DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 139, de 06/03/2017
cve: DSCD-12-CO-139
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 139
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ
Sesión núm. 8
celebrada el lunes,
6 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Educación y Deporte:
- Del señor secretario general de la Federación de Sindicatos
Independientes de Enseñanza, FSIE, miembro del Consejo Escolar del Estado
(Pueyo Val), para informar en relación con la elaboración de un gran
pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente
219/000287) ... (Página2)
- Del señor secretario general de la Unión Sindical Obrera-Federación de
Enseñanza, FEUSO, miembro del Consejo Escolar del Estado (Amate Cruz),
para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado
social y político por la educación. (Número de expediente 219/000288) ...
(Página16)
- Del señor secretario general de la Federación Española de Religiosos de
Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, FERE-CECA, miembro del Consejo
Escolar del Estado (Alvira Duplá), para informar en relación con la
elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la
educación. (Número de expediente 219/000289) ... (Página28)
COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE:
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS
INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA, FSIE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
(PUEYO VAL), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN
PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente
219/000287).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.
Va a comenzar la sesión para la que estamos convocados hoy, día 6 de
marzo. Como ustedes saben, hay tres comparecencias. La primera de ellas
va a correr a cargo de don Jesús Pueyo Val, secretario general de la
Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. Dispone de un
tiempo máximo de treinta minutos; después, los representantes de los
distintos grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantearle las
cuestiones que crean convenientes; y finalmente, tendrá usted diez
minutos para contestar. Si en alguna de las preguntas o cuestiones cree
que debería haberse extendido más, estaríamos encantados de que lo
hiciera por escrito y nos lo remitiera para poder distribuirlo luego a
los distintos representantes de los grupos, porque según la experiencia
de las cuatro primeras sesiones de comparecencia algunas preguntas se
quedan sin contestar por falta de tiempo y queremos ir cambiando un poco
las fórmulas para que ninguna cuestión se quede sin contestar.
Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias de antemano por
acudir a la convocatoria de esta Comisión.
Tiene la palabra don Jesús Pueyo Val.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES
DE ENSEÑANZA, FSIE (Pueyo Val): Señorías, buenas tardes.
Me van a permitir que lea la intervención para ceñirme al tiempo y así
tratar de evitar que la presidenta me tenga que llamar la atención por
extralimitarme.
En nombre de FSIE, como secretario general de la organización sindical que
representa a más del 40% de los profesionales de la enseñanza concertada,
con más de 4.000 delegados sindicales en el conjunto del Estado, quiero
agradecerles su amable invitación a comparecer hoy ante ustedes para que
podamos aportar nuestra visión sobre un asunto tan importante como es el
pacto en materia de educación. Aunque FSIE centra su acción sindical en
el ámbito de la enseñanza concertada y privada, también abarca desde el
año 2013 el sector de la atención a las personas con discapacidad, que
mucho tiene que ver con el sistema educativo. Por eso quiero que
entiendan que aunque durante mi intervención haga especial hincapié en
aspectos concretos relacionados especialmente con lo que se refiere a la
educación o a la enseñanza concertada, nuestra implicación es global y
total en lo que se refiere a la educación con mayúsculas, porque no
podemos ni queremos olvidar que un país, una sociedad, están muy marcados
y condicionados en su futuro por la educación y formación que reciben sus
ciudadanos.
Hablar de pacto educativo no es nuevo para FSIE. En 1990 la organización
presentaba ante el entonces ya Ministerio de Educación su primera
petición solicitando dicho pacto. Han pasado veintisiete años y seguimos
con el mismo empeño y con la misma ilusión, intentando lograr algo que no
es imprescindible para el funcionamiento del sistema, pero que sí creemos
que es absolutamente necesario para que este funcione mejor. Si les hablo
de empeño y de ilusión es para que hagan lo imposible por mantener su
compromiso de alcanzar ese pacto aun si no consiguen acordar sus bases en
los seis meses que se han dado de plazo, para que sigan trabajando, para
que no abandonen, para que piensen en lo importante y para que recuerden
que hemos depositado nuestra confianza en ustedes. Ya es muy positivo que
se haya constituido esta Comisión, pero no se puede quedar aquí, hay que
seguir dando pasos para alcanzar un gran número de objetivos y
compromisos con el mayor grado de consenso posible. En FSIE queremos que
se alcance el pacto, estamos comprometidos con esta tarea, les animamos a
ello y reconocemos su esfuerzo, pero también sabemos que no será fácil,
porque requiere de la sintonía y de la búsqueda del engranaje perfecto
entre Estado y comunidades autónomas. Si no partimos de una verdadera
implicación de todas las administraciones competentes en la materia
educativa el pacto no será viable. Es indudable el protagonismo de los
agentes políticos, tal y como expongo, pero el pacto no puede quedarse en
el ámbito político; si se llama de Educación, con mayúsculas, debe contar
con la participación y el respaldo de la comunidad educativa y los
agentes sociales del sector y, desde el punto de vista de los
profesionales a los que FSIE representa, no puede haber pacto ni reforma
educativa que no cuente con su respaldo, compromiso e implicación si
buscamos su éxito.
Quiero hablarles de las bases que desde FSIE creemos que debe tener este
pacto. Hay un pilar fundamental que debe respetarse y sobre el que debe
construirse el mismo, la Constitución, y más en concreto el artículo 27,
en el que se establece el derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza. La experiencia acumulada, la abundante jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre este artículo es un
bagaje que no podemos despreciar, y a propósito del mismo, tenemos que
volver a afrontar para superarla definitivamente la controversia entre
enseñanza pública y enseñanza concertada. El pacto debe servir para
consolidar definitivamente la asistencia de las redes pública, concertada
y privada, y además las dos primeras, pública y concertada, como
integrantes del servicio de interés público que es la educación, han de
ser consideradas como complementarias a todos los efectos. La enseñanza
concertada no es un problema para el sistema educativo, es una realidad
muy positiva, que emana de un derecho constitucional y que ha aportado
durante décadas una excelente formación a millones de ciudadanos de este
país, contribuyendo al progreso y mejora de nuestra sociedad. Por eso, de
ustedes depende -y ahora tienen la oportunidad- zanjar este recurrente
debate de confrontación que no tiene fundamento objetivo en los hechos y
que sirve de cortina de humo en muchos momentos para ocultar los serios
problemas que sí lastran nuestro sistema educativo. Tal y como ratifica
el derecho constitucional -y recientemente y de forma muy contundente una
sentencia del Tribunal Supremo-, los centros de enseñanza pública y los
de enseñanza concertada -en los que, en ambos casos, trabajan excelentes
profesionales- pertenecen a dos redes complementarias, y en ningún caso
la segunda es subsidiaria de la primera. El principio de subsidiariedad
que algunos han querido aplicar a la enseñanza concertada ha sido
declarado ilegal por los tribunales. Tampoco se respetan los derechos y
libertades constitucionales imponiendo una escuela única, eliminando así
la pluralidad de centros y la libre elección por parte de los padres de
la educación que desean para sus hijos. Por eso, señorías, el pacto, si
realmente quiere serlo, no puede excluir a un sector tan importante y
amplio de la sociedad. En este punto, a pesar de tener características
distintas, no quisiera olvidar a los centros de enseñanza privada y a los
profesionales que trabajan en ellos, que, sin duda, también realizan una
positiva e incuestionable aportación a la mejora de nuestro país.
El pacto debe servir para definir y regular un sistema educativo que
permanezca inalterable en sus aspectos fundamentales durante al menos
quince años y cuyo funcionamiento pueda ser revisado por los
profesionales, que son los que realmente saben de primera mano lo que se
debe cambiar y lo que se debe potenciar. Además, calidad, equidad,
igualdad de oportunidades, inclusión o excelencia no pueden ser solo
palabras, no pueden convertirse en objetivos incompatibles y excluyentes
entre sí. Es el momento de que se tengan presentes y de trabajar para que
se complementen como conceptos esenciales en beneficio de todos.
Señorías, serán ustedes quienes trabajen para definir unas propuestas que
deriven en una ley de bases que posteriormente se desarrolle en una nueva
ley de educación. Desde FSIE queremos humildemente contribuir a esta
empresa resaltando algunos de los aspectos que consideramos que deberían
tenerse en cuenta y que paso a describirles de forma rápida. Habrá que
establecer el currículum que afecta a la enseñanza básica y obligatoria,
entendiendo por básico aquello que es considerado lo más importante o de
importancia fundamental, y por obligatorio, lo que obliga a su
cumplimiento o ejecución. Habrá que determinar claramente las
competencias de las distintas administraciones públicas para evitar la
excesiva judicialización de la educación por cuestiones de competencia.
Tendremos que establecer mecanismos de evaluación y revisión que permitan
diagnosticar la situación y poner solución a los problemas detectados.
Solo así podremos saber, por ejemplo, por qué hay diferencias tan
importantes entre comunidades autónomas y podremos adoptar de forma
urgente las medidas necesarias para atajarlas, ya sean estas de
naturaleza económica, pedagógica o académica.
Es hora de trabajar paralelamente en la ley de la función docente para
regular la profesión y la carrera profesional de todos los docentes.
Sobre este punto les detallaré algo más nuestra postura a continuación.
No podemos olvidar la financiación para garantizar que la ley y las
medidas a implementar puedan ser aplicadas sin problemas. La propia
estructura del sistema educativo debe debatirse, y FSIE propone a este
respecto establecer la obligatoriedad de la formación -y fíjense que
hablo de formación y no de educación- desde los seis a los dieciocho
años, permitiendo, sobre la base de determinadas condiciones establecidas
mediante normativa aprobada al efecto, el acceso al mercado laboral a
partir de los dieciséis años compatible con una formación específica.
Además, la gratuidad debería abarcar desde los cero a los dieciocho años.
Sobre este punto también me extenderé un poquito más a continuación.
El fracaso y el abandono escolar exigen medidas concretas e inmediatas. Se
debe actuar en educación infantil y en educación primaria para detectar
cuanto antes los problemas y poner remedio a los mismos, evitando que
lleguen a secundaria, cuando ya es muy difícil poner solución. La
orientación educativa en estas primeras etapas, así como las figuras de
especialistas en psicología o pedagogía en apoyo a la acción de los
maestros, ayudaría a reconocer problemas de aprendizaje o adaptación y
permitiría tomar cuanto antes decisiones tempranas para paliarlas. Se
debe garantizar la misma dotación de recursos humanos y económicos para
todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, procurando
así que todos tengan las mismas posibilidades y atenciones en el
aprendizaje con independencia del centro que hayan escogido.
En lo que a los profesionales se refiere, les solicitamos que piensen en
ellos a la hora de legislar, evitando que los cambios que se introduzcan
les ocasionen perjuicios. Señorías, cada reforma, cada nueva ley, cada
modificación curricular se ha traducido en estos años en el sector de la
enseñanza concertada y privada en reducciones de jornada laboral, de
salarios y, en el peor de los casos, en despidos, y esto hay que
evitarlo.
Dado que el tiempo es limitado, les reseño otras cuestiones también
importantes a tener en cuenta, como podrían ser la convivencia y el acoso
escolar, un problema que hay que abordar sin tardar; la atención a la
diversidad y la plena inclusión, una cuestión que debería comenzar a ser
una realidad en los próximos años y para la que el sistema no está
preparado en estos momentos; la autonomía de los centros, de la que tanto
se habla, pero cuyo concepto nadie define con claridad, porque nadie
define sus objetivos, responsabilidades, funciones, medios, ámbitos sobre
los que se aplicará o medidas que se podrían adoptar en función de esa
autonomía; la escolarización y el equilibrio entre la programación de la
oferta educativa por parte de las administraciones y el derecho a elegir
de los padres. En este punto, la asignación de becas y ayudas a todo el
alumnado, en función de sus circunstancias particulares y no teniendo en
cuenta la naturaleza del centro de matrícula, facilitaría una mejor
distribución de la población escolar. En cuanto al problema de la
natalidad y las ratios, las administraciones deben gestionar este asunto
sin que sea excusa para reducir en estos momentos el número de aulas,
centros o profesores. En lo que se refiere a las repeticiones de curso,
hay estudios que cuestionan su eficacia y el elevado coste de las mismas.
Por lo tanto, urge analizar este asunto y proponer otras medidas que
puedan servir al mismo objetivo siendo más eficaces.
Como les comentaba hace unos momentos, quiero hablarles más extensamente
sobre la ley de la función docente. En las reformas del sistema nunca se
ha prestado mucha atención a la formación inicial del docente y se ha
dedicado poco a analizar la formación permanente. Aunque la
profesionalidad de los docentes, su compromiso, esfuerzo e iniciativa
personal han servido para que la situación no sea más difícil, ya es hora
de regular la profesión y la carrera profesional. ¿Por qué es necesaria
una ley de la función docente? Nadie discute a estas alturas la necesidad
de atraer a los mejores estudiantes universitarios a la profesión; para
ello, habrá que hacerla muy atractiva. Se debe elaborar una ley de la
función docente que ha de partir de una premisa muy clara: ser una ley
que regule la profesión docente contemplando a todos los profesionales
que imparten docencia con independencia del tipo de centro en el que
desarrollen su trabajo. El primer borrador de la Lomce contemplaba la
aprobación del estatuto de la función pública docente, y FSIE recogió en
poco menos de dos meses -no llegaba a dos- treinta mil firmas solicitando
una ley de la función docente para todos los profesionales de la
educación. Finalmente, la Lomce recogió esta demanda que ahora hay que
hacer realidad. Aprovechamos esta oportunidad para trasladarles esta
solicitud y, entre otras cuestiones, proponemos que en esta ley de la
función docente se recojan los siguientes aspectos. Los requisitos de
acceso a la formación inicial, definiendo quiénes y cómo accederán a la
formación universitaria, esa formación inicial universitaria que tiene
que responder a cómo queremos que sea el profesorado actual y el del
futuro, profundizando sobre todo en los profesores de ESO, Bachillerato y
FP. No es lo mismo estudiar para ser químico que estudiar para ser
profesor de Química, y esto es una realidad que tendremos que abordar
desde la universidad. Hay que hablar de una formación y preparación
previa al ejercicio profesional. Sería importante que existieran al menos
dos años de práctica profesional en los centros, retribuidos y
tutorizados por docentes especializados y formados específicamente para
ello. Tras esta etapa de prácticas, el docente podría acceder, por las
vías establecidas, a un puesto de trabajo en la función pública o en
centros privados o concertados. La formación permanente del profesorado
debería ser programada y financiada para todos los profesionales,
posibilitando e incentivando la dedicación del profesorado a la
innovación e investigación educativa, algo que ahora es harto difícil
hacer. La carrera profesional debe establecerse y desarrollarse con
independencia del tipo de
centro en el que se trabaje y, por eso, hay que definir los requisitos
necesarios para desempeñar las distintas funciones y cargos, así como el
sistema de promoción y reconocimientos correspondientes. La profesión
necesita el reconocimiento de la autoridad y la dignificación del docente
y esto se extiende a todo docente. Sobre la evaluación del profesorado,
quiero decir que es necesaria pero también objetiva, rigurosa, universal
y con una finalidad muy clara: la mejora profesional. Además, creemos que
la ley -en el caso de que sea una realidad en algún momento- debería
definir también los derechos y deberes de todos los profesionales de la
docencia. Finalmente, quiero aclarar que esta ley podría contener el
estatuto de la función pública docente o ser la norma de la que emane
este estatuto; un estatuto largamente reivindicado por los compañeros de
la función pública y al que, sin duda, tienen derecho como instrumento de
mejora de sus condiciones laborales.
Antes también les decía que en FSIE proponemos extender la obligatoriedad
de la formación desde los seis a los dieciocho años, permitiendo, sobre
la base de determinadas condiciones establecidas mediante normativa
aprobada al efecto, el acceso al mercado laboral a partir de los
dieciséis años, compatible con una formación específica que habría que
determinar, y además la gratuidad debería abarcar de los cero a los
dieciocho años. La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta
los dieciséis años introducida por la Logse ha sido beneficiosa, y
estamos convencidos de que ampliar la formación hasta los dieciocho años
lo sería también. El Parlamento Europeo aprobó no hace mucho una
propuesta para atajar el abandono escolar y planteó crear lo que se
denominó desde allí escuelas de segunda oportunidad, así como alargar la
educación obligatoria de los dieciséis a los dieciocho años. Estas
escuelas darían respuesta a aquellos alumnos que no quieren desarrollar
ninguna formación académica ni laboral y, simplemente, están fuera del
sistema. En esta línea, el Consejo Escolar del Estado, en su informe 2015
sobre el curso escolar 2013-14, también propone extender la
obligatoriedad de la educación hasta los dieciocho años, recomendando
compatibilizar el carácter obligatorio de las enseñanzas con la actual
posibilidad de incorporación al mundo laboral a los dieciséis años,
articulando sistemas flexibles que faciliten a partir de esa edad
conciliar empleo y formación. Se potenciarían modelos existentes
actualmente, como la FP dual, los contratos para la formación, las
enseñanzas a distancia o semipresenciales, además de ofrecer soluciones
novedosas, como horarios y calendarios adaptados o sistemas modulares de
contenidos. Para ello, el Consejo Escolar del Estado pedía en este
informe una política de Estado y un consenso básico entre las diferentes
fuerzas políticas que facilitasen medidas encaminadas a que las próximas
generaciones tengan un futuro mejor.
FSIE, de acuerdo con estos planteamientos, tanto del Parlamento Europeo
como del Consejo Escolar del Estado, propone extender la obligatoriedad
de la formación hasta los dieciocho años, y hablamos de formación y no de
educación en el sentido académico y reglado de la misma, porque para
aquellos alumnos que deciden no seguir estudiando y abandonar el sistema
es necesario ofertar y posibilitar su acceso al mercado laboral, pero sin
que dejen de formarse como ciudadanos. Una sociedad responsable como la
nuestra no puede desentenderse de aquellos que no quieren seguir dentro
del sistema reglado y académico. Debemos trabajar, en primer lugar, para
que sean una minoría, pero también para buscarles una alternativa para su
formación personal.
No puedo acabar esta intervención -lo tendrán que entender- sin hacer
mención a tres cuestiones esenciales relacionadas y que afectan a la
enseñanza concertada. En primer lugar, quiero referirme a los conciertos
educativos. Estos se siguen rigiendo por el Real Decreto 2377/1985. Su
modificación, tras veinticinco años de aplicación, se tramitó por vía de
urgencia en el Consejo Escolar del Estado en 2010, y a día de hoy
desconocemos qué ha pasado con aquel texto. Esta norma debería ser
mejorada y actualizada partiendo de una premisa muy clara, y es que el
concierto, por lo menos para nosotros, es el sistema más transparente y
completo de control de los fondos públicos asignados a centros privados
concertados y ha permitido además la mejora de las condiciones laborales
del profesorado. El concierto -conviene recordarlo nuevamente- no tiene
por objeto solo la gratuidad, sino que responde a un derecho
constitucional que posibilita la libre elección de centro en igualdad de
condiciones.
En segundo lugar, me gustaría mencionar a la Mesa Sectorial de la
Enseñanza Concertada y a la Comisión para el análisis del módulo
económico del concierto. La mesa, considerada por la LOE como instrumento
del sistema educativo y foro de negociación con el sector, funcionaba con
regularidad hasta el año 2011. Desde entonces no ha sido convocada ni una
vez y es vital su recuperación para alcanzar acuerdos. Que no se tenga
diálogo, debate y negociación en un ámbito como la educación es muy
preocupante. Por otro lado, la Comisión del análisis del módulo del
concierto, establecida en la disposición vigesimonovena de la LOE y que
estaba constituida por el Ministerio de Educación, las organizaciones
sindicales y patronales del sector de la enseñanza concertada y
representantes de las comunidades autónomas designados por la Conferencia
Sectorial de Educación, debería acabar sus trabajos, interrumpidos a
finales del año 2010, y establecer definitivamente el coste real del
puesto escolar en centros concertados. La comisión tenía previsto, a la
vista de los resultados de su análisis, proponer al Ministerio de
Educación y a la conferencia sectorial un plan plurianual para alcanzar
la adecuada financiación de los centros concertados en los Presupuestos
Generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas.
Urge retomar este asunto. El déficit económico de las partidas
presupuestarias que componen el módulo del concierto educativo es
histórico y palmario. La financiación actualmente asignada no cubre el
coste real del puesto escolar, además de dificultar la gratuidad de la
enseñanza y las mejoras laborales de los profesionales.
Por último, es necesario hablar de la recuperación de los recortes
sufridos desde 2010, así como de la situación de los docentes y del
personal de administración y servicios de los centros concertados. Los
profesionales que trabajamos en los centros concertados hemos sufrido los
mismos recortes que los compañeros de la Función pública desde el año
2010. Sin embargo, la recuperación de estas medidas tan perjudiciales no
se está haciendo con la misma rapidez y eficacia con la que se aplicaron
en muchas comunidades autónomas. Al profesorado de la enseñanza
concertada o no se le están devolviendo las retribuciones recortadas o se
le están devolviendo mucho más tarde que a los funcionarios públicos.
Para recortar y quitarnos, estando ya en peores condiciones, somos
iguales; para devolver o reconocer nuestros derechos, no. Esto para
nosotros es una desconsideración incompatible con el discurso de querer
prestigiar y reconocer la profesión docente, porque no hay profesionales
de primera y de segunda.
Además, tal como dije en este mismo foro hace unos años, este Parlamento
tiene una deuda con los docentes de la enseñanza concertada desde hace
treinta y dos años. Desde 1985, el profesorado en pago delegado tiene
reconocido su derecho a la equiparación salarial con sus homólogos de la
Función Pública, y desde entonces este Congreso no ha cumplido con ese
compromiso y ha perpetuado, incluso aumentado, las diferencias en las
sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado. Treinta y dos años
igual les parece a ustedes poco; a nosotros les aseguro que no. La
insuficiencia de financiación de los módulos de los conciertos supone un
número de profesores por aula sustancialmente inferior al de los centros
públicos, un profesorado que trabaja más horas lectivas percibiendo menos
salario, un personal de administración y servicios con salarios bajos
porque no hay suficiente partida presupuestaria dedicada en el módulo de
concierto o que no podamos tomar medidas en favor de la jubilación
anticipada y la renovación de los profesionales del sector. Que la
enseñanza concertada sea barata no es para nosotros la razón que
justifica su necesaria existencia; que sea barata es una discriminación y
una injusticia. El FSIE solo pide que se cumpla la ley, que se garantice
la gratuidad real del puesto escolar y que se mejoren las condiciones
laborales de docentes y no docentes que prestan servicio en estos
centros.
Como han podido escuchar, les he puesto encima de la mesa y de forma muy
rápida las cuestiones que he intentado transmitirles en esta breve
intervención. Para facilitar su conocimiento y reflexión les haré llegar
por escrito una documentación mucho más amplia. Estaré encantado de
explicárselo si así me lo requieren. Tengan ustedes claro que FSIE les
tiende la mano para trabajar juntos y colaborar en la consecución de un
objetivo tan fundamental para todos como es el que hoy nos ocupa.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pueyo, pero como le han
sobrado seis minutos, se los añadiremos a los diez minutos de
contestación de las cuestiones y así podrá tener más tiempo.
Comenzamos en este momento el turno de intervenciones de los grupos
parlamentarios, que tienen la palabra por cinco minutos. Por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos con un trabajo inmenso. Si no se ha cumplido en estos
últimos treinta años, no creo que haya sido por mala voluntad de los
legisladores, sino por la complejidad de hacer un pacto que ha de ser un
pacto político -puede que aquí esté la mayor dificultad-, un pacto
territorial, -que no es poco- y un pacto social, al que además tenemos
que unir un gran acuerdo con las familias -que, no nos engañemos, son las
responsables de la educación de sus hijos- y un acuerdo -en el que usted
ha hecho hincapié hoy y en el que vale la pena profundizar- sobre los
centros financiados con fondos públicos. En ese sentido, hay una clara
diferencia con lo que el otro día nos ponía encima de la mesa la patronal
privada, que también se quería financiar con fondos públicos por otras
vías. Esta es una realidad hoy inexistente. No se financian con fondos
públicos.
