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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 212, de 25/04/2017
cve: DSCD-12-CO-212
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 212
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PATXI LÓPEZ ÁLVAREZ
Sesión núm. 11
celebrada el martes,
25 de abril de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (Número de expediente 121/000006):

- Del señor secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Garcés Sanagustín). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/000716); Ciudadanos (número de expediente 212/000564); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/000591, 212/000592, 212/000606, 212/000607, 212/000609, 212/000615, 212/000616, 212/000617 y 212/000636); Socialista (números de expediente 212/000511, 212/000515, 212/000516, 212/000518 y 212/000519) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000429) ... (Página2)

- Del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Babín Vich). A petición de los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000687); Socialista (número de expediente 212/000517) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000432) ... (Página2)

- De la señora subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Fraile Fabra). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/000562); Socialista (número de expediente 212/000512) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000430) ... (Página30)


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- Del señor secretario general de Sanidad y Consumo y presidente de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aeconsan (Castrodeza Sanz). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (números de expediente 212/000713 y 212/000339); Ciudadanos (número de expediente 212/000563); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/000660); Socialista (números de expediente 212/000520 y 212/000513) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000431) ... (Página45)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000006).

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (GARCÉS SANAGUSTÍN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000716); CIUDADANOS (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000564); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (NÚMEROS DE EXPEDIENTE 212/000591, 212/000592, 212/000606, 212/000607, 212/000609, 212/000615, 212/000616, 212/000617 Y 212/000636; SOCIALISTA (NÚMEROS DE EXPEDIENTE 212/000511, 212/000515, 212/000516, 212/000518 Y 212/000519) Y POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000429).

- DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (BABÍN VICH), A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000687); SOCIALISTA (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000517) Y POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000432).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se abre la sesión procediendo a tramitar el orden del día con la celebración de las comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

En primer lugar, quiero informarles del escrito remitido por el Gobierno en el que comunica la imposibilidad de que el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas comparezca en el día de hoy, por enfermedad. Las preguntas que los grupos parlamentarios desearan plantear al delegado del Gobierno podrán ser formuladas al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Damos la bienvenida al secretario de Estado, a quien agradecemos su presencia y su disposición para informar ante esta Comisión.

Antes de concederle la palabra, y para una mejor ordenación del debate, les recuerdo lo que ahora mismo acabamos de acordar, que es que intervendrá en primer lugar el compareciente, sin límite de tiempo, y a continuación, de menor a mayor, y por un tiempo en esta primera intervención de quince minutos, pero en las otras dos que tenemos previstas de diez minutos, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios autores de la iniciativa. Seguidamente habría un tiempo de cinco minutos para el resto de los grupos que lo solicitaran. Cerrará el debate el compareciente.

Tiene la palabra el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Mario Garcés Sanagustín.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Garcés Sanagustín): Muchísimas gracias, señor presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores diputados.

En primer lugar, comparezco esta tarde ante esta Comisión en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con el fin de rendir cuentas sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para el año 2017.


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Mi primera declaración no puede ser sino para condenar enérgicamente las veinte mujeres asesinadas desde principios de año como consecuencia del azote de la violencia machista y los ocho menores que han quedado huérfanos en lo que llevamos, como digo, de este año. Es la lacra más importante; celebro que además, a través de este pacto de Estado en sede parlamentaria, se esté desarrollando, y agradezco a todas sus señorías el excelente trabajo que se está realizando. Estoy absolutamente convencido de que esta oportunidad histórica, tanto en sede parlamentaria como en sede gubernamental, será debidamente aprovechada para dar un paso más en esta lucha permanente contra la violencia de género.

Señorías, el pilar social es un pilar fundamental para el Gobierno de España, un pilar que se ha sustentado en la recuperación económica. Los gobiernos del Partido Popular tradicionalmente han venido demostrando que a través de la recuperación, a través del crecimiento económico, a través de la generación de empleo, se han sentado unas bases sólidas, definitivas y estables para procurar un desarrollo económico y social de nuestro país. Permite crear empleo, permite ensanchar nuestras bases fiscales, permite sanear nuestras cuentas públicas, y a través de un modelo de consolidación fiscal, pero sobre todo un modelo que cree en los ciudadanos y que cree en las ciudadanas, hemos conseguido grandes avances en los últimos años. España es el país que más crece en el ámbito de la zona euro, somos ahora mismo el motor de Europa, esto es muy importante; hemos revertido una situación extraordinariamente difícil en los últimos seis años y es de justicia reconocer y nunca olvidar de donde venimos y hacia donde vamos. Tampoco podemos hacer un discurso complaciente, pero sin duda las bases, como digo, de la recuperación económica ha sido el pilar más sólido, duradero y estable que tiene un Gobierno, un Gobierno que cree en la disciplina, la disciplina en la gestión, la disciplina y el rigor en las políticas públicas, precisamente para que crezca nuestra economía y como tal para que crezca nuestra sociedad. Pero es que, además, este crecimiento viene para quedarse durante mucho tiempo. Los datos son positivos, y tenemos que decirlo. Se estima que el producto interior bruto crecerá en un 2,5 %, pero estoy convencido de que se van a revisar rápidamente y de manera temprana estas previsiones de crecimiento, estoy convencido de que estaremos más cerca del 2,7 % o del 2,8 % de crecimiento.

Si tenemos en cuenta los últimos datos de paro, los registrados en el mes de marzo, la cifra total de parados registrados representa el nivel más bajo de los últimos siete años. El desempleo entre los jóvenes menores de veinticinco años ha disminuido en los últimos doce meses en casi 48 000 personas, un 13,7 %, una reducción superior a la media, que se sitúa en torno al 9 %. Se ha incrementado la contratación indefinida a tiempo completo en un 20,7 % interanual. En el mes de marzo se han registrado ya 117 000 contratos indefinidos, el segundo mejor dato en un mes desde el mismo mes del año 2007. Y esta mejoría, señorías, se aprecia de manera muy sensible en los datos de empleo de las mujeres; en los últimos años no solo se ha recuperado todo el desempleo destruido a lo largo de la crisis económica, sino que se ha registrado el máximo histórico de afiliación, con 8 277 490 mujeres; el 46,37 % total de afiliados. Además, estamos en cifras históricas de empleo para personas con discapacidad, concretamente ya hay 225 000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social con alguna discapacidad, una afiliación que crece al ritmo del 9 %, el triple de lo que lo está haciendo la media nacional.

Ante esta situación, señorías, podemos afirmar, creo que con absoluta contundencia y con absoluto rigor, que estamos ante unos presupuestos de consolidación y de crecimiento. Hemos dejado atrás ya la fase del presupuesto de recuperación, porque la economía española ya se ha estabilizado y se ha consolidado en unos estándares permanentes de crecimiento y estamos siendo ahora mismo el ejemplo del resto de los países de la Unión Europea. Por eso es muy importante que, en el momento en que los presupuestos han vuelto a la senda de crecimiento, la primera apuesta que ha tenido el Gobierno de la nación ha sido presentar un proyecto de ley clara y manifiestamente social. Y esta es una declaración que afecta inequívocamente no solo a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, sino al resto de ministerios que hacen políticas sociales, pero también al resto de administraciones públicas, porque quiero recordar ya, desde este momento, que el paisaje, la arquitectura institucional sobre la que se construye este país, exige que gran parte de los recursos sociales y las prestaciones sociales sean llevadas a cabo por las entidades locales y por las comunidades autónomas. Y el esfuerzo de descentralización fiscal, que es una apuesta decidida por parte de este Gobierno, con una aportación superior a los 5300 millones a las comunidades autónomas, es una expresión también indubitada de que queremos poner en manos de las comunidades autónomas los recursos suficientes y adecuados para que puedan hacer políticas efectivas, políticas efectivas sociales y políticas efectivas directamente dirigidas a alcanzar la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Como digo, es un presupuesto social, ha crecido un 1,7 % el gasto social respecto al año 2016, alcanzando casi el 56 % del presupuesto total de todos los


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ministerios y de todas las entidades públicas dependientes. Pero si sumamos las transferencias corrientes que van destinadas a las comunidades autónomas, podemos decir que el gasto en políticas sociales de este proyecto de ley de presupuestos alcanza el 70 %.

Hemos de ser conscientes, como decía antes, de que la perspectiva social, el enfoque social del presupuesto no se constriñe exclusivamente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en particular a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, sino que las consignaciones presupuestarias afectan a muchos más departamentos ministeriales, a muchas más entidades instrumentales que están realizando una actividad directamente ligada a la prestación y a la obtención de recursos y servicios sociales dedicados a los ciudadanos.

El presupuesto que hoy sometemos a debate necesariamente tiene que ser un presupuesto del siglo XXI y en esto es muy importante la transformación radical y cultural a la hora de enfocar las políticas públicas en este país. Nada tiene que ser igual a lo que ha sido hasta ahora. Tenemos varios retos que asumir y ahí es fundamental la colaboración de todas las formaciones políticas. Por eso es importante pedir el apoyo de todas las formaciones políticas, porque, con independencia de las distinciones, de las diferencias ideológicas, de las diferencias de partido, hay retos que nos obligan a estar juntos. El primer reto es el reto demográfico, la demografía; por fin en España alcanza un nivel de pacto de Estado, alcanza un nivel que exige un estudio a escala nacional y donde deben, evidentemente, conciliarse todas las tendencias, todas las situaciones, todos los posicionamientos de todas las administraciones públicas. También es necesario el pacto contra la violencia de género o el análisis del sistema de la dependencia, tenemos obligatoriamente que adoptar medidas para consolidar la estructura jurídica y material de la dependencia en una sociedad cada vez más envejecida y donde tenemos que adoptar medidas proactivas con el objetivo de paliar o revertir la situación hacia la que vamos avanzando.

Somos, por tanto, un Gobierno comprometido con las políticas sociales, y recuerdo que las políticas sociales no son monopolio de nadie, son monopolio de los ciudadanos y de las ciudadanas, son patrimonio de aquellos a los que van destinadas y nuestra responsabilidad política, de todas las formaciones políticas, es garantizar que esos recursos vayan destinados a los sectores más desfavorecidos, a los más vulnerables, a aquellos que más lo necesitan. Y ahí estamos implicadas todas las administraciones públicas. Cuando hablamos de lealtad institucional, cuando hablamos de lealtad de Estado, tenemos que hablar necesariamente de ese grado de cooperación y coordinación que debe imbricar a todos y a todas, pero sobre todo a la sociedad civil con los poderes públicos, y desde luego a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a la propia Administración del Estado. Porque pensamos en las personas mayores, tenemos que garantizar sus pensiones, porque pensamos en las personas, en los hombres y mujeres dependientes, tenemos que mejorar el sistema, porque pensamos en las mujeres, trabajamos para que la igualdad jurídica y formal sea una igualdad material, sea una igualdad real, no sea una mera igualdad cosmética, una igualdad de realidad jurídica, trabajamos para las víctimas de violencia de género, dotando los recursos necesarios para romper la indignidad, para romper precisamente el círculo de la violencia y que consigan salir de una manera efectiva, decidida y determinada de lo que es el maltrato. Trabajamos para las personas con discapacidad, fundamentalmente incidiendo en su empleabilidad; no hay mayor acceso a la sociedad de una persona con discapacidad que por medio de un empleo. Estamos muy satisfechos del recorrido de los últimos años, y tenemos que estarlo todas las formaciones políticas, porque todas han trabajado adecuadamente. Y trabajamos para los jóvenes, para mejorar su formación y sobre todo para que redunde en una mayor empleabilidad y en un mejor acceso al mercado de trabajo.

Por ello, y esto es la vocación de este Gobierno y ha sido la vocación del presidente del Gobierno, el presupuesto de 2017 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha sido el presupuesto que más ha crecido, un 8 %; su cifra total asciende a 2184 millones de euros. De esta cantidad, corresponde a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 1807 millones, es decir, el 82,73 % del presupuesto total del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Si comparamos exclusivamente las cifras interanuales del presupuesto de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, les aseguro que representa un crecimiento ostensible, crece el presupuesto en un 9,07 % respecto al presupuesto del año 2016. Estos números demuestran, señorías, la apuesta indeclinable, la apuesta absoluta de este Gobierno por las políticas sociales, por las políticas de equidad, por las políticas de cohesión, por las políticas de justicia social; nadie nos puede cuestionar eso, porque lo hemos proyectado en un estado presupuestario y porque ahí están los datos. Quiero agradecer desde este momento las aportaciones de los grupos parlamentarios que han hecho posible este acuerdo y que este proyecto de ley, hoy por hoy, se esté tramitando en las Cortes Generales, de la misma manera que tiendo la mano a


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todas las formaciones políticas, que estoy convencido de que en el trámite parlamentario van a hacer sus aportaciones e indudablemente mejorarán, como no puede ser de otra manera, el proyecto de ley presentado por el Gobierno.

¿Cuáles son las grandes líneas del departamento? Vamos a destacar las más importantes. En primer lugar, una apuesta muy decidida del Gobierno por la familia y por la protección de la infancia, fundamentalmente la pobreza infantil, como se muestra en que se ha producido el mayor incremento de los últimos años con casi 26 millones de euros, un 13,09 % de crecimiento, llegando, si sumamos el conjunto de recursos de todos los ministerios y entidades públicas, a 342 millones de euros. Esta era una apuesta del Gobierno, ha sido una apuesta de los grupos que han secundado el acuerdo presupuestario y quiero especialmente agradecer esta apuesta y este discurso decidido por parte de estas formaciones políticas. Dentro de este incremento, hay que destacar una nueva partida específica dedicada a servicios sociales y pobreza infantil. Se llama protección a la familia y atención a la pobreza infantil, prestaciones básicas de servicios sociales, por importe de 24,59 millones de euros, alcanzando en su totalidad el epígrafe presupuestario los 100 millones de euros. A eso hay que sumar una partida adicional para Canarias de un millón de euros destinados a luchar contra la pobreza infantil.

Además de la familia y de la infancia, también hay un apoyo decidido en este proyecto de ley de presupuestos, a nuestros mayores y a la dependencia; destinamos el 82 % del presupuesto de la secretaría de Estado a la dependencia y destinamos 102 millones de euros más a dependencia, el mayor incremento de los últimos años. A ello hay que sumar 20 millones adicionales, con los que se incrementa la partida destinada a la financiación de los recursos directos del Imserso. Además, se produce un incremento de 2,5 millones de euros en la lucha contra la violencia de género, sin perjuicio de que mañana comparecerá la delegada del Gobierno para la Violencia de Género; creo que es importante dar valor a este crecimiento presupuestario en esta Comisión. Concretamente, el presupuesto para violencia de género asciende a 28 millones, es decir, un 10 % más que el año pasado. Quiero recordar en este punto, como he hecho al principio de mi intervención, que estas políticas son transversales, y que en ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno durante estos años de contención y consolidación fiscal hemos liberado recursos suficientes para las comunidades autónomas y para las entidades locales para que puedan hacer frente a políticas activas directas, a buscar recursos sociales directos, porque son las responsables y competentes directamente en la gestión de esos recursos. También incrementamos en casi dos millones de euros, en concreto, 1,98 millones de euros, las políticas de juventud y en el resto de políticas del ministerio y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad hemos mantenido el esfuerzo presupuestario, no hemos bajado ni un solo euro de los programas que repercuten en las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Voy a contarles algo, señorías. Dentro de la clasificación económica del gasto, el único capítulo que experimenta una reducción es el capítulo 2, es el capítulo de bienes y servicios. Es importante ponerlo en valor. Hemos incrementando las partidas de transferencias corrientes, hemos incrementado las partidas de inversiones, como veremos después, y hemos incrementado el capítulo 1 con el objetivo de poder cubrir la oferta de empleo público y aquellas necesidades de personal de los centros directamente gestionados por el Imserso. En este sentido hemos reducido el gasto improductivo. Voy a poner un ejemplo. En todas las unidades que componen mi secretaría de Estado se produce un mantenimiento o un incremento del esfuerzo presupuestario, salvo en una, que es la que afecta directamente al titular de esta secretaría de Estado. He reducido en 220 000 euros mi presupuesto; he reducido en 80 000 euros los gastos dedicados a reuniones, en 50 000 euros los gastos dedicados a publicidad y en 10 000 euros los gastos dedicados a locomoción y a dietas. Todo eso se ha destinado a incrementar las partidas directamente vinculadas a la obtención de recursos y a la obtención de ventajas sociales para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Creo que hay que dar ejemplo y el mejor ejemplo, cuando uno hace el presupuesto, es intentar destinar sus escasos recursos presupuestarios a veces a lo que realmente es de utilidad, a lo que realmente ofrece un producto directo a los ciudadanos.

Voy a comenzar a desglosar -y teniendo en cuenta, como ha señalado el presidente de la Comisión, la ausencia del delegado del Gobierno para drogas y adicciones, por una indisposición pasajera, que lamentamos y que esperemos que se recupere rápidamente- las siete direcciones generales que dependen directamente de esta Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Vamos a comenzar por dependencia y la atención a las personas mayores. Señorías, España es una sociedad envejecida, donde 8 655 000 personas tienen más de 65 años, cifra que se calcula que en el año 2050 llegaremos a 16 000 000 de personas con más de 65 años. En la actualidad la esperanza de vida de España es la más


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alta en mujeres solo superada por Japón y esta es la evolución natural. Desde una perspectiva de salud hemos mejorado, pero hemos avanzado hacia una sociedad mucho más envejecida. La esperanza de vida supera los 80 años para los hombres y en las mujeres llega a los 85,6. Para el año 2050 se espera que aumente hasta alcanzar los 87 años en el caso de los hombres y 90 años en el caso de las mujeres. Por eso se hace necesario que este Gobierno y cualquier otro Gobierno ponga el foco necesariamente en nuestros mayores y en nuestros dependientes. Envejecimiento activo, prevención y atención a la dependencia son las grandes líneas maestras que tienen que impregnar, que tienen que inspirar cualquier tipo de actuación de política social de cualquier gobierno y desde luego de un gobierno responsable.

Para ello el presupuesto del Imserso para el año 2017 -quiero recordarles, señorías, que se nutre de dos fuentes de ingresos: la fuente de ingresos directa de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y los fondos de la Seguridad Social- asciende a 4041 millones de euros, teniendo un incremento de 131,2 millones de euros, un 3,36 % más que el año anterior. El presupuesto para 2017 de la secretaría de Estado para el Imserso supera ya los niveles del ejercicio 2011, hemos superado en un 1,51 % el esfuerzo presupuestario que había ya en el año 2011. Hablamos de un presupuesto de crecimiento, no hablamos ya de un presupuesto de recuperación y el principal síntoma de que hemos recuperado ya el esfuerzo presupuestario es alcanzar cotas que se habían alcanzado en algunos años. Desde 2013 el presupuesto del Imserso se ha incrementado en 354,20 millones de euros. Este incremento presupuestario ha ido acompañado también de un esfuerzo de consolidación y saneamiento de las cuentas, porque quiero recordar que en el año 2013 hubo que atender una deuda acumulada de ejercicios anteriores de 1368,45 millones de euros, de los cuales 1034 millones de euros correspondían a cuotas de la Seguridad Social de cuidadores familiares que estaban impagadas.

La Secretaría de Estado transfiere al Imserso un total de 1501,39 millones de euros, 122 millones de incremento respecto al año 2016, es decir, un 8,85 %, o, lo que es lo mismo, 7 de cada 10 euros del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad están comprometidos con las personas mayores y con la dependencia. Los créditos destinados a la atención a la dependencia ascienden a un total de 1354 millones, lo que supone un notable aumento del 8,19 %, en términos absolutos, 102,52 millones de euros. La prioridad que la dependencia tiene para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se pone de manifiesto en que el 62 % del presupuesto se destina a consolidar la Ley de Dependencia, seis puntos más que en el ejercicio 2011. El proyecto de presupuestos de 2017 refuerza, además, los grandes programas de actuaciones del Imserso. Y se incrementan algunas partidas adicionales. Por ejemplo, los créditos destinados a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que son de gestión directa del Imserso y que ascienden a 35,34 millones de euros, con un incremento cercano al uno por ciento, 0,79 puntos. Los créditos destinados al capitulo 1, gastos de personal, ascienden a 87,92 millones de euros, con un incremento de 4,7 millones respecto al presupuesto de 2016. Este incremento va destinado a dar cobertura a gastos de personal, a plazas vacantes de nuestros centros para prestar una mejor asistencia a las personas que asisten a los centros, además de para las necesidades de cobertura presupuestaria de los nuevos ingresos procedentes de la oferta de empleo público del año 2016.

Por otro lado, seguimos trabajando en algunas partidas que nos parecen piramidales desde el punto de vista del envejecimiento saludable, de la prevención de la dependencia y del carácter social ligado a la promoción de la salud. Está la partida destinada al turismo social, por un importe de 69,69 millones de euros, y termalismo saludable, por un importe de 35,87 millones de euros, lo que hace un total de más de 105 millones de euros. Estos programas tienen efectos positivos y externalidades favorables de todo tipo. Primero, y la más directa, porque recaen sobre nuestros mayores, en este envejecimiento saludable que es necesario, que es fundamental y que tenemos que garantizar desde una perspectiva responsable de los poderes públicos, pero además, para que vean algunos datos, hay once millones de estancias hoteleras al año, se generan más de 449 millones de euros de riqueza y se mantienen 90 000 puestos de trabajo en el sector directos o inducidos. A esto hay que sumar 3,3 millones que destinamos a turismo y termalismo para personas con discapacidad, que hacen posible que más de diez mil personas con discapacidad disfruten de estos programas, dado que se trata de un turismo y de un termalismo accesible, sin duda un turismo que rompe barreras, sin duda un turismo que nos hace iguales y que permite disfrutar de los mismos derechos a todas las personas, tengan o no discapacidad. También están los créditos para el apoyo al movimiento asociativo de personas mayores por un importe de 2,35 millones de euros, beneficiándose de estas subvenciones hasta treinta entidades estatales que realizan actividades dirigidas a los colectivos de personas mayores. También hemos contemplado en los Presupuestos Generales del Estado dotación para los centros de referencia estatal que dependen directamente del Imserso. Por una


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parte, 6,12 millones de euros para inversiones de los siguientes proyectos: la construcción y equipamiento del Centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas Stephen Hawking, de Langreo, en Asturias, y las obras de reforma y mejora de otros centros que están ya en funcionamiento, y 2,99 millones para gastos de funcionamiento del resto de centros de referencia.

Pasemos ahora a una de las áreas que más incremento recibe, que es la de apoyo a la familia y la infancia y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, señorías, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 reflejan una apuesta decidida del Gobierno de la nación por la familia y por la infancia, ya que son políticas que se benefician del mayor incremento porcentual de entre todas las que están bajo la responsabilidad de esta secretaría de Estado, con un incremento total de 25,71 millones de euros, es decir, un 13,09 %, que la sitúa con una dotación total, dentro de lo que es el programa de familia, de 222,15 millones de euros. Y les daré un dato consolidado, entre 2014, año ya de salida definitivamente de la crisis, y 2017, se ha incrementado el presupuesto de la dirección general en 76,55 millones de euros. Respecto al presupuesto de 2011, los créditos de la dirección general se han incrementado ya en 5,14 millones de euros, es decir, un 2,37 % más que en el ejercicio 2011. En el capítulo 4, transferencias corrientes, del presupuesto de gastos, se ha producido un incremento de 25,59 millones, un 13,75 % más que el año anterior. Quiero destacar, una vez más, el millón específico ad hoc que se ha destinado para combatir la pobreza infantil en Canarias.

Destaco, como digo, esta política de continuidad. Ya son 100 millones los que vamos a dedicar conjuntamente al epígrafe presupuestario protección a la familia y atención a la pobreza infantil, prestaciones básicas de servicios sociales. Este crédito va a permitir hacer frente a la situación de las familias que se encuentran en situación de privación material severa o en riesgo de pobreza y a los niños y niñas a su cargo. Permite financiar proyectos de integración social y prestaciones económicas que mejoren su situación social y laboral en el marco de los servicios sociales primarios y especializados. En concreto se pueden financiar, gracias a este programa, tres tipos de proyectos. En primer lugar, proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas, como son la alimentación, la higiene, la ropa, y facilitando el acceso a otros servicios como son la salud, la educación, la vivienda y el empleo, así como el acompañamiento del trabajo social de las familias. En segundo lugar, proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción sociolaboral con hijos a cargo. Por último, servicios de intervención y apoyo familiar entre los que se encuentran los definidos en el epígrafe 1.3 del acuerdo que se alcanzó en el consejo territorial del año 2013, por el que se definía el catálogo de referencia a los servicios sociales.

Por otra parte, se incluye en esta partida el crédito para prestaciones básicas de servicios sociales, el plan concertado cofinanciado con las comunidades autónomas. Este plan constituye la principal fuente de financiación de la red básica de servicios sociales municipales de atención primaria y se configura como un programa de colaboración técnica y financiera entre las administraciones estatal, autonómica y a través de esta con las administraciones locales, y cuyos objetivos, como ustedes saben, señorías, son: proporcionar servicios sociales adecuados para las personas que permita la cobertura de sus necesidades básicas; dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias en materia de servicios sociales y, en tercer lugar consolidar la red básica fundamental de servicios sociales municipales para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria.

Debemos resaltar también el crédito ampliable destinado a programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 %. En esta sede quiero recordar y quiero agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles el esfuerzo que año tras año han venido haciendo poniendo su equis en la casilla solidaria. El año pasado fueron 230 millones de euros los que los españoles y las españolas destinaron al 0,7 %; este año, con el crecimiento económico y con el incremento de las bases fiscales, estoy convencido de que va a ser una cantidad superior que va a redundar en proyectos directos, en incentivos directos a través de las entidades del tercer sector, el mejor tejido asociativo que puede existir en este país. Pues bien, esta dotación de 99,83 millones de euros se verá incrementada cuando se produzca la liquidación definitiva de la recaudación del 0,7 y, como digo, es un reflejo de la solidaridad de todos los españoles.

Asimismo, se recogen en el presupuesto las siguientes partidas: Plan de desarrollo gitano, 412 500 euros; programas de servicios sociales en Ceuta, 2 000 000 de euros; programas de servicios sociales en Melilla, 2 000 000 de euros; Congreso del voluntariado, 75 000 euros. Quiero agradecer la celebración el año pasado del Congreso del voluntariado en Aragón; este año se va a celebrar en Andalucía, mañana en el consejo territorial tomaremos la decisión sobre cuál va a ser la comunidad y la ciudad donde se va a


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celebrar el Congreso del voluntariado del año 2018; ayudas para afectados de VIH, con 60 110 euros; subvención nominativa a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con 105 000 euros; la subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva, por importe de 60 000 euros; la subvención a la Fundación Más Familia para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del certificado de empresas familiarmente responsables, que está siendo un éxito rotundo; diez subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal, por importe de 4 230 000 euros, cuyo objetivo es el sostenimiento de la estructura organizativa de las entidades cuyos objetivos son la atención a las personas en situación de pobreza y de exclusión social, así como ocho subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social en infancia y familia de ámbito estatal, con 2,35 millones de euros. Quiero recordar también un programa reciente que surgió en el año 2016, que es el programa de Ayuda alimentaria a personas más desfavorecidas, que se encuadra en el Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas, el FEAD, donde tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, han llevado a cabo la gestión de las ayudas y en concreto, en la secretaría de Estado, las medidas de acompañamiento del programa operativo del FEAD.

Continúo con la gestión de fomento y apoyo a las políticas de las personas con discapacidad. Este es un aspecto fundamental, lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo en las políticas de este Gobierno. Este Gobierno ha adquirido un compromiso inquebrantable con las personas con discapacidad, el compromiso de alcanzar la plena igualdad de oportunidades de todos y de todas en todos los órdenes de la vida pero especialmente en el orden profesional, en el orden empresarial, en el orden del mercado de trabajo. Estamos de acuerdo todos y todas en que el empleo ha de ser la clave del progreso y la prosperidad de un país y de las personas que lo forman, pero conseguir acceder a un trabajo en igualdad de condiciones, sin discriminación, todavía está lejos entre las personas con discapacidad. Eso, poco a poco, lo estamos logrando, pero tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para conseguirlo. Se han tomado muchas iniciativas, se han adoptado muchas decisiones a lo largo de los últimos años y estoy convencido, trabajando como trabajamos conjuntamente con el tercer sector, que vamos a tomar decisiones a lo largo de esta legislatura que van a suponer avances significativos, avances determinantes en esas políticas de inserción de las personas con discapacidad.

El presupuesto de la dirección general asciende a 6,63 millones de euros, lo que supone un repunte del 0,12%; se han dotado veintiuna subvenciones nominativas a entidades del tercer sector, por un importe de 4,10 millones de euros y asimismo se prevé una subvención específica de 532 000 euros para la atención a personas sordas, en el ejercicio de sus derechos básicos. Respecto al presupuesto del real patronato para 2017, asciende a 2,6 millones de euros, que se dedicarán a las siguientes partidas. Por un lado, una subvención a la Fundación ONCE para la implantación del programa de accesibilidad universal para las personas con discapacidad, por importe de 500 000 euros y asignaciones a los centros dependientes del real patronato, la Universidad Carlos III, de Madrid, para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, 290 000 euros; a la Fundación CNSE, para el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, 125 000 euros. Asimismo se recogen las subvenciones a las siguientes entidades: al Centro Español de Documentación sobre la Discapacidad; al Centro Nacional de Tecnología de Accesibilidad; al Comité Paralímpico español y al Comité español de representantes de personas con discapacidad para el Observatorio estatal de la discapacidad, en este caso concreto con una cifra final de 80 000 euros. Se crea un concepto específico, denominado Para el desarrollo del programa para la mejora de condiciones educativas de las personas con discapacidad, cuyo concepto se va a ver generado presupuestariamente con los saldos y depósitos abandonados. En este ejercicio se pretende generar recursos por importe de más de un millón de euros; es lo que comúnmente hemos denominado las cuentas durmientes.

En cuarto lugar, señorías, miembros de la Mesa, presidente, pasamos al presupuesto destinado a juventud. La política de juventud es otra de las grandes prioridades de esta sociedad y de este Gobierno. Los jóvenes de hoy son el futuro de mañana y en ellos hemos de invertir. Por ello, en este ejercicio el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad eleva su presupuesto para políticas de juventud hasta los 30,94 millones de euros, con especial incidencia en el fomento de la empleabilidad juvenil y en la educación no formal. El presupuesto del Injuve se incrementa en 2,13 millones de euros, uno de los mayores crecimientos de la última década, un 7,86%, hasta los 29,19 millones de euros a los que hay que incorporar también el presupuesto del Consejo de la Juventud. El presupuesto de ingresos del instituto se incrementa en 2,43 millones, compuesto fundamentalmente por la partida de fondos procedentes de la


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Unión Europea para el desarrollo y ejecución del programa comunitario Erasmus Plus Juventud. El capítulo del instituto también se incrementa en 244 000 euros, un 4,42% más y el capítulo 4 se incrementa en un 14%. Quiero destacar que el Servicio de Empleo Público Estatal va a financiar con un millón de euros el programa del Injuve para la contratación de jóvenes desempleados. Por último, el presupuesto del Consejo de la Juventud de España asciende a 1,7 millones de euros.

Por lo que se refiere a la lucha contra la drogodependencia y otras adicciones, y sin perjuicio de recordar nuevamente que no puede comparecer hoy el delegado del Gobierno por una indisposición sobrevenida, voy a detenerme en aquellos aspectos clave, sin perjuicio de que yo ya comparecí en su momento en sede parlamentaria hace unas semanas para explicar la estrategia de drogas y adicciones.

Considero que es necesario destacar en el presupuesto de la Delegación del Gobierno, porque se nutre de dos fuentes de ingresos, por una parte la fuente de ingresos directa, derivada de los libramientos directos y específicos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y, por otra, las aportaciones que llegan como consecuencia de la monetarización del fondo de bienes decomisados. Pues bien, en este sentido tenemos que decir que con cargo a Presupuestos Generales del Estado hay una aportación de 14 719 700 euros, lo que supone un incremento respecto al año 2016 de un 0,19%. El resto de créditos que gestiona la delegación, como he dicho anteriormente, proceden directamente de la aplicación de la Ley 17/2003, la que regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Este año, como estamos debatiendo los presupuestos a las alturas del año en que nos encontramos, puedo ya decirles que la cantidad que gestionará la delegación, fruto de la suma de ambas aportaciones, va a alcanzar los 33 100 000, lo que supone 69,22% del total a gestionar.

Una vez señaladas estas premisas, la dualidad de las fuentes de financiación del presupuesto de la Delegación del Gobierno, me veo obligado a explicarles, señorías, el desglose de cada una de estas partidas. El incremento del 0,19% del presupuesto tiene su origen en un incremento en el 1,13% del capítulo 1 del presupuesto de gastos de costes de personal de la Delegación del Gobierno. En el resto de capítulos del presupuesto, en 2017 continuaremos priorizando el apoyo a las organizaciones no gubernamentales. En este momento quiero destacar especialmente la labor que día a día, minuto a minuto, están llevando a cabo las entidades del tercer sector de este país, en un claro ejemplo de lo que es la colaboración público-privada. Cuando muchas veces se asocia la colaboración público-privada a las actividades de construcción, las sociedades civiles se construyen precisamente así, colaborando las entidades del tercer sector directamente en un vínculo permanente con los poderes públicos, pero también en colaboración con el resto de administraciones, comunidades autónomas y entidades locales, así como para financiar el mantenimiento de la función estadística pública y de la red de alerta temprana. A lo largo de la legislatura aprobaremos un nuevo real decreto que establezca los nuevos estándares de requerimientos de este real decreto para poder anticiparnos al nacimiento, a la irrupción de nuevas sustancias que puedan irrumpir en el mercado.

En el capítulo 2 destaca el importe de 926 000 euros destinados al mantenimiento de la función del Observatorio español de la droga y de las toxicomanías, lo que permitirá seguir manteniendo información objetiva, efectiva, fiable y de calidad, y comparable, sobre la evolución de los consumos y el fenómeno de las adicciones en general en nuestro país. A ello hay que añadir la parte del Fondo de los bienes decomisados y aportará las acciones gestionadas directamente por la delegación, que en el reparto que ya se ha producido en Consejo de Ministros asciende 3 210 000 euros y cuya cuantía no solo está destinada a encuestas e indicadores y a la red de alerta temprana sino que incluye una cantidad de 2 370 000, destinada a la realización de actividades de sensibilización de la sociedad, relacionadas con el consumo de alcohol por parte de menores de edad y sus consecuencias. Quiero recordarles que ahora mismo se está trabajando en sede parlamentaria -y quiero agradecer el trabajo de todos los parlamentarios- en el análisis previo a la realización de un proyecto de ley para la prevención del consumo de alcohol en menores. Ese es un esfuerzo conjunto y también exijo y pido la colaboración, como no puede ser menos, desde el Gobierno a todas las formaciones políticas.

En conjunto, y por lo que se refiere al capítulo 4, las comunidades autónomas van a recibir un total de 18 119 400 euros, distribuidos en los siguientes conceptos: gastos derivados del desarrollo del Observatorio español sobre drogas, con un millón de euros aproximadamente; gastos que origine el desarrollo de la estrategia nacional sobre drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas, con 3 270 000 euros; gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la estrategia nacional sobre drogas, 3 962 000; gastos derivados de programas de rehabilitación, reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales, por importe de


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1 253 000 euros. A estas cantidades hay que añadir los 8 600 000 para actividades de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. También, como decía, se prevén transferencias a organizaciones no gubernamentales, por un importe inicial de 996 490 euros. A esta previsión inicial está prevista una convocatoria de subvenciones específica, con fondos procedentes de la bolsa de los bienes decomisados, que estará dotada con 3 200 000 euros. En cuanto a subvenciones a corporaciones locales, se dotará el fondo con 6 600 000 euros, lo que supone un 50% de incremento respecto a lo previsto en el año 2016, y se mantiene la subvención nominativa con la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias, con 350 000 euros, una subvención nominativa y una aplicación presupuestaria que está, desde luego, siendo muy útil, tanto para los municipios como para el propio ministerio.

Finalmente se encuentra una partida para cooperación internacional de 250 000 euros, un 67% más que en el año 2016. Quiero recordar el importante papel que está jugando la Delegación del Gobierno como institución de referencia en todo tipo de organismos internacionales. Es preciso destacar este papel que, desde hace años, desde hace años -repito-, tiene consolidado una Delegación del Gobierno donde reiteradamente nos piden que seamos ejemplo y que estemos permanentemente mostrando nuestras experiencias y nuestras prácticas, tanto en América Latina como en Europa. Por último, quiero mencionar una dotación de 609 000 euros para financiar proyectos de investigación por centros de investigación públicos y privados en materia de drogodependencia.

A continuación, señorías, hablaré de igualdad. Este Gobierno está firmemente comprometido con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con la lucha contra la no discriminación. España no puede estar desaprovechando el 50% que representa el talento femenino, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de equidad individual, pero sobre todo es una cuestión de derechos humanos, pero también es una cuestión de no desperdiciar el magnífico talento femenino que tenemos en este país. En eso hemos de trabajar, en incidir constante y sistemáticamente en el papel de la mujer en nuestra sociedad. Para ello, el presupuesto del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, asciende a 19,74 millones de euros. Con este presupuesto llevamos a cabo actuaciones dirigidas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la sociedad, a luchar contra la discriminación, a fomentar el empleo y la formación de las mujeres, especialmente las pertenecientes a los grupos más vulnerables y de las mujeres del medio rural, a mejorar la conciliación y la corresponsabilidad, al emprendimiento femenino y a promover políticas de igualdad en la empresa y el acceso de las mujeres a los puestos de dirección.

Respecto a las partidas de otros años, hay que señalar que se aumentan las siguientes: En primer lugar, las subvenciones a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A., Cersa, para financiar la promoción, consolidación, crecimiento y mejora de proyectos empresariales de mujeres emprendedoras, con una dotación de 75 000 euros, que supone un incremento del 50%. En 2016, con una subvención de 50 000 euros, se llegaron a formalizar 202 operaciones, por un importe de más de diez millones de euros. Ese es el efecto multiplicador de este tipo de programas, y por eso nos interesa incrementarlo en un 50%, poner el eje y el foco en aquellas políticas que han devenido eficaces, que han demostrado que dan un resultado positivo a la sociedad.

En segundo lugar, se incrementan también las partidas de incentivación para la adopción de los planes de igualdad, especialmente las dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, con un incremento próximo al 40%, elevándose la dotación hasta 1,25 millones de euros. El programa SARA, el destinado a actividades para el apoyo de colectivos de mujeres en situación de riesgo de exclusión social, migrantes, minorías étnicas, mujeres con discapacidad y mujeres mayores, se incrementa en 100 000 euros, hasta los 500 000 euros. El programa de apoyo para estudios universitarios de posgrado, destinado a estudios para la mujer, se incrementa también en 100 000 euros, un 33,33% más, elevándose hasta los 400 000 euros. Pero además el presupuesto para 2017 crea nuevas partidas, una subvención a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca; para el programa de emprendimiento y fomento de liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión de las sociedades del sector agroalimentario e intercambio de buenas prácticas. Y una subvención nominativa a la Fundación Integra. Ya existía esta subvención nominativa, pero ahora se incrementa con un doble objetivo: uno, incrementar el número de empresas que, en el marco de la iniciativa Red de empresas para una sociedad libre de violencia de género, realizan actuaciones de inserción laboral y, dos, para incrementar el número de contrataciones que realizan las empresas que ya forman parte de esta iniciativa.


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Igualmente se prevé la continuidad de los siguientes programas: subvención de 50 000 euros a favor de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la promoción de igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de mujeres residentes en las referidas ciudades; apoyo al movimiento asociativo de mujeres, a través del programa para la aplicación de igualdad de oportunidades, 1,25 millones de euros; convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones en materias de igualdad, 200 000 euros; el convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 360 000 euros; la subvención nominativa con la CEOE para la continuidad del programa de desarrollo, liderazgo y promoción de las mujeres directivas, por importe de 250 000 euros; y la subvención a las cooperativas agroalimentarias de España para el programa de emprendimiento y fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión de las sociedades del sector agroalimentario e intercambio de buenas prácticas, por importe de 60 000 euros. En definitiva, se trata de un presupuesto que impulsa nuevos programas y asegura la continuidad de los que ya están en marcha y, como digo, se han demostrado eficaces, temporáneos y oportunos.

Por último, me voy a centrar en la lucha contra la violencia de género, sin perjuicio, como digo, de que mañana comparecerá la delegada del Gobierno para la Violencia de Género. La lucha contra la violencia de género nos incumbe a todas y a todos, como se ha puesto de manifiesto en la creación en la Comisión de Igualdad de la subcomisión del pacto de Estado de violencia de género. El presupuesto de la delegación se ha incremento en 2,5 millones de euros, es decir, un 10%, siendo la cifra total de 27,73 millones de euros. Los incrementos se producen en las siguientes partidas: programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, transferencias a comunidades autónomas, en 700 000 euros, que se suma a los 5 000 000 existentes, lo que supone un aumento del 14%, el 42,5% respecto al presupuesto del año 2015, elevándose desde los 4 000 000 de entonces, hasta los 5,7 millones de ahora. Con ello maximizamos la eficacia del sistema y mejoramos la coordinación. Constituye, recuérdenlo, señorías, el principal eje de actuación del Gobierno y se recoge en la estrategia nacional de erradicación de la violencia contra la mujer, así como en el plan de reforma de las administraciones públicas. Los proyectos financiados en 2016 se han dirigido a las siguientes actuaciones: asistencia social integral; recursos y servicio de información y acompañamiento; el 016; Atenpro; la sensibilización y la concienciación social y los programas de formación de profesionales.

También se incrementa el capítulo 6 del presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno, que va a ascender a 1,72 millones de euros, incremento que supone 1,72 millones de euros, un 20% aproximadamente más, llegando a los 10,5 millones de euros. Este incremento, ¿en qué se va a materializar? En la dotación para dispositivos electrónicos destinados al seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género y en el crecimiento del presupuesto de las campañas de información y sensibilización para prevenir las distintas formas de la violencia de género, que es de 1,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 26,31%. Quiero recordar que las campañas de sensibilización son un instrumento muy potente, empíricamente demostrado, para combatir la violencia machista. En el estudio que realizó la Delegación del Gobierno sobre percepción social de la violencia de género, el 79% de las personas encuestadas considera que las campañas de sensibilización son útiles para concienciar a la población sobre la violencia de género y el 77% creen que sirve para ayudar a las víctimas a tomar conciencia de su situación. Atendemos así, por tanto, a una reivindicación formulada por las asociaciones especializadas en la materia y por los miembros del Observatorio estatal para la violencia sobre la mujer. Para el año 2017, junto con la formación en materia de violencia de género, se sigue intensificando la formación dirigida a la detección de situaciones de trata en el ámbito local, en el marco del nuevo Plan integral de lucha en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, donde este Gobierno quiere dedicar todos sus esfuerzos también.

Se ha de señalar que todos estos incrementos no han supuesto una disminución del resto de partidas, bien al contrario, se ha elevado con carácter general los recursos prestacionales, los recursos sociales en un 60%. Creo que esta es quizá la medida más importante que se puede destacar, por no agotar evidentemente la intervención y la comparecencia mañana de nuestra delegada del Gobierno, a la que agradezco hoy su asistencia en esta Comisión. La delegación sigue contando, por otra parte, con los convenios y ayudas propios: el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género, por 3,6 millones de euros, y la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, 2 000 000; los programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia


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contra la mujer, por 1 000 000 de euros; el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, por 80 000, y becas de formación y premios para la mejor tesis doctoral, por 60 000 y 5000 euros respectivamente.

Presidente, miembros de la Comisión, señorías, una vez presentadas las grandes líneas de las partidas presupuestarias de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, quiero en primer lugar subrayar la realidad que hay detrás de estas cifras. Es una realidad palpable. Insisto, no tenemos que ser necesariamente complacientes, pero tenemos que ser realistas. España ha conseguido revertir una situación extraordinariamente peligrosa a lo largo de los últimos años. Eso ha permitido que la recuperación haya sido acompasada con una mejora de las partidas destinadas a recursos y políticas sociales. No se le puede reprochar a este Gobierno, que cuando ha podido lo ha hecho, y lo ha hecho de manera intensiva y lo ha hecho de manera decidida, porque estamos ante un presupuesto de un Gobierno que cree en las políticas dirigidas a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los jóvenes, a las personas mayores, a las víctimas de violencia de género, a las familias con escasos recursos o que están en situación de vulnerabilidad, pero quiero recordar algo más: en el ajuste fiscal que se ha hecho y en el reparto de asignación de recursos que se ha hecho en estos presupuestos, el Gobierno podría haber optado incluso por incrementar mucho más las partidas dedicadas a la Administración del Estado, pero ha hecho algo que es más responsable, desde el punto de vista del paisaje institucional de este país, que ha sido destinar 5386 millones a las administraciones territoriales, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales; ahí es donde se concentra el 70% del presupuesto social de las administraciones públicas. Esa es la mejor llamada a la corresponsabilidad administrativa y a la corresponsabilidad financiera, nutrir de los recursos necesarios a las administraciones competentes para que puedan desarrollar sus políticas sociales. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, lo hemos demostrado. Estoy absolutamente convencido de que las administraciones territoriales, las corporaciones locales y las comunidades autónomas lo van a hacer también con esta inyección financiera que van a recibir gracias al ejemplo de saneamiento y disciplina presupuestaria que se ha llevado a cabo en los últimos años.

Agradezco de manera particular el trabajo de mis directores generales, de todos los funcionarios de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por el gran esfuerzo que han hecho durante estas semanas para la elaboración de los presupuestos. Señorías, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cuantas aclaraciones y preguntas sean formuladas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garcés.

No he querido interrumpir la intervención del secretario de Estado pero he visto bastante movimiento y revuelo por ahí atrás. Parece que se nos ha asignado una sala deficiente en el sentido de que no cumple con el requisito del acomodo suficiente para los diputados y diputadas que quieren participar en esta Comisión. No sé cuántas personas han venido acompañando al secretario de Estado, pero me gustaría ver si es posible acomodar algunas sillas en los laterales para que cualquier diputado o diputada que quiera participar en esta Comisión tenga el sitio que le corresponde.

Abrimos ahora el turno de los grupos, empezando por los que han pedido la comparecencia. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Nogueras, por quince minutos.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Muchas gracias. gracias por su comparecencia, don Mario. Como antes les he avanzado seré breve en cada uno de los temas que quiero destacar, que van a ser básicamente tres.

El primero hace referencia al ya popular, y al que usted también ha hecho referencia, 0,7%. Aprovecho su presencia para solicitar de nuevo, como venimos haciendo en reiteradas ocasiones, que cumplan de manera estricta la sentencia en la que les dejan claro en varias ocasiones que sean las comunidades las que gestionen el 0,7%. Hace años que venimos reclamando la gestión, que en Cataluña es ya un tema de absoluto consenso social y político. En cambio suenan campanas respecto a su solución, la de los tramos, solución que se desfila, creo yo, en tres grandes problemáticas, yo creo que son problemáticas. La primera es cómo definimos los tramos; la segunda es qué margen nos queda a Cataluña para aplicar la normativa y, tercera, cómo se reparten los euros.

El segundo tema es la pobreza infantil. Creo que la pobreza infantil -no creo, constato- es un problema estructural, el problema se remonta a antes de la crisis y la crisis lo ha acentuado aún más. Hablaba usted de estos presupuestos como unos presupuestos del siglo XXI; no son unos presupuestos del siglo XXI, son continuistas y son poco valientes. España es prácticamente el único de los Estados


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occidentales que no tiene la prestación universal para la crianza de hijos, la prestación de 291 euros anuales, creo que son, para familias con rentas inferiores a 11 000, no es para nada suficiente. Esta prestación universal es un instrumento que el resto de países utiliza para combatir el problema, pero aquí seguimos a la cola, seguimos sin avanzar y seguimos teniéndole miedo a este siglo XXI, a la innovación y a la flexibilidad. De los 442 millones de incremento de los Presupuestos Generales del Estado, en términos reales son 130, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un ínfimo incremento del 0,8%; el incremento anunciado, tanto por el Gobierno como por Ciudadanos, se distribuye en dos bloques: uno, 342 millones de euros para un plan contra la pobreza infantil y, dos, cien millones más para dependencia. De los 342 millones de euros, 102 millones provienen del Fondo de ayuda europea a las personas más desfavorecidas; 140 corresponden al programa de reasentamiento y reubicación de los refugiados; es una partida, además, que durante el año anterior no fue gestionada por la incapacidad del Gobierno y además incumpliendo los términos a los que se había comprometido; y otros 100 millones corresponden a un incremento de 30 millones en la partida de prestaciones básicas de servicios sociales. Así que estos 30 millones constituyen, a nuestro parecer, el único incremento efectivo de estos 342 millones anunciados.

Los servicios sociales municipales han atendido, según datos oficiales, a unos 8,5 millones de personas; el incremento de la partida supone solo 3,5 euros por persona y año. Esta es la aportación de la Administración General del Estado. La política social de este Estado no es sólida ni creo que coherente, atiende a cuestiones puntuales con parches. La presión de los servicios sociales la encontramos básicamente a nivel local y autonómico, y su deber como Estado es dotarlo de una correcta financiación. España se comprometió a reducir la tasa de pobreza, Europa 2020; en lo que llevamos de programa no se ha reducido sino que ha aumentado.

Termino con el último tema, el de la dependencia, al que usted también ha hecho referencia. El incremento para este año es absolutamente insuficiente; el sistema de financiación es estructuralmente ineficiente y recuerdo también la invasión competencial que sufrimos. ¿Cómo van a afrontar la no satisfacción de las prestaciones reconocidas? Estos cien millones no resuelven lo que para nosotros es un sistema mal diseñado ni tampoco solucionan el desequilibrio financiero que sufrimos en Cataluña, ese 50-50, que sería la real corresponsabilidad, de la que usted también ha hablado, pero que realmente es un 80-20 en este caso. Usted decía que el pilar social básicamente es un pilar fundamental y estoy completamente de acuerdo con usted. La pregunta es cuándo piensan hacer algo más que poner parche, y si piensan tomar decisiones realmente valientes, que creo que es lo que hace falta.

Muchísimas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nogueras.

Como el también grupo solicitante de la comparecencia, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente.

El señor CLEMENTE JIMÉNEZ: Buenas tardes, señorías, miembros de la Mesa, señor Garcés, gracias por su prolija lectura de los datos.

En mi primera intervención quería dejar claro, respondiendo a la compañera de PDeCAT y antes de que sus señorías se sientan tentados a entrar en el juego demagógico de que estos son los presupuestos del Partido Popular y de su socio Ciudadanos, que me gustaría intentaran hacer un ejercicio de responsabilidad y no entraran en ese juego fácil de sacar rédito político puesto que estos no son nuestros presupuestos; si nosotros los hubiésemos diseñados, no hubiesen sido así.

Si tiran ustedes de hemeroteca, recordarán que, en las medidas concretas de estas ciento cincuenta exigencias que acordamos, se intuía nuestra prioridad y filosofía, basada siempre en la solidaridad interterritorial, en que no queremos los privilegios ni para las personas ni por territorio, siempre buscando el beneficio económico-social, priorizando objetivamente a la clase media y trabajadora, a los colectivos más desfavorecidos, pero sobre todo haciendo hincapié en no subir los impuestos, ni el IRPF ni el IVA. Gracias a esta exigencia de nuestro grupo parlamentario, a pesar del esfuerzo presupuestario que la Comisión Europea nos solicitó -eso nos queda claro-, hemos incrementado las partidas relacionadas con la inversión social, rompiendo la tendencia de legislaturas anteriores, con mayoría absoluta del Partido Popular, de recortes. Mientras Ciudadanos sigamos siendo decisivos, determinantes, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, la pobreza infantil y la violencia de género ya no serán objeto de más recortes; mientras tengamos esta aritmética plenaria y desde nuestro grupo sigamos siendo determinantes.

Como he dicho antes, tampoco este presupuesto nos satisface plenamente puesto que recuerdo que usted en su intervención ha dicho que en 2014 salimos de la crisis y que fruto de esta bonanza económica,


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cuando ha podido este Gobierno, ahora, incrementa las partidas. Me gustaría romper este mito de la buena gestión económica del Partido Popular, ya que todos somos conscientes de que ha habido elementos externos, vientos de cola que nos han llevado a una mejora económica, pero lo que queda claro es que si usted compara estos presupuestos con los anteriores, la época de mayoría absoluta, no se parecen. Si no existiera Ciudadanos con nuestras exigencias, estos presupuestos no hubiesen sido los mismos. Eso queda claro.

Como dato, en 2016 la inversión pública total se situó cerca de los 8398 millones de euros, un 40 % menos de lo previsto. Por eso sabemos que estos presupuestos para 2017 no se pueden comparar con los de 2016; somos conscientes de que a mitad del año pasado se estableció el acuerdo de no disponibilidad y cierre contable anticipado. En esta situación actual de hipotético bloqueo y prórroga presupuestaria, el Gobierno tenía difícil iniciar nuevos proyectos de inversión por estar limitado por los créditos habilitados para el ejercicio anterior. Por eso pedimos al resto de grupos que no se borren de estos presupuestos, que utilicen la responsabilidad, que no se cierren en el no es no, que negocien, que aporten, que nosotros a la hora de negociar ya cedimos, como la propia palabra indica, pero que colaboren para permitir estos proyectos de inversión de futuro para el bienestar de todos nuestros ciudadanos.

Me gustaría hacerle cuatro preguntas. ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones, con independencia de la situación social de los ciudadanos o de su lugar de residencia? ¿Considera que lo presupuestado en materia del Fondo de cohesión territorial es suficiente para este fin? En materia de pobreza infantil, ¿qué evaluaciones posee el Gobierno sobre los programas operativos del Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas, FEAD, en su impacto contra este tipo de pobreza? ¿Cómo piensa el Gobierno ejecutar los 100 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza infantil? ¿Ha evaluado aumentar las prestaciones por hijo a cargo para las familias más necesitadas? En materia de refugiados -y la compañera del PDeCAT ha hecho referencia a ello-, ¿cómo piensa el Gobierno ejecutar los 1 750 000 euros para su reubicación? ¿Piensa de nuevo incumplir nuestros compromisos de acogimiento y reubicación?

Me gustaría preguntarle sobre el Pacto contra la violencia de género. ¿Tiene el Gobierno previsto algún protocolo, una estrategia, un estudio serio sobre los indicadores antes de volver a destinar recursos? ¿Sabemos cuáles son óptimos, cuáles son sostenibles desde el punto de vista económico-social? Usted ha empezado su intervención recordando desgraciadamente a las veinte fallecidas por violencia de género; si usted analiza los datos desde 2010 a 2014, el gap varía entre 50 y 70; es decir, la media da 60. Está claro que algo no funciona. No basta solo con destinar recursos, a lo mejor no hay que gastar más, hay que gastar mejor, puesto que desgraciadamente no está siendo efectivo. Usted ha dicho antes que sí, que una encuesta hablaba de que el 79 % veía que eran favorables las campañas de sensibilización, está claro, pero, desgraciadamente, en lo que nos interesa, que es el número de fallecidos, a día de hoy, si hace usted una interpolación, tenemos el mismo triste resultado.

Le cedo unos últimos minutos a mi compañero y portavoz Francisco Igea, para que le plantee unas cuestiones sobre drogodependencia.

Muchísimas gracias, señor Garcés.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Igea.

El señor IGEA ARISQUETA: Poco hay que decir sobre el presupuesto de drogas, que no se incrementa ni siquiera lo que se prevé en el IPC. Pero me gustaría recalcar que ha hecho mención a una cosa muy importante que lleva funcionando muy bien desde hace mucho tiempo, que es el Observatorio español de drogas. Creo que es un gran logro del plan nacional y que nos dice, año tras año, que estamos igual. Como dice mi compañero, está bien mantener la inversión, pero tenemos que buscar otra manera de asegurarnos de que las transferencias que hacemos para programas específicos de lucha contra la droga tengan unos indicadores que den resultado y condicionar esas transferencias a los resultados, porque lo que no estamos teniendo, sin duda alguna, son resultados. Seguir haciendo lo mismo nos dará los mismos resultados. Por tanto, la pregunta es: ¿tenemos previsto cambiar nuestra manera de proporcionar estas ayudas o de hacer estas transferencias, condicionarlas a resultados o hacer alguna modificación que haga esperable algún cambio en los resultados? Porque si seguimos gastando el mismo dinero en las mismas cosas y en los mismos sitios seguiremos viendo, gracias a nuestro excelente Observatorio de drogadicción, que los resultados siguen siendo los mismos.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igea.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, van a intervenir tres portavoces que se repartirán un tiempo de cinco minutos cada uno.

Tiene la palabra la señora Marcello.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, en primer lugar, al secretario de Estado por comparecer para explicarnos los Presupuestos Generales del Estado.

Tengo que empezar diciendo que nos sorprende cómo dotan financieramente a las entidades del tercer sector; entiendo su interés pero no me resisto a preguntarle directamente si no cree que sería más eficaz y equitativo que parte de esa financiación fuera destinada al Plan concertado de prestaciones básicas. Como usted bien ha dicho, este Plan concertado de prestaciones básicas es el sistema del que se dotan las administraciones locales, las más cercanas al ciudadano y que viven día a día la intervención que se hace hacia estas personas para poder financiar la red básica de servicios sociales. ¿Y lo dotan, dándole la importancia que supuestamente le ha dado en su intervención, con escasos 104 millones de euros? Nos parece sorprendente. También hay que decir que de nada nos sirve que hagan literatura de ciencia ficción en estos presupuestos en materia del Plan concertado de prestaciones básicas. Ya lo hicieron en los anteriores Presupuestos Generales del Estado dotando esta partida inicialmente de 79 000 euros y luego terminaron en 27 000. Por eso les digo que si realmente no lo van a hacer, no nos parece mal que ni siquiera lo planteen desde el principio.

Me parece sorprendente que quienes nos plantean estos presupuestos generales, sobre todo en materia de servicios sociales, que es en lo que me estoy centrando, los mismos que nos han aplicado unos recortes brutales, inigualables en la historia de nuestro país, hoy nos digan que van a abanderar la defensa de los servicios sociales. También nos parece curiosa la dotación financiera que reciben entidades del tercer sector -y voy a nombrar varias de ellas, como Cáritas, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, sin entrar a valorar esas entidades-; nos parece curioso -y cito textualmente- que esa financiación la destinan al sostenimiento económico y financiero de la estructura central de la entidad. Es decir, que es una dotación en los presupuestos a los proyectos ni a la intervención, sino a la estructura general de estas entidades. En nombre de ese principio de economía y eficacia, del que tanto habla este Gobierno, quería plantearle una pregunta y es si no cree que es más rentable dirigir parte de esa financiación al sistema público de servicios sociales.

En su intervención hacía referencia a algo que nos parece interesante compartir hoy aquí, a la pobreza infantil. Yo le planteo si existen niños y niñas pobres. ¿Son fruto de la naturaleza los niños y las niñas pobres o es que existen padres y madres que, en función de las condiciones de precariedad en que viven, no pueden cubrir las necesidades de esos menores?

Otro dato importante que también quería comentar con ustedes era la partida que dedican a la Federación Española del Banco de Alimentos. Le quiero plantear al secretario de Estado qué criterios o que variables se van a tener en cuenta a la hora de otorgar esa gestión a ciertas entidades que son las que luego van a gestionar esos alimentos. Y otra pregunta es sobre el papel que juegan los servicios sociales en esta transacción de alimentos. También le quiero preguntar si en esa transición de alimentos van a exigir un informe social a los servicios sociales para que hagan una valoración de esa situación que viven y si esa entrega de alimentos se acompaña de algún tipo de intervención, de algún plan de apoyo, de prevención, de ayuda a la unidad familiar o a la persona. Nos parece importante que no se quede en dar simplemente el dinero pensando que es una asistencia paliativa. Igualmente queremos preguntarle, ante las innumerables subvenciones nominativas que ha ido señalando a lo largo de su intervención que van a poner en marcha, si no han valorado en ningún momento sacar esa opción a concurso público, a una licitación pública para que otras entidades también puedan concursar o participar de ellas.

En su intervención hablaba de paliar la pobreza. Nosotros decimos que no se trata de paliar, que hay que ir a erradicar la pobreza. Por eso le planteo varias preguntas sobre esas partidas presupuestarias que van a dar a las entidades sociales para paliar la pobreza, cuando igual si focalizamos todo nuestro interés en erradicarla sería más interesante. Le planteo de verdad a la señora ministra si cree que la pobreza se erradica vía Presupuestos Generales del Estado con ciertas entidades sociales e incluso con los servicios sociales. Nosotros creemos que si se quiere erradicar la pobreza no se puede hacer vía Presupuestos Generales del Estado sino que ha de hacerse a través de políticas laborales, fiscales y económicas. Lo que nos están poniendo encima de la mesa con estos Presupuestos Generales del Estado son parches,


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acciones paliativas, asistencialistas, que no van a erradicar las causas que generan la pobreza en nuestra sociedad.

Queremos comentar algo que nos parece muy interesante -y lo ha dicho en su intervención- y es la cantidad de presupuesto financiero que van a destinar a acabar con la lucha contra la pobreza canaria. Entiendo que ese interés por la pobreza canaria viene fundamentado por el análisis sosegado, riguroso, de trabajo de campo que han tenido que hacer y lo han decidido después de observar que un 28,5 % de la población canaria vive en situación de pobreza; que no está vinculado a que necesitan la aprobación y el voto de los partidos canarios para sacar adelante los presupuestos de la vergüenza. Por eso le pregunto directamente, después de estudiar detalladamente los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales, ¿qué papel juegan los servicios sociales públicos, universales y de calidad para este Gobierno? Le formulo esta pregunta, señor secretario de Estado, porque, tras analizar sus presupuestos generales, la financiación destinada al Plan concertado de prestaciones básicas nos parece insuficiente, vemos que le están dando una dotación que no va a cubrir las necesidades de las entidades locales y creo que va más por la vía de seguir desmantelando el sistema público de servicios sociales. Ustedes nos dicen que estos Presupuestos Generales del Estado son del siglo XXI, pero con esa financiación los van a retrotraer a la época de los setenta y los ochenta, la época del asistencialismo y la beneficencia.

Para concluir, quería hacer una pequeña mención a las partidas presupuestarias que ustedes plantean para la atención a las personas que viven en situación de dependencia. Han anunciado a bombo y platillo que han aumentado 100 000 euros la partida de atención a las personas en situación de dependencia, y es cierto, no voy a negarlo, lo que pasa es que nos están haciendo trampas con las cifras porque en nuestro país hay un millón de personas que tienen reconocido por ley el derecho a poder optar a recursos o servicios de la Ley de Dependencia; sin embargo, más de 350 000 personas se encuentran en la lista de espera. De esas 350 000 personas, con estos Presupuestos Generales del Estado, solo se va a poder atender a 15 000 personas. Por eso le pregunto al señor secretario de Estado: ¿cuáles son los criterios que se van a seguir para atender a esas personas? ¿Cuál es la selección que se va a hacer para que de esas 350 000 ustedes solo haya recursos para 15 000 personas?

También les pregunto, ¿ustedes son conscientes de que con estos Presupuestos Generales del Estado condenan al 95 % de las personas en situación de lista de espera a seguir en la lista de espera? Dicen que aumenta la financiación en la atención a la Ley de Dependencia, y ya le digo que no mienten, pero sí que trampean con las cifras porque no es que hayan aumentado, es que inicialmente se planteaba que la atención solo iba a darse a las personas con grado 1 y ahora se le da a las personas con grado 2 y con grado 3, lo que lógicamente amplía el presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Señora Marcello, está consumiendo el tiempo de sus compañeras.

La señora MARCELLO SANTOS: Finalizo. Simplemente le quería plantear que ni siquiera se iguala a lo que ya habían recortado previamente. Por eso les planteo por qué vía Presupuestos Generales del Estado incumplen una ley estatal.

Concluyo definitivamente diciéndole que con estos Presupuestos Generales del Estado ustedes son los culpables de la falta de atención que se les va a dar a las personas en situación de dependencia y todos aquellos partidos que los apoyen serán cómplices de estos presupuestos generales de la vergüenza.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marcello.

Señora Botejara.

La señora BOTEJARA SANZ: Muchas gracias, presidente, muchas gracias, señor secretario de Estado

Estamos aquí para hacer una valoración de los Presupuestos Generales del Estado. Se supone que los presupuestos están para solucionar los problemas de la población. ¿Qué problemas tiene la población respecto a la sanidad? El primer problema que tiene ahora mismo es la accesibilidad y la equidad para todo el mundo. Apartado a) Cuando por necesidades del paciente haya que derivarlo a otra comunidad autónoma que tenga alguna unidad de referencia. Ya hemos dicho en esta Comisión que hay unidades de referencia en todo el país, no ya solo en las grandes ciudades, gracias a los avances que hemos hecho en enfermedades raras a nivel de tratamiento y diagnóstico.


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Cuando se terminaron de realizar las transferencias sanitarias se creó el Fondo de cohesión, un fondo dotado con 150 millones de euros. Después pasamos a 87 millones de euros en 2011; en 2015 bajamos a 2,5 millones y en 2016 estamos en cero euros. Este tema lo hemos traído aquí varias veces...

El señor PRESIDENTE: Señora Botejara, yo no le he querido cortar porque el secretario de Estado me ha dicho que puede decir alguna cosa sobre lo que está planteando, pero su intervención está más dirigida al presupuesto de sanidad, que no corresponde a esta secretaría de Estado.

La señora BOTEJARA SANZ: Entonces espero a mi momento. (Risas).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista intervendrán cuatro portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la señora Ramón.

La señora RAMÓN UTRABO: Muchas gracias, presidente.

Bienvenido, señor Garcés. En primer lugar he de lamentar que se hayan agrupado tantas comparecencias en una sola porque nos hurta la posibilidad de entrar en profundidad en temas que son de vital importancia para la ciudadanía.

Usted mismo ha dicho en varias ocasiones -también lo dijo el ministro- que estas cuentas para 2017 son las más sociales de la historia. Tengo que decir que los programas de servicios sociales tienen unas cantidades prácticamente idénticas a presupuestos anteriores. Esto no es una buena noticia, y no lo es por dos cuestiones fundamentalmente. Primero, porque después de cinco presupuestos elaborados y ejecutados por el Gobierno del Partido Popular ha habido muchísimos recortes en políticas sociales, y por tanto partíamos de unas cantidades que estaban ya muy mermadas. Pero además no es buena noticia porque cuando un Gobierno presume de crecimiento económico, los ciudadanos y las ciudadanas que tanto han sufrido durante estos últimos años esperan que esa hipotética bonanza económica les llegue a ellos también, y no hay nada más lejos de la realidad. Gobernar es priorizar, y el Gobierno de la derecha lo que está demostrando es que cuando hay una etapa de recesión económica no tiene entre sus prioridades las políticas sociales y en las etapas de crecimiento económico tampoco tiene entre sus prioridades las políticas sociales.

En materia de dependencia, como ya han dicho algunos compañeros que han intervenido anteriormente, después del anunciado aumento de la inversión en dependencia que iban ustedes a llevar a cabo en los presupuestos generales para 2017, las cifras son de 100 millones de euros. Quiero recordar que los acuerdos firmados con Ciudadanos aseguraban, cuanto menos, la vuelta a la financiación estatal que había previamente a los recortes de 2012, y estaríamos hablando de una cifra en torno a los 450 millones de euros. Lo cierto es que incorporar 100 millones de euros para el nivel mínimo garantizado no supone absolutamente nada, porque teniendo en cuenta que la media de atención a la persona en situación de dependencia está en torno a los 6800 euros al año, en el mejor de los casos se atenderían quince mil personas. Estamos hablando de una lista de espera de más de 340 000 personas, con lo cual estamos dejando al 96 % restante que no va a tener derecho a recibir ninguna prestación o servicio durante este año. El nivel acordado de financiación se vuelve a suspender. Esto supone que la Administración General del Estado seguirá incumpliendo la ley y violando derechos subjetivos.

Sabe también que, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, en febrero de creó una comisión para el análisis de la situación actual del sistema de la dependencia, fundamentalmente para ver su sostenibilidad y los actuales mecanismos de financiación, al objeto de evaluar la adecuación de los servicios de las prestaciones vinculadas a la dependencia a las necesidades reales. Sabe que, más o menos, en el plazo de un mes se presentará este informe y se contemplarán los análisis y conclusiones en relación al actual sistema de la dependencia. Lo cierto es que en el Grupo Socialista tenemos serias dudas sobre la voluntad real de acuerdo de un Gobierno que, mientras está discutiendo con las comunidades autónomas los problemas de financiación de la Ley de Dependencia, les propina un duro revés con una insuficiente dotación presupuestaria que lo que está haciendo es perpetuar que las comunidades autónomas estén financiando más del 80 % del sistema, frente al 20 % que financia el Estado. Por eso hemos pedido la comparecencia de la ministra, para que nos explique esta situación. Queremos aprovechar para preguntarle a usted qué ocurriría si de las conclusiones de esta Comisión se deriva que se necesita incrementar la financiación del sistema. En este caso, ¿ampliará el Gobierno la dotación presupuestaria? ¿Cómo la va a ampliar y cuándo?


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También me gustaría hacer referencia a la lucha contra la pobreza. La tasa de pobreza infantil en España es del 23,45 %, 10 puntos por encima de la media de los países de la OCDE. El acuerdo de investidura del Partido Popular con Ciudadanos comprometía 1000 millones para un plan contra la lucha de la pobreza infantil. Posteriormente, en la presentación de los presupuestos, ustedes dijeron que han destinado 342 millones de euros a combatir sus efectos, con lo cual están incumpliendo el acuerdo con esa formación política porque solamente están poniendo un tercio de lo que se comprometía en ese acuerdo de investidura. Cabría esperar una partida en la sección 26 dotada con 342 millones de euros, pero tampoco ha sido así porque, según parece, esta cifra se desglosa en tres conceptos: los programas de fondos europeos para ayudas alimentarias, el reasentamiento y reubicación de refugiados para la atención de familias con menores y una nueva partida para la protección de la familia y contra la pobreza infantil de 100 millones. Esta es la única que se encuadra dentro de la sección 26, pero tampoco se puede afirmar que exista una partida de 100 millones de euros destinada a esta finalidad, porque en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se incluye un nuevo subconcepto con el subcódigo 45307, que se denomina protección a la familia, atención a la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales, pero ha desaparecido el plan concertado. Otra partida importante es el Plan de desarrollo gitano, que cuenta también con una dotación inferior al 60 % con respecto a la de 2011.

Como el tiempo es escaso, las preguntas que tengo que formularle a este respecto se las voy a entregar por escrito a la Mesa. Solamente voy a plantear dos cuestiones sobre el Imserso. Usted ha hecho usted referencia a las partidas destinadas a turismo y termalismo social, con los importantes retornos económicos y de empleo que tienen para las zonas turísticas. El recorte con respecto a las partidas contempladas en 2011 es del 26 %. También han eliminado ustedes la partida para teleasistencia de 32 millones de euros; a pesar de esta hipotética recuperación económica, tampoco la han contemplado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.

Señor Ruiz, tiene la palabra.

El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor Garcés. En el escaso tiempo de que dispongo quiero, en primer lugar, hacer constar en el Diario de Sesiones que en el Grupo Socialista consideramos una falta de respeto y de sensibilidad hacia el mundo de las personas con discapacidad que el Gobierno no considere necesaria la comparecencia aquí hoy del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, aunque, bien pensado, a los miembros de la Comisión no tendría que extrañarnos, puesto que la ministra ni ha aparecido por la Comisión ni sabemos si piensa aparecer. Es una falta de respeto hacia nosotros, pero sobre todo a más de 7000 asociaciones y entidades que hacen todo lo posible por defender y representar al 10 % de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y a los más de 3,8 millones de personas con discapacidad.

En segundo lugar, quiero hacerle algunas preguntas que consideramos de interés. Después de repasar las escasas cifras del presupuesto que tienen algo que ver con discapacidad, y visto que para este año continúan lejos siquiera de recuperar los niveles de inversión de 2011 ni de recuperar los recortes que han llevado a cabo, ¿nos podría decir si piensan hacerlo a lo largo de este mandado, si piensan continuar haciendo pagar el precio de salir de la crisis, entre otros, a las personas con discapacidad? Como sabe, el texto refundido de 2013 fija, recogiendo mandatos anteriores, el 4 de diciembre de este año para que nuestro país sea en todo accesible a las personas con discapacidad y en general a todos los ciudadanos y ciudadanas. He echado en falta una explicación sobre las medidas que hay en este presupuesto para cumplir en los 223 días que quedan el plazo que todos nos dimos para que la accesibilidad universal sea una realidad. Visto que no podremos hacerlo posible para la fecha que nos hemos marcado, el Grupo Parlamentario Socialista va a proponer la creación de un fondo, al que hemos llamado Uno por ciento para la accesibilidad universal, para acabar con las barreras. ¿Tienen ustedes intención de crear algún mecanismo, de hacer alguna cosa, o se van a oponer a nuestra iniciativa?

Precisamente esta mañana hemos tenido la reunión de la ponencia del proyecto de ley de jurisdicción voluntaria para arreglar una chapuza como consecuencia de uno de aquellos decretos-leyes a los que se aficionaron tanto en el último mandato, que obligaría a partir del 30 de junio de este año a pedir un certificado médico a personas con discapacidad sensorial, a una persona sorda o ciega, por ejemplo, para poderse casar. Como saben, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de derechos de las personas con discapacidad, daba un año al Gobierno para remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley para dar


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cumplimiento al artículo 12 en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Llevan cinco años de retraso, pero dennos una alegría, ¿están en ello? ¿Para cuándo lo remitirán a las Cortes?

Otra cosa que nos preocupa es el parón y retroceso que ha sufrido la educación inclusiva, que no vemos que vayan a corregir en estos presupuestos. Denles otra alegría, digan que estamos equivocados y que van a hacer alguna cosa.

El otro gran tema que nos preocupa creo que a todos es el de aumentar la tasa de empleo de las personas con discapacidad, que es 40 puntos inferior al del resto de la población. Con motivo del Día internacional de la discapacidad acordamos por unanimidad promover un nuevo marco normativo para la inclusión laboral. ¿Qué medidas hay en estos presupuestos en ese sentido? Al Gobierno se le llena la boca de decir que la crisis se ha terminado; debo admitir que se nota que para algunos debe ser así, parece que para quienes tienen más oportunidades, que muchas veces parece que es para quienes legislan y gobiernan ustedes. En definitiva, en el momento de elaborar estos presupuestos nos da la impresión de que han pensado ustedes poco en medidas para que las personas con discapacidad noten también la salida de la crisis. Le entregaré al letrado unas preguntas para que me las conteste por escrito.

Gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.

La señora CUELLO PÉREZ: Muchas gracias. Bienvenido, señor Garcés.

No admitir una comparecencia específica de políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la Comisión de Igualdad pone de manifiesto lo poco que le importa a su Gobierno esta materia.

Voy a intervenir rápidamente por la falta de tiempo. Se congela el presupuesto del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades en 19 740 840 euros, siendo el último presupuesto socialista superior en 10 718 180. Y este dato es importante porque es preciso recordar que, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de racionalización del sector público, se modificó la estructura del Instituto de la Mujer, que pasó a asumir, además de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, aquellas relacionadas con políticas de lucha contra cualquier forma de discriminación, sin que esta ampliación de las competencias tuviera una ampliación del presupuesto. Atiende a más colectivos con un menor presupuesto, y lo comparo con un dato para que saquen sus propias conclusiones. Presupuesto del Instituto de la Mujer, como he dicho, 19 741 840; presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer -de una sola comunidad-, 41 357 288 millones. Este compromiso de la Junta de Andalucía por la igualdad es la pauta en las comunidades donde gobierna el Partido Socialista, sin embargo, es muy distinto en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Como ejemplo, en los diez últimos años, en la Comunidad de Madrid se ha recortado el 50 % del presupuesto de igualdad.

Se reúne el Gobierno con los institutos para hablar sobre fondos europeos, políticas de igualdad y, sin embargo y sorprendentemente, despiden a las expertas que llevan estos programas dentro del Instituto de la Mujer, casi un 10 % de despidos dentro de la plantilla del instituto. La ministra, en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad, se comprometió a potenciar el Observatorio para la igualdad de oportunidades, ¿dónde viene reflejada esa partida dentro de este presupuesto? Hablaba de planes de igualdad en las pymes, y es cierto que viene recogido en sus presupuestos, pero en ellos se olvidan de algo esencial, que es ir de la mano de los grandes olvidados para ustedes, que son los sindicatos. En 2016, para esta misma partida, presupuestaron 900 000 euros, pero fue suspendida como consecuencia de los recortes de Hacienda, que provocaron también la cancelación de otras líneas de financiación para la igualdad, como las subvenciones destinadas a las universidades para posgrado y subvenciones a pequeñas y medianas empresas para implantar la igualdad salarial entre hombres y mujeres; suspendieron la mayoría de los convenios que habían suscrito, excepto las ayudas que dieron a la patronal. Este presupuesto elimina las subvenciones a ayuntamientos y otras entidades locales para la formación y fomento del empleo femenino, para la eliminación de la brecha salarial y para estudios de género en universidades. Estos presupuestos, señor Garcés, no son unos presupuestos de compromiso con la igualdad, sino que profundizan en la estrategia de desmantelamiento de estas políticas públicas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cuello.

Señora Flórez.


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La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente y gracias, señor Garcés, por su comparecencia en esta Comisión.

Las líneas de actuación para el Plan nacional sobre drogas que usted mismo nos presentó en la Comisión mixta para el Estudio de las Drogas el pasado mes de febrero contenían una serie de objetivos, unas líneas de actuación, unos ejes que compartimos todos y en los que está claro que hay que ahondar y profundizar, pero aquello de lo que usted nos habló en estos presupuestos no se ve por ninguna parte. Una vez más, y ya son cinco, nos traen un presupuesto pobre, inmovilista y decepcionante, que demuestra insensibilidad en esta materia y carencia de visión estratégica para afrontar el complejo problema de las adicciones, tanto con como sin sustancia. Usted ahora me los ha decorado con la distribución que corresponde del Fondo de bienes decomisados pero, como usted sabe, esos fondos son variables en función de lo que se decomisa, de lo que se consigue y, además, analizando las diferentes asignaciones de estos años, no hay realmente ninguna variación, incluso hay partidas a las que se ha destinado menos dinero. Dígame usted si cree verdaderamente que en estos presupuestos hay una apuesta clara y decidida por abordar todos aquellos objetivos de los que hablábamos en la Comisión mixta, porque existe una clara disparidad entre lo que predican y lo que siembran. Según sus propias palabras aquel día, no se puede banalizar la palabra salud. Pues mire usted, estos presupuestos sí banalizan el tratamiento de las adicciones, banalizan la importancia de la Delegación del Plan nacional sobre drogas y perseveran en la limitación del derecho a la salud. Si analizamos la evolución de las distintas partidas presupuestarias, continuamos con un 40% de descenso en programas de prevención de los que les corresponden a las comunidades autónomas respecto a 2011, y con un 60% de disminución, también respecto a 2011, en los gastos que se necesitan para ejecutar el Plan nacional sobre drogas.

¿Y qué puede decirnos del tercer sector? ¿Es este el modo de agradecerles su altruismo, su profesionalidad e interés por las personas que presentan adicciones y sus familias? Se mantiene por otro lado también un descenso del 30% en el programa de investigación, precisamente en una época en la que constantemente aparecen nuevas sustancias manipuladas farmacológicamente y con gravísimos riesgos para la salud.

En definitiva, la prometida recuperación económica no llega al área de la prevención y el tratamiento de las adicciones, y estos años del Gobierno del Partido Popular continúan siendo una travesía en el desierto en esta área. Evidentemente, a la vista de estos presupuestos, así planean que sigan siendo. El anémico incremento que se refiere a este año, de 27 000 euros, se produce, como usted bien ha dicho, en los capítulos 1 y 2, de gastos de personal y de bienes y servicios, y así ha sido durante cuatro años, que no se han movido más que esos dos capítulos. Sin duda el gasto no lo es todo, pero sin apuestas presupuestarias claras tampoco hay nada. Si continúan con esta política puramente ideológica, van a convertir el Plan nacional sobre drogas en un elemento residual, con un aumento de la desigualdad económica y social en lo que se refiere al abordaje y tratamiento de las adicciones, y en un futuro -futuro próximo- aumentarán los gastos sociales y sanitarios de las personas afectadas y de sus familias. Y no me hable usted, como me habló aquel día, de la herencia recibida, porque ustedes llevan más de cinco años al frente del Gobierno y lo que ustedes recibieron fue un Plan nacional sobre drogas que era un referente nacional e internacional, y que jamás acusó los brutales descensos que ustedes impusieron en los años 2012 y 2013, y que han continuado a lo largo de los años.

Tampoco me saque el cuento de que le apoyemos los presupuestos generales, porque son erróneos, equivocados e insuficientes. No es creíble que ustedes apelen al consenso de todas las fuerzas y presenten una política unilateral en materia de adicciones; si quieren ustedes ser coherentes con una política de consenso escuchen a este partido político, escuchen a las organizaciones e instituciones que se preocupan del abordaje y tratamiento de las adicciones y cuyo esfuerzo agradecemos, y pongan por fin la política de drogas en la agenda del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Flórez.

Turno del Grupo Parlamentario Popular, por el que hablarán tres portavoces, empezando por la señora Navarro, que tiene la palabra.

La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidente; buenas tardes y bienvenido, señor Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por ser la primera vez que comparece en esta Comisión, tal y como ha acordado la Comisión de Presupuestos, porque creo que el diputado del Partido Socialista debería preguntarle a su grupo qué voto


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en la Comisión de Presupuestos respecto a los altos cargos que comparecen en ella, ya que no es habitual que comparezcan directores generales. El secretario de Estado ha hecho una extensa exposición de los presupuestos de su departamento y yo quería agradecérselo, como no podía ser de otra manera, porque nos encontramos ante la tramitación de la norma más importante que tienen todos los ciudadanos y que nos obliga a todos los diputados, la tramitación de los presupuestos, porque los presupuestos recogen no solo los ingresos del Estado sino también en qué se los va a gastar, y el mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos depende fundamentalmente de dónde se coloque cada uno de estos euros en cada uno de estos servicios.

El Grupo Parlamentario Popular quiere celebrar que estos Presupuestos Generales del Estado de 2017 sean los presupuestos del gasto social y queremos celebrar también el compromiso que tiene el Gobierno del Partido Popular con las personas; por segundo año consecutivo alcanzan las cotas más altas de gasto social, lo ha dicho muy bien usted: 7 de cada 10 euros son para las personas. Si sumamos las transferencias de gasto a las comunidades autónomas y también los gastos indirectos veremos que suman un montante de 300 000 millones de euros para que nadie se quede fuera de la recuperación. Hemos apostado, sin duda, por el empleo, porque estamos convencidos de que es la mejor política social y el Partido Popular no va a cejar en su empeño de conseguir 20 millones de empleos para el año 2020, ese es el verdadero objetivo y la verdadera herramienta para luchar contra la desigualdad. Además hemos apostado por los más vulnerables, con un plan interministerial de lucha contra la pobreza dotado de 342 millones de euros, y hemos apostado por los dependientes, con un aumento del presupuesto no solo en cien millones de euros, sino que hay que sumar 5 300 millones de euros que van a las comunidades autónomas y que les permiten prestar los servicios directamente a los ciudadanos, que es en quienes redunda la atención que prestan las comunidades autónomas y las demás entidades locales.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene 2184 millones de euros y es la apuesta estrella del Gobierno. Este gabinete es el preferido por nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo coloca a la cabeza de la subida presupuestaria, en más de un 8%, y desde luego este grupo parlamentario y los miembros de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Partido Popular se lo queremos agradecer. Pero además queríamos agradecerle al secretario de Estado que de los 1807 millones de euros que le corresponden a su secretaría de Estado, que sube un 9% respecto del año 2016, haya considerado y planificado reducir las partidas de compras y servicios, aquellas que no van destinadas directamente a las personas. Es de ley que se lo reconozcamos y que se lo agradezcamos.

Señorías, parece que ustedes desconectan el audio cuando quieren y siguen anclados en hablar de desigualdad y de recortes. Simplemente quiero recordarles, sobre todo a las diputadas del Partido de Podemos y también a las diputadas del Partido Socialista, que la desigualdad se llama 3,5 millones de parados que generó tan solo el Partido Socialista y una caída de 70 000 millones de euros de recaudación cuando gobernaba. Esas fueron las circunstancias adversas con las que ha tenido que lidiar un gobierno del Partido Popular para recuperar en tan solo una legislatura unas cifras de ingreso y de gasto similares a las que teníamos hace una década. Pero el debate que nos apremia esta tarde, porque los ciudadanos nos están esperando fuera, es que la mejora económica llegue a todos. Ya tenemos la hoja de ruta, la ha desgranado aquí el secretario de Estado. Pues vamos a apoyarla y vamos a aprobarla. Desde luego este grupo parlamentario le adelanta que nuestro voto será así, como no podía ser de otra manera. Reconozcan ustedes que los presupuestos generales se centran en las personas y alabemos la partida de las mejoras; alabemos que tenemos una partida de cien millones de euros para protección a la familia y atención a la pobreza infantil, prestaciones básicas de servicios sociales. Y sí, se divide en 60 millones para la familia y para la lucha contra la pobreza infantil; les recuerdo que el Partido Socialista en esta partida tenía cero euros, frente a los 60 millones que tiene el Partido Popular y que ha ido incrementando año tras años; empezamos con 17, 32, 48, hoy 60 millones de euros, eso es el suma y sigue del Partido Popular, con un esfuerzo presupuestario siempre constante para que nadie se quede atrás. Y aquí quiero hacer referencia al FEAD, que mencionaba la diputada de Podemos. Por si no lo sabe, por supuesto de este porcentaje hay que destacar que son 662 000 euros los destinados a la asistencia técnica, que lleva la itinerancia de la intervención de los trabajadores sociales, para que puedan acceder a los alimentos y cómo han de justificarse, dónde y cómo se gasta cada uno de los euros de este fondo.

Respecto al plan concertado, hay 40 millones de euros para prestaciones de servicios sociales básicos, lo que supone un aumento del 45% respecto de 2016. Agradecemos el esfuerzo que se ha hecho; seguramente no ocurrió lo mismo con el Partido Socialista, que fue el que empezó a recortar el plan concertado, 10 millones de euros, les recuerdo, recortó su secretario general, el señor Moza, y lo más


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grave es que ponía en duda la conveniencia de la continuidad de este programa. No sé si se acuerdan, porque a ustedes se les olvida cuando los ayuntamientos estaban en números rojos y no podían pagar las facturas de las entidades del tercer sector, de más de 1300 entidades que dan servicio a 7 millones de personas y que atienden directamente a las mismas. Pues eso también ocurrió cuando ustedes estaban en el Gobierno, y no a nosotros ahora. Y tampoco nos preocupa el reparto del 0,7 %; nosotros estamos muy tranquilos con la gestión del secretario de Estado, primero, porque sabemos que el ministerio y el Gobierno cumplen y acatan las sentencias y, segundo, porque la solución llegará de la mano de las entidades del tercer sector, del diálogo, que es precisamente como siempre ha gobernado el Partido Popular.

En políticas de juventud aplaudimos los 30 millones de euros destinados al empleo, y especialmente esa partida que el Servicio Público de Empleo va a financiar: un programa de un millón de euros, que gestionará el Injuve, para fomentar la empleabilidad.

En materia de discapacidad siento que sean tan demagogos. Son 9 300 000 euros los que se destinan a políticas de discapacidad, y la mejor política para fomentar la autonomía es precisamente el empleo. Hablaba usted de cifras, de datos de afiliación a la Seguridad Social. Yo voy a hablar de datos de ocupación: más de setecientas mil personas con discapacidad han encontrado empleo; sin empleo no hay verdadera inclusión, además de que se trata de una política absolutamente transversal.

Pero quiero destacar esas partidas que el secretario de Estado ha destinado al Imserso: 3 500 000 euros para contratar personal laboral para la atención directa en los centros de referencia del Imserso o un programa especial para mejora de las condiciones.

Quiero cerrar con la dependencia, porque usted ha hecho especial referencia a los presupuestos del Imserso, que tienen 1501 millones de euros, subiendo un 8,85 % el presupuesto respecto de 2016, 122 millones de euros, lo que señala que destinamos 7 de cada 10 euros a nuestros mayores y a nuestros dependientes porque nos preocupan. La dependencia es para el Partido Popular un suma y sigue; 100 millones y 5300 millones de euros de financiación para las comunidades autónomas, una inyección para que presten sus servicios. No nos pregunten a nosotros dónde está el dinero, pregúntenselo a los consejeros de las comunidades autónomas que lo gestionan. Nosotros ya le hemos preguntado al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas dice que el Estado cumple con la financiación de la dependencia que señala la ley. Cumplimos, y además sigue siendo nuestra prioridad porque durante estos años hemos garantizado la dependencia y además hemos pagado las deudas que se dejaron sin pagar, como bien ha señalado el secretario de Estado, 1034 millones de euros de las cotizaciones de las cuidadoras familias, que no ingresaron ni un solo euro. Además veremos rápidamente las conclusiones de esa Mesa que salió del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, en la que hay comunidades de distinto signo político.

Animo al resto de grupos a que voten a favor de los presupuestos, a que dejen a un lado sus intereses partidistas y piensen en el interés de los ciudadanos. Lamento profundamente la situación que hoy están viviendo los manchegos en mi tierra, que no tienen presupuestos porque Emiliano García-Page no ha podido sacarlos adelante porque Podemos le ha dejado tirado en el último momento. ¿Y a quién se deja tirado en el último momento y en la cuneta? Precisamente a los ciudadanos. Que no les pase esto al resto de los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.

Señora Dueñas, tiene la palabra.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario de Estado, y enhorabuena por esta presentación.

Señorías, estos presupuestos que hoy se nos han presentado con detalle dejan claro el compromiso del Gobierno del Partido Popular con las prestaciones en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. Son una clara apuesta por mejorar la inversión, por seguir trabajando de manera transversal y coordinada con otras áreas del Gobierno para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda persistir y alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres: empleo, formación, conciliación, corresponsabilidad y fundamentalmente -la mayor muestra de desigualdad- la lucha contra la violencia de género. No hay igualdad sin empleo y la integración de las mujeres pasa por una apuesta decidida por el empleo. Les voy a dar un dato, señorías, ya que algunos de ustedes son tan críticos con este presupuesto. Con las políticas del anterior Ejecutivo socialista se mandó al desempleo a 1 400 000 mujeres, y la tasa de paro femenino en España se duplicó. ¿Qué ha hecho este Gobierno, el Gobierno del


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Partido Popular? Pues en estos años hemos recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis. Este 8 de marzo pasado ha sido el mes en el que ha habido más mujeres trabajando en la historia de la economía española, 8 220 000 mujeres. Quiero reseñar otro dato, a mi juicio, importante, la brecha salarial. Con el Partido Socialista la brecha salarial de las mujeres subió 1,5 puntos y con el Gobierno del Partido Popular ha bajado cuatro puntos desde 2012. Y ponía en valor el Grupo Socialista la política que se desarrolla en materia de igualdad en la Junta de Andalucía. Habría que recordarle que desde luego flaco favor hace esa afirmación, porque con los datos en la mano, hoy por hoy, hay 600 000 mujeres andaluzas en paro; esto es, un 34 % de paro femenino, que sitúa a la Comunidad de Andalucía 11 puntos por encima de la media nacional, y la brecha salarial es de 6000 euros al año entre hombres y mujeres. Si eso son políticas de igualdad, el suspenso lo tienen más que garantizado.

Hay una diferencia entre el presupuesto que presenta este Gobierno y los presupuestos de los anteriores gestores. Este es un presupuesto que se cumple, es un presupuesto que se ejecuta, no es un presupuesto destinado a titulares y que se vaya a dejar sin ejecutar año tras año. No voy a entrar, porque lo ha reseñado el señor secretario de Estado, en las numerosas partidas que se han incrementado y otras que se han consolidado porque se han demostrado eficaces y eficientes, y van en la dirección de alcanzar esa necesaria igualdad real, pero permítanme detenerme brevemente en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, a pesar de que, como se ha dicho, será objeto de una detallada comparecencia mañana en la Comisión de Igualdad. Hay una importante subida, casi el 10 %, del presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, llegando casi hasta los 28 millones de euros. Se consolida, señorías, de este modo el progresivo aumento que en estos tres últimos ejercicios ha obtenido el presupuesto en esta materia; sé que será de todas las formaciones políticas, pero les puedo garantizar que el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno del Partido Popular está absolutamente comprometido con esta lucha. Es una política de Estado, estamos trabajando en esa línea -y hay que decir que muy bien- en la subcomisión para alcanzar ese pacto de Estado y, fundamentalmente, señorías, buscamos en estos presupuestos reforzar esa asistencia a las mujeres víctimas de malos tratos y a sus hijos, con los incrementos que ya han sido reseñados por el secretario de Estado.

Concluyo. Tienen la oportunidad, señorías, de apoyar unos presupuestos que contribuyen, sin ningún género de dudas, a alcanzar esa necesaria medida de justicia social, como decía el secretario de Estado, que es la igualdad real, porque la otra opción es prorrogar -si ustedes no lo apoyan- los presupuestos de 2016, que están vigentes, con lo que renunciarían, y tendrían que explicarlo a los ciudadanos, a unos beneficios sociales que favorecen en este caso la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género en este país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Dueñas.

Tiene la palabra el señor De Arriba.

El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Deseo una pronta recuperación al delegado del Gobierno y le felicito a usted por la exposición que ha realizado en relación con los presupuestos de la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, cuya política es de enorme trascendencia para nuestra sociedad.

Probablemente no sea un político al uso, pero lo cierto es que tengo la percepción de haber escuchado esta tarde, y no sin frecuencia, discursos demagógicos de presupuestos generales de la vergüenza, en otros me sorprende su frágil memoria hablando de presupuestos pobres y erróneos, etcétera. No sé si es que queremos volver a situarnos al borde del abismo o de la quiebra técnica, como en el año 2011, pero es que existen unos objetivos presupuestarios que necesariamente tienen que estar en concordancia con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Es cierto que gobernar es priorizar, y las decisiones trasladadas a cifras en un presupuesto deben incorporar la retroalimentación, el acuerdo, el consenso. Cuando la percepción general pasa de ver el vaso medio vacío a verlo medio lleno, es cuando se dan grandes oportunidades de mejora, de eficiencia, de innovación, y ahí debemos encontrarnos, señorías. Para poder renovar los programas que vencieron en el año 2016 es necesario aprobar estos Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que actualicen las partidas de gasto correspondiente, y ejemplo de ello es el Plan nacional sobre drogas. Estamos hablando de algo muy importante para todos nosotros, lo más importante, que es la salud, donde no deberían tener cabida las tensiones políticas. Como decía el filósofo Arthur Schopenhauer, la salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada. Son unos presupuestos que nos consolidan en el camino emprendido por la delegación del Gobierno hacia los nuevos retos que se nos presentan en el ámbito de todas las conductas adictivas.


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Existe, como bien ha dicho el secretario de Estado, la situación peculiar de la financiación a través tanto de los presupuestos como del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, aspecto este importantísimo en la gestión, como ha quedado reflejado en los años que van de 2012 a 2016, y esta es una decisión que el Gobierno ha querido priorizar. Estos presupuestos muestran el compromiso de la propia delegación del Gobierno con la ejecución de la estrategia nacional sobre drogas, estrategia nacional sobre drogas que debe ser renovada para el periodo 2017-2024 y su primer plan de acción 2017-2020, y de esta forma continuar dando respuesta, con una visión integradora, a los diferentes problemas derivados del consumo y tráfico de drogas, abordando las áreas de reducción de la demanda, control de la oferta y cooperación internacional.

Debemos redoblar los esfuerzos, como bien decía en su exposición el secretario de Estado, para favorecer la prevención del consumo de alcohol por parte de los menores de edad; debemos seguir impulsando un amplio debate social sobre los riesgos que entraña el consumo de alcohol entre menores e impedir la banalización del riesgo. Objetivos prioritarios, como bien se ha dicho, son el sistema de alerta temprana y el desarrollo del Observatorio español sobre drogas.

Por otra parte, son unos presupuestos que permiten seguir mejorando los procesos asistenciales, atendiendo especialmente a la patología dual y al enfoque de género. Las medidas -y concluyo- adoptadas por el Gobierno durante los últimos años en España en política de drogas han permitido a nuestro país ocupar un lugar de máximo reconocimiento y prestigio internacional, acreditado tanto en los foros de la Unión Europea como de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. También han permitido incrementar la percepción del riesgo de determinados consumos, reducir la demanda de sustancias ilegales y conseguir mejoras significativas en la gestión y en la planificación de las políticas de adicciones.

En definitiva, estos son unos presupuestos que necesita España para consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, y al mismo tiempo contribuir a que nadie quede fuera de la recuperación.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Arriba.

Es el turno de los grupos que no habían solicitado esta comparecencia y por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidente.

Señor secretario de Estado, no sé si es la primera vez que comparece en una Comisión como responsable de presupuestos de su área, yo sí es la primera vez que intervengo en una Comisión de este tipo en relación con los Presupuestos Generales del Estado; por tanto, mi reflexión previa ante algo que desconocía no solo ha estado en analizar la parte presupuestaria que le corresponde sino también en venir con las orejas bien puestas para escuchar su intervención y, a partir de aquí, intervenir.

He cogido un esquema clásico, que sería prólogo, nudo y desenlace. En el prólogo está entender que la parte presupuestaria que usted nos presenta es consecuencia de algo más general, y algo más general que no es el resultado solamente del presupuesto 2017, sino de los anteriores Gobiernos, que usted ha dicho que habían hecho bien las cosas; si no lo hubiese dicho, el Partido Popular nos lo ha recordado. Por tanto, se trata de un modelo que usted puede presentar en esta Cámara porque Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Por ello, con más o menos énfasis, los grupos parlamentarios que han intervenido, mayoritariamente, por acción u omisión, permitieron que Mariano Rajoy sea presidente y por tanto, según nuestra Constitución, el presidente y su Gobierno nos proponen unos presupuestos. Y es lógico que estos presupuestos sean continuistas porque no he oído nunca al presidente del Gobierno español decir que en los cinco años anteriores lo ha hecho mal. Por tanto, tiene lógica que estos presupuestos sean continuistas y estén muy alejados, obviamente, de mi manera de pensar.

Aquí se habla de 2011, se puede hablar de 2008 y la crisis financiera, pero a nadie se le escapa que la crisis financiera de 2008 es consecuencia de un modelo económico y sus elementos más duros. El resultado, ¿cuál es? El resultado es lo que tenemos. A mis amigos socialistas les recuerdo que puede que el gran problema del Partido Socialista esté en que en 2008 no hizo una política socialdemócrata alternativa a la política neoliberal general que se hizo en el conjunto de Europa, y no son los únicos. Así les va y así nos va a todos. En este sentido cabe el prólogo diciendo que las orientaciones, los objetivos y la manera de pensar este presupuesto están alejadas, en las antípodas de mi manera de pensar, y es


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lógico que nadie se haya puesto en contacto con Esquerra Republicana para que les votemos el presupuesto; tiene lógica y en ese sentido la realidad es la que es.

Pasemos al nudo. En políticas sociales se mantienen las mismas políticas sociales. A mis amigos de Ciudadanos les haría una recomendación que es el resultado de mi experiencia. Yo entré en un ayuntamiento en 2003, después de veinte años de mayoría absoluta, y entré no por generosidad del Gobierno, les faltaban los votos para que tuviesen su alcalde, y entré. Y me encontré con los primeros presupuestos -se parecen mucho a estos- con lo cual yo diría que pedían ayuda como si usted tiene una habitación con derecho a cocina, es decir, la casa continúa siendo mía, los presupuestos continúan siendo del Partido Popular, y ustedes tienen una habitación con derecho a cocina; es decir, 30 millones por aquí, 20 millones por allá, pero no cambia nada el presupuesto. El portavoz del Partido Ciudadanos lo ha reconocido: no son sus presupuestos. Ahora bien, si no son más que los presupuestos del Partido Popular y el partido Popular está en minoría, ¿realmente para este Estado lo mejor es mantener unos presupuestos de un modelo que la mayoría de los ciudadanos vota en contra? Porque es verdad que el Partido Popular fue el primer partido, el más votado, pero hay muchos más ciudadanos que no lo votaron, y perdió unos cuantos millones de votos -por eso está Ciudadanos en este Congreso- porque no estaban de acuerdo con las grandes políticas del Partido Popular. Y empecemos por una causa, el modelo en que ustedes han salido -dicen- de la crisis, el modelo de ocupación. Han hablado de que hay más ocupados que hace un año, que hace dos, que hace tres; tienen toda la razón, pero la ocupación es de peor calidad de la que había antes de 2008 y esto lleva a la pobreza que en estos momentos tiene el Estado español en el ranking europeo, un elemento avanzado. Aquí se hablaba de que España es un ejemplo; no sé si para lo bueno, pero para lo malo seguro. Continúa teniendo un paro enorme y una pobreza enorme de gente que trabaja y con enormes desigualdades. Yo me crié en unos años -hace unos cuantos- en que la palabra austeridad formaba parte de la izquierda; la lucha por la austeridad -recuerdo a Enrico Berlinguer, en Italia- era la lucha por la honestidad y por gastar aquello necesario, pero no más. En cambio, su modelo de austeridad es un modelo en que es austeridad para los pobres; es decir, la austeridad se ha convertido en una losa para la mayoría de los ciudadanos mientras que otros, la verdad, han pagado muy poco la austeridad. Resultado -usted lo sabe-: hay más millonarios ahora que antes de la crisis. Esto quiere decir que la austeridad se ha repartido muy mal, y en los presupuestos reparten mal esta acción.

Pasamos a los gastos en servicios sociales que hace el Estado español. Aquí, aquellos que como partido no tenemos institutos de investigación importantes, tenemos la suerte de tener, por ejemplo, la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales que nos ayudan a entender muchos de los números que aquí tenemos y nos dan unos números que me parecen interesantes. Se dice: en los presupuestos de 2016, el gasto público total -por tanto, un 0,8 % más en 2017- se distribuye en comunidades autónomas el 60,8 %, unos 10 000 millones; ayuntamientos el 25,5 %, más de 4000 millones, y Estado español -digamos, los presupuestos generales-, el 13,7 %, 2296 millones. Por tanto, el resultado sería que el Estado, como Gobierno central, está haciendo una aportación significativamente baja en servicios sociales, en acción social, y esto se mantiene en 2017.

Hablemos de otras cuestiones que van ligadas. El otro día me comentaban asociaciones que luchan contra la pobreza infantil que este año, cogiendo palabras clave de nuestras intervenciones en el Parlamento, las palabras "pobreza infantil" salían mucho; hemos intervenido mucho en pobreza infantil. Pues la montaña ha parido un ratón. La realidad concreta en pobreza infantil en este presupuesto, si restamos lo que ya se daba con otros nombres, es escasa e insuficiente para un Plan integral contra la pobreza infantil, pero también contra la pobreza en general. No se implementan nuevas acciones como las que aquí se han dicho, que no serían tan nuevas en Europa pero sí aquí, como las ayudas a la familia y a las ayudas por hijo a la familia.

Pasaré al desenlace, y el desenlace es el siguiente. Aquellos compromisos que hemos tenido, por ejemplo con el Cermi, en la ILP, que hemos de discutir, o los compromisos que hemos contraído con las asociaciones por la infancia, o como hemos hecho con los discapacitados, no se podrán cumplir con este presupuesto. Para mí la lógica es la siguiente, es un presupuesto de partido, que puede ser compartido por otros partidos pero que en lo fundamental continúa siendo el mismo que el Partido Popular ha tenido en estos últimos cinco años. En este sentido, pocas preguntas le haré, porque las respuestas ya las ha dado antes.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olòriz.


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Acabo el turno de grupos, tiene la palabra el secretario de Estado, señor Garcés.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Garcés Sanagustín): Gracias, señor presidente, gracias a sus señorías por el tono de sus intervenciones, gracias por la paciencia que han tenido fundamentalmente ante la intervención del secretario de Estado, y gracias a las formaciones políticas porque creo que tienen una oportunidad, primero, para dar estabilidad política a este país y, segundo, para que tenga unos Presupuestos Generales del Estado aprobados. La mayor condición de seguridad y estabilidad jurídica, política e institucional que tiene un país son sus presupuestos. Se podrá estar de acuerdo total o parcialmente, pero España se merece unos presupuestos aprobados.

Quiero recordar, además, que lo que no se puede negar es que es un presupuesto social, que se produce un incremento importante del 8 % en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; que se produce un incremento del 9,07 % en el presupuesto de la secretaría de Estado pero sobre todo -y ya no insistiré en eso a lo largo de mi intervención, porque no ha dejado de sorprenderme alguna intervención- porque es un presupuesto en el que las partidas van destinadas fundamentalmente a las administraciones territoriales, verdaderas depositarias de la prestación de los recursos sociales. No confundamos a los ciudadanos y a las ciudadanas; quienes realmente tienen la competencia y la eficacia y la eficiencia para cumplir esos compromisos sociales son precisamente los portadores de las competencias. Y nos detendremos un momento a lo largo de estos dos últimos años sobre todo en el mundo del adanismo político para ver realmente qué está ocurriendo en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas.

Vamos a ir por orden, vamos a empezar con la señora Nogueras, que ha planteado tres temas que sin duda alguna son muy importantes. El primero, el 0,7 %. Como primera afirmación categórica, el Gobierno de la nación va a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Y dicho esto, bienvenido todo el mundo al universo del acatamiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, bienvenidos; hemos llegado tarde pero es un buen día para citar al Tribunal Constitucional, para invocar sus sentencias. Ya iba siendo hora, espero que este cumplimiento sea recíproco, sea constante, al amparo precisamente ya no de la ideología sino de la coherencia intelectual que es tan importante cuando se invoca precisamente el cumplimiento y el acatamiento de las sentencias. Efectivamente vamos a cumplirlo; mañana se celebra el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAD, y mañana se va a proponer la solución en el foro, que es el foro adecuado para proponer la solución. Simplemente quiero señalar ciertas cosas que son muy importantes. La primera, el Gobierno de la nación cree en el tercer sector español, es fundamental como elemento vertebrador, como elemento de cooperación con los poderes públicos. En ese sentido, la solución, que es la solución en la que hemos trabajado desde hace dos meses, es una solución en primer lugar dialogada con el tercer sector, y quiero recordar que se ha dialogado así por que hay una obligación jurídica que dimana directamente de la Ley del Tercer Sector que nos obliga a dialogar permanentemente con las entidades del tercer sector, y hemos llegado a un acuerdo. Me ha sorprendido escuchar aquí "denostar a las entidades del tercer sector", que son el músculo social de nuestro país, siete millones de voluntarios en este país, tantas personas desarrollando su actividad por los demás, y he escuchado críticas al tercer sector, que espero y deseo que no se vuelvan a repetir en una Comisión de Presupuestos, porque es atacar lo más profundo de la razón de ser de nuestra sociedad civil, que es precisamente el tejido asociativo español. Creo que es fundamental, pero iremos llegando a cada uno de los puntos que se han ido tratando a lo largo de esta intervención.

Por supuesto vamos a plantear un modelo que yo no voy a adelantar, porque sería desleal al consejo interterritorial. Mañana estará la propuesta en la sede correspondiente y estoy convencido que se va a llegar a un acuerdo, entre otras cosas porque algunos grupos políticos catalanes ya lo habían planteado hace años. Y hablando de la coherencia, que también tiene que ser la coherencia intertemporal, sería bueno revisar los registros y los Diarios de Sesiones de estas Cortes para recordar qué proponían algunas formaciones políticas hace unos años, y sorprenderá la coincidencia de planteamientos. Por tanto, en el mundo de la coherencia intelectual y en el mundo de la coherencia política, estoy convencido de que lo que se apoyaba hace unos años se va a mantener ahora también, como no podría ser de otra manera. Y ahí aspiro a la colaboración de todas las formaciones y de todas las administraciones públicas.

En relación con la pobreza infantil, se dice que tenemos miedo al cambio, se dice que es un presupuesto continuista. Hoy precisamente se ha hecho pública la encuesta de hogares, y en las preguntas sobre condiciones de vida del año 2016 se pone de manifiesto que en los dos últimos años ha bajado la pobreza infantil en España 4 puntos; todos los indicadores de pobreza han bajado. Me ha


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sorprendido que ningún grupo político se haya hecho eco de los indicadores; señorías, hoy han salido publicados. Entiendo que no los han hecho públicos porque muestran una tendencia favorable, pero creo que hay que citarlos, y han sido publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Y ahí refleja un cambio de tendencia significativo en los dos últimos años. También quiero volver a recordar que para poder combatir efectivamente -y estoy de acuerdo con la diputada de Podemos-, para erradicar la pobreza infantil -tiene toda la razón, señora diputada-, tenemos que poner todos los medios pero quienes fundamentalmente tienen que poner los medios son las administraciones de proximidad, que son las administraciones que prestan los servicios. Por eso el Gobierno de la nación, en el proyecto de ley de presupuestos, vuelvo a repetir, destina 5300 millones de euros a las administraciones territoriales, con el objetivo de que materialicen esas políticas públicas, porque las facultades que tiene el Estado son limitadas al ámbito competencial y a sus habilitaciones, a sus títulos competenciales, pero es precisamente en el ámbito, y en el máximo respeto a ese paisaje institucional español que tenemos -insisto, bienvenidos a la lógica constitucional de algunos partidos-, vamos a ser plenamente respetuosos y vamos a transferir esos 5300 millones de euros para el destino que tiene que tener recursos y prestaciones sociales.

En relación con la dependencia -y aprovecho para contestar por partida doble o triple a algunas de las intervenciones que ha habido-, sigo escuchando una falacia en estas Cortes, que es que el Gobierno central solo aporta entre el 15 y el 20 % de los recursos del sistema de la dependencia. Miren, ustedes pueden dudar de mí, y estoy dispuesto a que duden de mí, hasta pueden dudar de mi inteligencia, pueden dudar de mi capacidad y pueden hasta pensar que miento en sede parlamentaria, pero me cuesta pensar que ustedes piensan que miente el Tribunal de Cuentas que, a propósito, bebe su fuente de legitimidad de estas Cortes Generales. Hablando de la Constitución española, el Tribunal de Cuentas lo ha dicho, y lo ha dicho contundentemente: El Estado aporta la mitad de los recursos al sistema de la dependencia, y lo ha dicho con estas palabras. Por tanto, no confundamos a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país; lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, insisto, un Tribunal de Cuentas conformado por magistrados propuestos por el Partido Socialista y por el Partido Popular, será que tampoco saben hacer su trabajo, y donde no hubo ningún voto, sino que todos decidieron que era así, y lo dice en su plena literalidad. No confundamos más a los ciudadanos y a las ciudadanas; otra cosa es que evolucionemos de modelo, pero lo que no se puede es negar la legitimidad y las conclusiones y las recomendaciones que alcanzó el Tribunal de Cuentas en el informe del año 2013. Y como esto es reiterativo, la próxima vez vendré y leeré literalmente el informe del Tribunal de Cuentas que, en cualquier caso, está colgado directamente en la página web del Congreso de los Diputados. (La señora vicepresidenta, Hernández Bento, ocupa la Presidencia).

Respecto al Grupo de Ciudadanos, la verdad es que deseo agradecer, de verdad lo digo, pese a las diferencias que son evidentes, que tiene que haber diferencias, porque en cualquier pacto que se pueda alcanzar lógicamente va a haber diferencias, quiero agradecer a Ciudadanos la voluntad que ha tenido en todo momento de colaboración, por supuesto dentro de las diferencias. También le digo una cosa, señoría, cuando se llega a un acuerdo no es fruto de la imposición de una parte sobre la otra, y hablando de réditos políticos los que ganan en estos presupuestos son los ciudadanos. Usted pensará que podrán ganar más o menos, pero ganan los ciudadanos, no es un tema de intercambio ni de permuta de réditos ni de aprovechamientos políticos, es un tema de ganancia absoluta social, y como ganamos socialmente los ciudadanos y las ciudadanas, creo que tenemos que estar en esta tesitura y no en otra. Entiendo que en un momento determinado tengan que intentar buscar un discurso de distanciamiento parcial, pero la realidad es que nos hemos encontrado y se lo agradezco.

En relación con algunos temas que ha planteado, muy pronto vamos a presentar la evaluación de la última estrategia de violencia de género. Las mujeres no fallecen, a las mujeres las asesinan, señoría; las mujeres no tienen Gapps, las encuestas hay que tratarlas de otra manera cuando se habla de violencia de género. Ya sé a veces hay que familiarizarse e interiorizar el discurso de mujer, el discurso de igualdad, pero es muy importante ser muy cauto a la hora de utilizar algunos discursos en esta materia, precisamente esas mujeres que han sido asesinadas y todas las que están sufriendo hoy en día el cerco invisible de la violencia machista en este país.

También le digo que ya está el informe de evaluación de la estrategia nacional de drogas, lo vamos a presentar en los próximos días y ya verá usted, señoría, cómo hay mejoras, cómo con recursos idénticos, con una buena gestión se pueden conseguir mejoras. Y eso lo vamos a ver porque se va a evidenciar claramente. A veces, evidentemente, hay que sumar recursos, pero también, como decían sus señorías, las dos, es preciso hacer un análisis de eficiencia para determinar realmente cómo se gestionan esos


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recursos. Por eso es muy importante lo que voy a decir a partir de ahora a la representante del Grupo Podemos. En cualquier caso muchas gracias por el tono de su intervención.

Le sorprende que haya subvenciones nominativas. A mí lo que me sorprende es que usted pueda llegar a demonizar a una parte del tercer sector de este país. (Denegaciones). A mí, lo que me puede preocupar de su intervención es que quiera estigmatizar a una parte del tercer sector de este país. En cualquier caso, en todo tipo de acción de fomento siempre hay un equilibrio entre la concurrencia competitiva y las subvenciones de concesión directa, y siempre está justificado que determinadas entidades reciban ayudas directas. Ahí está precisamente la voluntad legislativa, por eso se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, pero hay que tener muchísima prudencia y mucha cautela a la hora de hablar de nuestro tercer sector, porque son personas, hombres y mujeres, voluntarios y voluntarias que llevan años trabajando en todo tipo de proyectos, y mantener ese equilibrio en un presupuesto que -quiero recordar- de aprobarse entrará en vigor el 1 de julio, porque se ha hablado mucho aquí de continuismo -y aquí sí que quiero hacer una reflexión general-, pero para transformar radicalmente unas políticas públicas uno no puede hacerlo con un presupuesto de seis meses. ¿Por qué? Porque el plazo de ejecución de un presupuesto a seis meses es muy limitado para todos y todas aquellas que conocen lo que son las tareas y las cargas derivadas de la gestión pública. Y si hemos tenido que llegar a este punto no es por voluntad unilateral del Gobierno del Partido Popular, sino porque ha habido fuerzas políticas que no han considerado, en un momento previo, llegar a un acuerdo para formar Gobierno. Por tanto, no nos hagamos trampas en el solitario, no hagamos de la necesidad virtud política en este caso, porque si solo hay seis meses de ejecución será porque no se pudo alcanzar un acuerdo de formación de gobierno antes. A ver si a lo que estamos llamando continuismo es continuismo de las políticas de bloqueo y por eso hemos llegado adonde hemos llegado en este punto y estar hablando de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 a finales del mes de abril.

Insisto, vamos a poner 5300 millones a disposición de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Como aquí se cita a demanda, es curioso citar políticamente, en el ámbito del discurso político, en el mundo de la retórica política, uno utiliza a discreción lo que lee. Aquí se ha citado a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, pues yo la voy a citar, va a sorprender que un representante del Gobierno del Partido Popular los cite. Ada Colau, en el año 2015, en comparación con 2016, redujo el gasto social en un 11 %, la asociación -la asociación-, cuando busca precisamente el modelo de ciudades excelentes en política social. Pero sigo, el Ayuntamiento de Cádiz, en un 20 %, puedo seguir. Luego insistiré cuando conteste al representante de Esquerra Republicana, porque veremos también qué es lo que ha pasado en otros ámbitos.

Este no es el presupuesto de la vergüenza, este no es el presupuesto asistencialista, ni el presupuesto de la beneficencia. Eso es muy fácil decirlo, yo también sé decirlo, es muy fácil: el asistencialismo, vengo de la asistencia social, cito, esto lo aderezo con una serie de discurso un tanto nuevo. Mire, la renovación del discurso no lleva aparejada la verdad, ni en el mundo de la preverdad ni en el mundo de la posverdad, esa es la realidad política. Este es un presupuesto que se consigue gracias a que España ha salido de la mayor crisis económica que se ha vivido en los últimos cien años. ¡Vaya!, me he tenido que enterar hoy de que ha sido gracias a factores absolutamente telúricos o taumatúrgicos, no ha sido gracias a la acción de Gobierno, el Gobierno pasaba por aquí. ¡Hombre!, creo que esta afirmación no se debe hacer, porque el Gobierno adoptó las medidas que tenía que adoptar y hay que reconocerle esa función, esa función política; podremos equivocarnos, claro que nos equivocamos en otras cosas, pero negarle al Gobierno su capacidad para hacer políticas de reactivación de la economía y generar nuevamente empleo en este país es negar la realidad misma. Instalarse en el negacionismo es instalarse en el nihilismo más radical en política. Por tanto, pido que en este caso se reconozca lo que se tenga que reconocer, y lo que no, no se nos reconozca, que no pasa absolutamente nada. Que nos equivocamos, claro que nos equivocamos, y claro que tenemos capacidad para mejorar, pero lo que hacemos bien que no se nos niegue, por favor.

Pero, ¡claro!, hay situaciones de emergencia social. ¿Hablamos del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Hablamos de la inejecución del presupuesto en políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza para emergencia social? ¿Hablamos de los 7 millones que no han ejecutado? Es que cuando se hace una concejalía donde se confunde la cultura y la hacienda, surgen estas cosas raras. Entonces, ya no sé muy bien si es producto de la mala gestión o es producto de una política discrecional orientada a no ejecutar el presupuesto, porque a ver si ustedes también se han instalado en la política de inflar los presupuestos para no ejecutarlos. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando se gobierna uno pierde la inocencia, ya pierde la inocencia del discurso, ya uno se retrata, sí, y hasta la dignidad, porque la dignidad viene del discurso


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inicial. Y cuando uno poco a poco va perdiendo pie y se va equivocando, y tiene que empezar a justificar qué se hace mal, ya tenemos un problema político, porque entramos en el problema de la autojustificación permanente. Por eso digo que llevan ya dos años en algunos ayuntamientos y el nivel de inejecución de algún ayuntamiento no deja de ser sorprendente, y en alguna comunidad autónoma también. Ahora veremos eso.

Señora Ramón, dice que es un presupuesto de continuidad. Se lo digo también, es que hay seis meses para ejecutar el presupuesto, ustedes lo saben, en seis meses de ejecución del presupuesto no se pueden hacer grandes cambios presupuestarios, entre otras cosas porque el presupuesto está prorrogado y las convocatorias están ya lanzadas o están en fase de lanzamiento; por tanto, si yo lanzo una convocatoria con un presupuesto prorrogado difícilmente puedo meter otra convocatoria con unas cantidades diferentes, porque son las mismas cantidades que se enlazan con el presupuesto prorrogado. Por tanto, hacemos lo que humanamente podemos hacer, lo que institucional y administrativamente se puede hacer. Si ustedes hubieran aceptado que el Grupo Popular formara Gobierno antes, seguramente no estaríamos en esta tesitura, pero, insisto, hacer de la necesidad o del error virtud política... ¡Hombre!, lo estoy viendo constantemente en la política española, pero la verdad es que es un poco exagerado en el caso del debate presupuestario al que estamos asistiendo.

En cuanto a la financiación de la dependencia no voy a volver a repetirlo. Yo soy funcionario, entre otras cosas, y tengo un respeto absoluto hacia el trabajo de las empleadas y los empleados públicos y hacia lo que el Tribunal de Cuentas manifiesta. (La señora Ramón Utrabo: Eso no es así). Podemos traer aquí el informe y leemos el informe literalmente, no hay ningún problema por hacerlo.

Respecto al grupo de expertos, yo precisamente soy el presidente de ese grupo de expertos, soy consciente de que ha creado una gran expectación y tengo que estar a la altura, porque efectivamente está en juego la financiación de la dependencia, está en juego todo el sistema de lista de espera. Dejemos trabajar, queda un mes, dejemos que concluyan los trabajos y cuando concluyan los trabajos veremos cuáles son los resultados. Yo evidentemente faltaría aquí a la razón y al tiempo si estuviera anticipando los resultados ahora mismo. Por tanto voy a dejarlo para que podamos acabar tranquilamente, ya digo, esos trabajos.

Vuelvo a recordar que las políticas directas sobre pobreza infantil se están realizando en los ámbitos territoriales de las comunidades autónomas y las corporaciones locales; es una oportunidad tener 5 300 millones de euros más, es una oportunidad, además financiación incondicionada. Ustedes responsablemente, en sus ámbitos territoriales, van a determinar, que es la mayor capacidad de designio que tiene un político, cuáles son las preferencias -se ha hablado aquí de prioridades- de las políticas públicas, ahí se va a determinar. Y luego el nivel de eficacia en la gestión, y luego el nivel de acierto en los programas, los tres puntos, vamos a ver cómo lo hacemos. Y ahí es donde, efectivamente, hay que apelar e invocar la responsabilidad de todo el mundo.

Señor Ruiz, si a lo que venía era a apelar que compareciera en esta Comisión el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, yo no soy experto en sede parlamentaria, yo no soy letrado de las Cortes, pero hasta donde yo sé los directores generales no comparecen o no suelen comparecer en la Comisión de Presupuestos, comparecen los delegados del Gobierno, bajo una práctica que se impuso hace cuatro años, pero lo desconozco, y como lo desconozco simplemente quiero que si realmente no pueden, no se afee la conducta de un titular de un órgano de la Administración del Estado, como se ha hecho con otros responsables de la Administración del Estado a lo largo de las últimas semanas, porque no existe ningún reparo en que comparezca en sede parlamentaria ningún alto cargo, siempre que legítimamente pueda comparecer. Por tanto, desde esa perspectiva poco más puedo decir. Como evidentemente hay una comisión de Dependencia, podemos abordar los temas que se quiera en esa Comisión de Dependencia.

Cuando se ponen ejemplos, hay que ser muy prudente, hay que ser muy prudente. Yo entiendo que algún partido puede intentar colocar su división interna en esta Comisión y hablar de sus ejemplos propios, lo puedo entender, y citar alguna comunidad autónoma, como se ha citado aquí. Ahora mismo no está el presidente, pero de todos modos intentar traer el debate político de un partido a una comisión para contar las alabanzas de lo que haces en tu propia comunidad es sorprendente, pero si lo haces no faltes a la verdad.

Ejecución del presupuesto de la Junta de Andalucía, violencia de género, programa 31.T, año 2016, crédito inicial, 4 190 000, ejecutados 797 000 euros, un 19 %. Podemos seguir: año 2014, el presupuesto del IAM, tenía 40,5 millones de euros y se ejecutó solo el 56 %. Este año han ejecutado más, hay que


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reconocerlo. Yo no miento ni falto a la verdad ni soy sesgado, este año se ha ejecutado un poquito más, hemos llegado al 80 %, enhorabuena, además estoy convencido de que se habrán conseguido impactos positivos en la política social, pero eso es importante hacerlo. Y no faltar a la verdad, el Instituto de la Mujer no ha despedido a ninguna mujer, eso es faltar a la verdad, a la verdad jurídica y a la verdad material. No se han renovado unos contratos, eso no es despedir, y no hay que decir nada más, y no hay que decir absolutamente nada más.

En relación con la política de drogas, señora Flórez, sabe que vamos a presentar en unos días la evaluación de la estrategia. Creo que los resultados en general son positivos, y eso es bueno para la sociedad española, para todos y para todas. Vamos a ver dónde podemos poner los focos de cara a la próxima estrategia que estamos elaborando ahora mismo. Creo que desde esa perspectiva haremos un análisis riguroso y no habrá ningún problema.

A los representantes del Grupo Parlamentario Popular, gracias, mi agradecimiento sincero, hondo. Alguno dirá, es que va de suyo; no va de suyo.Mi agradecimiento, primero, porque forman parte de un proyecto que se cree que este es un presupuesto social, porque son capaces de no calificar esto como un presupuesto de la vergüenza, porque son capaces de saber de dónde venimos y a dónde vamos, y porque llevamos muchos años en esto, y porque lecciones podemos recibir algunas, pero otras no. Quiero agradecer el trabajo que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular en sede parlamentaria y el apoyo que va a prestar a estos presupuestos.

Me ha gustado mucho su intervención, me ha gustado mucho, yo también soy un político atípico en estas cosas, por eso hago muchas cosas y muy diferentes. Usted ha empezado con el prólogo y en el prólogo ha invocado la Constitución. Es bueno, a ver si en el desenlace también la seguimos invocando, está muy bien esto de invocar el prólogo de la Constitución, porque ha dicho que gracias a la Constitución Mariano Rajoy ha formado un Gobierno, está muy bien, va de suyo citar la Constitución y el Tribunal Constitucional. (El señor Olòriz Serra: ¡Qué menos!) Hoy me voy muy satisfecho de esta Comisión, porque he escuchado mucho Constitución y Tribunal Constitucional, y hasta Tribunal de Cuentas. Está bien dar legitimidad a los órganos constitucionales de este país, está muy bien, llevamos algunos cuarenta años haciéndolo, es fruto de la libertad, yo soy un liberal, lo he declarado siempre, esto es la libertad y no pasa absolutamente nada. Hay algunos que se levantan liberales y se acuestan socialdemócratas, y alguno lo sabe. (El señor Olòriz Serra: Y otros al revés). No usted, señoría de Esquerra, y alguno al revés, la transmutación durante el día produce efectos curiosos, efectivamente.

Respecto al nudo. Usted ha dicho que efectivamente alguna vez uno se siente como un habitacionista con derecho a cocina, y además ha dicho, efectivamente, que el término austeridad fue acuñado por la socialdemocracia centroeuropea en algún momento, es cierto, tiene usted toda la razón. ¿Sabe lo que pasa? Que a lo mejor Puigdemont es el Berlinguer actual, y nos hemos enterado, porque resulta que no ha vuelto todavía a los niveles que había antes de gasto social que tenía Mas. Ustedes están aquí postulando que haya un esfuerzo presupuestario en materia de política social y todavía no lo han hecho en la Generalitat. A propósito, son fuentes también de la asociación, ya no son fuentes mías. Como las mías seguro que se discutirían, me voy a las fuentes externas, aquellas que son objetivas, no tengo ningún problema en decirlo. ¿El desenlace sabe cuál es, señoría? Que este no es un presupuesto de partido, es un presupuesto para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país.

Para concluir, muchas gracias y, por supuesto mano tendida a todas y a todos para aprobar este presupuesto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias por su comparecencia. Suspendemos por unos minutos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (FRAILE FABRA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/000562); SOCIALISTA (Número de expediente 212/000512) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000430).

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, dando la bienvenida a doña María Jesús Fraile Fabra, subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dispondrá de tiempo ilimitado para exponer la parte de los presupuestos que le corresponden.

Tiene la palabra la señora Fraile.


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La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Fraile Fabra): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión para exponer las líneas generales del presupuesto para el ejercicio de 2017 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El ejercicio económico de 2017, cuyo proyecto de presupuestos corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que voy a presentar, tiene la peculiaridad de que se ha iniciado en un contexto de prórroga. El hecho de que el Gobierno permaneciera en funciones hasta finales del mes de octubre de 2016 impidió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en el periodo habitual, por lo que, en aplicación del artículo 134.4 de la Constitución española, se han prorrogado automáticamente los presupuestos del año 2016 hasta la aprobación de los nuevos.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 reflejan la apuesta del Gobierno por las personas y las políticas sociales; tienen una prioridad clara, el gasto social, y salir de la crisis sin dejar a nadie atrás mediante la creación de empleo. Por ello, las prioridades son los gastos de sanidad, educación, servicios sociales y las prestaciones del Ministerio de Empleo. De acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea, también se orientan al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, aprobados por el Congreso y el Senado los días 15 y 20 de diciembre de 2016, respectivamente.

Para la elaboración de estos nuevos presupuestos se ha tenido en cuenta, por un lado, el límite de gasto del Estado, aprobado para 2017, acorde, como saben, con el nivel de gasto ejecutado en 2016 y, por otro, el acuerdo de no disponibilidad de 30 de diciembre, por importe de 5493 millones de euros en relación con el presupuesto prorrogado para 2017, del cual se excepcionaron los créditos destinados a gastos prioritarios de índole social, sanidad y educación, por tanto, todos los de este ministerio. Además, se han considerado las medidas aprobadas dirigidas al cumplimiento de la reducción del déficit público, que permiten que el Gobierno garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Entrando ya, si me lo permiten, en la presentación propia del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2017, comenzaré con una descripción general de las principales variaciones del presupuesto, continuado con el desglose por capítulos con referencia a las políticas de gasto más relevantes del departamento y finalizando con la explicación de las partidas gestionadas por el área que me corresponde, la subsecretaría, de forma más detallada.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para el ejercicio 2017, cuenta con un presupuesto inicial de 2184 596 000 euros, lo que supone un incremento de casi un 8 % sobre el presupuesto inicial del ejercicio 2016, siendo el ministerio que más crece dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, dispondremos de más fondos para afrontar las políticas sociales que competen a este ministerio, en concreto, dispondremos de 161 336 000 euros más para, según palabras de la propia ministra, Dolors Montserrat, reforzar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar para que sea capaz de garantizar la protección que los ciudadanos necesitamos y la de nuestros hijos en el futuro, seguir defendiendo y fortaleciendo nuestro Estado del bienestar para hacer de él la garantía principal de la igualdad de oportunidades.

Uno de los grandes propósitos del Gobierno, ya desde el ejercicio de 2012, fue garantizar la viabilidad de los servicios básicos del Estado. De hecho, en los últimos ejercicios se ha visto reflejado por los presupuestos el esfuerzo por incrementar los fondos destinados a políticas sanitarias y sociales. Así, en 2015, el presupuesto inicial del ministerio se incrementó en 11,7 millones de euros y el de 2016 en 98,7 millones de euros. Además, hay que contar con las generaciones y ampliaciones de crédito que quedan reflejadas en las ejecuciones presupuestarias y que han incrementado los presupuestos en los últimos años en torno a 300 millones más cada año respecto del presupuesto inicial. Por ejemplo, 279 millones en 2014; 323 en 2015 y 321 millones en 2016. Pues bien, el presupuesto inicial del ministerio en 2017 se incrementa, como decía, en más de 161 millones de euros, destinados a las siguientes partidas prioritarias. En primer lugar, a la prioridad señalada por la ministra en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Senado sobre la violencia de género. La solución a este problema pasa por el pacto de Estado, hacia cuya consecución ya están trabajando en la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados, que desde su constitución, el día 1 de febrero, ya ha celebrado 17 sesiones -creo que en el día de hoy se estaba celebrando la 18-, y también desde el ministerio, donde se seguirán desarrollando las políticas de protección y prevención. Con este fin se incrementa un 9,91 % respecto al año anterior el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que contará con un total de 27 728 180 euros, es decir, 2,5 millones de euros más para atender las necesidades económicas que requieran las medidas de prevención, protección y sensibilización que hagan más eficaz la lucha contra la


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violencia de género que nazcan del pacto de Estado que el Congreso de los Diputados, el pasado 15 de noviembre de 2016, acordó promover por unanimidad. Este pacto que se suscribirá por el Gobierno de la nación, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, fue también la razón para que la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 acordara que el Gobierno solicitase la convocatoria de la Comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico sobre la violencia de género, cuyas aportaciones se incorporarían a los trabajos del pacto de Estado.

En segundo lugar, se incrementa la dotación económica del Estado para financiar la atención a la dependencia y otras actuaciones del Imserso; por un lado, mediante el aumento en 100 millones de euros para el nivel mínimo garantizado del sistema de dependencia, al que se dota con un total de 1262 180 000 euros, lo que supone un incremento inicial del 8,6 % respecto a 2016; por otro lado, mediante el incremento de más de 22 millones de euros en el presupuesto del Imserso para acometer, entre otras actuaciones, la cobertura de las necesidades de personal asistencial que se requieren en los centros de recuperación de discapacitados y la puesta en funcionamiento de nuevos centros de recuperación, destinándose un total de 239 206 000 euros para estas acciones. En tercer lugar, también se incrementan considerablemente los créditos con los que contará el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Ingesa, para prestar la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla, al acrecentar el departamento su transferencia a dicho organismo hasta los 240 644 000 euros, es decir, 7 380 000 euros más que en el ejercicio pasado. El objetivo fundamental del incremento mencionado será la cobertura de nuevas plazas y la estabilidad de los profesionales sanitarios que prestan asistencia en los centros sanitarios del Ingesa en Ceuta y Melilla.

Otra de las prioridades del Gobierno que tiene su reflejo en este presupuesto es la protección a la familia y la lucha contra la pobreza, a la que, indicó el ministro de Hacienda, se va a destinar en este ejercicio 342 millones de euros distribuidos en los presupuestos de diferentes ministerios: 100 millones en Sanidad; en Agricultura, 102; y en Empleo, 142. Por ello, se produce otro incremento significativo en el presupuesto de nuestro departamento para 2017, un 32,6 % respecto al ejercicio anterior, en concreto 25 586 000 euros, que van dirigidos a la protección de la familia, atención a la pobreza infantil y a las prestaciones básicas de servicios sociales, con una dotación total de 100 millones de euros. Esta es la nueva partida que agrupa la red básica, desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, el denominado Plan concertado, y la dotación de apoyo a la familia e infancia, que contaba en 2016 conjuntamente con una dotación de 75 410 000 euros. Este presupuesto va dirigido principalmente a reducir y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias en necesidades básicas como la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Parte de este presupuesto irá destinado también a planes de apoyo a la conciliación familiar y laboral para las familias en proceso de inserción sociolaboral con hijos a cargo, apoyo familiar como puede ser orientación sociofamiliar, mediación familiar, puntos de encuentro familiar o atención socioeducativa de menores. Sumando estos dos fondos sociales, se incorpora al presupuesto una nueva partida, de 1 millón de euros, destinada al programa para la lucha contra la pobreza en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El presupuesto destinado a Sanidad y Consumo asciende en total a 327 millones de euros. Nuestro sistema sanitario es patrimonio de todos; por ello, hay que preservarlo y garantizarlo ante los retos que tenemos por delante y garantizar su sostenibilidad, manteniendo los altos niveles de calidad y profesionalidad por los que se ha convertido en un referente fuera de nuestro país.

En el ámbito de la sanidad, se recupera la dotación en una partida presupuestaria para mejorar la equidad en la compensación por la asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, con un crédito inicial de 3 760 000 euros. Asimismo, la dotación para las políticas de salud pública se incrementan en 1 010 000 euros para investigación, desarrollo e innovación en el campo de las enfermedades tropicales y en la salud pública, si bien mediante la retribución entre partidas internas se han potenciado también las líneas de investigación de enfermedades raras, los sistemas de información sanitaria y la prevención y control del sida. Conjuntamente se incrementa más de un 11 % respecto a 2016, con un importe de 3 820 000 euros.

Por último, debemos considerar un apunte técnico en la elaboración del presupuesto de este ministerio que se ha venido produciendo en los últimos ejercicios y que también aparece en el presente ejercicio de 2017. Se trata de una deducción del presupuesto de este ministerio en la cantidad correspondiente a la centralización de determinados contratos de servicios, que pasan a la sección 31, Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este ejercicio la deducción es de una pequeña cantidad, que asciende a 4830 euros


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en la transferencia corriente al Instituto de la Juventud, que afecta a la partida correspondiente a los servicios postales; servicios que se incorporan a los procedimientos de contratación centralizada, gestionados por la Dirección general de racionalización y centralización de la contratación para obtener adjudicaciones a precios más favorables la Administración y mejorar su eficiencia.

Señorías, no quiero dejar de mencionar en esta descripción general los incrementos que a lo largo del ejercicio se producirán como consecuencia de las partidas que generarán crédito o bien tienen un carácter ampliable, que mejoran considerablemente la capacidad del gasto del ministerio.

En cuanto a las generaciones de crédito, se dispone de dos instrumentos, el fondo de bienes decomisados y las aportaciones por volumen de ventas del Sistema Nacional de Salud. Respecto al fondo de bienes decomisados, en el transcurso de cada ejercicio, el concepto presupuestario para actividades relacionadas con el tráfico de drogas es incrementado con generaciones de crédito procedentes de la enajenación de los bienes decomisados; los recursos que se obtienen por esta vía son destinados a programas contra la drogadicción, que se desarrollan en la marco del Plan nacional sobre drogas. En 2016, este fondo llegó a casi 34 millones de euros de ingresos para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esperando alcanzar una cifra similar en 2017. En lo que respecta a las aportaciones por volumen de ventas que la industria farmacéutica debe realizar por las ventas de medicamentos con receta oficial al Sistema Nacional de Salud, los ingresos que el ministerio prevé obtener en 2016 son de más de 42 millones de euros, cifra que se estima va a poder realizar también como ingreso en el ejercicio de 2017. Estos ingresos se destinan al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, programas de formación para profesionales sanitarios y de educación sanitaria de la población de uso racional de medicamentos, según la distribución que determine el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En lo relativo a los créditos ampliables, de acuerdo con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en la sección 26 tendrán este carácter el crédito destinado a subvencionar actividades de interés social con cargo a la asignación tributaria, el IRPF, que se amplió en 2016 en 135 462 000 euros y la previsión es que dicho aumento pueda ser parecido en el año 2017; y el crédito destinado a las ayudas sociales para mujeres víctimas de violencia de género, que se amplió en el ejercicio de 2016 en 1 400 000 euros, siendo la estimación para 2017 una cifra similar. Con estas previsiones, el presupuesto inicial del ministerio se incrementaría en más de 200 millones de euros, si bien, con carácter general, se producen otras generaciones de crédito a lo largo del ejercicio, como las que tienen lugar en el Ingesa por la asistencia sanitaria a terceros o las procedentes de fondos de la Unión Europea.

En relación con el análisis por capítulos de las áreas de sanidad y servicios sociales e igualdad, señorías, el presupuesto del departamento se distribuye en función de tres grandes áreas de actividad, como he dicho. La mayor parte de los créditos, casi un 83 %, van destinados al área de servicios sociales e igualdad, que en 2017 dispondrá de 1807 290 000 euros, que supone un incremento de 150 305 000 euros, es decir, un 9,07 % más respecto del presupuesto de 2016. Por su parte, el área de sanidad y consumo dispondrá para realizar sus políticas de algo más de 327 millones de euros, cerca del 15 % del presupuesto total del departamento. Esta área se ha incrementado en 11 299 000 euros, un 3,58 % en relación con el presupuesto de 2016. Finalmente, la dotación para el área de la subsecretaria y servicios generales será de 50 297 000 euros, que representa el 2,30 % del presupuesto total del departamento, con una disminución de 269.000 euros, un 0,53 % menos respecto al presupuesto de 2016.

Teniendo en cuenta estas tres áreas, paso a exponer a continuación el presupuesto del ministerio para 2017 atendiendo a su clasificación económica por capítulos. El capítulo 1, dedicado a los gastos de personal, se dota con 50 982 000 euros, lo que supone una disminución de 148 850 euros, es decir, un 0,3 % respecto al ejercicio anterior. Dicha reducción se produce en el área de la subsecretaría debido al traspaso a mediados del año 2016 de los efectivos de este ministerio que se encargaban de la gestión del protectorado y del registro de fundaciones asistenciales de ámbito estatal que más tarde, dentro del área de la subsecretaría, les explicaré.

En las áreas de sanidad y consumo y de servicios sociales e igualdad, únicamente se han realizado algunos ajustes internos para adecuar las dotaciones de las relaciones de puestos de trabajo de diferentes centros directivos a su plantilla real, fundamentalmente por las jubilaciones producidas. El capítulo 2, dedicado a los gastos en bienes corrientes y servicios, con 43 858 700 euros, crece en conjunto 411 210 euros, un 0,9 % respecto al año 2016. En el área de sanidad y consumo aumenta el programa de prestaciones sanitarias y farmacia en 234 000 euros y se reajustan partidas internas en ordenación


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profesional. Respecto al área de servicios sociales e igualdad, sus créditos en este capítulo se reducen en 211 000 euros por ajustes internos dentro de su propia área y se incrementa en cerca de 88 000 euros la destinada a nuevos estudios sobre la prevención integral de la violencia de género. Por último, en el área de la subsecretaria se incrementan 312 460 euros en partidas destinadas a la mejora de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, con ajustes de crédito procedentes de su capítulo 4.

Respecto al capítulo 4, relativo a las transferencias corrientes, tanto internas como externas, el crédito total del que se dispone en 2017 asciende a 2047 560 170 euros. Esta es la mayor dotación en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que representa casi el 94 % del crédito total correspondiente al resto de capítulos, dado que el resto de capítulos representa solamente el 6 %.

En este ejercicio se incrementan las dotaciones para transferencias corrientes en 159 343 000 euros, un 8,4 % respecto a 2016. Comenzando por el área de sanidad y consumo, en este ejercicio se dota con 3 760 000 euros, como ya he dicho anteriormente, la partida presupuestaria para la equidad en la compensación a las comunidades autónomas por la prestación sanitaria a pacientes derivados, entre ellas, para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. También deben destacarse las actuaciones en el ámbito de las estrategias frente a enfermedades raras y otras estrategias de salud, que se dota con 1 818 000 euros. Asimismo, se destinan a financiar programas de prevención y control del sida y otras infecciones de transmisión sexual 2 millones de euros que, añadidos a la dotación de más de 3 millones de euros del capítulo 2, suman más de 5 millones en actividades de lucha contra el sida. Del mismo modo, se incrementan los fondos de las comunidades autónomas para la mejora del sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que supera los 2 millones de euros, un aumento del 5,8 % respecto al ejercicio de 2016. Se mantiene sin variación las dotaciones para el plan de calidad del Sistema Nacional de Salud, con un total de 4 705 000 euros y para el programa europeo de reasentamiento y reubicación de refugiados del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, con un importe de 1 750 000 euros. El compromiso de impulsar un plan coordinado de ayuda de emergencia a través de la cooperación y el desarrollo también ha estado presente en la Conferencia de Presidentes. Destaca el esfuerzo, un año más, para reforzar los recursos de los centros sanitarios en Ceuta y Melilla, gestionados por el Instituto de Gestión Sanitaria, Ingesa, cuya transferencia corriente alcanza en 2017 la cifra de 230 503 310 euros, al aumentar más de 7 millones de euros respecto a 2016, un 3,57 %. Por último, el presupuesto para el presente ejercicio de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición se incrementa en 3 700 000 euros, casi un 13 % más respecto al de 2016. He de decir que la transferencia corriente del departamento a la agencia se aminora, no obstante, en 1 millón de euros, al incluir como fuente de financiación del organismo el acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas remanentes de tesorería.

Por lo que respecta a las transferencias corrientes del área de servicios sociales e igualdad; en primer lugar, destacaré que se incrementan las destinadas a comunidades autónomas para protección a la familia y atención a la pobreza infantil y prestaciones básicas de servicios sociales, con una dotación total de 100 millones de euros, al incrementarse en 25 586 000 euros, un 32,6 %. El capítulo 4 contempla asimismo la transferencia a las comunidades autónomas para la prevención de la violencia de género, con un total de 6 700 000 euros; concretamente aumenta un 14 % el programa de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género hasta alcanzar los 5,7 millones de euros, sin olvidar las transferencias que se efectúan a instituciones sin fines de lucro destinadas a ayudas sociales para mujeres, que mantienen su dotación de 1 707 000 euros, pero que al ser ampliable puede gestionar más recursos durante el ejercicio; en 2016 incluso se ejecutaran 3 millones de euros. De estas transferencias corrientes, la de mayor cuantía corresponde al Imserso, que asciende a 1495 260 990 euros, ya que se ha incrementado este ejercicio en más de 122 millones de euros, casi un 9 % respecto al año anterior 2016. Estos créditos servirán, fundamentalmente, para reforzar la financiación del sistema de dependencia en el nivel mínimo garantizado por el Estado que, como he mencionado anteriormente, se incrementa en 11 millones de euros. Por último, hay que destacar la dotación relativa a las subvenciones de interés social, con 99 millones de euros que, como he dicho, es un crédito ampliable, así como las ayudas específicas para las entidades del tercer sector de la prestación social, que no modifica su dotación de 10 780 000 euros.

En relación con el capítulo 6, destinado a las inversiones, dispone en 2017 de un crédito de 18 891 000 euros, incrementándose un 10 %, es decir, 1 730 000 euros más que en 2016, El incremento de este capítulo 6 va destinado íntegramente a la lucha contra la violencia de género; por un lado, 1 254 000 euros más que el año pasado, a campañas de información y sensibilización, que se ha incrementado un 25,6 %


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y cuenta con un crédito de 6 145 770 euros, y por otro, 463 000 euros más para dispositivos electrónicos de seguimiento de las medidas de alejamiento, que contará con 4 393 730 euros en esta partida.

El capítulo 7, correspondiente a las transferencias de capital, no experimenta variaciones en su cuantía total, que asciende a 18 220 740 euros, ni en los importes parciales a transferir tanto a las instituciones externas como las dirigidas a los organismos dependientes, manteniéndose todas en las mismas cuantías que en el ejercicio de 2016. De todas las transferencias de capital que el departamento realiza voy a destacar por su cuantía las dirigidas a financiar las inversiones del Instituto de Gestión Sanitaria, con 10 141 180 euros, y las del Imserso, con 6 125 000 euros.

Por último el capítulo 8, de activos financieros, como en años anteriores, se mantiene invariable con 5 083 000 euros. Este capítulo se distribuye entre dos áreas; la de la subsecretaría, destinada a préstamos y anticipos a los empleados públicos del departamento; y la de servicios sociales e igualdad, que gestiona la partida más importante correspondiente al Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del sistema de atención a la dependencia, dotado con 5 millones de euros.

Muy brevemente, en lo relativo a los organismos públicos dependientes del ministerio, quiero comentar que el presupuesto total del conjunto formado por seis organismos autónomas y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios asciende en 2017 a 136 277 000 euros, lo que supone un incremento del 4,43 % respecto al ejercicio anterior. En relación con estos organismos, quiero indicar que las transferencias, tanto corrientes como de capital, que perciben del ministerio ascienden a 55 881 000 euros en 2017, que completarán su financiación. En este sentido, cabe destacar que prácticamente todos los organismos presentan para 2017 un presupuesto similar al del ejercicio de 2016, con la excepción de la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, por la inclusión de una nueva partida en su capítulo 4 para el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, por los gastos derivados de la línea de mediación de anticipos a cuenta a los afectados de Fórum y Afinsa, dotada con 3 700 000 euros para su liquidación, y el Instituto de la Juventud, que se incrementa en más de 2 millones de euros por el crédito destinado al programa Erasmus Juventud.

Una vez expuestas las principales variaciones en los diferentes capítulos, me gustaría señalar que con independencia de las modificaciones, en más o en menos, que he expuesto hasta ahora en mi intervención, también los centros gestores y organismos dependientes han realizado los ajustes necesarios, dentro de sus partidas presupuestarias, para una mejor ejecución de sus políticas, a las que ya se ha referido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y que el secretario general de Sanidad y Consumo les explicará a continuación.

Señorías, voy a finalizar mi intervención explicando el presupuesto del programa Dirección y Servicios Generales de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, cuya gestión corresponde al área de la subsecretaría. Esta área va a gestionar en 2017 un total de 50 297 000 euros, con una ligera disminución del 0,53 % respecto al presupuesto de 2016. Este programa presupuestario es gestionado conjuntamente por la subsecretaría, servicio 01, y por la Secretaría General Técnica, servicio 02. Dicha disminución se debe al ajuste de la parte del capítulo 1 que corresponde a la Secretaría General Técnica y es consecuencia del traspaso de las competencias relativas al registro y al protectorado de fundaciones asistenciales de ámbito estatal desarrolladas ahora por los ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente. Todo ello en cumplimiento de la orden de Presidencia de 26 de noviembre de 2015, que dispuso la entrada en funcionamiento del registro de fundaciones, de competencia estatal, y del Real Decreto de Estructura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, modificado asimismo el 27 de noviembre de 2015, siguiendo las recomendaciones del informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, conocido como el CORA. Se trata concretamente de una disminución de 333 130 euros en la Secretaría General Técnica que corresponde a los importes de las retribuciones durante el ejercicio 2017 del personal -14 plazas en total- que desempeñaban puestos de trabajo en el registro de fundaciones, como les he dicho, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que se ha adscrito al Ministerio de Justicia. Del mismo modo, los efectivos que desempeñaban los puestos de trabajo en el protectorado de fundaciones de nuestro ministerio ahora están adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En total, como les digo, han sido los importes correspondientes a 14 plazas los que se han transferido. Esa disminución en el servicio 02 de la Secretaría General Técnica es compensada, en parte, por el incremento de 64 140 euros en el servicio 01, como puro ajuste técnico, por lo que el capítulo 1 del programa presupuestario 311.M contará en total con 23 780 000 euros, resultado de una minoración de 269 000 euros entre el presupuesto de 2016 y el proyecto de 2017 que, en términos porcentuales, representa una variación negativa del 1,12 %.


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Señorías, el anteproyecto de ley de presupuestos para 2017 ha previsto nuevamente una tasa de reposición para los servicios sanitarios y sociales del cien por cien, como en 2016. Además, dicha tasa se extiende este año a los dedicados a la atención de los ciudadanos de los servicios públicos. Por otra parte, se mantiene la tasa de reposición del 50 % en el resto de los sectores de la Administración, lo que va a permitir recuperar progresivamente y en función de las necesidades actuales los efectivos que se han perdido los últimos años, no solo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino en todas las administraciones públicas. Es previsible, por tanto, que la oferta de empleo público para 2017 permita la incorporación significativa de nuevos efectivos, como lleva ocurriendo desde la oferta de 2015, y sirva, como digo, para compensar la pérdida de personal producida, entre otras razones, por efecto de las jubilaciones de los últimos años. En definitiva, la dotación del capítulo 1 de este programa se ha ajustado a las necesidades reales de la plantilla y a la cobertura de todos los gastos de carácter horizontal -formación, acción social e incentivos al rendimiento- gestionados desde este centro directivo con impacto en otros programas del departamento.

El capítulo 2 de la subsecretaría, con una dotación de 16 876 000, euros experimenta un crecimiento neto de 312 460 euros, lo que supone un 1,9 % más respecto al ejercicio de 2016. La dotación más importante de este capítulo se refiere a las partidas destinadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, que ascienden a 8 406 570 euros, incluidos 1 274 000 euros de telecomunicaciones, cuya gestión todavía se mantiene en nuestro ministerio por no estar completado el proceso de centralización de contrato. Estos créditos cubren los gastos para la operación y el mantenimiento del hardware y del software de todas las aplicaciones informáticas que se utilizan en el ministerio, incluido el nodo central y el intercambio de datos del Sistema Nacional de Salud, necesario para el mantenimiento y la extensión de los proyectos de sanidad digital ya conocidos, como la tarjeta sanitaria individual, historia clínica digital y la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud, así como los mecanismos de interoperabilidad de información clínica y administrativa. Además, con los incrementos en este capítulo 2, se desarrollarán los sistemas de aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Administración digital derivados de las leyes 39 y 40 de 2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y del régimen jurídico del sector público, entre los que se pueden mencionar el registro electrónico y el registro de empleados públicos habilitados. El uso de las tecnologías en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está permitiendo mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan al ciudadano, incrementando aspectos fundamentales como la accesibilidad, la seguridad, la agilidad y la transparencia. Además de a las tecnologías, el resto del crédito de este capítulo se destina a los gastos necesarios para las actividades generales del departamento como son la reparación, el mantenimiento y la conservación, cuya dotación asciende a 1 253 000 euros. Asimismo se han presupuestado créditos por un total de 4 871 000 euros destinados, entre otros, a la compra de material, suministros, pagos de tributos y electricidad.

En cuanto al capítulo 4 de la subsecretaría, relativo a las transferencias corrientes, que es gestionado íntegramente por la Secretaría General Técnica, dispone en 2017 de un crédito de 1 698 000 euros que se destinan a la financiación de la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, cuyo crédito se mantiene sin variación respecto a 2016 en 772 000 euros y al pago de las aportaciones a organismos y programas internacionales. Asimismo, desde la Secretaría General Técnica del ministerio se gestiona el pago de once cuotas internacionales a diversas organizaciones, entre otras, a la Organización para el desarrollo de estándares de terminología internacional de salud (IHTSDO), a la OMS, como el convenio de trasplantes o el Convenio marco contra el tabaco, la OCD, etcétera. Para esta finalidad, en el ejercicio 2017 se dispone de un crédito de 926 000 euros, un 25 % menos que en 2016, experimentando una disminución de 312 460 euros, debido fundamentalmente a la minoración de la cuota del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que disminuye en 306 460 euros. La contribución a este convenio es bianual y ya en el ejercicio 2016 se abonó la cantidad correspondiente a 2016-2017. Y el crédito consignado es solo para el pago de una cantidad pendiente de abonar de ejercicios anteriores.

Con respecto a la fundación, sus créditos -que, como he dicho, se mantiene sin variación- serán destinados a sus fines estatutarios, que comprenden, entre otros, la intervención de proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria y la formación y el perfeccionamiento profesionales en políticas públicas sanitarias y sociales de terceros países.

En cuanto al capítulo 6 de la subsecretaría, se mantienen para 2017 las mismas cifras que en el presupuesto del ejercicio pasado y se ha dotado con 7 833 000 euros, que permitirán continuar con el desarrollo y la mejora de la interoperabilidad en las aplicaciones informáticas que desde el ministerio dan


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soporte a todo el Sistema Nacional de Salud, como la tarjeta sanitaria, la receta electrónica o la historia clínica digital. Además, entre las muchas actuaciones previstas en el ámbito de las tecnologías de la información, por un lado, se van a actualizar algunas plataformas tecnológicas que han quedado obsoletas, especialmente en el área de la seguridad y de los certificados electrónicos, y por otro se van a desarrollar nuevas funcionalidades para algunas aplicaciones como el sistema de información de atención primaria, el de monitorización terapéutica de pacientes con hepatitis C y la de tramitación de expedientes de fijación de precios y la calidad de medicamentos.

En relación con el capítulo 7, transferencias de capital, con una dotación de 24 920 000 euros, permanece invariable en relación al ejercicio corriente. Esta cantidad va destinada íntegramente a la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social.

Por último, la subsecretaría gestiona dentro del capítulo 8 una pequeña cantidad de 83 380 000 euros destinada a los préstamos y anticipos otorgados a los empleados públicos del departamento.

Señorías, concluyo ya. Creo que el proyecto de presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2017 que les he presentado refleja el compromiso del Gobierno con las personas, con las políticas sanitarias y las políticas sociales. Va a permitir a los centros gestores afrontar con garantía los nuevos retos y las actuaciones que en materia de sanidad, servicios sociales e igualdad se incluyen en los programas presupuestarios.

Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fraile.

Es ahora el turno de los grupos que han solicitado esta comparecencia, empezado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Igea, tiene la palabra.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias por su comparecencia y su explicación. Tenemos varias preguntas, algunas debidas al desconocimiento. En primer lugar, ¿cuál es la razón de que haya que pagar esos 3 700 000 por la mediación del asunto Forum y Afinsa. En segundo lugar, con respecto a los proyectos de sanidad digital, ¿qué grado de desarrollo va a alcanzar este año tanto la interoperabilidad de la receta electrónica como la historia clínica digital común, teniendo en cuenta el estado de desarrollo en que estaba en su último informe? ¿Tiene prevista alguna partida para cambiar el sistema de indicadores clave o para aumentar los indicadores clave de acuerdo con lo que se aprobó en la Comisión de Sanidad de ir avanzando hacia un portal de transparencia? Esperamos que el grado de ejecución este año del Plan de prevención del sida y enfermedades de transmisión sexual sea mayor que el año pasado, que no se ejecutó nada, según los informes del presupuesto, y que ha supuesto que en los dos últimos años se hayan incrementado estas enfermedades de transmisión sexual.

Por último, quisiera preguntarle si por lo que respecta al Ingesa los fondos destinados, los 7 millones que se incrementan, son suficientes para asegurarnos que vamos a mantener una plantilla en Ceuta y Melilla suficiente para afrontar los enormes retos que tienen estos dos hospitales, ya que se ven desbordados con cierta frecuencia y necesitan derivar pacientes a otros sitios. Por tanto, le reitero, me gustaría saber si tiene previsto hacer algún plan especial para fijar facultativos en estos centros y evitar la temporalidad y la precariedad en los mismos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igea.

Tiene la palabra el señor Clemente.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Buenas tardes, señor presidente, señorías.

Muchísimas gracias, señora Fraile, por la intervención y el repaso extenso que ha hecho de nuevo a los presupuestos. Quiero hacerle al final una pregunta, pero antes le voy a hacer una introducción, puesto que su compañero anterior, señor Garcés, no me la ha respondido y usted ha pasado por encima, a ver si me puede responder. Está bien que hayamos hecho un repaso sobre las bondades de las partidas que aumentan. Me gustaría hacer hincapié en que bajan las acciones a favor de los emigrantes en un 17,2 %, o sea de casi 70 000 000 millones pasamos a 57,48, y la cantidad que se destina a inmigrantes permanece prácticamente igual, que pasa de 312,7 a 312,8. Los presupuestos reconocen que es obligatorio cumplir con la decisión del Consejo Europeo de reasentamiento y reubicación de demandantes de asilo, según la cual España debía acoger a 17 000 personas entre 2015 y 2017. A pesar de que el país tiene pendiente dar cobijo a más de 15 000 refugiados antes de septiembre, las cuentas del Estado dedican a ese


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compromiso 229 millones de euros, igual cantidad que en 2016, por lo que le repito la pregunta que le hice a su compañero Garcés, y le agradecería que tomara nota: ¿qué tiene previsto el Gobierno para cumplir con ese compromiso? Me gustaría saber cómo piensa dar cumplimiento a ese objetivo y ejecutar esos 1750 millones de euros para su reubicación y si piensan de nuevo incumplir ese compromiso. Esta es en general la pregunta que quiero que me responda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clemente.

Ahora es el turno del Grupo Socialista, por el que van a intervenir también dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la señora Guinart.

La señora GUINART MORENO: Gracias, señor presidente.

Los Presupuestos Generales del Estado son la traducción de la voluntad política del Gobierno, más allá de pronunciamientos, declaraciones y manifestaciones de intenciones. Desde el punto de vista de igualdad, esa voluntad se manifiesta de una manera tan explícita como preocupante. Y lo mismo ocurre con aspectos referentes a servicios sociales. A ellos me voy a referir en primer lugar y en concreto a los que afectan de manera directa a personas mayores, concretamente programas del Imserso, que han sufrido importantes recortes a lo largo de los últimos años desde 2012 hasta la actualidad. En el presupuesto del Imserso encontramos a faltar, por ejemplo, la partida correspondiente a Teleasistencia, un año más, y van ya seis ejercicios desde 2012. ¿Y qué ocurre con la red de centros adscritos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, al Imserso? Algunos de estos centros de recuperación de personas con discapacidad física llevan años prácticamente terminados, pero aun no están en funcionamiento, como ocurre con el de Langreo; otros ni siquiera llegaron a tanto, se quedaron en fase de proyecto, como el de Olivenza, en Badajoz, y los que sí están funcionando adolecen de una evidente falta de personal y de medios materiales. Le voy a poner un ejemplo, uno de los muchos que podemos encontrar. En el centro de atención a personas con discapacidad física de Alcuéscar, en Cáceres, se han cerrado 20 habitaciones y el descenso de su plantilla es superior al 20 % en general y al 25 % en el colectivo de camareros-limpiadores; tampoco tienen psicólogo, personal de mantenimiento, de administración, ni ordenanza, ni tampoco conductor. Las personas usuarias denuncian falta de toallas, de sábanas; en algunas habitaciones no hay lavabos. En resumen, un desastre y eso, insisto, que supuestamente hay recuperación económica, ¡pues menos mal! Las preguntas que le hago son concretas. ¿Tiene el Gobierno pensado llevar a cabo medidas encaminadas a mejorar las instalaciones y la dotación de equipamientos y de personal de los centros del Imserso? ¿Cuántas plazas de la convocatoria de empleo público, que usted misma ha mencionado en su intervención, se van a destinar a dotar de personal a esos centros en este año? No me voy a extender en otros temas, como la dotación presupuestaria para dependencia, más allá de lo que ya han mencionado mis compañeras en la anterior comparecencia del secretario de Estado, pero por la parte de responsabilidad alícuota que usted tiene en estos presupuestos, no puedo dejar de recordarle que incumplen ustedes la normativa vigente y todo tipo de acuerdos que han alcanzado, sea con otros grupos parlamentarios, sea con las comunidades autónomas. Con su más que insuficiente aumento de inversión no podrán atender ni a un 5 % de las personas en lista de espera. ¿Cómo piensan afrontar los acuerdos que se deriven del informe que presentará bien pronto, en mayo, la Comisión para el análisis de la situación actual del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, constituida en el seno de la Conferencia de Presidentes el pasado enero? ¿Y qué me dice del hecho de que las comunidades autónomas tengan que continuar financiando más del 80 % del coste del sistema de la dependencia?

Le decía al comenzar mi intervención que nos preocupa sobremanera la falta de interés del Gobierno por todo lo que se refiere a igualdad y a la lucha contra la violencia de género. Estamos ultimando, como sabe, en sede parlamentaria las comparecencias del Pacto de Estado sobre violencia de género. Pronto trabajaremos en el informe. Sean cuáles sean esas conclusiones, lo que está claro es que sin dotación presupuestaria no se puede luchar contra esa tremenda lacra. Ustedes, en los objetivos que se marcan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en esta materia anuncian que quieren aprobar una nueva estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, además de evaluar la actual, y se comprometen a mejorar la respuesta institucional, a poner en marcha planes personalizados, a avanzar hacia la ventanilla única, etcétera, etcétera. Quiero que me diga cómo lo van a hacer si no contemplan ninguna partida ni siquiera para dar cumplimiento a los nuevos compromisos del Convenio de Estambul para la prevención de la violencia hacia las mujeres ni para los que se deriven del pacto de Estado. Ustedes mantienen un recorte del 8,68 % sobre los presupuestos de 2011, así que no nos digan


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que la dotación es superior a 2016 porque sigue siendo, a todas luces, insuficiente, como escaso e insuficiente es el 6 % destinado a personal por parte de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género que gestiona el programa de actuaciones de prevención en esa materia. Las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas reciben asistencia psicológica, social y jurídica a través de convenios suscritos con comunidades autónomas. Esa asistencia constituye una importantísima puerta de acceso de esas mujeres al sistema, pero con los escasos 5,7 millones de euros que destinan a tal cometido, cada una de las casi 2,5 millones de víctimas anuales puede ser atendida con poco más de 2 euros al año o, si lo prefiere, 0,19 euros al mes. Esa cantidad solo cubre el salario de unas 150 profesionales, eso solo permite atender de hecho, señora Fraile, al 5 % de las víctimas.

En cuanto al programa de igualdad de oportunidades y al Instituto de la Mujer lo han congelado respecto al año pasado y es un 41 % menor que en 2010. No están cubriendo las bajas que se producen en el Instituto de la Mujer, no lo han hecho en ninguno de los ejercicios de los últimos seis años y, además, han despedido o no han renovado, que a efectos prácticos viene a ser lo mismo, al 10 % de la plantilla del instituto, y eso que ampliaron sus competencias. Está claro que no apuestan por él, está claro que han dejado en stand by al Instituto de la Mujer. En 2016 se cerró el presupuesto de gastos y operaciones presupuestarias a mitad de año y no se preocuparon de garantizar diversas subvenciones para estudios de genero en las universidades, planes de igualdad en las pymes y apoyo a la estrategia contra la brecha salarial, bastaba con exceptuarlas de la orden, pero dejaron sin presupuesto temas absolutamente estratégicos para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Este año volverá a ocurrir y dígame, para terminar, a colación de esto, ¿cuál es el grado de ejecución en igualdad y en temas sobre violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016? Dénos los datos respecto a esa ejecución presupuestaria, si es usted tan amable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guinart.

Tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Bienvenida de nuevo, señora Fraile. Volvemos a hablar de presupuestos y han sido varias las comparecencias de otros responsables del ministerio y las que va a haber después. A ellos les estamos trasladando los diferentes comentarios de las partidas presupuestarias que nos resultan llamativas, pero tengo que decirle que coincidimos en un mensaje único para todos, y es que las partidas son claramente insuficientes por mucho que intenten ustedes vestirlo de otra forma. Por sus presupuestos podemos ver que si es verdad que hay recuperación económica a sanidad y servicios sociales le ha llegado poco, y parece que el único que se ha beneficiado de esa recuperación es el Ministerio de Defensa, aunque nos digan lo contrario, pero eso es realmente lo que estamos viendo. Señora Fraile, yo no sé -a lo mejor me lo puede argumentar mejor en su segunda intervención- cómo van a cumplir todo a lo que se comprometió la ministra en su primera comparecencia, porque se comprometió a tanto que vemos que hay poco movimiento en el ministerio y desde luego el reflejo presupuestario es escaso.

Voy a insistir en mi intervención en un programa muy concreto, es el programa de acción a favor de los inmigrantes, que está dotado con 313 millones de euros y de ellos, para acogida e integración de refugiados exilados son 24 millones. Señora Fraile, lo ha dicho también el compañero diputado de Ciudadanos, siguiendo la decisión vinculante del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, se crea el programa de reasentamiento y reubicación de personas susceptibles de protección internacional, con 229 millones de euros. Teniendo en cuenta que para la atención humanitaria a inmigrantes hay 11 millones de euros, son ustedes, en su propio texto los que reconocen que en 2016 había 229 millones, los mismos que hay en 2017. Por favor, a ver si es capaz de aclarárnoslo, ¿cuántos refugiados se han acogido realmente? La cifra real, porque la cifra prevista, si me la puede confirmar se lo agradezco también, creo que era en torno a los 17 000 pero, ¿cuántos se han acogido? Si esa decisión es vinculante, ¿cuántas personas nos quedan por acoger? ¿Qué va a ocurrir ante el incumplimiento del Gobierno de España? Y si la dotación es la misma que la del año anterior, ¿cuánto se ha ejecutado de esos 229 millones de euros de 2016 y cuántos de estos se transfieren a las comunidades autónomas, que son las que están acogiendo realmente? La falta de iniciativa y de sensibilidad del Gobierno es muy preocupante para el Partido Socialista y para el resto los otros grupos, pero sobre todo a nivel internacional la falta de sensibilidad del Gobierno nos resulta claramente vergonzante. Le agradeceré las respuestas.

Muchísimas gracias por su presencia.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señora subsecretaria, por su intervención y bienvenida. A la subsecretaría, y me gustaría que esto quedase claro, le corresponde, dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el asesoramiento jurídico y técnico para la producción normativa, la resolución de los recursos, la gestión del personal, las tecnologías de la información, la información sobre el fomento de la salud en la ciudadanía, los programas de inspección y evaluación de funcionamiento de centros y organismos, la representación y participación española en organismos y programas internacionales de cooperación, así como la gestión del programa de publicaciones del ministerio. Por tanto, yo creo que aprovechar, como ocurre en estos últimos años con bastante frecuencia, su comparecencia para traer aquí a esta Comisión temas que no solo no son de su competencia sino que ni siquiera son de la competencia del Ministerio de Sanidad, me parece, por lo menos, un poco extemporáneo. Por tanto, me voy a centrar en mi intervención exclusivamente en las competencias de su órgano directivo, y teniendo su órgano directivo la función de control también sobre el presupuesto, querría hacerle una valoración muy positiva de unos presupuestos que suben casi un 8 %, hasta los 2134 millones de euros, de los cuales 1807 millones corresponden a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y 327 millones a la Secretaría General de Sanidad; un presupuesto, además, en el que se incrementan, como nos ha comentado muy pormenorizadamente en su intervención inmediatamente anterior a la suya el secretario de Estado, las partidas que son más sensibles, la de la atención a la pobreza infantil, con un incremento de un 32,6 %, llegando a los 100 millones de euros, o la de la lucha contra la violencia de género o la dependencia, con incrementos próximos al 9 y 10 % respectivamente. Sobre la dependencia creo conveniente recordar o traer a colación de nuevo que el secretario de Estado ha mencionado la conveniencia -en varias ocasiones se ha dicho esta misma tarde- y la necesidad de leerse el informe del Tribunal de Cuentas sobre el nivel de financiación del Estado y de las comunidades autónomas. Da la impresión de que algunas de las portavoces que han tomado la palabra anteriormente se han ausentado durante la comparecencia del secretario de Estado y por tanto no tuvieron el conocimiento sobre esta circunstancia en relación con el nivel de financiación del Gobierno y de las comunidades autónomas. Volviendo un poco a lo anterior, ese incremento del presupuesto al Grupo Parlamentario Popular nos parece un indicador claro de que vamos dejando atrás momentos extremadamente difíciles, los vividos durante estos últimos seis años pasados, dedicando cada vez un mayor esfuerzo presupuestario al bienestar de las personas, a su salud, a las necesidades de aquellos más desfavorecidos, a la infancia, a las personas de mayor edad o a las víctimas de la violencia de género.

Centrándonos ya en lo que son sus competencias concretas, el 23 de febrero pasado usted compareció en el Senado para dar cuenta de la política de recursos humanos del ministerio desde el año 2012 y las medidas de cara al futuro para incrementar el número de efectivos, entre otras cosas. En esa comparecencia clarificó usted las razones de las reducciones en el capítulo 1, la reorganización de las estructuras, su racionalización, el traspaso de efectivos a otras administraciones, que ha mencionado también hace un momento; las tasas de reposición anuales, afortunadamente recuperadas al cien por cien desde el año 2016; las jubilaciones y, a pesar de todo, la situación relativamente positiva del ministerio, con una reducción menor a la de otros departamentos de la Administración General del Estado. Por eso, quisiera que nos hiciese una valoración. ¿Podemos entender que la dotación del capítulo 1 permitirá llevar a cabo una adecuada política de recursos humanos en el ministerio?

En cuanto a materias estrictamente presupuestarias, quería hacerle una pequeña pregunta. En el proyecto de ley aparece de nuevo, después de su desaparición en 2014, la consignación relativa al Fondo de cohesión sanitaria, que había pasado a extrapresupuestaria a partir de ese año 2014. Querría que nos explicase, si fuese posible, a qué se debió en su día la desaparición y su vuelta al presupuesto en el proyecto de este año, aunque quizá considere más oportuno que lo haga el secretario general en su comparecencia posterior. También se ha referido usted a la importancia del gasto informático del que es responsable la subsecretaría y que todos los años alcanza sumas muy considerables. (La señora vicepresidenta, Hernández Bento, ocupa la Presidencia). Querría preguntarle -y en eso me uno a la pregunta que le ha hecho el portavoz del Grupo Ciudadanos- cuál es el ritmo de implantación de los diferentes servicios del Sistema Nacional de Salud, tarjeta sanitaria, historia clínica digital, receta electrónica interoperable, en las diferentes comunidades autónomas, puesto que todos esos procesos se


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realizan en virtud del presupuesto destinado al mantenimiento e inversión en tecnologías de la información para el nodo central de intercambio del sistema.

Y como llevamos ya un retraso muy considerable en esta tarde, termino agradeciéndole todas las respuestas que nos pueda proporcionar y su intervención previa.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Gracias, señora González.

Tiene la palabra el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidenta.

Gracias a doña María Jesús Fraile por su aportación detallada del presupuesto, que siempre nos es útil como parlamentarios. Le tengo que agradecer la claridad que ha tenido en cuanto a qué modelo de presupuesto se nos ha presentado, y lo ha dicho muy claramente: hay una prioridad, que es la estabilidad presupuestaria y la deuda pública, y en concreto un determinado límite de gastos que este Congreso le aprobó al Gobierno que usted representa. Este es el problema; el problema no creo que sea el Partido Popular y su política, porque harán más de lo mismo, un poco más, es decir, el mismo tipo de política con un poco más de dinero, pero la misma. El problema está en que no ha habido una alternativa suficiente a las políticas del Partido Popular, y esto es lo que millones de españoles, que no les votaron, tendrán que asumir, que habrá más de lo mismo porque no hay alternativa a lo mismo, o al menos parlamentarios suficientes para hacer alternativa a su Gobierno. En ese caso nosotros estamos alejados de la política que han seguido en estos cinco años, continuaremos alejados en el presupuesto 2017.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Terrón.

La señora TERRÓN BERBEL: Voy a empezar yo, pero nos vamos a dividir el uso de la palabra: tres minutos en mi caso y dos minutos la señora Botejara.

Quiero agradecer a la señora subsecretaria su presencia y tener ese espacio para poder debatir aquí los presupuestos, esos presupuestos más sociales. Es curioso porque siempre son los presupuestos más sociales de la historia. Realmente, el incremento del gasto en servicios sociales ha sido del 0,8 %, lo que equivale a 130 millones de euros, que muy lejos quedan de esos 442 millones que nos anunciaban el Gobierno y el Partido Ciudadanos. Le voy a explicar por qué esta cifra no es real, voy a ser muy rápida. 102 millones provienen del FEAD, es decir, inversión que viene de Europa; 140 millones corresponden al programa de refugiados, es decir, inversión que tampoco es propia, y 100 millones de las prestaciones básicas de servicios sociales; ya teníamos 70 millones en los anteriores y ahora el incremento es de 30, o sea que realmente el incremento es de 30 millones más los 100 de dependencia, que más adelante comentaré. Decía antes el secretario de Estado que bienvenidos al mundo de cumplir con ese Tribunal Constitucional. Ojalá también estemos asistiendo a la bienvenida al mundo de cumplir el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales y Económicos que dice que España está bajo mínimos; ojalá podamos decir que estamos bienvenidos en ese mundo. Me gustaría también saber cómo con este incremento de 30 millones tiene previsto el Gobierno afrontar lo que ya no es una situación de emergencia social, sino de pobreza cronificada, cómo tiene previsto afrontar la situación de desigualdad enquistada en este país, cómo tiene previsto afrontar que el 20 % de la población acumule el 0,1 de la riqueza y que el 1 % de la población acumule el 27 % con este incremento que, desde luego, nos parece insuficiente. No es solo una cuestión de cuánto dinero se gasta, sino cómo se gasta. Y aunque agradezco, valoro y, desde luego, reconozco el trabajo del tercer sector -habla una voluntaria de Cáritas, y lo he sido mucho tiempo-, agradeciendo y respetando eso, no creemos que sea justo cargar todo el trabajo de derechos y de asistencia a las entidades del tercer sector, incluso al sector privado, precisamente porque es una cuestión de derechos y la gestión de los derechos, la gestión del acceso a una vida digna tiene que gestionarla el Estado. Es una cuestión de un Estado de derecho y es una cuestión de democracia. Y no lo estamos viendo en estos presupuestos Generales del Estado, como no llevamos viéndolo durante muchísimo tiempo, que ha sido un cambio de modelo de gestión de facto. Y ese es el problema, que cuando la balanza no se inclina hacia el sector privado, hacia la inversión en unos servicios sociales públicos, universales y de calidad, no vamos a garantizar que los derechos subjetivos de la ciudadanía se


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cumplan, no vamos a garantizar que nuestra soberanía se cumpla y no vamos a garantizar que nuestra democracia se cumpla.

Voy a hablar de dependencia. Ustedes en 2012 y ya el Partido Socialista en 2010, comenzaron un recorte en dependencia que ha acumulado casi 4000 millones de euros...

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Señora Terrón, está usted usando todo el tiempo. Le queda un minuto y un poquito más.

La señora TERRÓN BERBEL: Termino con la pregunta. ¿Cómo tienen previsto afrontar con este tan solo incremento de 100 millones, cuando realmente recortaron 3000, las 340 000 personas en lista de espera y las 90 personas que morirán al año esperando un derecho que tienen reconocido?

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Hernández Bento): Tiene la palabra la señora Botejara por un minuto y medio.

La señora BOTEJARA SANZ: En cuanto al Fondo de cohesión que estaba antes comentando, después de las transferencias se dieron 150 millones para ello, en 2011 fueron 87 millones, cero en el año 2016 y este año, pensando en que iban a dar 100 millones, la partida ha sido de 3,7 millones, con lo cual estamos igual que anteriormente. Sí que ha habido un método el año pasado, pero ese método evidentemente no ha funcionado, por lo menos en el traslado entre comunidades autónomas para diagnosticar y tratar a los pacientes con problemas. Hay otra modalidad sobre la que le quería preguntar, y es el problema de los que se desplazan por sí mismos a otras comunidades autónomas, que son los 5 millones que ha comentado la subdelegada. Me gustaría saber dentro de esos 5 millones para el desarrollo del sistema público digital, cuántas comunidades están preparadas para ello, porque si llevamos la misma dinámica que hasta ahora, calculo que como muy pronto alcanzaremos la tarjeta sanitaria para todas las comunidades para 2027 (El señor presidente ocupa la Presidencia). Para finalizar, si subimos un 5 % en la financiación autonómica, del 5,7 % del PIB pasamos al 5,9 %, con esas décimas nosotros no podemos suplir nunca las carencias que actualmente tiene nuestra sanidad. Así que, por favor, con este tanto por ciento del PIB para sanidad no digan la famosa frase: 'para hacer el sistema sostenible', porque con esto no lo podemos hacer sostenible, sobre todo cuando hay buitres que planean sobre nuestro sistema sanitario público buscando lo que es un nicho de mercado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botejara.

Para contestar, tiene la palabra la señora Fraile.

La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Fraile Fabra): Gracias, presidente.

Gracias, señorías, por todas sus intervenciones. Como subsecretaria del departamento entiendo que han solicitado mi comparecencia para explicar en conjunto el presupuesto del ministerio y sus organismos en sus principales cifras y variaciones, ya que el detalle, el desarrollo de las políticas sanitarias, sociales y de igualdad corresponden al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y al secretario general de Sanidad y Consumo en sus respectivas áreas de actuación.

En relación con sus intervenciones sobre la insuficiencia de las cifras presentadas, creo que el incremento de cerca del 8 %, como ya se ha dicho aquí, del presupuesto sobre el del ejercicio anterior -es el ministerio que más ha crecido- pone de manifiesto la apuesta del Gobierno por potenciar las políticas sanitarias y sociales. Me gustaría hacer hincapié, además, en que el Gobierno se ha esmerado en reforzar las áreas que se han considerado prioritarias, en las que creo que todos deberíamos coincidir, que es la protección a la familia y la atención a la pobreza infantil, con 342 millones de euros distribuidos en los presupuestos de diferentes ministerios. Asimismo, se mantiene también en nuestro presupuesto, como ustedes han dicho, las medidas de acompañamiento del programa operativo del Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas, con 1 903 000; la lucha contra la violencia de género, que no voy a volver a repetirlo, porque lo he dicho ya a lo largo de mi intervención, que va a disponer de 27,73 millones de euros. También la atención a la dependencia, a la que se destinan 1355 millones de euros en el presupuesto de 2017, que suponen más de un 8 % respecto al de 2016; la garantía de la equidad y de la cohesión en el sistema nacional, como les he comentado, con una partida con 3 760 000 euros, y las


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actuaciones en sanidad pública, por un lado mejorando la dotación de estrategias ante enfermedades raras y otras estrategias de salud, que contará con 1 818 000 euros de crédito, y por otro lado aumentando también el esfuerzo para la prevención y el control contra el sida y otras infecciones de transmisión sexual, destinando 2 millones de euros, a lo que hay que añadir, como les he dicho en mi intervención, la dotación del capítulo 2, por importe de más de 3 millones de euros, lo que en total suma más de 5 millones a actividades de lucha contra el sida.

