no somos los diez negritos de Agatha Christie, no lo somos. (Aplausos). Me avergüenza que a veces parezca que utilizan las instituciones exclusivamente para acusar de corrupción a personas que hemos sido honorables. Se lo he dicho al principio y se lo vuelvo a decir: He tomado miles de decisiones en mi vida y no he tenido jamás ningún problema y ahora da la casualidad de que me acusan de un daño de 11 millones cuando ni siquiera hay un daño porque faltan quince años para que se compute ese daño. Por favor, léanse las cosas. Hay que ser serios, que estamos en el Parlamento. Esto no es el patíbulo ni una plaza pública; somos gente seria y hay que venir aquí con argumentos, no con cosas escritas que no son ciertas.

Termino con usted, señor Errejón. Me ha hablado de los ayuntamientos del cambio y qué quiere que le diga. He tenido la suerte de estar en un ayuntamiento ocho años, primero como concejala de Servicios Sociales y después como concejala de Economía y Hacienda. Me han tocado momentos difíciles porque empezó la crisis y por tanto he tenido que tomar medidas difíciles, pero también tengo que decirle que he tenido la satisfacción de ver cómo en todos estos años en los que ha gobernado el Partido Popular hemos hecho un proyecto que ha invertido 10 000 millones en Madrid. La ciudad de Madrid ha competido con otras capitales europeas gracias a todas las inversiones que hemos hecho. ¿Sabe cuántas inversiones hemos hecho en equipamientos culturales, dejando aparte Madrid Río y la M-30, que ya de por sí es algo de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos, pues es una gran obra que no se ha hecho en ninguna otra ciudad del mundo y ha tenido unos beneficios palpables para la circulación en Madrid? En la época en la que yo estuve y en los cuatro años anteriores, es decir, desde el año 2003 hasta 2011, hicimos 400 equipamientos en Madrid. En la etapa en la que yo estuve cuatro años como concejala de Servicios Sociales construimos setenta centros: de mayores, de discapacitados, de escuelas infantiles, de equipamientos para personas con alzhéimer, etcétera. ¿Saben cuántos han hecho ustedes en dos años? Ninguno. Lo he preguntado: ninguno. (Aplausos). Yo, en cuatro años, setenta; evidentemente, con mi equipo, no sola. Por tanto, no puede decir que nosotros hemos sido lo peor y que ustedes son lo mejor porque no es verdad. La realidad y los datos demuestran que es incierto. Nosotros hemos hecho un trabajo en Madrid que está ahí -lo pisan todos los días los españoles y los madrileños cuando toman la M-30, cuando van a pasear a Madrid Río, cuando entran en un centro o cuando van a la escuela infantil- y ustedes han hecho vías ciclistas que encima tienen que rectificar porque ni siquiera están bien. No voy a decir todas las sugerencias que ha hecho Ahora Madrid en el ayuntamiento, pero sí le puedo hablar de mi gestión, y mi gestión y la del equipo del Partido Popular ahora mismo la están disfrutando los madrileños.

Señor Errejón, no sé si he contestado a todas sus preguntas. Pregunta usted si no había otra manera de resolver este problema. Esa fue la que se nos ocurrió y era buena para Mercamadrid. Ya le he dicho que no tenía ningún coste y, además, como ha dicho la señora Cortés, eliminábamos una incertidumbre de 8 millones de euros de una reclamación que tenía posibilidades de prosperar, porque se había dado una licencia que no estaba en condiciones para los servicios que se habían solicitado; porque se reconocía una deuda de 700 000 euros y se pagaba; porque se aseguraba un canon hasta el año 2032 que, de haberse resuelto el contrato, no se habría cobrado y porque ponían en valor unas naves que estaban vacías desde 2004, año en que se habían construido al lado del hotel y que no tenían actividad. Podría haber habido otra manera, pero la que se nos ocurrió fue aquella porque no tenía ningún coste para Mercamadrid; al contrario, eran todo ventajas y encima se solucionaba un problema. Yo me encontré un problema en el año 2012. Esa me pareció a mí y a todos los miembros de la Administración una buena solución y la adoptamos con el convencimiento de que era lo mejor que podíamos hacer para Mercamadrid. Me tocó también en esos años la difícil gestión de Mercamadrid en una época de crisis, pero le tengo que decir que en los veinticuatro meses que yo estuve Mercamadrid tuvo beneficios, cuando todas las empresas estaban en pérdidas. De las seis empresas, me encontré con cuatro en pérdidas -no crea que me encontré todas las empresas bien-, pero trabajamos. La crisis fue tan brutal que destruyó miles de empresas en España y, por tanto, las municipales también tenían problemas. Se nos ocurrió esa solución y pensamos que era la mejor. Señor Errejón, le puedo garantizar que todas las medidas que hemos tomado en Mercamadrid han sido las que hemos creído que eran mejor para la gestión de esa empresa,


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como hemos podido demostrar con los beneficios; desde luego, no lo hemos hecho para causarle ningún daño.