La LODE fue una ley que intentó suplir las enormes deficiencias que tenía
la educación española. Los índices de analfabetismo eran reales y
persistentes al empezar los años ochenta -aunque ahora no nos acordemos
de ello- y había una enseñanza pública deficiente y mal repartida, como
resultado de una época autoritaria en la cual la enseñanza pública era
subsidiaria. Yo, que fui muy crítico con la LODE -serían cosas de
juventud-, también entiendo con el paso de los años -no es que me haya
convertido en más conservador o a lo mejor sí en las cosas que hay que
conservar y son interesantes de conservar-, que en muchas ocasiones es
difícil crear un sistema con vencedores y vencidos, muy difícil sobre
todo si perjudicaba al objetivo principal que era la educación de los
niños y las niñas en los años ochenta. En ese sentido se creó una doble
red. Parecía un tema provisional que los tribunales han ido convirtiendo
-en este país los tribunales son como una tercera Cámara- en elementos
más o menos consolidados. Para un pacto es difícil partir solamente de lo
consolidado porque si partimos de lo consolidado ya no hace falta pacto,
es decir, si las cosas las dejamos como están, no haría falta pacto.
¿Sería posible un nuevo gran acuerdo entendiendo que los centros
financiados con fondos públicos tendrían que construir un único servicio
público de educación, dejando a la privada no financiada como otro
sistema? Lo que se financia con fondos públicos es público, no puede ser
de otra manera. En mi opinión, un servicio público lo podría dar un
colegio privado concertado, porque en las localidades donde he gobernado
como concejal conozco algunos colegios privados concertados que funcionan
como verdaderos servicios públicos pero otros no, también concertados y
en la misma ciudad. ¿Podemos llegar a este pacto, con unos requisitos
compartidos, que ha de ser la gratuidad? Es decir, no entiendo que pueda
haber una escuela pública gratuita y una escuela de servicio público que
se tenga que pagar. Esto rompería el modelo de servicio público de
educación. Y pregunto, ¿usted estaría por esta vía?, ¿tiene algunos
elementos de discrepancia con ella?
Me ha parecido que diferenciaba gratuidad de libre elección. Le recuerdo
que en la escuela pública no hay libre elección, es decir, la libre
elección pasa si quieres ir a un concertado. Según qué ciudades puede
haber zonificación. Si hay libre elección del servicio público debe ser
para todos, porque en el pueblo donde nací solo hay una escuela pública,
luego no pueden escoger, y en la ciudad donde vivo se puede escoger entre
muchas escuelas. Además, si se puede escoger entre muchas, ¿qué criterios
de entrada tendría aquella escuela que tiene dos veces más demanda que
oferta de plazas? Entraríamos también en un problema grave. Por tanto,
pacto para que haya un servicio público de educación, que se pueda
implementar con escuelas públicas o con escuelas concertadas, pero con
unos mismos criterios de admisión; por ejemplo, esto está claro cuando
hay mucha diversidad, los mismos criterios para unas escuelas y para
otras. ¿Por aquí podemos llegar al pacto? Porque si no, habrá algún
perdedor y si hay algún perdedor el pacto no se hará.
Segundo elemento, y con esto termino, la Ley de la Función Docente, me
parece bien. Se ha de formar un profesor, este profesor puede ir a la
escuela pública, concertada o privada pero ha de ser bueno en cualquier
sitio. Por tanto, ha de partir de unos mismos criterios y conceptos. Me
parece bien también la idea de los dos años. Aquí hay una cierta
confusión sobre mir o habilitación. Me explico, el mir te reserva por
examen unas plazas determinadas en hospitales públicos que tú puedes
pedir. En el caso que nos ocupa serían dos años de prácticas después de
tener la capacitación suficiente para hacerlas y, después, la
habilitación. A partir de aquí, el Estatuto docente de la enseñanza
pública tendrá oposiciones o tendrá otro tipo de sistema para acceder a
otras escuelas pero la habilitación te la darían estas prácticas hechas
por profesores adecuados. ¿Prácticas dónde? ¿Solo en institutos públicos?
Este es otro elemento, discutámoslo. ¿Qué tipo de tribunales darían los
resultados para asegurar igualdad, mérito y capacidad?
Me quedo aquí porque luego con los diez minutos e incluso la prórroga de
seis más no creo que usted pueda contestar a todo lo que mis compañeros y
compañeras le preguntarán.
Muchas gracias por su presencia y por ser conciso en un tema tan complejo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.
Usted ha consumido tres de esos minutos. (Risas).
El señor OLÒRIZ SERRA: Soy insaciable. (Risas).
Esto de ser profesor es un desastre porque los alumnos como no te
cortan... Es un problema.
La señora PRESIDENTA: No pasa nada.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Pueyo, por esta intervención que me ha parecido
brillante y muy clarificadora en muchos de los puntos que creo que al
final se van a convertir en los ejes de la subcomisión porque ha dado las
pistas clave de cuáles son las cuestiones nucleares que debemos resolver
o por lo menos tratar de resolver en este pacto social y político por la
educación.
Sin que sirva de precedente, coincidimos en algunos de los puntos que ha
expuesto mi compañero de Esquerra Republicana (El señor Olòriz Serra: No
pasa nada) porque es cierto que nosotros... (El señor secretario general
de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE, miembro
del Consejo Escolar del Estado, Pueyo Val: Me voy a ir muy contento de
aquí si siguen coincidiendo) sí entendemos que la educación es un
servicio de interés público que se puede ofertar desde una red pública,
una red concertada y una red privada. También es cierto que tanto la red
pública como la red concertada son, al fin y al cabo, servicios públicos
que se tienen que ofertar a la educación. Por tanto, para nosotros es
importante que clarifiquemos algunos criterios que usted ha puesto sobre
la mesa, entre otros, el coste por puesto escolar porque aclararía muchas
cuestiones sobre la financiación. No es posible hablar de una nueva
financiación de la red concertada y de la red pública si no tenemos claro
cuál es el coste que cada puesto escolar supone para el Estado. Esto nos
daría pistas de qué criterios debemos utilizar para poner encima de la
mesa a nivel nacional y autonómico el compromiso para la financiación.
¿Debemos seguir hablando de un porcentaje del PIB o debemos hablar de una
inversión relacionada con el coste que supone la educación en sí? Es una
pregunta que lanzo y que usted, más o menos, ha indicado al hablar de la
necesidad de poner en marcha otra vez esa mesa sectorial y esa mesa de
estudio en la que coincidimos en que es urgente trabajar en ello. Por eso
me gustaría que hiciera una valoración sobre la financiación, si cree que
estas soflamas que lanzamos constantemente sobre el porcentaje del PIB
son la vía adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Ha hablado usted de la Ley de la Función Docente y por las pistas que ha
dado creo que coincide bastante con el planteamiento de mi grupo político
en torno al mir educativo. Nosotros planteamos algo semejante: unos
requisitos específicos de acceso para la formación inicial -que tendremos
que revalorar en estos momentos con relación al acceso a la universidad-,
unos años de práctica una vez hecho un acceso que nosotros consideramos
que debe ser común al conjunto del Estado e identificados centros
formativos de excelencia acreditados tanto por el Estado como por las
comunidades autónomas para que la gente pueda hacer las prácticas (que
deben ser remuneradas), y luego, un sistema de acreditación que
tendríamos que discutir cómo lo hacemos, si como se ha hecho para la
universidad o de otra manera diferente, que permitiera a la gente que
está formada en enseñanza en cualquiera de los niveles, el acceso bien a
la función pública bien a la privada para dar clase. Por tanto quisiera
saber si a ustedes les parecería correcta esta acreditación previa
también para tener acceso a los centros concertados, si creen que sería
una alternativa válida para la escuela concertada.
También me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho de las escuelas
de segunda oportunidad y de la obligatoriedad de la formación hasta los
18 años. Quisiera que profundizara un poco más, si puede, en este
planteamiento y en cómo deberíamos articular esta alternativa tanto en
connivencia con la educación formal como con otro tipo de educación no
tan formal, y estoy pensando en alternativas que ya se están poniendo en
marcha en la universidad como los MOOC, la educación a distancia,
etcétera. Sé que ustedes tienen hecho un planteamiento más desarrollado y
me gustaría que si puede nos explicara un poco más cómo plantean esta
opción con la que nosotros también coincidimos.
También le agradezco todo el diagnóstico que ha hecho, y esperemos que
seamos capaces de llegar a un acuerdo. Por parte del Grupo Parlamentario
Ciudadanos el compromiso está al cien por cien.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer también, como el resto de mis compañeros, al señor Pueyo
su intervención, que ha sido escueta pero muy interesante y clarificadora
de las posiciones que desde la concertada se aportan para este debate del
pacto educativo.
En esta intervención, espero que breve, me gustaría entrar un poco en el
fondo político y también ideológico de la llamada libertad de enseñanza,
la de los padres a elegir centro. Es verdad que el artículo 27
de la Constitución se redactó en su día diciendo que todos tienen derecho
a la educación. Y después de un punto, no de una conjunción ni de una
coma, se decía que se reconoce la libertad de enseñanza, pero en ningún
sitio se dice que esta libertad de enseñanza signifique o sea lo mismo
que la libertad de elección de centro, ni mucho menos que sea necesaria
la existencia de tres redes de enseñanza: la pública, la concertada y la
privada. Yo creo que esta ha sido la disputa política que hemos tenido en
torno a la educación, como toda disputa política va a permanecer abierta
y entendemos que no la puede cerrar esta subcomisión. En cualquier caso,
creo que no le descubro nada si le digo que nuestra apuesta es por una
escuela pública y que creemos que es la red pública la que ha de
garantizar la enseñanza universal, gratuita, de calidad y en condiciones
de equidad. Ese es nuestro modelo; no obstante, sabemos que la libertad
de elección de centro es una cuestión controvertida y de permanente
actualidad desde hace algunas décadas y que este es uno de los ámbitos en
donde se manifiesta de manera crucial el debate político que siempre se
da entre la igualdad y la libertad y las diferencias políticas implicadas
en este debate, que son al fin y al cabo las distintas maneras de
entender las relaciones sociales o las formas de organizar una
determinada comunidad política.
Por supuesto que la existencia de tres tipos de redes de escolarización ya
responde a una manera determinada de entender qué es la libertad de
enseñanza. No hay que olvidar que la red concertada surgió en los años
ochenta como una red subsidiaria pública para responder a las demandas
específicas de ese momento y que nació por tanto con un carácter
transitorio. Sin embargo, el mapa de los centros escolares y de su
titularidad con que nos encontramos a día de hoy es bien diferente, y
esto es así en parte porque el debate acerca de la libertad de elección
es un debate de naturaleza ideológica por mucho que se intente olvidar o
desplazar y porque desde algunos sectores, tomando como consideración el
mercado, se confunde la libertad de elección con una libertad más de
consumidor. Pero, además, es que no es lo mismo la libertad de elección
que la libertad de oferta. Es decir puede haber una amplia oferta
distinta entre sí y que la posibilidad de elegir un centro u otro no sea
igual para todas las familias. Para que haya libertad de elección tendría
que haber también igual probabilidad de elección y creemos que no la hay,
si no, ¿cómo se explica que el 78% del alumnado migrante esté
escolarizado en la red pública y no, por ejemplo, en la concertada?
No es que nosotros no queramos que la gente elija, es que nos preocupan la
cohesión y la justicia social. Una cosa es reconocer una libertad y otra
muy distinta las condiciones en las que esa libertad puede ser ejercida,
porque ahora mismo la libertad de elección real no es de las familias, es
más bien de los centros concertados. Y a nuestro juicio la libertad de
elección no puede ni debe ser solo de los centros, algo que está
ocurriendo cuando los centros privados y concertados seleccionan a sus
alumnos y cuando la gran mayoría de los estudiantes con necesidades
educativas están escolarizados en centros públicos. Eso, por no mencionar
-sé que no es el ámbito- que los colegios privados de élite invitan a
algunas familias a cambiar a sus hijos de centro porque bajan el
rendimiento escolar general del centro. Estas son las cuestiones reales
de cómo se entiende y cómo se ejerce la libertad de elección en nuestro
país a día de hoy.
Por otro lado, en lo que se refiere a la existencia de tres tipos de redes
(pública, privada y concertada), nos gustaría saber cuál creen desde su
sindicato que debería ser el modelo de financiación y si estos tres
modelos son compatibles con el artículo 27 de la Constitución, que dice
también que la educación ha de ser obligatoria en sus niveles
fundamentales. Nos venimos encontrando con que en algunas comunidades
autónomas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en la etapa de 0 a
3 años en que no es obligatoria y no está subvencionada por el Estado,
las familias reciben lo que se llama "cheque guardería" para que puedan
hacerse cargo de los gastos que supone escolarizar a sus hijos. ¿Es esto
compatible con el modelo de financiación que proponen ustedes?
Por otra parte, decía usted en su intervención que el concierto debe
garantizar la gratuidad de los estudios. En este sentido le preguntamos
qué le parecen noticias como ésta (Muestra a la Mesa una página de
periódico) publicada en EL PAÍS, que dice que más del 90% de las escuelas
concertadas obligan a las familias al pago de cuotas. Y otra cuestión muy
relacionada es el tema de la religión católica. Gran parte de los
colegios concertados y privados son de titularidad religiosa. Cuál cree
que debe ser el papel de la religión en la escuela en los diferentes
tipos de redes: pública, privada y concertada, y si cree que debería
tener el mismo lugar en los concertados y privados que en los públicos o,
incluso, en los concertados, relacionándolos no solo con la
confesionalidad o no de la educación sino también con la financiación de
la misma.
Y acabo con una última cuestión. Quisiera saber qué opinión le merecería
que la elección y acceso del profesorado en los centros concertados
estuviera regulada por pruebas de acceso como son los concursos-oposición
para el resto de los docentes, o por un posible mir educativo que
asegurara también la adecuada formación del profesorado en los centros
concertados.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Pueyo, por su intervención. La verdad es que los
compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, como suele
ocurrir, han ido planteando las cosas que yo quería preguntar,
especialmente mi compañero Javier Sánchez Serna, al apuntar la cuestión
del concierto y del sentido de los conciertos. En todo caso intentaré no
repetir y así podré ser más breve.
Yo celebro el acuerdo en el acuerdo. O sea, celebro su planteamiento, su
énfasis en la necesidad del pacto educativo; celebro cómo lo ha
planteado, que es como últimamente también aquí lo planteamos: un pacto
político, social y territorial -me parece que este triple énfasis es
particularmente importante-, y celebro la idea de una ley de bases que
ponga orden, por así decirlo, en los distintos estratos legislativos que
todavía hoy coexisten en nuestro país.
Hay un asunto que me parece importante resaltar, y que usted ha comentado
de pasada, porque en muchas ocasiones cuando se habla de la concertada se
hace de una manera un poco sumaria y homogeneizando algo que es
heterogéneo, y lo es no solamente porque, como usted sabe, el peso de la
concertada es desigual -incluso muy desigual- en diferentes comunidades
autónomas, sino también porque la naturaleza de las concertadas es muy
distinta. Usted ha hecho referencia -y me ha parecido muy oportuno- a los
centros que trabajan en discapacidad y también podía haber hecho
referencia perfectamente a las cooperativas. Son centros muy heterogéneos
y a veces puede haber una tendencia a hablar de la concertada como una
especie de privada bis, si me permite la simplificación, que creo que no
ayuda a plantear bien el debate. En todo caso, es cierto que hay un
problema al que usted ha hecho referencia: ha insistido mucho en la idea
de que la red pública y la red concertada han de ser redes
complementarias y que ninguna sea subsidiaria de la otra. Efectivamente,
aquí está la clave del asunto, aquí está el debate político, porque hay
comunidades autónomas en las que se está convirtiendo, de facto, a la
pública en subsidiaria de la concertada. Cuando en alguna comunidad se
proporciona a centros suelo público para que ahí se edifiquen colegios
concertados, se está convirtiendo a la concertada en subsidiaria de la
pública.
Usted ha mencionado -creo que ha hecho bien en hacerlo- los conciertos que
arrancan del año 1985. Es verdad, pero no es menos cierto que en aquel
momento se hizo un diseño de la relación entre pública y concertada que
tampoco es el caso. Como se ha recordado aquí, los conciertos surgen
precisamente con la idea de complementar aquello que la pública no podía
cubrir en aquel momento. Una cosa que le pregunto es si tiene sentido
mantener exactamente ese diseño si la pública, afortunadamente, en muchas
comunidades autónomas, en muchos territorios ya tiene mucha más presencia
y, por tanto, quizá podría variar. En todo caso, hay algo que me parece
importante. Usted ha insistido mucho -me parece absolutamente correcto-
en que el sentido de la existencia de la concertada nace, por así
decirlo, de un derecho constitucional que es la libertad de los centros y
le quería preguntar en qué medida esa libertad de los centros da lugar,
genera o potencia un cierto tipo de diseño de propuesta educativa y en
qué medida esa propuesta educativa va a tener unos problemas distintos a
los que tiene la propuesta educativa de un centro público. Me explico: la
libertad de los centros, de alguna manera -es cierto lo que se ha dicho
de que la libertad de los centros, perdón por la obviedad, no es para
todo el mundo libertad porque el que no está en condiciones de ir a la
concertada no tiene libertad, la libertad la tiene el que dispone de los
medios, aunque es una obviedad en la que no quiero insistir-, se basa en
la idea de ofrecer un producto educativo diferenciado no solamente de la
pública sino de otras concertadas, de las privadas, etcétera. Entonces,
para la idea de la libertad de los centros es fundamental la cuestión de
la autonomía; es absolutamente fundamental que un colegio o una escuela
concertada puedan ofrecer algo que no ofrecen otras escuelas,
concertadas, públicas o privadas. Ahí entran dos cuestiones: una, cómo
plantean ustedes la evaluación de esa autonomía, cómo la piensan, qué
instancias y de qué manera se ha de llevar a cabo esa evaluación de la
autonomía que, insisto, entiendo que es condición de posibilidad de la
libertad y, por otro lado, la libertad de elección por parte de las
familias concede desde el mismo
planteamiento un enorme protagonismo a las familias y a los padres, ¿en
qué medida condiciona eso los proyectos docentes? Por ejemplo, puede
darse el caso de que las familias puedan ser reticentes hacia
determinadas propuestas de innovación y ahí hay un conflicto entre lo que
los profesionales entienden que es la innovación necesaria y aquello que
las familias, con la mejor buena fe, por supuesto, consideran que es lo
más necesario. Quiero decir que no hay nada más atractivo para una
familia normal y corriente que un centro que ofrezca mucha tecnología y
muchos idiomas, pero para un profesional de la enseñanza eso no es la
panacea y, en todo caso, no hace pasar por ahí ni la innovación ni la
excelencia educativa. Se puede producir un conflicto y quería
preguntarle, cuando se da, cómo creen que se puede resolver.
Por último, abundo en la pregunta que le ha hecho la portavoz de
Ciudadanos respecto a mi interés en esa idea de la formación, no
educación, para aquellos que a los dieciséis abandonaran el sistema
reglado y siguieran con algún tipo de formación. Me ha parecido oír por
ahí la expresión educación para la ciudadanía en medio del argumento y me
gustaría saber exactamente en qué consistirían esos dos años de
formación, no necesariamente educación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cruz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Alonso Díaz-Guerra.
El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Gracias, presidenta.
En primer lugar, quisiera agradecer su presencia, señor Pueyo, y
especialmente su intervención, basada en un profundo conocimiento del
sistema educativo, donde ha analizado fortalezas, debilidades y retos a
conseguir. Sobre todo quisiera enfatizar -lo han hecho algunos de los
portavoces en su intervención anterior- en el talante conciliador y
constructivo de sus propuestas; es de agradecer. Con su intervención
continuamos completando el análisis de nuestra realidad educativa,
sumándose usted al resto de comparecencias, todas de gran utilidad pues
la mayoría nos han mostrado el camino que debemos recorrer juntos para la
consecución del tan necesario pacto educativo. También hemos tenido
algunas manifestaciones o intervenciones vamos a dejarlo en poco
afortunadas pero que también sin duda nos han alertado de los miedos,
dificultades y perjuicios que debemos superar al recorrer ese camino, ese
difícil y apasionante camino.
De su intervención me gustaría destacar lo acertado, y además preceptivo,
de que el pacto emane del artículo 27 de nuestra Carta Magna. Igualmente,
coincidimos con usted en la trascendencia de la libertad de enseñanza,
una libertad -no me gustaría poner freno a la palabra libertad- lo más
amplia posible, libertad real para todos que conlleve una libertad de
cátedra, una libertad a la hora de elaborar proyectos educativos y una
libertad, por supuesto, a la hora de elección de centro. Como bien sabe
usted, el debate principal parece que se ha centrado en que el sistema
educativo español contempla una educación sostenida con fondos privados y
otro tipo de educación, el sistema educativo, la red de centros que
garantiza el servicio público educativo principalmente, que son los
centros sostenidos con fondos públicos y que pueden ser de titularidad
privada -y serían concertados- y de titularidad pública. Al final, entre
ambos están garantizando una red educativa suficiente y, algo que creo
que es importante también, plural. Yo vengo de una comunidad autónoma
donde esa pluralidad es menor que en otras. ¿Nos gustaría llegar a
cuantos sitios mejo? Seguramente, pues creo que cuanta más pluralidad más
se enriquece al sistema educativo.
Desde el Partido Popular apostamos por ese servicio educativo de calidad,
sin apellidos, que por supuesto tenga en cuenta la opinión de los
docentes, de los alumnos y de sus familias. Por tanto, me gustaría que
nos contestara si son verdad ciertas afirmaciones o si usted tiene la
percepción, como se ha trasladado aquí, de que con la Lomce o sin ella es
cierto que actualmente la enseñanza pública es subsidiaria de la
enseñanza concertada. Yo no tengo ese concepto. Como bien ha dicho el
portavoz de Esquerra Republicana, no me gustaría el término subsidiario
para ponerlo por encima ni por debajo de nadie. La palabra que usted ha
utilizado de "complementarias", que trabajen juntas en un bien común, en
el mismo fin, me parece mucho más acertada.
Quiero hacer una reflexión en relación con la libertad de elección de
centro. No existe esa libertad, ya que en muchas localidades pequeñas -yo
soy docente en una de ellas- solamente hay un centro educativo. El
sistema educativo no tiene los recursos necesarios. Mis alumnos, por
ejemplo, cuando tienen que dar el salto al instituto no pueden elegir
ninguno porque a los alumnos se les adscribe directamente a un instituto
público, aunque también existe un centro concertado que imparte la
enseñanza secundaria obligatoria, pero las familias no pueden sufragar el
transporte. También es cierto que hay familias de bajos recursos que
determinan la escolaridad de sus hijos teniendo en cuenta que si van a un
centro público pueden obtener una beca de comedor escolar y si van a uno
concertado no. Por tanto, lo
que se ha apuntado aquí es verdad, tenemos que caminar para que esa
libertad de elección sea real en el amplio sentido de la palabra.
Quiero poner énfasis en los docentes. Sinceramente, ¿considera que los
docentes de la enseñanza concertada tienen la posibilidad de contar con
más recursos materiales y humanos? ¿Tienen una ratio más baja que el
resto? ¿Tienen mejores condiciones laborales para que se les puedan
atribuir ciertas afirmaciones que se han hecho aquí? Coincido con su
planteamiento de que entre todos tenemos que conseguir un servicio y una
educación de calidad en todos los centros, que podamos disponer de los
medios materiales y que todos los centros tengan las mismas
posibilidades.
Para finalizar -se me agota el tiempo-, como representante de la
organización mayoritaria del profesorado de la enseñanza privada
concertada, quiero manifestar que la enseñanza concertada cuenta con más
de doscientos mil docentes, uno de cada tres del sistema educativo
nacional, y me gustaría conocer su opinión sobre lo siguiente. Si no se
tiene en cuenta a uno de cada tres docentes -no estoy hablando de
familias, sino de docentes- para conseguir un pacto educativo, si
queremos realmente ese pacto social, ¿se les puede dejar fuera del
planteamiento, que me parece muy interesante, de este pacto educativo o
de la Ley de la función docente?
Por último, quisiera saber dos cosas. En primer lugar, cómo podemos
conseguir al docente mejor formado y sobre todo al más motivado para
alcanzar esa premisa de la excelencia educativa. Y en segundo lugar,
¿considera positivo el reconocimiento de la autoridad del profesorado,
como hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2012, para mejorar
la convivencia escolar en las aulas?
Tengo muchísimas más cosas que comentarle. Muchas gracias por su
intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso Díaz-Guerra.
Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor
Pueyo Val.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES
DE ENSEÑANZA, FSIE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Pueyo Val):
Les agradezco sus intervenciones. Me han planteado muchas cuestiones y
voy a intentar contestar a todas; en cualquier caso, me comprometo a
quedar con ustedes en otro momento para que podamos seguir dialogando
sobre este tema tan apasionante.
