DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 253, de 07/06/2017
cve: DSCD-12-CO-253
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 253
PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL
Sesión núm.12
celebrada el miércoles,
7 de junio de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad
democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales
y legales:
- Del señor Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas,
para informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación
de los partidos políticos. (Número de expediente 212/000834) ... (Página2)
- Del señor Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, para
informar sobre temas relacionados con el régimen y la financiación de los
partidos políticos. (Número de expediente 212/000835) ... (Página14)
- De la señora Arizmendi Gutiérrez, presidenta del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, para informar sobre temas relacionados con
el régimen y la financiación de los partidos políticos. (Número de
expediente 212/000836) ... (Página22)
COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD
DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES
Y LEGALES:
- DEL SEÑOR ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS,
PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 212/000834).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos, señorías. Bienvenidos a esta
nueva sesión de la Comisión.
En primer lugar, querría agradecer la asistencia del señor Ramón María
Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas, a quien,
como es habitual, cederemos la palabra por un espacio aproximado de unos
quince o veinte minutos. Luego intervendrán los portavoces parlamentarios
y finalmente don Ramón tendrá otros quince o veinte minutos
aproximadamente para responder a sus preguntas.
Cuando usted quiera.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García):
Gracias, presidente.
Señorías, les agradezco esta solicitud de comparecencia ante esta Comisión
con el fin de ofrecer las aportaciones que pueda realizar el Tribunal de
Cuentas -que de hecho ya realiza habitualmente en la Comisión Mixta
Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas- en
relación con asuntos tan relevantes como los que constituyen el objeto de
esta Comisión.
Asistimos a una época en la que la preocupación ciudadana por el
funcionamiento de todo lo público es máxima, con un especial interés en
lo relativo a la gestión de los fondos públicos y a lo que, como
consecuencia del mal uso de los mismos, constituye una de las principales
lacras de la sociedad, que es la corrupción. El Tribunal de Cuentas es
plenamente consciente de esta situación y dirige sus esfuerzos al
cumplimiento de su función constitucional, incluida la relativa al
control de los partidos políticos. En este sentido, el tribunal forma
parte del conjunto de órganos de control, con funciones y atribuciones
diferenciadas, pero al mismo tiempo complementarias, que constituyen el
sistema de contrapesos esencial para el funcionamiento de nuestro régimen
democrático. Las propuestas de esta Comisión, si me lo permiten, además
de promover las reformas necesarias en el régimen de los partidos
políticos, resultarán útiles para mejorar nuestro sistema de control.
Antes de entrar a detallar las aportaciones del Tribunal de Cuentas y las
propuestas para la mejora del régimen de fiscalización y de la
financiación de los partidos políticos, es preciso efectuar un breve
repaso a una serie de principios generales que inspiran el ejercicio de
nuestra actuación. En primer lugar, no puedo dejar de citar el criterio
de máxima independencia, tanto del tribunal como de sus miembros, además
de la profesionalidad del personal al servicio de la institución. Unos y
otros ejercen sus funciones y cometidos con el propósito último de la
defensa de los intereses públicos, al margen de cualquier otro
condicionante que pudiera afectar a nuestra labor. Permítanme resaltar la
importancia de contar con un marco jurídico e institucional que protege
esa independencia frente a cualquier injerencia ajena a la citada defensa
del interés público. Lo anterior se refuerza mediante los principios de
transparencia, modernización y buen gobierno que inspiran la actuación
del tribunal, con el fin de cumplir más eficientemente con nuestra misión
y responder a las exigencias de la sociedad.
Entrando ya en el contenido propiamente dicho de las materias sobre las
que versa esta Comisión, es preciso efectuar un breve recorrido sobre
determinadas cuestiones que el tribunal ha venido señalando de manera
reiterada y que en ocasiones han dado lugar a reformas legislativas o a
cambios en los procedimientos de gestión y control de los partidos
políticos. El Tribunal de Cuentas tiene atribuido el control de la
actividad económico-financiera de los partidos políticos desde el año
1987. Al margen de las recomendaciones recogidas en sus informes de
fiscalización sobre las formaciones políticas, cabe traer a colación la
moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y
fiscalización de los partidos políticos, que fue aprobada por el pleno de
la institución el 30 de octubre de 2001. Algunas de las propuestas
contenidas en la moción, así como varias de las recomendaciones que
figuran en informes posteriores, fueron abordadas en la vigente Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los
Partidos Políticos, que ha tenido dos reformas significativas, en 2012 y
en 2015. Entre las cuestiones abordadas en las sucesivas regulaciones
sobre esta materia y sobre las que previamente se había pronunciado el
tribunal, se encuentran las relativas a las donaciones anónimas a los
partidos, las condonaciones de deuda bancaria, la contabilidad electoral,
las obligaciones de presentación de cuentas consolidadas y de
transparencia de la información, la colaboración de terceros o la
regulación adecuada del régimen sancionador.
Es preciso destacar, en relación con muchas de las medidas anteriores, el
significativo avance logrado mediante la aprobación de la Ley Orgánica
3/2015, de 30 de marzo, de Control de la Actividad Económico-Financiera
de los Partidos Políticos. Dicha reforma, aunque es pronto para evaluar
sus resultados, ha recogido una parte muy importante de las
recomendaciones de mejora que reiteradamente efectuaba el Tribunal de
Cuentas. Entre las medidas que fueron adoptadas, se encuentran las
referentes a la prohibición de donaciones procedentes de personas
jurídicas y las condonaciones de deuda, la creación de la figura del
responsable económico-financiero del partido y la mejor regulación del
régimen sancionador, por citar solo las más relevantes.
Sobre muchos de estos asuntos, que en ocasiones limitaban o dificultaban
significativamente el ejercicio de la labor de control, el tribunal se
había manifestado mediante sus recomendaciones. Es cierto que no se han
recogido todas las sugerencias que ha formulado en sus informes el
Tribunal de Cuentas, pero no sería justo afirmar que el legislador ha
hecho oídos sordos a nuestras propuestas de mejora. En la segunda parte
de mi intervención intentaré señalar aquellas cuestiones susceptibles de
reforma, especialmente en lo relativo a las formaciones políticas y a sus
entidades vinculadas, sin perjuicio de que cabría analizar la
conveniencia de abordar otras materias de especial interés, como, entre
otras, la contratación, las subvenciones y la transparencia de la gestión
pública.
Antes de ello, es preciso aclarar que el Tribunal de Cuentas no tiene la
naturaleza de un órgano anticorrupción ni cuenta con las atribuciones ni
los instrumentos necesarios para actuar como tal. El tribunal, como
cualquier institución de control externo, lleva a cabo una labor de
verificación de las cuentas y de la gestión económico-financiera, y
exclusivamente con dicho alcance tiene atribuido el control de los
partidos políticos. Este último campo no es frecuente que corresponda a
las entidades fiscalizadoras en el ámbito internacional, pero también lo
ejercen los tribunales de cuentas de Estados democráticos avanzados, como
los de Finlandia, Israel o Italia, por citar solo alguno de ellos.
El Tribunal de Cuentas puede coadyuvar, y de hecho lo hace regularmente,
en la lucha contra el mal uso de los fondos públicos, la vulneración de
las leyes de financiación de los partidos políticos y toda clase de
irregularidades de la gestión pública. Lo cierto es que el tribunal está
poniendo todo su esfuerzo y voluntad al máximo nivel para incrementar el
control sobre las formaciones políticas y mejorar los resultados de su
fiscalización. Entre las medidas adoptadas para potenciar la
fiscalización de los partidos políticos y sus entidades vinculadas o
dependientes, se ha acordado la transformación de la anterior unidad de
fiscalización de contabilidad de partidos políticos en un departamento,
con el mismo rango y estructura que los demás de fiscalización. Se ha
procedido a dotar de un mayor número de recursos efectivos al nuevo
departamento de partidos políticos, habiendo pasado de dieciséis a
veintinueve funcionarios, más otros seis cedidos temporalmente, y se han
adscrito al mismo todos los técnicos de auditoría de nuevo ingreso. Ello
supone una evolución del anterior modelo basado en la cesión temporal de
funcionarios de otros departamentos. También se ha potenciado la
utilización de medios telemáticos para la remisión de documentación
contable, tanto la relativa a los dos últimos procesos electorales como a
las cuentas anuales del ejercicio 2016, así como para su tratamiento y
explotación posterior. (El señor vicepresidente, Campo Moreno, ocupa la
Presidencia).
Entrando ya en las propuestas de mejora formuladas por el Tribunal de
Cuentas en sus diversos documentos de fiscalización y que pueden resultar
de interés a efectos de una eventual reforma de la normativa reguladora
del régimen y la financiación de los partidos políticos, procederé a
enumerar las más significativas. Lógicamente, todas las recomendaciones
están disponibles en los informes de fiscalización que se comunican a las
Cortes y son de acceso público, por lo que ceñiré mi intervención a
aquellas que presenten una mayor relevancia y no hayan sido adoptadas
aún. Uno de los aspectos que genera una mayor preocupación en función de
los resultados de fiscalización obtenidos es el relativo a la utilización
de las fundaciones y otras entidades vinculadas para la captación de
recursos destinados a las formaciones políticas. A este respecto, los
requisitos y límites legales de las donaciones a tales fundaciones y
entidades son distintos de los que se exigen en el caso de que se
recibieran por las formaciones políticas. Asimismo, el tribunal tiene
limitada su actividad fiscalizadora sobre las fundaciones y entidades
vinculadas o dependientes de los partidos a la regularidad de las
aportaciones que reciben y a los gastos financiados con subvenciones
públicas, lo que restringe el campo de actuación sobre el que se centran
las comprobaciones y se efectúan los cruces de información pertinentes.
Es cierto que no se permite a las fundaciones o entidades vinculadas o
dependientes asumir gastos que corresponden a los partidos políticos, sin
embargo, en la medida en que aquellas pueden hacer aportaciones a estos
últimos, se produce un corte en la secuencia de control, de manera que
por vía indirecta los partidos podrían recibir fondos que no pueden
obtener directamente. En consecuencia, sería recomendable aplicar a las
fundaciones y demás entidades los mismos requisitos y limitaciones
exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones. También
en el ámbito de las fundaciones vinculadas a los partidos se sugiere
definir claramente en la ley orgánica la diferencia entre los conceptos
de aportaciones y donaciones, cuya distinción semántica puede dar lugar a
diferentes interpretaciones. Por lo que se refiere a los partidos
políticos, el tribunal se ha manifestado reiteradamente a favor de
integrar la contabilidad de la actividad de sus grupos institucionales.
Otro aspecto susceptible de mejora que no fue abordado en la última
reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos es
el relativo al sistema de control interno del que deben disponer todos
los partidos políticos, así como la auditoría sobre el mismo que está
prevista en el artículo 15 de la citada ley. Sería conveniente, incluso
en beneficio de la seguridad jurídica de las formaciones políticas, que
se precisara el alcance y contenido de esta documentación que debe
remitirse obligatoriamente al Tribunal de Cuentas y que resulta de gran
utilidad para llevar a cabo una fiscalización más precisa sobre su
actividad. No debemos dejar al margen la necesidad de una regulación
detallada de las nuevas formas de financiación, en especial las
operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos, cuya
fiscalización implica verificar la regularidad de esta financiación
conforme a las condiciones estipuladas para su devolución. Es preciso
tener en cuenta que dichas formas novedosas de financiación deben cumplir
escrupulosamente con los requisitos y los límites de la ley, existiendo
un cierto riesgo por su propia naturaleza de que las mismas se utilicen
para eludir su aplicación. El tribunal, en particular, recomienda que
todas las donaciones privadas que se realicen en periodo electoral se
entiendan efectuadas, en todo caso, para financiar dicho proceso
electoral.
Otra de las cuestiones pendientes de resolver es la completa armonización
entre la ley orgánica de financiación de partidos políticos y la Ley
orgánica del régimen electoral general. Más relevante resulta la
necesidad de medidas para paliar la falta de correspondencia entre el
límite máximo de gastos electorales y el importe de la subvención a
percibir. Así, en determinados procesos electorales, especialmente en las
elecciones locales, el límite máximo de gastos para las formaciones de
reducida implantación puede ser inferior a la subvención que procedería
en caso de obtener representación. En muchas ocasiones, dicho límite
máximo es manifiestamente insuficiente para el desarrollo de la campaña
electoral. Ello se ve agravado por la comisión de una infracción en caso
de superarse los límites máximos de gastos electorales con la
correspondiente sanción, cuya cuantía suele ser desproporcionada según la
gravedad de aquella al operar en su importe mínimo. Adicionalmente, el
tribunal propone considerar la oportunidad de promover el desarrollo
normativo de la legislación, con objeto de especificar en mayor medida
los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales
previstos legalmente. Además, se advierte la necesidad de adecuar los
límites de gastos en publicidad electoral a los nuevos soportes
publicitarios existentes como consecuencia de la introducción de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como
evaluar la eficiencia del envío de sobres y papeletas o de propaganda
electoral.
Todo lo anterior debe ir acompañado de otras medidas de carácter general,
como las que ha demandado el Tribunal de Cuentas, relativas a los medios
coercitivos para exigir la colaboración para el cumplimiento de sus
funciones -fiscalizadora o jurisdiccional- y que también tienen
repercusión en este ámbito. En definitiva, se trata de una enumeración de
temas susceptibles de mejora que redundarían en una actuación más
eficiente de los poderes públicos y los órganos de control, incluido el
Tribunal de Cuentas, así como una mayor confianza de los ciudadanos en
las instituciones y en el funcionamiento de los partidos políticos. Todas
las medidas dirigidas a una mejor regulación y funcionamiento de nuestro
sistema político no pueden más que proporcionar beneficios para la
convivencia y la confianza de la sociedad, tan necesarios en estos
tiempos.
Una última reflexión. El control de los partidos políticos nació
precisamente con ese objetivo, controlar la financiación. Un auténtico y
verdadero control no puede quedar exclusivamente en analizar los medios
financieros sino que tiene, fundamentalmente, que dirigirse a verificar
su aplicación.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias.
Ahora, conforme a lo establecido, tienen la palabra los grupos
parlamentarios con un máximo de cinco minutos, tal como hemos acordado en
la Mesa y Junta de Portavoces.
Creo, si la vista no me falla, que por el Grupo Parlamentario Mixto no hay
nadie. ¿Por el PNV? (Denegación). No va a intervenir, perfecto. ¿Por
Esquerra Republicana? (Denegación). Tampoco. Pues entonces damos
directamente la palabra al señor Cantó, por el Grupo Ciudadanos.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, presidente del Tribunal de Cuentas por estar aquí con
nosotros. De hecho, estoy convencido de que a usted durante estos días le
debe haber pitado el oído en algún momento, porque sin duda el Tribunal
de Cuentas ha sido uno de los protagonistas de las intervenciones de
muchos de los comparecientes que han ido pasando por esta Comisión. De
hecho, una de las propuestas que más hemos escuchado por parte de todos
esos comparecientes tiene que ver con promover la financiación mixta en
los partidos políticos, es decir, con promover más la financiación
privada de alguna manera, porque la diferencia entre lo que recibían de
dinero público y lo que recibían de sus afiliados era notable. Eso quiere
decir que los partidos tendrían que involucrarse más en conseguir que más
ciudadanos colaboren, se afilien a los partidos políticos, es decir, que
haya un acercamiento entre representantes y representados. Sin embargo, a
lo mejor no hemos acabado de entender muy bien cuál sería la fórmula
ideal -desde luego en eso ha habido divergencias- para conseguir una
financiación privada. ¿Cómo cree usted que debería fiscalizarse? ¿Cuáles
creen ustedes que deberían ser las garantías de control y transparencia
necesarias? Porque parece difícil que con la legislación actual se pueda
alcanzar esa paridad que algunos nos decían que era el ideal entre
financiación pública y privada, porque, como usted bien sabe, las
donaciones por parte de personas jurídicas se han prohibido. Es una
medida que, obviamente, también han valorado ellos como beneficiosa para
dificultar, en la manera de lo posible, la existencia de la corrupción,
pero también es fácil de sortear. Muchos de ellos nos hablaban del
problema que se había creado con la existencia de las fundaciones, que sí
que pueden recibir ese tipo de financiación y que, al fin y al cabo,
hacía que no hubiéramos conseguido demasiado con esa medida. Algunos
comparecientes habían solicitado volver a permitir esas donaciones por
parte de personas jurídicas, y eso hace que nos planteemos una pregunta
que me gustaría trasladarle: De qué modo se podría hacer, de qué modo se
podrían legalizar esas donaciones con máximas garantías para la
prevención de esa financiación irregular, que sin duda alguna es una de
las mayores razones que explican la existencia de esta Comisión.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas juega un papel crucial en la
fiscalización, en la prevención de la corrupción, pero también se ha
denunciado aquí en numerosas ocasiones que les faltan medios y facultades
para esta tarea. Muchas veces se han superado los límites de gasto en las
campañas electorales y, además, se sirven de canales paralelos y opacos.
A uno le da la sensación de que todo eso, obviamente, escapa a su
control. Por eso me gustaría saber su opinión al respecto. Se ha
solicitado una ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas
para que tenga capacidad de investigar más allá de la contabilidad
oficial de las formaciones. Se ha advertido de la impunidad que rodea a
los partidos que cometen infracciones en su financiación, porque hemos
visto en la historia reciente que estos delitos prescriben antes de que
ustedes puedan entrar en acción. ¿Qué medidas cree usted que podrían
adoptarse para agilizar los trabajos del Tribunal de Cuentas y para
mejorar, por lo tanto, el control de los partidos? Por último, ¿cree
usted que tienen la suficiente independencia para llevar a cabo su
trabajo de la forma más efectiva posible?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, señor Yllanes, tiene la palabra.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su
comparecencia ante esta Comisión.
No le voy a hacer ninguna pregunta y no se la voy a hacer porque espero
que esta no sea su última visita a esta Comisión. Es más, está previsto
que hablemos en profundidad del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto,
cualquier consideración que hiciera ahora sería probablemente incompleta
desde el momento en que la información que he recibido después de un
cuarto de hora de exposición es, lógicamente, limitada.
Permítame que manifieste algunas perplejidades derivadas de lo que nos ha
transmitido. La primera es la máxima independencia del Tribunal de
Cuentas. No digo que ustedes no estén blindados ante las injerencias de
los partidos políticos. Lo dudo, pero no nos extendamos en esa materia.
Eso sí, en el procedimiento de selección de los integrantes del Tribunal
de Cuentas esa máxima independencia queda bastante en entredicho. Fíjese,
nos han entregado un resumen de las distintas intervenciones que ha
habido en los trabajos de esta subcomisión, y sobre el Tribunal de
Cuentas hasta cinco ponentes han coincido en que hay que modificar el
proceso de selección de sus integrantes, precisamente para ahondar en la
independencia del tribunal. Por lo tanto, qué quiere que le diga; esa
máxima independencia queda en un nivel inferior a lo máximo.
Le he escuchado decir que el Tribunal de Cuentas no es un órgano
anticorrupción y lo lamento, lo lamento enormemente, porque sería
interesante que el Tribunal de Cuentas pudiese adoptar alguna función en
relación con la lucha contra la corrupción. Resulta enormemente
sorprendente que, pese a hacer su trabajo con plena de profesionalidad,
no me cabe la menor duda, no hayan sido capaces de diagnosticar que había
un partido político -que actualmente es el que gobierna- que tenía
ciertos problemas en su financiación. Curiosamente, comparece usted hoy,
el día en que han empezado los trabajos de la Comisión de investigación
sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Por lo tanto, quizás
dentro de ese capítulo de reformas al que usted se ha referido -que, sin
duda, son importantes y que lamentamos que no se hayan practicado hasta
ahora; a lo mejor es necesario en esta legislatura ponernos en marcha
para conseguirlas-, habrá que dotar de alguna manera de capacidad de
funcionar como órgano anticorrupción al Tribunal de Cuentas, ya que es el
encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos. Tengo
entendido que dentro de ese empeño enormemente profesional, a nuestro
partido político se le ha sometido recientemente a una auditoría y creo
que ha sido absolutamente exhaustiva para que no quedase ninguna duda
acerca de la probidad de nuestra financiación.
Otra cuestión que me ha preocupado es que no fiscalizan a las fundaciones
y, dentro de ese tono general de su intervención, ha dicho que a lo mejor
los partidos políticos utilizan las fundaciones para financiarse
ilegalmente. No suena bien utilizar a estas alturas ese tipo de tiempo
verbal -podrían, quizás, puede ser; menos mal que en esa Comisión de
investigación a la que no pertenezco -ya hice mi trabajo acerca de la
corrupción cuando estaba en la Administración de Justicia- saldrán muchos
temas sobre el problema que presentan las fundaciones ligadas a los
partidos políticos.
Por último, lamento que haya tantas reformas pendientes o haya que avanzar
tanto en materia de competencias del Tribunal de Cuentas. Insisto, no
quiero hacerle preguntas acerca del tema que nos trae hoy a esta
Comisión, el régimen y la financiación de los partidos políticos, porque
ya tenemos muchísima información y usted nos dará más al responder las
preguntas que le van a formular los restantes grupos. Espero que la
próxima vez que nos veamos, cuando finalmente hablemos del Tribunal de
Cuentas, pueda aclararme esas perplejidades que me han quedado después de
su intervención.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias, señor Yllanes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Muchísimas gracias, presidente.
Quiero empezar dándole la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas
a esta Comisión. Es verdad que usted está acostumbrado a comparecer en
esta casa, pero en la Comisión mixta, a tal efecto; en cambio ahora, como
le ha recordado el anterior portavoz, el objeto de su comparecencia no es
tanto el análisis de la composición del tribunal, de su elección o de los
informes anuales que remiten a esta Cámara, sino que nos informe desde
una posición privilegiada y de absoluto conocimiento sobre la
financiación de los distintos partidos políticos que existen en este
país, qué podríamos mejorar respecto al régimen y la financiación de los
partidos políticos. En eso va a centrar su intervención el Grupo
Parlamentario Socialista.
Partimos de la base de que la financiación de los partidos políticos, por
la propia función que la Constitución hace recaer en esa institución
democrática, debe ser una financiación suficiente, estable y,
evidentemente, transparente y controlada, porque para eso tiene que
responder al mandato democrático de funcionamiento interno marcado por la
Constitución. Somos partidarios de una financiación mixta, ya lo hemos
dicho en otras comparecencias, pero decantada en la financiación pública.
Pensamos que la financiación pública de los partidos políticos es
absolutamente transparente y conocida, por lo que es mucho más
controlable. En este sentido, nos gustaría que nos hiciese una valoración
sobre su impresión
o la impresión del tribunal, si es positivo que exista esta financiación
mixta público-privada, cuál sería la proporción que aplicarían en el caso
de que pensaran que la mixta es la adecuada o si se decantaría por una
exclusiva. Además, me gustaría que nos comentase aquellos casos más
frecuentes que el tribunal conoce sobre irregularidades que vengan de
esta financiación y si esas irregularidades se concentran más en la
financiación pública o, por el contrario, en la financiación privada.
Es verdad que todos los partidos políticos hacemos la misma reflexión. El
señor Cantó ha hablado de la crisis institucional, la crisis de
representación y lo que eso comporta para la imagen de los partidos
políticos y, por supuesto, es una de las máximas preocupaciones del
Congreso de los Diputados y, desde luego, de esta Comisión, que
precisamente se ha creado a tal efecto, para hacer un análisis y un
diagnóstico claro de qué problemas y debilidades tenemos sobre el
funcionamiento de nuestra democracia y cómo podemos mejorar su calidad.
Esto quiere decir lucha contra la corrupción, pero no solo eso, quiere
decir muchas otras cosas.
Mi grupo parlamentario querría alguna valoración sobre cuestiones que
nosotros pensamos que pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestra
democracia, a mejorar el funcionamiento de las instituciones y sobre todo
a mejorar esa visión que desde la sociedad se pueda tener de esas
instituciones democráticas. En ese sentido, ¿qué le parecería a usted,
cómo valoraría el vincular la financiación de los partidos políticos a la
democracia interna de esos partidos políticos? Estoy pensando, por
ejemplo, en la posibilidad de que algunos partidos introdujeran en su
normal funcionamiento un ejercicio de primarias para elegir a sus órganos
de dirección o la limitación de mandatos o la paridad en las listas
electorales. Por tanto, que la financiación no solo fuese en función de
los resultados sino también introduciendo esta variable de democracia
interna.
En segundo lugar, ¿qué le parece la transparencia de todos los ingresos
públicos y privados, con un desglose pormenorizado de las aportaciones de
donantes, de afiliados y de cargos públicos? Imagino que lo vería
positivamente, pero me gustaría saber qué valoración hace de este aspecto
y cuánto aportaría el hecho de que esto se produjera.
En tercer lugar, nosotros somos partidarios de informar trimestralmente al
Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, también
de los créditos contratados así como de los acuerdos de renegociación de
deudas con las entidades financieras. Nos gustaría saber su opinión al
respecto y también si en estos momentos el Tribunal de Cuentas estaría en
condiciones de poder recibir esta información, de poderla procesar y, por
tanto, de poderla analizar. Si no fuese así, querríamos saber qué
efectivos y qué dotaciones adicionales necesitaría el tribunal. Asimismo,
querríamos saber si le parecería adecuada la siguiente medida: retener
toda la subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido
sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Si le parece una medida drástica o
si, por el contrario, le parece una medida eficaz, eficiente. También
somos partidarios de establecer la obligación para los partidos políticos
de publicar la liquidación de gastos e ingresos electorales teniendo en
cuenta el techo de gasto de cada uno de ellos, ¿sería esto una
información útil para ustedes? ¿Creen que es absolutamente necesaria?
Finalmente, nosotros pensamos que los partidos políticos tendrían que
seguir estrictamente todas las recomendaciones Greco. ¿Cree que en estos
momentos los partidos políticos españoles cumplen con esas
recomendaciones Greco? ¿Qué es lo que no cumplen y, por tanto, qué
recomendaría usted que llevaran a cabo esos partidos políticos?
Respecto al funcionamiento del Tribunal de Cuentas y sin querer entrar en
ello detenidamente, quiero hacer alusión a un par de críticas que se han
ido sucediendo en las distintas comparecencias que ha habido en esta
Comisión. Por un lado, el retraso en los trabajos del tribunal y, por
otro lado, la falta de aplicación de la función sancionadora que tiene el
Tribunal de Cuentas y, por tanto, la posibilidad de explorar más esa
vertiente que el tribunal no ejerce suficientemente. ¿Cuál cree que es el
motivo del retraso de los trabajos del Tribunal de Cuentas? Como ha dicho
usted en su intervención, y yo lo comparto, no se debe a la cualificación
de los funcionarios actuales pues me consta que todos están altamente
cualificados y trabajan todas las horas y más para sacar adelante los
trabajos. ¿Es, por tanto, por falta de medios, por falta de recursos? Nos
gustaría que hiciera una reflexión al respecto.
Voy acabando. ¿Es partidario de asumir funciones de investigación previa o
paralización de actuaciones ilegales por parte del Tribunal de Cuentas?
¿Es partidaria su institución de establecer modificaciones normativas que
permitan el control de fiscalización en tiempo real de los partidos
políticos y, por tanto, de incrementar la capacidad sancionadora del
Tribunal de Cuentas? Díganos si cree que eso es posible, si lo es con los
medios actuales y, si no, qué medios necesitaría. Ha dicho que no puede
controlar el tema de las fundaciones. ¿Cómo controlamos la financiación a
través de las fundaciones? ¿Tiene alguna idea al respecto, cree que hay
algún mecanismo que se puede aplicar para conseguirlo? ¿Cree que no se
dispone de alguna información sobre la financiación de los partidos que
sería necesario recabar para hacer una fiscalización más eficaz? Es
decir, ¿en el análisis de esa fiscalización de los partidos políticos han
detectado ustedes de manera sistemática la falta de algún tipo de
información que sea primordial para determinar si la financiación del
partido político es adecuada o no? ¿Qué datos considera imprescindibles
para poder hablar de una auténtica transparencia? Porque todos sabemos
que un alud de información no es necesariamente más transparencia y a lo
mejor hay datos absolutamente imprescindibles que no se conocen. De sus
palabras deduzco, y me gustaría que me lo confirmara si es así -y con
esto termino-, que usted ampliaría las funciones del Tribunal de Cuentas
para poder verificar su aplicación, la aplicación de aquello que ustedes
determinan y dictan en sus informes. Si es así, ¿qué mecanismos o cómo
articularía esta verificación de la aplicación?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias, señora Batet.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Álvarez de Miranda, a esta Comisión. De usted, que
representa a la institución del Tribunal de Cuentas, alguien que me ha
antecedido en el uso de la palabra decía que le pitaban los oídos. Ha
tenido suerte porque afortunadamente hoy se ha rebajado la crítica que
constantemente hemos oído aquí respecto del Tribunal de Cuentas. Supongo
que tiene mucho que ver con que cuando se dicen las cosas, lógicamente
hay que ser capaces de sostenerlas, no sirve decirlas y que quede ahí el
titular, sino que esas afirmaciones hay que confrontarlas y demostrarlas,
y me da la sensación de que muchas de las que se han hecho
permanentemente aquí eran profundamente injustas. Hoy no se han hecho,
por lo que algo hemos avanzado.
Querría preguntarle sobre la infradotaciòn de medios económicos, que es
una cuestión recurrente; lógicamente, para saber si uno está bien o mal
dotado económicamente o con necesidad de plazas en el tribunal, hay que
comparar. Por tanto, me gustaría que hiciese un sencillo análisis sobre
las dotaciones económicas del Tribunal de Cuentas y también de los OCEX,
que entiendo que también deberían contar. Al final, eso suma un número
importante de funcionarios -si no me equivoco, más de 1500- y un volumen
importante de recursos económicos y, si nos comparamos con otros países
de Europa, me da la sensación de que este país dedica bastante esfuerzo
económico y de personal a lo que es la fiscalización. Al hilo de esto,
quiero hacerle una reflexión en la que me gustaría que profundizara. En
esta Comisión se ha hablado mucho de corrupción y yo siempre he tenido la
sensación de que en la Administración General del Estado -y esto tiene
mucho que ver con los controles y cómo funcionan esos controles- ha
habido muy poca corrupción y que los ámbitos de corrupción son
fundamentalmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Siempre
he tenido la impresión de que esto tiene mucho que ver con los controles,
con la relajación de controles y con legislaciones que algunos, cuando
gobernaron, se empeñaron en imponer a machamartillo y que relajaron
bastante los controles previos, y de ahí los problemas. Si es posible, me
gustaría que hiciera alguna reflexión al respecto.
De manera recurrente se ha debatido en esta Comisión sobre la
independencia, y yo creo que nadie ha debido leer el famoso informe inter
pares, redactado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y la
Cámara de Cuentas portuguesa; es más, tengo la sensación de que nadie lo
ha leído porque ahí queda meridianamente claro qué se piensa sobre la
independencia. Pero como veo que esta cuestión todavía le preocupa a
alguna fuerza política, me gustaría que nos explicara qué otros sistemas
de elección hay para elegir a los miembros del Tribunal de Cuentas.
Porque a mí no me cabe la menor duda de que en el momento en que un
partido político, sea por el mecanismo que sea -da igual-, señale a una
persona como candidato suyo para miembro del Tribunal de Cuentas,
automáticamente ya está politizado y la independencia de ese buen
profesional seguro que se ha perdido. Este es el escenario que se ha
dibujado aquí habitualmente. Por tanto, me gustaría que nos dijera algún
sistema, si se le ocurre, porque quizá no lo haya. O algunos de los que
hacen crítica luego, cuando acceden al poder de otras instituciones, no
tienen ningún empacho en designar por parte de su partido a cualquier
otro miembro.
Otra cuestión que es objeto de debate y respecto a la cual hay opiniones
para todos es si el Tribunal de Cuentas debe ser un órgano
anticorrupción, con las competencias que tiene -porque hay autores que
entienden que podría ser ya un órgano anticorrupción-, y de qué medios,
aparte de los legales,
lógicamente, habría que dotarle, supongo que del carácter de autoridad,
como sucede en la oficina de Estados Unidos. ¿Usted cree que se podrían
incorporar análisis de riesgos de corrupción en los informes con las
competencias que ustedes tienen en estos momentos? ¿Necesitarían una
unidad especializada? ¿Habría que utilizar otro tipo de personal? En
definitiva, se trata de cuestiones que rodean el ámbito de investigación
de la corrupción, que yo entiendo que es distinto de la actividad del
tribunal.
Y créanme que hay algo que me ha sorprendido. Podemos acaba de afirmar a
través de su portavoz que se le había sometido ya a un análisis -entiendo
que por el tribunal, pero a lo mejor no he entendido bien al señor
Yllanes- y que lo había pasado con notable éxito. No sé si es así. (El
señor Yllanes Suárez: Si revisa usted el Diario de Sesiones, verá que no
he dicho nada que se parezca a eso).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Yllanes, no está en el uso
de la palabra, por favor.
El señor YLLANES SUÁREZ: Lo lamento, pero no he dicho nada que se parezca
a lo que ha dicho el señor Suárez.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Yllanes, no está en el uso
de la palabra.
El señor SUÁREZ LAMATA: No me deja acabar la pregunta, señor Yllanes. He
dicho: Si le he entendido bien. Si no le he entendido bien, no le he
entendido bien y pediré disculpas, pero déjeme acabar la pregunta, que
creo que tengo derecho. Cálmese usted, porque en esta Comisión tiende
habitualmente a alterarse, y bastante. (Risas). No ha habido Comisión en
que haya intervenido que usted no me haya cortado.
El señor YLLANES SUÁREZ: Señor presidente, ¿puede decirle al portavoz del
Grupo Popular que se dedique...
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Yllanes, no está en el uso
de la palabra.
Prosiga, por favor, señor Suárez Lamata, e intente centrarse en el tema
objeto de debate.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, a ver si no voy a poder
preguntar sobre la auditoría de partidos políticos o la fiscalización de
partidos políticos, cuando se está hablando de fiscalización de partidos
políticos. Explíqueme usted por qué no puedo preguntar. (La señora Blanco
Garrido: Muy bien).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Suárez, no haga intervenir a
esta Presidencia, que lo suyo es que no hable -la Presidencia-, pero si
me lo pide, repasamos los diarios de sesiones y verá cómo hay un exceso
importante en lo que es el objeto y el cometido y, por tanto, está
provocando la intervención de otro miembro de la Comisión.
Prosiga, por favor. (La señora Blanco Garrido: Encima, provoca él.-La
señora Escudero Berzal: Provocador).
El señor SUÁREZ LAMATA: Señor presidente, ya me lo explicará usted luego
porque realmente no lo entiendo. Me excede mentalmente no saber por qué
no puedo preguntar sobre una determinada auditoría, pero me ciño a lo que
dice el presidente y en el Diario de Sesiones quedará que no puedo
preguntar sobre la fiscalización de Podemos, pero ya lo explicará usted
también.
Señor presidente, querría hablar sobre las fundaciones. Al final, al que
más le sorprende que se puedan financiar los partidos políticos a través
de las fundaciones es al único del cual realmente se ha evidenciado que
ha financiado a un partido político, a Podemos. En esta Comisión hay
algunas cosas que me resultan realmente surrealistas. Y usted dice: No
podemos fiscalizarlo todo. Hombre, me gustaría que aclarase esa
afirmación porque da la sensación, para empezar, de que las fundaciones
representan un volumen muy importante en la financiación de los partidos
políticos, pero si no me falla la memoria -que es posible y ya pido
disculpas de antemano-, se trata de unos 12 millones sobre el volumen
total que mueven los partidos políticos que, si no me falla la memoria,
son 270; el volumen es, cuando menos, menor. Me gustaría que matizara qué
es exactamente lo que no se puede fiscalizar porque los ingresos, que es
lo que debería preocupar a todo el mundo, se fiscalizan, y al final nos
enteramos de que algún
partido político se financia con su fundación y nos enteramos a través del
Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, evidentemente, esto que se acaba de
poner en tela de juicio esta tarde, me resulta sorprendente.
En cuanto al famoso retraso del Tribunal de Cuentas, imputable no sé muy
bien a qué, quiero que hable de reducción de plazos, que explique si se
pueden reducir los plazos y en cuánto se pueden reducir, no sea que, si
el informe se presenta hoy y mañana está la fiscalización hecha, entremos
en temas de inseguridad jurídica y en otros que pueden dar lugar a males
mayores. Porque da la sensación de que este Tribunal de Cuentas -y digo
este- sea una especie de maquinaria muy lenta y cuando lo comparamos con
lo que se hace fuera o con lo que se hace en otros tribunales -yo siempre
digo que en la vida hay que comparar- se ve que no es así, y aquí hay
algún miembro de la Comisión del Tribunal de Cuentas, que sabe lo que se
está trabajando y los informes que se están sacando. Lo que es verdad es
que el volumen de informes del Tribunal de Cuentas ha aumentado en esta
legislatura y en la anterior de forma muy importante. ¿Qué tipo de
auditoría habría que realizar a su juicio respecto a los partidos
políticos en el ámbito que nos estamos moviendo para mejorar la
transparencia y el conocimiento de las cuentas y sobre todo de la
actividad económica de los partidos?
Le quiero hacer una última pregunta. La reforma emprendida en el año 2015
del régimen de financiación de partidos políticos, junto con la reforma
del Código Penal, afectó sobre todo al régimen de infracciones y
sanciones administrativas y penales. Me gustaría que usted, que tiene una
posición privilegiada, explicara, si es posible, si considera
suficientemente disuasorio el ámbito del delito de financiación ilegal de
los partidos políticos tal como ha quedado definido y si, a su juicio,
determinadas sanciones que en estos momentos tienen carácter meramente
administrativo habría que elevarlas a categoría de ilícito penal. Yo ya
sé que todavía es prematuro ver los efectos de la reforma de 2015, pero
me interesaría que me diera su opinión sobre esta última pregunta que le
he hecho.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Concluida la ronda de portavoces, tiene la palabra nuevamente el
compareciente para que por un tiempo máximo de veinte minutos dé cuenta
de cuanto se le ha preguntado.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García):
Será complicado porque son muchas preguntas y yo creo que ustedes han
hecho referencia a todas las cuestiones que podrían valorarse en esta
materia y, por lo tanto, intentaré hacer un resumen de las preguntas que
me han formulado para dar satisfacción a las mismas.
Empiezo por una de las cuestiones que se han planteado en relación con la
independencia, desde la extrañeza ante la expresión que yo he utilizado
de máxima independencia a simplemente la preocupación o pregunta de cómo
puede mejorarse esa independencia. Quiero indicarles que la
independencia, en primer lugar, es una cualidad personal; es decir, la
independencia de los miembros de una institución lo es de cada uno de sus
miembros individualmente y es como puede y debe medirse, pero sí hay una
independencia de carácter objetivo que, primero, se puede valorar y tener
en cuenta al analizar el marco jurídico que regula una actividad y,
segundo, también se puede valorar a través de procedimientos de revisión
como aquel al que el tribunal ha estado sometido en el pasado. Porque
nosotros hemos tenido una revisión muy profunda sobre el ejercicio de
nuestras funciones en el año 2015, realizada por un equipo formado por
dos tribunales de cuentas, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal
de Cuentas portugués, realizada en un periodo de seis meses, con más de
sesenta entrevistas, más de seiscientas encuestas y revisión de los
papeles de trabajo. En el proceso de revisión no existió ningún área de
trabajo que haya quedado excluida del trabajo de los revisores y el
resultado de esa revisión dice cosas importantes, en el sentido de que
por parte de los revisores se considera que el tribunal es una
institución que está consagrada constitucionalmente, que tiene una
cultura corporativa que potencia y garantiza la autonomía intelectual y
técnica de sus auditores, que el tribunal tiene la facultad de planificar
libremente su actividad de control, que tiene la autonomía necesaria para
contratar y gestionar recursos humanos para el desempeño de su misión y
que tiene autonomía legal para garantizar la disponibilidad de los
recursos materiales esenciales.
Los revisores también nos dijeron que existían dudas en la opinión pública
respecto de nuestra independencia y lo pusieron por escrito en el informe
que emitieron. Pero al mismo tiempo dijeron: de todas las pruebas que
hemos realizado, de todas las encuestas que hemos realizado y de todos
los papeles que hemos visto no puede deducirse en ningún caso ningún
quebrantamiento de la independencia de los miembros ni de la institución.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la revisión el pronunciamiento
es absolutamente claro. Desde el punto de vista personal, les puedo decir
que soy funcionario del Tribunal de Cuentas desde hace treinta años, que
dirijo esta institución desde un punto de vista profesional y que tengo
la mejor confianza en los funcionarios que prestan trabajo en el tribunal
y creo que ninguno de ellos se dejaría someter en ningún caso a
principios o condiciones que pusieran en duda su independencia en la
realización del trabajo. En ese sentido he utilizado la expresión 'máxima
independencia', pero también es cierto que todas las cuestiones son
mejorables, es decir que hay posibilidades de mejora en el ámbito de la
independencia de una institución, y en el caso del Tribunal de Cuentas
esas posibilidades de mejora posiblemente puedan ir, desde el punto de
vista de una futura regulación, en la dirección de ampliar los plazos de
ejercicio de la función de miembro del tribunal y, por otra parte,
establecer de manera clara la imposibilidad de reelección en la
institución, precisamente para garantizar esa independencia de forma
absoluta.
Me plantean también qué medidas servirían para agilizar el Tribunal de
Cuentas, y entiendo que me lo están ustedes planteando para agilizar la
labor del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de partidos políticos.
Quiero indicarles que efectivamente la labor de fiscalización de partidos
políticos es una labor que asumen determinados tribunales de cuentas u
oficinas de auditoría a nivel mundial, que no son tantas; no tenemos una
experiencia tan dilatada ni un conocimiento tan profundo de esta materia
en el ámbito internacional, tenemos los casos de Finlandia, Italia e
Israel, que tienen nuestras mismas competencias y que las ejercen -yo
creo- con la misma profesionalidad que lo puede hacer el Tribunal de
Cuentas. Pero hay que tener en cuenta también que a nivel internacional
muchas veces la fiscalización de los partidos políticos se reduce
exclusivamente a la fiscalización de las campañas electorales, es decir
del dinero utilizado electoralmente, mientras que nosotros tenemos una
fiscalización y un procedimiento de revisión en el que estamos incluyendo
la financiación ordinaria; en el ámbito español yo creo que se controla
absolutamente todo: financiación y actividad ordinaria de los partidos,
actividad electoral e incluso, de acuerdo con los criterios utilizados
últimamente, la actividad de los candidatos que operan dentro de los
partidos. Y, por otra parte, los informes que desarrollamos ante esta
Comisión y ante otras comisiones son informes que van creciendo en
exigencias, cosa que me parece muy bien. Es decir, yo me alegro de que
esa exigencia sea cada día mayor; pero, claro, ustedes se tienen que dar
cuenta de que el informe de contabilidad de entidades locales hace diez
años era un informe sencillo de hacer, fácil de hacer porque revisábamos
un conjunto de entidades pequeño, pero en la actualidad fiscalizar el
informe de elecciones locales supone hacer la revisión de 1172
formaciones políticas. Es que no es un informe, son 1172 actividades de
fiscalización, cosa que yo creo que es positiva y además lo estamos
haciendo cada vez más rápidamente e intentaremos hacerlo más rápido
todavía porque hemos apostado decididamente por las tecnologías de la
información. He de decirles que el tribunal, en los últimos informes, ha
recibido toda la información sobre partidos políticos, la correspondiente
a las elecciones generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016, a
través del tramitador de la sede electrónica del Tribunal de Cuentas y
que en la actualidad hemos desarrollado una plataforma de remisión
telemática de las cuentas anuales de las formaciones políticas, que al
mismo tiempo recibirá la información de las entidades de crédito y por
supuesto también de la Dirección General de Política Interior. ¿Eso qué
quiere decir? Pues que todos los trabajos de verificación van a ser
muchísimo más rápidos en su realización. Pero no olvidemos que con estos
informes de fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos
tendremos que hacer comprobaciones en 4672 formaciones políticas. Esto
quiere decir que los niveles de exigencia de la labor de control del
tribunal van creciendo de año en año, y ese crecimiento de año en año,
que nos parece muy positivo y que estamos dispuestos a afrontar con la
mayor de las ilusiones y pretendiendo cumplir con nuestra obligación,
lógicamente nos plantea retos que hacen que en la actualidad acumulemos
ciertos retrasos en la presentación de los informes de contabilidad
ordinaria; porque todos los de elecciones están tramitados.
En relación con los procedimientos sancionadores que se derivan de estos
informes, sí le puedo decir que, derivado de las elecciones locales de
2015, están en trámite de información previa para 49 formaciones
políticas y que se iniciará el procedimiento sancionador correspondiente,
y que está pendiente de iniciación este trámite para 517 formaciones
políticas que se encuentran también aquejadas de determinadas
circunstancias que hacen que se tenga que abrir este trámite de
información previa. Por eso tiene mucha importancia lo que les he dicho
de que por favor revisen ustedes y tengan muy en cuenta que en el ámbito
de los pequeños ayuntamientos, tal como está definida la actual ley, el
incumplimiento de las formaciones políticas pequeñas es generalizado,
incumplen los límites de gasto y al incumplir los límites de gastos hay
que abrir estos trámites. Además, pienso que las sanciones mínimas que se
establecen en
estos casos por incumplimiento son tan elevadas que hacen que ese aspecto
concreto requiera una revisión en profundidad. En las otras dos
elecciones está pendiente de iniciación un trámite de información previa
para una formación política en las elecciones generales de 2016, y en las
del 2015 no hay solicitado por el fiscal ni por el abogado del Estado del
tribunal ninguna petición de apertura de procedimiento sancionador.
Me preguntaban cómo agilizar los trabajos del tribunal. En el ámbito de
incorporación de personal en las últimas oposiciones todas las personas
que ingresan en el tribunal del ámbito fiscalizador de carácter
intermedio van directamente a integrar el departamento de partidos
políticos. Esto quiere decir que se le da la máxima prioridad. En el
Tribunal de Cuentas hay en estos momentos una prioridad máxima de atender
necesidades de personal en el departamento de partidos políticos y en la
regulación de los delegados instructores, y también en determinados
aspectos del sector público territorial. Y todos los demás departamentos
y todas las demás unidades están supeditados a poder cubrir nuestro
crecimiento futuro en estos terrenos. Esperamos ponernos al día lo más
rápidamente posible, y esperamos también, con la utilización de esos
medios electrónicos y telemáticos, poder hacer una labor muchísimo más
completa.
También me preguntan ustedes qué tipo de cuestiones tenemos que cambiar en
la labor que hacemos de auditoría de los partidos políticos. Me parece
importante la expresión que ha utilizado el representante de Podemos, el
señor Llanes, cuando ha dicho que ha sufrido una auditoría exhaustiva; es
la palabra que he recogido: exhaustiva. Bien, es que la labor del
tribunal al fiscalizar los partidos políticos tiende a ser exhaustiva y
además tiende a serlo en todos los partidos. No le quepa a usted la menor
duda de que se hace esta labor en todos los partidos. Por lo tanto, ¿en
qué puede mejorar esa labor? Ustedes saben que muchas veces este tipo de
informes necesitan el cumplimiento de una serie de requisitos que
normalmente en otro tipo de actividad de naturaleza parecida a la nuestra
no ocurre. Nosotros tenemos que dar trámite de audiencia a todas las
personas que participan y, por otra parte, tenemos que tener un
procedimiento interno por el cual los doce miembros del pleno conozcan
cada uno de los informes que se van a aprobar para que cada uno dé su
opinión. Esto lleva a que en el trámite interno prácticamente un mes se
ocupe en la realización de alegación y otro mes en la realización del
trámite de aprobación del pleno. Intentaremos reducir todo el trabajo de
fiscalización y todo el trabajo de auditoria necesario, pero no por
reducir la carga de trabajo que vayamos a hacer sino por introducir en
nuestro procedimiento aquellos elementos que hagan mucho más productivo
el trabajo utilizando, es decir, las tecnologías propias de este tipo de
fiscalizaciones.
Me preguntan por qué el tribunal no es un órgano anticorrupción y además a
algunos les parece mal, incluso hay otros que podrían pensar que sí
podemos cumplir esa función de órgano anticorrupción. Defino órgano
anticorrupción como aquel órgano que está dotado de poderes
extraordinarios destinados a fiscalizar a través de lo que hace la
Fiscalía Anticorrupción, lo que hace la Guardia Civil, lo que hace la
Policía o lo que hace Hacienda, que es intervenir comunicaciones, tener
acceso a los sistemas informáticos; en definitiva, aquellas cuestiones
que necesariamente tienen que ser aprobadas por un juez porque un
tribunal como el nuestro no tiene esa capacidad ni, por otra parte,
podría traspasar nunca aquellas barreras que le habilitarían como órgano
anticorrupción. Porque, sinceramente, si el que presenta cuentas lo hace
con trampas, directamente no salen esas trampas de la revisión de
cuentas. Por eso he hecho mucho hincapié en que quizá el mayor mal de la
legislación sobre financiación de partidos políticos era esa orientación
exclusiva hacia la financiación. Porque nosotros podemos ver los medios
que se declaran para la realización de las campañas, pero la única manera
de intentar encontrar o poder encontrar irregularidades es que viendo la
aplicación que un determinado partido político hace de sus campañas
podamos llegar a la conclusión de que con los medios financieros que ha
declarado es imposible hacer esa cantidad de aplicación. Es decir, que
hay una financiación -podríamos decir- no declarada. Esa es la única
manera para poder llegar a ese tipo de conclusiones con los medios que
tenemos. Lo que es cierto es que ese tipo de trabajo, que es un trabajo
no directamente de auditor sino más cercano a lo que podría ser un
trabajo de inspección y de presencia en ese tipo de procesos, requiere
posiblemente de personal cualificado y de mayor personal dedicado a esas
labores en los tiempos fundamentales de realización de las campañas
electorales.
Me podría extender más en esto pero creo que es más interesante dedicar
tiempo a lo que ustedes me han planteado también sobre si desde el punto
de vista del tribunal consideramos que la financiación privada debería
crecer en relación con la financiación pública o si por otra parte
debería vincularse esta financiación a la democracia interna, primarias,
mandatos o paridad. Creo sinceramente que esto no es
una cuestión propia del Tribunal de Cuentas, no está en nuestro ámbito.
Puedo tener mi opinión particular, como cualquiera, en relación con estos
temas, pero el nivel de financiación privada o el nivel de financiación
pública que debe dedicarse a los partidos políticos es algo que
fundamentalmente les corresponde a ustedes. Ustedes definen el modelo de
financiación, ustedes definen y deben definir qué es lo que se potencia y
por qué. Todo tiene su por qué. Indudablemente, un sistema de mayor
financiación pública tendrá más seguridad en determinadas cosas pero será
más inmovilista en otras. Y un sistema en el que se potencie la
financiación privada puede ser mucho más renovador para potenciar una
participación política pero también tiene riesgos evidentes que creo
están en la mente de todos. La decisión creo que es suya. En todo caso,
sea financiación pública o privada, los medios para verificar y para
identificar esta financiación y las medidas que pueda tener un órgano
como el nuestro para llevar a efecto el control son las que tienen que
estar lo suficientemente claras.
En 2015 el Tribunal de Cuentas experimentó uno de los mayores cambios en
los últimos treinta años, precisamente porque tradicionalmente en el
Tribunal de Cuentas nos quejábamos -y lo hacíamos por escrito en nuestras
mociones dirigidas al Parlamento- de que el Tribunal de Cuentas no tiene
medios para solicitar a terceros que le presten la colaboración que
deberían prestarle. Algo tan sencillo como esto no estaba recogido en la
legislación del tribunal y, sin embargo, sí existía en la legislación
reguladora de la Intervención General de la Administración del Estado, y
creo que muchos de los miembros que pertenecen a la Comisión mixta me
habrán oído hablar de esta diferencia de trato que no tenía justificación
alguna. La reforma de 2015 pone fin a ese principio y nos da plena
capacidad de actuación al Tribunal de Cuentas para pedir la información a
terceros. ¿Dónde puede mejorar nuestra labor? En que en lo que a esta
información de terceros se refiere esté lo suficientemente bien
articulada su contestación y previstos sus incumplimientos. Creo que en
un caso como es la financiación de partidos políticos es fundamental que
los proveedores estén perfectamente sujetos a control. Por una parte, ya
lo están a través de la Junta Electoral Central, pero también a través
del tribunal, que reiteradamente señala en sus informes a aquellos
proveedores que no nos están contestando, que no nos dan la información
relativa a qué participación han tenido en la campaña electoral. Creo que
este es uno de los puntos que queda pendiente por reformar y que se puede
ir mejorando en ese terreno.
Me preguntan también -y perdonen, porque tengo muchas preguntas- sobre la
dotación de medios del tribunal. Creo que esta es una cuestión
importante. El Tribunal de Cuentas tiene en la actualidad 750
funcionarios. Es cierto que los órganos de control externo tienen en
total 1500, como ha dicho muy bien el señor Suárez. El presupuesto de
nuestra institución está por debajo de los que pueden tener instituciones
parecidas a la nuestra, pero indudablemente creo que los problemas que
puedan derivarse del crecimiento futuro del tribunal no se solucionan
teniendo de pronto mucho más presupuesto, porque una institución no se
cambia de la noche a la mañana fácilmente. Para crecer necesitamos tener
más espacio, más profesionales, y los profesionales no se improvisan. Los
grandes problemas que tenemos en relación con la captación de
profesionales es que muchas veces traemos profesionales de otros ámbitos
de la Administración pública y esos profesionales a lo mejor no tienen el
mismo nivel o el nivel requerido para poder realizar su labor. En la
mayor parte de los casos sí lo tienen y además lo cumplen y creo que
representan un activo importantísimo para el tribunal. En estos momentos
el 50% de los profesionales que trabajan en el tribunal proceden de
cuerpos de la Administración y el otro 50% procede de cuerpos propios del
tribunal. El tribunal está haciendo oferta pública de empleo todos los
años; estamos haciendo oferta pública de empleo de carácter creciente y
verdaderamente hemos llevado a efecto un procedimiento de captación de
personal que acabará dando sus frutos. Yo les aseguro que finalmente el
trabajo del tribunal recuperará el retraso y se pondrá al día, y por lo
tanto ustedes no tendrán esa sensación que tienen en la actualidad. Pero
quiero advertir sobre una cuestión: no es cierto que se hayan producido
prescripciones en relación con los retrasos del tribunal. No es cierto
por la sencilla razón de que la legislación originaria del régimen
sancionador estaba mal hecha desde el comienzo porque al carecer de la
verdadera y necesaria definición de lo que tiene que contener ese tipo de
legislación los asuntos se encontraba prescritos antes de rendirse las
cuentas, porque eran aplicables los seis meses del ámbito administrativo
que son precisamente los seis meses derivados de la rendición de cuentas.
Me piden también ustedes que aclare el tema de las fundaciones. El régimen
de fundaciones establece lo mismo que para partidos políticos con unos
requisitos muy bien establecidos para la financiación. Lo que pedimos es
que efectivamente la regulación del régimen de control de las fundaciones
se aplique también en la aplicación de esos medios financieros. Por otra
parte, existe la diferencia respecto a la posibilidad de obtención de ese
tipo de donaciones. Yo he advertido que la nueva ley cierra la
posibilidad
de que un tercero se haga cargo de los gastos de un partido político, ahí
quedaría cerrada esa posibilidad. Pero para garantizar de manera clara
que no existe esa posibilidad entiendo que las fundaciones deberían estar
sometidas también a los mismos límites.
Me han planteado qué tipo de auditoría debería realizarse a los partidos
políticos. La auditoría que se tiene que realizar a los partidos
políticos es la de la verificación de sus estados financieros con la
documentación soporte, con la verificación de que los proveedores
verdaderamente coinciden con los que el partido declara. Sin necesidad de
llegar a elementos extraordinarios, quizá el medio más importante de
verificación de que esos proveedores están bien controlados sería
disponer por parte de la Agencia Tributaria del volumen anual de
operaciones declaradas tanto por los proveedores que contratan con
partidos políticos como de los partidos políticos que establecen estas
peticiones con proveedores. La posibilidad de hacer ese cruce de
información nos podría hacer ver si existe algún tipo de disfunción en
esa materia.
No me extiendo más porque me he pasado del tiempo máximo. Creo que podría
seguir hablando sobre esta materia y estaría encantadísimo de volver,
como se me ha solicitado, no tendría ningún problema en volver a esta
Comisión las veces que ustedes quieran si con ello pudiera darles
efectivamente la seguridad de que en el ámbito de la rendición de cuentas
vamos por el camino correcto.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señor Álvarez de
Miranda. Damos por concluida su comparecencia. (Pausa.-El señor
presidente ocupa la Presidencia).
- DEL SEÑOR GRANADOS PÉREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, PARA
INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 212/000835).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar con las comparecencias de
hoy. En segundo lugar, celebramos, como ya saben ustedes, la
comparecencia de don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta
Electoral Central, a quien agradecemos su amabilidad por estar aquí hoy
con nosotros, y por adelantado le agradezco también sus aportaciones,. Le
informo de que, como es habitual en esta Comisión, tendrá un primer turno
de palabra de aproximadamente quince o veinte minutos, después del cual
intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios. Después de esas
intervenciones, podrá usted cerrar con otro turno de palabra de otros
quince o veinte minutos, aproximadamente. Sin más, le cedo la palabra.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Granados Pérez): Muchas
gracias, señor presidente.
Es un honor comparecer ante sus señorías como presidente de la Junta
Electoral Central para aportar algunas reflexiones sobre el régimen y
financiación de los partidos políticos. Es un doble honor cuando se está
hablando de calidad democrática, de mejorar el funcionamiento de los
partidos políticos y de la lucha contra la corrupción. (El señor
vicepresidente, Campo Moreno, ocupa la Presidencia).
Quisiera empezar mi intervención con un sentido recuerdo a don Pablo
Santolaya Machetti, catedrático de Derecho Constitucional y excelente
vocal de la Junta Electoral Central, fallecido hace un año y medio, quien
definía la Administración electoral como el organismo encargado de
garantizar el cumplimiento de las normas de un proceso electoral libre y
justo, en el que se observan las reglas de juego preestablecidas en la
ley y en el que ninguno de los contendientes obtenga ventajas
institucionales que le sitúen en una mejor posición con relación a los
demás. Tiene como finalidad, en los términos del artículo 8.1 de la
Loreg, garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y
del principio de igualdad.
Respecto al control de la financiación de los partidos políticos, en la
sesión del pasado 4 de mayo compareció don Fernando Jiménez Sánchez,
profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la
Universidad de Murcia, quien expuso la necesidad de mejorar el órgano
supervisor de la financiación de los partidos políticos, y tras reconocer
el esfuerzo que venía haciendo el Tribunal de Cuentas, señaló que se
echaba de menos una mayor agilidad en la fiscalización de las finanzas de
los partidos y se planteó la posibilidad de cambiar el órgano supervisor,
señalando como modelo la Comisión electoral británica, que se integra con
representantes de los partidos pero también con una autoridad muy
independiente. Y ante la pregunta del señor Rallo de si estaba pensando
en la Junta Electoral Central hoy existente o en otro organismo
alternativo, el señor Jiménez Sánchez respondió que sería interesante
plantearse que lo fuera la Junta Electoral Central, por una razón: que
entre 2011 y 2012 se elaboró un
estudio en España que se hizo simultáneamente en veinticinco países
europeos sobre el Sistema Nacional de Integridad, que se llama
Transparencia Internacional. Es decir, cuáles son los pilares del control
de la corrupción en los distintos países analizados. Añadió que uno de
los pilares que se estudian es la junta electoral, que en el caso español
era el pilar más sólido en nuestro templo del Sistema Nacional de
Integridad, es decir, es el órgano que se veía con más capacidad de
independencia y con más capacidad de actuación en la lucha contra la
corrupción. Por tanto, no le pareció que la Junta Electoral Central fuese
un mal candidato, pero eso exige un cierto estudio. Son de agradecer las
amables palabras del profesor Jiménez Sánchez, pero no debe olvidarse que
la Comisión Electoral del Reino Unido tiene tan amplias competencias con
relación a la financiación de los partidos políticos y respecto a los
procesos electorales que cubre las que en España están atribuidas a tres
instituciones: Tribunal de Cuentas, Junta Electoral Central y Ministerio
del Interior.
Hay que ser realista, las juntas electorales carecen de medios para asumir
mayores atribuciones en estas materias. En España, aunque el examen de la
contabilidad y de los gastos electorales corresponde al Tribunal de
Cuentas, este solo lo lleva a cabo cien días después de la celebración de
la votación, que es cuando tienen que presentar su contabilidad las
formaciones electorales, como disponen los artículos 133 y 134 de la
Loreg. Hasta entonces, compete a la Junta Electoral Central y a las
juntas provinciales velar por el cumplimiento de la normativa relativa a
la financiación electoral y controlar la contabilidad de las formaciones
electorales. Les corresponde aceptar los administradores electorales que
deban designar los partidos, así como las cuentas que deben abrir para la
recaudación de fondos; pueden recabar información de los administradores
electorales o de las entidades bancarias y de su actuación deben informar
al Tribunal de Cuentas de la actividad fiscalizadora, artículo 132 de la
Loreg.
Estas previsiones legales resultan poco coherentes con la configuración
que el legislador ha hecho de la Administración electoral. Las juntas
electorales provinciales no tienen carácter permanente; se constituyen
para cada proceso electoral y en ese momento se incorpora a las mismas un
personal escaso que debe atender a las múltiples operaciones electorales
que les son encomendadas. Por otra parte, los miembros de la Junta
Electoral Central, aun cuando esta sea una institución de carácter
permanente, no tienen dedicación plena a esa actividad, sino que deben
compatibilizarla con sus funciones judiciales o académicas. Su personal,
asignado por las Cortes Generales, tiene un carácter muy reducido, como
puede verificarse de la plantilla asignada a la misma. Por ello, resulta
imposible que con esa configuración y esos medios las juntas electorales,
además del desempeño del resto de funciones en materia electoral, puedan
llevar a cabo un control sistemático y riguroso del cumplimiento de la
normativa relativa a la financiación electoral por todas las formaciones
que se presentan a las elecciones. Esto es sencillamente inviable, y en
la práctica se tienen que limitar a verificar los nombramientos de
administradores electorales, a la apertura de las cuentas para la
recaudación de fondos y a resolver las escasas denuncias que se formulan
en estas materias. Además, resulta paradójico que se asigne esta
competencia a las juntas electorales cuando quien después debe llevar la
fiscalización de la contabilidad y los gastos electorales es el Tribunal
de Cuentas, institución de relevancia constitucional con amplios medios y
recursos. No solo tiene escaso sentido esa separación de funciones, sino
que además la lógica lleva a que quien tiene que fiscalizar íntegramente
todos los gastos de las formaciones políticas, incluidos los electorales,
sea la institución con más medios para ello.
Podría plantearse, en aras de una mayor clarificación, la atribución al
Tribunal de Cuentas de todas las funciones que la Ley electoral confiere
a las juntas electorales en materia de financiación y gastos electorales,
incluida la potestad administrativa sancionadora por los incumplimientos
de la legislación electoral en materia de contabilidad. Con ello también
se acabaría con una situación extraña, como es que, tras llevar a cabo el
Tribunal de Cuentas la fiscalización de una formación electoral, tenga
que remitir a la Junta Electoral Central los expedientes por
incumplimiento de algún precepto formal previsto en la Loreg para que sea
esta la que tenga que abrir el expediente sancionador. Lo más coherente
sería unificar todo el control y fiscalización de la contabilidad de los
partidos políticos en el Tribunal de Cuentas, incluyendo ahí la
financiación electoral.
Con relación al régimen de los partidos políticos, el principal problema
que se le ha planteado a la Junta Electoral Central ha sido el de
determinar la representación a efectos electorales de aquellas
formaciones políticas sometidas a conflictos internos. Los representantes
y administradores electorales deben ser designados por quien aparece como
representante de una formación política en el Registro de partidos
políticos. En caso de conflicto en una fuerza política, lo común es que
consten en dicho registro inscripciones contradictorias en las que
diferentes personas se arrogan la representación de esa
formación. Debe tenerse en cuenta que las atribuciones del Ministerio del
Interior en la llevanza de este registro son muy limitadas, de manera que
en estos casos, aun cuando advierten que se trata de dataciones
contradictorias, deben inscribirlas, incluyendo en todo caso una breve
anotación con la expresión disensión.
La resolución de ese conflicto en la actualidad solo puede hacerla la
jurisdicción civil, si bien no es infrecuente que las diferentes
facciones enfrentadas acudan a juzgados civiles distintos. Esto conduce a
la existencia de diferentes procesos civiles que en lugares distintos
adopten resoluciones sobre el mismo asunto que pueden ser diferentes y
contradictorias. El dilema que se plantea a la Administración electoral
en el momento en el que se aprueba una convocatoria electoral es el de
determinar cuál de aquellos que pugnan por la representación de una
fuerza política debe ser aceptada como tal. Debe tenerse en cuenta que la
junta electoral debe resolver estos asuntos de forma inmediata, dados los
plazos fugaces y preclusivos propios del procedimiento electoral.
Para resolver este problema podrían arbitrarse las siguientes medidas:
atribución de mayores competencias a la Dirección General de Política
Interior para decidir sobre las inscripciones en el Registro de partidos
políticos en estos supuestos, previa tramitación de un procedimiento
administrativo contradictorio con audiencia de las partes implicadas. En
segundo lugar, asignación a la Junta Electoral Central o a alguna otra
autoridad administrativa neutral de la potestad de resolver los recursos
que contra la decisión de la Dirección General de Política Interior
pudieran interponer los afectados. En tercer lugar, las decisiones de la
Junta Electoral Central serían susceptibles de recurso ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que podría unificar la
doctrina relativa a esta materia. Estas medidas podrían solucionar de
forma rápida y unificada los problemas que se plantean en esta materia,
evitando la existencia de resoluciones judiciales contradictorias y
atribuyendo la decisión final a la jurisdicción
contencioso-administrativa, puesto que en la mayor parte de los casos los
problemas que se dilucidan son de derecho constitucional, muy distintos
de los que aquejan a las asociaciones civiles.
Mencionaré otras observaciones a propósito de una posible reforma de la
Loreg. En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General, en 1985, los principales problemas
afrontados han sido la depuración del censo electoral para eliminar las
duplicidades, la regulación del voto por correo para evitar el fraude
detectado especialmente en las elecciones locales de 1991 con el emitido
en España y el tratamiento del voto de los electores residentes en el
extranjero o ausentes transitoriamente de España. La Loreg se ha
reformado para hacer frente a estos problemas. Así, hoy no se discute la
fiabilidad del censo y no se han vuelto a producir problemas de fraude
como los que dieron lugar a la reforma relativa al voto por correo
ordinario.
Por lo que se refiere al voto de los electores residentes en el extranjero
o transitoriamente ausentes de España, la Junta Electoral Central ha
puesto de relieve los inconvenientes que ha traído consigo la reforma del
año 2011 y ha sugerido en un informe de diciembre del año 2016 posibles
líneas de actuación para superarlos, incluido el uso de un procedimiento
telemático para el voto de los electores españoles residentes en el
extranjero.
Por otra parte, el régimen sancionador que debe aplicar la Administración
electoral es deficiente porque descansa en una fórmula general que
considera infracción administrativa toda vulneración de las normas
obligatorias de la Loreg que no constituya delito, fórmula que plantea
problemas desde el punto de vista del principio de legalidad. También en
materia sancionadora es llamativo el desequilibrio existente entre las
multas que debe imponer la Junta Electoral Central en el caso de
incumplimiento de las normas sobre encuestas electorales y en los demás
supuestos. El mínimo en el primer caso es de 3000 euros, que es
justamente el máximo que se puede imponer por cualquier otra infracción.
La experiencia ha demostrado que la primera cifra es excesiva y que el
segundo puede ser insuficiente.
Quedo a disposición de sus señorías para las preguntas que quieran
hacerme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Granados.
Damos paso a la intervención de los distintos portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias por su primera intervención. Una de las principales
demandas que escuchamos en la calle los partidos políticos tiene que ver
con la necesidad de democratizar los partidos. El artículo 6 dice que la
estructura interna y el funcionamiento de los partidos deberá ser
democrática. En esta línea, algunos de los comparecientes que han pasado
por aquí han recomendado a esta Comisión cierta
regulación de las primarias para la designación de los candidatos y los
cargos orgánicos en los partidos. ¿Cómo cree que podría regularse ese
régimen de primarias? Las primarias en cualquiera de los casos, puesto
que ya existen, llegarían a ser una especie de primer escalón en esa sana
competición electoral, razón por la cual algunas de las personas que han
venido aquí han sugerido la posibilidad de destinar una subvención
pública para que se lleven a cabo las mismas. Me gustaría conocer su
opinión al respecto, si habría que establecer un límite de gasto, qué le
parece la medida, etcétera.
Otro aspecto que ha sido objeto de debate a lo largo de esta Comisión lo
constituyen las subvenciones públicas que reciben los partidos políticos
durante el periodo electoral. ¿Considera adecuado el reparto de la
financiación que existe actualmente? ¿Cree que sería conveniente, como se
ha planteado también en esta Comisión, que hubiera un adelanto de un 30 o
de un 40% -creo recordar que son cifras que ha manejado alguno de los
comparecientes- de estos recursos que se destinan a los partidos
políticos? También había quien decía que esta medida evitaría el exceso
de endeudamiento que afecta a los partidos y quisiera conocer su opinión
al respecto. Otros expertos, sin embargo, dicen lo contrario. Dicen algo
distinto: que el adelanto de esas subvenciones terminaría perjudicando la
capacidad de competir de los partidos pequeños y de las formaciones
nuevas. ¿Cómo cree, en definitiva, que podría compensarse de alguna
manera esa desigualdad obvia que existe en la competición partidista?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantò.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra el señor Yllanes.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señora presidente.
Gracias, señor Granados. Permítame que públicamente le exprese mi absoluta
admiración. Si he mejorado algo en mi profesión habitual ha sido leyendo
sus resoluciones. He tenido la oportunidad de compartir muchos ratos de
reflexión jurídica con usted, por lo que siempre es un placer coincidir
de nuevo aquí y le doy la bienvenida a esta Comisión.
Me ha parecido enormemente interesante su exposición y solo quería
preguntarle, porque es una competencia específica de la Junta Electoral
Central, por el siguiente tema. Algunos ponentes que han acudido a la
Comisión han hablado de profundizar en el equilibrio entre los partidos a
la hora del acceso a los medios de comunicación en las campañas
electorales. Es un tema muy importante porque, aunque no estemos hablando
específicamente de régimen ni estemos hablando específicamente de
financiación, no deja de ser una especie de extrafinanciación no
valorable económicamente y sin duda tiene importancia a la hora de
conseguir resultados electorales, teniendo en cuenta que el ponente que
hablaba de este tema consideraba que de alguna forma existían
desequilibrios. Concretamente, se refería a los debates televisados, pero
se puede extender al resto de información televisiva durante las campañas
electorales. Si pudiese, me gustaría que ahondase en la reflexión que ha
hecho sobre este tema y le doy las gracias por la respuesta que
posteriormente va a dar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yllanes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Granados. Agradezco su presencia y toda la sabiduría que
ha proyectado y que sabrá proyectar en la respuesta que dé a nuestras
preguntas.
Su papel, desde el punto de vista de la posición que ocupa como presidente
de la Junta Electoral Central, parece verse un tanto reducido en relación
con el objeto global que se plantea en esta Comisión, que tiene que ver
más con la democratización interna de los partidos políticos como
elemento de calidad y con la financiación, dos elementos esenciales para
conseguir lo que implícitamente la Constitución española persigue cuando
en su artículo 6 se refiere a la necesidad de la democracia interna de
los partidos políticos, que no es otra cosa que conseguir, en respeto de
los valores constitucionales y muy en especial del pluralismo, que
realmente no exista esa oligarquización que se produce, bien desde los
liderazgos políticos o bien desde la burocracia interna de los partidos,
para ahormar de tal forma la competición política que finalmente no sea
democrática. Esto es lo que perseguimos cuando hablamos de calidad
democrática en este ámbito. Quiero subrayarlo porque no creo que hablemos
solo de perseguir la
corrupción, sino de cosas que están interconectadas y que son
inescindibles entre sí. Tenemos que combatir la oligarquización de los
partidos y hacer realidad el mandato constitucional del artículo 6 sobre
la democracia interna, tanto en su estructura como en su funcionamiento.
En este sentido, es paradójico que sea precisamente aquí, donde también
representamos de un modo u otro a los partidos políticos, ya que somos
grupos parlamentarios que nos organizamos en dependencia de los partidos
políticos. Como todos sabemos, la tendencia en la práctica, dado que se
trabaja en la competición en la lucha por el poder, como decía el
profesor Pérez-Serrano, es que los partidos se encuentren mucho más
cómodos en el claroscuro jurídico. Desde este punto de vista, como
jurista le quiero preguntar si no considera mucho más pertinente que toda
la legislación relativa a los partidos políticos forme un corpus único,
es decir, que haya una única ley que regule de manera completa, plena,
rigurosa y sistemática, siguiendo la inspiración de Alemania, que tiene
este tipo de legislación, para así contemplar en su compleja
interrelación todos los elementos que hacen posible mantener
adecuadamente ese control. Digo esto porque la evolución que habido en
nuestro país de la legislación en materia de partidos políticos -son tres
grandes líneas fundamentales: la Ley de Partidos Políticos propiamente
dicha, la Ley de Financiación, con sus diversas modificaciones, y lo que
se contempla en la legislación electoral en relación con la financiación-
hace que haya una dispersión y que en definitiva, pese a que hemos
mejorado bastante con las últimas reformas, no se consigan los objetivos
que se persiguen.
Tengo una cierta sensación paradójica cuando vengo a esta Comisión y oigo
las diferentes intervenciones no solo de los comparecientes sino también
de los diputados y las diputadas, y es la siguiente. Se anuncian aquí
elementos de control que ya están en la ley de un modo u otro, se ha
avanzado mucho en piezas concretas que se van poniendo en los diferentes
momentos legislativos precisamente contemplando la disonancia que hay con
la realidad y, a pesar de todo eso, seguimos con los mismos problemas, no
somos eficaces, no lo conseguimos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Es ahí
donde creo que debemos incidir. ¿Acaso es necesario cambiar el modelo?
Algunos expertos lo plantean así, a lo mejor ha llegado el momento
preciso de cambiar el modelo. Ahora bien, si el modelo no hay que
cambiarlo y podemos seguir con un modelo de financiación pública, un
modelo de financiación privada mixto con algunas prohibiciones, como ya
tenemos en la legislación, más una regulación de la democracia interna de
los partidos políticos, no desarrollada pero sí apuntada en la ley, a lo
mejor lo que habría que hacer sería plantear propuestas mucho más
concretas y específicas a la luz de los problemas que estamos viendo, y
puesto que no se resuelven las cuestiones que nos preocupan, hacer esas
propuestas concretas sin más, ¿qué hay que cambiar? Y si es necesario
cambiar el modelo, pensemos en el cambio de modelo. Engarzo esto con la
referencia que usted ha hecho del profesor de la universidad de Murcia,
que planteaba ni más ni menos que la posibilidad de que se pudiera
encargar de la fiscalización -no lo dijo explícitamente pero, como usted
ha indicado, implícitamente llevaba a pensarlo, y por eso lo preguntaba
el diputado Rallo- la Junta Electoral Central. Se ha hablado aquí también
de otro sistema, del sistema inglés, pero yo quiero plantear la
posibilidad del sistema alemán, un sistema distinto donde no es
precisamente un tribunal de cuentas el que se encarga de esa
fiscalización, sino que es una fiscalización diferente donde se da un
protagonismo especial al órgano parlamentario, cosa que aquí no sucede.
Aquí los mecanismos de control parlamentario de la financiación de los
partidos políticos prácticamente no existen al margen de dar cuenta en la
correspondiente Comisión de la información pertinente y de celebrar los
correspondientes debates.
Una vez hecho este planteamiento general, yo quisiera formularle a usted
algunas preguntas saliéndome un poco de lo que ha planteado en relación
con la Junta Electoral Central, porque es evidente que comparto
plenamente lo que usted ha dicho en relación con los problemas que
plantea la representación, así como esa propuesta que ha hecho para
resolver el problema con la atribución de mayores competencias a la Junta
Electoral Central y la previsión de un recurso
contencioso-administrativo, lo comparto plenamente.
Otra cosa es la depuración del censo electoral. Ha dicho usted cosas muy
interesantes en relación con el voto de los ausentes coyunturalmente o de
los residentes extranjeros y ha hecho una referencia al informe de la
Junta Electoral Central, que nosotros conocemos y apreciamos, y que va a
ser objeto de una consideración muy especial en otra subcomisión que se
ha creado aquí, que es la subcomisión para la reforma electoral, que ya
está creada en el seno de la Comisión Constitucional y que va empezar a
funcionar próximamente. Por tanto, ese será el momento de tratar estas
cuestiones con mayor intensidad. Para eso evidentemente estoy seguro de
que contaremos con su apoyo y con su disposición para ilustrarnos sobre
ese tema. Sin embargo, dado su conocimiento de la materia y su
experiencia dilatada en
tantos ámbitos, ahora me interesa más preguntarle por cuestiones que
tienen que ver con la calidad democrática de los partidos políticos en
relación con la dimensión interna, la democracia interna de los partidos
políticos. Concretamente, ¿qué piensa usted acerca del establecimiento de
determinadas incompatibilidades orgánicas limitando la acumulación de
cargos y favoreciendo la participación de los afiliados y la renovación
de aquellos? Asimismo, me gustaría saber qué piensa usted, por ejemplo,
sobre la limitación del número de mandatos, al menos de determinados
cargos, como tesoreros y miembros de órganos de control que, como vemos,
está también relacionado con la financiación, favoreciendo la renovación
y, singularmente, contribuyendo a contrapesar el poder de una minoría
dirigente y de la burocracia interna; la participación de los afiliados
en la elaboración de resoluciones y programas electorales, así como en
las candidaturas; la obligación de regulación de los derechos de plantear
enmiendas y de la formulación de discrepancias no solamente en los
ámbitos reducidos en los que ahora lo pueden hacer; sobre la regulación
del derecho de acceso a la información, documentos y recursos de
partidos, más allá de los limitados aspectos a los que se refiere la ley
vigente; la posible introducción del sistema de primarias internas para
la elección de determinados cargos; la introducción de listas con
representación para minorías para dar cauce participativo a las posibles
corrientes internas de opinión; la obligación de celebrar congresos
periódicos; la introducción del voto secreto para determinados asuntos
especialmente importantes, como por ejemplo la gestión de la directiva, y
también para la elección de órganos ejecutivos delegados al Congreso,
miembros de órganos de control, etcétera. Por otro lado, a efectos de
mayor democratización interna, podrían cooperar también otros elementos
que, aunque sean externos y propios de otros ámbitos de desarrollo
normativo -que en este caso es la legislación electoral- están
vinculados. Así, por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas hacen
posible e incentivan el control de la burocracia o de la línea dirigente
del partido -si le queremos decir así-, uno de los aspectos más
importantes para evitar la oligarquización.
Estos son temas en los que podría extenderme más, pero no hay tiempo para
ello. Me gustaría que usted nos diera su opinión al respecto desde la
consideración de que la calidad democrática que todos perseguimos
solamente se puede conseguir actuando sobre un esquema de conjunto que
vincule directamente la democratización con financiación y control
adecuado de esa financiación.
Me interesa recuperar una cuestión que se ha planteado anteriormente y que
me parece especialmente importante, y es el hecho de vincular la
democratización interna con los elementos de financiación. Es decir, si
la calidad que obtenga la participación interna con arreglo a diferentes
criterios -celebración de primarias, listas paritarias, etcétera-, todo
eso debería ser contemplado o no para poder incrementar la financiación
para el funcionamiento de la actividad de los partidos políticos toda vez
que el desarrollo de esas actividades evidentemente genera un mayor
gasto. Sería además una manera de incentivar también la democratización
interna. Por otro lado, no se me escapa la idea de que si vamos a una
regulación de mayor control -aunque no sea asfixiante- de los partidos
políticos y se regula todo en un mismo corpus normativo, desde luego si
ahí se regulan con detalle todos los elementos internos de
democratización y no de la manera que ahora se hace, con vaguedades que
luego quedan fundamentalmente en manos de los partidos y de sus estatutos
internos desarrollarlas o no, el panorama sería diferente, porque ya se
habría conseguido tal grado de democratización interna que no sería
necesario vincularlo a esos elementos de mayor financiación.
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, tiene que ir terminando, por favor.
El señor CÁMARA VILLAR: Pues termino ya, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor De Olano, tiene la palabra.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente.
Señor Granados, en nombre de mi grupo parlamentario, me sumo a agradecerle
su presencia en esta Cámara así como las interesantes aportaciones que ha
hecho. Dada su amplia experiencia, seguro que las aportaciones ya
realizadas y las que pueda hacer en el alegato final serán de gran
utilidad para que el resultado de esta Comisión, el dictamen, sea
positivo.
Comparto con el señor Cámara algunas de sus reflexiones, porque es verdad
que a lo largo de las veintidós comparecencias -incluyendo la suya- y
escuchando a algunos de los portavoces de los
distintos grupos diera la impresión de que aquí no se había hecho nada en
cuanto a la financiación de partidos políticos, y nada más lejos de la
realidad. En este sentido, me gustaría que usted valorara la Ley orgánica
de control de actividad económica de los partidos políticos que se aprobó
en el año 2015, me gustaría conocer su valoración. Estoy seguro de que es
susceptible de mejoras, y algunas ideas ya se han ido aportando, pero sin
duda alguna -al menos es mi opinión personal- creo que ha sido un salto
cualitativo muy importante. En este mismo sentido quiero destacar que
durante la X Legislatura se aprobaron muchas leyes, se modificaron el
Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y especialmente la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno, todas ellas en línea con las recomendaciones
de muchos expertos. Creo que esto nos ha dotado de un armazón democrático
institucional más sólido que el que teníamos. Insisto, creo que es
importante y me gustaría que usted lo valorara.
También me gustaría que valorara -en esto coincido con el señor Cámara- la
posibilidad de armonizar toda la legislación referida a partidos
políticos, no tanto la elaboración de un texto refundido, sino de un
texto que dotara de coherencia a las distintas normas jurídicas que
afectan a la financiación de los partidos. Estoy pensando no solo en
normas de ámbito estatal, sino también autonómico y local, e incluso
también en el ámbito tributario. ¿Cómo valoraría usted la posibilidad de
armonizar, al menos mínimamente, todo este acervo normativo?
Señor Granados, la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, ha
sufrido muy pocas modificaciones desde el año 2011, si bien es verdad que
en la Ley 3/2015 se modificó algún aspecto relacionado con los gastos
electorales. En relación con esto quería saber si considera que la
fiscalización por parte de la Junta Electoral General, en particular de
los gastos y subvenciones electorales, es suficiente en este momento.
Algo ya nos adelantó en su primera intervención, pero me gustaría que
pudiera ahondar un poco más en este asunto.
Al hilo de lo anterior y dada su amplia experiencia, querría obtener una
valoración de los mecanismos de colaboración en esta materia que pudieran
existir o que usted nos pudiera sugerir entre la Administración electoral
y el Tribunal de Cuentas. Me pareció entender en su primera intervención
que usted optaba por que todas esas competencias recayeran sobre el
Tribunal de Cuentas y alejar un poco estas competencias de la Junta
Electoral Central. No sé si se le ocurre a usted alguna posibilidad de
colaboración institucional en este aspecto.
En este mismo orden de cosas querría conocer su parecer sobre la
posibilidad de que la fiscalización de los gastos electorales no se
circunscriba únicamente al periodo de la campaña electoral. Es decir, si
le parecería positivo que esos actuales quince días de campaña no sean
los únicos fiscalizables, sino también los anteriores, lo que denominamos
precampaña. Vinculado a estos gastos electorales y al régimen jurídico de
las fundaciones, ¿qué le parece a usted que pueda haber fundaciones que
ocupen cargos electorales de determinados partidos? Entiendo que esto
está absolutamente prohibido por la Ley de Financiación de Partidos
Políticos, pero da la impresión de que en algunos casos esto sí ha
sucedido. Me gustaría conocer su valoración como eminente jurista que es.
También quisiera saber qué opinión le merece la posibilidad de mejorar los
mecanismos preventivos de control de la financiación, y si no fuera
posible de forma preventiva hoy en día es posible hacerlo prácticamente
en tiempo real. La Junta Electoral Central resuelve con premura los
asuntos que recaen sobre ella y por tanto creo que en esto puede aportar
cosas interesantes. Asimismo me gustaría conocer qué tratamiento daría
usted a los recursos digitales. Hoy está regulado el mailing y otro tipo
de actuaciones, la tecnología hoy en día nos proporciona otras
posibilidades, incluso el uso de las redes sociales vulnerando el sábado
de reflexión. En los últimos procesos electorales se ha vulnerado
sistemáticamente por algunos partidos el día de reflexión y me gustaría
saber que valoración hace usted de estos casos.
Igualmente le pediría que nos dijera qué tratamiento daría usted a los
microcréditos que están tan en boga últimamente, no solo para las
campañas electorales, sino incluso para campañas internas dentro de los
partidos.
Nada más, señor Granados, quedo a la espera de sus consideraciones.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias.
Tiene nuevamente la palabra el compareciente para que por un tiempo máximo
de veinte minutos pueda contestar lo que considere.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (Granados Pérez): Muchas
gracias por las muy interesantes cuestiones que han planteado.
No quiero decepcionar a sus señorías, no vengo como jurista, no vengo como
magistrado, no vengo como persona que ya lleva muchos años en una
carrera. Vengo como presidente de la Junta Electoral Central. Es un
órgano colegiado que está formado por ocho magistrados elegidos por
insaculación -es decir, ninguno nos hemos postulado para ser miembros de
la Junta Electoral Central, sino que hemos tenido la suerte o la
desgracia de haber sido afortunados en ese sorteo- y cinco
prestigiosísimos catedráticos que designan los grupos parlamentarios.
Como presidente no tengo ningún mérito. El único mérito que tengo es que
voy a hacer veinticinco años de magistrado del Tribunal Supremo y es una
norma no escrita que el presidente sea el más antiguo de los que integren
la Junta Electoral Central. Esa es la razón de que esté aquí como
presidente de la Junta Electoral Central: soy el más viejo y el más
antiguo de los que la integran. Tengo la suerte y el honor de
representarles porque tienen una calidad excepcional, como la tiene la
secretaría técnica y quien la integra. Me comentaban antes que somos tan
pocos en la Junta Electoral Central que si hacemos un partido de fútbol
somos más los miembros que integramos la propia Junta Electoral Central
que el personal que trabaja para ella. Es decir, ganaríamos en cuanto al
número de jugadores y haría difícil poder jugar ese partido.
Esto lo traigo a colación porque voy a contestarles con muchísimo gusto a
aquellos temas que se han planteado y que hemos debatido en la Junta
Electoral Central, en cuyo nombre vengo a esta comparecencia. De ahí que
cuando se me pregunta -lo hizo el señor Cantó- sobre temas de tanta
importancia como cuál es la opinión que pueda aportar sobre el sistema he
de decir que yo no los he escuchado en la Junta Electoral Central nunca
ni sé la opinión que tienen mis compañeros. No cabe duda que todo aquello
que permita la Ley de Partidos Políticos y que sea acorde con los
estatutos de los propios partidos políticos será bien recibido. Es decir,
que el desarrollo de todo aquello que vaya en la línea de algo que la ley
ha previsto, y no solo en la ley sino en los propios estatutos, tiene
toda la legítima fuente de existencia y tiene que ser así bendecido. Por
eso digo que no quiero decepcionarles, porque yo no voy a aportar nada
nuevo, ni de mi experiencia como presidente de la Junta Electoral, sobre
si es mejor un sistema u otro, cuando ambos pueden ser perfectamente
sustentados en la ley que lo regula.
Se habla también -le agradezco, señor Yllanes- de nuestra experiencia
mutua como jueces. También yo he aprendido de sus resoluciones, de su
participación en algún congreso, lo que siempre nos ha enriquecido. Es
cierto que ha planteado un tema que tiene especial interés, cual es el
equilibrio de las fuerzas en los medios de comunicación. Ha hecho alusión
expresa a los debates televisivos, pero es cierto -nosotros no tenemos
otra opción que someternos a la ley- que cuando se trata del reparto de
la participación, sobre todo de los medios públicos de comunicación, hay
que someterse al número de escaños obtenidos en las elecciones
anteriores. Eso nos condiciona enormemente respecto al reparto que se
hacey precisamente hay una comisión que se encarga de ello. Lo que se ha
hecho -se lo digo con verdadera sinceridad- es un gran esfuerzo para
poder compensar a aquellos que puedan tener un trato peor con relación a
los que puedan tener un mejor trato como consecuencia de los resultados
obtenidos en procesos electorales anteriores. Hemos conocido casos donde
tenían la posibilidad de intervenir en esta publicidad electoral o en
estos medios de comunicación para poder explicar los modelos de cada uno
de los partidos o la publicidad de sus programas y se les habían
adjudicado las horas de madrugada. Entendimos que no era viable,
corregimos esas propuestas que se habían hecho a la comisión, ya que una
cosa es que pueden tener un mayor tiempo con respecto a otras
agrupaciones u otros partidos políticos, pero eso no quiere decir que les
eliminen de la posibilidad de la audiencia de unas horas con respecto a
otras. Es decir, en estos casos la Junta Electoral Central ha hecho un
serio esfuerzo para poder compensar, dentro de lo que cabe, a aquellos
partidos políticos que han obtenido peores resultados o que no habían
participado en procesos electorales anteriores.
El señor Cámara ha planteado también lo que es el proceso interno, la
mayor democracia interna, las primarias. Le vuelvo a decir lo mismo, no
quiero decepcionarles, pero realmente se me escapa. Yo no vengo -y con
mucho gusto se lo diría- como jurista o como ciudadano, vengo en
representación y ello me vincula y, en consecuencia, no quiero decir algo
en nombre de los compañeros. Yo soy muy disciplinado en la Junta
Electoral Central, como lo he sido en todos los cargos que he tenido.
Todas las decisiones de la Junta Electoral Central se toman por mayoría
de votos. Escucho todas las opiniones y una vez que todos han debatido
iniciamos la votación y el acuerdo que toma la Junta Electoral Central es
precisamente
un acuerdo mayoritario como consecuencia de la votación que se ha
sostenido. Lo que sí es cierto es que todo aquello, como he dicho antes,
que tenga su amparo en la ley tendrá el máximo respeto de la Junta
Electoral Central.
El señor Olano ha hablado también sobre los estatutos internos y no le
puedo contestar otra cosa. Sí ha hecho hincapié en algo que tiene
especial interés para la Junta Electoral Central, que es la dispersión
legislativa. Habría de hacerse un serio esfuerzo -que le corresponde a
sus señorías- por tratar de unificar todo en una norma, porque nos
encontramos con disposiciones que incluso pueden ser discrepantes.
También me ha hablado de las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y la
Junta Electoral Central, como consecuencia de la reforma de la Ley
3/2015. Es cierto que esta reforma ha mejorado aspectos sustanciales,
pero lo importante no es que la reforma sea buena -que creo que lo es-,
lo importante es que se cumpla. Desde mi punto de vista como miembro de
la Junta Electoral Central, lo que viene en la ley me parece magnífico. A
lo mejor la realidad práctica no es tan magnífica. Por lo tanto, habría
que hacer un serio esfuerzo para que lo que dice la ley se cumpla, porque
a lo mejor no se trata de hacer leyes nuevas, sino de cumplir las que ya
tenemos. Eso se traduciría en mayor eficacia de los temas tan importantes
que les han reunido a ustedes en esta Comisión. Una de las modificaciones
de la Loreg que hace esa reforma de la Ley 3/2015 es el artículo 134. A
ese artículo 134 incorpora una frase, nada más, en relación con que se
hubiesen producido irregularidades en la contabilidad presentada por los
partidos políticos. El texto inicial decía que en ese caso se podrán
reducir las subvenciones como consecuencia de estas irregularidades. Se
le ha añadido una frase que dice: puede incoarle expediente sancionador.
Eso no lo decía antes. Nos hemos encontrado con que hasta ahora lo que
hacía el Tribunal de Cuentas es que cuando le llegaba una irregularidad
en esa contabilidad -fundamentalmente la mayor irregularidad es que no se
hubiera hecho contabilidad- nos la pasaba a la Junta Electoral Central
para que nosotros siguiéramos el procesamiento sancionador. Entonces,
nosotros decíamos: mándennos el expediente que tienen ahí, manden el
material. Pero ahora, como consecuencia de esa reforma, nos encontramos
con que no hace falta que nos lo manden porque ellos mismos pueden incoar
un expediente sancionador, repito, sin tener necesidad de mandar el
expediente. Por tanto, son importantes esas reformas que se están
produciendo porque van en la línea de mejorar, siempre que se pueda hacer
un resultado práctico acorde con los postulados de las distintas
reformas. En materia telemática y de los medios modernos técnicos es
indudable que las reformas tienen su repercusión en los procesos
electorales, si son acordes con la legislación no nos plantean problemas.
Sí que me preocupaba -por eso les he hecho remisión y lo traía preparado,
pero me han recordando que va a existir otra comisión distinta- el
esfuerzo que creíamos que se debía hacer en materia del voto de los
residentes ausentes en el extranjero, es decir, el voto CERA y el voto
ERTA. Indudablemente, todo está relacionado. Los medios técnicos modernos
tienen que ser aprovechados con todas las garantías y con arreglo a lo
que dice la ley.
Espero haberles contestado a la mayoría de los temas que me han propuesto
y les pido disculpas por no haber podido contestar a otros asuntos que se
escapan de mi competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señor Granados.
Con esto damos por concluida su comparecencia, agradeciéndole en nombre de
todos los grupos su asistencia a la Comisión y sus explicaciones. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).
- DE LA SEÑORA ARIZMENDI GUTIÉRREZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON
EL RÉGIMEN Y LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de
expediente 212/000836).
El señor PRESIDENTE: Señorías, retomamos el trabajo en la Comisión y damos
la bienvenida a doña Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, a quien -aunque lleva un rato en la
Comisión y, por lo tanto, es completamente consciente y sabedora de cómo
funcionamos- le recuerdo que tendrá una primera intervención de unos
quince o veinte minutos, tras la cual los portavoces parlamentarios
tomarán la palabra, y usted podrá finalizar de nuevo con otro turno de
unos quince o veinte minutos. Repito mi agradecimiento por poder contar
con sus aportaciones hoy aquí. Gracias.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
(Arizmendi Gutiérrez): Quiero dar las gracias a todos los presentes, a la
Mesa y a Ciudadanos, que nos ha propuesto para compartir este diálogo con
todos los que están aquí. Para nosotros es un honor poder comparecer hoy
en esta sesión para hablar de lo que en realidad sabemos, que es la
transparencia. Pensamos que la
transparencia, que es donde vamos a focalizar nuestra intervención, tiene
una intimísima relación con la financiación de los partidos políticos, la
renovación de la cultura democrática, la rendición de cuentas y la
responsabilidad en el ejercicio del cargo público y, por lo tanto, viven
la misma filosofía. (El señor vicepresidente, Campo Moreno, ocupa la
Presidencia).
Como saben, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se aprobó en el
año 2013 a través de una ley, la Ley 19/2013, que lleva dos años y medio
en vigor, un año y medio para las comunidades autónomas, que tuvieron un
poco más de tiempo para adaptar sus estructuras y sus métodos de
funcionamiento a las prescripciones de la ley. La Ley de transparencia
tiene dos competencias fundamentales: una, velar por el cumplimiento de
la ley y sus obligaciones, las obligaciones que describe, y, dos, luchar
por el cambio cultural que supone tener una Administración acostumbrada a
ser dueña de la información frente a unos ciudadanos que eran
peticionarios de una información que no les pertenecía. El valor
fundamental de la Ley de transparencia es que convierte a la
Administración en depositaria de la información, mientras que los
titulares de la información misma son los ciudadanos, a los que les
debemos todos -o nos debemos, como ciudadanos que somos- el derecho a
saber, que es como cordialmente se denomina al derecho de acceso a la
información pública.
El cambio cultural es siempre lo más difícil de conseguir, también en este
tema del que vamos hablar sobre financiación de partidos políticos y
sobre todo de regeneración democrática y métodos más democráticos de
servir desde el garante de la democracia, que es el partido político, el
instrumento de canalización del deseo de la ciudadanía, que es el partido
político, para servir más y mejor a los ciudadanos. El cambio cultural,
como decía, en materia de transparencia es muy importante. Muchos de
nosotros nos hemos criado con la idea de que preguntar es de mala
educación. De pequeños nos han dicho: niño, no preguntes tanto que es de
mala educación. Sin embargo, ahora la pregunta, querer saber, exigir
rendir cuentas, pedir responsabilidades es algo de excelente educación
democrática, y eso es lo que necesitan también, como necesitan el canal
que es la transparencia, los partidos políticos, en este esfuerzo de
cambio que quieren hacer mediante la reflexión de su financiación y de
sus modelos de gestión. Por lo tanto, aunque no somos expertos en
financiación de partidos políticos, sí lo somos en algo muy importante,
que es la confianza, la generación de confianza. Un elemento fundamental
que quieren también las instituciones, que buscan los partidos y que
demanda la ciudadanía es volver a contar con la confianza en quien les
representa, en quien de alguna manera hace verdad los proyectos por los
que apuesta una ciudadanía que quiere ser cada vez más participativa.
Voy a empezar repasando la Ley de transparencia muy brevemente en el
artículo correspondiente a los sujetos obligados. Es imprescindible decir
que los partidos políticos son sujetos obligados de la Ley de
transparencia. El artículo 3 los define, por lo tanto, como obligados en
materia de publicidad activa. La publicidad activa, como saben ustedes,
señorías, es aquella que debe servir la Administración de oficio sin que
le pregunte el ciudadano por entender que es una información básica y
trascendente para aquel que quiera comprender y facilitar su
participación en la gestión de lo público. Por lo tanto, hay una serie de
obligaciones que los partidos políticos tienen ya por mandato de la ley.
Esto ya es una transformación cultural. Cuando el artículo 3, capítulo I,
título I de la ley exige que lo partidos políticos rindan cuentas en
publicidad activa, está diciendo clarísimamente que, a pesar de que la
transparencia o la rendición de cuentas esté en otras leyes, como la de
los partidos políticos, la de financiación de partidos políticos, la del
régimen electoral general o la del propio Tribunal de Cuentas, hay un
poder más, el poder de un derecho, que es el que instituye la Ley de
transparencia. No olvidemos que lo que hace la Ley de transparencia es
crear un derecho universal, sustantivo, sin necesidad de motivación, un
derecho muy genérico y con escasos límites, y ahí, entre los sujetos
obligados, como uno más y específicamente, están los partidos políticos.
La Ley de transparencia española en eso fue pionera. Puedo decir que no
hay muchas leyes en el entorno europeo que introduzcan específicamente en
la transparencia a los partidos políticos. La ley española lo hizo como
una decisión del legislador de obligar a hacer un mayor y mejor esfuerzo
de rendición de cuentas a los partidos políticos en esta ley. La apuesta,
desde luego, es inequívoca y hay una serie ya de obligaciones que deben
cumplir, obligaciones demandadas por la ley. Como no voy a hacer una
exégesis de los artículos 6, 7 y 8, que son los que conciernen, que están
muy salpicados de obligaciones y pueden ser tediosos, voy a dejar en
manos del presidente de la Mesa un pequeño cuadro o resumen con las
especificaciones que obligatoriamente tienen que cumplir los partidos
políticos.
Puedo decir que, sin haber hecho una evaluación porque no tenemos
competencia -y lo haríamos encantados a petición de los partidos como
haríamos también cualquier gestión para ayudar a fomentar
la transparencia-, los partidos políticos han hecho un gran esfuerzo en
materia de transparencia. Con carácter general, todos ellos tienen su
página web; en su página web tienen un acceso a transparencia y allí van
colocando de forma más o menos ordenada las obligaciones que les señala
la ley. Hay algunas carencias todavía y un cierto margen de mejora, pero
el inicio del esfuerzo está realizado. Cumplir con la ley en nuestro
país, cumplir con la ley y las obligaciones que la ley nos demanda en un
Estado democrático de derecho como es el nuestro, no es una heroicidad,
es una obligación, de tal manera que cumplir con las obligaciones de
publicidad activa que la Ley de transparencia manda a los partidos
políticos es lo que debe ser, pero nosotros desde el consejo pensamos que
hay determinados organismos, determinadas instituciones, determinados
representantes de la voluntad popular que deben ir más allá e ir
rápidamente más lejos. Deben pasar de esa encorsetada voluntad de cumplir
una ley que afecta a todos los ciudadanos por el hecho de estar en un
Estado en el que la ley manda, a una transparencia de verdad, voluntaria,
abierta, que progresa, que crece y se mueve. Esta es la verdadera
transparencia. Y ahí hemos visto en los partidos políticos y en los
documentos que hemos podido analizar, que están en publicidad activa, un
movimiento lento de la publicidad voluntaria. Siempre recurro a un libro
precioso, Ética a Nicómaco, que son las cartas que escribía Aristóteles
donde decía de la justicia -pero yo lo predico igual de la transparencia-
que ser transparente no es cumplir la ley, no es hacer transparente las
cosas que tengo que hacer obligatoriamente. Una persona es transparente
no porque cumpla la ley, sino que al ser transparente todo su movimiento,
todas sus decisiones, todo su rendimiento de cuentas, toda su actividad
se convierte en transparente, y esa es la verdadera transparencia. Damos
por hecho que los partidos han de cumplir la ley, los partidos la están
cumpliendo, están avanzando. Nosotros pedimos como un compromiso
ejemplarizante que avancen mucho más en materia de publicidad voluntaria,
que es lo que va a propiciar realmente este cambio cultural. Los partidos
políticos no son igual a todo ni a todos, sino que son muy diferentes, no
juegan con las mismas cartas que todos, porque juegan con la confianza,
no tienen un patrimonio como todos, sino que tienen el patrimonio que les
deposita la voluntad popular en sus manos. Con lo cual, el camino que
ellos recorran, las miradas que podamos focalizar en ellos, que nos
lleven a un ejemplo de transparencia serán sin duda un retorno a la
confianza y al cambio cultural que tanto se está demandando.
El votante español es algo peculiar, también en materia de transparencia.
Y esta es otra coincidencia que tenemos en la transparencia y los
partidos políticos. En la transparencia puedo decirles que la queja es la
norma. El español se queja permanentemente de muchas cosas, de muchas
situaciones, pero cuando toca pasar a la acción ahí ya se retrae mucho y
se lo piensa mucho. En los partidos políticos pasa también algo parecido,
los ciudadanos hablan de política, hablan de los partidos, se interesan
por cosas relacionadas con los partidos políticos, pero a la hora de
pasar a la acción, al compromiso, se convierten en espectadores, quizá a
veces simpatizantes, pero les cuesta mucho dar el paso al compromiso, que
va a ser importante en el desarrollo de esta charla que vamos a tener. En
España pienso -y es posible que me equivoque- que hemos perdido de alguna
manera el orgullo de pertenencia a una ideología. En otros países, como
por ejemplo en Estados Unidos o en el Reino Unido, las personas se
encuentran honradas de pertenecer a una ideología, lo dicen, lo publican
y contribuyen. Y ahí entramos por esta puerta al tema de la financiación
de los partidos políticos pública o privada. Es verdad que la cultura del
español retrae mucho la participación económica en la financiación de los
partidos, al contrario de lo que ocurre en países de enorme tradición
democrática, como en Estados Unidos, donde es público y notorio quién
dona, cuánto dona y por qué; o en el Reino Unido, el más antiguo de los
países democráticos cercanos. En España hay muchos opinantes, hay unos
cuantos simpatizantes y luego hay militantes de los partidos. El problema
es que los segundos y los terceros no ayudan a la financiación de los
partidos políticos, con lo cual este desequilibro de número complica
también la financiación privada de los partidos.
En el debate de financiación pública o financiación privada el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno lo que va a decir siempre es que es igual
pero que ha de ser transparente, con trazabilidad, con rendición de
cuentas, con identificación del objeto, del sujeto y del destino; si bien
es cierto que ambas posiciones tienen argumentos importantes. Por
ejemplo, si pensamos en la financiación pública hay quien tiende a decir
que es más transparente porque sale de los presupuestos, porque tiene una
trazabilidad que es más pública, porque tiene una intervención que es de
alguna manera más profesional a través de los sistemas de control de la
Administración y dice también que es más independiente porque no vincula
con los grandes lobbies que pueden dar financiación o no vincula con
favores debidos que pueden surgir luego dentro de la evolución del
periodo poselectoral. Los que piensan que la financiación privada es la
buena, creen que es lo justo porque piensan que los partidos políticos no
son Estado, no son
Administración, no son entes públicos y, por lo tanto, no deben ser
tratados como tales. No deben ser sostenidos de alguna manera con el
dinero de los impuestos de todos porque no son Administración sino que
deben buscar, a través de la confianza y de la transparencia, el recurso
de la filiación, el recurso de la contribución del ciudadano, el recurso
de que sea algo de la ciudadanía donde todos contribuyan a hacerlo más
grande, más transparente y más exigente.
El tema es importante y nosotros nos hemos pronunciado hace un momento
cuando he dicho que da igual siempre que haya trazabilidad y
transparencia, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero sí hay
ejemplos muy cercanos dentro del ámbito europeo que nos pueden dar
algunas indicaciones respecto a este tema. Por ejemplo, en Holanda los
donativos privados, que se llaman matching-found, son elementos
fundamentales de financiación porque la financiación pública jamás puede
superar la financiación privada. Es el que marca el tope. Si tienes equis
en financiación privada puedes tener equis en financiación pública. Esto
no es algo que se sepa desde hace poco tiempo. Por ejemplo, el Comité de
Ministros del Consejo de Europa en el año 2003 pidió equidad entre lo
público y lo privado. Dijo, la mejor fórmula es el punto medio. Vamos a
ver qué somos capaces de obtener por el método de la apuesta ciudadana y
la Administración, reconociendo eso, pone también un porcentaje igual, no
superior al que tiene la ciudadanía a bien apostar. El equilibrio parece
que siempre es bueno y que es una buena opción a tener en cuenta, pero
también en cuanto a los topes deberíamos ser razonables. Los topes han
supuesto en los últimos tiempos un avance cada vez mayor hacia la
búsqueda de mayor financiación de las campañas electorales, que es
pública, porque tengo que decir que España es el país europeo que más
financiación pública recibe frente al país que menos recibe, que es
Alemania y después el Reino Unido, que están extraordinariamente
distantes de la financiación española. Al poner un tope se hace también
posible que la carrera electoral no sea una carrera de dinero sino de
ideas, donde lo importante sea de verdad convencer con las ideas, con el
comportamiento, con el ejemplo, con la apuesta que se ofrece a los
ciudadanos en un momento electoral.
Pues bien, volviendo a la transparencia -que era nuestro tema y no me
quiero desviar de él- decía que las obligaciones de los partidos marcadas
como básicas en la Ley de transparencia son dos fundamentalmente, porque
el partido no tiene capacidad normativa, obviamente. Entonces, le afectan
las obligaciones que se llaman de carácter institucional, de
planificación y organizativas y las económicas, que se denominan
informaciones de carácter presupuestario, estadístico y económico. Voy a
tratar de relatarles cómo debería ser la traducción de la ley si le
pusiéramos el vestido al partido político para que cumpliera. En lo que
se refiere a la primera obligación, la de suministrar información
institucional, organizativa y de planificación, esto se traduciría en
transparencia; transparencia en la publicación de los estatutos, de los
códigos éticos; transparencia en los compromisos electorales y en todas
las normas, organigramas, responsables, etcétera. En nuestro entorno hay
una oficina central de planificación referida sobre todo al programa
electoral, que es lo que hay que financiar dentro del partido político,
que está en Holanda y que es muy interesante, porque analiza los
programas electorales antes de que se produzcan las elecciones, los
publica y dice si son reales o no, si son posibles o no, si se pueden
financiar o no, si eso supone o no incremento de gasto público, si supone
o no incremento de impuestos, para que el ciudadano no reciba una carta
bonita sino que reciba algo concreto que pueda ver.
En cuanto a los presupuestos -voy a acortar mucho porque voy a dejar
tiempo para las preguntas, que pueden ser muy interesantes-, hay que
publicarlo todo, todo sin excepción: todos los contratos, todas las
subvenciones que se hagan con la Administración, todos los gastos, no
solamente los balances o la cuenta de resultados; todo, absolutamente
todo, porque en la opacidad está la corrupción y en la oscuridad muere la
democracia. Esto es así, a más transparencia, menos corrupción, y es en
el apartado de la economía, de los presupuestos y de la rendición de
cuentas donde más comportamientos indeseables podemos encontrar, de tal
manera que esto es importantísimo.
Lo voy a dejar aquí, aunque traigo diez propuestas que espero poder
contarles a raíz de las preguntas, porque no quiero que se extienda mucho
esta sesión, pero sí quiero decirles antes de concluir que confiamos
mucho, como no puede ser de otra manera porque es nuestra naturaleza, en
los organismos independientes, en los organismos que trabajan por el
interés público y por los que hay que apostar, hay que dotarles de medios
y de competencias, dotarles de potestad sancionadora y de confianza para
que ayuden a recuperar lo que la Ley de transparencia dice, que es una
democracia más participativa, y ayuden a formar ciudadanos más críticos y
más responsables que vayan a elegir a sus representantes no una vez cada
cuatro años, sino todos los días, haciendo escrutinio de su actividad,
pidiendo rendición de cuentas, exigiendo que las cosas se comprendan. Y
para eso hoy brindo todos los medios del consejo
-muy pocos por cierto- para ayudar a auditar la página de cada partido,
para asesorar sobre cualquier cuestión que se refiera a publicidad
activa, para abrir buzones ciudadanos, para lo que estimen conveniente
sus señorías para contribuir humildemente a este gran cambio que la
sociedad nos está demandando.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señora Arizmendi.
Ahora es el turno de los distintos portavoces. Por el Grupo Parlamentario
de Ciudadanos, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias por su intervención, señora Arizmendi. Hay una frase
que recordaba cuando estaba hablando usted de aquel filósofo, que también
guía a nuestro partido, que en numerosas ocasiones ha liderado algunas
mediciones de transparencia tanto nacionales como internacionales que se
han hecho, y es que nadie nos impide ser transparentes, nadie nos impide
superar aquello que la ley nos exige. Por lo tanto, es importante pedir a
los partidos políticos que impulsen la transparencia, no solamente a la
hora de dictar leyes sino también a la hora de dar ejemplo.
Como estoy bastante interesado en esas diez propuestas que nos ha traído y
no quisiera quitarle mucho tiempo -para prestárselo-, recojo, en primer
lugar, una pequeña cosa que ha dicho al final, y es que he entendido que
había una ligera queja -lógica, licita- en cuanto a los medios y estaría
interesado en saber qué más necesitan de nosotros, porque al fin y al
cabo somos nosotros quienes, a lo mejor, trabajando podemos hacer que
esos problemas se les solucionen.
Dos cosas rápidas. Algunos ponentes han dicho en esta Comisión que en la
actualidad no existe una limitación a las subvenciones que se otorgan en
las entidades locales a los partidos políticos. Las entidades municipales
de menos de 20 000 habitantes quedan fuera del control del Tribunal de
Cuentas, por lo que no es muy fácil, ni siquiera a lo mejor posible,
conocer cuál es la financiación pública total que reciben nuestras
formaciones políticas y, por supuesto, tampoco en qué invierten ese
dinero que reciben. ¿Qué reformas cree usted que son necesarias en ese
nivel local, que -repito- a menudo es opaco y está afectado? De hecho, es
uno de los niveles en los que más casos de corrupción hemos vivido. Y
conectado con eso, hemos tenido muchos problemas en España que tienen que
ver con la financiación de los partidos, y esa es una de las razones por
las que elegimos este punto para comenzar los trabajos de esta Comisión.
Algunos expertos han considerado, y lo han repetido cuando han
comparecido en esta Comisión, que era esencial acabar con la
discrecionalidad y la falta de transparencia en el sistema de libre
designación de secretarios, interventores y tesoreros. Tiene bastante
sentido que los secretarios, interventores y tesoreros no deban ser
elegidos por aquellos a quienes luego tienen que controlar, y nos
gustaría saber cuál cree usted que es el sistema alternativo que sería
más efectivo para hacer estos nombramientos con el máximo de garantías de
control y transparencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor
Yllanes.
El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señora
Arizmendi.
Sinceramente, he recogido muchas frases que ha ido diciendo, porque me han
gustado mucho las ideas que con ellas transmitía. Por ejemplo, aparte de
hablar de que los partidos políticos son sujetos obligados a cumplir con
la Ley de transparencia, nos ha gustado mucho escuchar que cumplir con la
transparencia no es una heroicidad sino una obligación, pero si no fuese
por la Ley de transparencia, probablemente no sería ni una heroicidad. Si
ha habido una palabra constantemente repetida durante las sesiones de
esta Comisión, y han sido muchas comparecencias, ha sido la palabra
transparencia. Es más, si examinamos todas las ponencias que se han
realizado, veremos que se ha hablado de transparencia desde muchos puntos
de vista: desde el punto de vista de la financiación, sin duda, pero
también general, para transmitir códigos éticos, programas electorales,
nombramientos, en fin, todo aquello que afecta a la vida interna de los
partidos políticos. Por lo tanto, hago nuestra esa idea suya de que no
basta con cumplir la ley, sino que hay que ir mejorando constantemente la
transparencia; no basta con el simple cumplimiento legal sino que
deberíamos comprometernos incluso a ahondar en todos los temas de
transparencia,
porque todavía hay temas relacionados, por ejemplo, con los lobbies, con
las puertas giratorias y con la trazabilidad, que es otro de los términos
que usted ha utilizado, en cuya regulación legal se puede profundizar.
Nos ha gustado mucho también, y lo estábamos comentando, ese orgullo de
pertenencia a una ideología; no ha dicho usted un partido, ha dicho una
ideología -nos ha gustado mucho-, vinculándolo evidentemente con la
financiación privada. Es decir, no basta con compartir o con sentir ese
orgullo sino que además hay participar también en que esa ideología pueda
tener plasmación posteriormente en el trabajo legislativo. Nosotros
valoramos enormemente la financiación privada y somos enormemente
partidarios de aumentarla en todo lo posible.
No le voy a hacer ninguna pregunta, porque me ocurre lo mismo que al señor
Cantó. Estoy deseando escuchar esas diez propuestas y estoy seguro de que
todo lo que le preguntara se quedaría mucho más corto que esas diez
propuestas que va a plantear usted para mejorar la transparencia de los
partidos políticos.
De nuevo, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias, señor Yllanes.
Por el Grupo Socialista, señor Rallo.
El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidente.
Quiero dar las gracias a la compareciente, la señora Arizmendi, por
acompañarnos. Yo ya no recuerdo muy bien si su comparecencia, como la de
otros comparecientes, formaba parte del cupo de unos u otros partidos,
porque al final el cupo de las propuestas de comparecientes se diluyó,
por lo que no sé si fue algún grupo específicamente y no otro el que
propuso su presencia hoy aquí, en esta Comisión, pero le tengo que decir
que, por lo que a nosotros toca, estamos muy contentos de que esté hoy
aquí y hemos puesto muchas expectativas en esta comparecencia y en lo
relevante que es que la presidenta del Consejo de Transparencia asista al
Parlamento, no solo en este foro concreto en esta ocasión, sino para
cumplir otros mandatos, como debiera ser el de presentar su memoria anual
y, por tanto, compartir con la Cámara la acción del consejo, más allá de
lo que hoy nos trae aquí, y, con ello, compartir las dificultades que
puede tener el consejo para cumplir o no las funciones que tiene
legalmente atribuidas. Nos parece que es un organismo con una alta
función que cumplir y, por tanto, debería tener una relación mucho más
estrecha con este Parlamento y el flujo de información debe ser lo más
intenso posible, aunque me consta que, si no por los canales formales sí
por los más informales, el consejo lo está intentando, lo cual le
agradecemos.
Quiero empezar esta intervención recordando algo que puede estar en la
mente de algunos diputados -de otros más recientes, quizás no-, porque
creo que es imprescindible. Usted recordará que el Partido Socialista no
apoyó el texto actual de la Ley de transparencia. Nosotros teníamos
críticas importantes respecto al texto definitivo; de hecho, muchas de
ellas las recogimos posteriormente en nuestros programas electorales de
los años 2015 y 2016, reivindicando cuestiones nucleares que entendíamos
que deberían haberse consagrado en la ley hoy en vigor. Así, postulamos
su reforma en lo relativo al fortalecimiento del Consejo de
Transparencia, al fortalecimiento de su independencia y al
fortalecimiento funcional; es decir, que el ámbito de funciones y
potestades del consejo se extendiera y ampliara y que contara con
facultades de inspección, de sanción, etcétera. Por esas razones,
nosotros éramos críticos con el texto de la ley, incluso recordará usted
que no contó en aquel momento con el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista para su nombramiento. Le digo esto precisamente porque usted
se está ganando nuestra confianza a pasos agigantados.
Nosotros hacemos un seguimiento cercano, con los medios que tenemos a
nuestro alcance, prensa y otros, de la acción del Consejo de
Transparencia, y todas las señales que llegan de la actuación del consejo
para nosotros resultan altamente satisfactorias. Hemos visto complacidos
cómo desde el consejo y su presidencia se ha apostado por que en los
organismos públicos, la Administración General del Estado, se den pasos
decididos hacia ese objetivo. Recuerdo, por ejemplo, la apelación a la
importancia de la publicidad de las agendas de los altos cargos, que
hemos comprobado que la presidenta del consejo defendía, e incluso la
limitación del secreto de los acuerdos del Consejo de Ministros, otra de
las reivindicaciones públicas que ha hecho la presidenta del consejo.
Esos dos pasos -y otros muchos- nos han enviado señales muy positivas por
las que queremos felicitarla.
El azar ha querido que su comparecencia programada para el día de hoy haya
venido a coincidir además con uno de los mayores escándalos -a nuestro
entender mayúsculo- de los que hemos tenido
conocimiento en las últimas cuarenta y ocho horas a través de los medios
de comunicación. La prensa se ha hecho eco del hecho de que la mayor
parte de los ministerios de este país están cuestionando judicialmente
las resoluciones del Consejo de Transparencia relativas al reparto de
publicidad institucional entre los medios de comunicación. Esto nos
parece un escándalo mayúsculo, porque el Partido Popular -que sustenta al
Gobierno de la nación- aprovecha cualquier ocasión de las que dispone en
la actividad parlamentaria para evidenciar los enormes avances que en
este país se han producido en la lucha contra la corrupción, enarbolando
la aprobación de esta Ley de transparencia, en el año 2013, como buque
insignia de todo un gran paquete de medidas de regeneración democrática,
pero lo cierto es que con una noticia como la que acabamos de conocer,
nuestra impresión es que el Partido Popular se ha quitado la careta. Es
decir, puso sobre la ley una serie de previsiones, de atribuciones, una
determinada regulación, pero cuando llega la hora de la verdad respecto a
garantizar la transparencia, de forma inaudita se declara en rebeldía y
cuestiona frontalmente, sin fisuras ni matices, las resoluciones del
Consejo de Transparencia, que, a nuestro entender, deberían merecer un
trato de mayor respeto en una fase inicial de la vida de este consejo,
donde todos los grupos políticos deberíamos ser especialmente solidarios
y cómplices con la necesidad que tiene de forjar una doctrina, una
estrategia para garantizar la aplicación y la vigencia de la Ley de
transparencia. Resulta evidente que no es así.
Tengo que decirle, además, que si uno toma como referencia otras
experiencias -yo alguna personalmente he tenido- de actuaciones de
órganos y autoridades independientes, resulta bastante llamativo -por no
decir inaudito- que sea la propia Administración pública -en este caso
ocho ministerios- la que recurra frontalmente contra resoluciones de esa
autoridad independiente. Es decir, no cuestionamos que se pueda producir
un litigio jurídico, pero sí se evidencia una tentación, una posición que
busca minimizar el impacto de los efectos de la Ley de transparencia
condicionando la actuación del Consejo de Transparencia. Ante este
escándalo mayúsculo y el resto de sus actuaciones, sepa, desde ya, que
cuenta con nuestra complicidad, con nuestra solidaridad y con el apoyo
que necesite por parte de este grupo parlamentario para cuantas
actuaciones sean necesarias para cumplir con esa función. Asimismo,
aprovecharemos los trámites parlamentarios correspondientes -en este
momento hay una proposición de ley tramitándose en este Congreso que
podría afectar a la Ley de transparencia, con propuestas específicas de
reforma de su regulación- para proponer las enmiendas necesarias para que
el Consejo de Transparencia se vea sustancialmente fortalecido en su
perfil institucional.
Dicho lo anterior, y entrando específicamente en lo que atañe al objeto de
su comparecencia esta tarde aquí (La señora Escudero Berzal: ¿Todavía no
ha empezado?-Risas), le diré que, por un lado, la ley vigente...
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Señor Rallo, debe ir acabando.
(Rumores.-La señora Escudero Berzal: Sí, ve entrando en materia ya).
El señor RALLO LOMBARTE: Sí, en breves minutos acabaré. Creo que merece la
pena aprovechar la comparecencia de la presidenta del Consejo de
Transparencia y, por tanto, acabaré con dos o tres consideraciones
adicionales. (Rumores.-La señora Escudero Berzal: Hay que escuchar a la
presidenta, no a ti).
Da la impresión de que la previsión legal hoy existente a la hora de
hablar de transparencia de los partidos queda muy limitada a los aspectos
económico-financieros de su vida, aunque es verdad que en los últimos
años se han producido reformas legales que han mejorado sustancialmente
las obligaciones de los partidos para satisfacer ese objetivo. No sé si
entra dentro de las propuestas que va a apuntar a continuación en su
intervención, pero a nosotros nos gustaría intentar darle una vuelta de
tuerca a la otra dimensión de la transparencia de los partidos -porque
esta puede estar medio resuelta o en vías de resolución y bien debatida
ya, especialmente en esta Comisión-, que es la transparencia en la toma
de decisiones. Alguna cuestión ha dicho al respecto y le agradecería
mucho que profundizara algo más en ello. Usted misma ha apuntado que hay
margen de mejora, que hay carencias y que por tanto puede mejorarse. Le
invitamos a que aproveche las facultades que tiene el consejo, entre las
funciones que le atribuye el artículo 38, de recomendación, evaluación y
valoración, para que no adopte -nos consta la limitación de medios y,
obviamente, eso siempre es un límite- una actitud pasiva, para que no
diga que colaboraran con quienes les llamen, sino para que vaya más lejos
en la medida de sus posibilidades, para que sea activa. Tenemos mucho que
avanzar en la transparencia de las decisiones y de los partidos en
beneficio de los derechos de los militantes y afiliados, de la propia
organización y de la sociedad. Los partidos políticos son organizaciones
que tienen una relevancia pública constitucional inequívoca y ese es el
objetivo último.
Termino haciendo alusión -usted lo ha manifestado- a una propuesta latente
en el ambiente sobre la necesidad de introducir mecanismos -el modelo
holandés- de evaluación de los programas electorales. Sin duda alguna, en
los tiempos que corren, es importante para aportar rigor a la toma de
decisiones de los ciudadanos en la confrontación electoral que se puedan
prever y regular mecanismos de este tenor. No sé si usted apuesta por
algún modelo. Alguna organización propone que se le atribuya esa
competencia a la Airef. Si puede aportarnos alguna luz al respecto, se lo
agradeceremos.
Muchas gracias de nuevo.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Gracias, señor Rallo, por su
brevedad. (Risas).
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias, señor presidente.
Yo sí que voy a ser breve, porque lo realmente interesante es lo que nos
viene a decir hoy la compareciente. Señora Arizmendi, usted finaliza hoy
la subcomisión de estudio dentro de la Comisión de calidad democrática y
de financiación de partidos políticos. Se inició con don Benigno Pendás y
para mí sería un honor ser la última compareciente en una subcomisión que
consideramos de gran interés y relevancia. Es cierto que la gran mayoría
de los comparecientes han aportado todo lo mejor que han podido dar y
estamos convencidos de que con todas sus aportaciones vamos a ser
capaces, a pesar de las divergencias de unos y otros partidos políticos,
de hacer un trabajo serio, responsable y riguroso, lo que se merece la
ciudadanía. Puedo decirle que el 90% será gracias a las aportaciones de
todos y cada uno de los intervinientes. Se lo agradezco sinceramente, y
estoy deseando escuchar, como decían mis compañeros, sus diez propuestas.
Voy a centrarme en los lobbies, algo que nos preocupa mucho. Ya sabe que
el Gobierno ha contraído la obligación de poner en marcha un proyecto de
ley sobre la actuación de grupos de interés en el ámbito de la
Administración española que incluya la creación de un registro público de
lobbies, en el que tendrán la obligación de inscribirse todas aquellas
personas y organizaciones que se dediquen profesionalmente a influir
sobre cargos o representantes públicos. Ya hemos avanzado con la creación
del Registro de Grupos de Interés ante la Comisión Nacional del Mercado
de la Competencia, pero tengo tres preguntas relacionadas con ello.
¿Considera realmente, por toda la información que tiene, que la sociedad
española está en este momento lo suficientemente informada como para
aceptar con normalidad la regulación de estos grupos de interés y su
relación con los partidos políticos? Desde su perspectiva, ¿existen
sugerencias o ideas precisas de cuáles serían las líneas rojas que habría
que mantener en la regulación de los grupos de interés? ¿Cree que la
actividad financiera de estos grupos de interés debe estar sujeta a algún
tipo de fiscalización pública?
Como he dicho, voy a ser breve, porque lo importante es lo que aportan los
comparecientes y no los discursos que hacemos, muchos de ellos con mucha
-demasiada- intencionalidad política en estas subcomisiones. Estoy
deseando escucharla, pero me va a permitir que haga una referencia al
señor diputado del Grupo Socialista, que hablaba de escándalos mayúsculos
del Partido Popular. Yo le voy a recordar unos escándalos minúsculos. En
los presupuestos generales de Andalucía no van los gastos
territorializados. Esto es una gran transparencia. Por otra parte, la
Cámara de Cuentas de Andalucía se ha pronunciado sobre la opacidad de más
de 1000 millones de euros en publicidad que ha gastado el Gobierno
andaluz en medios de comunicación. (El señor Suárez Lamata: ¡1000
millones! ¡1000 millones!). Esto es un escándalo minúsculo comparado con
los escándalos mayúsculos del Partido Popular. Y, señor diputado del
Grupo Socialista, de los cuatro Gobiernos autonómicos menos
transparentes, los tres últimos han sido Gobiernos del Partido
Socialista: Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Nosotros creamos el
Consejo de la Transparencia, que si por ustedes fuera hoy no existiría.
Es más, durante sus ocho años de Gobierno podían haberlo hecho y tampoco
lo hicieron. Si por ustedes fuera, este consejo no existiría. Nosotros,
don Artemi, no nos hemos quitado la careta; hay otros que solo son
careta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señora Escudero.
La señora ESCUDERO BERZAL: Y discúlpeme, señora compareciente.
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Me ha ahorrado las palabras que
iba a decir en primer lugar, por lo que doy directamente la palabra a la
compareciente.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
(Arizmendi Gutiérrez): Algunas de las diez propuestas que he mencionado
responden a preguntas planteadas por los intervinientes. Quizá si las leo
rápidamente algunas cosas queden contestadas y a las otras puedo
dedicarles un momentito para contestarlas de forma individual.
Las diez propuestas, sin ánimo distinto a la voluntad de ayudar, son las
siguientes. Primera, la transparencia obligatoria. La transparencia
obligatoria -lo ha dicho el representante de Podemos- es de cajón.
Realmente, es sorprendente que no se cumpla hasta el extremo. Lo que hay
que hacer es asegurar ese soporte básico y garantizarlo sin ninguna
sensación de heroicidad, simplemente como una obligación, que es lo que
tenemos.
Segunda, avanzar en la transparencia voluntaria. Nadie -también lo ha
dicho el señor Cantó- nos obliga a ser solo así de transparentes, nadie
nos limita la posibilidad de serlo más, así que seámoslo en cuestiones
tales como las agendas, los usos de los vehículos, los gastos sin
identificar, las dietas, el patrimonio personal y colectivo del partido,
la declaración de derechos y obligaciones de los afiliados, la
elaboración de códigos éticos con sanciones, la trazabilidad absoluta de
los gastos, tanto de funcionamiento interno como de financiación de
campañas electorales. Cualquier cosa que se financie con dinero público,
aunque no esté en la ley, para los partidos políticos tiene que ser no
transparencia voluntaria, sino obligatoria, como ejercicio de rendición
de cuentas.
Tercera, regulación de los nuevos modelos de financiación privada, tales
como los micromecenazgos, conocidos como crowdfunding. En realidad,
deberían existir y estar regulados e identificadas las personas que de
alguna manera contribuyen a la financiación de sus ideas, de sus apuestas
y de sus decisiones. Incluso más allá, se podría posibilitar la
publicación de los donativos en la web para hacerlo todavía más
transparente.
La cuarta sería la búsqueda del equilibrio público-privado en la
financiación de los partidos políticos -debería ser un objeto para
España-, utilizando instrumentos tales como los del Reino Unido o
Alemania, que prohíben que la financiación pública sea el sostenimiento
fundamental de los partidos y pretenden que haya un equilibrio entre esa
financiación mixta.
Quinta, el recurso a organismos especializados e independientes para la
realización de las auditorías internas. No hay nada como un organismo
independiente. Don Artemi Rallo preguntaba si hay algún organismo que
recomendar, y ha mencionado la Airef. Yo tengo una extraordinaria
confianza en la Airef, que además es vecina del consejo. Mantenemos una
relación muy estrecha porque trabaja de manera distinta y los resultados
son diferentes. Encomendar estas auditorías internas a organismos
independientes y expertos tendría también un efecto muy beneficioso y
sano para la transparencia, así como el análisis coste-beneficio; no
solamente cuánto me he gastado, sino lo que me he gastado qué beneficios
ha tenido, qué he gastado en políticas sociales y económicas y cómo ha
redundado en el beneficio concreto, con un análisis que la Airef desde
luego hace extraordinariamente bien. Como lo sepa mi vecino, cuando
llegue a la oficina me va a decir: No me eches más trabajo encima que ya
tengo bastante con lo que tengo. Realmente, confío mucho en ella, porque
hace el trabajo muy bien hecho, con resultados que generan confianza.
El siguiente sería convertir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
en resoluciones de obligado cumplimiento, porque hay muchas
recomendaciones del Tribunal de Cuentas -experto, interesante, con
profesionalidad- que nunca se han tenido en consideración y que son muy
interesantes para ponerlas en marcha, pues es un órgano al que se le debe
un respeto en un trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo y que
a veces no es suficientemente valorado. Es verdad que también hay otras
cuestiones, como la necesidad de dotarle de los medios necesarios para
que sea más ágil, la necesidad de que el control que haga no sea
solamente financiero sino que sea un control más allá del análisis de los
ingresos y de los gastos y la necesidad de darle capacidad sancionadora.
Hace un momento el representante de la junta electoral decía: luego me lo
mandan a mí para que yo haga cumplir las sanciones del Tribunal de
Cuentas. Pues bien, hay que apoyar ahí un poco el cierre de la actividad
del Tribunal de Cuentas.
La séptima sería hacer del programa electoral el compromiso real
cuantificado económicamente. Es el modelo holandés, en el cual es verdad
que el organismo independiente hace el análisis del compromiso electoral,
hace la memoria y la publica. Esa memoria es pública, de tal manera que
los ciudadanos
votantes saben perfectamente que esta propuesta electoral cuesta equis y
se va a financiar con una subida de impuestos. ¿Estamos dispuestos a
asumir que la mejora cueste dinero? Queremos saberlo. Este es un elemento
muy interesante. Se llama Oficina Central de Planificación y viene
haciendo un trabajo muy transparente y muy tocado, pisando tierra. La
gente quiere confiar, la gente quiere saber que lo que se ofrece no son
solamente buenas palabras, que se pise tierra y de alguna manera la
viabilidad esté garantizada.
En la novena proponemos la creación de alertas tempranas como las que hay
en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto
Cargo. La autoridad que lleva el control de las alertas tempranas tiene
que ser independiente, desde luego. Todos saben que hay que hacer una
declaración de bienes a la entrada y una declaración de bienes a la
salida del ejercicio de la responsabilidad de que se trate, y eso ayuda
como elemento preventivo. No en vano, la semana pasada la Comisión
Europea dijo que España había hecho un gran esfuerzo en temas
relacionados con la corrupción en la etapa posterior pero que había que
hacer un esfuerzo todavía mayor en la etapa preventiva, porque la etapa
preventiva es la buena, la transparencia es preventiva. Cuando el mal es
incipiente y solo son síntomas, es fácil de curar, pero cuando la
enfermedad está instalada el problema es mucho más complicado. Este
sistema de alertas preventivas funciona muy bien como elemento de
vigilancia. Ya saben que Jeremy Bentham dijo: "Cuanto más te observo,
mejor te comportas", y esto es una cuestión que no falla desde que somos
pequeños. Asimismo, como hacen los altos cargos, se debería autorizar
todos los años a esa autoridad independiente que vigila de alguna manera
el movimiento patrimonial de las personas que tienen responsabilidad
dentro del organismo para comprobar cómo se mueve la declaración de la
renta de los responsables públicos. Ocurre en los altos cargos, se
autoriza anualmente que se pueda echar el ojo a la declaración de la
renta del responsable en la organización.
La décima se llama necesidad de recuperar la ilusión de los votantes y de
los ciudadanos. Se ha dicho aquí que no solamente de los votantes, no hay
que conquistar solo al votante que ya es tuyo, que ya te quiere, sino
también al resto de los ciudadanos. Para eso proponíamos la creación de
un estatuto del ciudadano donde estos encuentren un lugar para conocer
sus derechos, para tener información específica, para tener respuesta a
sus quejas, para poder hacer una reclamación, para reducir la opacidad y
ganar confianza. Estas son nuestras humildes propuestas, que nos llevan a
señalar que es importantísima la labor preventiva, es importantísima la
labor independiente y es importantísima la transparencia; al final la
calidad democrática de todos los países del mundo se mide hoy por el
nivel de transparencia y el nivel de diálogo que hay entre los ciudadanos
y quienes les representan. En este nuevo modelo que estamos abarcando
esto es ya una realidad.
Por contestar específicamente a lo que se me ha quedado en el tintero, que
estaba pensado y que sus señorías me han recordado, le diría al señor
Cantó que necesitamos medios. Somos diecinueve personas, de las cuales
solo seis son personal directivo de nivel 28 para arriba para llevar todo
lo que se nos va viniendo encima porque no sabemos decir que no, esa es
la verdad. No solamente hacemos recomendaciones, vigilamos el
cumplimiento de la ley e impulsamos la cultura de la transparencia, sino
que también hemos asumido las reclamaciones de nueve comunidades
autónomas que han preferido confiar en el consejo a crear un organismo
nuevo, lo cual nos llena de orgullo, porque todas ellas son de distinta
ideología y eso se llama confianza, cuesta mucho ganarla y se valora
mucho en el consejo. Asimismo hacemos una labor intensísima de formación
porque creemos que hace falta mucha información. Seguramente si se
saliésemos ahora a la calle y preguntáramos "sabe usted que hay una ley
que...", muchos nos dirían que no lo saben.
Hay que hacer pues un esfuerzo importante de formación, de información y
de cambio de mentalidad en todos, en los ciudadanos, en los agentes
implicados en la transparencia, en la Administración y en todos los
sectores. Hemos abierto relaciones internacionales, estamos creando un
grupo incipiente de consejos o comisionados de transparencia europeo
junto con Alemania y el Reino Unido, nos hemos asociado a la RTA y hemos
creado una línea de comunicación, un cauce de comunicación con todos los
países de Latinoamérica convirtiendo un organismo puramente
latinoamericano en un organismo iberoamericano que nos exige también
mucho trabajo y mucho esfuerzo. La verdad es que necesitamos que se nos
refuerce con lo que tienen ya todos los organismos reguladores, capacidad
de inspección y capacidad de sanción. Si el consejo en una resolución
obliga o de alguna manera estima que los organismos deben cumplir con el
derecho de acceso, deben dar la información, y estos no cumplen, pueden
ocurrir dos cosas: que se acudiera al contencioso-administrativo a
resolver -que, entre comillas, sería la correcta- o que se cumpliera. La
que no está prevista en ningún sitio es no cumplir, sin embargo,
pueden pasar quince días sin que cumplan, les reiteramos, pasan quince
días y siguen sin cumplir -ya es un mes-, les volvemos a reiterar, siguen
mirando para otro lado y al final el único recurso que nos queda es el
coste reputacional, que significa colocar en nuestra página que hay algún
organismo que no cumple. La verdad es que ningún organismo regulador
carece de esta competencia y para nosotros y para la solvencia del
consejo sería fundamental. También la capacidad de inspeccionar, porque
al final a nosotros nos gusta que nos sirva la información y tenemos
presunción de certeza de todo lo que nos dice la administración porque
así debe ser y creemos que así es, pero eso no impide que los organismos
reguladores tengan capacidad de tocar también la información y de
seleccionar lo que quieren ver, hacer un muestreo para comprobar
fehacientemente que las cosas son como deben ser. Lo ha dicho el
representante del Grupo Parlamentario Socialista, queremos invertir esta
tendencia que hay en la Administración a enfrentarse a las resoluciones
del consejo. No acabamos de comprender muy bien cómo un organismo creado
para dar criterio y para vigilar el cumplimiento de la ley se cuestiona
de una manera tan reiterada. Creemos que hay solución, al final nosotros
no somos los dueños de la verdad, y también pensamos que nos podemos
equivocar, que es una ley muy nueva, que de alguna manera hay que ir
creando jurisprudencia, que los jueces están para decir la última
palabra. Pero también nos gustaría que los mismos jueces que han dicho
que el Consejo de Transparencia tiene una presunción de respeto que debe
ser tenida en cuenta, estén para las cuestiones excepcionales que no
sepan resolver la Administración y el consejo en algo que vamos a poner
en marcha cuando podamos, cuando nos dé la vida un poco más, que es un
sistema de resolución temprana de conflictos. Vamos a intentar que antes
de dar el paso a los tribunales haya una reunión en la que podamos
comprender juntos todo esto. En este momento tenemos cuarenta y cuatro
contenciosos administrativos de los cuales solo trece son de los
ciudadanos, el resto son de la Administración.
Es cierto, quiero decirlo, que la Ley de Transparencia y su aprobación es
un hito muy importante y que están cambiando mucho las cosas. Quizá no
nos demos cuenta porque es de trazo fino, pero desde que tenemos Ley de
Transparencia está cambiando lentamente, pero de forma imparable, la
convicción de que solo trabajando de otra manera y cambiando las cosas
hay una garantía de supervivencia, crecimiento, confianza de regeneración
democrática y validación de las actuaciones de las personas. De hecho,
por ejemplo, en este asunto que ha saltado a la prensa y que ha
comentado, la información pública es la que tiene la Administración como
consecuencia de su actividad. Viene definida en el artículo 13. A veces
es mucho más fácil comprender que cuando un ciudadano pide algo que viene
definido en cierto modo en la ley como información pública, cuando se
echa el telón, siempre hay una sospecha. No hay nada detrás hasta que se
echa el telón. Quiero decir con esto que es mucho más seguro, muchos
menos conflictivo, mucho más reafirmante de lo público, de la excelencia
en lo público, que también lo hay, de las cosas bien hechas, ser
transparente que no serlo. Quizá el cambio de mentalidad se está
produciendo y se producirá poco a poco, los cambios de mentalidad son los
más complicados de seguir, pero la Ley de Transparencia es un hito sí o
sí, es imparable, y el cambio se está produciendo y se va a seguir
produciendo porque no hay vuelta atrás de ninguna manera.
Respecto a las subvenciones en las entidades locales, la Ley de
Transparencia ya prevé que las subvenciones que sean por cantidades
mayores de 100 000 euros o que supongan el 40% por lo menos del
sostenimiento del organismo que recibe la subvención habrán de ser
publicadas en la página web. O sea, que la Ley de Transparencia sí ha
previsto este tipo de problemas que han podido serlo pero ahora ya son
obligaciones de publicidad activa que conciernen a las subvenciones en
general.
En cuanto a la libre designación para los secretarios, interventores y
tesoreros, son funcionarios públicos, han pasado por un proceso de acceso
libre y de demostración de mérito y capacidad. En ese sentido, siendo
funcionarios públicos, que es requisito, no acudiendo a otras figuras
distintas, el mérito y la capacidad deben ser los elementos fundamentales
para la ocupación de un puesto como el de la Función Pública en nuestro
país, que se rige por estos principios.
Me queda contestar a la señora Escudero. Conozco la iniciativa de los
lobbies porque han venido a vernos. Los lobbies tienen que ver también
con la transparencia. Hemos trabajado en lo que fue un germen de los
lobbies muy pequeño que fueron las agendas. Nosotros hemos hecho una
recomendación de agendas donde recomendamos que los altos cargos pusieran
en publicidad activa no solamente su dinero público, su manejo del dinero
público y la decisión pública, sino también su tiempo público. Ahí hemos
señalado que estarán obligados por publicidad activa, según nuestra
recomendación, a publicar las reuniones con las empresas, con los
representantes de las empresas, y hemos hecho una especie de graduación,
junto con la Agencia de Protección de Datos, que tiene mucho que ver en
estos tema, de
hasta dónde protege los datos de carácter personal de la persona que va a
hacer la visita al alto cargo. El criterio que hemos utilizado -los
criterios con la Agencia de Protección de Datos son muy importantes para
nosotros, porque dan mucha solidez a lo que se está diciendo- es un
criterio que ya es transversal: a mayor responsabilidad, menor protección
de la intimidad. En la ponderación hay ya un elemento que hemos sentado
como genérico que dice: va en el cargo, cuanto más arriba estés en la
toma de decisiones, en el gasto público, en el manejo del presupuesto, en
la responsabilidad, menos protección de los datos de carácter personal.
Yo creo que en España lo de los lobbies no se lo sabe casi nadie,
sinceramente. Si preguntas qué es un lobby, te dirán que es, como en su
origen, la sala de entrada de una gran estancia. Pero si preguntas qué
son los lobbies y a qué se dedican, creo que no lo saben mucho. Si es o
no prematuro, si hay que hacer una campaña, si hay que ir poco a poco,
los que se dedican a la política y a evaluar esas cosas serán los más
adecuados para ir resolviéndolo. Nosotros, en esta tendencia natural que
tenemos a no saber decir que no, cuando vinieron y nos preguntaron si
estaríamos dispuestos a asumir, si sale adelante, el registro de lobbies,
porque queremos que haya una autoridad independiente que sea la que lo
maneje, dijimos insensatamente que sí. El concepto de los lobbies en
España está todavía muy lejos de los temas que la sociedad maneja con
cierta facilidad.
Ya no me queda más que decir que para mí ha sido un honor, una
satisfacción personal y un orgullo estar aquí, porque he oído muy buenas
intenciones y muy buenas palabras respecto al Consejo que represento. Yo
espero que el Consejo, como ha dicho don Artemi Rallo, sea de su
confianza. Lo espero y lo deseo con todo mi corazón, como deseo también
que sea de la confianza del resto de los que están aquí y que todos
puedan venir sabiendo que vienen a una casa en la que la independencia y
el servicio público son los únicos elementos de vocación para trabajar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Campo Moreno): Muchas gracias, señora Arizmendi.
Con permiso del presidente de la Comisión, levanto la sesión.
Eran las seis y veinte minutos de la tarde.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal