DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 27, de 05/10/2016
cve: DSCD-12-CO-27
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 27
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles,
5 de octubre de 2016
Página
ORDEN DEL DÍA:
Pronunciamiento de la Comisión, a efectos del art. 44 del Reglamento,
sobre las solicitudes de comparecencia del señor presidente del Consejo
de Seguridad Nuclear (Martí Scharfhausen):
- Para presentar el informe de actividad realizado por el citado organismo
durante el año 2015, así como informar sobre cuestiones de seguridad
nuclear relativas a su competencia, entre otros, el proceso de renovación
y explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. A petición
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000040) ...
(Página2)
- Para dar cuenta de la gestión realizada en el Consejo de Seguridad
Nuclear desde su última comparecencia el día 3 de diciembre de 2014, y en
particular, en lo relativo al proceso de reapertura de la central nuclear
de Garoña y la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar
de Cañas (Cuenca). A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número
de expediente 212/000041) ... (Página2)
- Para que explique la situación de la central nuclear de Garoña y otras
cuestiones relativas a la seguridad nuclear. A petición del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 212/000054) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000152) ... (Página4)
- Sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners
y Riudarenes de la línea de muy alta tensión Vic-Bescanó y la adopción,
en su caso, de una alternativa sostenible. Presentada por los grupos
parlamentarios Socialista,
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra
Republicana y Mixto. (Número de expediente 161/000338) ... (Página9)
- Sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética.
Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente
161/000173) ... (Página15)
- Relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones
y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico. Presentada
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. (Número de expediente 161/000270) ... (Página21)
- Relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico
de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la
competitividad de las industrias básicas electro-intensivas. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000280) ...
(Página21)
- Relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 161/000366) ... (Página29)
- Sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayudas para
la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000420) ... (Página34)
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de estas de
adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento,
concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001) ... (Página39)
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN, A EFECTOS DEL ART. 44 DEL REGLAMENTO,
SOBRE LAS SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR (MARTÍ SCHARFHAUSEN):
- PARA PRESENTAR EL INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADO POR EL CITADO ORGANISMO
DURANTE EL AÑO 2015, ASÍ COMO INFORMAR SOBRE CUESTIONES DE SEGURIDAD
NUCLEAR RELATIVAS A SU COMPETENCIA, ENTRE OTROS, EL PROCESO DE RENOVACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. A PETICIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000040).
- PARA DAR CUENTA DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR DESDE SU ÚLTIMA COMPARECENCIA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2014, Y EN
PARTICULAR, EN LO RELATIVO AL PROCESO DE REAPERTURA DE LA CENTRAL NUCLEAR
DE GAROÑA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO EN VILLAR
DE CAÑAS (CUENCA). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número
de expediente 212/000041).
- PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA Y OTRAS
CUESTIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD NUCLEAR. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 212/000054).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Empezamos la Comisión con el punto 1.º del orden del día, relativo al
pronunciamiento de la Comisión respecto a las peticiones de comparecencia
del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Voy a dar la palabra a
los portavoces de los grupos para que expresen su posición de voto. Les
recuerdo que no se
trata de entrar en el fondo de la cuestión sino de explicar la posición.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera expresar mi apoyo a las peticiones de comparecencia realizadas
por tres grupos parlamentarios. Es una materia suficientemente importante
y no admite más demora; han pasado casi dos años desde la última
comparecencia del responsable del Consejo de Seguridad Nuclear y, por
tanto, estamos a favor de las comparecencias solicitadas.
El señor PRESIDENTE: Grupo de Esquerra.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Por las mismas razones y en los mismos
términos apoyamos las tres.
El señor PRESIDENTE: Grupo Ciudadanos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Al igual que mis compañeros, por las mismas
razones y en los mismos términos, aceptamos las tres peticiones de
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: El Grupo de Unidos Podemos está a
favor de la comparecencia, y no solo porque el presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear no haya acudido en la anterior legislatura las veces
que se solicitó su comparecencia ante el Congreso, sino también porque en
los últimos días han surgido informaciones nuevas muy relevantes y
alarmantes. En especial, quiero referirme a la carta de algunos técnicos
del Consejo de Seguridad Nuclear poniendo de manifiesto hechos muy graves
respecto a la situación del consejo, un organismo de gran importancia
para la seguridad nuclear. Entre otras cosas, se refieren a que han
tenido conocimiento de dosieres secretos sobre temas tan importantes como
la evaluación de la central nuclear de Garoña. Es muy importante que
todas estas cosas se clarifiquen, y no solo por la situación de Garoña,
sino porque ya en enero de 2016 la mayoría absoluta del Congreso pidió
que se paralizara el proceso de reapertura de dicha central y, sin
embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear, unilateralmente, decidió hacer
caso omiso a la mayoría absoluta de este Congreso y seguir adelante con
la evaluación para su reapertura. Hay cuestiones pendientes también sobre
la inseguridad y los hechos ocurridos en torno a la central nuclear de
Almaraz, las denuncias relativas al cementerio nuclear y, como digo, la
situación interna del CSN. Por todo ello, consideramos urgente e
importante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad
Nuclear ante el Congreso de los Diputados.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Buenos días.
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado esta comparecencia en
numerosas ocasiones, dado que el presidente del Consejo de Seguridad
Nuclear no comparece ante esta Cámara desde el 3 de diciembre de 2014, a
pesar de que el artículo 11 de la Ley de Creación del Consejo de
Seguridad Nuclear le obliga a dar cuentas a la Cámara de manera anual. En
la anterior legislatura esta Comisión solicitó en varias ocasiones su
comparecencia y solo obtuvo dilaciones y negativas, hasta el punto de que
no vino y la mayor parte de esta Comisión pidió su dimisión, que quedó
sin efecto por la finalización de la legislatura. Por tanto, por los
motivos que han esgrimido mis compañeros y, sobre todo, por los últimos
acontecimientos que acaba de explicar el portavoz de Unidos Podemos,
creemos imprescindible que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear
cumpla con su obligación, cumpla con la ley y venga por fin a esta
Comisión a dar explicaciones; no solo las ordinarias de los informes
anuales, sino también sobre todas las irregularidades que hemos ido
conociendo a lo largo de este tiempo a través de los técnicos del Consejo
de Seguridad Nuclear y sobre las noticias que van saliendo
permanentemente referidas a algunas de las centrales nucleares y a temas
de seguridad que afectan a la población. Por todo ello, hemos presentado
esta propuesta de comparecencia y nos congratulamos de saber que por fin
ha decidido venir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.
Señor Mariscal, por parte del Grupo Popular.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con la presencia en
esta Comisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y lo ha
estado siempre. Les quisiera recordar, sin ánimo de abrir el debate, que
la pasada legislatura tuvo el tiempo que tuvo, debido a lo que todo el
mundo conoce, y que ese fue el motivo que se esgrimió, con acierto, para
que no pudiera venir el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. En
todo caso, nuestro grupo está totalmente de acuerdo con su presencia.
También quisiera recordar a los miembros de esta Comisión que en materia
de seguridad nuclear es conveniente no esgrimir argumentos que puedan
generar alarma en la sociedad. Es un asunto que exige mucha
responsabilidad. Y no debemos olvidar que el Consejo de Seguridad Nuclear
tiene una dependencia política de esta Cámara a través de la ponencia que
se deberá constituir en su momento, que abogamos por que sea lo antes
posible, para conocer los informes que dimanan del Consejo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LAS GASOLINERAS DESATENDIDAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000152).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a debatir las proposiciones no
de ley contenidas en el orden del día. Vamos a comenzar por la que
proponen varios grupos: el Grupo de Esquerra Republicana, el Grupo
Socialista, el Grupo de Unidos Podemos y el Grupo Mixto. Proposición no
de ley sobre derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de
Farners y Riudarenes, en la línea de muy alta tensión Vic-Bescanó, y la
adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. (La señora Rodríguez
Hernández pide la palabra).
¿Sí?
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Disculpe, presidente, pero creo que el
orden del día comenzaba con el caso de las gasolineras.
El señor PRESIDENTE: Ha habido un pequeño lío en el orden del día; de
hecho, me lo acaban de cambiar. Si no tienen inconveniente sus señorías,
el Grupo de Esquerra Republicana había pedido que empezásemos por esta;
si no, iríamos al orden del día original. Si el Grupo Ciudadanos necesita
un momento para buscar a la persona que tenía que intervenir en este
punto, no hay ningún problema, pero el Grupo de Esquerra Republicana, por
necesidades, había pedido que lo adelantásemos. ¿Hay algún problema?
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Perfecto. Simplemente es que no se nos
había comunicado, pero aceptamos el cambio del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento. Es un fallo de esta Presidencia; lo asumo
y pido disculpas. (El señor Martínez Oblanca pide la palabra).
¿Sí, señor Martínez?
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Disculpe, señor presidente. Al Grupo Mixto esto
le pilla con el paso cambiado. Pediría que este punto quedase el segundo,
porque ahora mismo no tenemos en la Comisión al diputado que se va a
encargar de defender esta cuestión en nombre del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, salvo que tengan otro criterio, este
punto pasaría a ser defendido en segundo lugar. Según el orden del día
original, la primera proposición no de ley es la del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre requisitos de seguridad de las gasolineras
desatendidas. ¿Todos los grupos están en disposición de que pasemos a
debatir este punto, la proposición del Grupo Socialista, y dejemos la de
Esquerra para debatir en segundo lugar? (Asentimiento).
Pasamos entonces a debatir la primera proposición no de ley según figura
en el orden del día. La siguiente será la que ahora mismo está como
número nueve, la del Grupo de Esquerra Republicana, y
luego seguiríamos en su orden. También les anuncio a sus señorías que, si
no tienen inconveniente, procederemos a debatir conjuntamente la número
siete y la número ocho.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre requisitos de seguridad en las gasolineras
desatendidas, tiene la palabra la señora Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.
Hoy, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate en esta
Comisión una proposición no de ley sobre los requisitos de seguridad en
las gasolineras desatendidas. En la actualidad, hay estaciones de
servicio con nuevas modalidades de pago y de atención al cliente
-desatendidas, diría yo-, dándose la circunstancia de que no hay personal
alguno para atender a los posibles clientes. Son las nuevas gasolineras
desatendidas. Como saben, una estación de servicio está sometida al
cumplimiento del artículo 43 de la ley del sector, que dice que las
instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán
cumplir con los actos de control de acuerdo a las instrucciones técnicas
y complementarias de seguridad y, por supuesto, de protección a los
consumidores y usuarios. Estas instalaciones dan servicio a clientes que
tienen que ser atendidos en condiciones de seguridad y de igualdad.
Quiero recordar que entre ellos estarían también las personas con
discapacidad, personas que no manejen tecnología, personas acompañadas de
menores, personas alérgicas a hidrocarburos, etcétera.
Actualmente existe cierta indeterminación en la normativa básica estatal,
así como incongruencias en otras leyes que pueden derivar en
implantaciones diferentes en las distintas comunidades autónomas o no
representar un trato igualitario para todo tipo de personas usuarias de
estos servicios. Por ello, queremos instar al Gobierno a desarrollar y
clarificar suficientemente los requisitos de seguridad industrial que
este tipo de gasolineras tiene que contemplar para garantizar que
cualquier usuario esté plenamente en condiciones de seguridad ante
cualquier tipo de eventualidad que se produzca cuando se realice el
repostaje. Ello aportaría seguridad jurídica a todos los agentes del
sector, garantizando una competencia leal en los términos de defensa de
la competencia. Le instamos también a modificar, en coordinación con las
comunidades autónomas, las normas que sean necesarias para prever la
obligatoriedad de que haya al menos un empleado en las estaciones de
servicio para atender a los usuarios en horario diurno. De esta manera,
se cumpliría el derecho de las personas con discapacidad u otras
dificultades a ser atendidas en estos establecimientos. Asimismo, le
instamos a publicar la nueva revisión de la instrucción técnica
complementaria relativa a estaciones de servicio, con el objeto de
aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las
estaciones de servicio desatendidas; a garantizar la unidad de mercado
prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, y que, por tanto, no se
produzcan agravios comparativos con los requisitos de acceso de seguridad
básicos en las diferentes comunidades autónomas; a articular y
garantizar, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que
los técnicos proyectistas e instaladores de las estaciones de servicio
desatendidas cumplan rigurosamente la normativa de seguridad industrial
que estas instalaciones deben de cumplir en la actualidad, garantizando
por tanto la seguridad de las personas y bienes.
Señorías, quiero recordarles que el mayor aumento de este tipo de
gasolineras sin personal comienza con la Ley 11/2013, de medidas de apoyo
al emprendedor y al estímulo del crecimiento de la creación de empleo,
pero en este caso no crea empleo, lo destruye. Esta ley promueve la
construcción de unidades de suministro y estaciones de servicio en
régimen desatendido, pero esta normativa nos conduce a invadir
competencias en materia de seguridad industrial y defensa del consumidor.
Ante la variedad de normativa especifica en las diferentes comunidades
autónomas, bien sea en materia de seguridad industrial o en materia de
consumo, proponemos garantizar la unidad de mercado y que no se produzcan
agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en
los diferentes lugares de España.
Otros motivos importantes para la regulación de este tipo de instalaciones
sin personal es proteger y hacer que se cumplan los derechos de los
consumidores, en general, y los de las personas con discapacidad, en
particular, porque la ausencia de personal en estas gasolineras impide a
los usuarios verificar que se surtan las cantidades indicadas, presentar
una hoja de reclamaciones, solicitar una factura e incluso dispensar el
combustible. Por eso planteamos esta proposición, porque consideramos que
están en riesgo la seguridad de las instalaciones, la calidad del
servicio y la afectación del medio ambiente. No se nos puede olvidar que
la gasolina o el gasoil son sustancias extremadamente peligrosas, y que
el hecho de echarle combustible a nuestro vehículo conlleva un riesgo y
el peligro de provocar un grave accidente. De hecho, hay constancia de
varios accidentes ocurridos en todo el territorio nacional, que no han
llegado a más por estar presente el trabajador que lo ha impedido.
Señorías, actualmente en España hay unas diez mil estaciones de servicio
atendidas y en autoservicio, que dan empleo aproximadamente a 40.000
personas de forma directa, más los empleos indirectos. Como es obvio, se
producen pérdidas de puestos de trabajo cuando se permite este tipo de
instalaciones sin personal en un momento en el que el empleo es una de
las prioridades en nuestra sociedad. Por ello es por lo que rechazamos
ser partícipes de políticas que destruyan empleo cuando existen razones
más que justificadas para mantener los puestos de trabajo.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas,
concretamente de tres grupos. Empezaremos de menor a mayor. Por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista plantea, a través de la diputada Tundidor Moreno, una
iniciativa relacionada con las instalaciones de servicio público de
carburantes y, concretamente, con los requisitos de seguridad de las
gasolineras sin personal para la atención al consumidor, también
denominadas gasolineras baratas, low cost, de marca blanca o gasolineras
desatendidas. En primer lugar, quiero señalar que el problema de
suministro de carburantes en España es de muchísimo mayor calado que la
preocupación por este tipo de suministro, que está siendo objeto de
creciente debate político tanto aquí en el Congreso como en diferentes
parlamentos autonómicos.
Señorías, al hablar de carburantes, lo que hay que resaltar, por
importante y por trascendente en la economía de los hogares españoles, de
nuestras empresas y de nuestros transportistas, es que antes de impuestos
en España pagamos el precio más alto de toda la Unión Europea. Solo así
se explica el éxito popular de las gasolineras desatendidas o de las
cooperativas agrícolas que se organizan para combatir los altos precios
que el oligopolio de los carburantes, que opera a sus anchas en España,
fija en nuestros surtidores. Atención al dato: mientras el crudo Brent ha
llegado a bajar el 38 % para las grandes empresas petroleras, los
españoles continuamos pagando precios por los carburantes que apenas se
han reducido un 15 %.
Por otra parte, esta iniciativa parlamentaria socialista se queda muy
corta si la comparamos con la serie de recomendaciones, muy amplias, que
hace poco más de dos meses publicó la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, en las que se concluye que facilitar la apertura y el
ejercicio de suministro de carburantes en estaciones de servicio es
fundamental para la competencia en el sector. Esta comisión señala
literalmente -lo habrán leído todos ustedes en su informe de 49 páginas-
que no se debe prohibir a las empresas ni a los usuarios la capacidad de
elegir libremente entre estaciones de servicio con personas físicas
presentes en la instalación y sin personas físicas. En caso contrario, la
introducción de restricciones injustificadas dificultará el desarrollo de
modelos de negocio asentados en otros países de la Unión Europea, con
repercusiones económicas y jurídicas desfavorables para el interés
general.
No obstante, al hilo de la presentación de esta proposición no de ley del
Grupo Socialista, resulta de interés -por eso presenté la correspondiente
enmienda- la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia en referencia a la regulación del mercado de
distribución de carburantes de automoción. Es, como todos los informes de
esta comisión, muy completo, muy amplio, muy detallado y, en el caso que
nos ocupa, relativo a las gasolineras desatendidas, muy reciente; lleva
fecha del pasado 28 de julio, es decir, poco más de dos meses. Tanto sus
conclusiones como sus recomendaciones ponen de manifiesto que las
restricciones que se están aplicando en España a las gasolineras
desatendidas suponen en la práctica un perjuicio para los consumidores,
porque se restringe el nivel de competencia efectiva y, con ello, se
están poniendo trabas a la reducción de precios de los carburantes.
Concluyo, señor presidente. La creación de puestos de trabajo en España
pasa por favorecer la competitividad, y a eso deberíamos aplicarnos de
lleno en el Congreso de los Diputados en lugar de colaborar a que se
perpetúe el oligopolio gasolinero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
En turno de defensa de enmiendas, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
tiene la palabra el señor Martínez González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En Ciudadanos estamos de acuerdo con la mayoría de los puntos de esta
proposición no de ley, pero en total desacuerdo con el punto 2 de la
misma, al que planteamos una enmienda de supresión. Pensamos que este
punto limita la libertad de empresa y la libre elección de los
consumidores y pone cortapisas a un sector emergente con todavía poca
penetración en el mercado. Hablamos de que actualmente existen unas 400
gasolineras desatendidas, conocidas también como gasolineras fantasmas,
es decir, en torno a un 5 % de las gasolineras existentes en el país,
cuando en países como Finlandia, Suecia o Francia la penetración de este
tipo de gasolineras es del 50 %.
Se aduce que uno de los principales problemas de este tipo de
establecimientos es que afectan al empleo y a la seguridad. En cuanto a
la seguridad, existe un estudio del Gobierno francés que dice que los
accidentes que se producen en el repostaje en este tipo de gasolineras
desatendidas están en torno a un 8 %, mientras que la mayoría de los
accidentes, el 92 % restante, se producen cuando se manipulan los tanques
en acciones de mantenimiento. Con lo cual, no pensamos que el problema de
este tipo de establecimientos sea precisamente la seguridad. Por otra
parte, como ya han apuntado, se trata de gasolineras que llevan
funcionando muchos años en las cooperativas agrarias y tampoco han
planteado ningún tipo de problema. Asimismo, pensamos que aunque la
normativa es mejorable -por eso asumimos parte de la proposición-, es
bastante exigente en cuanto a paradas de emergencia, extinción en caso de
incendios, etcétera. Es decir, la normativa actual es suficiente para
cubrir las demandas de seguridad.
Respecto al empleo, pensamos que 400 gasolineras suponen poca penetración
y que lo importante, como también se ha apuntado aquí, es que exista
competencia. Es una realidad que en aquellas zonas donde estas
gasolineras están instaladas suele bajar el precio del carburante, lo
cual repercute en beneficio del consumidor y estimula la competitividad.
