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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 157, de 15/03/2017
cve: DSCD-12-CO-157
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 157
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
Sesión núm. 11
celebrada el miércoles,
15 de marzo de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Lesmes Serrano), para presentar:

- Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, así como memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2015. A petición del Consejo General del Poder Judicial. (Número de expediente 245/000002) ... (Página2)

- Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, así como memoria del Tribunal Supremo correspondiente a 2015. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000031) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.

La señora PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián): Señorías, no solo la tradición sino también el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea esta presidenta la que dé la bienvenida a la Comisión de Justicia al presidente del Consejo General del Poder Judicial y sitúe la razón y el contenido de su comparecencia. En primer lugar, bienvenido, señor presidente; bienvenida que hago extensiva a los vocales del consejo, así como a todos los miembros del mismo que están presentes en esta sala.

Declaro abierta la sesión de la Comisión de Justicia convocada para la celebración de la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales, así como la memoria del Tribunal Supremo correspondientes al ejercicio 2015.

Señor presidente, habiendo concluido esta breve presentación, me permitirá que sea la presidenta de la Comisión de Justicia la que a partir de este momento lleve la dirección del debate. De nuevo, bienvenido, señor presidente, y tiene la palabra la señora presidenta. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes. Tal y como ha dicho la señora presidenta del Congreso, vamos a dar comienzo a la sesión a efectos de la presentación de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales, correspondientes al año 2015.

Cuando quiera tiene la palabra el señor Lesmes Serrano.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Lesmes Serrano): Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero comenzar mi intervención saludando a todos los miembros de la Mesa y a todos los integrantes de esta Comisión de Justicia, pues es la primera vez que tengo la oportunidad y el honor de comparecer ante sus señorías en la presente legislatura. Saludo muy especialmente a los nuevos portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a quienes felicito por su nombramiento, les deseo éxito en el desempeño de su función y, sobre todo, les traslado mi más sincera oferta de colaboración. Estoy convencido de que todos en esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados comparten con el Consejo General del Poder Judicial un mismo objetivo: la mejora de nuestra justicia.

Desde el más absoluto respeto al principio de separación de poderes como pieza angular del correcto funcionamiento de nuestro Estado de derecho, creo que la leal colaboración entre las instituciones y los poderes del Estado, compartiendo ideas, propuestas y reflexiones con espíritu constructivo, es la manera a través de la cual podremos avanzar en dar a los ciudadanos, a quienes todos nos debemos, respuesta eficaz a sus demandas y necesidades. Por ello, señorías, les manifiesto desde ya que en el Consejo General del Poder Judicial, que tengo el inmenso honor de presidir, encontrarán una institución abierta al diálogo, colaboradora y dispuesta a aportar dentro de nuestro ámbito competencial soluciones para los problemas sin duda importantes que aquejan a nuestra justicia. Saludo también a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que hoy nos acompañan en esta sesión, a los profesionales de los medios de comunicación y al resto de asistentes, entre los que me van a permitir destacar a los representantes del personal funcionario y laboral del Consejo General del Poder Judicial que, por primera vez, han venido a presenciar este encuentro.

Como saben sus señorías, mi última comparecencia ante esta Cámara se celebró el día 29 de abril del pasado año, en un momento ciertamente peculiar, con las Cortes Generales a punto de ser disueltas y a las puertas de unas segundas elecciones generales. Sin embargo, como quedó de manifiesto, aquellas circunstancias no impidieron que, desde la normalidad en el funcionamiento de las instituciones, el máximo representante del Poder Judicial diera cuenta al Parlamento, y por tanto a los ciudadanos a través de sus representantes, del necesario análisis sobre la situación de la justicia. Con ello, además, daba cumplimiento al compromiso que asumí al inicio de mi mandato en el sentido de favorecer que las Cámaras dispusieran de los datos más relevantes sobre la situación de la justicia con la mayor inmediatez posible. Como saben sus señorías, la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales se presenta oficialmente en el solemne acto de apertura de tribunales que se celebra en el mes de septiembre y en dicha memoria se recogen todos los datos relativos al año inmediatamente anterior. Ello venía provocando en etapas anteriores que el análisis de la Comisión de Justicia del Congreso de los últimos datos oficialmente presentados y el correspondiente intercambio


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de impresiones con el presidente del Consejo General del Poder Judicial se realizara con un excesivo desfase temporal entre el momento de la comparecencia y el momento al que se referían los datos objeto de estudio, dificultando de modo ciertamente notable la eficacia y utilidad de este mecanismo de rendición de cuentas. Por ello, en la comparecencia del pasado mes de abril de 2016, aunque la última memoria anual oficialmente presentada era la de 2015 con datos del año 2014, ya pude facilitar a los integrantes de esta Comisión datos estadísticos cerrados a 31 de diciembre de 2015. Estos datos de 2015 son los que precisamente figuran ya de manera oficial en la última memoria presentada y espero que coincidan conmigo en que no tendría mucha utilidad que volviera a exponerles unos datos que ya trasladé en esta Comisión el pasado mes de abril. Por ello, si me lo permiten y para que todos podamos hacer un análisis más provechoso de la situación, en la panorámica de la justicia con la que comenzaré mi intervención manejaré los datos más actualizados de que disponemos en este momento, que son los relativos al año 2016, cerrados a 31 de diciembre, que los servicios de estadística del consejo acaban de procesar y que para una mejor comprensión y análisis les hemos anticipado a sus señorías la semana pasada. Asimismo, en lo relativo a las actividades del Consejo General del Poder Judicial me limitaré a exponer los avances o novedades más destacadas producidas desde mi última comparecencia, pues lo que quiero muy especialmente en el día de hoy es compartir con sus señorías en mi primera comparecencia de esta legislatura los planteamientos a futuro en los que estamos trabajando en el consejo. Como les decía al inicio de mi intervención, considero fundamental la colaboración entre los poderes del Estado; creo que un diálogo constructivo y el intercambio de ideas entre instituciones debe permitirnos realizar un análisis adecuado de la situación actual de nuestra justicia y de los cauces para mejorarla. Por ello, junto con la explicación de lo hecho en los últimos meses, dedicaré especial atención a lo que podemos hacer.

Comienzo, como es obligado, dándoles una panorámica de la situación general de la justicia española con los últimos datos de que disponemos, cerrados a 31 de diciembre de 2016. En cuanto a los principales indicadores estadísticos sobre la actividad judicial, les puedo señalar que en 2016 han tenido ingreso en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.031 asuntos, habiéndose resuelto 6.070.530 y quedando en tramitación al final del periodo 2.234.652. Efectuando comparaciones con el año anterior, estos datos indican que el número de asuntos ingresados ha disminuido en un 31,4 % respecto de 2015 y que el número de asuntos resueltos se ha reducido en un 30,4 %, mientras que los asuntos en trámite han descendido en un 8,2 %. Los jueces y magistrados han dictado un total de 1.442.652 sentencias en 2016, lo que supone un 4,7 % menos que en el año anterior. La importante reducción interanual en el número de asuntos ingresados tiene su principal causa, confirmando algo que ya anticipé en mi última comparecencia, en la entrada en vigor de dos importantes leyes; por un lado, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de junio de 2015 y que supuso la destipificación de algunas conductas y la sustitución de los juicios de faltas por los juicios por delitos leves; y por otro lado, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015 y que reformó el artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de establecer, con carácter general, que no se remitirán a los juzgados de Instrucción los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado. La consecuencia ha sido, como cabía prever, una notable reducción en el volumen de ingreso de asuntos en este tipo de órganos, los juzgados de Instrucción; reducción cifrada en un 49,2%, lo que ha supuesto un descenso del ingreso en el total de la jurisdicción penal del 42%. Esta disminución de ingreso de asuntos en el orden jurisdiccional penal también ha supuesto un descenso parecido en el volumen de asuntos resueltos en esta jurisdicción, que ha bajado en un 41,8%, lo que se explica por el hecho de que estos asuntos que han dejado de ingresar en los juzgados de Instrucción son asuntos que se resolvían de forma inmediata, por lo que, en valores absolutos del año, también son menos los asuntos que se han contabilizado como resueltos. Como explicaré más adelante, esta circunstancia produce una distorsión importante en la evolución de la tasa de pendencia del año 2016. Por otro lado, vinculado a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada en 2015, en un aspecto de gran trascendencia como es la modificación del artículo 324 sobre los plazos máximos para la práctica de diligencias de instrucción, les puedo informar, señorías, que los jueces declararon 62.922 asuntos como de instrucción compleja en el año 2016. En el segundo semestre del año, pasado el efecto de la disposición transitoria de la Lecrim, el porcentaje de asuntos declarados de instrucción compleja fue inferior al 2%. Y a 1 de enero de 2017, el porcentaje de asuntos complejos en tramitación sobre el total de asuntos pendientes era del 15,4% en los juzgados de Instrucción, del 7,5% en los de violencia sobre la mujer y del 43,4% en los de la Audiencia Nacional.


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Pasando a la jurisdicción civil, puedo informar a sus señorías que han ingresado en 2016 un total de 1.868.228 asuntos, lo que representa un 9,9% menos que en el año 2015. Se han resuelto 1.966.745 asuntos y han quedado en tramitación 1.037.352; es decir, 28.682 asuntos en trámite menos que los computados a 31 de diciembre 2015. Dentro de esta jurisdicción, la civil, la mayor disminución porcentual se ha observado en los juzgados de lo Mercantil, con un 37,8% menos, mientras que en los juzgados de Primera Instancia la reducción ha sido del 11,6%; en los juzgados de Familia del 1,9%, y en los juzgados mixtos del 10,5%. Así pues, en mayor o menor porcentaje el descenso en la entrada de asuntos ha sido generalizado para todos los juzgados del orden civil.

La significativa reducción de asuntos ingresados en los juzgados de lo Mercantil puede venir motivada por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye la competencia para conocer de los concursos de persona natural que no sea empresario a los juzgados de Primera Instancia, competencia esta que, como saben sus señorías, anteriormente correspondía a los juzgados de lo Mercantil. Se han presentado 1.579 asuntos de esta naturaleza en el pasado año 2016. La misma Ley Orgánica 7/2015 ha atribuido también la competencia de las acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación y a la protección de consumidores y usuarios a los juzgados de Primera Instancia. Así, en los Juzgados de lo Mercantil, el número de demandas relativas a condiciones generales de contratación ha pasado de 28.918 en 2015 a 2.081, en 2016.

Pasando a las grandes cifras de la jurisdicción contencioso-administrativa, en 2016 han ingresado un total de 196.155 asuntos; es decir, un 1,3% menos que en 2015, habiéndose resuelto 213.649 y quedando en tramitación 191.840, lo que supone un 7,3% menos que a finales de 2015. Por último, en cuanto a la jurisdicción social, en 2016 han ingresado 382.579 asuntos, lo que representa un 4,3% menos que el año anterior; se han resuelto 400.831 asuntos y han quedado en tramitación 282.768; es decir, un 9,5% menos que en el año 2015.

Por lo que respecta a los grandes indicadores de la panorámica de la justicia, la tasa de litigiosidad en 2016 ha descendido en un 29,5% respecto del año 2015. Esta tasa, que mide el volumen de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, ha quedado cifrada en 2016 en 124,86, cuando en 2015 se situó en 177,23. En relación con este acusado descenso en la tasa de litigiosidad global, es especialmente importante tener en cuenta su desglose por jurisdicciones, pues las variaciones de la litigiosidad en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social se sitúan en cifras más habituales: un 3,8% en civil, un 2,8% en social, y un muy leve aumento del 0,1% en contencioso-administrativo, mientras que en la jurisdicción penal el descenso de la litigiosidad se ha situado en un 41,1%, lo que puede ser, sin duda, un efecto de la reforma legal, de la que ya hemos hablado, sobre los atestados policiales sin autor conocido que, desde diciembre de 2015, ya no computan en la estadística judicial. En cuanto a la tasa de resolución, que representa el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en el año, se ha situado al cierre del año 2016 en un 1,04 en cómputo global, lo que nos indica un aumento del 2,2% respecto de 2015. La tasa de resolución ha aumentado especialmente en el orden jurisdiccional civil, con un incremento del 8,8% respecto del año anterior. Las variaciones son muy poco acusadas en los órdenes penal y social. En penal ha aumentado un 0,4% y en social ha bajado un 0,1%, mientras que se aprecia una bajada notable de la tasa de resolución en la jurisdicción contencioso-administrativa, cifrada en un descenso del 5,9% respecto del año anterior.

Pasando a la tasa de congestión, que es la suma de asuntos pendientes al inicio del año más los registrados en el año dividido entre los asuntos resueltos en dicho año, se ha situado en 2016 en el 1,36 de media para todas las jurisdicciones. Esto representa un incremento del 6,2% respecto de la contabilizada en 2015. Por jurisdicciones ha aumentado un 6,3% en el orden penal y un 0,7% en el contencioso-administrativo, mientras que ha bajado un 3,9% en el orden civil y un 2,6% en el social. Por último, la tasa de pendencia, es decir el cociente entre los asuntos pendientes al final del año y los resueltos en ese periodo, se ha situado en 2016 en el 0,37%, lo que nos indica que estamos ante un aumento de la tasa de pendencia global del 30,6% respecto a 2015, si bien existen grandes diferencias por órdenes jurisdiccionales que también nos pueden hacer pensar en ese impacto puntual que ha tenido en el año 2016 la entrada en vigor de importantes reformas legales. Así, en contra de la tendencia al aumento que se constata a nivel global, la tasa de pendencia ha disminuido en un 5,5% en el orden civil, en un 0,3% en el orden contencioso-administrativo y en un 5,4% en el orden social, mientras que ha aumentado muy significativamente -el 50,2%- en el orden penal. Por tanto, como antes les indicaba, el incremento global interanual de la tasa de pendencia, que en cualquier caso no es lo mismo que el número de asuntos


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pendientes a final de año, que ha descendido realmente en un 12,6% en el orden penal, parece que se debe imputar solo a esta jurisdicción con un crecimiento tan inusitado como probablemente transitorio.

Hasta aquí, señorías, una panorámica muy general de los grandes datos de la justicia española a la finalización del año 2016 que creo que nos pueden servir para extraer algunas conclusiones. La primera de ellas debería ser la cautela a la hora de valorar la evolución de estas cifras en el último año, pues resulta muy evidente que la entrada en vigor de las reformas legales que les he mencionado están teniendo un impacto muy acusado en la estadística judicial, especialmente en lo que se refiere a la jurisdicción penal pero también en la civil y en la mercantil. Es probable que estemos ante un periodo de transición y que la estadística de 2016 se haya visto en cierto modo distorsionada por el efecto de las mencionadas reformas legales. Ello dificulta, al menos este año, la realización de valoraciones sobre la evolución de los datos globales pudiendo ser en cierta medida engañosas las comparaciones puramente cuantitativas entre 2015 y 2016. La prudencia nos aconseja esperar a tener un horizonte de actividad judicial más amplio para, una vez absorbido el efecto puntual de la entrada en vigor de las nuevas leyes, evaluar adecuadamente cómo están evolucionando las grandes cifras de nuestra justicia. En cualquier caso, aun después de tener en cuenta este efecto puntual de las reformas legales, lo cierto es que no cabe apreciar grandes vuelcos en la capacidad de respuesta que actualmente tienen nuestros órganos judiciales para absorber la carga de trabajo que se les genera. Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con los países de nuestro entorno. Y aunque nuestros jueces son capaces a nivel global de resolver más asuntos de los que ingresan, lo cierto es que siguen existiendo en buena parte de nuestros juzgados y tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia. En este punto creo necesario volver a insistir en que sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra justicia para cuyo diseño, planificación e implementación el Consejo General del Poder Judicial sigue estando plenamente dispuesto y abierto a colaborar.

Pasando, señorías, a otro bloque de materias, en cuanto a la actividad del Consejo General del Poder Judicial en este último año 2016 y comenzando por los aspectos más vinculados al funcionamiento interno de la institución, estamos comprobando con satisfacción cómo se siguen consolidando los principios con los que arrancó el actual mandato del consejo, nacido de la reforma aprobada en el año 2013. Así, desde la más firme voluntad de servicio tanto al interés general como al juez, la eficacia, el consenso y la austeridad en la gestión siguen marcando nuestro día a día en el órgano de gobierno del Poder Judicial. En lo que llevamos de mandato y hasta diciembre de 2016 la comisión permanente del consejo ha adoptado un total de 17.866 acuerdos y se ha seguido incrementando la media de acuerdos aprobados por reunión. En 2014 se alcanzó una media de 57 acuerdos por sesión de la comisión permanente; esta cifra se elevó hasta los 95 acuerdos por sesión en el año 2015, y en 2016 la comisión permanente ha adoptado 107 acuerdos de media por reunión. Por tanto, se sigue incrementando la eficacia resolutiva del órgano de gobierno al que corresponde el grueso de la gestión ordinaria de asuntos. Por lo demás, al igual que señalé respecto al año 2015, en 2016 el consejo ha seguido efectuando todos los nombramientos de los cargos judiciales que le competen dentro de los plazos legalmente establecidos. Asimismo, el consenso sigue siendo una de nuestras señas de identidad. A lo largo del año 2016, en el pleno, donde se adoptan las decisiones de mayor trascendencia, se han adoptado un total de 207 acuerdos, de los que 162, es decir el 78,2% se han adoptado por asentimiento y unanimidad; en los demás casos, por mayoría.

En lo que se refiere a nuestra actividad económica-financiera, de la que también debemos dar cuenta como organismo público que somos, podemos decir que el año 2016 ha supuesto ya la estabilización de nuestras dotaciones presupuestarias tras seis años continuados de importantes ajustes en nuestro presupuesto global. El Consejo General del Poder Judicial, gracias a la labor desarrollada por la comisión de asuntos económicos, ha sido capaz de dar cumplimiento al mandato constitucional que exige que la programación y ejecución del gasto público responda a los criterios de eficiencia y economía sin que se haya resentido nuestro nivel de eficacia ni la calidad de nuestra actividad. El consejo ha funcionado a lo largo de 2016, como ya lo hizo a lo largo de 2015, con un presupuesto de 54,8 millones de euros que, recordemos, son 23,2 millones de euros menos -un 29,7%- que en el año 2010. Esto nos permite afirmar que con menos presupuesto hemos hecho más. Con menos presupuesto global hemos aumentado la dotación de las partidas que implican servicios al juez y modernización de la justicia, es decir, Cendoj, formación, mediación, unidad de apoyo a las causas de corrupción, etcétera.

Consolidado este esfuerzo de racionalización y a la vista de los satisfactorios niveles de ejecución presupuestaria que hemos alcanzado en 2016, niveles medios cercanos al 85% respecto de los créditos


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iniciales, de cara al futuro prevemos mantener ya nuestro nivel de financiación con un proyecto de presupuesto para el año 2017 que, si bien aún no ha sido aprobado, plantea un incremento global del 1,98% derivado fundamentalmente del aumento en 2017 del número de jueces en prácticas, cuyas retribuciones se satisfacen con cargo a nuestro presupuesto. Lo que no crecerá en nuestro próximo presupuesto será el capítulo de gastos corrientes, el más vinculado a la necesaria austeridad que debe caracterizar el funcionamiento de las instituciones públicas, que de hecho seguimos ajustando con descensos previstos en 2017 superiores al 3%. Los ahorros vinculados a los gastos de altos cargos del consejo, de los que ya he dado cuenta en anteriores ocasiones, se han seguido consolidando y aumentando en 2016; a modo de ejemplo, las partidas destinadas a gastos de protocolo han descendido en un 77,23% entre 2013 y 2016 en términos de presupuesto inicialmente aprobado; y en un 90,25% en términos de gasto realizado. Si en 2013 se gastaron 32.062 euros en atenciones protocolarias, en 2016 se han gastado únicamente 3.125 euros. Como les decía antes, un 90% menos.

Por otro lado, como organismo público que somos y obligados por lo tanto a mejorar la eficacia de nuestra actividad, seguimos haciendo un esfuerzo importante en materia de política de transparencia, buen gobierno y modernización. En este sentido, a lo largo de 2016, bajo el impulso de los principios que inspiran la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, hemos desarrollado distintos proyectos que con el ambicioso horizonte del papel cero tratan de ir sentando las bases de una Administración electrónica eficiente y adaptada a las exigencias del siglo XXI. Algunos de estos proyectos, como la automatización del registro de solicitudes y quejas cursadas por canales informales de comunicación, han arrancado con éxito el pasado año y alcanzan ya miles de tramitaciones. En otros de mayor impacto, como es el caso de la digitalización de toda la entrada en soporte papel, seguimos trabajando. Asimismo, en 2016 hemos habilitado un sistema de presentación telemática de instancias para los concursos de traslado de jueces y magistrados que permite agilizar la tramitación y resolución de estos procesos. La implantación de este sistema se ha utilizado ya en varios procesos de concursos de traslado, compaginándolos con la utilización de la instancia tradicional en papel, siendo nuestra intención que en un futuro cercano las solicitudes para los concursos de traslado se presenten exclusivamente en vía telemática; la realidad nos indica que vamos por el buen camino, pues en el último concurso de jueces que se ha convocado, cuyo plazo de presentación de instancias finaliza precisamente hoy, ya son más de un 80% los jueces y magistrados que han optado voluntariamente por presentar sus solicitudes en vía telemática. Igualmente, hemos habilitado una aplicación en el entorno privado de la web del consejo que permite a los miembros de la carrera judicial acceder a la información sobre su situación actual y a todos los datos históricos de su trayectoria profesional. Respecto de los ciudadanos, se encuentra en vías de implantación una aplicación informática específica para la tramitación de las quejas y reclamaciones que se presentan ante la unidad de atención al ciudadano del consejo, que ha supuesto una importante inversión en tecnología para mejorar nuestra atención a los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de ir mejorando nuestro funcionamiento interno, de adaptarnos a los principios de modernización que han de regir toda la actividad pública y de ofrecer una mejor respuesta a los colectivos con los que nos relacionamos. Por estos mismos motivos, seguimos avanzando decididamente en lo que se ha convertido ya de manera definitiva en una de las señas de identidad del Consejo General del Poder Judicial: la transparencia. Estamos en un momento muy especial en el que se presentan nuevos retos y nuevas necesidades para dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos ante la justicia y todos los operadores jurídicos tenemos que aunar fuerzas para poder responder de manera eficaz.

En cuanto al Poder Judicial como institución se refiere, uno de los principales retos, en mi opinión, está en reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos, incluso en ocasiones se trata de recuperar la confianza perdida. Contamos para ello -estoy convencido- con el más eficaz de los instrumentos, la transparencia, que debemos convertir en guía permanente de nuestra actividad, en pauta de comportamiento constante y en criterio de actuación irrenunciable. En mi anterior comparecencia pude exponer con detalle en esta Cámara en qué se había traducido la apuesta del consejo por la transparencia. El portal de transparencia José Luis Terrero Chacón, en funcionamiento desde julio de 2014, se ha consolidado como un instrumento útil para ciudadanos y profesionales. Las visitas a los portales de transparencia del Poder Judicial -en este momento veinte portales de transparencia en el consejo, en todos los tribunales superiores de justicia, en los órganos centrales y en el Tribunal Supremo- se han multiplicado por cuatro en los últimos años. Este afán de transparencia también lo hemos llevado a nuestra página web. En 2016, el número de visitas a la web pública poderjudicial.es ha alcanzado la cifra de 5.472.033 visitas, un 60% más que las que fueron contabilizadas en el año 2012. La constante actualización de la página web del


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Poder Judicial como poder público, así como la difusión de información y de sentencias, ha convertido la página web del Poder Judicial, según el índice Alexa, en la primera web más visitada de todos los órganos constitucionales de nuestro país. Alentados por estos datos, hemos seguido avanzando y, como anuncié en mi última comparecencia, ya es una realidad la posibilidad de consultar las autorizaciones de compatibilidad para el desarrollo de otra actividad que el Consejo General del Poder Judicial otorga a los miembros de la carrera judicial. Especialmente relevante ha sido la puesta en marcha, a mediados del mes de febrero, del portal de transparencia del Tribunal Supremo, que ha supuesto la culminación del proceso de extensión de la política de transparencia a todos los órganos de gobierno de los tribunales iniciado en noviembre de 2015. Los profesionales de la justicia y el público en general tienen acceso, por primera vez, a los señalamientos de las cinco salas del Tribunal Supremo y a los acuerdos de su Sala de gobierno. También se pueden consultar, entre otros contenidos, los perfiles profesionales de todos los magistrados del alto tribunal y de los miembros, a su vez, del gabinete técnico. Asimismo, por primera vez, cualquier ciudadano puede seguir la tramitación de su caso y conocer en qué fase procesal se encuentra el mismo. La respuesta ciudadana también está siendo alentadora; desde el 14 de febrero, es decir, en tan solo un mes, ya hemos recibido 300 peticiones de información en este portal de transparencia del Tribunal Supremo. Este nuevo hito, el portal de transparencia del Tribunal Supremo, es fruto del convencimiento, señorías, de que la incorporación de la transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas es un proceso imparable. Desde este mismo convencimiento, tras un duro y complejo trabajo de coordinación y de ordenación de información, el pasado 12 de enero de este año 2017 presentamos en el Consejo General del Poder Judicial el repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción, dando cumplimiento a un compromiso que asumí voluntariamente ante esta Comisión parlamentaria en mi primera comparecencia de mayo del año 2014. Con este repositorio, que es de acceso público, estamos ofreciendo a los ciudadanos una forma hasta ahora inexistente de conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, dando un paso más, esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones. Es la primera vez que en España se dispone de un instrumento de esta naturaleza. Se ofrece información, que se irá actualizando trimestralmente, sobre los casos de corrupción que llegan a juicio -contando a partir del auto de apertura de juicio oral o de procesamiento para evitar dar una imagen de realidad poco fiable o distorsionada- y sobre las condenas o absoluciones en su caso dictadas. Todos los datos pueden ser consultados a nivel global para todo el territorio nacional o seleccionando, de manera detallada, el ámbito territorial de cada tribunal superior de justicia, con lo que podemos disponer igualmente de lo que ya se está denominando el mapa de la corrupción. Nuestro objetivo es, valiéndonos de la transparencia, aportar instrumentos para que la sociedad perciba que la justicia responde, reafirmando el indeclinable compromiso del Poder Judicial en la lucha contra un fenómeno delictivo que tanto daño hace a la credibilidad de las instituciones y a la confianza de los ciudadanos.

Entrando ya en otras cuestiones, señorías, qué duda cabe que el Consejo General del Poder Judicial es y debe ser la casa de los jueces. Ya he señalado en numerosas ocasiones -y quisiera reiterarlo hoy aquí- que la cercanía del consejo con los jueces es un objetivo en el que venimos trabajando desde el inicio y que este órgano, además de órgano de gobierno del Poder Judicial, debe ser el depositario de las inquietudes, preocupaciones y propuestas de los integrantes de la carrera judicial. Por ello, seguimos esforzándonos en tener contacto directo con los jueces y magistrados, así como con las asociaciones judiciales. En abril del pasado año les dije que desde mi toma de posesión había tenido encuentros de trabajo con más de 700 jueces destinados en distintos puntos de nuestra geografía. En este momento ya son más de 1.200 los miembros de la carrera judicial con los que he tenido ocasión de reunirme y de escucharles. Además, los vocales del consejo, en el marco de sus responsabilidades y encomiendas de gestión, están en permanente contacto con la carrera judicial, con los órganos gubernativos y con los distintos territorios. Como expondré más adelante con toda profundidad, la figura del juez, especialmente en su faceta de servidor público y artífice de la paz social, está en el centro de los planteamientos a futuro en los que estamos trabajando actualmente en el consejo. A ello se une una gestión diaria de los asuntos que les afectan orientada a mejorar las condiciones en las que desarrollan la trascendental misión que tienen encomendada.

En este campo, señorías, solo por destacar algunos aspectos relevantes, a lo largo de 2016 hemos seguido trabajando de manera intensa en la prevención de riesgos laborales de la carrera judicial. Aprobado en 2015 un plan de prevención de riesgos específico, durante el año 2016 se ha procedido a


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realizar las evaluaciones iniciales de riesgos y la planificación de medidas preventivas hasta completar la totalidad de las sedes judiciales de todo el territorio nacional.

En materia de prevención de riesgos, ciertamente inciden de manera muy directa las condiciones ambientales y físicas en las que se desarrolla la actividad profesional, por lo que también es importante que las administraciones competentes tengan en cuenta esta realidad a la hora de planificar y ejecutar sus actuaciones de dotación de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia. Desde la Unidad de prevención de riesgos laborales del consejo se presta asesoramiento continuo a los tribunales superiores de Justicia en sus competencias gubernativas y también se colabora con la autoridad laboral, como se establece en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se continúa con la gestión de la salud profesional a través de la realización de reconocimientos médicos anuales y con el impulso del deber de formación en materia preventiva. En cualquier caso, como expondré con mayor nivel de detalle en la parte final de mi intervención, el planteamiento del Consejo General del Poder Judicial en esta materia está siendo un planteamiento global, encaminado a diseñar un sistema de protección social de la carrera judicial que aborde los distintos elementos de dicha protección con una visión integradora y de futuro, desde el convencimiento de que la mejora de las condiciones en las que se ejerce la función jurisdiccional beneficia no solo a los propios jueces, sino también a la eficiencia y calidad del funcionamiento de juzgados y tribunales. Como les digo, señorías, al final de mi intervención me detendré en este aspecto.

Elemento también de gran interés y relevancia para la carrera judicial es el relativo a la situación de los jueces en expectativa de destino que, como saben sus señorías, ha venido motivado por la paralización en la creación de plazas judiciales. El gran número de jueces en esta situación precaria era probablemente el gran problema de la carrera judicial y preocupó de manera muy especial al actual consejo desde el inicio de su mandato. En aquel momento, a finales de 2013, nos encontramos con 395 jueces en expectativa de destino. Para remediar esta situación se han venido convocando de manera continuada a lo largo de estos años concursos de traslado de jueces, de magistrados y de promoción de una a otra categoría con la finalidad de conseguir el mayor número de plazas desiertas en la categoría de juez. El año 2016 se inició todavía con 239 miembros la carrera judicial en situación de expectativa de destino. En mi anterior comparecencia, en abril de 2016, ya les señalé que esta cifra se había reducido hasta 119. Pues bien, en este momento, gracias a ese proceso continuo de convocatoria de concursos, ya podemos anunciar que hoy por hoy no tenemos jueces sin plaza, pues se acaba de dotar de destino propio a los integrantes de la 66 promoción de la carrera judicial. Por tanto, a lo largo de estos años hemos logrado que las promociones de 64, 65 y 66 tengan destino propio. En todo caso, esta situación podremos mantenerla hasta que a finales de este año 2017 salgan de la escuela los integrantes de la 67 promoción, que podrán tener destinos propios en función de si se crean o no nuevas plazas judiciales, por lo que aprovecho para poner de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas en número suficiente.

Por otro lado, en un tema que me consta que también interesa a esta Comisión parlamentaria, ya se ha aprobado por el pleno del consejo, concretamente en su sesión del pasado 24 de noviembre, el reglamento de desarrollo del estatuto de los jueces de adscripción territorial y los jueces en expectativa de destino, norma con la que se pretenden garantizar los objetivos de agilización de la justicia y mejora de los estándares de calidad que se perseguían con la introducción de la figura de los JAT en el año 2009.

En cuanto a otros servicios de apoyo a los jueces, el centro de documentación judicial, que este año celebra el veinte aniversario de su creación, ha seguido aumentando la base de datos de jurisprudencia, siendo ya más de seis millones las resoluciones incorporadas a su fondo documental, cifra que considero especialmente destacable teniendo en cuenta además que la misma está siendo acompañada de una mejora en el diseño y en los sistemas de búsqueda del fondo documental. Asimismo, en el portal de e-Justicia, que dispone de un potente motor de búsqueda de resoluciones judiciales, somos con diferencia el país de la Unión Europea que más resoluciones tenemos incorporadas, actualmente más de tres millones, triplicando al siguiente país, que es Italia, y multiplicando por ocho las resoluciones incorporadas por el tercer país de la lista, que son los Países Bajos. El Cendoj ha centrado también buena parte de sus esfuerzos en 2016 en la creación de un nuevo portal de estadística judicial más intuitivo, completo y accesible, que ha sido publicado a partir de este año 2017, al tiempo que sigue reforzando su ya importante presencia internacional, ganando visibilidad y prestigio como centro puntero en materia de nuevas tecnologías y justicia, ya sea en el ámbito de la Unión Europea, donde participa activamente en los proyectos Justicia en línea, ECLI o Legivoc, o en el ámbito iberoamericano mediante su participación en los grupos de trabajo de nuevas tecnologías de la Cumbre Judicial Iberoamericana, sin olvidar la incorporación de nuevos servicios de gran utilidad para nuestros jueces, como han sido dos grandes


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proyectos ya hechos realidad: el Diccionario del español jurídico y el Libro de estilo de la Justicia. La inestimable colaboración de la Real Academia Española ha permitido que no solo los jueces, sino todos los operadores jurídicos, puesto que el diccionario ya está disponible on line y pronto lo estará también el libro de estilo, tengan a su disposición dos magníficas obras destinadas a incrementar la calidad de nuestra justicia.

También como servicio de apoyo a los jueces, y en este caso además como otra manifestación de la implicación del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, me gustaría informarles sobre la actividad desplegada en 2016 por la Unidad de apoyo de causas por corrupción que, como saben su señorías, se creó en marzo de 2015 como instrumento técnico del consejo al servicio de la carrera judicial para la adopción de medidas de apoyo en el caso de que los jueces aprecien dificultades a la hora de investigar y/o enjuiciar causas complejas relacionadas con la corrupción. Si en 2015 fueron dieciocho las solicitudes de apoyo recibidas en esta unidad, en 2016 han sido veintitrés las peticiones cursadas por parte de los jueces. La mayoría de ellas han sido resultas por la comisión permanente previo informe favorable del servicio de inspección del consejo, siendo las medidas de refuerzo judicial de carácter personal las más solicitadas junto a la adopción de medidas tendentes a recabar de las administraciones públicas la colaboración necesaria. A la vista de todo ello, creo que podemos hacer una valoración bastante positiva de la Unidad de apoyo a las causas por corrupción y ello porque, a pesar de su corto recorrido, se presenta ya como una herramienta útil y cercana a toda la carrera judicial en la lucha contra la corrupción. En los últimos meses se ha venido apreciando un lento incremento -pero incremento- de las peticiones de auxilio, motivadas tanto por el conocimiento de la propia unidad como por la confianza de los jueces y magistrados en los instrumentos de auxilio que la misma presta.

De cara al futuro, con el objetivo de seguir aprovechando al máximo el potencial de esta unidad, estamos trabajando en tres grandes áreas de actuación. En primer lugar, la publicación y difusión, que se producirá en las próximas semanas, de la Guía de actuación en causas complejas de corrupción, realizada por jueces y fiscales expertos en corrupción y que recogerá todos los instrumentos existentes en la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como internacional, así como las buenas prácticas procesales en la instrucción de las causas complejas por corrupción en todas y cada una de las diferentes etapas procesales. En segundo lugar, la inclusión en el plan de formación de la carrera judicial para este año 2017 de varios cursos con el fin de que los jueces, tanto si instruyen procedimientos por corrupción como si no, puedan intercambiar experiencias y fijar protocolos de actuación. Finalmente, el estudio de posibles propuestas de reformas legales que mejoren la respuesta judicial ante estos graves delitos, así como el estudio de otros mecanismos estables o fórmulas de colaboración que faciliten la puesta a disposición de los juzgados con mayor inmediatez de los medios personales y materiales que resulten necesarios para el buen fin de las investigaciones. En este sentido, les puedo anunciar, señorías, que estamos trabajando en la posibilidad de crear una red de expertos en corrupción que sirva de apoyo al instructor integrada por jueces y magistrados especializados tanto en el ámbito de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma como en la Audiencia Nacional, en el bien entendido de que ello en ningún caso supondría una intromisión en la actividad jurisdiccional sino un apoyo para los jueces en el desarrollo de cuestiones instrumentales del proceso. Queda patente, por lo tanto, nuestra implicación en la lucha contra la corrupción, un ámbito en el que además es necesario reforzar la cooperación internacional penal, así como luchar contra los grandes paraísos fiscales.

Pasando a otros servicios del consejo, la Escuela Judicial, que también cumple veinte años este año 2017, ha mantenido y ampliado su actividad en 2016. La formación de nuestros jueces es una gran prioridad, tanto la inicial como la continua, lo que nos está llevando a armonizar criterios, actualizar, especializar, cooperar con entidades y colectivos profesionales y sobre todo con otros órganos del Estado. Asimismo, en la planificación formativa el Consejo General del Poder Judicial ha fomentado la transparencia y la participación de toda la carrera en la elaboración del plan estatal. En los últimos años el consejo ha modificado la tipología de las acciones formativas, abundando más en el formato de los seminarios, talleres y encuentros, habiéndose incrementado de forma considerable las acciones formativas on line y la colaboración con otras universidades, coparticipando en másteres y cursos de especialización. Hemos querido aumentar la oferta formativa en el ámbito de los derechos fundamentales, los derechos humanos, la actualización jurídica permanente, la inmigración, la extranjería y el asilo, el papel cero y las nuevas tecnologías, la mediación, el derecho de familia, la transparencia, la ética judicial, la protección de datos, la ciberseguridad y la ciberdelincuencia, la comunicación, la violencia de género, los menores, las víctimas, etcétera. Se han aumentado los recursos presupuestarios destinados a la formación continua cuando el


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presupuesto general del consejo, como antes les decía, ha disminuido de manera muy notable. El total de recursos presupuestados en 2016 en el presupuesto del consejo para toda la formación ascendió a 7.890.530 euros, un 2% más que el año pasado, es decir, 152.960 euros más. En cuanto a la formación continua, el presupuesto repitió las cantidades del año anterior, es decir, 3.719.270 euros. Estas cifras, señorías, creo que son importantes en un contexto presupuestario descendente y son las que nos han permitido incrementar respecto del año 2015 la oferta de formación continua de la Escuela Judicial, con un total de 429 acciones formativas programadas en 2016 -en 2015 fueron 348- y una convocatoria de 7.778 plazas -mientras que en 2015 fueron convocadas 6.071-. Cerrado el año 2016, han participado en algunas de las actividades de formación continua ofertadas por la Escuela Judicial un total de 3.123 jueces, es decir, más de la mitad de los integrantes de la carrera judicial. Del total de jueces y magistrados participantes en las actividades formativas, el 47,6% son hombres y el 52,35% son mujeres. En 2017 se seguirán reforzando las actividades formativas del consejo con algunas novedades importantes como, por ejemplo, la creación de un foro permanente de formación sobre justicia y economía, en cuyo diseño ya estamos trabajando, con la finalidad de que nuestros jueces perfeccionen sus conocimientos y preparación en materias tan importantes para los ciudadanos como las cláusulas suelo y, en general, las distintas cuestiones jurídico-económicas y financieras.

En cuanto a la actividad del consejo orientada de una manera más directa hacia el ciudadano, mención especial merece el terrible fenómeno de la violencia de género, cuyos datos y estadísticas del número de víctimas -especialmente duro está siendo este año 2017- nos siguen poniendo de manifiesto con toda su crudeza que todavía es mucho el esfuerzo que debemos hacer para erradicar esta lacra. El compromiso del Consejo General del Poder Judicial a través del Observatorio contra la violencia doméstica y de género se sigue reforzando de manera permanente, conscientes de que una respuesta institucional firme, eficaz y coordinada es imprescindible para avanzar en esta lucha. Ciertamente, como ya he dicho en otras ocasiones, solo conseguiremos acabar con esta dura realidad si actuamos desde el origen del problema; esto es, educando, concienciando, cambiando estereotipos sociales. La respuesta penal y judicial es desde luego fundamental y nos corresponde a los integrantes del Poder Judicial, pero aunque no sea nuestra función específica también quiero, como representante de los jueces, ponerlo de manifiesto. Hemos de educar en la igualdad y en el respeto. Tenemos que ayudar a los más jóvenes a que de manera espontánea y por propia convicción consideren rechazables los comportamientos violentos de dominación y control, sean estos explícitos o sutiles. Solo si ellos están convencidos, acabaremos erradicando esta enfermedad social. La educación, la prevención, la divulgación son a mi juicio fundamentales. Obviamente también lo es, como ya he dicho, la respuesta judicial, y les puedo asegurar, señorías, que el Poder Judicial no va a escatimar esfuerzos. Los últimos datos del Observatorio de violencia doméstica y de género, correspondientes al año 2016 y que, como saben, hemos hecho públicos hace escasos días, nos indican un aumento de las denuncias por violencia de género, de las condenas a los maltratadores y de las medidas de protección a las víctimas. Más de 134.000 mujeres aparecen como víctimas de violencia machista en las 142.893 denuncias presentadas en los órganos judiciales, cifra de denuncias que supone un incremento del 10,6% respecto de las presentadas en el año 2015. En 2016 también volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a la violencia de género. Frente al 62,6% de condenas que se produjeron en 2015, en el pasado año el porcentaje de sentencias condenatorias se elevó hasta el 66,2%, es decir, un aumento del 3,6%. Asimismo, como dato que considero especialmente destacable, aumentaron las medidas de protección a mujeres y menores, destacando las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación, que crecieron más de 22 puntos porcentuales; más de un 64% de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas, 7 puntos porcentuales más que el año anterior.

Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, en 2016 se adoptaron 60.831 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, entre las que destaca la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, que se adoptaron en un 98 y un 96% de los casos respectivamente, lo que supone, como ya les he dicho, un importante incremento de 22 puntos respecto a las adoptadas en 2015. Al mismo tiempo, se dictaron 16.485 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal; un 31,3% de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 26,5 resolvieron la atribución de la vivienda, 7 puntos porcentuales más que en el año anterior. En un 8,4% de los casos, las medidas supusieron la suspensión de la guardia y custodia de los hijos y en un 5,7% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas, cifras ambas que suponen un incremento de casi 2 puntos en relación con el año 2015.


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Estas grandes cifras nos hacen pensar que sigue creciendo la sensibilidad institucional hacia el fenómeno de la violencia de género y sobre todo nos deben llevar a la conclusión de que la justicia responde, que nuestros órganos judiciales funcionan aplicando la ley con rigor en un proceso con todas las garantías. Las sentencias condenatorias crecen, así como la adopción de medidas de protección, lo que favorece que la ciudadanía perciba que no hay impunidad ante este tipo de comportamientos. Sin embargo, algo sigue fallando, cada mujer asesinada lo pone de manifiesto con toda crudeza. Por todo ello, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial no ceja en su empeño y de nuevo en 2016 ha incrementado su nivel de actividad. El pasado día 15 de febrero la vocal y presidenta del observatorio trasladó a esta Cámara mediante comparecencia ante la subcomisión parlamentaria creada en el seno de la Comisión de Igualdad una serie de propuestas de reforma para la mejora de la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia. Como ya sabrán sus señorías, la presidenta del observatorio, en consonancia con los criterios del grupo de expertos constituido en su seno, ha propuesto varias reformas legales con el objeto de posibilitar una mejor respuesta institucional frente a la violencia contra la mujer. No es este el momento, para no extenderme demasiado, de dar detalle de todas las propuestas presentadas, pero permítanme tan solo, pues el tema es de gran importancia, dejarlas apuntadas ante esta Comisión.

La presidenta del observatorio habló de la posibilidad de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de suprimir la dispensa de la obligación de declarar que actualmente se contempla para las víctimas de violencia de género, siempre y cuando sean denunciantes o estén personadas en la causa para ejercer la acusación particular. También señaló la conveniencia de ampliar el concepto de violencia de género, en consonancia con el Convenio de Estambul y algunas recomendaciones de la ONU. Hablamos de incluir conductas como la de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos, los matrimonios forzosos, el tráfico o favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación sexual, las mutilaciones genitales, el aborto y la esterilización forzosa, y el acoso sexual. Asimismo, se puso sobre la mesa la posibilidad de revisar algunos aspectos del Código Penal en lo relativo a la regulación de ciertas atenuantes, a la nueva tipificación de delitos de ciberdelincuencia de género y a la preceptividad o no de la pena de alejamiento en las condenas por violencia de género y la pena de privación de la patria potestad en los casos de homicidio o asesinato, lesiones graves o violencia habitual, a fin de que el condenado no disponga de derecho alguno sobre los hijos. Por otro lado, junto con las reformas legales se han presentado propuestas para mejorar la respuesta institucional de la Administración de Justicia frente a la violencia contra la mujer en lo relativo a cuestiones como la necesaria integración informática de los sistemas de datos; la introducción de mejoras en la atención de víctimas que entran en el sistema institucional, mejoras que deben regirse por los imperativos de acogida, acompañamiento y adecuadas medidas de protección que refuercen su seguridad, tanto física como emocional; el perfeccionamiento de los mecanismos de valoración del riesgo de la víctima; el establecimiento de la obligatoriedad de la asistencia letrada a las víctimas en las comisarías, o la mejora de la coordinación en los servicios sociales. También se ha planteado la posibilidad de extender la jurisdicción de algunos de los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, lo que permitiría compatibilizar la especialización del órgano judicial con el acercamiento de sus recursos a todas las mujeres siempre que la distancia del domicilio lo permita; la necesidad de impulsar y potenciar las unidades de valoración forense y las unidades de atención a la víctima, o la conveniencia de reflexionar sobre la posibilidad en el área de la formación de contar con una verdadera especialidad en materia de violencia contra la mujer para los integrantes de la carrera judicial. Con la presentación de estas propuestas, señorías, queremos colaborar activamente en la deseable aprobación de un pacto de Estado contra la violencia de género, que también es objetivo de esta Cámara. Les transmito expresamente, aprovechando esta oportunidad, que cuentan para ello con la colaboración y el esfuerzo que sea necesario por parte del Poder Judicial.

Volviendo a la actividad del consejo, otras cuestiones sociales que también nos preocupan son, como ya saben sus señorías, las relacionadas con los desahucios. Tras un laborioso trabajo de revisión de convenios anteriormente suscritos en esta materia, cuyas cláusulas difícilmente podían ser cumplidas por los jueces, y desde el convencimiento de que también el Poder Judicial puede ser cauce para detectar situaciones de vulnerabilidad, a lo largo del año 2016 se han suscrito convenios con las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana. Recientemente ha sido aprobado el convenio a suscribir con Galicia y se encuentran en tramitación los de las comunidades autónomas de la Región de Murcia, La Rioja y el País Vasco. Gracias a estos convenios vamos contando


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con mecanismos eficaces para que por la vía de la colaboración se puedan activar los mecanismos de protección social ante casos de vulnerabilidad derivados del lanzamiento de la vivienda familiar. Respondiendo a esta misma realidad social, el Consejo General del Poder Judicial acaba de asumir el documento previamente elaborado por un grupo de trabajo titulado Recomendaciones sobre buenas prácticas procesales en la tramitación de los juicios rápidos por delitos leves de usurpación, con el que se persigue establecer un conjunto de reglas a modo de buenas prácticas procesales en los procedimientos por delitos leves de usurpación, cuando el perjudicado no es un particular y los denunciados son miembros de unidades familiares necesitadas de especial protección y se encuentran en riesgo de exclusión social, que permitan garantizar la tutela de los derechos de todas las partes involucradas en el proceso -perjudicados y denunciados- al tiempo que se racionalicen las consecuencias de la conversión de un delito leve de las usurpaciones de bienes inmuebles. Dada la trascendencia social de este asunto, el Consejo General del Poder Judicial se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para difundir su contenido entre los miembros de la carrera judicial, principalmente en el ámbito de las actuaciones formativas.

Por otro lado, conscientes también del impacto que tanto para los ciudadanos como para la propia Administración de Justicia van a tener los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, el Consejo General del Poder Judicial ha planteado la necesidad de poner en marcha un plan de urgencia que permita dar respuesta a la previsible entrada masiva de asuntos en nuestros órganos judiciales. Para ello hemos mantenido recientemente reuniones con los presidentes de todos los tribunales superiores de Justicia y con los jueces decanos de las principales ciudades de España. El plan de urgencia contempla la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo su territorio, para conocer de la materia relativa a las acciones individuales prevista en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios. Esta competencia territorial, extendida a toda la provincia, permitirá dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan. Los juzgados que sean especializados, aquellos que se ofrezcan voluntariamente o en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia el que se encuentre en mejor situación, contarán con el refuerzo de uno o varios jueces de adscripción territorial, que recibirían formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta. Esta formación específica ya ha sido diseñada y elevada la semana pasada a la comisión permanente del consejo, incluyendo la misma un curso específico on line, la creación de una comunidad virtual, la celebración de una jornada presencial en Madrid y la edición de un libro electrónico que contenga todo el material docente de esta actividad formativa. No obstante, en cualquier caso es evidente que para que este plan de urgencia alcance plena efectividad las medidas de refuerzo también deben incluir el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales. Por eso también ha sido tratado con el Ministerio de Justicia en una reciente reunión de la Comisión mixta Ministerio-Consejo y se ha encomendado a los presidentes de los distintos tribunales superiores de Justicia que mantengan los necesarios contactos con las administraciones autonómicas competentes. El pleno del consejo celebrado el pasado día 23 de febrero hizo pública una declaración institucional en la que ponía de manifiesto que el plan no podrá entrar en funcionamiento si no cuenta con los medios suficientes. Por eso hemos instado a las distintas administraciones a que adopten las medidas necesarias, incluyendo la creación de nuevas plazas de JAT y la inmediata convocatoria de oposiciones para el ingreso en la carrera judicial con un número suficiente de plazas.

En otro orden de cosas y en cuanto a la mediación, instrumento que, como saben sus señorías, consideramos fundamental para una mejor atención al ciudadano y en cuyo desarrollo seguimos plenamente implicados, en el Consejo General del Poder Judicial se ha actuado en tres frentes. Por un lado, el apoyo a la instauración de servicios de mediación intrajudicial, lo que se desarrolla fundamentalmente a través de la firma de convenios de colaboración con entidades públicas y asociaciones. Tras los veintiún convenios firmados en 2015, a lo largo de 2016 se han suscrito o renovado un total de veintisiete convenios. Por otro lado, el segundo eje de actividad es la formación de los jueces en mediación, en cuyo contexto se han desarrollado en 2016 cinco cursos de mediación, a los que han acudido 150 jueces, además de la celebración de encuentros específicos con jueces decanos. En este ámbito hay que destacar la intensa actividad de visitas a los territorios, encuentros con jueces decanos, presidentes de audiencias y operadores jurídicos locales desplegada por la Unidad técnica de mediación y por los vocales responsables del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, se ha elaborado una nueva guía de mediación


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intrajudicial, que fue presentada en noviembre de 2016, instrumento que consideramos necesario y de gran importancia para contribuir a uniformar las prácticas de mediación y a lograr una mayor calidad, facilitando el trabajo no solo a los jueces sino también al resto de los profesionales y operadores jurídicos. Por último, como tercer eje de actuación, se ha incidido en la difusión de este recurso, ya que la esencia voluntaria de la mediación para las partes en litigio haría ilusoria su puesta en práctica si la ciudadanía no la conociera, no reclamara su uso o la rechazara. Para ello se han organizado distintos actos públicos, se han editado y distribuido trípticos y carteles, se han firmado convenios con los principales operadores jurídicos y con universidades, y se mejora continuamente en el contenido de nuestra página web. En estos momentos hay unos 245 órganos judiciales derivando a mediación familiar, unos 250 órganos derivando a mediación penal y 111, a mediación civil, a la vez que se están desarrollando importantes experiencias piloto en las jurisdicciones mercantil, social y contencioso-administrativa.

Señorías, voy terminando ya con este repaso y dación de cuenta de la actividad más destacada del Consejo General del Poder Judicial en el año 2016. No quiero dejar de hacer mención, aunque sea muy somera, a la actividad desplegada por otros servicios y unidades del consejo. Así, les quiero recordar que seguimos firmemente comprometidos con la implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración de Justicia, porque somos conscientes de que ayudarán de manera decisiva a proporcionar el mejor servicio al ciudadano. Aun cuando la dotación de recursos tecnológicos a juzgados y tribunales corresponde a las administraciones con competencias en materia de justicia, el consejo está participando de modo muy activo en todo este proceso. Nos hemos desplazado a todos los territorios de España para observar de primera mano el estado de la implantación del expediente judicial electrónico, hemos liderado grupos de trabajo con las administraciones en el seno del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica para denunciar las deficiencias detectadas y proponer soluciones satisfactorias, y hemos impulsado con las administraciones la solución de problemas críticos logrando que prioricen sus esfuerzos en lugar de dedicarlos a objetivos que entendíamos menos urgentes. Asimismo, en el seno del propio consejo hemos buscado alternativas a soluciones implantadas por algunas administraciones que por su falta de operatividad generaban rechazo entre jueces y magistrados, todo ello en estrecha colaboración con los organismos implicados. En dichas soluciones debe destacarse la forma de remisión de los expedientes administrativos utilizando las herramientas puestas a disposición por el Ministerio de Administraciones Públicas. En definitiva, está habiendo una directa implicación del órgano de gobierno del Poder Judicial con las distintas administraciones competentes para hacer realidad la necesaria transformación digital de la Administración de Justicia, pues estamos convencidos de que en esta transformación mejorará la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. Somos conscientes de que el proceso es complejo, pero también sabemos que es imparable, por lo que todos debemos tener una actitud constructiva para superar las dificultades que inevitablemente se están produciendo.

En cuanto a otros servicios del consejo, el promotor de la Acción Disciplinaria ha incoado el pasado año 1.035 diligencias informativas y se han iniciado un total de 41 expedientes disciplinarios, una cifra que no supone grandes variaciones respecto de los 33 expedientes incoados en 2015 o de los 39 que fueron incoados en 2014. En la Unidad de atención al ciudadano, también dependiente del promotor, se han recibido en 2016 un total de 17.481 asuntos, de los que 8.335 han sido expedientes de queja tramitados por el propio Consejo General del Poder Judicial. El volumen global de quejas de los ciudadanos ha experimentado una cierta tendencia a la baja respecto de las computadas en el año 2015. Estaremos atentos a la evolución de este dato a la vista de que también en otras instituciones parece que se observa una cierta tendencia al descenso en el volumen de quejas presentadas por los ciudadanos en materia de justicia. Así lo ha señalado recientemente la defensora del Pueblo en la presentación de su memoria anual de 2016, constatando que las quejas presentadas por dilaciones indebidas en procedimientos judiciales registraron un notable descenso el pasado año. En total la institución recibió 141 quejas, frente a las 176 de 2015.

En cuanto al Servicio de inspección del consejo, que en 2016 ha obtenido la renovación del sello de excelencia Aeval, concedido por la Agencia de Evaluación y Calidad, ha realizado el pasado año 248 inspecciones presenciales a órganos judiciales, todas ordinarias salvo una extraordinaria, así como dos inspecciones virtuales, una en marzo y otra en octubre, en cada una de las cuales se han analizado todos y cada uno de los órganos judiciales del territorio nacional. Por su parte, el Foro de justicia y discapacidad del consejo ha mantenido durante el pasado año 2016 una importante actividad institucional tendente a tratar con otras instituciones las variadas cuestiones que atañen a las personas con discapacidad, destacando nuestra participación en la Conferencia anual de los derechos de las personas


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con discapacidad celebrada en la Academia de Derecho Europeo. En las seis reuniones mantenidas por el órgano rector del foro se han tratado cuestiones como la privación del derecho de sufragio activo a las personas cuya capacidad haya sido modificada judicialmente o la adecuación de la legislación española al artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otros, temas que, como sabrán sus señorías, han sido o están siendo objeto de atención parlamentaria. En este ámbito, desde el Consejo General del Poder Judicial seguiremos impulsando las políticas de formación, especialización y apoyo institucional para conseguir una justicia accesible para todas las personas; es nuestra obligación, pero también es nuestro deseo.

La Comisión de Igualdad, junto con sus actividades habituales de formación en materia de igualdad y fomento de la conciliación de la vida familiar y profesional, así como de constante reivindicación de una participación más equilibrada de las mujeres en los puestos de responsabilidad en la judicatura, ha dado en 2016 un impulso definitivo a la política de tolerancia cero frente a todas las formas de acoso en la carrera judicial mediante la puesta en funcionamiento del protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera judicial, creando además una red nacional de asesores confidenciales encargados de velar por su adecuada aplicación en los territorios de las distintas comunidades autónomas.

En el ámbito de la actividad internacional 2016 ha sido un año especialmente intenso en el reforzamiento de nuestros lazos de colaboración con los poderes judiciales de otros países y en el incremento de nuestra presencia y proyección internacional, de manera destacada en lo que se refiere a la Unión Europea. El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo del Reino de España acogió por primera vez como anfitrión el coloquio anual de la Red de presidentes de cortes supremas de la Unión Europea, lo que nos dio la oportunidad de ser protagonistas de un encuentro en el que los presidentes de los tribunales supremos de todos los países de la Unión Europea compartimos interesantes experiencias y reflexiones sobre cuestiones jurídicas de gran relevancia para los ciudadanos europeos en estos momentos. Asimismo, hemos recibido recientemente la visita del presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, encuentro especialmente destacable dada la gran trascendencia que para la seguridad jurídica de nuestro país están teniendo algunos de los pronunciamientos de este tribunal y reforzando nuestra presencia institucional entre los poderes judiciales de los socios comunitarios, supuso una gran noticia para España que en el pasado mes de junio de 2016 una vocal del Consejo General del Poder Judicial español fuera elegida presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.

En el ámbito iberoamericano, una vez pasado el testigo de la secretaría permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana a nuestros colegas de Uruguay, en el consejo estamos redoblando esfuerzos para intervenir activamente en las demás actividades de la cumbre, habiendo obtenido representación en todas sus comisiones y estando integrados en todos los grupos de trabajo de la XIX edición. En este año 2017, la segunda reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana tendrá lugar en Madrid, cita que aprovecharemos para seguir impulsando el proyecto de elaboración de un diccionario panhispánico del español jurídico que con tanta ilusión estamos liderando, también en colaboración con la Real Academia Española. Finalmente, igualmente creemos importante que el Poder Judicial de España tenga presencia y protagonismo en otras áreas geográficas, lo que nos está llevando a participar en proyectos de cooperación con distintos países como Croacia, Serbia, Turquía, Ucrania, Túnez o Egipto.

Hasta aquí, señorías, la dación de cuenta de este Consejo General del Poder Judicial que puedo formalizar ante la Cámara casi un año después del anterior. No obstante, como les decía al principio, querría dedicar parte de mi intervención a compartir con ustedes ideas y reflexiones sobre un asunto que está centrando en este momento buena parte del trabajo del consejo.

En el pasado mes de abril de 2016 ya lo apunté en esta Comisión. El Consejo General del Poder Judicial quiere contribuir a la elaboración de un programa de reformas desde la más absoluta lealtad institucional y el afán constructivo, estableciendo condiciones objetivas y necesarias para asegurar la calidad de la justicia y reforzar la independencia del Poder Judicial, concebida esta como un derecho y como una garantía al servicio de los ciudadanos. Este programa acometería la cuestión desde una doble vertiente. En una de ellas se abordarían todas aquellas reformas estructurales que aún tenemos pendientes y que tan necesarias resultan para la modernización de nuestra justicia. Me refiero muy especialmente a dos grandes reformas: una nueva arquitectura judicial y la definitiva aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto a la nueva estructura judicial, señorías, vuelvo a insistir. Sigue siendo necesario que abordemos, desde el consenso y la participación de todos, el diseño de una nueva organización territorial


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de la justicia que supere la actual atomización de nuestras demarcaciones judiciales, fuente de grandes ineficiencias, y apueste por un nuevo modelo organizativo basado en la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, lo que estoy seguro que nos permitiría alcanzar mayores cotas de eficacia. Hasta tanto esto no se produzca, el Consejo General del Poder Judicial no renuncia, en uso de sus competencias propias, a estudiar la implantación de cuantas medidas nos permiten incrementar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la capacidad de respuesta de nuestros órganos judiciales. En este sentido, las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, muy especialmente la que realiza la Ley Orgánica 7/2015, han ampliado las posibilidades tendentes a la mejor organización y gestión de nuestro sistema judicial a través de un conjunto de medidas, algunas de las cuales como la especialización de órganos judiciales, la modificación de normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos o la aprobación de medidas de apoyo pueden ser adoptadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial.

La comisión permanente del consejo consideró que debían explorarse estas posibilidades para lograr una organización más eficiente de los medios, lo que se está traduciendo en el diseño de un plan de redimensionamiento y optimización de la planta y redistribución de la carga de trabajo, elaborado con el servicio de inspección del consejo y con los distintos tribunales superiores de Justicia a lo largo del año 2016. Aunque este plan aún no este formalmente aprobado por la comisión permanente ya nos hemos inspirado en él para elaborar el plan de especialización ante las cláusulas suelo de que antes les hablé, así como para emitir el informe que se nos ha solicitado respecto de las previsiones de aumento de la planta judicial penal en los tribunales superiores de Justicia para hacer frente a la reforma procesal sobre la segunda instancia penal. Creemos que este documento va a constituir un magnífico ejercicio de planificación realizado por el consejo sobre la planta judicial, que podrá también servir de apoyo en la toma de decisiones por parte de las administraciones competentes.

Por otro lado, como les decía, también es preciso que se acometa definitivamente la reforma global de nuestro proceso penal, que a pesar de las importantes modificaciones parciales que se han ido aprobando sigue regido por un modelo poco acorde con las exigencias de los nuevos tiempos. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal. Creo que hay margen suficiente para explorar un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue las garantías procesales con la celeridad. Esto exigirá reflexionar sobre todos los elementos que configuran el proceso penal, incluido -por qué no- el asunto de los aforamientos en el que, por cierto, señorías, creo que es necesario actuar con rigor, sabiendo cuál es la realidad y el sentido y finalidad de la misma. La realidad -y no sé si en algún momento se ha llegado a manejar esta cifra- es que en España existen actualmente casi 250.000 aforados. De estos, algo más de 232.000 lo son de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estatales, autonómicos y locales; cinco son miembros de la familia real y el resto, 17.603, pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. En estos 17.603 aforados se incluyen políticos de ámbito estatal y autonómico, así como los miembros de la carrera judicial y fiscal que representan la mayor parte de este número e integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, los defensores del Pueblo -estatal y autonómicos- etcétera. En todos estos casos, no son exactamente los mismos ni el alcance ni la extensión de los aforamientos y, probablemente, tampoco lo sea su justificación, pero como les decía, señorías, es necesario analizar la situación desde el máximo rigor posible y tratar de trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales.

Hemos de tener en cuenta que el aforamiento es, en muchas ocasiones, una garantía para el ejercicio de determinadas funciones públicas que, precisamente, están destinadas a la protección de los derechos fundamentales de todos. Sería el caso de los jueces, los fiscales, la policía. Esta garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos del aforamiento, sin duda, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria. Asimismo, en otros casos, el aforamiento se concibe como un elemento de garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular, figura que no existe en los ordenamientos jurídicos de otros países, por lo que teniendo clara la realidad en la que nos movemos -cuántos, quiénes, por qué y con qué alcance están aforados- sería bueno que el asunto de la reforma de los aforamientos, que sin duda es necesaria, no se desvincule de una deseable reforma global de nuestro proceso penal que mantenga, como también decía antes, los necesarios equilibrios

En cualquier caso, señorías, en estas grandes reformas y en la implantación de cuantas medidas, fruto de la reflexión y del consenso, nos aseguren un nuevo modelo estable y de calidad tienen garantizada la leal colaboración del Consejo General del Poder Judicial.


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La otra vertiente de la que les hablaba es la relativa a la carrera judicial y al estatuto del juez. Nos parece imprescindible abordar todos los aspectos de la actividad judicial que nos permitan situar a los jueces españoles en una posición reforzada para afrontar los retos del siglo XXI. Me refiero con ello al ingreso en la carrera, a la selección, a la formación, a la especialización, a la excelencia, a la protección social, a la ética judicial, a la responsabilidad, a la independencia, a la provisión de destinos, a la evaluación del desempeño de los jueces, a los nombramientos. En definitiva, a todo lo que configura el estatuto del juez. Este es, señorías, el documento en el que venimos trabajando y que hemos denominado El libro de la Justicia. Criterios de la carrera judicial para una Justicia del siglo XXI.

Quisiera mencionar, aunque sea someramente, algunos de los contenidos más relevantes de estos trabajos, en el bien entendido de que nos encontramos aún en una fase preliminar del proyecto que solo podrá darse por definitivo previa decisión del pleno del consejo, en el que están integrados la totalidad de los vocales. Así pues, lo que les presento hoy aquí, señorías, son ideas para el debate y para la reflexión, abriendo un proceso que queremos realizar de manera muy participativa y en el que vamos a potenciar la máxima aportación y participación de la carrera judicial, de las asociaciones de jueces y de los órganos de gobierno de juzgados y tribunales. Asimismo, las conclusiones las pondremos a disposición del Parlamento, del Gobierno y de las comunidades autónomas.

Por el momento, de entre estas ideas quisiera destacar hoy ante esta Comisión el aspecto relativo al diseño de una nueva carrera judicial. Creo que ya contamos con una carrera judicial altamente cualificada y preparada para el desempeño de su labor, pero no es menos cierto que no debemos renunciar a mejorar. Podemos avanzar en aspectos como la especialización, la excelencia, la formación continua, al objeto de situar a los jueces en una mejor posición para dar respuesta a la sociedad. Con esta intención, en el Consejo General del Poder Judicial estamos reflexionando sobre la posibilidad de articular un nuevo diseño de carrera, basado, como digo, en la especialización, la excelencia y la formación, así como en la evaluación continua de los jueces, con la finalidad de proporcionar a los miembros de la carrera judicial un cursus honorum estructurado y predecible, que finalmente tenga su expresión en el acceso a los máximos cargos jurisdiccionales y gubernativos de la carrera, de manera que el margen de discrecionalidad en la designación de dichos cargos quede reducido al mínimo imprescindible.

No debemos renunciar, en suma, a conseguir que la carrera judicial sea una auténtica carrera profesional que, por un lado, enriquezca, motive y perfeccione a sus integrantes y, por otro, favorezca de manera directa una mayor calidad de la justicia. El Poder Judicial español se nutre de licenciados o graduados en derecho, a los que se exige una alta capacitación inicial mediante un proceso selectivo riguroso y severo, diseñado para hacer prevalecer el mérito y la capacidad de los candidatos. Este sistema, aunque pueda ser mejorable en cuanto al contenido concreto de las pruebas de acceso, es eficaz y adecuado para la selección de los mejores candidatos, además de revelarse también como socialmente justo y equitativo, nada endogámico ni elitista. Recordemos que, según nos indican los datos de las últimas promociones de jueces, la mayoría de ellos, más del 67%, no tienen familiares ejerciendo profesiones jurídicas, y en más de un 30% de los casos ninguno de sus progenitores tiene estudios superiores. Sin embargo, una vez dentro del sistema, cada vez son más las voces que opinan, con fundamento, que carecemos de una auténtica carrera profesional o que, al menos, la que tenemos no es plenamente satisfactoria. La idea de carrera, tal y como se entiende en otros sectores, debe conducir a una forma de organización estructurada que se asocie, a su vez, a la idea de cursus. La carrera ha de servir para estructurar el Poder Judicial y a sus propios miembros, de manera que facilite a estos un cursus honorum de hitos predecibles para su progresión profesional. La correcta estructuración del cursus no solo es conveniente, sino que también es necesaria; permitiría que el reparto de las responsabilidades fuera más adecuado, facilitaría la mejor preparación de los miembros del Poder Judicial para la asunción progresiva de responsabilidades de mayor entidad a medida que se progresa su cursus y haría posible la mejor selección de los miembros del Poder Judicial más idóneos para esas responsabilidades específicas.

Indudablemente, si se aceptara esta conclusión general, la letra pequeña, el cómo articular al detalle este nuevo diseño de carrera, nos abriría muchas y muy variadas posibilidades, pero es muy posible que todos coincidiéramos en unas premisas comunes, que podrían ser, entre otras, las siguientes. El modelo de progresión en la carrera habría de basarse en considerar la excelencia como el criterio fundamental que ha de determinar el desarrollo de la carrera individual de los jueces. Asimismo, ese modelo de progresión habría de dirigirse a proporcionar los instrumentos de formación necesarios para el logro de la excelencia profesional. La especialización debería ser un elemento fundamental de motivación en la progresión del juez, estableciéndose programas y pruebas de especialización en todos los órdenes


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jurisdiccionales. En consonancia con ello, la formación habría de planificarse proporcionando a los jueces altos niveles de formación especializada. De la misma manera, y adicionalmente a la formación especializada en la jurisdicción correspondiente, la formación de los jueces debería también formarlos en el desarrollo de habilidades necesarias para una mayor calidad en la prestación de los servicios: idiomas; gestión de gobierno; gestión de personal; habilidades sociales para la relación con otros profesionales; uso de las tecnologías de la información y comunicación y culturalización en ellas; comprensión del entorno económico y social, etcétera.

Aspecto también importante de este nuevo modelo sería el establecimiento de la formación con carácter obligatorio, y para que permita la efectiva progresión en la carrera habría de acreditarse su efectivo aprovechamiento. Desde este planteamiento, la formación no podría ser una carga adicional al desempeño del juez, sino una parte del mismo, pudiendo incluso ser considerada a los efectos de establecimiento de la carga de trabajo asumible por parte del juez. La antigüedad en la carrera, obviamente, debería seguir siendo objeto de consideración, en tanto que identifique el necesario grado de madurez profesional para el desempeño de determinadas funciones, así como criterio de selección conjugado con otros para la selección de cargos de nombramiento reglado. Pero no debería ser considerada como criterio de selección determinante para cargos de nombramiento discrecional, sin perjuicio de que pudiera ser tenida en cuenta en la ponderación de méritos. Finalmente, consecuencia directa de todo esto, sería que el margen de discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial para la selección de jueces para cargos que impliquen desempeño de gobierno interno o para el Tribunal Supremo debería quedar limitado a los candidatos que satisfagan los requisitos de excelencia.

Somos conscientes de lo ambicioso de este planteamiento y del cambio, incluso de mentalidad, que el mismo exigiría, pero, como decía, no creo que debamos renunciar a reflexionar sobre ello. No olvidemos, además, que en las conclusiones del último informe de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, Greco, hecho público en 2016, se recomienda expresamente a nuestro país incidir en una mejor regulación de los criterios de nombramientos de los altos cargos judiciales.

El nuevo sistema exigiría la implantación de mecanismos eficaces y claros para la adecuada evaluación de la formación, y también, yendo un poco más lejos, el establecimiento de sistemas objetivos para la evaluación del desempeño del juez. Este último aspecto es, sin duda, complicado y también delicado. La evaluación del desempeño de los miembros de la carrera judicial debe respetar, en todo caso, unos condicionantes que aseguren que esa evaluación se produce en términos que garanticen que no produce interferencias en la independencia e imparcialidad con las que los jueces han de desempeñar su labor jurisdiccional. Sin embargo, también es cierto que hoy en día existe cierto consenso en cuanto a la posibilidad e incluso la conveniencia de establecer sistemas y procedimientos para la evaluación del desempeño de los jueces, cuando menos eso es lo que resulta de documentos como el informe Equipo de proyecto para el desarrollo de estándares judiciales mínimos III, 2012-2013, de la Red Europea de Consejos de Justicia, o las conclusiones de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife en mayo de 2001.

Junto a este nuevo diseño de carrera, otro aspecto destacado de nuestro estudio sobre el juez del siglo XXI es el relativo a la protección social de los jueces y juezas. Como dije anteriormente, el planteamiento del consejo esta materia es un planteamiento global que no solo aborda el desarrollo y actualización continua del plan de prevención de riesgos, del que ya disponemos, sino también otros elementos, como el estudio de las cargas de trabajo de los jueces a efectos de salud profesional, el fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de género, la discapacidad o la gestión de la edad. En este sentido, en materia de determinación de las cargas de trabajo a efectos de salud profesional, la comisión permanente el pasado día 9 febrero tomó conocimiento del avance de estos trabajos, que son el resultado de un compromiso previamente adquirido con las cuatro asociaciones judiciales. El objetivo es establecer un mapa judicial de riesgos a los efectos de llevar a cabo medidas de prevención de la salud del juez, junto con un sistema de alertas para la detección y/o prevención de una situación de riesgo para la salud de los jueces.

En cuanto al resto de las cuestiones vinculadas a la protección social de la carrera judicial, en febrero de 2016 quedó constituido un grupo de trabajo que actualmente continua avanzando en el encargo de elaborar un estudio de propuestas de reforma y actualización del régimen normativo regulador de esta materia con la finalidad de lograr el equilibrio entre las necesidades de la organización, del servicio de la Administración de Justicia y del buen funcionamiento de los órganos judiciales con aquellos aspectos fundamentales del estatuto judicial referente a la conciliación de la vida personal y familiar, la protección


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de la maternidad, la salud profesional, las incapacidades, el derecho-deber de formación de los miembros de la carrera judicial, etcétera. Lejos de una visión limitada o excesivamente constreñida de esta realidad, se trata, en definitiva, de hacer de la protección social del juez un elemento esencial, también para la calidad de nuestra justicia.

Por otro lado, señorías, nuestras reflexiones sobre el juez del siglo XXI también alcanzan a un elemento absolutamente importante como es el de la ética judicial. Debemos reflexionar ciertamente sobre la justicia que deseamos los jueces, pero también, y sobre todo, sobre la justicia que desean, que demandan, que exigen y a la que tienen derecho los ciudadanos. Es fundamental, muy especialmente en estos tiempos, sin duda complicados y plagados de retos, que la sociedad confíe en la justicia y también que desde fuera de nuestras fronteras se perciba nuestro sistema judicial como un sistema fiable y seguro y podemos ayudar a ello proporcionando a nuestros jueces ciertas herramientas. Desde esta filosofía, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó por unanimidad el pasado 20 de diciembre de 2016 asumir el documento Principios de Ética Judicial, redactado por representantes de las cuatro asociaciones judiciales, por jueces y juezas no asociados y por miembros de la sociedad civil. La adopción de un texto de ética judicial por parte de los jueces españoles se ha producido en un contexto internacional favorable pues son muchas las instancias internacionales que vienen abogando por ello en los últimos años, en los que la gran mayoría de los países de la Unión Europea han suscrito textos de ética judicial. Hay que tener en cuenta, además, que en el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, el Informe Greco 2016, del que anteriormente ya les he hablado, se consideró, en relación con la recomendación que había dirigido a España de adoptar un código de conducta de los jueces, que esta recomendación solo se había cumplido parcialmente al haberse iniciado en aquellas fechas el proceso de redacción del código ético. Hoy ya tenemos ese código ético propio, cuya asunción por parte de los jueces españoles puede ser un paso de gran importancia para incrementar los niveles de confianza de la sociedad, estableciendo pautas claras de comportamiento que eviten cualquier tipo de conducta por parte de los jueces que, aunque solo sea en apariencia, pueda poner en entredicho su independencia y su imparcialidad.

Finalizo, ya, señorías. Este es el trabajo realizado y estos son los proyectos más destacados que queremos realizar, pero no quiero terminar sin decirles a todos ustedes que la justicia está cumpliendo, en mi opinión, con aquello que se espera de ella: que sea justa. Los jueces estamos obligados a garantizar que la ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto; premisa que constituye una condición existencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de derecho, pero los primeros que tienen que respetar la ley son los poderes públicos. Don Fernando de los Ríos, que fue catedrático, insigne jurista, ministro de Justicia y miembro de esta Comisión de Justicia del Congreso dejó afirmado hace mucho tiempo que la ley no está hecha para amparar a la autoridad sino que es la autoridad la que debe garantizar a la ley su cumplimiento al servicio de los derechos de los ciudadanos. Al margen de la ley no hay libertad ni democracia y, pese a todas las dificultades, la justicia es hoy en día el instrumento más valioso con el que contamos para garantizar que ante la ley todos somos iguales.

Los jueces españoles están actuando con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia ley establece desde el firme convencimiento de que la justicia, como he dicho, ha de ser justa, pero no justiciera. Por ello, señorías, reitero algo que ya he afirmado en otras ocasiones: Lo mejor de la justicia española son sus jueces, 5.400 servidores públicos que resuelven divorcios, alquileres, asuntos hipotecarios, pleitos contra la Administración, infracciones de tráfico, conflictos entre empresarios y trabajadores, despidos, contratos; jueces que, en definitiva, velan por nuestros derechos desde la estricta aplicación de la ley, a la que se deben. Esos jueces necesitan reformas, necesitan mejoras organizativas, necesitan mejores medios y más leyes y necesitan también, por supuesto, generar confianza. Según la encuesta de Metroscopia de 2016, en España ocho de cada diez ciudadanos creen ahora, y lo llevan creyendo en las tres últimas décadas, que, con todas sus carencias y deficiencias, la justicia representa la salvaguarda última en la defensa de los derechos y de las libertades. Y, en efecto, así es.

Estamos asistiendo al desarrollo y, poco a poco, a la finalización de numerosos procedimientos judiciales en causas sobre corrupción o delitos económicos. Son casos que han hecho mucho daño a la credibilidad de las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en el propio sistema, pero esos procesos son precisamente el mejor ejemplo de que nuestros jueces dan en cada caso la respuesta que exige nuestro ordenamiento jurídico con plenas garantías. A estas horas, los servicios técnicos del Consejo General del Poder Judicial ultiman los trabajos para publicar mañana mismo la información referida al


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último trimestre de 2016 en el repositorio de procedimientos por corrupción. Eso nos permitirá ofrecer por primera vez datos de un año natural completo, el 2016. Les avanzo algunas de esas cifras.

En 2016, los jueces y juezas españoles, concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas. Si sumamos a estas cifras las referidas a los dos últimos trimestres de 2015, ya conocidas, el resultado es que en el último año y medio los hombres y las mujeres que están al frente de nuestros juzgados y tribunales han acordado llevar a juicio por delitos de corrupción a casi 1.500 personas en cerca de 200 procedimientos. La justicia siempre llega, es lenta, pero llega. Ha habido juicios con condenas y absoluciones; los datos indican también que el porcentaje de sentencias condenatorias en este último año es superior al 70 %. Ese es el resultado del trabajo de nuestros jueces, insisto, cumpliendo el ordenamiento jurídico y con plenas garantías.

Como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial quiero pedir hoy aquí respeto a las resoluciones judiciales; todas ellas están sujetas a crítica, pero desacreditarlas no ayuda a esos 5.400 jueces que todos los días se dejan la piel en su juzgado para construir para todos una sociedad mejor. Creo que tenemos motivos más que suficientes para creer y defender nuestro sistema judicial.

Muchas gracias a todos por la atención que me han prestado. Les reitero mi oferta de diálogo sincero y de leal colaboración, quedando a su disposición para todo aquello que consideren oportuno plantearme.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.

Vamos a pasar al turno de los distintos grupos parlamentarios. Empezaremos por el Grupo Parlamentario Socialista, que es quien ha pedido esta comparecencia.

Tiene la palabra su portavoz, señor Campo.

El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.

Señor presidente, señoras y señores diputados, señores vocales del Consejo, miembros de los medios de comunicación, personal del Consejo, buenas tardes.

Señor presidente del Consejo, muchas gracias por concurrir nuevamente en sede parlamentaria. Hace unos meses compareció usted en un momento de enorme inestabilidad política, como nos ha recordado, hasta el punto de que su intervención constituyó, valga como anécdota, el último acto de la XI Legislatura. He de decirle que ha cubierto de manera impecable la obligación genérica prevista en el artículo 563, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su exposición ha incluido datos -y no me lo tome a mal- y datos y más datos, si bien, con igual y rico detalle, nos ha expuesto el funcionamiento y la mejora del órgano que preside. Algo menos prolijo ha estado en las necesidades de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes le asignan al Poder Judicial.

Señor presidente, intentaré ser breve, pues los datos tienen poca relevancia, por lo que ahora le explicaré. Las cifras de la litigiosidad bajan de una manera muy significativa. Según el informe que nos ha facilitado el órgano de gobierno, los asuntos ingresados en 2016 han caído en relación con 2015 en un 31,4%, y el número de resoluciones también se ha reducido un 30,4, lo que no deja de ser preocupante, salvo que usted nos lo explique y nos saque del error de apreciación. No conocemos las causas y poco se ha dicho de ello en su intervención. Tampoco es bueno el dato de que se hayan dictado un 4,7% menos de sentencias que en el periodo anterior. Algo sí quiero destacarle, la importante bajada, como usted muy bien nos ha dicho, no trae causa de una mejor gestión o de una mayor y mejor organización del trabajo, como sería deseable; es simplemente por el efecto impacto de dos leyes: de un lado, la Ley orgánica 1/2015, que destipificó conductas y sustituyó los juicios de faltas por los juicios por delitos leves, y de otra, como también muy bien nos ha recordado, la Ley 41/2015, ley que acordó que no se remitiera a los juzgados de instrucción los atestados policiales en los que no existiera autor conocido del delito denunciado; un 49% de caída, según esos mismos datos que nos suministran.

Sabemos que bajar la litigiosidad poco tiene que ver con eficacia; basta con hacer como hizo el ministro Gallardón: se ponen unas tasas, se impide a la ciudadanía acceder a los tribunales y la bajada de la litigiosidad está asegurada. Le dije en su interior comparecencia que en apenas unos años importantes medidas habían llevado al ciudadano a desconfiar un poco más de la justicia, alejándola precisamente de la ciudadanía, pero también al sector, situándolo en un amplio ámbito de desilusión y resignación. Hoy, pese a las buenas expectativas que nos ha desplegado, creo que poco ha cambiado. Las asociaciones judiciales siguen poniendo en marcha operaciones para el colectivo judicial en paralelo al consejo. Bastaría ver los avances de aquel acuerdo de colaboración de la mejora con la justicia de abril de 2016, firmado con el Consejo General de la Abogacía.


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He visto que ha hecho proyecciones y visiones proyectivas de lo que deberían ser, incluso con reformas legislativas -cosa que creo que es altamente deseable-, pero me gustaría haberle oído hablar de las nulas políticas inversoras que desde el Gobierno se están realizando, la nula política de creación o modificación de órganos judiciales, salvo la muy puntual del viernes pasado de creación de dieciséis plazas en orden a dar cumplimiento progresivo a la segunda instancia cuando la primera la han cubierto las audiencias provinciales. Y me hubiera gustado que el Consejo General del Poder Judicial hubiera tenido al menos cierta beligerancia, si quiere en términos de diplomacia, con el conflicto recientemente creado a través de ese cambio de criterio de la Dirección General de Tributos, transmutando la naturaleza jurídica de la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Estoy hablando del IVA para los turnos de oficio. Cierto que está a punto de resolverse, pero me hubiera gustado que el Gobierno de la justicia hubiera exhortado al arreglo de manera inmediata. No ha habido cambios en el cuadro de indicadores de la justicia de la Unión Europea; por tanto, parece obvio que estamos en los mismos parámetros que ya conocimos en su comparecencia del 29 de abril.

Usted nos expuso en su primera comparecencia -y así lo hemos podido leer en el Diario de Sesiones e incluso usted lo ha recordado hoy- que uno de los objetivos del mandato sería la promoción de las magistradas para cargos judiciales. Los datos a mí no me han quedado nada claros, pero desde luego la percepción es altamente desalentadora. Me gustaría que en su turno de réplica aclarara mi torpe visión del tema. Señor presidente, ¿se ha hecho algo desde el Consejo General del Poder Judicial, en estos diez meses ha hecho algo por definir los módulos de la carga de trabajo de los jueces que, como recordará muy bien -estaba en la sala- fueron anulados por el Tribunal Supremo en sentencia del 9 abril 2014?

Pego un cambio de tercio -es a lo que nos hemos comprometido con la Mesa- y le hablaré de aspectos muy puntuales. Sobre algunos tengo que decirle que con agrado he oído su contestación, pero en otros me queda ese sinsabor todavía y prefiero transmitírselo al presidente en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Violencia de género. Es cierto que el observatorio viene facilitando de una manera constante esa respuesta firme y coordinada que nos ha dicho el presidente, intentando incidir en el origen de los problemas -creo que lo he recogido textualmente-, pero lo cierto es que las cifras son tozudas y las 60 víctimas de 2015 logramos reducirlas a 44 en 2016, pero, como muy bien nos ha recordado el presidente, 2017 se presenta con una estadística que va muy mal: 16 víctimas. Hay datos en los que creo que deberíamos incidir: cuatro de estas mujeres fallecidas habían interpuesto denuncias, y lo más grave y más preocupante es que tres tenían medidas de protección acordadas. Mi grupo sabe, y lo tiene tremendamente interiorizado, que la solución no es nada fácil; es sumamente difícil, no es monolítica. Pero creo se puede hacer algo más y no solo desde ese pacto de Estado que está en marcha, con esa renovación de la voluntad de luchar y estoy convencido de que todos de buena fe estamos en ello. Pero hay cuestiones que me preocupan y le pregunto sobre ello. Por ejemplo, ¿se puede hacer algo más desde el Poder Judicial? ¿Se ha planteado el consejo que usted preside analizar las estadísticas que emanan de determinados juzgados, en particular en los que las denegaciones de órdenes de protección están muy por encima de las medias de otros juzgados? Este es un dato que quizás pudiera arrojarnos algo de luz. ¿Se ha planteado el consejo analizar las causas y si existe alguna relación entre la denegación de órdenes de protección y la renuncia a seguir en el procedimiento judicial? Conocemos un estudio que se ha realizado en la Junta de Andalucía en el que se pone en evidencia que la no concesión de estas órdenes de protección está identificándose como uno de los principales elementos que empujan a la mujer a retirar la denuncia.

Me preocupa enormemente el tema de la formación. Sé que desde el consejo se está haciendo un enorme esfuerzo -el presidente nos lo ha recordado-, pero hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención, y permítame el inciso. Incluso en los años en que tuve la responsabilidad de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial siempre nos planteamos cómo abordar el artículo 433 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero oyéndole veo que incluso se proyectan modificaciones sobre la formación, pero no porque se haya agotado la previsión del legislador plasmada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que es que no se ha hecho, hasta donde mi conocimiento alcanza, absolutamente nada. No quiero ser pesado a estas horas de la tarde, pero leeré el artículo 433 bis, punto 3, para evitar interpretaciones sesgadas: Cada miembro de la carrera judicial contará con un plan especializado en formación continuada mediante el cual se programarán de forma individualizada, en periodos de cinco años, los objetivos formativos, garantizándose la plena adaptación a las innovaciones jurídicas con incidencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Siempre he entendido que es una ocasión perdida para obtener esa carrera tremendamente especializada -especializada siempre he mantenido


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que lo está-, que es la previsión del legislador, y tengo la sensación de que seguimos haciendo agua en este puntual tema, y lo traigo a colación -lo tenía con carácter general- muy en relación con la violencia de género. Creo que la formación online está muy bien, pero nos está marcando claramente pautas de debilidad.

Salto de tema, en cumplimiento de ese compromiso que hemos adoptado con la Presidencia, y paso a hablar de las cláusulas suelo. Nos ha explicado pormenorizadamente cuáles han sido las previsiones del consejo -y cuidado, este grupo parlamentario ha tenido oportunidad de decirlo y lo aplaude-, pero es verdad que le quedan siempre esas preguntas en la recámara que, en buena medida, yo no he visto en el acuerdo de 9 de febrero que adoptó el consejo, pero estoy seguro de que será la cohonestación con otros acuerdos o las propias previsiones de la ley orgánica los que lo permitan. En resumen, lo que estamos diciendo es que el acuerdo del consejo lleva a un órgano especializado por provincia, pero la cuestión es -y he tenido la curiosidad de leer el informe- que efectivamente el informe hay un momento en que podríamos decir que entra en parámetros cabalísticos porque es muy difícil saber exactamente qué litigiosidad va a entrar por la puerta de nuestros órganos judiciales, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener esa previsión. He oído el presidente hablar de que si eso falla tenemos el paquete de JAT preparados para ello, pero todos sabemos que el funcionamiento de los JAT -y le puedo asegurar que le tengo un especial cariño a esa figura dentro de la carrera judicial- no es lo ágil que debiera ser, sobre todo para una materia tan especializada como es la respuesta para este puntual tema que vulgarmente conocemos como las cláusulas suelo, que es mucho más: protección a los consumidores en general, condiciones generales de contratación, etcétera. Por eso me gustaría saber, si se dispara esa eventualidad, qué agilidad va a tener el sistema para que realmente no tengamos que establecer otra vez un acuerdo del consejo, mecanismos de los JAT que aquí no hay, que no están especializados, que no tienen el carácter territorial, el tema de las remuneraciones, etcétera.

Salto de tema, aunque los que me conocen saben que me gusta recrearme mucho más en la suerte, pero el compromiso es el compromiso. Registro Civil. Aquí también echo en falta esa previsión del consejo. Le he notado enormemente preocupado por las previsiones, cosa que agradezco muchísimo -siempre he entendido que el consejo debería ser un órgano profuturo-, pero a finales de junio entra en vigor una ley recientísima -permítanme la ironía-, de 2011, que con sucesivas modificaciones viene a establecer un paradigma, un cambio en cuanto a lo que significa el Registro Civil en la ordenación de la vida de las personas y todos los elementos trascendentes y necesarios para el Estado. Esa ley -ya digo, veterana- sin embargo no ha tenido su entrada en vigor, tenía tres años, después se ha ido demorando, y en principio sabemos que está ahí, a la vuelta de la esquina. Aparte de la desjudicialización -con lo cual tenemos un paquete de jueces, aunque ya sé que hay algunas previsiones sobre qué hacer con ellos-, me preocupa el concepto del Poder Judicial en el sentido de órgano máximo, no de los jueces sino de la organización judicial, porque se opta por un Registro Civil único de carácter digitalizado, sin perjuicio de otras variables que permitan diseminar por el territorio nacional otra serie de registros civiles. ¿Qué ocurre con eso? No existe nada; de hecho, el Ministerio de Justicia ha ofertado a las comunidades autónomas la posibilidad de unos ciertos cambios legislativos, incluso una proposición de ley, porque realmente ve que lo único que va a proponer es el cambio de figura, el encargado del Registro Civil, y se va a optar por los antiguos secretarios judiciales, letrados de la Administración de Justicia en esta nueva terminología que sin duda abrevia el nombre. A eso me estoy refiriendo: ¿qué tiene previsto el Consejo General del Poder Judicial para eso? Porque al final la digitalización no existe y el consejo tiene -y así lo ha puesto de manifiesto el presidente- ese papel de promoción y de homogeneización de los aplicativos informáticos, aunque es verdad que el del Registro Civil es único y por tanto no existe esa necesidad de conectar los distintos aplicativos. Aquí mi grupo parlamentario se va a adelantar incluso al consejo porque ayer registramos una proposición no de ley para intentar que no sea un nuevo fracaso, pero es necesario que el arco parlamentario lo apruebe por lo menos con la suficiente mayoría, porque vemos que aquí vamos a tener un nuevo fiasco en la respuesta ciudadana.

Señor presidente, voy terminando con un deseo general. No le he hablado de la tampoco nada novedosa nueva oficina judicial, pero es que no le he oído hablar a usted de qué se está haciendo para la generalización de su implantación. No le he oído hablar tampoco del detalle, aunque nos ha dicho que se están dando pasos generales para una nueva vertebración de la justicia en España. Intuyo que estamos por la idea de la superación del partido judicial -la propia propuesta de las cláusulas suelo es una evidencia más de que realmente el partido judicial como unidad mínima de vertebración está muy superada-, pero desde luego creo que hay un tema -y con él cierro- que no podemos dejar de lado, y


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es la segunda instancia penal. La segunda instancia penal no es un nombre muy acertado en el sentido de que ya existe la apelación para los juzgados de lo penal, aquí estamos hablando de esa segunda instancia penal que va a permitir que sean recurribles -con ese recurso- las sentencias de las audiencias provinciales, y hemos visto en el real decreto de la semana pasada la creación de dieciséis plazas, tres para la Audiencia Nacional y el resto para distintos tribunales superiores de Justicia con una mayor complejidad. Evidentemente eso deja abierto un margen muy amplio para la conformación de esas salas en todo el territorio nacional, y mi grupo parlamentario le pide al Consejo General del Poder Judicial que dote ese mecanismo de una transparencia superlativa. Las sospechas se ciñen nuevamente -y hemos leído cosas al respecto- y espero que eso no sea nunca una realidad y que contribuyamos con ese ejercicio de transparencia que ha anunciado el presidente a que estos órganos vengan a reforzar la estructura de la Administración de Justicia en garantía del ciudadano, que va a tener la oportunidad, siguiendo los tratados internacionales, de que un asunto pueda tener una doble visión sin necesidad de la casación, que evidentemente, como todos sabemos, tiene un carácter muy extraordinario.

Presidente, termino dándole otra vez las gracias por su esfuerzo y por su información. Siempre tendrá a este grupo parlamentario dispuesto a colaborar.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias por el esfuerzo de síntesis, señor Campo.

Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.

Señor Lesmes, buenas tardes, soy Enric Bataller, diputado de Compromís. Quería darle las gracias por su intervención y por su exposición minuciosa. Dada la brevedad del tiempo del que dispongo, me voy a dejar en el tintero muchas cuestiones que querría plantearle, voy a dejar de lado aquellas que requerirían de unas reformas legislativas porque entiendo que eso queda fuera de la competencia del consejo, y me voy a concentrar en algunas cuestiones a las que entiendo que desde el consejo sí se les puede dar una solución. Básicamente le voy a hablar de tres cuestiones: la primera es la relativa a la igualdad de género dentro del Poder Judicial, la segunda es relativa a los mecanismos de solución alternativa de conflictos y, en tercer lugar, sobre la voluntad real que tiene el consejo de tomar el pulso a la calle para saber cuál es la visión de la gente de la justicia, de sus deficiencias y de las necesidades de solución.

Vamos con la primera de las cuestiones que le he apuntado, la relativa a la igualdad de género. He leído la memoria y he visto algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, en cuanto a las licencias por conciliación, vemos que se dice que únicamente se han concedido cuatro, y cuando se habla de otro tipo de licencias vemos que hay un sesgo de género evidente, y estoy aludiendo a las páginas 123 y siguientes. Por ejemplo, vemos que de las licencias solicitadas para atender asuntos propios sin derecho a retribución, el 82,2% las han pedido mujeres. En cambio, cuando hablamos de licencias para realizar estudios en España, el 54,9% son pedidas por hombres, y cuando hablamos de estudios en el extranjero esta cifra, la de hombres, asciende hasta el 73,2%. Conclusión: las mujeres aún se mueven poco por cuestión de estudios dentro del Poder Judicial. Además resulta que solo el 37,6% de participantes en el servicio de relaciones internacionales son mujeres; página 142. Además veo que hay 20 juezas en excedencia voluntaria para cuidado de hijos pero ningún hombre. En cambio, tenemos que hay 150 hombres en comisión de servicio frente a 66 mujeres únicamente. Hay algún ejemplo más pero con esto se ve que hay un sesgo de género evidente sobre el cual me gustaría que usted se extendiera.

En cuanto a la segunda cuestión que ha apuntado, la relativa a la solución alternativa de conflictos, la mediación, a la que ustedes dedican bastantes páginas, lo que veo es que parece que fían en demasía a la voluntariedad de los órganos judiciales para ser informados de lo que es la mediación y asumir las técnicas en su funcionamiento diario. Esto es preocupante porque hay una litigiosidad elevada en nuestro país, como usted mismo ha indicado, y también porque la sobrecarga de trabajo en los juzgados acaba deviniendo no solo en quejas sino también en la exigencia de una responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Por lo visto, en el año del que estamos hablando se emitieron 338 informes, de los que 210 fueron favorables. Es decir, estas cifras avalarían que ustedes fueran más proactivos en cuanto al impulso de la mediación como alternativa.

En cuanto al tercer tema que quería apuntar, veo que en la memoria se hace mucho hincapié en las quejar recibidas, en su tipología, en la resolución que se da a las mismas, pero echo en falta que no se hayan hecho encuestas, no se haya preguntado a la ciudadanía qué piensa realmente, porque las quejas en muchas ocasiones dan una visión parcial. No todo el mundo se queja cuando ha recibido un servicio


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que considera deficiente; únicamente lo hacen algunas personas, aquellas que a lo mejor tienen mayor facilidad para quejarse, pero muchas otras -sobre todo las que tienen menos estudios, menos facilidades- no lo hacen. Creo que sería un poco autocomplaciente limitarse a valorar la percepción de la justicia únicamente en torno al análisis de las quejas recibidas. Creo que hay que ir más allá, creo que hay que ser proactivo, creo que hay que salir a la calle, preguntar y ver qué valoración se tiene. Hay muchas más cuestiones, pero para no abusar del tiempo, concluyo con esto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bataller, también por su esfuerzo.

Señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señor Lesmes y vocales del Consejo General del Poder Judicial que nos acompañan, y buenas tardes a todas las señorías presentes.

Gracias por su presencia y por su explicación, una explicación extensa con relación a muchísimos datos, y permítame que le haga una primera pregunta. Hace poco usted compareció también en esta casa. Después de su comparecencia estos diputados hicimos, mal que bien, una serie de propuestas de resolución, y nos habría gustado, señor Lesmes, que nos hubiese hecho alguna valoración de las propuestas de resolución que hicimos desde esta Cámara al consejo. Entiendo que las comparecencias son positivas y necesarias, y cuando usted comparece en esta Cámara y hacemos las consiguientes propuestas de resolución el objetivo es intentar coadyuvar en la mejora desde el punto de vista de lo que cada uno de nosotros siente y piensa. Nos gustaría también que en sus comparecencias, además de los datos que seguramente podemos obtener vía papel a través de la memoria por escrito, se extendiese un poco respecto a la valoración y consideración que a su modo de ver, o a modo de ver del consejo, le merecen las aportaciones que hacemos desde los distintos grupos. Esta es una Cámara eminentemente política y en estas cuestiones intentamos dar nuestra opinión. Al hilo de esto, quería centrar mi intervención en la cuestión de la política y la justicia y la justicia y la política.

Ha hablado usted de los 5.400 jueces que no se merecen ser criticados o cuestionados en cuanto a su independencia, y tiene toda la razón, por lo que quiero manifestar mi respeto y reconocimiento a todos esos jueces que ganan su plaza por oposición y que por su mérito y capacidad ocupan las plazas que ocupan. Esto tendría que ser lo que se predicase en absolutamente todas las instancias de la arquitectura jurídica y judicial, pero desgraciadamente nos encontramos en momentos convulsos política y jurídicamente -usted lo ha dicho-, momentos que de hecho afectan a la percepción que se tiene de la independencia de la justicia, no respecto a los órganos de primera instancia sino a las altas instancias de la magistratura, cargos cuyo nombramiento tienden a ser politizados de alguna manera u otra porque derivan directa o indirectamente de los partidos políticos y de las personas de confianza de estos partidos, que nombran a las personas que han de ocupar los altos cargos de la judicatura. No sé si me he explicado. En cualquier caso, esta es una cuestión que actualmente está afectando y mucho a la percepción que se tiene de la independencia judicial.

Hay síntomas de esta falta de independencia. Sería bueno encontrar un diagnóstico compartido y, lo que es más, un antídoto para que esto no fuese así. Hay síntomas de falta de independencia judicial cuando durante el nombramiento nada más y nada menos que de los miembros del Tribunal Constitucional hay dos partidos políticos que se levantan de sus escaños en el Senado y se van porque entienden que la que se está siguiendo no es una buena forma para realizar estos nombramientos y que, a su entender, no tienen garantizada la independencia deseada o deseable. Hay síntomas de falta de independencia en un órgano que no depende ni mucho menos de usted, como es la fiscalía, y que ha vivido unos momentos también muy convulsos recientemente, sobre todo a la hora de reformar -esto sí que le afecta más- la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de otorgar la instrucción a la fiscalía. ¿Cree usted que con estos mimbres lo podemos hacer, que es una buena decisión descargar la instrucción sobre la fiscalía, por mucho juez de garantías que pueda haber? ¿Qué tendríamos que hacer para poder tener, en su caso, una fiscalía que sea digna de la confianza necesaria para recibir tan alto mandato dentro de la cadena del proceso judicial?

En su última comparecencia ante la Comisión teníamos distintos nombramientos de jueces en puestos clave, entre ellos, el nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. La coincidencia ha querido que acabemos de recibir la última sentencia que desestima las pretensiones de la candidata que no resultó escogida como presidenta, doña Ángeles Vivas, y cuya motivación nos ha sorprendido


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como juristas en muchos aspectos. Como usted dice, hay que tener respeto por las sentencias, pero al menos una valoración sí podemos hacer porque la libertad de expresión está para esto y más en esta casa. Cuando tilda al órgano de la Audiencia Nacional como un órgano gubernativo en el 80% de los casos y que solo en un 20% de ellos realiza funciones jurisdiccionales, y después en esta misma sentencia se reconoce que debido a este carácter gubernativo del órgano de la Audiencia la discrecionalidad del nombramiento puede ser mejor atendida y, por tanto, es lógico que pese si esa persona se había significado en el Manifiesto de los 33. La verdad es que me he quedado a cuadros al leer esta motivación, porque resulta que uno puede ser estigmatizado por lo que pueda manifestar o sentir ideológica o políticamente cuando difiere del que debería ser el pensamiento único. Esto es lo que yo he entendido tras esta lectura, seguramente equivocada, y me gustaría saber su opinión de jurista, con capacidades extraordinarias para ello, con relación no ya al contenido de la sentencia sino con relación a lo que esta le sugiere y si es verdad que considera usted que la Audiencia Nacional es en un 80% un órgano gubernativo, porque luego tendremos que realizar unas reformas de la estructura judicial de este país de profundo calado, mucho más quizás de lo que nos estamos pensando.

Cambiando de tema por cuestión de tiempo, diré que usted ha hablado también de la convocatoria de plazas de jueces para poder atender todas las urgencias derivadas de cuestiones de actualidad, como pueden ser las cláusulas suelo. Entiendo que su apuesta es exigir una convocatoria de plazas de jueces para poder garantizar precisamente la carencia que hay de preparadores de oposiciones y que puedan tener una perspectiva relativamente cercana de que se convoquen las oposiciones que están preparando.

Hemos hablado de formación exhaustiva en materia de anticorrupción. Me parece muy bien, pero esta formación exhaustiva, esta conciencia de que hay que tener el máximo de preparación, la tiene también el consejo en materia de violencia de género? ¿Qué considera que falta o que falla por el hecho de que, por ejemplo, en Cataluña se dicten muchas menos órdenes de protección? ¿Esto se debe a que hay muy buena formación? Lo digo porque lo fácil es otorgar la orden de protección, así todo el mundo se queda tranquilo, y en todo caso sería lo más fácil para el juez. En cualquier caso, la gracia está en acertar a la hora de dictar o no la orden de protección. ¿Hay suficiente formación en general, dado que resulta que en Cataluña se dictan muchas menos órdenes de protección en comparación con el resto de España? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se puede atribuir esta diferencia? Porque el de la violencia de género, el asesinato de mujeres, es un tema, como usted bien ha dicho, muy importante y hay que conseguir avanzar en esta cuestión.

Para ir terminando, solamente quiero mencionar dos cosas más. Así como el consejo tiene el Observatorio de la violencia de género y de la violencia doméstica, ¿está previsto o pensado plantear un observatorio para la garantía de la separación de poderes y la independencia judicial, un órgano que emita informes, un órgano que evalúe precisamente esto que le estoy diciendo, la calidad de la justicia en España en cuanto a su independencia, a tenor, por ejemplo, de los últimos informes a los que usted se ha referido, del GRECO, de Transparencia Internacional o el último informe de la Comisión de Venecia, que dice que otorgar al Tribunal Constitucional facultades ejecutivas no sería lo más adecuado? Un órgano, por tanto, que valore también todas estas directrices internacionales que sitúan a España en el puesto 41 en cuanto a percepción de la independencia judicial.

Para terminar, usted ha dicho que sin ley no hay democracia, que la ley es de obligado cumplimiento, que la ley es la que rige en cualquier caso el destino absoluto y para siempre de todos nosotros y, sobre todo, de los que ostentamos un cargo público. Podría compartir esto que dice, pero tengo que decir que si no hubiese sido por un cambio en las leyes cuando la sociedad lo demandaba yo no sería hoy diputada porque no podría votar y mi marido me tendría que autorizar para poder usar la cuenta corriente. Gracias a los cambios y a la evolución de la sociedad la ley se ha ido adaptando, porque en el Estado español ha habido cuarenta años de ley sin libertad ni democracia. Después de cuarenta años de ley sin libertad y sin democracia, cómo puede uno convencer a la ciudadanía de que dentro de la ley se garantiza la libertad y la democracia y no a través de la demanda social.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda Uriarte, tiene la palabra.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Muchas gracias, señor Lesmes, por las explicaciones tan prolijas que nos ha dado sobre los datos de la justicia del año 2015 y el avance de 2016. Dado el tiempo que hemos acordado en la Comisión para las intervenciones, más que un relato voy a enhebrar una serie de cuestiones -siguiendo el orden de su comparecencia- que me gustaría que pudiera responder. Respecto a la panorámica de la justicia, hay un dato que me sorprende y también le ha sorprendido a algún otro portavoz, y es que habiendo menos carga de trabajo hay menos sentencias. Parece que cuando había más carga de trabajo la presión era mayor. Las sentencias han disminuido con una menor tensión, además en un número muy destacable. Me gustaría en esta panorámica de la justicia preguntarle si tienen algún estudio sobre uno de los grandes problemas que tenemos, que es la tasa de litigiosidad. Veo los últimos datos de 2016 y hay algunas comunidades, las que tienen las tasas más altas, que casi doblan a las más bajas. Por ejemplo, en el País Vasco tenemos un 86,9, que es con La Rioja la segunda más baja, que tiene un 84,4. Pero en otras comunidades nos vamos casi a 160 y tenemos diez comunidades autónomas por encima de 120, que es casi un 40 % más. ¿A qué se debe esta diferencia de tasa de litigiosidad? Veo por comunidades autónomas que no necesariamente se responde a un patrón sociocultural o económico homogéneo; hay de todos los tipos. La congestión de la justicia viene en gran medida por la tasa de litigiosidad, lo que la gente recurre y en qué medida. Me gustaría saber qué explicación tiene; además, es una constante.

Otra cuestión, pasando ya a una actividad más propia del consejo. Se pone siempre mucho énfasis, presidente, en que los acuerdos mayoritariamente se adoptan por consenso y que los que se toman por mayoría representan una tasa menor. En concreto, este año estamos en el 20 %, el año pasado estábamos creo que en una cifra un poco inferior. Le quería preguntar en qué tipología de asuntos se producen los desacuerdos porque si la regla es la unanimidad, me gustaría saber dónde está el foco del desacuerdo -en los acuerdos por mayoría, quiero decir-. También hay otra cuestión sobre la que me gustaría preguntarle, y es que hay una evolución bastante negativa -la hubo en el quinquenio pasado y en el sexenio tampoco se ha corregido- del número de amparos que se demandan al consejo. En el último quinquenio o sexenio -si sumamos el año 2016- ha habido prácticamente un 20 % más de solicitudes de amparo. Las estadísticas manifiestan que la mala percepción que se tiene en términos estadísticos -no digo que sea correcta o incorrecta- del consejo son por tres motivos: que no es independiente del Gobierno, que no es transparente y que no defiende la independencia de jueces y magistrados. Me gustaría saber si no les preocupa el incremento del número de amparos -que se identifica socialmente como una de las razones de la poca credibilidad del consejo, porque estos datos salen de la propia carrera, porque no se defiende la independencia- y cuáles son las causas principales.

En otra serie de asuntos que se refieren más a la actividad de los órganos judiciales nos ha dado unos datos interesantes. La actividad del consejo parece que es correcta respecto a la lucha contra la corrupción, tanto el servicio de apoyo como los trabajos que se quieren abordar en el 2017 -finalización de algunos y continuación de otros- y también los datos que nos ha dado de corrupción de las actuaciones judiciales, que era un dato agregado que se estaba demandando, digamos una foto de la corrupción en los órganos judiciales. Ya se ha hecho mención a la violencia de género por algún otro portavoz pero me gustaría también enfatizar que hay más denuncias y parece que estimulan las agresiones porque hay más denuncias y más muertes. Estimulamos a la sociedad a denunciar y, sin embargo, los ataques con resultado de muerte suben año a año. Lo recordaba en una comparecencia que tuvo aquí el ministro del Interior, el número de asesinadas por violencia de género en los últimos diez años se ha equiparado a las víctimas con resultado de muerte de toda la historia de ETA. En diez años prácticamente nos hemos puesto a la par que las muertes por la actividad de ETA. Creo que es una situación grave y preocupante.

Respecto a esta experiencia piloto, que era la concentración, la instancia y la especialización, le quería plantear una cuestión -porque me ha dado pie la portavoz del Partido Demócrata Catalán-, y es el libro blanco de la justicia que reclamamos en la anterior comparecencia. Fue una de las proposiciones aprobadas, el consejo no nos había mandado ninguna comunicación en prácticamente un año, pero al final de su intervención nos ha avanzado ya los trabajos que se están llevando a cabo. Respecto a este tema, quiero comentarle que nos son de una cierta urgencia porque se ha creado -como conocerá- en el seno de esta Comisión una subcomisión para elaborar un libro blanco sobre la justicia. Precisamente, después de esta comparecencia vamos a abordar algún trabajo preparatorio del plan de trabajo. Se había


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reclamado y se precipita un poco por los trabajos de esta Comisión sobre la visión de los retos, el diagnóstico y los tratamientos que de una manera transversal creemos que necesita la justicia en un horizonte a medio y largo plazo.

En cuanto a las tecnologías de la información, 2016 fue un año en el que debatimos bastante en esta Cámara, en Comisión, sobre si deberíamos darnos o no una prórroga respecto a la digitalización de la justicia y la compatibilidad de los sistemas; esos eran los dos ejes. Lo debatimos también aquí en su comparecencia del año pasado y me gustaría preguntarle si han notado alguna evolución en esta cuestión y si no se está produciendo lo que algunos portavoces intuíamos el año pasado -o por la información que teníamos sabíamos que se estaba produciendo- que no era tanto una incompatibilidad de sistemas, sino que eran sistemas que estaban en estados de crecimiento totalmente distintos. Al estar en cierta medida en estados de crecimiento totalmente distintos la comunicación era difícil, pero, que yo sepa -y le rogaría que nos lo aclarara-, ninguna administración de la Administración de Justicia estaba implementando sistemas fuera de los estándares que establece el consejo. Le pediría que nos lo aclarara y nos dijera cómo está este asunto.

Como ya he consumido mucho tiempo, no voy a entrar en el programa de reformas, aunque me parecen interesantes y, más allá de la opinión que tengamos, las vamos a tener en cuenta. Pero sí entraré en algunas cuestiones que ha avanzado también la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra respecto a las propuestas de resolución aprobadas -algunas las presentó nuestro grupo- y sobre las que no hemos tenido contestación, tampoco en este acto. Una de ellas se refería a que vuelva a ser incluida en los programas del consejo Rights Internacional Spain. Era una reclamación que compartíamos prácticamente todos los grupos. Se aprobó esta propuesta de resolución y se convirtió en resolución en esta Cámara el año pasado a consecuencia de su comparecencia. Me gustaría saber si se ha llevado a efecto o no y en qué situación está la incorporación de esta organización en los programas formativos del consejo.

También los nombramientos, los baremos de méritos y la igualdad de género son temas en los que reclamamos que se establecieran baremaciones. No voy a insistir en ello porque lo están ustedes estudiando en ese libro blanco y, según lo que ha llamado el principio de meritocracia o de excelencia, no haría falta poner baremos, porque sería una valoración del desempeño a lo largo de la carrera. Es una alternativa en la que no voy a incidir y vamos a esperar a ver el documento sobre el que están trabajando.

En cuanto a la inspección, también se formuló y se aprobó una propuesta respecto a una cuestión que había sido muy litigiosa en los años anteriores por los conflictos que se habían suscitado respecto al estudio sobre las cargas de trabajo en relación con los riesgos para la salud de jueces y magistrados. Se reclamaba -usted lo apuntó el año pasado- que para finales de 2016 estuviera culminada la propuesta de cargas de trabajo y se remitiera a esta Cámara a efectos de su conocimiento y eventual valoración. No la hemos recibido, no se ha hablado de riesgos laborales y sobre la carga de trabajo -tengo aquí una nota- se ha dicho incidentalmente que el 9 de febrero pasado hubo un avance respecto al mapa oficial de riesgos para la salud. No sé si se estaba refiriendo a los riesgos en general o a las cargas de trabajo. Me gustaría que lo aclarara y, en la medida en que tuvieran ya el estudio, atendieran a lo aprobado por esta Cámara el año pasado.

Respecto al código ético, también era una reclamación abandonar el iberoamericano y dotarnos de un código ético propio. El compromiso era también que para finales de 2016 estuviera hecho. Nos adelanta que están trabajando en ello y que el 20 de diciembre de 2016 se presentó ya un documento de principios de ética judicial. Vamos a esperar y lo volveremos a reclamar este año en las propuestas.

En referencia a la mediación intrajudicial -ya voy acabando, presidenta, con algún tema más-, apuntaban ustedes en la memoria del año pasado que el gran problema de la mediación era su incorporación no adecuada al seno de la oficina judicial -por decirlo de alguna manera- y que la gran crisis se producía porque la Administración de Justicia no la dotaba de medios humanos y materiales. Solo había tres comunidades que la estaban desarrollando prácticamente al cien por cien: Cataluña, Euskadi y La Rioja. En el otro extremo estaba la Administración General del Estado, sobre la que se decía en el informe del año pasado que prácticamente no había hecho nada; la Comunidad de Madrid, que había hecho muy poco; y un gran número de comunidades autónomas que tenían competencias en Administración de Justicia y una actividad más bien leve. Se exponía que esa era la crisis de la mediación, porque por muchos esfuerzos de divulgación que se hicieran, si no se acogía a través de la oficina judicial, no había derivaciones y, lógicamente, no había acuerdos. Me gustaría preguntarle si se ha avanzado en esta materia.


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El derecho de aforamiento no se ha comentado. También se le preguntaba acerca de la opinión del consejo sobre el derecho de gracia. Pedíamos que nos remitiera su opinión en el siglo XXI sobre un derecho del siglo XIX. Lo hemos debatido en la Cámara recientemente, pero el consejo todavía no nos ha remitido su valoración ni ha dicho cómo debiera enfocarse, desde su punto de vista, el derecho de gracia a principios del siglo XXI.

Sobre el Registro Civil ya se ha hablado. También había una serie de propuestas relativas a la adecuación de la justicia a la constitución territorial: el principio de plenitud de los tribunales superiores de Justicia; la desconcentración gubernativa -al menos en algunos aspectos- de las funciones del consejo en los tribunales superiores; las reformas respecto al carácter nacional de ciertos cuerpos al servicio de la Administración, sobre todo por la disfunción que supone que los medios materiales y humanos de la oficina judicial dependan a efectos de dotación de la Administración autonómica que tenga asumidas competencias y, sin embargo, que la responsabilidad sea de un cuerpo nacional que depende directamente del ministerio. Esto estaba generando unas disfunciones importantes y queríamos saber su valoración sobre este aspecto de la NOJ.

Acabo ya, presidenta, porque he excedido mi tiempo. Muchas gracias, presidenta, por su generosidad y muchas gracias también al presidente del consejo por sus explicaciones.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, excelentísimos vocales del Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores diputados, intentaré conciliar diez minutos con las casi dos horas de la prolija intervención del presidente para ver si puedo repasar todo aquello que usted ha dicho. Como usted ya compareció en el mes de abril del año pasado, hay algunas cuestiones que ya fueron planteadas, aunque continúan siendo de rabiosa actualidad. Algunas no han desaparecido y otras no las ha mencionado. En todo caso, intentaré ajustarme al tiempo.

Primero, describiré un poco por dónde quiero ir: independencia judicial y gobierno de los jueces; uso de las lenguas oficiales -me ha extrañado que no tocase este tema en relación con lo que apuntaba sobre la necesidad de transparencia y la proximidad de la justicia-; retrasos judiciales e incidencias de las sentencias -en este caso, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las que de alguna manera se ha referido, pero me gustaría abundar en alguna de las cuestiones que usted ha planteado-; reformas legislativas, que seguramente no tendré tiempo de tocar; y género y paridad, temas a los que ya se ha referido, pero no le he oído mencionar alguna cuestión que me preocupa desde hace tiempo y que ya le planteé la última vez que usted estuvo aquí.

Independencia judicial y gobierno de los jueces. Usted sabe -porque fue un encargo del Consejo General del Poder Judicial- que se efectuó una encuesta en el año 2015 a los miembros de la carrera judicial, donde se destacaban aspectos que no son una tontería, sino que describen muy bien y hacen una radiografía muy profunda del grado de conocimiento o desconocimiento y del grado de afecto o desafecto con el gobierno de los jueces y también del grado de consideración que desde la carrera judicial se tiene relación con la independencia judicial. Según los resultados de esta encuesta, un 58% de los encuestados considera que cuenta con poco conocimiento acerca del Consejo General del Poder Judicial. A mayor edad y antigüedad, mayor conocimiento del Consejo General del Poder Judicial. Al Consejo General del Poder Judicial le pasa también lo que nos pasa a los partidos políticos: mayor es el grado de desafección cuanto más joven es el miembro de la carrera judicial y, en este caso, mayor es la lejanía con los órganos de gobierno que deberían garantizar su independencia, formarle, etcétera. Es decir, un porcentaje muy elevado de miembros de la carrera judicial desconoce lo que hace el Consejo General del Poder Judicial, desconoce sus actuaciones. Como decía, quienes tienen mayor conocimiento son los de mayor edad y también tienen mayor conocimiento aquellos que ostentan cargos superiores en tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales, etcétera.

En esta encuesta existe un elemento que no nos debería pasar desapercibido y que yo creo que es la guinda del pastel, donde sale muy mal parada la valoración que se tiene por los miembros de la carrera judicial de la política de nombramientos y el régimen disciplinario del Consejo General del Poder Judicial. A la pregunta: ¿Cree usted que en los nombramientos que realiza el Consejo General del Poder Judicial prevalecen los criterios de mérito y capacidad? El 67% de los jueces y magistrados en activo contestan que consideran que en los nombramientos que realiza el Consejo General del Poder Judicial no prevalecen


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criterios de mérito y capacidad. Tan solo el 6% (destaco la cifra de 2015; han pasado dos años y parece que esto continúa siendo así porque es público y notorio, porque los medios de comunicación se hacen eco de ello y es una constante en la valoración que todo el mundo hace de esta cuestión) piensa que méritos y capacidad son los criterios que se aplican a dichos nombramientos. Este estado de opinión mayoritario en todos los casos se encuentra más acentuado en los hombres, un 70%, y en los jueces y magistrados con mayor edad y años de experiencia. Entre aquellos que conocen el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, la valoración sobre el actual modelo de organización del consejo es mayoritariamente negativa. Insisto, aquellos que conocen el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial tienen una valoración mayoritariamente negativa del funcionamiento y organización del actual modelo de organización que nace a posteriori de la reforma de 2013. Aquí hago un inciso y, si se me permite, la falca publicitaria. Jueces para la Democracia reclama volver a la situación anterior a la reforma de 2013, aspecto que yo comparto porque Esquerra Republicana considera que era menos presidencialista, más transparente y, en definitiva, más equilibrado el juego de poderes en ese Consejo General del Poder Judicial. Ese es el criterio de Esquerra Republicana. Entiendo que haya quien no lo comparta, pero en todo caso es lícito tener un criterio diferente al sentir mayoritario en determinados momentos políticos o siempre.

En cuanto a si el Consejo General del Poder Judicial defiende suficiente y adecuadamente la independencia judicial, aquí también tenemos un problema. El 75% de los jueces y magistrados en activo cree que actualmente el Consejo General del Poder Judicial no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial. Se trata de una opinión generalizada, que se mantiene por encima del 70%, independientemente de la edad, el sexo, la antigüedad o el órgano de pertenencia. De manera que usted, como presidente de la institución que representa, el Consejo General del Poder Judicial, también tiene un problema, y en consecuencia todos los aquí presentes y la sociedad en general.

En su anterior comparecencia, Esquerra Republicana, a través de esta portavoz, le manifestó su preocupación con la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. No estábamos equivocados, a pesar de que la última sentencia del Tribunal Supremo nos matiza o en todo caso nos desmiente, pero lo cierto es que otras resoluciones del Tribunal Supremo avalaban lo que nosotros decíamos. Por cierto, si se me permite, desde el derecho que tengo a criticar las resoluciones judiciales -se manifestaba antes la portavoz de PEDeCAT en este sentido-, es discutible la resolución del Tribunal Supremo y no ayuda nada a aquello en lo que usted abundaba y apuntaba respecto de la necesidad de valoración de los méritos y las capacidades, puesto que el Tribunal Supremo se despacha, si se me permite la utilización de este término, concluyendo, para que me entienda todo el mundo, con una advertencia: que los jueces no pueden tener opinión. Lo simplifico para que todo el mundo lo entienda, los que estamos aquí, los que nos siguen a través de los medios de comunicación y los ciudadanos en particular, porque es un extremo que les preocupa. Lo que apunta esta sentencia del Tribunal Supremo es una advertencia general: que aquí no opina nadie. No me voy a expresar en términos coloquiales, pero viene a decir que aquí no se puede opinar.

Reconocerá conmigo que es muy difícil mantener que el Poder Judicial es independiente si la carrera profesional y el ascenso no se producen en virtud de los méritos y la capacidad. Se pueden tener, pero resulta que al final no sirven de nada si se tiene una determinada opinión. Me estoy refiriendo en este caso a la señora Àngels Vivas. Por el contrario, parece ser que no resulta gravoso -se puede considerar un mérito y ser valorado de forma positiva- haber impartido conferencias, muy bien pagadas por cierto, en entidades financieras, en entidades aseguradoras, etcétera, que en muchos casos pueden tener intereses muy claros y determinados y en conflicto con resoluciones judiciales por venir, cercanas, más alejadas en el tiempo o en un futuro. No me estoy refiriendo a nadie en concreto, estoy hablando en términos generales. Expresar opiniones no debería ser un malo tampoco en la carrera judicial porque los jueces no viven encerrados en una urna de cristal, como tampoco puede ser malo que participen en foros donde se discutan cuestiones jurídicas y expresen sus opiniones, que luego deberán ser también traducidas o existirán en determinadas resoluciones judiciales. Por tanto, los jueces no deben vivir fuera de la realidad, no deben vivir fuera de la sociedad. En consecuencia, tienen opinión, como todos los mortales.

El segundo aspecto al que me voy a referir -y al que usted no ha hecho mención, como apuntaba, y me preocupa- es el no uso de las lenguas oficiales distintas al castellano, que aleja la justicia del ciudadano, porque convendrá conmigo que utilizar la lengua que es propia en una comunidad donde es oficial es un derecho fundamental del ciudadano al que los juzgados y tribunales deberían dar respuesta. Me voy a referir a lo que siempre hemos reclamado desde Esquerra Republicana, la necesidad de que el


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conocimiento de las lenguas oficiales en el Estado español debería ser un requisito y no un simple mérito, debería ser requisito y mérito determinante. En definitiva, los jueces y tribunales, la Administración de Justicia, están al servicio de los ciudadanos, como todos los que estamos aquí.

El tercer aspecto del que quería hablar eran los retrasos judiciales, un mal endémico de la Administración de Justicia española, y tiene que ver también con la cobertura de plazas vacantes y la creación de nuevas plazas. Usted se refería a que por primera vez se está solucionando el problema de los jueces que ya lo eran pero no tenían plaza porque esta no existía, pero convendrá también conmigo que existían plazas vacantes que no fueron cubiertas y que podrían haberlo sido por jueces sustitutos. En definitiva, se cortó la vía de los jueces sustitutos. La pregunta también sería en relación con las vacantes que desde el año 2015 y con anterioridad están pendientes de provisionar o la creación de juzgados también pendientes de provisionar. En este caso me estoy refiriendo a Cataluña. Existen plazas que ya fueron aprobadas y que continúan sin ser creadas: Reus, Girona, Sabadell, Badalona, Granollers, Mataró y Tarrassa. En definitiva, nada se está moviendo en relación con estas plazas. Me gustaría saber si desde el Consejo General del Poder Judicial se hace saber al ministro de Justicia y al Ministerio de Justicia la necesidad de crear estas plazas. Esto lo ligo a lo que usted apuntaba en relación a estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han planteado una verdadera convulsión a la vista de lo que había dicho el Tribunal Supremo, no demasiado ajustado al sentido de la solución que dio el Tribunal Supremo a las cláusulas suelo. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha enmendado la plana -si me permiten este término- en relación con las cláusulas suelo. A pesar de que existe un real decreto-ley que pretende dar solución a las cláusulas suelo a través de sistemas no judicializados, sin cerrar la puerta a la judicialización, convendrá conmigo -usted mismo lo ha planteado- en que especializar a un juzgado por provincia, en el caso de las demarcaciones judiciales con una carga importante de trabajo -estoy pensando en Barcelona, por ejemplo-, el hecho de especializar a un único juzgado -no lo he entendido, a lo mejor no he estado suficientemente atenta- con las cargas de trabajo ordinarias que ya tiene, conllevará disfunciones en la propia demarcación judicial. Ahora no tengo el cálculo a mano de lo que representará solo en Cataluña la posibilidad de que se judicializasen todas las cláusulas suelo calculadas. Esto significaría la colisión del sistema judicial, al menos en Cataluña. Debo entender que en otras demarcaciones judiciales pasará exactamente igual, estoy pensando en Madrid o en las grandes capitales.

Al final terminaré con preguntas concretas, para ello intentaré ordenar la documentación que tengo. En marzo de 2014 al portavoz de Esquerra Republicana en aquel momento, Joan Tardà, le dijo que apostaba por una justicia abierta, cercana, transparente y apuntaba que el Consejo General del Poder Judicial debía trabajar en la cercanía con los jueces para conseguir que el Consejo General del Poder Judicial fuera la casa de los jueces, pero también que la ciudadanía viese que el gobierno de los jueces trabajaba para dar solución a lo que aquejaba a la ciudadanía. De su intervención de hoy he visto alguna buena intención, alguna otra me preocupa como, por ejemplo, la que apunta a la necesidad de la valoración de la carrera judicial de los distintos magistrados y jueces para acceder a los distintos puestos e ir ascendiendo. Existe una propuesta de JpD, que es plausible, es decir, los méritos, capacidad y transparencia en el concurso y, además, que la resolución sea motivada y que pueda ser comparada con los méritos y capacidades tenidos en cuenta por los otros aspirantes a la plaza que debería estar sobre la mesa. Es una sugerencia, tengo derecho a hacerla y por eso la planteo.

Es bueno oír qué piensa usted al respecto de algunos temas. Quiero insistir en algo que ya le dije en su última intervención, que ya he apuntado en esta y que también mencionan algunas asociaciones de jueces y magistrados, cual es la posibilidad de recuperar las competencias del Consejo General del Poder Judicial que tenía antes de la reforma de 2013. Hay una cuestión que se ha hecho pública en los medios de comunicación y ya sé que usted me puede decir que los medios de comunicación cuando oyen algo y, a veces, no tienen un conocimiento exhaustivo del tema, hacen una gran bola de nieve. En este caso puede ser que hayan provocado que alguien piense que existen más expedientes en relación con magistrados. Por eso me gustaría saber si puede explicarnos a qué obedecen las investigaciones a determinados magistrados y jueces, si existen, y, por ejemplo, la que se ha conocido en relación con el señor Ruiz de Lara. Esto lo quiero ligar con lo de la opinión. También, señor presidente, si tiene conocimiento de las resistencias de la Comisión Nacional de la Policía Judicial a que se aplique la reforma de los artículos 118, 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de asistencia al detenido y conocimiento del contenido del atestado, porque es un elemento importante. Además, estas modificaciones de estos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal traen causa de una trasposición de una directiva europea, además de advertencias al Reino de España en relación con la no trasposición de esta directiva.


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Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Lesmes, qué opinión le merece la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional operada el verano de 2015, ya en tiempo de descuento de la X Legislatura. También quisiera saber la valoración que hace la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en el bien entendido que dicha reforma lo que hace, como usted sabe perfectamente, es otorgar poderes jurisdiccionales al Tribunal Constitucional. También quisiera saber qué opinión tiene -ya que lo han apuntado el portavoz del Partido Socialista Obrero Español y el portavoz del Partido Nacionalista Vasco- de la avanzadilla de reforma de la Ley del Registro Civil que ha llegado a las asociaciones de jueces y magistrados y de secretarios judiciales.

Para terminar, en relación con el final de su intervención de que la ley es la ley y, por tanto, debe ser cumplida, comparto esta afirmación. Pero para que la ley sea ley, y por tanto todos los ciudadanos y ciudadanas nos sintamos interpelados, debe ser legítima y un mecanismo de resolución de conflictos y no de generación de los mismos. Lamento que a algunos no les guste lo que estoy diciendo, pero, en todo caso, como muy bien apuntaba la representante del PDeCAT, ella y yo -y algunas de las que estamos aquí-, si no hubiese habido desobediencia civil por parte de las sufragistas, no estaríamos votando; si en Sudáfrica no hubiese habido desobediencia en relación con el apartheid, seguiría existiendo el apartheid y si en Estados Unidos no hubiese existido desobediencia civil, no hubiesen tenido de presidente de los Estados Unidos al señor Barak Obama. Por tanto, la ley a veces no es legítima cuando una gran parte de la sociedad no se siente representada por ella.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor Lesmes, presidente. Cuando uno interviene a estas alturas, resulta tarea imposible tratar de ser original, por lo que no voy a ser nada original. En todo caso, intentaré ser lo menos repetitivo posible, que es a lo máximo que puedo aspirar en este momento. Trataré de sintetizar todos los grandes asuntos que se desprenden de esta memoria y de su intervención.

El primer gran asunto es la congestión de nuestros juzgados y tribunales, la lentitud de la justicia, ese viejo asunto, ese lugar común de nuestra justicia. Evaluando los datos numéricos exhaustivos que usted ha aportado -no solo del año 2015, sino también del año 2016- lo que se puede decir es que estamos donde estábamos. Ya lo ha dicho algún portavoz, el número de asuntos ingresados ha disminuido un 31,4 %, pero se ha reducido también el número de asuntos resueltos y prácticamente el número de asuntos pendientes está en el entorno de los 2.200.000-2.300.000, una cifra que hay que reducir, es evidente. Esto pone de manifiesto que algunas de las medidas que en la legislatura pasada se vendieron como grandes ayudas para reducir esa carga de trabajo judicial no han tenido ese efecto. Usted ha hecho referencia a reformas legislativas muy importantes en las normas procesales. A pesar de que usted ha dicho -y le doy la razón en ello- que hay que actuar con prudencia con las estadísticas para evaluar con profundidad cómo afectan esas reformas, los números no detectan que haya habido una incidencia de las mismas en esa reducción. Con lo cual, lo que todos los partidos políticos más o menos venimos repitiendo reiteradamente -incluso usted lo ha dicho hoy aquí- es la necesidad de una reforma integral de la organización territorial, del modelo de juzgado que tenemos desde hace tantos años; es lo que se impone y lo único que, probablemente, sería capaz de reducir esa tasa de congestión.

Otra cuestión es que, usted, en la memoria -que en realidad era el objeto que nos traía aquí, aunque es verdad que luego hay un montón de derivadas-, en el escrito de presentación o de introducción hacía referencia a dos novedades que incorporaba esa memoria: una, la apuesta por la transparencia de este consejo; y, otra, la lucha contra la corrupción, con la creación de esas unidades de apoyo a causas por corrupción. En cuanto al primer asunto, el asunto de la transparencia, que es uno de los grandes objetivos de su consejo -usted lo ha vuelto a repetir otra vez-, lo que detectamos es que parece que durante el año 2015 se ha producido un moderado incremento de los motivos de reclamación referidos, precisamente, a la transparencia de la justicia. En concreto, aumentaron un 13% frente al año 2014. El motivo de queja respondía, fundamentalmente, a la información general y actualizada sobre juzgados y procedimientos judiciales. En concreto, tal y como recoge la memoria, se registraron 656 quejas en un año, a razón de dos quejas por día. Si lo comparamos con el cómputo total de los asuntos que entran en nuestra Administración de Justicia, seguramente nos parecerá una cifra pequeña, pero a nosotros nos parece que al aumentar


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ese 13% frente al año 2014, ese aumento es lo que en realidad nos preocupa, sobre todo, porque vuelvo a decir que es uno de los grandes objetivos, si no el gran objetivo de su consejo.