Paso a responder al representante de Ciudadanos. Como no soy procurador del juzgado no he visto acuerdos transaccionales y no sé si este es mejor o peor. Yo sé que este resolvía un problema y a Mercamadrid no le costaba nada. Por otra parte, lógicamente lo redactaron las personas que estaban autorizadas y con conocimientos para hacerlo. Usted me dice que no ha visto ninguno como él y yo no puedo discrepar de esta afirmación porque no tengo la menor idea.

Me pregunta cómo se desarrolló el consejo de administración del 6 de octubre. Se desarrolló bien. El señor Torrecilla, que era el gerente, presentó este acuerdo, hicimos alguna pregunta -habíamos visto la documentación veinticuatro horas antes- y, a la hora de votar, votamos por unanimidad que éramos favorables a esta decisión. ¿Qué razones nos llevaron a ello? Las mismas que le acabo de decir al señor Errejón: creíamos que era lo mejor para Mercamadrid porque no tenía coste y resolvía un problema.

Creo que ya le he respondido respecto a la dimisión de Torrecilla. Consta por escrito y no tengo ningún problema en que vea la carta ni tampoco los motivos; él los dice y constan en el consejo de administración. ¿Por qué no puede exigirse su cumplimiento a Mercasa? Pues eso se lo tiene que preguntar a las personas de Ahora Madrid. No sé por qué no han exigido el cumplimiento a Mercasa. Nosotros estábamos en disposición de exigir el cumplimiento o de cambiar la decisión hasta 2055 si era posible, pero desde luego no pensábamos dejar esto dormido durante veinticuatro meses; de ninguna manera. Queríamos solucionar el problema y hay documentación suficiente que avala que intentamos solucionarlo y exigir su cumplimiento a Mercasa. Por cierto, Mercasa dijo que lo quería firmar y, por tanto, que no lo haya hecho lo tiene que explicar otro. No hay ningún mito de malos gestores. Somos buenos gestores. Como le he dicho, mire lo que hemos hecho en Madrid y vea lo que hacen otros. Verá usted cómo el resultado y el balance son bastante mejores.

Me pregunta usted a qué condiciono mi responsabilidad política. Mire, siempre he sido muy responsable políticamente, pero como estoy segura de que esto no va a prosperar porque no tiene ningún sentido, seguramente no hará nada. Ahora bien, si tengo que asumir alguna decisión, tenga usted por seguro que también lo haré, porque no tengo ningún temor, yo no estoy aferrada al puesto, se lo puedo garantizar, pero soy responsable con el Gobierno que me ha nombrado y mientras el Gobierno me apoye, que puede cesarme cuando él quiera de la misma forma que me nombró -y eso lo sé desde el minuto uno que entré en política- estaré siempre a disposición de mi Gobierno, pero mientras no haya ninguna responsabilidad judicial yo entiendo que no debo dimitir porque no he hecho nada que lo justifique. (Aplausos).

No he respondido -discúlpeme, tendría que haberlo hecho antes en el turno, pero se me ha pasado con este lío de los papeles- a la señora Merchán. Señora Merchán, yo creo que muchas de las dudas que usted ha planteado las he podido contestar. Usted me pregunta si hemos firmado unos acuerdos sin conocer. Nosotros hemos autorizado en el consejo de administración una operación que conocíamos y luego apoderamos a la vicepresidenta segunda para que ejecutara esa decisión. Entendemos que esa persona ha tomado todas las medidas para poder ejecutarla en condiciones, porque tiene toda la empresa a su disposición, desde el gerente a todas las personas que componen la empresa de Mercamadrid.

¿En qué baso yo los criterios que tengo para tomar las decisiones? Lo primero, el criterio legal, pues yo soy abogado y tengo un respeto enorme por la ley; por tanto, tomo el criterio legal pero también el procedimiento, que es muy importante. Este acuerdo -y eso lo comparte también el informe de Pérez-Llorca- se ha tomado con todos los procedimientos y prescripciones legales. Hay un informe del secretario general, se ha debatido en la comisión ejecutiva, los documentos se han visto en la comisión ejecutiva -como le digo, había una abogada del Estado- y se ha llevado al consejo de administración. Luego todos los pasos procedimentales y los legales se han tomado, y esa es normalmente mi forma de actuar. Añadiría algo más: soy una persona prudente, no soy una persona alocada; por tanto, cuando tomo alguna decisión lo hago siempre con el máximo rigor y con la máxima prudencia.