La mayoría de estas instalaciones son empresas de nueva creación, con lo
que se estaría ayudando a los emprendedores. Otra razón que se aduce para
criticar la presencia de este tipo de establecimientos es la dificultad
de acceso que encuentran los discapacitados. En este sentido, pensamos
que la solución puede venir a través de los reglamentos técnicos, con
medidas de diseño arquitectónico, etcétera, pues se trata de barreras que
se pueden subsanar sin mayor problema.
Estamos hablando de un sector, como es el de los hidrocarburos, que mueve
40.000 millones al año y que supone un 4 % del PIB del Estado. Pensamos
que lo importante es proteger la libre elección del consumidor, que se
garantiza con estas gasolineras. Hay un estudio del Ministerio de
Industria que calcula el abaratamiento que estos establecimientos
producen en los combustibles en torno a 6 céntimos de euro por litro, con
lo que en una familia que gastara alrededor 1.000 litros al año el ahorro
anual sería de unos 60 euros. Pero si hacemos el mismo cálculo en el caso
de un pequeño transportista que pueda hacer con su vehículo alrededor de
150 kilómetros diarios, por 240 días laborables que tiene el año, resulta
un total de 36.000 kilómetros, con lo que el ahorro anual para un pequeño
transportista que utilice este tipo de gasolineras podría ser de 2.160
euros.
Por tanto, estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos de la
proposición, pero presentamos una enmienda de supresión al punto número
2, porque pensamos que el bienestar de los hogares y la competitividad de
las empresas tienen que estar por encima de todo, cuestión que no queda
salvaguardada en este punto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.
Para defender las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, el señor
Capdevila i Esteve tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias.
En general, estamos a favor de la competencia leal que hace que los
precios se contengan y que, como decía el señor Martínez Oblanca, los
abaratamientos del mercado se reflejen en el último consumidor. En ese
sentido, me sumo a lo dicho por el señor Oblanca, en el sentido de que
sería buena idea introducir las reflexiones de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Nuestra primera enmienda va en la
dirección de la clásica salvaguarda autonomista competencial, que
esperamos poder olvidar pronto. La segunda es de supresión, porque
consideramos que el punto 4 es reiterativo, gratuito y prescindible por
las mismas razones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la brevedad.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo de Unidos
Podemos, tiene la palabra la señora Ballester.
La señora BALLESTER MUÑOZ: Gracias, presidente.
Por no alargarnos, diré que estamos básicamente de acuerdo con el
contenido de la PNL. Consideramos importante desarrollar la legislación
relativa a las gasolineras desatendidas y cubrir los espacios vacíos que
se pueden producir en la legislación, sobre todo a la hora de establecer
las medidas oportunas de seguridad para las personas consumidoras, y no
solo de seguridad, como también establece la proposición no de ley, sino
para que se respeten los derechos de todos los consumidores, en especial
los de aquellas personas con discapacidad que tienen que tener un acceso
igual al resto de consumidores. Sin embargo, nos parece importante
señalar que todo esto tiene que llevarse a cabo en coordinación con las
comunidades autónomas y sobre todo respetando escrupulosamente las
competencias de las mismas. Por tanto, básicamente estamos de acuerdo con
el contenido y a favor de esta PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Alabando de nuevo la brevedad, doy las gracias a la
señora Ballester.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
El debate sobre este tema tuvo su mayor importancia hace un par de años,
momento en el que el precio del barril de crudo andaba sobre los 150
euros, cuando ahora lo tenemos a 50 e incluso ha llegado a bajar hasta
los 29 euros, si no me falla la memoria. Con lo cual ha tenido que tener
tanta importancia como tendría que haberla tenido hace dos años. ¿Por qué
nos encontramos en esa situación? Como decía muy bien el señor Martínez
Oblanca, había en España una situación de oligopolio, un comercio de unos
productos petrolíferos muy concentrado y precisamente ese fue uno de los
motivos de incorporar en la Ley 11/2013, por parte del Gobierno del
Partido Popular, medidas que llevaran a una mayor competencia y que
tuviesen repercusión en los precios, que estos bajaran, que era el
objetivo necesario. Indudablemente sigue siendo ahora necesario, a pesar
de que el barril esté a un precio razonable, vamos a decir, pero continúa
siendo uno de los principales caballos de batalla incrementar la
competitividad y la competencia en todos los sectores de la actividad
económica.
No entiendo muy bien -y voy a leer textualmente- la propuesta del Grupo
Socialista por lo referente a seguridad. En el punto 5 de la proposición
dice: "Articular y garantizar, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, que los técnicos proyectistas e instaladores de las
estaciones de servicio desatendidas cumplan rigurosamente la normativa de
seguridad industrial que estas instalaciones deben cumplir en la
actualidad, garantizando, por tanto, la seguridad de las personas y de
los bienes". Cabe deducir que la Ley 21/1992 recoge perfectamente y
garantiza la seguridad de las personas y de los bienes. La única duda que
establece en este punto el Grupo Socialista es que los técnicos
proyectistas e instaladores tienen que cumplir rigurosamente la normativa
de seguridad. Supongo que técnicamente la cumplirán, entre otras cosas
porque es su trabajo, pero después, la cumplan o no la cumplan, tiene que
haber una autorización de la Administración correspondiente. Y si lo que
me está diciendo aquí la ponente socialista es que eso no se cumple,
estamos ante un caso de prevaricación como mínimo, porque obviamente la
Administración no puede aprobar un proyecto que no cumple las condiciones
de seguridad. Por eso no sé, el Grupo Socialista nos tiene acostumbrados
a acciones de este tipo, pero no tiene mucho sentido. Si por una parte se
cumple la normativa, eso quiere decir que la seguridad está garantizada,
como dice la ponente socialista.
En cuanto al análisis de empleo, si todas las actividades tuvieran que
tener un paisano -como decimos en mi tierra- al lado, probablemente
muchas actividades no se podrían llevar a cabo por cuestiones obvias.
Indudablemente la evolución de la economía, de la actividad y de la
técnica han permitido ir sustituyendo puestos de trabajo manuales o de
presencia física por otro tipo de actividades que conllevan una
innovación tecnológica y el avance de la sociedad durante todos estos
siglos.
En cuanto a la prestación del servicio a los discapacitados, se pueden dar
muchísimas circunstancias en las cuales las personas con algún tipo de
discapacidad pueden acceder a este tipo de instalaciones, en primer lugar
por la innovación que se produce en los aparatos de expedición y también
por los propios mecanismos que los discapacitados tienen a su disposición
para incrementar su movilidad, etcétera. Tenemos ejemplos en toda la
Unión Europea -lo ha citado antes el compañero de Ciudadanos, Martínez
González-, por ejemplo el de Suecia o Finlandia, donde hay una penetración
de este tipo de gasolineras del 60 %, y no vamos a cuestionar aquí la
política de Suecia en relación con favorecer a las personas con algún
tipo de discapacidad.
El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya
ha sido citado. De todas maneras no podemos, dentro del marco legislativo
del Ministerio de Industria, regular las competencias que tiene porque
también las comunidades autónomas tienen competencia para regular
diversos aspectos. También tiene algo que ver la situación del país en la
que nos encontramos, con un Gobierno en funciones, pero quiero decirles
que se está trabajando por parte del Gobierno en un proyecto de
decreto-ley, que se revisará la instrucción técnica complementaria
MI-IP04, que está en tramitación, y que por lo tanto hace innecesaria
esta proposición no de ley. Además, vuelvo a insistir en que el propio
Grupo Socialista reconoce que las instalaciones garantizan la seguridad
de los ciudadanos. Espero que podamos seguir en esa tramitación, de
acuerdo con las comunidades autónomas, contando con la Comunidad Autónoma
de Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
Procede preguntarle a la ponente del Grupo Parlamentario Socialista si
acepta alguna de las enmiendas que se han planteado.
La señora TUNDIDOR MORENO: No las aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. En principio someteremos a votación la
proposición no de ley tal cual está presentada.
- SOBRE LA DEROGACIÓN DEL PROYECTO DE RAMAL ENTRE SANTA COLOMA DE FARNERS
Y RIUDARENES DE LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN VIC-BESCANÓ Y LA ADOPCIÓN,
EN SU CASO, DE UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE. PRESENTADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, DE ESQUERRA REPUBLICANA Y MIXTO. (Número de expediente
161/000338).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día,
que, si no recuerdan mal sus señorías, es el que aparecía como número 9
originalmente. Corresponde al Grupo Esquerra Republicana y reza el
enunciado: Sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma
de Farners y Riudarenes de la línea de muy alta tensión Vic-Bescanó y la
adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. Para su defensa
tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señor presidente.
Permítame que deje claro que esta iniciativa es compartida por los cuatro
grupos en representación de las Comarques Gironines y por lo tanto
pediría a la Mesa, si no es abusar muchísimo, que por favor después de mi
intervención -que intentaré que sea breve- puedan intervenir los
compañeros del Partit Democràtico Català, de En Comú Podem y del Partido
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por parte de esta Presidencia no hay inconveniente.
La señora JORDÀ I ROURA: Encantada, muchas gracias.
Tal y como señalan los estudios medioambientales realizados, que son
muchos, el trazado de la línea eléctrica de muy alta tensión y el ramal
entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes tiene un impacto global
crítico sobre el territorio, en tanto que afecta a valores paisajísticos,
al desarrollo turístico de la zona -que es mucho e importante-, a los
elementos geológicos de interés y a la conservación de especies de fauna
protegidas. Si me permiten, como buena parte de los que hoy van a votar
esta proposición no han pisado nunca este territorio, me gustaría
decirles que estamos debatiendo sobre una zona heterogénea en hábitats y
con una gran riqueza faunística, entre las que se encuentran, más allá de
algunas zonas de cría, varias especies protegidas, como murciélagos,
anfibios, reptiles, algunas especies de aves y algunos invertebrados.
Este paisaje, que supone un espacio conector entre diversos espacios
naturales, cuenta también con muchos puntos de interés geológico: desde
chimeneas volcánicas hasta coladas de lava, pasando por fuentes
hidrotermales o formaciones geológicas muy particulares. Asimismo,
también cuenta con puntos de interés patrimonial, como iglesias barrocas,
románicas y neoclásicas, o yacimientos del Paleolítico, de la Edad de
Hierro y de la época romana, entre otras. Ya ven ustedes que hablamos
casi de un paraíso.
En este sentido, la MAT hipoteca el potencial turístico de la zona, sin
lugar a dudas. No en vano existe una contundente oposición social
manifestada por el territorio en grandes movilizaciones sociales y
expresada en la realización de numerosas acciones y a la vez en una
consulta popular que recogió más de seis mil votos, con casi un 99 % de
ellos contrarios al proyecto del ramal de la línea de muy alta tensión.
De hecho, está PNL es fruto de todo el territorio, del trabajo de muchos
años, empezando por el trabajo de la plataforma "No a la MAT de la
Selva", a quienes agradecemos desde esta Comisión el trabajo y el tiempo
dedicado única y exclusivamente a la defensa del territorio que ellos
conocen y la vez quieren. En un mismo sentido también se ha expresado la
ciudadanía de la comarca de la Selva, en particular la de la Selva
interior, los ayuntamientos de Santa Coloma de Farners, de Sils, de
Riudarenes, de Sant Hilari, el Consell Comarcal de la Selva, la Diputació
de Girona, el Parlament Català y todos los representantes políticos
gironeses con representación en esta Cámara, Esquerra Republicana, En
Comú Podem, el Partit Demòcrata Català y el Partido Socialista de
Cataluña. Estas organizaciones sociales e instituciones han impulsado
múltiples informes que cuestionan la necesidad de la línea de los 400
kilovatios y dan varias alternativas en el ramal.
Por ello, reivindicamos paralizar de forma inmediata la ejecución del
proyecto de dicho ramal y derogar todas las disposiciones referidas a la
realización del mismo; asimismo, estudiar las necesidades energéticas del
territorio y en su caso presentar un proyecto a los municipios afectados
que, desde una perspectiva de transición a las energías renovables, tenga
en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y sobre el patrimonio, tal
como están recogidos en los estudios existentes, y permita a la vez la
apertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda
del consenso para la satisfacción de la necesidades establecidas.
En este sentido -voy acabando- es necesario señalar que la MAT, así como
cualquier otra interconexión que se quiera plantear, constituye el
síntoma más claro de un modelo energético obsoleto y suicida, un modelo
hecho a medida de las multinacionales del sector eléctrico, que ha
contemplado como única posibilidad la utilización de grandes
infraestructuras, tanto de transporte como de generación, de hecho en
detrimento de la generación distribuida y renovable que constituye la
alternativa de un modelo sostenible. La MAT, atravesando los Pirineos,
supone un retraso fatal, tanto en la aplicación de programas de
eficiencia y ahorro como en la implantación de energías renovables. En
definitiva, señorías, más allá de los destrozos puntuales de un
territorio como el de la Selva, la MAT supone un gran retraso económico,
social y medioambiental.
Esperamos que esta iniciativa hoy recoja no solo su sensibilidad, sino
también su sentido común.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Xuclà... (Risas). Perdón,
señora Jordà. Me estaba adelantando al siguiente interviniente. Les iba a
explicar que van a intervenir el resto de grupos proponentes en orden de
menor a mayor. Vamos a empezar por el Grupo Mixto...
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, en nombre del Grupo Mixto
intervendrá el diputado del Partido Demócrata Catalán, el señor Xuclá.
El señor PRESIDENTE: Creo que se ha entendido por mi lapsus anterior.
Disculpas, señora Jordà.
Tiene la palabra el señor Xuclà, en nombre del Grupo Mixto y del Partido
Demócrata Catalán.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor Sixto, señor presidente.
Intervengo en nombre del Partit Demòcrata para presentar esta iniciativa
que firmamos el conjunto de los parlamentarios de la demarcación de
Girona, sosteniendo que la línea de alta tensión entre Vic y Bescanó es
innecesaria y por tanto instando al Gobierno a su no ejecución,
concretamente del ramal de esta línea entre Santa Coloma de Farners y
Riudarenes.
Vaya por delante que nuestro partido es altamente partidario de las
interconexiones eléctricas, de la integración eléctrica a nivel europeo,
que será una de las formas más eficaces de avanzar en la construcción
europea. De hecho, esta interconexión en la demarcación de Girona ya se
produce con la línea de alta tensión que transcurre por el Alt Empordà y
conecta con Francia. También somos muy partidarios de la integración
gasística, gran asignatura pendiente que permitiría en estos momentos que
la península ibérica no fuera una isla energética en cuanto a gas y que
se pudiera conectar, por medio de un proyecto ya muy avanzado, a través
de la Junquera, la conexión gasística que viene de Argelia.
Dicho esto, las conexiones eléctricas tienen que ser sostenibles,
atendiendo a la demanda del territorio y a los valores medioambientales
de la zona. En estos momentos las intervenciones en esta casa aún se
hacen sin planos y sin material de apoyo, pero aquí un mapa sería muy
útil para ilustrarles que la conexión con la zona de Osona, de Vic, está
perfectamente cubierta, y con la zona de Girona, del Gironès y del
Ampurdán también, y que lo que pretende este proyecto entre Vic y Bescanó
es simplemente conectar dos grandes ámbitos ya bien abastecidos -100.000
habitantes en la zona de Vic, comarca de Osona, y una población de más de
medio millón de habitantes en las comarcas de Girona- a través de la
comarca de la Selva y de un espacio de alto valor medioambiental como son
las montañas de las Guillerías.
Por esto son distintos los informes que con rigor han apuntado la no
necesidad de ejecutar esta conexión. La señora Jordà ha hecho referencia
a algunos de estos informes. Creo que es especialmente importante el
informe que proporcionó el año pasado una institución con alta reputación
en Cataluña, como es el Cilma -Consell d'iniciatives locals per al Medi
Ambient de les comarques de Girona-, que, a través de un encargo de la
Diputación de Girona, en su estudio de alternativas a la línea de MAT en
el ramal de Riudarenes, dictaminaba claramente la no necesidad de esta
interconexión. Posteriormente, a principios de este año fue el propio
Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de su Consejería de
Empresa y Ocupación, quien presentó un informe en el cual expresaba la no
necesidad de esta conexión, que seguía las resoluciones que habían
planteado los plenos de los ayuntamientos de Santa Coloma de Farners,
Riudarenes, Sils y Sant Hilari Sacalm, además de resoluciones de la
propia Diputación de Girona y del Parlament de Catalunya y de una
consulta ciudadana con una alta participación y un apoyo masivo por parte
de la población. Pero insisto, a veces los políticos somos retóricos y a
veces, incluso con las resoluciones de los ayuntamientos e incluso con la
consulta popular, es muy bueno que nuestra petición esté basada en los
estudios a los cuales hacía referencia.
Somos partidarios de la interconexión, somos partidarios del
abastecimiento de calidad en las distintas zonas, pero también somos
partidarios de la preservación medioambiental de la comarca de la Selva y
de las montañas de las Guillerías. Es por esto que esta proposición no de
ley plantea dos puntos. El primero es paralizar de forma inmediata la
ejecución del proyecto del ramal entre Santa Coloma de Farners y
Riudarenes, que en la práctica quiere decir entre la comarca de Osona,
Vic, y otras comarcas de Girona. En segundo lugar, como esta es una zona
de un alto valor medioambiental, como apuntaba la señora Jordà, pero a la
vez con unas explotaciones forestales muy importantes y con una capacidad
también muy importante de energías renovables y de energías alternativas,
que pueden autoabastecer la zona, también en el punto 2 de esta
proposición no de ley instamos a profundizar en la perspectiva de una
transición a las energías renovables, incluso de convertir la zona de la
Selva en una zona de alta calidad en la práctica de la implantación de
las energías renovables.
Esto es todo por mi parte. Esta es una manifestación de unidad de acción
entre los grupos parlamentarios de una misma demarcación. Espero que esta
legislatura, en su viabilidad y en su reencarnación como segunda
legislatura ya viable, pueda demostrar que esta unidad de acción se puede
realizar hoy a través de esta proposición no de ley y en otras
iniciativas que vayan a favor de nuestros territorios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por parte del tercero de los grupos proponentes, que no el último, por el
Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la
palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Nuestro apoyo a esta proposición no de ley y nuestro rechazo a la
infraestructura de transporte energético que se plantea, esta línea de
muy alta tensión, este ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes,
se basa en las siguientes consideraciones, que están también en la
exposición de motivos. La primera es que no responde a las necesidades
energéticas de esta zona de las comarcas de Girona, ni tan siquiera
creemos a las del tren de alta velocidad. Responde a una planificación
caducada de 2005 que se ha demostrado no real. Como ha pasado en el
conjunto del Estado, la demanda energética no ha sido la realmente
prevista.
En segundo lugar, porque no cuenta con el consenso mínimo en el territorio
afectado. Ya se ha dicho, municipios que se han posicionado de forma
unánime en contra: Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils, Sant Hilari
Sacalm, el Consell Comarcal de la Selva, la Diputación de Girona, el
Parlamento de Cataluña. Hay una enorme oposición social porque, además,
las cosas no se han hecho bien. La Administración, el ministerio, Red
Eléctrica Española no han hecho las cosas bien; hay convenios
internacionales: el convenio Aarhus, directivas europeas que exigen en los
casos de impacto ambiental, en los casos de las líneas de muy alta
tensión, realizar una información eficaz a la ciudadanía de los
territorios afectados, a las administraciones de los territorios
afectados, para poder desarrollar un debate público cuando todas las
opciones y soluciones aún son posibles y, por tanto, creemos que esos
mecanismos y esos procedimientos de participación social, de consulta con
las administraciones afectadas no han sido reales, no se han desarrollado
como tendrían que haberse desarrollado.
En tercer lugar, por el elevado impacto ambiental que tiene dicha
infraestructura: más de 17,5 kilómetros y 41 torres que afectan a una
zona de alto interés biológico, con un patrimonio natural e histórico de
gran interés, con una enorme potencialidad turística que puede verse
afectada, que perjudica la conservación de esa diversidad ambiental,
especialmente por la pérdida de continuidad y conectividad entre los
diferentes hábitats de masa forestal y mosaico agroforestal. Por tanto,
creemos que el impacto ambiental está sobradamente demostrado en los
estudios e informes a los que hace referencia la exposición de motivos.
En cuarto lugar, porque obedece a un modelo energético obsoleto que es el
modelo centralizado, el modelo con grandes centros de producción, en el
caso de Cataluña de carácter nuclear, que se transporta a lo largo del
territorio, con grandes infraestructuras que tienen un enorme impacto
ambiental. Es el modelo que interesa al oligopolio eléctrico, no es el
modelo que interesa a la gente, a la mayoría de la sociedad, y creemos
que es un modelo caduco, superado, a extinguir y que no está en el ámbito
de un modelo de energía distribuida basado en las energías renovables, y
por tanto moderno y democratizado. Este movimiento, impulsado por la
plataforma contra la MAT, no se crean ustedes que es un movimiento Nimby
-no en mi patio trasero-, no se trata de un movimiento situado en la
cultura del no, sino en la cultura de un nuevo modelo energético, porque
lo que han trabajado no es solo el no a la MAT, lo que han trabajado es
un nuevo modelo energético porque consideran -y creemos que eso tiene una
enorme potencialidad- que la comarca, que estos municipios pueden
abastecerse con producción de energía local, energía fotovoltaica y
energía eólica, y ya hay experiencias de algunos ayuntamientos, como
Santa Coloma de Farners, que están desarrollando sus propios planes
energéticos para autoabastecerse, para que las instalaciones municipales
puedan abastecerse de energía de proximidad y de energía renovable.
Por tanto, por estas cinco razones creemos que hay que decir no a esa
infraestructura, creemos que necesitamos un nuevo modelo energético, por
eso exigimos la inmediata paralización de este proyecto que no responde a
las necesidades ni a la opinión del territorio y, como dice el segundo
punto de la PNL, estudiar de forma real las necesidades energéticas del
territorio en un marco determinado porque hay muchas formas de estudiar
esas necesidades energéticas y para nosotros el marco de esta PNL tiene
que tener tres elementos: la transición a las energías renovables y a un
modelo de energía no centralizado sino distribuido, el tener en cuenta el
impacto ambiental y los valores ambientales afectados y, en tercer lugar,
la apertura de procesos de participación y de consulta, buscando el
consenso entre las instituciones y la ciudadanía de los territorios
afectados.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
Para la defensa de la PNL por parte del último de los grupos proponentes,
tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Muchas gracias.
Decía Tierno Galván que la democracia es la trasposición de lo
cuantitativo a lo cualitativo, que lo que quieren los más se convierta en
lo mejor. Y me venía a la mente esta cita al preparar este
posicionamiento puesto que hoy no traemos a la Comisión, como han dicho
el resto de diputados, la propuesta de un partido o de varios de ellos,
traemos una propuesta crecida, gestada en pueblos y en plataformas
populares como la de "No a la MAT de la Selva". En estos tiempos donde
muchos reclaman voces del pueblo aquí o allá, siendo eso difícil allí
donde cualquiera que se encuentre ejerciendo servicio público pueda
actuar en plenitud de condiciones, es hoy cierto y remarcable que venimos
aquí, como ya se ha mencionado, todos los diputados electos de la
demarcación de Girona con una sola voz, con una sola propuesta, con un
solo texto a petición de unos ayuntamientos -se ha dicho- que por
unanimidad, así como su consell comarcal, la Diputació de Girona y el
Parlament de Catalunya, se han pronunciado en contra de un proyecto que a
la luz de las pruebas recabadas mediante estudios especializados se
revela cuando menos innecesario. No solo es innecesario, sino que el
estudio del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, hecho a
petición de la Generalitat, concluye que la solución no es técnicamente
eficiente ni satisfactoria
para cumplir los objetivos marcados inicialmente. Y no solo eso, ese
estudio aporta hasta seis alternativas más viables y más eficientes,
seis; no se instala en un no, sino que aporta seis alternativas al
proyecto inicial. A esas alternativas, además, debemos añadir las
propuestas del estudio realizado a petición de la Diputación de Girona
que son más limpias, más rentables y mucho más eficientes que tender la
MAT entre Santa Coloma y Riudarenes.
Decía que venimos con una sola voz y una propuesta todos los electos de
Girona, pero nuestras voces son solo amplificadores hoy del sentir
mayoritario de unos pueblos e instituciones que sienten esta
infraestructura como una agresión por lo innecesario de su construcción,
como hemos dicho, y por cómo afectaría -y es importante que todos los que
hemos intervenido hasta ahora lo remarquemos- a uno de los patrimonios
más preciados de la comarca de la Selva, que es su entorno natural.
Nuestra provincia soportó estoicamente -por decirlo de alguna manera- la
implantación de la línea de muy alta tensión, algunos de nuestros parajes
nunca se recuperarán del impacto de la construcción de ese tendido, pero
hoy venimos aquí a ser la voz de nuestras ciudades e instituciones,
venimos a decir que basta, que hasta aquí hemos llegado, que no
sacrificaremos más parajes naturales por la mala planificación o por
proyectos hechos desde una fría distancia institucional. Y como me
recuerda siempre un veterano socialista, aquí lo que venimos a hacer es
orientar al Gobierno. Y nuestra orientación es hoy -y se ha demostrado en
todas las intervenciones- clara y diáfana: paren el proyecto y estudien
mejores alternativas, más adecuadas a los tiempos actuales. Es una
orientación de signo transversal, una orientación nacida de una voluntad
mayoritaria popular.
Que el Gobierno desoyera esta petición demostraría no solo no ser
merecedor de más orientación sino incluso de ser Gobierno, puesto que un
gobierno no puede vivir permanentemente de espaldas a las peticiones de
sus pueblos y sus gentes. Decía el poeta Joan Vinyoli hablando de los
parajes de los que hoy hablamos sobre si se debe tender una línea de muy
alta tensión: "Temple d'alzines sureres: / veig cimals i torrenteres, /
no hi ha gent al meu redol; / m'embriago de silenci / mentre espero que
comenci / l'encesa posta de sol." Este templo que describía el poeta no
merece ser diezmado con columnas de metal que el pueblo no quiere y que
la técnica no requiere. Por eso esperamos que el Gobierno responda como
pedimos en la orientación de esta PNL de muchos partidos, que se pare el
proyecto, que se deroguen las medidas ya tomadas y que se estudien las
alternativas más respetuosas con el medio ambiente que están hoy en día
encima de la mesa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lamuà.
Acaban de terminar las defensas de esta proposición no de ley por parte de
los grupos proponentes, no se han presentado enmiendas y pasamos al turno
de fijación de posición. Por parte del Grupo Ciudadanos tiene la palabra
el señor Martínez González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Desde Ciudadanos pensamos que esta línea de muy alta tensión viene a
cubrir una necesidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la ciudad
de Barcelona y de la provincia de Gerona, así como también viene a dar
servicio a toda la Costa Brava del sur. También ayuda a la interconexión
porque no hay que olvidar que para 2030 se fija por parte de Europa que
tiene que haber una interconexión del 15 % de la línea y España viene a
ser como una isla, tenemos un nivel muy bajo de interconexión, estamos en
torno a un 3 %, la media europea es un 10 % y con esta línea de muy alta
tensión nos situaríamos en torno a un 6 %. Tampoco hay que olvidar la
necesidad de apostar por el futuro, por la industria, por el progreso,
por la economía, y que para la línea de alta velocidad, para los trenes
de alta velocidad que se tienen que desarrollar son muy necesarias este
tipo de líneas de calidad de 400.000 voltios, que vienen a suplir a las
antiguas y pueden recoger la energía producida por lo parques eólicos.
Además, es una línea que ya está acometida en tramos y parar obras que ya
están en ejecución y con parte del presupuesto gastado no tiene mucho
sentido.
Cuando se hacen proyectos de este tipo, hay que tener en cuenta las
necesidades socioeconómicas de la zona y adjuntar memorias. Una línea de
esta envergadura no se hace sin un proyecto medioambiental positivo. Por
tanto, se ha llevado a cabo atendiendo a criterios medioambientales:
alejándola lo más posible de los núcleos urbanos y aprovechando tendidos
antiguos. De hecho, se construye menos parte de la línea que se
deconstruye, porque se tiende a compactar. Hay 92,8 kilómetros de
antiguos tramos
deconstruidos y se construyen 89 kilómetros de nuevos tramos. Y para hacer
un seguimiento medioambiental de la misma se ha creado un programa de
vigilancia ambiental y una Comisión de seguimiento en el Parlamento de
Cataluña.
Nosotros ya nos opusimos a esta proposición y a las proposiciones que se
presentaron en el Parlamento de Cataluña, y hoy también lo vamos a hacer
aquí porque estamos en contra de esta proposición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Último turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Roca Mas.
El señor ROCA MAS: Debatimos una proposición que es bastante típica del
nacionalismo catalán: que está bastante alejada de la realidad. Porque
vamos a ver cuál es la realidad. La realidad es que la planificación
eléctrica que se hace entre el Gobierno de España y las comunidades
autónomas, en este caso la Generalitat de Catalunya, considera esta
infraestructura necesaria para garantizar un suministro eléctrico sólido
a la provincia de Girona. Tanto es así, que está en la planificación que
abarca los años 2015 a 2020, pero también estaba en las planificaciones
anteriores, en las planificaciones de 2008 a 2016, con Gobiernos de todos
los colores, por cierto, formados por todos los grupos que presentan esta
proposición. El problema es que el sector turístico gironí, la ganadería,
la agricultura necesitan energía y necesitan un suministro fiable. La
ficción que viven los grupos que presentan esta proposición en Cataluña
es tanta que el propio Gobierno de la Generalitat, los técnicos de la
Generalitat, dicen que sí, y en cambio los alcaldes salen con la cacerola
a decir que no. Esta forma de hacer política provoca, por ejemplo, que la
provincia de Girona en 2010 se quedara sin luz, que en Cataluña
tuviéramos que enchufar generadores eléctricos del ejército a hospitales
porque estábamos sin luz. Esta forma de bloquear infraestructuras, que
luego tiene consecuencias graves -el sector turístico se queja
reiteradamente por los cortes eléctricos-, provoca que pasen cosas que no
pasan en el resto de Europa. Una provincia entera sin luz es algo
absolutamente inaudito. Luego, cuando estos bloqueos paren la línea de
alta velocidad, el señor Puigdemont, que ahora es presidente de la
Generalitat y que cree que los que no somos independentistas somos
invasores a los que hay expulsar, cuando se pare el AVE, dirá que la
culpa es de Madrid y del maltrato. Curiosamente lo dice el alcalde de una
ciudad en una provincia que tiene dos estaciones de AVE. Es esa forma de
hablar en que la realidad no cuenta nada y se vive eternamente en una
ficción. Como ficción es no confiar en los técnicos del Gobierno de
España. El Partido Socialista quiere ser alternativa de Gobierno y, si
usted cree que la declaración de impacto medioambiental que han hecho los
técnicos no es buena, lo tendrá que consultar con ellos más que con esta
Cámara.
En definitiva, apelar a determinadas formas de hacer política no soluciona
los problemas. ¿O es que si en Girona nos quedamos otra vez sin luz esos
6.000 votos van a justificar que 800.000 personas se queden sin luz? Yo
creo que no, creo que someter a referéndum cuestiones técnicas trabajadas
por los técnicos de la Generalitat de Catalunya es como mínimo una
irresponsabilidad, y sobre todo basada en prejuicios. Como lo que ocurrió
con el Gobierno de Zapatero, que iba a hacer una revolución energética
que iba a cambiar España e íbamos a adelantar a Alemania en PIB, y que lo
que ha provocado es que nos suban a las familias la factura de la luz un
70 % y que empecemos hablar por primera vez en la historia de España de
pobreza energética. ¡Menuda revolución! Con revoluciones así mejor no ir
a ninguna parte.
Acabo ya. Ha habido una expresión que me ha preocupado bastante porque es
reiterada. Hablan de nuevo modelo energético. Podemos -a quienes en
Cataluña les habíamos conocido siempre como Iniciativa; es decir, que no
son nada nuevo-, que también pusieron encima de la mesa aquello de la
nova cultura de l'aigua, que tenía que enseñarnos a todos cómo gestionar
el agua, no ha dejado nada más que un agujero, gestionado por
Iniciativa-Podemos, de 2.500 millones de euros. Si van a hacer lo mismo
con la luz y nos van a dejar sin luz, para ese viaje no harían falta
tantas alforjas.
Vamos a votar que no porque esta propuesta es irresponsable, es
incoherente con lo que hace el Gobierno de la Generalitat de Catalunya
cuando acuerda con el Gobierno de España y además si los vecinos de
Girona se quedan sin luz, no será culpa del Gobierno de España o de
Madrid sino que será culpa de los grupos que han presentado esta
propuesta.
- SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA POBREZA ENERGÉTICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente
161/000173).
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este punto del orden día,
pasamos al siguiente, que es el 6.º, proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Ciudadanos sobre medidas para paliar los efectos de la
pobreza energética. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez
Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Doña Melisa): Presidente, señorías, en
España podemos decir que hay 4,5 millones de españoles que son pobres
energéticamente hablando; en una escala más conocida, uno de cada diez
hogares no tiene recursos suficientes para poder calefactar su casa en
invierno por encima de 18 grados. Distintas entidades de la sociedad
civil han denunciado que esto va en aumento, que no se está paliando. Por
ejemplo, según los datos de Cruz Roja, el paro más la subida de precios
han incrementado el número de personas desprotegidas o pobres
energéticamente. Con los cálculos que aporta esta organización, en los
últimos años el gas ha subido más de un 22 %; la bombona de butano, más
de un 23 %; la luz, más de un 34 %, y el agua más de un 8,5 %. Todos
entenderemos que la pobreza energética es algo real y que hay que paliar.
Además, afecta o puede afectar directamente, y así lo dicen distintas
instituciones, a la salud y a la higiene de los ciudadanos. De hecho, ya
se pueden hacer símiles con casos de sobremortalidad, aislamiento social
o distintos efectos que ya están demostrados y que están manifestando
distintas instituciones de la sociedad civil.
La Unión Europea -cosa que parece una tónica habitual- comparte este
diagnóstico. Las Directivas 2009/72 y 2009/73 ya plantean la necesidad de
que se obligue a los Estados miembros a adoptar medidas para luchar
contra la pobreza energética; repito, un tipo de pobreza que hoy estamos
viendo y que antes no teníamos en consideración. También el Comité
Económico y Social Europeo, CESE, en su informe de 2011 decía: La pobreza
energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los
niveles y es necesario que se tenga en cuenta a la hora de realizar
distintas políticas energéticas. No solo en el informe de 2011, sino que
también en el informe de 2013 el Comité Económico y Social Europeo decía:
La energía es un bien común esencial necesario para la vida cotidiana y
para poder mantener una vida digna, y carecer de energía puede derivar en
problemas dramáticos que afectan a la salud y también a la condición
social de las personas.
Se han hecho diferentes cambios regulatorios en la última legislatura -no
en la XI, si la podemos llamar legislatura; disculpen porque con tantas
minilegislaturas una se hace un lío-, en la X, que lo que han hecho es
que el encarecimiento de precios afecte directamente al número de
consumidores afectados. Y cuando hablamos de esto, hablamos de los
encarecimientos de los costes fijos. ¿Eso qué quiere decir? Que
independientemente de que un hogar o una familia sean más eficientes o
independientemente de que una familia reduzca su consumo a la mínima
expresión, el aumento de los costes fijos hace que estas personas sigan
estando en riesgo, pero no solamente en riesgo de pobreza energética,
sino también llegando a la exclusión social, entendiendo por supuesto la
energía como un bien necesario para la vida cotidiana.
El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, menciona la pobreza
energética, pero no incorpora la reducción de esta entre sus objetivos.
Podemos hacer miles de reales decretos, pero si en el horizonte no está
que se reduzca el nivel de pobreza energética de este país difícilmente
tendrán razón de ser. Aunque establece medidas de protección para el
consumidor vulnerable, no define términos para el reconocimiento de dicha
condición, con lo cual volvemos a lo mismo: hacemos reales decretos
incompletos que no acaban de dar soluciones a los ciudadanos de este
país. Y no solamente no garantiza qué se va a hacer o cómo se va a
reconocer, sino que tampoco garantiza que no se interrumpa el suministro
a personas en riesgo de exclusión social o riesgo de pobreza energética
en los meses de invierno. De hecho, cede a las compañías el que puedan
decidir cortar el suministro energético a cualquier usuario con una deuda
acumulada de seis meses sin tener en cuenta su condición social ni su
renta y sin tener en cuenta que puede ser invierno y que estas familias
pueden sufrir problemas de salud a causa de ello. El Gobierno ahora en
funciones ha carecido de una política específica que aborde este fenómeno
como se debería. Cada vez existen más familias en riesgo de exclusión
social por pobreza energética y también cada vez existen más hogares con
este problema. Tampoco se han desarrollado políticas que eviten la
celeridad de los cortes de los suministros a estas familias,
especialmente en invierno.
Hemos aceptado una transaccional -de hecho, la proposición no de ley se
votará en los términos de la transaccional con el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista- en la cual no
solamente pedimos que se tomen medidas urgentes para paliar la pobreza
energética, sino
que también incluimos el criterio de renta dentro del bono social. Es
necesario ver el bono social y es necesario que las comunidades autónomas
tengan responsabilidad y que los agentes sociales intervengan en la
catalogación de qué familias son vulnerables y qué familias no lo son,
sin dejarlo siempre al arbitraje de las grandes empresas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres
grupos. Por orden de menor a mayor, empezamos por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra,
para la defensa de las enmiendas, el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, presidente.
En primer lugar, compartimos la filosofía y el diagnóstico de la
proposición no de ley, porque es un diagnóstico objetivo que en estos
momentos existe una situación de pobreza energética que afecta a millones
de personas en nuestro país, lo que no compartimos es el hecho de mirar
la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza, sino
que creemos que se deriva esencialmente de la ley del salvaje Oeste que
han aplicado las empresas energéticas al conjunto de la población con la
complicidad de las instituciones de nuestro país. Nosotros y nosotras ya
lo hemos planteado en esta Cámara y vamos a seguir en ese marco, porque
creemos que es la lógica en la que podemos abordar un fenómeno tan
intolerable como es la pobreza. No vamos a entender en ningún caso la
pobreza como algo lamentable, sino como la califican los estándares
internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, cuando
hablemos de pobreza energética nos vamos a referir a la Observación
general 4.8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas, que viene a dejarlo bastante claro: "Todos los
beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso
permanente [...] a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción
y el alumbrado". Por tanto, no se trata de paliarla sino de erradicarla,
porque es un incumplimiento de las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos por parte del Reino de España. Por tanto, con
nuestra primera enmienda queremos la incorporación de esa legislación
internacional, que debe ser el principio rector de la política social de
nuestro país.
En segundo lugar, creemos que se debe aplicar el principio de precaución
previamente a los cortes de suministro. También debe quedar claro quiénes
son los que pueden emitir los informes que acrediten la vulnerabilidad,
asentando aún más el cuarto pilar del Estado del bienestar que son los
servicios sociales. La labor de los trabajadores sociales de nuestro país
requiere un reconocimiento por parte de la propia Administración pública
y requiere también todo nuestro apoyo para el trabajo que diariamente
están desarrollando en todos los lugares de nuestro país.
En tercer lugar, creemos que es importante la incorporación de tarifas
progresivas, tarifas que no solamente afectan a las personas en riesgo de
exclusión, sino que se adapten a los ingresos familiares. Asimismo,
planteamos también la cuestión relativa al cobro indebido de los créditos
de transición a la competencia. Cuando hablamos de pobreza energética hay
que ver qué ha ocurrido en los últimos años con las compañías eléctricas
y hay que exigirles responsabilidades y el patrimonio de todos los
españoles y las españolas del que se han apropiado indebidamente las
empresas energéticas, en torno a 3.500 millones de euros.