En cuanto al segundo asunto, el combate contra la corrupción y la creación de esas unidades de apoyo a causas por corrupción, en los datos que ha facilitado, usted habla de veintitrés peticiones de ayuda, fundamentalmente de refuerzo judicial de carácter personal. Luego, sobre las cifras que ha ofrecido de ese repositorio de datos de procedimientos por corrupción, lo primero que quiero decirle es que le agradezco al consejo que lo haga, porque nos facilita una tarea y, sinceramente, para nosotros es un asunto central el combate contra la corrupción, que de alguna manera está socavando los cimientos de nuestro sistema democrático.

Usted también ha hablado -y nosotros compartimos ese objetivo- de la necesidad de recuperar la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y, desde luego, nos parece que esa lacra de la corrupción es el principal reto que tenemos. Ese repositorio nos facilita para saber dónde estamos. Es cierto que, como siempre, esos datos que ustedes ofrecen de ese repositorio, según quién los utilice y cómo los utilice -ya saben aquello de que, si uno le retuerce bien el pescuezo a una estadística, es capaz de decir lo que cualquiera quiera que diga- le parecerán muchos o le parecerán muy pocos casos. A nosotros, realmente, esas 1.500 personas encausadas durante año y medio por causas de corrupción nos parece una cifra gigantesca, y que causa un daño que va mucho más allá de lo numérico; y no es una cuestión numérica. Lo digo porque aquí, por algún responsable político del Gobierno, se ha citado también en términos comparativos con la totalidad de asuntos penales que se tramitan en estos juzgados y tribunales, y a nosotros nos parece que esta no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad; y algunas de esas 1.500 personas que han sido investigadas -algunos nombres tan significativos-, seguramente, por su cualidad arrastran al descrédito al conjunto del sistema. Por eso, esas unidades de apoyo a causas por corrupción que solo han intervenido con esas veintitrés peticiones de ayuda nos parece escasa. No sé si es que hay un desconocimiento por parte de los juzgados de instrucción. Es cierto que es una medida nueva que está puesta en vigor en marzo de 2015, prácticamente estamos hablando de un año, pero creo que cuando además hablamos de que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno complejo, que tiene que enfrentarse a organizaciones en muchos casos extraterritoriales con amplios medios y, en muchos casos, uno de los grandes problemas que tenemos es la escasez de medios en la mayoría de los juzgados de instrucción, de los jueces de instrucción y de los fiscales que tienen que enfrentarse a esas causas tan complicadas, nos parece que esa unidad de apoyo a causas de corrupción tendría que tener muchísimo más trabajo del que tiene si de verdad el combate contra la corrupción fuera un objetivo compartido.

También, en ese sentido, me interesa preguntarle -porque también ha dado usted las cifras- sobre los asuntos que han sido declarados como instrucción compleja, en torno a los 62.000, me ha parecido entender. Yo no sé el efecto de la aplicación del artículo 324. Por la prensa hemos conocido, hasta ahora, un solo caso que haya producido un archivo de una instrucción por el vencimiento del plazo de instrucción, pero realmente cuando se ve el número de causas que han solicitado la declaración de complejidad, da la sensación de que se ha recurrido a ese instrumento de declaración como causa compleja como elemento defensivo, precisamente para evitar una medida que a nosotros nos parece que es una auténtica distorsión en el proceso de instrucción, es una auténtica distorsión en el trabajo de los juzgados y de los jueces de instrucción. Por eso, me gustaría también una valoración por su parte. Nosotros hemos presentado una proposición de ley que ya ha sido admitida a trámite en esta Cámara y que, entre las medidas que plantea, habla de la derogación de la reforma de ese artículo 324, porque, como le digo, para nosotros ofrecer la totalidad de los medios, también los legales, materiales, humanos y de todo tipo, a los juzgados y tribunales y a los fiscales para que puedan combatir la corrupción es un objetivo prioritario, y nos parece que precisamente esa reforma iba completamente en sentido contrario; no facilitar el trabajo, sino, en todo caso, entorpecerlo. Ya digo que de esas cifras que usted da parece que, al final, la solución apresurada por la que se optó fue por la declaración casi masiva de causas complejas.

Otra cuestión que nos importa especialmente es la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia. También en el ámbito de las quejas que se recogen en esa memoria, de las más de diez mil quejas y reclamaciones que se han presentado en el año 2015, con motivo del funcionamiento de la justicia, la mitad de ellas se debía a la falta de una justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Curiosamente, eso contrasta poderosamente cuando, por parte del ministerio, se ha vendido que estábamos en el proceso de implantación del expediente electrónico. Cuando se habla permanentemente de la VOJ, quiero decir la VOJ, no la NOJ, porque la nueva oficina judicial ahora ya es la VOJ, la vieja oficina judicial, se ha vuelto vieja sin llegar a nacer siquiera, y cuando se hablaba del papel cero en el


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ámbito de la Administración de Justicia, resulta que conocemos un dato que me parece muy significativo: es el año en el que más consumo de papel han solicitado los juzgados y tribunales. El año en el que tendríamos que estar hablando del papel cero es cuando se han inundado de papel absolutamente nuestros juzgados y tribunales. Yo creo que ese dato es mucho más significativo del grado de implantación de las nuevas tecnologías y de los éxitos de esos procedimientos de modernización que cualquier otro dato que podamos ofrecer. Por eso, y unido a las quejas que le mencionaba, donde cinco mil quejas prácticamente de todos los colectivos vienen referidas a la agilidad de la justicia y a la tecnología, me gustaría que usted hiciese una valoración respecto a ese grado de implantación.

Hay algunas otras cuestiones que ya han sido tocadas, como la falta de igualdad de género en la carrera judicial. Es verdad que en la base ha habido una gran incorporación de las mujeres en el ámbito de la carrera judicial. Sin embargo, si hay un sector en el que observamos ese techo de cristal es, precisamente, en la carrera judicial, porque en los órganos gubernativos y en los estratos superiores de la carrera judicial no vemos esa correspondencia con esa incorporación masiva de las mujeres a la carrera judicial. Nos parece que ahí hay algún problema, porque no es equivalente -como le decía- la composición de la carrera judicial con la composición de sus órganos de gobierno y con los estratos superiores de la carrera.

Voy a entrar en algo que me preocupa especialmente y es el asunto de la independencia judicial, que aquí se ha tocado desde distintos puntos de vista y a mí me preocupa centrarlo en la percepción de los ciudadanos. Se ha hablado ya por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que la percepción en el ámbito interno de la carrera judicial tanto de la valoración que se hace de la independencia como de la propia tarea del consejo en esta cuestión no es muy favorable. Pero me preocupa especialmente la percepción en el ámbito de los ciudadanos, que al final son los destinatarios de todos los esfuerzos que podamos desplegar, también de los que haga el consejo y, desde luego, los juzgados y tribunales. La estadística de la Unión Europea, equiparando o tratando de hacerlo entre los veintiocho sistemas judiciales de la Unión Europea, nos muestra que estamos absolutamente a la cola, solo tenemos cuatro países por encima de nosotros en cuanto a la percepción que reciben los ciudadanos sobre la independencia de sus juzgados y tribunales. El 58% de los españoles considera que los juzgados y tribunales españoles no son independientes. Esa es la percepción que tienen; después de que hayamos hecho todos los esfuerzos explicativos para decir que la independencia se predica de cada juzgado y de cada juez individualmente considerado en su tarea diaria y demás. Pero lo cierto es que esa es la percepción que tienen los ciudadanos y esto viene unido también al tirón de orejas del Greco, el grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa -ya se ha citado aquí-, que habla precisamente de este grave defecto de nuestro sistema judicial, de que los nombramientos de los altos cargos judiciales tienen que estar objetivados, que los partidos políticos no podemos intervenir en la elección del consejo, del órgano de gobierno judicial, que indirectamente tiene además una intervención muy definitiva en los nombramientos judiciales y que, por lo tanto, de esa manera esa intervención no política, sino partidista contamina esos nombramientos y contamina por lo tanto la consideración ciudadana de la independencia. Está muy reciente el fuerte varapalo de este grupo de países contra la corrupción y me parece que eso debería llamarnos a reflexión a todos, desde luego también al consejo.

Hay algo que no se ha dicho aquí y a mí me gustaría tocarlo. Me refiero al asunto de los conflictos de intereses que se pueden producir dentro del propio consejo. Lo digo porque a nadie se le escapa que la composición viene prácticamente determinada por los acuerdos entre las distintas asociaciones judiciales y los nombramientos luego también vienen muy determinados por esas adscripciones asociativas, que son absolutamente legítimas, pero que en todo caso a nosotros nos parece que no debieran ser un elemento determinante a la hora de los nombramientos en ningún caso. Precisamente, hay una parte de su intervención, la final, que reconozco que es la que más me ha gustado, en la que ha hablado usted de la carrera judicial y del estatuto del juez, de construir un verdadero cursus honorum, que de alguna manera limite la discrecionalidad en los nombramientos judiciales. Le puedo decir que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con usted en eso; pero hay que dar pasos en esa dirección y hay que construir esa verdadera carrera judicial, nos parece que eso protege en su tarea y en su independencia y sobre todo traslada una percepción a los ciudadanos que es muy importante. Cualquier cosa que hagamos, si no conseguimos que los ciudadanos perciban que realmente se va en la dirección correcta de recuperar esa independencia o esa concepción de la independencia, será bastante inútil, porque ahora mismo el principal problema que tenemos es un problema de credibilidad. Cualquier cosa que podamos decir aquí, en esta sala, en este ámbito, personas que vienen del ámbito judicial, operadores jurídicos que podemos


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conocer más o menos cómo funcionan los juzgados y tribunales, seguramente nos pondremos de acuerdo. Pero, si no somos capaces de trasladar fuera de estas cuatro paredes que lo que estamos haciendo es precisamente para construir un Poder Judicial verdaderamente independiente y al servicio de los ciudadanos, no servirá absolutamente para nada. Por eso me parece muy importante eso que usted decía de construir una verdadera carrera judicial y reducir el margen de discrecionalidad al máximo.

Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar porque son importantes. Ayer asistí yo de forma indirecta, pero pude seguirlo a la presentación de un estudio en el que se hacía referencia a la inversión en justicia en los últimos años, en concreto desde el año 2004. Lo digo porque reiteradamente hacemos alusión a la falta de medios materiales y humanos, y es cierto, yo creo que la justicia padece una importante carencia en ese sentido. Pero también es cierto que adolece de una inversión adecuada. Desde el año 2004 ha habido un aumento de la inversión -por cierto, sigue siendo la pariente pobre de todos los ministerios, sigue siendo el ministerio con menor dotación-, a pesar de todo ha habido un incremento de esa dotación económica en los presupuestos, pero los estudios que se han presentado, tan recientemente como en el día de ayer, lo que ponen de manifiesto es que se ha invertido muy mal. Se ha invertido muy mal y sin un criterio contrastado. Hay ejemplos como el del expediente electrónico, por no hablar de lexNET y todos los problemas que ha tenido su implantación, o la NOJ, o todas estas cuestiones en las cuales se han invertido unas dotaciones importantes de dinero, pero se ha invertido muy mal. Por lo tanto, o tenemos un criterio y sabemos adónde queremos ir, sabemos con qué estructura queremos contar, con qué modelo de juzgado queremos contar, con qué organización territorial o no podremos avanzar. Estoy de acuerdo con que seguramente hay que superar el modelo de partidos judiciales, de juzgados unipersonales con jueces aislados y sin conexión con el resto del sistema judicial; seguramente que sí, pero hay que hacerlo de forma decidida y a partir de ahí con una dotación de medios económicos que atienda a lo importante y se olvide de lo accesorio, porque, vuelvo a decir, a pesar de que se han hecho dotaciones económicas crecientes desde el año 2004, no han sido suficientes y desde luego se ha invertido bastante mal.

Para finalizar, quiero preguntarle por alguna cuestión concreta y le voy a explicar por qué, a pesar de que la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ya ha hecho mención a ello, y es la referencia, conocida a través de los medios de comunicación y probablemente los datos no estén correctamente reflejados y por eso se lo pregunto a usted para contrastarlo, sobre una acción disciplinaria contra el magistrado Ruiz de Lara que -parece ser- está siendo investigado por organizar unos debates universitarios de forma altruista. Y le digo expresamente por qué se lo pregunto. Es porque a mí no me gustaría estar concernido o ser partícipe en la comisión de una falta disciplinaria por parte de un magistrado. Porque el magistrado Ruiz de Lara pidió auxilio o pidió ayuda a la Mesa de esta Cámara cuando yo formaba parte de ella en la anterior legislatura para organizar la final de esa liga de debates universitarios aquí en el Congreso de los Diputados. Y cuando le dimos la autorización nunca pensé yo, formando parte de aquella Mesa, que estaba contribuyendo a la comisión de una falta disciplinaria. Que yo sepa, la realización de actividades no retribuidas y de forma altruista por una persona en ningún caso puede incidir en la comisión de una acción o de una falta disciplinaria. Y nos parecía que era muy saludable que jóvenes de toda España pudiesen participar en esos debates, en esa liga universitaria y que eso viniese además promovido por una persona de forma altruista -vuelvo a decirlo- como este magistrado, en todo caso nos parecía loable. Se lo digo porque yo no sé el caso de este magistrado, del que luego he conocido que ha sido especialmente crítico contra la politización del consejo, contra la politización de la justicia. Espero que en este caso la acción disciplinaria no se esté utilizando como medida de represión de estas opiniones críticas, creo que no encajaría con la labor del consejo ni seguro que con su manera de pensar y de actuar. Por eso me gustaría una explicación al respecto.

Ya se ha hablado de cuestiones como la carga de trabajo de los jueces, que todavía no ha sido fijada y que en la mayoría de los juzgados excede con mucho de lo que es admisible.

Voy a concluir agradeciéndole su intervención, agradeciéndole lo prolijo de los datos y de su explicación, hay realmente una imagen muy seria y muy rigurosa de cuál es la situación de nuestra justicia. Y quiero finalizar apelando al momento político en el que vivimos; algunos partidos han hecho alusión a ello. Yo creo que vivimos efectivamente en un momento de oportunidad; hay gente que seguramente verá en la pluralidad actual de la Cámara, en la dificultad para construir mayorías, un riesgo y un problema. Yo realmente lo veo como un momento de oportunidad y el trabajo de esa subcomisión que tendremos que poner en marcha a continuación de esta Comisión me parece que es esa gran oportunidad. Seguramente que tendremos que centrarnos en objetivos muy concretos y muy puntuales, porque tampoco me gustaría


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que fijar altísimas metas al final acabe conduciéndonos a la frustración. Creo que en este caso la reforma de nuestro Poder Judicial, de nuestra justicia, es algo que no admite dilación de ningún tipo, compromete la calidad de nuestro sistema democrático de forma muy seria, es un elemento esencial de regeneración democrática y por eso el trabajo que tenemos en esa subcomisión me parece que es muy serio, muy importante y que tenemos que hacerlo desde una óptica realista, partiendo de aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo, de aquello en lo que estamos de acuerdo, de aquello que nos une, y olvidar de alguna manera todo lo que ha supuesto un conflicto durante tanto tiempo. Es un momento de oportunidades y en esta pluralidad política yo veo la solución a muchos de los males que viene arrastrando la justicia desde hace tanto tiempo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Prendes.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Moya Matas tiene la palabra.

El señor MOYA MATAS: Gracias, señora presidenta.

Señor Lesmes, su intervención ha sido larga, prolija, extremadamente detallista en algunos aspectos y, sin embargo, hemos echado en falta otros, en los que tal vez incidiremos puesto que, avanzada ya esta sesión, prácticamente se ha hecho referencia a buena parte de los temas que queremos tratar; algunos añadiremos, sin duda. Insisto que ha sido una intervención especialmente larga y nos ha parecido hecha a modo de balance. Prácticamente habiendo cumplido ya cuatro años del inicio de la andadura de este nuevo consejo surgido a partir de la Ley Orgánica 4/2013, puede ser un buen momento para hacer balance, pero no solo de hacerlo sino de exigir ya unos resultados. Francamente, a estas alturas nuestro grupo prácticamente afirma que las iniciales cuestiones problemáticas que venían a solucionar esta reforma del año 2013 no solo siguen vigentes sino que se han visto agudizadas especialmente por la reforma de la Ley Orgánica 7/2015 y, además, a ello se suman unas prácticas que abundan e insisten en una serie de deficiencias y contradicciones del sistema. Por todo ello, desde nuestro grupo concluimos que este nuevo consejo ha fracasado. Voy a exponerle el porqué, voy a relacionar una serie de críticas -evidentemente, con un tono constructivo- y después le voy a formular una serie de preguntas para ver si nos convence de que estamos equivocados y que en realidad hay intención de que este nuevo modelo sea un modelo de éxito.

En primer lugar, en la esfera institucional constatamos en estos momentos la ausencia de una política coherente de actuación institucional por parte del propio consejo de cara al cumplimiento de sus objetivos constitucionales, de sus objetivos legales. Nos referimos especialmente al vacío respecto a una línea de actuación que afronte el que debería ser el primer reto, el primer compromiso del Consejo General del Poder Judicial, que no es otro que velar por la independencia de la institución, y ello a pesar de las reiteradas llamadas de atención en el ámbito internacional. Se ha hecho una referencia por parte de varios diputados y diputadas al Informe Greco, pero hemos echado en falta en su intervención referencias explícitas a las críticas realizadas desde dicho informe. A ello se suma la contrastada preocupación y desconfianza arrojada por un 75% de jueces y juezas de España a partir de la estadística elaborada por parte del propio Consejo General del Poder Judicial, que arroja esa cifra de un 75% de desconfianza respecto a las instituciones de gobierno de los jueces. Asimismo, la inexistencia de estas líneas de actuación y de estos sistemas y métodos pedagógicos en los planes de formación inicial y continuada en la magistratura y, junto a ello, una deficiente ejecución presupuestaria que no va más allá de una mera réplica de los presupuestos anteriores y también una política de contratación opaca o, al menos, poco accesible para propios y extraños. En su intervención, señor Lesmes, nos hablaba de transparencia, de austeridad, de consenso y de independencia. Pues bien, francamente nuestro grupo echa en falta todos y cada uno de estos cuatro requisitos.

Respecto a las estructuras fallidas del consejo general, a estas alturas -lo decimos nosotros y también diversas agrupaciones del ámbito de la magistratura- entendemos que la reforma del Consejo General del Poder Judicial ha acabado sacralizando una estructura presidencialista, y le voy a decir por qué llegamos a esta conclusión: en primer lugar, por las rutinas de funcionamiento interno. Constatamos un consejo reforzado sobre todo con la reforma de la Ley Orgánica 7/2015, en el cual las decisiones más relevantes a nivel político y las resoluciones a nivel técnico pasan, siempre y sin excepción, por la comisión permanente, que está dominada por la Presidencia del consejo, en la medida en que es el presidente quien decide y establece los órdenes del día y quien propone las decisiones que se van a adoptar dentro


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de esta comisión. En segundo lugar, por la composición de las demás comisiones -la de igualdad, la de asuntos económicos, la disciplinaria-, que giran y dependen también en todo momento de esta comisión permanente todopoderosa cuyos miembros son propuestos por la Presidencia y que rotan también en función de sus designios, señor presidente, cuando y como usted decide. De hecho, desde enero de este mismo año, en puridad, solo se han producido -corríjame si me equivoco- dos salidas de dicha comisión permanente respecto a la nombrada en origen: en un caso la de Juan Manuel Fernández y en otro caso la de Gerardo Martínez Tristán, aunque este último desde el 1 de abril, fecha en la cual entiendo que está prevista la incorporación del señor Grande-Marlaska. Por otro lado, también esas estructuras fallidas se manifiestan a través de un estatuto desigual de los vocales del consejo, determinado por su adscripción o no a dicha comisión permanente, adscripción de la que derivan sus derechos económicos, sus derechos representativos y todo su régimen de incompatibilidades y también la promoción de la acción disciplinaria que la advertimos opaca, especialmente por actuaciones secretas como la actuación, que muy bien ha expuesto el señor Prendes, del asunto Ruiz de Lara y, además, con una técnica francamente deficiente, puesto que se pueden constatar de forma objetiva unos altos índices de asuntos caducados. A ello también se suma una política de comunicación cuyos responsables son designados y cesados por parte del presidente; se trata de una comisión que está absolutamente sometida a sus dictados y que omite sistemáticamente toda información relativa a la actividad o puntos de vista de la minoría de los vocales.

Por otro lado, el fracaso que hemos anunciado lo basamos también en la constatación de una parálisis organizativa de la carrera judicial. Entendemos que no existe un plan de trabajo que debiera afrontar el incremento del número de plazas de jueces que haga frente y supere el serio déficit respecto a los países de nuestro entorno inmediato: de un índice, en el Estado español, de 12 jueces cada 100.000 habitantes, al índice que fuera deseable, al menos en comparación con los países de nuestro alrededor, de 21 jueces y juezas sobre 100.000 habitantes. Por otro lado, también hay omisión de una negociación eficiente con el Ministerio de Justicia para poder establecer unas cargas de trabajo de jueces y magistrados en los distintos órdenes judiciales y con su esfera de afectación retributiva. Consecuencia de ello es que estas políticas de evaluación y de prevención de riesgos que usted ha detallado en su intervención se basan en un vacío a partir de la incapacidad manifiesta de establecer un módulo de trabajo digno que repercute en la salud laboral. El fracaso anunciado lo fundamentamos asimismo en la discrecionalidad de los nombramientos, que también ha sido denunciada por diputados y diputadas que me han precedido en el uso de la palabra. Constatamos también estas prácticas de nombramientos discrecionales de espaldas incluso a la normativa reglamentaria y a la doctrina de la propia Sala tercera del Tribunal Supremo, con un sistema de selección que depende directamente de dicha comisión permanente y de dicha Presidencia, un sistema de elección básicamente de juego de mayoría simple frente a la mayoría cualificada, que era la que tradicionalmente operaba en consejos anteriores a través del voto a mano alzada; la valoración de la trayectoria de los candidatos se realiza prescindiendo del consenso con las minorías y basándose en esta imposición de la mayoría absoluta, constatando también un carácter marcadamente conservador impuesto a modo de rodillo, además en unas decisiones que muy a menudo vienen cargadas de sospechas de arbitrariedad y de desviación de poder, y no solo lo decimos nosotros sino que ello ha sido refrendado, como bien sabe, por la Sala tercera del Tribunal Supremo. Esta circunstancia se hace visible también, por ejemplo, en casos denunciados anteriormente de la magistrada de la Audiència de Barcelona, la señora Àngels Vives, la cual, en igualdad de méritos, se ha visto doblemente discriminada en su opción de ascenso a la Presidencia de la Audiència de Barcelona: por el hecho de ser mujer y por el hecho de manifestarse partidaria del dret a decidir, del derecho a decidir de la ciudadanía catalana. Por todo ello, constatado este fracaso en nuestro grupo, querríamos saber su opinión sobre una serie de factores que al menos nos ayudarían a salir optimistas de su comparecencia.

Vamos a comentar una serie de ejes sobre los que pivota el futuro de la institución que usted encabeza. Por un lado, la carrera judicial. Considerando que ya parece claro por muchísimas manifestaciones realizadas por el Gobierno que no se va a aprobar la creación ni la convocatoria de nuevas plazas de jueces este año, quisiéramos saber, en primer lugar, qué opinión le merece como presidente del consejo esta situación de bloqueo en la creación de nuevas sedes judiciales y si le parece razonable que la ratio de jueces/juezas 12 de cada 100.000 habitantes es correcta o deberíamos realizar un esfuerzo importante, sobre todo por parte del ministerio, para llegar a la cifra de 21 de media del continente europeo. Nos gustaría saber qué estrategia tiene trazada el Consejo General del Poder Judicial para revertir el estado de las cosas con relación a esta plantilla. Fíjese que le pregunto sobre una estrategia y no gestos puntuales, inanes, que pueden salir muy bien en un titular pero que en realidad no van más allá. Insisto: estrategia.


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En este sentido, como sabe, la Sala tercera del Tribunal Supremo en octubre de 2014 anuló el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 19 de septiembre de 2013 que definía unos módulos, unas cargas de trabajo de jueces y magistrados en los distintos órganos jurisdiccionales, módulos de los cuales depende buena parte de las retribuciones de jueces y juezas. ¿Cuáles son las iniciativas que tiene previsto o que está llevando ya a cabo el Consejo General del Poder Judicial que usted preside para llenar el vacío resultante de dicha declaración de nulidad? Y en su caso, desde su punto de vista, ¿qué balance de resultados y de perspectivas de futuro podemos concluir hasta este momento? El propio consejo que usted preside tiene publicado un informe sobre la carga de trabajo de los juzgados y los tribunales españoles y relaciona todos aquellos que superan en un 150% los modelos establecidos por el propio consejo general. De él resulta que prácticamente el 45% de los órganos judiciales españoles excede este nivel de trabajo, insisto, del 150%, lo que conlleva el consiguiente riesgo para la salud laboral. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que desde el consejo se están diseñando para hacer frente a esta situación calamitosa?

Por otro lado, respecto a la organización del Consejo General del Poder Judicial, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, una de las cuestiones más actuales y preocupantes, especialmente también para la ciudadanía, para los propios jueces y para las instituciones estatales y también europeas, es la politización del Consejo General del Poder Judicial, al que se atribuye una falta de independencia interna y una incapacidad para cumplir con su obligación constitucional de defender la independencia judicial. ¿En qué medida cree que la actual organización y funcionamiento del consejo que usted preside, organización derivada de esta Ley Orgánica 4/2013 reformada por Ley Orgánica 7/2015, ha contribuido o no a incrementar esta preocupante percepción? Y ya que hablamos de funciones del consejo cuya clave de bóveda se ha trasladado, como ya hemos dicho, del pleno a la comisión permanente, que concentra todos los poderes decisorios y ejecutivos, que es nombrado, como hemos dicho, a propuesta del señor presidente, es decir, de usted personalmente, y cuyos órganos técnicos están jerárquicamente dispuestos a partir de la Presidencia, en confianza, señor Lesmes, ¿le parecen justificadas las denuncias de presidencialismo que estamos haciendo? ¿Se lo parecen o tal vez no? ¿Cree que la Presidencia ha pasado de ser aquel primus inter pares que era anterior a la reforma de 2013, durante el mandato de sus antecesores, para convertirse en el vértice de la organización del consejo, que despliega su influencia, por tanto, sobre el pleno y sobre el funcionamiento de todas y cada una de las comisiones? ¿No le parece que si son veinte los vocales que integran el consejo y solo siete tienen dedicación y competencias completas, lejos de asegurarse mayores dosis de aquella austeridad que usted reclamaba, reivindicaba o afirmaba en su intervención, lo que se está consiguiendo es más bien ineficiencia del órgano fruto de este déficit de funcionamiento interno democrático y de la invisibilidad de dos tercios de los magistrados y magistradas que forman este Consejo General del Poder Judicial?

En cuanto a la política de nombramientos, tal vez la actividad más censurada dentro y fuera del Estado español tanto por juristas expertos como por ciudadanos de a pie, se percibe como algo ejecutado de forma discrecional. ¿Puede asegurar hoy aquí ante esta Cámara que carecen de fundamento las sospechas de influencias indebidas en los nombramientos judiciales realizados por el consejo como formuladas de forma ajena a los criterios de mérito y capacidad que deberían incidir en esta selección? Y en su caso, ¿qué nos puede decir acerca de las numerosas sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo que han anulado nombramientos realizados por el consejo que usted preside sencillamente por carecer de los estándares mínimos de motivación que incluso constitucionalmente serían exigibles? ¿Cómo se explica que este estado de opinión esté tan extendido, constatado por la encuesta a la que hemos hecho referencia, en virtud de la cual siete de cada diez jueces en activo considera que los nombramientos que realiza el consejo los hace de espaldas a la valoración justa y necesaria de los criterios de mérito y capacidad? Asimismo, me gustaría saber cómo interpreta usted las continuas llamadas de atención sobre la materia que han llegado desde organismos europeos y organismos internacionales, como se divulga por ejemplo en el reciente cuadro de indicadores de la justicia de la Unión Europea del año 2016. ¿Tiene previsto realizar alguna modificación en la actual reglamentación de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, en particular de los nombramientos discrecionales? ¿Alguna enmienda en el reglamento vigente? ¿Quizá un nuevo reglamento? Y en su caso, ¿para cuándo? En materia de reglamento y organización del consejo general, ¿qué razón puede ofrecer para explicar el retraso del efectivo cumplimiento de las previsiones que aquella Ley Orgánica 4/2013 establecía en su disposición transitoria? Aquellas previsiones que establecían que en el plazo de seis meses desde la


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entrada en vigor de la ley orgánica se dictaría un reglamento de organización y funcionamiento adaptado a este nuevo consejo, del cual en breve se van a cumplir cuatro años.

En cuanto a la obligación constitucional que atañe al consejo de preservar y proteger la independencia judicial, en la que tampoco hallamos una percepción precisamente favorable, como hemos dicho, ni en el ámbito interno social y judicial ni en el ámbito internacional, ¿le merece alguna reflexión? ¿Le merece alguna reflexión esta consideración mayoritaria entre los jueces formulada o testimoniada a través de la encuesta? Además, esta independencia nos preocupa especialmente cuando constatamos últimamente este cambio de criterio que tiene el Ministerio de Justicia. Hasta hace poco el Ministerio de Justicia atendía a no comentar las sentencias, decía: esto es una sentencia y no la voy a comentar puesto que si lo hago se podría interpretar como una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Y últimamente, el ministro Catalá nos ha sorprendido sin ir más lejos comentando la sentencia del 9-N en Cataluña o comentando una reciente sentencia que viene a limitar el derecho de huelga, comentarla incluso en el sentido de celebrarla. Entendemos que este cambio de criterio desde el Ejecutivo todavía influencia más esta independencia y les obliga más a ustedes desde el consejo a velar por sacralizarla, perpetuarla y lo que haga falta. Por otro lado, en cuanto a la formación del Consejo General del Poder Judicial, de jueces, juezas, también se detectan opiniones críticas, como se ha dicho en esta sesión. Nos gustaría que nos explicara si existen unas directrices sobre metodología y sobre sistemas pedagógicos en los planes de formación inicial y continuada del consejo que usted preside.

Más allá de la generalidad, me voy a centrar en dos puntos fundamentales. En primer lugar, nos preocupa especialmente el incumplimiento de unos consejos que llegaron por parte del señor De Greiff, al que usted recibió en la comisión permanente del consejo general, que es relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, el cual dirigió una serie de recomendaciones de formación para jueces y juezas respecto a los contenidos de memoria histórica. ¿Han desarrollado algún protocolo de formación en esta materia? ¿Cuáles son en concreto los refuerzos de tales actividades formativas que se han habilitado para este año en los planes de formación inicial respecto a la memoria histórica? En segundo lugar, dentro de este ámbito de formación, nos preocupa especialmente -como también se ha denunciado desde el PDeCAT y de Esquerra- la discriminación lingüística en el Estado español. También desde Europa el pasado 21 de enero el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitía una recomendación en la que instaba expresamente a España a respetar la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias que, como sabrá, fue rubricada en el año 1992 y ratificada en el año 2001 por el Estado español; lenguas regionales y minoritarias que son poco menos que testimoniales en el día a día de los tribunales españoles. El Consejo urgía la aplicación de acciones con carácter prioritario -leo literalmente- para poner fin a los casos de discriminación lingüística y, entre otros, garantizar la presencia de las lenguas cooficiales en los servicios públicos en general y en la justicia en particular. No le cansaré con las cifras de utilización de estas lenguas regionales o minoritarias porque nos deprimen, tan solo le diré que el mejor de los casos es el uso de la llengua propia de Cataluña, del catalá, en los juzgados de Cataluña, que se emplea a día de hoy en el 8,4% de las sentencias. No hablaremos del País Valencià ni de Euskadi ni Baleares porque francamente nos acabaríamos de deprimir y, dada la hora que es, tampoco apetece.

Por último, en cuanto a la actividad presupuestaria y financiera, respecto al régimen contable y a la gestión económica y financiera del consejo, sabe que el Tribunal de Cuentas indicó que era necesaria la realización de un manual de contratación para conseguir una mejor coordinación y un seguimiento de las distintas fases de contratación del Consejo General del Poder Judicial. Nos gustaría saber en qué fase de elaboración se halla. He dicho que era lo último, pero voy a abrir un último punto muy brevemente -porque también se ha anunciado- que se refiere a la lucha contra la violencia de género, la violencia machista. Usted ha dicho literalmente que el Poder Judicial no va a escatimar esfuerzos y he entendido en su intervención que usted apuesta por la comarcalización de la justicia. Conocerá perfectamente las polémicas que últimamente se han desatado en Murcia o en Cataluña frente a esta comarcalización, es decir, esta centralización de los juzgados de lucha contra la violencia machista, esta centralización en juzgados evidentemente más especializados pero por otro lado francamente alejados de las víctimas. Hemos estudiado una serie de casos y estamos viendo que se está alejando el tribunal que va a conocer de la causa a más de una hora de las víctimas, y ello nos preocupa. Defendemos evidentemente la especialización, la capacitación, la dotación de medios de los juzgados que van a luchar contra esta lacra, pero lo que no podemos tolerar es este alejamiento físico porque estamos hablando de unas víctimas para las cuales el desplazamiento a los tribunales en muchas ocasiones va a suponer un impedimento obstativo


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para que puedan defender sus derechos ante la sede judicial. Defendemos la cercanía -por qué no los juzgados de partido- y entendemos que más que un problema de organización, que existe, es un problema de dotación de medios. Como cierre, me atrevo a preguntarle, señor Lesmes, su opinión personal como juez, como presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero también como ciudadano, respecto a la ausencia de obligación legal de comparecer ante estas Cámaras por razón de sus funciones de presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moya.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señora presidenta. Buenas noches a todos.

