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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 270, de 21/06/2017
cve: DSCD-12-CO-270
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 270
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles,
21 de junio de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

- De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo y del diputado don Gregorio Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre grado de ejecución y cuantía invertida en la partida contemplada en los presupuestos de 2015 para Granada del proyecto denominado "Central Hidroeléctrica El Portillo" (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/003175). (Número de expediente 181/000214) ... (Página3)

- Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez y de la diputada doña Micaela Navarro Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre volumen de inversión ejecutada en la partida "Central Hidroeléctrica Puente de la Cerrada" durante el año 2015 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/005659). (Número de expediente 181/000324) ... (Página3)

- De la diputada doña María Rosa Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre trasposición de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética (procedente de la pregunta escrita al Gobierno con número de expediente 184/003952). (Número de expediente 181/000357) ... (Página3)

- De la diputada doña María Rosa Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre decisiones


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adoptadas por el Consejo Europeo de Energía sobre seguridad en el abastecimiento de gas (procedente de la pregunta escrita al Gobierno número de expediente 184/005804). (Número de expediente 181/000358) ... (Página3)

- Del diputado don Sergio Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre contratos formalizados por Paradores de Turismo de España para la prestación de servicios de representación, relaciones públicas y/o publicidad con terceros (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/010672). (Número de expediente 181/000381) ... (Página3)

- Del diputado don José Luis Martínez González, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para resolver la crisis de las reclamaciones gástricas por turistas ingleses. (Número de expediente 181/000409) ... (Página5)

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la sentencia del Tribunal Supremo 1966/2016 por la que se anula el Plan de Emergencia Exterior de la Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa) de Mugardos (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000163) ... (Página7)

- Por la que se insta al Gobierno a desarrollar la normativa relativa a otorgar autorizaciones de emisión a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001952) ... (Página11)

- Sobre destinos turísticos inteligentes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000574) ... (Página15)

- Relativa a continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000599) ... (Página18)

- Sobre protección de los derechos digitales de la ciudadanía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001720) ... (Página23)

- Por la que se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001857) ... (Página27)

- Relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001958) ... (Página32)

- Sobre contadores inteligentes. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001923) ... (Página37)

- Relativa al proceso de segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones en Ferroatlántica S.A. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000857) ... (Página42)


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Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO Y DEL DIPUTADO DON GREGORIO CÁMARA VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE GRADO DE EJECUCIÓN Y CUANTÍA INVERTIDA EN LA PARTIDA CONTEMPLADA EN LOS PRESUPUESTOS DE 2015 PARA GRANADA DEL PROYECTO DENOMINADO "CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL PORTILLO" (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/003175). (Número de expediente 181/000214).

- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ Y DE LA DIPUTADA DOÑA MICAELA NAVARRO GARZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VOLUMEN DE INVERSIÓN EJECUTADA EN LA PARTIDA "CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUENTE DE LA CERRADA" DURANTE EL AÑO 2015 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/005659). (Número de expediente 181/000324).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA SOBRE TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 25 DE OCTUBRE DE 2012, RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA ESCRITA AL GOBIERNO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/003952). (Número de expediente 181/000357).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA SOBRE DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EUROPEO DE ENERGÍA SOBRE SEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE GAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA ESCRITA AL GOBIERNO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/005804). (Número de expediente 181/000358).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Se han suprimido cuatro preguntas del orden del día, las contempladas con los números 1º, 2º, 3º y 4.º Vamos empezar con las preguntas numeradas como 5º y 6º y posteriormente pasaremos al debate de proposiciones no de ley. Para que le quede claro a todo el mundo, las proposiciones no de ley serán debatidas en el orden en el que están, pero la segunda que debatiremos es la que figura con el número 14º, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a desarrollar la normativa relativa a otorgar autorizaciones de emisión a servicios de comunicación comunitarios. Y la que figura con el número 10º, relativa al proceso de segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones en Ferroatlántica, será la última que debatiremos. Con esas dos únicas variaciones, el resto del orden del día se mantendría.

- DEL DIPUTADO DON SERGIO PASCUAL PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE CONTRATOS FORMALIZADOS POR PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y/O PUBLICIDAD CON TERCEROS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/010672). (Número de expediente 181/000381).

El señor PRESIDENTE: Para la formulación de la primera pregunta tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Pascual Peña.

El señor PASCUAL PEÑA: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señora secretaria. Quiero comenzar diciendo que me resulta curioso que después de haber preguntado prácticamente a todos los ministerios, el de usted, en particular en esta cuestión de Paradores, es el único que reiteradamente me ha advertido que me iba a responder exclusivamente con el tener literal de aquello que me han mandado por escrito, mal y tarde. No sé si eso responde a que no se sienten demasiado seguros de su gestión, si responde a que no tienen demasiado aprecio por esta Cámara o a que tienen algo que ocultar -espero que no-. Verá usted como son preguntas razonables y sencillas que no tiene por qué esquivar.


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Le preguntaba por escrito por las estancias en hoteles, prebendas, gastos en relaciones públicas, dietas, privilegios en Paradores de Turismo de España, pero le acoto un poco más la pregunta para hacerlo más sencillo. Le doy algunos datos sobre la misma. ¿La presidenta de Paradores, la señora Alarcó, tiene un sueldo anual de 173 000 euros y un coche oficial, con chófer? ¿La señora Alarcó ha alojado a familiares y parientes con tratamiento VIP y con precios especiales? ¿Ha habido campeonatos de bridge entre personas cercanas a la señora Alarcó en Paradores con tratamiento VIP y a precios especiales? ¿Es cierto que la mayoría de los Paradores poseen viviendas de dirección para que se aloje el director y su familia? Cuando un director vive en un parador con su familia, ¿es cierto que el personal de limpieza del parador limpia la vivienda del señor director donde habita con su familia? ¿El director del parador y su familia comen en el comedor de clientes cuando viven en la vivienda del parador mientras que el resto de empleados del establecimiento comen en el familiarmente llamado comedor de familia? Por cierto, ¿por qué no se evitan estas preguntas que les hago y vuelven a publicar la memoria anual o las cuentas anuales de la Red de Paradores?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pascual Peña.

Tiene la palabra la señora secretaria de Estado de Turismo, señora Asíain.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (Asíain González): Señor presidente, señorías, cuando se ha hecho la introducción a la pregunta me parecía excesivo advertirle que se tenía que ceñir a la pregunta formulada, pero después de haberle escuchado creo que toda precaución ha sido poca. Yo le voy a contestar a la pregunta que usted ha formulado, sin perjuicio de estar a su disposición, como no puede ser de otra manera, para contestar a todas aquellas preguntas que usted considere más adecuado realizar en la labor que tiene asignada como diputado y, por tanto, representante de la soberanía nacional.

En contestación a la pregunta que usted ha formulado, cuyo texto no reitero para evitar inútiles repeticiones, le contesto lo siguiente: La entidad Paradores tiene contrato de representación en el extranjero con empresas turísticas a las que se les retribuye a razón de un porcentaje de comisión sobre las reservas intermediadas por ellas. Además, tiene anualmente el servicio de la central de medios, mediante licitación. En 2016 también se llevaron a cabo acciones promocionales conjuntas con estas empresas de representación en el extranjero, por las que se aportaron 20 700 euros. También hasta 31 de diciembre de 2016 existía un contrato de representación con agentes, que percibían una retribución fija por su labor de representación. que para el conjunto de ellos ascendió a 40 000 euros en 2016. Estos contratos no han sido renovados en 2017. Ninguno de estos contratos incluye partida alguna para gastos personales o de representación, o representaciones públicas al personal de dirección de Paradores. Todas las cantidades abonadas a representantes en el extranjero o en la ejecución de contratos de publicidad se pagan mediante transferencia bancaria. En el conjunto de Paradores la cuenta de relaciones públicas ascendió a 28 079 euros en el año 2016. La fórmula de abono de estos gastos es o en efectivo o mediante transferencia bancaria, siempre contra factura, no existen pagos mediante tarjetas de crédito a nombre de Paradores. Esto es todo cuanto tengo a bien informarle.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado de Turismo.

Señor Pascual Peña.

El señor PASCUAL PEÑA: Confirmo que parece que no tiene demasiado interés en aclarar mucho, porque se ciñe usted a leer el tenor literal del texto, sin dar ningún detalle adicional. Está usted en la casa de la soberanía popular y sería una buena oportunidad para dar más explicaciones en lugar de ponerse tanto a disposición. Además, le doy una oportunidad para que se explique usted y no tengamos que conocer por los periódicos algunas de las vergüenzas con las que nos deleita la señora Alarcó al frente de Paradores. Le voy a leer algunas.

La señora Alarcó se estrenó con un ERE de 350 personas a comienzos del año 2013 y manteniendo la congelación de los sueldos de 2012. La señora Alarcó era presidenta cuando su adjudicó un estand en Fitur a la empresa Marba, S.L., cuya propietaria era la mujer del director general de Paradores en aquel momento. La señora Alarcó inauguró en 2015 el Parador de Monterrei, junto con el señor Feijòo, parador que ya se sabía entonces que no iba a ser rentable y que la justicia ha certificado que incumplía varias normas urbanísticas y de cultura. La señora Alarcó compatibilizó la presidencia de una entidad pública con la administración de una de las sociedades de Rodrigo Rato, Rodanman Gestión 3, que participa en Bagerpleta,


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la del hotel de Berlín, que los jueces y fiscales dicen que se utiliza para blanqueo de capitales. Y la señora Alarcó ahora mismo sigue incorporando personal de dirección a su gusto: un director de marketing y comunicación, una directora de ingresos y distribución, un director de estrategia de inmuebles...

El señor PRESIDENTE: Señor Pascual Peña, le ruego vaya concluyendo.

El señor PASCUAL PEÑA: Termino.

... cuando ya hay directora de estrategia de inmuebles.

No me voy a extender más. Creo que estas son noticias que usted conoce. Lo que debería contarnos a nosotros aquí es en qué fecha va a cesar usted a la señora Alarcó. Como no creo que me responda, al menos dígame cuándo van a retirar la placa del Parador de Plasencia en honor al señor Rato que es un tipo que hace ya cuatro meses que está condenado por el caso Bankia de las tarjetas black.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.

Señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (Asíain González): Los señores diputados tienen a su disposición todos los instrumentos legales para ejercer su labor. En este caso se ha recurrido al instrumento de la pregunta parlamentaria y debo cumplir con mi obligación que es suministrarle los datos que su señoría me ha solicitado. Si su señoría tiene a bien formular cualquier otro instrumento jurídico que considere conveniente, estaré encantada de estar a disposición para responderle.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE MEDIDAS PARA RESOLVER LA CRISIS DE LAS RECLAMACIONES GÁSTRICAS POR TURISTAS INGLESES. (Número de expediente 181/000409).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta que la formula el señor Martínez González, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Buenas tardes, señora secretaria.

El pasado 29 de marzo leía en el periódico El Mundo esta noticia: España da diarrea a los británicos. No puedo dejar de transmitir mi perplejidad ante este titular, entre chusco y grotesco, siendo España el primer destino vacacional del mundo, el primer destino por competitividad y el tercer destino por número de visitantes, porque no sé si nos transmite que España no es un destino seguro, cuando el año pasado recibimos 77 millones de turistas.

Investigando en la noticia, me di cuenta de que había un trasfondo que se está extendiendo por nuestros principales destinos turísticos, podemos decir casi que es una estafa de una manera organizada, donde hay auténticos gestores de reclamaciones que se dedican a buscar clientes en las puertas de los hoteles, en la Costa Brava, en Canarias, en Baleares. Los representantes del sector hablan de que esta tendencia se ha incrementado con respecto a otros años en un 700 % y está generando una merma en el sector en torno a 60 millones de euros. Me gustaría que el Gobierno respondiera sobre qué medidas está adoptando en ese sentido para resolver la crisis de las reclamaciones gástricas por turista inglés.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Señora Secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (Asíain González): Efectivamente, en los últimos años y en particular durante la temporada del verano 2016 se ha producido un sustancial incremento de reclamaciones por turistas británicos que viajan a España, muy en especial en la modalidad del todo incluido. Este aumento se debe, entre otras razones pero fundamentalmente, a la agresiva actuación de las compañías de abogados británicas que anuncian entre las personas residentes en Reino Unido que han tomado vacaciones en España que pueden realizar reclamaciones y que ni siquiera tienen que hacer frente al pago de costas procesales o de abonos, sino que directamente los abogados, una vez obtenida la reclamación, disminuyen del importe de la indemnización que se les haya concedido el importe de los gastos.


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Estos bufetes de abogados por supuestas intoxicaciones alimentarias sucedidas en España, para entender la magnitud del problema o cuál es el fenómeno al que nos enfrentamos y sobre el que usted pregunta, se valen del largo plazo de periodo que existe en Reino Unido para hacer frente a estas reclamaciones; se pueden hacer hasta tres años después, y si es un menor de edad hasta tres años después de haber cumplido la mayoría de edad; es decir, que una familia que venga a España dispone de tres años después de su retorno -es un periodo amplio-, pero si trae a un niño de siete años, el niño puede llegar hasta los 18 años, o hasta la edad en que se reconozca en Reino Unido la mayoría de edad, y después tiene tres años más para reclamar. Evidentemente esta cuestión está generando un notable daño a determinados hoteleros y también a la imagen de España como país receptor de turistas internacionales, fundamentalmente de Reino Unido que es nuestro principal país emisor.

¿Dónde está uno de los focos de la cuestión que nos hemos planteado? Uno de ellos es bastante importe, a mi juicio, y es que los hoteleros, no las grandes compañías que pueden tener más margen de libertad al negociar con los touroperadores, firman una cláusula en la cual se acogen al derecho británico y además se acogen a la posibilidad de que el touroperador podrá, del importe de la liquidación que le haga al hotelero, deducir la indemnización que haya logrado en los juzgados, de manera tal que es muy fácil para el touroperador proceder a descontar al hotelero el importe de las indemnizaciones que, según el cálculo que se ha estimado, pueden estar alrededor de los 50 millones de euros, cantidad efectivamente muy significativa. El tema es que una vez que se ha firmado esta cláusula y se acoge al derecho británico, pues, como decíamos el derecho británico es muy protector de los derechos de los consumidores, es un régimen jurídico que se ha aprobado pensando en proteger al consumidor y no en esta derivación abusiva, se admite como prueba de que se ha producido esta supuesta intoxicación con una factura del hotel donde se ha permanecido y una factura de los medicamentos que se han adquirido. Evidentemente estos bufetes de abogados funcionan bien mediante vehículos que se ponen cerca de los establecimientos turísticos donde se alojan las personas que potencialmente pueden reclamar o mediante las redes sociales.

¿Qué ha producido esta cascada de reclamaciones? ¿Qué ha hecho el Gobierno de España ante estas circunstancias? Ha actuado ante las autoridades británicas y esto ha hecho que el Foreign Office pusiera un aviso en los medios británicos anunciando que las denuncias, si se acreditaba que eran falsas, podían constituir crime, como dicen ellos, delito. Además, esta secretaría de Estado ha tenido múltiples reuniones con las oficinas internacionales, en particular con la de Londres, con la embajada, con miembros del Gobierno inglés para ver cómo podríamos enfocar esta cuestión. Aparte de las medidas de difusión que se han hecho en el Reino Unido para informar correctamente de los perjuicios que les puede causar si se acreditara que estas reclamaciones son fraudulentas.

Para terminar le diré que se está tratando de modificar la legislación británica, no para hacerla que proteja menos a los consumidores, no, me parece muy bien que se proteja a los consumidores, pero sí que se exijan pruebas más concluyentes de que verdaderamente se ha producido una intoxicación en España. En ello estamos, en esos cambios legislativos para ver si se puede cambiar. Como comprenderán no es fácil realizar un cambio legislativo en otro país.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asíain González.

Señor Martínez González.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Que el Gobierno sea contundente con la respuesta, porque no podemos empañar la imagen de la apuesta por el turismo de calidad y de la excelencia que lleva España en los últimos años, que no se vea empeñada por redes organizadas para estafas de este tipo porque creo que llegaban a poner hasta coches delante de la puerta de los hoteles para captar clientes. Leer la noticia y seguirla es preocupante y espero que el Gobierno esté defendiendo al sector y apoyando a los hoteleros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez González.

Señora secretaria de Estado. Ya había consumido su tiempo.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (Asíain González): Seré muy breve. En ello estamos. Prueba de ello son las actuaciones que he relatado y, dado que la aplicación del derecho británico se hace por la firma de las cláusulas que los propios hoteleros se ven obligados a firmar


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para el desarrollo de su negocio, nosotros animamos a que aquellos hoteleros, aquellos turistas o aquellas personas nacionales que conozcan que están apostados estos vehículos, denuncien, por que esos hechos, si se han producido en España, pueden ser objeto de una actuación por la fiscalía.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado de Turismo.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1966/2016 POR LA QUE SE ANULA EL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR DE LA REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S. A. (REGANOSA) DE MUGARDOS (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000163).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a debatir las proposiciones no de ley. La primera es la que figuraba con el número 7º del orden del día, relativa a la sentencia del Tribunal Supremo 1966/2016, por la que se anulaba el plan de emergencia exterior de la Regasificadora del Noreste, S.A., Reganosa, de Mugardos, en A Coruña. Es del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y para su defensa tiene la palabra, por cinco minutos, la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente, buenas tardes.

Nuevamente traemos un asunto que creemos que es principal, por lo menos para nuestro país, para Galicia, que tiene que ver con una trama de corrupción político-empresarial a través de una infraestructura gasística denominada Reganosa. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Díaz. Señorías, por favor, les ruego guarden silencio porque si no se hace complicado oír a la ponente.

Señora Díaz, adelante.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.

Decía que traemos nuevamente, en nombre de nuestro grupo, una de las iniciativas que creemos que es principal para Galicia, toda vez que alude a una trama de corrupción político-empresarial a través de un convenio que ha sido confidencial hasta hace un tiempo, ahora ya no lo es, firmado en su tiempo por la Xunta de Galicia en manos de Manuel Fraga Iribarne y un grupo empresarial importante en Galicia, a través del grupo Tojeiro y por supuesto las antiguas Cajas de Ahorro y también fallidas Cajas de Ahorro.

Decimos una trama de corrupción político-empresarial porque se llegó a alterar la ubicación de la planta de gas, que estaba pensada para no incumplir las normas previstas y situarla fuera del puerto exterior de Ferrol, y se altera la ubicación situando esta planta de gas, como saben, a tan solo un kilómetro del arsenal militar, invadiendo y vulnerando las normas al respecto y, por supuesto, poniendo en crisis la seguridad de miles de vecinos y vecinas de la comarca afectada de la parte de la ría sur de Ferrol.

Queremos señalar también que estamos ante una infraestructura gasística que es deficitaria, que según nos informa Enagás está al 28% este año pero que estamos pagando Juan Pueblo, con nuestros impuestos -la liquidación provisional de este año supera los 53 millones de euros, la provisional, lo que le pagamos solamente por su capacidad de disposición- esta infraestructura, insistimos, deficitaria, pero es que además estamos también ante una burbuja energética, toda vez que tenemos dos plantas a 300 kilómetros, la de El Musel, en Asturias, la nuestra en Punta Promontorio; a la de El Musel le estamos pagando el conjunto de las españolas y los españoles la hibernación de esta planta. A su vez, tenemos paralizado el ramal de Zamora y a su vez, lo más relevante es que estamos poniendo en peligro la vida de muchísimos miles de seres humanos.

Lo cierto y verdad es que el Partido Popular ha sido un completo rebelde en esta materia. Lleva el comité de emergencia, que aglutina un total de sesenta colectivos de todo tipo, fundamentalmente ecologistas, luchando durante quince años y recientemente hemos tenido la cuarta sentencia del Tribunal Supremo que anula cada uno de los pasos que se están practicando desde esta infraestructura gasística. Como ya saben, el Gobierno en funciones, de manera bastante cuestionable, en funciones, con acto administrativo pretende legalizar la planta de gas y, como también saben ustedes, después de ese acto administrativo volvimos a recurrir esta decisión.

En definitiva, creemos que no se está defendiendo la legalidad, creemos que se sigue poniendo en peligro la vida de muchas personas. En segundo lugar es que estamos viviendo una auténtica estafa,


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porque la pregunta es por qué estamos pagando una infraestructura que, insistimos, es deficitaria y por qué pagamos la hibernación de El Musel. En tercer lugar, es poco serio por parte del Partido Popular, que lleva gobernando cinco años, que desde el año 2010 estemos sin la planificación gasística en este país; no nos parece muy serio. Nos gustaría saber qué es lo que va a pasar. En cuarto lugar -y aquí terminaría- en el estudio n menos 1 de Enagás se hacen una serie de simulaciones planteándose qué pasaría si la planta de gas de Reganosa dejara de funcionar. Y el estudio n menos 1 de Enagás, que no es el nuestro, lo que señala es que sencillamente no habría problemas de ningún tipo. Es cierto, por no faltar a la verdad, que contempla la anticipación de la planta de El Musel, pero es cierto también que estamos poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de seres humanos y se está vulnerando la legislación vigente no porque lo digamos nosotros sino porque, insisto, lo está diciendo el Tribunal Supremo.

¿Qué les pedimos? Sencillamente anular el acuerdo de Consejo de Ministros que dicta un acto ad hoc, vulnerando el procedimiento ordinario y exonerando de la calificación del preceptivo informe ambiental; por supuesto, que las carencias en relación al plan de emergencia exterior que, a todas luces, parece bastante grave, se solventen y obviamente, como esta planta es ilegal, se proceda al cierre de la misma y por supuesto, y finalmente, toda vez que es deficitaria y los españoles pagan la broma a razón de 54 millones de euros, pedimos que sea expulsada del sistema de retribuciones estatal.

Esto es lo que trae el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hoy a debate y nos gustaría que los grupos políticos estuvieran a la altura y se tomaran en serio un problema de seguridad, un problema medioambiental y sobre todo de legalidad, porque estamos ante una trama de corrupción real, masiva, empresarial y, por supuesto, donde las administraciones públicas fueron imprescindibles para conseguir este pelotazo que llevó adelante el Grupo Tojeiro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz Pérez.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Ciudadanos y Socialista. Por riguroso orden de entrada, y por parte del Grupo Ciudadanos, para la defensa de las enmiendas tiene la palabra el señor Martínez González.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Buenas tardes.