En cuarto lugar, creemos que en estos momentos responde a una necesidad, a
un sentir social el auditar al conjunto del sistema eléctrico en nuestro
país para saber cuáles son los costes reales y realizar una auditoría
específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad. Esos
3.500 millones de euros, que nadie reclamó cuando eran responsables tanto
los unos como los otros en el ministerio, hay que relacionarlos
directamente con la situación de pobreza energética y hay que cerrar
cuanto antes las puertas giratorias, que son el engrase para la ley del
Oeste que aplican las empresas eléctricas contra el conjunto de la
población de nuestro país. Al mismo tiempo, creemos que es importante
introducir legislación que proteja a los consumidores frente al
desequilibrio que existe en este momento con las compañías energéticas,
porque la mayoría de las familias de nuestro país sufren una seria
incapacidad para poder enfrentarse a esas grandes corporaciones. En ese
sentido, creemos también que es necesario introducir cuanto antes
legislación relativa a la responsabilidad social corporativa de las
empresas eléctricas para que asuman a cuenta de sus beneficios la
garantía de un suministro mínimo en primera vivienda, los descuentos en
las facturas y los bonos sociales, sin que tengan que ir a
coste-presupuesto ni a la factura de las personas.
Por último, en estos momentos en las políticas de vivienda pública al
abordar la cuestión energética se debe contemplar el fomento del
autoconsumo como un elemento clave para poder enfrentar el futuro y el
camino hacia la transición energética.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Palacín Guarné.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.
Señorías, como han comentado los que me han precedido en el uso de la
palabra, este próximo invierno millones de españoles volverán a sufrir
restricciones en el suministro de energía y muchos de ellos vivirán bajo
la amenaza del corte energético. Esta es una situación injusta frente a
la que no nos podemos quedar impasibles, porque los suministros
energéticos de los que estamos hablando son los mínimos necesarios para
garantizar una vida digna.
Lo que entendemos como pobreza energética no es una cuestión nueva, es
simplemente un tipo más de pobreza; pero la realidad es que en los
últimos años el número de personas afectadas por la pobreza energética ha
crecido mucho. Ante esta situación, el Gobierno del Partido Popular ha
permanecido impasible. Además, las políticas que ha aplicado el Gobierno
del señor Rajoy han contribuido a agravar la situación de las personas
que padecen pobreza energética. Por un lado, la desigualdad ha crecido de
manera desmesurada en nuestro país: los ricos cada vez son más ricos y
los pobres cada vez son más y se les hace más complicado acceder a este
tipo de servicios básicos. Y, por otro lado, la reforma eléctrica no ha
conseguido los objetivos para los que fue puesta en marcha y los
resultados regulatorios, ambientales o económicos no han sido los
esperados. Esto no lo dice el Partido Socialista, sino que lo dice la
CEOE, la OCU y la mayoría de los partidos que nos acompañan hoy en esta
sala. ¿Qué es lo que ha supuesto esta reforma? Un incremento del coste
energético, un frenazo total a la inversión en renovables y un incremento
del déficit de tarifa. No se prima el ahorro energético; paga más quien
menos gasta -pesa mucho más en la factura la energía contratada que la
energía consumida- y seguimos siendo una isla eléctrica sin conexiones
con Europa.
Creo que todos somos conscientes de que debemos reformar el sistema
energético de una manera global. Para poder llevar a cabo esta reforma es
necesario acometer una serie de medidas jurídicas, económicas y sociales;
medidas que requieren tiempo y cuya aplicación requiere un plazo medio o
largo para que sean efectivas y tengan consecuencias reales en el
sistema. Pero lo que no puede esperar es la situación de todas estas
familias que se van a enfrentar de nuevo al invierno y que, como hemos
dicho antes, van a tener problemas para pagar la luz y el gas, para poder
calentar sus casas y llevar una vida digna. Este problema, como he dicho
antes, no es nuevo. El Partido Socialista ya presentó en octubre de 2014
una proposición de ley en el Pleno del Congreso para la protección de
consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Esta iniciativa,
pese a que la mayoría de los grupos la apoyó, fue rechazada por la
mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso, me congratulo de que ahora
se hayan sumado a la proposición no de ley que presenta Ciudadanos y a la
que nosotros nos hemos adherido con una transaccional, aunque también
tengo que decirles que nosotros hemos presentado una proposición de ley
para debatirla en uno de los próximos plenos de esta legislatura.
Esperemos que también se suban a ese carro y la puedan apoyar en el
Pleno. Hemos presentado esta enmienda -que ha sido aceptada por otros
grupos- porque entendemos que lo que apuntaba el partido de Ciudadanos se
puede completar pero va en la buena dirección. El actual bono social que
se aplica a la tarifa eléctrica no es efectivo ni eficiente. Apenas tiene
2,5 millones de beneficiarios cuando la realidad es que hay más de 5
millones de personas que estarían dentro de los criterios para poder ser
beneficiarios de este bono. El problema es la indefinición de las
categorías de beneficiarios, haciendo que sea dudoso que pueda llegar a
tener verdaderos efectos redistributivos y que se pueda aplicar en
consonancia. Por eso creo que es positiva la iniciativa que hoy estamos
debatiendo. Lo que también proponemos es cumplir con las normativas
europeas, como la mayor parte de los países de nuestro entorno. La
directiva 2009/72 insta a los Estados miembros a regular los denominados
clientes vulnerables porque realmente no los tenemos bien definidos y ese
es el problema a la hora de aplicar el bono o la tarifa para luchar
contra la pobreza energética. Esta definición podría consistir en un
consumo mínimo diario de kilovatios/hora equivalente a una cesta de
consumo -iluminación, refrigeración de alimentos, etcétera- y más amplia
en los meses de invierno. De acuerdo con la propuesta que aquí hoy
estamos debatiendo ese nivel
mínimo no podría ser interrumpido en ningún caso por las empresas
comercializadoras, cumpliendo también con la normativa 2009/73 de la
Unión Europea. Hemos calculado el costo financiero de esta medida y
serían unos 200 millones de euros por año, cantidad que creo que es
asumible. En la proposición de ley que hemos presentado planteamos que
para que cumpliera los criterios de progresividad y justicia dicha
cantidad debería ser asumida por los Presupuestos Generales del Estado.
Además, el punto que hemos adicionado a la enmienda transaccional plantea
crear un fondo contra la pobreza energética administrado por el IDAE, que
también financia actuaciones en materia de ahorro y eficiencia
energética, especialmente dirigido a los consumidores vulnerables. Según
la Agencia Internacional de la Energía son actuaciones que ayudarán a
mejorar la eficiencia de las viviendas de las personas que sufren pobreza
energética y a solventar en mayor medida los problemas de restricción que
sufren.
Por todo ello, mi partido acepta la enmienda transaccional con Ciudadanos
y Partido Popular. Es un problema real, no podemos dejar pasar más tiempo
y tenemos que hacer lo posible para que se ponga en marcha algo antes de
que llegue otro invierno más y los ciudadanos que están padeciendo la
pobreza energética la sufran también este invierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.
Por el último de los grupos que han presentado enmiendas, el Grupo
Popular, tiene la palabra la señora Palmer Tous.
La señora PALMER TOUS: Gracias, señor presidente.
Antes de abordar los aspectos de la propuesta, deseo expresar mi más
absoluta solidaridad y la de todo el Grupo Popular con los ciudadanos que
sufren una situación de pobreza en nuestro país. Somos conscientes de que
existen y, créanme, nos preocupan muchas familias que viven en
condiciones precarias, en condiciones indeseables, que lo han pasado mal
y que lo están pasando mal. Familias que tienen verdaderas dificultades
para afrontar gastos básicos como la alimentación, el vestido, las
medicinas o, en el caso que nos ocupa, sufragar el pago del suministro
energético. Así, la pobreza energética constituye, efectivamente, un
grave problema para las familias que la sufren por las dificultades que
tienen para mantener su hogar en condiciones básicas, en condiciones,
digamos, esenciales de habitabilidad. Conscientes, pues, de la existencia
del problema, en este punto quiero expresar nuestro más firme compromiso
de seguir trabajando para paliar esta grave situación. Pero para lograrlo
es necesario conocer las causas. Sin duda alguna, la causa más importante
en el agravamiento de situaciones de pobreza, y en este caso de pobreza
energética, es la crisis económica que hemos vivido desde finales de
2007, que es la crisis más dura que ha padecido España en toda la
historia democrática y que ha derivado, inevitablemente, en situaciones
indeseables de exclusión social. Junto a la crisis económica, que es sin
duda la verdadera causa de la situación de pobreza, existen otros
factores como -ya se han mencionado- el incremento de precios de la
energía y problemas de ineficiencia energética en las viviendas de uso
habitual. En relación con todas esas causas quiero afirmar aquí que el PP
ha actuado y seguirá actuando para combatirlas y lo ha hecho con total
contundencia. En primer lugar, en cuanto a la crisis económica -la más
intensa, como he dicho antes, experimentada por España desde que
disponemos de series históricas-, ya nadie duda en estos momentos de que
nos hallamos en una senda de recuperación económica, si no es frustrada,
evidentemente, por la situación de incertidumbre política que estamos
viviendo desde hace diez meses. Estamos en esa senda de recuperación
económica gracias a la seriedad y el rigor de las políticas económicas
desarrolladas por el Gobierno. Una senda de recuperación que ha supuesto
que en España hayamos experimentado un crecimiento de nuestro PIB del 3,2
% en 2015, más del doble que la media de la zona euro, y, lo que es más
importante, un crecimiento que desde febrero de 2013 se está trasladando
al empleo. En contraste con la destrucción que se experimentó en la
pasada legislatura, en la que íbamos a ritmos anuales de incremento del
paro del 10 %, en esta legislatura estamos reduciendo el paro a ritmos
anuales del 8 %. Estamos creando medio millón de empleos anuales, lo que
hace pensar que es factible el deseable objetivo de 20 millones de
españoles trabajando en el año 2020 a no ser que, como he dicho, se
frustren las políticas económicas desarrolladas y se paralice la política
económica que se está llevando a cabo. Por lo tanto, para nosotros
favorecer el contexto necesario para que se cree empleo ha sido y está
siendo nuestra principal arma para erradicar la pobreza. El Grupo Popular
no se cansará de repetir que la mejor política social es la creación de
empleo y en ello vamos a seguir.
Con relación a la subida de precios energéticos, este Gobierno ha sido el
primero que ha afrontado con valentía un problema heredado en el sector
eléctrico que nos llevaba a un déficit tarifario que debíamos sufragar
entre todos los españoles, un déficit en torno a los 26.000 millones de
euros y que, además, experimentaba alarmantes incrementos anuales. En el
último año si no llegamos a realizar la reforma de los años 2012 y 2013
hubiéramos experimentado un incremento de 10.000 millones en el déficit
tarifario. En diciembre de 2013 se aprobó una reforma de la Ley del
Sector Eléctrico cuyo principal objetivo era precisamente acabar con ese
déficit tarifario que todos soportábamos. Y en relación con el objeto de
la proposición no de ley que ahora estamos contemplando, esa misma ley de
2013 incluía las directivas europeas sobre pobreza energética de 2009
mencionadas hoy y garantizaba el suministro eléctrico a menor coste. Con
esta nueva regulación la tarifa eléctrica media -nos referimos con ello a
la tarifa media de una familia que tiene 4,4 kilovatios contratados y
gasta 3.900 kilovatios/hora al año- se ha reducido en 2016 un 15 % con
respecto al año 2015. En cambio, si analizamos el periodo 2004-2012 esa
tarifa se incrementó un 67 %. Además, hemos conseguido una reducción de
la tarifa media que acabo de explicar a la vez que se estaba reduciendo
el déficit tarifario, cosa nada sencilla como bien saben. Hemos ajustado
los costes y ese ajuste ha recaído en el sector eléctrico, no sobre los
consumidores. Si hubiéramos trasladado los costes a los consumidores, la
factura de la luz se hubiera incrementado nada más y nada menos que un 40
%. Asimismo, la parte de la tarifa que depende del Gobierno,
esencialmente los peajes, se congeló el año pasado y este año se ha
reducido casi un 3 % y debemos señalar que ese es un hecho que es la
primera vez que ocurre.
Estos son los frutos del trabajo desarrollado en la X Legislatura, una
legislatura en la que nuestro objetivo fundamental era conseguir un
suministro energético seguro, sostenible y a precios competitivos para
todos. Y así ha sido: equilibrio financiero y bajada de precio para los
consumidores. Ese ha sido el logro de la reforma y de la política
energética implementada. Por otro lado, en esa misma reforma se trataba
uno de los temas que se mencionan en la proposición no de ley: la
protección a los consumidores más vulnerables y el bono social, un bono
que supone en la actualidad una reducción del 25 % sobre el coste del
suministro de electricidad a ciertos colectivos, como son los
consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios en vivienda
habitual, pensionistas mayores de sesenta años, familias numerosas y
unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo.
Esos colectivos representan -según datos del boletín de indicadores de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de septiembre de
2016, es decir, últimos datos- 2.438.519 clientes en mayo de 2016. En
este contexto estaremos de acuerdo siempre, siempre en la aplicación de
medidas que alivien esas situaciones dramáticas de la forma más acertada
posible. Con tal objeto, hemos consensuado una enmienda que incluye una
mejora del bono social para incorporar de forma más precisa la variable
renta. De esta manera se incluye, en la medida de lo posible, a todos
aquellos colectivos en condiciones de vulnerabilidad. Además, hemos
propuesto la creación de fondos para la protección de consumidores con
riesgo de exclusión, en concurso con las comunidades autónomas y
entidades locales.
Ya voy acabando. En suma, considero que el planteamiento de decir que la
pobreza energética no ha sido una prioridad para este Gobierno es injusto
y además no es cierto. A la vista de todo lo descrito está que nos
preocupamos del problema. Yo no caeré en discutir con todos ustedes si
son los que más se preocupan o si son los únicos que se preocupan del
tema; pero sí quiero decirles con mucha claridad que al Grupo
Parlamentario Popular nos preocupa y mucho, y por ello seguiremos
trabajando, tratando de buscar soluciones que alivien las dificultades de
los que peor lo pasan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palmer.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Para comenzar, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Se ha presentado una iniciativa que gira en torno a la pobreza energética
y propone diferentes medidas que van en la línea de facilitar a los
hogares y personas con dificultades económicas aquellos suministros
energéticos que les permitan desarrollar su vida cotidiana con ciertas
garantías. Es lo que se ha dado en llamar consumidor vulnerable, y a
nosotros nos parece bien que se reclamen medidas de suministro básico que
traten de paliar situaciones críticas en la vida de una familia o de una
persona.
Aunque estamos todavía en los estertores del "veranillo de San Miguel" y
las temperaturas continúan siendo benévolas, se aproxima el invierno y
cobran valor los alarmantes informes realizados en torno a la
pobreza energética en España. En este sentido, conviene reseñar que la
Asociación de Ciencias Ambientales, en su último estudio sobre la pobreza
energética en España, determina que más de 5 millones de personas se
declaraban incapaces de calentar sus hogares en invierno. Naturalmente,
cuando se trata de adoptar medidas a favor de personas que lo están
pasando muy mal, hay que hacer los mayores esfuerzos para tratar de
buscar puntos de encuentro y, en este sentido, la proposición no de ley
que ha defendido la diputada de Ciudadanos Rodríguez Hernández es un buen
punto de partida para orientar al Gobierno en una cuestión como esta en
la que todos los recursos siempre serán insuficientes.
Es oportuno señalar que en el asunto de los altos costes energéticos
partimos del desastre que en el sector eléctrico produjo lo que en su
momento se calificó como "tarifazo" y cuyo impulsor fue el entonces
ministro socialista de Industria -año 2010-, don Miguel Sebastián.
Nosotros creemos que a partir de entonces la tarifa eléctrica, tanto para
las empresas como para los consumidores domésticos, ha llevado una deriva
que no ha dejado ileso a nadie pero que tampoco ha corregido la posterior
Ley del Sector Eléctrico y su desarrollo por vía reglamentaria. Si, en
definitiva, las industrias, las empresas y los hogares españoles se han
resentido en estos seis años, ¿cómo no van a resentirse aquellos
ciudadanos sobre los que se ha cebado la crisis y han entrado en la
brutal espiral de pobreza? Repasando los diarios de sesiones he podido
observar que este asunto de la pobreza energética ha sido objeto de
atención en pasadas legislaturas, aunque ni Congreso ni Senado
consiguieron sacar adelante propuestas específicas más allá de las
contempladas en las reformas legales en torno al sector eléctrico, que no
son pocas, aunque han resultado insuficientes como demuestra el
porcentaje de hogares españoles que son incapaces de afrontar el invierno
y tener unas temperaturas adecuadas en su domicilio. He leído que uno de
cada cinco hogares tiene problemas y que España ya ha sido advertida por
el Comité Económico y Social Europeo, lo cual debería estimularnos para
tratar de atajar las situaciones de pobreza energética, es decir,
consumidores que no pueden afrontar los recibos de la luz o la factura
del gas.
Paradójicamente, mientras aquí reclamamos medidas para paliar la pobreza
energética, la sociedad española advierte de las grandes cifras de
negocios y de dividendos que obtienen las empresas que suministran
energía eléctrica o gas. En todo caso, me alegro que sobre este asunto de
la pobreza energética se haya redactado una enmienda transaccional de
cinco puntos que cuenta, en principio, con un amplio respaldo al que me
sumaré con mi voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra para
fijar su posición el señor Azpiazu Uriarte.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Vamos a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación a un
tema del que ya hemos hablado muchísimas veces en Comisión, en Pleno y
desde hace bastante tiempo, que es el tema de la pobreza energética. Un
tema, desde luego, muy debatido, sobre el que se supone, en principio,
que hay un amplio consenso por parte de los grupos parlamentarios pero
respecto del que, desgraciadamente, aún se han dado pocos pasos en cuanto
a avanzar hacia su solución. La pobreza energética es una consecuencia
directa de la crisis económica, de la que se derivan la pobreza y la
desigualdad, y como una consecuencia de la primera, la pobreza energética
porque, desde luego, el que es pobre lo es energéticamente y,
desgraciadamente, en muchísimas más facetas de su vida.
Tal y como señala la iniciativa y como ha citado la diputada de
Ciudadanos, Europa también pide soluciones y los ciudadanos piden
soluciones en relación a este asunto. Esperemos que haya cuanto antes un
Gobierno que se ponga manos a la obra y que avance también en esta
cuestión de la pobreza energética. Es increíble que a estas alturas del
siglo XXI estemos hablando de un tema que parece de hace varios siglos,
que todavía haya gente que esté sufriendo porque no puede encender la
calefacción, que no puede cubrir las necesidades mínimas de higiene con
las consecuencias que tiene -tal y como también ha dicho la portavoz de
Ciudadanos- en materia de salud, higiene, etcétera. Esto tendría que ser
un tema del pasado, pero, desgraciadamente, lo es del presente. Por lo
tanto, estamos de acuerdo en los tres puntos que recoge la iniciativa de
Ciudadanos para que no se interrumpa el suministro de los servicios
públicos esenciales -esta es una cuestión que parece increíble que pueda
ocurrir- y que, desde luego, no se corte el suministro a aquellos que se
retrasen en el pago precisamente por haber sufrido las consecuencias de
una crisis y no poder hacer frente a la factura. Aprovechemos la
capacidad de regulación que en materia energética tienen el Gobierno y
este Congreso para dar una solución
definitiva a esta cuestión. Quizá haya otras formulaciones, tal y como se
ha dejado entrever hoy aquí, esta mañana, por parte de otros grupos, para
resolver esta cuestión de la pobreza energética. Desde luego, si se
concretan, y se concretan con acierto, las apoyaremos sin ninguna duda.
Pero lo que de momento tenemos es la propuesta de Ciudadanos, que parece
ser que también ha llegado a una transaccional con otros grupos
parlamentarios y que nuestro grupo también va a votar favorablemente.