Por otro lado, la estabilidad del personal de los servicios públicos esenciales, en nuestro caso los de sanidad y servicios sociales, y para ello se han incrementado los presupuestos del Ingesa y del Imserso, las partidas relativas al capítulo de gastos de personal -por las que me han preguntado-, con el objetivo de crear nuevas plazas y de disminuir la temporalidad de su personal asistencial, en línea con el acuerdo para la mejora del empleo público del pasado 29 de marzo, reflejado ya en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Uno de los objetivos de este acuerdo es reducir la interinidad en un 90 % en los servicios públicos esenciales, como la sanidad, educación, justicia, servicios sociales y cuerpos policiales, entre otros. De las 250 000 plazas que se convocarán por las administraciones públicas hasta 2020, un total de 129 700 corresponden al sector sanitario. Respecto a este último apartado, el de los recursos humanos, al que alguno de ustedes se ha referido, he de decir que el presupuesto conjunto del departamento y sus organismos dependientes, excluidas las entidades gestoras de la Seguridad Social, es decir, el Ingesa y el Imserso, a las que me acabo de referir, alcanzan la cifra de 108 988 480 euros, que es similar al presupuesto conjunto de 2016. Si nos referimos, por otro lado, solo al departamento, el presupuesto dedicado a los gastos de personal es de 50 981 650 euros. Como he dicho en mi exposición, supone una pequeña reducción de 148 850 euros, es decir, un 0,3 % respecto del ejercicio anterior como consecuencia de la reorganización administrativa del personal con otros ministerios. Con este presupuesto el ministerio podrá hacer frente al incremento de las retribuciones de los empleados públicos previstas en el anteproyecto de ley de presupuestos en un 1 %, así como la renovación de la plantilla por incorporación de nuevos efectivos procedentes de las ofertas de empleo público que se encuentran en ejecución. Es decir, que con la estrategia seguida en la elaboración del proyecto de presupuestos para capítulo 1 disponemos de margen de maniobra para el crecimiento efectivo de la plantilla. Precisamente en esta materia de personal a corto y medio plazo, para adecuar la plantilla del ministerio a la atención de todos sus objetivos, hay que tener en cuenta que en la senda de recuperación económica y de reducción significativa del déficit público el Gobierno ha iniciado un proceso paulatino de recuperación de la situación existente en materia de personal, que desde la aprobación del Plan de estabilidad para el periodo 2009-2013, el posterior Plan de acción inmediata para 2010 y el Plan de austeridad de la Administración General del Estado de 2011-2013, había estado marcado por medidas tendentes a optimizar los recursos humanos existentes, es decir, procesos de amortización de vacantes, ajustes estructurales y otras medidas que, en definitiva, han constreñido las políticas de personal en la Administración, lo cual no ha impedido que desde este ministerio se hayan impulsado actuaciones que han permitido atenuar la complicada situación existente en el sector público y mantener una ordenación de los recursos, garantizando el respeto de los derechos de los empleados públicos. Entre estas actuaciones cabe destacar la convocatoria de los concursos de provisión de puestos de trabajo; la adopción de medidas para garantizar la provisión de los puestos con personal procedente de otras administraciones, especialmente la autonómica; la promoción interna del personal y el nombramiento de funcionarios interinos, entre otras.

Como ya he dicho al principio de mi intervención, esta situación está experimentando un giro muy importante, camino que se inició en el año 2015, con medidas como la recuperación de la paga extra y el incremento de la tasa de reposición de efectivos, y que ha culminado en el reciente acuerdo para la mejora de empleo público, firmado el pasado 29 de marzo de 2017 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los representantes sindicales en el ámbito de la Mesa general de negociación de las administraciones públicas. En este camino, como puede observarse en la evolución de la oferta pública de empleo, este ministerio no ha renunciado y ha conseguido mantener un crecimiento progresivo al menos de las plazas ofertadas por sus cuerpos y escalas adscritos, garantizando con ello la reposición de efectivos necesarios para una adecuada prestación de los servicios públicos en todo el ámbito del ministerio y de sus organismos autónomos, algunos de ellos con una proyección internacional y sumo protagonismo en el ámbito de competencias de este departamento, como lo es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta tendencia se consolidará sin duda en la oferta de empleo del año 2017, donde además de los cuerpos y escalas de este ministerio, se propondrá la incorporación de


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personal de nuevo ingreso procedente de cuerpos generales de la Administración General del Estado, que palien en la medida de lo posible la incidencia en la disminución de efectivos motivada por las jubilaciones que en estos momentos se están produciendo en toda la Administración General del Estado. En concreto, y para recuperar efectivos, vamos a proponer en la oferta de empleo público para 2017 el mantenimiento para los cuerpos que tenemos adscritos -médicos, farmacéuticos y veterinarios titulares- como mínimo el número de plazas de las ofertas que se aprobaron en 2015, que fueron 110, y en 2016, que fueron 149, es decir, más de cien plazas cada año. Asimismo debo mencionar de nuevo el acuerdo de 29 de marzo pasado para la mejora del empleo público, cuyo reflejo en el anteproyecto de Ley de presupuestos permitirá aprobar este año una oferta histórica de empleo gracias a las tasas de reposición fijadas en el cien por cien para sectores prioritarios y en el 50% para el resto de los sectores y, con su ejecución, la recuperación de los empleados públicos, no solo de cuerpos adscritos sino también de cuerpos generales que sean necesarios para este ministerio.

En las intervenciones de sus señorías me han hecho alguna pregunta en relación con el presupuesto destinado a tecnologías de la información y de la comunicación y cómo van los proyectos que tenemos en marcha desde el Ministerio de Sanidad. No quiero dejar de señalar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, consciente de su importancia, decidió desde el inicio de la legislatura anterior continuar e intensificar el esfuerzo inversor en tecnologías de la información en todos sus ámbitos de competencia, si bien el mayor esfuerzo se ha realizado en la sanidad electrónica y en el Sistema Nacional de Salud, que, como saben, forma parte de la agenda digital del Gobierno. Esto se refleja en el presupuesto ejecutado entre los años 2012 y 2016, ejercicios en los que se destinaron más de 75 millones de euros en total a las tecnologías de la información y la comunicación. Los proyectos de tecnología con más impacto en la calidad del servicio que se presta al ciudadano, han sido los del ámbito sanitario, como la historia clínica digital interoperable, la receta electrónica y la tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud, que están facilitando a los ciudadanos el acceso al sistema sanitario de forma más eficiente y ágil.

En estos años se ha dado un gran impulso al proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Gracias a esta apuesta decida por las TIC y el trabajo continuado de todas las comunidades autónomas desde diciembre de 2011, se ha pasado de contar con tres comunidades participantes y cinco con seis millones de pacientes, a tener, en apenas cinco años, dieciséis comunidades conectadas y más de treinta y cinco millones de pacientes con información disponible para ser consultada desde otra comunidad autónoma, lo que supone más del 78% de la población protegida. Igualmente, ha sido potenciada la receta electrónica, de forma que se ha pasado de poco más del 34% de dispensaciones electrónicas en España en diciembre de 2011, a prácticamente el 89% en diciembre de 2016. En este proyecto, se iniciaron en 2012 los trabajos para lograr la interoperabilidad en la dispensación electrónica de las recetas entre las diferentes comunidades autónomas, de modo que a día de hoy cinco comunidades autónomas pueden intercambiar recetas en el Sistema Nacional de Salud, estando prevista la incorporación del resto entre este año y el siguiente.

Por otra parte, no puedo dejar de resaltar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando intensamente en el proceso de su transformación digital, así como en los proyectos tecnológicos derivados de las leyes 39/2015 y 40/2015, del procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, dirigidos a que la tramitación electrónica constituya la actuación habitual de las administraciones en su relación con los ciudadanos y entre ellas. En este sentido, el ministerio ha hecho notables esfuerzos para adaptar sus sistemas de información y emplear los sistemas y aplicaciones informáticas comunes, como son la carpeta ciudadana, el sistema de información administrativa, el sistema de intercambio del registro, la firma electrónica o el sistema de identificación electrónica de los ciudadanos en las relaciones con las administraciones públicas. Además, están en marcha otros proyectos a los que tiene intención de sumarse en toda su extensión, como el registro de empleados públicos, el registro electrónico de apoderamientos y las notificaciones. Todo ello conducirá a la implantación definitiva de la Administración digital.

Ha habido alguna otra pregunta que me han hecho ustedes en relación, he querido entender, con algunas cuestiones que se habían planteado al secretario de Estado y las partidas relativas a las mismas, que no se habían encontrado. Aquí quiero hacer un comentario general, y es que no todas las actuaciones o actividades deben verse reflejadas en una partida concreta, con un nombre determinado, sino que a lo largo de la ejecución presupuestaria siempre se puede realizar alguna ejecución que a lo mejor ustedes no han encontrado dentro de las partidas.


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Entiendo que he dejado de responder algunas preguntas concretas. De algunas no tengo datos; las pueden hacer ustedes por escrito, por supuesto, utilizando los medios ordinarios que tienen. Por otro lado, habiendo comparecido el secretario de Estado, que ha tenido la posibilidad de responder a todas sus preguntas, y viniendo a continuación el secretario general de Sanidad -todas ellas son de sus propias competencias-, no me parece oportuno entrar a darles una versión personal de las mismas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fraile. En nombre de la Comisión le agradecemos su presencia y sus explicaciones.

Suspendemos brevemente la sesión para recibir al siguiente compareciente. (Pausa).

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Y PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AECONSAN (CASTRODEZA SANZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (números de expediente 212/000713 y 212/000339); CIUDADANOS (Número de expediente 212/000563); GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/000660); SOCIALISTA (números de expediente 212/000520 y 212/000513) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/000431).

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, dando la bienvenida a don José Javier Castrodeza Sanz, secretario general de Sanidad y Consumo y presidente de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Señor Castrodeza, tiene la palabra para explicarnos la parte que le corresponde del presupuesto.

El señor SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Y PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AECOSAN (Castrodeza Sanz): Gracias presidente. Señorías, buenas tardes a todos.

Comparezco en esta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para informar sobre las acciones que se contemplan en el marco presupuestario para el año 2017 en el ámbito de la Secretaría General de Sanidad y Consumo. El presupuesto de la Secretaría General de Sanidad y Consumo es de 327 millones de euros -voy a obviar los decimales por aquello de no reiterar las cifras-, lo que representa en términos absolutos un incremento de 11 millones y, en términos porcentuales, un aumento de 3,58% -3,6%-. La suma de este presupuesto y el de los organismos dependientes de la Secretaría General, a los que luego me referiré, sitúan el montante total en 384 millones de euros, suponiendo una variación sobre el año 2016, del 4,5%.

Estamos, en nuestra opinión, ante un presupuesto que refleja el compromiso del Gobierno con la sanidad pública. Para su análisis, me voy a referir en primer lugar a los servicios presupuestarios de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, para a continuación analizar el de los organismos dependientes de la misma. El servicio 04, secretaría general, tiene una dotación de 30,3 millones -30 millones-, incluidos los 840 000 del capítulo 1, gastos de personal, al que ya se ha referido la subsecretaria. El grueso de la dotación de este servicio está destinado a transferencias internas, corrientes, capítulo 4, y de capital, capítulo 7, tanto para la Agencia de Seguridad Alimentaria, Aecosan, como para la Agencia Española del Medicamento, como para la Tesorería de la Seguridad Social y para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina, lo que permite el funcionamiento de los mismos.

En transferencias internas corrientes, capítulo 4, al que me refería antes, la dotación total es de aproximadamente 26 millones, y en transferencias internas de capital, unos 407 000 euros. Transferencias internas corrientes del capítulo 4: a Aecosan se le transfieren 23,8 millones, a la Agencia Española del Medicamento 8800 euros, igual que en el año 2016, y a la Tesorería General de la Seguridad Social, para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina, se le transfieren 2,8 millones, cantidad que tampoco sufre variación respecto del año 2016. Las transferencias internas de capital mantienen la misma dotación que en el año 2016, 407 000 euros, repartidas entre Aecosan y la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el capítulo 4, transferencias externas corrientes, existe una dotación de dos millones de euros, el mismo importe que en el año 2016, para el fomento de la donación y trasplante de órganos y tejidos, que es gestionado por la Organización Nacional de Trasplantes. La dotación total del servicio 04, secretaría


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general, se completa con un capítulo 2 de 266 000 euros destinados a gastos corrientes, para el normal funcionamiento del centro directivo, que se mantiene igual que el año 2016, y 6000 euros en el capítulo 6, también inversiones reales, que se mantienen, como decía anteriormente, igual que en el año 2016. He de recordar que el servicio 04, secretaría general, comparte programa presupuestario en el programa 3110, políticas de salud y ordenación profesional, con la Dirección General de Ordenación Profesional, a la que me voy a referir como primer centro directivo.

La Dirección General de Ordenación Profesional es el órgano encargado de efectuar propuestas de ordenación de los profesionales sanitarios, de llevar la gestión de la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud -hoy mismo están tomando posesión los futuros residentes, llevamos unos días con este trabajo-, de las relaciones profesionales y de cooperar en el sistema de acreditación de la formación continuada de las profesiones sanitarias. Asimismo, promueve la regulación básica en materia de personal de instituciones sanitarias, coordina las políticas de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y da apoyo tanto al pleno como a los grupos de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de facilitar la cooperación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas.

Para el desarrollo de estos cometidos, este centro directivo cuenta con una dotación en el proyecto de presupuestos de este año, de 5,7 millones, 5,69 millones de euros, incluido en este presupuesto el capítulo 1, gastos de personal. La realización de la prueba anual de acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, como pueden entender, consume gran parte de la dotación de la Dirección General de Ordenación Profesional, y la partida destinada específicamente a las oposiciones y pruebas selectivas asciende a 1,35 millones de euros, lo que supone un 42% del presupuesto de la Dirección General de Ordenación en este capítulo 2. Esta es la dotación más importante de la misma, en la que se recogen los gastos de preparación de la prueba anual de acceso a las plazas de formación sanitaria especializada.

A pesar de que el sistema de acceso a la formación especializada cuenta ya con 38 años de vida, sigue siendo un elemento fundamental para garantizar el nivel elevado de los profesionales del sistema sanitario español, en el que nuestro sistema de formación es un referente a nivel mundial y son constantes las solicitudes de información que de otros países nos realizan sobre nuestra forma de llevar a cabo todo este proceso.

El ministerio lleva a cabo también una labor continua de análisis y mejora de las pruebas de acceso y, en este sentido, en la convocatoria 2016-2017, la que termina -están tomando posesión en estos momentos-, pudimos proporcionar, por ejemplo, calculadoras utilizadas para el examen de los aspirantes del apartado de radiofísica, que fueron facilitadas por la Administración, buscando un modelo común, con el fin de evitar variabilidad derivada de la utilización de modelos diferentes. Estas calculadoras se han entregado a cada aspirante en cada mesa y, evidentemente, han sido recogidas después para su uso en las posteriores convocatorias. Por otra parte, se destinan también unos 356 000 euros a estudios y trabajos técnicos necesarios para el buen desarrollo de los procesos de evaluación de esta prueba. Dentro de ordenación profesional, tenemos una partida de 1,37 millones de euros para indemnizaciones por razón de servicio, partida que se ha incrementado en este año un 33% respecto al año anterior. Este aumento se justifica por el intenso trabajo de actualización de los programas formativos que han desarrollado las comisiones nacionales de las especialidades. Durante estos últimos meses y estos últimos años, hemos estando adecuando los programas de las distintas áreas de especialización; saben ustedes que en estas actualizaciones participan diferentes profesionales, de distintas sociedades científicas y procedentes de diferentes comunidades, con lo cual necesitamos una partida para poder facilitar su trabajo de colaboración.

Quiero señalar también, entre otras, las actuaciones a desarrollar por la dirección general, actuaciones en el marco del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el cuadro de equivalencias de categorías de personal estatutario y el procedimiento para su homologación, para facilitar la movilidad real, y en el marco del Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los diplomas de acreditación y los diplomas de acreditación avanzada. Para el año 2017 se prevé la ejecución y la puesta en marcha de los diplomas de acreditación de tutores de residentes y de cuidados paliativos, así como el avance en los trabajos de diplomas de acreditación de cosmética y estética y de trastornos del sueño y de diálisis. La gestión del Registro estatal de profesionales sanitarios, recogido en la Ley de Cohesión, es otra de las tareas que tiene encomendada este centro directivo. Por último, se seguirán desarrollando los pactos por la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud, tanto con el foro de la profesión


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médica como con los representantes de enfermería y con los profesionales farmacéuticos, a través del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que son un elemento clave en la mejora del Sistema Nacional de Salud.

El segundo centro directivo es la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Este servicio cuenta, para el año 2017, con una dotación de 37 millones de euros, lo que supone un ligero incremento respecto al año 2016, un 1%. Le corresponde el programa presupuestario 313.B, que se destina a salud pública y agrupa las actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de información epidemiológica, promoción de la salud y prevención de las enfermedades, sanidad exterior, salud laboral, sanidad ambiental, veterinaria de salud pública y control sanitario de los riesgos medioambientales. También aborda la elaboración y el mantenimiento del sistema de información sanitaria, para que, de manera fiable, oportuna y accesible, dote de mayor transparencia los servicios públicos y apoye la toma de decisiones en materia de políticas sanitarias. Por último, este programa permite el impulso de los planes de salud y programas de calidad del Sistema Nacional de Salud, incluido el Plan nacional sobre el sida y el abordaje de enfermedades prevalentes o con importante carga sanitaria y social a través de estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud.

En su capítulo 2, capítulo de gastos corrientes, este programa tiene aproximadamente unos 16 millones, la misma cantidad que tenía el año 2016. Destacan dentro de este capítulo 7 millones para actividades mediante convenio, 4,7 millones para estudios y trabajos técnicos y 3 millones para la lucha contra el sida. Con cargo a estas partidas, afrontaremos, entre otras actuaciones, la evaluación de aspectos medioambientales vinculados con la salud humana, entre ellas las relativas a las sustancias químicas y sus mezclas y a la evaluación toxicológica de productos biocidas y productos fitosanitarios, y esto nos permitirá también mantener recogida de información periódica sobre el sistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones para la adopción de medidas precisas de prevención o para evitar la progresión de los problemas de salud ocasionados por productos químicos. Se mantiene el presupuesto para la lucha contra el sida, a lo que hay que añadir, como luego me referiré, lo presupuestado para las subvenciones a dicha materia previstas en el capítulo 4 de este centro directivo.

El capítulo 4 del centro directivo, transferencias externas corrientes, tiene una dotación de 11,17 millones de euros. En primer lugar, hay que mencionar el esfuerzo presupuestario en la implantación de las nuevas tecnologías del Sistema Nacional de Salud, que responden a la necesidad de mejorar la atención a los ciudadanos y de garantizar la actualización eficiente de los recursos. La implantación de eSalud es una de las grandes apuestas estratégicas para la sanidad que vamos a continuar priorizando en esta legislatura.

Estamos trabajando en el desarrollo e implementación de la receta electrónica -ya se ha referido la subsecretaria a este apartado- en el ámbito de las comunidades autónomas, introduciendo mecanismos para que sus sistemas interoperen entre sí, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y, posteriormente, en la Unión Europea. Esto garantiza a los ciudadanos la posibilidad de retirar los medicamentos que tienen prescritos por su médico desde cualquier farmacia del país mediante el acceso electrónico y seguro a dicha prescripción. Actualmente, el porcentaje de recetas dispensadas electrónicamente en el Sistema Nacional de Salud se sitúa alrededor de un 80%, siendo un volumen importante de las comunidades autónomas las que hacen ya más del 80% de sus recetas en formato electrónico; todavía no hemos llegado al cien por cien. No olvidemos la distribución geográfica de algunas comunidades y la distribución de los sistemas operativos que a veces no llegan a todos los sitios. Hay seis comunidades certificadas en interoperabilidad; la receta interoperable es un paso más de la receta electrónica y permite la interconexión entre comunidades autónomas. Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia ya son interoperables. Próximamente se certificarán otras tres comunidades -La Rioja, Aragón y Castilla y León- y a continuación se irán certificando el resto de las comunidades autónomas, dado que tenemos como objetivo que a 31 de diciembre de 2017 estén ya todas integradas.

A fecha de abril del año 2017, más de 36 millones de ciudadanos ya disponen de algún documento clínico compartido en el sistema de historia clínica digital, que podría ser consultado por un profesional de una comunidad distinta a aquella en la que reside el ciudadano, ello gracias a la aprobación de convenios entre el Ministerio de Sanidad y los servicios de salud autonómicos. Se han conectado ya al sistema 16 comunidades autónomas y el Ingesa, en total 17 servicios de salud, y la red única, en los 18 servicios de salud, podría llegar a incorporar la información clínica de cerca de 45 millones de personas, permitiendo habilitar accesos para todos los profesionales sanitarios.


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Es importante consolidar los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud, también en atención primaria y en atención especializada, y la adopción de una nueva clasificación internacional de enfermedades y procedimientos, que es la CIE-10, clasificación internacional de enfermedades que queremos consolidar al máximo. Por todo ello se prevé una transferencia a las comunidades autónomas para estos objetivos -incorporación de los sistemas de información, atención primaria, atención especializada y clasificación internacional de la CIE-10 de las enfermedades para mejora de los sistemas de información sanitaria- de 2 millones de euros, lo que hace que se mantenga el esfuerzo presupuestario realizado en otros ejercicios.

Este capítulo de la Dirección General recoge también una partida de 1,82 millones de euros para comunidades autónomas, para la estrategia de enfermedades raras y otras estrategias de salud que van a ir dirigidas fundamentalmente, por un problema de epígrafe, a los sistemas de vigilancia en salud. Este es uno de los temas que queremos potenciar durante esta legislatura. La Secretaría General de Sanidad y Consumo está firmemente comprometida con las enfermedades raras, que, como saben ustedes, afectan a un número importante de la población. Además, se convierten en un desafío para los sistemas de salud al conformar un conglomerado en el que se entremezclan enfermedades bien conocidas y con posibilidad de tratamiento con otras que son grandes desconocidas y, en consecuencia, de difícil abordaje. Un elemento clave para mejorar el diagnóstico y la atención de las enfermedades raras es proporcionar y difundir información exacta en un formato adaptado a las necesidades de profesionales, personas afectadas y sus familias. Para ello vamos a poner en funcionamiento el registro de enfermedades raras, que ustedes ya recuerdan que se hizo a través de un real decreto, para conocer la prevalencia de cada enfermedad, así como mejorar el conocimiento sobre la historia natural de estos procesos y poder adaptar las actuaciones en materia de atención sanitaria y realizar un mejor seguimiento de las mismas.

Dentro de las estrategias que desarrolla la Dirección General de Salud Pública, se seguirá trabajando en la estrategia nacional de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es una estrategia en la que España lidera acciones sobre la prevención de la fragilidad. Además, esta estrategia tiene un enfoque de salud en todas las políticas y promueve la colaboración intersectorial tanto con educación, como con medioambiente, con urbanismo, deportes, agricultura y servicios sociales entre otros, también en coordinación con comunidades autónomas, sociedades científicas, Federación Española de Municipios y Provincias y otras organizaciones. También se van a impulsar la estrategia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la estrategia de seguridad del paciente. Asimismo, en el marco de las estrategias de enfermedades neurodegenerativas, queremos dar prioridad al abordaje de la esclerosis lateral amiotrófica; esperamos poder contar con ella a lo largo de este año. Además, vamos a desarrollar una norma con rango de real decreto que regule la configuración y el funcionamiento de la vigilancia en salud pública, un aspecto importante contemplado en la Ley de Salud Pública del año 2010.

En el siglo XXI, cuando hablamos de vigilancia en salud pública, no solo hay que tener en cuenta las enfermedades transmisibles, las enfermedades transmitidas por vectores, o las enfermedades emergentes y su control, sino que es necesario recoger, analizar, interpretar, conocer y ofrecer información sobre el nivel de salud de la población y de los factores que la condicionan, con el fin de fundamentar mejor las actuaciones en salud pública. Para ello, es preciso avanzar en el diseño de un sistema de información en salud pública que permita un mayor conocimiento de la equidad, teniendo en cuenta determinantes como el nivel de renta y la situación laboral, y no solo para dar transparencia a la acción de las administraciones sanitarias ante la sociedad, sino para contar con datos comparables de todas las comunidades autónomas y poder disponer de información relevante para la toma de decisiones. Como novedad, en este capítulo hay una nueva partida para realizar una transferencia de un millón de euros al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de las enfermedades tropicales y de salud pública.

Dentro del capítulo 4, transferencias corrientes, tenemos también una partida por importe de 3 570 000 euros a las comunidades autónomas, para el plan anual de trabajo de la Red española de evaluación tecnológica sanitaria y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que, como saben ustedes, participa en el desarrollo de la cartera común de los servicios de salud, mediante la evaluación de las nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos con carácter preceptivo y previamente a su utilización; su misión es generar, difundir y facilitar información destinada a la toma de decisiones. Como he dicho anteriormente, en el capítulo de transferencias externas corrientes también se contempla, además de aquellos 3 millones, una partida de 2 millones destinada a subvencionar actuaciones en materia de sida, lo que supone un incremento de un 16 % con respecto al año anterior, en el que había 1 700 000 euros, sobre todo destinado


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a las ONG que trabajan en temas relacionados con esta infección. El capítulo 4, transferencias internas corrientes, tiene una dotación de 574 000 euros, destinados al desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación Tecnológica del Instituto Carlos III.

Voy terminando con lo relativo a la Dirección General de Salud Pública. También a esta dirección le corresponden las funciones de sanidad exterior, muy importantes, como organizar y garantizar la prestación y calidad de los controles sanitarios de bienes a su importación y exportación, así como de todos los bienes transportados por los viajeros en el tránsito internacional, y organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria en el tránsito internacional de viajeros, la prevención de las enfermedades, las lesiones del viajero y los servicios de vacunación internacional. Se va a continuar potenciando el desempeño de estas funciones y, al igual que en el año 2016, se incluye una partida de medio millón de euros en el capítulo 6, inversiones reales, para seguir adquiriendo material y equipamiento necesario para nuestros puntos de sanidad exterior, y controles higiénico-sanitarios relacionados con el tránsito internacional de personas.

Terminado lo relativo a la Dirección General de Salud Pública, paso a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia tiene una dotación de 253 millones de euros, casi 254, con un incremento de aproximadamente un 4,9 % con respecto al año 2016. Por capítulos, al capítulo 1 se destinan 3,25 millones de euros y el capítulo 2 está dotado con 524 000 euros, con un aumento significativo de 234 000 euros respecto al año 2016, que en términos relativos supone un porcentaje elevado, pero que sirven fundamentalmente para acometer los gastos derivados de las encomiendas de gestión que tiene que realizar este centro directivo.

En el capítulo 4, transferencias corrientes internas, existen dos partidas principales destinadas a dos organismos dependientes hasta el día de hoy de la estructura orgánica de esta dirección: por un lado, la ONT, a la que se le transfieren 3 600 000 euros, similar al año 2016 y, por otro lado, la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social para operaciones corrientes al Ingesa, de 225 millones, que es lo que se necesita para que dicho organismo funcione. Esto representa un incremento por vez primera de 7,3 millones, lo que supone un 3,16 con respecto al año 2016 -repito, 225 millones, se aumentan 7,38 millones de euros, un incremento del 3,16-, fundamentalmente por el aumento en el capítulo 1 que ha experimentado el Ingesa tanto para Ceuta como para Melilla. También en el capítulo de farmacia, para compensar al Ingesa por los saldos y gastos por atención a pacientes derivados por el Ingesa a otras comunidades autónomas -no tienen todos los servicios sanitarios-, se le transfieren al Ingesa 4 700 000 euros, igual que el año 2016. Entre los créditos para operaciones corrientes también se recoge una partida de 556 000 euros para el plan de calidad de Ceuta y Melilla.

Por último, la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago sigue en su línea continuista respecto a los años anteriores, con una cantidad de 6000 euros, y se corresponde con la financiación del Ingesa mediante las recaudaciones que por este concepto se realizan a través del Tesoro público, que son revertidas en los presupuestos de gasto de la entidad gestora. Por la asistencia prestada en Ceuta, habiendo terceros obligados al pago, el Ingesa percibió el año pasado, aproximadamente, 3 100 000 y por la prestación realizada en Melilla el mismo año, unos 4 355 000 euros. Parte del incremento destinado al organismo Ingesa se ha cubierto con la partida presupuestaria de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, del capítulo 4, transferencias externas corrientes.

Por otro lado, existen también transferencias de capital internas, capítulo 7, una a la ONT y otra al Ingesa; no voy a insistir en las cifras para ir un poquito más ágil en la presentación. En cuanto a la del Ingesa, quiero citar la misma cantidad que el año pasado, 10,14 millones de euros. Dentro del capítulo 4, transferencias externas corrientes, para comunidades autónomas se mantiene la dotación de 1,75 millones de euros para el Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados, Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. Quiero aclarar que esta asignación económica que recibe de los presupuestos el Ministerio de Sanidad está destinada a la financiación de actuaciones complementarias -subrayo estas palabras, actuaciones complementarias- a la provisión de servicios sanitarios a favor de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, dadas las peculiaridades de este colectivo: distinta nacionalidad, distinta lengua, etcétera. La distribución de esa cantidad entre las comunidades autónomas se realizará teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de la mencionada población.

También para transferencias externas corrientes figura una partida para las comunidades autónomas, para el año 2017, por importe de 3,760 millones de euros para la equidad en la compensación para la


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asistencia sanitaria por enfermedades raras a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia. Me van a permitir que me detenga en la explicación de esta dotación, que es nueva. El actual sistema de financiación que, como sus señorías saben, está en revisión, no tiene por el momento previsto un mecanismo que permita detraer de la financiación de las comunidades autónomas las cantidades por las que estas resultan deudoras por atención de otras comunidades autónomas que prestan cuidados a sus ciudadanos, por ejemplo en los CSUR. Con esta dotación presupuestaria, las comunidades autónomas receptoras de pacientes van a poder recibir compensaciones por atención que prestan fundamentalmente en enfermedades raras a ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo que, en definitiva, se traduce en una mayor equidad para estos pacientes y para sus familias. Me complace decir que de forma progresiva se van identificando un mayor número de patologías raras para cuya atención se designan los CSUR, lo que se traduce en una mejor atención sanitaria para estos colectivos de pacientes. Esta dotación podría resultar incrementada, de ser preciso, con fondos destinados a la cohesión del Sistema Nacional de Salud, provenientes de las aportaciones que hace la industria farmacéutica por volumen de ventas mediante el acuerdo que en su día se alcance en el consejo interterritorial cuando se lleve el balance del saldo producido por este volumen de ventas. Además, he de recordarles que estos acuerdos del consejo interterritorial, cuando se refieren a políticas de coordinación sanitaria, tienen el epígrafe de obligado cumplimiento a tenor de lo que marca la Ley 40/2015, del régimen jurídico del sector público. En definitiva, las transferencias corrientes a comunidades autónomas suponen casi 5,51 millones de euros, con un incremento importante.

Dentro del capítulo 6, inversiones reales, aparecen por vez primera en el ejercicio de 2017 inversiones reales entre aplicaciones presupuestarias, una inversión nueva, como es una dotación de 3000 euros en la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, con destino a la adquisición de hardware y software para apoyo de la gestión en el ámbito sanitario, y una inversión inmaterial, con una dotación también de 3000 euros, para asumir los gastos derivados del desarrollo de aplicaciones y portales web, herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de las políticas de cohesión sanitaria. Con el presupuesto de 2017, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud abordará los principales asuntos de la prestación farmacéutica, que son: Optimizar la gestión de los procedimientos administrativos de precio y financiación de medicamentos y productos sanitarios, prestando especial interés a la revisión del precio, la financiación de medicamentos en situaciones especiales y de los productos sanitarios. Reexaminar el sistema de precios de referencia. Este sistema es clave para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud pero sus defectos, a largo plazo, empujan a los medicamentos más antiguos hacia la frontera de la inviabilidad económica, por lo que exige revaluar el modelo actual, de modo que los medicamentos clásicos no se vean expulsados de la prestación, a la vez que se mantenga la razón de ser en el mercado, es decir, que haya un equilibrio. Actualizar también el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, dando entrada a los nuevos medicamentos activos de esta enfermedad. Acomodar los precios de todos los medicamentos financiados. Regular las relaciones con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes cuando estos colectivos expresen su interés en la financiación de nuevos medicamentos. Profundizar en los sistemas de información de la prestación farmacéutica, especialmente en las conexiones entre historia clínica electrónica y las indicaciones financiadas para los medicamentos. Y por último, desde la vertiente de la Subdirección de Cartera de Servicios, la otra subdirección que compone la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, están trabajando en las siguientes líneas de actuación: continuar garantizando el aseguramiento sanitario, cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional, los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de Seguridad Social, acabando con el fraude y el turismo sanitario mal regulado. En asistencia sanitaria transfronteriza -un eje importante-, se está trabajando en la aplicación de la normativa europea para garantizar la libre circulación de personas, bienes y servicios, y para ello es necesario realizar una encomienda de gestión plurianual de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, para lo que tenemos presupuestada una cantidad de 350 000 euros y también para el trabajo que venimos haciendo con el INSS en la valoración de los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social.

La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia continuará trabajando en la actualización de la cartera y en avanzar en una cartera de servicios común en la prestación ortoprotésica de todo el Sistema Nacional de Salud que garantice unas prestaciones de calidad, eficaces y seguras, y de mayor equidad. Y para la gestión de actividades de apoyo técnico para


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el catálogo de esta cartera ortoprotésica también se van a destinar 221 000 euros en los ejercicios 2017, 2018 y 2019 para poderlo cerrar.

En el año 2017 se prevé un incremento en la actividad respecto a los centros, servicios y unidades de referencia, los CSUR, ya que habrá que trabajar en relación al desarrollo de las redes europeas, ya que, como saben, España participa en estos comités. También se pretende abordar las áreas de laboratorio de genética molecular, hematología y digestivo, así como la designación de centros y un tema que nos va a ocupar una parte importante, la evaluación del funcionamiento de los centros CSUR de referencia hasta ahora.

Los fondos de compensación, que son el Fondo de cohesión sanitaria y el Fondo de garantía asistencial, siguen siendo extrapresupuestarios y en su cálculo de liquidación anual entran todos los conceptos que ustedes conocen, como la atención sanitaria, atención primaria, atención hospitalaria, receta, etcétera.

En materia de reproducción humana asistida, otro tema relevante, se prevé llevar acabo el desarrollo normativo para cumplir con las directivas europeas de células y tejidos, y garantizar el correcto funcionamiento de los centros y servicios de reproducción humana asistida, en base a la legislación nacional, con una ampliación de la oferta asistencial, banco de ovocitos, desarrollo de los registros nacionales, ampliación de la cobertura del registro de actividad, como algunos de estos ejemplos.

A continuación analizaré el presupuesto de los organismos dependientes de la secretaría general, que son la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Organización Nacional de Trasplantes y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene un presupuesto de gastos de 47,7 millones para el año 2017, lo que supone un incremento aproximado de 600 000 euros con respecto al año 2016. En dicha cuantía van incluidos el 1 334 700 euros con destino al Ministerio de Hacienda y Función Pública para financiar la centralización de contratos de servicios postales, limpieza y seguridad de su edificio. Sin considerar las cantidades destinadas a centralización de contratos, el incremento del presupuesto de la agencia es de 200 000 euros, que se han destinado al capítulo 6 para la adquisición de nuevos equipos en el laboratorio de química y tecnología farmacéutica y para la adecuación de espacios en la actual sede de la agencia.

La Agencia Española del Medicamento se autofinancia con las tasas que recibe por sus servicios, habiéndose formulado para el año 2017 un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos. No obstante, la actividad competitiva de la agencia en el ámbito europeo y la gestión austera y eficiente de los recursos permite efectuar una previsión de ingresos anuales del año 2017 de alrededor de 71 millones de euros. Por su parte, y de acuerdo con la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, CORA, se ha previsto en el proyecto de ley una transferencia en el año 2017 de 60 millones de euros. Por capítulos, se mantiene el presupuesto en gastos de personal con 22,7 millones; los capítulos 2 y 4 mantienen la dotación de 18 y 1,3 millones de euros, respectivamente; al capítulo 6 se destinan 3,8 millones, con un incremento del 5,43 %, especialmente dedicados a los laboratorios y sistemas de información a los que me refería antes. Y en el año 2017, además de continuar con las actividades básicas, la agencia va a desarrollar diversas líneas de trabajo orientadas a dar mayores garantías a los ciudadanos en cuanto a la accesibilidad a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Entre ellas, pondrá en marcha el plan que promueva el correcto abastecimiento de medicamentos al mercado, en el que participan todos los sectores implicados. Continuará vigilando la seguridad del medicamento a través no solo del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, sino también apoyándose en bases de datos que permitan una investigación fármaco-epidemiológica. Progresará en la lucha contra los medicamentos falsificados, en la que está altamente implicada tanto a nivel nacional como internacional, y desarrollará la III estrategia de lucha contra los medicamentos falsificados para el periodo 2016-2019. Continuará con las inspecciones nacionales e internacionales a los laboratorios productores de medicamentos y principios activos para garantizar el cumplimiento de las normas de correcta fabricación. También trabajará en la accesibilidad, como línea de colaboración y cohesión entre todo el Sistema Nacional de Salud, y a la vez de equidad, con informes de posicionamiento terapéutico que se han convertido en una referencia imprescindible en todo el Sistema Nacional de Salud y que son coordinados desde esta agencia. Como saben ustedes, en estos informes de posicionamiento terapéutico también participan la industria y las asociaciones de pacientes. Como gran parte de estas actividades precisan de laboratorios oficiales de control, es necesario que cuente con medios suficientes. Y para desarrollar sus actividades con todas las garantías y de una manera ágil, para


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el año 2017 la Agencia Española del Medicamento acometerá un plan estratégico de laboratorios, que adecue la capacidad analítica a las necesidades de la agencia y de las características del mercado.

Otro aspecto de gran trascendencia es la lucha contra las resistencias antimicrobianas, el denominado Plan nacional de resistencia a los antibióticos, que se puso en marcha, como ustedes saben, en el año 2014 y que es coordinado por la Agencia Española del Medicamento. En él participan seis ministerios, todas las comunidades autónomas con representación tanto en la parte sanitaria como en la parte de agricultura, 75 sociedades científicas, organizaciones profesionales y más de 240 expertos. Si bien una de las premisas del plan es identificar y contar con experiencias e infraestructuras ya validadas mediante resultados positivos para ser eficientes en su implementación, en el año 2016 se dotó al plan con un presupuesto de 340 000 euros, aproximadamente, procedentes de la disposición adicional sexta, pero en el año 2017 se le va a dotar con un presupuesto de 1 745 000 euros. Esta dotación está sirviendo y servirá para el esfuerzo en el desarrollo de sistemas comunes de información que aúnen los datos de consumo con resistencias y distintos aspectos de divulgación de los datos del plan -el plan lo pueden ustedes encontrar en la página web del ministerio-.

En materia de innovación e investigación, la Agencia Española del Medicamento va a trabajar en la identificación a nivel nacional y europeo de medidas que promuevan y reconozcan la innovación y potencien la investigación, y estas actuaciones se llevarán a cabo a través de lo que denominamos la Oficina de Apoyo a la Investigación, con la que la Agencia Española del Medicamento ya está operativa. Es de especial interés reseñar el funcionamiento de la puesta en desarrollo del Real Decreto de ensayos clínicos, que ya se aprobó en 2015.

Voy terminando la parte relativa a la agencia. La agencia mantiene una posición de liderazgo a nivel europeo, tanto en la Comisión Europea como en la Red de agencias europeas, como la Agencia Europea del Medicamento. El plan de contingencia del brexit hace previsible un incremento sustancial de la actividad, y estos días habrán visto ustedes algunas noticias al respecto. Este es uno de los retos que tenemos que tener presente para que nuestra agencia siga ocupando una posición de liderazgo en el entorno europeo. La transparencia de las actuaciones, junto con la adecuada información a los ciudadanos y profesionales sanitarios, son otros de los campos de trabajo prioritarios para la agencia y por ello trabajará potenciando su página web y la utilización de las nuevas tecnologías, como las apps, para mantener la información más accesible.

El presupuesto de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, asciende a 32,55 millones de euros y este presupuesto se estructura en dos grandes programas: el programa 492.O, denominado protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, con una dotación de 16,5 millones de euros, y el programa 313.C, seguridad alimentaria y nutrición, con una dotación de 16,01 millones de euros. A continuación me referiré a los aspectos más destacables de sus respectivos capítulos.

Como saben ustedes, el objetivo básico de Aecosan, en lo que a la política de protección al consumidor se refiere, es contribuir a equilibrar su posición en el mercado como parte débil de las relaciones económicas. En el proyecto de presupuestos del programa 492.O, protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, el capítulo 4, de transferencias corrientes, está dotado con una partida de 7,65 millones de euros. En esta partida están incluidos 3,7 millones de euros que se dirigen al Instituto de Crédito Oficial para atender los gastos derivados de los costes del margen de intermediación de las entidades de crédito y el quebranto en la cesión de fondos derivado de la línea de mediación y anticipos a cuenta a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa. Ya saben ustedes que el Consejo de Ministros del día 27 de abril 2007, ampliado por acuerdos del 11 de enero de 2008 y 28 de diciembre de 2012, instruyó al ICO para la puesta en marcha de una línea de mediación destinada a contribuir, mientras finalizara el procedimiento judicial abierto, a superar la precariedad económica de los afectados por el caso Fórum Filatélico y Afinsa. El coste debe compensarse al Instituto de Crédito Oficial por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo -Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en estos momentos-, a través de Aecosan, por anualidades vencidas con cargo a sus presupuestos generales y cuyo destino final será dotar en estas cuantías el fondo de provisión. Inicialmente el extinto Instituto Nacional de Consumo, y posteriormente Aecosan, han pagado al ICO desde 2008 un total de 28 185 837 euros; el último pago se realizó el 19 de diciembre de 2014, por importe de 3 047 000 euros, quedando pendiente de compensar al ICO por los quebrantos que se han seguido produciendo en la línea y que ascienden a 3 466 000 euros, más otros gastos de 200 000 euros correspondientes a las operaciones que se prorrogaron y que se ya se ha


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realizado la cesión al ICO por parte de las entidades financieras. Esta es la última cantidad que desde Aecosan se transfiere por este concepto.

En el año 2017 se mantienen las partidas destinadas al fomento del asociacionismo de consumo y al mantenimiento de los procedimientos para la protección eficaz de los derechos de los consumidores. Así, se contemplan las siguientes actuaciones: para ayudas y subvenciones para el fomento de las asociaciones de consumidores, una dotación de, aproximadamente, 3 millones, igual que la del año 2016, y para el apoyo a la actividad del consejo de consumidores y usuarios, a través de una línea de subvención dotada con 31 000 para la formación de posgraduados especialistas en consumo, y otros 31 000 euros se destinan a la formación de posgraduados especialistas en consumo, mediante la colaboración en las actividades del centro de investigación y control de calidad, que depende de Aecosan.

Somos conscientes de la relevancia del mecanismo extrajudicial de solución de conflictos en el conjunto de la política de protección de los consumidores y, por ello, para apoyo al sistema arbitral de consumo el presupuesto para 2017 contempla dos partidas de 410 000 y 400 000 euros, respectivamente, para apoyar a las juntas arbitrales adscritas a las administraciones autonómicas y a las administraciones locales.

El capítulo 2, gastos corrientes, del programa 492.O, protección y promoción de derechos de los consumidores y usuarios, tiene una dotación de 1,85 millones de euros, y de este capítulo destacaríamos la partida correspondiente al Centro Europeo del Consumidor, con 318 000 euros y para el Observatorio de Internet, de importancia estratégica en el marco de la estrategia de mercado único digital, adoptado por la Comisión Europea en mayo de 2015, con 156 000 euros.

La otra vertiente de Aecosan es la perspectiva de seguridad alimentaria y nutrición, no consumición o consumidores. La agencia tiene encomendada la promoción de la seguridad alimentaria como aspecto fundamental de la salud pública y así poder ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español y planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, y en especial la prevención de la obesidad. Está previsto desarrollar estudios y diversas actuaciones que en el marco de la estrategia NAOS, sobre intuición, actividad física, obesidad y salud, en el Observatorio de nutrición y estudio de la obesidad se estiman necesarios para un adecuado conocimiento del problema y de sus principales factores determinantes.

En el ámbito del capítulo 2 del presupuesto de Aecosan, englobando ambos programas, tanto el de consumo como el de seguridad alimentaria, cuyo importe total asciende a 6 186 187 euros, debo destacar, por su importancia, tres aspectos: los gastos derivados -que hay que abonar con este programa- del funcionamiento de las cinco sedes con las que cuenta Aecosan -la sede central de Madrid; la sede del Centro Nacional de Alimentación, en Majadahonda; la del Laboratorio de Biotoxinas Marinas, en Vigo, en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutrición, y la sede administrativa de consumo y del Centro de Investigación y Control de la Calidad, de Barajas-, en su globalidad, que ascienden a 1 395 000 euros. Además, estos centros tienen un gasto de mantenimiento de equipos y material fungible de los tres laboratorios mencionados, que asciende a 1 365 000 euros. Y el presupuesto destinado a la realización de estudios y trabajos técnicos, imprescindible para el funcionamiento de la agencia, suman otros 2 140 000 euros.

En el ejercicio de 2017, además de las actividades habituales, van a tener especial incidencia los estudios para el desarrollo de nuevos métodos, la validación de nuevos métodos y análisis para poder integrarlos en el alcance de acreditación, la organización de ensayos de intercomparación, en la que participan los laboratorios de control oficial, y la participación en ensayos de intercomparación que organizan los laboratorios de referencia de la Unión Europea.

Para finalizar, en el marco del capítulo 6, hay que resaltar las inversiones en ambos programas, por importe de 1 900 000 euros, dirigidos principalmente a la adquisición de equipos de laboratorio, realización de obras y evolución de aplicaciones informáticas. En el año 2017 se abordaron una serie de obras en el Centro Nacional de Alimentación y en el Centro de Investigación y Control de la Calidad. Las edificaciones en las que están ubicados ambos centros son muy antiguas y es necesario adaptarlas por razones de seguridad, prevención de riesgos laborales y para que cumplan la normativa vigente en este tipo de construcciones. A estos fines está prevista a realización de desembolsos, por un importe de 245 000 euros, en el Centro de Investigación y Control de la Calidad y de 376 000 euros en el Centro Nacional de Alimentación. También están previstas obras en la sedes de los servicios centrales de la calle Alcalá y de la sede de la calle Príncipe de Vergara.


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En el ejercicio de 2017 está prevista la realización de esfuerzos importantes en el campo de las aplicaciones informáticas que sustentan el trabajo de la agencia. Destacable será la inversión a realizar en la actualización de las aplicaciones informáticas que facilitan el funcionamiento de la red de alertas y de control oficial de los productos alimentarios y el registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos. Igualmente, con el fin de optimizar los recursos disponibles, se continuará trabajando en la red de laboratorios de seguridad alimentaria para compartir y fomentar la acreditación de laboratorios de ensayo y métodos analíticos para el control oficial.

La Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, también tiene su presupuesto y está enmarcado en 4 millones de euros, igual que el año 2016. Saben ustedes que la ONT gestiona las subvenciones a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, destinadas al fomento, a la donación y el trasplante de órganos y tejidos, que tiene una dotación de, aproximadamente, 2 millones de euros, consignada, como ya hemos visto al principio de mi exposición, en el servicio 04 de la secretaría general. Las líneas y programas más relevantes en los que está trabajando la Organización Nacional de Trasplantes son acciones a complementar con la aprobación de los presupuestos de 2017, potenciando y mejorando los procesos de la organización, modificando y optimizando los sistemas tecnológicos a través de una inversión que alcanzará los 150 000 euros este año. Estas líneas de programas y de trabajo son las siguientes: impulso del Plan nacional de fomento de la donación en asistolia; consolidación del Plan nacional de médula ósea, que muy probablemente finalizará en el año 2017, que cuenta con más de 320 000 donantes y que está alcanzando un ritmo de cerca de 40 000 nuevos donantes de médula ósea al año, alcanzando a finales de 2016 ya 281 000 inscritos -el ministerio de Sanidad ha financiado con cargo a los fondos de la disposición adicional sexta 830 000 euros para todas las comunidades autónomas-; implantación del Plan de acceso al trasplante renal de pacientes hiperinmunizados; desarrollo del Plan nacional de córneas y proposiciones normativas para la protección sociolaboral de los donantes vivos de un órgano, instaurando medidas encamindadas a mejorar la protección sociolaboral del donante vivo de un órgano o parte de él, un tema que sus señorías conocen porque ha estado presente en los debates parlamentarios. También quiero señalar la colaboración, en la estrategia global de la OMS, que hace la ONT en materia de trasplantes, y el desarrollo del Observatorio mundial de donación y de trasplantes, así como la participación de la ONT en su liderazgo y con su liderazgo en la red de consejos iberoamericanos de donación y trasplante.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, tiene un presupuesto para el año 2017 de 241,74 millones, lo que implica un crecimiento alrededor del 3,16% respecto al presupuesto de 2016. Traducido en valor absoluto son 7,38 millones de euros más, y es uno de los mayores crecimientos presupuestarios que ha tenido esta institución, lo que en nuestra opinión expresa el compromiso de este Gobierno en seguir mejorando la asistencia sanitaria de nuestros ciudadanos en Ceuta y Melilla que, como saben, es el servicio de salud sobre el que tiene competencias mi ministerio. Este presupuesto se reparte por capítulos de la siguiente forma: capítulo 1, gastos de personal, 134,73 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año 2016 de 5,8%. Este aumento presupuestario va a permitir no solo la consolidación de las acciones de 2016, con un incremento de 13 efectivos en atención primaria especializada, sino el aumento de efectivos en 80 plazas, tanto de personal sanitario como no sanitario, y asimismo el incremento previsto del 1% de las retribuciones del personal para el ejercicio 2017. En la historia de este instituto, desde su creación en el año 2002, nunca se había producido un aumento tan importante en este capítulo. El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios; el capítulo 3, gastos financieros, y capítulo 4, transferencias corrientes, mantienen la misma dotación que el ejercicio anterior.

En el capítulo 6, inversiones reales, la segunda partida que debemos destacar es el mantenimiento de la capacidad inversora en este instituto, con un presupuesto en el capítulo 6 de 10,14 millones de euros, que además de seguir permitiendo mantener su apuesta por la renovación tecnológica -se llevan invertidos más de cuatro millones de euros en estos años-, nos permitirá poner en marcha la obra del Hospital Universitario de Melilla, cuyo proyecto está finalizado y en fase de aprobación por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Este nuevo proyecto, con un coste, en principio, sobre los 75 millones de euros, supone tanto mejora de instalaciones como mejoras funcionales respecto al proyecto anterior. Además, realiza una apuesta clara por hacer del Hospital Universitario de Melilla el primer centro hospitalario con clasificación A, de eficiencia energética. Nuestra intención, señorías, es reiniciar las obras antes de que finalice este año y que en un plazo de 36 meses dotemos a Melilla del hospital que necesita. Pero siendo esta la principal inversión, no es la única, y la dotación presupuestaria que hemos otorgado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en este año y en los plurianuales que establecemos también


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permitiría finalizar la obra del Centro de Salud Este, Polavieja, en Melilla, este año y su puesta en marcha; la licitación del Centro de Salud El Tarajal, en Ceuta, con un valor superior a seis millones de euros, y la realización de otro proyecto importante como es la ubicación y desarrollo del nuevo Centro Nacional de Dosimetría, en Valencia, que, como ustedes saben, es el centro de lectura de todas las exposiciones radioactivas de los profesionales, que se va a trasladar de donde estaba, cerca de La Fe antigua de Valencia, al campus universitario de la Universidad de Valencia.

Además de todo lo anterior, el presupuesto con el que se dota a Ingesa permitirá continuar con los proyectos de innovación, mejora del equipamiento y programas informáticos, como la extensión de la receta electrónica, la atención especializada, el control dosimétrico de pacientes en el Centro Nacional de Dosimetría y el mantenimiento de la plataforma tecnológica de compras centralizadas, incluido el catálogo de bienes de adquisición centralizada.

En cuanto al programa de gastos, el presupuesto del programa de atención primaria de salud asciende a 64 millones, lo que representa un incremento sobre el año 2016 del 1,15%. Dentro de este programa, farmacia, con 28 millones de euros, representa el 44%, no habiendo experimentado variación respecto al año 2016. El programa de atención especializada supone créditos de 156 millones, y en este programa es donde se concentran los mayores crecimientos presupuestarios, que se centran fundamentalmente en gastos de personal e inversiones reales.

El programa de administración y servicios generales tiene una dotación inicial de 17 millones de euros, con un incremento del 3,21% respecto al ejercicio anterior. Hay que señalar que en este grupo de programas se incluye la transferencia corriente por importe de 1,42 millones para la Tesorería General de la Seguridad Social.

El programa de formación de personal sanitario de Ceuta y Melilla está dotado con 2 620 000 euros, que supone un incremento de casi el 5% respecto al año 2016.

El presupuesto asignado para el año 2017 permite al Ingesa afrontar tanto las necesidades que tiene en Ceuta y Melilla como en el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia. Quiero concluir este apartado sobre el Ingesa recordando que el crecimiento global presupuestario para el año 2017 ha sido de un 3,15%, y muy especialmente el aumento en el capítulo 1, de gastos de personal, de más de siete millones.

Por último voy a dar cuenta de la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios. Además de las partidas presupuestarias incluidas en el presupuesto de esta secretaría general, existe también -para que ustedes lo conozcan- otra importante fuente de ingresos que da lugar a la generación de créditos en el presupuesto de la Secretaría General de Sanidad y Consumo. Me estoy refiriendo a los ingresos efectuados por parte de las personas físicas, grupos empresariales y personas jurídicas no integradas en ellos que se dedican en España a la fabricación, importación u oferta al Sistema Nacional de Salud de medicamentos y productos sanitarios que, financiados por fondos públicos, se dispensen en oficinas de farmacia a través de la receta oficial u orden de dispensación. Según establece la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, estas personas físicas o jurídicas deberán ingresar unos porcentajes sobre su volumen cuatrimestral de ventas a través de dichas recetas u orden de dispensación. La propia ley determina las actuaciones a atender con dichos ingresos; por una parte, la investigación en el ámbito de la biomedicina, a cuyo fin determinadas cantidades se ingresan en la caja del Instituto Carlos III, y, por otra parte, el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de programas de formación para facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como programas de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos, según distribución que determine el ministerio, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En el año 2016 la generación de créditos correspondientes al último cuatrimestre del año 2014 -lleva dos años de gap- ha supuesto un total de 42 millones de euros, que esperamos sea la cantidad que se reciba, más o menos, en el año 2017 por el equivalente al año 2015. Estos 42 millones de euros citados han sido transferidos a las comunidades autónomas en una cantidad de 22 millones, según los criterios de distribución acordados por el consejo interterritorial en abril de 2016 para atender finalidades como el Plan nacional de donación de médula ósea u otros programas de cohesión: mejora de la atención farmacéutica; promoción de la salud y prevención de la enfermedad; desarrollo del proceso de receta electrónica y sistemas de información; apoyo a la prescripción y adaptación al nomenclator maestro; desarrollo de nuevas medidas de farmacovigilancia; ampliación y mejora del sistema de información sanitaria en el ámbito de las comunidades autónomas; formación


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continuada en el uso racional de medicamento. De los 20 millones restantes, se destinaron además al Instituto Carlos III unos 4,5 millones al Plan de apoyo a la investigación independiente y el resto de los millones, unos 15 millones, fueron directamente gestionados por la Secretaría General de Sanidad y Consumo, con la siguiente distribución: actuaciones realizadas en la Agencia Española del Medicamento; programa de farmacovigilancia; para el plan de resistencia, se transfirieron también al Ingesa para el Plan de desarrollo de la plataforma de compras centralizadas, y fueron gestionados también por la secretaría general en distintos ámbitos, como el desarrollo de políticas de cohesión, formación en el uso racional del medicamento, medidas de participación de pacientes, etcétera.

Hasta aquí la exposición de los presupuestos de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y de los organismos dependientes de la misma, y quedo a su entera disposición para las preguntas que me deseen formular.

Gracias, señorías, y gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castrodeza.

Turnos de los grupos que han solicitado esta comparecencia, empezando por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Igea.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchísimas gracias por lo prolijo de la exposición, aunque, dado lo avanzado de la hora, procuraremos recortar nuestras preguntas.

Queda claro que este presupuesto, como hemos dicho antes, no es el presupuesto de Ciudadanos, sino que es el presupuesto fruto de un acuerdo, primero de investidura y después de un acuerdo presupuestario. En el acuerdo de investidura se recogían varios aspectos sanitarios que no acaban de desarrollarse completamente en el acuerdo presupuestario y que esperamos que a lo largo de la legislatura se vayan plasmando. Algunas cosas me resultan preocupantes, y voy a hacerle preguntas concretas porque necesitamos respuestas concretas, si no nos veremos obligados a enmendar, cosa que en principio no teníamos previsto. Con respecto al acuerdo de investidura había una cosa clara: que las víctimas de la talidomida tendrían que empezar a recibir sus prestaciones en el año 2018 y por lo tanto este año se tiene que proceder a su catalogación, a su evaluación por el Instituto de Salud Carlos III, que no ha visto incrementado su presupuesto a este respecto. Por tanto, yo necesito que se nos confirme que esto va a ser así, porque hemos hechos varios anuncios de esto, pero se va retrasando semana tras semana. A mí hacía tiempo que no me daban tantas largas, creo que desde que tenía 16 años, mi primera novia.

Respecto al Fondo de cohesión, que también se pactó en el acuerdo de investidura, es evidente que 3 millones no es suficiente; es bueno saber que se va a dedicar a las enfermedades raras en primer lugar, eso desde nuestro punto de vista es una buena idea, pero creemos que aun así no será suficiente y esperamos que en los próximos presupuestos vaya incrementándose la cantidad hasta lo pactado en aquel acuerdo. También en aquel acuerdo había una apuesta importante por una mejora de la información, por la creación de un portal sanitario de transparencia, apuesta que debería de haberse visto reflejada en mayor medida en los presupuestos, porque el incremento del 1% que se dedica al sistema de información, incluidos esos 700 000 euros, no parecen suficientes. La pregunta es si tenemos previsto a lo largo de este año aumentar los indicadores clave para aumentar la transparencia del sistema y sobre todo para focalizar la política en los resultados, porque si no tenemos indicadores clave de resultados malamente vamos a saber si nuestra política está siendo buena o mala y sobre todo si estamos consiguiendo lo que nosotros pretendemos, que es una mayor equidad entre todos los españoles vivan donde vivan.

Me alegra oírle que con respecto a la historia clínica informatizada y la receta electrónica a final de año, si yo no he entendido mal, vamos a tener a todas las comunidades con capacidad de emitir y recibir recetas electrónicas y que todos estarán conectadas a la historia clínica digital, aunque no se ha precisado si a todos los documentos, porque hasta donde yo sé la mayoría de las comunidades ahora solamente tienen un documento, que es la historia resumida.

Me gustaría felicitar al Gobierno -y esto no lo voy a hacer muy a menudo- por haber tomado la decisión de que el Fondo de liquidación autonómico esté condicionado, entre otras cosas, como nosotros dijimos, al cumplimiento de este aporte información, lo cual es una muy buena noticia y les quiero felicitar por ello.

Se ha hablado también largo y tendido del Ingesa y del crecimiento del 3,16% de los fondos destinados a Ceuta y Melilla. Yo no sé si esto es suficiente, porque ciertamente el incremento de población que tienen Ceuta y Melilla y de demanda de asistencia sanitaria no solo de la propia población, sino de población


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transeúnte, es un incremento que creo que es un poco superior a esto. Y me ha parecido entender que el proyecto final del hospital de Melilla se ha venido a valorar en unos 75 millones. Yo no digo que se llegue a gastar uno los 600 millones que parece que ha costado el hospital de Burgos, pero entre 75 y 600 millones, creo que la cifra es un poco escasa, vamos a decirlo suavemente.

Respecto a la Agencia Europea del Medicamento, sabe que cuentan con nuestro apoyo para intentar que la agencia quede en Barcelona.

En cuanto al turismo sanitario, me gustaría hacer hincapié en lo que el Tribunal de Cuentas decía en su informe, que hay un gran agujero negro en la facturación de servicios sanitarios a extranjeros del entorno europeo. Queríamos preguntarle si tiene previsto hacer algún cambio, de tal manera que se estimule la correcta facturación de estos servicios por parte de los hospitales, revertiéndolo a los propios hospitales y no a la caja común, como viene sucediendo hasta este momento.

Ha hablado en otro momento del compromiso en la lucha contra el VIH; esperemos que sea un compromiso mayor del que hemos tenido en el último año, en el cual no se ejecutó nada de lo presupuestado. Sabemos que hemos tenido un incremento en enfermedades de transmisión sexual en los últimos años, por lo que dice el informe epidemiológico, y creemos que es importante cumplir este compromiso, ejecutar el gasto previsto y algo que desde nuestro punto de vista es muy importante: que desde el Ministerio de Sanidad se comprometa al resto del Gobierno a eliminar, como se ha acordado ya en la Comisión de Sanidad, el VIH de los criterios de exclusión de las ofertas de empleo público. Creemos que esto haría mucho más que gastar 100 000 euros en una campaña; sería mucho más útil hacer esto.

También quiero solicitar su colaboración para que se cumpla otro compromiso que se adquirió en sede parlamentaria, por unanimidad, y además se hizo público: volver a colaborar con el Fondo global en la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Sé que esto no es un asunto del ministerio, lo sé, pero me gustaría que se restableciese el compromiso porque dicha partida no aparece en los presupuestos; nos comprometimos a poner 30 millones este año, nos hemos comprometido públicamente ante instituciones extranjeras y está en juego el prestigio del país. Por tanto, me gustaría que se manifestara al respecto.

No quisiera prolongar mi intervención mucho más. Me alegro que vayamos a evaluar los Cesur, el funcionamiento de Cesur este año. Y, por último, sobre los precios de referencia en innovación, me gustaría que me contestase a la pregunta de si la Agencia Española del Medicamento se va a plantear un nuevo sistema de fijación de precios para la innovación, un sistema de fijación de precios que esté relacionado con el valor clínico real de las innovaciones para no tener que volver a enfrentarnos a problemas como los que nos hemos enfrentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Igea.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea van a hablar dos portavoces. En primer lugar tiene la palabra la señora Botejara.

La señora BOTEJARA SANZ: Yo no iba a intervenir pero es que me ha parecido muy interesante la intervención.

Le quiero hacer dos preguntas al señor subsecretario. Ha hablado de las enfermedades raras y de una partida presupuestaria concreta para las enfermedades raras. Quería saber si dentro están también los tratamientos, y le pongo un ejemplo. El tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne, que está aprobado por la FDA, vale 300 000 dólares anuales. Cuando se apruebe en Europa, que creo que ya está recepcionado, ¿eso le correspondería al Estado o a las comunidades autónomas?

Otra pregunta. Hace unos días la ministra -y me parece que usted la acompañó- fue a Farmaindustria. Quería saber si ha habido o hay en proyecto un nuevo convenio con esta entidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botejara.

A continuación tiene la palabra la señora De la Concha.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Muchas gracias, señor secretario de Consumo, por su comparecencia. Yo soy la portavoz de Consumo de mi grupo y claramente somos los niños pobres del presupuesto. Aquí tengo unas partidas por valor de 32 millones; creo que el presupuesto total es 400 000 millones, con lo cual esta es una cantidad minúscula, que se va en personal, en adecuación de los edificios y en pequeñísimas cosas más. Por ejemplo, la partida que tenemos para formación de


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posgraduados de 31 000 euros, es pequeñita, pequeñita. El presupuesto del siglo XXI, algo que se ha repetido varias veces hoy, resulta que no lo es, que aún tenemos flecos pendientes del siglo XX, como decía mi compañero el doctor Igea en relación con el tema de la talidomida.

Se habla de vigilancia de la salud, y la salud realmente depende de cosas a veces muy básicas: de la limpieza del aire; del acceso al agua abundante, limpia, pública; de una alimentación sana para todos; de ausencia, dentro de lo posible, de productos químicos en la vida cotidiana; de espacios al aire libre, etcétera. Claro, el consumo abarca tanto que merecería otro tratamiento mucho más global, mucho más extenso, pero aquí se reducen a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y tampoco las necesidades en estos terrenos quedan cubiertas, ni la información adecuada, ni la educación en los centros, ni la vigilancia de la publicidad, ni las cuestiones de impuestos a productos como el azúcar. Veo que hay una partida dedicada al Fórum Filatélico y, según usted ha explicado, desde 2008 se han dedicado a este tema 28 millones. La redacción ya me chocó cuando la leí, porque es un poco de los hermanos Marx: al Instituto de Crédito Oficial para atender los gastos derivados de los costes del margen de intermediación de las entidades de crédito y el quebranto en la cesión de fondos derivados de la línea de mediación de anticipos a cuenta de los afectados de Fórum Filatélico. No me cabe duda de que hubo un quebranto en estas personas que apostaron por el Fórum pero no sé muy bien por qué este quebranto es prioritario o se adelanta a la pobreza infantil o a que la gente joven se tenga que ir fuera y no estén aquí investigando todas estas cuestiones y ayudándonos con el tema del consumo, que seguramente tendrían ideas modernas del siglo XX y del siglo XXI, que nos ayudarían a todos. Lo que pido es que en el futuro el consumo tenga el puesto que merece en el siglo XXI, un puesto mucho más central, y que sirva como nicho de trabajo para tantísima gente joven valiosa que se ha tenido que ir fuera.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De la Concha.

Por el Grupo Parlamentario Socialista también van a hablar dos portavoces. En primer lugar tiene la palabra la señora Alconchel.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias.

En primer lugar quiero agradecer su presencia aquí para explicar y para resolver las dudas que le planteemos en relación con los presupuestos de 2017. Realmente estos presupuestos, que dicen que se corresponden al contexto económico favorable que estamos viviendo, demuestran que la sanidad es una herramienta del Gobierno para imponer un modelo ideológico dirigido a desmantelar el Estado del bienestar. Previendo un aumento del 7% en los ingresos, apuestan por continuar con las políticas de recortes, de generación de desigualdades y con la condena a millones de personas a la precariedad. De hecho, en estos presupuestos recortan 5000 millones en las políticas que nos hacen iguales, en las políticas sociales, sanidad y educación. Hablan de una subida del 2,3%, que no se traduce en un cambio de rumbo de las políticas del Partido Popular. Lejos están estos presupuestos de aquellos presupuestos que tanto atacaron en 2011, a los que dedicaron todo tipo de calificativos.

Además, estas pírricas cifras siguen consolidando la destrucción del modelo de sanidad construido entre todos. Son las cuentas de una inequidad insoportable porque no reniegan, de hecho se reafirman en la idea de seguir implementando ese Real Decreto-ley 16/2012, que aprobaron sin consenso, que incorporó medidas totalmente injustas y peligrosas para la sostenibilidad del sistema como el copago, que redujo la cartera de servicios, el fin de la universalidad excluyendo a miles de personas del sistema, y además lo acompañaron de desfinanciación de medicamentos, de cierre de centros, de reducción de personal, etcétera. Preguntamos, ¿piensa el Gobierno llevar a cabo una evaluación del impacto en la salud de las reformas que ha llevado a cabo en materia sanitaria? Porque muchísimos estudios independientes están advirtiendo de que el sistema, hoy por hoy, es más injusto, insolidario e ineficaz. Como por falta de tiempo no me puedo extender en todos los temas, voy a centrarme en algunos que el propio Gobierno ha destacado.

Llama la atención cómo se pueden vanagloriar con su apuesta en materia de estrategia de salud, enfermedades raras, prevención y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En 2016 destinaron 2,5, entonces entiendo que cuando ahora hablan de 4 millones se aplaudan, pero tendrán que hacernos olvidar que en la época socialista se destinaban hasta 17,12 millones solo en estrategia de salud, sin contar con la acción contra el sida y enfermedades raras. Con este presupuesto de 4 millones, ¿cómo van a abordar todas las estrategias en salud que han ido siendo aprobadas por unanimidad en el consejo interterritorial y todas las que tienen actualizadas? Porque hablamos de promoción de la salud, prevención, salud mental, enfermedades neurodegenerativas, VIH, hepatitis C, y podemos seguir y seguir.


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Y menos mal que usted califica estos presupuestos como presupuestos que miran a la prevención, incluso se ha atrevido a anunciar nuevas estrategias.

Están sacando pecho con la recuperación del Fondo de cohesión; lo dejaron a cero en 2016, cuando llegaron a tener cien millones de euros. Ahora le dedican 3,7, por cierto, incumpliendo un acuerdo de esta Comisión que aprobaba dotarlo con bastante más dinero. ¿Cómo piensan garantizar la cohesión, la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria pública, superando los desequilibrios territoriales y sociales? ¿Qué piensan hacer para la mejora de la calidad, la financiación de nuevos tratamientos y las innovaciones terapéuticas? ¿Van a repetir el desastre que llevaron a cabo con la hepatitis C? ¿Qué tienen previsto para los centros de referencia, tan necesarios para la calidad asistencial de los pacientes de enfermedades raras? Porque aunque digan que son fondos ampliables, la verdad, no nos lo creemos. Pero es que además ese Fondo de garantía asistencial que ustedes inventaron sigue sin ser desarrollado y, por supuesto, no está dotado presupuestariamente.

También lanzan ese falso mensaje de que están apostando por la I+D+i. Pues la Carlos III vuelve a sufrir otros recortes, un 0,8. El programa destinado a investigación sanitaria, el programa 465.A, ha sido recortado en más de 57 millones desde que ustedes gobiernan. Siguen con la congelación del presupuesto, por ejemplo, en la Organización Nacional de Trasplantes. Para ustedes congelar será algo positivo, pero también rebajan y recortan en las subvenciones que para esta materia se destinan a las entidades sin ánimo de lucro, metiendo la tijera en 2 millones de euros desde que gobiernan.

En materia de salud pública, la gran olvidada, que debe integrar todas las políticas, el pasado 29 de marzo se publicó un estudio del Reino Unido sobre el retorno de la inversión en salud pública, donde quedaba claro que todos los recortes en materia de salud pública terminan generando muchísimo coste adicional a los servicios de salud y a la economía en general, y que cada libra -que trasladamos al euro- que se invierte en salud pública retorna multiplicado por 14. En estos presupuestos vemos que se vuelve a ignorar el desarrollo de la estrategia nacional de salud pública. ¿Dónde están las partidas para la creación del centro estatal de salud pública o del centro asesor de salud pública o para la puesta en marcha del sistema de información?

La señora ministra también ha manifestado la voluntad de alcanzar la implementación al cien por cien de la sanidad electrónica. Preguntamos: ¿de verdad le parece suficiente la cantidad prevista para el impulso tecnológico y de la sociedad de la información en nuestro sistema nacional y para alcanzar esa interconexión entre las comunidades autónomas? La verdad, no basta con que nos pinte la cifra, queremos saber cuánto ejecutaron en 2016 y qué comunidades autónomas no están cumpliendo, ni de lejos, la hoja de ruta que han ido marcando.

Una partida que sí aumenta este año, otra vez, es la del mutualismo. Un año más aumenta la concertación de servicios sanitarios con el sector privado.

Quisiera destacar que ustedes están ignorando la transversalidad de las políticas de género y de salud, porque no están recuperando algo que ya hemos reivindicado en distintos ejercicios, como es el Observatorio de salud de la mujer, y están dando la espalda a una importante realidad que es ese impacto de género en la salud y las grandes desigualdades de género en materia sanitaria.

También quisiéramos preguntar, ¿de verdad cree que con la raquítica subida de Ingesa mejorará la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla? ¿Nos podemos creer que por fin vamos a hablar de un hospital terminado y no vamos a repetir continuamente las referencias al hospital de Melilla? Porque la cifra, como bien han dicho aquí, es bastante reducida.

La verdad es que ante estos presupuestos tenemos que decir que estamos preocupados. Nos preocupan, aunque no esperábamos otra cosa, porque el propio Gobierno dice en el libro amarillo que estos presupuestos siguen avanzando hacia la implementación de las medidas que ha llevado a cabo estos años. Por tanto, damos por hecho que ustedes nos están hablando aquí de unos presupuestos de desigualdad, injusticia social, inequidad, abandono de los profesionales y pacientes, ineficacia, ineficiencia, expulsión de las personas del sistema. Quisiera que nos contestara a las preguntas que de manera más directa le hemos formulado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alconchel.

Tiene la palabra la señora Tundidor.

La señora TUNDIDOR MORENO: Buenas tardes, señor Castrodeza.