Nos encontramos con una PNL recurrente, ya se había visto, como se ha apuntado aquí, en la pasada legislatura y el tema que se engloba también en el paquete de la ría, de manera un tanto tangencial, también lo hemos visto esta mañana en el Pleno, aunque no era objeto de la moción de esta mañana.

Queremos decir que somos respetuosos totalmente con la legalidad, que se tienen que respetar las sentencias del Tribunal Supremo porque lo contrario sería caer en la inseguridad jurídica. Este problema tiene que tener una solución que pase por el respeto del medio ambiente, hay que conservar el entorno. Quizá este no sea el sitio más adecuado donde se tendría que haber puesto esta central, por lo cual sería interesante que hubiera un consenso, un diálogo social y que se estudiara su reubicación en el puerto exterior que era donde se pensaba. Así se ha manifestado desde Ciudadanos-Galicia y así lo defendemos también nosotros desde aquí. Quizá no sea el lugar más adecuado, hay núcleos de población muy cercanos, a 200 metros hay un pequeño núcleo habitado, Mugardos está a 800 metros de la central y el propio casco urbano de Ferrol está a 1500 metros cuando la legislación fija 2000 metros. Insistimos en que hace falta consenso, respeto absoluto y total por las resoluciones judiciales y buscar una ubicación pues donde está parece que no es la más adecuada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijón Couselo.

El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, comenzaré repitiendo esta misma mañana en la sesión plenaria. En el caso de Reganosa, conocen ustedes nuestra postura, defendida por mi compañero García Mira en la pasada legislatura, de que en su consideración de industria estratégica cumpla absoluta y rotundamente todos los requerimientos que la legislación establece y todos son para nosotros, todos. De ahí nuestra enmienda de sustitución en la que instamos al Gobierno precisamente a que sea el garante de todos los requisitos que nuestro marco jurídico exige para la instalación y funcionamiento de empresas como Reganosa.


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Podría compartir algunas de las cuestiones que han señalado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero tengo que referirme necesariamente al texto concreto de la iniciativa del Grupo Podemos. Se podría pensar que los dos primeros puntos de su iniciativa van en esta línea de cumplimiento de la legalidad, pero entendemos que presentan ciertas contradicciones que pueden ir, paradójicamente, contra lo que pretenden. En el primero de ellos insta al Gobierno a anular el plan de emergencia exterior de Reganosa, tal y como sentencia el Supremo. Entiendo, obviamente, que se refieren ustedes al plan aprobado mediante el Decreto 144/2007, de la Xunta de Galicia y al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo que tengo en mis manos. Por tanto, es un plan ya anulado por el Tribunal Supremo, y así debe ser.

En el segundo punto denuncian la inexistencia de un plan de emergencia exterior. También tengo en mis manos el Decreto 156/2013 de la Xunta, en el que se aprueba el plan de emergencia exterior de Punta Promontorio, plan que se dice actualizado y unificado de las empresas Reganosa y Forestal del Atlántico y Megasa. No estamos, pues, hablando del plan del Decreto 144/2007, anulado por el Tribunal Supremo, sino de un nuevo plan. Este plan no está, que nos conste, repito, anulado, y con esto no digo -no nos corresponde a nosotros- que esté perfecto y cumpla todo aquello que legalmente está establecido. Repetimos, por tanto, que en nuestra enmienda demandamos que sea el Estado el responsable y garante del cumplimiento por parte de la empresa de todas las obligaciones legales de ordenación del territorio, medioambientales y de seguridad, con las consecuencias que de ello se deriven. En razón de su iniciativa, singularizamos lo referido al plan de emergencia exterior.

En el punto tercero saben que el Grupo Socialista, debido al carácter estratégico de la empresa no habla del cierre y sí del exigible cumplimiento, repito, de todos los requerimientos que la legislación establece. Y todos son todos.

El cuarto punto, al derivarse de las inexactitudes de los primeros tampoco se lo podemos aceptar.

Por tanto, esperando que pueda ser aceptada nuestra enmienda, reservamos el voto hasta que sepamos la decisión definitiva del grupo proponente.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meijón Couselo.

Al final de debate, después de la intervención del Partido Popular, preguntaré lo que usted inquiría sobre cómo quedarán las enmiendas.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Se agradecería que hiciera la pregunta antes, para saber el posicionamiento.

El señor PRESIDENTE: Sin ningún inconveniente, señor Juncal, se la hago antes.

Señora Díaz Pérez, ¿tiene inconveniente en decirnos cuál es la posición de su grupo respecto a las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios Ciudadanos y Socialista?

La señora DÍAZ PÉREZ: Toda vez que el Grupo Ciudadanos se ha interesado en la votación por puntos, vamos a aceptar esa petición. De tal manera que no aceptamos la enmienda del Grupo Socialista que además anularía el sentido de la iniciativa que hemos presentado.

El señor PRESIDENTE: Así constará, señora Díaz Pérez.

Señor Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Lo que le advertía antes, creo que por el tono del debate le insistiría en que sea generoso con mi tiempo.

Una cosa es lo que se plantea aquí y la presentación que se hace de la enmienda, pero tengo que ser duro con Podemos en este momento, porque lo que se ha intentado con esta PNL ha sido engañar a lo que ellos y todos hablamos, de que este Parlamento representa a la soberanía popular. Con la coletilla de que la PNL estaba presentada y tal, se sustituyen las enmiendas que presenta Podemos, suprimir el Gobierno en funciones y se aprovecha para cambiar. Pero mire usted lo que decía la PNL presentada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados -leo textualmente-: Así la sentencia 1966/2006, de fecha pasada de 26 de julio de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha dictaminado declarar la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros recurrido y de todos aquellos actos que tuvieren causa en el acuerdo declarado nulo. Señora


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Díaz, miente, no ha habido sentencia que haga referencia al acuerdo del Consejo de Ministros del año pasado. A lo que usted se refiere con esa sentencia fechada en septiembre, es a la anulación, como ya ha dicho el representante socialista, del plan de emergencia, que es lo que anula.

Yo voy a explicar a los demás para que sepan lo que votan, porque a veces votar tiene sus posiciones, que todas estas sentencias vienen dadas porque, efectivamente hubo un plan general de ordenación urbana de un governo de esquerdas, que siempre estuvo en Mogardos gobernando el PSOE, el Bloque, Izquierda Unida, jamás el Partido Popular; bueno, sí hasta el 2015 pero en dos años moción de censura, hace un par de meses cambió de nuevo el Gobierno. El plan general tenía un defecto y ese defecto ha surtido sus efectos, valga la redundancia, en distintas tramitaciones urbanísticas.

Les voy a leer de esas sentencias, brevemente, porque es obvio que no les puedo leer todas las sentencias, pero sí parte de la primera de ellas: Y así, al declararse por sentencia de esta sala de fecha 11 de marzo, la nulidad de la modificación puntual número 3, no se declaró la nulidad de las autorizaciones administrativas industriales otorgadas por el Ministerio de Economía, de acuerdo con la legislación del sector de hidrocarburos. Es decir, todas las autorizaciones administrativas siguen vigentes. Por otro lado, abunda más la sentencia, en otro apartado, en los fundamentos de derecho dice: No es otro que la conformidad o no al derecho en la aprobación del plan de emergencia exterior de una planta de recepción de regasificación y expedición de gas, ubicado en el concello de Mugardos.

Pues bien, la otra sentencia a la que ha hecho usted referencia dice: Tales hechos sobrevenidos habrán de ser tenidos en cuenta sin duda a la hora de resolver una nueva solicitud que se presente, que habrá de ser examinada atendiendo a los datos concurrentes y al régimen jurídico existente en el momento de su presentación. Es decir, años atrás. Con lo cual lo que hizo el Gobierno es acatar esas sentencias y emitir una nueva autorización haciendo hincapié, incluso, en el tema de la declaración de impacto, haciendo una evaluación alternativa.

Por otra parte, y ya ha hecho referencia el compañero socialista, pongo a disposición del que lo quiera, el Diario Oficial de Galicia, del viernes 11 de octubre de 2013, donde se presenta el nuevo plan de emergencias de Punta Promontorio.

Otra de las incongruencias de Podemos en política energética. Hablan de nucleares, no, de carbón, no, pero supongo que el gas, como respaldo, ¿qué pasa? ¿Tampoco? El gas natural licuado marítimo -voy terminando, señor presidente-, ¿qué pasa, renunciamos a él también cuando se ha demostrado que es una opción de futuro?

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, hay un rumor en la sala que impide oír al orador.

Señor Juncal, continúe.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: ¿Qué hacemos con los ciclos combinados de As Pontes y Meirama? Usted, señora Díaz, renuncia a la política energética estratégica para Galicia. Quiere privar a Galicia de recursos energéticos, aparte de las cuarenta empresas con 15 000 empleos que se surten actualmente de la planta de gas de Reganosa. Usted hacía referencia a la conexión con Zamora, pues espero que las próximas iniciativas sean exigir precisamente la conexión con Zamora.

Habla de la utilización. Le señalo brevemente: En 2015 la media de todas las plantas de gas ha sido el 19,2, es decir, Mugardos...

El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, tiene que concluir.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Tres minutos. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Lleva cinco minutos hablando.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Si me interrumpe todavía me lleva más. Me queda un tema. (Rumores). Hacemos referencia a ese tema. ¿Qué no se utilice? Le podría preguntar qué hacemos con las empresas que tienen su actividad, que usted y yo conocemos alguna que tiene bastante, o qué hacemos con los bomberos.

Termino con el siguiente planteamiento. Usted me habla de conspiración judeomasónica o no sé de qué otro tipo. Solamente le hago una pregunta y una reflexión. En diversas sentencias o recursos que hay por aquí, hay una señora que se llama Patricia Gabeiras, que es la abogada de esas asociaciones que usted citaba. Para hablar de contubernios o para tal habría que preguntarse, Patricia Gabeiras, hija del general Gabeiras, un general natural de Ferrol...


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El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, debe usted concluir, no alargar su discurso.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Termino. El general Gabeiras, conocido por la mayoría de los que estamos aquí por su actuación en un momento determinante en España como fue el 23 de febrero, resulta que se pone a la cabeza de la manifestación en contra de Reganosa. Su yerno era Guzmán Solana y Guzmán Solana era el presidente de Enagás que en ese momento que ostentaba el monopolio.

El señor PRESIDENTE: Señor Juncal, me está usted obligando a retirarle el uso de la palabra. Lleva todo el rato diciéndome termino y no concluye, está alargando su discurso. ¡Señor Juncal!

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Señor presidente, termino.

La planta responde a la legalidad vigente. El Gobierno, por supuesto, vigila y hace cumplir la legalidad vigente, como no podría ser de otra manera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.

Señora Díaz Pérez, he oído alguna alusión a usted, ¿pide tres minutos en función del artículo 71.1 del Reglamento? ¿Lo pide usted?

La señora DÍAZ PÉREZ: Sí, lo pido. ¡Claro que lo pido!

El señor PRESIDENTE: Tiene tres minutos (Rumores). Es esta Presidencia quien dirige los debates. Esta Presidencia ha oído acusar al señor Juncal de mentir a la señora Díaz y, por lo tanto, si ella me solicita en el ejercicio del 71.1... (La señora Moraleja Gómez: A nosotros nos llama corruptos). No discuta con la Presidencia, por favor.

Señora Díaz.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.

Simplemente, presidente, señalaré al portavoz señor Juncal, del Grupo Popular, que donde hay papeles las barbas se callan, y es una lástima que cuando afirma que mentimos no haya leído la enmienda que este grupo ha formulado como número 1. Lo digo por que aquí hay que venir también leído.

En segundo lugar, señor presidente, creo que es una falta de cortesía y de respeto absoluto estar cuestionando aquí la integridad de una enorme profesional, de una letrada madrileña que lleva los pleitos legítimamente de este comité de emergencia. Creo que es una falta de respeto y de cortesía que no se debe permitir esta Comisión, salvo que usted quede retratado como lo que realmente es.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz Pérez.

Esta PNL se votará por puntos.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR LA NORMATIVA RELATIVA A OTORGAR AUTORIZACIONES DE EMISIÓN A SERVICIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS SIN ÁNIMO DE LUCRO EXISTENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001952).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de ley número 14 del orden del día, por la que se insta al Gobierno a desarrollar la normativa relativa a otorgar autorizaciones de emisión a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra la señora Nogueras.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president. Bona tarda.

En la actualidad hay entre 120 y 150 emisoras comunitarias de radio -de televisión hay menos- y es difícil dar continuidad a espacios culturales y comunicativos de este tipo, televisivos o radio sin ánimo de lucro. Para darles continuidad es necesario dotarles de voluntarios que desinteresadamente le den contenido y, además, este voluntariado debe tener relevo, así que no es nada fácil. Hay dos ejemplos de televisiones que creo necesario destacar. La primera es Ràdio Televisió Cardedeu, que empezó a emitir en 1980; fue la primera televisión en catalán de la historia y también la primera televisión local del Estado español. La labor que hacen, mayoritariamente gente joven, es inmensa; aprenden y aportan, inventan, integran, crean, y lo hacen siempre recibiendo el legado de los que les precedieron. Otra de las televisiones


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que merecen mención es Tele K, que emite desde Vallecas desde 1992. Las dos forman parte de la red de medios de comunicación. La situación actual en muchos casos es insostenible, con multas y amenazas de cierre. Se ven afectadas también radios escolares y universitarias.

Haré un breve resumen de la situación legal actual. Hoy deberíamos salir -creo que lo vamos a hacer- con un compromiso sólido para poder ordenar y dar respuesta a todas estas entidades que llevan años batallando para poder ser y estar en un marco legal reconocido. Ley 56/2007, de Medidas de impulso a la sociedad de la información, disposición adicional dieciocho -cito literal-: El Gobierno debe aprobar los reglamentos técnicos y de servicio de televisión de proximidad sin ánimo de lucro. Ley 7/2010, General de la comunicación audiovisual, artículos 4, 32 y disposición catorce. No se han planificado frecuencias y no se han establecido procedimientos para su solicitud y adjudicación. Real Decreto 805/2014, Nuevo plan técnico nacional TDT, incluyendo medidas para la liberalización del dividendo digital. No se hace reserva para medios comunitarios. Red de medios comunitarios, Tele K y Ràdio Televisió de Cardedeu presentan recursos, que pierden. El argumento del fallo es que la no reserva de frecuencias no es impedimento para que se reserven en un futuro. Algunas comunidades autónomas están intentando legislar sobre comunicación audiovisual.

De manera muy breve voy a leer algún párrafo de, por ejemplo, el Pacto internacional de derechos políticos y civiles, las declaraciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2007, y una parte de la resolución del Parlamento Europeo de 25 de septiembre de 2008 sobre el tercer sector de la comunicación: Los Estados parte no deben imponer regímenes de licencia y derechos onerosos a los medios de radiodifusión y televisión, incluidas las emisoras comunitarias. En los regímenes de licencias para los medios de difusión con capacidad limitada, como los servicios audiovisuales por satélite y terrestres, hay que asignar en forma equitativa el acceso y las frecuencias entre las empresas de radio y televisión públicas comerciales y de la comunidad. Se pide a los Estados miembros que pongan a disposición el espectro de frecuencias analógica y digital de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios del tercer sector de la comunicación no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representan. ¿Cuáles son, pues, las reivindicaciones? Debemos ofrecer la posibilidad de legislación, planificando primero frecuencias -esto es responsabilidad del ministerio- y desarrollando procedimientos para la solicitud de adjudicación del servicio, que es tarea que creo deben hacer el ministerio y las comunidades autónomas de manera conjunta, convocando concursos y dando autorizaciones temporales hasta que se cumplan los puntos anteriores.

Hay mucho trabajo que hacer para poder resolver un problema que lleva enquistado desde hace demasiados años; debemos apoyar a este sector que enriquece y suma en aquellas localidades en las que está. Termino invitándoles a reconsiderar también las multas y los cierres que muchas de estas entidades están sufriendo injustamente.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nogueras i Camero.

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Tal y como ha detallado la portavoz del Grupo Parlamentario del PDeCAT, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, establece en su artículo 32 que la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso esa disponibilidad de dominio público radioeléctrico, necesario para la prestación de estos servicios. Además, la disposición transitoria decimocuarta establece que los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009 optarán a estas licencias y autorizaciones en el ámbito de cobertura que venían prestando esa actividad. Y es que no se ha regulado, no tenemos ese reglamento, ese real decreto técnico de los servicios de comunicación audiovisual.

A esta proposición no de ley, que consta de dos artículos, hemos presentado una enmienda para intentar mejorarla y llegar a un acuerdo. La posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos es que entre los problemas a los que se enfrenta el tercer sector está la ausencia de normativa, como indicaba, que dificulta el desarrollo de iniciativas ciudadanas sin ánimo de lucro. En particular, a la radio y a las televisiones comunitarias que difunden a través de ondas terrestres se les exige una licencia para emitir pero luego, lamentablemente, no se establecen los medios para acceder a dicha licencia. Se ha comentado


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que las solicitudes de licencias están siendo denegadas, que no se ha planificado el espectro, que no se han otorgado estos títulos habilitantes a las entidades preexistentes, amparadas por esta disposición transitoria decimocuarta a la que hacía referencia. Además, algunas emisoras han sido sancionadas, como ha comentado la señora Nogueras.

En el pacto de investidura que firmamos con el Grupo Popular, entre esas 150 medidas que acordamos, en el punto 86 en concreto relanzamos el consejo estatal de organizaciones no gubernamentales en acción social como herramienta de control al Gobierno, además de participación de los distintos actores sociales en las políticas de ámbito social. El incumplimiento por parte del Gobierno de estos mandatos contenidos en esta Ley General de Comunicación Audiovisual provoca -lo sabemos- inseguridad jurídica y conflictividad judicial; además, esta conflictividad puede generar responsabilidad patrimonial del Estado. Tenemos que pensar que nos pueden demandar y que, posiblemente, haya que indemnizar con intereses, lo que supone más gasto público y significa un contrasentido. Esta misma mañana hablábamos en el Pleno de la amnistía fiscal; otro contrasentido.

Para Ciudadanos resulta contrario al interés general proteger la libertad de las comunicaciones de esta situación de pasividad normativa en relación con la difusión sonora y televisiva. En conclusión, hemos presentado una enmienda que esperamos que el Partit Demòcrata Català nos acepte o bien podamos firmar una transaccional, e instamos al Gobierno a cumplir ese desarrollo reglamentario porque el tercer sector es un motor de la economía y estamos haciéndole un flaco favor.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.

Le pregunto a la señora Nogueras si acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Estamos preparando la transaccional.

El señor PRESIDENTE: Ruego la pasen a la Mesa en cuanto sea posible para distribuirla al resto de grupos. Gracias, señora Nogueras.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, para fijar posición, el señor Galeano Gracia.

El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, los medios del tercer sector o medios alternativos tienen una larga trayectoria en el programa audiovisual y en defensa del derecho a la información y la libertad de expresión. Han sido, incluso, reconocidos por organismos internacionales como la propia ONU. Desde el Grupo Socialista consideramos que los llamados medios del tercer sector constituyen una oferta informativa que ofrece contenidos destinados a dar respuesta a necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales a los que da cobertura. Con más de medio siglo de historia, estos medios se han erigido en la voz de los sectores más marginados, por lo que se presentan como plataformas alternativas realmente democráticas en este sentido. La saturación de frecuencias ha hecho que muchos de ellos encuentren en la actualidad en Internet el cobijo ideal, pero la inmensa mayoría carece de ese reconocimiento legal, motivo por el que se les incluye, en ocasiones incluso de forma confusa, en una situación similar a los medios piratas. Tener una situación jurídica oficialmente reconocida es importante para el desarrollo de estos medios. En España, como ya han comentado anteriores portavoces de otros grupos parlamentarios, la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, estableció el marco normativo por el que se rige el sector audiovisual español y posibilita en el artículo 32 la existencia de estos servicios de comunicación sin ánimo de lucro. Además, la disposición transitoria decimocuarta, también comentada en este debate, establece un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de dicha ley. A día de hoy, además de no contar con dicho desarrollo reglamentario, tampoco se ha reservado ni garantizado por parte de la Administración del Estado la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios. Parece, por tanto, que se quiere destinar de alguna manera a dichos medios a una situación de auténtico limbo legal.

Actualmente, en las comunidades autónomas existe una demanda de ese tipo de servicios, mayoritariamente referida a servicios radiofónicos, es cierto, a la que, ante la ausencia de ese espacio -como he comentado- radioeléctrico disponible, no se le puede dar respuesta, limitando -así lo consideramos en el Grupo Socialista- el ejercicio efectivo de derechos reconocidos a los ciudadanos de estas comunidades. Quiero poner aquí de manifiesto, señorías, que los medios de comunicación juegan


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un papel esencial en la construcción de una sociedad democrática y plural. El derecho a la información se inscribe en los contextos políticos, económicos y sociales y no solo como la preocupación de los periodistas o peor incluso, hablando de las empresas mediáticas, dado que en la propia Constitución española de 1978 no se especifica de ningún modo que la emisión de información sea exclusiva de estos profesionales del periodismo, de la comunicación, y mucho menos de las grandes plataformas mediáticas, como he comentado. Por todo ello, consideramos que esta iniciativa presentada por el PDeCAT es positiva, oportuna y viene a cubrir esa necesidad que han manifestado diferentes comunidades autónomas a través de legislaciones que han solicitado dicha regulación, por lo cual vamos a votar de forma positiva esta proposición.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano Gracia.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.

La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa y agradecemos a la señora Nogueras haber traído aquí la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran muchos medios de comunicación comunitarios, aun existiendo el marco jurídico favorable a la regularización de esta situación. La importancia de estos medios es evidente, como ya han destacado mis compañeros, pero yo quisiera hacerlo desde el punto de vista de lo que suponen como espacios de participación ciudadana que abordan temas y dan voz a colectivos y a preocupaciones que quedan fuera de la lógica del beneficio económico de las empresas de información. También juegan un papel importante en la información cercana, pegada al territorio, al municipio; ese derecho a la información sobre cuestiones importantes de la vida diaria de las personas que, como decíamos, quedan fuera de la lógica editorial, informativa o económica de los medios tradicionales. Juegan un papel importante también en la organización, autogestión y empoderamiento de la ciudadanía y de colectivos para dar voz a sus reivindicaciones. Por tanto, consideramos que es importantísimo dar las necesaria seguridad jurídica a estos medios comunitarios; primero, para que su viabilidad y funcionamiento estén asegurados y que estén protegidos legalmente de la mejor manera para garantizar su independencia para que puedan contribuir a su labor de denuncia de los incumplimientos de la legalidad; segundo, porque sería de justicia garantizar el derecho a la información y a la comunicación que protege nuestra Constitución a expresar y difundir libremente las ideas y las opiniones. Las libertades y los derechos necesitan de condiciones materiales y jurídicas para su cumplimiento y eso supone hacerlo en igualdad de condiciones. Por eso creemos que facilitar con garantías jurídicas el espacio radioeléctrico supone asegurar el derecho y la libertad de información y comunicación. Por tanto, apoyamos esta iniciativa que aspira a dar seguridad jurídica a los medios comunitarios, como cualquier otro tipo de iniciativa que fortalezca y reconozca la labor de servicio público que estos medios realizan en nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Roca Mas.

El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante un tema importante y hay que agradecer el esfuerzo y el trabajo que realizan muchos medios de información comunitaria sin ánimo de lucro, pero es una cuestión muy regulada que necesita un desarrollo reglamentario que no se puede hacer a la carta sino que hay que hacerlo de forma global, y además hay que hacerlo tanto para servicios de televisión como para servicios de radio.

Respecto a los servicios de televisión, como todos sabemos, en cuanto a frecuencia modulada, el espectro está bastante saturado, en especial en grandes ciudades, con lo que la regulación cada vez se hace mucho más compleja, y respecto a los servicios de televisión, en mayo de 2017 se aprobó la decisión de la Unión Europea sobre la reserva de uso de la banda de entre 470 y 790 megahercios y hay que liberar una parte del especto radioeléctrico para servicios de banda ancha móvil que son muy reclamados por los ciudadanos. Entonces, como no podemos dejar a los ciudadanos sin la ampliación de los servicios de banda ancha móvil, debemos ser respetuosos con todos los servicios, con la convivencia de los mismos, y la normativa europea no reduce la capacidad para prestar servicios de televisión digital


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terrestre. El espacio que hay que revisar lo tenemos que hacer, además, en la coordinación internacional de frecuencias con los países con los que somos limítrofes y con los que somos socios y eso nos obliga a una planificación bien elaborada que garantice la convivencia de los diferentes servicios y la seguridad jurídica de todos los operadores.

Evidentemente, todos estos trámites ralentizan mucho -las cosas de palacio van despacio-, pero también debemos ser conscientes de que España ya hizo con el Gobierno Zapatero algunos tipos de asignaciones radioeléctricas y esa falta de coordinación internacional obligó luego a tener que cambiar todos los receptores, todas las antenas, con la gente preocupada por si se iba a quedar sin su servicio de televisión. A veces acaban siendo peores los remedios que los males. El Gobierno está haciendo su trabajo, está haciendo lo que tiene que hacer en los organismos europeos de coordinación de frecuencias. No podremos votar positivamente esta PNL porque no depende del Gobierno ya que los espacios están estipulados, y en cuanto a la posibilidad de que se utilizaran autorizaciones de usos de carácter temporal o experimental, no se puede hacer distinto a lo previsto en la ley. Normalmente, estas autorizaciones tienen la consideración de usos experimentales, los destinados a efectuar pruebas técnicas o ensayos sobre propagación, utilización de nuevas bandas de frecuencia o demostración de nuevos servicios y tecnologías. Evidentemente, el Gobierno está preocupado y quiere que este tema se solucione, y lo está haciendo siguiendo los trámites administrativos correspondientes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca Mas.

Recuerdo a sus señorías que esta proposición no de ley se votará en términos de una transaccional que distribuiremos lo antes posible.

- SOBRE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000574).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura con el número 8 del orden del día, sobre destinos turísticos inteligentes, planteada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Navarro Cruz.

La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

La política turística en España ha dejado de tener como único objetivo la atracción del visitante que solo buscaba sol y playa, y el bum de los sesenta ha evolucionado tanto que ahora estamos aprovechando tan preciado y conocido recurso para poner en valor un sinfín de razones más para ser visitados. Para ello, no podemos dejar de mirar hacia delante. Hoy en día no se concibe ninguna actividad social, comunicativa, personal o comercial en la que no se tengan en cuenta la innovación y la tecnología. Entendemos que un destino inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantice por una parte el desarrollo sostenible del territorio turístico accesible para todos, que facilite la interacción y la integración del visitante con el entorno e incremente la calidad de su experiencia en el destino y que mejore también la calidad de vida del residente. Como consecuencia de todo esto, conseguiremos estimular e incrementar la competitividad a través de la capacidad innovadora, de manera que repercuta en una mejora de la percepción del destino, generando márgenes superiores de calidad de vida de los propios residentes. Podemos decir que la intención de convertirse en un destino turístico inteligente supone establecer una estrategia de revalorización del destino mediante un mejor aprovechamiento de sus activos naturales y culturales, pero incorporando también otros recursos innovadores; la mejora en eficiencia de los procesos de producción y distribución que finalmente impulsen el desarrollo sostenible y faciliten la interacción del visitante en el lugar al que viaja. El ministerio, a través de Segittur, que como ustedes saben es la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, tiene encomendado el impulso de la I+D+i en todo el sector turístico español, tanto público como privado. Desde hace algún tiempo se viene impulsando el proyecto de destinos turísticos inteligentes, dando apoyo a aquellos destinos que lo han solicitado, llevando a cabo acciones de comunicación y dando continuidad a los trabajos de normalización en materia de destinos turísticos inteligentes, atendiendo a todas las solicitudes desde la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital.

Desde el Grupo Popular entendemos que la metodología de destinos turísticos inteligentes debe ser uno de los proyectos estratégicos de la política de España en esta materia, dado su valor estratégico, su


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efecto sobre la competitividad de los destinos, la experiencia del turista, la sociedad receptora y la mejora del posicionamiento de la marca país España y de sus destinos. Todo ello nos permite proyectar una imagen de modernidad totalmente ajustada a la realidad y situar al sector turístico como uno de nuestros recursos más potentes.

En el marco de proyectos de los destinos turísticos inteligentes, la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segittur, trabajó durante 2016 en dos líneas de actuación principales; por una parte, el diagnóstico y la planificación de los destinos turísticos inteligentes, realizando una metodología propia desarrollada a partir de instituciones de referencia nacional e internacional; y por otro, el impulso de estándares para la certificación de esos destinos turísticos inteligentes sobre la base de las normas de la Unión Europea. Todo este trabajo cuenta con el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo, de diversas comunidades autónomas y también de entidades locales. Por eso se han realizado diversos informes sobre la oportunidad que representa esta iniciativa, llegando a la conclusión de que en 2017 se debe de continuar apoyando los destinos turísticos inteligentes, ejecutando todo lo asignado en el presupuesto que acabamos de aprobar, así como incorporando en el próximo, que tendremos que comenzar a trabajar en breve, todo el incremento que permita la disponibilidad presupuestaria. En definitiva, el Gobierno debe seguir apostando por mantener a España como el destino turístico más competitivo del mundo y por ello debe incidir en los elementos que determinarán la competitividad de este sector. Por esa razón creemos conveniente traer esta iniciativa; de hecho, en la parte del petitum en la que pedimos incorporar la iniciativa de destinos turísticos inteligentes a la hoja de ruta de la política turística nacional, proponemos poner en marcha un nuevo modelo de planes territoriales basado en la metodología de destinos turísticos inteligentes que den continuidad a los planes de competitividad turística, e incorporaríamos una parte de la única enmienda que hemos recibido por parte del Grupo Socialista, lo cual agradecemos. Estamos pendientes de elaborar un texto que más o menos pueda ser satisfactorio y confiamos en que el resto de grupos, cuando reciban el texto de la transacción, puedan hacer su aportación o sencillamente apoyarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro Cruz.

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Franquis Vera.

El señor FRANQUIS VERA: Muchas gracias, señor presidente.

Como bien ha dicho la ponente de esta PNL, nuestro grupo ha presentado una enmienda y en principio vamos a acordar una transaccional que posteriormente se entregará a la Mesa. Nosotros consideramos que este es uno de los programas que se incluyen en la memoria de presupuestos para el año que viene del Gobierno de España en materia turística, y en la enmienda que hemos planteado decimos que incluso se debería potenciar económicamente, que se deberían incrementar los recursos que se destinan a cambiar este modelo.

¿Qué son los destinos turísticos inteligentes? Es asociar dos conceptos, que es el territorio a la inteligencia vinculado a un término como es el turismo. Se trata fundamentalmente de convertir, de facilitar, de poner en valor todo lo que es otro sector desde el punto de vista turístico; es formar en cuatro ejes importantes lo que significan estos destinos turísticos; es incorporar la tecnología, que significa conectividad, infraestructuras inteligentes, la sostenibilidad; es apostar por el medio ambiente, por lo sociocultural y lo económico; es apostar por la innovación y, fundamentalmente, la accesibilidad a todos aquellos que nos visitan. Creo que la apuesta del Gobierno debe ser importante, y como se han puesto en marcha recursos para facilitar a los ayuntamientos convertir sus ciudades, sus territorios, en ciudades inteligentes, la acogida ha sido importante, porque en los casi dos años y medio que se está llevando a cabo este programa, son ya quince las ciudades españolas que se han convertido en destinos turísticos inteligentes. Por eso creo que el Gobierno debería apostar mucho más en este programa; apostar desde el punto de vista económico para facilitar especialmente a los ayuntamientos a que poco a poco sean muchos más los que se puedan acoger y producir la conversión en un destino turístico inteligente. Por eso en nuestra enmienda planteamos facilitar a los ayuntamientos la posibilidad de su conversión en destinos turísticos inteligentes, impulsar un nuevo reglamento que especifique dotar a estos destinos turísticos de unos indicadores y herramientas que permitan mejorar su sistema de gestión y, por último, estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo dentro del propio Gobierno para que integre a todas las administraciones públicas que gestionan en los territorios la política turística -empresas, universiadas,


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emprendedores...-, con el objeto de que España no solo sea la suma de experiencias piloto de determinadas ciudades en convertirse en destinos turísticos inteligentes, sino que en sí sea un gran destino turístico inteligente a nivel mundial.

El desarrollo que ha tenido esta iniciativa, esta innovación en los últimos años, ha sido muy importante desde el punto de vista no solo turístico sino además de situar a España como uno de los países punteros en este tipo de tecnología. Por eso creo que la aportación -es lo interesante de esta iniciativa- que se debería hacer desde el Congreso de los Diputados es insistir ante el Gobierno en esta línea y sobre todo poner a su alcance los recursos para que se pueda desarrollar en el conjunto del Estado español. El objetivo fundamental que persigue esto es convertir los destinos maduros turísticos en destinos turísticos inteligentes. Se han puesto instrumentos para ello y lo que haría falta es un último empujón, especialmente a nivel de recursos económicos, para que eso pueda culminar y convertir este país en una gran zona de turismo inteligente mundial. Por eso hemos presentado esta enmienda. Estamos convencidos de que vamos a lograr una transaccional con el grupo proponente y por tanto vamos a apoyar favorablemente esta PNL.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Franquis Vera.

Ruego a la señora Navarro Cruz y al Grupo Socialista que trasladen a la Mesa lo antes posible la transaccional para dar conocimiento al resto de los grupos.

Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra, para la defensa de su posición, la señora Ballester Muñoz.

La señora BALLESTER MUÑOZ: Gracias, presidente.

Empezaré avanzando el apoyo de mi grupo a esta proposición no de ley. Estamos de acuerdo en la importancia de fomentar los destinos turísticos inteligentes y sobre todo el modelo turístico que hay detrás de esta forma de entender los destinos turísticos. Ahora bien, el origen del desarrollo de este concepto surgió sobre la base de la consideración de la competitividad y el criterio de exigencia del consumidor, dos elementos que nos parecen importantes pero que pensamos que, a día de hoy, no puede limitarse la consideración de destino turístico inteligente a estos elementos. La realidad del turismo en España hace necesario exigir una apuesta decidida por el desarrollo de esta tipología de destinos, no solo porque resultan competitivos y atractivos para el turista, sino porque resultan necesarios, y muchas veces imprescindibles, para los destinos, para sus residentes y para las personas que trabajan en el sector turístico. En este sentido destacamos algunos elementos: las nuevas tecnologías, en especial las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, son la base para esos cambios que van a aportar un valor a este mercado. Todo ello promueve la generación de empleo de calidad en un país como el nuestro, en el que precisamente el desarrollo de muchos destinos turísticos, muy poco inteligentes hasta el momento, se ha sustentado sobre el paro y sobre el trabajo precario, factor este imprescindible si queremos hablar de uno de los pilares de los destinos turísticos inteligentes, como es la sostenibilidad social y económica, que sorprendentemente está ausente en esta proposición no de ley del Grupo Popular. Hablamos también de sostenibilidad energética, entendiendo que tienen que respetar las necesidades económicas y sociales, y que deberá favorecer el consumo de energía a través de fuentes renovables que ayuden a reducir el consumo de combustibles fósiles y esa situación de debilidad que sufre nuestro país, como país y como destino turístico, por verse sujeto a posibles subidas de precios de los hidrocarburos. Por ello, creemos que impulsar los destinos turísticos inteligentes es también apostar por el autoconsumo y, por supuesto, por eliminar el impuesto al sol.

En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, hay que insistir en que es necesario que el desarrollo turístico se base en el impacto en el territorio, tenga en cuenta ese impacto, lo que no está pasando en el actual modelo de turismo. En resumen, diríamos que apostamos por ese modelo de turismo sostenible y responsable. El respeto de la cultura local, del comercio local, del consumo de productos locales, de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes son necesarios si queremos conseguir esa sostenibilidad social, ambiental, económica, en la que se inspira el modelo de destinos turísticos inteligentes, si queremos que el turismo sea un factor de generación de riqueza para todos, de riqueza distribuida, y no concentrada en unas pocas manos. Por tanto, insisto, estamos de acuerdo con impulsar los destinos turísticos inteligentes como propone esta PNL y la sostenibilidad turística, pero no lo hagamos solo pensando en los visitantes y en la competitividad, sino que tengamos como eje central el desarrollo económico y duradero de esos destinos, de sus entornos y, especialmente, de las personas que residen, trabajan y viven en estos destinos. Y, sobre todo, que no se piense esta política turística,


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este modelo turístico, aislado de otras políticas, como la política energética o la política de innovación, porque, si no, estarán ustedes, señores del Partido Popular y señores del Gobierno, limitando el modelo turístico -nosotros creemos que esto afecta a un modelo de país y a una propuesta económica- y sobre todo estarán ustedes en riesgo de incurrir en serias contradicciones, como veremos en la siguiente PNL.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ballester Muñoz.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Desde Ciudadanos no hemos enmendado esta PNL porque suscribimos prácticamente la mayoría de las cosas que aquí se han dicho, pues todo está planteado con bastante sensatez. Estamos asistiendo a una revolución tecnológica y, por tanto, una revolución en el turismo, y en este país tenemos mala experiencia cuando nos quedamos descolgados de las revoluciones; revoluciones que han sido importantes y que han movido la historia y el mundo. Creo que ahora estamos asistiendo a una que tiene mucho que aportar y donde España está bien posicionada -somos prácticamente el primer destino turístico del mundo-, posición de privilegio que tendremos que seguir manteniendo, y también tenemos que liderar el turismo inteligente. Se están llevando a cabo muchas iniciativas en España, hay muchas ciudades pioneras, pero, como apuntaba el compañero del Grupo Socialista, no solo tenemos que ver el turismo inteligente como el turismo de la ciudad inteligente, porque entonces dejaríamos fuera a todo el mundo rural. Creo que la tecnología actual permite, haciendo un esfuerzo de colectividad, que el mundo rural, el turismo de interior, también sea un turismo inteligente, sobre todo porque todo el territorio es una plataforma tecnológica y hay posibilidad, insisto, de no dejar fuera al mundo rural.

Poco más tengo que añadir, solo algunas cuestiones. Es una apuesta total por la sostenibilidad del turismo inteligente; nos podemos anticipar a futuros escenarios y esto nos permite controlar mejor los espacios públicos, la accesibilidad en el transporte y la movilidad turística. Hay que pensar que la Organización Mundial del Turismo fija que para 2030 pueda haber 1,8 billones de turistas, y en España tendremos problemas de capacidad y calidad en los destinos y control de flujos. El turismo inteligente nos puede ayudar a solventar parte de estos retos que nuestro país tiene planteados. Antes el turismo era la oferta y ya está, y uno aceptaba la oferta o no la aceptaba; ahora la oferta es la que se tiene que adaptar a la demanda y hay un nuevo turismo, que es el turismo de experiencia, donde el turista interactúa, ya conoce el destino, todo ello facilitado, como decimos, por las nuevas tecnologías.

Quería mencionar una norma, la UNE 178501, que homologa destinos inteligentes, y creo que aquí el Gobierno tendría que liderar este aspecto, porque corremos el riesgo de que al final se reproduzcan tantas homologaciones como ciudades inteligentes pueda haber en este país o en el resto del mundo, o que con nuestras 17 comunidades autónomas volvamos a tener problemas con las homologaciones, y esto es importante. España tiene que seguir liderando incluso el concepto de la ciudad inteligente y la homologación. Nuestro grupo va a apoyar positivamente esta PNL.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.

- RELATIVA A CONTINUAR FORTALECIENDO LA CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000599).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la que figura con el número 9 en el orden del día, relativa a continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Reynés Calvache.

La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. La secretaria de Estado de Turismo, en su última comparecencia en la Comisión de Presupuestos, comentaba que en cuanto a la política de promoción y dentro de la estrategia que se desarrollará a través de los presupuestos de 2017, se trabajará fundamentalmente en dos líneas; una, la estrategia cosmopolita; y otra, la estrategia de mercados de largo radio. Estas líneas de trabajo nos


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permitirán alcanzar otro perfil de turista; un perfil de turista que marca tendencia, un turista que es multiproducto, al que le gusta el sol y la playa, evidentemente, pero que también está interesado en otros productos turísticos, como el turismo cultural, el de nuestro patrimonio artístico, el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el turismo deportivo, el de negocios, el de compras, etcétera, hecho que favorece atajar uno de los problemas tradicionales del turismo en España, como es la estacionalidad. En definitiva, tenemos que seguir trabajando con aquellos países donde sabemos que hay una clase media con elevada capacidad que quiere viajar pero que no conoce todavía España como destino turístico. Para llevar a cabo esta estrategia y estar presentes en la progresiva e imparable globalización que caracteriza el panorama internacional, se nos impone la necesidad de fortalecer la conectividad de nuestro país más allá de nuestras fronteras para garantizar nuestra presencia en el escenario global y facilitar así el fortalecimiento de uno de nuestros sectores estratégicos como es el turismo, pero también la proyección exterior de las empresas españolas.

Contamos con más de 200 millones de pasajeros al año, tenemos una moderna red de aeropuertos, un sistema de control de la navegación aérea de referencia internacional, por lo que España ocupa uno de los primeros lugares en el escalafón de la aviación civil mundial. Esta fortaleza y la importante capacidad para absorber nuevas demandas, son piezas clave para incrementar la conectividad entre nuestro país y aquellos donde la conectividad aérea se encuentra plenamente liberalizada, como los del espacio europeo comunitario y también con los países donde es necesario establecer un marco de actuación regulado mediante un convenio internacional en el que se fijan las condiciones y dimensión de esta conectividad. Por ello, la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales de transporte aéreo con terceros países o la modernización de los ya existentes, especialmente aquellos de alto valor estratégico para España, debe ser una prioridad del Gobierno por cuanto pueden contribuir de manera decisiva al crecimiento económico y, cómo no, a la creación de empleo. En esta línea, deben tenerse también en cuenta las oportunidades que ofrece la apertura de nuevos canales de comunicación con mercados tan relevantes como los del continente asiático, hacia los que nuestro país debe prestar cada día una atención más especial.

Creo que es importante remarcar que se está trabajando transversalmente desde diversos ministerios para lograr este objetivo de mejorar la competitividad del sector aéreo español. La Dirección General de Aviación Civil está trabajando en negociaciones aéreas bilaterales con terceros países, así como garantizando la participación de España en las negociaciones multilaterales que se desarrollan en el seno de la Unión Europea, al objeto de concluir acuerdos de transporte aéreo que posibiliten el establecimiento de nuevos enlaces aéreos o la mejora y consolidación de los enlaces ya existentes. Porque, señorías, el sector aéreo desempeña un papel fundamental para la sociedad; garantiza la conectividad de los ciudadanos, posibilita la vertebración y cohesión territorial y contribuye de forma decisiva al desarrollo económico y social de nuestro país, no solo a nivel nacional o internacional -que también- sino, muy especialmente, de los territorios no peninsulares: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Como ya he comentado anteriormente, desde la secretaría de Estado se está trabajando en la promoción exterior a pesar de que las cifras son extraordinarias. Detallaré algunas, como que en 2016 se alcanzó el máximo histórico de la red de tráfico de pasajeros, con más de 230 millones de pasajeros, o que el sector genera unos 445 000 empleos, más de 145 000 directos y cerca de 300 000 indirectos, lo que equivale al 2,5% de la población activa, además de ser el transporte aéreo una pieza clave para el sector turístico, porque España ocupa el tercer puesto mundial en número de turistas extranjeros, con cerca de 75,5 millones de visitantes en 2016, y el 80,2% de esos visitantes extranjeros viajaron a España por vía aérea. Pero no por ello queremos acomodarnos, al contrario, esto ha de ser un estímulo para seguir trabajando de la mano de nuestro sector turístico.

Se continúa también con la renovación de destinos maduros, de la mano de las comunidades autónomas y ayuntamientos, para ofrecer a nuestros visitantes nuevas experiencias, y se está incrementando, cómo no, el apoyo a la digitalización del sector turístico con el refuerzo de los destinos turísticos inteligentes, que ya ha comentado mi compañera Carmen en la exposición de la anterior PNL, así como la aplicación de la inteligencia artificial para el desarrollo de las políticas turísticas.

En definitiva, señorías -y voy acabando-, creo que queda patente que nuestro objetivo es claro. Nuestro objetivo es que el turismo siga teniendo un peso importante en la economía de nuestro país y siga creando empleo entre los españoles. Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente proposición no de ley, en la que el Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España mediante la negociación de acuerdos de transporte


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aéreo con terceros países que faciliten el crecimiento de empleo y de la actividad económica y la proyección de España hacia nuevos destinos estratégicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reynés Calvache.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por dos grupos parlamentarios, Ciudadanos y Mixto. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Desde Ciudadanos apoyamos el esfuerzo en materia de incremento de la conectividad internacional, que en el caso de esta Comisión se remiten a la promoción turística. En esta línea hemos presentado quince iniciativas encaminadas a la mejora de la gestión aeroportuaria, con el fin de incrementar tanto el confort y bienestar del usuario, elemento esencial de cara a la fidelización del turista, como las oportunidades comerciales.

Además de esta iniciativa, desde Ciudadanos hemos defendido la constitución de un gran pacto por las infraestructuras, dado que la falta de estrategia y los intereses partidistas han hecho que tengamos carencias en infraestructuras básicas mientras tenemos aeropuertos sin aviones, autopistas radiales sin coches y trenes sin pasajeros, que por su mala gestión estratégica -anteponiendo intereses políticos en unos casos y en otros mala gestión económica, tal y como destaca la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia-, que nos ha costado 48 000 millones de euros, han pervertido, junto a la corrupción, estas decisiones que pagaremos todos los españoles durante muchos años, detrayendo recursos para nuestro Estado del bienestar de la sanidad, la educación, los servicios sociales o la financiación autonómica.

Por esta razón, proponemos un gran pacto para el desarrollo de los nuevos planes nacionales de evaluación y desarrollo estratégico de infraestructuras que no esté ligado a los ciclos legislativos. En el acuerdo con el Partido Popular, se expresa en el siguiente compromiso, en el punto 21: Impulsar un pacto nacional por las infraestructuras estratégicas para que la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos. Se potenciará la Oficina Nacional de Evaluación, que establecerá las inversiones prioritarias en los nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, atendiendo a los criterios objetivos de eficiencia, evaluación continua y transparencia. Las grandes infraestructuras y proyectos de inversión deberán ser ratificados antes de su licitación por comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas. En este sentido, en los presupuestos de 2017 hemos presentado una modificación para que contemple la Oficina Nacional de Evaluación, la ONE, en una transaccional que fue ratificada por el Pleno el pasado 1 de junio. De este modo se impone incluir una enmienda de adición que incluya el contenido del punto 1 del acuerdo del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.

Para la defensa de las enmiendas del Partit Demòcrata Català, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies president. Gràcies, senyorias.

Hablamos de conectividad y está muy bien, está muy bien mientras nos mantenemos en la teoría; estamos de acuerdo e incluso la ponente se ha permitido hablar de la importancia de los objetivos asiáticos. Nuestro grupo ya es la segunda vez que presenta una enmienda similar a un texto en este sentido. El Estado español, de manera sistemática, y cuando digo sistemática quiero decir cuarenta y cuatro veces, ¡cuarenta y cuatro veces!, vía normativa, vía tratado o vía simplemente conversación de despacho, ha intentado y ha conseguido que la conectividad solo se realice desde Madrid-Barajas. Lo último -y veo que aquí hay gente que dice que no con la cabeza- es un tratado con Rusia que dice que cualquier línea aérea que pase por el territorio de Rusia necesariamente tiene que salir del Aeropuerto de Madrid-Barajas, de tal manera que a Norwegian Airways le ha sido imposible hacer un vuelo Barcelona-Tokio y ha tenido que hacer Madrid-Tokio. Y esto no lo dice ningún líder independentista exaltado, sino el director general de Norwegian Airways, que dice que ellos hubieran preferido hacerlo desde Barcelona pero que el acuerdo con Rusia les obliga a hacer el vuelo desde Barajas. Y esto sucede en cuarenta y tres ocasiones más, de manera que, señoras y señores,


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bienvenida sea la interconectividad, pero estaría bien que fuera para todos. ¿Por qué no les puede salir a cuenta que sea el de Valencia o el de Sevilla o cualquier otro? ¿Qué tiene de mágico, qué tiene de ventajoso para ir a Tokio salir de Barajas? Cuando me aclaren este punto quizá podamos compartir algunos de estos brindis al sol que con estas proposiciones acostumbran a hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes i Ràfols.

Le pregunto a la señora Reynés Calvache sobre su posición sobre las dos enmiendas que se han planteado a su proposición no de ley.

La señora REYNÉS CALVACHE: En principio, no las vamos a aceptar.

El señor PRESIDENTE: La proposición se someterá a votación en sus propios términos.

Para fijar posición, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gordo Pérez.

El señor GORDO PÉREZ: Muchas gracias.

Lo cierto es que el transporte aéreo tiene una gran importancia para el crecimiento de la economía. Tres de cada cuatro viajeros llega a través de las líneas aéreas. Por cada 9000 pasajeros se crean un puesto de trabajo directo y tres indirectos y, al mismo tiempo, el turismo representa un 11 % del producto interior bruto y solamente el sector aéreo representa el 7%. Además, se da la circunstancia de que hay una enorme potencialidad de crecimiento. Nos encontramos con que las transacciones Europa-Asia-Pacífico solo son de 370 000 viajeros. Ahí podemos crecer enormemente, pero también podemos crecer con África, donde tenemos 2,7 millones de pasajeros operando 18 compañías, o con Oriente Medio, con 2,4 millones de pasajeros.

Si queremos participar como país en las ventajas del mundo globalizado, hay que mejorar sin duda alguna la conectividad aérea. Tenemos un problema y un problema enorme, y es que el mapa de conectividad en estos momentos está orientado exclusivamente hacia Europa y América Latina, siendo muy débil con el resto del mundo. Esto debilita nuestra industria, hace incompatible el modelo económico basado en exportaciones e internacionalización de empresas y no posibilita la localización de empresas de alto valor. Por eso nos encontramos con que el retroceso experimentado por aeropuertos como el de Madrid es tremendo. En estos momentos hay menos transacciones comerciales de aterrizaje y despegue que en el año 2004, y estamos en 2017. Lo mismo ocurre con otros aeropuertos, pero con otro problema añadido, que es la deslocalización, porque el 70% de los viajeros que se mueven en los aeropuertos españoles pertenecen a otras compañías.

Por eso queremos hacer unas propuestas. En primer lugar, son absolutamente necesarios los vuelos directos entre los principales aeropuertos de España y las ciudades clave para la innovación del desarrollo económico. Es necesario potenciar el hub de Madrid, pero también el de Canarias, para conectar vuelos que en estos momentos se están haciendo vía Canadá, Estados Unidos, Frankfurt, Ámsterdam, París conexión con África. Creemos que Canarias tiene una posición estratégica, lo mismo que la tienen Barcelona o Baleares, con respecto a Asia. También es necesario buscar un compromiso firme con compañías internacionales que den continuidad a la operación en red y, sobre todo, abrir mercados. El mercado asiático es clave, pero también lo son todos aquellos mercados que tienen como consecuencia la aplicación de la quinta libertad aérea. Tenemos ventajas, entre ellas el exceso de capacidad instalada. En la actualidad solamente se está utilizando el 75% de nuestros aeropuertos, y hay aeropuertos, como El Prat, que están a un 46%, o Barajas, a un 75%. Además, gracias a los Gobiernos socialistas, a los que a veces se demoniza, no necesitamos inversiones, porque están hechas; están hechas pero hay que utilizarlas. Es cierto que tenemos inconvenientes. Tenemos un modelo aéreo no definido y tenemos un modelo de AENA que en estos momentos tiene un 49% de capital privado y, si el Gobierno da el paso que ha dicho que va a dar, tendrá un capital mayoritariamente privado, por lo cual Europa nos obligará a trocear AENA.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor GORDO PÉREZ: Voy concluyendo.

En definitiva, lo que pedimos al Gobierno es un plan concreto de conectividad internacional que tenga en cuenta estos factores que he expuesto en mi intervención.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gordo Pérez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para fijar su posición, tiene la palabra la señora Ballester Muñoz.

La señora BALLESTER MUÑOZ: Gracias, presidente.

He de empezar reconociendo que esta PNL del Partido Popular me generó en un principio muchos interrogantes sobre su objetivo, y creo que no he sido la única, porque por las posiciones de los distintos grupos políticos veo que cada uno ha entendido una cosa diferente. Esto se debe a que es una PNL bastante vaga y que puede ser entendida desde muchos puntos de vista. ¿Es el objetivo la proyección exterior de las empresas españolas? Entonces, ¿por qué se enmarca en el ámbito del turismo? ¿Es el objetivo el impulso del sector turismo? ¿Por qué concentrar siempre ese impulso del sector turístico en Asia y no en otros continentes y en otros espacios geográficos con los que tenemos mayores lazos culturales y mayor hermandad y deberían considerarse sectores estratégicos?

De nuevo me parece que el Partido Popular confunde los intereses de las grandes corporaciones con los intereses de nuestro país y de nuestra gente. Es evidente una apuesta prioritaria por un tipo de turismo, concretamente el que pretende atraer turistas de países asiáticos con un alto poder adquisitivo y que pretende además concentrar sus esfuerzos en grandes ciudades; puede ser Madrid, pero la solución tampoco es que sea Barcelona, la solución es un cambio de modelo turístico. Es el mismo modelo turístico que ya nos presentaron ustedes en otra proposición no de ley a la que la respuesta del Partit Demòcrata Català fue la misma, que fue la del turismo de compras. Y les digo lo mismo que les dijimos aquella vez: Es una visión muy limitada del turismo. Ustedes y el Gobierno, con su política turística, se dejan por el camino todo un abanico de posibilidades de las que hemos hablado muchas veces aquí también, como el turismo cultural, el turismo rural, el turismo gastronómico o el turismo de interior. En definitiva, se olvidan ustedes del turismo sostenible y responsable, que es el que pone en valor todas las potencialidades turísticas y económicas en nuestro país y el que más posibilidades tiene de generar riqueza y distribuirla. Pretenden fomentar un turismo de alta gama, pretenden atraer a ese tipo de turismo y pretenden vendernos que esto va a llegar a todas las personas y a todos los rincones de nuestro país.

Además, como he dicho al final de mi anterior intervención, se contradicen ustedes, porque fijando la prioridad en este tipo de propuestas sobre conectividad aérea con países asiáticos o sobre turismo de compras no van a poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado en la otra PNL, en la que estábamos todos de acuerdo, esto es, un modelo de destinos turísticos inteligentes. ¿Por qué? Porque centran ustedes la recepción de turistas en Madrid, en este caso, pero podría ser en cualquier otra gran ciudad. Yo, como valenciana, veo que hay muchas posibilidades de turismo inteligente en mi territorio, pero no veo de qué forma pueden llegar los turistas asiáticos o los americanos o incluso los madrileños o los asturianos a esos espacios que podrían ser destinos turísticos inteligentes y que podrían generar esa riqueza que necesita nuestro país. El modelo es totalmente diferente al que nosotros proponemos, pero también el que propone el sector: un modelo descentralizado, un modelo accesible, un modelo sostenible y, en definitiva, un modelo responsable con el turista, con las demandas de ese turista, con el destino turístico, pero especialmente con la economía local y del entorno de ese destino turístico, con las personas que viven y que muchas veces tienen que soportar y no disfrutar de esa recepción de turistas y con las personas que trabajan, insisto, en condiciones muy precarias en el sector turístico. En definitiva, pensamos que este no es el modelo que necesita este país y que este no es el modelo de un turismo adaptado al siglo XXI.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ballester Muñoz.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, Foro Asturias, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Tiene un minuto.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Con mucha brevedad.

Entiendo que estamos hablando de la proposición no de ley sobre la conectividad aérea. Quiero expresar mi apoyo a esta iniciativa del Grupo Popular para fortalecer la conectividad internacional de España con acuerdos de transporte aéreo con terceros países.

No resultará baladí recordar que España tiene por delante desde hace unos pocos meses -y lo aprobamos en esta misma Comisión- la implantación del documento de regulación aeroportuaria, el DORA, que supone, de hecho, reforzar la industria aérea en toda su extensión y sin distingos aeroportuarios, o sea, más compañías, más calidad, mejores precios, más puestos de trabajo y más aeropuertos en boga.


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Yo soy de los convencidos de que España es un referente turístico mundial. Es incuestionable que cada año atrae a más y más millones de viajeros -estamos batiendo récords, y este año 2017 ya nos anticipan que vamos a superar el récord del año pasado-, y esto va a tener un efecto de rebote favorable en cuanto a la conectividad con otros muchos lugares del mundo. En cuanto al DORA, hay muchos motivos para pensar que va a ser una ventaja añadida y una palanca impulsora de las conexiones con el resto del mundo.

He escuchado algunos argumentos sobre el modelo turístico, pero mi idea es que España es una potencia turística mundial de primerísimo nivel. De hecho, a los españoles nos reclaman para que implantemos en otros muchos lugares del mundo el modelo turístico que nos está funcionando en España. Solo quería señalar estas cosas, señor presidente. Votaré favorablemente la iniciativa de la señora Reynés.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

- SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DIGITALES DE LA CIUDADANÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001720).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el originalmente calificado con el número 11. Recuerdo a sus señorías que la proposición con el número 10 pasa al final. Pasamos por tanto a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre protección de derechos digitales en la ciudadanía. Para su defensa, tiene la palabra el señor Galeano Gracia.

El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

Internet es un espacio global que los socialistas consideramos que debe ser abierto, asequible y accesible para todas las personas, pero contrariamente, al igual que el proceso de globalización que está estrechamente ligado, la expansión del acceso a Internet no está evitando generar importantes desigualdades con trascendencia social y económica. La gente suele resaltar, en estos torneos coloquiales, que Internet es un mundo sin fronteras, es esa gran aldea donde todo está a un clic. Todos somos aquí conocedores de aquellas cartas que viajaban por tierra, mar y aire durante varios días para llegar a su destinatario, cuando hoy en día ese correo llega en un clic, en un instante. Fíjense, el mensaje ya no está sometido a esas leyes del espacio físico y, por eso, ya no le cuesta nada llegar de un lugar a otro por muy alejados que estén desde el punto de vista geográfico. Esta característica trastoca todos los esquemas sobre los que se han asentado los ordenamientos jurídicos estatales, cuyo ámbito de vigencia está fuertemente delimitado por las clásicas coordenadas de tiempo y espacio.

Esto nos lleva a otra característica del mundo digital, que es la necesidad de un derecho global, de una legislación transnacional. Los rígidos planteamientos de un derecho de los Estados para los Estados resultan claramente insuficientes para el entorno digital. Hay que destacar en ese sentido que en Europa ahora mismo no existe una norma única que recoja el conjunto de los derechos digitales, pero algunos países sí que han ido desarrollando, de forma individual, normativas para este tipo de derechos; es el caso de Francia o de Italia e incluso de países de fuera de Europa como Brasil.

Antes de nada quiero entrar en un planteamiento doctrinal, ampliando el esquema que propuso Karel Vasak en cuanto a la existencia de tres generaciones de derechos humanos. Varios autores de la doctrina, como Javier Bustamante o Martínez Villalba, afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos. Sin embargo, señorías, el contenido de la misma no es claro y, en cualquier caso, estos autores no presentan una propuesta única. Normalmente, toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en esa cuarta generación. Otros autores, como Javier Bustamante, afirman que la cuarta generación viene dada por derechos humanos en relación con las tecnologías digitales actuales, mientras Riofrío, por ejemplo, prefiere hablar de derechos específicamente digitales, donde se encontraría una nueva gama de derechos. Otras voces insisten sobre el hecho de que en Internet no existen necesariamente nuevos derechos, sino que basta con una interpretación más ajustada de los tradicionales derechos fundamentales.

Quiero introducir un debate, señorías. Se habla del derecho a la identidad digital, del derecho al olvido, del derecho a acceder a Internet entre otras cuestiones, aquí incluso en la propia iniciativa que hemos presentado. ¿Son en verdad estos derechos radicalmente nuevos, distintos a los derechos que estaban consolidados antes? Es una respuesta que hemos de admitir que no presenta una respuesta fácil. Pero gran parte de la sociedad reivindica un tratamiento inmediato de los derechos de Internet, una regulación


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necesaria. En algunos casos los ciudadanos están litigando en los tribunales ante los operadores privados, y estos incluso ante los Estados, y son los jueces, con su jurisprudencia, quienes nos van señalando el camino a seguir en este mundo digital.

¿Qué hemos hecho en España a nivel parlamentario? Un recorrido histórico nos emplaza a esa España de los constituyentes españoles, que ya intuyeron de alguna manera el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en nuestra sociedad, en particular ese artículo 18.4 de la Constitución, que nosotros consideramos a día de hoy que evidencia unas claras limitaciones para atender las necesidades de garantía contemporánea de los derechos en la red. También el Senado, en el año 1999, solicitó la creación de una comisión especial sobres redes informáticas, en la que se señalaba, por ejemplo, decían los senadores -abro comillas-, que el espectacular desarrollo de esas redes informáticas de aquel momento estaba produciendo innumerables beneficios y desde luego una incipiente transformación de esos hábitos laborales y sociales de la sociedad. Ese proceso nos enfrentaba a problemas nuevos que en aquel momento no habían sido capaces de imaginar y las recomendaciones que surgieron de esa Comisión -hay que tener en cuenta la velocidad a la que se producen los cambios tecnológicos en este campo- han ido perdiendo valor con el tiempo, a la vez que están surgiendo auténticos nuevos retos para nosotros: la censura de contenidos por parte de corporaciones privadas, las amenazas que se presentan para los ciudadanos a través de los rastreos que se pueden realizar de su navegación o el contendido de su propio correo electrónico. Entonces tampoco fueron abordados, por ejemplo, los problemas que se pueden plantear en las redes sociales o los peligros existentes en la red para los menores y su seguridad, incluso las manifestaciones machistas o de violencia de género, cada vez más presentes en este mundo. No podemos obviar el derecho a la desconexión laboral, dado que la hiperconectividad a la que nos vemos sometidos afecta a la calidad de vida y a la privacidad de millones de trabajadores. ¿Y qué decir de la reivindicación que tantas veces ha hecho el Grupo Socialista de erradicar esa brecha digital entre territorios pero también entre personas, asegurando el acceso a la conectividad a un precio asequible?

Concluyendo, podemos indicar que en el mundo físico, señorías, la vulneración de los derechos de los ciudadanos es claramente perceptible a través de manifestaciones violentas, de recortes sociales y políticos o de la falta de libertad de expresión, pero en el ciberespacio esas acciones cobran un cierto carácter de invisibilidad frente a ese escrutinio público y precisan nuevas formas de análisis. La red es un mundo en el que la libertad de los ciudadanos puede estar amenazada de manera continua, y no solo por los propios poderes públicos, sino también por empresas privadas, multinacionales con intereses económicos concretos que pueden escapar fácilmente del control de las autoridades. En ese sentido, quiero indicar que la historia nos ha enseñado que no podemos separar las importantes potencialidades de los avances tecnológicos de los intereses particulares que también las promueven.

Bajo este prisma -acabo ya, señor presidente-, consideramos esencial desde el Grupo Socialista que en nuestro país el Parlamento inicie un debate plural y abierto, como lo es el propio entorno digital; un debate que aborde de manera integral la cuestión de los derechos digitales y su protección, teniendo en cuenta que en todo momento ese marco de garantías ha de hacerse por y para los ciudadanos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano Gracia.

A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda, puesto que la que se había presentado ha sido retirada. Por tanto, para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.

El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, señor presidente.

A mi grupo confederal esta proposición le parece una enumeración -con la que estamos profundamente de acuerdo- de los retos a los que se enfrenta la sociedad de la información y, en concreto, la ciudadanía. Son de señalar las políticas en cuanto a la brecha digital, a la brecha de género o a otros puntos que se señalan, sin embargo nos parece preocupante que esta sea una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a actuar y a tomar medidas legislativas. Entre las cosas que se proponen, en el punto primero se habla del derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la veracidad de la información en Internet y al derecho al honor y a la propia imagen en la red. Aunque apoyamos la justificada y creo que razonable propuesta de los derechos de cuarta generación, entre los que podrían estar, por ejemplo, los derechos climáticos u otro tipo de derechos, vemos con preocupación que, por ejemplo, el Grupo Popular presenta una proposición no de ley relativa al régimen de protección


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civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la presenta en la Comisión Constitucional, no la presenta en Justicia. Creo que todos sabemos lo que ha hecho el Ejecutivo en cuanto a la libertad de expresión y cómo trata el derecho al honor en normas como la Ley mordaza en seguridad ciudadana. Creemos que puede tomarlo como un caramelo para poder fraccionar el derecho al honor, que es uno; el derecho a la libertad de expresión, que es uno, y así recortar derechos tomándolos con un pensamiento fraccional. Por eso, aunque estamos de acuerdo en que hay que avanzar en derechos y libertades, vemos un índice en el que no acabamos de ver, porque no lo dice explícitamente, hacia donde hay que avanzar ni propone un articulado. Si al final estamos de acuerdo en que hay que avanzar en derechos y libertades, hagamos una proposición de ley, un articulado en el que digamos cuáles son nuestras propuestas en esos puntos que se indexan. Creemos que hay jurisprudencia en cuanto, por ejemplo, el derecho al honor, con la Ley 1/1982, que se aplica en las nuevas tecnologías, y que hay sentencias que obligan a trolls de Internet y a gente que ha vulnerado la imagen de otras personas en Internet a utilizar esas mismas tecnologías para rectificar. Se han aplicado ya en las nuevas tecnologías. Creemos que poco a poco los jueces están utilizando las herramientas de las que disponen para estas cuestiones para aplicarlas en el ámbito de las nuevas tecnologías. Creemos que no debemos cegarnos por la velocidad de desarrollo de las tecnologías y que debemos avanzar en un texto reglado y articulado en esta materia para conseguir avanzar y no dejarlo en manos de lo que pueda traer el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luis Bail.

Para la defensa de la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.

La verdad es que, tal como analiza esta proposición no de ley del Grupo Socialista, la transformación digital en nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como económico. La entrada en vigor en mayo de 2018 del Reglamento general de protección de datos pone de manifiesto el carácter fundamental que el impulso de Internet tendrá en nuestras vidas. Sin ningún género de dudas, las políticas vinculadas a Internet deben ser políticas de Estado y capaces de comprometer el consenso y la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Esta proposición no de ley presenta un amplio catálogo de derechos. Recoge acciones como garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en Internet; acometer políticas de protección de menores en Internet; reducir la brecha de género en Internet y combatir la red de violencia machista; el acceso universal y no discriminatorio en Internet; la protección de la privacidad digital o, por ejemplo, el impulso de la transparencia y participación tecnológica hacia una democracia digital avanzada.

Desde nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, defendemos un modelo de legislación en materia digital que tenga como pilar fundamental ese respeto a los derechos y libertades del usuario, haciendo del ciudadano la piedra angular sobre la que ha de pivotar esta legislación. Asimismo, entendemos que una regulación lógica y efectiva debe partir de la armonización legislativa y en este sentido es importante remarcar el esfuerzo de coordinación al que se hace referencia en esta proposición, con el fin de garantizar tanto la unidad de mercado como la homogeneidad de derechos de la ciudadanía.

Sobre la base de estas consideraciones, entendemos que la ciudadanía que goza de mayores derechos y oportunidades es una ciudadanía más libre y autónoma, y en este sentido compartimos el contenido de esta iniciativa y así lo recogimos también en el acuerdo que firmamos con el Partido Popular. Por tanto, nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, votará a favor de esta iniciativa que pretende consenso. La verdad es que el señor Galeano lo ha expresado perfectamente. Ha sido constructivo y además ha expresado un sentimiento democrático, pero lamentamos que no haya ese espíritu en otras decisiones que el Partido Socialista ha tomado, como el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado, porque además estos dotaban de mayores recursos a la agenda digital, con unas partidas que se aproximaban a 100 millones de euros. En definitiva, votaremos a favor de esa iniciativa y esperamos que siga ese espíritu de consenso y de construcción de esta era digital, que la necesita.

Muchas gracias, presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.

Para fijar la posición de Foro Asturias, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante una proposición no de ley que nos parece de gran calado y de muchísima extensión, que yo voy a respaldar con mi voto, porque, aunque se puede entrar en algún detalle para precisar el texto, es imposible estar en desacuerdo con los grandes objetivos que aquí se describen, relativos a los derechos de la ciudadanía, a derechos prestacionales de acceso y uso, derechos de protección de datos personales. Además, hay un segundo punto para acometer políticas de protección de los menores en Internet, cuestión fundamental. Precisamente se conoció en Asturias estos días pasados un caso casi increíble de un niño que recibe 15 000 wasaps en apenas 24 horas; es una noticia que ha dado la vuelta a medio mundo. Hay un tercer punto que también llama a acometer políticas para reducir la brecha de grado en Internet y para combatir en la red la violencia machista; un cuarto punto para acometer políticas que garanticen el derecho de acceso universal y no discriminatorio a la red; un quinto punto para acometer políticas de protección de la proyección digital y, finalmente, un sexto punto para acometer políticas de transparencia y participación tecnológica, es decir, para la democracia digital.

Insisto, voy a votar favorablemente esta iniciativa y además quiero subrayar, lo hice ya en alguna ocasión en esta Comisión, que las Cortes Generales fueron pioneras en el estudio de los impactos que la red iba a tener en la sociedad. Lo recordaba el diputado socialista. Efectivamente, en el año 1998, casi ninguno de los que aquí estamos sabía lo que era un SMS, porque probablemente ninguno teníamos entonces un teléfono móvil, y los más avanzados nos pegábamos con Telefónica a cuenta de Infovía y en favor de la campaña "Tarifa plana ya". Efectivamente, las Cortes, en concreto el Senado, trabajaron este asunto. Lo sé porque yo, modestamente, fui el presidente de aquella Comisión especial de redes informáticas. Y puesto que esta iniciativa es socialista, quiero aprovechar para recordar con muchísimo agrado, porque se trabajó con alto consenso, a los dos senadores socialistas más significados en aquella Comisión, los señores Josep Modol y Félix Lavilla. Conseguimos eliminar la dictadura de Telefónica; la tarifa plana fue gracias a una ministra catalana, la ministra Anna Birulés, de Ciencia y Tecnología, porque entonces, ¡qué tiempos!, había un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En definitiva, esta PNL, como dije al principio, es muy amplia y está en la línea que el Gobierno se marcó al inicio de esta legislatura y que fue expuesta por el propio ministro Nadal. Precisamente mañana hay un Consejo Europeo cuyas conclusiones sobre la agenda digital van a ser muy importantes para los próximos meses. Incluso ayer en el propio Pleno del Congreso debatimos cuestiones relativas a la ciberseguridad y escucho en las intervenciones de los diferentes portavoces que hay ganas de hacer propuestas, que hay ganas de exigir que efectivamente España se ponga en primera línea. Por tanto, voy a dar mi respaldo a esta iniciativa del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Oblanca.

Para concluir y fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González Terol.

El señor GONZÁLEZ TEROL: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

En primer lugar, quiero adelantarles que el voto del Grupo Popular a esta proposición no de ley será negativo, y lo será por dos motivos. En primer lugar, porque muchas de las propuestas incluidas en esta PNL, señor Galeano, ya se lo he dicho, ya se están ejecutando por parte del Gobierno de España, y en segundo lugar, porque la elaboración de esta proposición no de ley, desde nuestro punto de vista, no ha contado ni con la sociedad civil ni con los expertos ni con algunos de los partidos aquí presentes, como el partido del Gobierno, es más, entendemos que ni siquiera ha tenido en cuenta las directivas e instrucciones que la Unión Europea ha dictado al respecto. Por tanto, entendemos que es una propuesta unilateral y no consensuada, y eso a pesar de que en el Senado, el pasado 22 de marzo de 2017, a propuesta de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Unidos Podemos y Vascos, se aprobó el siguiente texto: Articular un debate público y alcanzar consensos para actualizar y proteger adecuadamente los derechos como ciudadanos y como consumidores en Internet, adaptando sus derechos al entorno digital. Pues bien, cinco días después de ese acuerdo en el Senado, el 27 de marzo, presentó usted esta proposición no de ley sin haber dialogado con nadie.


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Además, entendemos que esta proposición no de ley supone un ninguneo y un desprecio a la labor que el grupo de trabajo sobre derechos digitales está ejecutando en nombre del Gobierno. Este grupo sabe usted que se creó el pasado 28 de marzo, que está integrado por distintos expertos del mundo académico y eminentes juristas que han puesto en marcha, entre otras cosas, el primer conversatorio sobre derechos digitales de los ciudadanos, al cual usted y yo fuimos invitados; es verdad que tuvimos una agenda bastante complicada, pero hubo representación de nuestros partidos políticos. Es una pena, porque da la sensación de que no se ha contado con ese trabajo del Gobierno.

En cualquier caso, el texto que presenta el Grupo Socialista, desde mi punto de vista, propone medidas y actuaciones que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha o en las que está trabajando. Por poner algún ejemplo, si nos referimos a los derechos de la ciudadanía en general, obviamente estos ya están representados en la Ley orgánica de Protección de Datos, en el artículo 20 de la Constitución y en las sentencias del Tribunal Constitucional respecto al derecho a la libertad de expresión o en el derecho a la desconexión laboral, que ya sabe que está presente también en los principios de finalidad y proporcionalidad recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el reglamento de desarrollo. Si nos referimos a los derechos de protección de los menores, sabe usted que el Incibe ha presentado hace pocas fechas, a través de su centro de seguridad, la campaña "Internet Segura For Kids" y el programa de cibercooperantes. Y en cuanto a garantizar el derecho de acceso universal y no discriminatorio, usted sabe que el Gobierno puso en marcha la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo y el Programa nacional de extensión de banda ancha de nueva generación, cuyo presupuesto -y aquí hemos tenido usted y yo un debate sobre el presupuesto necesario- se ha incrementado un 58% en los presupuestos del año 2017, que creo que es una cifra bastante relevante, hasta los 100 millones de euros, con la idea de llegar hasta 2901 ayuntamientos y a tres millones de personas. Además, sabe que el 25 de noviembre de 2015 se aprobó el reglamento sobre Internet abierta. Incluso en cuanto al impulso de la transparencia y el avance hacia una democracia digital avanzada, aquello que se habla de la apertura de datos, son muchas las medidas puestas en marcha: la Ley 18/2015, sobre reutilización de la información del sector público, el plan de transformación digital de la Administración General del Estado 2015-2020 o la creación del catálogo nacional de datos abiertos. Todo esto nos ha situado como el sexto país, según la OCDE, que mayor desarrollo ha tenido en cada una de estas iniciativas.

Por tanto, entendemos que el Gobierno está trabajando bien y está trabajando en las materias de las que usted ha hablado. Además, ha abandonado usted el acuerdo, ya sellado por distintos partidos políticos en el Senado, para poner en marcha un trabajo consensuado a través del equipo de expertos y de ese conversatorio que ya inició el trabajo de los expertos. Por tanto, entenderá que mi grupo parlamentario no puede dar su apoyo positivo ni abstenerse en una proposición que creemos que es injusta para el Gobierno de la nación.

Muchas gracias, señor presidente; gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Terol.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FIJAR UNA POSICIÓN COMÚN EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001857).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el calificado con el número 12, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, traemos a la Comisión de Energía una iniciativa que pretende fundamentalmente dos objetivos, uno, que el Gobierno se tome en serio, de una vez por todas, que tenemos que abordar como país una transición energética ordenada y de forma inmediata, y dos, que ese diseño de la transición energética sea fruto del mayor consenso posible entre toda la sociedad.

Para lograr estos objetivos, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a que en el más alto nivel de la Administración, desde la Vicepresidencia, se cree un grupo de expertos de reconocido prestigio, independientes del sector y de sus grandes empresas, que elabore, desde el punto de vista técnico,


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distintos escenarios de transición energética para España. Instamos también a que el documento resultante del trabajo del grupo de expertos venga al Parlamento para su debate. Queremos que se cree una ponencia que permita que el mayor número de entidades, asociaciones, empresas y expertos puedan pronunciarse sobre la base de ese documento y que nos permita a los grupos parlamentarios tomar una posición política al respecto.

La transición energética es la clave de bóveda para lograr los objetivos climáticos acordados en París. Sin modificaciones en el modelo energético será inviable su cumplimiento y no hay tiempo que perder. Señorías, la mayoría de los países de nuestro entorno ya han definido su modelo y están diseñando su política energética adecuada a los objetivos planteados. También tenemos una fecha límite para presentar una estrategia nacional de energía y clima, el 1 de enero de 2018, y siento comunicar que tenemos muy poco tiempo para hacerla, y que el Grupo Parlamentario Socialista no va a renunciar a hacer un proceso participativo amplio sobre este asunto. Por tanto, instamos al Gobierno a que se ponga ya mismo a elaborarla.

El presidente del Gobierno ya ha recibido varios toques por parte de la Comisión Europea, por parte de todos los grupos de la oposición parlamentaria y también por parte de un grupo de expertos dedicados al análisis del sector energético y de la sostenibilidad. Todos coincidimos en la urgencia de abordar este tema estratégico a nivel planetario que necesita de una acción política decidida, compartida y de gran ambición. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente parece que ya ha empezado a dar los primeros pasos para la elaboración de la ley del cambio climático y transición energética. Por lo tanto, es necesario que este informe consensuado esté terminado para que puedan incorporarse a la ley las propuestas para el mix energético que permita una transición justa hacia la descarbonización.

En el día de hoy he recibido enmiendas del Grupo de Podemos y del Grupo Ciudadanos, enmiendas que a nuestro modo de ver son interesantes y ampliamente compartidas, pero que no corresponden con el objetivo de la iniciativa que hoy estoy defendiendo. Deseo recordar a sus señorías del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea concretamente, que el Grupo Socialista ya ha presentado iniciativas; algunas las hemos presentado conjuntamente, como la proposición de ley de autoconsumo, y otras las hemos votado juntos, como la de la gradual disminución de la energía nuclear en el mix energético.

La iniciativa que estoy defendiendo hoy no trata de entrar en el contenido ni de poner premisas a ese trabajo de los expertos, porque para eso pedimos que sea un grupo de personas independientes expertas en la materia las que propongan los modelos que consideren. Nosotros tenemos, además de la legitimidad para defender nuestras opciones, muchos espacios para debatir y defender nuestras posiciones políticas, como ya hemos hecho y seguiremos haciendo en el futuro, porque, entre otras cosas, es nuestra misión aquí.

El liderazgo en materia de energía y clima se obtiene ejerciendo ese liderazgo; que hasta ahora el Gobierno solo ha mostrado desdén, apatía y desorden en el impulso de la transición energética en España, con mensajes contradictorios y con una ambición mermada y dividida entre dos ministerios. La lucha contra el cambio climático y la transición energética son cuestiones de Estado y requieren de implicación al más alto nivel y una visión integral del asunto. De nada nos vale que el presidente vaya a unas jornadas y diga que es un tema muy importante para él; debe demostrar que esto es así, remangarse él mismo, el propio presidente, y demostrar a la Unión Europea que en España tendrá un aliado fiable para conseguir que se cumplan los objetivos que nos marcamos en París.

Quiero terminar diciendo que esta iniciativa que presentamos los socialistas fue una iniciativa que tratamos de consensuar entre todos los grupos políticos que formamos parte de esta Cámara, que en términos generales fue una iniciativa que todos los grupos coincidieron en que era necesaria y que era imprescindible sacar adelante. Espero que en el día de hoy salga porque, quiero volver a insistir, la cuestión que compete al objetivo de esta iniciativa es que España tenga diseñado un modelo de transición energética hasta el año 2030 y también hasta el año 2050. Es una cuestión que trasciende objetivos partidistas, que de aquí al año 2050 podrá hacer muchos Gobiernos diferentes en España pero que tenemos la responsabilidad, como políticos electos que somos, de que haya cuestiones que no se vean sometidas exclusivamente a visiones partidistas sino a visiones que traspasen ese partidismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio Carrasco.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos y por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por riguroso orden de entrada, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.


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La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, compañeros, yo hoy tengo un poco de desorden en cuanto al orden de intervención y demás; no sé si me lo parece solo a mí pero creo que estamos yendo de una manera que yo no lo había visto antes, presidente, así que me tiene un poco deslocalizada.

El señor PRESIDENTE: Se lo justifico. Primero interviene el grupo que plantea la proposición no de ley; segundo, intervienen los grupos que plantean enmiendas en orden de registro de entrada, es decir, el que más corre para ir al registro de entrada a presentar su enmienda antes interviene en la Comisión; tercero los grupos que no plantean enmiendas y que por tanto van a fijar posición en orden de menor a mayor, y cierra siempre el grupo que apoya al Gobierno que es el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene usted la palabra.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias por la aclaración presidente.

Lo que ha dicho la señora Lucio es cierto. De hecho se intentó llegar a un consenso y presentarla conjuntamente; finalmente no pudo ser posible, desconozco las razones porque mi grupo sí que pretendía firmarla conjuntamente y traerla aquí. Todos tenemos la certeza de que es necesario que haya una planificación energética en nuestro país porque si resumimos todo lo que ha pasado en estos años veremos que en la factura de la luz se están pagando los errores políticos de todos estos años, así que es necesario no solamente garantizar un suministro energético sino también hacer viable o planificar qué modelo queremos y hacia dónde queremos ir. Esta planificación, además, tiene que enmarcarse en periodos temporales mayores a un ciclo político, porque la política energética tiene sus visos o sus resultados a treinta o a cuarenta años y no a tres, cuatro años que es lo que dura una legislatura. Por eso es necesario que se haga una planificación ordenada.

También hay que tener en cuenta, cuando se prevea cómo se va a establecer toda esta transición energética, que va a haber un incremento de demanda, que se tiene que planificar cómo se va a resolver cuando se introduzca el vehículo eléctrico y distintas tecnologías, y también hay que dejar un hueco en esa planificación para los desarrollos tecnológicos, y esperamos a corto plazo la inclusión de tecnologías de acumulación, como es el caso de las baterías que también esperemos que se regule pronto en esta materia.

Desde Ciudadanos tenemos claro y de hecho así lo hicimos saber y firmar en el acuerdo con el Partido Popular, que abogamos por un pacto de Estado por la energía para que sea un compromiso de todas las fuerzas políticas y no una moneda de cambio de los distintos Gobiernos. Y para eso es necesario que también se incluya el término de consenso político. Por supuesto que estamos de acuerdo con este grupo de expertos, también con ese grupo interministerial, pero creemos que no solamente tiene que recoger sensibilidades de ámbito académico, económico y social, sino que también se tiene que tener en cuenta el punto de vista político, y así lo hemos hecho ver en el primer punto que hemos enmendado.

Compartimos ampliamente esta iniciativa. Les digo que nosotros queríamos presentarla conjuntamente y así se lo hicimos saber a la señora Lucio. Y decir, simplemente, que la lucha para el cambio climático parte del compromiso. Me encantaría que más allá de las palabras que se digan en esta Comisión, haya un compromiso real no solo para decidir qué modelo energético queremos para establecer cómo va a ser el cauce hacia ahí, porque cuando hablamos de emisiones ahora mismo, se habla de nucleares, se habla de renovables pero nadie habla de carbón. Y si vamos a hablar de todas las tecnologías que emiten, sería justo hablar de todo el mix energético. Así que teniendo en cuenta que queremos y sabemos hacia dónde tenemos que llegar, creo que deberíamos poner todas las cartas sobre la mesa.

También hemos enmendado, solicitando una auditoría de costes de todo el sistema, repito, de todo el sistema, porque creemos que para el grupo de expertos será mucho más factible y mucho más provechoso su trabajo si saben cuánto cuestan las cosas y de dónde salen los costes que luego se repercuten en la factura.

Nada más diré que esperamos llegar a una transaccional con el Grupo Socialista, estamos hablando, todavía la señora Lucio no ha dicho nada sobre si acepta nuestra enmienda o no y si llegamos a una transaccional, pero igualmente nuestro voto será favorable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.


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El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Buenas tardes. Nosotros también creemos que la transición energética es un reto que hay que afrontar de forma urgentísima, la transición a un modelo energético y a un modelo económico, ecológico y que sea socialmente justo. La propuesta que plantea el Grupo Socialista es una propuesta que seguramente tiene una buena intención y que sería incluso lógica si este fuese otro país, si este fuese Alemania o Dinamarca, donde han podido decidir una estrategia energética avanzada, también porque había unas premisas previas claras y un acuerdo político claro previamente. A estas alturas lo que es necesario es tener el criterio político claro de hacia qué tipo de modelo económico y qué tipo de transición energética queremos realizar, porque esta no es una cuestión tecnocrática que se encarga a un grupo de expertos y sobre la que este grupo de expertos plantea diferentes escenarios. A estas alturas, y tratándose de una cuestión urgente e imprescindible, lo que es necesario es una política y una estrategia claramente orientada. ¿Qué puede ir acompañada por el trabajo de un grupo de expertos? Perfecto. ¿De un grupo técnico en el ámbito del Gobierno? Perfecto. ¿Buscando el máximo acuerdo y el máximo consenso? Perfecto. Pero la constatación es que las posiciones políticas alrededor de qué transición energética queremos son diametralmente distintas. Por eso nuestras enmiendas van en el sentido de que las premisas sean claras.

Transición energética con nucleares o sin nucleares. Nosotros creemos que es fundamental que sea sin nucleares, esta no es una cuestión que se pueda dejar abierta. Me sorprende que el Grupo Socialista no haya puesto esto en su propuesta. ¿Con fomento del autoconsumo y derogación del impuesto al suelo o no? ¿O con la política del Gobierno absolutamente hostil y contraria al autoconsumo? ¿Con una reforma a fondo del mercado eléctrico que permita acabar con los beneficios caídos del cielo y que le dé un sentido de derecho social al acceso a la energía o no? Estas son cuestiones fundamentales que no se pueden dejar a un grupo de expertos; si el grupo de expertos es plural, el conflicto lo vamos a trasladar al grupo de expertos.

Por eso planteaba que a las alturas del debate en el que estamos es imprescindible tener cuestiones políticas claras. Un modelo centralizado o distribuido y por tanto más democrático o un modelo basado en el oligopolio. Un modelo donde puedan participar pequeñas y medianas empresas operadores municipales o con el mismo modelo de las grandes empresas eléctricas; efectivamente, con térmicas de carbón o sin carbón. No hay transición energética posible, a nuestro parecer, ni con carbón ni con la energía nuclear.

A estas alturas, tal y como está el debate en el mundo, el objetivo imprescindible para cumplir los acuerdos de París y mitigar el cambio climático esas son premisas que se deben tener claras, porque si no el riesgo es de subordinarse a la política del Gobierno, de un Gobierno que ya está elaborando su propia ley de transición energética.

La cuestión fundamental para Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para avanzar hacia una transición energética cien por cien renovables, que realmente ponga fin, que cierre las centrales nucleares, que fomente la energía distribuida, el autoconsumo, es el cambio político, es el cambio de Gobierno. Para nosotros esta es una cuestión fundamental; no va a haber transición energética en este país, no va a haber cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático con el actual Gobierno del Partido Popular. Por eso nos sorprende la posición, que creemos un tanto ingenua, del Grupo Socialista. Nosotros no creemos delegable la política energética a una comisión de expertos; no nos vamos a oponer a que se cree una comisión de expertos, pero lo que planteamos es que el debate, el debate que tenemos que estar realizando en el Congreso de los Diputados es el debate sobre qué premisas se va a elaborar esa ley de transición energética y de cambio climático. Esa es la cuestión fundamental.

Por todas estas razones, no vamos a apoyar en esos términos la proposición no de ley y nos vamos a abstener.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñes.

Le pregunto a la señora Lucio Carrasco si va a aceptar alguna de las enmiendas.

La señora LUCIO CARRASCO: Se me olvidó decir que vamos a aceptar una enmienda de Ciudadanos, que es de adición.

El señor PRESIDENTE: Le ruego comunique a la Mesa exactamente qué enmienda es para el tenor final literal de lo que vamos a someter a votación.


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Para fijar su posición, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.

El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy estamos ante un día muy importante en esta Comisión, es una oportunidad para demostrar que más allá de las diferencias políticas, legítimas.... (Rumores). Creo que está primero el Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: No me constaba la petición del señor Martínez Oblanca.

Señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, con muchísima brevedad, aunque yo también me sumo a la desorganización que apuntaba la señora diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, en el sentido de que efectivamente estaba yo también descolocado en relación con los diferentes turnos de intervención. Valga en defensa del criterio del presidente que tal vez sea el hecho de que hace mucho tiempo que no vemos varias PNL en esta Comisión y por tanto no estamos acostumbrados al ritmo que nos impone la Presidencia.

En relación con este tema diré que esta proposición no de ley que defendió la diputada Lucio Carrasco propone la elaboración de un informe por parte de una comisión de expertos en una materia que sin duda es capital para el futuro inmediato de España y por tanto creo que es un desafío irrenunciable para nuestro país que el Congreso de los Diputados trate de conocer, en este caso por boca de expertos acreditados en este tipo de cuestiones, su parecer. Después de escuchar al señor Vendrell y su peculiar teoría de que lo que hace falta sobre todo es cambiar el Gobierno para dar respuesta a la transición energética en este país, me entran dudas de si el trabajo que pueda realizar esta comisión de expertos, si es que lo aprueba esta Comisión, va a resultar un trabajo útil, porque creo que haría falta dar un voto de confianza precisamente hacia los expertos para que puedan trabajar en un clima, entiendo yo, que va a ser acogido con carácter general por los miembros de la Comisión, por el Congreso de los Diputados, para así de alguna manera tratar de avanzar, porque si inicialmente creamos una comisión que ya nace con dudas sobre su eficacia, eso al final no nos va a llevar a un buen camino.

En todo caso es una buena iniciativa, creo que es una buena idea disponer de este informe. Desde que constituimos la Comisión de Energía en el Congreso de los Diputados hemos visto que este tipo de cuestiones no solamente levantan pasiones sino que levantan, como acabamos de escuchar, muchísimas discrepancias. En todo caso creo que es irrenunciable por nuestra parte abordar una cuestión capital para el futuro de España.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Finalmente, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias, presidente.

Como decía, es un día importante porque estamos transmitiendo a la sociedad que somos capaces de llegar a un acuerdo en el ámbito de la energía que había sido, hasta fechas recientes, un lugar de disputa permanente en el ámbito político. Se vio que con el bono social fuimos capaces de llegar a un entendimiento entre diversas fuerzas políticas que pensamos diferente y que tenemos una concepción de la política económica dispar, pero fuimos capaces de llegar a un acuerdo. En esta ocasión, el problema que sugiere el cambio climático es de tal envergadura que la respuesta que seamos capaces de dar mostrará la dimensión que tenemos como país. Creo que el hecho que hayamos llegado a este acuerdo, que llevemos tanto tiempo trabajando con el Grupo Parlamentario Socialista, con el Grupo Ciudadanos y con el resto de grupos para que esta iniciativa salga adelante es, sin duda alguna, una buena noticia en el día de hoy.

Es importante que se conozca por parte de la gente que pueda escuchar o estar viendo esta sesión, que no solamente se genera ese grupo de expertos que va a colaborar con el grupo interministerial en la redacción del plan de energía y clima, además esta casa, el Congreso de los Diputados, en la ponencia que ex profeso hay que crear en el seno de esta Comisión, tendrá que colaborar con el grupo de expertos para que esta estrategia española de energía y clima y la transición energética sea escuchada y participe en ella la mayor cantidad posible de voces, para garantizar con ello certidumbre y que las decisiones que se tomen en ese sentido abarquen mucho tiempo y no se limiten a una sola legislatura, como decía anteriormente una de las intervinientes.


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El escenario de transición energética exige esa colaboración, ese consenso y ese diálogo. En estos momentos nuestra generación eléctrica es muy superior a la necesitada puesto que el PIB, el crecimiento de nuestro país es importante pero la demanda eléctrica ha caído. Eso quiere decir que somos cada día más eficientes. Es verdad que ya cumplimos los objetivos de emisiones del año 2020, es verdad que estamos muy próximos a cumplir los objetivos de energías renovables para el año 2020, y es verdad que con las recientes iniciativas referidas a la eficiencia energética, a ese fondo nacional de eficiencia energética más los casi 340 millones de euros que pone a el Gobierno disposición de los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes, creo que hay capacidad de conseguir los objetivos de 2020.

Pero tenemos objetivos más ambiciosos, los planteados el pasado 12 de diciembre de 2015 con la aprobación del Acuerdo de París, que nos obliga a un objetivo de descarbonización de la economía para el año 2050. Además, en el año 2014, el Consejo Europeo ya estableció unos criterios muy duros, muy fuertes, muy rígidos para aumentar al 30 % la presencia de renovables; aumentar al 27 % la eficiencia energética y a reducir las emisiones en un 40 %.

Creo que la transición energética en nuestro país y la lucha contra el cambio climático exige responsabilidad, exige que abandonemos de una vez los prejuicios políticos que todos podemos tener en algún momento; que nos sentemos a colaborar y a trabajar en el caso del Congreso en la ponencia que se va a crear a este efecto; que respetemos el trabajo que los expertos que se nombren, a propuesta de todos los grupos parlamentarios puesto que con todos se está hablando, para que todos puedan verse representados en la presencia de esos expertos, y junto con el grupo interministerial consigamos que esa estrategia española de energía y clima del año 2019, junto con la transición energética, albergue un futuro mejor, próspero, en una economía descarbonizada que albergue nuevas oportunidades para los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal Anaya.

- RELATIVA A LA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001958).

El señor PRESIDENTE: Pasaríamos a la siguiente proposición no de ley que la propone el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que no se encuentra en este momento presente y me ha pedido que se retrase. Por tanto, seguiríamos con la siguiente, que corresponde al número 15º del orden del día, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es la relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. Dado que se encuentra presente la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos que va a defender esta proposición no de ley, la señora Rodríguez Hernández, si no hay inconveniente....

El señor GARCÍA EGEA: Señor presidente, ¿qué previsiones de tiempo hay? Los que estamos en otras comisiones tenemos que saberlo. ¿A qué hora las votaciones? Si no hay inconveniente.

El señor PRESIDENTE: Lo dejamos para el final. Nos ha pedido que lo retrasemos media hora. Aprovecho para anunciar a sus señorías que no votaremos antes de una hora por lo menos, no antes de las siete y media.

Para la defensa de la proposición no de ley relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear, le cedo la palabra a la señora Rodríguez Hernández.

El señor POSTIGO QUINTANA: Perdone, presidente, entonces la PNL número 13.º pasa a la última o va después de la 15.º?

El señor PRESIDENTE: La número 13.º la dejamos para el final y quedará la última.

Debatimos ahora la número 15.º, que es la proposición no de ley relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. Para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente.

Compañeros, quiero empezar mi intervención señalando lo que hemos manifestado en distintas ocasiones desde mi grupo parlamentario y es que Ciudadanos quiere confiar en el Consejo de Seguridad Nuclear y para eso creemos que es indispensable que, como regulador que es, sea un regulador técnico y que no sea político. Estos días hemos pasado por las distintas ponencias de seguridad nuclear y créanme,


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para lo que no son ponentes o los que no son miembros de esa ponencia, se escuchan cosas a veces surrealistas y sorprendentes. Creemos que es indispensable, máxime después de haber terminado todas las ponencias, que realmente tomemos conciencia de que es necesario que haya una despolitización.

El debate sobre el cierre de las nucleares o del posible alargamiento de la vida útil de éstas ya llega, está aquí; nos gustaría que fuese después de que se alcanzase un acuerdo sobre la transición energética de este país pero,como hay que ir haciendo los deberes, creemos que es indispensable e imprescindible, presidente, que se empiece a hablar de un regulador independiente para poder confiar. Como digo hay muchos casos que están en el aire, hay muchas dudas que incluso en la ponencia se nos quedaron en el aire, preguntas cruciales para el futuro no solo del parque nuclear sino también para garantizar la confianza que hay en todo el Consejo.

La política energética de nuestro país la dicta el Gobierno y la dictan los partidos políticos, es decir, no la dicta ningún órgano regulador. Por eso entendemos que el sistema que existe en la actualidad, el cual se acaba convirtiendo en intentar colocar a expolíticos afines a diferentes partidos tradicionales, como pasa en la actualidad, representa un problema. Aquí no se trata de criminalizar al expolítico, sino que de lo que se trata es de que si hay un expolítico que se vaya a incluir en el Consejo de Seguridad Nuclear sea porque es un candidato idóneo y porque técnicamente esté cualificado para estar. Nos hemos encontrado con casos en que hay miembros del Consejo de Seguridad Nuclear que nada tienen que ver ni con la energía nuclear ni siquiera con el sector energético y son miembros de ese Consejo, que tiene que ser, repito, un consejo técnico y no político, porque, a pesar de lo que hemos escuchado en la ponencia, el órgano regulador no está ni para hacer presión ni para hacer política ni para decir que es más o menos conveniente, sino solo ceñirse a criterios técnicos.

Por eso y porque creemos que el debate se va a abrir hacia delante, hemos intentado presentar una iniciativa que pudiese contar con un consenso amplio para aprobarla y para que fuese un compromiso de toda la Comisión. De hecho, hemos extrapolado un texto ya en preacuerdo para otros órganos reguladores con algunos partidos que están aquí, como la CNMC o la CNMV, o que estamos hablando en esa línea, pero, sorpresa para nosotros, parece que no es aplicable a este órgano regulador. Así que, teniendo en cuenta que nuestra iniciativa para nosotros no era todo lo ambiciosa que debería ser en pos del consenso político y teniendo en cuenta que no va a haber consenso político, sí que vamos a aceptar parte de las enmiendas del Grupo Socialista porque creemos que hay que ir mucho más allá, que era nuestra posición inicial fijada pero que, repito, en pos del consenso político habíamos transigido para intentar aunar el mayor número posible de fuerzas.

Nuestro Consejo de Seguridad Nuclear siempre habla de lo maravilloso de la NRC y de lo bien que está trabajando el órgano regulador estadounidense, pero curiosamente poco nos parecemos a ese órgano regulador cuando hay falta de transparencia, cuando ni siquiera hay mediación de conflictos y cuando tampoco se conocen sus actas y sobre todo algo que para nosotros y para mí personalmente fue muy significativo y es que el deber de todos los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear es venir aquí y ser comparecientes cuando sean requeridos por la Comisión. En este caso, en la minilegislatura anterior nos encontramos ante el caso de que el presidente no quiso venir, decidió no venir, cosa que es inaceptable puesto a quien debe rendir cuentas precisamente es a esta Comisión.

Repito, como lo que busca Ciudadanos desde el principio, y teniendo en cuenta el debate que se va a abrir ahora en materia de seguridad nuclear, es velar y creer en el Consejo de Seguridad Nuclear, que se despolitice el regulador y que el regulador funcione como lo que tiene que ser, como un órgano independiente, consideramos que es indispensable que se acepte nuestra iniciativa y animamos al resto de partidos políticos que todavía se lo están pensando, que si realmente lo que queremos es un órgano que vele por la seguridad de todos nosotros, no de personas de otro planeta, quizá deberíamos empezar por colocar a los técnicos donde tienen que estar y a los políticos donde tenemos que estar, que es haciendo política energética y no dictando informes técnicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren.

El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.

El Grupo socialista comparte los planteamientos generales de la PNL que presenta el Grupo Ciudadanos en relación con la necesidad de dotar de mayor transparencia al Consejo de Seguridad


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Nuclear. La misión del CSN es trabajar por la seguridad nuclear y la protección radiológica y es obligado mejorar la credibilidad de esa institución para que los ciudadanos tengan la mejor información posible en aspectos tan sensibles para su vida como la seguridad nuclear y la protección radiológica. Esa credibilidad necesaria en los organismos reguladores está en cuestión en el caso del CSN, está en tela de juicio por la adopción de una serie de decisiones que podría parecer que han estado más orientadas a facilitar la política energética del Gobierno que con la misión del mismo. Las decisiones sobre el emplazamiento de la ATC, la proliferación de ATI, la decisión, muy controvertida, sobre la posibilidad de reapertura de la central nuclear de Garoña o la posibilidad del alargamiento de cuarenta a sesenta años de la vida útil del parque nuclear español, son algunas de ellas. Se ha echado en falta una mayor transparencia en los procesos de adopción de esas decisiones e incluso se han planteado dudas sobre la verdadera independencia de los consejeros en la adopción de las mismas. En palabras de la consejera Cristina Narbona, la experiencia de la catástrofe de Fukushima es fundamental para entender la exigencia de máxima credibilidad de los organismos reguladores, de los que cabría decir esa expresión bien conocida de que la mujer del césar no solamente tiene que ser honesta sino que además tiene que parecerlo. En consecuencia, se hace necesario que mejore la imagen del CSN y que los ciudadanos confíen en una institución que está ahí única y exclusivamente para velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica y, por eso, extremar el principio de precaución en cuanto a la toma de decisiones y hacerlo más trasparente puede contribuir efectivamente a que se perciba al CSN como un organismo regulador muy exigente en cuanto a la adopción de decisiones y que tiene mucho que ver con la misión única del consejo.

En relación con los puntos que plantea la PNL de Ciudadanos, haré algunas consideraciones. Solicita en su punto 1 la retransmisión pública y en directo de las reuniones del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el modelo del regulador norteamericano del NRC. Tal y como explicó el presidente del CSN, señor Martí Scharfhausen, en la ponencia, en el modelo de la NRC los consejos son públicos, es decir, se sientan los consejeros y asiste quien desee, periodistas y público en general, pero no se televisan, y también dijo que el hecho de que sean públicos ha desvirtuado la naturaleza del regulador, ya que al ser público los cinco consejeros se reúnen en una especie de salón de actos como sede del consejo y todas las decisiones vienen prepactadas, ¿entre quiénes? Entre los asesores del consejo. Las ventajas es que, en palabras también del propio presidente de la CSN, la transparencia ayuda a las decisiones y a la aceptación social. Quizá habría que perfilar más el punto 1 que plantea Ciudadanos, pero nosotros estamos de acuerdo con el concepto de real transparencia. No sé si ha habido en la intervención de la portavoz de Ciudadanos alguna referencia a ello, pues yo he llegado un poco más tarde, pero quiero decirle que este es nuestro planteamiento y en principio estaremos de acuerdo.

Por otra parte, mi grupo ha presentado una enmienda con tres apartados. El primero desarrolla el punto 3 de la PNL pidiendo que el informe de actividad de la presidencia al finalizar su mandato también se presente en este Parlamento. Creo que vamos a llegar a un acuerdo para que tanto el informe como la presentación pública en el Parlamento se realicen en un plazo máximo de tres meses, que era lo que teníamos hablado. El segundo sería la inclusión de un nuevo punto para que en aras de esa mayor transparencia, las actas de las reuniones de los comités de enlace del CSN también sean públicas; estamos hablando de los comités de enlace entre el CSN con Enresa, Enusa, la fábrica de uranio, el Ciemat, Unesa, la patronal del sector eléctrico. Son comités dirigidos por un consejero, abiertos a todos los consejeros, pero solo consejeros, donde se debate se hace un orden del día y se ponen los puntos calientes que hay, en palabras del consejero del CSN, señor Dies Llovera.

En último lugar, estando conceptualmente de acuerdo con el punto 5 de la PNL, para reforzar la independencia y la adecuación de los consejeros, planteamos que la propuesta de candidatos pueda hacerse por el Gobierno o por los grupos políticos representados en esta Cámara, y una mejora técnica respecto al perfil de los candidatos, señalando que puedan incluirse todos aquellos que tengan la formación y cualificación exigidos en la ley. Por último, que la forma de elección de los candidatos mantenga la exigencia de una mayoría de tres quintos de votos del Parlamento, tal y como es en la actualidad.

En cualquier caso, votaremos a favor de esta PNL con Ciudadanos, en la que entiendo yo que vamos a conseguir una transaccional, y estaremos de acuerdo con ella.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lasarte Iribarren.

Le pregunto a la señora Rodríguez Hernández si va a haber transaccional.


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La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Estamos redactando un texto que le voy a ofrecer al Partido Socialista que recoge casi todo lo que hemos hablado previamente.

El señor PRESIDENTE: Le agradeceré que a la mayor brevedad lo pase a la Mesa para distribuirlo al resto de grupos y así sepan lo que se va a someter a votación.

Para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.

Compartimos con el grupo proponente que la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear en este momento está bajo mínimos, ha caído en picado y ha caído en picado debido a que ha habido un proceso que comienza en noviembre de 2015, con el nombramiento del tercer consejero vinculado o propuesto por el Partido Popular y que hace que la mayoría en el Consejo de Seguridad Nuclear esté controlada por el Partido Popular, lo cual, por primera vez en la historia de este organismo, le da a un partido mayoría absoluta. Hasta la entrada de este tercer consejero la composición había sido normalmente de dos miembros del Partido Popular, dos del Partido Socialista y un quinto consejero que solía ser, si no estoy equivocado, de Convergència i Unió. A partir de ahí comienza un proceso que daña gravemente la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear, proceso que tiene una directriz política de aumentar la vida de las centrales nucleares hasta los sesenta años, para lo cual hay que tomar medidas concretas. Entre esas medidas está el que se haga un dictamen favorable a la reapertura de Garoña y otras cuestiones como el cambio, la modificación de los términos para los cuales las centrales nucleares pueden optar al alargamiento de esa vida útil. En concreto es especialmente significativo el hecho de que a pesar de que el actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en una carta instó a la empresa Nuclenor, propietaria de la Central Nuclear de Garoña, a cumplir una serie de condiciones y en este mismo Parlamento dijo que esas condiciones eran condición sine qua non para que hubiera un dictamen favorable a la reapertura de la central, lo cierto es que la empresa no cumplió las condiciones descritas en esa carta y, sin embargo, el dictamen fue favorable. Así que la condición sine qua non se quedó en nada.

Todo esto, indudablemente, es cierto. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear en este momento tiene la credibilidad bajo mínimos. Sin embargo, nosotros no vamos a votar a favor de la propuesta de Ciudadanos porque la consideramos, en primer lugar, incompleta; creemos que hay problemas muy graves que no se abordan, como es la vinculación entre el organismo regulador y las empresas propietarias de las centrales. Creemos que ese es uno de los elementos clave en la situación que en este momento vive el Consejo de Seguridad Nuclear, es una relación informal, lógicamente, pero que tiene influencia decisiva sobre las decisiones que se están tomando. Además, hay otras muchas cuestiones que no se están teniendo en consideración. De hecho, llevamos varios meses trabajando en la ponencia nuclear y escuchando a comparecientes de distintos ámbitos, que muchos de ellos están poniendo el dedo en la llaga sobre las cuestiones que deben cambiar en el Consejo de Seguridad Nuclear, y ese debate todavía no está concluso, va a continuar en la ponencia nuclear, con las propuestas de resolución que deben surgir de ese debate. Nosotros entendemos que esta PNL es inoportuna, que no es el momento para presentarla puesto que preferimos que ese debate se termine y se complete; nos parece que es muy importante que ese debate se complete.

Con algunos de los puntos que se plantean sí estamos de acuerdo. En el último punto, que es el cambio más relevante, con la exposición que ha hecho la representante de Ciudadanos todavía nos genera más dudas, porque dice que los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear tienen que estar vinculados al sector nuclear o al sector eléctrico. (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: No. No). Es lo que has dicho, Melisa, en tu exposición; sí, sí, lo has dicho, lo he escuchado yo aquí. En la historia del Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, el primer presidente, don Donato Fuejo, era médico; nos parece que es una profesión que tiene mucho que ver con la seguridad nuclear, nos parece procedente, como nos parece procedente que puedan ser ecólogos, biólogos, hidrogeólogos, meteorólogos, economistas, es decir, que hay un abanico muy amplio de profesionales y de técnicos que pueden tener mucho que decir en materia de seguridad nuclear, sin ser exactamente técnicos en nuclear, porque si algo tiene el Consejo de Seguridad Nuclear son buenos técnicos, tiene muchos buenos técnicos, pero hace falta un consejo que realmente sea capaz de garantizar esa seguridad. En ese sentido, creemos que hay que continuar debatiendo, reflexionando y proponiendo para realmente promover una reforma. Nosotros estamos de acuerdo en que es imprescindible una reforma, pero no esta.

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, para fijar posición, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Yo soy de los que, como diría la señora Rodríguez, me lo estoy pensando y por lo tanto me voy a abstener. En mi corta experiencia sobre el Consejo de Seguridad Nuclear aprecio una cierta hostilidad política que además creo que no se corresponde con la confianza y el crédito que este organismo tiene en otras partes del mundo. Casi se puede decir que es mucho mejor la valoración del consejo entre sus homólogos de otros países que la que tiene en nuestro propio país, en España. Se pone en duda la imagen, la credibilidad, la transparencia, la independencia, incluso en el punto número 1 de la proposición no de ley se reclama la retransmisión pública y en directo de las reuniones del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Creo que son cuestiones lo suficientemente importantes y relevantes como para que nos pensemos detenidamente este tipo de iniciativas. Me llama la atención -y ya me lo habrán escuchado ustedes decir más veces- que la Ley sobre Energía Nuclear que tenemos en España es una ley que data de 1964, y a lo mejor tal vez, como legisladores, podríamos marcarnos el reto de que medio siglo después España tenga una ley de seguridad nuclear que sea más acorde con los tiempos, y a partir de ahí, tal vez un efecto arrastre que incorpore modificaciones o reformas en torno al Consejo de Seguridad Nuclear. En tanto, como dije al principio, me abstendré en la proposición no de ley presentada por la señora Rodríguez.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.

Hemos escuchado con atención las intervenciones de todos los grupos -en este comentario que voy a hacer ahora naturalmente excluyo la intervención, que comparto absolutamente, del representante del Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca-. Evidentemente si trasladamos debates que debieran producirse en el seno de la ponencia de relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el instrumento político que poseemos en esta casa para poder plantear mejoras en esta institución, ocurre lo que ha ocurrido hoy: nadie ha hecho referencia al petitum que plantea la señora Rodríguez porque lo que importa a otros grupos no es mejorar el consejo, es decir si debe o no continuar abierta una determinada central nuclear o si debe o no continuar en funcionamiento el parque nuclear español. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).

Me gustaría responder a las peticiones que legítimamente plantea la diputada del Grupo Ciudadanos. En cuanto a la retransmisión pública, creemos que hay instrumentos más que suficientes para garantizar la transparencia de un órgano que tiene como responsabilidad garantizar la protección radiológica hacia el medio ambiente y las personas y la seguridad nuclear. Creo que la página web del consejo, los comités de información de las centrales nucleares, el comité asesor del Consejo de Seguridad Nuclear en el que están presentes y representados un amplísimo abanico de la sociedad española, en fin, la propia idea de que la institución americana está yendo hacia atrás; el consejo de transparencia no tiene retransmisiones en streaming, ni tampoco ningún organismo regulador de nuestro país. No creemos que esta iniciativa, en ese primer punto de retransmisiones públicas, sea beneficiosa en absoluto para los objetivos que tiene el consejo. Se habla en días de sesiones, se publican las actas del consejo, las actas del consejo están publicadas. Además, evidentemente, hay un informe de actividad que se remite tanto al Congreso como al Senado, como además a los parlamentos autonómicos que tienen en su comunidad autónoma una central nuclear. Hay elementos importantísimos de autoevaluación. El Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno español han solicitado a la Organización Internacional de la Energía Atómica una misión IRRS especial para que vuelva a producirse un nuevo examen al sistema de control que ejerce el Consejo de Seguridad Nuclear sobre la seguridad nuclear de nuestro país. Ese sistema obliga a una autoevaluación primero, a la visita de expertos homólogos internacionales y entre 18 y 24 meses después a un grupo de expertos que vuelven a evaluar si efectivamente se cumplen las obligaciones a las que hemos estado comprometidos.

El punto quizá más relevante de los cinco puntos que contiene esta iniciativa, o ese que parece que más interesaba a la proponente, es el relativo al nuevo modelo de elección de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear. Este grupo parlamentario nunca ha puesto en duda la independencia de ningún miembro del consejo, lo digo en estas fechas en las que todos son conscientes que ha habido un cambio importante dentro del Consejo de Seguridad Nuclear, nunca hemos puesto en duda la independencia de


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ningún miembro del Consejo de Seguridad Nuclear. Ahora, lo que yo le planteo a la proponente es: si el Gobierno no está legitimado para poner nombres y si la comisión técnica, ¿no hay criterios subjetivos en esa comisión técnica? ¿Qué clase de idea estamos trasladando a la sociedad? ¿El hecho de haber pertenecido a una Cámara parlamentaria, el hecho de ejercer libremente el mayor honor que tiene un ser humano en nuestro país que es poder representar al resto de conciudadanos en una Cámara, como el Congreso de los Diputados, es ya motivo suficiente como para no poder ejercer ningún tipo de responsabilidad pública? Me parece que hay que tener un poquito más de responsabilidad a la hora de establecer cuáles son los criterios. Como bien decía -y termino ya, señor presidente- el señor López de Uralde, con el que coincido en esta aseveración (Risas) -sonríe, efectivamente-, el artículo 5.1 de la Ley 15 de 1980, que establece los criterios para poder ser miembro del consejo dice: Personas de conocida solvencia en las materia encomendadas al consejo, y habla de protección radiológica, medio ambiente, medicina, legisladores o cualquier otra conexa con las anteriores. Por tanto, ninguna de las personas que han desempeñado esta tarea falta a este artículo. Así que, intentemos, en la medida de lo posible, utilizar el instrumento que poseemos en esta Comisión, que es la ponencia. La semana que viene, el día 28, el próximo miércoles, debatiremos aquí propuestas de resolución para mejorar la actividad del consejo. Nuestra obligación es garantizar que el consejo cumpla con su compromiso con la protección radiológica sobre las personas, el medio ambiente y la seguridad nuclear, no abrir batallas relacionadas con la política energética que tienen otros foros y otros ámbitos, como es esta Comisión. En ningún caso me parece que sea las relaciones del consejo el lugar en el que debemos actuar así, sobre todo teniendo en cuenta el enorme prestigio, como decía anteriormente el representante del Grupo Parlamentario Mixto, el diputado de Foro Asturias, el enorme prestigio que tiene el consejo no solamente dentro de España sino fuera, como un organismo que garantiza la seguridad y que además participa de hechos muy relevantes que han ocurrido recientemente en catástrofes en otros países y que demuestran la valía de sus técnicos y también, por supuesto, del pleno que lo dirige.

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.

Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la que figuraba con el número 10.º (Rumores). Señorías, estoy tratando de hacer la cuadratura del círculo, pero no tengo en este momento nadie del Grupo Parlamentario Ciudadanos para decirle que su portavoz tendría que ser el siguiente en intervenir, así que me veo en la obligación de debatir la número 10.º, relativa al proceso de segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones en Ferroatlántica S.A. (La señora Lucio Carrasco pide la palabra).

Señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Pido la palabra, señor presidente, porque el cambio anterior no ha sido consensuado con los portavoces. Por tanto, no hemos podido adaptar las intervenciones, y dado que el señor Capdevila ya está aquí y que la portavoz de Ciudadanos está en el pasillo, si no le importa a usted, consensuemos entre todos si podemos proceder a debatir la que correspondía, que era la número 13.º En este momento le pido, por favor, al señor presidente si tiene a bien concederme esta petición.

El señor PRESIDENTE: Señora Lucio Carrasco, me encantaría concederles a ustedes todo lo que me piden, el único problema que tengo es que cualquier variación produce múltiples efectos colaterales o carambolas, como si estuviésemos jugando al billar, y se producen variaciones en las intervenciones del resto de grupos. No tengo a nadie del Grupo Parlamentario Ciudadanos para decirle que su portavoz en el siguiente punto que lleva el señor Capdevila, tendría que intervenir. Por tanto, no puedo transmitir esa información. Con la máxima buena voluntad lo que puedo hacer es suspender unos segundos la sesión para avisar, pero es lo máximo que puedo hacer.

Suspendemos unos segundos la Comisión. (Pausa).

- SOBRE CONTADORES INTELIGENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001923).

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión para debatir la proposición no de ley calificada originalmente como 13.º, sobre contadores inteligentes, planteada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


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El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señor letrado, muchísimas gracias a todos por su paciencia y su amabilidad. Les prometo que no voy a abusar de ella nunca más. Como premio, además, intentaré ser breve.

Nuestra PNL, que también debo disculparme porque se me ha llamado la atención informalmente por la longitud de su parte dispositiva, trata de la regulación del sector eléctrico y la gestión de la información. El sector energético es un ámbito estratégico para cualquier país, con profundas implicaciones en el modelo socioeconómico, por lo que es un sector altamente regulado. El Estado español ha iniciado, siguiendo las indicaciones de las directivas europeas, la liberalización del sector basada en la separación de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización, como todos ustedes saben. Sin embargo, esta separación no ha sido completa y se mantienen grupos empresariales con intereses comunes en los diferentes eslabones de la cadena. Cuando analizamos este análisis en Cataluña particularmente, la situación se acentúa por la posición de casi monopolio de los tres ámbitos -generación, distribución y comercialización- de una sola compañía. En este contexto legal y de mercado se ha iniciado un proceso de transición energética para reducir las emisiones de CO2 que se concreta para el caso eléctrico en una entrada masiva de recursos de generación distribuida -renovables, almacenamiento, etcétera- y la necesidad de incrementar la flexibilidad de la red para poder gestionar en tiempo real la fluctuación de las fuentes renovables; y, por otro lado, la electrificación de la economía -como, por ejemplo, la movilidad eléctrica-. De este modo, las redes pasan de ser unidireccionales a bidireccionales, y la gestión de los flujos de información se convierte en el elemento diferencial de aquellos sistemas capaces de mantener un precio competitivo para el consumidor, garantizar la seguridad del suministro y reducir el impacto ambiental. Por eso, la generación de la información se ha convertido en el elemento clave sobre el que pivota la modernización del sector eléctrico y desarrolla nuevos modelos de negocio que aportan al consumidor ya no solamente energía, sino productos y servicios relacionados. Es el momento, pues, de las redes eléctricas inteligentes -o smart grids-, de la fusión de las tecnologías energéticas y del sector de las comunicaciones y, de entre ellas, la medida del consumo eléctrico en el sector residencial a partir de los contadores digitales o smart meters. Esta implementación está actualmente regulada desde 2009 por directivas europeas y estaba condicionada a un resultado positivo del análisis coste-beneficio, siguiendo la metodología de la Comisión Europea. Sorprendentemente, sin embargo, el Estado español inicia el despliegue antes de la directiva europea y no realiza el CBA, el análisis coste-beneficio. Este hecho es capital para entender las decisiones que se han tomado tanto en el marco legal como de las soluciones técnicas para captar el dato, transmitirlo y ponerlo al servicio del consumidor y, eventualmente, de terceras partes.

Sin un retorno claro de la inversión, el coste del cambio de contadores recae íntegramente en el consumidor de manera directa, a través del concepto de -comillas- "alquiler" de la factura y de los peajes de acceso. El consumidor no puede renunciar a él ni elegir entre distintas opciones técnicas y no recibe la información adecuada ni antes ni durante ni posterior a la sustitución del equipo, como puede ser conocer las ventajas e inconvenientes entre la opción de compra o alquiler del equipo. La situación se agrava en la zona del territorio competencia de Endesa Distribución, claramente en situación de monopolio, como les decía, ya que su despliegue se ha realizado con un único contador de una sola marca y, por tanto, el consumidor queda ligado durante años a una sola empresa para las operaciones y el mantenimiento del sistema que, además, se desconocen. Este hecho se convierte también en un freno a la entrada de otros proveedores de bienes de equipo en toda la cadena de valor de la medida y evita que el consumidor pueda elegir los equipos según sus prestaciones y su coste. Las dificultades al utilizar la información, el acceso a los datos sobre el consumo de casa de un ciudadano crecen cuando el consumidor desea ceder, bajo su responsabilidad, la gestión de sus datos a una tercera parte, ya sea por ejemplo a otra empresa de comercialización eléctrica para poder recibir una oferta personalizada o a una empresa de servicios energéticos para poder recibir un retorno para mejorar la eficiencia energética o introducir fuentes de energías renovables o incluso un agente independiente del sector eléctrico, como podría ser una comunidad de usuarios o una administración pública que ofreciera, por ejemplo, un servicio de seguimiento a los hogares vulnerables. En todos estos casos hay una falta de desarrollo normativo que establezca las condiciones técnicas y de calidad en las que la cesión de datos a una tercera parte se pueda realizar de forma sistemática, simple y escalable, convirtiéndose en un freno al desarrollo del mercado. La situación descrita sobre la dificultad de poner en valor los datos de consumo de propiedad del consumidor no tiene ninguna justificación técnica ni económica.


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Todos estos elementos son una singularidad del Estado español en el contexto europeo, donde hay otros modelos para el desarrollo de los contadores inteligentes. Por un lado, hay países que lo han contextualizado en una estrategia clara de modernización de la red y de objetivos estratégicos de país; por otro lado, han apostado decididamente por aprovechar al máximo el dato del consumo e inseparablemente esto pasa por facilitar su acceso a terceras partes, como sería el caso de los Países Escandinavos y de los Países Bajos. Por otro lado, están aquellos que habiendo realizado el análisis coste-beneficio han acortado la modernización del sistema de medición a un solo subsegmento de consumidores en el que hay un retorno claro de la inversión, como es el caso alemán. El caso español contrasta porque...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Enseguida.

El caso español contrasta porque se ha decidido realizar la inversión, quedando cautivos en el ámbito económico y tecnológico, pero sin un plan que permita sacar provecho de ello y sin un estudio económico que fije el retorno de la inversión.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila i Esteve.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, por orden de registro de entrada.

Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes para defender las enmiendas.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.

Quiero agradecer al señor Capdevila que no nos haya relatado toda la parte expositiva de la PNL (Risas), una PNL que nosotros compartimos y que además, hecha la broma, es muy interesante lo que se dice en la exposición de motivos y especialmente la parte de la enorme potencialidad que tienen las redes inteligentes para el cambio de modelo de energético, el pasar de una relación unidireccional a una relación bidireccional, importantísimo, fundamental, para el fomento del autoconsumo, para mejorar la gestión, permitir la gestión de las energías renovables y, en definitiva, también para desarrollar todo un sector económico de empresas de servicios energéticos, de agregadores, etcétera. La PNL está basada en un estudio de la Autoridad Catalana de la Competencia y nos parece no solo interesante sino pertinente lo que se propone. No es una problemática nueva sino que tiene unos diez años, y quería señalar algunos acontecimientos que se han producido en este periodo y que de alguna forma justifican nuestras enmiendas.

En 2009 las principales empresas distribuidoras eléctricas recibieron una importante sanción a raíz de un expediente abierto después de una denuncia por abuso de posición de dominio al negar las distribuidoras el acceso al sistema de información de puntos de suministro, información que contenía determinados datos que permitían realizar ofertas individualizadas. En 2010, las empresas distribuidoras incumplieron el plan de instalación de contadores digitales en sustitución de los viejos contadores, que obligaba a todas las distribuidoras a tener realizada la instalación de al menos el 30% del parque de contadores. En 2016, la Junta de Andalucía, a raíz de una denuncia de Facua, acordó sancionar a Endesa Distribución por obtener un beneficio ilícito al realizar cobros tras sustituir contadores por contadores digitales, pese a que los nuevos contadores no ofrecían prestaciones de telegestión. Es decir, es una problemática que se ha dado todos estos años y que demuestra la necesidad de establecer unas reglas claras y unos protocolos rigurosos que eviten este tipo de conductas y que garanticen un acceso neutro a los datos de contadores que protejan en primer lugar a los consumidores y que permitan el acceso competitivo a todas las comercializadoras.

Estas situaciones son especialmente graves -y creo que eso lo ha denunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- especialmente en determinados territorios, no hablamos de oligopolio en el conjunto del Estado. Por ejemplo, en el caso de Cataluña se da una situación de monopolio práctico de Endesa, donde la comercialización a través de Endesa llega automáticamente al suministro del contador sin que al cliente se le dé posibilidad alguna.


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Por todas estas razones, vamos a apoyar en definitiva esta proposición no de ley, que nos parece interesante, que es un debate importante y que, efectivamente, da en el clavo de las redes inteligentes como un elemento fundamental del nuevo modelo energético.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell Gardeñes.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.

El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor president.

En el Grupo Socialista estamos de acuerdo en términos generales y en concreto también con esta iniciativa. De hecho, nuestra enmienda procede de otra iniciativa que tenemos presentada en otra Comisión. Dicho esto, nosotros pretendemos que le llegue al Gobierno que algo tiene que hacer. A lo mejor queda solo en recordarle que tiene que hacerlo, vista la diligencia con la que echa adelante las iniciativas que aprobamos en esta Comisión y en otras, pero por lo menos hay que recordarles que el 31 de diciembre del próximo año, la totalidad de los contadores tradicionales ya tienen que estar sustituidos y que no se trata solo de cambiarlos sino de hacer posible que los consumidores puedan aprovechar todas las ventajas de los nuevos contadores inteligentes, no solo estar más informados, también para que su consumo, gracias a esa información, sea más responsable. Vaya, que nos parece bien recordar al Gobierno que para la fecha que he dicho hemos de tener los deberes hechos. De hecho, si hemos presentado la enmienda es para atender lo que refleja el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 23 de febrero de este año, sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida, telegestión de consumidores eléctricos, en definitiva, de los nuevos contadores, con potencia contratada inferior a 15 kilovatios. Este informe refleja una cierta laxitud en el cumplimiento de las resoluciones que regulan la sustitución; dibuja cuál es nuestra situación a finales del segundo semestre de 2016 de manera bastante precisa y nos recuerda, a lo largo de sus treinta y una hojas, la necesidad de cumplir íntegramente y de forma efectiva el plan de sustitución de contadores, que procede de una orden de 2012. Y aunque por lo que hace al plan de sustitución, de hecho, el ritmo está creciendo incluso por encima de lo que estaba programado, hay algunos detalles que nos indican que tenemos que corregir, como que no se cumple con el envío de la totalidad de la información necesaria para el seguimiento y aplicación de lo previsto en la resolución de junio de 2015, que las distribuidoras que ya tienen los contadores integrados no remiten las curvas de consumo horario a sus clientes o que el consumidor no puede obtener en una página web, con una contraseña, los valores horarios de consumo, pongamos por caso. También indica que tendría que mejorar, en algunos casos mucho, el esfuerzo que hacen las comercializadoras para que los consumidores puedan tener toda la información comparable que supone el cambio de facturación bimensual por la mensual, con el fin de evitar confusiones, así como informar a los consumidores de manera clara tanto del momento en el que el distribuidor ha realizado el cambio de contador como de las implicaciones que tiene y toda la información a la que pueda acceder.

Por todo ello proponemos precisamente lo que ya he dicho, modificando el apartado 5 de la proposición no de ley, para exigir que se tiene que detallar de manera clara la necesidad y obligación de informar al consumidor cuando se sustituye un contador y todo lo que ello supone; que se garantice el cumplimiento de la normativa, de manera que las empresas distribuidoras pongan a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario. Y también que se obligue a las comercializadoras a informar en sus facturas de la posibilidad de acceder a sus datos de consumo horario a través de un enlace a la página web del distribuidor.

Gràcies per la seva atenció. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz i Carbonell.

Informo a sus señorías de que hay una enmienda transaccional a las enmiendas presentadas por los grupos a esta proposición no de ley, que en breve se trasladará a todos los grupos para su conocimiento.

Para fijar posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, compañeros, señorías. Tanto en nuestro programa como en distintas iniciativas o distintos acuerdos a que hemos llegado con los distintos partidos liberales europeos, siempre hemos defendido el papel activo que debe tener el consumidor,


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basado en la capacidad para gestionar eficientemente su consumo y también para participar en el sistema a través de la generación descentralizada o, lo que es lo mismo, el autoconsumo. En esta línea, coincidimos además que es necesario promover la implantación de contadores inteligentes y regular su uso de manera transparente y ambiciosa y que además se habilite su uso y gestión de manera eficiente, sencilla y transparente. ¿Por qué enfatizamos la parte de manera eficiente, sencilla y transparente? Porque de nada sirve que pongamos contadores muy sofisticados si luego no van a ser capaces de utilizarlos los usuarios, que son, al fin y al cabo, los interesados.

Nos parece una buena iniciativa, se ajusta tanto a las recomendaciones legislativas como regulatorias establecidas por los organismos competentes, además de contener una disposición relativa al pacto de Estado por la energía que para nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces -el presidente, seguro, estará cansado de escucharlo- es la piedra angular de nuestra propuesta energética y creemos que ese es el punto de partida. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio, por favor, para que podamos oír la intervención de la diputada que está en el uso de la palabra.

Señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente.

Asimismo, las medidas relativas a facilitar y maximizar la información con la que cuenta el consumidor es una cuestión esencial para el desarrollo de ese nuevo tipo de consumidor que queremos tener en el siglo XXI. Es indispensable que la factura deje de ser ese jeroglífico porque, a pesar de que se hagan másteres, sigue sin entenderse, y que pase a ser su sistema energético lo más sencillo posible y al final que cada uno pueda ser lo eficiente que quiera. Por eso, si la herramienta está bien planteada en la iniciativa, consideramos que puede ser muy buena. Además, consideramos que tiene que ser sencilla de gestionar o, por lo menos, que así se le tiene que facilitar al consumidor para que pueda hacer uso efectivo de ella.

Nuestra posición en principio es favorable, pero esperamos a ver el texto que salga de la transaccional.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchísimas gracias, señor presidente.

Agradezco al señor Capdevila esta proposición no de ley que, como han dicho otros portavoces, viene efectivamente acompañada de una amplísima y detallada exposición de motivos en torno a los denominados contadores inteligentes. Es una iniciativa muy interesante, que pone en valor al habitualmente gran olvidado de los procesos de transformación tecnológica, los consumidores. Si algo requiere, si algo demanda el cliente del siglo XXI es información clara para poder elegir y no convertirse en víctimas cautivas de servicios imprescindibles, como es en este caso, para una persona, para una familia, para una comunidad de vecinos o para un negocio. En este caso hablamos de lo que popularmente se conoce como el recibo de la luz que, aunque es uno de nuestros grandes quebraderos de cabeza, como acaba de recordar la diputada de Ciudadanos, parte precisamente de los contadores.

Nos parece una buena iniciativa; creo que además hay una transaccional que va a permitir mejorar y aclarar algunos de los puntos contenidos en ella y, por tanto, daré mi voto favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente, señorías.

Señorías de Esquerra Republicana, fíjense cómo podemos debatir de estos temas importantes, de Big Data, de potenciar la digitalización y la monitorización de procesos, y se pueden llevar a cabo iniciativas interesantes. En mi caso es una pasión, puesto que he dirigido proyectos europeos sobre esta materia.

Con respecto a esta PNL y las medidas que pretende impulsar, es conveniente realizar algunos comentarios con respecto a las peticiones. En primer lugar, Esquerra Republicana pide garantizar un acceso neutro a los datos de los contadores tipo 5, de menos de 15 kilovatios, para el consumidor y terceras partes, y hay que aclarar que actualmente está perfectamente regulado que el distribuidor debe


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dar acceso al comercializador que esté realizando el suministro, más a cualquier otra entidad que esté autorizada por el cliente, proveedores de servicios de eficiencia u otro comercializador y, en concreto, en el Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican algunas disposiciones del sector eléctrico. Por tanto, ese punto está en marcha.

Solicita también el grupo proponente garantizar la total independencia del responsable de la medida del consumo eléctrico. En este caso tenemos que poner en evidencia, de nuevo, que ya existe una separación, como todos los miembros de la Comisión saben, entre distribuidores y comercializadores en el mercado eléctrico en España, al igual que en el resto de países europeos y que es la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que supervisa los procesos de cambio de suministrador para asegurar esa independencia.

También pide Esquerra Republicana identificar los costes reales incurridos en la implementación de la medida en el sector de menos de 15 kilovatios; en este caso los precios están regulados por la legislación anteriormente mencionada. Estoy de acuerdo con lo planteado respecto del desarrollo de un pacto sobre energía por algunos grupos políticos, para dar coherencia a la trasposición de Clean Energy for all Europeans, especialmente respecto al desarrollo en condiciones de mercado. Este es un tema importante, pero que habrá que trasponer una ver que se apruebe la propuesta de Clean Energy Packaged. Como saben, actualmente hay muchas discusiones sobre ambas figuras, el agregador de demanda y la comunidades locales de energía, por lo que hay que ver cómo queda la versión final de la normativa que se apruebe. Además, usted tiene la oportunidad de dar por cumplido este punto votando a favor de esas iniciativas que hemos venido presentando también e impulsando desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno.

También se habla de garantizar un correcto despliegue del proceso actual de sustitución de contadores. Ahí tenemos que dejar claro que el plan de sustitución de contadores ya finaliza en 2018, como ha dejado claro el portavoz socialista, ha sido establecido por las distribuidoras de forma homogénea en todas las comunidades autónomas, previa aprobación con los responsables de industria de cada una de ellas. Creo, sinceramente, que esta petición llega años tarde, pues estamos a punto de terminar con el despliegue. Estoy de acuerdo con respecto a algunas manifestaciones que se han hecho desde el punto de vista del Partido Socialista, pero en este caso creo que esta PNL llega tarde.

Por último, me gustaría decirle que nuestro grupo se va a abstener por estas razones, porque la mayoría de las cuestiones que plantea o bien han sido abordadas en normativa o bien han sido ya desarrolladas y están esperando decisiones y culminar planes. Y es de mi agrado que un partido que pertenece al conjunto de partidos que desarrollan la política en España promueva la digitalización de determinados procesos como los de monitorización del consumo eléctrico. Quiero decirle también, sin ningún tipo de acritud, por supuesto, que los contadores inteligentes son los que no participan en referéndums ilegales, y déjeme que aproveche para decirle que como murciano, porque no tengo muchas ocasiones de decirlo, y en nombre también de muchos compañeros de otras partes de España, nos gustaría que no nos quitara ese derecho a decidir sobre el futuro de nuestra tierra, incluida Cataluña, que sentimos como nuestra. (Rumores).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Egea.

- RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE LAS FÁBRICAS DE FERROALEACIONES EN FERROATLÁNTICA, S.A. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000857).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto, que es la proposición no de ley que originalmente figuraba con el número 10 del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proceso de segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones en Ferroatlántica, S.A. Para su defensa, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.

Traemos una iniciativa de enorme importancia para nuestro país, toda vez que esa empresa cuyos destinos rige el marqués de Villar Mir, actualmente imputado en causas de corrupción próximas al Partido


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Popular, efectivamente, tras muchos años de gestión del negocio de la ferroaleación y también de disponer de las concesiones administrativas que pesan sobre dos ríos gallegos, el río Xallas y el río Grande, ha decidido que pide la segregación de estas dos actividades a la Xunta de Galicia.

Efectivamente, tras escuchar con atención lo que ha dicho la Xunta de Galicia y aunque no podemos prejuzgar lo que vaya a hacer la Xunta de Galicia, entendemos que, a resultas de lo que pueda pasar -y seguramente será malo para los intereses de Galicia-, entendemos que debemos debatir en esta Comisión sobre lo que se pide por parte de la empresa. Y lo entendemos porque, según los datos que se han facilitado estos últimos tiempos, parece que hubiera algún hecho nuevo en la gestión de estas actividades. Nosotros queríamos señalar algunas cuestiones que son importantes.

Esta empresa disponía de dos elementos muy privilegiados para su gestión que eran, en primer lugar, disponer de una tarifa eléctrica privilegiada, la 4G, pero además disponer de una bonificación en lo que tiene que ver con la interrumpibilidad de hasta el 60 %. Pero la gestión del marqués Villar Mir hasta la fecha actual, y en particular hasta que el Gobierno dictó el real decreto del año 2014... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento.

Señorías, les ruego guarden silencio.

La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias.

... hasta que en 2014 el Gobierno dictó el real decreto por el cual se le suprimían las primas a las hidroeléctricas, por entender que estaban suficientemente amortizadas ya, y el marqués de Villar Mir entendió que el negocio se le acababa. Y voy a explicar cuál era el negocio: el negocio es lo que se denomina el todo-todo, que consiste en que efectivamente vendía la energía que producían nuestros ríos al mercado. Por esta cuestión obtuvo durante diez años unos beneficios de 285 millones de euros, pero a su vez compraba en el mercado, con las bonificaciones pertinentes, la energía que precisaba para el negocio de la ferroaleación. Efectivamente, se suprimen las primas a las renovables y el negocio se le acaba al señor que gestiona esta empresa. Y ahora nos pide, como he dicho ya, la segregación de estas dos actividades.

Nuestro grupo está radicalmente en contra de esta petición por dos razones. En primer lugar, porque entendemos que en el caso de que se propicie la posición favorable, desde luego debemos de rescatar esas concesiones administrativas para lo público. El señor Villar Mir precisa de un bien muy valioso, es un bien público que lo tiene a su disposición a pie de fábrica; las empresas no suelen tener esta realidad. Por tanto, instamos a que se recupere por la Xunta de Galicia esta concesión. No sé si saben ustedes ya que nuestros ríos gallegos van a estar en manos de un fondo de inversión canadiense, Brookfield, y veríamos el disparate final de que recursos naturales fueran gestionados por un fondo de inversión. Pero lo más grave es que la ferroaleación, tratándose de una actividad electrointensiva, si pasa a depender del sistema normal, efectivamente de nuevo nos veríamos en la obligación de tener que traer a esta Comisión, y por supuesto el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado, que esta actividad se vuelva a financiar a través de la subasta de interrumpibilidad, poniendo -ahora sí, si esto se produce- en auténtico riesgo el negocio de la ferroaleación. Por tanto, nos parece una enorme estafa, el señor Villar Mir ha estafado a nuestro país, ha esquilmado nuestros recursos naturales, se ha forrado, si me permiten la expresión, va a vender la concesión administrativa a un fondo canadiense del que va a obtener cantidad ingente de dinero, sanea sus cuentas y a su vez le pide a juan pueblo, a través de los presupuestos del Estado, que sigamos financiando a través de la ininterrumpibilidad. No hace falta que les diga que a día de hoy, solo con la energía renovable que tiene a su nivel, el 50 % de la misma es a coste cero; por tanto, el negocio de la ferroaleación se va a incrementar, insisto, en lo que tiene que ver con la vía de la ininterrumpibilidad.

Por esta razón, y siguiendo el curso de la alarma que hay en Galicia respecto de esta cuestión, les instamos a, primero, evitar la segregación; segundo, en el caso de que se produzca, rescatar la misma; tercero, cumplir con los compromisos de los acuerdos de París con la enmienda que hemos presentado para, en el caso de acudir a la ininterrumpibilidad, que sea vía renovables y, por supuesto, no poner en peligro ninguno de los puestos de trabajo que están en peligro en estos momentos.

Si me permiten, quiero solidarizarme en nombre desde este grupo con las compañeras de Monzón, en particular con la industria Hidro Nitro, que acaba de ser igualmente segregada, que están viviendo la misma situación y que seguramente volveremos a traer a esta Comisión como consecuencia de las malas políticas que se practican respecto de estas cuestiones. Les pedimos el voto favorable a esta iniciativa.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz Pérez.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.

La producción de ferroaleaciones es una industria intensiva, lo comentaba la señora Díaz, y por consiguiente su viabilidad está ligada a disponer de energía eléctrica a precios que hagan esta producción realmente competitiva. Por cierto, también es condición necesaria para otros sectores productivos que tengamos una energía competitiva, y así lo hemos expresado en varias ocasiones porque estamos por un pacto nacional energético y desde luego por una ley de transición energética que evidencie y reduzca estos costes. Escuchando a la portavoz de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, veo que hay veces que tan solo les está preocupando el cierre absoluto de la energía nuclear sin una energía de respaldo y además sin dar soluciones a la reducción de costes y a la reducción de emisiones contaminantes.

Esta proposición no de ley consta de cuatro puntos fundamentales. En uno se propone adoptar las vías legales para impedir esa segregación, y aquí desde luego es preceptivo ese informe jurídico de la Xunta. En segundo lugar, quieren asegurar conjuntamente con la Xunta de Galicia, con lo que vuelven otra vez a excederse de las competencias. En tercer lugar, promueven ayudas para el Estado y es que están obsesionados con distorsionar los mercados con subvenciones. En cuarto lugar, y nos parece correcto, se propone poner a disposición todos los medios a nuestro alcance para mantener realmente los puestos de trabajo de esta plantilla.

En el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos preocupan especialmente dos temas. Por un lado, como ha comentado, el mantenimiento de puestos de trabajo y, por otro lado, esa excesiva intervención pública en las decisiones empresariales que distorsionan el mercado y crean ineficiencia en la asignación de recursos.

Por ello, nosotros hemos planteado una enmienda de sustitución, dado que el Grupo Unidos Podemos se empeña en plasmar siempre ese modelo económico intervencionista, que distorsiona los mercados, porque la empresas en España no requieren subvenciones, señoría, lo que requieren las empresas en España es eliminar trabas, eliminar barreras normativas y mejorar su competitividad.

Lo que plantean aquí es limitar el desarrollo empresarial de forma artificial, y ello requiere un debate sereno entre las partes para la mejora de la competitividad, la mejora de la inversión en el sector y la mejora en el empleo. Y así lo hemos plasmado en esa enmienda que hemos preparado: limitar, prohibir, regular es un exceso que realmente los Gobiernos del cambio están realizando en todos aquellos sitios donde están gobernando, y es que hacen un flaco favor a los ciudadanos que ven, primero, no solo la falta de ejecución de sus presupuestos sino además las trabas de inversión de los nuevos proyectos económicos. Además comentaba la señora Díaz el tema de los imputados. Yo creo no tiene mucho sentido la imputación por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario de dos personas en la Comunidad de Madrid.

Termino. Por ello, y en esta línea, desde luego se propone realizar una enmienda de modificación en la cual se promueva un diálogo entre las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales con el objetivo de alcanzar una solución responsable, transparente y con plenas garantías para que permitan el mantenimiento del empleo vinculado a esta empresa.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.

Le pregunto a la proponente, señora Díaz Pérez, sobre las enmiendas, y le recuerdo que también hay enmiendas de su propio grupo a la proposición no de ley. ¿Cómo queda al final?

La señora DÍAZ PÉREZ: No aceptamos las enmiendas de Ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Mira.

El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, la iniciativa que nos trae aquí versa sobre Ferroatlántica, una empresa gallega dedicada a la producción de silicio y ferroaleaciones que controla el 15 % del mercado mundial. Cuenta con quince fábricas en todo el mundo y una capacidad de producción de 300 000 toneladas año, y cuenta, además,


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con seis centrales hidroeléctricas. Tres de estas fábricas en Galicia, dos de las cuales están en la Costa Da Morte, en la provincia de A Coruña, en los ayuntamientos de Cee y Dumbría. La otra fábrica está en el polígono industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo. Cinco centrales hidroeléctricas están ubicadas en la cuenta del río Xallas, en Dumbría, y otra en la cuenca del río Grande do Porto, en Vimianzo.

La energía eléctrica renovable que producen estas dos centrales es consumida en las fábricas del grupo, favoreciendo el mantenimiento de la industria y el mantenimiento de los más de 400 puestos de trabajo; el excedente se vende. Constituye un referente local para la producción de un tipo de energía, la renovable, que constituye un eje central de las políticas de compromiso que deben estimularse en un contexto político de transición energética hacia un nuevo modelo económico de economía circular. La empresa plantea ahora la venta de dos centrales hidroeléctricas, la del Xallas y la del Grande do Porto, que han demostrado una fructífera rentabilidad a lo largo del tiempo, en una operación empresarial que plantea como excusa la ampliación por parte del grupo de su dimensión de negocio, en un nuevo proyecto que indica una inversión de más de 40 millones de euros en el polígono de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo, donde el grupo metalúrgico quiere construir una fábrica nueva para producir silicio con destino a la industria fotovoltaica, una operación empresarial que, según los trabajadores, supondría el cierre de la siderometalúrgica Ferroatlántica, principal generadora de empleo en esta comarca y cuya viabilidad está vinculada a las concesiones hidráulicas de la Xunta, que la alimenta. El presidente de la Xunta, señor Núñez Feijóo, ya ha reconocido que existen sentencias firmes que impiden la segregación de las centrales de las fábricas de ferroaleaciones, sin aclarar las medidas que adoptará para, llegado el caso, impedir la segregación, a lo que estaría obligado para garantizar tanto el cumplimiento de la legalidad como los actuales puestos de trabajo.

Si bien el nuevo proyecto, tal como lo presenta la empresa, promete una importante inversión en tecnología de última generación, que lleva consigo la construcción de un nuevo centro en Sabón, como dije, al lado de las fábricas de ferroaleaciones, que emplearían de manera directa a 90 trabajadores e indirecta a 150 en un periodo de un año, no está claro el futuro de los actuales trabajadores ni tampoco la calidad y la estabilidad de este nuevo proyecto laboral, por diversas razones. Los alcaldes de la comarca ya se han manifestado en contra planteando como crítica principal la falta de garantías empresariales, tanto en el mantenimiento de la plantilla actual de trabajadores como para la generación de nuevos puestos de trabajo. Además de que el grupo ha recibido ayudas, tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno de la Xunta de Galicia, que todavía no han sido evaluadas en lo que se refiere a la efectividad, al desarrollo y a la responsable actuación justificadora de la inversión.

El comité de empresa de Ferroatlántica ha alertado de que la venta de las centrales por separado es ilegal, y supondrá el cierre de las fábricas de ferroaleaciones, de las que vive prácticamente toda la comarca. La segregación de estas centrales, según aseguran los trabajadores, podría estar pretendiendo tapar agujeros que tiene el Grupo OHL, que es la constructora más potente del grupo industrial. Para que la operación pueda cerrarse, la Xunta tendría que modificar la concesión administrativa que regula la explotación de estos saltos de agua y que está asociada a la actividad industrial de ferroaleaciones en las fábricas de Dumbría y Cee.

En definitiva, los trabajadores de estas factorías, a través de sus representantes, consideran esta operación especulativa y así lo hacemos nosotros, señorías; una amenaza para la actividad laboral, y hemos hecho un frente común con los alcaldes, con la Xunta y con los grupos de oposición contra la venta y a favor de mantener la industria y los puestos de trabajo de la comarca. Tanto la compañía, que carece de liquidez para emprender el proyecto que anunció en septiembre pasado, como la Administración no dejan de ver con claridad las garantías que deja esta venta en lo que afecta al mantenimiento industrial en la comarca y en la protección de los nuevos trabajadores, y en general las intenciones del grupo empresarial, lo que hace ahondar en la desconfianza de lo que pueden ser los planes reales después de la venta de lo que se considera una inversión que ha sido rentable durante años y ha formado un conjunto coordinado que ha contribuido a mantener la competitividad de la industria a nivel global. El Gobierno debe exigir a la compañía el respeto a la legislación que actualmente le impide la segregación de las fábricas de las centrales y mantener una actitud de máxima transparencia y tutela de la legalidad.

Para terminar, la aparición del Fondo Brookfield, del que se habló aquí como candidato a la compra de las centrales, y su voluntad de expandirse por Europa hasta el punto de estar dispuesto a desembolsar 1000 millones de euros para hacerse con las centrales del grupo, incluidas las gallegas, nos da una idea de cómo un negocio que ha sido y es rentable y atractivo para grandes grupos empresariales en el exterior es sin embargo despreciado -y termino ya- por nuestro empresariado gallego, que muestra la poca


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valentía de apostar por la rentabilidad y el mantenimiento del bienestar y la calidad de vida en Galicia, en la comarca, el mantenimiento de más de 400 puestos de trabajo, como dije, o de ignorar la política de promoción de energías renovables desde nuestra comunidad, algo a lo que las grandes fortunas de este país, como es el caso de la del señor Villar Mir, están obligadas a respetar por su interés, no solo estratégico, sino en cuanto a la responsabilidad ecológica se refiere.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista -y ya termino definitivamente- defendemos por tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo, la defensa de la legalidad en la operación de segregación, que actualmente está impedida por las cláusulas que aparecen en su concesión, y la promoción de todas aquellas actuaciones políticas que lleven a preservar el desarrollo industrial y económico de Galicia y, sobre todo, el respeto a los principios de sostenibilidad social, económica y ambiental en la gestión generada en las operaciones con estas centrales hidroeléctricas.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Mira.

Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Postigo Quintana.

El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Quisiera decirle a la señora Díaz que creo que se está equivocando de Parlamento. Estamos en las Cortes Generales, no en el Parlamento gallego. Me da la sensación de que usted dispara para todos los lados. Todo son hipótesis, todo son especulaciones, y simplemente me gustaría recordarle que no todo vale en política. En ese sentido, quiero dejarle muy claro, ya que ha tocado el tema, que se está equivocando de foro, pero ya que se cree que está en el Parlamento gallego, me gustaría decirle algunas cosas que no pensaba comentar. El Gobierno gallego ha estado, está y estará siempre respetando la legalidad y respetará siempre el interés de los gallegos, de todos. Además, el Gobierno gallego es una administración absolutamente responsable y cree firmemente en el Estado de derecho y va a cumplir la ley al pie de la letra. Si se desprendiera que no se pueden segregar las centrales, desde luego nunca lo autorizará, pero siempre velará por el interés público de Galicia, por las actuaciones y actividades industriales y por todos los concellos y trabajadores de Galicia.

Quiero decirle también, señora Díaz, que por sus apreciaciones da la sensación de que está pretendiendo que se prevarique, porque está queriendo decir que el Gobierno gallego se pronuncie sin haber hecho antes un análisis pormenorizado. Lo está exigiendo usted. Señoría, le tengo que decir, y usted debería saberlo, que eso es un delito, y no hay nada menos democrático que vulnerar la ley, que es lo que parece que está usted pidiendo con su exposición. En cualquier caso, las decisiones políticas no están al servicio de los intereses particulares, están al servicio de la legalidad. En consecuencia, y acabo con esta primera parte de mi exposición, el Gobierno gallego esperará los informes jurídicos y técnicos de la Xunta para pronunciarse, y cuando los tenga informará, como lo está haciendo, y mantendrá los contactos necesarios con todos los alcaldes y los trabajadores a través de sus representantes.

En relación directa con su PNL, quiero decirle, señora Díaz, que la Secretaría de Estado de Energía no dispone de competencias para promover actuaciones como las que se proponen, más si cabe considerando que Ferroatlántica es una empresa privada.

En segundo lugar, quisiera decirles también que la actividad de producción de energía eléctrica es una actividad liberalizada, que es algo que me parece que usted también está olvidando. La actuación de la Secretaría de Estado de Energía sobre una decisión de una empresa privada en un ámbito de actuación liberalizado sería una intromisión grave que vulneraría la libertad de la actividad.

En tercer lugar, la actividad de producción de energía eléctrica es una actividad liberalizada sometida a autorización administrativa previa. Por otro lado, la competencia para autorización de las instalaciones referidas corresponde a la Administración autonómica. No puede por tanto la Administración General del Estado, a través de la Secretaría de Estado de Energía, llevar a cabo ninguna actuación en relación con la autorización administrativa de la instalación ni su régimen administrativo. En cualquier caso, debe llevarse a cabo dentro de las directrices de ayuda de Estado en materia de energía y medio ambiente.

Quisiera también decirle, a tenor de un tema que ha comentado sobre la ininterrumpibilidad, que Ferroatlántica se beneficia del mecanismo de gestión de la demanda de la ininterrumpibilidad, lo que equivale a una reducción significativa en el precio de la electricidad frente a otros consumidores eléctricos no interrumpibles.

En definitiva, y ya concluyo, me gustaría decir, primero, que los servicios técnicos y jurídicos de la Xunta están estudiando la documentación presentada por la empresa, de acuerdo con las pautas que fija


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la legislación para la tramitación administrativa de este tipo de solicitudes. Segundo, la Xunta está actuando desde el primer momento con toda la responsabilidad, pues la decisión que finalmente se adopte estará basada en argumentos técnicos y jurídicos, como no puede ser de otra manera, señora Díaz. Tercero, la Administración gallega mantiene permanente contacto con los alcaldes de la comarca, con los trabajadores de las empresas y con sus representantes y tiene un compromiso constante y permanente de diálogo y de máxima transparencia para trabajar en el mantenimiento siempre de la actividad industrial. En cuarto lugar, quisiera decirle que la actuación de la Secretaría de Estado de Energía sobre una decisión de una empresa privada, en un ámbito de actuación liberalizado y cuya competencia para la autorización corresponde a un órgano autonómico, sería una intromisión muy grave. Por eso, votaremos en contra.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor POSTIGO QUINTANA: Termino ya.

Por último, señora Díaz, ya que usted se ha metido en un tema pensando que es el Parlamento gallego, me gustaría que nos dijera si el señor Sánchez Mato y la señora Celia Mayer van a dimitir por fin o no.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Postigo Quintana, le recuerdo a su grupo parlamentario que si hace alusiones me veré en la obligación, si lo solicita otro grupo, de conceder tres minutos por el artículo 71.1. No he querido llamarle a la cuestión ni al tiempo y se ha extralimitado en más de cuatro minutos del tiempo, señor Postigo.

Señorías, suspendemos unos minutos para preparar las votaciones. (Pausa).

Vamos a votar las proposiciones no de ley que hemos debatido hoy en Comisión.

Comenzamos por la número 7 del orden del día, relativa a la sentencia del Tribunal Supremo 1966/2016, por la que se anula el plan de emergencias exterior de la Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa) de Mugardos, en A Coruña. Esta proposición no de ley se vota en función de las autoenmiendas presentadas por el propio grupo. (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, pide la palabra).

Sí.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Simplemente quiero que conste en el Diario de Sesiones que la voluntad de Ciudadanos era que se votase por puntos, porque hay puntos que queríamos aprobar, pero hay un punto en concreto que no podíamos. Queremos que conste en el Diario de Sesiones.

El señor PRESIDENTE: Constará en el Diario de Sesiones, pero la explicación de voto se hace después de la votación.

Pasamos a votación la proposición no de ley número 7, en los términos de las autoenmiendas presentadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 27; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votación la proposición no de ley número 8, sobre destinos turísticos inteligentes, que se vota en los términos de la transaccional que conocen todos los grupos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de ley número 9, relativa a continuar fortaleciendo la conectividad internacional de España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar la proposición no de ley número 10, relativa al proceso de segregación de las centrales eléctricas de las fábricas de ferroaleaciones en Ferroatlántica S.A., presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Esta proposición no de ley se


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va a votar por puntos, los cuatro puntos originales de la proposición. Les recuerdo que es la proposición no de ley número 857 y tiene cuatro puntos en la parte dispositiva.

Empezamos por el primer punto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Segundo punto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 15; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a votar el tercer punto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 4; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a votar el cuarto punto de esta proposición no de ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a votación la proposición no de ley número 11, que se vota en sus propios términos. Es la proposición no de ley sobre protección de los derechos digitales de la ciudadanía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar la proposición no de ley número 12, por la que se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima, del Grupo Parlamentario Socialista. Esta proposición se vota con la aceptación de la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la exclusión del punto 4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votación la proposición no de ley número 13, que se vota en los términos de la transaccional que se ha distribuido a sus señorías. Es la proposición no de ley sobre contadores inteligentes, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votación la proposición no de ley número 14, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a desarrollar la normativa relativa a otorgar autorizaciones de emisión a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro existentes. Se vota en los términos de la transaccional que se ha distribuido oportunamente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la última proposición no de ley, la número 15, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. Se vota en los términos de la transaccional que se ha distribuido.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

No habiendo más asuntos que tratar y habiendo agotado el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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