Nada más. Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para fijar posición
tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Perdón, ¿de cuánto tiempo dispongo?
El señor PRESIDENTE: Tres minutos.
El señor CAPDEVILA i ESTEVE: ¡Tres minutos!
Entonces me salto las descripciones de las dramáticas situaciones que se
provocan por la pobreza energética.
Básicamente fan tard i curt, quiero decir que llegan tarde y hacen un
corto. Quiero destacar la poca ambición -y menos en la transaccional- que
acaba recogiéndose. La relevancia de la pobreza energética y su impacto
sobre las personas es gravísima como para que nos centremos solo en el
invierno que nos va a caer encima, aunque estemos en el "veranito de San
Miguel". También quiero destacar que la Generalitat de Catalunya, el
Parlamento de Cataluña ya intentó impulsar algunas medidas. Todo lo que
consiguió fue que los grupos transaccionantes se opusiesen en el
Parlamento de Cataluña a una ley que iba en el mismo sentido y que el
Gobierno español lo llevase al Tribunal Constitucional y en buena parte
esté durmiendo allí el sueño de los justos. Por esas dos razones, porque
llega tarde y hace corto, y porque expresa una íntima contradicción, nos
vamos a abstener.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Señora Rodríguez Hernández, creo que hay una transaccional.
La señora RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ: Sí, quería explicar por qué no hemos
aceptado la enmienda de Podemos, simplemente porque creíamos que muchos
de los puntos de adición excedían el tema que se estaba tratando y por ir
a la concreción. Pero también garantizamos que apoyaremos distintas
medidas como la que se debatirá con posterioridad. Hay una enmienda
transaccional y se votará en esos términos.
El señor PRESIDENTE: La enmienda ha sido repartida a los grupos y, por lo
tanto, se someterá después a votación.
- RELATIVA A LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES
Y EL CALENDARIO DE LAS SUBASTAS DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN
DE LA DEMANDA DE INTERRUMPIBILIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA. (Número de expediente 161/000270).
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
DE PRECIO COMPETITIVO, ESTABLE Y PREDECIBLE PARA FAVORECER LA
COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS ELECTRO-INTENSIVAS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000280).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir los dos siguientes puntos del orden
del día -les recuerdo a sus señorías que los hemos acumulado-, que son el
séptimo y el octavo, dos proposiciones no de ley. La primera reza:
relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y
el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico, presentada por
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. La segunda, cuyo debate se acumula al de esta, es la relativa al
establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio
competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad
de las industrias básicas electro-intensivas, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. Cada grupo defenderá la suya, después intervendrán
los grupos que defiendan enmiendas y, por último, pasaremos a la fijación
de posición de los grupos que no han presentado enmiendas. Para defender
la primera de las dos proposiciones no de ley, tiene la palabra, en
nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Nuestro grupo vuelve a traer a debate una de las cuestiones quizás más
relevantes que están afectando al marco industrial y que están poniendo
en riesgo a empresas y a grandes industrias que afectan al conjunto del
Estado, pero de manera particular a muchas autonomías, como es el caso de
Galicia, Euskadi, Cataluña y Asturias. Este tema, como conocen ustedes
perfectamente, lo trajimos a debate el día 29 de marzo de este mismo año.
Hemos alcanzado una posición unánime respecto de las necesidades que
tienen las industrias electro-intensivas, pero lo cierto y verdad es que,
a pesar de los meses transcurridos, no solamente el Gobierno en funciones
no ha cumplido ninguno de los acuerdos que había alcanzado esta Comisión,
sino que además, por primera vez, incluso violenta las normas que el
propio sistema se ha dado. Lo voy a explicar después, sobre todo porque
estamos en la fecha en la que estamos, ya en el mes de octubre, y a día
de hoy aún no conocemos ni el marco de interrumpibilidad de la subasta
que se va a producir, los bloques que se van a ofrecer al propio sistema,
ni siquiera el calendario ni si vamos a llegar a tiempo para que antes de
diciembre podamos garantizar que las empresas electro-intensivas puedan
formular propuestas respecto de su futuro.
El Estado español es un caso único en Europa, ya que a través del artículo
49 de la Ley del Sector Eléctrico, que este grupo combate de manera
estructural -es una norma hecha por y para los que mandan en este país,
que son las eléctricas, grandes grupos empresariales a los que el
Gobierno rinde pleitesía-, se mezcla una variable técnica, como es la
variable de la interrumpibilidad, con una subvención al propio sistema.
Como digo, es un elemento único, ya que no hay ningún país en Europa que
lo formule de esta manera. El sistema de la interrumpibilidad opera como
elemento técnico en Alemania y en otros países, pero siempre de manera
complementaria.
La propuesta que ha hecho el Partido Popular viene a través de esta
subasta, que no compartimos nosotros ni comparten los sectores afectados,
las organizaciones ecologistas y los trabajadores y trabajadoras, por
razones más que evidentes, porque estamos ante un sistema profundamente
especulativo, un sistema carísimo que están pagando las economías
domésticas y un sistema completamente opaco. Es decir, estamos ante un
mal sistema en el que, vuelvo a decir, las eléctricas siempre ganan y por
el cual a día de hoy, por la inacción del propio Gobierno en funciones,
podemos poner en jaque a grandes empresas que tienen miles y miles de
trabajadores. Estamos, por tanto, ante un mal sistema.
En la anterior legislatura trabajamos para caminar hacia un nuevo modelo
energético que vaya de la mano de las renovables y sobre todo que evite
lo que está pasando en nuestro país, y es que estamos en riesgo real de
perder grandes industrias. Ya sabemos que el Partido Popular no tiene una
propuesta industrial para este país, pero ciertamente habrá que discutir
si queremos producir aluminio, si queremos producir acero o si nos vamos
a dedicar exclusivamente a la hostelería, como parece que es el modelo
que comparte el señor Mariano Rajoy y también se comparte desde Europa.
Por poner un dato encima de la mesa, un consumidor español paga diez
veces más que un alemán para que el operador del sistema disponga de un
recurso técnico como es el sistema de la interrumpibilidad, y esto es
profundamente injusto.
Dicho lo cual, ¿qué pedimos aquí? Ni siquiera lo que habíamos pedido en la
anterior iniciativa; simplemente, que el Gobierno en funciones cumpla con
el propio mecanismo del que se ha dotado. El 12 de agosto de este año se
publicó la norma del 5 de agosto, en la que se aprueban las reglas del
procedimiento competitivo de las subastas, pero a día de hoy, como he
dicho al principio, no tenemos ni los detalles de las mismas ni las
cantidades ni los precios. Por tanto, estamos poniendo en jaque
definitivamente a estas empresas. ¿Qué pedimos en nuestra iniciativa?
Algo muy sensato, tres cuestiones: Que de manera inmediata el Gobierno y
la Secretaría de Estado de Energía hagan públicas las condiciones y el
calendario de las subastas de adjudicación del servicio de la
interrumpibilidad; que inmediatamente se tome alguna medida respecto de
esta cuestión, salvo que nos quieran decir que Alcoa y las grandes
empresas electro-intensivas de este país tienen que cerrar la puerta
-porque a lo mejor esta es la propuesta al Gobierno-, y también que
trasladen un informe a esta Comisión que nos facilite la información
necesaria para proceder a la realización de estas subastas.
Termino ya. Desde este grupo creíamos que el Gobierno en funciones se iba
a tomar en serio y con rigurosidad esta cuestión muy relevante, pero no
ha sido así. Habíamos avanzado respecto de la necesidad de restablecer un
nuevo sistema que garantice cierta estabilidad a las industrias y también
al conjunto de los consumidores. También promovimos un pacto de Estado
por un nuevo modelo energético pero, desde luego, insisto, el Gobierno ni
está ni se le espera. Con todo, sería interesante -y así esperamos que se
haga- que el propio Grupo Popular vote a favor de esta iniciativa, salvo
que queramos transmitir al conjunto de los trabajadores y trabajadoras
afectados que la salida es que cierren la puerta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: No lo he dicho antes, pero el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tenía enmiendas
presentadas a la otra proposición no de ley, y al debatir acumuladamente
le corresponde, señora Díaz, si quiere, defender las enmiendas presentada
a las posiciones de ley del Grupo Mixto.
La señora DÍAZ PÉREZ: Intervendré muy rápidamente.
Nuestro grupo ha presentado un total de tres enmiendas en las que se pone
de manifiesto que no se trata tanto de la determinación del precio de la
tarifa, sino justamente de lo que estábamos especificando, y es que
trabajamos respecto de un nuevo modelo energético basado sobre todo en la
transición a las renovables y en lo que establecen las propias
directrices europeas 2014-2020, y es que se permiten ayudas fiscales o de
otro tipo, siempre y cuando se camine en la senda de las renovables. La
iniciativa no avanza en este sentido, creemos que no es solo
sustancialmente mejorable en lo que atañe a la transición hacia las
renovables, sino que también, con carácter previo a la nueva tarifa, hay
que realizar -como ya dijo en la anterior intervención el señor Mayoral-
una auditoría para que el conjunto de los españoles y las españolas
conozcamos lo que está pasando con esas empresas, que son las que mandan
en el Estado español y las que determinan las condiciones de vida de
todos nosotros. También hay dos puntos que ya fueron objeto de
transacción en esta propia Comisión, que son el pacto de Estado sobre la
energía y el plan de inversiones necesarias para la eficiencia
energética. Tal y como está redactada la propia iniciativa, no abunda en
estas cuestiones que para nosotros son centrales, por lo que, en el caso
de que se acepten, votaríamos favorablemente, y en caso contrario, si son
rechazadas, votaríamos en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Díaz.
Para defender la segunda proposición no de ley que estamos debatiendo
conjuntamente, la relativa al establecimiento de un nuevo sistema de
suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible, tiene
la palabra, por parte del Grupo Mixto, el diputado de Foro Asturias, el
señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace poco más de seis meses, en la pasada y fallida XI Legislatura,
formulé ante esta Comisión de Industria, Energía y Turismo una iniciativa
idéntica a la que he vuelto a presentar para su debate y votación en este
nuevo mandato. El problema persiste y se ha agravado por la continuidad a
lo largo de 2016 del Gobierno en funciones que, incluso, ha tenido que
trastocar el organigrama del Ministerio de Industria. Hay algunos asuntos
de urgencia en materia industrial y energética que afectan a la industria
básica española y, singularmente, a la asturiana. Por eso, nuevamente he
querido que mi primera proposición no de ley, relativa a una cuestión
crucial de la que dependen muchos miles de empleos estables y
cualificados, sea ésta. Son empleos estables y cualificados que están
sometidos, porque están sometidas sus empresas, a un sistema de
suministro eléctrico que, sencillamente, no es competitivo. Es
conveniente recordar que la Unión Europea ha reconocido el estatus del
consumidor electro-intensivo y, de hecho, tiene habilitadas las
directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio
ambiente y la energía. En estas directrices se contempla la aplicación de
rebajas en la carga fiscal de las empresas; también reducciones del uso
de las redes de transporte y distribución, es decir, reducciones en el
coste de acceso, y completan el cupo de ayudas estatales los incentivos a
las energías renovables para estas industrias. De hecho, nuestros
principales competidores en Europa ya han aplicado a sus consumidores
electro-intensivos diferentes esquemas de reducción de costes; o sea,
Alemania y Francia ya han tomado desde hace tiempo las medidas para
evitar sus cierres industriales y, con ello, no caer en procesos de
deslocalización silenciosa en sectores como el aluminio,
el acero y el zinc, entre otros, que es algo que ya se está produciendo en
España, además de otros zarpazos como los del dumping extranjero, que ya
se denunciaron en un Pleno la pasada legislatura gracias a una iniciativa
del Grupo Vasco.
Con esta proposición no de ley, en Foro queremos dar cumplimiento a
nuestro programa electoral y, a la par, estimular al Gobierno para la
puesta en marcha de medidas que aseguren la permanencia de la industria
básica española y que den respuesta al servicio de una política de
interés general. Hemos condensado en tres puntos la orientación con la
que queremos instar al Gobierno a través de este órgano parlamentario.
Son puntos pensados en beneficio de toda la industria española y,
singularmente, de la industria asturiana, donde se ubican algunas de las
capitales mundiales del acero, el aluminio y el zinc, aunque hay que
reconocer que Arcelor, Alcoa o Azsa son multinacionales con sedes
centrales lejos de España que deciden sus inversiones allí donde sus
plantas son más competitivas. Por eso, no podrán mantener el empleo, ni
mucho menos aumentarlo, si sus costes energéticos continúan siendo
penalizados con respecto a los de sus competidores, como consecuencia de
una política nacional de determinación de las tarifas eléctricas que hay
que corregir con urgencia.
Con el primero de los puntos queremos favorecer la competitividad de las
industrias básicas electro-intensivas, como metalurgia, siderurgia,
cemento, gases industriales, química y otros, mediante el establecimiento
de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo,
estable y predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado
eléctrico como a los costes regulados y de carga fiscal, para disponer de
unos costes energéticos semejantes a los que podrían obtenerse en otros
mercados que le permitan a las industrias españolas lograr una estructura
de costes adecuada para competir en igualdad de condiciones con las
industrias europeas. El segundo de los puntos de la iniciativa de Foro
pretende la adopción de medidas de emergencia para fijar, con carácter
inmediato, una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la
industria básica española intensiva en consumo eléctrico, con objeto de
frenar el proceso ya iniciado de deslocalización de producciones en el
sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de
empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes
energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos.
Finalmente, el tercero de los puntos de la iniciativa insta al Gobierno a
acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes
energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad
española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos a los
medianos y grandes consumidores industriales, evitando que la actual
situación, con España a la cabeza de las tarifas eléctricas más caras de
la Unión Europea a pesar de nuestro poder adquisitivo inferior al de
muchos de los países miembros, condene a nuestro país a convertirse
progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino
desmantelamiento de sectores clave para la economía española.
Hasta aquí, señor presidente, la defensa de mi iniciativa para la que
pidió el voto de los miembros de la Comisión y, en todo caso, en relación
con la proposición no de ley sobre interrumpibilidad, defendida por la
diputada Díaz Pérez, ya manifiesto mi apoyo y adelanto también que, en
relación con mi propia proposición no de ley, aceptaré únicamente la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Para la defensa de enmiendas, en este caso a la proposición no de ley del
propio señor Martínez Oblanca, por parte del Grupo Ciudadanos tiene la
palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Como vamos a debatir las dos proposiciones no de ley de forma conjunta, en
primer lugar, me referiré a la proposición no de ley de Unidos Podemos
que tiene básicamente tres puntos. El primer punto se podía haber
realizado en forma de pregunta dirigida al Gobierno y, en ese sentido,
nuestra portavoz de esta Comisión en la pasada legislatura ya presentó
dos preguntas dirigidas al Gobierno preguntándole en cuántas ocasiones se
había solicitado esta reducción del consumo y qué grandes consumidores
habían reducido su consumo y en qué circunstancias se había efectuado.
Pero, como todos sabemos, el Gobierno en funciones se declara en rebeldía
y estas preguntas no fueron contestadas. Por supuesto, como no puede ser
de otra manera, no podemos estar de acuerdo con lo que se solicita en la
proposición no de ley, porque creemos que es necesario que se publiquen
esos calendarios de subastas y que en el sector haya más transparencia.
Pero sí tenemos que decir que nos hubiera gustado que la proposición no
de ley hubiese tenido algo más de concreción, porque instar al Gobierno
en funciones a tomar alguna medida es,
básicamente, como no decir nada. Pese a ello, votaremos a favor de la
proposición no de ley porque, como decimos, es muy difícil estar en
contra de esta propuesta por su falta de concreción y porque en algunos
puntos ya la habíamos presentado.
En cuanto a la proposición no de ley presentada por el diputado de Foro
Asturias, como ya se ha señalado, fue debatida en la pasada legislatura,
y si nadie lo remedia, aquí no hacemos nada y todo sigue igual, lo
podemos debatir en la pasada, en esta y en tres, cuatro o cinco
legislaturas venideras. Esto será como el día de la marmota, volviendo a
repetir debate tras debate. Insto a todos los grupos a que nos sentemos,
nos pongamos de acuerdo y que hagamos no ya lo que nos piden los
españoles, sino lo que nos exigen los españoles, que es que haya
Gobierno, que haya legislatura y que, por lo tanto, esto que estamos
haciendo aquí sirva para algo, porque si no, estaremos perdiendo el
tiempo; y yo no sé a ustedes, señorías, pero a mí no me gusta perder el
tiempo.
Entrando ya en la proposición en sí, desde Ciudadanos siempre hemos hecho
un especial hincapié en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en
materia energética que aborde globalmente el problema del precio de la
energía, garantice la seguridad del suministro y un modelo energético más
competitivo, más transparente y más sostenible. Compartimos plenamente
con esta proposición no de ley, que presenta el diputado de Foro, la
necesidad de fomentar la competencia y competitividad dentro del sector
como elemento clave para lograr la energía económica segura y sostenible
y que, por lo tanto, nuestras empresas sean más competitivas y puedan
competir, valga la redundancia, en un mercado globalizado. Sin embargo,
no queríamos que se confundiese el justo interés por impulsar la
competencia en el sector de la energía con una agenda proteccionista de
intereses industriales, que creemos que no es la senda para que nuestras
empresas puedan competir en un mundo globalizado. Por eso hemos
presentado esta enmienda, porque creemos que no está demasiado bien
redactado, enmienda de modificación que consiste en la eliminación del
punto 2. Y en cuanto al punto 3, consideramos que la redacción de la
versión anterior de la pasada legislatura era más adecuada. Ahora se nos
ha indicado que se aceptan nuestras enmiendas y, por tanto, votaremos a
favor.
Para terminar, señorías, creemos que la proposición no de ley de Foro en
ningún caso menosprecia los esfuerzos en la pasada legislatura por
reducir nuestra factura energética y esperamos que podamos contar con un
amplio respaldo para acometer nuestras reformas de estímulo de la
competencia en el sector eléctrico que reduzcan el precio de la tarifa
eléctricas y que, por tanto, favorezcan la competitividad de nuestra
industria. Pero esto no será posible si no hay Gobierno y si la
legislatura no echa a andar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Para la defensa de las enmiendas a las dos proposiciones no de ley que
estamos debatiendo conjuntamente, por parte del Grupo Socialista tiene la
palabra la señora Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidente.
La debilidad del sector industrial español es evidente y así lo
manifiestan los sucesivos índices de producción industrial; también lo es
la repercusión que esto tiene en las bajas tasas de empleo que tenemos en
España. Dentro del sector industrial, ocupan un lugar importante
industrias como las del acero, aluminio, cemento, químicas, etcétera, en
las que la proporción de los costes energéticos dentro de sus costes
totales es muy elevada. El sistema energético español no está funcionando
adecuadamente y estas industrias están compitiendo en inferioridad de
condiciones con otras de las mismas producciones en otros países
europeos. Tampoco está funcionando adecuadamente el sistema de
compensación de la interrumpibilidad por subasta. El Grupo Socialista
presentó iniciativas a este respecto en todas las legislaturas desde que
este sistema está vigente. Dicho esto, consideramos que, a la vez que es
necesario a medio y a largo plazo modificar el sistema energético para
que todo el mundo pueda acceder a ese mercado en igualdad de condiciones
o por lo menos similares a las de otros países de la Unión Europea -los
intervinientes anteriores pusieron ejemplos de lo que está pasando en
Alemania y en Francia-, y aunque no estamos de acuerdo con la subasta
para la interrumpibilidad, en tanto en cuanto es el sistema vigente,
creemos que es urgente que se convoque. La anterior fue en agosto,
estamos en octubre y aún no se ha convocado, y es imposible que las
empresas puedan hacer la planificación de su actividad y de sus
inversiones. Por tanto, el Gobierno tiene que convocar de manera
inmediata esa subasta.