Al señor Olòriz, de Esquerra, quiero decirle en relación con la
manifestación de que la doble red fue provisional y que los tribunales lo
han ido convirtiendo en un elemento consolidado que si los tribunales han
hecho eso es porque estaba consolidado desde el principio, porque los
tribunales no se lo inventan. Puedo reconocerle que durante un tiempo ha
habido una interpretación, pero se ha aclarado definitivamente por los
tribunales, por lo que cuando nace la red concertada no lo hace con la
intención de ser subsidiaria ni de completar allá donde no llega la
enseñanza pública. Arranca del artículo 27, que es un mandato
constitucional a los poderes públicos para que garanticen que los padres
puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y además
deben garantizar que pueden acceder a otro tipo de centros que no sean de
titularidad pública. Este es, en síntesis, el mandato del artículo 27 de
la Constitución.
Ha planteado un tema muy interesante: un único servicio público de
educación. El servicio de la educación es de interés público -en eso
coincidimos plenamente-, pero la existencia de centros públicos puede ser
perfectamente compatible con centros de iniciativa social privada que
estén financiados con fondos públicos, porque permítame que le diga que
todo lo que se financia con fondos públicos no es público. Hay muchas
cosas que se financian, que se subvencionan con fondos públicos, pero son
de carácter privado o de iniciativa social en muchos casos.
Coincidimos -me parece bien y además lo he dicho yo- en lo siguiente. La
norma por la que se rigen los conciertos educativos data de 1985 y la
experiencia que hemos acumulado por los problemas que han ido surgiendo
durante estos años exige una actualización y una reforma de esa norma. Se
pueden volver a retomar los requisitos que tienen que tener los centros
para acceder a esos conciertos y se pueden debatir muchas cosas que
contiene esa norma. Nosotros estamos dispuestos; de hecho, lo hicimos. Ya
le digo que en 2010, con el ministro Gabilondo, esa norma se informó con
carácter de urgencia en el Consejo Escolar del Estado y se hizo un
informe y un dictamen tanto en el Consejo Escolar del Estado como en el
Consejo de Estado, pero nunca salió publicada en el boletín. Ya es hora
de que volvamos a retomarlo y debatamos a quién se le debe exigir y
cuáles son los derechos y las obligaciones de unos y de otros, de la
Administración que financia y de los centros que imparten esa educación.
Estamos abiertos a ese debate; de hecho, lo hemos pedido en muchas
ocasiones porque la norma se puede mejorar. Con la experiencia que hemos
ido acumulando durante más de veinticinco años se puede mejorar.
En cuanto a los criterios de escolarización y admisión de los alumnos, una
cuestión que también ha planteado usted, los procesos de admisión en los
centros concertados son exactamente los mismos que en los centros
públicos, exactamente los mismos, y están controlados por la Inspección
Educativa de la Administración educativa. Si no se cumplen, se denuncia,
pero se aplican exactamente los mismos baremos, las mismas normas en
todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Ha salido un tema recurrente para nosotros: los inmigrantes. Pues bien, yo
le voy a hablar desde el punto de vista de los profesionales de la
enseñanza concertada porque es una cuestión que nos duele. Nos duele
porque parece que se acusa a los profesionales de la enseñanza concertada
de no querer alumnos inmigrantes en nuestras aulas y no es cierto. No es
cierto. Nosotros trabajamos con los alumnos que eligen nuestros centros.
Es verdad que puede haber familias que tengan dificultades para elegir
los centros concertados. Efectivamente, claro que tienen dificultades y
le voy a dar una razón: no les llegan las becas, no les llegan las ayudas
ni para el comedor ni para el transporte ni para las actividades
extraescolares ni para la compra de libros, y ese es un hándicap muy
importante para muchas familias, no poder elegir. Incluso la zonificación
de la escolarización, fíjese lo que le digo. Pero ya no es un problema
solo de la concertada, sino de la concertada y de la pública. La
zonificación en algunos sitios provoca lo que se denominan -permítame que
entrecomille la expresión porque no es muy afortunada- guetos, porque al
zonificar y estrechar tanto las zonas de escolarización estamos
consiguiendo lo siguiente. Usted sabe que cuando los inmigrantes llegan a
una ciudad tienden a agruparse en una zona, lógicamente. Entonces, si en
la escolarización les obligamos a no salirse de esa zona, evidentemente,
no puede haber una distribución y ese es un problema que afecta a la
pública y a la concertada. Le puedo asegurar que hay muchas familias que
si tuvieran esas ayudas y esas becas optarían por escoger un centro
concertado y nosotros estaríamos encantados. Cuanta más demanda tengamos
más encantados estaremos.
En cuanto a la Ley de la función docente, se habrá dado cuenta de que yo
no he hablado exactamente del MIR, como plantea doña Marta, de
Ciudadanos. Hablamos de prácticas tutorizadas y retribuidas,
fundamentalmente tutorizadas por profesionales formados específicamente
para esa labor. Muchas veces en el sistema educativo tendemos a
introducir innovaciones sin tener al profesorado formado; hemos
introducido las TIC o el bilingüismo pero nos hemos dado cuenta de que no
teníamos profesorado en condiciones como para poder hacerlo con calidad.
Si coincidimos ahora en que habrá que tutorizar a estos futuros
profesionales, primero habrá que pensar que tendremos que formar
profesionales en activo que tutoricen a estos nuevos profesionales.
Hagamos primero la formación y luego empecemos a escogerlo. ¿Qué tipo de
centros? Todos aquellos que la Administración quiera autorizar. En estos
momentos las prácticas se realizan con normalidad en centros públicos y
centros concertados; eso sí, con la voluntad del profesorado, que acepta
voluntariamente tener un alumno en prácticas, lo acoge en su aula y,
buenamente y como puede, lo acompaña en ese proceso de prácticas con la
mejor de las voluntades. Si queremos profesionalizar ese sistema, habrá
que cambiarlo pero, repito, que si hay profesorado preparado para ello,
yo entiendo que cualquier centro puede optar a formar a este tipo de
profesionales.
Paso a referirme a doña Marta. A nosotros tampoco nos parece que fijar un
porcentaje del PIB sea una solución. Cuando decimos que vamos a invertir
el 6% del PIB, este es un valor cambiante; el 6% del PIB puede ser una
cantidad este año y dentro de tres haber bajado o haber subido. A
nosotros nos parece mucho más real decir: vamos a implantar estas
medidas, dígase cuánto van a costar; finánciese, plantéese, apruébese una
ley de financiación para esas medidas que además las proteja de cualquier
circunstancia adversa que pudiera venir. Es decir, que no se puedan hacer
recortes en un momento determinado por muy mal dadas que nos puedan
venir. Nos parece mucho más interesante decir que vamos a aplicar esto y
nos va a costar tanto. Unas veces será más y otras veces será menos, lo
del PIB es un valor relativo que no nos dice mucho más allá. En cuanto a
la Ley de la función docente -llamándolo MIR o llamándolo prácticas
tutorizadas-, yo creo que coincidimos en la finalidad de ese proceso, es
decir, unas prácticas que al final de ese proceso permitirán que ese
docente, si ha superado esas prácticas, tenga su acceso a la función
pública o a la enseñanza privada y concertada en función de los
mecanismos que se hayan establecido. Obviamente, estamos de acuerdo en
que esa acreditación tiene que ser igual para todos los docentes, que ese
paso lo tienen que hacer todos los docentes igual. Me gustaría darle más
detalle en el tema de la formación a los dieciocho años, pero nosotros no
hemos entrado mucho al detalle en el desarrollo de esta idea porque
queremos saber primero si interesa o no interesa, así de claro se lo
digo. Nosotros creemos que es interesante. Hay resoluciones del
Parlamento Europeo y del Consejo Escolar del Estado que avalan que sería
bueno extender la formación hasta los dieciocho años. Lo que sí sabemos
es que en estos últimos años hemos tenido en este país una experiencia
que a nosotros nos ha generado
esta reflexión. Hace unos años tuvimos alumnos que con dieciséis años
-cuando había empleo y había ofertas tentadoras para estos jóvenes-
abandonaban el sistema y se ponían a trabajar. ¿Qué ha ocurrido con estos
jóvenes cuando ha llegado la crisis? Que con veinte o veintiún años han
tenido que volver a las aulas de formación profesional desde el
desempleo. Ha llegado la crisis, se les ha despedido de los sitios en
donde estaban y se han encontrado sin formación, sin preparación y han
tenido que volver a aulas generalmente de formación profesional para
intentar adquirir esa formación que les permita otra vez reengancharse en
el mercado laboral. No podemos dejar que estos jóvenes de dieciséis años
se desenganchen completamente del sistema y que no tengan esas
aspiraciones o esas posibilidades de, cuando ya tienen veinte o veintiún
años, poderse reenganchar, mejorar su cualificación y poder aspirar a una
mejora laboral. Todos ustedes saben que las previsiones son que en pocos
años solo el 15% de los puestos de trabajo serán de personal no
cualificado, al resto se le va a exigir una cualificación. No podemos
dejar que la gente se vaya a los dieciséis años sin más.
Si realmente pensamos que a los dieciséis años uno está formado como
ciudadano -de ahí venía la Educación para la Ciudadanía-, habrá que darle
los derechos de adulto. Si realmente pensamos que a los dieciséis años se
les puede dejar y desentendernos de la formación de esos jóvenes, habrá
que darles esos derechos. Nosotros no compartimos esa visión,
evidentemente. Por eso nos gusta la idea de extender ese tipo de
formación que les ayude a afrontar una vida en sociedad, sin más, que la
puedan compatibilizar con su trabajo laboral y que puedan desarrollarse
como personas.
Señor Sánchez, evidentemente no coincidimos en muchas cosas, pero estamos
abiertos al diálogo y seguro que en alguna ocasión podremos encontrar
puntos de acuerdo en alguna de las cuestiones que nos plantean. Habla de
la libertad de elección de centro. Yo le vuelvo a insistir que es un
mandato constitucional. Es decir, los padres tienen derecho a elegir el
tipo de educación que quieren para sus hijos, y les puede gustar un
centro publico, uno concertado -dentro de los públicos y de los
concertados hay diferentes ofertas educativas- o uno privado, que siempre
estará ahí. En cuanto al hecho de que desde las administraciones públicas
se apueste por la enseñanza pública, lo único que nosotros planteamos ahí
es que no queremos que se haga en confrontación con la enseñanza
concertada. Es decir, usted nunca nos oirá a nosotros ninguna idea que
vaya en confrontación con la enseñanza pública, en absoluto. Estamos
absolutamente interesados en que este país tenga una enseñanza pública
fuerte y de calidad, porque a todos nos interesa tener una enseñanza
pública fuerte y de calidad, pero no a costa de la enseñanza concertada.
Es decir, que desde las administraciones se tomen todas las medidas que
consideren necesarias para mejorar la enseñanza pública, pero que cumplan
con las obligaciones que tienen contraías con la enseñanza concertada;
eso es lo que estamos pidiendo. Desde nuestro punto de vista, se ha
mejorado mucho la enseñanza pública en estos últimos años, pero no se ha
cumplido con la concertada. Ahí tenemos una visión completamente distinta
a la de algunos intervinientes, que han considerado que la enseñanza
pública incluso ha podido ser considerada subsidiaria de la enseñanza
concertada; evidentemente, yo no comparto ese análisis.
En cuanto al tema de los inmigrantes, ya le he explicado que este tipo de
familias, con estas dificultades socioeconómicas, podrían acceder más a
una enseñanza concertada si tuvieran esas ayudas que les permitieran
superar esos retos económicos. Los centros concertados no son los que
seleccionan el alumnado, ya le he dicho que el proceso de escolarización
es exactamente el mismo en la enseñanza pública y en la concertada, y en
el caso de que hubiera irregularidades, la Inspección Educativa es la que
interviene y atiende las posibles denuncias o irregularidades que se
pudieran cometer. Por tanto, no seleccionan los centros concertados el
tipo de alumnado. El modelo de financiación por el que nosotros nos
decantamos es el concierto. Ya he dicho que a nosotros nos parece el
modelo más transparente, el más controlable por parte de la
Administración educativa para que los fondos públicos asignados lleguen
al fin que deben. Sería un modelo aplicable desde los tres a los
dieciocho años. En el caso de los cero a tres, nos parece suficiente lo
que ya está previsto en la propia ley y que ahora se pudieran firmar
convenios o conciertos en este tramo.
Ha hablado usted de las cuotas voluntarias y obligatorias. No hay cuotas
obligatorias porque son ilegales; si las hay, se deben denunciar y, por
tanto, en ese momento la Administración educativa tiene que intervenir y,
si verdaderamente se ha incumplido el concierto educativo, proponer la
sanción que le corresponda a ese centro. Sí que existen cuotas
voluntarias, eso es innegable, no creo que a estas alturas nadie niegue
que en los centros se les pide de forma voluntaria a las familias que
colaboren con esa cuota voluntaria. ¿Nos gusta? No. ¿Cuándo se acabaría?
Cuando la Administración ponga la financiación adecuada para que el coste
del puesto escolar sea completamente gratuito. En ese momento sería tan
sencillo como que también quedaría prohibido el tema de las cuotas
voluntarias que, repito, son legales; las cuotas voluntarias son legales
por sentencia del tribunal. De esta forma se acabaría el problema y de
verdad que nosotros apostamos por ello; no nos parece razonable que las
familias tengan que abonar en los tramos de enseñaza obligatoria, que
debe ser gratuita. Si lo hacen, es por la insuficiencia del módulo
económico. Nadie que ha gestionado la educación, sea del partido que sea,
ha dicho que en el modelo económico sobra dinero o que es suficiente.
Repito, cualquier partido que ha gestionado en su ámbito territorial la
educación sabe perfectamente que el módulo del concierto es insuficiente.
Ni más ni menos, habrá que poner lo que justamente le corresponda para
que la enseñanza sea gratuita.
En cuanto al tema de la religión, el artículo 27 de la Constitución
establece que los poderes públicos tienen que garantizar que los padres
puedan elegir el tipo de formación religiosa y moral que consideren más
adecuada para sus hijos. Evidentemente, la religión para nosotros no es
uno de los graves problemas del sistema educativo, no tiene nada que ver
con el fracaso y el abandono escolar. Nosotros pensamos que la religión
no tiene nada que ver con esos temas, pero sí se debe respetar el derecho
que tienen los padres a elegir ese tipo de formación. La fórmula
establecida de que sea de oferta obligatoria en los centros y de libre
aceptación por las familias que quieran, a nosotros nos parece la válida
y la correcta y, por lo tanto, estaríamos a favor de que se mantuviera en
esos términos. El acceso del profesorado a los centros concertados está
regulado en el artículo 60 de la LOE, y hay un proceso de una comisión de
selección en cada centro educativo, e incluso se ha mejorado en los
últimos años porque hasta se comunican las vacantes que hay a la
Administración pública, y se publican oficialmente esas vacantes para que
pueda concursar todo el mundo. Esa resolución es pública y, en el caso de
que no se hiciera correctamente conforme a los criterios establecidos, la
inspección también puede tomar cartas en el asunto.
La señora PRESIDENTA: Señor Pueyo, tenemos cinco minutos para terminar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES
DE ENSEÑANZA, FSIE (Pueyo Val): Señor Cruz, en cuanto a lo de
complementario y no subsidiario, creo que he dejado bastante claro cuál
es nuestra visión. Evidentemente, la pluralidad de centros se basa en que
hay que ofrecer un producto diferenciado en cada centro, pero dentro de
los propios centros públicos cada uno puede ser diferente, los centros
concertados cada uno puede ser diferente y esto tiene que ver mucho con
la autonomía de los centros. Usted plantea que a quién vamos a rendir
cuentas todos, pues aquí tendrán que rendir cuentas todos, sea público,
concertado o incluso privado; habrá que rendir cuentas de qué es lo que
se está haciendo con la educación. Sinceramente, le reconozco que no lo
hemos pensado. Estamos absolutamente convencidos de que de todo aquello
que se haga en educación, y más si es con fondos públicos, hay que rendir
cuentas y alguien tiene que evaluar si eso se está haciendo bien o no.
Le hablaba del tema de la autonomía de centros y creo que lo hemos
expuesto con toda la franqueza. Es un tema tremendamente interesante, de
enorme importancia, pero no conseguimos a nadie que nos lo concrete. Ante
la pregunta: ¿qué entienden ustedes por autonomía de centros? Empiezan a
disparar y seguimos todavía sin saber qué se pretende con la autonomía de
centros, hasta dónde va a llegar, quién va a tener esas
responsabilidades, qué funciones son las que le van a competer dentro de
esa autonomía de centros. Habrá que regularlo, porque, desde luego, una
autonomía de centros no puede significar que cada uno haga lo que quiera.
Habrá que poner un marco, unas reglas del juego en las que todos estemos
cómodos y nos podamos entender. ¿En qué medida las familias condicionan
los proyectos educativos o las ofertas de los centros? Le reconozco que
hay problemas. Hay centros que han implantado medidas de innovación
educativa potentes e importantes y han tenido que hacer una gran labor de
información y convencimiento a las familias. Estos centros que han
derribado los muros de las clases, que han quitado los libros de texto o
que han suprimido los exámenes, en algunos casos, han supuesto un impacto
en la comunidad educativa, sobre todo en las familias, y una enorme
preocupación. Pero el equipo docente, cuando cree en ello, le aseguro que
ha sido capaz de convencer y de explicar muy bien a esas familias qué es
lo que se pretende, de mantenerles constantemente informados de cuáles
son esas innovaciones educativas que están aplicando, y está siendo un
éxito. Evidentemente, todos los cambios son problemáticos y generan
inquietud en las familias, pero si uno está convencido y sabe lo que
hace, al final, las familias siguen confiando en ese profesorado que
quiere llevar adelante ese proceso. En cuanto a la formación a los
dieciséis años, le vuelvo a decir que nos preocupa esa gente que a los
dieciséis años abandona el sistema y no quiere estudiar más. Nosotros
creemos que todavía necesitan una formación complementaria. No se la
puedo detallar, pero la necesitan; no podemos dejarles a los dieciséis
años en esas circunstancias.
Termino, señor Alonso, diciéndole que estoy completamente de acuerdo en
que nuestro objetivo tiene que ser un servicio educativo de calidad, sin
confrontación entre el sistema público y el concertado. Desde luego, no
tenemos la conciencia, en ningún caso, de que la enseñanza concertada
esté por encima de la enseñanza pública, y nos gustaría que no fuera al
revés. No buscamos en ningún caso ninguna confrontación, ni que unos
estemos por encima del otro; nos reafirmamos en la idea de
complementariedad. En cuanto al tema de los docentes, les tengo que
transmitir que tenemos plantillas inferiores, sustancialmente inferiores,
en los centros. Si en un centro público se considera que, por calidad de
la educación, se ha de tener un número determinado de profesores por
aula, si estamos pensando en los alumnos, ese mismo número de profesores
tendría que haber en los centros concertados. Por lo tanto, tendríamos
que tener las mismas posibilidades de dedicación, horas, recursos,
etcétera, y hoy por hoy no los tenemos.
Creo que lo he dicho al principio, si se intenta alcanzar un pacto sin
tener en cuenta al profesorado de la enseñanza concertada y privada, no
habrá pacto; habrá un pacto de una parte. Pues muy bien, pónganse de
acuerdo con la parte, pero no habrá un acuerdo entre partes. Eso para
nosotros es evidente. Y sobre cuál es el mejor docente y el más motivado
sería complicado ahora decirlo, pero lo que está claro es que cuando la
gente considere que esto es una profesión de prestigio y que está
reconocida y apoyada por administraciones, organizaciones empresariales,
la sociedad y los padres, general, yo le aseguro que los profesores
estarán muy motivados. Lo están ya, pero lo estarán mucho más, porque
necesitan ese reconocimiento.
Finalmente, en el tema de la autoridad ha habido un avance; reconocer como
autoridad pública al profesorado puede ser un avance; la presunción de la
verdad es un avance, evidentemente, en todos estos procesos, pero ahora
nos queda que cale ese mensaje de autoridad que, a veces, se la tiene que
ganar el profesional y, a veces, hay que fomentar que pueda ser así desde
todos los ámbitos.
Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Pueyo.
Hemos llegado justo a tiempo de no ser descorteses con el próximo
compareciente. Muchísimas gracias por su intervención, y si hay alguna
cuestión que necesitemos ampliar, incluso su intervención, si nos la
hiciera llegar nos sería de mucha utilidad.
Muchas gracias. (Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE
ENSEÑANZA, FEUSO, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (AMATE CRUZ),
PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO
SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000288).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la sesión, señorías. Don Antonio
Amate es el segundo compareciente en el día de hoy, en esta sesión de la
Comisión de Educación y Deportes. Don Antonio Amate Cruz es secretario
general de la Unión Sindical Obrera, a quien damos la bienvenida.
Su primera intervención, como todos ustedes saben, va a ser como máximo de
treinta minutos. Luego para su información le diré que los representantes
de los distintos grupos parlamentarios tendrán una intervención de cinco
minutos cada uno para plantearle aquellas cuestiones que sean de su
interés. Y finalmente, señor Amate, volverá a tener usted una
intervención de diez minutos para contestar a las cuestiones que le hayan
formulado. Si alguna de esas cuestiones que le planteen no la puede
contestar en ese tiempo, nos puede enviar por escrito su contestación
para luego remitírsela a los distintos portavoces de los grupos. Muchas
gracias, repito, por aceptar comparecer en esta Comisión, y tiene la
palabra, señor Amate, por treinta minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE
ENSEÑANZA, FEUSO (Amate Cruz): Buenas tardes. Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señoras y señores diputados, yo quiero agradecerles en nombre de la
Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera la invitación que nos
han cursado para comparecer esta tarde ante esta Subcomisión de Educación
y Deporte, y participar en el debate abierto con el objetivo de intentar
alcanzar -digo intentar alcanzar, porque creo que es un poco la
pretensión fundamental- un acuerdo en materia educativa que supere o
gestione los conflictos actuales. A esto le estamos llamando un pacto de
Estado sobre educación.
Lo primero que quiero transmitirles -lo digo de corazón- es el respeto de
mi organización hacia ustedes, hacia sus organizaciones y hacia el
trabajo que hace la Comisión. Lo digo porque el respeto, la educación y
las buenas maneras son un fruto maravilloso que han concedido la
civilización y la democracia a los pueblos, y no debemos prescindir de
ellos en ningún caso, nunca, porque de lo que se trata fundamentalmente
es de construir juntos, de convivir juntos, de estar juntos, y hacerlo
estando todos a gusto. Por eso quería iniciar mi intervención con esta
mínima declaración, y lo digo de verdad, de corazón y sinceramente:
respeto su trabajo, les deseo mucha suerte, y espero que todos juntos
consigan lo que hasta hoy, después de casi cuarenta años de democracia,
no fue posible.
Después de esta pequeña introducción, como he dicho, yo quería comentar
con ustedes varios temas con relación al pacto educativo. Yo no he venido
a hablarles de mi libro, no voy a contarles lo que la Unión Sindical
Obrera pretende o desea, sus planteamientos o nuestras reivindicaciones,
porque para eso les he pasado por correo electrónico la última resolución
de nuestro congreso. Tenemos una espléndida página web donde está todo, y
además, dado que somos miembros del Consejo Escolar del Estado y una
organización con una tradición larga, tenemos una trazabilidad muy fácil
de seguir. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a perder el tiempo con el
debate identitario, no voy a hablar de mí mismo, sino que voy a intentar
hablar de lo que podría ser posible, es decir, intentar localizar un
espacio en el que podamos caber muchos, no todos; lamentablemente no
todos. Ojalá hubiera un gran consenso, pero España es un país donde está
saliendo muy rentable radicalizarse, donde los extremos son rentables, y
donde lamentablemente, a pesar de que tenemos casi noventa universidades
en el mapa de la geografía -noventa universidades son muchas
universidades-, sin embargo a fecha de hoy seguimos defendiendo las cosas
en base a la opinión informada, pero hay un déficit muy fuerte y muy
grande de conocimiento de las cosas. El conocimiento surge de la
experiencia -y os llamo amigos-, no surge de devanarse el coco durante
muchas horas de profunda y sesuda reflexión. El espacio común en el que
podemos caber la mayoría, o muchos, es un espacio que tiene que surgir de
la experiencia. ¿Por qué digo de la experiencia? Porque cuando hablamos
de educación hablamos de una cosa peculiar. Creo que nadie que esté en
esta sala, nadie que tenga hijos o los haya tenido, ha tenido ni siquiera
por asomo la duda ante lo fundamental, y es el deseo de que sus hijos
tengan una buena educación. Me da igual que sea de derechas, de
izquierdas, de centro, de al lado o de enfrente. Yo creo que es un
sentimiento común compartido, un sentimiento humano, es normal, lo ves en
todos los padres y en todas las madres. Y yo confío en que todos ustedes
aquí tengan presente esto, que una buena educación es un deseo natural,
legítimo, el mejor deseo que tienen los padres para sus hijos, y es de
esto de lo que estamos hablando, de cómo hacer posible ese deseo, de cómo
hacer que las personas que están responsabilizándose del espacio público
hagan posible el deseo de que los niños, nuestros niños y niñas, tengan
una buena educación. Para todos los padres, me da igual que sean de
Cataluña, de Galicia, de Andalucía, Extremadura, de derechas o de
izquierdas, esta es la clave del asunto.
