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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 291, de 12/07/2017
cve: DSCD-12-CO-291
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 291
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 14 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
12 de julio de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. (Número de expediente 121/000005)... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.

Lo primero que corresponde -es un formalismo, pero toca hacerlo- es someter a la Comisión la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. ¿Se puede entender ratificada por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.

Ahora daremos la palabra a los grupos parlamentarios, en primer lugar, a los que han presentado enmiendas, de menor a mayor, y después habrá un turno de fijación de posiciones. Por lo tanto, para la defensa de las enmiendas números 15 a 27, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, senyor president.

Creo que esta ley refleja un poco los distintos modelos que existen en Cataluña y en el Estado español. Yo veo aquí un recentralismo versus proximidad. Nosotros valoramos mucho la proximidad porque creemos que todo es mucho más efectivo desde la proximidad, más resolutivo y genera más confianza a los consumidores. La proximidad nos facilita la información, es más concreta, más inmediata, y conocer mejor la información nos ayuda a profundizar en los problemas. En Cataluña tenemos competencias plenas en materia de mediación, se ha aprobado un decreto al respecto, y para nosotros el proyecto de ley pasa por encima de este decreto. Se nos habla de un arbitraje obligatorio y esto no sucede en ningún otro país europeo, excepto en Portugal porque dentro de su Constitución no se recoge el derecho a la tutela judicial. Por tanto, excepto en Portugal, en el resto de países europeos no existe el arbitraje obligatorio, que en este caso es para los ámbitos de las aerolíneas y las entidades financieras.

Respecto al arbitraje obligatorio en aerolíneas, recordemos que hace un año en el conflicto que hubo con Vueling, AESA, que ahora será ese ente de arbitraje obligatorio, ni se personó en el aeropuerto. Fue la Agència Catalana del Consum la que estuvo al lado de los consumidores afectados y les informó de los pasos que debían seguir. Por eso apelamos a esta proximidad, a esta confianza y a esta seguridad. Si en ese conflicto AESA no estuvo, quién nos garantiza que en el resto de conflictos los consumidores encuentren la ayuda que necesitan. Creo que es importante proteger al consumidor, eso sí que es una obligación, que todos los consumidores tengan esta protección. En cuanto al arbitraje obligatorio en el caso de las entidades financieras, se aprobó un real decreto para que la entidad bancaria negociara directamente con el consumidor, pero si en tres meses dicha entidad no dice nada, que es lo que suele pasar, se abre la vía judicial que puede durar cinco, seis o siete años. Si este es el procedimiento, debemos recordar que en la provincia de Barcelona hay un solo juzgado para resolver estos temas, con lo cual no solo no solucionamos los problemas y no ayudamos al consumidor, sino que beneficiamos a las entidades financieras y generamos un atasco monumental.

Otro asunto interesante que tampoco se refleja aquí es que por ley el Estado debería financiar la gestión de arbitrajes que realizan las comunidades autónomas, puesto que son competencias del Estado, pero si no llega el Estado las asumen las comunidades autónomas, y esa gestión debería pagarse pero no se paga. Lo que sucede es que el Estado español hace concursos de subvenciones, cuando en realidad no se trata de un concurso, sino de pagar a aquellos entes que realizan la gestión que el Estado no puede hacer. En conclusión, esto se resume en que en el caso de todas aquellas comunidades autónomas que tengan competencias y no las quieran o no las puedan ejercer, me parece perfecto que se centralice desde el Estado español, pero en el caso de aquellas comunidades autónomas que sí tenemos competencias, las queremos ejercer y, además, las estamos ejerciendo, se debería respetar al cien por cien y, en nuestra opinión, esta ley no lo respeta. Por tanto, nosotros solo vamos a votar a favor de una de las enmiendas, una transaccional referida a la lengua.

Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nogueras.

Para defender las enmiendas números 11 a 14, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.


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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Nosotros presentamos cuatro enmiendas relativas a la cuestión central del papel de las comunidades autónomas o, por lo menos, de la Comunidad Autónoma de Euskadi en base a las competencias que asume en su estatuto de autonomía, que no son las mismas que las del Estatuto de Autonomía de Cataluña en esta materia, son diferentes. Evidentemente, sin duda alguna, me posiciono a favor de las palabras que ha pronunciado la compañera, señora Nogueras, en el sentido de que todas aquellas comunidades autónomas que tienen esta competencia en sus estatutos deben poder ejercerla en sus respectivos ámbitos. Esto es lo que sucede en Euskadi y por eso hemos presentado cuatro enmiendas y hemos llegado a un acuerdo transaccional, por la sencilla razón de que como el proyecto de ley obvia de manera sistemática y total la existencia de las comunidades autónomas, no aparecen en ningún momento, gracias a las enmiendas y con la transacción por lo menos se reconoce su existencia y que algunas son competentes en esta materia. Esto es lo que nos ha llevado a considerar que es mejor algo que nada, ese algo es lo que hemos logrado transaccionar en una serie de cuestiones. Sobre todo estamos hablando del reconocimiento de las comunidades autónomas con competencias en materia de protección y defensa de los consumidores y usuarios en la atribución para acreditar entidades de resolución alternativa, que es el objetivo de las enmiendas que nosotros hemos presentado. Hemos llegado a una transacción, mejor eso que nada.

Por otra parte, sabemos, y así lo dijimos en el momento en que se planteó el debate de totalidad, que el proyecto tiene ciertas lagunas porque una cosa es la transposición de una directiva al ordenamiento jurídico del Estado, pero eso no quiere decir que todos lo hagan de la misma manera. Es decir, la transposición se ha hecho de una determinada manera, como si la arquitectura jurídico-institucional y administrativa del Estado español fuera, por ejemplo, la de Francia, y no es así. Es decir, aquí se han obviado ciertas realidades administrativas, políticas e institucionales, y después hemos tenido que solucionar eso de alguna forma con alguna que otra transacción, como sucede en el caso de las lenguas. Nos parece que pretender transaccionar la enmienda que hemos presentado para asegurar que las lenguas oficiales estén presentes añadiendo el texto "donde existan", es de tal obviedad que no sé si tiene excesivo sentido. Tampoco vamos a pelear por ello, evidentemente será donde existan, donde no existan no va a poder aplicarse la lengua oficial o cooficial. Por lo tanto, a veces parece que lo que interesa es dar la puntillita para no aceptar una enmienda tal como se ha presentado. En cualquier caso, aceptaremos la transacción y mantenemos viva la enmienda número 14 porque tenemos derecho a reclamar lo que en ella se pide, independientemente de que no hayamos llegado a un acuerdo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Para defender la enmienda número 3, de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, señor presidente.

La Unión Europea está compuesta por Estados con una arquitectura competencial muy diversa. Esto hace que la jurisprudencia europea nos diga que las competencias para la transposición de directivas no corresponden exclusivamente al Estado con carácter general. La transposición corresponderá en cada caso a la autoridad que tenga asumida la competencia legislativa sobre la materia en cuestión. ¿Qué pasa en España? Que no todas las comunidades autónomas tienen la misma voluntad legisladora para desplegar las competencias en materia de consumo y, en concreto, para la resolución alternativa de litigios en este ámbito. Hay comunidades a las que le viene bien una legislación estatal, incluso que el Estado ejerza la competencia, pero hay otras que no porque en sus estatutos y en su estructura de Gobierno tienen esta competencia como plena. Parlamentar es intentar convencer, pero yo dudo que hoy convenza a aquellos que son de comunidades que prefieren que esta competencia en materia de consumo la ejerzan agencias estatales, como marca la filosofía de esta transposición. He oído que muchos de ustedes entienden pluralidad como desigualdad, es decir, que haya pluralidad, que haya diferencias al aplicar las políticas lo entienden como desigualdad. Para mí desigualdad es que el consumidor sea atendido peor en un sitio que en otro. Piensen que este proyecto de ley tiene como objetivo la mejor atención al consumidor. En nuestro caso pensamos que quien atiende mejor al consumidor es la Administración más cercana que tiene estas competencias. Si estuviésemos en Alemania esto no lo discutiríamos, no habría discusión sobre si Baviera tiene la competencia para la transposición en materia de consumo.

¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué temas tan secundarios legislativamente hablando y tan importantes para el consumidor se convierten en piedra de toque, en Santiago y cierra España? Porque


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una mayoría de esta Cámara -es lo que yo he percibido en este año y pico que llevo aquí- cree con buena fe, con diferentes matices, y está convencida de que la centralización es buena. Por tanto, a pesar de las buenas voluntades, aquellos que no lo vemos así nos vemos excluidos de esta ponencia. Yo me he sentido excluido porque no se trata de negociar una u otra enmienda para solucionar un tema parcial, es una cuestión de planteamiento general, incluso de la visión que ustedes tienen de España. Señorías, les haré una confidencia, durante muchos años en Cataluña nos hemos movido entre: somos una nación llamada España y, por tanto, una región de esta nación; o somos una nación, Cataluña, que convive en un mismo Estado llamado España, y esto no son matices. Una mayoría de españoles, es cierto, una mayoría de regiones de España creen que forman parte de una nación y quieren que esta visión sea la de aquellos que consideramos que nuestra nación podría estar en un Estado llamado España, pero no somos de la nación española. Tanto va el jarro a la fuente que mi jarro se ha roto; tantos años intentando que en un tema que sería lógico llegar a un acuerdo se llegase a este acuerdo que, según los vaivenes, cuando pensamos que llegamos volvemos a empezar. Es decir, ustedes hablan mucho de la Constitución de 1978 -muchos de ustedes no la votaron, yo sí porque tenía edad- y el señor Solé Tura, que era de mi mismo partido, me explicaba que esta era el principio de un camino. Para ustedes es el final, es decir, aquella Constitución del año 1978 para ustedes es un final fosilizado, cuando si fuese un principio podríamos haber llegado a un acuerdo en 2017. Pero como decía aquel torero, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Por eso los que votamos -muchos- la Constitución de 1978, votaremos el 1 de octubre y en eso estamos. En definitiva, mantendré mi enmienda a la totalidad, con algún matiz porque como el sol sale cada día, en Cataluña hay una lengua propia que se llama catalán como en el País Vasco el euskera y, por lo tanto, no me negaré a decir que el sol existe y votaré a favor de la enmienda número 13.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olòriz. Al principio dije que su intervención era para defender la enmienda número 3, pero también ha presentado la número 2 que no sé si mantiene viva.

El señor OLÒRIZ SERRA: Sí, yo soy vivo en este sentido. ¡Viva la vida!

El señor PRESIDENTE: Bien.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, seis enmiendas en este caso, tiene la palabra el señor Navarro.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Después de esta defensa tan vital, la mía va a ser mucho más aburrida. Nosotros en el Pleno ya manifestamos que compartíamos la necesidad de esta ley, la necesidad de que el mercado interior, tal y como lo describe el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se complemente con una resolución de conflictos eficaz. Y eso pasa por una resolución extrajudicial con un procedimiento que sea sencillo, asequible y eficaz, algo que ahora no está pasando. Creo que este es el objeto del proyecto de ley y, en fin, lo demás parece un poco exagerado. Dado que hasta ahora las entidades de resolución de conflictos o no se han establecido en todos los países, no funcionan adecuadamente o no juzgan con criterios homogéneos, esto hace que, efectivamente, se esté dificultando la consecución de ese mercado interior.

En cuanto al proyecto en sí, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas. Una de ellas está dirigida a que las reclamaciones que ya estén siendo tramitadas por los servicios de atención al cliente no tengan que incluirse en el procedimiento de la norma. Otra se refiere al coste simbólico máximo, que no parece tan simbólico. Una tercera pretende la eliminación de la cuantía mínima y máxima a partir de la cual se puede recurrir al procedimiento porque, entre otras cosas, la directiva no hace mención a ello. Otra de las enmiendas tiene como objetivo que aquellas entidades que hayan sido comunicadas a la Comisión Europea como órganos extrajudiciales puedan seguir funcionando como tales. Y proponemos también un sistema de incentivos para que las empresas se adhieran a este sistema. Concretamente considerar atenuante estar adscrito a sistemas de resolución de conflictos en caso de incumplimiento de otras normas en materia de consumo. Creemos que ha habido bastante voluntad de diálogo por parte del Grupo Parlamentario Popular. Hemos transaccionado una enmienda y aparentemente nos han aceptado otras. En cuanto a las transacciones presentadas, nos definiremos en las votaciones, pero en conjunto creemos que han mejorado el texto original por lo que, salvo algún caso puntual, votaremos favorablemente.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.

Para defender las 21 enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Botejara.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: De la Concha, señor presidente.

Estamos aquí para debatir y votar un proyecto de ley que nos presenta el Gobierno, se trata de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Esto puede parecer sencillo, pero luego no lo es tanto. Entonces, dicho en otras palabras, aquí se trata de elaborar una ley propia que tenga como objetivo primordial lograr un alto nivel de protección de los consumidores, según se explicitaba en la directiva europea. ¿Qué ley le hubiera gustado a nuestro Grupo Parlamentario Confederal? Pues nos hubiera gustado una ley muy clara que ofreciera asistencia gratuita y gestionada, por supuesto, desde lo público. Una ley que incluyera también a las personas que trabajan como autónomos, que protegiera a las pequeñas empresas, sobre todo en su relación con otras sociedades y las grandes corporaciones. Una ley que incluyera como punto esencial el fortalecimiento del sistema público de arbitraje en materia de consumo, que lo dotara presupuestariamente, que dotara a las juntas arbitrales de consumo que ya existen y facilitara la creación de otras nuevas; que estas juntas tuvieran los medios necesarios tanto humanos como tecnológicos, que tuvieran capacidad para publicitar sus servicios de manera que cualquier ciudadana o ciudadano supiera de su existencia, cosa que ahora desde luego no ocurre. Una ley que respetara las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo, la lengua, obviamente, que permitiese que sean estas las que acrediten a las entidades de mediación y arbitraje. Una ley que facilitara los trámites al máximo, que proporcionara a la ciudadanía un servicio moderno, ágil, gratuito, accesible y, sobre todo, independiente, imparcial y justo. Es decir, una ley que pusiera los recursos públicos, los impuestos que pagamos cada día, al servicio de la ciudadanía logrando el objetivo inicial de esta directiva europea, que es dar la máxima protección a la ciudadanía en materia de consumo.

Esperamos que tras las votaciones de hoy, al menos quede eliminado el artículo 26 del proyecto de ley, que en la versión que nos trajo el Gobierno permite que una empresa contrate y retribuya directamente a las entidades privadas de resolución alternativa de conflictos. Hubiésemos preferido que estas entidades quedasen fuera de las acreditadas oficialmente. Parece que no va a ser así, pero al menos pedimos a sus señorías que consideren que aquí se plantea un conflicto de intereses básico, no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, puesto que un ciudadano o ciudadana de a pie quedaría a merced de la resolución de una entidad pagada por la empresa con la que precisamente se tiene el conflicto. Tenemos que decir que según las conversaciones y las transacciones previas a este debate parece que sí conseguiremos llegar a un acuerdo, en cuanto a la gratuidad del servicio de resolución alternativa de conflictos. Asimismo, parece que hay un acuerdo en que no haya cuantía máxima ni mínima que limite el acceso a estos servicios. Estas son buenas noticias y aprovechamos para agradecer la disposición al diálogo de los diferentes grupos, así como el tono que han tenido en las conversaciones.

Un tema de mucha mayor importancia para nuestro grupo confederal es el relativo a la resolución de conflictos en el sector financiero y de seguros, así como en el transporte aéreo. Ambos afectan a un número muy considerable de personas en temas de máxima relevancia, tanto por su cuantía económica como por la frecuencia con la que se utilizan estos servicios. Además, son sectores en los que las quejas y los conflictos son constantes y a menudo colectivos. El sector financiero incluye productos tales como bonos, hipotecas o preferentes, todos ellos han sido portada de los noticiarios y han causado daños económicos y personales difíciles de cuantificar. Daños que han terminado demasiado a menudo en desahucios, ruina familiar y económica y en suicidios, daños que como siempre han sufrido las personas más vulnerables. Por su parte, el transporte aéreo ha pasado a ser de uso cotidiano y sus señorías conocerán seguramente de primera mano lo muy complicado y costoso que resulta enfrentarse a las compañías aéreas, de forma que mucha gente abandona antes de conseguir resolver el conflicto que se haya producido.

En los dos casos, productos de seguros y financieros y transporte aéreo, el Gobierno nos propone que sean el Ministerio de Economía y el Ministerio de Fomento, respectivamente, quienes se ocupen de la resolución alternativa de litigios. Nuestro grupo confederal considera, en cambio, que estos organismos responsables de la resolución de litigios en materia financiera y de transporte aéreo deberían definirse ya en esta ley, y no quedar al albur o al criterio político del ministro o de la ministra de turno, dejando cuestiones tan relevantes y que tantas consecuencias tienen para la ciudadanía en manos de quienes


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ostenten el cargo en un momento o en otro. Además, las compañías aéreas tienen a menudo su sede social en otros países, con lo que el apoyo a quien acude a una entidad de resolución de conflictos debería ser aún mayor por parte del Estado, poniendo al alcance de quienes así lo necesiten recursos tan básicos como la traducción de documentos. Sin estos servicios el principio de gratuidad quedaría dañado.

Nuestro mundo cambia vertiginosamente, desaparece el comercio local y el consumo online ha pasado a tener una enorme presencia. Europa se ha transformado ya en un gran mercado y la ciudadanía se enfrenta a corporaciones cada vez más grandes y más poderosas. Nuestro deber como cargos institucionales es proteger a quienes nos han confiado su voto y sus impuestos, protegerles por encima de cualquier otro interés y por encima de cualquier de otro compromiso. Esperamos que hoy lo tengamos muy en cuenta a la hora de votar una ley que va a decidir mucho más de lo que quizás aparenta. A medida que este gran mercado avanza, la decisión es tan sencilla que cuesta identificarla. O nos salvamos como colectivo y damos prioridad al bien común, o esto es un sálvese quien pueda y nos alineamos con los poderosos y los ganadores de este Monopoly gigante. Las decisiones que hoy tomaremos inclinarán la balanza hacia uno de estos dos lados y, por eso, pido a sus señorías que lo consideren.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De la Concha.

Perdón, por la distracción que he tenido.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Todos estamos muy distraídos hoy.

El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tundidor.

La señora TUNDIDOR MORENO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los derechos de los consumidores se convierten en papel mojado y son derechos virtuales si no existen los procedimientos y los cauces adecuados para ejercerlos. Se corre el riesgo de establecer una distancia cada vez más mayor en la relación entre el consumidor y el comerciante. Tal y como señala la directiva que trasponemos en este proyecto de ley, el desarrollo en la Unión Europea de un sistema adecuado de resolución alternativa de litigios es necesario para formar la confianza de los consumidores en el mercado interior y para desarrollar plenamente el potencial en las oportunidades del comercio transfronterizo, incluido el ámbito del comercio en línea; algo que no está desarrollado todavía de forma suficiente y coherente en todo el ámbito de la Unión Europea. La directiva obliga a los Estados miembros a garantizar a los consumidores el ejercicio de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de que sus reclamaciones sean resueltas por entidades que ofrezcan procedimientos de resolución de litigios que sean independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. Asimismo, obliga a los Estados a que den una adecuada difusión a estos recursos y a velar por la calidad de los mismos.

El cumplimiento de las normas de protección de los consumidores es reforzado por los mecanismos alternativos de resolución de litigios. El favorecer cualquier método alternativo de solución de disputas no representa un intento de externalización de la función jurisdiccional, pues no se trata de suplantar a la Administración de Justicia sino de complementarla, propiciando que los propios interesados alcancen el arreglo de sus diferencias por cauces amigables en aquellos casos en los que dada la índole de la materia ello sea posible. Estos métodos constituyen no tanto una alternativa a la justicia como una justicia alternativa, algo que resulta especialmente necesario en el ámbito del consumo por su carácter transnacional y por la situación de vulnerabilidad del consumidor frente al empresario. El uso de los mecanismos extrajudiciales, como son la mediación y el arbitraje, adquiere una mayor idoneidad cuando son tramitados a través de procesos informales y accesibles, especialmente en línea. Estos procesos en línea son particularmente idóneos en la resolución de litigios contractuales que surgen en el mercado digital, pues estas controversias se caracterizan por su escasa cuantía y por su frecuente internacionalidad. Por tanto, el ámbito jurisdiccional ordinario de los juzgados y tribunales suele resultar casi siempre inadecuado, en términos de coste y de lentitud para determinar la compensación debida en los casos de incumplimiento contractual.

El proyecto de ley que hoy debatimos entró en esta Cámara en un momento complicado, coincidiendo con los presupuestos y con importantes carencias que hemos sabido corregir en el trámite de enmiendas, contribuyendo con nuestra labor parlamentaria a mejorar la protección de todos los consumidores españoles. Si me lo permiten, quiero aprovechar para felicitar y dar las gracias al equipo que ha trabajado con el Grupo Parlamentario Socialista que ha contribuido para que esto sea así. Como señalé durante mi


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intervención en el Pleno, el proyecto rompía con el principio de gratuidad de las reclamaciones de los consumidores, posibilitando el cobro de un coste simbólico de hasta 30 euros. Hoy rectificaremos el texto y mantendremos el principio de gratuidad en la reclamación entre los consumidores. Además, el proyecto aprobado por el Gobierno dejaba fuera las reclamaciones de cuantía menor a 30 euros y mayor a 10 000 euros, rompiendo nuevamente una tradición que ha sido seguida por las enmiendas de resolución alternativa de litigios españolas de no establecer limitación por razón de la cuantía reclamada, puesto que representa una garantía para los consumidores en sus relaciones con las empresas. Hoy rectificaremos el texto y eliminaremos los umbrales mínimos y máximos para admitir a trámite una reclamación.

Asimismo, el proyecto aprobado por el Gobierno permitía la acreditación a entidades pagadas por el empresario reclamado, apartándose del criterio seguido por la práctica totalidad de los Estados miembros a este respecto que han prohibido este tipo de entidades. Hoy rectificaremos el texto e impediremos la acreditación de entidades de resolución alternativa de litigios en la que las personas encargadas de la resolución están empleadas o retribuidas por el empresario reclamado.

El proyecto aprobado por el Gobierno imponía a todo el sistema arbitral de consumo que dictara sus laudos en un plazo de noventa días, sin dotar a las juntas arbitrales de recursos materiales y humanos suficientes para poderlo hacer. Hoy esperamos que resulten aprobadas nuestras enmiendas para que se apruebe un plan de ayudas a la gestión de las juntas arbitrales de consumo, que permita dotarlas de medios humanos y materiales suficientes para poder dictar el laudo arbitral en el plazo de noventa días que establece la directiva. Dado que el sistema arbitral de consumo deberá realizar un enorme esfuerzo para adaptarse a este plazo de resolución, si quiere ser acreditado, pospondremos para otro momento algunas medidas de impulso desde las administraciones públicas a la adhesión de las empresas a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de consumo.

Por otro lado, el proyecto aprobado por el Gobierno ha sido escasamente sensible a las competencias asumidas por las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores. Hoy aprobaremos un texto respetuoso, en el marco constitucional de distribución de competencias, que tenga en cuenta las competencias asumidas por algunas comunidades autónomas en materia de mediación.

Según la memoria de reclamaciones del Banco de España, durante el año 2016 se presentaron ante el Banco de España 14 462 reclamaciones, y según la información disponible, hasta el primer cuatrimestre de 2017 se han registrado ya más de 8000 reclamaciones. Del total de resoluciones emitidas durante 2016, un 71,1 % finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, lo que demuestra que se trata de un sector en el que se necesita reforzar los mecanismos de garantía de los derechos de los usuarios. Hoy daremos un paso importante para que esto se haga.

Por lo que respecta a las compañías aéreas se trata también de un sector muy reclamado por los consumidores y en el que es necesario reforzar, como hacemos a través de esta ley, los mecanismos de garantía de los derechos de los usuarios del transporte aéreo. Hoy daremos también un paso importante para que esto se lleve a cabo.

Señorías, hoy aprobaremos dos enmiendas, entre otras, de capital importancia que han supuesto auténticos quebraderos de cabeza y una pesadilla para los consumidores. Fruto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y de la negociación de las enmiendas que hemos llevado a cabo aprobaremos, por un lado, la obligatoriedad de las entidades financieras de someterse al procedimiento de resolución de litigios en materia de consumo ante la entidad acreditada que se cree en este ámbito, y por otro lado, la obligatoriedad y el carácter vinculante para las compañías aéreas de someterse al procedimiento de resolución de litigios en materia de consumo ante la entidad acreditada que se cree en este ámbito.

Creo que hoy podemos sentirnos satisfechos en esta Comisión por el grado de entendimiento alcanzado con la mayoría de los grupos y por la contribución de nuestro trabajo parlamentario en mejorar la protección de los consumidores españoles. Nuestro objetivo con la formulación de las enmiendas al texto del proyecto era mejorar la protección de los consumidores. Ese mismo objetivo ha marcado la negociación de las enmiendas que hemos mantenido con otros grupos. Hoy en el Grupo Parlamentario Socialista nos sentimos especialmente satisfechos porque sentimos que nuestro trabajo ha redundado en una mejor protección de los consumidores españoles y europeos.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tundidor.

Ahora para fijar su posición, por el Grupo Popular, intervendrán dos portavoces. En primer lugar, intervendrá la señora Torres, a quien avisaré a los siete minutos y medio, para que se repartan el tiempo.

La señora TORRES TEJADA: Muchas gracias, señor presidente, pero utilizaré menos minutos.

Hay que dejar claro que el objetivo que traía esta proposición de ley era la trasposición de la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. A partir de ahí se fue muy fiel y respetuoso con una correcta trasposición de lo que era esta directiva. Una vez presentado este proyecto de ley, el esfuerzo que han llevado a cabo todos los grupos ha sido enorme para darle una mayor cabida o un mayor margen para que tuviera la gran repercusión que debe tener ante todos los consumidores, que es para quienes se va a aplicar esta ley, pero no solo para todos los ciudadanos nacionales sino también para los ciudadanos europeos. Por tanto, hay que reconocer el gran esfuerzo que hemos hecho por parte de todos para intentar incorporar el máximo volumen de enmiendas, ya que de las 116 enmiendas presentadas se han llegado a transaccionar un total de 58 enmiendas.

Sin embargo, no todas las enmiendas han podido ser admitidas, puesto que había algunas que no se adecuaban literalmente a la trasposición de la norma, otras se extralimitaban de la directiva y unas cuantas trataban temas de otras normativas como era la Ley de Contratos del Sector Público, que evidentemente se prefiere dejar al margen. En definitiva, había enmiendas que interferían las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que han tenido que ser desechadas porque no era el objeto de la directiva. Había algunas enmiendas que vulneraban o limitaban el contenido de esta directiva, poniendo en peligro la garantía de independencia e imparcialidad de los procedimientos, o que establecían requisitos, garantías u obligaciones no previstas en la directiva y que, por tanto, no podíamos incorporar. Asimismo, se han tenido que desechar aquellas enmiendas que eran contrarias a la legislación general en materia de consumo y a otras leyes complementarias e incluso aquellas que trataban de incorporar al proyecto algunas que no necesitaban trasposición por ser de aplicación directa por los Estados miembros, así como aquellas susceptibles de introducir elementos de confusión o inseguridad jurídica o aquellas que no se adecuaban a las directrices sobre técnicas normativas vigentes. En definitiva, se ha hecho un gran esfuerzo, ya que en total han sido 58 las enmiendas incorporadas a este proyecto de ley. Sin embargo, había que tener mucho cuidado porque -insistimos- el límite era trasponer una directiva europea y era muy importante ser muy respetuosos con la normativa.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor De Arriba.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidente, señorías, este proyecto de ley que traemos hoy aquí a esta Comisión establece los requisitos mínimos y armonizados de calidad que deben reunir las entidades encargadas de gestionar mecanismos extrajudiciales de solución de litigios, que voluntariamente solicitan la acreditación para ser notificadas e incluidas en un listado único consolidado de la Comisión Europea. Asimismo, este proyecto de ley regula el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución alternativa de litigios y establece las obligaciones que deben asumir dichas entidades. La finalidad del proyecto es garantizar a los consumidores residentes de la Unión Europea la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado miembro; litigios de carácter nacional o transfronterizos relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios suscitados por el consumidor, ya sean en línea o no. Por tanto, este proyecto contribuye a través de un alto nivel de protección del consumidor al buen funcionamiento del mercado interior, garantizando que en el ámbito de la Unión Europea se puede acceder a mecanismos extrajudiciales de litigios en materia de consumo independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos.

Con esta norma se facilita a los consumidores que los posibles problemas derivados de sus contratos con los empresarios puedan encontrar una solución, sin tener que recurrir a la vía judicial. Los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea tendrán la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con empresarios establecidos en España, acudiendo a entidades de resolución alternativas de calidad que hayan sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado nacional de entidades acreditadas, el cual será trasladado a la Comisión Europea para que sea incluido en el listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Son las propias entidades las que voluntariamente podrán solicitar su acreditación ante


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la autoridad competente que proceda, quien dictará resolución tras realizar un análisis y evaluación del cumplimiento por las mismas de todos los requisitos exigidos en esta ley.

En este aspecto -ante la autoridad competente que proceda- es donde fijamos el punto de partida para destacar los avances que se han producido durante la tramitación parlamentaria, en el sentido del reconocimiento de forma explícita de nuestra distribución competencial, pues si bien el texto presentado por el Gobierno reconocía en el artículo 27.1 la posibilidad de que en el futuro existieran otras autoridades competentes para la acreditación, han sido numerosas las enmiendas reclamando el reconocimiento de las comunidades autónomas en materia de consumo, por lo que ya se recoge de forma expresa en dicho artículo las competencias de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para designar una autoridad competente para la acreditación de entidades de resolución alternativa establecidas en su ámbito territorial, pero siempre dentro de sus competencias. Con ello se han atendido diversas enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que iban en este sentido. También se atenderá la sensibilidad de los distintos territorios, en concreto, de aquellos que tienen lenguas cooficiales, como no podía ser de otra forma, reconociendo este hecho e incorporando a lo largo del articulado la obligación de estas entidades de garantizar el uso del castellano, y cuando lo haya, el uso de la lengua cooficial de la comunidad donde se encuentre establecida la entidad. En definitiva, entendemos que se han atendido las pretensiones en este aspecto competencial, pero dentro del marco de nuestra Constitución.

Se han tenido en cuenta y se han incorporado propuestas que sin duda colaborarán en la mejora del acceso de los consumidores por estos sistemas extrajudiciales de resolución de litigios, reconociendo la gratuidad de los mismos para los consumidores con carácter general, eliminado además la posibilidad de que se acrediten personas empleadas o retribuidas por el empresario, pese a que en el proyecto que presentó el Gobierno se exigían para ellas unas garantías adicionales para su acreditación que despertaban -por qué no decirlo- cierto recelo acerca de su imparcialidad.

También se eliminan causas de inadmisión. La directiva establece unas causas tasadas de inadmisión a las que pueden acogerse las entidades, siempre como máximo. De esas causas se ha retirado la posibilidad de inadmitir, en función de unos umbrales mínimos o máximos del importe de la reclamación. Si bien en el texto presentado ya se habían establecido suficientes garantías para el consumidor, tanto en los procedimientos vinculantes como no vinculantes, se ha atendido a alguna enmienda que abundaba en ese reforzamiento de la posición del consumidor, tal y como se hará con la nueva redacción del artículo 10, referido a la defensa y al asesoramiento de las partes, estableciendo que pese a que las partes no están obligadas a actuar asistidas de abogado o asesor jurídico, sí vendrán obligadas a comunicarlo a la entidad en los tres días siguientes a la presentación de la reclamación cuando vayan a hacer uso de algunas de estas figuras.

Por otro lado, se ha atendido el dejar constancia expresa a lo largo del articulado que estos procedimientos deben ser fáciles para los consumidores, con menciones del tenor de fácil identificación, identificable, etcétera. Se establecen más requisitos para garantizar la independencia de las personas que resuelven y se incorpora la posibilidad de interponer una reclamación ante la entidad de resolución cuando las partes entienda que hay un anormal funcionamiento de la entidad, falta de independencia o de imparcialidad, debiendo la entidad dar traslado de dicha reclamación a la autoridad competente. Se precisa más el papel del Centro Europeo del Consumidor en la asistencia que presta a los consumidores en sus reclamaciones.

Asimismo, se atienden las enmiendas para acortar el plazo a ocho meses frente al año que figuraba en el proyecto para la remisión por el Gobierno a las Cortes Generales de un proyecto de ley que regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, recogiendo además la obligación de las entidades financieras de participar en los procedimientos que lleve a cabo dicha entidad acreditada. Entendemos que establecer por ley la aceptación obligatoria de este procedimiento por parte de las entidades financieras sin duda será un gran avance en la resolución de conflictos en un sector que en los últimos años ha sido centro de numerosas reclamaciones. En el proyecto de ley ya estaba prevista la acreditación de una entidad para resolver los conflictos de dicho sector, estando reconocida la obligación para las compañías aéreas de aceptación de dicha entidad y además se ha establecido -se ha ido un paso más allá- el carácter vinculante del resultado para el empresario. Se atienden las enmiendas, al recoger de forma expresa que los intereses de los consumidores estarán representados por las organizaciones de consumidores y usuarios constituidas con arreglo a la normativa estatal o autonómica de protección a los consumidores. También se han atendido las enmiendas que abundaban en la obligación de los empresarios de facilitar información de estos sistemas.


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En resumen, nos encontramos ante una ley que sin duda dará un nuevo impulso a la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo, que va a mejorar las relaciones entre consumidores y empresarios y que impulsará el comercio electrónico y el comercio transfronterizo. Ha sido un gran trabajo el que ha realizado el Gobierno con este proyecto, pero, sin duda, sale enriquecido de esta Cámara -o eso esperamos- con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.

Me gustaría destacar, al igual que ha hecho mi compañera, el clima de diálogo y de interlocución que se ha mantenido con los distintos grupos parlamentario en las distintas reuniones, así como la permeabilidad de los grupos y de sus señorías. Quiero dar las gracias al Grupo Socialista, al Grupo Ciudadanos, al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al Partido Nacionalista Vasco, al PDeCAT, así como a Esquerra Republicana por su buen talante de diálogo y sus aportaciones. (El señor Olòriz Serra pronuncia palabras que no se perciben). He dicho que doy las gracias también a Esquerra, se ha oído bien ¿no? (Risas).

En las decisiones hay que incorporar la retroalimentación, yo creo que estamos obligados a ello. Cuando la percepción general pasa de ver el vaso medio lleno a verlo medio vacío, creo que siempre se darán grandes oportunidades de mejora. Por ello, quiero reiterar mi agradecimiento por las aportaciones y el entendimiento mostrado con los distintos grupos, incluido el grupo de trabajo técnico también que ha tenido detrás el Partido Socialista. Es muy importante, en el ejercicio de la libertad parlamentaria que todos tenemos, que podamos desde nuestro grupo parlamentario solicitarles ese apoyo, porque entendemos que es un texto que nos va a proteger a todos como ciudadanos y consumidores, para garantizar que esa transparencia, honestidad y justicia de las transacciones económicas entre personas físicas y jurídicas sean efectivas. Me gustaría sobre todo solicitar su apoyo y su voto favorable para hacer que nuestro país siga siendo una referencia en la protección de los consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Arriba.

Acabada las intervenciones, vamos a...

La señora NOGUERAS I CAMERO: Solo quiero decir una cosa que no he dicho, y me gustaría que constara en el Diario de Sesiones. Nosotros agradecemos mucho el esfuerzo y el trabajo del señor De Arriba. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Pues constan en el Diario de Sesiones los agradecimientos intercambiados entre todos los grupos, porque parece que el clima ha sido bueno tanto en la ponencia como en los pasillos.

Señorías, antes de pasar a las votaciones vamos a realizar una prueba del sistema de votación electrónico. (Pausa).

Empezamos las votaciones.

Votamos la enmienda de subsanación de la incorrección técnica en el artículo 13 párrafo segundo. Comienza la votación. Es la técnica que se ha repartido a todos los grupos. Es simplemente técnica.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 13; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Empezamos a votar las enmiendas. Empezamos por las del Grupo Mixto y vamos a votar, en primer lugar, la enmienda transaccional a su enmienda número 22.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 37.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos ahora la enmienda número 15 del Grupo Mixto.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Perdón, la número 15 ya estaba rechazada (sic).

El señor PRESIDENTE: ¿Cómo va a estar rechazada? ¿Cuándo se ha votado?

La señora NOGUERAS I CAMERO: ¿Por qué las votamos, si ya nos las aceptan?


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El señor PRESIDENTE: Porque quedan vivas.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Yo dejaría solo viva la enmienda número 22.

El señor PRESIDENTE: Hago una pregunta previa. ¿El Grupo Mixto mantiene alguna de las enmiendas o las retira?

La señora NOGUERAS I CAMERO: Mantenemos solo la enmienda número 22, tal y como hemos dicho.

El señor PRESIDENTE: Entonces no hay que votar más.

Quedan retiradas las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 del Grupo Mixto.

Grupo Parlamentario Vasco. Según me consta tiene transaccionadas todas sus enmiendas.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Hay una que está viva, la enmienda número 14.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar,...

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Mi grupo quería admitir alguna de las enmiendas del PDeCAT. Si ella retira las enmiendas ya no tenemos que admitir nada. Pero nosotros a priori estaríamos a favor de aceptar las enmiendas números 18, 20 y 23 del PDeCAT.

El señor PRESIDENTE: Todos se han felicitado por el trabajo entre unos y otros, pero no lo han concluido.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Hay una serie de enmiendas de los grupos a las que somos favorables.

El señor PRESIDENTE: Esto va bastante mal, porque no se podrían resucitar enmiendas que se han retirado ya. Si quieren los grupos doy tres minutos para que se aclaren -tres minutos- porque parece que todavía no está claro cómo vamos a votar y qué. Tres minutos. (Pausa).

¿Podemos reanudar las votaciones? (Asentimiento). Previamente, como parece que ha habido un error en la retirada de una serie de enmiendas, aclaro que se pueden recuperar las enmiendas números 18, 20 y 23 siempre que haya unanimidad. ¿Hay unanimidad para esto? (Asentimiento). ¿Las podemos votar además conjuntamente? (Asentimiento). Vamos a votar las enmiendas números 18, 20 y 23 del Grupo Mixto.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 36.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Hay unas transacciones a las enmiendas números 11, 12 y 13. ¿No sé si se pueden votar también conjuntamente? (Asentimiento). Vamos a votar las transacciones a las enmiendas números 11, 12 y 13 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 35; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Vamos a votar ahora la enmienda número 14 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 11; en contra, 22; abstenciones, 4.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 3; en contra, 33.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos empezando por la transaccional que tiene a su enmienda número 5.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación el resto de las enmiendas que se mantienen vivas. La enmienda número 7 está retirada. Votamos en primer lugar la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 27; en contra, 7; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la enmienda número 6.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 3; en contra, 31; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 9, también del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 3; en contra, 31; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 28; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Empezaremos por las transaccionales que tienen a las enmiendas números 97, 103, 111 y 116. ¿No sé si se pueden votar también conjuntamente? (Asentimiento). Vamos a votar estas transacciones.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 34; abstenciones, 3.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora la enmienda número 96 del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la enmienda número 98.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 99.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 9; en contra 24; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 100.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 101.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 102.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 7; en contra, 24; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 104.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 105.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 3.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 106.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 107.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 108.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 109.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 34; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 110.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 8; en contra, 23; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 112.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 9; en contra, 24; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 113.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 114.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 115.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 7; en contra 16; abstenciones, 14.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar ahora las enmiendas del Grupo Socialista, sabiendo, en primer lugar, que están retiradas las números 49, 63, 64, 65, 66, 67, 84, 91 y 95. Dentro de las transacciones que vamos a pasar a votación están incorporadas las números 28, 36, 37, 38, 39, 42, 89, 93 y 94. Hay transacción a las enmiendas números 29, 32 -que afecta a la 33-, 34 -que afecta a la 35-, 41, 43, 44, 45, 47, 52 -que afecta a la 53-, 54, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 74, 75, 77, 78, y van juntas las enmiendas números 80, 86, 87, 88 y 60 del Grupo Socialista. ¿Las podemos votar conjuntamente? Se pueden agrupar de alguna otra manera si hay algún grupo que quiere que se agrupe de otra manera.

El señor MONTERO SOLER: ¿A cuál afecta la número 60?

El señor PRESIDENTE: La número 60 afectaba, según tengo aquí entendido, a la 80, 86, 87 y 88. Es transacción. No se votan esas enmiendas en sí mismas. ¿Quieres que votemos esta parte?

El señor MONTERO SOLER: No, que se vote en conjunto.

El señor PRESIDENTE: Todas juntas. Todas las transacciones se van a votar juntas. Vamos a votar todas las enmiendas transaccionadas de las presentadas por el Grupo Socialista. Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 34; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Vamos a votar las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Socialista empezando por la enmienda número 30.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 31.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 40.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 33; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos ahora a votar la enmienda número 46.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 32; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 48.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 50.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 51.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 55.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 61.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 10; en contra, 21; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 62.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 11; en contra, 20; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda número 68.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 69.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 70.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 73.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 34; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 76.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 3.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la enmienda número 79.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar la enmienda número 83.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Tenemos que repetir la votación. Votamos la enmienda número 83.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 14; en contra, 13; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).

Vamos a ver, si se empata en una votación, se repite la votación y si se vuelve a empatar la segunda vez es cuando entra el voto ponderado.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Yo no digo que no sea así. Digo lo que dijo el letrado.

El señor PRESIDENTE: Da igual. Hemos dicho "comienza la votación". Lo siento. Es que el letrado no tiene que decir cuándo se pone en marcha la votación, lo dice el presidente de la Comisión. Ha puesto en marcha la votación, se ha votado y se ha obtenido este resultado. La enmienda número 83 ha sido aprobada por 14 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Es así, lo siento.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Creo que nos ha confundido. Aunque sea así, pero nos confundió diciendo "espera un momento".

El señor PRESIDENTE: Yo no he dicho "espera un momento" a nadie.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): No, lo dijo el letrado.

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con las votaciones.

Votamos a continuación la enmienda número 85.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la enmienda número 90.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.-El señor De Arriba Sánchez pronuncia palabras que no se perciben).

Debieran moderar también sus expresiones, porque si se han equivocado a la hora de votar o no han estado atentos, lo siento. No hay turno de palabra sobre esta cuestión.

Votamos la enmienda número 92.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Corresponde ahora votar el texto del informe del proyecto de ley en su conjunto.

Comienza la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cincuenta minutos de la tarde.

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