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En primer lugar, quiero agradecer su presencia pero no puedo pasar sin manifestar la decepción de no tener una comparecencia exclusiva para Aecosan. Como usted bien nos ha señalado, se encarga de la ejecución de dos programas. El primer programa que es el 492.O, de protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, que se ha reducido en un 27 % comparado con 2011, y demuestra el escaso interés del Gobierno por mejorar la protección de los consumidores, usuarios y asociaciones de consumidores, cuyo número de reclamaciones y denuncias por fraudes al consumo se han incrementado enormemente en los últimos tiempos. Además, el sistema arbitral de consumo se encuentra amenazado por la escasa dotación económica, por la intención de limitar el importe de las reclamaciones y por la autorización de entidades de resolución financiadas por el empresario reclamado. Todo ello manifestado en el proyecto de ley que recientemente ha aprobado y que ahora está en tramitación. La decisiva participación de las asociaciones de consumidores se ven condenadas por unos pobres presupuestos y con una vergonzosa falta de voluntad política del Gobierno.

Quiero destacar que las ayudas y subvenciones para impulsar, orientar y desarrollar las políticas de consumo, colaborando con las asociaciones de consumidores, cooperativas de consumo, instituciones públicas y privadas y personas físicas en el ámbito nacional sobre asuntos de política de consumo y de los consumidores, educación para el consumo y didáctica sobre la educación para el consumo, se han visto reducidas en más de un 15 % si las comparamos con las aprobadas por el Gobierno socialista en 2011. El otro programa, el de seguridad alimentaria y nutrición, fundamental, encargado de reducir la obesidad y garantizar la seguridad alimentaria, también ha sido recortado en un 7,68 %. El Grupo Socialista quiere conocer si Aecosan tiene previsto abordar durante este ejercicio presupuestario el grave problema de despilfarro alimentario, favoreciendo que los excedentes alimentarios sean donados en lugar de tirarlos a la basura; trabajando para evitar los bajos precios de las materias primas de los países en vía de desarrollo y concienciando a los consumidores sobre las consecuencias del despilfarro, tal y como el Grupo Socialista ha registrado en varias iniciativas presentadas en el Congreso. Las empresas de la industria alimentaria, que creen en este proyecto, nos han transmitido que existen dificultades y trabas en nuestra legislación alimentaria que dificultan la donación de alimentos, y por eso le pregunto, ¿tiene previsto Aecosan, a lo largo de este ejercicio presupuestario, impulsar alguna iniciativa o campaña para concienciar a los consumidores sobre las consecuencias del despilfarro? ¿Y para mejoras en el etiquetado que sirvan para evitar confusiones sobre la aptitud de los alimentos para ser consumidos con seguridad?

Para finalizar, quiero hablar del crecimiento de la obesidad infantil, que es un importante problema de salud pública a nivel mundial. Al igual que en los adultos, en los niños y adolescentes el padecimiento de obesidad se asocia con mayor prevalencia de diversos factores de riesgo de enfermedad, como prediabetes, diabetes tipo 2, hipertensión, síndrome metabólico, peor situación antioxidante e incluso trastorno del sueño. Además, los niños y niñas con exceso de peso tienen peor autoestima y calidad de vida, sin olvidar que tienen también mayor riesgo de sufrir exceso de peso y patologías asociadas en la etapa adulta. Por eso, consideramos insuficiente y creemos necesario el incremento de la dotación presupuestaria a este programa, y hablo del programa del crecimiento, alimentación, actividad física de desarrollo infantil y obesidad en España.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tundidor.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Angulo.

La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.

Bienvenido, señor secretario general. Le agradecemos su extensa exposición.

Comenzamos la tramitación de los primeros presupuestos de la legislatura dieciocho meses después de los últimos tras la parálisis que supuso tener un Gobierno en funciones. Las políticas presupuestarias, las del Partido Popular, han permitido la recuperación económica y la salvaguarda de nuestro Estado del bienestar, y de ahí la importancia de aprobar los presupuestos de 2017, porque estas cuentas consolidarán ese crecimiento, que se traduce en el mayor presupuesto destinado jamás a políticas para las personas, 300 000 millones de euros. Y sí, lo repito, porque a pesar de esto hay quien hoy aquí sigue repitiendo los mismos topicazos que en los últimos cinco años, aunque se lo desmonten no solo los números, sino también los ciudadanos, los destinatarios de estas políticas presupuestarias que no en una, sino en dos ocasiones el pasado año nos dieron su confianza mayoritaria.

Gracias a la recuperación económica las cuentas del ministerio son las que más crecen de todo el Gobierno y, las del área de sanidad y consumo, un 4,5 %, porque el compromiso del Gobierno del Partido


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Popular con la sanidad pública, y especialmente con la equidad y la sostenibilidad, es algo indiscutible. Además quiero insistir en que el presupuesto sanitario de este país corresponde también al de las comunidades autónomas. Pues bien, gracias a esa política económica, las comunidades van a recibir este año 5300 millones de euros más, que pueden y deber destinar, entre otras cosas, a sanidad. Por tanto, sumen ustedes esto al presupuesto sanitario. Además no solo es cuánto se gasta, sino cómo se gasta, lo que determina el estado de salud de un país. Gastar más no es sinónimo de invertir bien y, desgraciadamente, de eso nos dieron buena muestra los presupuestos socialistas. Insisten ustedes en que en presupuestos anteriores destinaban más dinero a sanidad, pues yo les digo que no. Poner cifras en un papel, pero dejar un sistema quebrado, no pagar a proveedores, mantener inequidades o permitir abusos y fraudes mientras expulsaban a los españoles más desfavorecidos de la sanidad pública, no es una buena política de gasto. Los recursos se obtienen de los ingresos, sí, pero también de los ahorros, y este Gobierno aumenta los ingresos, aumentando el empleo y hace una magnífica gestión del ahorro, algo de lo que algunos de ustedes no saben de lo que se trata. Por eso, por ejemplo, ha conseguido salvar al sistema de la situación de quiebra, pero también ahorrar más de 6000 millones e incorporar 217 innovaciones, como la de la hepatitis C, señoría, que le ha salvado la vida ya a 72 000 personas y que no creo que les haya gustado ese comentario que usted ha hecho del Plan de la hepatitis C.

Si vemos algo reflejado en estas cuentas, es el compromiso adquirido con la equidad y la cohesión. Se refleja transversalmente en todo el presupuesto; lo hace con el aumento de las partidas para cartera y farmacia. Y, efectivamente, aparece dotado con 3,7 millones de euros un fondo para la asistencia a pacientes con enfermedades raras, derivados entre comunidades autónomas para su atención a los cesures, que también a algunos les parece mal. Vuelvo a recordarles que las competencias de atención sanitaria son de las comunidades autónomas, y que estas se dotan a través del sistema de financiación autonómica, teniendo la obligación de presupuestar el dinero para atender a su población, sea dentro o fuera de su comunidad, porque la cohesión es corresponsabilidad de todos. Por eso precisamente el presidente Rajoy propuso, como cuestión prioritaria en la Conferencia de Presidentes, el estudio de las necesidades sanitarias como paso previo al nuevo modelo de financiación autonómica. Pero ese compromiso del Gobierno, de la ministra con la equidad y, en especial, con los afectados por enfermedades raras, hace que no se espere a ese nuevo modelo y se refleje la dotación de este fondo, cumpliendo con ello también el acuerdo con Ciudadanos, fondo que -nos alegra, además, haber escuchado al señor secretario- podrá ser ampliado con los recursos de la disposición adicional sexta, de lo que por cierto también se han transferido 21 000 millones de euros el año pasado a las comunidades autónomas, y eso también es presupuesto. Sumen también eso.

El compromiso con las personas se refleja también en lo destinado a salud pública, calidad e innovación. Nosotros sí valoramos muy positivamente lo destinado a estrategias de salud, el aumento de la prevención y control del VIH, para estrategias raras o la priorización del abordaje de la esclerosis lateral amiotrófica o la EPOC, como la nueva dotación para la investigación e innovación en salud pública en Canarias. Y cohesión también es hablar del impulso definitivo a la EsSalud para su total implementación, no solo en esta legislatura sino probablemente mucho antes del final de la misma, algo que para el Gobierno socialista ni existía, ni existía.

Nos parece fundamental el apoyo a los profesionales, en formación y estabilidad laboral. La tasa de reposición del cien por cien, y sobre todo la histórica oferta de empleo público, 127 000 para sanidad, es una magnífica noticia. Nunca se había contemplado una OPE especialmente dirigida al ámbito social, como la que ha anunciado este Gobierno, y por eso a lo mejor ustedes aquí ni la nombran. A nosotros sí nos parece importantísimo el aumento de la partida de la dotación al Ingesa, la que es competencia directa del ministerio, porque con ella se cubren todas las necesidades de personal que Ceuta y Melilla necesitaban, especialmente importante por su situación estratégica. Se garantiza la atención de desplazamiento de sus ciudadanos a la Península y se pondrá, por fin, en marcha el proyecto del hospital de Melilla, otro magnífico ejemplo de la ineficaz gestión socialista y de la que algunos deberían dar muchas explicaciones.

Quiero comentar también el aumento de casi el 13% de la dotación a Aecosan con el objetivo de seguir trabajando en la prevención, la seguridad, la solución de las controversias a través de las juntas arbitrales, así como el apoyo a las asociaciones de consumidores, con una partida superior a los 3 millones de euros y la promoción de la salud pública y la salud alimentaria. Igualmente, el importante papel que se le da a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, otra prueba de la buena


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gestión puesto que se autofinancia, destacando las partidas para conseguir un correcto abastecimiento de medicamentos o la del plan de resistencia antimicrobiana, ambos grandes desafíos para la salud pública.

No puedo detenerme, porque no tengo tiempo, en otras partidas; ya lo haremos en la tramitación de los presupuestos, pero sí me gustaría insistir en que reflejan el compromiso de este Gobierno con las personas, con cuidarlas y curarlas, en este caso. Por eso, ese esfuerzo por salvaguardar y mejorar el Sistema Nacional de Salud, ha ido aumentando su dotación cuando la situación ha ido mejorando y se ha visto reflejado en los presupuestos desde el año 2015. ¿Qué a todos nos gustaría más? Por supuesto. En salud las necesidades son cambiantes y en ocasiones ilimitadas, pero la gestión de los recursos no lo es. Pero les recuerdo que a pesar de esa terrible situación económica, el gasto sanitario en el año 2016 en España fue 7000 millones de euros más que en el año 2007, año de las bonanzas económicas, por tanto, no es cierto que este Gobierno haya recortado en lo importante para los ciudadanos, ni que en materia sanitaria los españoles estén desatendidos, nada más lejos de la realidad. Los ciudadanos lo saben y de ahí, quizá, los apoyos de unos y de otros. Por eso, señor Castrodeza, mi grupo le agradece el esfuerzo que nos consta hacen ustedes diariamente bajo el liderazgo de la ministra, por mejorar nuestro sistema sanitario.

Como siempre, les decimos al resto de los grupos que estamos abiertos a alcanzar acuerdos que mejoren estas cuentas, siempre en beneficio de los pacientes, lo que significa no poner en peligro su sostenibilidad y, con ello, su existencia. Agradezco a los grupos que apoyan al Gobierno que este país pueda tener nuevos presupuestos, y apelo a la responsabilidad a los demás, especialmente al Partido Socialista. No se encierren de nuevo en la predeterminación del no es no, sin más argumento que el rechazo al Partido Popular, porque con ello a quienes perjudican es a este país y a sus ciudadanos. Todos los organismos internacionales reconocen el crecimiento de España y estos presupuestos contribuyen a seguir aumentándolo. Es una recuperación que se refleja en la vida diaria de los españoles, a modo de empleo, sí, pero también de un mejor Estado del bienestar, de una mejor sanidad. Espero que ustedes sean capaces de anteponer eso a otras cuitas a las que precisamente les ha llevado, quizá, esa cerrazón. Para dialogar y consensuar aquí tienen al Grupo Popular, señores del Partido Socialista, lo hemos demostrado, y les pido que tomen nota. En Extremadura, por ejemplo, la responsabilidad del Partido Popular ha hecho que los extremeños podamos tener presupuestos; en Castilla-La Mancha ustedes han elegido no hablar con el Partido Popular y ahí tienen el resultado de lo que ha pasado. Insisto, reflexionen, hablemos, mejoremos estos presupuestos pero no se encierren en la predeterminación del no es no. Para dialogar y consensuar aquí tendrán al Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Angulo.

Para finalizar este turno, el grupo que no había pedido esta comparecencia, el Grupo de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: La comparecencia del secretario general no es una cuestión que nos parezca que no sea importante, incluso soy un poco ambivalente en la valoración de su intervención. Me ha parecido muy interesante el formato, pero me dará la razón en que no es el mejor para hablar de temas tan importantes.

Pienso en el debe de su intervención, que hay un marco que usted no controla, que es el límite de gasto. Me parece que aquí hay una opción del Partido Popular de límite de gasto que hace que posiciones, proposiciones y propuestas que usted ha hecho especialmente interesantes, estén muy limitadas con la partida presupuestaria que le acompaña. En el haber, su capacidad y voluntad de diálogo con las comunidades autónomas. Me parece que usted lo ha manifestado varias veces y me parece que este es un buen camino.

Para pasar a cosas concretas, estoy preocupado con algunas intervenciones que se han hecho y también coincido con algunas; estoy preocupado con la talidomida, preocupado; preocupado también por otras cuestiones con las que nos hemos comprometido como grupos parlamentarios, incluso con unanimidad, y que no veo reflejado en este presupuesto. Hablaré de otros tres asuntos muy rápidamente. Uno, sobre los psicólogos especialistas sin titulación oficial, llamados pestos; son psicólogos con muchos años de experiencia profesional en el ejercicio de la psicología clínica y que una buena noticia, que es que se abren oposiciones y plazas en la sanidad pública, puede convertirse en una mala noticia, ya que en estos momentos no se han arbitrado -me gustaría saber si su secretaría general lo tiene presente- alternativas para su estabilidad o la posibilidad de presentarse a las oposiciones. Son un grupo muy


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numeroso que ha dado mucho a la sanidad pública en todo el Estado. Vale la pena una alternativa suficiente.

Existen otras dos cuestiones que tienen que ver con proposiciones no de ley. Lo digo porque para muchos de nosotros la proposición no de ley, cuando se envía al Gobierno, entra en una dimensión desconocida; al menos no sabemos qué es lo que pasa y, aprovechando su presencia, intentaremos encontrar dónde está la proposición no de ley. Me fijaré en dos elementos: el del azúcar y el del aceite de palma. Usted sabe que en esta Comisión se aprobaron ampliamente restricciones publicitarias, etiquetas más claras, estudios sobre el asunto. Me gustaría saber si usted conoce estas proposiciones no de ley en la cuestión consumo y qué actitud tendrá, y así, como mínimo, despejaré una de mis incógnitas políticas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olòriz.

Para dar respuesta a todas las cuestiones tiene la palabra el señor Castrodeza.

El señor SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Y PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, AECOSAN (Castrodeza Sanz): Muchas gracias por todas las aportaciones de sus señorías. Sin duda creo que esta es una razón de ser, de trabajar y de aportar nuestras ideas desde distintos enfoques -yo siempre lo digo- con el respeto y con la responsabilidad y corresponsabilidad de que aquí trabajamos por el bien de los ciudadanos, dentro de un marco racional, sostenible, creíble y posible. Podemos hacer cuantos comentarios queramos pero yo creo que tenemos todos nosotros, ustedes más, porque al fin y al cabo son representantes del pueblo, que plantear sus políticas, y así lo hacen, en beneficio de que las estrategias derivadas de un plan presupuestario sean creíbles, alcanzables y que presenten resultados.

El presupuesto que he planteado dentro de la secretaría general tiene unos objetivos claros, dentro de lo que son las competencias que tiene la Secretaría General del ministerio, la Secretaría de Sanidad y Consumo. Hemos apostado decididamente por las personas que padecen, y sus familias, un problema de enfermedad rara; somos conscientes de que es una dimensión inicial. A nadie se le oculta que la enfermedad rara es un escenario tremendamente complejo en donde no solo está lo que es la atención, está la medicación y está la atención social de ese entorno, y somos conscientes de que con este paso que hemos dado se abre un camino que, sin duda, va a ser mejorable y que con toda seguridad el paso del tiempo nos dirá si ese camino abierto ha sido una ruta posible para avanzar en un cometido en el que toda la sociedad habla de las enfermedades raras, pero no acabamos de dar un paso en beneficio de este tratamiento, con toda la complejidad que eso tiene. Luego me referiré a algunas preguntas.

Hemos apostado no solamente por los pacientes, tipificados en los enfermos de enfermedades raras y de sus familias. Queremos, dentro del ámbito de nuestras competencias, preocuparnos por los profesionales, que es el otro eje del Sistema Nacional de Salud. Este secretario no tiene competencias en lo que hacen las comunidades autónomas y sus consejerías, porque la política de recursos humanos desde el ministerio se coordina, se planifica, pero no se decide. Y nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, que es el Ingesa, que tiene profesionales estatutarios, como cualquier otro servicio de salud, hemos decidido poner, como dicen en mi pueblo, la carne en el asador y hacer una apuesta decidida para que haya un vuelco importante, una dotación de plantilla que podríamos decir suficiente, pues probablemente el tiempo nos dirá si lo es o no lo es, porque es verdad que estas dos ciudades españolas tienen una problemáticas especial. Yo les invitaría a todos ustedes a que busquen un hueco y bajen a visitar el sector sanitario de Ceuta y Melilla, para que se den cuenta de la importancia estratégica que tienen esas ciudades y en las que la sociedad española tiene que aportar el mayor nivel de recursos del ámbito sanitario; no solamente atienden a los ciudadanos, es nuestra frontera, con una problemática, como decía el diputado Igea, de que la demografía de allí es bastante compleja. Yo les puedo decir que a veces tenemos dificultades para cubrir sustituciones de profesionales; los profesionales no quieren bajar a trabajar a Ceuta y Melilla. Ese es el segundo eje que han pretendido nuestros presupuestos.

Hemos pretendido dar un impulso a la interoperabilidad, con el tercer eje, a toda la estrategia digital. Somos conscientes de que no basta con la voluntad del ministerio o con la financiación de Red.es o con la política de apoyo a la digitalización de los procesos dentro del Sistema Nacional de Salud; tenemos que contribuir todos, todos, y ustedes con sus grupos políticos, desde las comunidades autónomas, pero yo creo que es una realidad, y va a ser una realidad, la interoperabilidad de receta en el año 2017. Es cierto, como decía el representante de Ciudadanos, que en la historia clínica digital, cuando nos referimos a esos 36 millones, hablamos de tener al menos un documento, al menos un documento, en ese cajón grande que tiene hasta nueve documentos, que es la historia clínica digital, pero que ese único documento, que


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casi siempre es la historia resumida, nos puede ayudar y puede ayudar mucho al Sistema Nacional de Salud frente a una emergencia, frente a una toma de decisión de ese profesional. Por tanto nuestros presupuestos y nuestras prioridades están en avanzar en lo que llamamos sanidad electrónica, pero no solamente en la interoperabilidad, receta, historia clínica digital, sino que yo me he referido en los presupuestos a informatizar la vigilancia de salud y la vigilancia de salud pública, que son dos cosas distintas. Queremos avanzar en el conocimiento de datos epidemiológicos, de hospitales de atención primaria y también de datos sociales, de vigilancia en salud pública. Difícilmente podemos hacer evaluaciones como las que me reclaman si no tenemos información.

La cuarta premisa que sustenta estos presupuestos que les he planteado, es avanzar en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad y en la integración de servicios sociales, sobre todo, por la fragilidad. He puesto de manifiesto el programa de prevención y promoción. Nosotros somos, digamos, el líder encargado de desarrollar en Europa un programa destinado a la prevención de la fragilidad, y entre las estrategias he citado esta como la más importante. Desde luego, son presupuestos sobre los que podremos ahora discrepar -e iré contestando a más preguntas-, pero presupuestos para los que me atrevo a pedirles su apoyo, porque creo que se ajustan a las necesidades que tiene en estos momentos nuestro Sistema Nacional de Salud, porque la salud pública no solamente la gestiona el ministerio, la gestionan diecisiete comunidades autónomas, y creo que son buenos para respaldar nuestras actuaciones y además siempre pensando en los ciudadanos.

Respondiendo un poco a las preguntas que me han hecho, desde luego que desconozco el agujero donde entran las PNL a las que se refería usted, pues yo no soy ningún experto, aunque voy aprendiendo. Conozco esas dos PNL y estamos analizando para saber qué papel juega la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en relación a estas actuaciones que a lo mejor corresponden a otros entes administrativos, a otros ministerios. Estamos encima, porque si una cosa tiene nuestro país es que tiene una Agencia de Seguridad Alimentaria magnífica, magnífica, y no voy a sacar pecho que a ustedes les puede parecer como un poco ostentoso. Tenga usted la seguridad de que cada vez que se produce un incidente, la red de vigilancia que tenemos es absolutamente operativa, y usted conoce incidentes que se han producido en el ámbito alimentario en Cataluña. Voy a seguir lo del aceite de palma y el azúcar, que en Cataluña, además, tiene especial mención, para darle una información más precisa pero sí, a veces uno pregunta: ¿dónde termina la PNL, qué temporalidad tengo yo para llevar a cabo esto?

Talidomida. Usted lo ha planteado, el señor Igea también. El hecho de que no aparezca un presupuesto específico de talidomida no quiere decir que este Gobierno no vaya a cumplir con lo acordado por unanimidad con los grupos parlamentarios. Llevamos ya unos meses trabajando con los responsables afectados de la talidomida, personalmente me he entrevistado con ellos y les he explicado los pasos que vamos a seguir. Estamos trabajando ya en crear una comisión que analice ese número de afectados, que es el punto de arranque para tomar las decisiones que vengan posteriormente. No necesariamente tenemos que tener un presupuesto, porque yo creo que con los recursos propios se puede hacer un registro, pues no tiene un nivel de coste tan importante como para no sustentar el contaje -perdonen la expresión-, de los casos que son subsidiarios de recibir una atención por este problema. Pero no les quepa la menor duda de que hay una voluntad decidida por abordar el problema de la talidomida, y lo pueden ustedes consultar tanto con el presidente y el vicepresidente de Avite y también con organismos e instituciones a los que ya hemos pedido colaboración para que nos hagan llegar personas. Lo que sí queremos es que sea una decisión consensuada, en la definición de qué personas están afectadas por este problema, y vamos a seguir escrupulosamente los ocho o nueve puntos que tiene el acuerdo firmado con todos los grupos.

En cuanto a los psicólogos especialistas, que usted llama pestos (El señor Olòriz Serra: Así lo dicen ellos), es verdad que siempre la palabra especialista en el sector sanitario tiene unas connotaciones laborales tremendas, y es verdad que a veces tenemos desajustes en las ofertas laborales y en la titulación. El Sistema Nacional de Salud tiene muy regulado lo que son especialistas, si el psicólogo especialista es un psicólogo clínico o es un psicólogo sanitario, que son dos categorías que se han acordado. Sabemos que este es un problema, pero yo siempre he dicho que este país tiene que buscar seriamente un equilibrio entre la formación de los profesionales sanitarios y la oferta de esos profesionales sanitarios, hay que buscar un equilibrio. Casi siempre lo resolvemos al revés, cuando tenemos un gran volumen que no tiene esa opción nos empezamos a plantear dónde estaba ese equilibrio. El asunto de los psicólogos especialistas, que va a haber una OPE, será analizado en base al perfil profesional que se determine en la convocatoria de la OPE; si es una plaza de psicología clínica y no tienen la especialidad


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-le hablo con franqueza- no se va a poder acudir a esa plaza a ese concurso. Así de claro, porque está regulado así, porque las plazas tipifican las condiciones del opositor. Por tanto, estudiaremos este tema a ver qué alcance real tiene, pero ya le adelanto que todo lo que es moverse en el escenario de denominarse de una especialidad sin ser de la especialidad, es un escenario en el que deberíamos, como responsabilidad de un país, ser muy cuidadosos en no generar una oferta de profesionales que los sistemas sanitarios no pueden abordar. El Sistema Nacional de Salud no puede absorber todos los puestos de trabajo. Esto nos está pasando con los médicos y nos va a seguir pasando con los médicos.

Más cuestiones que me han ido señalando. En cuanto al límite de gasto, presentamos unos presupuestos acordes con lo que nosotros tenemos presupuestados. Evidentemente, a este secretario general le gustaría tener más suficiencia financiera para hacer más cosas, pero creo que hay que ser corresponsable y leal con los presupuestos asignados y el crecimiento que se está produciendo en los presupuestos puede parecer insuficiente, puede parecer insuficiente, pero, como en todas cosas, hay una tendencia al alza que va en consonancia con el desarrollo y con el modelo de sostenibilidad que nos hemos marcado para el país.

Alguien me preguntaba sobre la obesidad infantil; me lo ha preguntado la señora Tundidor. En cuanto a la obesidad infantil, este ministerio, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria está tremendamente preocupado; es más, está realizando distintos estudios en el ámbito escolar y le puedo decir que seguimos teniendo un problema pero ya en la última encuesta Aladino se plantea una pequeña claridad. Hemos bajado 3 puntos en la tasa de sobrepeso en los niños de seis a nueve años, y esto no siendo un éxito parece que va avanzando. Pero el tema de la obesidad infantil es una responsabilidad de toda la sociedad y es un desequilibrio entre lo que uno ingiere y lo que uno gasta; por tanto, no es responsabilidad solo de los poderes públicos. Creo que todos nosotros, en nuestro afán educativo con nuestros hijos, tenemos una responsabilidad para avanzar en este tema.

Me preguntaban sobre el excedente alimentario, qué hace el ministerio, que hace la seguridad alimentaria. Le puedo decir que hay un plan nacional contra el excedente, que lo lidera el Ministerio de Agricultura, el Mapama, en el que además participan entidades locales y autonómicas, que sí se preocupan de cómo se gestiona este excedente alimentario. Por tanto, es una línea de trabajo que está abierta.

También me hacían una referencia al tema del poco dinero para formarnos en el tema de consumo. Me hablan de 31 000 euros. Estos son proyectos para financiar la formación de posgraduados. Evidentemente, puede parecer que sea así, pero en nuestra estrategia está prevista una iniciativa para mejorar la competencia de las personas en el tema del consumo responsable. Creo que este también es un proceso de educación.

Me han hablado de presupuestos, de que si sube, de que hay muy poco dinero. Yo le puedo decir que este año el presupuesto de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha crecido casi un 13 %. Vuelvo a decir lo mismo, ha pasado de 32 millones a una cantidad superior. Yo no sé si esto es poco o mucho, pero hay una tendencia in crescendo. Cuando veo presupuestos, prefiero que vayan creciendo sistemáticamente y que no tengamos picos y valles que nos lleven a no cumplir con los objetivos, y creemos que es suficiente para los objetivos que podemos alcanzar. No olvidemos en qué mensualidad estamos, estamos en abril; los presupuestos van a estar aprobados en el mes de junio. No queremos encontrarnos con una imposibilidad de gestionar presupuestos también. Ha habido experiencias de cierres presupuestarios anticipados, etcétera. Estas son algunas de las explicaciones que quiero dar al grupo de la señora Tundidor, que me ha preguntado sobre el tema de consumo y obesidad.

La representante del Grupo Socialista, Begoña, hace una crítica. Yo no soy una persona que me guste reaccionar a la crítica, soy un hombre tranquilo, pero yo la invitaría, con absoluta prudencia, a que revise el histórico de lo que ha representado el hospital de Melilla desde el año 2008, nada más. Usted es joven, lo celebro, pero convendría que revisara el histórico del hospital de Melilla del año 2008. Ustedes tendrían que hacerse una idea -y no voy a dar muchos detalles- de lo que se ha hecho, de lo que se tendría que haber hecho, de cómo se aprobó un presupuesto, y seguro que se hizo con la mejor de las intenciones, todos con el objetivo de ofrecer a una ciudad la atención mejor posible. Pero es que hemos tardado cerca de diez años en deshacer un nudo gordiano, y ahora queremos trabajar.

En relación al Ingesa, me preguntaba el representante de Ciudadanos si son poco o mucho los 75 millones. Estamos hablando de obra, no estamos hablando de equipamiento. Probablemente el equipamiento pueda ascender a otros 15 o 20 millones, pero estamos hablando de obra, obra que, por


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cierto, ahora son 75, pero cuando se presupuestó eran 40 millones de euros. Yo no quiero hacer ninguna crítica, pero quiero que ustedes no pierdan la memoria histórica.

Se ha hecho también una referencia, por el Grupo Socialista, a que no contemplamos las desigualdades de género dentro de las políticas de estrategias de salud. Perdónenme, yo les aconsejo que se lean las estrategias de salud, nada más, y vean si hay una diferenciación de las estadísticas en función del género de las personas. Yo mismo hace unos días he estado en un foro de salud y mujer, donde se ha hablado de las políticas de género.

En cuanto a si me parece suficiente la interoperabilidad, si somos capaces entre todos de alcanzar el cien por cien, yo les puedo decir que somos ejemplo en Europa en la interoperabilidad, porque no hay ningún país en Europa, de los veintisiete países, que pueda presentar unos resultados en los que un profesional, desde su despacho, con una firma electrónica pueda acceder con la autorización del paciente a su historia clínica resumida. Y este es un valor que tiene nuestra sociedad sanitaria y que tenemos que poner en valor en los debates europeos, y que nos copien; podemos exportar conocimiento en la interoperabilidad. Y creo que la sociedad española, a través de los presupuestos, sí que ha hecho un importante esfuerzo de inversión en la interoperabilidad. No le voy a dar los datos, pero seguro que usted lo puede encontrar perfectamente para que vean los cientos de millones que se han introducido en este tema.

También han hecho referencia a congelar el presupuesto de la ONT. La representante del Partido Popular creo que ha dicho una cosa que es una gran verdad. Los presupuestos tienen que estar acordes con los objetivos y con una gestión eficiente de los mismos. La ONT es un modelo en cumplimiento de actividad, ¿por qué tenemos que multiplicarlo por dos o por tres? Dejemos que trabajen y, cuando tengamos carencias, miraremos los presupuestos.

Me referiré a algunos otros apartados. Yo no me vanaglorio de nada, ni sacamos pecho, estamos presentando unos presupuestos, unos presupuestos para la sociedad española, con los que ustedes pueden estar de acuerdo o estar en desacuerdo, pero creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer de estos presupuestos una herramienta útil para avanzar en la salud y en la salud pública de nuestros ciudadanos. No comparto la afirmación de que la hepatitis C es un desastre, basta con que usted pregunte a uno de los 71 000 ciudadanos a los que la sociedad española, con su inversión, le ha cambiado la vida, a él, a su familia y a toda su descendencia. En el tema de la hepatitis C, que curan una enfermedad que mata -perdonen la vulgaridad, pero es así-, yo conozco pocos tratamientos que hayan resuelto este tema, sí, con un coste, claro que sí, y con unos precios que han ido mejorando con el paso del tiempo, claro que sí, y que podríamos haber mejorado su gestión, probablemente, pero hemos tratado a 71 000 ciudadanos, que el día que en este país se haga un estudio serio sobre el coste y efectividad de lo que hemos hecho, nos llevaremos algunas sorpresas. Simplemente posición y punto de vista.

Respecto a Fórum y Afinsa, no es que sea una cosa especial. Desde el año 2007, se decidió la reparación de ese quebranto que tuvieron unas personas que se vieron envueltas en un escenario desafortunado, que había que darles un dinero, y se decidió que fuera el Instituto de Consumo, ahora la Aecosan quien fuera dando ese dinero al organismo intermediador, que es el ICO. Por tanto, nosotros lo que hacemos es cumplir un mandato que data del año 2007. Por tanto, no es que ahora se priorice a Fórum y Afinsa como una cosa especial.

Ya me he referido a la formación de posgraduados con los 31 000 euros, que evidentemente es una inversión para la formación en consumo. La señora Botejara me hacía dos preguntas: enfermedades raras, distrofia muscular de Duchenne, y CSUR. Esta era la pregunta concreta que me hacían. Nosotros lo que pretendemos es que a través de esta compensación, a través de esta partida presupuestaria, de 3 780 000 euros, queremos iniciar una vía para atender las enfermedades raras, pero no lo va a decidir el ministerio, lo vamos a trabajar con el consejo interterritorial, y van a ser las comunidades autónomas, con el ministerio o con un grupo de expertos, los que vayamos generando la cultura de ver en qué condiciones, bajo qué tipo de patologías, qué abordamos, si solamente el tratamiento clínico o el tratamiento del medicamento, etcétera. Por tanto, no están definidas las enfermedades raras. Usted se refería a la enfermedad de Duchenne, y yo le podría mencionar Sanfilippo, por ejemplo, otra enfermedad. Pero creo que es un paso en el que todos tenemos que trabajar para aquellas personas y familias que tienen esa desesperación, porque tienen una enfermedad de este tipo, y podamos ver una solución. Creo que sería bueno, a lo mejor, replicar el modelo que tenemos de hormona de crecimiento, no sé, es un ejemplo que podíamos trabajar para que un grupo operativo fuera el que analizara los casos y nos vayamos, de alguna forma, quitando esa presión, que es humana y que es importante, que tienen muchas veces los propios


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facultativos a la hora de tomar una decisión. Lo entendemos como una oportunidad, sin más crítica al presupuesto, como una oportunidad.

Me preguntaba también por Farmaindustria. Evidentemente, la ministra ha estado en una reunión de Farmaindustria, como ha estado con Fenin, como ha estado con Aeseg, dentro de lo que deben ser sus relaciones con las instituciones que forman parte, y como lo está haciendo, evidentemente, con los consejeros que está visitando en muchas comunidades autónomas. Hoy mismo la ministra, en un viaje que tenía con sus majestades en representación y acompañándoles, está visitando al consejero de Canarias, para abordar la preparatoria del consejo interterritorial. Esa visita fue simplemente protocolaria, pero sí que es cierto, y lo voy a contar, que tenemos firmado un convenio con Farmaindustria, está firmado. Y hace unos días hubo una reunión en el ministerio del comité institucional, al que están invitadas todas las comunidades autónomas y en el que está Hacienda, Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad, porque el objetivo de ese convenio es lograr un crecimiento sostenible del gasto farmacéutico y ver que de alguna forma podemos monitorizar el gasto para que este gasto no sea, digamos, insostenible y que al final complique el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Me han preguntado también por precios de referencia e innovación. Creo que este es uno de los temas que también se va a abordar en esta legislatura. Al señor Igea, que me ha hecho esta pregunta, le señalo que vamos a buscar qué modos más adecuados tenemos para gestionar los mejores precios de referencia, sobre todo en los medicamentos innovadores. Es una oportunidad que seguro que logramos alcanzar consenso.

En el tema de talidomida, ya he respondido. En las enfermedades raras creo que más o menos tenemos una posición parecida; en el Ingesa también le he comentado el presupuesto que tenemos previsto; agradecemos el apoyo de su grupo en la preparación y defensa de la Agencia Europea del Medicamento para que venga a España, creo que es una oportunidad muy relevante para nuestro país. Es verdad que en turismo sanitario estamos en contacto con el INSS para analizar bien el reglamento para que no tengamos un agujero, como dice su señoría, en este apartado.

Respecto al tema de trabajar en los criterios de exclusión de las personas con VIH de los objetivos de empleo público, evidentemente por nuestra relación con el Ministerio de Empleo nos gustaría avanzar en esta línea; somos conscientes de que hay que poner en marcha todos los mecanismos que eviten exclusiones de las personas.

En cuanto a volver a colaborar con el Fondo para la lucha contra la malaria y la tuberculosis, dentro de la colaboración global, bien sabe que esta es una competencia que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es más, en estos días hemos mantenido reuniones porque saben ustedes que en los próximos días, en el mes de mayo, se elige el sustituto o la sustituta de la doctora Chang, en la OMS, hay una elección y hay tres candidatos que han pasado a la final, el representante inglés, el representante etíope y la representante pakistaní.

Para terminar, creo que he ido dando respuesta a la gran mayoría de preguntas, seguramente me habré dejado alguna fuera. No tengo inconveniente en podérsela aclarar después o charlar. Quedo a su disposición. Les agradezco el tiempo que me han atendido, lamento la hora, es un poco tarde. Solamente les reitero que, como ciudadanos y como representantes, tenemos la obligación de apoyar unos presupuestos en beneficio de la sociedad española.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castrodeza. En nombre de la Comisión le agradecemos su presencia y sus explicaciones.

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que tenemos Mesa y junta de portavoces para confeccionar el orden del día de la próxima reunión de la Comisión.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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