Decía que no he venido a vender mi libro. Efectivamente. Lo que sí quiero
decir es que estamos en el año 2017 y me sorprende mucho una cosa que es
demasiado abundante, y es que tenemos a muchas personas muy jóvenes
incorporándose al mundo de la educación que reproducen con una facilidad
enorme y con una pasión desaforada los tópicos de hace más de cuarenta
años. ¡Qué sorpresa encontrar a personas tan jóvenes, después de hablar
de un país donde hay ochenta y nueve universidades, que replican y
reproducen de una forma absolutamente sorprendente los viejos tópicos que
tienen la friolera de cuarenta años en España! El pensamiento central de
mi intervención es de un señor que se llamaba Albert Einstein. Él dijo
-pensando en ese espacio común donde podamos caber muchos, no todos
lamentablemente, pero sí muchos-: se requieren nuevas formas de pensar
para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar. Se
requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas que crearon
las viejas formas de pensar. Estamos en 2017. La iglesia, la religión del
año 2017 no se parecen en nada a las del año 2000 ni a las del año 1999
ni a las del año 1960; ni el socialismo, ni los partidos de
centroderecha. Las cosas cambian, el mundo cambia y no somos iguales, y
sorprendentemente aplicamos las mismas categorías y las mismas
explicaciones para cosas que son obsoletas. Lo sorprendente no es que
haya personas con setenta años o algunos que hemos recorrido muchas
carreteras que te digan: yo sé lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque
yo en los años setenta... ¡Por Dios santo! Que desde los años setenta ya
han pasado muchos años, demasiados. El mundo ha cambiado, el mundo cambia
a gran velocidad y nosotros no cambiamos. Me sorprende mucho.
Voy a poner un ejemplo: el caso de los conciertos educativos -una de las
antorchas que más fácilmente se incendian y dan una luz maravillosa-. En
los programas de los partidos políticos, de las
organizaciones sociales hay gente en un extremo que dice que esto tiene
que reducirse, hacerlo desaparecer sin contemplaciones, suprimirlo. En
medio hay quien los considera subsidiarios de la escuela pública o los
define como complementarios atendiendo a la demanda social. Pero luego
hay otro extremo, los que apuestan simplemente por la supresión sobre la
base de la fórmula del cheque escolar, con financiación directa a las
familias o este tipo de cosas. Este es un panorama, por poner un ejemplo,
en el que tenemos un discurso en los extremos, que suena mucho, que hace
mucho ruido, que mola mucho a determinadas tribus de la celtiberia, y
luego hay un espacio muy grande en el que conviven posiciones más
razonables, donde se habla de unos equilibrios -de una manera o de otra-
que son muy interesantes.
Si observamos la información que se genera, la información que circula en
torno a la educación será muy fácil detectar cuáles son los problemas más
mediáticos; los más mediáticos no son los problemas importantes en la
educación, pero son los más mediáticos, los que ocupan más prensa, los
que les encantan -perdón- a los políticos declamar delante de las
alcachofas y delante de una cámara. ¡Qué le vamos a hacer, así somos! Son
estos: la convivencia de la red pública con la red concertada -ese es uno
de los temas estrella, de todos los follones y los líos que hay en
educación-, con una derivada que ha surgido en los últimos años -esta es
nueva- que es el concierto de los colegios de enseñanza diferenciada, la
mal denominada segregación por sexos. Luego está la distribución
territorial de las competencias, que es un asunto complejo, difícil y que
abarca muchas áreas que no se refieren solamente a la educación, con el
debate estrella por supuesto de la cuestión lingüística. El asunto de la
laicidad, la presencia de la asignatura de Religión en el currículo; la
comprensividad del sistema escolar; la llamada clasificación o selección
temprana del alumnado; el encaje, tan controvertido siempre, entre la vía
formativa académica y la profesional, y por último -pero no por ser el
último el menos importante-, el problema de la financiación pública de la
educación, la madre de todos los follones.
La filosofía de nuestro sindicato es: vamos a intentar reducir los
follones, por lo menos el número, y vamos a apostar por las soluciones.
Tenemos un artículo 27 de la Constitución -ya lo conocéis, todo el mundo
lo conoce-, pero todo el desarrollo o la aplicación ha sido conflictiva.
Desde la Loece de Otero Novas, en el año 1980, hasta la Lomce, del otro
día, no ha habido una ley en España que no haya sido contestada, donde no
haya habido follón, bronca y lío; todas, de un lado o de otro, siempre.
¿Qué pretendo decir con todo este panorama? Una cosa muy sencilla. En un
momento social y político, como he dicho, donde es fácil y rentable
radicalizarse, es en el espacio de la moderación, de la continencia
ideológica y verbal, de la prudencia y de la sensatez donde podríamos
caber muchos. Estas son las coordenadas más realistas para apostar por un
acuerdo y renunciar a la beligerancia. Voy a deciros tres razones
fundamentales para trabajar y apostar realmente por ese espacio de no
beligerancia y de buscar por tanto lo que es de común acuerdo para todos.
Primero, por responsabilidad. Es una vergüenza que después de cuarenta
años el objeto fundamental de un sistema educativo que es el éxito del
alumnado, sacar y dar lo mejor posible a nuestros alumnos, esté
permanentemente distorsionado por la bronca y por el lío. En un lugar
donde las personas que han estudiado y tienen una carrera, se supone que
son el top de la civilización occidental, y por tanto se les presupone
también en las formas, en las maneras, en los objetivos, una tendencia al
acuerdo y no a usar la cachiporra celtibérica que es tan tribal, tan
nuestra, tan antigua que es lo que fundamentalmente impide llegar a
acuerdos. Tenemos la sangre caliente, nos va la marcha lamentablemente.
Pero quien padece la bronca son los alumnos, se les está haciendo un
perjuicio; sí, siempre se les perjudica. Esa es la primera razón.
Segunda razón. Estoy convencido -y no he venido a decir otra cosa- de que
es más positiva la convivencia colaborativa que la bronca y el lío, que
el debate identitario y cavar y cavar trincheras. Es más positiva y más
productiva. El otro día asistí en el Senado a una mesa redonda en la que
Ramón Jáuregui mencionó un libro de Habermas que se titula La inclusión
del otro. Qué curioso. Decía Ramón Jáuregui: En España nos cuesta
muchísimo llegar a acuerdos, porque la cultura del acuerdo no ha echado
raíces. Pero es clave, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos
de un pacto escolar es de convivencia, es de convivir. Después de tantos
años de ese continuo vaivén en el que hay dos grandes familias o grupos
-por decirlo fácilmente- que son tradicionalmente la perspectiva
socialista y progresista y la visión liberal conservadora, después de
verlos permanentemente en esa trifulca, es el momento de decir que no se
puede ganar en educación, hay que convivir. Solo se puede convivir
aceptando lo que decía Haberlas: hay que aceptar al otro como un bien.
Porque la visión socialista de la educación parte de elementos que son
legítimos y verdaderos, no todos, pero tienen un poso de verdad, igual
que la visión que tradicionalmente ha defendido el sector liberal,
conservador o como lo queramos llamar, que también es legítima. Hay
muchas personas que cuando piensan en sus hijos piensan lealmente en
ellos, de una
manera o de otra. Por eso digo, ¿cómo acaba esto? Esta es la pregunta.
¿Esto cómo acaba? ¿Qué solución tiene? ¿Ganar votaciones? No. ¿Una nueva
ley por mayoría? Pues no, porque no tiene solución. Antes les deseaba
suerte, les dije que respetaba su trabajo. He estado escuchando a todos
los comparecientes que han venido antes que yo, y con los ingredientes
que hay encima de la mesa es imposible hacer gazpacho. Lo siento, no se
puede hacer gazpacho, no sale ni en Masterchef. Todo junto, malos
maestros, no se puede. ¿Por qué? Porque son absolutamente antitéticos,
contradictorios y se olvidan de lo fundamental, y es que esas dos
visiones parten de una raíz legítima que es la clave para encontrar un
espacio común que acoja a todos. Esa es la segunda gran razón. Hay que
aceptar al otro como un bien, y por tanto suprimir ese método
tesis-antítesis-síntesis que aquí no funciona, y suavizar las posiciones
tampoco funciona. Aquí hay que aceptar sí o sí la convivencia, hay que
convivir, hay que aceptarla por principio, ya partir de ahí empezar a
construir.
Tercera razón. Por realismo. Hay mucho hecho. Somos un país proclive a la
queja, somos muy quejicas, pero España creo que tiene un sistema
educativo muy potente, con defectos, claro que sí. Nos gustaría tener
muchos más niños que terminasen titulados, sí, y ahí está el famoso
porcentaje del fracaso o abandono escolar. Pero tenemos un sistema muy
potente. Hemos conseguido una escolarización plena. Hay problemas, pero
también hay que reconocer que se han conseguido unos logros en la España
de estos últimos cuarenta años que son muy evidentes. Hubo diálogo en el
año 1997 con la Fundación Encuentro y un documento que firmaron dieciocho
organizaciones, que es la Declaración conjunta a favor de la educación.
Se lo recomiendo. Es un texto que acordaron dieciocho organizaciones, que
contiene elementos que apuntan a donde estoy diciendo: a ese espacio en
el que podemos acoger a muchos si somos capaces de mirar al otro como un
bien. Nada más. El texto final del año 2010, en la época de Gabilondo, no
era un mal texto, contiene cosas muy bien redactadas, y globalmente
estuvo a punto de tener una firma. Voy a decir más, algunas cuestiones de
las últimas leyes educativas, como la LOE y la Lomce, no son
controvertidas entre ellas, no lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un
consenso implícito porque las cosas funcionan; al margen de la bronca,
del ruido o del follón, las cosas funcionan. Ese consenso implícito que
funciona debe ser la raíz que hay que coger -y esta es la clave de este
asunto-, hay que coger el rábano por las hojas y decir: sí, apuesto con
por la convivencia, no por el mensaje identitario. Por tanto esa razón de
realismo me parece fundamental.
Tras este marco general que he desarrollado hoy, ¿qué actuaciones
proponemos como Unión Sindical Obrera? En primer lugar, cuando se trabaja
en un pacto hay que pedir un cese de hostilidades. Es evidentísimo; si
hay un conflicto lo normal para poder hablar es cesar las hostilidades.
Si, por ejemplo, hay convocada una huelga general de la enseñanza el 9 de
marzo -que me parece legítima, fantástica, porque cada uno con sus cosas
hace lo que le da la gana-, no tiene sentido tener un proceso de
negociación abierto, porque tiene que haber un cese de hostilidades.
Todos quietecitos, vamos a intentar que no haya actuaciones hostiles para
favorecer el diálogo, para favorecer un espacio colaborativo o un
proyecto compartido de educación, no el mío, si no es imposible.
Asimismo tenemos que aceptar una norma básica: lo que funciona bien es
mejor dejarlo como está. No podemos estar reescribiéndonos continuamente
de la a a la zeta, eso es absurdo. Estoy diciendo que España funciona en
buena medida y el sistema educativo está funcionando. Lo que funciona
bien hay que dejarlo como está. Hay modelos que funcionan. Podemos ver
iniciativas incluso exitosas; por ejemplo, estamos viendo cómo muchos
colegios han sido reconocidos con premios a la acción magistral, de
protagonismo para el periódico Magisterio, en los de plataformas para
Mejora tu Escuela. Hay muchas experiencias y una realidad muy positiva.
Por tanto hemos de aceptar que lo mejor es dejar lo que funciona bien, no
enredarlo, no tocarlo, no reescribirlo. Hay que dividir las cuestiones en
función de la temática dominante, porque en educación hay cuestiones que
son académicas y otras pedagógicas, pero hay también cuestiones que son
más de contenido político y legislativo, y otras que son de tipo
profesional y laboral, y todas estas cuestiones hay que tratarlas en los
foros adecuados con los interlocutores adecuados. Sería novedoso que en
España no fuésemos los sindicatos los únicos interlocutores del
profesorado en un pacto educativo. Fijaos en lo que os voy a decir. Si el
Gobierno se propusiera gastar algo de dinero en sacar a cien profesores
en activo de los distintos niveles educativos de colegios públicos y
concertados, con una excedencia forzosa -hablo de profesores que están
trabajando, no de los que estamos en la superestructura de la educación-,
y les diéramos seis meses para que se organizaran en grupos de trabajo y
redactaran y escribieran lo que es académico y lo que es pedagógico, les
aseguro que sale un documento estupendo. Hablo de ellos, no de nosotros,
de los profesores de verdad, de los que están en las aulas, a los que les
damos esa excedencia de seis meses, para que en un espacio tranquilo lo
elaboren
y lo redacten, no los políticos, ni los sindicalistas, ni los pedagogos.
Las cuestiones pedagógicas y académicas las han de elaborar ellos, que
seguro que lo harán muchísimo mejor que nosotros, porque saben, porque
están todos los días en el aula y lo están viendo, mientras que nosotros
lamentablemente, por muy buena voluntad que tengamos, no estamos.
En cuanto a la situación ahora mismo de la red pública y la concertada,
¿cuál es la mejor solución? Para mí la mejor solución es la regla del
estatu quo. ¿Qué significa esto? Respetar lo que hay. Se acabó. Lo que
funciona bien no volver a reescribirlo, si bien hay que mejorar lo que es
mejorable, pero no volver a empezar desde el principio, que es un
aburrimiento mortal. Otro tema que va a debatirse mucho es el de la
laicidad. Hablaba Habermas de la secularización de las sociedades
modernas, y ya estamos en una sociedad de 2017, no estamos en 1900 ni en
1960, estamos en 2017. ¿Qué supone la secularización? La ruptura del
monopolio de la interpretación, que la tenían unos señores que decían lo
que era bueno, lo que era malo, si ibas para arriba y para abajo. Ese
monopolio ya está roto. ¿Vamos a crear nosotros otro monopolio? ¿Ahora el
monopolio cientifista? Las cosas son como las dice no sé quién. No a los
monopolios. El tema de la laicidad no es un problema en España, la
Constitución lo dejó clarísimo. No debe ser ningún problema, y yo estoy
seguro, y se lo digo a todos ustedes, de que en relación a la asignatura
de Religión en la escuela se pueden estudiar configuraciones que podrían
ser aceptadas por todos, y que actualizarían su presencia dentro del
actual contexto social. Seguro; sin ningún problema.
Creo que hay que seguir reforzando el itinerario de la FP, porque creo que
se está haciendo un buen trabajo y hay que darle más impulso. Ampliar la
gratuidad de 0 a 18 años. Y otra cuestión importante: revisar el
currículo, porque tenemos un currículo que es el horror. Es mastodóntico,
es un dinosaurio inmenso, tanto en infantil, en enseñanza secundaria como
también en el bachillerato. A esto hay que darle una vuelta, es una
cuestión muy académica, y ya he dicho y ya he recomendado -y lo digo en
público- que si se lo dejáramos a un grupo de profesores en activo a los
que diéramos la oportunidad de hacer ese trabajo, lo harían fenomenal.
Voy terminando. El profesorado es el éxito de cualquier reforma educativa,
de cualquier ley educativa; de todo. En España tenemos dos problemas
básicos, que son la selección del profesorado y la carrera docente. No
hay nada más deprimente que la carrera docente -y me ha salido en
pareado-, pero deprimente. Significa que entras, apruebas una oposición,
te contratan en un colegio y ya está, ya llegaste al tope, allí no hay
más recorrido, a ver si me puedo jubilar y a ver si por el camino me
dejan trabajar. No hay nada más deprimente que la carrera docente. Es muy
duro y muy difícil progresar. Es muy difícil tener promociones hacia
arriba o hacia abajo. No las hay. Hay profesores que entraron y
terminaron exactamente igual que entraron. Por lo tanto esa promoción
dentro de la carrera docente es muy importante, ya habrán hablado muchos
comparecientes del tema del estatuto -que me parece fantástico-, que va
dentro de la carrera docente, y donde deberían distinguirse y premiarse
las mejores prácticas docentes. Sí, porque los sindicatos nos hemos
acostumbrado a decir que todo el mundo mundial es malo, y que la culpa de
las cosas que ocurren en los centros es de los de fuera. Pero también hay
razones para entender que los que estamos dentro tenemos alguna
responsabilidad, porque no todos los profesores son iguales. La carrera
docente es deprimente, ya les digo, porque todo va igual, todo vale lo
mismo, y por donde se puede crecer es por ningún lado, o con
dificultades, con muchas dificultades.
La aplicación de cualquier ley tendrá siempre consecuencias laborales.
Cuando se trabaja en educación se trabaja sobre tejido vivo. ¿Qué
significa tejido vivo? Significa que modificar el plan de estudios va a
suponer para mucha gente perder horas docentes, por ejemplo; o perder
puestos de trabajo, por ejemplo; o cuando se habla de suprimir un
concierto significa que no sé cuántas personas se van a la calle.
Trabajamos sobre tejido vivo y por tanto el tejido vivo duele. Todas las
reivindicaciones laborales son legítimas; muchas de ellas son totalmente
ciertas. ¿Sabéis cuánto trabaja habitualmente un profesor en un colegio
concertado? Pues normalmente están dando entre 28 y 30 clases semanales.
En uno privado fácilmente 34, muy fácilmente. Además de todo lo que
conlleva corregir toneladas de exámenes en casa, fines de semana de
formación y cincuenta mil cosas más. En la radiografía de la escuela y
del profesorado hay una ley que es como la de la gravedad: no conozco a
nadie que haya aprobado una oposición y que sea profesor docente de la
escuela pública que se pase a la escuela concertada. Algunos hay, pero
raros. O al revés, que de la escuela concertada se hayan ido a un colegio
privado en España. Sin embargo la fuerza de la gravedad opera en la otra
dirección facilísimamente: todo el que puede pasar de un colegio privado
pasa a uno concertado; y todo el que puede pasar de uno concertado pasa a
uno público. ¿Qué quiere decir eso? Que si hemos creado -y la
Constitución creó- la red de centros sostenidos con fondos públicos lo
normal es que los niños escolarizados en estos centros sostenidos con
fondos públicos tuvieran
un estándar de calidad y de equidad equivalentes. ¿Es posible esa
equivalencia si hay jornadas de treinta horas de docencia semanales? ¿Es
posible que los profesores acepten de buen grado un nuevo plan de
estudios que podría venir de la mano de una nueva ley de educación si esa
nueva ley de educación le deja sin trabajo o cuestiona su jornada y, por
tanto, sus ingresos mensuales? Pues no; un elemento que siempre se tuvo
que considerar y se debería considerar en cualquier reforma educativa es
un plan de formación sólido y potente que permita la habilitación y que
permita, por tanto, la especialización para los profesores que están en
activo, que les permita reciclarse en directo y que no haga sangre sobre
las jornadas laborales o los puestos de trabajo. No puede haber una
reforma educativa sin contemplar un plan de formación muy potente para el
profesorado en activo que permita realmente que esas modificaciones en el
plan de estudio no le cuesten a la gente el salario, la jornada o todo
del tirón.
El principal caballo de batalla es la financiación. Tenemos un sistema
inmenso: ocho millones de alumnos, 682.000 profesores y casi 28.000
centros; algo muy complicado de gestionar. Mis profesores me decían de
pequeño que las necesidades son infinitas pero los recursos limitados, y
si encima hay una crisis, mucho más. Las políticas se hacen eligiendo y
para elegir hay que priorizar. Hay que abordar el tema de la financiación
pública con profundidad; hay que hablar realmente de que poder elegir un
centro, con independencia de los recursos económicos, es una posibilidad
que se abre en España a partir del momento en que se inician los
conciertos educativos. La gente que tiene una renta económica alta nunca
ha tenido mucho interés ni por las leyes educativas ni por los pactos
educativos. ¿Por qué? Porque escolarizan a sus hijos en los colegios
privados, aquí o fuera de España. ¿Dónde está la controversia y el
conflicto? Entre las familias que necesitan la gratuidad de la enseñanza
con fondos públicos para poder acceder al colegio de su preferencia. El
concierto educativo hace que la educación privada sea accesible para
todos, para quien quiera elegirla. La escuela es el gran instrumento para
la igualdad de oportunidades, y el sistema educativo debe facilitar a
todos los alumnos, cualquiera que sea su situación familiar o
socioeconómica, unos medios formativos sustancialmente iguales, en
función de sus méritos y su capacidad. No se puede discriminar por
razones ideológicas, pedagógicas o por el tipo de centro que elijan las
familias. Los recursos del Estado son de todos, proceden de los
contribuyentes y no se deberían utilizar para financiar el sistema que le
guste a un Gobierno o grupo castigando con la privación de esas ayuda a
los que no coincidan con los gustos de los gobernantes, porque no se
trata de eso; yo creo que no.
¿Creemos que es necesario que se cumpla la ley? Sí, parece una obviedad
pero no se cumple la ley. Desde el año 1985 se habla de la homologación
del profesorado de la escuela concertada y no se da, aunque estamos ya en
2017. Es imposible poner a trabajar una Comisión que dictamine el coste
real del puesto escolar en la enseñanza concertada, no hay manera, yo no
sé cómo hacerlo; es imposible. Por tanto, como no se sabe, la
financiación procede de criterios que son decimonónicos, pero ahí van
funcionando. Hay que igualar la oferta de los servicios educativos; en
definitiva, facilitar a todos los centros sostenidos con fondos públicos
los mismos medios humanos y materiales para atender a su alumnado sin
discriminar a nadie.
Gracias por su paciencia. Finalizo como empecé, declarando nuestra
voluntad de contribuir donde podamos contribuir y haciendo las
aportaciones y propuestas que entendamos necesarias. Esperamos para ello
contar con su apoyo y su respaldo. Muchísimas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Amate Cruz.
Ahora vamos a dar comienzo al turno de intervenciones de los distintos
grupos parlamentarios por tiempo de cinco minutos cada uno. Por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Le cedo el turno.
La señora PRESIDENTA: Entonces tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor
Olòriz, porque me tengo que ir a otra Comisión.
Me gustaría agradecer al compareciente la intervención, que creo que ha
sido muy provocadora, aunque certera en el diagnóstico en muchas de las
cuestiones que se han planteado, a pesar de que podamos discrepar en
algunos puntos. Me ha gustado mucho la división y la propuesta que ha
hecho en los ejes de tratamiento de temas en cuestiones
académico-pedagógicas, cuestiones políticas y
cuestiones laborales. Creo que es un buen diagnóstico de la mezcla de
elementos que se ven en los comparecientes cuando nos hablan del pacto
por la educación. En este sentido, le quería hacer dos preguntas muy
concretas: una, relacionada con el tema de la financiación, que tiene que
ver con cuestiones políticas pero también laborales. Usted ha hecho
mención al tema del coste por puesto escolar y ha dicho que considera
imposible volver a abordar esta cuestión. Nosotros lo consideramos
necesario y urgente porque, en caso contrario, no podemos hacer un
diagnóstico de financiación fidedigno. En este sentido, me gustaría saber
si usted cree que en este diagnóstico del coste por puesto escolar es
pertinente retomar la mesa que puso en marcha el señor Gabilondo o algo
parecido o si considera que debería abordarse de otra manera, porque la
verdad es que sin evidencias es difícil hacer planteamiento de leyes.
En relación con el tema de la evaluación del sistema, de los profesores y
de la deprimente carrera docente de la que nos ha hablado, me gustaría
saber su valoración sobre los mecanismos de medición y de evaluación que
se están haciendo no solamente del profesorado sino también de la
Administración, así como de los alumnos. Hablamos siempre de PISA y se
valoran los centros a través de indicadores, pero me gustaría saber qué
indicadores podríamos utilizar para poder plantear un estatuto y una
carrera docente que permita el desarrollo profesional de profesores y
maestros y también la mejora de la calidad educativa y la evaluación de
las administraciones, que a veces son el origen de esta
desestructuración.
Nada más y muchas gracias. Supongo que va a ser una intervención muy
controvertida y tendré que leerla después en las transcripciones.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz, tiene la palabra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidenta.
Gracias por su intervención. Pienso que ha puesto por delante los
problemas, que no está mal: tenemos todos estos problemas y uno es de una
evidencia empírica: que no se ha llegado a un pacto por la educación en
cuarenta años. No será por malas voluntades, será también por una serie
de variables, algunas de las cuales ha puesto usted encima de la mesa.
Cierto que a nivel de Estado lo más cerca que hemos estado ha sido con el
modelo Gabilondo -usted lo ha dicho- y, por tanto, no estaría mal -ya
intervino Gabilondo en esta Comisión- explorar la metodología a la luz de
2017. Otra nos la explicó Josep Bargalló. En Cataluña, en 2006, el
Consejo Escolar de Cataluña, después de meses de trabajo, dirigió un
pacto por la educación en Cataluña: veintiuna organizaciones -entre ellas
la suya- aprobaron este pacto que dio pie a la LEC, que es la ley
actualmente vigente. ¿Qué nos hemos encontrado con la LEC? Cambios
legales a nivel del Estado y problemas de financiación pública y
concertada, y por eso buena parte de los problemas los tenemos hoy.
Ejemplo: la LEC marcó el 6 del PIB catalán y estamos en el 2,9, lo dijo
el otro día Joan Mena, pero el 2,9 es superior al 4,4 de Andalucía,
teniendo en cuanta su PIB. Así que a veces el problema es qué PIB
escojamos y qué capacidad tengamos de poder planificar, sobre todo de
planificar. Uno de los problemas de los conciertos es la capacidad de
planificación.
Me quedo con algunos puntos que forman parte de mi tradición sindical y
política: por el mismo trabajo, el mismo sueldo y las mismas condiciones.
Este es un elemento a tener en cuenta. Atención, ¿el peligro cuál es?
Aplicar las condiciones de la pública a las treinta horas de la
concertada, esto sería lo más sencillo: todos igual. Más o menos la
crisis ha ido por aquí, aumentando las horas de clase de la pública y a
veces algunos responsables políticos han ridiculizado el trabajo de los
profesores pensando que solo se trabaja cuando das clase, no al
prepararlas, no al corregir, no al hacer las reuniones oportunas del
equipo docente, etcétera. Esto ha llevado también a una opinión pública
que a veces no ha sido favorable al papel del profesorado en un sentido y
en otro, y en esto tenemos que volver atrás. Por tanto, me quedo con lo
que usted ha dicho pero me preocupa un elemento: la palabra statu quo,
porque si estamos en el statu quo, seguiremos como estamos y, como usted
reconoce, no estamos bien.
Usted ha dicho algo que es cierto, que podemos estar peor, y a veces pasa
en este país, se puede estar peor; pero la intención de esta Comisión es
que estemos mejor. Por tanto, ¿qué escuela queremos?, ¿queremos una buena
escuela?, ¿la política está dispuesta a hacer las inversiones y las
concesiones políticas para hacerla posible? Si este es el camino, el
pacto será posible; si no, como usted ha dicho, estaremos mareando la
perdiz un tiempo sin hacer nada.
Otro elemento que me gustaría plantear: cuando habla de condiciones de
trabajo aceptables, ¿que elementos pondría dentro de estas condiciones de
trabajo? Segundo, el tema de formación del profesorado, ¿ha de haber una
mejor formación del profesorado? ¿Esta ha de constar de unas prácticas
sustanciales
en los centros? ¿Ha de haber una habilitación del profesorado para que
luego se presente a oposiciones o se presente a los concursos en las
escuelas concertadas? ¿Qué modelo de profesorado proponen ustedes?
Muchas gracias otra vez por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, el señor Sánchez tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, presidenta.
Gracias al señor ponente por una intervención polémica y sugerente, tengo
que reconocer que a mí también me gusta la polémica y voy intentar
responder a la polémica asimismo con algún toque polémico. Nos ha
advertido -y nos ha advertido bien- de que vivimos una época de riesgos,
una época en la que se pueden identificar algunos extremismos, pero yo he
identificado en su discurso un extremismo que yo llamaría de extremo
centro, que también es muy preocupante, y ese extremo centro es el que
dice que hay que aplicar la regla del statu quo en un país que tiene una
financiación muy deficiente respecto de los países de la OCDE, un país
que tiene unas tasas de abandono escolar también fuertes. Por tanto,
quería que nos explicara un poco hasta qué punto se puede seguir
manteniendo ese statu quo cuando tenemos una educación que no está
sirviendo para que nuestros chicos encuentren un lugar en el mercado
laboral, también por la propia configuración del mercado laboral, que les
ayude a salir del pozo al que nos arrojó la crisis.
Nosotros pensamos que tenemos que hacer un pacto educativo y que ese pacto
educativo tiene que abordar cuestiones polémicas, cuestiones políticas
que son las que se tienen que tomar en sede parlamentaria. Es verdad que
hay diferencias entre los partidos, pero no podemos conseguir un pacto
educativo si no delimitamos qué tiene que ser la red pública respecto a
la concertada, y si finalmente se abandona el carácter subsidiario que en
un momento dado el legislador dio a la red concertada y se plantea que
red pública y concertada son complementarias, que son prácticamente lo
mismo, dos redes paralelas; es algo que hemos escuchado esta tarde aquí,
pero es algo que creo que tiene que tener un debate político y social.
Quiero preguntarle por su valoración de los conciertos. ¿Tienen que seguir
avanzando? ¿Son ya todos los que tienen que ser? Porque se puede aplicar
una regla que para nosotros es muy sencilla: que donde se estén cerrando
centros públicos por falta de financiación no se puedan abrir redes
concertadas, porque entonces estaríamos sustituyendo la red pública por
la concertada y haciendo que la pública sea subsidiaria respecto de la
privada subvencionada, que es realmente lo que es la pública.
Decía usted que quizá el mundo de 2017 no es el de hace cuarenta años y
mencionaba la religión. Pues bien, este también es un tema político y se
tiene que legislar en esta casa, porque sabe usted que en otros países
europeos no está tratado como aquí. Usted ha dicho que le parece bien que
los padres tengan libertad para elegir la formación religiosa de los
hijos y yo le quiero preguntar por el carácter evaluable o no de la
religión.
También quiero hablarle de un tema polémico, por el que ha pasado de
puntillas. No ha explicado muy bien la postura de su sindicato ni su
valoración personal. ¿Cree usted que las escuelas que segregan por sexos
tienen que ser financiadas con fondos públicos o no? Ha dicho que los
padres tienen que tener libertad para elegir la educación de sus hijos,
pero la educación no es solamente una cuestión privada. Los sistemas de
instrucción general que surgen con la modernidad, con la Revolución
francesa, tenían que ver con la transmisión de unos valores culturales y
morales que las sociedades se dan a sí mismas para poder reproducirse en
el sentido que entienden. Si nosotros entendemos que la igualdad de los
sexos es un derecho constitucional, parece contradictorio financiar
centros públicos que enseñan lo contrario. Me gustaría conocer su opinión
al respecto.
Por último, quiero comentarle una cuestión que está en boga y que tiene
que ver con la formación del profesorado. Normalmente hablamos del acceso
a la función pública docente, pero en este caso quiero preguntarle por el
acceso a la función docente en la concertada. Se lo preguntaba al ponente
anterior. ¿Cree que los mecanismos para seleccionar personal en la
concertada son suficientes o algunas veces se extralimitan? Se lo digo
por una anécdota personal que me contaba hace poco un compañero que fue a
buscar trabajo a la concertada. En un colegio católico le preguntaron por
su situación personal e incluso por la frecuencia de sus relaciones
sexuales. ¿Está esto regulado por una inspección que da fondos públicos a
estos centros?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz
Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: Gracias, presidenta.
Señor compareciente, ha empezado con la palabra respeto y yo le agradezco
su comparecencia, como no puede ser de otra manera. (Rumores). Esta es
una hora muy apropiada para el sexo; cuando se puede, claro.(Risas). En
principio nos ha mostrado respeto, pero a renglón seguido me ha parecido
que hemos sido objeto de una reprimenda general y quería aclararle algo.
Me va a llevar al menos un minuto defender la utilidad de este pacto e
incluso creer en él. Usted es el noveno compareciente y nos quedan
aproximadamente setenta, por lo que necesariamente tenemos que creer en
ello. Ha pronunciado las palabras lío y trifulca y ha terminado con un
gazpacho que parece que creamos nosotros. Pues bien, en este momento hay
una firme voluntad en esta Cámara por parte de los grupos políticos de ir
avanzando en un pacto que tendría, como ha dicho el portavoz de mi grupo,
tres vertientes. Una es la política, la que nos ocupa y seguramente la
más polémica. Soy profesor desde hace treinta y tres años, funcionario
público, y no me cabe mayor honor que representar a la circunscripción de
Huelva. Es bueno el papel que tenemos los políticos en los asuntos que
incumben a la comunidad. Además, la gran mayoría de los miembros de esta
Comisión pertenecemos al gremio, por lo que la misma es bastante sensata
y está fundamentada para acudir a ese pacto político. Las otras dos
vertientes son la social y la territorial. Respecto a la vertiente social
y territorial, también aprovecho para agradecerle su trabajo desde el
sindicato a usted y a los representantes de los sindicatos de la
educación, clave en este momento por esa visión transversal y panorámica
de las distintas expresiones de la propia normativa en materia educativa
en las distintas comunidades autónomas, que puede ser muy enriquecedor.
Haré alguna puntualización -voy a ir muy al grano pues casi nos roban el
guion los demás intervinientes y con mucho gusto por nuestra parte- y es
que usted ha dicho algo así como que cesen las hostilidades. Quiero
puntualizarle que las hostilidades las abre aquí un Gobierno en el año
2011 con la ley que usted conoce bien, la Lomce, un Gobierno que, por
cierto, no ha querido derogarla, y podía haber sido un buen momento para
cesar hostilidades. Por tanto, esto de que en política todos tenemos la
culpa, los de un lado y los de otro, hay que ir por partes, como Jack el
Destripador. Cada uno tendrá su responsabilidad, pero está claro que este
conflicto educativo, este gazpacho y este lío de estos últimos cinco años
viene de la mano de un Gobierno con una clara intención política
ideológica. Y, como a la fuerza ahorcan, es un Gobierno que ya está dando
marcha atrás, por ejemplo, en la reválida. Ojalá derogara la Lomce y,
como dice aquél también, mejor nos quedamos como estábamos, nos vamos a
la ley anterior, que sería incluso un buen punto de partida.
Dicho esto, haremos de la necesidad virtud y trabajaremos en esa
dirección, pero me gusta, ya digo, hablar con propiedad y en ese sentido,
y más allá de una cierta panorámica que usted nos ha ofrecido, recuerdo
una frase de Unamuno cuando dijo aquello de que inventar en España es
llorar. En algún momento me ha dado la impresión de que usted venía a
decir que educar en España es llorar. No creo que sea así y tampoco,
desde luego, una inmensa satisfacción para los docentes, pero en un
momento de su intervención usted ha dicho que conocía el consenso
implícito que podía ser también de alguna manera el punto de partida de
este pacto por la educación desde el punto de vista político, social y
territorial.
Me gustaría que usted pudiera concretar algunas líneas que fueran de
utilidad para esta Comisión -lo ha dicho también el compañero que habló
en nombre del Grupo Podemos- sobre la segregación por sexos. Hemos tenido
ya una iniciativa en esta propia Comisión aprobada por mayoría y yo vengo
de una comunidad autónoma donde, usted lo sabe bien, el Gobierno, porque
además acudía a la Constitución, no sufraga los conciertos con colegios
que discriminan por razón de sexo. En este sentido era una
puntualización, porque ya se le ha hecho la pregunta.
Para terminar, y ajustarme al tiempo, me gustaría que concretara esas dos
o tres líneas básicas de ese consenso implícito que usted dice que existe
y sería de mucha utilidad.
De nuevo, muchas gracias por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez López.
El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Popular le agradezco al señor Amate su intervención,
especialmente por esa claridad e incluso ese pragmatismo del cual ha
hecho gala a lo largo de su exposición y también porque creo que esta
tarde estamos hablando de educación y es importante que en esta
subcomisión se hable de educación y no de aspectos aleatorios de la
educación.
Usted habla de un pacto educativo que de verdad que va a ser complicado,
pero no le quepa la menor duda de que por parte de nuestro grupo hay
voluntad para el acuerdo, creemos que es una necesidad, y es un clamor
social, especialmente en la comunidad educativa, que alcancemos ese
pacto. Todos tenemos que ceder en algo, pero, si al final cediendo
alcanzamos un acuerdo, creo que va a ser bueno y beneficioso para todos.
Usted habla desde el conocimiento de muchos años ligado a tareas docentes
y también a tareas de sindicato y ha hecho énfasis en qué les preocupa a
los padres y qué le preocupa a la comunidad educativa. Si a cualquier
padre le preguntamos qué le interesa de verdad en la educación de su
hijo, le preocupa primero elegir un buen colegio, un buen centro
educativo. Le preocupa la calidad, la equidad, la libertad y una
formación que le lleve a la promoción y a una carrera de éxito. Quiere
unas buenas infraestructuras, unas buenas becas, una buena formación
profesional y, desde luego, un centro donde la convivencia sea normal.
Eso es lo que le preocupa a un padre. La laicidad, la religión y todas
estas historias les preocupan a unos pocos, a una minoría, pero no a la
mayoría de los padres.
El sistema educativo ha mejorado en las últimas décadas, aunque tiene
también sombras que estamos obligados a ir abordando. En esa mejora hay
que reconocer la labor docente tanto en los centros públicos como en los
concertados. El profesor en España creo que se gana el sueldo y lo hace
muy bien. Muchas veces se habla de la educación concertada con cierto
desconocimiento. Por ejemplo, se dice que se segrega o que hay más
alumnos inmigrantes en los centros públicos que en los concertados. He
estado viendo la orden de escolarización por comunidades autónomas a
través de la Dirección General de Planificación y Centros y me cuesta
creer que un centro educativo pueda escolarizar a quien quiera; yo creo
que escolariza a quien legalmente le corresponde. Por tanto, hay que
disipar esa duda, porque parece que algunos centros concertados
escolarizan a los que quieren y a los que no, no. Además, hay datos muy
interesantes, por ejemplo, respecto al porcentaje de alumnos con
necesidades educativas especiales. En el curso 20142015 -el último del
que hay datos fehacientes- en los centros públicos el porcentaje fue de
2,3 % y en los centros concertados, de 2,2 %. Hay algo todavía más
evidente, como los informes del Defensor del Pueblo en Andalucía que
dicen que cuatro de cada diez niños con discapacidad son atendidos en
centros públicos y el resto lo son en instalaciones privadoconcertadas;
de las ocho provincias de Andalucía, solo Almería se sale de esa
tendencia. Esto quiere decir que los centros concertados también están
haciendo una gran labor en esos centros específicos de educación
especial, allí donde la escuela pública no está llegando. Es bueno
también decirlo, porque son parte del sistema educativo que tenemos en la
actualidad.
Al margen de esto, me gustaría preguntarle por algunos aspectos concretos.
En primer lugar, ha hablado usted de la carrera docente. Es verdad que
para un docente, cuando tiene la suerte de entrar en una profesión
vocacional en un centro educativo aprobando su oposición o siendo
contratado, sus perspectivas de futuro no están despejadas; creo que le
falta algo más para verse realizado. ¿Cómo podríamos enfocar eso? En
segundo lugar, ¿ustedes saben cuál es el coste de una unidad de enseñanza
concertada? En la enseñanza concertada los centros tienen que pagar la
calefacción, la luz, el agua, el mantenimiento en general, la consejería,
etcétera; muchas veces parece que eso cae del cielo. Habría que ver
cuánto cuesta la unidad de enseñanza concertada. El perfil de la carrera
docente sería bueno diseñarlo respecto a lo que anteriormente le he
comentado.
Hay dos aspectos más que nos interesan. ¿Qué le parece el bachillerato tal
cual está hoy establecido? ¿Le parece corto? ¿Le parece adecuado? ¿Habría
que ampliarlo? Otra cuestión es cómo involucrar al profesorado en las
reformas. Es fundamental que tengamos la visión de implicar al
profesorado, porque todos sabemos que poner en marcha reformas sin el
profesorado es muy complicado y difícil. Por último, los profesores se
quejan de la burocracia. Usted ha hablado -y lo comparto completamente-
no solo de las horas que se dedican a la docencia, sino a preparar
clases, reuniones, etcétera. ¿Cómo podemos abordar la burocratización que
invade muchas veces los claustros, donde es más importante justificar por
qué un alumno ha aprobado o ha suspendido que dar una buena clase? ¿Cómo
podemos tratar de implicar al alumno en algo tan bonito y provechoso como
su propia educación? Son aspectos sobre los que queremos que, si es
posible, usted nos dé algo de luz.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.
Una vez terminadas las intervenciones de los distintos grupos
parlamentarios, el señor Amate tiene diez minutos o un poquito más.
También le digo que, si no le llega el tiempo y alguna de las preguntas
quiere contestarla por correo, nos la puede enviar y nosotros la
remitimos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE
ENSEÑANZA, FEUSO (Amate Cruz): Muchísimas gracias.
Muchas gracias por vuestra atención y por vuestras preguntas.
Señor Díaz Trillo, de verdad, mi declaración de respeto no era retórica,
yo espero y deseo que su trabajo fructifique y vaya muy bien. Cuando
hablo de lío o de follones no me refiero a que ustedes son los que atizan
ni son la mano que mece la cuna, pero es verdad que existe el lío, y es
que en educación no se mueve un palillo sin que se monte un follón. No
digo que sea aquí, que sean ustedes o los que están en el Congreso, pero
lo hay, y es raro que se abra un debate educativo y no empiece
rápidamente todo el mundo a ponerse nervioso, a medir cada una de las
comas, etcétera; en fin, que somos así y lo aceptamos. Por tanto, yo
hablaba del lío lamentablemente en general, no aquí en particular, y en
esta sala menos con los que están haciendo el trabajo de tratar de llegar
a la solución del lío, por supuesto.
Son muchas cuestiones. Creo que no me he explicado bien al hablar de la
regla del statu quo. El statu quo no significa vamos a quedarnos
quitecitos como estamos porque para el lío que hay montado... No, no
quiero decir eso. Yo he dicho tres cosas, y las tres son sumativas. En
primer lugar, he dicho que lo que funciona bien no hay que reescribirlo,
y hay muchas cosas que están bien hechas y están funcionando. Esa es la
primera regla. ¿Habéis leído la novela de Yo, Robot, de Isaac Asimov? Es
fantástica. Pues te introduce en tres leyes de la robótica, que son las
que en el software de los robots va a permitirles funcionar con todas las
instrucciones complejas que puede tener un cerebro positrónico -a mí es
que me encanta la ciencia ficción-. Yo he dado tres reglas que son
complementarias o sumativas para entendernos. La primera es para qué
vamos a estar reescribiendo lo que funciona, que se quede como está, que
está bien. Segundo, lo que es mejorable habrá que mejorarlo, o sea, que
hay que determinar cuáles son los aspectos de mejora, pero no todo. Ahora
mismo hay personas que dicen que hay que suprimir los conciertos
educativos, pero, por favor, si eso ya está en la Constitución, no vamos
a escribir otra vez la Constitución. El artículo 27 habla de que todos
tienen el derecho a la educación y, punto y seguido, se reconoce la
libertad de enseñanza. Ahora bien, algunos leen todos tienen derecho a la
educación, pero se reconoce... No, pero no, pone un punto. No hay que
cambiar lo que está bien, está escrito, está hecho y está funcionando.
Esa primera regla, el statu quo, es lo que yo quería transmitirle.
Luego también he dicho que lo que haya que mejorar habrá que mejorarlo.
¿Por qué? Porque hay aspectos de mejora. La gente se queja, es que los
centros concertados... Pero vamos a ver, si no somos capaces de cumplir
la ley que decía yo antes, la disposición adicional vigésima novena de la
ley, que dice hay que sentarse un rato en la Conferencia Sectorial de
Educación para determinar cuánto cuesta realmente una unidad concertada.
¿Para qué? Para evitar el fraude y el follón. Señores, denle ustedes la
financiación suficiente a los centros y exijan la gratuidad con puño de
hierro. Lo que no vale es hacer trampas desde hace ya cuarenta años, que
digan que no se llega con el módulo para sobrevivir. Entonces ocurre lo
de toda la vida, cuando las cosas no son como el agua clara empieza el
subterfugio -lo ha dicho el señor Olòriz, que lo conoce muy bien-; el
mismo trabajo, el mismo salario, las mismas condiciones. Pues no, y pasa
un año, pasan dos, pasan veinticinco y aquí no pasa nada. Pues ese es el
follón, este es el problema. No se cumple la ley; pues, a partir de aquí,
fíjate cómo estamos. Hay que cumplir la ley, simplemente decimos eso.
¿Por qué no se ha reunido esa comisión? Alguien ha dicho que hubo una
comisión en tiempo de Gabilondo, y es verdad, se llegó hasta el punto de
que se iba a contratar una entidad externa que hiciera un trabajo
riguroso y, entrecomillas, objetivo para que no hubiera sesgo político.
Ahí se quedó todo parado, y estamos en el año 2017. Lo ha dicho muy bien,
a igual trabajo, igual salario.
En cuanto al tema de la religión, nosotros somos un sindicato en el que un
tercio de los afiliados son de la escuela pública, somos un caso
peculiar. Somos mayoritarios dentro del colectivo de los profesores de
religión -para que nos conozcáis un poco-. Tenemos muchísima gente en la
concertada y en la privada. Somos una cosa rara, somos un híbrido
increíble, pero nosotros hemos apostado por ser el sindicato de todos y
en el seno de la organización no hay conflicto. Somos mayoritarios en la
escuela diferenciada, la que segrega por sexos, según dicen. Somos
mayoritarios, tenemos un montón de delegados de personal allí. Esos somos
nosotros. Por tanto, lo normal es que yo defienda a mis afiliados.
Os voy a decir una cosa. Los psicólogos dicen, cuando hablan de la
depresión: No estás deprimido, estás distraído. A mí me pasa. Pienso
mucho, pero me fijo poco. Ya lo decía Alexis Carrel, premio Nobel de
Medicina. Hay que observar más y pensar menos, porque al final domina la
mente, el pensamiento, y hay que abrazar la realidad. Os invito a venir
conmigo durante una semana a conocer esos colegios que segregan por sexos
y a conocer a las personas que están allí, con nombres y apellidos, a
hablar con ellos, a tomar café, a estar con ellos a la salida del
colegio, a hablar con la familia. Os vais a dar cuenta de que no hay
monstruos, de que no hay gente rara, de que no hay cosas extrañas, de que
son personas como vosotros, como nosotros. La sensación es que no nos
conocemos lo suficiente. Hay gente que habla perrerías de la escuela
pública, que dicen que es un lugar donde se adoctrina a la gente. Es
mentira. Tengo muchísimos amigos en la escuela pública, en colegios
rurales de Extremadura, y son encantadores. Vente conmigo a esos del
cheque escolar, vente conmigo a Extremadura, que te llevo a varios
colegios públicos y vas a ver trabajar allí a la gente. Conoce a las
personas, habla con ellas, tómate un café con ellas. No pienses tanto,
toca la realidad. Os invito a tocar la realidad. En la clase de Religión
está ya superado, lo dice la ley, pero yo os digo que se puede llegar a
una configuración. Lo que no tiene sentido es decir: En la escuela se
enseña que Jesucristo resucitó al tercer día. No. Estamos ya en 2017. El
otro día estuvimos reunidos con los obispos y esa configuración de la
asignatura tiene que tener unos contenidos que sean horizontales, válidos
para todos. En las áreas de historia, de arte, de filosofía, de ética,
hay contenidos que se pueden compendiar y, a la italiana, que los den los
profesores de los institutos, y los que quieran la visión confesional de
esos contenidos, que es legítimo, que lo den. Si se quiere de verdad, hay
margen, hay cancha para jugar en la escuela diferenciada. Os invito a
venir conmigo cuando queráis. Me paso una semana con vosotros conociendo
a las personas. Hay quien tiene prejuicios, pero muchas veces esos
prejuicios están en la cabeza, porque no existe el problema en la
realidad. La gente no está sufriendo por las calles por que haya colegios
concertados que segregan por sexos. No ocurre. Ocurre en nuestra cabeza y
ocurre en la lucha política, pero no ocurre en la calle. ¿Y por qué los
llevan allí? ¿Porque son monstruos? De verdad, conocedlos. A lo mejor, te
sorprende y te das cuenta que son muchísimo más parecidos a ti de lo que
te imaginas. Os invito a superar la opinión y a crecer en el
conocimiento. Yo lo intento todos los días, me esfuerzo. La política
tiene que ser para ayudar a las personas de carne y hueso, a las de
verdad, no a las que imaginamos. Tenemos que conocer a las personas. No
lo digo con acritud, lo digo de verdad. Hay margen para trabajar.
Respecto a los profesores, el bachillerato y la burocracia, un profesor
tiene que hacer aquello que mejor sabe. ¿Sabéis qué sabe hacer un
profesor? No sabe rellenar unos boletines y unos formularios en unas
hojas de Excel, que necesita diecisiete horas para entender cuándo
empieza y cuándo acaba, y unas programaciones horribles, amenazados por
el inspector con que si te falta no sé qué cosa. Un profesor lo que sabe
hacer es enseñar, lo que sabe hacer es mirar a los alumnos, conocer a los
alumnos y estar con ellos. Un profesor es, sobre todo, un testigo. Si no
te gusta la historia -yo soy profesor de Historia- no puedes enseñar
historia. Si no te gusta la filosofía, no vales para enseñar filosofía.
Un profesor es un tío que le gusta enseñar. Eso es lo que tiene que hacer
un profesor. Y lo que tiene que hacer una ley, lo que tiene que hacer un
estatuto es ayudar a que el profesor pueda estar en su clase y hacer bien
su trabajo. Están hasta el gorro los profesores, de verdad, de un montón
de cosas que les quitan tiempo y energía para lo fundamental. ¿Qué es lo
fundamental? El hecho educativo, estar con los niños, con las niñas,
enseñar. Si tú ves la torre de exámenes de mi mujer, que es profesora,
comprenderás que se acueste a la una. Es horroroso. Y llega el inspector
diciendo: Hay que hacer una programación. Sesenta folios. ¿Pero qué
tendrá que ver eso con lo otro? Algo tendrá que ver, vale. Y luego llega
la formación; sí, sí tiene que ver, sí, pero todo en papel y escrito de
tal manera; y te tiras veintinueve horas de tu vida... La vida es tiempo
y energía, amigo. Fíjate si te lo he resumido, a lo bestia. Y si gastas
la pila del móvil en llamar a no sé quién, no tendrás para mandar datos
porque ya no hay pila.
El profesor tiene que concentrarse en enseñar, y todos tienen que ayudarle
a concentrarse en eso. Lo han dicho antes perfectamente, cuando tienes
que corregir, hay que preparar clases. ¿Tú sabes lo que cuesta preparar
una clase decente para un grupo de veinticinco, más veinticinco, más
veinticinco? Cuesta un montón de trabajo. Y evaluar eso cuesta un montón
de trabajo y de tiempo, pero, claro... Esto tiene que contemplarlo un
estatuto docente: la verdad, la realidad del trabajo en las aulas. Por
eso dije: por favor, tened la valentía de coger a profesores de verdad,
de los que están en activo, de los que los centros no quieren que dejen
de dar clase porque son los mejores, y ponedlos juntos a resolver las
cuestiones académicas. Cogedlos y os vais a sorprender de lo que esa
gente es capaz de hacer; la potencia que tiene la experiencia; no la
ideología, que está bien, sobre todo con un café por delante.
De verdad, no quiero ser pesado. No sé si me habré pasado de tiempo, me
queda un minuto y no quiero aburrirles, pero tenía por aquí una idea que
quería comentar, que es la formación del profesorado. Habrá una nueva ley
de educación, seguro. Después de la Lomce vendrá la "domce", seguro; eso
lo tengo más claro que el agua. Llevo veinte años aquí y después de la
Lomce vendrá la "domce". Si es una ley de la sociedad española, tendrá
que venir. Vendrá, por lo tanto, una ley, y vendrán, por lo tanto,
cambios. La formación del profesorado se descuidó horriblemente en la
Lomce; pasaron olímpicamente. Lo dije antes y lo repito: se trabaja sobre
tejido vivo; sobre tejido vivo significa sobre personas que tienen su
salario, su familia, su hipoteca, y no puede coger de repente un señor y
decir: pues la filosofía se reduce a veinticinco minutos. ¡Pero, bueno,
hombre, por Dios! O el latín ya ha desaparecido, o la filología; usted
pasa a la biblioteca. ¡Son vidas! ¡Son gente que ama la filología! ¡Pues,
ya no hay filología en España y los filósofos no sé ni qué explican!
Tienen una horilla por ahí suelta.
Y ahora todo el mundo tiene que aprender inglés. Ahora nos ha dado a todos
por el inglés y el que no sea bilingüe... ¿Cómo puede haber en la escuela
pública gente buenísima en matemáticas o en historia y estar marginados
porque no son bilingües? ¡Los mejores profesores marginados! Perdonad que
me ponga así, pero es que yo esto lo vivo en primera persona. ¡Marginados
porque no saben inglés! ¡Y la formación se la tienen que pagar de su
bolsillo y la gente se está gastando una pasta! Hay colegios concertados
en los que una señora monja le ha dicho a una profesora: sácate un C1 en
seis meses. ¡Un C1 en seis meses! ¡Por Dios santo! ¿Y quién lo paga, la
Virgen María? No, tú. (Risas). (El señor Meijón Couselo: Pues que lo deje
a deber). (Risas). Que lo deje a deber; a la cuenta; para el purgatorio,
si hay. (El señor Olòriz Serra: Las monjas no lo tienen ¿no?). No, eso
seguro. Pero pongo un ejemplo, la formación del profesorado, no solo la
inicial, se hizo bien con la Logse, con la ley de especialización en
1996, y se consiguió aplicar con esas especializaciones una adaptación de
muchísimos profesionales que se quedaban colgados como una breva sin
árbol. Sin embargo, si se llega a una "domce", que llegará, les pido que
en el pacto educativo no descuiden un capítulo esencial, que es la
formación del profesorado que está en activo, para que tengan la mayor
flexibilidad posible a la hora de impartir otras asignaturas con una
formación que sea equivalente a la que tuvo en el año 1996.
Me parece importantísimo que no se pierdan horas y que no se llegue a los
dramas personales que hemos visto ahora. La gente está asustada. La gente
en los centros, cuando oye hablar de un pacto o de una ley, se asusta,
porque dice: bueno, la que nos viene por aquí; a ver quién pierde la
jornada, si me echan; si son de la pública me tendré que ir a otro
instituto... Estamos trabajando sobre tejido vivo, operando sobre tejido
vivo y sin anestesia. Cuando a la gente le llega el castañazo en
septiembre y le dicen que se vaya a la calle -¡y anda que no ha habido
gente que se ha ido a la calle!-, eso laboralmente es una aberración;
humanamente peor, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo. Tenemos que
trabajar para que tanto los profesores de la pública como los de la
concertada, los que sean, por lo menos que puedan hacer su trabajo con
dignidad, nada más. Se me ocurre así. Bueno, lo he dicho al final todo
del tirón y podría entrar en más cosas, pero os prometo, de verdad, y
gracias por la paciencia, que repasaré las notas y os mandaré un pequeño
correo que no sea aburrido y podáis leerlo en diez minutos, ligeramente y
con alegría, y responderé aquellas cuestiones que me habéis planteado.
Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Mucho
ánimo.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Amate, por su
intervención.
Le agradeceremos que nos envíe la documentación o las contestaciones
relativas a las cuestiones planteadas que no le haya dado tiempo a
contestar, porque indudablemente a la hora de hacer los trabajos -cuando
hayan terminado las comparecencias- nos van a ser de utilidad.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA-FEDERACIÓN DE
ENSEÑANZA, FEUSO (Amate Cruz): Gracias a usted, señora presidenta.
(Pausa).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA, MIEMBRO DEL CONSEJO
ESCOLAR DEL ESTADO (ALVIRA DUPLÁ) PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA
ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA
EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000289).
La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con las comparecencias para las
que hemos sido convocados esta tarde.
En esta tercera comparecencia está con nosotros don José María Alvira
Duplá, secretario general de la Federación Española de Religiosos de
Enseñanza-Titulares de Centros Católicos. Señor Alvira, para su
intervención tiene, en principio, treinta minutos como máximo. A
continuación, los representantes de los distintos grupos parlamentarios
tendrán cinco minutos cada uno para plantearle aquellas cuestiones que
crean de interés para hacer luego sus trabajos y, por último, tendrá
usted diez minutos para contestar a sus preguntas. Si no le da tiempo a
responder a alguna de las cuestiones planteadas, porque tiene diez
minutos, nos puede enviar la respuesta por correo y nosotros, desde la
Comisión, se la haremos llegar a los representantes de los distintos
grupos.
Señor Alvira, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá):
Buenas tardes, señorías.
Espero que no estén demasiado cansados a estas alturas, después de varias
comparecencias, porque entiendo que una tras otra pueden llegar a cansar.
Empiezo por agradecer la oportunidad de presentar en esta subcomisión el
presente informe acerca del pacto social y político por la educación. Lo
hago en representación de Escuelas Católicas, Fere-Ceca, como se ha
dicho, y Educación y Gestión, las dos entidades que la configuran.
Afiliamos a 2.000 centros integrados, es decir, con varias etapas
educativas, que tienen algún nivel concertado, con más de 1.200.000
alumnos y 100.000 personas contratadas, de las que 80.000 son profesores.
Estos números hacen de Escuelas Católicas la entidad más representativa
de la educación privada concertada en España. A estos datos habría que
añadir los de Cataluña, cuya escuela católica tiene su propia
organización, con la cual mantenemos, salvo en las cuestiones
competenciales y lingüísticas, una unidad de criterios.
A modo de diagnóstico de la situación actual, me referiré, en primer
lugar, al propio pacto educativo, sobre el que haré unas consideraciones
generales, y en segundo lugar, al principio de libertad de enseñanza y
los conciertos. A continuación, de una manera breve, me referiré también
a la presencia de la religión en la escuela y, finalmente, a modo de
conclusión, señalaré los criterios que desde nuestro punto de vista deben
salvaguardarse en el futuro pacto de Estado por la educación.
Diagnóstico de la situación. Primero, pacto educativo. En estos últimos
tiempos se está hablando con insistencia de la necesidad de un gran pacto
nacional sobre la educación que dé estabilidad al sistema educativo.
Hablar de pacto escolar se está convirtiendo en una cuestión recurrente.
Algunos venimos pidiéndolo desde hace mucho tiempo y, afortunadamente, se
está convirtiendo en un clamor de gran parte de la sociedad que esperemos
empuje a los diversos actores sociales y políticos a trabajar para
conseguirlo. Por eso, me alegro de que se haya constituido esta
subcomisión y de que se estén dando los pasos para alcanzarlo. La primera
condición para un pacto es la voluntad de querer llegar a él. Me gustaría
pensar que esta disposición existe realmente en todos, incluso en quienes
parecen dispuestos a pactar solo con personas y grupos afines. No se
podría decir, por ejemplo, que se quiere un pacto educativo para acabar
con la escuela concertada, como he oído en alguna ocasión. Esto no sería
un verdadero pacto de Estado, pues no tendría en cuenta a un sector
importante de la sociedad. Por eso me atrevo a pedir a todos los
implicados -y en especial a los grupos políticos que ustedes representan-
las suficientes dosis de buena voluntad y de altura de miras para
alcanzar ese gran acuerdo.
Hace casi cuarenta años los españoles conseguimos sentar las bases de un
pacto educativo. El artículo 27 de nuestra Constitución fue el resultado
de un esfuerzo responsable de todos, a pesar de que se trataba de un
asunto espinoso que suscitaba polémicas encendidas y despertaba actitudes
encontradas. Como es sabido, la cuestión educativa fue una de las más
controvertidas y en la que resultó más difícil llegar al consenso
constitucional. Sin embargo, gracias al buen sentido y a la generosidad
de todos fue posible alcanzar el acuerdo. Era un compromiso suficiente
para permitir el normal funcionamiento en el campo educativo y sentar las
bases de un acuerdo posterior más amplio. De alguna manera, recogía el
máximo al que se podía llegar en las cuestiones de fondo y, a la vez, un
mínimo del que partir para construir un pacto escolar más desarrollado y
con garantías de futuro. Junto a las sentencias del Tribunal
Constitucional, que sirvieron para precisar algunas cuestiones, y a los
acuerdos internacionales suscritos por el Estado español, ese artículo 27
de la Constitución debe seguir siendo la base para el pacto que ahora se
persigue y que es absolutamente necesario para la paz social y el bien de
la educación en
nuestro país. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos hay quien
quiere volver atrás y seguir escenificando enfrentamientos históricos
entorno a estos asuntos. Permanece latente y en ocasiones explícito un
debate que ya creíamos superado sobre cuestiones de fondo que no pueden
ser abordadas con miras estrechas o en términos de rendimiento político a
corto plazo. En las cuestiones que afectan a la educación en nuestro país
se impone un debate sereno y equilibrado, alejado de clichés, de
descalificaciones apriorísticas y resentimientos históricos, porque la
sociedad española se juega mucho en este terreno. Debemos seguir
empeñados en resolver de manera constructiva, a partir de lo ya
conseguido, la polémica sobre cuestiones como la igualdad y la libertad
de enseñanza, la escuela pública y la escuela privada, la educación
confesional y la escuela laica, etcétera. Tenemos ahora ante nosotros una
nueva oportunidad. Este gran acuerdo no puede limitarse a cuestiones del
ámbito de la pedagogía, a la necesidad de que los jóvenes lleguen a
dominar un idioma extranjero, a la utilización de las nuevas tecnologías
o a la conveniencia de que haya o no pruebas externas. Todos estos
asuntos son importantes, pero no son los que provocan los grandes
desacuerdos. Hay otras cuestiones de fondo que hay que abordar. Dejarlas
al margen en aras de un supuesto realismo -como sugieren algunos- es
tratar de engañarse. Si el pacto solo contempla las cuestiones de índole
pedagógica, organizativa o curricular, con ya ser mucho, no se habría
llegado al verdadero pacto y, antes o después, volverían a surgir los
problemas y las faltas de entendimiento. Entre estas grandes cuestiones
de fondo que hay que abordar hay una fundamental que está en la raíz de
muchos desencuentros, y es el papel de la sociedad civil y el papel del
Estado en el ámbito educativo. Hasta aquí algunas consideraciones sobre
el propio pacto.
En segundo lugar, hablaré de la libertad de enseñanza y los conciertos.
Los legisladores que elaboraron la Constitución tuvieron mucho interés en
situar juntos en el primer punto del artículo 27 el derecho de todos a la
educación y el derecho a la libertad de enseñanza. "Todos tienen derecho
a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza". Así empieza el
artículo 27. Esa libertad de enseñanza lleva aparejado el derecho de
creación y dirección de centros con un carácter propio. Se trataba de
superar dos posturas históricas excluyentes: la de quienes atribuyen al
Estado el derecho exclusivo sobre la educación y la de aquellos que le
discuten su potestad para ser garante de que esta llegue a todos en
condiciones de igualdad. En este artículo 27 queda claro el carácter
civil, secular de la institución escolar, ajena a imposiciones y tutelas
de otros poderes, pero se excluye el monopolio educativo del Estado y se
da cabida a otros agentes para hacer posible la libre elección de los
padres o tutores. Se armoniza así la libertad con la igualdad en la
educación. Nunca se alcanzará la perfección en el ejercicio
complementario de estos dos derechos, como, por otra parte, sucede con
otros, pero se deben poner los medios razonables para tratar de acercarse
a ese ideal.
En el tratamiento que la Constitución da a la libertad de enseñanza no
solo se contempla su aspecto formal, sino que los poderes públicos se
comprometen a que sea una realidad efectiva, ayudando a eliminar o
disminuir los obstáculos, fundamentalmente económicos, que la hagan
inviable en la práctica; es el artículo 27.9, y también se recoge en el
artículo 9.2 de nuestra Constitución al referirse a otros derechos y
libertades. Es lo mismo que se hace, por ejemplo, para asegurar de forma
efectiva la libertad de expresión, el derecho de afiliación sindical, de
participación política a través de los partidos, etcétera, que reciben
subvenciones del Estado para que esos derechos sean una realidad.
En el ámbito de la educación, el instrumento vigente, ya bastante
consolidado, para llevar a efecto esta intención es el régimen de
conciertos educativos, que, a pesar de sus indudables limitaciones
actuales, hace viable la complementariedad de las redes pública y
concertada. Pero es aquí donde están resurgiendo las divergencias, como
si la libertad y la igualdad en el ámbito educativo fueran dos valores
incompatibles. Para algunos, la defensa de la escuela pública supone el
empeño en desterrar la enseñanza concertada; sin embargo, los males que
puedan existir en la escuela pública no son atribuibles a la existencia
de centros concertados, y si se yerra en el diagnóstico, difícilmente se
aplicarán las terapias adecuadas.
Todos estamos a favor de que nuestro país cuente con una escuela pública
de calidad, con los recursos personales y materiales necesarios, todos,
pero la red de escuela pública, necesaria para el país y que todos
deseamos que funcione bien, debe ser complementada con otra red, la de
centros privados y, en particular, concertados, para atender a la
pluralidad de una sociedad en la que se dan diversas concepciones de la
realidad, distintas visiones antropológicas e ideas no siempre
coincidentes sobre el futuro mismo de la sociedad. Esa variedad es lo
propio de unas sociedades que han alcanzado una madurez democrática. En
todos los países democráticos se da por descontado que corresponde a los
poderes públicos el derecho y el deber de asegurar un sistema educativo
que alcance a todos sus ciudadanos, pero no de
monopolizarlo. Mientras unos defendemos una complementariedad que responda
a la pluralidad de nuestra sociedad, otros, como decía ahora, pretenden
excluir dicha alternativa. No se trata de posiciones simétricas, no se
trata de que unos defiendan una escuela pública y otros una escuela
concertada, sino que algunos defendemos la existencia de una variedad que
dé espacio a todos para que los padres puedan elegir en libertad,
mientras que los otros, la segunda opción, adoptan una postura impositiva
de exclusión, que me atrevería a calificar de dictatorial. Lo ideal, y
posible, es que todos los centros, con unas condiciones básicas iguales
para todos y garantizadas por el Estado, trabajen por procurar una
educación de calidad a todos los alumnos en el respeto a diversos
proyectos educativos.
En definitiva, la enseñanza concertada no existe como fórmula
extravagante, necesaria en un momento histórico ante la imposibilidad de
que los centros públicos pudieran atender todas las necesidades de
escolarización, y tampoco existe por gracia de los Gobiernos democráticos
de turno, como una concesión graciosa, ni porque resulte económicamente
rentable al Estado en un momento de crisis y recortes; la escuela
concertada existe como figura necesaria para hacer posibles las
libertades consagradas en la Constitución. Tampoco se trata de una
fórmula ligada a regímenes anteriores -el régimen de conciertos empezó en
el año 1985- y tampoco a acuerdos con la Iglesia, a la que, como habrán
notado, no he hecho referencia en ningún momento; nos estamos moviendo en
el terreno de los derechos civiles de todos los españoles. Nada más lejos
de nuestra intención que enfrentar a la escuela concertada con la
pública, como pretenden los autoproclamados defensores de la escuela
pública y que no son sino defensores de la escuela única. Por ello -o
para ello- se recurre a la criminalización discursiva de toda actividad y
gestión concertada-privada. Todo lo que no es público es sospechoso. Lo
son incluso las congregaciones y otras instituciones religiosas o las
fundaciones u otras entidades que no buscan ganar dinero, sino tan solo
prestar un servicio de interés público desde su propia autonomía,
derivada de haber puesto al servicio de la sociedad su propio patrimonio.
De la misma manera, se atribuyen apriorística y dogmáticamente a la
escuela pública todos los valores de la escuela: equidad, inclusividad,
calidad, etcétera, negándoselos a otro tipo de escuelas o colegios a los
que se les atribuyen casi todos los males.
Y es aquí, al llegar a este punto, donde conviene -para hacer un
diagnóstico correcto; estamos en el punto del diagnóstico- hacer una
referencia a las afirmaciones que se repiten a modo de mantras acerca de
la escuela concertada, tratando de desacreditarla a los ojos de los
ciudadanos y que no por repetirlas mucho se convierten en verdades. En
primer lugar, se dice en ocasiones que los conciertos solo existen en
España, lo cual manifiesta un claro desconocimiento de la realidad
internacional que nos circunda. Nada más lejos de la realidad. Numerosos
países europeos tienen un sistema parecido al nuestro, empezando por
Francia, la laica Francia, y siguiendo por Bélgica, Holanda, Alemania,
Austria, Escocia, Suecia, Irlanda y otros muchos más. En todos esos
países la fórmula seguida ha sido la participación desacomplejada del
sector privado y concertado en los servicios de interés general. Les
importa la calidad del servicio, no quién lo presta.
Se hace alusión también -otro de los mantras- de modo recurrente a las
aportaciones voluntarias de los padres. Si son voluntarias -y me consta
que lo son en nuestros centros, a los que yo represento-, no hay nada que
objetar. Ojalá no hicieran falta. Pero para hacerlas innecesarias
bastaría con que el módulo de concierto cubriera el coste real de la
enseñanza, algo que como todos saben no se da ahora. La partida de "otros
gastos" asignada a los centros concertados para su funcionamiento era ya
insuficiente en su origen y ha disminuido en términos reales un 30% a lo
largo de los últimos años.
Otra afirmación que se repite. En ocasiones se trata de transmitir a la
opinión pública la idea de que la asignación de recursos a la escuela
concertada resta efectivos a la pública. Pero, ¿qué pasaría si
desapareciera la escuela concertada y sus alumnos pasaran a la pública?,
porque eliminando unidades concertadas no se elimina a los alumnos.
Evidentemente, los recursos de los que dispondría la escuela pública por
cada alumno serían menores que los actuales. Pueden imaginar además lo
que supondría para las arcas del Estado la construcción o adquisición de
más de 2.500 escuelas o institutos. Recuerdo aquí que la escuela
concertada -no hay que olvidarlo- supone un ahorro para las arcas
públicas de unos 7.000 millones de euros al año.
Se habla con frecuencia de los alumnos inmigrantes en la escuela pública y
en la concertada, resaltando el hecho de que en la pública está el 82% de
los inmigrantes, pero se olvida decir que la escuela concertada solo
representa el 20% del total del sistema educativo español, es decir, que
la proporción de inmigrantes en una y otra red son casi iguales. Además
de esto, los inmigrantes, desde mi punto de vista, no son un mal a
repartir sino todo lo contrario. En los colegios católicos a los que
represento y que son mayoritarios en el sector concertado, el 6,7% de sus
alumnos son hijos de padres inmigrantes,
mientras que en la escuela pública esta proporción es parecida, 7,1%, un
poco más en la pública; pero hay algo más, los centros públicos cuentan,
y no así los concertados, con servicios subvencionados por la
Administración, como comedor, transporte y otros, y este hecho puede
inclinar la balanza en la elección que hacen algunas familias
necesitadas.
También se afirma que los centros concertados eligen o seleccionan a sus
alumnos. No acabo de entender cómo se puede hacer eso, porque los
criterios de admisión de alumnos son los mismos para todos y vienen
dictados por la autoridad competente; dictados y vigilados. En cambio, no
se suele destacar que el 44% de los alumnos con necesidades educativas
especiales están atendidos en centros concertados, a pesar de que la
presencia de estos en el ámbito educativo español es proporcionalmente
mucho menor. La escuela concertada lo hace desde siempre con muchos menos
recursos humanos y económicos que la escuela pública.
También afirman algunos que en los años de la crisis se ha beneficiado
económicamente a la escuela concertada en perjuicio de la pública, pero
los datos son los que son. Basta con ver las cifras y los boletines
oficiales de las distintas comunidades autónomas. El módulo de conciertos
ha sufrido un descenso del 8% en los años de la crisis y nuevamente se
olvida el punto de partida. El gasto de la Administración pública por
alumno de la escuela concertada, aunque varía de una comunidad a otra,
es, por término medio, la mitad de lo que gasta en un alumno de la
pública. No se dice tampoco que los salarios de los profesores de la
escuela concertada han sufrido los mismos recortes que los de los
funcionarios y que la partida de otros gastos, como decía antes, también
se ha visto recortada. En fin, no se puede estar manipulando datos para
demostrar lo indemostrable, como parecen hacer algunos para desterrar a
la escuela concertada. Esa parece ser la insistencia de quienes no creen
en la libertad de enseñanza. Lo ideal -lo decía antes- y lo posible es
que todos los centros, con unas condiciones básicas iguales para todos y
garantizadas por el Estado, trabajen por procurar una educación de
calidad para todos en el respeto a los diversos proyectos educativos. Los
conciertos y la colaboración público-privada son pilares fundamentales de
una sociedad moderna y una Administración eficaz.
Dentro de esta visión sobre la complementariedad de las dos redes en
nuestro país, es donde se plantea la presencia de la escuela confesional,
y ahora sí me voy a referir a los centros católicos. La institución
escolar pertenece al ámbito de la sociedad civil. No se trata de una
parcela que la Iglesia deba disputar ni quiera disputar al Estado, como
lo hizo en otros tiempos, sino de una institución en la que puede, con
todo derecho, insertarse, respetando el carácter civil de la escuela. Así
es como se sitúan los colegios católicos, respetando las reglas del juego
democrático. No se trata de reclamar un privilegio afortunadamente
superado, y aquí no está de más recordar algo elemental y que
interesadamente se olvida muchas veces: los colegios católicos no reciben
ayuda económica de las arcas públicas por ser católicos, sino por ser
colegios. No son los únicos centros que se pueden acoger al régimen de
conciertos. No se trata, como decía, de un privilegio ya superado, sino
de ser consecuentes con el principio de libertad de enseñanza reconocido
en todos los países democráticos. Se trata de atender a la pluralidad de
la sociedad y a las opciones de los padres, tal y como establecen el
artículo 27.3 de la Constitución, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención relativa a la lucha contra la
discriminación en la esfera de la enseñanza de la Unesco, del año 1960, o
la Resolución Luster, del Parlamento Europeo, del año 1984. Una obra
católica de educación debe actuar siendo plenamente respetuosa con el
carácter civil y las finalidades comunes de toda institución educativa,
sin pretender instrumentalizarla y con el máximo respeto a las opciones
personales. Nada más lejos de una verdadera escuela cristiana que la
coacción ideológica o la imposición de unas creencias; argumentos con los
que se trata en ocasiones de descalificarla. Los establecimientos
escolares católicos, por otra parte, desempeñan un papel fundamental en
la educación española, no solo por sus proyectos educativos coherentes y
por hacer posible el principio de libertad de enseñanza, sino también por
su calidad y por sus aportaciones a la innovación pedagógica. La demanda
existente es un reflejo de que muchas familias conocen sus proyectos
educativos, valoran esta educación y por eso la eligen. La programación
de puestos escolares para hacer posible el derecho de todos a la
educación debe, por tanto, contar con la demanda social. Un reciente
estudio llevado a cabo por la Universidad de Comillas pone de manifiesto
que los centros católicos reflejan la pluralidad de la sociedad actual.
La realidad sociológica de las familias que acuden a ellos es plural y
cuenta con todo tipo de familias, tanto desde el punto de vista de su
posición ideológica y política, como desde la perspectiva de sus
condiciones socioeconómicas y laborales, nivel cultural, activismo
asociativo o identificación con movimientos sociales. Los datos
demuestran que la escuela católica concertada es fiel reflejo de una
sociedad plural y diversa, que valora la libertad de enseñanza y la
concertación con el Estado.
Terminado este punto sobre la libertad de enseñanza y los conciertos, como
anunciaba al principio, me voy a referir brevemente a la religión en la
escuela. La presencia y el tratamiento de la asignatura de religión es
otro de los aspectos controvertidos a la hora de llegar a un pacto. No me
voy a detener mucho en esta cuestión, pero sí el suficiente para señalar
que nos parece adecuado que se le otorgue la seriedad académica que
requiere basándose no ya en acuerdos internacionales, que hay que
respetar, sino en su propia relevancia para la formación de los alumnos.
Efectivamente, los centros educativos, del tipo que sean, tratan de
transmitir la cultura de forma sistemática y crítica; no solo enseñan una
serie de disciplinas, sino que deben ayudar a los alumnos a llegar a su
pleno desarrollo, como señala nuestra propia Constitución, todas nuestras
leyes orgánicas o, por ejemplo, el informe Delors y otros documentos
internacionales. Esto supone plantear las cuestiones sobre el sentido
mismo de la persona, de la sociedad, del mundo y, al hacerlo, ninguna
educación es neutra. Teniendo en cuenta que se trata de una materia
optativa, elegida por los padres que desean que sus hijos reciban una
educación conforme a sus convicciones, no parece que haya que excluirla
por principio del sistema educativo. La laicidad del Estado no excluye
esta posibilidad. Por otra parte, el estudio del hecho religioso -y del
cristianismo en particular- nos parece indispensable para el conocimiento
y la comprensión de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra realidad
presente, con independencia de las opciones personales de cada uno.
La segunda parte son conclusiones a modo de propuestas. No quiero
cansarles. En realidad es un resumen de lo que he dicho hasta aquí,
escrito en diferentes apartados y, como he traído por escrito esta
exposición, lo podrán recoger al final y así no les canso. Aquí me quedo,
si les parece.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Alvira.
Vamos a comenzar ahora con las intervenciones de los distintos grupos
parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene
la palabra el señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidenta.
Su intervención ha sido clara y una declaración de principios, de
metodología y de objetivos. Usted ha dicho muy bien que para llegar a un
pacto todos tendrán que ceder. Entiendo su intervención como una
afirmación de principios previa al pacto, pero no imprescindible para el
pacto. Lo digo porque soy un firme defensor de la escuela pública, pero
sobre todo de la escuela; es decir, para mí el centro de la educación es
la escuela, no puede ser otra cosa, y quiero la mejor escuela para todos
los niños, niñas y jóvenes de este Estado. Es en este marco donde tenemos
algún precedente -antes lo hablábamos-: el non nato pacto de Gabilondo,
en el que se llegó, pienso yo -al menos por lo que he leído y por lo que
sabía ya en su momento-, a acercamientos importantes, y el pacto que en
el 2006 se llevó a Cataluña por el Consell Escolar y que las cuatro
organizaciones de enseñanza, privadas y concertadas, firmaron. Fue la
base de la LEC y esto nos permitió encontrar un punto común, que luego ha
quedado desvirtuado por la crisis, por las leyes que ha habido y por las
discusiones eternas que se dan en este marco, por tanto, querría
profundizar en este aspecto de la escuela concertada. La escuela privada
con fondos públicos, ¿tendría que conformar con la escuela pública un
servicio público de educación, es decir, manteniendo el hecho de escuela
pública-pública -por así decirlo- y escuela concertada con objetivos,
vocación y elementos públicos? Porque lo cierto es que hemos de encontrar
el justo medio a dos niveles: que los objetivos sean los comunes y que,
por tanto, la escuela pública y la escuela pública concertada sean
evaluadas en función de los resultados que han de obtener para sacar la
mejor educación posible, no solo en los aspectos de las disciplinas
académicas sino también en valores, en los valores conjuntos que nos
ponemos como sociedad.
Segundo elemento. Si esto es así, también hemos de llegar a un acuerdo
sobre la financiación y lo que comporta esta financiación, es decir, que
si es gratuita ha de ser gratuita a todos los niveles. Es cierto que hay
fundaciones y fundaciones; el problema en algunas fundaciones no es el
que paga, es el que no paga, porque en toda comunidad el que es diferente
del otro acaba siendo discriminado a lo mejor no por la propia dirección
de la escuela, sino por la misma asociación de padres. Este es un
elemento, la existencia de un dinero que se ha de pagar, que crea
tensiones, a mi modo de ver innecesarias, y que llevaría a su supresión
si nos ponemos de acuerdo en lo que vale un alumno y lo que pagaría el
Estado por este alumno en unas circunstancias determinadas.
Para acabar, la cuestión de la religión. Usted ha dicho una cosa con la
que yo estoy de acuerdo: tenemos una fotografía que es del año 1968, y
una fotografía que es también un concordato. En 2017 la realidad en este
país es muy diferente, se vive la religión de forma muy diferente a hace
cuarenta o cincuenta años. ¿No tendríamos que adaptar el concepto de
religión a este modelo y, por tanto, esta voluntad que a veces no sale de
la escuela cristiana -a veces sale de otras estructuras de la Iglesia
católica- de esta idea de que se ha de evaluar y que las escuelas públicas
-todas- han de ofertar la religión y ha de ser evaluable? Yo pienso que
tenemos que dar a esto un cambio importante, porque esta idea de que cada
Gobierno -ahora sí que acabo-, el más cercano a una posición o a otra,
elabore una ley cercana a determinadas posiciones y excluyente respecto a
otras se ha demostrado que es un caos para la educación y un camino sin
salida.
Si vamos al pacto, tendremos que recuperar la idea de que nadie abandona
sus principios, pero en el pacto sí podrá llegar a acuerdos que en su
proyecto inicial no tiene. Si somos capaces de hacer esto, tendremos
pacto, si no, no. Y para mí es importante el papel del pacto social, es
decir, el pacto político tiene que ser consecuencia de un pacto social
por la educación fuerte y de un pacto territorial fuerte que no lleve,
como siempre, a la lucha sobre competencias y a arrojarse las
competencias unos a otros llegando a situaciones de tensión insuperables.
Me gustaría que avanzásemos en este sentido y, sobre todo, en la idea de
lo que usted ha dicho, porque yo no digo que sea negociable todo, pero se
tendrá que llegar a acuerdos equidistantes.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora
Millán.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchísimas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer su asistencia; su presencia es muy
importante para nosotros por el correcto desarrollo, como bien ha dicho,
de un verdadero pacto y el proceder para conseguir un verdadero pacto
nacional por la educación. De hecho, la historia nos ha enseñado que
aquello que se ha acordado mediante consenso ha perdurado y lo que se ha
impuesto ha sido un impedimento, un impedimento para la sociedad. Por eso
en Ciudadanos queremos tener presente a todos los sectores implicados en
la educación y no excluir a nadie, por lo que me gustaría saber -voy a
ser directa y concreta- cómo ha influido la Lomce en el colectivo al que
usted representa, qué impactos negativos ha supuesto de cara al futuro
-esperamos- pacto nacional por la educación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Millán.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, el señor Mena tiene la palabra.
El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Alvira su comparecencia y las
explicaciones que nos ha dado. Si le digo la verdad, le he escuchado un
poco preocupado, pues nos ha planteado un escenario en el que se persigue
a las escuelas concertadas, y especialmente a las que son propiedad de
una orden religiosa, cuando supongo que usted compartirá conmigo que la
única que ha perseguido históricamente al diferente en el Estado español
ha sido precisamente la jerarquía de la Iglesia católica. (La señora
Moneo Díez: ¿Y el comunismo?) Estoy convencido de que ir contra ese
modelo de sociedad es por lo que tanto usted como todos los diputados y
diputadas, que formamos esta Comisión, estamos dispuestos a elaborar
leyes que favorezcan una sociedad diferente a la que históricamente hemos
tenido.
Dicho esto, voy a ser sincero. Partimos de una base que seguramente no
compartimos. En estos momentos el Estado español ya no es católico -lo
dice nuestro ordenamiento jurídico-, pero sí somos una sociedad plural en
creencias -no solamente existe una creencia, sino diferentes y eso
enriquece multiculturalmente a nuestra sociedad- y meramente
secularizada. Ese es el elemento objetivo que seguramente tenemos hoy
encima de la mesa.
En relación con las escuelas que usted representa, hay tres elementos que
quiero poner en clave y sobre los que me gustaría hacerle una serie de
preguntas. Me da la sensación -ya lo hemos escuchado- de que están
haciendo una relectura histórica del artículo 27 de la Constitución,
porque que haya libertad de elección de enseñanza no quiere decir que se
tenga que subvencionar con dinero público a las escuelas privadas.
Significa que usted puede elegir entre un centro público y uno privado, y
no que tenga que haber una red que es anómala en el conjunto de Europa,
por lo menos en los países de nuestro entorno, y usted tenía razón: se da
precisamente en aquellas sociedades en las que la Iglesia católica,
especialmente, continúa teniendo un peso fundamental, con lo cual esa
relectura histórica del artículo 27 de la Constitución no tiene cabida.
Debemos promocionar una escuela igualitaria. Usted preguntaba: ¿De qué
manera las escuelas privadas o concertadas pueden seleccionar al
alumnado? Le voy a dar un elemento sobre el que me
gustaría que hiciese una reflexión. Supongo que sabe que existe un estudio
de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, del año 2012
que dice que el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas,
es decir, esconden a las familias que el pago de cuotas es una cosa
voluntaria, contraviniendo el principio de gratuidad de nuestra escuela
pública. Qué manera tan fácil, señor Alvira, de discriminar al alumnado.
Si la media que dice el estudio que tienen que pagar las familias por
cada hijo o hija escolarizado en una escuela concertada es de 501 euros,
imagínese si tienen una economía vulnerable, como la mayoría de los
ciudadanos en esta situación de crisis económica, y hay dos o tres hijos.
Esto en cuanto a la media. Lleida, por ejemplo, es la provincia en la que
más se está pagando por ese tipo de escolarización, disparándose la cifra
hasta los 1.025 euros. Señor Alvira, ¿no es esa una manera de discriminar
al alumnado en función de la procedencia, el origen social y las
posibilidades económicas de las familias? Estoy convencido de que tanto
usted como nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para acabar
con ese tipo de segregación que se da en determinados ámbitos escolares.
El segundo elemento es el de los conciertos. La manera en la que se abren
vías de financiación a las fundaciones de determinadas órdenes
religiosas, se utiliza como vía indirecta para financiar determinados
intereses de ciertas órdenes religiosas. Lo que no puede ser -estoy
convencido, señor Alvira, de que lo comparte conmigo- es que se utilice
el dinero público que se debe invertir en la educación para financiar
fundaciones de órdenes religiosas.
Un tercer elemento, que usted no ha abordado en su intervención y que me
parece caudal, es el de la selección del profesorado. Hemos hablado de
cómo se selecciona el profesorado en las escuelas públicas, pero me
gustaría que hiciese una reflexión sobre el profesorado de religión y que
sea la jerarquía eclesiástica, la iglesia, la Conferencia Episcopal quien
decida quiénes son los profesores. ¿Usted se imagina, señor Alvira, que
los profesores de literatura fueran escogidos por las editoriales o que
los profesores de ciencias los escogieran las industrias farmacéuticas?
Nos echaríamos las manos a la cabeza, con lo cual es un elemento que
seguramente tendremos que rectificar. Pasan cosas como la que pasó en el
año 2014 en Canarias que la iglesia expulsó de su puesto de trabajo a un
profesor por ser homosexual y por haberse casado con su marido, cosa que
reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Contra esas cosas, señor Alvira,
yo estoy convencido de que tanto usted como nosotros estamos dispuestos a
llegar a un pacto para que no sigan ocurriendo estas cosas en el Estado
español. Intento acabar, señora presidenta.
Hacía referencia además a qué vamos a hacer si las escuelas concertadas
que hay en el Estado español acaban en la red pública. Esa es una
experiencia que ya se ha dado en otros momentos históricos y yo lo he
recordado varias veces en esta Comisión. Si usted no lo sabe, en Cataluña
las escuelas del Spec a través de una iniciativa que presentó
precisamente al Partit dels Socialistes de Catalunya que voluntariamente
lo solicitaron, se incorporaron a la red de escuelas públicas. Los más
interesados, señor Alvira, son el profesorado, porque mejora sus
condiciones laborales -lo hemos visto-, el alumnado porque tiene un
entorno de cohesión social que es fundamental, las familias porque se
evitan tener que pagar de forma indirecta determinados conceptos y
seguramente -en eso sí que estoy de acuerdo- los menos interesados son
aquellos que pretenden hacer el negocio con la educación. Con lo cual, yo
le querría plantear cómo valoraría usted la posibilidad de que todas
aquellas escuelas concertadas que voluntariamente lo solicitasen, se
pudieran incorporar paulatinamente a la red pública de nuestro sistema
educativo. Porque yo comparto una cosa que usted decía y que seguramente
no debemos esconder: la cultura religiosa tiene que estar presente de una
manera u otra en el aula. Ponía un ejemplo también el otro día. Soy
profesor de literatura y no se me ocurriría explicar según qué periodo
histórico de la literatura sin explicar qué pasaba religiosamente y qué
movimientos religiosos había en esa época, pero usted está de acuerdo
conmigo en que una cosa es la cultura religiosa que debe ser transversal,
que debemos explicar en literatura, en historia y en diferentes
asignaturas, y otra es la promoción de una única religión y mucho menos
la liturgia religiosa como se está dando en algunas escuelas.
Acabo con dos preguntas concretas, porque si no la presidenta me retirará
la palabra. ¿Qué opina usted de las escuelas casi todas religiosas, casi
todas pertenecientes a órdenes como el Opus Dei o los Legionarios de
Cristo, que segregan alumnos en función del sexo y que continúan
recibiendo dinero público? ¿Usted cree que tenemos que acabar con ese
comportamiento contrario a los principios de la Constitución?
Segundo elemento, que usted de alguna manera planteaba y que, a mi
entender, es la base y la raíz del conflicto, ¿nos creemos o no que
España es un Estado laico? Si usted decía que lo que se tiene que hacer
con los acuerdos internacionales es cumplirlos, yo le doy otra
alternativa y es que se pueden derogar.
La señora PRESIDENTA: Señor Mena, tiene que terminar.
El señor MENA ARCA: Los acuerdos internacionales como el Concordato con el
Vaticano se pueden derogar.
Gracias, señor presidenta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Meijón.
El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, señora presidenta.
Señor Alvira Duplá, en primer lugar, quiero agradecerle su presencia en
esta subcomisión y, además, el rigor de su exposición, y sobre todo, la
valentía de entrar en asuntos que usted mismo defendía como cuestiones de
fondo, y que necesariamente nos conmina usted a que podamos arreglar en
esta subcomisión y no quedarnos únicamente en otros aspectos a lo mejor
más fáciles para un pacto definitivo sobre educación.
Partía usted del artículo 27, de ese primer consenso que ha habido en este
país, y comentaba que ha sido consolidado en distintas sentencias
judiciales e interpretaciones realizadas por el Supremo, pero también es
verdad que el artículo 27 tiene unos grados de interpretación con unos
importantes márgenes de variabilidad y, de hecho, muchas de esas
sentencias apoyaban no tanto un artículo 27 como la legislación que
desarrollaba ese artículo 27 o las lagunas que esa legislación mantenía.
Un ejemplo claro lo tenemos precisamente -lo comentaban los compañeros-
en los colegios que segregan por sexos en cuanto a que las sentencias no
estaban tanto basadas en el artículo 27, sino en las leyes posteriores
que no lo impedían. De hecho, hubo una rectificación de un artículo de la
Lomce para que estas subvenciones no quedaran dentro de la ilegalidad, en
el más suave de los casos en la legalidad o, por ejemplo, aquellas que
permitían ceder suelo público para colegios privados. En consecuencia,
pensamos que el artículo 27 necesita un segundo consenso. Ese es
realmente el trabajo de esta subcomisión y el trabajo de este pacto
educativo, social, político y territorial.
Repito que le agradezco que entrara directamente en cuestiones de fondo,
aunque lamento particularmente que no haya tenido tiempo para entrar en
otras cuestiones que me interesarían mucho por la experiencia pedagógica
de los centros y por el número de profesores y alumnos que están bajo su
cargo: problemas pedagógicos, organizativos, curriculares, etcétera. ¿Qué
opinan ustedes de la arquitectura del sistema educativo? ¿Creen que está
bien hecha o no? ¿Creen que el bachillerato está cumpliendo con las
funciones que tenía? ¿Ustedes entienden que debemos seguir con la
enseñanza comprensiva? ¿Es preciso realizar elecciones forzadas que a
veces evitan la reversibilidad de estas decisiones en los alumnos?
¿Cuándo debieran iniciarse estos caminos, en caso de haberlos? ¿Deberían
ser siempre reversibles? ¿Le parece que habría que revisar los diseños
curriculares? Yo lo estoy resumiendo en una frase: enseñar menos para que
los alumnos puedan aprender más. ¿Qué les parecen a ustedes las
revalidas? ¿Qué les parecen las evaluaciones externas cuando sirven
además para quitar títulos al alumnado, volviendo a épocas anteriores al
año 1970, cuando ya Villar Palasí recriminaba el uso de estas pruebas
para que de cada cien alumnos solo veintisiete llegaran con diez años al
bachillerato y solo tres acabaran la universidad?
Vuelvo al artículo 27 que nos habla del derecho fundamental a la
educación. Es verdad que nosotros reconocemos que también está en el
artículo 27 la facultad de los padres a elegir el centro. Pero entendemos
que esa facultad se agota con la solicitud que cubren cuando solicitan
los centros, y en esa solicitud ponen qué colegios tienen como
preferencia. Sería un absurdo pensar que, si todos los padres ponen el
mismo centro, todos puedan llevar a sus hijos a ese centro. Como lo
absurdo no puede darse, estas facultades obviamente están cubiertas con
las solicitudes que los padres hacen. No es que tengan derecho a recibir
una plaza en un centro concreto que ellos piden, sino a que las
solicitudes que hagan sean tratadas con criterios razonables y objetivos
-en esto coincidimos-, sea tanto en un centro concertado como en un
centro público; es decir, en todos los centros sostenidos con fondos
públicos.
Usted decía que se dicen cosas de los centros concertados, pero a veces
son ciertas. El consejero de Educación de Galicia siempre dice que las
ratios en Galicia de número de alumnos por profesor son muy bajas. Es
así, porque entran todas las escuelas rurales y se rebajan las medias,
pero en los grandes centros urbanos las ratios de alumnos por profesor
son irreconciliables con una educación de calidad. En cuanto a las
estadísticas que usted manejaba respecto al número de inmigrantes y de
alumnos con necesidades especiales, le puedo decir que estudios rigurosos
-no hay que buscar mucho- dicen que los porcentajes son mucho más
elevados en la red de centros públicos que en la red de centros
concertados. Ustedes saben
que, igual que se habla de un currículum oculto en la enseñanza, también
hay criterios ocultos -aunque decíamos que los criterios para conceder
una plaza a un alumno deberían ser razonables y objetivos- que son tan
reales como la vida misma. Por ejemplo, como antes le decía, si pueden o
no pagar las cantidades que les piden, porque, si no las pagan, quizá
quedan mal con el resto de los padres o sus hijos pueden quedar marcados.
A lo mejor esa selección que no se hace viene dada porque en la
concertada no existen los profesores de pedagogía terapéutica pagados por
el Estado o, como usted comentaba antes, por las ayudas de comedor,
etcétera. Estos son elementos que al final creemos que están sirviendo
para hacer una segregación socioeconómica del alumnado, por no decir que
la mayoría de los centros concertados están en las grandes urbes, donde
hay posibilidad de alumnado, y nunca en otros sitios. Repito que hay que
hacer todas las excepciones del mundo y salvar a centros concertados que
me consta que están haciendo una labor magnífica en sitios donde son
necesarios y donde a veces no llega ni siquiera la enseñanza pública.
En concreto, por seguir con sus cuestiones de fondo, le preguntaría si
estaría usted de acuerdo con que hubiera controles efectivos, así como
soluciones efectivas, para que esos criterios ocultos de selección no se
dieran y pudiéramos tener una homogeneización del alumnado en la red
conjunta de centros sostenidos con fondos públicos.
Por lo que se refiere a la religión, usted y yo hemos hablado más de una
vez ya, cuando estábamos aquí debatiendo la Lomce. Usted conoce tan bien
como yo el informe que en su día hizo el filósofo francés Régis Debray
sobre la cuestión del hecho religioso. Como antes decía el compañero Joan
Mena, en ningún caso vamos a negar la enseñanza del hecho religioso. Yo
quiero la enseñanza de religiones en la escuela y mi grupo desea que esté
ahí, porque sería imposible una formación completa si el hecho religioso
no está bien ponderado en los currículos escolares y en las diversas
materias. Es verdad que luego podríamos decidir si esto debería darse
transversalmente en todo momento o si debe haber una materia propia
optativa en algún curso, por ejemplo historia de las religiones, pero esa
decisión sería un elemento más accesorio. Yo le preguntaría si usted, que
conoce además otros países -me consta que ha estado en centros de
Francia-, cree que un sistema como el francés rechinaría demasiado en la
sociedad española actual. Es decir, si cree usted que un sistema en el
que la enseñanza confesional -no la enseñanza de las religiones, sino la
enseñanza confesional- queda fuera del currículum del horario escolar
-como en Francia, que se da los miércoles por la tarde- rechinaría
demasiado en nuestra sociedad o sería un elemento de pacto, de tal forma
que pudiéramos cerrar un poco esta discusión que existe sobre algo que no
tiene demasiado que ver con el fracaso y el abandono escolar pero es un
elemento de fondo en el debate educativo de este país.
Veo que me estoy excediendo en el tiempo. Simplemente le agradezco a usted
su intervención. Será un placer volver a leer con más calma el discurso
que usted nos ha ofrecido esta tarde y, si es posible, esperemos que
tenga tiempo para contestar a nuestras preguntas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Alvira, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario
Popular a esta Comisión y agradecerle sus palabras, su completa
intervención, que arroja luz sobre una de las cuestiones que tendremos
que abordar en este pacto de Estado social y político por la educación.
Creo que una de las cuestiones de la que hemos sido testigos los miembros
de esta Comisión, a lo largo de toda la tarde, con las anteriores
intervinientes se refiere precisamente al pacto, a la voluntad de pacto.
Yo puedo decirle en nombre del Grupo Parlamentario Popular que la
voluntad de pacto y de acuerdo es inequívoca. Vamos a trabajar hasta el
último día para limar las posibles asperezas y para limar los puntos de
conflicto que puedan existir entre las diferentes formaciones políticas,
y que lógicamente también existen dentro de las entidades, asociaciones y
supongo que entre los expertos que comparezcan en el futuro en esta
Comisión. Lo que para nosotros no es viable en el pacto es revisar
derechos adquiridos y acuerdos ya consolidados y, desde nuestro punto de
vista, el artículo 27 resulta absolutamente fundamental, porque es un
consenso marcado en el texto constitucional y, además, es un consenso que
el legislador quiso incluir dentro de un capítulo fundamental de la
Constitución: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
-Título I-. No en cualquier título, sino en el Título I, capítulo: De los
derechos fundamentales y libertades públicas. Luego, no estamos hablando
de cualquier precepto, luego, tenemos que partir del respeto a ese
precepto si queremos consolidar un pacto a futuro.
Usted ha hecho referencia a la jurisprudencia y, efectivamente, la
jurisprudencia es cuantiosa porque a lo largo de estos años las sucesivas
leyes educativas -la propia Loece, la LODE, etcétera- han visto
diferentes recursos ante el Tribunal Constitucional, que además ha
permitido aclarar determinados aspectos que emanan del artículo 27, entre
ellos el artículo 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que es
muy claro a este respecto: los padres o tutores legales tienen derecho a
escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
Por tanto, a nuestro juicio, replantearnos no solo el marco
constitucional, sino las diferentes sentencias en relación con la propia
existencia de la libertad de enseñanza es un absoluto error. Si lo que
queremos es replantearnos cuarenta años de democracia y de derechos ya
adquiridos en relación con la educación, creo que partimos de un
planteamiento erróneo para llegar al acuerdo. Nosotros no lo escondemos,
creemos en la libertad, creemos profundamente en la libertad de
enseñanza. Somos conscientes de que la libertad a día de hoy en
determinadas cuestiones presenta dificultades. Aquí se hablaba en otra
sesión de si la libertad era plena, por ejemplo, en aquellos centros que
se instalan en zonas rurales, donde los padres tienen un margen limitado
de elegir, si no es ínfimo o imposible. Es una realidad que existe, que
tenemos que abordar, y superar y trabajar para que esa libertad llegue a
ellos. No tenemos que tener miedo a la libertad. Tenemos que romper
determinados tópicos que envuelven a la escuela concertada. Usted ha
hecho referencia a algunos de ellos.
Respecto al alumnado inmigrante, en esta sala decía esta misma tarde el
secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, que la zonificación de la
escolarización provoca guetos, y nosotros estamos de acuerdo. La
zonificación es un mal recurso para la libertad, pero también es un mal
recurso a la hora de integrar. Esa es la realidad. No hay más que vivir
en una gran ciudad para saber a qué colegios acuden los alumnos
inmigrantes. Le puedo garantizar -por propia experiencia, y usted lo
sabe- que, en determinados distritos de Madrid -supongo que ocurrirá
igual en Barcelona- hay centros concertados que tienen más de un 50 % de
alumnado inmigrante, quizá algunos más del 60 %, y por una sencilla
razón, porque son los centros más próximos a su casa y porque,
tradicionalmente, y hasta que se rompió la zonificación, junto con otra
serie de barreras referidas, efectivamente, a las becas de comedor, a las
becas de transporte y a otra serie de cuestiones que no afectan a la
enseñanza concertada, están limitando. Ese discurso en relación con que
el alumnado inmigrante no acude a los centros concertados se mantiene,
por tanto, con cierta hipocresía. Igual habría que romper barreras para
que ese alumnado pudiese elegir en igualdad de oportunidades, y en primer
lugar la barrera económica. Está claramente demostrado que las
posibilidades de integración y de acceso de esos alumnos se producen día
a día. Para nosotros, la libertad, además, es un derecho subjetivo; es
decir, no es un derecho de prestación. El hecho a que se reconozca
también la libertad de creación de centro deriva necesariamente del
derecho que asiste a los padres a optar por un centro y no por otro. Por
eso se pueden crear centros y por eso la propia Constitución garantiza
ese derecho de los padres y de las familias.
Respecto a la integración de los niños con necesidades educativas
especiales, vamos a hablar de libertad con mayúsculas. Tendremos que
hablar de financiación, y me gustaría que en eso expresase su opinión. Si
creemos en la libertad de todas las familias, con independencia de donde
residan, el lugar donde vivan, el lugar donde trabajen o el nivel de
renta, tendremos que financiar correctamente toda la educación. Y ahí
también está la escuela concertada, que tendrá que tener los apoyos
necesarios. Hay centros concertados que acogen y atienden
mayoritariamente y de forma extraordinaria a niños con necesidades
educativas especiales. La cuestión es si son suficientes, porque a
nuestro juicio no lo son. Tendríamos que extender esa posibilidad a otros
centros para que las familias puedan elegir. También hay centros
concertados de educación especial. ¿Qué hacemos con esos centros?
¿Acabamos con ellos, simplemente por los prejuicios con relación a la
escuela concertada? Creo que tenemos que romper ese discurso
absolutamente hipócrita. Me gustaría que usted nos diese su opinión al
respecto.
¿Cómo tendríamos que avanzar hacia una correcta financiación de la escuela
concertada? ¿Los criterios actuales son suficientes? ¿Las ayudas que
reciben los padres que optan por este tipo de colegios son suficientes?
¿Cómo ha evolucionado la demanda? Usted ha hecho una pregunta: ¿Qué
pasaría si se eliminase la escuela concertada y sus alumnos pasasen a la
pública?
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Voy acabando, señora presidenta.
¿Seríamos capaces de sostener económicamente esa situación, más allá, por
supuesto, del principio de libertad, al propio profesorado? También me
gustaría preguntarle, respecto al tema de calidad, cómo podemos conjugar
el carácter propio del centro con el derecho a la libertad y el derecho
que asiste a los
padres a elegir el centro que quieren para sus hijos. Nosotros pensamos
que se puede conjugar perfectamente, pero nos gustaría conocer su
opinión.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Moneo.
Para contestar a las muchas cuestiones, el señor Alvira Duplá tiene la
palabra por diez minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá): Les
agradezco que hayan planteado todas estas cuestiones, aunque es una pena
que no tengamos mucho más tiempo para hablar tranquilamente, porque esto
da para hablar mucho. Por lo tanto, pido perdón desde el principio si no
respondo a todas las cuestiones o me detengo más en unas que en otras.
Antes de responder a alguna pregunta en particular, querría recordar o
dibujar el programa en el que yo sitúo la escuela y la educación en
España. Soy consciente de que la España de hoy no es la de 1978. Soy
consciente del grado de secularización de nuestra sociedad. Lo sé, ¿cómo
no iba a saberlo? Me temo que a veces los que tienen que cambiar el
discurso son ustedes, porque da la impresión de que les gustaría hacer un
discurso como si estuvieran en 1978 o antes. ¡Ya sé que ha pasado el
tiempo! Sabemos el terreno en el que nos movemos. Y luego hay otra
cuestión y es que yo he planteado todo mi discurso en el terreno de los
derechos civiles. Por lo tanto, cuando me preguntan sobre el concordato,
en primer lugar, el concordato no existe; existen acuerdos. He pretendido
hacer todo mi discurso -quizá me he explicado mal o no ha quedado claro-
en el terreno de los derechos civiles y no he hecho alusión a la Iglesia
nada más que en unos momentos determinados, y ya dije que iba a hablar un
momento de la religión en la escuela. De manera que situemos bien las
cosas, a ver en qué terreno nos estamos moviendo. No he invocado para
nada ningún privilegio, no he invocado el concordato o los acuerdos con
la Santa Sede en ningún momento. Sí voy a responder a una cosa que me
chirría y es que a estas alturas todavía estemos hablando de que algunas
congregaciones religiosas están en la educación para hacer negocio; me
chirría. Usted sabe, aunque finja no saberlo, que estamos por otros
motivos, que no estamos ahí para hacer negocio. (El señor Mena Arca
pronuncia palabras que no se perciben). Otra cosa es que finjan no
saberlo y ese discurso les interese. Pero ya está bien, ese discurso ya
esta muy superado. Pónganse al día. Estamos en 2017 -que es lo que me
recordaba usted, y yo se lo recuerdo también, estamos en 2017-, vamos a
dejar ya discursos de otras épocas. A estas alturas decir que la escuela
concertada, la escuela católica, está para hacer negocio, no sé si a uno
le dan ganas de reír o llorar, pero desde luego es un discurso muy poco
serio.
En cuanto a las preguntas del señor Olòriz, quería decir que en muchas
cuestiones, tal y como las ha planteado, estaríamos de acuerdo. Por
ejemplo, ha dicho que le importa la escuela. A mí también. Ha hablado de
formación y educación en valores, no solamente en las disciplinas
académicas. Por supuesto, ahí estamos y me parece que en eso estaríamos
de acuerdo. ¿A la escuela concertada se le puede llamar pública, en el
sentido de que presta un servicio de interés público? Estamos en el
terreno de lo público, que es la formación en el terreno -como decía- de
la sociedad civil y, en este sentido, podría serlo. No se podría decir
que son centros públicos porque hay una cierta autonomía y, al final, yo
creo que las decisiones, a la hora de dirigir la escuela, pertenecen a la
entidad titular. En cuanto a que ejerce un servicio de cara a la
sociedad, podríamos estar de acuerdo.
La última de las preguntas que hacía se refería a la religión. Insisto, y
lo he dicho expresamente, en que he sido muy breve al tratar este tema
porque entiendo que no me corresponde exactamente a mí; yo voy a apoyar
esa presencia de la religión, pero no me corresponde a mí porque yo estoy
hablando en nombre de las escuelas católicas, y cuando se habla de la
presencia de la religión en la escuela pública puedo dar mi opinión, pero
no es el terreno en el que me muevo; quizá sean otros los que puedan
darlo. La argumentación fundamental para que la religión pueda tener su
puesto en la escuela me parece a mí que está en la relevancia que pueda
tener, como decía, para la formación; no en un acuerdo internacional, que
eso está ahí y hay que respetarlo. Se puede derogar, como todos los
acuerdos internacionales, pero mientras esté en vigor hay que cumplirlo.
Pero no me baso en ese acuerdo; me baso, sobre todo, en la relevancia
académica y formativa que puede tener la religión.
También ha dicho el señor Olòriz que debería haber un acuerdo en muchos
temas, que si hay un pacto debemos estar todos dispuestos a confrontar
nuestras posiciones, y yo creo que así debe ser. A nosotros nos parece
que habría una forma de salir de dudas para tener el panorama despejado
sobre la cuestión de la financiación, y es estudiar lo que realmente
cuesta un alumno de la escuela. Esto varía de unas
zonas a otras, pero se puede hacer un estudio. Es más, las leyes lo piden
desde hace mucho tiempo y nosotros somos los primeros que hemos pedido
insistentemente que se haga y se publique dicho estudio. Esto es algo que
nos gustaría, y de paso respondo también a la pregunta que me han hecho
por parte de otro grupo sobre qué pasos se podrían dar. Primero, hacer un
estudio serio sobre lo que realmente cuesta el puesto escolar y que la
financiación sea la que corresponde a dicho coste. Así nos evitaríamos
después otros problemas de aportaciones voluntarias, etcétera.
Efectivamente, un pacto educativo no es un pacto solo político sino
también social. Es más, pienso que en realidad debería partir más de la
sociedad -debería ser un pacto social- y que después los partidos
políticos acojan, refrenden, etcétera, recogiendo el sentir de la
sociedad. En eso estaría totalmente de acuerdo. Por tanto, los grupos
sociales interesados en la educación debemos colaborar a que ese pacto
sea posible y aportar nuestro punto de vista. Sé que me dejo algunas de
las preguntas que me ha hecho.
La señora Millán, del Grupo Ciudadanos, ha expresado el deseo de consenso
por parte de su grupo y en eso me parece que estamos totalmente de
acuerdo. Su pregunta concreta era cómo ha influido la Lomce en los
centros que yo represento. Yo diría que ha pasado muy poco tiempo de
aplicación de la Lomce como para sacar consecuencias definitivas. En
realidad, de implantación de la Lomce llevamos apenas dos cursos -en
algunos casos, ni eso-, por tanto, para mí sería precipitado hablar de
esto. Sí me gustaría desmentir algo sobre la Lomce que se repitió como
otro mantra, y es que la Lomce es la ley de la concertada. Yo pensaba:
que me digan de dónde sacan eso. Me parece que era uno de esos mantras
que se repiten y repiten.
Alguno de los asuntos más conflictivos de la Lomce se refería a las
reválidas, cuestión por la que también me ha preguntado el señor Meijón.
Pues bien, las reválidas en realidad no se han puesto en marcha. ¿Qué
pienso yo sobre las reválidas? Yo creo que el hecho de que la educación
se someta a pruebas de evaluación externa, como cualquier otro sector de
la sociedad, es bueno siempre y cuando sea para mejorar. Yo creo que la
evaluación es buena para que cualquier grupo, entidad, sector, pueda
mejorar. Lo que efectivamente sería discutible es que eso sea condición
para obtener los títulos, pero si una evaluación externa se hace para
conocer los resultados, analizarlos y que se puedan mejorar, yo no
tendría ningún inconveniente. Creo que es bien sabido de todos que la
educación es uno de los sectores más refractarios a las evaluaciones
externas. Muchos otros sectores sociales están más abiertos a que se
hagan evaluaciones externas, por tanto, yo no me opondría a unas pruebas
externas que sirvieran para diagnosticar y mejorar. En este sentido, me
parece que eso sería posible. Creo que la Lomce no ha influido muchísimo
más en la situación actual de la enseñanza porque, como digo, lleva muy
poco tiempo de implantación; en algunos cursos escasamente un año.
Me parece que he contestado a algunas de las cuestiones que ha planteado
el señor Mena, pero creo que no se puede decir que la única entidad
-estamos hablando de cosas muy serias- que en la historia ha perseguido
haya sido la Iglesia. ¿Que la Iglesia ha perseguido en algunos momentos?
Sí. ¿Que la Iglesia en el campo educativo -lo he dicho en mi
intervención- ha pretendido controlar y que eso hoy es inadmisible?
También. Pero decir que la única entidad que ha perseguido en este país
ha sido la Iglesia -que es lo que ha dicho- es demasiado fuerte como para
admitirlo o como para que yo lo deje pasar, y no voy a entrar en más
discusiones porque me parece que de lo que se trata es de que miremos
adelante, de que pasemos página respecto a muchas cosas y de que estemos
dispuestos a buscar un consenso y un pacto, pero estas afirmaciones no
son admisibles. (El señor Mena Arca: Señora presidenta, pido la palabra
por alusiones y para aclarar la cuestión).
La señora PRESIDENTA: Después.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá):
Insisto -creo que le he respondido al principio- en que el Estado español
no es católico. Por supuesto, ya lo sabemos. La laicidad de un Estado no
consiste en que tome opción por una postura antirreligiosa, vamos a ver
si nos aclaramos y además vamos a tener clara la terminología. El Estado
español es un Estado aconfesional, como lo puede ser cualquier Estado
moderno actual. Que la sociedad sea más o menos secularizada o laicizada
es algo que tendrán que determinar los sociólogos. Tendrían que hacer una
foto, al cabo de unos años otra, etcétera. Pero lo que sí es cierto es
que el Estado es aconfesional, y debe serlo, me parece muy bien. Ser
aconfesional quiere decir que no toma opciones en el terreno de la
religión, pero reconoce que lo religioso es un hecho presente en la
sociedad, no puede ignorarlo, y debe favorecer esa libertad religiosa
como cualquier otra libertad, no solamente reconocer que está ahí, sino
favorecerla como todas las otras libertades fundamentales. Favorecerla
quiere decir poner los medios para que eso sea posible, también en el
ámbito de la escuela, por qué no.
El artículo 27. Yo he citado varios países. Decía que estos acuerdos,
conciertos o algo parecido se dan en países de clara presencia religiosa
todavía. ¡No me dirá usted eso de Francia, que es un país que hace de la
laicidad un valor republicano a defender y que toda la sociedad defiende
en cualquier momento! No es así, no se puede decir que esto se dé en
todos los países o solo en países que tienen una tradición cristiana.
Ahora bien, si todos los países europeos tienen una tradición cristiana,
que la tienen en la base cultural e histórica, reconozcamos ese hecho
también como un hecho relevante. No solamente lo digo para sacar ventaja,
sino porque la sociedad, su formación, su cultura, sus tradiciones,
etcétera, vienen influidas por una tradición cristiana. Eso es cierto en
todos los países europeos, es innegable. No se puede decir que en este
momento son países donde la Iglesia tiene un papel preponderante porque
esto no es así. En Suecia no es así, en Francia no es así y se puede
decir lo mismo de muchos otros países.
La selección de los alumnos. Me ha dado unas cifras. Lo siento, pero mis
cifras y mis estudios serios -no los míos, los que yo he encargado y los
que conozco- no dicen eso. ¿Cómo se puede decir que el 92% obliga a las
cuotas? Lo siento, pero no. En los centros que yo represento, el 92% no
obliga a las cuotas. Si usted conoce alguno que obligue, denúncielo, y
probablemente yo seré el primero que le acompañe si es algún centro que
pertenece a mi asociación. Pueden decir lo que quieran, pero seamos
serios sobre los datos que manejamos. Sobre las cantidades, hay regiones
españolas en donde prácticamente en ningún colegio se solicita esta cuota
voluntaria, y ahí la media sería bajísima. No tengo los datos de la
media, no tengo hecho ese estudio, pero esas cantidades que ha citado no
son las que yo manejo ni las que corresponden a los centros de mi
organización. No me puedo entretener más, no le puedo sacar aquí un
estudio, porque no lo he traído.
La señora PRESIDENTA: Todavía le quedan tres minutos porque en su primera
intervención no ha consumido los treinta.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá): Se me
ha preguntado sobre las escuelas diferenciadas. Vamos a ver si nos
aclaramos. En nuestra organización no tenemos escuelas diferenciadas.
Punto. Podría pasar a otro punto y se acabó. Cuando habla de órdenes
religiosas, Opus, etcétera, no mezclemos. Vamos a ver si nos aclaramos y
utilizamos un lenguaje correcto. Primero, el Opus no es una orden
religiosa, pero aparte de eso los centros del Opus que usted ha citado no
están en nuestra organización. Por tanto, la pregunta no debe ir dirigida
a mí. ¿Qué opino sobre la escuela diferenciada? Yo opino que, en virtud
de la libertad de enseñanza, no habría inconveniente en que existieran
esos centros para que los padres que quieran los elijan en virtud de esa
libertad de elección, pero nuestra opción, la de los centros católicos
que represento, no es esa. Como digo, prácticamente todos -quizá hay dos
centros de los dos mil y pico, que además son centros pequeñitos- están
en régimen de coeducación. Por tanto, está clara cuál es nuestra opción.
Entiendo que la pregunta no va dirigida a mí.
Me preguntaba el señor Meijón sobre el sistema educativo. Requeriría mucho
tiempo hablar de qué opino sobre todas estas cosas. En cuanto a la
escuela comprensiva, por decirlo en pocas palabras, hasta una cierta edad
-en este momento en España es hasta los dieciséis en principio, hasta lo
que es cuarto de la ESO- está bien, pero me parece que en los últimos
años de esa etapa no está mal que empiece a haber ciertas
diferenciaciones, no muchas, pero que haya caminos e itinerarios diversos
para dar opción a alumnos que prefieren unos itinerarios a otros, sin que
sean itinerarios irreversibles, que no ocupen la mayor parte del tiempo
del currículum, etcétera. Sobre las reválidas ya he contestado. Son
muchas preguntas. Hablaba de controles efectivos sobre la admisión de
alumnos. Sí, por supuesto, debe haberlos -yo creo que los hay-. ¿Estaría
dispuesto a que los haya en los centros? Por supuesto, que haya
controles; yo creo que los hay, efectivamente. No habría ninguna
oposición por nuestra parte a que existan.
Hago una referencia a algo que ha mencionado también la representante del
Partido Popular, y creo que también el señor Meijón, sobre la presencia
en zonas rurales. Es cierto que en estos momentos los centros concertados
-y católicos, en particular- no están mayoritariamente en zonas rurales.
A pesar nuestro, muy a nuestro pesar. Nos hemos marchado de muchos sitios
sintiéndolo mucho, pero cuando en una zona rural va habiendo menos
población, que es lo que sucede en muchas zonas rurales de España, y hay
dos centros -imaginemos-, uno concertado y otro público y no hay alumnado
para todos, ¿qué es
lo que suele hacer la administración educativa? No conceder el concierto,
suspender el concierto con lo cual nos tenemos que ir. Esto es lo que ha
pasado en muchas zonas rurales. Ya nos gustaría estar en muchas zonas
rurales en donde hemos estado presentes -y de qué manera- durante muchos
años. No hemos abandonado por nuestro gusto las zonas rurales, unas zonas
en las que hemos estado, históricamente, muy presentes.
Respecto a lo que ha dicho la señora Moneo, hay varias cuestiones. Habría
que hablar de financiación, efectivamente, y para hablar de ello lo
primero que habría que hacer -como decía al principio- es ese estudio, lo
que realmente cuesta el puesto escolar y ser consecuente con eso para
garantizar la educación gratuita. (El señor Meijón Couselo: ¿El modelo
francés?). De hecho, me he olvidado de contestar a muchas preguntas,
ojalá pudiéramos tener tiempo para hablar de más cosas. El modelo francés
creo que es el modelo en el que, básicamente, se inspiró el modelo de los
conciertos españoles (El señor Meijón Couselo: Me refiero a la enseñanza
religiosa). Sí, la cuestión de la religión. En Francia, efectivamente, la
religión no entra en el currículo. Es decir, por una parte el modelo
francés de conciertos me parece que es absolutamente válido e interesante
y, como digo, es un país totalmente laico que financia la escuela privada
que quiere acogerse al régimen de contratos -como se llama allí-. Esa ha
sido una opción de Francia, eliminar la religión del currículo y su
presencia en la escuela, como está eliminada de cualquier ámbito público
en ese país. De hecho, hay ciertos signos religiosos que no se pueden
exhibir. Aquí es donde vienen las cuestiones polémicas ahora cuando esos
signos vienen de otra religión. Es un modelo en el que yo no estaría muy
de acuerdo; a mí me gustaría más un modelo en el cual pudiera estar
presente la religión en la escuela para el que la elija, para el que
quiera.
Por aclarar esto, yo no estoy en la escuela pública. Me he referido a la
religión en general y he sido breve porque cuando se habla de qué se
piensa de los profesores de religión, quien los nombra, etcétera habrá
que preguntar a quien corresponda. A mí no me toca, yo estoy
representando a centros privados concertados católicos, no a los
profesores de religión de la escuela pública. ¿Me explico?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alvira Duplá por sus
contestaciones. Le reitero que si alguna de las preguntas de las que
usted ha tomado nota cree que es interesante e importante para cuando
vayamos a trabajar, una vez terminadas las comparecencias, estamos a su
disposición para recibirlas con mucho gusto.
Señor Mena, usted ha pedido la palabra. Pero les voy a poner en
conocimiento de que en esta Comisión y en estas comparecencias por
alusiones no se debe de dar.
El señor MENA ARCA: No, por aclaraciones, no es por alusiones.
La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto.
El señor MENA ARCA: Menos de un minuto.
Lo decía porque creo que no he dicho que la Iglesia católica ha sido la
única entidad que ha perseguido porque estaría diciendo una barbaridad
histórica, pues precisamente en este país en el que hemos vivido una
dictadura que ha perseguido y que ha asesinado personas, decir eso sería
una barbaridad. Yo lo que he dicho es que la Iglesia católica ha
perseguido en este país, ha hecho una persecución. Simplemente, no es la
única entidad, por desgracia, porque hemos vivido históricamente muchos
procesos. Y si lo he dicho, si he dicho la única entidad quiero
rectificarlo también porque quiero que conste que, por desgracia, no ha
sido la única entidad que lo ha hecho.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE
ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (Alvira Duplá):
Gracias por la rectificación. Yo creo que lo que ha dicho -y he tomado
nota literalmente porque me ha chirriado mucho- es que es la única que ha
perseguido. Y no. La persecución no ha sido solamente en los últimos
años. Tenemos siglos de historia en los cuales ha habido persecución y
personas próximas a mí -no digo por motivos de parentesco sino por
motivos de creencias y de pertenencia a grupos- también han sufrido
persecución y de qué manera.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias de nuevo, señor Alvira Duplá.
Una vez terminadas las comparecencias, se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.
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