DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 291, de 12/07/2017
cve: DSCD-12-CO-291
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 291
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 14 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
12 de julio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia
de consumo. (Número de expediente 121/000005)... (Página2)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Lo primero que corresponde -es un formalismo, pero toca hacerlo- es
someter a la Comisión la ratificación de la ponencia designada para
informar el proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo. ¿Se puede entender ratificada por
asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.
Ahora daremos la palabra a los grupos parlamentarios, en primer lugar, a
los que han presentado enmiendas, de menor a mayor, y después habrá un
turno de fijación de posiciones. Por lo tanto, para la defensa de las
enmiendas números 15 a 27, tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Mixto.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, senyor president.
Creo que esta ley refleja un poco los distintos modelos que existen en
Cataluña y en el Estado español. Yo veo aquí un recentralismo versus
proximidad. Nosotros valoramos mucho la proximidad porque creemos que
todo es mucho más efectivo desde la proximidad, más resolutivo y genera
más confianza a los consumidores. La proximidad nos facilita la
información, es más concreta, más inmediata, y conocer mejor la
información nos ayuda a profundizar en los problemas. En Cataluña tenemos
competencias plenas en materia de mediación, se ha aprobado un decreto al
respecto, y para nosotros el proyecto de ley pasa por encima de este
decreto. Se nos habla de un arbitraje obligatorio y esto no sucede en
ningún otro país europeo, excepto en Portugal porque dentro de su
Constitución no se recoge el derecho a la tutela judicial. Por tanto,
excepto en Portugal, en el resto de países europeos no existe el
arbitraje obligatorio, que en este caso es para los ámbitos de las
aerolíneas y las entidades financieras.
Respecto al arbitraje obligatorio en aerolíneas, recordemos que hace un
año en el conflicto que hubo con Vueling, AESA, que ahora será ese ente
de arbitraje obligatorio, ni se personó en el aeropuerto. Fue la Agència
Catalana del Consum la que estuvo al lado de los consumidores afectados y
les informó de los pasos que debían seguir. Por eso apelamos a esta
proximidad, a esta confianza y a esta seguridad. Si en ese conflicto AESA
no estuvo, quién nos garantiza que en el resto de conflictos los
consumidores encuentren la ayuda que necesitan. Creo que es importante
proteger al consumidor, eso sí que es una obligación, que todos los
consumidores tengan esta protección. En cuanto al arbitraje obligatorio
en el caso de las entidades financieras, se aprobó un real decreto para
que la entidad bancaria negociara directamente con el consumidor, pero si
en tres meses dicha entidad no dice nada, que es lo que suele pasar, se
abre la vía judicial que puede durar cinco, seis o siete años. Si este es
el procedimiento, debemos recordar que en la provincia de Barcelona hay
un solo juzgado para resolver estos temas, con lo cual no solo no
solucionamos los problemas y no ayudamos al consumidor, sino que
beneficiamos a las entidades financieras y generamos un atasco
monumental.
Otro asunto interesante que tampoco se refleja aquí es que por ley el
Estado debería financiar la gestión de arbitrajes que realizan las
comunidades autónomas, puesto que son competencias del Estado, pero si no
llega el Estado las asumen las comunidades autónomas, y esa gestión
debería pagarse pero no se paga. Lo que sucede es que el Estado español
hace concursos de subvenciones, cuando en realidad no se trata de un
concurso, sino de pagar a aquellos entes que realizan la gestión que el
Estado no puede hacer. En conclusión, esto se resume en que en el caso de
todas aquellas comunidades autónomas que tengan competencias y no las
quieran o no las puedan ejercer, me parece perfecto que se centralice
desde el Estado español, pero en el caso de aquellas comunidades
autónomas que sí tenemos competencias, las queremos ejercer y, además,
las estamos ejerciendo, se debería respetar al cien por cien y, en
nuestra opinión, esta ley no lo respeta. Por tanto, nosotros solo vamos a
votar a favor de una de las enmiendas, una transaccional referida a la
lengua.
Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nogueras.
Para defender las enmiendas números 11 a 14, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Nosotros presentamos cuatro enmiendas relativas a la cuestión central del
papel de las comunidades autónomas o, por lo menos, de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en base a las competencias que asume en su estatuto
de autonomía, que no son las mismas que las del Estatuto de Autonomía de
Cataluña en esta materia, son diferentes. Evidentemente, sin duda alguna,
me posiciono a favor de las palabras que ha pronunciado la compañera,
señora Nogueras, en el sentido de que todas aquellas comunidades
autónomas que tienen esta competencia en sus estatutos deben poder
ejercerla en sus respectivos ámbitos. Esto es lo que sucede en Euskadi y
por eso hemos presentado cuatro enmiendas y hemos llegado a un acuerdo
transaccional, por la sencilla razón de que como el proyecto de ley obvia
de manera sistemática y total la existencia de las comunidades autónomas,
no aparecen en ningún momento, gracias a las enmiendas y con la
transacción por lo menos se reconoce su existencia y que algunas son
competentes en esta materia. Esto es lo que nos ha llevado a considerar
que es mejor algo que nada, ese algo es lo que hemos logrado
transaccionar en una serie de cuestiones. Sobre todo estamos hablando del
reconocimiento de las comunidades autónomas con competencias en materia
de protección y defensa de los consumidores y usuarios en la atribución
para acreditar entidades de resolución alternativa, que es el objetivo de
las enmiendas que nosotros hemos presentado. Hemos llegado a una
transacción, mejor eso que nada.
Por otra parte, sabemos, y así lo dijimos en el momento en que se planteó
el debate de totalidad, que el proyecto tiene ciertas lagunas porque una
cosa es la transposición de una directiva al ordenamiento jurídico del
Estado, pero eso no quiere decir que todos lo hagan de la misma manera.
Es decir, la transposición se ha hecho de una determinada manera, como si
la arquitectura jurídico-institucional y administrativa del Estado
español fuera, por ejemplo, la de Francia, y no es así. Es decir, aquí se
han obviado ciertas realidades administrativas, políticas e
institucionales, y después hemos tenido que solucionar eso de alguna
forma con alguna que otra transacción, como sucede en el caso de las
lenguas. Nos parece que pretender transaccionar la enmienda que hemos
presentado para asegurar que las lenguas oficiales estén presentes
añadiendo el texto "donde existan", es de tal obviedad que no sé si tiene
excesivo sentido. Tampoco vamos a pelear por ello, evidentemente será
donde existan, donde no existan no va a poder aplicarse la lengua oficial
o cooficial. Por lo tanto, a veces parece que lo que interesa es dar la
puntillita para no aceptar una enmienda tal como se ha presentado. En
cualquier caso, aceptaremos la transacción y mantenemos viva la enmienda
número 14 porque tenemos derecho a reclamar lo que en ella se pide,
independientemente de que no hayamos llegado a un acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Para defender la enmienda número 3, de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
La Unión Europea está compuesta por Estados con una arquitectura
competencial muy diversa. Esto hace que la jurisprudencia europea nos
diga que las competencias para la transposición de directivas no
corresponden exclusivamente al Estado con carácter general. La
transposición corresponderá en cada caso a la autoridad que tenga asumida
la competencia legislativa sobre la materia en cuestión. ¿Qué pasa en
España? Que no todas las comunidades autónomas tienen la misma voluntad
legisladora para desplegar las competencias en materia de consumo y, en
concreto, para la resolución alternativa de litigios en este ámbito. Hay
comunidades a las que le viene bien una legislación estatal, incluso que
el Estado ejerza la competencia, pero hay otras que no porque en sus
estatutos y en su estructura de Gobierno tienen esta competencia como
plena. Parlamentar es intentar convencer, pero yo dudo que hoy convenza a
aquellos que son de comunidades que prefieren que esta competencia en
materia de consumo la ejerzan agencias estatales, como marca la filosofía
de esta transposición. He oído que muchos de ustedes entienden pluralidad
como desigualdad, es decir, que haya pluralidad, que haya diferencias al
aplicar las políticas lo entienden como desigualdad. Para mí desigualdad
es que el consumidor sea atendido peor en un sitio que en otro. Piensen
que este proyecto de ley tiene como objetivo la mejor atención al
consumidor. En nuestro caso pensamos que quien atiende mejor al
consumidor es la Administración más cercana que tiene estas competencias.
Si estuviésemos en Alemania esto no lo discutiríamos, no habría discusión
sobre si Baviera tiene la competencia para la transposición en materia de
consumo.
¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué temas tan secundarios legislativamente
hablando y tan importantes para el consumidor se convierten en piedra de
toque, en Santiago y cierra España? Porque
una mayoría de esta Cámara -es lo que yo he percibido en este año y pico
que llevo aquí- cree con buena fe, con diferentes matices, y está
convencida de que la centralización es buena. Por tanto, a pesar de las
buenas voluntades, aquellos que no lo vemos así nos vemos excluidos de
esta ponencia. Yo me he sentido excluido porque no se trata de negociar
una u otra enmienda para solucionar un tema parcial, es una cuestión de
planteamiento general, incluso de la visión que ustedes tienen de España.
Señorías, les haré una confidencia, durante muchos años en Cataluña nos
hemos movido entre: somos una nación llamada España y, por tanto, una
región de esta nación; o somos una nación, Cataluña, que convive en un
mismo Estado llamado España, y esto no son matices. Una mayoría de
españoles, es cierto, una mayoría de regiones de España creen que forman
parte de una nación y quieren que esta visión sea la de aquellos que
consideramos que nuestra nación podría estar en un Estado llamado España,
pero no somos de la nación española. Tanto va el jarro a la fuente que mi
jarro se ha roto; tantos años intentando que en un tema que sería lógico
llegar a un acuerdo se llegase a este acuerdo que, según los vaivenes,
cuando pensamos que llegamos volvemos a empezar. Es decir, ustedes hablan
mucho de la Constitución de 1978 -muchos de ustedes no la votaron, yo sí
porque tenía edad- y el señor Solé Tura, que era de mi mismo partido, me
explicaba que esta era el principio de un camino. Para ustedes es el
final, es decir, aquella Constitución del año 1978 para ustedes es un
final fosilizado, cuando si fuese un principio podríamos haber llegado a
un acuerdo en 2017. Pero como decía aquel torero, lo que no puede ser, no
puede ser, y además es imposible. Por eso los que votamos -muchos- la
Constitución de 1978, votaremos el 1 de octubre y en eso estamos. En
definitiva, mantendré mi enmienda a la totalidad, con algún matiz porque
como el sol sale cada día, en Cataluña hay una lengua propia que se llama
catalán como en el País Vasco el euskera y, por lo tanto, no me negaré a
decir que el sol existe y votaré a favor de la enmienda número 13.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olòriz. Al principio dije que
su intervención era para defender la enmienda número 3, pero también ha
presentado la número 2 que no sé si mantiene viva.
El señor OLÒRIZ SERRA: Sí, yo soy vivo en este sentido. ¡Viva la vida!
El señor PRESIDENTE: Bien.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, seis
enmiendas en este caso, tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Después de esta defensa tan vital,
la mía va a ser mucho más aburrida. Nosotros en el Pleno ya manifestamos
que compartíamos la necesidad de esta ley, la necesidad de que el mercado
interior, tal y como lo describe el artículo 26 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, se complemente con una resolución de
conflictos eficaz. Y eso pasa por una resolución extrajudicial con un
procedimiento que sea sencillo, asequible y eficaz, algo que ahora no
está pasando. Creo que este es el objeto del proyecto de ley y, en fin,
lo demás parece un poco exagerado. Dado que hasta ahora las entidades de
resolución de conflictos o no se han establecido en todos los países, no
funcionan adecuadamente o no juzgan con criterios homogéneos, esto hace
que, efectivamente, se esté dificultando la consecución de ese mercado
interior.
En cuanto al proyecto en sí, nosotros hemos presentado una serie de
enmiendas. Una de ellas está dirigida a que las reclamaciones que ya
estén siendo tramitadas por los servicios de atención al cliente no
tengan que incluirse en el procedimiento de la norma. Otra se refiere al
coste simbólico máximo, que no parece tan simbólico. Una tercera pretende
la eliminación de la cuantía mínima y máxima a partir de la cual se puede
recurrir al procedimiento porque, entre otras cosas, la directiva no hace
mención a ello. Otra de las enmiendas tiene como objetivo que aquellas
entidades que hayan sido comunicadas a la Comisión Europea como órganos
extrajudiciales puedan seguir funcionando como tales. Y proponemos
también un sistema de incentivos para que las empresas se adhieran a este
sistema. Concretamente considerar atenuante estar adscrito a sistemas de
resolución de conflictos en caso de incumplimiento de otras normas en
materia de consumo. Creemos que ha habido bastante voluntad de diálogo
por parte del Grupo Parlamentario Popular. Hemos transaccionado una
enmienda y aparentemente nos han aceptado otras. En cuanto a las
transacciones presentadas, nos definiremos en las votaciones, pero en
conjunto creemos que han mejorado el texto original por lo que, salvo
algún caso puntual, votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.
Para defender las 21 enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
señora Botejara.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: De la Concha, señor presidente.
Estamos aquí para debatir y votar un proyecto de ley que nos presenta el
Gobierno, se trata de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de
la Directiva Europea relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo. Esto puede parecer sencillo, pero luego no lo es
tanto. Entonces, dicho en otras palabras, aquí se trata de elaborar una
ley propia que tenga como objetivo primordial lograr un alto nivel de
protección de los consumidores, según se explicitaba en la directiva
europea. ¿Qué ley le hubiera gustado a nuestro Grupo Parlamentario
Confederal? Pues nos hubiera gustado una ley muy clara que ofreciera
asistencia gratuita y gestionada, por supuesto, desde lo público. Una ley
que incluyera también a las personas que trabajan como autónomos, que
protegiera a las pequeñas empresas, sobre todo en su relación con otras
sociedades y las grandes corporaciones. Una ley que incluyera como punto
esencial el fortalecimiento del sistema público de arbitraje en materia
de consumo, que lo dotara presupuestariamente, que dotara a las juntas
arbitrales de consumo que ya existen y facilitara la creación de otras
nuevas; que estas juntas tuvieran los medios necesarios tanto humanos
como tecnológicos, que tuvieran capacidad para publicitar sus servicios
de manera que cualquier ciudadana o ciudadano supiera de su existencia,
cosa que ahora desde luego no ocurre. Una ley que respetara las
competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo, la
lengua, obviamente, que permitiese que sean estas las que acrediten a las
entidades de mediación y arbitraje. Una ley que facilitara los trámites
al máximo, que proporcionara a la ciudadanía un servicio moderno, ágil,
gratuito, accesible y, sobre todo, independiente, imparcial y justo. Es
decir, una ley que pusiera los recursos públicos, los impuestos que
pagamos cada día, al servicio de la ciudadanía logrando el objetivo
inicial de esta directiva europea, que es dar la máxima protección a la
ciudadanía en materia de consumo.
Esperamos que tras las votaciones de hoy, al menos quede eliminado el
artículo 26 del proyecto de ley, que en la versión que nos trajo el
Gobierno permite que una empresa contrate y retribuya directamente a las
entidades privadas de resolución alternativa de conflictos. Hubiésemos
preferido que estas entidades quedasen fuera de las acreditadas
oficialmente. Parece que no va a ser así, pero al menos pedimos a sus
señorías que consideren que aquí se plantea un conflicto de intereses
básico, no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, puesto que un
ciudadano o ciudadana de a pie quedaría a merced de la resolución de una
entidad pagada por la empresa con la que precisamente se tiene el
conflicto. Tenemos que decir que según las conversaciones y las
transacciones previas a este debate parece que sí conseguiremos llegar a
un acuerdo, en cuanto a la gratuidad del servicio de resolución
alternativa de conflictos. Asimismo, parece que hay un acuerdo en que no
haya cuantía máxima ni mínima que limite el acceso a estos servicios.
Estas son buenas noticias y aprovechamos para agradecer la disposición al
diálogo de los diferentes grupos, así como el tono que han tenido en las
conversaciones.
Un tema de mucha mayor importancia para nuestro grupo confederal es el
relativo a la resolución de conflictos en el sector financiero y de
seguros, así como en el transporte aéreo. Ambos afectan a un número muy
considerable de personas en temas de máxima relevancia, tanto por su
cuantía económica como por la frecuencia con la que se utilizan estos
servicios. Además, son sectores en los que las quejas y los conflictos
son constantes y a menudo colectivos. El sector financiero incluye
productos tales como bonos, hipotecas o preferentes, todos ellos han sido
portada de los noticiarios y han causado daños económicos y personales
difíciles de cuantificar. Daños que han terminado demasiado a menudo en
desahucios, ruina familiar y económica y en suicidios, daños que como
siempre han sufrido las personas más vulnerables. Por su parte, el
transporte aéreo ha pasado a ser de uso cotidiano y sus señorías
conocerán seguramente de primera mano lo muy complicado y costoso que
resulta enfrentarse a las compañías aéreas, de forma que mucha gente
abandona antes de conseguir resolver el conflicto que se haya producido.
En los dos casos, productos de seguros y financieros y transporte aéreo,
el Gobierno nos propone que sean el Ministerio de Economía y el
Ministerio de Fomento, respectivamente, quienes se ocupen de la
resolución alternativa de litigios. Nuestro grupo confederal considera,
en cambio, que estos organismos responsables de la resolución de litigios
en materia financiera y de transporte aéreo deberían definirse ya en esta
ley, y no quedar al albur o al criterio político del ministro o de la
ministra de turno, dejando cuestiones tan relevantes y que tantas
consecuencias tienen para la ciudadanía en manos de quienes
ostenten el cargo en un momento o en otro. Además, las compañías aéreas
tienen a menudo su sede social en otros países, con lo que el apoyo a
quien acude a una entidad de resolución de conflictos debería ser aún
mayor por parte del Estado, poniendo al alcance de quienes así lo
necesiten recursos tan básicos como la traducción de documentos. Sin
estos servicios el principio de gratuidad quedaría dañado.
Nuestro mundo cambia vertiginosamente, desaparece el comercio local y el
consumo online ha pasado a tener una enorme presencia. Europa se ha
transformado ya en un gran mercado y la ciudadanía se enfrenta a
corporaciones cada vez más grandes y más poderosas. Nuestro deber como
cargos institucionales es proteger a quienes nos han confiado su voto y
sus impuestos, protegerles por encima de cualquier otro interés y por
encima de cualquier de otro compromiso. Esperamos que hoy lo tengamos muy
en cuenta a la hora de votar una ley que va a decidir mucho más de lo que
quizás aparenta. A medida que este gran mercado avanza, la decisión es
tan sencilla que cuesta identificarla. O nos salvamos como colectivo y
damos prioridad al bien común, o esto es un sálvese quien pueda y nos
alineamos con los poderosos y los ganadores de este Monopoly gigante. Las
decisiones que hoy tomaremos inclinarán la balanza hacia uno de estos dos
lados y, por eso, pido a sus señorías que lo consideren.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De la Concha.
Perdón, por la distracción que he tenido.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Todos estamos muy distraídos hoy.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los derechos de los consumidores se convierten en papel mojado y
son derechos virtuales si no existen los procedimientos y los cauces
adecuados para ejercerlos. Se corre el riesgo de establecer una distancia
cada vez más mayor en la relación entre el consumidor y el comerciante.
Tal y como señala la directiva que trasponemos en este proyecto de ley,
el desarrollo en la Unión Europea de un sistema adecuado de resolución
alternativa de litigios es necesario para formar la confianza de los
consumidores en el mercado interior y para desarrollar plenamente el
potencial en las oportunidades del comercio transfronterizo, incluido el
ámbito del comercio en línea; algo que no está desarrollado todavía de
forma suficiente y coherente en todo el ámbito de la Unión Europea. La
directiva obliga a los Estados miembros a garantizar a los consumidores
el ejercicio de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de que sus
reclamaciones sean resueltas por entidades que ofrezcan procedimientos de
resolución de litigios que sean independientes, imparciales,
transparentes, efectivos, rápidos y justos. Asimismo, obliga a los
Estados a que den una adecuada difusión a estos recursos y a velar por la
calidad de los mismos.
El cumplimiento de las normas de protección de los consumidores es
reforzado por los mecanismos alternativos de resolución de litigios. El
favorecer cualquier método alternativo de solución de disputas no
representa un intento de externalización de la función jurisdiccional,
pues no se trata de suplantar a la Administración de Justicia sino de
complementarla, propiciando que los propios interesados alcancen el
arreglo de sus diferencias por cauces amigables en aquellos casos en los
que dada la índole de la materia ello sea posible. Estos métodos
constituyen no tanto una alternativa a la justicia como una justicia
alternativa, algo que resulta especialmente necesario en el ámbito del
consumo por su carácter transnacional y por la situación de
vulnerabilidad del consumidor frente al empresario. El uso de los
mecanismos extrajudiciales, como son la mediación y el arbitraje,
adquiere una mayor idoneidad cuando son tramitados a través de procesos
informales y accesibles, especialmente en línea. Estos procesos en línea
son particularmente idóneos en la resolución de litigios contractuales
que surgen en el mercado digital, pues estas controversias se
caracterizan por su escasa cuantía y por su frecuente internacionalidad.
Por tanto, el ámbito jurisdiccional ordinario de los juzgados y
tribunales suele resultar casi siempre inadecuado, en términos de coste y
de lentitud para determinar la compensación debida en los casos de
incumplimiento contractual.
El proyecto de ley que hoy debatimos entró en esta Cámara en un momento
complicado, coincidiendo con los presupuestos y con importantes carencias
que hemos sabido corregir en el trámite de enmiendas, contribuyendo con
nuestra labor parlamentaria a mejorar la protección de todos los
consumidores españoles. Si me lo permiten, quiero aprovechar para
felicitar y dar las gracias al equipo que ha trabajado con el Grupo
Parlamentario Socialista que ha contribuido para que esto sea así. Como
señalé durante mi
intervención en el Pleno, el proyecto rompía con el principio de gratuidad
de las reclamaciones de los consumidores, posibilitando el cobro de un
coste simbólico de hasta 30 euros. Hoy rectificaremos el texto y
mantendremos el principio de gratuidad en la reclamación entre los
consumidores. Además, el proyecto aprobado por el Gobierno dejaba fuera
las reclamaciones de cuantía menor a 30 euros y mayor a 10 000 euros,
rompiendo nuevamente una tradición que ha sido seguida por las enmiendas
de resolución alternativa de litigios españolas de no establecer
limitación por razón de la cuantía reclamada, puesto que representa una
garantía para los consumidores en sus relaciones con las empresas. Hoy
rectificaremos el texto y eliminaremos los umbrales mínimos y máximos
para admitir a trámite una reclamación.
Asimismo, el proyecto aprobado por el Gobierno permitía la acreditación a
entidades pagadas por el empresario reclamado, apartándose del criterio
seguido por la práctica totalidad de los Estados miembros a este respecto
que han prohibido este tipo de entidades. Hoy rectificaremos el texto e
impediremos la acreditación de entidades de resolución alternativa de
litigios en la que las personas encargadas de la resolución están
empleadas o retribuidas por el empresario reclamado.
El proyecto aprobado por el Gobierno imponía a todo el sistema arbitral de
consumo que dictara sus laudos en un plazo de noventa días, sin dotar a
las juntas arbitrales de recursos materiales y humanos suficientes para
poderlo hacer. Hoy esperamos que resulten aprobadas nuestras enmiendas
para que se apruebe un plan de ayudas a la gestión de las juntas
arbitrales de consumo, que permita dotarlas de medios humanos y
materiales suficientes para poder dictar el laudo arbitral en el plazo de
noventa días que establece la directiva. Dado que el sistema arbitral de
consumo deberá realizar un enorme esfuerzo para adaptarse a este plazo de
resolución, si quiere ser acreditado, pospondremos para otro momento
algunas medidas de impulso desde las administraciones públicas a la
adhesión de las empresas a los sistemas extrajudiciales de resolución de
conflictos en materia de consumo.
Por otro lado, el proyecto aprobado por el Gobierno ha sido escasamente
sensible a las competencias asumidas por las comunidades autónomas en
materia de protección de los consumidores. Hoy aprobaremos un texto
respetuoso, en el marco constitucional de distribución de competencias,
que tenga en cuenta las competencias asumidas por algunas comunidades
autónomas en materia de mediación.
Según la memoria de reclamaciones del Banco de España, durante el año 2016
se presentaron ante el Banco de España 14 462 reclamaciones, y según la
información disponible, hasta el primer cuatrimestre de 2017 se han
registrado ya más de 8000 reclamaciones. Del total de resoluciones
emitidas durante 2016, un 71,1 % finalizó en un sentido favorable a los
intereses del reclamante, lo que demuestra que se trata de un sector en
el que se necesita reforzar los mecanismos de garantía de los derechos de
los usuarios. Hoy daremos un paso importante para que esto se haga.
Por lo que respecta a las compañías aéreas se trata también de un sector
muy reclamado por los consumidores y en el que es necesario reforzar,
como hacemos a través de esta ley, los mecanismos de garantía de los
derechos de los usuarios del transporte aéreo. Hoy daremos también un
paso importante para que esto se lleve a cabo.
Señorías, hoy aprobaremos dos enmiendas, entre otras, de capital
importancia que han supuesto auténticos quebraderos de cabeza y una
pesadilla para los consumidores. Fruto de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista y de la negociación de las enmiendas
que hemos llevado a cabo aprobaremos, por un lado, la obligatoriedad de
las entidades financieras de someterse al procedimiento de resolución de
litigios en materia de consumo ante la entidad acreditada que se cree en
este ámbito, y por otro lado, la obligatoriedad y el carácter vinculante
para las compañías aéreas de someterse al procedimiento de resolución de
litigios en materia de consumo ante la entidad acreditada que se cree en
este ámbito.
Creo que hoy podemos sentirnos satisfechos en esta Comisión por el grado
de entendimiento alcanzado con la mayoría de los grupos y por la
contribución de nuestro trabajo parlamentario en mejorar la protección de
los consumidores españoles. Nuestro objetivo con la formulación de las
enmiendas al texto del proyecto era mejorar la protección de los
consumidores. Ese mismo objetivo ha marcado la negociación de las
enmiendas que hemos mantenido con otros grupos. Hoy en el Grupo
Parlamentario Socialista nos sentimos especialmente satisfechos porque
sentimos que nuestro trabajo ha redundado en una mejor protección de los
consumidores españoles y europeos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tundidor.
Ahora para fijar su posición, por el Grupo Popular, intervendrán dos
portavoces. En primer lugar, intervendrá la señora Torres, a quien
avisaré a los siete minutos y medio, para que se repartan el tiempo.
La señora TORRES TEJADA: Muchas gracias, señor presidente, pero utilizaré
menos minutos.
Hay que dejar claro que el objetivo que traía esta proposición de ley era
la trasposición de la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución
alternativa de litigios en materia de consumo. A partir de ahí se fue muy
fiel y respetuoso con una correcta trasposición de lo que era esta
directiva. Una vez presentado este proyecto de ley, el esfuerzo que han
llevado a cabo todos los grupos ha sido enorme para darle una mayor
cabida o un mayor margen para que tuviera la gran repercusión que debe
tener ante todos los consumidores, que es para quienes se va a aplicar
esta ley, pero no solo para todos los ciudadanos nacionales sino también
para los ciudadanos europeos. Por tanto, hay que reconocer el gran
esfuerzo que hemos hecho por parte de todos para intentar incorporar el
máximo volumen de enmiendas, ya que de las 116 enmiendas presentadas se
han llegado a transaccionar un total de 58 enmiendas.
Sin embargo, no todas las enmiendas han podido ser admitidas, puesto que
había algunas que no se adecuaban literalmente a la trasposición de la
norma, otras se extralimitaban de la directiva y unas cuantas trataban
temas de otras normativas como era la Ley de Contratos del Sector
Público, que evidentemente se prefiere dejar al margen. En definitiva,
había enmiendas que interferían las competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas, que han tenido que ser desechadas porque no era el
objeto de la directiva. Había algunas enmiendas que vulneraban o
limitaban el contenido de esta directiva, poniendo en peligro la garantía
de independencia e imparcialidad de los procedimientos, o que establecían
requisitos, garantías u obligaciones no previstas en la directiva y que,
por tanto, no podíamos incorporar. Asimismo, se han tenido que desechar
aquellas enmiendas que eran contrarias a la legislación general en
materia de consumo y a otras leyes complementarias e incluso aquellas que
trataban de incorporar al proyecto algunas que no necesitaban
trasposición por ser de aplicación directa por los Estados miembros, así
como aquellas susceptibles de introducir elementos de confusión o
inseguridad jurídica o aquellas que no se adecuaban a las directrices
sobre técnicas normativas vigentes. En definitiva, se ha hecho un gran
esfuerzo, ya que en total han sido 58 las enmiendas incorporadas a este
proyecto de ley. Sin embargo, había que tener mucho cuidado porque
-insistimos- el límite era trasponer una directiva europea y era muy
importante ser muy respetuosos con la normativa.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor De Arriba.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidente, señorías, este proyecto de ley que
traemos hoy aquí a esta Comisión establece los requisitos mínimos y
armonizados de calidad que deben reunir las entidades encargadas de
gestionar mecanismos extrajudiciales de solución de litigios, que
voluntariamente solicitan la acreditación para ser notificadas e
incluidas en un listado único consolidado de la Comisión Europea.
Asimismo, este proyecto de ley regula el procedimiento para la
acreditación de las entidades de resolución alternativa de litigios y
establece las obligaciones que deben asumir dichas entidades. La
finalidad del proyecto es garantizar a los consumidores residentes de la
Unión Europea la posibilidad de resolver litigios con empresarios
establecidos en cualquier Estado miembro; litigios de carácter nacional o
transfronterizos relativos a obligaciones contractuales derivadas de
contratos de compraventa o de prestación de servicios suscitados por el
consumidor, ya sean en línea o no. Por tanto, este proyecto contribuye a
través de un alto nivel de protección del consumidor al buen
funcionamiento del mercado interior, garantizando que en el ámbito de la
Unión Europea se puede acceder a mecanismos extrajudiciales de litigios
en materia de consumo independientes, imparciales, transparentes,
efectivos, rápidos y justos.
Con esta norma se facilita a los consumidores que los posibles problemas
derivados de sus contratos con los empresarios puedan encontrar una
solución, sin tener que recurrir a la vía judicial. Los consumidores
residentes en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea
tendrán la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con
empresarios establecidos en España, acudiendo a entidades de resolución
alternativas de calidad que hayan sido acreditadas por la autoridad
competente e incluidas en un listado nacional de entidades acreditadas,
el cual será trasladado a la Comisión Europea para que sea incluido en el
listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados
miembros de la Unión Europea. Son las propias entidades las que
voluntariamente podrán solicitar su acreditación ante
la autoridad competente que proceda, quien dictará resolución tras
realizar un análisis y evaluación del cumplimiento por las mismas de
todos los requisitos exigidos en esta ley.
En este aspecto -ante la autoridad competente que proceda- es donde
fijamos el punto de partida para destacar los avances que se han
producido durante la tramitación parlamentaria, en el sentido del
reconocimiento de forma explícita de nuestra distribución competencial,
pues si bien el texto presentado por el Gobierno reconocía en el artículo
27.1 la posibilidad de que en el futuro existieran otras autoridades
competentes para la acreditación, han sido numerosas las enmiendas
reclamando el reconocimiento de las comunidades autónomas en materia de
consumo, por lo que ya se recoge de forma expresa en dicho artículo las
competencias de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla para designar una autoridad competente para la acreditación de
entidades de resolución alternativa establecidas en su ámbito
territorial, pero siempre dentro de sus competencias. Con ello se han
atendido diversas enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que
iban en este sentido. También se atenderá la sensibilidad de los
distintos territorios, en concreto, de aquellos que tienen lenguas
cooficiales, como no podía ser de otra forma, reconociendo este hecho e
incorporando a lo largo del articulado la obligación de estas entidades
de garantizar el uso del castellano, y cuando lo haya, el uso de la
lengua cooficial de la comunidad donde se encuentre establecida la
entidad. En definitiva, entendemos que se han atendido las pretensiones
en este aspecto competencial, pero dentro del marco de nuestra
Constitución.
Se han tenido en cuenta y se han incorporado propuestas que sin duda
colaborarán en la mejora del acceso de los consumidores por estos
sistemas extrajudiciales de resolución de litigios, reconociendo la
gratuidad de los mismos para los consumidores con carácter general,
eliminado además la posibilidad de que se acrediten personas empleadas o
retribuidas por el empresario, pese a que en el proyecto que presentó el
Gobierno se exigían para ellas unas garantías adicionales para su
acreditación que despertaban -por qué no decirlo- cierto recelo acerca de
su imparcialidad.
También se eliminan causas de inadmisión. La directiva establece unas
causas tasadas de inadmisión a las que pueden acogerse las entidades,
siempre como máximo. De esas causas se ha retirado la posibilidad de
inadmitir, en función de unos umbrales mínimos o máximos del importe de
la reclamación. Si bien en el texto presentado ya se habían establecido
suficientes garantías para el consumidor, tanto en los procedimientos
vinculantes como no vinculantes, se ha atendido a alguna enmienda que
abundaba en ese reforzamiento de la posición del consumidor, tal y como
se hará con la nueva redacción del artículo 10, referido a la defensa y
al asesoramiento de las partes, estableciendo que pese a que las partes
no están obligadas a actuar asistidas de abogado o asesor jurídico, sí
vendrán obligadas a comunicarlo a la entidad en los tres días siguientes
a la presentación de la reclamación cuando vayan a hacer uso de algunas
de estas figuras.
Por otro lado, se ha atendido el dejar constancia expresa a lo largo del
articulado que estos procedimientos deben ser fáciles para los
consumidores, con menciones del tenor de fácil identificación,
identificable, etcétera. Se establecen más requisitos para garantizar la
independencia de las personas que resuelven y se incorpora la posibilidad
de interponer una reclamación ante la entidad de resolución cuando las
partes entienda que hay un anormal funcionamiento de la entidad, falta de
independencia o de imparcialidad, debiendo la entidad dar traslado de
dicha reclamación a la autoridad competente. Se precisa más el papel del
Centro Europeo del Consumidor en la asistencia que presta a los
consumidores en sus reclamaciones.
Asimismo, se atienden las enmiendas para acortar el plazo a ocho meses
frente al año que figuraba en el proyecto para la remisión por el
Gobierno a las Cortes Generales de un proyecto de ley que regule el
sistema institucional de protección del cliente financiero, recogiendo
además la obligación de las entidades financieras de participar en los
procedimientos que lleve a cabo dicha entidad acreditada. Entendemos que
establecer por ley la aceptación obligatoria de este procedimiento por
parte de las entidades financieras sin duda será un gran avance en la
resolución de conflictos en un sector que en los últimos años ha sido
centro de numerosas reclamaciones. En el proyecto de ley ya estaba
prevista la acreditación de una entidad para resolver los conflictos de
dicho sector, estando reconocida la obligación para las compañías aéreas
de aceptación de dicha entidad y además se ha establecido -se ha ido un
paso más allá- el carácter vinculante del resultado para el empresario.
Se atienden las enmiendas, al recoger de forma expresa que los intereses
de los consumidores estarán representados por las organizaciones de
consumidores y usuarios constituidas con arreglo a la normativa estatal o
autonómica de protección a los consumidores. También se han atendido las
enmiendas que abundaban en la obligación de los empresarios de facilitar
información de estos sistemas.
En resumen, nos encontramos ante una ley que sin duda dará un nuevo
impulso a la resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo,
que va a mejorar las relaciones entre consumidores y empresarios y que
impulsará el comercio electrónico y el comercio transfronterizo. Ha sido
un gran trabajo el que ha realizado el Gobierno con este proyecto, pero,
sin duda, sale enriquecido de esta Cámara -o eso esperamos- con las
aportaciones de todos los grupos parlamentarios.
Me gustaría destacar, al igual que ha hecho mi compañera, el clima de
diálogo y de interlocución que se ha mantenido con los distintos grupos
parlamentario en las distintas reuniones, así como la permeabilidad de
los grupos y de sus señorías. Quiero dar las gracias al Grupo Socialista,
al Grupo Ciudadanos, al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, al Partido Nacionalista Vasco, al PDeCAT,
así como a Esquerra Republicana por su buen talante de diálogo y sus
aportaciones. (El señor Olòriz Serra pronuncia palabras que no se
perciben). He dicho que doy las gracias también a Esquerra, se ha oído
bien ¿no? (Risas).
En las decisiones hay que incorporar la retroalimentación, yo creo que
estamos obligados a ello. Cuando la percepción general pasa de ver el
vaso medio lleno a verlo medio vacío, creo que siempre se darán grandes
oportunidades de mejora. Por ello, quiero reiterar mi agradecimiento por
las aportaciones y el entendimiento mostrado con los distintos grupos,
incluido el grupo de trabajo técnico también que ha tenido detrás el
Partido Socialista. Es muy importante, en el ejercicio de la libertad
parlamentaria que todos tenemos, que podamos desde nuestro grupo
parlamentario solicitarles ese apoyo, porque entendemos que es un texto
que nos va a proteger a todos como ciudadanos y consumidores, para
garantizar que esa transparencia, honestidad y justicia de las
transacciones económicas entre personas físicas y jurídicas sean
efectivas. Me gustaría sobre todo solicitar su apoyo y su voto favorable
para hacer que nuestro país siga siendo una referencia en la protección
de los consumidores.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Arriba.
Acabada las intervenciones, vamos a...
La señora NOGUERAS I CAMERO: Solo quiero decir una cosa que no he dicho, y
me gustaría que constara en el Diario de Sesiones. Nosotros agradecemos
mucho el esfuerzo y el trabajo del señor De Arriba. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Pues constan en el Diario de Sesiones los
agradecimientos intercambiados entre todos los grupos, porque parece que
el clima ha sido bueno tanto en la ponencia como en los pasillos.
Señorías, antes de pasar a las votaciones vamos a realizar una prueba del
sistema de votación electrónico. (Pausa).
Empezamos las votaciones.
Votamos la enmienda de subsanación de la incorrección técnica en el
artículo 13 párrafo segundo. Comienza la votación. Es la técnica que se
ha repartido a todos los grupos. Es simplemente técnica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a
favor, 15; en contra, 13; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Empezamos a votar las enmiendas. Empezamos por las del Grupo Mixto y vamos
a votar, en primer lugar, la enmienda transaccional a su enmienda número
22.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 37.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos ahora la enmienda número 15 del Grupo Mixto.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Perdón, la número 15 ya estaba rechazada
(sic).
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo va a estar rechazada? ¿Cuándo se ha votado?
La señora NOGUERAS I CAMERO: ¿Por qué las votamos, si ya nos las aceptan?
La señora NOGUERAS I CAMERO: Yo dejaría solo viva la enmienda número 22.
El señor PRESIDENTE: Hago una pregunta previa. ¿El Grupo Mixto mantiene
alguna de las enmiendas o las retira?
La señora NOGUERAS I CAMERO: Mantenemos solo la enmienda número 22, tal y
como hemos dicho.
El señor PRESIDENTE: Entonces no hay que votar más.
Quedan retiradas las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26 y 27 del Grupo Mixto.
Grupo Parlamentario Vasco. Según me consta tiene transaccionadas todas sus
enmiendas.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Hay una que está viva, la enmienda número 14.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar,...
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Mi grupo quería admitir alguna de las
enmiendas del PDeCAT. Si ella retira las enmiendas ya no tenemos que
admitir nada. Pero nosotros a priori estaríamos a favor de aceptar las
enmiendas números 18, 20 y 23 del PDeCAT.
El señor PRESIDENTE: Todos se han felicitado por el trabajo entre unos y
otros, pero no lo han concluido.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Hay una serie de enmiendas de los grupos a las
que somos favorables.
El señor PRESIDENTE: Esto va bastante mal, porque no se podrían resucitar
enmiendas que se han retirado ya. Si quieren los grupos doy tres minutos
para que se aclaren -tres minutos- porque parece que todavía no está
claro cómo vamos a votar y qué. Tres minutos. (Pausa).
¿Podemos reanudar las votaciones? (Asentimiento). Previamente, como parece
que ha habido un error en la retirada de una serie de enmiendas, aclaro
que se pueden recuperar las enmiendas números 18, 20 y 23 siempre que
haya unanimidad. ¿Hay unanimidad para esto? (Asentimiento). ¿Las podemos
votar además conjuntamente? (Asentimiento). Vamos a votar las enmiendas
números 18, 20 y 23 del Grupo Mixto.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a
favor, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Hay unas
transacciones a las enmiendas números 11, 12 y 13. ¿No sé si se pueden
votar también conjuntamente? (Asentimiento). Vamos a votar las
transacciones a las enmiendas números 11, 12 y 13 del Grupo Parlamentario
Vasco.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a
favor, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar ahora la enmienda número 14 del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 11; en contra, 22; abstenciones, 4.
Pasamos a votar la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a
favor, 3; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos
empezando por la transaccional que tiene a su enmienda número 5.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas que se mantienen vivas.
La enmienda número 7 está retirada. Votamos en primer lugar la enmienda
número 4, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 27; en contra, 7; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda número 6.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a
favor, 3; en contra, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 9, también del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 3; en contra, 31; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 28; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Empezaremos por las
transaccionales que tienen a las enmiendas números 97, 103, 111 y 116.
¿No sé si se pueden votar también conjuntamente? (Asentimiento). Vamos a
votar estas transacciones.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 34; abstenciones, 3.
Vamos a votar ahora las enmiendas del Grupo Socialista, sabiendo, en
primer lugar, que están retiradas las números 49, 63, 64, 65, 66, 67, 84,
91 y 95. Dentro de las transacciones que vamos a pasar a votación están
incorporadas las números 28, 36, 37, 38, 39, 42, 89, 93 y 94. Hay
transacción a las enmiendas números 29, 32 -que afecta a la 33-, 34 -que
afecta a la 35-, 41, 43, 44, 45, 47, 52 -que afecta a la 53-, 54, 56, 57,
58, 59, 71, 72, 74, 75, 77, 78, y van juntas las enmiendas números 80,
86, 87, 88 y 60 del Grupo Socialista. ¿Las podemos votar conjuntamente?
Se pueden agrupar de alguna otra manera si hay algún grupo que quiere que
se agrupe de otra manera.
El señor MONTERO SOLER: ¿A cuál afecta la número 60?
El señor PRESIDENTE: La número 60 afectaba, según tengo aquí entendido, a
la 80, 86, 87 y 88. Es transacción. No se votan esas enmiendas en sí
mismas. ¿Quieres que votemos esta parte?
El señor MONTERO SOLER: No, que se vote en conjunto.
El señor PRESIDENTE: Todas juntas. Todas las transacciones se van a votar
juntas. Vamos a votar todas las enmiendas transaccionadas de las
presentadas por el Grupo Socialista. Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 34; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Socialista
empezando por la enmienda número 30.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la enmienda número 31.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la enmienda número 40.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a
favor, 33; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos ahora a votar la enmienda número 46.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 32; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 48.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la enmienda número 50.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la enmienda número 83.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Tenemos que repetir la votación. Votamos la enmienda
número 83.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a
favor, 14; en contra, 13; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).
Vamos a ver, si se empata en una votación, se repite la votación y si se
vuelve a empatar la segunda vez es cuando entra el voto ponderado.
La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Yo no digo que no sea así.
Digo lo que dijo el letrado.
El señor PRESIDENTE: Da igual. Hemos dicho "comienza la votación". Lo
siento. Es que el letrado no tiene que decir cuándo se pone en marcha la
votación, lo dice el presidente de la Comisión. Ha puesto en marcha la
votación, se ha votado y se ha obtenido este resultado. La enmienda
número 83 ha sido aprobada por 14 votos a favor, 13 en contra y 5
abstenciones. Es así, lo siento.
La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Creo que nos ha confundido.
Aunque sea así, pero nos confundió diciendo "espera un momento".
El señor PRESIDENTE: Yo no he dicho "espera un momento" a nadie.
La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): No, lo dijo el letrado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con las votaciones.
Votamos a continuación la enmienda número 85.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda número 90.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.-El señor De Arriba Sánchez
pronuncia palabras que no se perciben).
Debieran moderar también sus expresiones, porque si se han equivocado a la
hora de votar o no han estado atentos, lo siento. No hay turno de palabra
sobre esta cuestión.
Votamos la enmienda número 92.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a
favor, 17; en contra, 14; abstenciones, 6.