Doy la bienvenida tanto al señor Lesmes como a todos los miembros del consejo que están aquí, vocales y resto de personal. Esta es su casa, aunque no sea esta una sesión de control pero pueda parecerlo. Si alguno se quejaba de que hablar antes ya era complicado, imagínense lo que es para mí cuando además se me requiere absoluta brevedad. No voy a prometer brevedad, pero voy a intentarlo.

Ante la comparecencia de esta tarde, que ha comenzado con un tono muy adecuado y ha terminado con una referencia que nos aparta de lo que la mayoría entendemos por la justicia, de lo que entendemos por el gobierno de los jueces y de lo que entendemos por la situación actual de la justicia, creo percibir un inicio muy importante de las sesiones de la subcomisión sobre la estrategia nacional en materia de justicia, sesión que teníamos para después pero que creo que ha comenzado aquí, y me congratulo. El señor Lesmes nos ha ilustrado sobre algunos aspectos; ha sido como el inicio de todo aquello sobre lo que los miembros del consejo pueden ilustrarnos para un trabajo que, como ha dicho alguno de mis compañeros, pretendemos que sea serio y que contribuya a mejorar la justicia en España.

Ha habido otra parte más amplia en la que se nos ha ilustrado con una serie de datos que agradecemos, porque además pone de manifiesto que en esa esquizofrenia existente a la hora de abordar las memorias del consejo, el presidente Lesmes cumple con el compromiso de actualizar, con independencia de cuál sea el año de la memoria, los últimos datos a año cerrado. Esto, por un lado, nos permite transitar desde la última comparecencia por la memoria que realmente se presenta y por los datos del último año, el año 2016. Con lo cual, aunque el portavoz de Ciudadanos haya dicho que no se percibe que se haya hecho nada en las reformas que se desarrollaron a lo largo de la X Legislatura, yo creo que sí, aunque usted ha dicho -con una cautela evidente derivada del gran conocimiento que tiene de la materia- que algunas de las cifras vinculadas a determinadas reformas que determinan una disminución considerable hay que tomarlas con cautela; entre otras cosas, porque la mayor parte de estas reformas no son -y permítanme la expresión vulgar para abreviar- la purga Benito, como decía mi abuela. Es decir, no puede notarse su impacto después de solo un año, año y medio o dos años. Aprovecho para decir que en este punto el Grupo Popular ha pedido, como propuesta de resolución aprobada por toda la Cámara, que se insista en algo a lo que usted ha aludido especialmente en el resumen de los datos de 2016, y es que en las memorias sucesivas se recoja un apartado de impacto de las reformas legislativas respecto a los datos o las cifras que nos preocupan. Asimismo, quería señalar -alguno de los portavoces lo ha dicho- que se presentaron 127 propuestas de resolución respecto a la anterior memoria, con el accidentado iter debido al tránsito entre dos legislaturas. De esas 127 propuestas se aprobaron 85, en una legislatura -la XII- en la que coincido con el señor Prendes en que es una legislatura de oportunidad, que puso de manifiesto, salvo en algunos tratamientos de temas -que no temas, como ha puesto de manifiesto el señor Moya-, el alto grado de coincidencia entre los grupos, que permitió dicha aprobación en muchos de los casos prácticamente por unanimidad.

Algunos de los temas los ha desgranado usted aquí, otros se los han planteado los compañeros, pero a mí me gustaría recordar que hacer visiones negativas nos aparta del trabajo que hay que reconocer, y me ha gustado que usted haya terminado con un reconocimiento a los jueces. Yo quiero hacer un reconocimiento aquí al trabajo de los profesionales de la justicia en general, y en particular -por lo que nos ocupa- a los jueces y magistrados. En las últimas semanas se están produciendo manifestaciones de alta irresponsabilidad por parte de grupos políticos que son las que siembran la duda y la confusión entre los ciudadanos frente a estos profesionales, algo que creo que no nos podemos permitir. Estamos de acuerdo en que nada es perfecto y en que todo es mejorable, pero eso no quiere decir que creemos un estado de confusión para señalar a los ciudadanos que el sistema de justicia en el que confían se encuentra en un estado que no se corresponde con la realidad. Sobre todo cuando se incorpora a los


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jueces en unas suposiciones que se convierten en un principio de trama y llevan a que esa trama se convierta en un argumento para criticar no solo al consejo sino al ministerio, al Gobierno, a la fiscalía y mezclarlo todo, porque mezclándolo todo no se puede ser riguroso. Por tanto, quiero ratificar el compromiso del Grupo Parlamentario Popular con los profesionales, reconociendo que no siempre hemos podido atender las cosas como merecen, que estamos empeñados en atenderlas, en escucharles y en reaccionar, y que solo desde esa posición constructiva -reconociendo lo bueno y sabiendo que también hay cosas que no están funcionando tan bien-, que compartimos con algunos de los grupos, el consejo contribuirá, como tiene que hacerlo el Gobierno de la nación, a mejorar la justicia. Además, tenemos esa gran oportunidad de impulsarlo desde la propia Cámara, que siempre lo decimos. Es curioso, porque algunos de esos temas han sido objeto de evolución extraordinaria en el consejo y creo que hay que resaltarlo, como es el tema de la consolidación del portal de transparencia, como es el compromiso de aprobar unos principios de ética -como se ha dicho-, como es poner un especial cuidado en una materia que nos preocupa a todos por el daño institucional que ha hecho -como es el caso de la Unidad de apoyo contra la corrupción, como es el repositorio de corrupción-.

Aquí quería hacer un inciso, creo que si hacemos una lectura no interesada sino correcta de estos datos positivos y de lo que aportan concluiremos que la justicia funciona, que hay leyes que mejorar y cambiar pero que muchas de ellas están funcionando y por eso hay ese número de investigaciones, que las investigaciones no se corresponden con el número de personas que finalmente son condenadas y que, en definitiva, los tiempos, los años de cada uno de esos comportamientos son los que son. A veces interesa que todo se comprima y haya sucedido en este momento y la idea del mapa de la corrupción se extiende como una sospecha respecto a todos. Parece que todo está corrompido y que la lacra de la corrupción es sistémica en todos los sectores. Creo que estas iniciativas ayudan mucho, desde el rigor de los datos de quien los tiene, que es el Consejo General del Poder Judicial. Es de agradecer, ya se ha dicho aquí, además que se actualicen y que se vayan completando aquellos datos que nos pueden proporcionar sobre de qué manera están funcionando las normas, los procedimientos y en qué medida podemos mejorarlos -porque también estamos empeñados en esta Cámara en ello- para que finalmente la ciudadanía vuelva a confiar -como tiene que confiar- en sus instituciones.

Otro de los aspectos es el de la mediación y creo que un número importantísimo de esas propuestas de resolución se recogen en una reciente iniciativa que transaccionamos en el Pleno sobre mediación. Los propios objetivos del consejo que se ponen de manifiesto en la memoria -y que usted ha trasladado también en la ampliación de los datos- ponen de manifiesto que todos juntos trabajando por este instrumento de resolución extrajudicial de conflictos y de su incorporación al ámbito intrajudicial, y todo lo que hagamos en formación, en difusión y en mejorar los instrumentos sin duda contribuirá a la agilización de la justicia. Es insistente también en esas propuestas de resolución la importancia de la permanencia en el destino de los jueces para mejorar las tasas de resolución, y me gustaría conocer su opinión porque también muchos jueces y magistrados con los que personalmente he hablado me dicen que esto se percibe. Esto lo han planteado distintos grupos, ha sido una preocupación y creo no haberlo oído en las intervenciones. Como le digo, hay personas con responsabilidades de dirección en cada una de las audiencias o magistrados que trasladan que cuando se produce ese grado de estabilidad mejora el funcionamiento. Me gustaría conocer su opinión.

Para ir concluyendo ya, quiero señalar en positivo tres cuestiones que se han mencionado aquí. La primera, el reciente acuerdo del Consejo de Ministros que fue publicado como real decreto -al que se ha referido- el pasado 11 de marzo, las 16 plazas para la puesta en marcha de esa segunda instancia penal en los términos que aquí se ha explicado. Si es posible, me gustaría conocer su valoración porque los criterios del Consejo General del Poder Judicial han permitido la distribución de esas plazas. Esa es una buena noticia. En esta Cámara, en esta Comisión o en Pleno, escucho demasiadas veces que por qué proponemos algunas cosas o defendemos otras que no se han hecho durante mucho tiempo. Si siguiéramos esa filosofía no llegaríamos nunca a ninguna parte. Es una buena noticia, a pesar de que no tener presupuestos implica que no podamos tener determinadas ofertas de empleo ni en justicia ni en otros ámbitos de la Administración pública. Es responsabilidad de todos, por lo que desde aquí hago nuevamente un llamamiento para que tengamos prepuestos porque eso nos ayudará. No obstante, insisto en que es una buena noticia y me gustaría que desarrollara este punto. De la misma manera quiero agradecer la iniciativa del consejo respecto de algo que preocupa a los ciudadanos ante las posibles reclamaciones masivas en los tribunales, para evitar que sean causa de colapso en la justicia. Se trata de las cláusulas suelo, para abreviar. Es verdad que ha manifestado su preocupación y el propio comunicado


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del Consejo General del Poder Judicial en su momento expresaba la fecha aproximada en que debería ponerse en marcha ese plan. También me consta que el ministerio está trabajando con esa idea para reforzarlo y para que este plan pueda salir adelante. Estas cosas también hay que resaltarlas, sin lugar a dudas.

Concluyo. En este punto me sumo a la preocupación expresada en las propuestas de resolución y en las intervenciones que han hecho hoy los portavoces, aunque no siempre voy a estar de acuerdo en cómo lo plantean algunos de ellos. Se trata de la preocupación de género, la preocupación por el hecho de que en este momento el número de juezas y magistradas esté ya por encima de los varones, siendo la media de edad la que corresponde para que se produzca esa ruptura del techo de cristal. Díganos por qué aún seguimos con esa disminución. Como mujer, no me preocupan los números, sino que se nos valore por la capacidad y por la calidad. He formado a muchas chicas que hoy son juezas, que hoy son grandes magistradas, y me gustaría, sin romper los principios de mérito y capacidad, sino poniéndolos por delante, que entre todos diésemos un empujón porque eso es lo que se corresponde con las actuales estadísticas de número, de calidad y de presencia de compañeras que están aportando mucho a ese trabajo que usted ha alabado y en relación con el cual yo cierro mi intervención diciendo que hay que seguir alabando.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moro.

Tiene la palabra para replicar y contestar a las distintas intervenciones el señor Lesmes Serrano. Cuando quiera.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Lesmes Serrano): Muchas gracias, señora Robles, por darme la palabra.

Procuraré contestar a las múltiples cuestiones que han planteado a lo largo de este debate parlamentario los distintos portavoces. Y quiero agradecer a todos el tono de sus intervenciones, correcto y respetuoso con la institución que represento en este acto.

En relación con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Campo, atisbaba en sus primeras palabras una cierta queja por el enorme volumen de datos que he proporcionado. Ciertamente, ha sido una prolija exposición inicial por mi parte. He tratado aquí, como en anteriores ocasiones, de dar cumplimiento al contenido de la comparecencia, que es la presentación de la memoria. Si uno coge la memoria del consejo o de los tribunales, de cualquier tribunal o de cualquier institución, todo son cifras, estadísticas y números. Comprendo que resulta especialmente tedioso, pero eso es lo que quiere la ley que se haga en la comparecencia, presentar la memoria de actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales. Quizá el próximo año procuremos aliviar este exceso estadístico o numérico en la presentación de la memoria.

Al hilo de esto decía su señoría que no entendía bien algunas reducciones, la del 30%. Quizá no lo he explicado bien. Se fundamenta esa reducción no en una minoración real de la carga de trabajo de nuestros juzgados y tribunales, sino en el impacto de reformas legislativas concretas que han hecho que una determinada actividad realizada en los juzgados con impacto estadístico pero sin contenido real de trabajo haya desaparecido. Las reformas a las que se refería su señoría en la Ley 1/2015 y la Ley 41/2015 fundamentalmente atañen a los atestados policiales sin autor conocido, que hasta estas reformas se enviaban a los juzgados e inmediatamente se abría un proceso y unas diligencias previas, que a continuación se archivaban dictándose un auto de sobreseimiento. Esto no suponía un contenido real de trabajo, pero tenía un impacto estadístico; las diligencias previas incoadas como consecuencia de la recepción del atestado policial daban lugar a un procedimiento que en realidad no conllevaba trabajo alguno más que el mero registro del atestado, de la incoación y del posterior archivo. Con acierto, porque esta fue una reforma interesada y pedida por los sectores profesionales, se acogió, se incorporó a la ley y ha dado lugar a que a lo largo del año 2016 haya tenido ese impacto estadístico. Como les decía, este es un año de transición; no el de la memoria, que es 2015, sino 2016, cuyos datos les he anticipado a lo largo de la exposición. Por tanto, habrá que esperar a 2017 para ver realmente cómo es la evolución de la litigiosidad. Quitando el impacto de estas dos reformas legislativas, se aprecia -y así lo he expresado- una ligera disminución del 24% en los distintos órdenes jurisdiccionales. Ha bajado en civil y también en social no de una forma especialmente significativa, pero sí hay una pequeña bajada de la litigiosidad. La tasa de litigiosidad en conjunto ha bajado lógicamente como consecuencia de estas medidas legislativas y su correspondiente impacto, pero el resultado posterior a esa reducción estadística -que no de trabajo- indica que seguimos manteniendo una tasa de litigiosidad que está entre las más altas de Europa. Y ya


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que estoy hablándoles de la tasa de litigiosidad, creo que el señor Legarda planteaba por qué hay distintas tasas de litigiosidad en las distintas comunidades autónomas. Es difícil saberlo. Suele coincidir que donde hay más litigios y más retrasos como consecuencia de que hay más litigios a su vez hay más litigios. Posiblemente la disfunción de la Administración de Justicia en dar una pronta respuesta a determinados pleitos genera más pleitos. Hay quien provoca el pleito para aprovecharse de la tardanza en la respuesta. Esa puede ser una razón. También hay sin duda razones culturales. Hay comunidades españolas más proclives a la litigiosidad que otras. ¿Por qué le digo lo anterior? Porque si observamos el mapa nacional de respuesta y funcionamiento de la Administración de Justicia desde el punto de vista de la litigiosidad, geográficamente nuestro norte peninsular es el que tiene un mejor funcionamiento de la justicia junto con el oeste peninsular; es decir, el noroeste peninsular tiene mejores tiempos de respuesta y, a su vez, las tasas de litigiosidad más bajas. Normalmente hay también mejores dotaciones de planta judicial por razones históricas, las que sean, pero esto es así. Sin embargo, el centro peninsular, el arco mediterráneo y Canarias son las zonas donde hay una mayor litigiosidad y, a su vez, donde la planta es más insuficiente. Dicho todo esto, tenemos una de las tasas de litigiosidad más altas de la Unión Europea y esto debe ser objeto de reflexión. Hay estudios económicos en relación con la litigiosidad que ponen el acento en la cuestión del coste del proceso, es decir, cuánto cuestan los procesos y sobre quién recae el coste del proceso: si recae porcentualmente de una forma muy significativa sobre el litigante, si recae de forma significativa sobre la sociedad o si hay un reparto equitativo de los costes del proceso. En la subcomisión para el estudio y definición de la estrategia nacional de justicia con seguridad sus señorías recabarán información. Hay expertos españoles que han estudiado detenidamente esta cuestión y seguro que les pondrán aportar luz en relación con estos temas.

En segundo lugar, el señor Campo planteaba la cuestión de las inversiones. Esta es una buena pregunta, sobre todo para el ministro, que creo que va a comparecer el día 6 de abril, porque, como muy bien sabe su señoría, nuestro presupuesto es limitado y solo es para el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Lógicamente yo solo puedo decir que la justicia necesita de mayores inversiones, sin duda alguna. Y si nos vamos a los indicadores de la Unión Europea -que alguna mención se ha hecho a ellos en las intervenciones-, vemos que nosotros estamos en una cuantía de euros por habitante inferior a la media europea y al final se nota en la calidad del servicio de la justicia el hecho de que nosotros, los españoles, nuestro país, nuestro Estado, invierta en justicia menos que otros Estados. Por tanto, sin duda alguna se debe hacer el esfuerzo de incrementar la inversión. Yo suelo destacar muchas veces en mis intervenciones públicas que en España hay administraciones muy eficientes, y comparativamente con otros países especialmente eficientes. Nosotros tenemos una administración de la Seguridad Social que funciona muy bien, o la Agencia Tributaria, que también funciona muy bien, administración que todos conocemos porque somos contribuyentes y anualmente sabemos que está innovando constantemente en sus propios servicios. Lógicamente a mí me gustaría que la Administración de Justicia española tuviera los mismos niveles de eficiencia que otras administraciones, pero también es verdad que esas administraciones han recibido unas inversiones cuantiosas, muy bien pensadas además, y a lo largo de muchos años.

Parecida a la anterior es la respuesta a la cuestión de la planta. Nosotros efectivamente tenemos una planta insuficiente. Yo he destacado en mi intervención que se está efectuando un trabajo tanto por el Servicio de inspección como por las salas de gobierno de los distintos tribunales superiores de Justicia, y es que queremos saber con la mejor de las aproximaciones si el dimensionamiento de nuestra planta es el más adecuado. Pues bien, en estos estudios -que ya están muy avanzados- se observa que hay insuficiencia de planta en muchos partidos judiciales, pero también se observa que hay juzgados que incluso podrían ser suprimidos porque prácticamente no soportan cargas de trabajo. Y a su vez se observa que hay determinados partidos judiciales donde lo oportuno, lo conveniente, lo necesario, lo que habría que hacer desde el punto de vista de la optimización de los recursos públicos es transformar a su vez juzgados. Nosotros queremos presentar un mapa completo de la situación donde no solo aparezca reflejada la necesidad de incrementar la planta, sino también la necesidad en determinados casos de transformar y en algún caso incluso de suprimir órganos judiciales.

Abordaba su señoría en cuarto lugar la cuestión de las mujeres, la cuestión de género, que lo acaban de plantear la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y otros portavoces. Esta es una cuestión de déficit y así hay que reconocerlo. Como otros colectivos profesionales, la carrera judicial -yo creo haberlo dicho en anteriores comparecencias- ha sido hasta hace unos años mayoritariamente masculina -eso es así-, hasta el punto de que si uno ve la pirámide desde el punto de vista del género de la carrera


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judicial, observa que dentro del colectivo judicial de más de sesenta años prácticamente el 80% son varones. Ahora bien, se ha producido una transformación intensísima desde este punto de vista, porque si nos vamos a los jueces o juezas de menos de treinta años, más del 70% son mujeres, y si vemos ya la carrera judicial en el cómputo total de los 5.400 jueces, el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Y, efectivamente, si nos vamos a las cúpulas judiciales, Tribunal Supremo o presidencias de tribunales superiores de Justicia o presidencias de audiencia, estas proporciones cambian. Es verdad que hay que hacer una cierta corrección por el tema de la edad -el acceso a las presidencias o el acceso al Tribunal Supremo no se produce a los treinta años ni a los treinta y cinco-, pero hay ya un porcentaje significativo de mujeres en esos tramos de edad que sin embargo no están representadas en el mismo porcentaje entre los presidentes de audiencia, presidentes de sala, presidentes de tribunal superior y, por supuesto, tampoco en el Tribunal Supremo. Este consejo ha dado algún avance significativo o paradigmático; fue este consejo el que efectuó el nombramiento de la primera mujer que fue magistrada de la Sala segunda del Tribunal Supremo en toda la historia del Tribunal Supremo y el último de nuestros nombramientos para la Sala primera del Tribunal Supremo también es una mujer, que ha entrado por el quinto turno. Además hemos conseguido un segundo hito que yo quisiera destacar, y es que por primera vez en la historia de España y de nuestro Tribunal Supremo, que tiene más de doscientos años de historia, todas sus salas de justicia están servidas por al menos una mujer magistrada. Dicho esto, estamos en una situación deficitaria, hay que reconocerlo, y tenemos mucho que hacer en los próximos años para corregir este déficit. Por tanto, yo tomo nota -la tengo ya tomada antes de venir a esta comparecencia- y con seguridad los vocales del consejo, tanto los que están aquí como los que no están, también han tomado nota de esta circunstancia, y sabemos tanto ellos como yo, lo sabemos todos, que tenemos que hacer un especial esfuerzo para corregir este déficit.

La cuestión de los módulos y de las cargas de trabajo -preguntaba su señoría qué hemos hecho- tiene una trascendencia muy relevante en la organización de la carrera judicial, por muchas razones. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la salud laboral vinculada a las cargas de trabajo, pero la carga de trabajo es significativa también para dimensionar la propia planta. Para saber si necesitamos más jueces no hay que compararse con Alemania, que puede tener un sistema jurídico distinto y el término de comparación nos puede conducir claramente a error. Lo que hay que saber es si el colectivo de jueces que tenemos es suficiente para asumir la carga de trabajo que entra en los tribunales. Por tanto, para dimensionar correctamente la planta en nuestro país hay que tener objetivadas cuáles son las cargas que razonablemente pueden asumir los jueces y magistrados en los distintos órdenes jurisdiccionales. Pero no solo vale para esto, también es muy importante para el tema de salud laboral. Hay unas cargas que se pueden considerar excesivas y si estamos poniendo especial atención a la prevención de los riesgos laborales habrá que tener también en cuenta la cuestión de las cargas para este tema de la prevención de riesgos. A su vez, se dice: es que se cobran distintas atribuciones. No sé cuál de los portavoces lo ha dicho. En realidad no se cobran distintas retribuciones porque se anuló el reglamento que contemplaba esta situación, pero en la Ley de retribuciones de la carrera judicial y fiscal del año 2003 hay una previsión de retribución por razón de una mayor productividad. Hay jueces que trabajan más que otros, esto es una realidad fácilmente constatable, y es de justicia que aquellos que trabajan más que otros tengan una parte de su retribución mayor que la de los otros. Este es el principio de productividad que se aplica a casi todos los colectivos de servidores públicos. Pero esa retribución por productividad que está contemplada en la Ley de 2003 de retribuciones de la carrera judicial y fiscal no puede aplicarse en la medida en que no existen unas cargas porque fueron anuladas. En el anterior consejo se aprobaron unas en el mes de septiembre del año 2013, pero no se hizo bien el procedimiento y fueron anuladas por la Sala tercera del Tribunal Supremo, con lo cual nos quedamos sin cargas. Es un déficit que nosotros tenemos que resolver. Además de esto, las cargas de trabajo también tienen importancia en la materia disciplinaria. ¿Cómo podemos decir que un juez trabaja poco si no tiene previamente definidas de una forma objetiva las cargas de trabajo que razonablemente puede llevar? Por tanto, el tema de las cargas tiene importancia para los temas de salud, para el dimensionamiento de la planta, para la parte disciplinaria y para la retribución.

Siendo el consejo consciente de esta cuestión, ya desde los inicios de este mandato se pusieron en marcha trabajos para la determinación de la carga de trabajo. Quizá no estuvimos muy acertados porque pensábamos que iba a haber una mayor colaboración de los jueces a los que se les requería información para poder determinar las cargas, y tuvimos que cambiar, hace ya unos cuantos meses, de metodología de trabajo. Esa metodología se ha puesto ya en marcha, e incluso se ha aprobado un presupuesto


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extraordinario para que aquellos jueces que están colaborando con nosotros en la definición de la distribución de sus tiempos en el distinto tipo de asuntos o en lo que son sus responsabilidades en los juzgados y tribunales obtengan una pequeña retribución que estimule que colaboren. Tal y como va ahora, están participando muchos jueces, en una cuantía significativa desde el punto de vista estadístico, para obtener resultados fiables. Yo creo que antes del verano, hacia los meses de junio o julio, tendremos ya resultados que valorar y posiblemente a finales de año, y con seguridad antes de la próxima comparecencia para presentar la memoria del año 2016 ante esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, tendremos definidas las cargas de trabajo a estos efectos.

Desde la perspectiva de la salud -creo que me preguntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Podemos-, como esto es una cuestión que tenía una mayor urgencia y quizá no podíamos esperar a que estuvieran realizados los trabajos a finales de este año, se decidió de común acuerdo con las asociaciones judiciales, en una reunión que tuvo lugar el día 7 de diciembre del pasado año, hacer un mapa de salud para detectar o identificar aquellos órganos judiciales en relación con el juez que lo sirve que por las circunstancias objetivas que concurran en él más las circunstancias propias del propio juez pudiera inferirse o deducirse que su salud podría resultar comprometida. Hace unos días, como he señalado en la exposición inicial, la Comisión nacional de prevención de riesgos de la carrera judicial se reunió con dos de nuestros vocales precisamente para analizar este mapa inicial y sé que los trabajos están, en ese sentido, bien encaminados.

Hacía referencia también su señoría a la cuestión de la violencia de género, que ha sido abordada por otros portavoces parlamentarios, creo que prácticamente por todos. Yo he hecho mi presentación inicial extensa -quizá ha resultado excesiva, pero algunas cuestiones yo sabía que iban a ser de especial sensibilidad para la Cámara- precisamente para contar con todo detalle qué es lo que estamos haciendo como Consejo General del Poder Judicial en esta cuestión. En el consejo general tenemos una cierta responsabilidad sobre el sistema de justicia, no en todo porque intervienen, lógicamente, el Ministerio de Justicia y las administraciones territoriales, las comunidades autónomas, pero sí en la medida en que nosotros gobernamos la carrera judicial y la figura del juez es especialmente relevante desde el punto de vista del funcionamiento del sistema judicial. Entonces, ponía de manifiesto algunos datos estadísticos que indican que ha habido un crecimiento en la respuesta, ha habido una labor de concienciación de las propias mujeres que sufren esta situación para que denuncien y esto se refleja en un incremento porcentual significativo del número de denuncias, lo que ha dado lugar a una mayor respuesta judicial. El número de sentencias dictadas también, lógicamente, se ha incrementado al haber más denuncias y, lo que es especialmente significativo y relevante, el porcentaje de las sentencias condenatorias también se ha incrementado. A su vez, aquellas medidas de naturaleza protectora que está encomendado dictarlas a los jueces, como las órdenes de protección o de otro tipo, también se han incrementado notablemente a lo largo del año 2016. Es decir, que el sistema judicial en su conjunto ha dado una respuesta superior ante este fenómeno, fenómeno que -como todas sus señorías conocen perfectamente- no tiene causa en el funcionamiento de la Administración de Justicia sino en otras cuestiones, culturales y de educación, en las que lógicamente hay que incidir extraordinariamente y en relación con las cuales el Consejo General carece de competencias. Pero nosotros apostamos por ese pacto de Estado que ha sido ya formulado en la Cámara y, desde luego, el Consejo General del Poder Judicial contribuirá en la medida de lo posible a que los resultados de ese pacto sean lo más exitosos posible desde el punto de vista de la reducción, si no eliminación, de esta grave lacra social.

Nosotros, señorías, tenemos un observatorio cuya función fundamental, como su propio nombre indica, es la de observar, la de recabar información, ver lo que pasa y, desde ese punto de vista, es de especial utilidad para este tipo de trabajos, porque nosotros analizamos constantemente la información. Una de las obsesiones de las personas que forman parte del observatorio -la presidenta, las personas que la auxilian, las vocales que pertenecían ya o que se han incorporado recientemente al propio observatorio- es, lógicamente, recabar cuanta más información mejor para que podamos analizar y, a ser posible, encontrar soluciones que minoren esta situación que a todos nos desagrada. Hacía referencia uno de los portavoces a la publicidad de los datos. Esta es una cuestión que están ahora estudiando en el observatorio, la publicidad de los hechos. Se ha comprobado en otros ámbitos que la publicidad del hecho a veces genera un estímulo. Se ha comprobado en materia de suicidios. En países donde se daba una información muy puntual sobre suicidios, dejó de darse esa información puntual y bajaron los suicidios. Esta es una cuestión que no tenemos suficientemente estudiada, pero a la que me refiero porque la planteaba uno de los portavoces. Tenemos que valorar en qué medida la publicidad de este tipo de hechos


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puede incidir negativamente en el propio desarrollo del fenómeno. Desde el punto de vista de las distintas respuestas de los juzgados, que ha indicado el señor Campo, depende de cada juez lógicamente, y ahí es muy difícil que el Consejo General del Poder Judicial penetre, porque nosotros no podemos indagar por qué cada juez toma o deja de tomar esas decisiones, esa es la independencia judicial. Cada juez tiene la ley y unos la aplican con más rigor y otros con menos, pero ahí nunca podemos penetrar, no podemos hacerles ningún tipo de indicación al respecto, porque como saben perfectamente sus señorías lo tenemos vedado.

Desde el punto de vista de la formación claro que se está haciendo formación. Una de las medidas que proponía el otro día la presidenta del observatorio era incidir en la formación y la especialización de los jueces. Uno de los portavoces ha comentado la comarcalización, y en principio queremos ir a esa comarcalización. ¿Por qué? La comarcalización supone que el juzgado especializado, el juzgado de violencia, puede conocer asuntos que se han producido en partidos judiciales próximos, pero que no es el suyo. La ley lo permite, permite que lo haga el consejo. Nosotros creemos en la comarcalización porque precisamente extendemos esa mejor dotación, ese mejor conocimiento y esa mayor especialización del juzgado de violencia a otros partidos próximos, y por lo tanto no se produce ningún perjuicio. La mayor calidad de trabajo que puede desarrollarse en el órgano especializado podemos extenderla a los partidos judiciales limítrofes, a aquel en el que el juzgado presta su servicio.

Ha hablado su señoría del artículo 433 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo, conviene recordarlo, se introduce en la reforma 19/2003, y como muy bien dice su señoría no se ha desarrollado nunca. Precisamente en mi exposición les he dicho lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo ya en el consejo en relación con los jueces, y es dar contenido a este artículo 433. Estamos hablando de un cursus honorum basado en una evaluación permanente del juez en su formación concreta, en su especialización. Así que tendremos que ir abriendo un expediente de cada juez en el que se irá incorporando toda la información relativa a su desarrollo profesional, a la formación que obtiene, a la evaluación y aprovechamiento de esa formación para que, como consecuencia final, tengamos lo que parece que es de interés general y que he expuesto en mi presentación inicial, que es que reduzcamos la discrecionalidad en los nombramientos, porque es una de las cuestiones que generan mayor desconfianza en el sistema de justicia. Por tanto, señoría, totalmente de acuerdo. Han pasado catorce años, pero la dicha será buena porque vamos a trabajar intensamente en este asunto.

Su señoría también se ha referido en su intervención a las cláusulas suelo. Les voy a dar algunos datos, aunque con seguridad ustedes ya los conocen, pero por si alguno no los conoce. En España hay seis millones de hipotecas constituidas a particulares. De esos seis millones de hipotecas, un millón y medio tienen cláusulas suelo. En los seis millones de hipotecas hay cláusulas de vencimiento anticipado, y en todas ellas hay una previsión de intereses moratorios. Todas estas cuestiones están siendo planteadas ante los tribunales, no solo las cláusulas suelo como cláusulas abusivas, sino también el vencimiento anticipado como posible cláusula abusiva. Muy recientemente la sala primera del Tribunal Supremo ha planteado cuestión prejudicial sobre el alcance, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el punto de vista de su abusividad y en relación con la directiva comunitaria, de la cláusula de vencimiento anticipado, que prácticamente tienen todas las hipotecas, es decir, los seis millones de contratos de constitución de préstamo con garantía hipotecaria. Todos estos contratos también tienen cláusulas de intereses moratorios, unas de un tipo y otras de otro. Por tanto potencialidad litigiosa hay mucha. ¿Que luego vayan a existir millones de litigios? No lo podemos saber. El número de litigios civiles al año está en torno al millón y medio. Pero, claro, si tenemos seis millones de contratos donde, en hipótesis, hay cláusulas que pudieran declararse abusivas potencialmente, puede haber muchos litigios, hasta tal punto que colapse la jurisdicción civil española, con un grave quebranto de los intereses generales. Pero a día de hoy no lo sabemos. La Cámara ha convalidado el Decreto-ley 1/2017 donde se prevén unos mecanismos de solución de conflictos alternativos al judicial. Hay que esperar. Todos hemos escuchado pronunciamientos de los responsables de entidades financieras. Recuerdo, por ejemplo, que Bankia ha dicho que va a devolver todos y por tanto no va a haber litigios; parece ser que otras entidades financieras van a tener otras estrategias. Nosotros por supuesto respetamos las estrategias que puedan tener las distintas entidades financieras, pero como responsables del sistema judicial, al menos en la parte de los jueces, nosotros tenemos que prepararnos de alguna manera ante lo que podría ser, que puede no ser, una entrada masiva de asuntos en nuestros juzgados civiles.

¿Qué hemos hecho? Pues hemos partido de nuestra experiencia. Lo que mejor ha funcionado en este tipo de litigios masa fue lo que se hizo en algunos juzgados en materia de preferentes, que seguro que su


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señoría conoce. Se hizo en Vigo, se hizo en Santander, y dio respuesta judicial a un problema social muy grave, como era la cuestión de las preferentes, y se ha hecho desde la perspectiva social de una forma muy satisfactoria para las personas afectadas por las preferentes. ¿Qué es lo que se hizo? Provincializar juzgados, es decir, un juzgado con competencias para todas las preferentes, al que se le dotó especialmente, y con unos tiempos especialmente rápidos dio respuesta a ese tipo de asuntos. Nos pareció que a la hora de abordar esta cuestión era el mejor ejemplo. Esto es lo que se plasma precisamente en ese acuerdo de la comisión permanente, donde se establecen ya los principios básicos con los que va a actuar el Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto lo hicimos hablando con los presidentes de los tribunales superiores de justicia, a los que convocamos inmediatamente, y por supuesto también hablando con los jueces decanos, que fueron a continuación también inmediatamente convocados para explicarles este sistema; y se hicieron sugerencias por su parte, que algunas lógicamente se han incorporado, lo cual no quita que, a la vista de la propia virtualidad del sistema, este pueda ser modificado en el tiempo. Lo que se ha querido es hacerlo muy flexible. Un único juzgado presenta grandes ventajas, sin duda alguna. ¿Cuáles son esas ventajas? Concentra toda la materia, lo que va a conducir a una mayor seguridad jurídica, porque la respuesta va a ser de ese juez y no de cuarenta jueces distintos dando respuestas diferentes; por tanto la previsibilidad de la respuesta es mayor. Esto es bueno para todo, también para los ciudadanos. Puede evitar incluso que haya una mayor litigiosidad, que haya previsibilidad en la respuesta judicial. Desde el punto de la organización judicial nos permite dar una formación específica. Si todos los asuntos, cientos de miles o millones de asuntos entran en la totalidad de órganos judiciales, entre juzgados de primera instancia y juzgados mixtos tenemos mil seiscientos, formar a 1.600 jueces es muchísimo más difícil que formar a un colectivo de 100, 150 o 200 jueces. Se ha elaborado, como antes decía, un libro electrónico ya con las bases de la jurisprudencia existente del tribunal de justicia; hemos constituido ya un aula de formación permanente. Por tanto los jueces que se hagan cargo de estos asuntos van a tener una asistencia plena desde el punto de vista formativo.

Ahora bien, el consejo condicionó la adopción de estas medidas a que, por parte de las administraciones públicas, y muy especialmente por parte del Ministerio de Justicia, se proporcionen las dotaciones necesarias. Lo que no podemos es involucrar a la organización judicial en esta cuestión si no vamos a estar asistidos por las dotaciones necesarias. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia, en la que estuve presente. Habitualmente no asisto a la comisión mixta, pero sí fui a esta para precisamente trasladarle al ministro de Justicia que nada de esto se podría hacer si no teníamos un compromiso firme, que él asumió, de proporcionarnos aquellas dotaciones que para nosotros eran necesarias, entre ellas el incremento de la planta. Y no solo esto, sino que en el pleno del Consejo del Poder Judicial siguiente a estos contactos preparatorios y a este diseño se hizo una declaración institucional por parte del consejo, suscrita por la totalidad de los vocales, donde se indicaba que nada de esto se haría como no viniera acompañado de las necesarias dotaciones de medios personales y materiales.

Es difícil hoy, 15 de marzo, saber qué es lo que va a pasar. El plazo previsto para la solución extrajudicial en el Decreto-ley 1/2017 no ha transcurrido todavía, y por tanto carecemos de información para saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero sí quiero que sepan sus señorías que no hemos querido ir arrastrados por las circunstancias, sino prevenir las circunstancias que se puedan producir y que puedan contaminar o dañar a todo el sistema judicial.

Preguntaba su señoría sobre el porqué de los JAT; porque el JAT, el juez de adscripción territorial, es la figura que tenemos más flexible para mover menos. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia, como muy bien sabe su señoría, tienen a su disposición para adscribir a distintos servicios a jueces de adscripción territorial. No es sacar a un juez y llevárselo, dejando descubierto el órgano en el que presta servicio, sino que están precisamente en esta función de comodín para poder ir a prestar servicio allí donde más hagan falta. Por otra parte, no pensemos que nuestros JAT son jueces jóvenes. No es verdad; tenemos muchos JAT, que ocupan plazas de JAT, donde ya son jueces con quince y veinte años de profesión. La figura del JAT, que nació un poco renqueante hace unos años cuando se contempla en la ley, luego ha puesto de manifiesto que tiene una gran utilidad, incluso para el juez que sirve en ese puesto. Se ha dado la circunstancia de que muchos jueces veteranos con quince y veinte años de profesión han concursado a las plazas de JAT. Uno de los problemas que tenía, y que ha solucionado este consejo, la figura del JAT era la indefinición estatutaria. La ley prácticamente no regula el estatuto del JAT. Es una figura en la que tiene menos firmeza el principio de inamovilidad propio de todos los jueces, y a muchos jueces no les resultaba atractiva. Por eso una de las cuestiones que abordamos nosotros con urgencia fue hacer un reglamento de la figura del juez de adscripción territorial y del juez en expectativa de destino. Fue


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aprobado por unanimidad en el pleno del consejo hace unos meses, y esto ha proporcionado esa seguridad estatutaria que venían demandando los JAT, y que ha dado lugar a que jueces veteranos, jueces expertos, hayan concursado a estas plazas.

Me preguntaba su señoría también por la cuestión del Registro Civil, que también ha sido planteada por algún otro portavoz. Como sabemos, la nueva Ley del Registro Civil es de 2011, y si hay algo claro en esa ley es que desjudicializa el Registro Civil. Lo que no sabemos es quién lo va a llevar; pero que los jueces no lo van a llevar es la única certeza que se deriva de la Ley de Registro Civil del año 2011. De aquí yo extraigo una consecuencia, señorías: si se desjudicializa se desapodera a su vez al Consejo General del Poder Judicial, porque si nosotros tenemos competencia es sobre los jueces, y los jueces van a dejar de estar en los registros civiles. Como muy bien saben sus señorías se habló de los registradores de la propiedad, de los letrados de la Administración de justicia, y se ha acudido a distintos expedientes y a distintos colectivos, pero lo único cierto como digo es que no van a ser los jueces. Quizá con razón, porque el Registro Civil no es una materia propiamente jurisdiccional; es una materia gubernativa; no hay ninguna reserva de jurisdicción, y por lo tanto pueden perfectamente asumirlo otros colectivos profesionales. A su vez su señoría preguntaba qué va a pasar con los jueces actuales encargados del Registro Civil. Esto lo prevé la propia norma. Hay veintiocho registros civiles exclusivos, servidos por veintiocho jueces, y la norma lo que contempla es que en el momento en el que se acabe -cuando sea, el mes de junio o cuando proceda- y se ponga en marcha el nuevo sistema, se transforman en juzgados, pasa a ser el titular del juzgado y el letrado de la Administración de justicia que sirve en el Registro Civil pasa a ser el letrado de la Administración de justicia de ese juzgado de primera instancia en el que resulta transformado.

En cuanto al Registro Civil central con sede en Madrid, también hay una solución en la ley, y es que los jueces encargados del Registro Civil central quedan adscritos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se prevé su incorporación, cuando se produzca la vacante correspondiente, a la Audiencia Provincial de Madrid. En cuanto a lo que yo puedo saber de esto, en conversación de hoy mismo con el ministro de Justicia, que me lo he encontrado, se lo he preguntado, por si esta cuestión se me planteaba en la comparecencia, y me ha dicho que los letrados de la Administración de justicia. Pero en fin se lo pueden preguntar a él el próximo día 6 de abril cuando comparezca, pero eso es lo que me ha dicho esta mañana.

Su señoría plantea también la cuestión de la llamada NOJ, la nueva oficina judicial, que alguien con ironía ha dicho que ya es VOJ, porque es la vieja oficina judicial, y no le falta razón. Conviene hacer un poco de historia sobre cómo surgió la llamada NOJ, la nueva oficina judicial -su señoría tenía alguna responsabilidad en aquella época en la Junta de Andalucía-, que surge como consecuencia del pacto de Estado del año 2001, que suscribieron el Partido Popular, el Partido Socialista y el presidente del Gobierno de entonces. Pero ese pacto de Estado para la reforma de la justicia traía causa de un acuerdo, de una conferencia sectorial que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, donde se reunieron lógicamente, como en toda conferencia sectorial, las comunidades autónomas que en aquel momento, con competencias asumidas en materia de justicia, eran siete; estaban Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia, Madrid no todavía, en fin había siete, y en aquella conferencia sectorial se fijaron las bases para la reforma de la oficina judicial, y además por acuerdo unánime, es decir, es de las pocas veces que en una conferencia sectorial se produce un acuerdo unánime sobre cuáles deben ser las bases de reordenación, de reorganización de la oficina judicial.

Este documento que se suscribe en la conferencia sectorial de abril de 2001 se incorporó posteriormente al pacto de Estado. He de decir que esos principios se recogen posteriormente en una reforma muy relevante de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la Ley Orgánica 19/2003, reforma donde dedica dos libros, los libros quinto y sexto al estatuto del personal funcionario al servicio de la Administración de justicia. Por cierto, me preguntaba el señor Legarda sobre los cuerpos nacionales, y he de decirle que en ese pacto que se hizo en la conferencia sectorial de Las Palmas de Gran Canaria, el País Vasco suscribió y se adhirió precisamente a que fueran cuerpos nacionales, y de ese pacto surge la reforma de la Ley Orgánica del año 2003, donde se recogen precisamente esos principios pactados por las distintas administraciones. En la votación final del texto de la Ley Orgánica 19/2003, los libros quinto y sexto obtuvieron un respaldo si no unánime, ampliamente mayoritario de la Cámara. Por lo tanto es ahí donde surge la llamada NOJ, señor Prendes, la nueva oficina judicial, pero a partir de ahí, de esos acuerdos, de esos consensos y de esa reforma legal que es la Ley 19/2003 todo ha sido bastante desafortunado, porque preparándome esta comparecencia he pedido antecedentes y prácticamente -salvo algún pequeño partido judicial y alguno mayor como son Murcia o Vitoria donde, señor Legarda, creo que


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también se ha implantado la oficina judicial- en muy pocos sitios se ha implantado, siempre con muchos problemas y no acaba de arrancar este nuevo modelo.

Le diré que lo que se recogía en la Ley 19/2003 no era nada especialmente novedoso. Se quería incorporar a la organización de la Administración de justicia lo que ya estaba muy testado en la Administración General del Estado, en las administraciones autonómicas o en las administraciones locales. Por ejemplo, que como instrumento de ordenación de personal se utilizara la relación de puestos de trabajo y no la plantilla, que es un modelo muy antiguo de ordenar al personal, mientras que la relación de puestos permite singularizar. Es decir, presenta una gran cantidad de virtualidades y de ventajas. Se quería estructurar y establecer un modelo piramidal, más jerárquico, y por tanto más eficaz, como se ordena toda la Administración. En definitiva una serie de principios que parecían de absoluta lógica y que eran imprescindibles. Pero la Administración de justicia tiene muchos problemas que ustedes deben saber, por ejemplo, que es una Administración extremadamente fragmentada. Tenemos 431 partidos judiciales y para que se hagan idea de lo que son 431 partidos judiciales les diré que cuando murió Fernando VII en el año 1833, como ustedes saben, se hizo la división provincial de nuestro país por el secretario de Estado de Fomento, el señor Javier de Burgos, y aprovechando esta división provincial de nuestro país se realizó la demarcación provincial. Se agrupan provincias y se crean las audiencias territoriales, a las que ya se refería la Constitución de 1812, y las provincias se dividen en demarcaciones inferiores, que son los partidos judiciales. Ahí nacen los partidos judiciales, en el año 1834, partiendo de la división provincial de Javier de Burgos de 1833. ¿Saben sus señorías cuántos partidos judiciales había en 1834? Había 450 ¿Saben cuántos hay ahora? Hay 431. Es decir, tenemos dividido nuestro país territorialmente desde el punto de vista de la justicia prácticamente en las mismas unidades territoriales que en el año en que comenzó la regencia de doña Cristina, y cuando Isabel II era todavía niña. Por eso cuando se habla de que es necesario modificar la organización territorial de la justicia en nuestro país, basta con dar estos datos para ser uno consciente de la realidad. Pero es que esta organización territorial, a su vez, dificulta enormemente la reforma de la justicia; es que cada juzgado de cada uno de esos partidos judiciales es un mundo, y nos podemos encontrar con que en un partido judicial hay un juzgado -de los 3.800 que tenemos- que funciona perfectamente y nos podemos encontrar con que al lado hay otro, que dotado de los mismos medios y servido también por un juez, es un auténtico desastre.

Es un modelo de organización administrativa que está absolutamente perecido. Es inútil y hay que cambiarlo. Los portugueses ya lo han hecho. También eran herederos de un sistema como el nuestro; hace unos días celebraban un encuentro la única asociación portuguesa con las varias españolas, y preguntándoles a los portugueses, aparte de las ventajas de tener una única asociación, por el cambio que se había producido unos años atrás, me decían que estaba dando unos excelentes resultados, que ellos habían pasado de 200 unidades a 23. Es como si nosotros pasamos de nuestras 531 a 50, que equivale a nuestras provincias y poco más. Yo creo que esta es una cuestión que lógicamente hay que abordar y hay que hacerlo con urgencia.

Y en cuanto a la segunda instancia penal, como planteaba la señora Moro, curiosamente la segunda instancia penal se recoge por primera vez en la Ley Orgánica 19/2003, donde se dice que esa segunda instancia respecto de las sentencias que hasta ahora dictaban en única instancia las audiencias provinciales conocerían las salas de los Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia. Pero esta ley, la del 2003, como tantas veces ocurre en las reformas de la Administración de justicia, no tuvo desarrollo; de manera que hemos sido a lo largo de estos quince/veinte últimos años condenados reiteradas veces por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque resulta que en el pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, y no solo esto, sino en el artículo 2 del protocolo número 7 del convenio europeo de Derechos Humanos, se dice que todos tienen derecho en materia penal a una segunda instancia. Y no ha sido hasta muy recientemente, hasta la Ley 41/2015, cuando realmente se ha hecho operativa esa previsión que ya se contempló en la Ley Orgánica 19/2003; pero se ha hecho trece años después modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahora estamos ya en el proceso de ejecución para hacer realmente operativa esta segunda instancia penal. En nuestro último pleno, que fue un pleno extraordinario, nosotros informamos el real decreto de ampliación de planta, donde el ministerio dotaba la sala de apelación de la Audiencia Nacional con tres magistrados, y ampliaba la planta de las distintas salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia. En este real decreto se hacen dos cosas: la puesta en funcionamiento ya, a partir del 1 de junio de este año, de la sala de apelación de la Audiencia Nacional; y no dice nada en cuanto a la puesta en funcionamiento de las plazas creadas en los tribunales superiores de justicia, pero entiendo que no porque no se vayan a poner inmediatamente en


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funcionamiento, que por otra parte esta es la información de la que yo dispongo, sino porque la puesta en funcionamiento de las plazas de los tribunales superiores de justicia conlleva otros trámites de audiencia de las comunidades autónomas, y por lo tanto es una decisión que no puede adoptar por sí mismo el Gobierno central.

Nosotros en el informe que hicimos dimos algún apunte de corrección, había algunas cosas que no eran correctas. Se creaban, por ejemplo, salas -señoría, usted que es andaluz- en Málaga y en Sevilla, algo que en un real decreto, como bien saben, no se puede hacer porque es necesario modificar la Ley de Demarcación y Planta, y así se lo dijimos al Ministerio de Justicia que efectivamente luego lo corrigió y se incorporó correctamente en el real decreto que el pasado viernes aprobó, y luego había una cuestión que quedó flotando en nuestra propia deliberación y que derivaba precisamente de esta creación de las salas, y es qué va a pasar con Málaga y Sevilla, porque Málaga y Sevilla tienen salas de lo social y salas de lo contencioso-administrativo, pero la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está en Granada; las mayores cargas de trabajo, es decir las audiencias provinciales que producen más, son las de Andalucía occidental lógicamente, especialmente Sevilla y Málaga, y la previsión que hay es creación de secciones. Y lo que sí permite la Ley Orgánica del Poder Judicial es que el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar que haya secciones desplazadas. Yo no sé la decisión que lógicamente tomará en su momento el órgano de gobierno; pero puede hacerlo. La ley le permite que cree secciones desplazadas, y luego puede incidir en la norma de reparto y decir que, por ejemplo, de los asuntos que proceden de las audiencias de Huelva, Sevilla y Córdoba, conoce la sección desplazada de Sevilla; y que la de Málaga, la audiencia de Málaga, Cádiz-Málaga, o en fin, no sé si iría mejor a Sevilla, seguramente a Sevilla antes que a Málaga. Esta es una cuestión de ulterior desarrollo. Con esto, señoría, creo que he dado cumplida cuenta de todas las cuestiones que me ha planteado.

El señor Bataller, portavoz del Grupo Parlamentario de Comprimís, me planteaba tres cuestiones. En primer lugar, sobre la igualdad de género, creo que ya he expresado en la anterior respuesta cuál es nuestro criterio. En segundo lugar, en cuanto a los mecanismos -esto ha sido una cuestión nueva- de la solución alternativa y la mediación, nosotros queremos entender la mediación como una forma de hacer justicia. Aunque la mediación no es jurisdicción lógicamente, y la función jurisdiccional es la que les compete a los jueces, que es resolver imperativamente conflictos -es decir, con el poder que el Estado proporciona al juez, mientras que la mediación es alcanzar un acuerdo, es decir ponerse de acuerdo aquellos que han llegado a un litigio-, nosotros creemos mucho en la mediación y tenemos muchísima actividad en relación con la mediación, porque creemos que es una forma de hacer justicia y seguramente es una mejor forma de hacer justicia. Yo recuerdo que hace unos años, recién incorporado a la Presidencia, me decía un magistrado muy dedicado a los temas de mediación, que se pacificaba más con la mediación. Me decía: cuando nosotros resolvemos un pleito, no pacificamos, resolvemos el pleito, pero muchas veces el propio pleito sobrevive; cuando hay mediación no, porque se alcanza un acuerdo, una solución extrajudicial entre las propias partes; hay satisfacción entre las dos partes y pacificamos más. Si los jueces tenemos alguna obligación principal y especialmente relevante es la de pacificadores: pacificamos y ordenamos la convivencia aplicando la ley. En mi exposición inicial -y creo además que con una cierta extensión- le he dicho todas nuestras iniciativas. Hemos suscrito convenios con todas las comunidades autónomas, con las diecisiete; hemos suscrito convenios para impulsar la mediación con el Ministerio de Justicia; los hemos suscrito con numerosos colectivos, con el Consejo General de la Abogacía, con el Consejo General de Procuradores de España, con el Consejo General de los Graduados Sociales, con universidades, es decir, tenemos un activismo a favor de la mediación. Tenemos cursos específicos, muchos, muy intensos y de gran calidad para que los jueces se formen en materia de mediación. Estamos hablando lógicamente de mediación intrajudicial, no de la mediación extrajudicial. Y lo hacemos así además porque también creemos que si el propio juez es promotor de la mediación, la mediación es más posible, es decir, las partes aceptan mejor la mediación si ven que es el propio juez el que les conduce a la mediación. También tenemos que hacer y hacemos una labor importante de divulgación de la mediación, para que aquellas personas que acuden al juzgado porque tienen un conflicto y demandan una solución a ese conflicto sepan que hay una forma alternativa a la decisión imperativa del juez para resolver ese conflicto. Por tanto, señoría, encuentra en nosotros acogida plena a su deseo de que se impulse la mediación.

En cuanto a la visión de la justicia por la sociedad, no sé si a nosotros nos corresponde hacer encuestas, porque ya se hacen por parte de empresas especializadas. Muy recientemente -hace uno o dos meses- Metroscopia, que viene haciendo anualmente encuestas sobre valoración de instituciones,


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ha realizado una y arroja que estamos en torno al 50% de valoración: el 50% el Tribunal Supremo, el 50% los juzgados y tribunales, y el 49% los jueces. No es una mala valoración la que se deriva de esta encuesta de Metroscopia. Si nos comparamos con los médicos salimos perdiendo, pero es que el médico siempre es amable, el médico no mete a nadie en prisión y tampoco le quita la razón a nadie ni le embarga sus bienes. Por tanto tendemos a ver con amabilidad a los médicos, que están en el 80% de valoración. Si nos comparamos con otras instituciones -y no diré cuáles- (Risas) estamos bastante bien. Es cuanto a la preocupación de los ciudadanos por la justicia en la última encuesta del CIS se dice que al 1,4% de los españoles les preocupa la justicia, o sea que no tenemos un alto porcentaje de españoles preocupados por la Administración de justicia. Creo que también he dado respuesta a sus preguntas.

En relación con la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Demócrata de Cataluña, la señora Ciuró, le contesto también a sus preguntas. Me hablaba usted de política y de justicia, de la percepción de la independencia, de la cúpula y de la primera instancia. Mire, señoría, los jueces son todos igual de independientes. Los jueces del Tribunal Supremo son tan independientes como los jueces de primera instancia, y los presidentes de los tribunales son tan independientes como los jueces decanos. No me cabe duda y no tenga duda alguna usted al respecto. Esto es un auténtico mito, los jueces del Tribunal Supremo, de los cuales hay muchos que llevan quince o veintitantos años nombrados, lo fueron, sin duda, por sus cualidades y capacidades profesionales. Yo pertenezco al Tribunal Supremo, conozco muy bien a mis compañeros del Tribunal Supremo y le puedo asegurar que la totalidad de ellos son personas que responden a ese criterio y a ese principio de mérito y capacidad, de elegir a los mejores, que es exigible al órgano de gobierno de los jueces, no solo a este Consejo General del Poder Judicial sino a todos los consejos generales del Poder Judicial anteriores.

Creo, sinceramente, que así se ha hecho siempre, no solo en el caso de este consejo, que por supuesto, sino siempre por todos los consejos. El consejo quiere cuidar a los jueces que están llamados a asumir sus máximas responsabilidades, pero por una razón de pura coherencia: ¿quién quiere poner al frente del Tribunal Supremo a malos jueces? ¿Qué consejo del Poder Judicial quiere poner en las distintas salas del Tribunal Supremo a malos jueces? Queremos que allí estén los mejores, sin duda alguna, ¿y qué Consejo General del Poder Judicial -no este sino cualquiera- quiere que presidan los tribunales malos jueces? Nos pegaríamos un tiro en un pie. Realmente, para gobernar bien la carrera judicial necesitamos buenos presidentes y, por tanto, elegimos a los mejores, lo cual no quiere decir que se acierte siempre. Esto nos pasa en la vida, que podemos elegir a personas de nuestro entorno para que nos auxilien y a veces no acertamos con las personas elegidas; pero, por regla general, si uno examina la evolución de los nombramientos de las distintas personas que han presidido los tribunales -por supuesto, los magistrados del Supremo, los de ahora y los de antes-, son los mejores de la carrera judicial.

¿Que podría haber otros? Pues seguramente sí, porque no es un sistema de calificación matemático, que digas que es solo este; puede haber tres o cuatro que cumplan perfectamente esos requisitos de mérito y capacidad y al final se elige uno de los tres, de los cuatro o uno de los siete que concurren, pero esto es así en todas las esferas de la vida. Poner en cuestión la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo es una ofensa al Tribunal Supremo que carece de toda justificación, carece de toda justificación, y solo hay que ir viendo la trayectoria de nuestro Tribunal Supremo, cómo ha ido enfrentando cuestiones muy delicadas para la sociedad española donde había comprometidos intereses políticos de una u otra clase, cómo ha ido respondiendo, para que uno no tenga más respuesta que la de que los jueces del Tribunal Supremo, por supuesto, actúan con plena independencia, no reciben indicación de nadie ni ellos aceptarían recibir indicación de nadie. Esto ocurre con todos los jueces españoles. Es verdad que hay valoraciones de los propios jueces sobre la independencia o la no independencia, pero luego cuando le preguntan a cada uno si es independiente todos dicen que sí lo son, con lo cual no deja de ser un contrasentido que en un porcentaje alto resulta que no son independientes pero cada uno de ellos, preguntado si es independiente o recibe indicaciones, dicen que sí lo son y que jamás reciben indicaciones de nadie; es un cierto contrasentido hacer una valoración respecto de otros tan contradictoria con la valoración que se está haciendo sobre uno mismo.

Me preguntaba su señoría por la fiscalía. No tengo ninguna responsabilidad sobre la fiscalía y, por tanto, no voy a hacer ningún pronunciamiento al respecto. En cuanto a los nombramientos sobre el Tribunal Constitucional, lo mismo le digo: ha sido una Cámara legislativa, el Senado, la que ha hecho los nombramientos y yo respeto lo que las cámaras hacen, como no puede ser de otra manera. Al hilo de estas dos cuestiones planteaba su señoría el tema de la investigación por parte del ministerio fiscal. Sobre este asunto, lo único que le puedo decir es que todos los países caminan en esa dirección. Si oteamos


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qué ocurre en otros países de la Unión Europea, salvo excepciones, en Francia quedan residuos del juez de Instrucción, quedan restos también de esa figura en Bélgica, que está muy inspirada siempre en el modelo francés, pero en el resto de Europa -en nuestro vecino Portugal, en Italia, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en todos estos países- investiga el fiscal. ¿Piensan ustedes que en estos países no hay casos de corrupción política, que no hay tentaciones de interferencias políticas? Pues con seguridad sí. Estamos viendo que el señor Fillon está siendo investigado, que el señor Macron resulta que también lo va a investigar la fiscalía, que a la señora Marine Le Pen también la van a investigar; es decir, que estas cosas que suceden aquí ocurren en otros sitios y que corrupción política, desgraciadamente, hay en España pero también la hay en otros países y, sin embargo, investiga el fiscal. ¿Establecen garantías sus sistemas? Pues hagamos nosotros lo mismo, establezcamos garantías.

Creo que hay un acuerdo político importante al respecto porque entre los últimos proyectos que se han hecho, siendo precisamente el señor Campos secretario de Estado del Ministerio de Justicia, se aprobó un proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que investigaba el fiscal, y hubo posteriormente un anteproyecto durante el Gobierno popular de la anterior legislatura en el que se hizo un anteproyecto de código procesal penal donde también investigaba el fiscal, pero en esos proyectos se establecían mecanismos de garantía. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos de garantía para evitar la interferencia política en relación con aquellos casos en los que hay un interés político. Pero los casos de corrupción porcentualmente tampoco son tantos. Hay que pensar en un sistema eficiente en su totalidad para abordar la totalidad de la delincuencia. Es en eso en lo que tenemos que pensar y luego establecer por supuesto garantías que nos preserven de las posibles interferencias. Lo que tenemos que hacer es mirar lo que hacen otros que tienen estos mismos problemas y estos mismos riesgos.

Hablaba también su señoría del nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. El Consejo General del Poder Judicial nombró a don Antonio Recio presidente de la Audiencia Provincial y lo hizo por las razones que expresó en su acta, en la que se motivó este nombramiento. Si no recuerdo mal, se le nombró por dos razones esenciales: una porque tenía mayor experiencia que su contrincante como magistrado de la Audiencia Provincial, porque la otra persona, la otra magistrada tenía más experiencia en sala de lo social pero no en la Audiencia Provincial, y una segunda razón que también se expresó en la motivación de su nombramiento es que se dijo que él era un experto en derecho civil foral catalán, cosa que no era la magistrada que concurría, y en la mayoría del Pleno del Consejo que adoptó aquella decisión esta cuestión pesó por la extensión que está teniendo el derecho civil catalán propio, como usted sabe, en la medida en que existe ya un Código Civil Catalán que abarca prácticamente todas las materias y creo que incluso la que faltaba, que eran obligaciones y contratos, se está trabajando. Por tanto, en la Audiencia Provincial, que es la que va a ver en segunda instancia las decisiones civiles, y muchas de ellas ya aplican el derecho civil catalán, tenía interés para nosotros que un experto en derecho civil catalán que tenía hechas las pruebas de especialización de derecho foral fuera el presidente de la Audiencia. Estas razones se pueden compartir lógicamente o no compartir pero se expresaron allí. Otra cosa es el pleito, porque luego ella interpuso un recurso frente a esta decisión del Consejo General del Poder Judicial, la magistrada recurrente introdujo unas cuestiones de derechos fundamentales de discriminación por razón de sexo, discriminación por razón de libertad ideológica, y esas son las cuestiones que luego aborda y trata el Tribunal Supremo, pero esto fue ajeno a lo que decidió. Son cuestiones procesales porque han sido introducidas por una de las partes, pero no son las que se tuvieron en cuenta ni son las que constan, y me remito a ello, en la motivación del nombramiento.

Decía su señoría en respuesta a mis palabras en las que yo pedía respeto a las decisiones judiciales, que esto no implica que no puedan criticarse. Por supuesto que se pueden criticar, hablar de respeto a las decisiones judiciales no significa que no se puedan criticar. Las decisiones judiciales son actos de poder público, los jueces son poder público, ejercen un poder que les proporciona la ley y en cuanto actos de poder público son susceptibles de crítica, sin duda alguna. Esto lo he afirmado públicamente siempre y lo reitero por supuesto hoy. Las decisiones de los jueces pueden ser criticadas, que no descalificadas, que no es lo mismo. Es un poder público que tiene una función pacificadora y de ordenación de convivencia, y no debe descalificarse porque eso disminuye la confianza en lo que el 80% de los españoles considera que es la última ratio en defensa de sus derechos; debemos procurar no descalificar el sistema de justicia, lo cual no quiere decir, señoría, que no puedan ser objeto de crítica las sentencias que dictan los jueces, por supuesto que sí.

En cuanto a la información en materia de violencia de género, pide una información exhaustiva y creo que el observatorio recaba suficiente información. Si su señoría aprecia que hay lagunas en la información


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que constantemente está recabando el observatorio, háganoslo llegar y se lo trasladaremos a los responsables del observatorio para que recaben esa información.

En relación con la intervención del señor Legarda, representante del Grupo Vasco, él preguntaba por qué había menos sentencias y hay menos sentencias porque hay menos pleitos, pero también es verdad que los pleitos que quedan son unos pleitos más complejos. Preguntaba por la tasa de litigiosidad y el por qué de las diferencias y yo creo que antes lo he expresado. Hay aspectos culturales y tienen además que ver con la congestión y con el buen funcionamiento. Donde hay mejor funcionamiento, hay menos litigiosidad y esto es un dato que se puede constatar mediante una simple observación estadística. El señor Legarda preguntaba también sobre los acuerdos del consejo y sobre su tipología. Normalmente hay más desacuerdos en aquellas materias que dan lugar más al desacuerdo. Por ejemplo, en los informes del consejo suele haber más desacuerdo que en los nombramientos, pero por una sencilla razón y es que es fácil que haya posiciones distintas sobre la cuestión examinada y eso genera un cierto conflicto, entre comillas, interno porque unos sostienen una posición y otros sostienen otras, y a veces cuando hay un nombramiento donde concurren personas especialmente cualificadas en esos casos efectivamente se produce división. Hay sectores del consejo que consideran que el más cualificado, el más capacitado y el más adecuado para el puesto es una persona determinada, mientras que hay otro sector que considera que es cuando sean personas de mérito y todas ellas de mérito.

Respecto al amparo del consejo por el que me preguntaba, el consejo de amparo es cuando se le solicita. El consejo tiene una política de no salir, salvo que el juez considere que ha sido inquietado es su independencia. Es decir, nosotros no actuamos a prevención, actuamos cuando un juez se considera, por la razón que sea, inquietado en su independencia y acude al consejo porque se puede dar la circunstancia, y en algún caso se ha dado que, pensando nosotros que se estaba afectando su independencia y hablando con el propio juez, se ha negado a que el Consejo General del Poder Judicial realizara intervención alguna porque se consideraba por sí mismo suficiente para defender su independencia.

Por lo que se refiere a mi opinión sobre los indultos, ¿qué quiere que le diga? La prerrogativa de gracia ha existido desde la época de Roma, ha existido siempre y el indulto como prerrogativa de gracia existe prácticamente en todos los países del mundo occidental. Por otra parte, el indulto tiene una finalidad muy específica, y lo único que les puedo decir es que lo que hay que hacer es no abusar del indulto porque no deja de ser una cierta excepción a la propia ley.

En cuanto al Libro blanco de la justicia por el que el señor Legarda preguntaba, en cierto modo estamos trabajando en un libro blanco. No lo llamamos de la justicia porque lo estamos ciñendo más a la carrera judicial, que es nuestra competencia y, por tanto, otras cuestiones las abordamos menos porque son más propias lógicamente del Gobierno, que es el que tiene la iniciativa legislativa, y de las cámaras legislativas. Sobre las cargas y los plazos, creo que ya he hecho referencia ello. Respecto al código ético, el señor Legarda preguntaba para cuándo. Para cuándo no, porque ya está. El código ético no se ha llamado código ético, sino principios de ética judicial. Fue presentado un documento elaborado por un grupo de trabajo del que formaron parte representantes de las cuatro asociaciones judiciales, jueces y magistrados no asociados, personalidades muy reconocidas ajenas a la carrera judicial y, en el pleno de 20 de diciembre del pasado año, por unanimidad se asumieron como principios de ética judicial para nuestro país, dándose así cumplimiento precisamente a una de las observaciones del informe Greco 2016 que ponía falta a nuestro país y, en este caso al consejo, por el hecho de que no teníamos un código ético. Nosotros tratamos de salvar esa deficiencia haciendo nuestro o propio el Código Iberoamericano de Ética Judicial, pero pensamos que era mejor uno propiamente nacional, siguiendo un poco lo que ocurre en otros países y así lo hemos hecho. No es algo que esté pendiente, sino que es algo que ya está realizado.

La señora Capella ha planteado una cuestión novedosa que es la de las lenguas cooficiales. En relación con las lenguas cooficiales, me remito casi a lo que le dije en la anterior comparecencia: El uso se está incrementando sin duda alguna y le doy un dato. Según el Cendoj, que es nuestro centro de documentación judicial, donde tenemos datos estadísticos claros de las sentencias redactadas en otra lengua que no sea la lengua castellana, en 2014, por ejemplo, en catalán se anotaron 52.000 sentencias y, en este año y medio pasado, han sido 63.000, es decir, 11.000 sentencias más en lengua catalana. Seguramente su señoría considerará que es insuficiente, pero tenga en cuenta una cosa: los que más usan la lengua cooficial, la lengua catalana en el caso de Cataluña, son los jueces de instancia, y nuestro Centro de Documentación Judicial recoge las sentencias dictadas por el Tribunal Superior y por las audiencias provinciales y escasamente por los juzgados de primera instancia y, sin embargo, se ha incrementado notablemente el número de sentencias indicadas. En nuestra Escuela Judicial se oferta la


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enseñanza de las lenguas cooficiales a los alumnos, y le diré además que con éxito porque se apuntan muchísimos de ellos al aprendizaje de las lenguas. El consejo general a través de la UNED tiene también para todos los jueces enseñanza de las lenguas cooficiales y, a su vez, es un mérito preferente para acceder a determinados puestos que son especialmente golosos y que muchos lo obtienen precisamente porque tienen el conocimiento de la lengua cooficial -en este caso la lengua catalana- frente a otros a lo mejor mucho más veteranos pero que no pueden acreditar esos conocimientos. Seguramente su señoría considerará que esto es insuficiente, pero lo que le quiero poner de manifiesto es que estamos haciendo ese camino.

En cuanto a los retrasos en respuesta judicial, ciertamente la justicia es lenta, pero estamos mejorando y yo quiero destacarlo. En estos indicadores de la Unión Europea, que se vienen haciendo desde hace unos años, uno de los elementos de comparación entre los distintos países de la Unión Europea es el tiempo de respuesta lógicamente. Se utiliza como indicador el proceso civil de primera instancia. Nosotros estamos casi en la media ya. Hace unos años estábamos al doble, tardábamos el doble que la media en dar respuesta en un proceso civil y ya estamos a unos días de la media, y eso ha sido la evolución de los ocho o diez últimos años, es decir, no estamos bien pero sí le puedo decir que estamos mejorando. Hay zonas geográficas del territorio nacional donde la justicia está totalmente al día. El arco del noroeste español está, salvo supuestos muy excepcionales, completamente al día. Si su señoría va a Asturias, puede ver que en quince días la Audiencia Provincial resuelve los recursos; si se va a Cantabria, verá que pasa más o menos lo mismo; igual si se va a Navarra; País Vasco tiene unos tiempos de respuesta estupendos; Extremadura incluso -ni siquiera está asociado a la mayor o menor riqueza de las distintas regiones- los tiempos de respuesta de la Audiencia Provincial de Badajoz o de Cáceres es de unos días, ni siquiera llega al mes. Sin embargo, si nos vamos a Madrid, a Cataluña, a todo lo que es arco mediterráneo, Andalucía, Canarias, efectivamente están mucho más congestionados esos órganos judiciales y los tiempos de respuesta son desgraciadamente excesivos.

En relación con la creación de juzgados, es una competencia del Gobierno y no nuestra. Nosotros lo hemos pedido. Entendemos que la planta es insuficiente. No lo hemos hecho aún de una forma precisa porque estamos preparando ese mapa, como antes les indicaba, pero sí sabemos, porque no hace falta tener ultimado ese trabajo, que nos hacen falta más jueces de los que tenemos. La Administración de Justicia ha sufrido la crisis como otros sectores de la Administración y de la sociedad española. Hemos estado muchos años sin creación de nuevas plazas. Cuando nosotros nos incorporamos en este mandato en el mes de diciembre de 2013, había 400 jueces que no tenían órgano judicial de destino, una situación inédita en la Administración de Justicia española. Todos los jueces, cuando hemos hecho nuestras oposiciones, hemos ido a la escuela y nos han entregado el despacho, el despacho aparecía siempre como el destino al que íbamos. Sin embargo, ha habido prácticamente tres promociones que salían con papel en blanco, en expectativa de destino, lo cual era una absoluta anomalía. Por fortuna y por la agilidad que ha puesto de manifiesto este consejo, que ha hecho hasta seis concursos anuales, hoy -se lo decía antes en la exposición- esta es una cuestión resuelta, pero en todo caso insuficiente. Para la promoción que va a salir de la escuela, la promoción 67.ª, no hay plazas, por lo tanto, habrá que crear esas plazas para que no vuelvan a salir con un papel en blanco el día que se les haga la entrega de despachos.

Me planteaba su señoría -ya tampoco quiero extenderme mucho- el tema de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula suelo. Antes he dado una explicación en relación con esta cuestión a las preguntas del señor Campo y, por tanto, me remito a ella. Además hablaba su señoría de la cercanía del consejo a jueces y ciudadanos y he de decirle que hemos hecho un esfuerzo de cercanía. Hablamos de transparencia, y eso significa cercanía. Todos los procesos de toma de decisión del Consejo General del Poder Judicial se hacen públicamente para que cualquiera pueda consultarlos. Cualquier juez de España consulta los órdenes del día de la comisión permanente para saber si su comisión de servicio, su petición de un permiso determinado, para cuidado de hijos, o una excedencia se va a ver al día siguiente o dos días siguientes. Antes no se sabía cuándo iba a ser; ahora, basta con que cualquiera se meta en el portal de transparencia y busque el orden del día de la comisión permanente para saber cuándo se va a resolver su asunto. Al día siguiente se vuelve a meter en el portal de transparencia y sabrá que se ha resuelto. Es una forma de acercarse a nuestros administrados, que son los jueces españoles. No solo en nuestro portal de transparencia sino en la propia página web -poderjudicial.es- damos cumplida información de todo lo que hacemos. Hace tres o cuatro años a lo largo de un año había 2 millones de accesos y ahora estamos en 5.400.000, luego algo de cercanía estamos provocando, porque hay mucha más gente interesada en saber lo que hacemos y en recabar información del Consejo General


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del Poder Judicial. En relación con el portal de transparencia, quiero referirme después a algunas de las observaciones que ha hecho el representante del Grupo Podemos, que ha hablado de oscurantismo, por lo que le voy a remitir a que cuando terminemos esta comparecencia entre el portal de transparencia y verá cómo oscuro hay poco.

El señor Prendes en su intervención habla de los datos estadísticos y de la necesaria prudencia, y es verdad. Ya he dicho que tenemos un desplome estadístico irreal, porque el trabajo de los juzgados no ha bajado ni un 30 ni un 35%, que es lo que nos dicen las estadísticas. Es el efecto inmediato de una medida legislativa que ha quitado hojarasca, es decir, aquello que en realidad generaba burocracia pero que no era trabajo propiamente real de juez. Cada atestado sin autor que llegaba al juzgado daba lugar a una incoación de procedimiento que había que registrar e inmediatamente se dictaba una resolución, un auto de sobreseimiento. Es decir, había que dictar dos resoluciones: una incoando procedimiento y otra archivando el procedimiento porque no había autor conocido. No es que generara mucho trabajo, pero recuerdo que cuando había que hacer guardias hace muchos años en los juzgados de Madrid tenía uno verdaderas montañas de papel de todos aquellos a los que les habían robado el radiocasete o les había ocurrido cualquier otra cosa, asuntos en los que no se sabía quién era el autor pero teníamos que recoger varias firmas, varios papeles, varias transcripciones, etcétera. Creo que es una reforma muy acertada pero nos ha deformado un poquito la estadística.

Respecto a la transparencia, le aseguro que somos la institución pública con una política de transparencia más amplia. Además, existe un organismo dedicado a examinar la transparencia de las instituciones y creo que no producirá sorpresa sobre lo que va a decir en cuanto a la transparencia en el Consejo General del Poder Judicial, transparencia que estamos incrementando constantemente. Empezamos con la transparencia lógicamente en el consejo. El consejo, como toda institución pública, tiene que generar confianza en lo que hace, y si hay sospechas de que hay cosas que allí no se hacen bien -que a lo mejor se hacen bien-, lo mejor es abrir puertas y ventanas, que entre la luz del sol porque la luz del sol es el mejor desinfectante. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Dijimos: abramos puertas y ventanas, nos pusimos manos en marcha y creamos un portal de transparencia donde se cuenta todo. Se cuenta la agenda del presidente, el patrimonio de los vocales que están en la comisión permanente -aunque luego la ley lo estableció- sin obligación legal alguna, porque no estaba en vigor la Ley de Transparencia; los órdenes del día de todas las comisiones del consejo, y por supuesto del pleno. Su señoría puede entrar si quiere saber qué se va a tratar en el próximo pleno, tres días antes tendrá el orden del día y sabrá qué se va a decidir o no. Entrará dos días después y sabrá lo que se ha decidido. Si quiere saber lo que hace la comisión permanente, mañana hay reunión de la comisión permanente. Tómese la molestia esta noche de entrar en el portal de transparencia y compruebe el orden del día de la sesión de la comisión permanente de mañana y verá todas las decisiones que van a ser adoptadas. A su señoría esto no le proporciona interés, pero a un juez que está pendiente de que se le adopte una decisión sí le proporciona interés entrar en ese portal de transparencia y comprobar que aquello que le afecta va a ser decidido mañana, y podrá entrar el viernes y comprobar que efectivamente se decidió.

Esto es algo que ha puesto en marcha este consejo, pero no solo lo hemos hecho para el Consejo General. Toda nuestra gestión económica está en el portal de transparencia y se puede comprobar perfectamente. Hemos querido que esta transparencia vaya impregnando toda la Administración de Justicia y hemos hecho portales de transparencia en los tribunales superiores de justicia, de manera que ya lo tienen todos ellos. Y, por último, la Audiencia Nacional y el propio Tribunal Supremo también lo tienen, lo cual entraña sus dificultades, porque en general a la gente no le gusta mucho la transparencia. Implantar la transparencia siempre requiere un cierto esfuerzo de pedagogía. Hoy, señoría, entra en el portal de transparencia del Tribunal Supremo y puede ver cuáles son los señalamientos, el estado de un asunto que allí puede tener, el perfil de los magistrados y cuál ha sido su trayectoria profesional, los acuerdos de la sala de gobierno, el orden del día de la sala de gobierno del Tribunal Supremo; es decir, tiene una información exhaustiva del Tribunal Supremo que como ciudadano seguramente tiene interés, y si tiene un pleito en el Tribunal Supremo razón de más para acceder a esa información. Estamos pendientes de trasladar toda nuestra transparencia al funcionamiento de la Administración de Justicia en su conjunto. Esto costará más, es más complicado, pero queremos ser una institución transparente porque es una de las formas de generar confianza en nosotros, y nosotros sin confianza no podemos funcionar.

En segundo lugar, en relación con la UACC me pregunta por qué veintitrés peticiones nada más. Los juzgados tienen sus dotaciones y no es el consejo el que les proporciona las dotaciones para que puedan funcionar; tienen sus funcionarios, sus instalaciones, los recursos, tienen el auxilio de la policía, de los


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peritos que ellos puedan designar. ¿Para qué se crea la UACC? Para aquellos casos donde el juez se encuentra con especiales dificultades, es decir, cuando está requiriendo constantemente a una Administración y la Administración está haciendo caso omiso de sus requerimientos; cuando está pidiendo un refuerzo porque no da abasto con el asunto del juzgado y no puede sacar una causa de corrupción porque tiene mil quinientos asuntos más que resolver. Entonces, acude al consejo y pide que le proporcione un juez de refuerzo. Esas son las peticiones que recibimos. O para que tratemos de desatascar esta situación ante la Administración -la que sea- a la que acude constantemente y hace caso omiso a sus requerimientos. A su vez, la Unidad de Apoyo a las Causas de Corrupción crea productos especiales que ayuden a los jueces. Se va a presentar una guía de causas de corrupción donde se establece, por ejemplo, cómo hay que hacer una comisión rogatoria. Puede haber un juez joven en un juzgado de instrucción al que por primera vez se le plantea la necesidad de hacer una comisión rogatoria y no lo ha hecho nunca, no sabe cómo hacerlo. Va a tener una guía donde acudirá y verá: comisión rogatoria, trámites a seguir, a quién acudir, número de contacto. Y a su vez se le pondrá de manifiesto la colaboración del propio consejo, del servicio de relaciones internacionales, por si necesita cualquier tipo de auxilio. Se trata de facilitar en la medida de lo posible -y atendiendo a las competencias del Consejo General del Poder Judicial- a aquellos jueces que llevan causas de corrupción de especial complejidad.

En lo referente al repositorio, precisamente esto es transparencia también. Nosotros no teníamos ninguna obligación de hacer un repositorio. Lo asumimos voluntariamente suscribiendo un convenio con transparencia internacional. Fíjese, su señoría, que lo hicimos ya en la primavera de 2014, es decir, a los pocos meses de empezar a funcionar y asumimos la obligación de hacer un repositorio. El repositorio ya existe, ya tenemos seis meses de causas de corrupción atendiendo a unos criterios objetivos y se va a ir enriqueciendo trimestre tras trimestre. Tenemos un mapa de la corrupción en España, hay una división también por tribunales superiores de justicia y uno puede observar cómo evolucionan las causas de corrupción en Navarra, en Andalucía, en Madrid o en la Comunidad Valenciana. Es una herramienta para todos que creo de especial utilidad.

En cuanto a la instrucción compleja, artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 2016 en total 62.000 causas eran complejas. En el segundo semestre, que es el único semestre completo que no deriva ya de la transición que imponía la ley, fue el 2 % de las causas penales. Esto ya sí nos puede marcar una tendencia. ¿Cuántas causas son complejas? En el segundo semestre de 2016 el 2 % de las causas tramitadas en los juzgados. Ya he hecho referencia al tema de las mujeres juezas.

Sobre el Greco, el Grupo de Estados Contra la Corrupción hace cuatro recomendaciones a España en el informe de 2016. De esas cuatro recomendaciones, dos son responsabilidad del consejo. Una, era por qué no teníamos un código de conducta, es lo que venía a decir la recomendación. Cuando nos hacen esta recomendación teníamos ya el Código Iberoamericano de Ética Judicial aprobado como código para la carrera judicial, pero es verdad que no era uno propio aunque España participó en su momento en la elaboración de ese código. Hoy ya lo tenemos, es decir, esta recomendación ya ha sido atendida. En segundo lugar, de lo dirigido al consejo general, los nombramientos -sobre los que también hablaré- he querido exponer y lo he hecho con extensión -quizá aburriendo a sus señorías- el trabajo que estamos realizando; ese cursus honorum -al que se refería el señor Campo- donde queremos que el juez desde el mismo momento en que salga de la escuela pueda ser evaluado permanentemente con criterios objetivos, que pueda tener una formación obligatoria, que el aprovechamiento de esa formación sea evaluado. Que se especialice a lo largo de su vida profesional para que cuando aspire, quince, veinte o veinticinco años después, a un puesto de responsabilidad, a un puesto de Gobierno en la carrera judicial o al Tribunal Supremo tengamos muchísima información sobre él, de manera que podamos haber acotado la excelencia de los jueces con criterios puramente objetivos.

Antes hacía referencia a que hace poco han estado aquí los jueces portugueses. Podemos aprender de todos. Los jueces portugueses tienen un sistema de evaluación permanente en criterios objetivos Yo pensaba que generaba rechazo en la carrera judicial, o sea que esto de que a uno le evalúen, en general no suele gustar. Pues bien, me sorprendió que es un sistema muy aceptado por los jueces portugueses y de ningún modo quieren renunciar a él porque les proporciona seguridad en su carrera profesional. Nosotros tenemos un elevado grado de discrecionalidad porque es el que establece la ley. Y podemos nombrar a un magistrado del Supremo de entre 2.600 jueces porque basta que tenga quince años de ejercicio profesional para que pueda ir al Tribunal Supremo. Quince años de ejercicio profesional es más de la mitad del escalafón judicial. Cuando haya una serie de hitos predecibles que haya que ir superando, exigentes, al final habrá un pequeño cogollito entre los que elegir, pero serán los mejores sin ninguna


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duda, serán aceptados por toda la carrera judicial y se generará confianza en los jueces que ponen de manifiesto su desconfianza en las encuestas. También se hace para eso, para que los jueces confíen en una serie de hitos predecibles que de una forma previsible y segura les puedan llevar a las más altas responsabilidades si es que es esa su ambición profesional.

Hablaba su señoría -no le faltaba razón- de los conflictos de interés que se derivan de las asociaciones judiciales. Este es un tema que tienen que abordar en la subcomisión que han constituido. España tiene un problema con las asociaciones judiciales. Si miramos a los países de la Unión Europea, todos tienen una única asociación profesional, salvo Francia, que tiene derecho de sindicación de los jueces. El resto tiene una única asociación. Por supuesto, Portugal tiene una. El otro día hubo un encuentro de cuatro asociaciones españolas y la única asociación profesional era la de Portugal. ¿Qué problema se deriva de las asociaciones profesionales? Que representan opciones ideológicas, normalmente, y esas opciones se identifican con partidos políticos desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos: Ah, ¿es que este es de esta asociación? Pues entonces es del PSOE. Ah, ¿es que este es de esta asociación? Pues es del PP. Esto es una realidad. Sabemos que es así y además el periódico le pone encima de la cabeza, en el dibujito, quién es. ¿Y todo por qué? Porque es de una determinada asociación. Hay que reflexionar sobre esto. Yo le he dicho a los de las asociaciones -no me hacen caso, pero se lo digo- que sería muy bueno que existiera una única asociación profesional, que ganaría mucho la percepción de independencia en nuestro país si hubiera solo una, así que le doy la razón en esto de los conflictos de intereses.

En cuanto a la intervención del señor Moya, portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, hablaba de que ha fracasado el consejo, de que no velamos por la independencia, de que tenemos una deficiente ejecución presupuestaria y de que tenemos opacidad en la contratación. Estas han sido sus primeras afirmaciones. Para saber si el consejo ha fracasado o no habrá que hacer balance. No sé si es el momento, pero habrá que comparar con datos objetivos y no con apreciaciones subjetivas qué han hecho otros consejos y qué ha hecho este, en qué tiempos lo ha hecho, cuáles han sido sus tiempos de respuesta, con qué transparencia se hacían, con qué transparencia no se hacían, si los nombramientos se hacían en plazo y si ahora se hacen en plazo. En fin, una serie de parámetros de comparación objetivos y cuando lo hagamos, señor Moya, volveremos a hablar de si ha fracasado o ha dejado de fracasar este consejo.

En cuanto a lo de deficiente ejecución presupuestaria, no sé por qué ha dicho eso su señoría, sinceramente, porque este año hemos obtenido el mejor porcentaje de ejecución presupuestaria de la historia del consejo: más del 85%. No sé quién le ha proporcionado información o desinformación para poder decir que tenemos una deficiente ejecución presupuestaria. Y en cuanto a la opacidad en la contratación, señor Moya, ¿opacidad en la contratación? ¡Pero si está todo en la página de transparencia! Su señoría puede entrar cuando terminemos esta sesión y ver cuál es toda la contratación que hace el consejo, a quién se contrata, cómo se anuncia, dónde se ha anunciado y cuánto cuesta cada uno de nuestros contratos. Antes no se informaba de nada, no aparecía publicado en ningún sitio y ahora está toda la información a disposición de cualquiera, no solo de los jueces, sino de los posibles contratantes, de cualquier ciudadano y, por supuesto, también de los diputados del Congreso.

Luego su señoría ha empezado a hacer una serie de enunciados muy vinculados al presidencialismo del modelo del consejo. Pues le voy a ir contestando una por una a las cuestiones que ha planteado y que fundamentan esa afirmación de presidencialismo. Dice: Las decisiones relevantes se toman todas en la comisión permanente y está dominada por el presidente. No es verdad. Si va usted a la Ley Orgánica del Poder Judicial y examina cuáles son las competencias del pleno, comprobará que todas las decisiones importantes son del pleno y no de la comisión permanente. ¿Cuáles son las decisiones importantes, señor Moya? ¿Los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional? El pleno. ¿Los nombramientos de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia? El pleno. ¿Los presidentes de las audiencias provinciales? El pleno. ¿Los presidentes de las salas de lo contencioso y de las salas de lo social? El pleno. Y la otra competencia importante desde el punto de vista constitucional, la disciplina de los jueces, tampoco es de la comisión permanente; normalmente es de la comisión disciplinaria, que la integran otros siete vocales, y en los casos más graves, del pleno. Es decir, señoría, la comisión permanente tiene competencia en la gestión ordinaria de los asuntos de menor calado: permiso por paternidad o maternidad, concesión de una excedencia, resolución de un concurso de traslado, etcétera. Pero de las decisiones o competencias más relevantes, que son las que justifican constitucionalmente al Consejo General del Poder Judicial -vaya su señoría al artículo 122 de la Constitución y verá que se crea el consejo para


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nombramientos, para la inspección y para la disciplina de los jueces-, ninguna de ellas -¡vaya por dios!- recae en la comisión permanente.

En cuanto a eso de que los miembros de la comisión permanente hacen lo que dice el presidente, me gustaría que estuviera usted presente. (Risas). No es verdad. Ellos tienen absoluta libertad de criterio y unas veces hacen lo que yo pienso y otras no. Ahora bien, le diré que en la comisión permanente se han tomado miles de decisiones en más de tres años y no creo que hayan llegado a diez en las que se ha formulado un voto particular. Es decir, hay un amplio grado de consenso entre las ocho personas que conformamos la comisión permanente, porque estamos sirviendo a la sociedad y a los jueces y coincidimos bastante en los criterios que hay que seguir.

Decía también su señoría que rotan los miembros de la comisión permanente. En el Consejo General del Poder Judicial hay veinte vocales. De estos veinte vocales, siete están integrados en la comisión disciplinaria y, si su señoría lee la ley, comprobará que se integran en la comisión disciplinaria por cinco años. La ley dice que tienen que estar cinco años integrados. Además, ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo que venía a confirmar que los miembros de la comisión disciplinaria forman el tribunal disciplinario y tienen que tener permanencia en la comisión disciplinaria. Quitamos siete y nos quedan trece. De esos trece, siete están en la comisión disciplinaria, luego nos quedan seis. Tenemos varios que no quieren estar en la comisión permanente y, dentro de los que quieren estar, se ha rotado lo suficiente para que quizá nos quede uno o dos como mucho que no hayan pertenecido a la comisión permanente entre los que pueden y quieren estar en la comisión permanente. Por tanto, tampoco es muy correcto lo que usted afirma y desde luego yo no estoy de acuerdo con ello.

Luego habla usted del estatuto desigual de unos y otros. Como conviene siempre mirar extramuros de nuestras fronteras, si examina los modelos de consejo y de gobierno judicial que hay en otros países, verá que sistemas como el nuestro hay muchos. Es decir, hay consejos en los que hay unos miembros permanentes y otros miembros no permanentes. Si su señoría estudia, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura francés, comprobará que todos los jueces electos del Consejo de la Magistratura no tienen dedicación exclusiva. Si su señoría examina cómo es el Consejo de la Magistratura portugués, verá que la mitad de sus miembros tampoco tienen dedicación exclusiva. Le quiero decir con esto que no es una extravagancia española. Hay países donde ninguno tiene dedicación exclusiva y hay otros países, como Italia, donde todos tienen dedicación exclusiva. Le diré que Italia es el segundo país por la cola en percepción de independencia judicial, donde los dieciocho electos tienen dedicación exclusiva. Por tanto, no saquemos conclusiones tan rápidamente. Conviene que oteemos y conozcamos lo que ocurre en otros sitios. Luego podrá ser mejor o peor, pero quiero decir que no hay que sacar la consecuencia de que esto necesariamente es peor.

En cuanto a la política de comunicación, hablaba su señoría con gran injusticia. Tenemos una excelente política de comunicación. Aquí hay periodistas, pregúnteles a ellos, pregunte su señoría a los periodistas que llevan información de tribunales si la política de comunicación de este consejo no es una buena política de comunicación. Nunca se ha informado tanto ni tan pronto como lo hace este consejo, siempre desde una posición neutral y jamás filtrando ni intoxicando, que es como hay que llevar en una institución la política de comunicación. No se ajusta en modo alguno a la realidad lo que ha afirmado su señoría.

También dice su señoría que hay una parálisis organizativa de la carrera judicial. Yo no sé qué quiere decir esto, sinceramente. Tenemos una comisión permanente que gobierna el estatuto judicial y lo hace con extraordinaria celeridad. Les he puesto de manifiesto algunos datos donde hemos triplicado la capacidad resolutiva de la comisión permanente. No entiendo que de haber triplicado la capacidad resolutiva de la comisión permanente saquemos la conclusión de parálisis organizativa.

En cuanto a las cargas de trabajo y salud laboral, señoría, ya creo haberlo expresado. Están en marcha los trabajos, ha habido una reunión hace apenas unos días de la Comisión nacional de seguridad y salud de la carrera judicial, se les ha puesto de manifiesto ya un mapa de riesgos en materia de salud, ellos están trabajando en esta cuestión y yo espero que a finales de año tengamos elaboradas las cargas de trabajo. En cuanto a los nombramientos muy discrecionales, tiene usted razón -esto ya lo han planteado otros-, la ley nos da mucha discrecionalidad, es cierto, y queremos trabajar en reducirla, porque si reducimos la discrecionalidad, creemos que vamos a ganar en confianza, sobre todo en los propios miembros de la carrera judicial, que hoy desconfían del consejo porque muchas veces piensan que allí se reparten entre las asociaciones los puestos y que el que no está asociado o no pertenece a la camarilla asociativa no tiene ninguna opción. Para acabar con todas esas malas impresiones vamos a ir reduciendo la discrecionalidad estableciendo elementos objetivos, hitos predecibles, como ocurre en otras profesiones públicas.


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En lo que se refiere al juego de las mayorías, es el normal, es el que existe en esta Cámara. ¿Cómo se gobierna esta Cámara? Por el régimen de la mayoría, no se gobierna por el régimen de la unanimidad ni por el régimen de las mayorías cualificadas, se produciría el colapso y el no funcionamiento de la Cámara. El principio democrático esencial es el régimen de la mayoría, el que obtiene más votos, es lo normal. ¿Cuándo se pide una mayoría cualificada, una mayoría reforzada? En determinadas materias. Como bien sabemos, las leyes orgánicas requieren la mitad más uno de los miembros de la Cámara, de los miembros del Congreso, y en algunas otras decisiones una mayoría aún más reforzada. Por ejemplo, en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que la Constitución exige los tres quintos, o en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional -que se acaba de producir-, donde se exige una mayoría reforzada, pero lo ordinario, lo de todos los días, lo que determina el funcionamiento de la Cámara es la mayoría, que es el régimen; lo otro conduciría a una situación de bloqueo. Si una cosa buena tiene este consejo -que tiene varias- desde luego es que todos los nombramientos se han hecho en plazo. En el anterior consejo hubo dos plazas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que tardaron dos años en cubrirse porque no se ponían de acuerdo. O sea que a veces las mayorías de bloqueo tienen serios inconvenientes para el servicio a la sociedad y para el servicio a los ciudadanos. Por lo tanto, régimen de mayorías, como es el régimen de funcionamiento de la propia Cámara.

En cuanto a que el Tribunal Supremo ha apreciado en alguna de sus sentencias en relación con este consejo desviación de poder, yo desde luego no conozco ninguna, señoría. En relación con los nombramientos de este consejo, se ha dictado una única sentencia estimatoria -las demás han sido todas desestimatorias-, que fue el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y la razón por la que fue anulado el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial no fue por desviación de poder sino por déficit en la motivación del nombramiento. El resultado se llevó a un pleno de la Sala Tercera y hubo 18 votos a favor de la estimación y 15 en contra, o sea que fue una deliberación muy reñida y se llegó a la única conclusión de que había un déficit de motivación; en ningún caso, señoría, desviación de poder.

Después me pedía opinión sobre una serie de cuestiones. En primer lugar me ha hablado de nuevas plazas. Nosotros queremos que se creen plazas porque si no se crean plazas, señoría, no vamos a poder entregar los despachos en condiciones a los miembros de la LXVII promoción de la Carrera Judicial, que hay que entregárselos en el mes de diciembre. En cuanto a la ratio de los 12 jueces por cada 100.000 habitantes, no podemos comparar cosas no comparables. Si los alemanes incluyen en sus ratios a los fiscales y a los jueces de paz, les da una ratio muy alta. Por ejemplo, en Francia la ratio de juez por habitante es inferior a la nuestra y en Italia estamos prácticamente al mismo nivel de ratio. Portugal tiene alguno más. En fin, no es suficiente. Tenemos que tener los jueces que necesitamos para que asuman la carga de trabajo que entra en los juzgados.

En cuanto a lo de la memoria histórica, se han hecho dos cursos. Hablaba su señoría de que me ha visitado un relator. A mí no me ha visitado ningún relator. No sé de dónde ha sacado esta información. En cuanto a la comparecencia ante las Cámaras que indicaba su señoría, yo me remito a lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 2016, donde extensamente aborda la cuestión del deber de comparecencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo ante las Cámaras legislativas. Lo explica perfectamente. Yo no sería capaz de explicarlo mejor de lo que lo hace esta sentencia.

Finalmente, en cuanto a la intervención de la señora Moro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco muy especialmente las palabras dirigidas a los jueces. Yo destaco en mis intervenciones públicas, aquí y fuera de aquí, siempre la labor que hacen los jueces en España y creo que es una labor que merece reconocimiento sin ninguna duda: 5.400 jueces que han sufrido la crisis como los demás y sin embargo han sabido estar en el lugar que les correspondía para tener sensibilidad social cuando se ha tratado de desahucios, para tener sensibilidad social cuando se ha tratado de preferentes, para saber en un momento de crisis institucional luchar con eficacia contra la corrupción, muchas veces con una gran precariedad de medios. Los jueces españoles merecen elogio y reconocimiento y, como su señoría lo ha hecho, se lo agradezco profundamente.

En cuanto a las propuestas de resolución a que hacía referencia su señoría, le diré que nosotros siempre las contestamos. Lo que pasa es que, si yo no recuerdo mal, aquí no se adoptaron en abril del pasado año, sino recientemente, ya con el inicio de esta legislatura, y quizá no hayamos tenido tiempo de dar respuesta a todas las propuestas de resolución. Si a sus señorías les resulta interesante que en la comparecencia se aborde el contenido de las propuestas de resolución, en mi próxima comparecencia así lo haré sin duda alguna.


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En cuanto a la afirmación que hacía de conversaciones mantenidas con jueces sobre la conveniencia de la estabilidad en el destino de los jueces, lo comparto plenamente. El juez, cuanto más tiempo lleva, más oficio tiene y por tanto normalmente da mejor respuesta en el tiempo y en la calidad, pero también esto hay que cohonestarlo con el deseo de muchos jueces de una cierta movilidad porque no están en el territorio de sus familias o donde ellos desean establecerse. Por tanto, hay que tratar de mantener un cierto equilibrio entre una cosa y la otra.

En cuanto a la segunda instancia, como antes decía, creo que en los próximos meses podremos ya cubrir las plazas que se han creado ahora, tanto en las salas de civil y penal de los tribunales superiores de Justicia como en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y creo que será plenamente operativa ya para el último semestre del año. En cuanto a las otras cuestiones que había planteado la señora Moro ya he dado antes respuesta, en el tema de las cláusulas suelo y su preocupación por los temas de género. En todo caso, le agradezco su intervención y les pido a todos disculpas por el exceso de mi intervención.

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo que establece la resolución de la Presidencia de 4 de abril de 1984, que es la que regula la tramitación parlamentaria de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, en la que está previsto un trámite de réplica para los grupos parlamentarios, si algún grupo parlamentario quiere formular la réplica a las manifestaciones del señor Lesmes Serrano, tiene la palabra. ¿Algún grupo quiere utilizar el turno? (Denegaciones).

Quiero recordar a los miembros de la Comisión que, como no ha habido propuesta de creación de ponencia, se abre un plazo -según la resolución sería de tres días pero como caería en sábado y el lunes es fiesta aquí en Madrid, vamos a ampliarlo hasta el martes- para que se presenten cuantas propuestas de resolución consideren convenientes en relación con la Memoria ante la Mesa de la Comisión. Esta Mesa admitirá aquellas propuestas que sean congruentes con la memoria objeto del debate, referida al servicio público de la justicia y respetando, en todo caso, la independencia de la función jurisdiccional. Una vez admitidas a trámite, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, serán remitidas a la Mesa del Congreso a efectos de su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria.

Dando las gracias al compareciente y a los señores y señoras vocales del consejo, así como a todo el personal del consejo que ha comparecido aquí, se levanta la sesión. Nosotros continuamos. Reunión de la Mesa y Portavoces.

Muchas gracias.

Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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