Consideramos necesario mejorar las interconexiones de las redes
energéticas de Europa y en particular las redes de transporte de
electricidad. Son fundamentales para la convergencia de precios que
decíamos antes entre los países, lo que aumentaría la competencia entre
los agentes y posibilitaría una
mayor integración de las energías renovables por la imposibilidad de
almacenarlas. Creemos conveniente reclamar a las instituciones
comunitarias un fondo europeo para compensar los costes de estas empresas
con un alto consumo energético y evitar las situaciones de competencia
desleal que se están produciendo. Consideramos también necesario que el
Gobierno supervise la supuesta operación de venta de varias factorías de
la empresa Alcoa. Las informaciones respecto a esto son difusas, ni
siquiera los sindicatos -no solo en el ámbito español sino también en el
europeo, en el cual sería obligatorio que le dieran esa información-
están teniendo noticias de qué está pasando. Teniendo en cuenta que Alcoa
compró al Gobierno de España -creo recordar que en 1998- estas factorías
a muy bajo costo, que además el Gobierno a lo largo del tiempo aportó
diferentes subvenciones, así como la cantidad de puestos de trabajo que
están en juego y el riesgo de que haya una operación meramente
especulativa y que dentro de unos meses -como pasó con otras factorías
anteriormente-, después de su venta, se cierre, consideramos necesario
-insisto- que el Gobierno de España, en la medida de lo posible, haga la
supervisión de qué se está gestando, qué intenciones tiene Alcoa, si va a
vender y en qué condiciones. Estas son nuestras enmiendas. Con respecto a
la iniciativa de Podemos, creo que podemos hacer una transacción. En
cuanto a la de Foro, como ahora dijo que acepta la enmienda de
Ciudadanos, miraremos cómo queda exactamente para tomar una decisión
definitiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Para fijación de posición, por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra el
señor Azpiazu Uriarte.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Debatimos las dos iniciativas conjuntamente y creo que tiene bastante
coherencia porque de lo que estamos hablando es de la competitividad de
sectores industriales y productivos, que para nosotros son muy
importantes. Como saben, en Euskadi la siderurgia es un sector
absolutamente básico que está teniendo problemas actualmente. Es un
sector que está sometido en estos momentos a cierre, inactividad,
deslocalización, paro, crisis, etcétera, y uno de los factores
determinantes de que esto ocurra es el coste energético, porque en
algunas empresas la mano de obra es mucho menos costosa para la empresa
dentro de la estructura productiva que el tema energético. En la
siderurgia hay empresas en las que la energía es un 50 % más cara que la
mano de obra. Esto es un elemento absolutamente importante a efectos de
determinar la competitividad y el futuro. Decía que nos preocupa y, al
igual que el señor Martínez Oblanca, nuestro grupo presentó en la
legislatura pasada una iniciativa para tratar de plantear estas
cuestiones. Aquellas iniciativas fueron a la papelera y me imagino que
estas también porque, al estar en funciones, instar al Gobierno a que
haga algo no tiene sentido; no suele tenerlo cuando no está en funciones,
con lo cual ahora mucho menos. Esto, señor Martínez Oblanca, nos volverá
a obligar en la siguiente legislatura -o en esta, si es que continúa- a
presentar la iniciativa de nuevo y en serio para que efectivamente se
haga algo. Yo sí quisiera, al menos de una manera informal, adoptar un
compromiso con Foro y con otros grupos parlamentarios para que esta sea
una prioridad, una urgencia a la hora de abordar las iniciativas en la
próxima legislatura para que efectivamente se resuelva y vaya por buen
camino.
En la legislatura pasada -tan corta- planteamos esta cuestión y le pedimos
al Gobierno que resolviera tanto el tema del dumping chino como los
intereses de la siderurgia y otros sectores en Europa y que hiciera algo,
modificando el coste de la energía para estos sectores intensivos en
consumo. Evidentemente, no hizo nada, y volvimos a preguntarle si había
hecho algo al respecto. El Gobierno no nos ha respondido, pero
sospechamos que nada hay. Por tanto, seguiremos con esta cuestión en el
futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para continuar con la fijación de posiciones, por el Grupo de Esquerra
Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Comparto un poco la sensación de mi compañero
euskaldún, esa sensación de estar pedaleando sobre una bicicleta
estática. Creo que es una sensación un poco transversal. Soy un recién
llegado y no soy quién para dar lecciones a nadie de nada, pero si todos
hiciésemos el esfuerzo -yo el primero- de intentar posicionar las cosas
en los temas generales cuando son generales y en los particulares cuando
son particulares, quizá nos haría tomar alguna iniciativa donde
no se mezclasen churras con merinas. Por ejemplo, las enmiendas del PSOE
sobre empresas concretas cuando estamos hablando de si es urgente o no el
tema de la subasta de compatibilidad me dejan el corazón 'partío', porque
sí considero que es urgentísimo que el Gobierno, aun en funciones,
realice esta subasta ya que las empresas están esperando y tienen estados
contables esperándolo y, en cambio, modestamente, no soy capaz de opinar
sobre el estado concreto de las negociaciones de Alcoa. Pido, por favor,
que, si vamos a discutir el estado de Alcoa, hagamos una proposición no
de ley y hablemos de ese tema, nos documentemos todos y consultemos al
territorio, es decir, lo que solemos hacer. Aun así, la proposición
número 7 vamos a votarla a favor.
El señor PRESIDENTE: Estamos en los puntos 7.º y 8.º.
El señor CAPDEVILLA I ESTEVE: Estoy posicionándome sobre las número 7 y 8.
Vamos a votar a favor de la número 7, aun con esa sensación de que no sé
qué estoy votando respecto a Alcoa. También desconozco si van a aceptar o
no la enmienda. Aun así, voy a votar a favor. Ese punto 5 es muy concreto
y difícil de valorar. A ambos proponentes -al señor Martínez Oblanca ya
se lo he pasado- les recomiendo el repaso de los datos de Eurostat y de
Pimec, que dicen que el mantra que vamos repitiendo de que las empresas
electrointensivas españolas están pagando un precio muy alto ya no lo es
tanto, quizá porque es cierto que el final del invierno y la primavera
fueron muy favorables respecto a la producción de renovables -hubo mucho
viento- y han bajado un poco los precios. Quizá solo sea una temporalidad
que habrá que ir siguiendo. Mirar de reojo las valoraciones de Eurostat
siempre nos haría bien. Lo que sí está claro es que lo que hace cara
-aquí no hay temporalidad que valga- la factura eléctrica de los
españoles -consumidores familiares o consumidores industriales- es la
mochila de la deuda energética. Ese mantra que hemos dado por bueno y que
no hemos vuelto a analizar es como un número mágico que algún día alguien
escribió en unas tablas de la ley y que nos hemos ido creyendo. Propongo
que los trabajos de esta Comisión -si hay ocasión vamos a intentar
impulsarlo- sean para la revisión de ese número mágico. Nos vamos a
abstener en esta PNL, pero con esa sensación de corazón partido. Si se
hubiese troceado, seguramente estaríamos de acuerdo en más de un 40 %.
No entendemos tampoco la enmienda del PSOE respecto al tema de
interconexiones. Volvemos al tema de Alcoa también en las enmiendas a la
proposición número 8 del orden del día. Por tanto, nos vamos a abstener
también.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Para el turno de fijación de posición en las dos proposiciones no de ley,
que recuerdo a sus señorías que son la 7 y 8 del orden del día, por parte
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moraleja
Gómez.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Represento hoy en esta Comisión al Grupo Parlamentario Popular para
posicionarnos con respecto a las iniciativas presentadas por Foro y por
Podemos. Empezaré por la de Foro y finalizaré con la de Podemos.
Aunque es la primera iniciativa de este grupo en esta XII Legislatura en
relación con este tema, todos sabemos que este asunto no es nuevo para
esta Comisión y que ya hemos debatido una PNL exactamente igual en la
pasada legislatura, como bien se decía aquí, y ya en ese momento mi
compañera, la señora López, recordaba lo que usted plantea ahora, que es
lo mismo que estuvo haciendo el Gobierno desde el año 2011. Se lo
recuerdo. Se intentaba poner orden dentro de un sistema energético que el
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero dejó en quiebra, con una subida de
la factura eléctrica de más del 70 % en los ocho años de gobiernos
socialistas. Es curioso, porque teníamos la electricidad más cara de
Europa continental y, a pesar de ello, el sistema era insostenible desde
el punto de vista financiero; un déficit de tarifa que, de no haber sido
por las reformas efectuadas por el Gobierno del señor Rajoy, hubiese
llegado en 2013 a los 10 millones de euros. Es decir, al comienzo de esa
legislatura todos los sectores energéticos estaban en déficit y el
sistema eléctrico en particular estaba quebrado, con una deuda acumulada
de 26 millones de euros. Como bien explicó mi compañera, la señora
Palmer, si eso se reprodujese en la factura de los consumidores,
supondría una subida del 40 % en su factura.
¿Qué se hizo para solucionar esta situación? Acometimos un cambio
regulatorio sin precedentes en la X Legislatura. La reforma del sector
energético ha conseguido acabar con el déficit del sistema eléctrico,
ajustando todos los costes y estableciendo mecanismos que eviten que se
vuelvan a producir desequilibrios en un futuro. Con esta política se ha
favorecido al consumidor, por supuesto, en especial a las familias, a las
pymes, a los autónomos y también a los grandes consumidores al haberse
evitado la escalada desorbitada de los precios de las legislaturas
socialistas. Incluso los precios han comenzado a descender y la factura
que pagamos hoy todos los consumidores cada vez es menor gracias a los
cambios introducidos en los mecanismos de tarificación. Se ha actuado
para reducir los precios. Para ello, se han revisado todas las
actividades reguladas y se ha llevado a cabo una auditoría de costes. En
segundo lugar, se permite facturación horaria, poniendo en marcha medidas
de transparencia que permiten, sobre todo a los pequeños consumidores,
tomar decisiones que mejoren sus precios. También se han congelado los
costes de las actividades reguladas y los costes de peaje; una reducción
del 2,8 % en el año 2015 y por supuesto una reducción, como también
comentaba la señora Palmer, del 25 % de la tarifa para los colectivos más
desfavorecidos, lo que beneficia a 2,5 millones de hogares.
Estas medidas han producido una reducción de precios para el pequeño
consumidor en torno al 15 % en el primer semestre de 2015 y 2016; también
para las grandes empresas, a las que ustedes se referían, incluidas las
electrointensivas, en torno al 35 % en los años 2015 y 2016. Se ha
garantizado la estabilidad financiera y la estabilidad regulatoria del
mercado, y sobre todo se ha conseguido eliminar el régimen tarifario y un
superávit en los años 2014 y 2015. Y por supuesto no nos hemos olvidado
de las energías renovables, que deben tener una rentabilidad sensata, en
torno al 7,3 %. Por eso se han puesto en marcha las medidas que permiten
garantizar el equilibrio del sistema eléctrico español: precios
competitivos, analizar y tener en cuenta el impacto medioambiental y
garantizar la seguridad energética de suministro. Esta XII Legislatura
empezará sin déficit, la deuda reduciéndose y los precios de todos los
productos energéticos por debajo de como empezaron la X Legislatura. Pero
no quiero olvidarme, señorías, de las electrointensivas -para estas
tenemos la interrumpibilidad-, que han conseguido adjudicaciones del
servicio por valor de 508 millones de euros para prestación de servicio
en 2015 y 503 millones para prestación en 2016, así como los beneficios
fiscales, en los que se ha establecido también una reducción del 85 % de
la base imponible del impuesto especial sobre electricidad, además de los
menores peajes que pagan estas empresas y la bajada de precio para los
mayoristas, en torno a un 26 %. No vayan a pensar, señorías, que no
queremos que nuestras empresas industriales, grandes consumidoras, tengan
ventajas competitivas con respecto a sus competidoras, por supuesto que
no, claro que lo hemos apoyado y lo seguiremos haciendo dentro de los
límites que marca nuestra legislación. Es curioso, el Partido Popular en
Galicia apoya fuentes alternativas de suministro para estas empresas,
como la de Alcoa en San Cibrao, por eso llevamos un gasoducto hasta esa
planta que se pueda alimentar de gas natural, sin embargo, son otros, por
ejemplo los de Podemos y la señora Díaz aquí presente, los que se empeñan
en cerrar la planta de gas de Mugardos. ¿Saben ustedes cuáles serían las
consecuencias para las empresas electrointensivas de las que hablan y
para esos empleos que tanto le importan a usted, como a nosotros, por
supuesto?
Señora Díaz, claro que estamos acuerdo en que se celebren las subastas,
sí, por supuesto que sí, pero si usted hubiera querido realmente
informarse, sabría que el calendario está siendo seguido para la
temporada de 2017 con riguroso cumplimiento. En principio se ha remitido
por parte del operador del sistema una propuesta de requerimiento
potencial interrumpible, como usted ha mencionado, en la que se marcaban
las fechas para la realización de las subastas y el calendario de los
hitos a realizar de cara a la celebración de las mismas. Eso ha sido
informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con
fecha 28 de julio. Por otra parte, como usted también ha comentado, el 12
de agosto se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 5
de agosto de 2016 de la Secretaría de Estado, en la que se establecen las
reglas de procedimiento competitivo para las subastas. Usted lo que no
cuenta es la segunda parte, que igualmente se ha finalizado el proceso de
habilitación para la participación en las subastas -finalizó el 30 de
julio- y que debe culminar -eso tampoco lo ha dicho usted- con la
notificación correspondiente no más tarde del 15 de octubre. Por tanto,
una vez obtenida la habilitación emitida por el operador del sistema, el
consumidor podrá adherirse formalmente al marco legal establecido para la
participación en la correspondiente subasta. También quiero recordarle
que hay que tener en cuenta que la temporada eléctrica de 2016 comienza
el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2016, por lo
tanto, señoría, se está cumpliendo el procedimiento definido en la Orden
del 31 de octubre, quedando únicamente la convocatoria y la celebración
de la subasta, que habrá de realizarse en las próximas semanas. Por
tanto, señoría, debería usted informarse mejor y no decir que se violenta
por parte del ministerio este procedimiento, porque yo creo que no es la
palabra adecuada para utilizar y además
quiero recordarle que las empresas no reciben ayudas del Estado, están
prohibidas por la Unión Europea. He de recordarle que no existen esas
subvenciones, como usted menciona. Por otra parte, quería preguntarle qué
tiene usted en contra de la hostelería, cuando el turismo es la mayor
fuente de ingresos en este país. No sé si tiene algo en contra de la
hostelería, pero también trabajamos por el turismo.
Estoy de acuerdo con el señor Gómez, de Ciudadanos, en que esta
proposición no de ley que usted ha presentado está vacía de contenido y
se podría haber preguntado al Gobierno en funciones en este caso.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moraleja.
Una vez finalizado el debate de estas dos proposiciones no de ley, tengo
que preguntar a los proponentes, tanto a la señora Díaz Pérez, del Grupo
de Unidos Podemos, como al proponente del Grupo Mixto, si aceptan las
enmiendas planteadas, haciendo constar y recordándoles a sus señorías
-porque ha surgido en el debate- que si aceptan enmiendas no se pueden
someter a votación por separado los puntos del texto enmendado.
Señora Díaz.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
No aceptamos las enmiendas. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.
Como indiqué en mi intervención, sí aceptamos la enmienda propuesta por el
Grupo Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Entonces, se someterán así posteriormente a votación.
- RELATIVA AL FOMENTO DEL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 161/000366).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10º del orden del día -les recuerdo
que el 9º lo debatimos anteriormente-, que es la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En común Podem-En
Marea, relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. Para su defensa,
tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario quiere traer de nuevo el debate del
autoconsumo a esta Comisión, a pesar de haber sido ya debatido en la
anterior legislatura, porque consideramos que es una de las cuestiones
más urgentes a resolver una vez que tengamos Gobierno. Creemos que es un
puntal necesario de la transición energética que todos los grupos
parlamentarios han señalado, incluido el Partido Popular -Mariano Rajoy
en su debate de investidura hizo mención a la necesidad de una ley de
cambio climático y transición energética-, porque responde y ayuda en los
tres puntos en los que debe basarse. El fomento de las renovables está
demostrado que contribuye a la reducción de emisiones y también a la
reducción de las importaciones de combustibles fósiles; la eficiencia
energética, una energía producida en el lugar de consumo supone menos
pérdidas en el transporte de energía y supone un gran avance en una
política energética mucho más democrática; y la gran revolución en la
energía: se trata de que las personas produzcan su propia energía. Eso es
posible hoy en día gracias al desarrollo tecnológico, que ha abaratado
muchísimo los costes, y dificultarlo con peajes, con trabas
administrativas o limitando su uso es un error estratégico que va en
contra de cualquier idea de progreso social y económico. Además, si
atendemos a los criterios de dependencia energética, a día de hoy la
ciudadanía tiene dos dependencias claras: una dependencia externa de los
combustibles fósiles que importamos y otra causada por el oligopolio, que
distribuye en exclusiva la energía consumida en este país con políticas
abusivas y con precios que no siempre responden a la realidad. Si
queremos una soberanía energética, no hay mayor soberanía energética que
las personas decidan sobre qué energía consumir y cómo. A muchas personas
les podrá parecer algo revolucionario y subversivo pero créanme que es lo
más democrático.
En el actual paquete legislativo que la Unión Europea está preparando en
su estrategia hacia la unión energética en la parte del mercado eléctrico
y las personas consumidoras, una de las líneas claras por las que apuesta
es precisamente por el autoconsumo. En primer lugar, como un mecanismo
para reducir las facturas eléctricas de las personas consumidoras. Es
cierto que la energía que se produce es la que no se paga y esto es
especialmente relevante en la lucha contra la pobreza energética por lo
que creemos que es una herramienta a promover en hogares vulnerables. En
segundo lugar, el autoconsumo reduce la congestión, las pérdidas y
previene inversiones futuras en infraestructuras de la red. La Unión
Europea habla también de peajes justos que por una parte apoyan la
transición a las renovables, que sean simples y que sean transparentes,
todo lo contrario de lo que tenemos hoy en día. Estos peajes a las
instalaciones de autoconsumo creemos que deben partir de una auditoría de
costes y peajes que reformen el marco regulatorio actual, que es injusto,
que es opaco y que supone un trasvase continuo de rentas de las familias
y las empresas al oligopolio eléctrico. Por ello instamos a que el
autoconsumo tenga la importancia que debe tener en una nueva política
energética, que se deroguen las trabas administrativas y que haya un
marco político favorable, entendiendo el autoconsumo como una herramienta
de cambio en la política energética y no como un mercado más. Esperamos
que se pueda llegar a acuerdos de calado en la próxima legislatura que
reviertan en una política energética que hasta ahora ha sido reaccionaria
y que nos sitúa muy lejos de la vanguardia económica, productiva y
climática mundial. Europa está mostrando ya el camino y esperemos que nos
podamos poner a trabajar y no ir a remolque como en muchos casos en la
política energética.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Pasamos al turno de defensa de enmiendas. En primer lugar, por parte del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rodríguez
Hernández. La señora Rodríguez Hernández, perdón.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias. Estaba muy satisfecha con el
género que tenía, presidente, si me lo permite.
La señora PRESIDENTA: No le quepa duda, señoría. (Risas). Adelante.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias.
Presidente, señorías, estamos aquí para volver a abrir el debate sobre el
autoconsumo, que esperamos, -no de corazón por nuestro sentimiento propio
sino por la ciudadanía de este país- que también se debata en Pleno y que
se saque una ley adelante que espero que cuente con el apoyo al menos de
la mayoría de la Cámara.
Cuando hablamos de autoconsumo lo hacemos del derecho a consumir y a
producir la propia energía. Algunos quieren criminalizar a los
autoconsumidores; de hecho, nos podemos remitir a unas declaraciones del
secretario de Estado de energía del Partido Popular en la pasada
legislatura en las que dijo que tanto las renovables como los
autoconsumidores son los depredadores del sistema energético español.