Me dice que es un contrato desproporcionado y abusivo. Sinceramente, yo no lo veo así, es un contrato que claramente beneficia a Mercamadrid, porque no solamente resuelve el problema sino que no tiene coste para él. Por tanto, aquí no puede haber un daño patrimonial ni puede haber un delito, es imposible, porque no se dan los requisitos para ello. Me pregunta usted si este es el mejor acuerdo para Mercamadrid. Este es el mejor acuerdo para Mercamadrid que a nosotros se nos ocurrió o que nosotros considerábamos que era el mejor. ¿Por qué no se peleó en los juzgados? Se peleó en los juzgados. Tenga usted en cuenta que Mercamadrid reclamó el canon sin pagar y contestó a la demanda reconvencional.


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Es decir, primero tomó todas las decisiones en el ámbito judicial, que eso fue antes de que yo llegara, pero yo me aseguré de que eso estaba hecho. Y una vez que eso estaba en curso, se buscó una forma negociada, que fue este acuerdo; se consideró que era bueno para Mercamadrid y se firmó entre las tres partes.

Pregunta también por qué estaba Pablo González. Estaba Pablo González porque cuando yo llegué estaba allí, es decir, fue nombrado antes de que yo llegara. Yo le conocí allí, además. Habla usted también de la corrupción del PP. Mire, yo no puedo estar de acuerdo. Además le voy a decir una cosa, estoy un poco cansada de esto de la corrupción del PP. (Risas-Rumores). Sí, sí, estoy cansada de la corrupción del PP y de la corrupción en Madrid. Yo creo que deberíamos ir a la realidad. Hay un repositorio de datos del Consejo General del Poder Judicial en el que nos deberíamos basar cuando hablamos de estas cosas si somos gente seria. Ese repositorio tiene unos datos actualizados a este trimestre de 2017, pero yo he cogido -no por nada, sino porque esto era solamente un trimestre y me parecía que hablar de un año daba una realidad mejor- los datos del año 2015 a 2016. Según estos datos del Consejo General del Poder Judicial, una vez recontados todos los casos, el número de imputados es de 1371. Otra cosa que dice importantísima es dónde se produce el mayor número de casos. Pues mire usted, primero en Andalucía, luego en Cataluña y luego en Madrid. Sin embargo, aquí están ustedes dando la impresión de que de los cuarenta y seis millones de españoles, treinta y cinco debemos ser corruptos; que, por supuesto, estamos en Madrid porque en Madrid hay más corruptos y hay una trama del Partido Popular, y una serie de cuestiones más. Yo creo que lo importante sería que nos fuéramos a los datos y que debatiéramos con esos datos. Si lo hiciéramos con esos datos seríamos capaces de luchar realmente contra la corrupción.

Miren, a mí la corrupción me repugna y además creo que es muy negativa para las instituciones. Creo que la corrupción no es buena para las instituciones porque afecta a su credibilidad. Pero esto es algo que queremos pelear todos juntos; no vale para nada echárnoslo a la cara unos partidos a otros. La tenemos en todos los partidos, desgraciadamente, porque las instituciones no son corruptas; son las personas que están allí. Por tanto, lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo para que todas las medidas que tomáramos fueran contra la corrupción. Lo que no puede ser es que constantemente nos estemos echando en cara unos partidos a otros el tema de la corrupción y digamos además que las personas son corruptas para sacar una ventaja. Eso no es política. Eso, para mí, no es de recibo.

Por último, al señor Gómez creo sinceramente que le he contestado a todo. Así que no me queda nada por decir. Por tanto, señor presidente, si algo ha quedado por contestar, le pediría que diera usted un turno de cinco minutos para que pueda hacerlo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Dancausa.

En efecto, hay un turno de cinco minutos en el que, insisto, ahora sí seré estricto.

Tiene la palabra el señor Errejón.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.

Gracias, señora Dancausa, por el esfuerzo de afrontar -se lo reconozco- todas las preguntas que hemos planteado. Yo, en todo caso, sugeriría que, como método, despersonalizáramos un poco la discusión. Ustedes no se pueden ofender porque nosotros hagamos nuestro trabajo. La mejor manera de defender a las instituciones es que nosotros realicemos nuestro trabajo. Usted no comparece aquí por ser del Partido Popular, ni comparece aquí por sus ideas políticas, ni comparece aquí por el carné que tenga en su bolsillo. Comparece aquí porque mientras es delegada del Gobierno y, por tanto, responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Madrid, está siendo al mismo tiempo investigada por la justicia por unos hechos que podrían haber supuesto un daño patrimonial a todos los madrileños. Se lo digo honestamente, me da un poco igual cuáles sean sus convicciones ideológicas y me da un poco igual en qué partido milite, por qué partido se haya presentado a las elecciones o, incluso, cuál haya sido su desempeño en otros puestos políticos anteriores. Usted no está aquí para eso. Está aquí para explicarnos, en primer lugar, si a su juicio hay o no hay un conflicto de intereses o de difícil compatibilidad entre ser responsable de la Policía de Madrid y estar investigada por la justicia en Madrid; y, en segundo lugar, para explicarnos cuáles han sido los hechos o pasos que acaban con un contrato -ahora iré sobre eso- o con un acuerdo que, a nuestro juicio, es evidentemente lesivo, por no decir marciano. Y eso no tiene nada que ver con un tribunal de la Inquisición. Ojalá los tribunales de la Inquisición se hubieran dedicado a perseguir a quienes, presuntamente, hacían delitos societarios. Los tribunales de la Inquisición perseguían brujas.


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Nosotros lo que estamos es persiguiendo malas gestiones en las instituciones públicas, con independencia de cuál sea su credo o de cuál sea su adscripción ideológica.

Con respecto al acuerdo, para entrar en materia, no lo puedo dejar pasar. El acuerdo no es neutro. Aquí hay una trampa retórica muy evidente, que es que dice: el acuerdo es neutro si luego alguien hubiera concurrido a subarrendar las mismas naves y los mismos terrenos. No, el acuerdo habría sido neutro -y aun así también hay una trampa- si Mercasa, dirigida por Pablo González, hermano del entonces presidente de la Comunidad, Ignacio González, hoy los dos en prisión por la trama Lezo, hubiera concurrido a subarrendar los terrenos por los que, siendo de Mercamadrid, Mercamadrid le estaba pagando al constructor Rodríguez Losada. Como eso no sucede, el acuerdo no es neutro. Claro, es que, discúlpeme que vuelva el ejemplo del bolígrafo: yo se lo vendo por 50 euros; luego hay un compañero que me va a dar a mí 50 euros, así que el acuerdo es perfectamente neutro. Bueno, ya, si se da el concurso del tercero. Como no se da el concurso del tercero, Mercasa, Pablo González, trama Lezo, el acuerdo no sale neutro. Pero es que además Mercasa sigue siendo -lo recordaba la portavoz socialista- una entidad pública, con lo cual en realidad lo que pasa es que los daños a una entidad pública los cubre otra entidad pública. Eso no es que un acuerdo sea neutro, eso es que uno juega con la bolita, la mueve y dice: mira, ahora lo vas a perder aquí en Mercamadrid y de repente te lo va a cubrir Mercasa. Y ni siquiera sucede que lo cubre Mercasa. Ahí mi pregunta es por qué no se deja atado. Si la viabilidad del proyecto depende de que Mercasa, dirigida entonces por Pablo González, entre en el acuerdo, ¿por qué no se firma antes? Si esa es la única garantía posible para que el acuerdo sea viable y no sea lesivo para las cuentas de los madrileños, ¿por qué eso no se deja un poco más atado? ¿Por qué basta con una especie de compromiso de buenas intenciones si es la condición fundamental de que, según usted, el acuerdo no hubiera sido lesivo? La argumentación, a sensu contrario, es: ¡ah!, no, el problema es suyo ahora. Es verdad que nosotros llegamos a un acuerdo que muy por encima del precio de mercado beneficiaba a un constructor. Si ustedes ahora encuentran al que se lo alquile, ustedes tapan el agujero. Pero agujero hay, ¿no? Y no sé si hay agujero porque unos funcionarios, como me ha parecido escuchar que usted insinuaba, han hecho mal el informe. En todo caso, impúgnenlo. Posiblemente va a haber una instrucción. Impúgnenlo. Ha sido la fiscalía la que ha incorporado a su informe el dictamen que hacían los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid en el que decían que se está pagando una especie de indemnización por acuerdo para unas naves que se van a quedar de momento vacías -así que da igual que estén en Vallecas, en La Ventilla o en Mercamadrid porque no se van a usar para nada- un 82 % más de lo que cuesta el precio de mercado. ¿Eso se hizo por generosidad, se hizo por error o porque el constructor, que ganaba mucho, era cercano o se le debían favores? Yo eso no lo sé, pero es que es mi trabajo preguntárselo y ustedes no se pueden molestar y por supuesto no pueden cometer la frivolidad de decir que esto tiene que ver con algún tipo de caza de brujas contra el Partido Popular.

Me sigo preguntando quién redacta el acuerdo, porque le he escuchado mucha preocupación por la salud de las cuentas de una empresa privada, pero me gustaría que ustedes se preocuparan por la salud de las cuentas de las entidades que gestionan, de Mercamadrid. Usted decía: claro, es que había que compensar a Mercaocio. Perdone, pero usted no es la delegada de las empresas privadas ante Mercamadrid; usted era la responsable ante todos los madrileños de cuidar de la entidad pública. Por tanto, las cuentas que primero le tenían que preocupar eran las de Mercamadrid, no las del famoso constructor. De esas que se ocupe él, que es un particular, pero usted se tenía que preocupar de las cuentas públicas. Me resulta extraño -no sé si es que yo le he escuchado mal- cuando le he escuchado decir que el acuerdo de transición o el acuerdo extrajudicial lo redacta Mercamadrid. ¿Cómo lo va a redactar Mercamadrid? O sea, que es un acuerdo con alguien que te denuncia y que te pide mucho más y finalmente es la entidad pública la que voluntariamente redacta un acuerdo que eleva los precios hasta el doble del precio de mercado.

La otra cuestión es la de la dimisión de Torrecilla. Es posible que estemos ante el señor más afortunado del mundo, que por una cuestión que no tiene nada que ver dimite para no tener que firmar un acuerdo por el cual hoy todo el consejo de administración de entonces de Mercamadrid está siendo investigado. Este señor tiene una suerte francamente envidiable, porque por otro asunto que no tiene nada que ver dimite y, gracias a esa dimisión, no firma un acuerdo que hoy está siendo investigado por un juez. Creo que todos desearíamos su suerte.

Con respecto a qué hace el ayuntamiento...

El señor PRESIDENTE: Señor Errejón, tiene usted que acabar.


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El señor ERREJÓN GALVÁN: El ayuntamiento pone en conocimiento de la justicia para que se rescinda un acuerdo que la justicia considera lesivo y por eso se suspende el acuerdo.

Con respecto a la cuestión de la corrupción y de embarrar -cierro con esto la discusión sobre la corrupción, pero ha salido-, lo van a tener extraordinariamente difícil si el partido de la policía política contra los adversarios, con un fiscal que ha hostigado a los fiscales y que ha recibido la reprobación de buena parte de los fiscales, de la amnistía fiscal para los defraudadores, de la destrucción de los ordenadores a martillazos (Protestas), de las amenazas a periodistas determinados; si el partido cuyo presidente, presidente del Gobierno de todos los españoles, va a declarar ante la Audiencia Nacional -todavía como testigo- por la posible financiación ilegal del partido que cuida de la cuenta de todos los españoles, nos pretende contar que el problema de la corrupción en España es básicamente que la oposición hace su trabajo. El problema de la corrupción en España es un modelo económico de tipo mafioso que ha aupado a una oligarquía incapaz de desarrollar nuestro país por su capacidad de innovar o de generar empleo, sino por su cercanía con el poder político.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errejón.

Señora Merchán.

La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, presidente.

Gracias, señora Dancausa, porque ha sido prolija en explicaciones, aunque lamentablemente yo sigo con la misma pregunta. Quería reiterar, porque ya se ha dicho, que usted no está aquí por ser del Partido Popular. Tampoco está por haber sido concejala del Ayuntamiento de Madrid. Está porque es delegada del Gobierno y es competencia de esta Cámara demandar su comparecencia para dar explicaciones políticas. Como he dicho al inicio de mi intervención, nuestro interés es el de salvaguardar la reputación de las instituciones públicas madrileñas, porque somos los primeros que estamos cansados ya que de que se vean vilipendiadas y puestas en tela de juicio. Tenemos a un expresidente en la cárcel y a un exconsjero de Presidencia, Justicia e Interior en libertad bajo fianza después de treinta y dos meses en la cárcel y han sido puestas en tela de juicio las instituciones madrileñas. Si no son motivos como para poder poner en marcha todos los espacios para limpiar la duda que pueda quedar sobre las instituciones, ya me dirá. Creemos sinceramente que es nuestra obligación como responsables públicos que las empresas y las instituciones públicas sean intachables ante la ciudadanía, en este caso, de Madrid. Por eso pedimos la comparecencia, para nada para juzgarla, y lo he reiterado en mi intervención.

Insisto, usted ha sido muy prolija en su intervención pero es que el acuerdo como tal no es neutro; ustedes luego habilitan y empiezan a indagar una segunda vía para ver cómo se apañaba y cómo se quedaba neutro, pero el acuerdo no es neutro, insisto. Puede que no haya delito, no nos corresponde a nosotros determinarlo, pero sí que hay un daño patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid, para la ciudad de Madrid porque en lugar de recibir 8 millones va a tener que pagar 11; porque además no hay desistimiento unilateral, con lo cual esa deuda va a estar ahí. Por lo tanto, lamento decir que no me ha convencido, porque además -a usted le tocó lidiar con una situación muy incómoda porque se encontró con ella- y a su entender, ustedes llegaron al que consideraron como mejor acuerdo, pero es que llueve sobre mojado. Tenemos aquí una denuncia que ha presentado el Grupo Municipal Socialista también por otro acuerdo con empresas que hemos mencionado ya -Konin 22 S.L, Mercaocio Hoteles 22 S.L.- por el edificio de Montera, 25 y 27, que es prácticamente un calco. El ayuntamiento rehabilita el edificio, hace el acondicionamiento de todo y al final tiene que pagar a la empresa un millón y pico de euros. Ahí no estaba usted. Pero ya llueve sobre mojado en este tipo de contratos en los que, insisto, igual no hay delito societario -lo determinará la justicia-, pero muy leal con los ciudadanos de Madrid, a priori, no parecen, cuando acaba siempre pagando el ayuntamiento. Sinceramente, creemos que eso debe quedar claro y la prioridad debe ser defender los intereses patrimoniales de los madrileños y de las madrileñas. Ese acuerdo, con esos criterios por los que acababa pagando Mercamadrid y Mercasa, que era la misma empresa, creemos que está muy lejos de la neutralidad.

Insisto, la justicia determinará el tipo de responsabilidad que haya, pero nosotros consideramos que es desleal con los ciudadanos. Insistimos, nosotros presentamos esta solicitud de comparecencia porque entendemos que no puede haber sospechas sobre la máxima representante del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. No podemos estar dudando sobre los criterios con los que ha tomado decisiones al frente de instituciones públicas, y por eso agradecemos su comparecencia y esperamos que se resuelva


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la situación de la mejor manera posible y, desde luego, siempre defendiendo la reputación y la intachabilidad de las instituciones públicas madrileñas y de los empleados públicos de esta ciudad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Merchán.

Señor Gómez.

El seño GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidente.

No voy a insistir en este segundo turno de palabra en la cuestión de la responsabilidad política puesto que no se trata, como ha quedado evidenciado, de un asunto de corrupción, en cuyo caso sí seríamos mucho más incisivos y mucho más exigentes, sino que se trata de un asunto de mala gestión o, como ha quedado evidenciado después de escucharla a usted, al menos de una gestión de resultado cuestionable. Por tanto, voy a dejar en la esfera de su reflexión personal el momento en el que, como usted nos ha dicho, si debe adoptar alguna decisión al respecto lo hará sin titubeos. Voy a confiar en su palabra.

Quiero darle las gracias porque ha dado respuesta a todas las cuestiones y hay que reconocer que lo ha hecho con gran valentía y en ningún momento se ha escudado usted en su derecho a la defensa, que sin lugar a dudas le asiste al estar siendo investigada en un procedimiento. Sí me sumo también a la reflexión que le ha hecho el señor Errejón en el sentido de que nosotros estamos hoy aquí realizando nuestro trabajo y no hay nada personal en ello; es más, yo le deseo a usted lo mejor, le deseo que esta causa se archive, al menos en lo que a su investigación se refiere, lo antes posible en beneficio de la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y de la credibilidad en su Gobierno porque, al fin y al cabo, es el Gobierno de todos los españoles. Pero también es verdad que desearía una sentencia que reconociera que ha habido un enriquecimiento injusto y que invalidara los efectos de ese acuerdo del que llevamos hablando toda la tarde, para que de alguna manera los madrileños no tengan que pagar y responder de esos 11 millones de euros por una mala gestión que es responsabilidad de solo unos pocos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.

Señora Cortés.

La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, presidente.

Señora Dancausa, yo también le quiero dar las gracias por sus respuestas; creo que ha sido, como decía el anterior portavoz, muy valiente y además muy exhaustiva en sus contestaciones.

Voy a intervenir brevemente en este segundo turno y diré un par de cosas nada más. Yo coincido en el interés de esta Comisiona en velar por la respetabilidad, por la dignidad y por el buen nombre de las instituciones madrileñas pero, oiga, me parece un poco excesivo que a usted se le intente hacer responsable o se le pidan explicaciones sobre gestiones, como se ha dicho aquí, del anterior presidente de la comunidad autónoma y de otras personas que incluso han sido encarceladas por esa gestión. Creo que usted debe responder a lo que deba responder sobre su paso por Mercamadrid en el momento en que usted no era delegada del Gobierno, por lo tanto, siendo esta comparecencia relativa a Madrid, se podría haber sustanciado en alguna otra sede.

¿Que usted no está aquí por ser del Partido Popular? Bueno, eso cada uno puede entenderlo como quiera, pero yo le voy a decir una cosa: le puedo casi asegurar que si usted no fuera del Partido Popular, quizá no estaría aquí. Simplemente, voy a referirme a otras comisiones en las que cuando se piden comparecientes de otros partidos que no son del Partido Popular hay grupos parlamentarios que se levantan y se van de la Comisión porque no quieren escuchar y no quieren que comparezcan esos otros comparecientes que no pertenecen al Partido Popular. (Aplausos). En definitiva, siempre es buen momento para comparezca alguien del Partido Popular; para que lo hagan los demás, ya no tanto.

En cuanto a la última perorata del señor Errejón, sobre la prensa le diré que al Partido Popular nadie nos ha acusado de acosar a periodistas, pero sí a otros grupos políticos. Además, nosotros nunca azotaríamos a un periodista o a una periodista hasta que sangrara, señor Errejón, nunca, nunca lo haríamos.

Le reitero mi agradecimiento, señora Dancausa, por sus respuestas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.

Señora Dancausa.


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La señora DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Dancausa Treviño): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Errejón, la verdad es que no debería ser yo quien le tuviera que explicar a estas alturas de quién depende la Policía judicial; es más, hace poco ha venido el secretario de Estado del Ministerio del Interior y lo ha hecho muy exhaustivamente. En todo caso, le voy a leer simplemente un artículo, aunque podría leerle muchos, pero leeré únicamente uno que lo deja muy claro. La Ley 6/1985, del Poder Judicial, en su artículo 550 dice que en las funciones de investigación penal la Policía judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del ministerio fiscal. Por tanto, de todo esto lo que se desprende es que ningún miembro del Gobierno puede ni debe conocer las actuaciones que realiza la Policía judicial bajo la dirección de los jueces ni, por supuesto, interferir en ellas. Por lo tanto, esa insinuación suya sobre que es incompatible que yo mantenga mi cargo por la relación que puedo tener con la Policía o la Guardia Civil es totalmente injustificada o es totalmente justificada y ustedes conocen el funcionamiento de nuestro sistema o, lo que es peor, lo conocen pero no les importa decir lo que les parece. Ya, sinceramente, no sé lo que es peor.

Con respecto al acuerdo sobre el que hemos vuelto a debatir, ¿me van a decir ustedes a mí que es lo mismo, señor Errejón, alquilar un piso en el barrio de Salamanca que alquilarlo en Villaverde? No, ¿verdad? Le puedo garantizar que no es lo mismo alquilar unas naves en Mercamadrid con todos los servicios, que alquilarlas en un polígono en Villa de Vallecas. Le garantizo que el precio es totalmente diferente. Yo le invito a que vaya usted al ordenador -es muy fácil porque está en la página web de cada uno de los lugares y lo puede mirar- y verá cómo la diferencia es muy notable, y verá también cómo el precio que se pactó está absolutamente de acuerdo con el precio que se está ofreciendo para el alquiler de la naves.

Han insistido los tres grupos en que el acuerdo no es neutro. El acuerdo sí es neutro. Como lo suscribimos y lo votamos en el consejo de administración era neutro, pero si ustedes no hacen nada, si Ahora Madrid deja pasar el tiempo y pasan quince años más, entonces habrá un perjuicio de 15 millones. Lo que yo creo es que tienen que hacer algo. Para alquilar un piso hay que ponerlo en alquiler, pero si nadie lo pone en alquiler... Ayer precisamente compareció en el juzgado el señor Gomar, el secretario general, y dijo que no estaba ni puesto en la página web de Mercamadrid, cuando sí lo están otros locales. Si no hay interés del Gobierno actual y lo que quiere es dejar pasar el tiempo para que realmente haya un daño patrimonial y que este sea mayor y lleguemos a 2032, evidentemente llegaremos a los 11 millones. Pero eso en este momento no es así, y ya han pasado dos años. Es verdad que nosotros también estuvimos unos meses viendo qué podíamos hacer. Está documentado todo lo que hemos hecho; no hemos dejado de hacer cosas precisamente para ver si podíamos resolver el problema o podíamos alquilar las naves. Por tanto, insisto, el daño no existe, y así se pone de manifiesto en el informe del abogado del Estado que se encargó. Es verdad que si dejan pasar el tiempo y no hacen nada, entonces el daño existirá, pero el acuerdo en sí, como les he dicho antes, era neutro.

Dicen también que los daños los cubre una entidad pública, que los cubre el ayuntamiento. Es que ya no es así; precisamente la Ley de Estabilidad que aprobó este Gobierno -y eso es algo que nos preocupó en su momento- decía que las empresas públicas no podían tener pérdidas. Si tenían pérdidas, tenían que hacer un plan de viabilidad, y si el plan de viabilidad en un año no suponía mejora y no se iba a beneficios, había que quitar la empresa. Entonces, cómo no vamos a quitar Mercamadrid. La amenaza de 8 millones en una sentencia es mucha cantidad, porque en aquel momento los beneficios estaban en 7 millones. Por tanto, no es cierto que no hubiera ninguna incertidumbre grave para Mercamadrid; claro que la había, por eso había que decidir. ¿Sabe qué habría sido lo más fácil? No hacer nada. Si hubiéramos dejado transcurrir el tiempo y hubiéramos perdido 8 millones, probablemente nadie diría nada. Es una sentencia, la ha dictado el juez y no hemos hecho nada. Ahí lo difícil era tomar una decisión que muchas veces es complicada en una empresa pública, pero que realmente lo que hace es tratar de mejorar la situación en la que se encuentra. Eso es lo que les puedo decir. Yo lo que le pido a usted, señor Errejón, es que ya que tenemos tanto interés en esto, realmente les diga a sus compañeros de Mercamadrid que pongan en alquiler esas naves o que, si no, piensen en qué las pueden utilizar, porque cuando yo fui presidenta de Mercamadrid sabía, por ejemplo, que había una demanda de tener más frío en Mercamadrid. Seguramente tendrán un uso, lo que yo no puedo entender es que lleven desde el año 2001, es decir, dieciséis años, sin tener un uso. Eso es lo que es absolutamente inimaginable y eso sí que es un daño patrimonial para cualquiera; para Mercamadrid, para Mercaocio para Mercacasa, para cualquiera que tenga un interés en ese sentido.


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Tengo que decir que estoy de acuerdo con la señora Cortés. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora; todos somos humanos, podemos intentar hacerlo lo mejor posible y a lo mejor nos equivocamos. Yo no afirmaré aquí que no me he equivocado; todo lo contrario, es muy posible que lo haya hecho, precisamente porque he hecho muchas cosas. Ahora, también le digo que una cosa es equivocarse en un momento dado con ganas de equivocarse, el dolo de tener culpa y querer hacerlo, y otra cosa es equivocarse de otra forma, es decir, que las cosas no salgan como uno ha esperado. Usted ha hablado de una organización para delinquir. (Rumores). Sí, sí, usted ha dicho que somos una organización que nos dedicamos... No me puede decir nadie que venir aquí y decir que se es del PP para ustedes es igual con respecto a la corrupción, porque no es verdad. Lo ha dicho mi compañera y estoy de acuerdo con ella. Como han encontrado que el tema de la corrupción es una mina que les puede dar votos, lo utilizan constantemente, y eso no se puede consentir, pero no ya conmigo, con ninguno de nosotros. Somos un partido honesto. (Aplausos). Llevamos muchísimos años gobernando en este país, hemos hecho grandes cosas, como han hecho otros partidos, por nuestro país y nos merecemos un respeto. Estoy absolutamente de acuerdo en que las personas que hayan sido condenadas y estén en la cárcel por corrupción tienen que devolver el dinero y pagar por ese delito, pero lo que no puede ser es que a todas las personas que pertenecemos al Partido Popular ustedes intenten continuamente ponernos ese marchamo, porque eso no es verdad. Llevo cuarenta años trabajando -lo he dicho antes-, veinte años como funcionaria y veinte años como política, y a mí jamás me han dado un informe negativo ni del Tribunal de Cuentas ni de la Intervención General. ¿Por qué? Porque siempre he intentado hacerlo lo mejor posible. Estoy segura de que me habré equivocado, pero le puedo garantizar que en ese sentido no he tenido nunca ningún problema. Esto que está planteando usted ahora y que me ha llevado al juzgado tampoco debería ser un problema. Por eso estoy indignada, porque yo soy una persona íntegra, honesta y no me merezco esto. Por eso me importa tanto, porque con esto ustedes están poniendo en duda mi honor, y eso es lo que yo no puedo consentir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora delegada del Gobierno.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y diez minutos de la tarde.

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