Ateniéndonos a estas declaraciones, creo que es muy fácil advertir cómo
ha sido la línea de las políticas energéticas que se han venido llevando
a cabo en la pasada legislatura. Si buscamos un futuro y tenemos o por lo
menos deberíamos tener un objetivo claro sobre qué modelo energético
queremos, dentro de ese modelo energético también se puede encontrar la
microgeneración, el autoconsumo, el autoconsumo colectivo o las redes
inteligentes que hagan que otros modelos de distribución de energía y de
generación también puedan ser posibles. Pero estos modelos pueden
convivir con otros tipos de generación, no tienen que rivalizar, qué es
lo que se ha intentado plantear. Se ha intentado plantear que un
autoconsumidor es el rival de una gran productora de energía, cuando
creemos que en un futuro, con los medios suficientes y apoyándonos en
redes inteligentes podrán ser un apoyo a la generación de energía.
En el Real Decreto 900/2015, aunque no se habla explícitamente con estos
términos del impuesto al sol -que luego sí se ha reconocido en distintos
acuerdos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular-, lo
que se hace es dar un hachazo a la generación y al autoconsumo.
Básicamente se prohíbe, se penaliza; de hecho, nos podemos atener a
cuántas instalaciones de este carácter se han registrado en los últimos
años, desde que entró en vigor este real decreto. Podríamos contarlas con
los dedos de una mano y quizá nos sobrarían. Los autoconsumidores no
pueden ser considerados como productores. Eso ya lo hemos dicho en
distintas ocasiones y lo hemos trasladado tanto al acuerdo con el Partido
Socialista como al acuerdo con el Partido Popular, en el cual, aunque
decían que el impuesto al
sol no existía, reconocían que coloquialmente se llama impuesto al sol a
esas cargas o peajes que se imponen a una energía que ni siquiera llega a
tocar la red. Hemos llegado a un acuerdo con el partido proponente y
también con el Partido Socialista sobre esta medida, y proponemos que se
especifique además que la potencia instalada siempre estará en
consonancia con la demanda energética necesaria para la instalación, para
no dar pie al autoconsumo especulativo y que no se acabe criminalizando
al sector, como ha venido pasando hasta el momento. También consideramos
que es necesario que exista una normativa que pueda facilitar la
legalidad del autoconsumo colectivo. Además, hay que mirar el código
técnico de la edificación, puesto que en este momento sus normativas y
las normativas que salen desde el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo no pueden convivir. Por eso instamos a que se desarrolle esta
normativa.
Concluyo diciendo que el voto será afirmativo, después de la transaccional
a la que hemos llegado con los partidos ya citados. Tendremos que
continuar con este debate, pero deberemos plasmarlo en una ley, que
espero que tenga el respaldo de toda la Cámara o por lo menos de la
mayoría amplia de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.
Antes de comenzar con la defensa de nuestra posición ante esta proposición
no de ley, quisiera destacar un hecho que se ha producido esta semana, y
es la ratificación por parte de la UE de los Acuerdos de París. Es una
buena noticia, a pesar de que mi grupo considera que hubiese sido más
adecuado que Europa se hubiese adelantado y hubiese ratificado el acuerdo
antes, en lugar de ir a remolque. Ahora queda nada más y nada menos que
traducir ese compromiso en políticas nacionales, y por eso iniciativas
como las que trae aquí hoy Unidos Podemos son fundamentales si de verdad
queremos contribuir como Estado miembro al compromiso firmado por la
Unión Europea de reducción de emisiones para evitar el calentamiento
global por encima de 1,5 grados.
No es la primera vez que se debate sobre este asunto en la Cámara, porque
es un tema de vital importancia. El Grupo Parlamentario Socialista
presentó en la X Legislatura una proposición de ley que fue tumbada por
la mayoría absoluta del PP, pero las cosas cambiaron, y en la XI
Legislatura se aprobaron, por una mayoría formada por todos los grupos
excepto por el Partido Popular, iniciativas en defensa del autoconsumo,
como supongo que se hará hoy mismo, sobre la base de un acuerdo que
firmamos todos los grupos parlamentarios para que en el momento en que se
conforme un Gobierno en este país se presente un real decreto-ley que
haga posible el autoconsumo en España. El Gobierno en funciones haría
bien en no forzar más la máquina y reconocer que hay que actuar de
inmediato para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, y la
legislación del autoconsumo puede ser un buen principio.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de mejora
técnica y de adición a esta iniciativa. Su objetivo sigue siendo el
mismo, que es proponer el desarrollo legislativo del autoconsumo con
balance neto. Proponemos derogar todas las trabas administrativas,
técnicas y económicas que están poniendo barreras injustificadas al
desarrollo del autoconsumo. El objetivo será promover un marco
regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala que
suponga un gran impulso a la descentralización de la generación
eléctrica. Esto constituirá una gran fuente de empleo repartido por toda
la geografía española y un impulso tecnológico necesario para mejorar el
valor añadido de nuestra economía. Además, como expresaba anteriormente,
facilitará la producción energética sostenible y limpia, contribuyendo
así a cumplir el objetivo de implantación de renovables en España.
Asimismo, proponemos la reforma de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico,
para que favorezca el desarrollo del autoconsumo en la modalidad de
balance neto. Este sería un sistema de compensación de créditos de
energía, bien mediante saldo económico o energético, en un periodo de
tiempo tasado para el prosumidor. Hemos añadido como enmienda la
promoción del autoconsumo por parte de entidades locales y comunidades
autónomas en actuaciones de rehabilitación sostenible y de desarrollo
rural y políticas públicas a través del IDAE. Además añadimos la
necesidad de elaborar un estudio previo que sirva a la adecuada
planificación de la implantación del autoconsumo en las redes eléctricas
de distribución y de transporte.
El Grupo Socialista apuesta por una inmediata modificación legislativa del
autoconsumo eléctrico y, por tanto, votará a favor de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Isac García.
La señora ISAC GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, volvemos a debatir en esta Comisión una iniciativa
vinculada al autoconsumo. En primer lugar, es importante reseñar y
definir de qué estamos hablando. Cuando se habla de autoconsumo, hablamos
de un consumidor que genera su propia energía para satisfacer parte de su
consumo. De acuerdo, señorías, con el marco legal del Real Decreto
900/2015, de 9 de octubre, un consumidor que decida generar su propia
energía no pagará por esta, pero sí deberá hacerlo por los costes del
sistema en igualdad de condiciones con el resto de los consumidores
españoles. Basamos esta defensa en un principio básico, como es el de la
solidaridad. Nuestro sistema eléctrico se sustenta en la aportación de
todos y cada uno de los modelos de producción de energía eléctrica. Con
esto contribuimos a que nuestro sistema eléctrico funcione como un reloj,
y así está reconocido por toda la Unión Europea, una obra de arte que
trabaja veinticuatro horas al día, siete días a la semana, trescientos
sesenta y cinco días al año y que se sustenta, como les decía con
anterioridad, en la solidaridad, haciéndolo mucho más sostenible y, con
eso, mucho más eficiente.
Señorías, no se pagará por esta energía, pero sí deberá hacerse por los
costes del sistema en igualdad de condiciones. Un consumidor eléctrico
paga por los siguientes conceptos: el coste de producir la electricidad,
los costes regulados del sistema eléctrico -como redes de transporte y
distribución-, los incentivos a las renovables, la compensación
extrapeninsular, la deuda del pasado -como ya se ha dicho aquí en
intervenciones anteriores, señorías, cuando el Partido Popular llegó al
Gobierno había una deuda de más de 26.000 millones de euros, fruto de la
mala gestión del Partido Socialista, que hubo que subsanar con
determinadas medidas, porque, si no, hubiera sido demoledor para el resto
de los consumidores- y, como no puede ser de otra manera, los impuestos.
Aunque no pague el coste de producir ni los impuestos asociados, y
siempre que no sea una instalación totalmente aislada, este consumidor sí
debe pagar los regulados por el sistema de forma igualitaria al resto de
los ciudadanos, al resto de los consumidores. De no hacerlo, tendrán que
pagarlo los demás, fracturando de esta manera el primer principio del que
hablábamos, que es el de solidaridad. Esta situación, señorías, no está
justificada, puesto que los costes regulados del sistema no tienen nada
que ver con el hecho de que se esté autoconsumiendo, ni tampoco es justa,
puesto que serían los consumidores más vulnerables los que se verían
penalizados al no poder costearse una instalación de autoconsumo. Este
principio por el que todos los consumidores deben contribuir de igual
manera a los costes generales del sistema solo pretende garantizar la
equidad, estableciendo algunas excepciones en relación con los costes que
se pagan los autoconsumidores. Así, se tienen consideraciones con los
consumidores de las islas, los consumidores conectados a baja tensión,
cuya potencia contratada no exceda de 10 kilovatios -nos estamos
refiriendo a casi la totalidad de los hogares-, y las instalaciones ya
existentes, con una apuesta importantísima y más que evidente por las
renovables, que están exentas de pago hasta el año 2019, como sus
señorías sin duda conocen. Además, el real decreto crea un registro por
razones de seguridad técnica, control de suministro y gestión eficaz. No
podemos olvidar que somos todos responsables, que las instalaciones
eléctricas tienen que cubrir posibles males provocados por la utilización
de la energía y que el sistema garantiza la gestión eficaz, como les
decía anteriormente.
Por estas mismas circunstancias, el Grupo Parlamentario Popular,
atendiendo a criterios basados en el acuerdo de 150 compromisos para
mejorar España firmado con Ciudadanos, presenta una enmienda de
modificación que se expresa en los siguientes términos: El Congreso de
los Diputados manifiesta la necesidad de eliminar las dificultades que
pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente, con el fin de
promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a
pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en cuenta
particularidades adicionales de los sistemas extrapeninsulares,
tratándolas de manera específica, atendiendo a sus condiciones especiales
y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la
estabilidad del sistema.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Isac.
Pasamos al turno de fijación de posiciones y empezamos por el Grupo
Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el diputado de Foro Asturias, el
señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Se lo agradezco, señor presidente.
Antes de intervenir me gustaría conocer -no sé si es procedente pedirlo
ahora- el texto transaccional que se ha mencionado. No sé si contempla
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Pediría
aclaraciones acerca de la base sobre la que se ha redactado esa enmienda
transaccional y si incluye la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: No, no incluye la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. Incluye algunas de las enmiendas de Ciudadanos y
es una fusión entre las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario
Socialista y nuestra propia propuesta.
El señor PRESIDENTE: La aclaración se pide al final, cuando terminan todos
los intervinientes, pero una vez hecha, tiene usted la palabra.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
La aclaración me ayuda a posicionarme en relación con una iniciativa que
también tiene su precedente en la fallida legislatura anterior. Siguiendo
el acertadísimo símil del diputado Capdevila i Esteve de la bicicleta
estática y el pedaleo a lo largo de 2016, volvemos a un tema sobre el que
resulta interesante debatir, como es el creciente volumen de
instalaciones de autoconsumo, aunque lamentablemente en este año no hemos
podido hacer nada desde el Parlamento en favor de los autoconsumidores.
Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea es de las que podríamos calificar como
rompedoras. Son dos puntos muy indefinidos. Por ejemplo, en el punto
primero hablan de derogar trabas que no tengan justificación, lo cual es
una fórmula literaria que en la práctica supone fulminar el Real
Decreto-ley 900/2015. Si bien es cierto que en el punto segundo trata de
compensar esta laminación del real decreto, nos parece que dejar a España
en un espacio temporal en blanco respecto al autoconsumo no va con un
buen orden administrativo ni responde a la necesidad de regular el
autoconsumo. En cualquier caso, veo razonable que en el seno de esta
Comisión se hable de este tipo de cuestiones y entiendo además la defensa
que se hace de los autoconsumidores.
La enmienda del Grupo Parlamentario Popular modula las aspiraciones del
grupo proponente y, por tanto, me sumaría a una transaccional que
incluyese esta enmienda del grupo mayoritario. Como ya se ha dicho que no
se incluye, creo que la transaccional no responde a las necesidades que
tienen los autoconsumidores y, por tanto, me abstendré a la hora de la
votación.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Para la defensa de la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente para fijar nuestra posición favorable a esta
iniciativa. Creemos que es preciso impulsar el autoconsumo para que sea
cada vez más una realidad. Hay tanto argumentos medioambientales como de
ahorro energético, eficiencia, racionalización de consumo, etcétera. Es
verdad que a la hora de llevar a la práctica este autoconsumo de una
manera efectiva surgen temas que ya se han planteado aquí, como el del
balance neto o cómo se ha de abordar el pago por el hecho de estar
enganchado a la red, para poder gestionar de una manera razonable el
autoconsumo. Son temas sobre los que hay que debatir, pero llegaremos sin
ninguna duda a un acuerdo. Simplemente queremos manifestar nuestro apoyo
a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para la defensa de la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, presidente.
Acabamos de recibir la enmienda transaccional y una vez más nos ocurre
como al señor Martínez Oblanca, pero en el sentido opuesto. Votaríamos
favorablemente, casi sin pensarlo, el original, pero queremos revisar la
transacción, porque a la luz de lo que he oído a la representante de
Ciudadanos -pásmense, señores-, ahora está de acuerdo. Quiero leerla con
calma, porque quizá me estoy equivocando. (Rumores). Espero que no.
Hay una serie de enmiendas de carácter técnico que entendemos que no
serían necesarias, tanto las del Grupo Parlamentario Socialista como las
de Ciudadanos, porque ya se discutirán si esto va adelante en una
proposición de ley. No entendemos la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, que incluye una referencia al pacto del Partido Popular y
Ciudadanos, aquel que murió en un par de días. (La señora Isac García:
Está vivo). No murió; está vivo. Perfecto. Una vez más incluye un tema
territorial dentro de un tema general. Si votásemos en contra de esto,
nos sentiríamos insolidarios con los territorios insulares. Por eso
repito mi llamamiento de la anterior intervención a que todos -yo el
primero- intentemos hacer separación de temas y, en todo caso,
presentemos una proposición no de ley sobre los temas insulares, que
seguramente requieren una revisión y un estudio muy pormenorizado e
individualizado.
Anuncio mi posición a favor, salvo que descubra dónde no estoy de acuerdo
en la transacción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Formalmente le pregunto a la proponente, la señora Martínez Rodríguez, si
lo que se va a someter a votación es la transaccional que se ha hecho
llegar a la Mesa.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: El punto 1 quedaría como está; el punto 2,
como en la transaccional, y aceptaríamos los puntos 2, 3 y 4 de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Al final es un compendio de los textos del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Sí, es un tema complejo.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se lo intentaremos aclarar a todos los
grupos.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE AYUDAS PARA
LA REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000420).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
modificación de las convocatorias de los programas de ayuda para la
reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. Para su
defensa, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para defender la necesidad de realizar una evaluación de las
convocatorias de ayudas para la reindustrialización del Ministerio de
Industria. Se trata de una iniciativa que ya se debatió el 28 de abril
del presente año. En aquel momento ya expuse los motivos que justificaban
su presentación y que se centraban en la necesidad de un marco estatal
estratégico que nos permitiera fundamentalmente tres aspectos: optimizar
los recursos públicos destinados a este fin, dinamizar los territorios
desfavorecidos e incidir en el objetivo final de incrementar el peso de
la industria en el PIB para consolidar un crecimiento económico sólido,
sostenido en el tiempo y la generación de empleo de alta cualificación.
Dado que al terminar la XI legislatura no se pudo llevar a efecto y que
con el paso de escasos meses la argumentación de la conveniencia de su
aprobación no ha perdido vigencia, el Grupo Socialista ha considerado
pertinente volver a presentar esta iniciativa en esta Comisión.
Diferentes estudios -recientes además- nos demuestran que la tendencia a
la baja del peso de la industria en el PIB en España es una realidad. Lo
vemos tanto a nivel nacional como en las distintas comunidades autónomas,
aunque es cierto que unas han sido más azotadas por la crisis económica
que otras. La realidad es que España durante estos últimos años ha
carecido de una estrategia global consensuada y especialmente coordinada
de reindustrialización. Agentes sociales, económicos, distintas
administraciones locales y autonómicas y diferentes instituciones
coinciden en ello. Por ello, desde distintos territorios y diferentes
instituciones se reclaman planes específicos de dinamización industrial.
Es cierto que esta iniciativa no resuelve todo el problema, pero sí
influye en su solución, porque es necesario adoptar medidas sectoriales y
horizontales, pero también acertar en las políticas de financiación que
se
impulsan para este fin. Es imprescindible establecer, con la participación
decidida de las administraciones públicas implicadas, herramientas
financieras eficaces que permitan el crecimiento y modernización del
tejido industrial. Desde hace años existen ayudas para la
reindustrialización con resultados muy dispares. A partir de 2013, las
bases para las convocatorias de ayudas a la reindustrialización se han
ido modificando. Su resultado ha sido que los porcentajes de ejecución se
han reducido de forma importante. La imposición de avales del 10 % nada
más presentarse la solicitud, cuando antes no se requerían, y el interés
priorizando y diferenciando según la clasificación del beneficiario -que
en muchos casos les condena a un interés por encima del de mercado-,
además de un proceso tortuoso y excesivamente burocrático y complejo,
entorpecen el acceso a la mayoría de empresas. Ejemplo de ello son los
datos de ejecución que ofrece la Oficina Presupuestaria para 2015, a 31
de diciembre. Hoy ya disponemos de los datos provisionales de las
convocatorias de 2016, y advertimos que los porcentajes de ejecución de
algunos planes continúan siendo muy bajos. Por ejemplo, para el Plan de
Campo de Gibraltar en 2015, el porcentaje de ejecución era del 0,72 %; en
esta convocatoria ha subido un poco, pero es muy residual, porque nos
quedamos con un 2,66 %. Otro ejemplo es el Plan de comarcas de Ferrol, en
el que en 2015 no hubo ninguna solicitud estimada y este año tenemos un
porcentaje de ejecución del 1,43 %. Por ejemplo, en la Bahía de Cádiz los
porcentajes de ejecución continúan siendo muy similares, alrededor de un
27 %. Comprobamos que hay pocas solicitudes y además el número de
solicitudes desestimadas supone un porcentaje elevado respecto de las
solicitudes presentadas. Detectamos que incluso hay casos en los que hay
más solicitudes desestimadas que estimadas, por ejemplo, en la Bahía de
Cádiz, donde el 71,4 % de las solicitudes han sido desestimadas, o en
Ferrol, en el que de seis solicitudes cinco han sido desestimadas, o el
Campo de Gibraltar, en el que también se han presentado muy pocas, pero
los porcentajes de desestimación son muy altos. Por tanto, no es de
extrañar que cada vez sea mayor el número de voces que reclaman cambios
en las bases de las convocatorias. Lo hacen Gobiernos de todo signo
político; lo han hecho la Junta de Extremadura, el Gobierno canario y el
de Galicia.
Por estas razones, creemos oportuno que vuelva a aprobarse esta
proposición, para impulsar un proceso de evaluación y, basándose en las
conclusiones, modificar las bases de acuerdo con las recomendaciones que
concluyan de ese proceso, todo ello dentro de un marco estatal de
estrategia industrial coordinado con las comunidades autónomas. Es una
iniciativa que ya contó con la unanimidad de todos los grupos
parlamentarios, por lo que espero que en esta ocasión también cuente con
ella.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas dos grupos
parlamentarios. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Me vuelve a tocar una proposición no de ley que ya fue discutida en la
pasada legislatura. No voy a repetir lo que he dicho antes, solo espero y
deseo que el grupo proponente resuelva sus problemas internos y acierte
en sus decisiones, porque en sus manos estamos no los diputados de este
Congreso, sino todos los españoles.
En cuanto a la iniciativa, entrando ya en la enjundia de la misma, la
presente proposición no de ley critica la política industrial del
Gobierno del PP entre 2011 y 2015, apoyándose en que la industria ha
caído del 16 % del PIB al 15,5 % en estos cuatro años. No vamos a ser
nosotros los que defendamos las políticas del Partido Popular, pero estos
datos no son correctos. Según los últimos datos de contabilidad nacional,
el sector de la industria representó un 16,4 % del PIB en 2015, casi un
punto porcentual por encima de lo que se señala en la exposición de
motivos. Por eso, no hay que ir en esa dirección para encontrar dónde
urge mejorar nuestra política industrial de I+D+i. Hay otros aspectos
sobre los que hay que incidir y que también reflejan en su PNL. Son los
siguientes: ¿Qué está ocurriendo con la baja ejecución presupuestaria de
las políticas de I+D+i? ¿Por qué no se está empleando ni lo poco que
queda tras los recortes? La Intervención General de la Administración del
Estado refleja que las políticas de gasto en investigación, desarrollo e
innovación tuvieron en 2014 un grado de ejecución del 53,4 %, mientras
que el grado de ejecución global de los Presupuestos Generales del Estado
fue del 95 %. Este pobre aprovechamiento de los fondos disponibles para
I+D+i es algo reciente y ha ido empeorando en los últimos años. Según el
informe de la Intervención General de la Administración del Estado, el
grado de ejecución más bajo se registra en el uso de los fondos
financieros. El ministerio dispuso del 51 % de los fondos para activos
financieros del capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado. Esto
hace que la inversión en I+D en nuestro país haya retrocedido
desde el 1,35 % del PIB, en 2009, al 1,23 % del PIB, en 2014. Con estos
datos, ¿cómo vamos a llegar al objetivo del 3 % del PIB en 2020? Según la
Confederación de sociedades científicas de España, desde 2008, en los
sucesivos presupuestos de I+D, han ido cobrando cada vez más importancia
las partidas de recursos financieros disponibles para conceder créditos
frente a los recursos no financieros destinados, entre otras cosas, a
subvenciones. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016, los
recursos financieros representan el 58 % de los 6.429 millones de euros
disponibles para I+D. A 31 de agosto de 2016 la ejecución de los recursos
financieros era un 32 % menor que en 2015. Por tanto, urge reevaluar los
criterios para la concesión de estas ayudas y créditos. Estamos por
debajo de nuestro potencial.
Nos encontramos ante una propuesta bastante modesta. Se solicitan dos
puntos. Por un lado, una evaluación de las políticas públicas, de lo que
siempre hemos estado a favor. En Ciudadanos somos firmes defensores de la
evaluación de las políticas públicas y de coordinación de las comunidades
autónomas para maximizar la eficiencia. De hecho, en el acuerdo de
investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos estaban estas políticas
de evaluación y también lo estaban en el acuerdo de Gobierno que se firmó
con el Partido Socialista. Esos acuerdos tienen cien medidas en común y
los comparten más de 16 millones de españoles. Por otro lado, también se
pide que se tomen las conclusiones de esa evaluación para modificar la
manera en que se convocan y conceden las ayudas. Esto es totalmente
lógico. Si se hace un estudio y se evalúa, se deben tomar las medidas que
se dicen en dicho estudio. Sin embargo, como es la segunda vez que se
debate esta proposición no de ley en esta Comisión, hemos querido ir un
poco más allá, ya que creemos que sería conveniente aprovechar la ocasión
para mejorar la proposición entre todos y ser algo más ambiciosos y
útiles al I+D+i de los años venideros. Coincidimos plenamente en la
preocupación por la caída durante los últimos cinco años de la ejecución
del gasto financiero presupuestado para las políticas de I+D+i y por eso
hemos presentado una enmienda de adición, con el objetivo de la
estrategia europea 2020 de alcanzar una inversión de I+D equivalente al 3
% del PIB en ese año, que haga posible el cambio del modelo productivo
español con una industria de alto valor añadido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Valido Pérez.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenos días. Gracias, presidente.
Lo primero que habría que decir es que el sector industria no solo pierde
peso durante la legislatura del PP, sino que lo viene haciendo a partir
de los años setenta. De esta manera ha disminuido el porcentaje de
participación del sector industria y energía en la economía española
desde un 28,6 % en 1980 hasta un 20,6 % en el año 2000, y con gobiernos
del PSOE y del PP. Esto unido además a una creciente terciarización con
el crecimiento del sector servicios que en 1980 era del 56,5 % y en el
año 2000 llega al 65,2 %. Durante la legislatura de Zapatero esta
tendencia continúa y entre los años 2005 y 2010 el sector industria y
energía bajaba del 18,8 % al 17,2 % y paralelamente el sector servicios
subía del 66,6 % al 71,4 %. Son datos del Instituto Nacional de
Estadística de 2016. Todo esto explicaría en parte el aumento de la
temporalidad en el empleo, mayor en el sector servicios que en el
industrial y la pérdida de calidad de los mismos como es menor
sindicación, peores convenios, etcétera.
La reindustrialización es necesaria, pero teniendo en cuenta la economía
del siglo XXI y el desarrollo de la economía verde y sostenible, buscando
nuevos nichos de actividad económica de alto valor añadido y empleo de
alta calidad que permitan que nuestros jóvenes más formados tengan una
alternativa laboral y no se vean obligados a abandonar el país, y también
que todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción
encuentren una alternativa laboral cualificándose en construcciones
sostenibles energéticamente y otros sectores de energía limpia. Con
respecto a la PNL es necesario añadir como enmienda que en la base de los
proyectos presentados se prioricen aquellos que contribuyan a la
transición energética, al desarrollo de un empleo verde y el cumplimiento
de los protocolos de Kyoto, y también sectores como la biomedicina o el
transporte sostenible. Asimismo, dichas ayudas deben estar vinculadas con
un compromiso en el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo
y además el compromiso de la no deslocalización de la actividad a otros
países. Y ya que las ayudas subvencionan el traslado de la actividad
productiva dentro del territorio nacional, se hace igualmente necesario
evaluar los posibles desequilibrios territoriales que se creen en este
proceso de reindustrialización aumentando las zonas específicas que se
plantean en la última orden en el caso de que fuera necesario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valido.
Pasamos al turno de fijación de posición y por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Con muchísima brevedad, y en coherencia con la misma posición que mantuve
en la pasada legislatura en esta Comisión y en este mismo asunto, daré mi
voto favorable a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Martínez Oblanca; además,
por la brevedad.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Azpiazu Uriarte.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Queremos señalar antes que nada que esta iniciativa nos parece
bienintencionada, pero nos parece un tanto mal orientada. Yo creo que hay
que decir las cosas bastante claras y quiero decirlo además de forma
previa.
La política industrial es competencia autonómica y además no es un tema
legal sino efectivamente material. ¿Por qué? Porque no se puede hacer de
otra manera. Pensar que se puede hacer la política industrial de arriba
abajo creo que es una auténtica quimera, es un auténtico engaño. Creo que
la política industrial solo cabe hacerla pegada al terreno. La política
industrial está vinculada a la política fiscal, está vinculada a las
condiciones de empleo, a la formación, a la cualificación de la mano de
obra; efectivamente, al nivel de innovación, a una tradición empresarial
que exista en el ámbito territorial; en definitiva, a lo que se suele
denominar las condiciones objetivas. No cabe hacer una política
industrial simplemente voluntarista y decir: vamos a subir el PIB de la
industria en equis puntos en los próximos años. Creo sinceramente que
esto no es operativo.
Además, debo decir que la política industrial es una política clave porque
la política industrial determina la coyuntura económica y determina el
futuro del crecimiento económico. Y de eso en Euskadi somos muy
conscientes. Tal como aparece en las cifras de la iniciativa que dice que
el peso de la industria en el Estado español es del entorno del 15 %,
pues en Euskadi es de cerca del 25 %. Entonces son dos realidades creo
que bastante diferentes que requieren políticas industriales diferentes.
Bien es cierto que en la iniciativa al final lo que se considera es
únicamente una serie de medidas muy parciales como son las ayudas a la
reindustrialización, medidas desde luego absolutamente parciales e
insuficientes, que nosotros no tenemos inconveniente en que sigan
haciendo, pero entendemos que estas medidas también sería mejor
acometerlas desde el ámbito autonómico; insisto, porque es el ámbito
competencial tal y como establecen los estatutos de autonomía y porque es
el ámbito en el que es posible aplicar políticas industriales que tengan
efectividad en el terreno. Hay que dejar a las comunidades autónomas que
desarrollen la política industrial. Creo que esta es una cuestión en la
que nuestro grupo parlamentario ha insistido cada vez que se ha planteado
esta cuestión, creo que en estas cosas no hay que mezclar y no hay que
confundir. Y nuestro grupo parlamentario lo que hará será abstenerse a la
hora de la votación de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Yo iba a hacer un alarde de brevedad también,
pero no puedo competir con mis compañeros, desgraciadamente. Tampoco
pienso que agote el tiempo.
En cuanto a las enmiendas, en principio estamos de acuerdo con la
necesidad de evaluar y mejorar los programas y de acuerdo con las
políticas industriales que desarrollan las comunidades autónomas, tiene
toda la razón el señor Azpiazu y no voy a repetir sus argumentos.
Respecto a la enmienda de Ciudadanos, estamos de acuerdo con intentar
garantizar la ejecución de recursos, pero honestamente creo que esta PNL
no tendrá ese alcance de conseguir que por primera vez ocurra. Podemos
habla de criterios que debieran tener presentes a la hora de otorgar las
ayudas, en consonancia con todos los puntos anteriores, y suma un montón
de desiderátum a más desiderátum. Ya adelanto que vamos a votar a favor.
No estamos de acuerdo en que se instauren mecanismos correctores de
desequilibrios territoriales
-desequilibrios territoriales entre comillas- que nunca tienen presente a
Cataluña. Francamente, hay una cosa que no acabo de entender, y quizás
este no es el ámbito para que se me explique: o es reindustrialización
inteligente o hay un criterio de reparto territorial. Y en todo caso, que
se me explique cuál prioriza frente al otro porque, si no, acabamos con
criterios AVE. El criterio AVE, mal resumido, es como que impera sobre la
inteligencia y la optimización la redistribución territorial y acabamos
teniendo trenes con 72 viajeros o estaciones en medio de la nada.
Quisiera saber cuál de los dos criterios prioriza el grupo enmendante
porque si no acabamos en absolutos absurdos de que criterios sociales
acaban manteniendo, incluso subvencionando, energías sucias. Y si hay
tiempo para explicarse, pues lo agradecería; y, si no, lo dejaremos para
otra ocasión porque ya anuncio que, como es un bonito desiderátum, lo
vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Para el último turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a repetirme en relación a intervenciones de otros portavoces en
iniciativas anteriores en el sentido de que estamos en el día de la
marmota. Es decir, yo creo que los tres últimos puntos del orden del día
ya se han analizado, ya se han votado y ya se ha visto la ineficiencia en
esos procesos anteriores.
Esta proposición no de ley, como bien dijo la portavoz del Grupo
Socialista, se debatió el 28 de abril, que si no recuerdo mal tuvo lugar
la última Comisión de Industria de la pasada legislatura, donde sabíamos
ya que estábamos instando a un Gobierno inexistente, lo cual evidenciaba
esa contradicción entre lo que se estaba haciendo y la validez de lo que
se estaba haciendo. Y de nuevo, unos meses después, volvemos a estar en
esta Comisión de Industria debatiendo la misma proposición no de ley
salvo un pequeño párrafo que se ha introducido en la exposición de
motivos, pero seguimos en unas circunstancias similares en tanto en
cuanto siga habiendo un Gobierno inexistente y al que estamos instando.
Con lo cual no se sabe muy bien qué es lo que estamos haciendo aquí y yo
creo que tenemos que hacer una reflexión en el sentido de que la primera
obligación que tiene un Parlamento es que se produzca un proceso de
investidura de un Gobierno para posteriormente proceder a instar u
orientar esa labor y controlar esa labor de ese Gobierno que ha sido
investido por parte del Parlamento. Creo que esa reflexión tenemos que
llevarla a cabo todos los diputados, en tanto en cuanto si esta
legislatura también resulta ser fallida, a lo mejor dentro de unos meses
nos volveremos a ver en esta Comisión de Industria tratando otra vez esta
iniciativa, con lo que volveremos a hacer referencia al día de la
marmota.
Deteniéndome en concreto en esta proposición no de ley, nosotros votamos
favorablemente el 28 de abril y no vamos a cambiar nuestro voto. Tampoco
vamos a cambiar las reflexiones que llevamos a cabo en aquel momento, es
decir, se trata de una proposición no de ley en la que aparece una
exposición de motivos que hace referencia a la importancia que tiene el
sector industrial en nuestra economía con datos, como ha dicho creo que
el portavoz de Ciudadanos, que no son precisamente correctos en cuanto al
peso que tiene el sector industrial a día de hoy. Se habla de ese sector
industrial, de la importancia que tiene el sector industrial en el empleo
y la calidad del empleo, y no solamente en cuanto a puestos de trabajo
indefinidos, sino también en cuanto a la remuneración de esos puestos de
trabajo; se habla también de la necesidad de poner en marcha políticas
que permitan reforzar ese sector industrial. Quiero volver a hablar de
esa agenda que se aprobó por el Gobierno del Partido Popular; una agenda
que está permitiendo incrementar el peso de este sector en la economía y
no solamente esto, sino sobre todo que ese incremento del peso se
consigue mediante la mejora de la competitividad de nuestras empresas.
Hemos conocido recientemente, por ejemplo, la evolución de los precios
industriales, que nos permite competir en un mundo globalizado.
Frente a esta exposición de motivos general, nos encontramos otra vez con
la misma parte dispositiva, en la que se vuelve a hablar de llevar a cabo
la evaluación de una convocatoria muy específica dentro de una línea más
amplia de financiación de empresas industriales y después de esa
evaluación, como no puede ser de otra manera, tener en cuenta sus
resultados. Yo puse un ejemplo en aquel momento y lo voy a cambiar un
poco, estábamos hablando de un elefante y acabamos hablando de una
hormiga, es decir, todo el sector industrial se acaba reduciendo a una
convocatoria muy específica. Además, quiero recordar también a la
portavoz del Grupo Socialista que esta convocatoria ha ido sufriendo
modificaciones a lo largo de los años, y prueba de ello es que las bases
de las convocatorias se han modificado en 2013, en 2014 y también en 2015
para conseguir una eficiencia real en estos instrumentos de política
industrial.
Finalizo diciendo que vamos a votar a favor porque el Partido Popular está
a favor de las evaluaciones de las políticas públicas y también porque,
efectivamente, el Partido Popular también está a favor de incorporar los
resultados de esas evaluaciones en convocatorias posteriores. Ahora,
vuelvo a repetir lo mismo, creo que tenemos que ser más ambiciosos en las
iniciativas que traemos a esta Comisión, porque no podemos hablar de un
elefante en las exposiciones de motivos y en la parte dispositiva acabar
con una hormiga.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.
Señora Blanquer, ¿qué va a hacer su grupo con las enmiendas?
La señora BLANQUER ALCARAZ: En primer lugar, quería clarificar algunos
aspectos, si me permite el presidente, porque algunos grupos han hecho
referencia a ciertas cuestiones en cuanto a la responsabilidad o el
fracaso de la anterior legislatura, y yo creo que es un fracaso
compartido. No voy a entrar...
El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, este punto es para clarificar el
tema de las enmiendas. No quiero que se entienda como un segundo turno
porque tendríamos que abrir un turno de réplica. Si usted quiere
contestar a alegaciones por alusiones, le puedo dar tres minutos por
alusiones. Diga la alusión.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Para cerrar este tema, si quiere por alusiones
que han efectuado los grupos que han hablado de este tema, por
responsabilidad ante los ciudadanos, creo que esta Comisión tiene
aspectos importantes que tratar. Lo hemos visto hoy, algunos grupos han
presentado iniciativas y hay interés por parte de los grupos políticos de
hablar de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Si la XI
Legislatura acabó fue evidentemente como consecuencia del fracaso de
todos y de que algunos votaron en contra de la investidura de un
presidente y, por tanto, no fue posible que hubiera Gobierno en aquel
momento. Si lo hay o no, se verá en el próximo mes.
En cuanto a la aclaración de las enmiendas, por lo que me preguntaba el
presidente, me parecen muy interesantes las enmiendas que nos proponen
los grupos parlamentarios, pero lo que se está planteando es una
proposición que, como bien se ha dicho, consiguió el consenso por parte
de todos los grupos políticos. La propuesta de acuerdo es una propuesta
que para nada influye en las competencias de las comunidades autónomas y
por eso la vamos a dejar exactamente en los mismos términos en que se
produjo en la anterior legislatura, precisamente para poder conseguir esa
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Se votará entonces en sus propios términos?
La señora BLANQUER ALCARAZ: Se votará en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna cuestión más, hemos debatido todo
el orden del día. Si les parece a sus señorías, en tres minutos pasaremos
a votación. (Pausa).
Creo que estamos todos los miembros de la Comisión. Vamos a pasar a votar
los asuntos del orden del día y lo vamos a hacer en el mismo orden que
constaba en el orden del día, no en el orden de debate, porque ha habido
alguna alteración.
El primer asunto de la jornada son las peticiones de comparecencia del
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Si les parece, vamos a
someter a votación todas las peticiones conjuntamente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ESTAS DE
ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO,
CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, en lugar de someter a votación la
delegación en la Mesa de las sucesivas comparecencias, la asumimos por
unanimidad.
Me recuerda el letrado de la Comisión, muy convenientemente, que es una
delegación condicionada en la Mesa de la Comisión, en el sentido de que
si no hay unanimidad de la Mesa en apoyar la comparecencia vendría la
petición de comparecencia a la Comisión y la resolvería esta Comisión con
todos sus miembros.
Si les parece, pasamos a la siguiente votación, el punto quinto del orden
del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los requisitos de seguridad en las gasolineras.
(La señora Rodríguez Hernández pide la palabra). Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Simplemente queríamos solicitar la votación
por puntos para este punto.
El señor PRESIDENTE: Está claro.
Vamos a votar primero el punto segundo por separado y después el resto de
puntos de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 6; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de los puntos de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es el punto número seis
del orden del día, sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza
energética, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota la transaccional
que se ha acordado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al siguiente punto, que es el séptimo, correspondiente a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, relativa
a la interrumpibilidad del suministro eléctrico. La proposición se vota
en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto octavo, que es la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a la competitividad de las industrias
básicas electro-intensivas. Se vota la enmienda que se ha acordado con el
Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en
contra, 21; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El siguiente punto es el noveno del orden del día, proposición no de ley
de los grupos Socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de
Esquerra Republicana y Mixto, sobre la línea de alta tensión Vic-Bescanó.
Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Tenemos un empate. Si no he contado mal, han sido 17
votos a favor, 17 votos en contra y una abstención. Creo que el
Reglamento dice que hay que volver a proceder a la votación y les
advierto a sus señorías de que si continuase el empate se entendería como
desestimada. (El señor Azpiazu Uriarte: ¿No se eleva a la mayoría?). Creo
recordar que el Reglamento, aunque tendría que mirar el artículo
exactamente, dice eso -y, si no, que el señor letrado me corrija-, en el
caso de empate se repite la votación y si persiste el empate se entiende
rechazada la propuesta si no hay una mayoría que la apruebe. Así que, si
les parece, vamos a volver a votar esta proposición no de ley, que se
vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Parece ser que hemos procedido al desempate. Queda
aprobada.
Pasamos a la penúltima proposición no de ley, la número diez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa al autoconsumo eléctrico. Se vota la transaccional acordada con
el Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la última, la número once, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayudas para
la reindustrialización. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: voto a favor, 36;
abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Antes de levantar la sesión, les recuerdo a sus señorías y a los
portavoces que tenemos ahora una reunión. Asimismo, les ruego disculpen
los errores que haya podido cometer esta Presidencia y les agradezco la
confianza depositada.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.
http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Teléf.: 91 390 60 00
Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado - http://boe.es
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal
