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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 137, de 02/03/2017
cve: DSCD-12-CO-137
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 137
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ
Sesión núm. 7
celebrada el jueves,
2 de marzo de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias por acuerdo de la Comisión de Educación y Deporte:

- Del señor presidente nacional de educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, miembro del Consejo Escolar del Estado (Gutiérrez Gutiérrez), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000261) ... (Página2)

- De la señora secretaria general del Sindicato de Estudiantes, SE, miembro del Consejo Escolar del Estado (García Rubio), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000262) ... (Página16)

- Del señor presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza, ACADE, miembro del Consejo Escolar del Estado (Núñez Velázquez), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000263) ... (Página30)


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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.

COMPARECENCIAS POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE:

- DEL SEÑOR PRESIDENTE NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (GUTIERREZ GUTIÉRREZ), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000261).

La señora PRESIDENTA: Buenos días.

Abrimos la sesión de la Comisión de Educación para celebrar tres comparecencias solicitadas por diferentes grupos parlamentarios. El primer compareciente es don Mario Gutiérrez Gutiérrez, presidente nacional de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que dispondrá de treinta minutos como máximo para realizar su intervención. A continuación, señor Gutiérrez, cada uno de los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantearle las cuestiones que estimen convenientes y, finalmente, volverá a tener usted diez minutos para contestar a las mismas. Les ruego que se atengan al tiempo establecido por respeto a los siguientes comparecientes, para no hacerles esperar.

Señor Gutiérrez Gutiérrez, tiene la palabra.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF (Gutiérrez Gutiérrez): Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados.

En primer lugar, quiero agradecer, en nombre del CSIF, la oportunidad que nos brindan para dar nuestra opinión sobre un proceso que llevamos pidiendo durante más de veinticinco años. No es otra cosa que la elaboración de una ley que, nacida de un pacto de Estado, corrija los errores y carencias de todas las leyes anteriores y, por supuesto, que proporcione esa estabilidad legislativa a nuestro sistema educativo que no hemos conseguido desde que en 1978 se instaurara el régimen democrático. Esta reclamación, que repito que llevamos haciendo desde hace más de veinticinco años, cobra ahora más urgencia que nunca, puesto que los errores se han ido acumulando a lo largo de los años por el paso del tiempo, y además por la actual ley orgánica que regula el sistema educativo, nuestra Lomce, que tiene una característica sorprendente: como el otro día comentaba en broma, de haber sido hecha a propósito parecería haber sido ideada por un genio sorprendentemente hábil, porque su característica ha sido aumentar todos los defectos de las leyes anteriores, eliminar las cosas buenas que tenían e introducir nuevos problemas en el sistema educativo. Vuelvo a repetir que de haber sido hecha a propósito se ha sido muy hábil, aunque resulta difícil creer que se pueda hacer tanto mal con una ley orgánica hecha a propósito.

A esta situación de carácter legislativo hay que añadir lo relativo a la rebaja en la educación, lo que popularmente llamamos recortes en educación. Todos los miembros de la comunidad educativa, sobre todo los representantes de los docentes, van a comentar esto y yo no voy a ser menos, aunque sea repetitivo. La subida de la ratio de alumnos, el aumento del horario lectivo, la pérdida de profesorado de manera alarmante, sobre todo en los primeros años, de 2010 a 2015, y el aumento del horario lectivo del profesorado, que impide las cuestiones de convivencia y de apoyo a la individualización de la enseñanza, tan importantes para una educación de calidad, han hecho que sea importante y urgente el proyecto de una nueva ley nacida del pacto educativo.

Para nosotros es muy importante que este pacto englobe todas las etapas educativas, también en el ámbito universitario, donde nos encontramos con unas claves económicas que hacen muy difícil que podamos mantener un sistema universitario de calidad. Por ejemplo, una rebaja en los presupuestos de las universidades de casi el 14%. La inversión pública en ellas se visto rebajada en un 17%, hay 7.111 trabajadores menos en las universidades españolas y la investigación -algo fundamental en una sociedad de progreso- se ha visto reducida en un 21% en la inversión pública y en un 47% la inversión privada, yéndose al traste muchos de los proyectos de investigación que podrían haber sido interesantes para la futuro de nuestro país. A todo esto, en las universidades la falta de oferta de empleo público nos lleva a la creación de figuras educativas de personal docente de la universidad de forma muy inestable, que impide su movilidad y su promoción dentro del territorio de nuestro país. Por estas cuestiones en nuestro país,


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tan dado al blanco y negro y a las luchas cainitas continuas, parece que la solución para nuestro sistema educativo es simplemente derogar o cambiar la Lomce y acabar con los recortes, y ya se acaban los problemas. No. Existen problemas latentes anteriores a todas estas cuestiones que CSIF viene denunciando, y nos haríamos un flaco favor si no los tuviéramos en cuenta a la hora de establecer una nueva ley orgánica. Los voy a enumerar poco a poco sin ser demasiado exhaustivo, puesto que el tiempo es limitado.

La calidad de la educación está en unos niveles que no creemos que sean adecuados para nuestro entorno económico y europeo. Más allá de los informes numéricos o del informe PISA, existen criterios anteriores que nos marcan que no estamos en el buen camino: la tasa de abandono escolar, la tasa de fracaso escolar y, sobre todo, la opinión general dentro de los cuerpos docentes de que la preparación de nuestros alumnos debe ser mejorada. Creemos que no podemos acometer esto sin tener en cuenta estas cuestiones.

La inestabilidad legislativa: siete leyes educativas en treinta y ocho años es una barbaridad. Los docentes, las administraciones educativas, los directivos de todos los centros en general y también la inspección educativa dedican más tiempo a implantar cada ley orgánica o cada ocurrencia política que al trabajo real en al aula viendo las dificultades de cada alumno y trabajando para conseguir mejoras en el alumnado. Se ha pasado el tiempo entre cambiar programaciones, los horarios y adaptar cuestiones y conceptos que el profesorado ni siquiera entiende porque estas leyes no nacen de ellos. Por ejemplo, cuando se ideó que había que evaluar por competencias, el 90% del profesorado no sabía a qué se estaban refiriendo ni que se decía cuando se hablaba de esto. Vuelvo a decir que no puede salir ninguna ley educativa sin partir de la opinión de los docentes.

El uso partidista de la educación en algunos casos es flagrante. Como no me quiero referir a casos de otros tiempos, e insisto en que la falta de oferta de empleo público desde nuestro punto de vista se ha utilizado de forma vergonzosa: las comunidades autónomas han negociado una oferta de empleo público para tensar al Gobierno o para intentar que el Gobierno haga sus deberes y, sin embargo, el Gobierno actúa de la misma manera chantajeando -por decirlo así- a los partidos políticos para que aprueben los presupuestos porque, si se aprueban los presupuestos, conseguirán grandes ofertas de empleo público. Este es un uso absolutamente partidista que no resuelve el problema real, que -vuelvo a repetir- es la falta de empleo público.

El desprestigio docente es claro y parte, sobre todo, de las administraciones educativas. Ha habido muchos comentarios sobre el absentismo laboral, sobre si cobran mucho o tienen muchas vacaciones, e insisto en que en muchos casos han salido de las administraciones educativas. Esto dice muy poco de la labor de los docentes, a pesar de su importancia social que nadie puede negar.

En cuanto a la convivencia escolar, más allá de los últimos casos periodísticos de acoso escolar, estamos hablando de lo que nosotros siempre hemos denominado violencia de baja intensidad. Esa falta de actividad normal en las clases que no puede salir nunca en el periódico porque no supone casos graves, ni tan siquiera casos que merezcan más allá de una pequeña sanción dentro del centro, impide una mejor calidad en la educación, llevar los contenidos a los niveles que se requiere y un largo etcétera, aparte de que estresan al profesorado y consiguen que esa convivencia no sea la mejor. Incluso hemos tenido datos de que esta -vuelvo a repetir- violencia de baja intensidad está subiendo a niveles universitarios, lo cual genera una gran preocupación.

Un problema que nosotros estamos identificando y que tiene ya índole europea -no solo se produce en España, aunque aquí también, por supuesto- es lo que hemos denominado la anglosajonización de la enseñanza universitaria. La idea de que los grados tengan que terminar con másteres, en muchos casos privados, con unos precios excesivos, es un modelo más anglosajón que continental, de manera que tenemos que fijar qué modelo queremos. Evidentemente CSIF apuesta por el modelo europeo, por el modelo que siempre hemos tenido de acceso fácil, o por así decirlo: que ningún alumno pueda dejar de estudiar por falta de dinero. Y por supuesto, quiero referirme a la baja estima que se tiene de la I+D+i en la universidad, un tema fundamental al que los países occidentales, sobre todo del norte de Europa, dan gran importancia.

Estos problemas tienen que ser acometidos; son problemas sobre los que CSIF lleva reflexionando durante mucho tiempo, y más allá de que llevemos razón o no, nosotros queremos desde el respeto dar aquí nuestra opinión y decir que todo el mundo tiene que tener presente que la ley educativa que esperemos que salga de aquí tiene que acometer no solo los errores que hemos dicho al principio, y que son los más flagrantes o los que nos tienen más alterados a todos, sino también estos, que están latentes desde hace


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más de veinticinco años. Por supuesto, nosotros exigiremos que más allá de las conclusiones que salgan de esta subcomisión, CSIF pueda plantear sus opiniones sobre el articulado de la propuesta de ley orgánica que salga de aquí, porque hoy vamos a dar ideas concretas o ideas generales y no podemos concretizar sobre los articulados que de aquí puedan salir.

Las propuestas de CSIF fueron planteadas en una campaña. A la vista de que todos -insisto, todos- los partidos políticos de ámbito nacional recogían en su programa electoral realizar una reforma a partir de un pacto de Estado por la educación, planteamos la exigencia de que esto se cumpliera. Nos pusimos manos a la obra con un grupo de trabajo serio, a partir de las opiniones de los profesionales, que estuvo trabajando durante el final del curso 2015-2016 y presentó dicha campaña en diciembre de 2016 en una rueda de prensa, campaña que ha sido llevada a todos los centros a partir de nuestro programa, que recoge las generalidades de lo que nosotros planteamos como CSIF respecto a un pacto por la educación.

Para nosotros el sistema educativo tiene que tener calidad, pero respecto a la calidad no sé por qué -bueno, sí lo sé; supongo que porque España es así- se contraponen como antagónicos dos términos que no tienen por qué serlo. Es decir, para que tenga calidad el sistema tiene que tener equidad pero también excelencia, y ningún docente considera esto antagónico ni tan siquiera que esté en contradicción. La equidad tiene que estar en el acceso, en una atención individualizada del alumnado, tiene que tener una adaptación de las enseñanzas a los intereses y capacidades de los alumnos, esto es, lo que todos entendemos como calidad de la educación. Evidentemente, los recortes, la subida de ratios o el aumento del horario lectivo impiden los términos de equidad y, por tanto, castigan mucho la equidad de la educación. Precisamente, a lo que más castigan los recortes es a la equidad en la educación. Pero también tiene que tener excelencia, tiene que apoyar a los que tienen mayores capacidades o mayores intereses y, por supuesto, el hecho de trabajar la equidad no puede en ningún caso lastrar a aquellos alumnos que tienen intereses para estudios superiores y niveles educativos por encima de la media.

Tiene que existir una estabilidad en la estructura básica del sistema educativo. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que un alumno y un padre, cuando el niño empieza su educación, tienen que tener claro -tiene que ser estable- lo que tendrá que hacer a lo largo de su vida para cursar cualquier estudio que tenga que cursar o que le interese. ¿Qué tiene que hacer cuando termine 6.º de primaria? ¿Qué tiene que hacer cuando termine 4.º de la ESO? ¿Qué prueba tiene que hacer para poder acceder a la universidad? Lo que no puede suceder es lo que ha sucedido este año, que no sé cómo calificar. Pero entiéndanme, cuando los alumnos de 2.º de bachillerato empezaron el curso, no sabían qué iban a tener que hacer en septiembre, cuando terminaran el curso, para acceder a la universidad. Perdónenme ustedes pero es un fallo del sistema terrible. Es más, el que está empezando 1.º de la ESO tiene que saber qué va a tener que hacer si quiere estudiar medicina, y tiene que saberlo ya. Por eso, es necesaria una ley educativa que mantenga esta estabilidad. Tienen que existir unos itinerarios que los alumnos puedan elegir -por supuesto, siempre revertibles- porque los intereses y las capacidades de los alumnos son muy diferentes. No podemos denostar a una persona por querer ser electricista, electrónico o médico; ninguno tiene que estar denostado por nuestro sistema educativo, todos tienen que estar bien amparados.

Un currículo básico de materias que estabilice las plantillas de los centros públicos. Es decir, nosotros establecemos que el currículo propio de cada materia tiene que ser adaptable, por ejemplo, las redes sociales tienen que ser reflejadas después en el currículo de la materia de tecnología -estoy poniendo ejemplos-. Lo que no puede suceder es que cada vez que se cambie una ley orgánica, aumenten las horas de Matemáticas, diminuyan las horas de Lengua o aumenten las de Geografía e Historia y disminuyan las de Música. Es decir, tenemos que establecer cuáles son las materias básicas que tiene que tener todo el sistema educativo de España para, a partir de ahí, tener unas plantillas estables y poder cambiar el currículo de las materias cuando esto tenga que ser así por la adaptación de las materias al progreso social. Esto, además, permitirá una mayor movilidad del alumnado dentro del país. Los últimos cambios educativos -lo que he dicho antes de la programación por competencias- e incluso todos los cambios que se han producido en el sistema universitario en los últimos años, estaban enfocados a permitir una movilidad dentro del entorno europeo de todos los estudiantes y, sin embargo, nos encontramos con que dentro del territorio español hay dificultades para que un alumno -voy a poner ejemplos cercanos porque alguno estará creyendo que me refiero solo a las lenguas propias, y no, no me estoy refiriendo a eso- que empiece 1.º de bachillerato en Castilla-La Mancha -región que está al lado de Madrid- pueda terminar 2.º en Madrid sin tener problemas. Perdónenme ustedes, pero eso es un error innegable.

La inversión tiene que ser equiparable a la media de los países europeos. Pero nosotros vamos más allá. Todos estamos de acuerdo en que la inversión educativa tiene que estar dentro de los márgenes


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europeos, por ejemplo, el 6% del PIB es una cifra mágica que ahí está. Pero nosotros no nos fijamos en la inversión del PIB y ya está, porque podemos hacernos trampas en el solitario; nosotros entendemos que se tiene que establecer cuáles son los gastos que tienen que estar cubiertos per se, es decir, cuáles son las ratios máximas que tienen que tener las clases, cuáles son los horarios lectivos que tienen que tener los profesores como mínimo, qué requisitos mínimos tienen que tener los centros educativos, qué especialistas tienen que tener todos los institutos, colegios, colegios de educación especial, institutos de FP, cuáles son los gastos que tienen que tener en laboratorio, en mantenimiento de centros, etcétera. Una vez que tengamos establecido todo esto, este será el mínimo que tendremos que gastar, no menos. ¿Por qué digo lo de la trampa? Porque nos encontramos que hay comunidades autónomas que defienden que tienen un mayor gasto educativo que la de al lado y, lo que hacen, es transformar partidas que en otro sitio tienen por ejemplo en bienestar social, es decir, el gasto de bienestar social lo meten en educación y parece que gastan más en educación. No, el gasto educativo es lo que he dicho. Hay ejemplos de comunidades autónomas que compran un ordenador a cada profesor y eso va en el gasto educativo; ahora bien, eso no es una inversión que nosotros entendamos que sea buena para la educación. Por tanto, esa cuestión tiene que estar clara, es decir, hay que fijar una inversión mínima y saber dónde tiene que estar gastado ese dinero y, a partir de tener cubierto lo mínimo, poder crecer.

Las especificidades de la educación son evidentes y, el profesorado, es un profesional funcionario que no es equiparable a otros funcionarios por su labor: tiene una atención directa, tiene un colectivo menor de edad; por tanto, sus funciones, sus derechos y sus condiciones laborales tienen que estar regidos por un estatuto propio, es evidente. Cada vez que se preocupa alguien de la calidad de la educación siempre se echa mano, como no puede ser de otra manera, del primer agente de la educación, que es el profesor. Unos dicen que tienen que tener una carrera docente, otros dicen que tenemos que trabajar en el acceso, otros que tenemos que trabajar en sus condiciones laborales; hay un largo etcétera, pero eso es coger de forma inconexa la solución, y la solución es que se entienda que la educación es un proceso y, por tanto, el educador también debe tener un proceso de carrera profesional a lo largo de su vida, y tiene que estar regulado en un solo documento, lo que nosotros llamamos estatuto docente, que regule cómo se accede a la Función pública, cuál tiene que ser la formación inicial, cuál tiene que ser su carrera profesional a lo largo de la vida, cómo tiene que evaluarse su labor, cómo tiene que ser retribuido, cómo puede o tiene que jubilarse y un largo etcétera. Todo eso tiene que estar regulado. Siempre lo hemos pensado, pero la crisis y los diferentes recortes y aplicaciones de la ley que se han acometido en diversas comunidades autónomas, lo han hecho mucho más importante, porque hemos visto cómo en un cuerpo nacional -porque los docentes somos todavía un cuerpo nacional y CSIF desde luego abogará por que sigamos siéndolo- son reflejadas y diferenciadas sus condiciones laborales dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos trabajando.

Por supuesto que se debe potenciar la enseñanza pública. Es la única enseñanza que llega a todos los pueblos de España; los colegios concertados o privados los habrá en algunas ciudades. Si hay algo de lo que peca la Lomce -hemos dicho ya muchas cosas, pero esta es una de las que más- es de ser, y yo así lo digo, urbanita: considera España como si fuera una gran ciudad y aplica lo que se puede aplicar en Madrid, por poner un ejemplo, a toda España. Evidentemente existen regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, que son rurales. La única educación que va a todos los pueblos de España es la educación pública y, por tanto, tenemos que potenciar esta por encima de otras redes. Tenemos un cuerpo docente magnífico, cualificado, a pesar de que sea desprestigiado, y no se puede en ningún caso dejar de lado a este colectivo en su función y, por tanto, tenemos que trabajar en la mejora de la educación pública. Por supuesto que CSIF, como sindicato profesional, que cumple el estatuto básico y la ley, no va a negar la libertad de elección de centro, que existe y está en la Constitución, pero no nos podemos hacer trampas y dejar que la libertad de elección de centros sirva como pretexto a algunas comunidades autónomas para un ahorro económico, puesto que todos sabemos que la enseñanza concertada produce un ahorro a algunas administraciones educativas. En consecuencia, lo que se ha hecho es progresar, es decir, Castilla-La Mancha tiene un porcentaje de concertación mucho menor que Castilla y León o que Madrid y no creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha no tengan ese derecho a la libertad de centro igual que Madrid, por ejemplo. La pregunta es: ¿De verdad es por la libertad de centros o es una cuestión meramente económica?

El reconocimiento social y profesional del profesorado es evidente que tiene que empezar a existir, luego tenemos que entender que el pilar fundamental del sistema educativo, el que va a poner en funcionamiento la ley que salga de aquí, el que está día a día con el alumno es, en primera instancia, el


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profesor. Siempre que se denoste lo que el profesor haga mal o su labor o se menosprecie su jerarquía dentro del centro educativo, al final va a repercutir en los alumnos, y el que no entienda esto es evidente que no conoce bien el sistema educativo. Creo que el que es profesor sabe que esto es así de claro, en consecuencia, tenemos que tener campañas de reconocimiento social y apoyo a las decisiones que los profesionales tienen que tener en sus centros.

La formación profesional es algo crucial en el sistema educativo. Las tasas de paro juvenil que tenemos en España son absolutamente inaguantables. Podemos considerar que todos los estudiantes tienen que acabar la universidad, etcétera, pero tenemos que ponernos en la realidad. Los intereses de los alumnos son diferentes y hay alumnos que quieren la formación profesional. Tenemos que tener una formación profesional de verdad y tenemos que decir una cosa que algunos olvidan: la formación profesional, para ser buena, tiene que ser cara, se tiene que invertir en ella. Los equipos tienen que transformarse continuamente, puesto que el modelo productivo va cambiando. No podemos tener, por poner un ejemplo, talleres de automoción que trabajen con bujías, porque los coches ya no traen bujías, pues todo eso es electrónico. Tenemos que ir transformando los talleres, y esto requiere una inversión continua en los equipos de formación profesional. No se puede denostar la formación profesional como si un universitario fuera un ciudadano de primera y un estudiante de FP de segunda. No señor, estamos hablando de personas que por diferentes intereses tienen distintos itinerarios a la hora de estudiar.

Nuestro sistema de becas tiene que partir de una cuestión básica: ningún estudiante puede dejar de estudiar por falta de dinero. Creo que eso resume cuál es el espíritu que CSIF tiene del sistema de becas. Ningún estudiante puede dejar de estudiar por cuestiones económicas.

Ya lo he dicho antes como problema y, por ello, tenemos que abordar la solución de la convivencia escolar. Para ello hay que partir de los profesionales de la educación, hay que trabajar con los proyectos que el profesional ve en los centros, hay que dejar de instar al profesor a que planifique la nueva programación porque se ha cambiado la ley educativa y que trabajen en lo necesario, en estas cuestiones que hemos dicho de convivencia escolar.

De la universidad solo vamos a decir someramente cinco pasos que tenemos que dar para llegar a un pacto educativo. Por supuesto, acabar con los recortes y acordar un modelo de financiación que estabilice la economía de las universidades y que no estén al amparo de la negociación de los presupuestos cada año con la comunidad referida o dependiendo de la inversión educativa o de los proyectos. Tenemos que tener un modelo de financiación claro: cuál es el modelo universitario y cuánto cuesta, y a partir de ahí tenerlo totalmente financiado. Hay que apoyar la investigación y ciencia realizando un mayor esfuerzo público en I+D+i, aprobar el estatuto de personal docente e investigador para que haya una estabilidad dentro del profesorado que pueda trabajar en investigación y, que los proyectos de carrera que el personal docente e investigador tiene, no solo tengan como mérito la investigación, pues la docencia es importante y tiene que ser valorada, con lo cual este proyecto de estatuto tiene que tener claro que la docencia es necesaria y muy buena para el futuro de nuestros estudiantes. Cuarto, hay que instaurar la carrera profesional de un personal que es muy necesario en las universidades, como es el personal de administración y servicios, que está totalmente denostado actualmente y, por último, mejorar el sistema de becas. Ya he dicho que ningún alumno puede dejar de estudiar por problemas económicos, pero también hay que trabajar en las tasas universitarias y precios públicos. Por ejemplo, en la última polémica que ha habido -es grande- del tres más dos o cuatro más uno -ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo- CSIF, más allá de criticar el tres más dos, si es verdad que es por homologarlo con el europeo, lo que dice es que el dos es tres veces más caro que los tres. Eso es lo que nosotros criticamos. Lo que pedimos es que los créditos de grado sean iguales que los de máster. Si esto se consigue, tendremos que tener un sistema universitario lo más homólogo posible a la Unión Europea, porque el mundo global viene queramos o no.

En conclusión, y para terminar, podemos decir que estamos, a nuestro entender, en un estadio de emergencia educativa. Si no actuamos ahora todos, incurrimos en lo que yo puedo denominar -perdónenme la expresión si es muy gruesa- un delito moral y ético -tampoco voy a decirlo de otra manera-, porque trasladaremos nuestras miserias a los alumnos y la sociedad se verá castigada en el futuro, y lo pagaremos todos al final. CSIF, como agente activo de la sociedad civil y representante del profesorado, que es el pilar fundamental del sistema educativo, exige que cumplan con su obligación para con sus ciudadanos, porque la política debe servir para solucionar los problemas y no se deben utilizar estos para los logros partidistas de cada uno. Es un clamor de la sociedad que hay que lograr un pacto educativo, y algunos no olvidaremos su incumplimiento en caso de no conseguirse. No hagan verdad la


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frase aquella de que los políticos son como los cines de barrio, que una vez que entran cambian de programa. Por tanto, exigimos, para empezar, que deroguen los recortes que durante un año de legislatura se podría haber conseguido y ningún grupo político ha presentado una propuesta para la derogación de estos reales decretos. También, que se llegue a un acuerdo para desbloquear la oferta de empleo público, que utilizan como chantaje político para sus partidas, porque recuerden que en esos juegos de rol que utilizan las fichas son ciudadanos, no son de plástico o electrónicas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gutiérrez.

Comenzamos con las intervenciones de los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Nogueras, por tiempo de cinco minutos.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias.

Muchas gracias por su aportación y su tiempo. Tengo solo dos preguntas. Ha hablado al principio de su intervención de la falta de actividad normal en las aulas que no trasciende a los medios. ¿Nos podría especificar a qué se refería? Segunda pregunta, también ha hablado del desprestigio del sector público relacionándolo con la libertad de centros. Estamos de acuerdo en que debemos defender y potenciar la educación pública pero, ¿no cree usted que esto se puede hacer sin desprestigiar la concertada y la privada? Al fin y al cabo, en los otros centros también hay buenos profesionales de la educación. Por tanto, ¿cree usted que deben y pueden convivir?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Nogueras.

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no está. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.

Gracias, don Mario Gutiérrez, por su intervención. La verdad es que usted ha dicho algo que me ha hecho reflexionar y es que de estos últimos veinticinco o treinta años de diferentes reformas lo peor -lo peor y no lo mejor- está representado en la Lomce; lo peor y no lo mejor, pero tampoco como un hecho aislado, sino como el resultado de intervenciones en forma de ley que siempre han sido más o menos parciales, que no han buscado un consenso general. A los miembros de esta Comisión esto nos sitúa en una enorme responsabilidad, porque no empezamos de cero, no es el momento -aunque tampoco se empezaba de cero- de la transición democrática, en que todo estaba por hacer -como decía el poeta, todo está por hacer y por tanto todo es posible-; ahora no es así, ahora hemos de ser conscientes de que -y todos los que intervienen representan una parte de este puzle que significa la educación en España- están consolidados determinados modelos, con todos sus problemas inherentes, y esta Comisión tiene que encontrar el medio para salir de esta situación. Y esto con la aplicación de la Lomce, la Lomce se continúa aplicando; cuanto más tiempo estemos discutiendo, más se consolidará la ley que, como usted decía, tiene lo peor y no lo mejor de las leyes anteriores.

Este es un trabajo de Hércules; yo miro a mi alrededor y digo: ¡Ostras! O somos supermujeres y superhombres o, ¿realmente somos capaces en esta subcomisión de trabajar en esto? Yo me conformaría con que esta Comisión sentase las bases del que ha de ser el pacto, porque no creo que podamos ir más allá. Por tanto, le pido que me diga cuál es para usted el componente de esta parte que llamaríamos el pacto social; el pacto social por la educación que considera su sindicato, y usted, con su experiencia, qué tendría que aportar. Porque el pacto por la educación es un trípode y el pacto social es una parte; luego está el pacto político -y esto sí que es hercúleo-, que tiene que poner de acuerdo a los que nunca se han puesto de acuerdo, y, finalmente, el pacto territorial, que ha de asegurar que lo que aprobemos entre todos se haga de la mejor manera, con equidad, pero también asumiendo las competencias que cada uno tiene por la estructura administrativa y constitucional que este país se ha dado. Por tanto, y a este respecto, sí que le preguntaría sobre qué hemos de hacer el día después. Usted es el séptimo -este número es un poco especial- de ochenta. Los primeros han tenido la valentía de venir aquí sin un esquema claro de lo que les pedíamos; ustedes han venido y han aportado lo que ustedes consideraban, pero el pacto social no es escucharles media hora. Por tanto, ¿qué propondrían el día después? Es decir, haremos estas ochenta comparecencias, ochenta y cuatro, noventa, no sé cuantas, luego nos tendremos que reunir -y esto también será complejo- y, finalmente, tendremos que ver qué sacamos como hoja de ruta


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-ya sé que esto de la hoja de ruta está muy devaluado, pero alguna hoja de ruta tendremos que tener para situar a los interlocutores-. No entendería un pacto político sin el ministerio, que ahora no está aquí porque no tiene que estar, pero algún día el ministerio tendrá que decir algo porque le competerá la ley. Asimismo, me han dicho que el Senado se encarga del pacto territorial, algo que tendremos que comentar, porque si el Senado es el que reúne a las comunidades autónomas, quizá nos tengamos que reunir con el Senado para ver cómo va. Lo digo con una cierta ironía porque como es la mañana de un jueves y hemos venido ex profeso, la ironía también nos ayuda a continuar viniendo, por ejemplo, el lunes por la tarde. Ya sé que todo esto no es solo de su incumbencia, pero sí que lo es en la medida en que todos los de aquí queremos que este pacto funcione; con escepticismo, ya lo saben mis compañeros, pero que funcione, y ustedes tienen que tener un papel importante.

Me he dejado por el camino al Consejo Escolar del Estado. Vienen comparecientes del Consejo Escolar del Estado, pero ¿dónde está, no el Estado, que ya sé donde está, sino el Consejo de Estado? En algún momento tendrá...

La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz, tiene que ir terminando.

El señor OLÒRIZ SERRA: Termino.

Mi grupo a este respecto les da un voto de confianza, y con esto acabo. Explicamos las cosas como las vemos; en veinticinco años no se ha podido hacer pero ahora habrá que hacerlo con la ayuda de todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor Gutiérrez, por el diagnóstico que ha hecho de la situación de la educación en España. Yo quiero matizar una cuestión. Cuando hicimos la petición de la subcomisión el Partido Socialista, el Partido Popular y mi grupo parlamentario una de las cosas que acordamos, por el volumen de trabajo que íbamos a tener en esta subcomisión, era posponer, que no evitar, el tema de la reforma de la universidad, que exige en sí misma otros ochenta comparecientes como mínimo. Lo digo como profesora universitaria que soy y por la experiencia directa que tengo en muchas de las cosas que ha planteado, con las que coincido.

Voy a formularle directamente distintas preguntas respecto de cuestiones muy concretas sobre las que me interesa mucho conocer su opinión. Ha hablado usted de que efectivamente la pérdida de empleo público -23.000 docentes- ha sido una gran pérdida, valga la redundancia, que está afectando a la calidad educativa del sistema. En este sentido, me gustaría preguntarle cómo valora usted las dinámicas que están teniendo en las comunidades autónomas en cuanto a esta subasta de empleo público, en el sentido de decir: No, yo me espero a sacar la oferta. ¿Cómo podríamos solventar este problema? En este mismo sentido, me gustaría que valorara las barreras que se están poniendo a la movilidad del profesorado como cuerpo nacional con algunos requisitos como los de lenguas propias. En concreto, voy a hacerle una pregunta directa sobre qué opinión le merece la situación de más de mil docentes en la Comunidad Valenciana que tienen encima ahora mismo la espada de Damocles, que pueden perder su puesto de trabajo por no haber obtenido un requisito lingüístico que se ha cambiado. ¿En qué medida estas barreras están afectando o podrían afectar a la calidad educativa de nuestros niños y de nuestras niñas?

Con relación al estatuto docente, las especificidades que usted propone y la necesidad de elaborarlo -nosotros coincidimos en esta cuestión-, más allá de que el estatuto tiene que contener el acceso, la formación continua y el acceso a la oferta pública de empleo, quisiera saber qué valoración hacen ustedes, como sindicato, de la propuesta que varios grupos políticos -y en concreto el mío- hacemos sobre un 'MIR' educativo, al estilo del MIR médico que tenemos en este país.

Con respecto al tema curricular, ha hablado usted de la necesidad de establecer unas materias compartidas, comunes, y que no se cambien, quería hacerle una pregunta sobre algo un poco del pasado, pero que a nosotros nos preocupa: ¿qué valoración hace usted del cambio que supuso la partición de la educación en primaria y secundaria en la Logse, que se pasaran los dos últimos cursos a la secundaria y que pasaran los niños de doce años a los institutos? Después de este tiempo, ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Cree que ha sido positivo o negativo? Me gustaría saber qué apuestas haría en este sentido, más allá del tema curricular, y también en cuanto a la estructura, porque tendremos que hablar de la estructura del sistema.


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Con relación a las desigualdades del sistema, que nos preocupan muchísimo, quisiera conocer qué propuestas harían ustedes no solamente para conseguir que las comunidades autónomas que están peor en los informes PISA puedan alcanzar a las mejores, sino también en una cuestión que afecta a la universidad y a la educación secundaria, que es el tema de la desigualdad en el acceso a la universidad en función de las comunidades autónomas. Sabe usted que las pruebas de acceso a la universidad no son homogéneas, que se corrigen a nivel autonómico y que la probabilidad de que un niño de Canarias acceda a carreras como, por ejemplo, Medicina es infinitamente superior a la que tienen los niños de Castilla y León, que tienen mejores niveles educativos. ¿Han pensado ustedes en cómo solventar estos problemas que ya no son solamente de inequidades dentro del sistema, sino de inequidades en el acceso a la formación?

Finalmente, con relación al sistema de becas -ha hablado usted de la universidad y a mí me nace también hablar de ella-, hay una polémica que han planteado algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid. Yo coincido plenamente en que el problema no es el 3+2, sino el coste del 2, pero me gustaría saber si usted coincide con las propuestas que han hecho algunos partidos políticos sobre la reducción de tasas, porque la reducción de tasas supone la reducción de ingresos a las universidades. Me gustaría saber si ustedes estarían de acuerdo con esta reducción de tasas o si ustedes plantearían una intensificación de la política de becas sin reducir las tasas para así no reducir los ingresos.

Muchísimas gracias. En relación con lo que ha dicho mi compañero Olòriz, espero que seamos superhombres y supermujeres y que consigamos, al menos, establecer las bases para tener un mejor sistema educativo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.

El señor MENA ARCA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Gutiérrez su presencia hoy y la aportación que nos hace en el marco de esta subcomisión. Yo quería hacerle una serie de preguntas enmarcadas en cuatro grandes bloques. El primero -que entiendo que es sobre el que ha enfocado una parte importantísima de su intervención- es la necesidad de aumentar la inversión educativa en el Estado español, como mínimo para equipararla a la media de los países de nuestro entorno, a la media de los países de la Unión Europea. En el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea pensamos que en torno al 6% de inversión educativa blindada por ley es un elemento fundamental; la inversión educativa no puede aparecer en un pacto por la educación pero luego desaparecer en una ley, que es uno de los peligros que podemos correr, siendo conscientes de que simplemente el hecho de aparecer en la ley tampoco obliga, por desgracia, a los Gobiernos a su cumplimiento. Yo vengo de Cataluña y allí tenemos una ley, la Llei d'Educació de Catalunya, que mandata a una inversión educativa del 6% y actualmente el Gobierno destina un 2,8% del producto interior bruto; con la ley diciendo lo que dice. Con lo cual, primero, querríamos saber qué opina el sindicato que usted representa sobre la inversión educativa blindada por ley y, segundo, cómo podemos hacer que ese reconocimiento de la ley se acabe convirtiendo en un mandato para el Gobierno que venga.

El segundo bloque, al que usted también hacía mención, tiene que ver con el estatuto docente. Yo pregunto, en relación con la estabilidad laboral o, por decirlo claramente, con la precariedad que hoy abunda en las aulas de nuestras escuelas, de las escuelas públicas pero también de las escuelas concertadas y sobre todo del sistema universitario, cómo podemos acabar con ella. Citaba usted como ejemplo el chantaje que está haciendo el Gobierno del Partido Popular con el tema de las oposiciones; ha habido presupuestos aprobados y muchas comunidades tampoco han convocado esas oposiciones, con lo cual el chantaje que están haciendo con lo más sensible de la sociedad, que son aquellos trabajadores públicos que deben garantizar la educación del futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, es bastante vergonzoso.

También querría que usted nos diera su opinión sobre los diferentes sistemas de selección del profesorado que hay en las distintas comunidades autónomas, sobre los decretos de provisión de plantillas para el personal interino y sustituto de nuestros centros educativos, para evitar que al final acabe siendo el director -la jerarquización de los centros educativos- quien se convierta en el gerente, en el jefe de recursos humanos. Queremos que se mantengan los principios de capacidad, mérito y publicidad que tiene que haber en todo sistema público. Le preguntaba la compañera de Ciudadanos, y yo le vuelvo a


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insistir, sobre qué opinión tienen ustedes sobre un posible 'MIR' educativo y si no entiende que un modelo parecido ya está en curso; es decir, el primer año de profesión de una persona que ha aprobado las oposiciones es evaluable por parte de las administraciones públicas; otra cosa es que se haga, que luego las administraciones públicas ejerzan la obligación que tienen como poder público de garantizar que hay ese primer año de prueba en todo profesor. Y, evidentemente, también querría saber su opinión sobre la formación inicial del profesorado.

El tercer bloque, que para el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es fundamental y fue seguramente uno de los elementos que motivó nuestra abstención en la creación de esta subcomisión, es cómo evitamos que este sea solamente un pacto político entre los diferentes grupos parlamentarios o entre las mayorías parlamentarias que hoy hay en este Congreso de los Diputados. Para decírselo claro, señor Gutiérrez, cómo derribamos las paredes del Congreso y hacemos que la comunidad educativa entre también en este pacto y en la futura próxima ley. Porque usted lo decía: el fracaso no ha sido que en los últimos treinta años haya habido siete leyes educativas sino que prácticamente ninguna de esas leyes educativas ha contado con el consenso de la comunidad educativa, cuyos integrantes son los que realmente tiene que aplicar luego la ley. Cómo puede ser que se apruebe una ley como la Lomce de espaldas al profesorado, que es el que luego tiene que hacerla realidad en las aulas, que es donde importa. No sé si ustedes tienen alguna propuesta para ver cómo podemos conseguir y garantizar que la comunidad educativa forme parte y sea uno de los agentes que hable de tú a tú con los grupos parlamentarios en ese futuro pacto y sobre todo en esa futura ley.

Y el cuarto elemento -y ya voy acabando, presidenta- al que quería hacer mención es que usted habla de la enseñanza pública. A nuestro entender tenemos un problema en el Estado español, que es una anomalía que sucede en pocos países de la Unión Europea: que el porcentaje de escuelas públicas y escuelas privadas está en torno al 60-40 y está demostrado por diferentes estudios de grandes pedagogos de la comunidad europea que cuanto mayor porcentaje de redes educativas públicas y privadas hay en un Estado más se resiente la cohesión social. Por tanto, nosotros le queríamos preguntar de qué manera podemos garantizar que en el Estado español haya una única red educativa que, por supuesto, no vulnera de ninguna de las maneras de principio de elección de centro que tienen las familias -así lo han dicho algunos tribunales en los últimos años- en el Estado español y si ese es un elemento que puede garantizar la cohesión social en nuestro país, que es también una de las obligaciones que deben tener un pacto educativo y una ley educación como la que pretendemos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz Trillo.

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias y buenos días, señora presidenta.

Señorías, señor Gutiérrez, compañero Olóriz, al séptimo no descansó, podríamos decir -al séptimo compareciente-, y como además viene ocurriendo que mis compañeros portavoces son tan atinados, prácticamente nos quedamos sin repertorio. Le han planteado ya las cuestiones fundamentales, lo cual me permite a mí incluso entrar en diálogo con el compareciente. Y empezaré por algo que me parece fundamental, aquello que entendía Gramsci como algo revolucionario, que es el optimismo, y yo creo que estamos obligados, casi condenados, por el carácter de representantes de esa sociedad. A veces parece que se intenta desligar nuestra condición de asistentes a esas salas de cine de barrio, ejemplo que usted ha puesto, de la de los ciudadanos a los que representamos. Creo que este pacto, como se ha dicho, y coincido en eso con el portavoz de Podemos, tiene que ser lógicamente un pacto social y, por supuesto, además de político, territorial, que era una de las cuestiones que ya se le ha planteado y que a mí particularmente y a mi grupo nos interesa que usted enfoque desde la posición como sindicato que tiene. Por cierto, aprovecho para agradecer su labor y la de sus compañeros; entiendo que la labor sindical, no solo en la enseñanza sino en cualquier sector de la sociedad, es imprescindible. En este sentido gracias por esa tarea y gracias también por la comparecencia.

Diría, abundando en esa confianza a la que usted hacía alusión y pensando también en una frase de Juan Ramón que él aplicaba al movimiento modernista, que definía como un movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza, que nosotros necesariamente, porque la sociedad nos está impulsando a eso, tenemos que generar un movimiento de entusiasmo y libertad hacia la educación. Yo, por esa condición de optimista, cuando repaso la historia de este país de los últimos treinta o cuarenta años -los que tenemos esa experiencia vital- pienso que podemos sentirnos medianamente orgullosos de la


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construcción no solo de un sistema democrático, sino de una educación. Usted es más joven que yo, pero seguramente recordará cómo era la educación en los años setenta y ochenta. En este sentido, esa propia capacidad de construir en esa dirección puede hacer buenas esas palabras de Juan Ramón de que este sea un movimiento de entusiasmo y libertad hacia algo tan deseado por la sociedad como necesario para el porvenir de España, que es la educación. Usted mismo ha puesto, como la mayoría de los comparecientes, los puntos sobre las íes -que son dos-: la calidad y la equidad. Por tanto, hay un punto de partida y, por supuesto, el respeto y la consideración -artículo 27 de la Constitución- del servicio público de calidad a partir de un derecho y de un bien común, como es la educación. El modo de impartirla será objeto de mayor o menor discusión, pero qué duda cabe de que es un servicio público y ese binomio de calidad y equidad me parece que serían unos buenos cimientos que todos compartiríamos.

En este sentido, y por ir ya a lo más concreto aunque ya le digo que se nos han adelantado los anteriores portavoces, teníamos interés en escuchar su opinión sobre el papel del docente, auténtico protagonista en esa sesión no de barrio, sino trasládelo usted a la Escala de Milán o al Teatro de la Ópera de Madrid; es decir, el papel del profesor es el papel fundamental, medular de la enseñanza, lo ha sido siempre y lo tiene que ser en una enseñanza del siglo XXI. Su opinión, por las características de su sindicato, nos importa; esa idea de estatuto docente o de carrera docente que se ha apuntado.

Por último, por ser más concreto pero no menos importante para nosotros, queremos saber su opinión -una cuestión relacionada con el día de hoy o, si quiere, el de ayer- relativa a las plantillas de profesores, esa abundancia de interinidad en la profesión. Ha hablado usted también de las ratios, etcétera. Estoy de acuerdo en que se puede solucionar y que no podemos admitir una coartada o un chantaje del Gobierno.

Termino, por volver al optimismo del inicio, diciendo que la propia sociedad, a través de algo tan relevante para una sociedad sana y en justa convivencia como es el ejercicio de la democracia, ha querido que la Lomce haya pasado a mejor vida. No era normal, usted lo ha dicho; nunca se ha hecho tanto daño en tan poco tiempo. Diez partidos políticos -todos menos el Popular- firmaron que esta ley había que derogarla en cuanto cambiara la composición de las Cámaras. Aquí hay un punto de partida -y perdóneme si quiero infundirle algo de optimismo en la sesión de esta mañana- porque nos parece esencial que agentes fundamentales en este pacto, como los sindicatos, sean también aliados en esta tarea que usted ha descrito al principio de su intervención y que es una demanda de la sociedad, que seguramente espera desde hace décadas.

Muchas gracias de nuevo por su comparecencia y por su trabajo en el sindicato.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero darle la bienvenida a esta Comisión, señor Gutiérrez, como representante de CSIF y agradecerle en nombre de mi grupo su intervención.

Ha expuesto usted en esta Comisión cuestiones verdaderamente interesantes, pero yo me voy a quedar en una afirmación inicial que ha hecho. Ha dicho que hay que corregir los errores y carencias del sistema educativo y llegar a una nueva ley fruto del pacto. Estamos de acuerdo. El sistema educativo tiene importantes carencias y hemos cometido importantes errores, sobre todo aquellos que hemos tenido responsabilidades de Gobierno, porque quien no las ha tenido evidentemente no se ha podido equivocar, pero también hemos acertado en muchísimas cosas. El sistema educativo español es uno de los sistemas educativos de mayor equidad; equidad en el acceso, quizá no en la salida, una de las cuestiones que tenemos que resolver. Por eso nosotros no partimos de planteamientos apriorísticos, sino que estamos dispuestos a asumir aquellas políticas que no funcionan y a potenciar las que sí. Las buenas políticas, aquellas que deben resultar no solo de las intervenciones del conjunto de la comunidad educativa, que por supuesto tiene participación en esta Cámara, sino también de los expertos que posteriormente intervengan y de las reflexiones de los diferentes grupos parlamentarios, son las que están basadas, en primer lugar, en evidencias y, en segundo lugar, en prioridades, y de prioridades vamos a hablar.

Mi grupo ha comenzado esta subcomisión estableciendo una prioridad, que además se refiere a su sindicato y a otros sindicatos: el profesorado. El profesorado constituye el factor crítico de cualquier reforma; es la evidencia más clara para la mejora del conjunto del sistema educativo y debe ser una prioridad para el pacto. Usted conoce de sobra los sucesivos informes McKinsey. Desde el año 2007 vienen evidenciando que el profesorado es el pilar fundamental sobre el que debe sustentarse cualquier reforma del sistema. Necesitamos un sistema educativo que permita conseguir a las personas más aptas


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para el ejercicio de la docencia, además debemos promover que esas personas tengan su desarrollo personal y profesional a lo largo de toda su vida laboral y que esto sea reconocido. Por eso le voy a plantear algunas cuestiones en relación con el profesorado. En primer lugar, el sistema de acceso. Algunos grupos parlamentarios han hecho referencia a ese sistema. Nosotros creemos que necesitamos un sistema de acceso de ámbito nacional que garantice la igualdad de oportunidades a todos aquellos que quieren dar el paso al ejercicio de la docencia. Creemos que ese sistema de acceso debe dar lugar a una formación; no solo ser el paso hacia la vida laboral sino a una formación a lo largo de toda la vida laboral. Y creemos que tenemos que establecer una verdadera carrera profesional. En este sentido, me gustaría que se pronunciara en relación con el tema de la dirección de centros, si tiene que ser un cuerpo o un paso más dentro de la carrera profesional. ¿Qué hacemos con la inspección? ¿Tiene que ser un grado dentro de la carrera profesional, tiene que tener acceso propio, formación propia, etcétera? Insisto en que si no acertamos en el tratamiento que adoptemos en las políticas de selección, de formación, de carrera profesional, por mucho que nos empeñemos habremos fracasado en todo lo demás.

Ha expuesto otra serie de cuestiones con las que estamos da cuerdo: la necesidad de unas enseñanzas comunes. Efectivamente. No dudo de la buena voluntad de las diferentes leyes educativas en relación con ordenar un currículo común para todos los alumnos, pero evidentemente existen las carencias y disfunciones que usted ha expuesto. Por tanto, creemos que dentro del pacto por la educación debemos garantizar de una vez por todas unas enseñanzas comunes para todos los alumnos con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan y el centro al que asistan.

Ha hablado usted también de inversión. No tengo ningún sonrojo en reconocer que desde mi grupo hemos pedido importantes esfuerzos al profesorado, fundamentalmente a lo largo de estos cuatro años. Efectivamente, el decreto del año 2012 supuso un punto de inflexión por el que se vio afectado el profesorado, pero también quiero recordarle que dos terceras partes de ese decreto están ya revertidas en referencia a la tasa de reposición -usted sabe que en los presupuestos del año pasado una tasa de reposición era del cien por cien-, en referencia a la ratio de alumnos por aula y en relación con las sustituciones. Por cierto, el problema de la convocatoria de plazas públicas no es una cuestión de chantaje, como han dicho algunos grupos, sino que es una cuestión de presupuestos y aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. La tasa de reposición del cien por cien se contempla en los Presupuestos Generales del Estado. Si queremos que la tasa de reposición sea del cien por cien, evidentemente España tendrá que tener unos presupuestos y aquí cada partido político debe asumir su responsabilidad. Otra cosa es que algunos quieran incumplir la ley; pero, si quieren cumplir la ley y quieren que haya oferta de empleo público, tendrán que aprobar los presupuestos y tendrán que asumir su responsabilidad y entonces se podrán convocar plazas. Tenemos una tasa de interinidad del 20% y nuestro objetivo es que esa tasa pase a menos del 8% y se puede lograr. Se puede lograr si todos trabajamos en la misma dirección en vez de fraccionar y hacer una política de minorías con intereses absolutamente partidistas y desde luego no en interés del profesorado.

Aquí se han hecho muchas reflexiones en relación con la Lomce y, como le decía antes, seguro que la Lomce tiene partes que podemos aprovechar, entre otras razones porque la Lomce contempla un 40% de la Ley Orgánica de Educación que aprobó el Partido Socialista y supongo que el Partido Socialista está dispuesto a defender.

Finalizo. Usted ha hecho una referencia a la enseñanza pública; por supuesto, es que la enseñanza pública es mayoritaria en este país y representa más del 75% de la educación en este país. Las mejoras del pacto por la educación han de hacer referencia fundamentalmente a la enseñanza pública. Pero hay otro capítulo que se llama libertad de enseñanza recogido en el artículo 27 de la Constitución española y los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, sea pública, sea concertada, sea privada. Es la libertad. Por cierto, una escuela monolítica y uniforme no garantiza la libertad y eso no lo han dicho algunos tribunales, sino el tribunal superior, que es el Tribunal Constitucional.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo.

Para contestar a las cuestiones planteadas, el señor Gutiérrez tiene diez minutos.

El señor PRESIDENTE NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF (Gutiérrez Gutiérrez): Hercúlea labor es la de contestar en diez minutos a todas las cuestiones que nos han planteado y más para una persona que es poco concisa -para qué nos vamos a engañar-, pero lo intentaremos.


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Empezando por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Nogueras ha preguntado qué es la violencia de baja intensidad. Violencia de baja intensidad es que yo intente responder a las preguntas y no me escuchen porque están hablando entre ustedes. No digo que esté sucediendo eso, estoy poniendo un ejemplo de lo que es violencia de baja intensidad. Perdónenme porque, dicho así, parece que les estoy regañando. Estoy diciendo que si aquí no me escuchara a mí mismo porque hubiera ruido permanente entre ustedes -es un ejemplo-, eso es lo que llamamos violencia de baja intensidad. O un niño que le pega un cogotazo a otro y eso hace que el funcionamiento de la clase no sea el correcto. No va a salir en el periódico que Pepe le ha pegado un cogotazo a Luis, pero eso no es lo que entendemos por un clima normal en clase.

Con mis palabras no he querido desprestigiar a la enseñanza concertada, ni mucho menos. La libertad de elección de centro está instaurada en la Constitución española y, mientras esté ahí, CSIF no va a decir que no se cumpla la Constitución. Es muy fácil entender cómo es esto. Es decir, hay que observar el nivel de concertación por comunidades autónomas y observar cómo algunas tienen el doble o el triple de concertación. Si fuera por la libertad de centros, supongo que el Tribunal Constitucional tendría que decir que las que tienen menos concertación están incumpliendo la Constitución, y no es así. Lo que he dicho es que algunas comunidades autónomas, con el pretexto de este artículo de la Constitución, conciertan por encima de la cobertura que el propio artículo puede dar a la libertad de elección de centros por una cuestión económica. Por ejemplo, un modelo sería, cuando ocurrió en la época de crecimiento demográfico o de crecimiento urbanístico, esperar a que venga una empresa privada a construirme el centro y ya que está construido el centro privado concierto con dicho centro para asegurar la educación gratuita y universal; y otro modelo es, si se crea una zona urbanística nueva, construir un centro público. Hay una diferencia; es lo mismo, pero no es igual, como decía aquel. Por tanto, estos son los dos modelos.

Nosotros creemos en un modelo en el cual las administraciones educativas garanticen la enseñanza pública en primer lugar, y después, si existe de verdad esa necesidad, ya veremos, pero, repito, Castilla-La Mancha y Andalucía están sobre el 20% en cuanto a concertación y Comunidad de Madrid está casi en el 50%. ¿Por qué esa diferencia? ¿Acaso en Andalucía o en Castilla-La Mancha no se está cumpliendo la Constitución y en Madrid sí? Yo creo que no, que se está cumpliendo perfectamente también en Castilla-La Mancha, porque existe esa posibilidad. Ahora bien, lo que no va a suceder nunca es que en un pueblo como Portillo de Toledo -de donde aquí hay alguna persona- se construya un centro concertado, porque no hay espacio para que ese colegio se construya, y en cambio sí va a haber un colegio público. Por tanto, si queremos de verdad equidad y garantía y que todos los ciudadanos puedan tener acceso y garantías de promoción a lo largo de su vida tiene que ser a partir de la educación pública. Esto es lo que he dicho. No menosprecio la otra enseñanza, simplemente mantengo lo que estoy diciendo aquí.

Señor Olòriz, la verdad es que me ha dado mucho trabajo (El señor Olòriz Serra: Para eso estamos.), pero nosotros hemos dicho ya de antemano que también queremos participar después en el articulado, en las partes que nos corresponden; no solo se trata de decirlo aquí todo en media hora. Si yo fuera capaz de solucionar el problema de la educación en media hora, perderían el sueldo muchos; además no soy ni creo que deba ser capaz de hacerlo. Yo pongo por ejemplo lo dicho por don Adrián Vivas, mi antecesor en el cargo, que el 3 de julio de 2013 intervino aquí expresando punto por punto lo que CSIF consideraba que podría o debería modificarse en la Lomce y criticaba ya todos los aspectos que estoy diciendo aquí. Por tanto, están las cuestiones de las que estamos hablando concretamente, qué tiene que hacerse con la educación artística, etcétera, pero es muy difícil que en media hora podamos expresar todo punto por punto. Para construir ese proceso de pacto social tiene que haber un camino diferente a las grandes líneas que ustedes marquen aquí. Está claro que si aquí se marca como necesaria la aprobación de un estatuto docente, supongo que los representantes del profesorado tendremos que participar en su elaboración. Además, no solo lo digo yo; en este caso, la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical dice que son los trabajadores los que tienen que negociar sus condiciones laborales. Por tanto, está claro.

La señora Martín me ha dicho que era muy largo meter también la universidad. Esto pasa desde hace mucho tiempo. Es cierto que es la primera vez que hay un verdadero movimiento dentro del Congreso para llegar a un pacto de Estado, pero algunos ya llevamos mucho tiempo trabajando por la calidad de la educación. Al principio, los de la universidad decían que los profesores de bachillerato o de secundaria llevaban poco preparado al alumnado a la universidad; los de secundaria decíamos que eran los de primaria, y los de primaria, que eran los maestros de educación infantil. Con el paso del tiempo uno se da cuenta de que esto no es verdad, que es un proceso continuo en el cual todo está mal.


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Voy a poner un ejemplo de por qué tiene que tener en cuenta a la universidad. Todo el mundo da por hecho -yo también- que el mundo va a globalizarse, repito, aunque no queramos -aunque no quieran, yo no puedo poner puertas al campo-, y por tanto es necesario que nuestros estudiantes aprendan inglés. Los políticos se dan cuenta de ese problema y dicen: vamos a poner enseñanza bilingüe. ¿Cómo? Yo qué sé, yo pongo aquí una placa y ya es bilingüe el centro. No, para poder ser centro bilingüe tenemos que formar al profesorado en ese bilingüismo, pero lo que no puede suceder es que las administraciones educativas formen a los docentes actuales en bilingüismo y las universidades sigan sacando graduados sin ser bilingües. El cambio tiene que ser global. He puesto este ejemplo como otros muchos. Yo creo que sin la universidad no se puede llegar a una verdadera mejoría de la educación en su globalidad porque la universidad está formando a los futuros docentes y acoge a los alumnos actuales de la educación primaria y secundaria. ¿Cómo podemos decir que vamos a mejorar la educación en su globalidad sin atender a la universidad? Creo que es un error.

Los problemas de la oferta de empleo público son evidentes. Aunque no estamos en la Comisión de Economía ni en la de Hacienda, se lo digo para que lo trasladen. La peculiaridad de la oferta de empleo público en enseñanza es única, porque la oferta pública en educación no crea ningún puesto de trabajo. Si hay cien profesores de matemáticas y se convocan veinte plazas de matemáticas, lo que sucede es que el año que viene habrá ochenta interinos más veinte en prácticas, pero van a ser cien los que trabajen. El capítulo 1, de gastos de las administraciones educativas, va a ser el mismo con oferta de empleo público que sin ella, por tanto, tasas de reposición o tal y cual... Yo creo que la única ley que está fijada es la Ley de equilibrio presupuestario, que no se incumple convocando oferta de empleo público entre los docentes. Repito, es algo que yo sé, y me consta que muchas consejerías de Educación regañan -entre comillas- con sus consejerías de Hacienda, y me consta también que parte del ministerio así mismo tiene esta discusión con el Ministerio de Hacienda. Esto es así.

Sobre lo de Valencia y Navarra, no podemos decir otra cosa más que nosotros tenemos denunciados esos decretos. ¿Por qué? Porque para nosotros la educación es un proceso en el cual tenemos que formar a los ciudadanos de forma crítica, de forma integrada, de forma intelectual, es decir, tener los mejores ciudadanos posibles porque son ellos los que van a cambiar la sociedad. Si queremos cambiar la sociedad a partir del sistema educativo -parece que es lo mismo pero no es igual, como decía aquel monólogo-, no es lo mismo educar a los ciudadanos para que estos ciudadanos después cambien la sociedad que querer cambiar a la sociedad desde al educación. Es diferente. Por tanto, no podemos más que estar en contra. Por cierto, nadie sabe cómo va a ser la sociedad dentro de veinte o treinta años porque los cambios sociales, por mucho que nos duela, no parten de nosotros, parten normalmente de la tecnología, y las redes sociales, la inteligencia artificial y todos estos temas que están viniendo y que no nos damos cuenta son los que harán una sociedad que, como dijo algún político famoso, no la va a conocer ni la madre que la parió. Creo que todos saben a quién me estoy refiriendo.

No estamos en contra del 'MIR' educativo. Solo pensamos que lo que no podemos permitir es que ese 'MIR' educativo signifique que durante equis años tengamos un colectivo docente que ahora son interinos cobrando la mitad de lo que cobran ahora. Es decir, si el 'MIR' educativo se establece sin perder las condiciones laborales actuales nosotros tendremos que estudiarlo y lo haremos. Ahora bien, si lo que queremos es decir: como estás en prácticas, en vez de cobrar lo que cobra un docente ordinario cobras la mitad... No. En el detalle está la verdad.

La señora PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, para la administración de su tiempo ya han terminado los diez minutos, pero todavía podemos darle algún minuto más.

El señor PRESIDENTE NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF (Gutiérrez Gutiérrez): Es por las preguntas. No quiero dejar a ninguno sin contestar, pero lo entiendo.

Sobre la Logse de octavo de EGB y primero y segundo de la ESO, yo creo que en su momento muchos padres e incluso algunos que aplicaron la Logse creyeron que a lo mejor deberían haber dejado esos dos años más en el colegio, pero volver para atrás hoy día es prácticamente imposible y creo que debemos darlo por hecho. Es muy difícil, no digo lo contrario.

En cuanto a las desigualdades en el acceso a la universidad, ¿qué voy a decir? Pues que estamos en contra y por eso planteamos que tenga que haber una mayor homologación por parte del Estado. Nosotros queremos que no haya ningún impedimento económico para la universidad. Si bajan la tasa o me pagan


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la diferencia, es un proceso que nos da igual. Lo que queremos es que ninguna persona deje de acceder por problemas económicos.

En cuanto a la inversión educativa blindada por ley -a lo que se ha referido el señor Mena, de Podemos-, simplemente he dicho que queremos que se asegure por ley lo que tiene que estar subvencionado. Si pone por ley el 6%, nos haremos trampas, es lo que he dicho. Por eso queremos que se ponga por ley cuál es la ratio, cuáles son los especialistas, cuáles son los requisitos mínimos y cada una de las condiciones económicas. A partir de ahí da igual si es el 6%, el 7% o lo que sea, porque si baja el PIB a lo mejor hay que poner más dinero del 6%.

En relación con el real decreto de acceso y a que se elija por parte de los directores, esto solo se hace en Cataluña. En los demás sitios hay una lista concreta que se publica por concurso de mérito y capacidad, y nosotros vamos a defender siempre esta vía.

El año de prácticas, tal como está establecido ahora mismo, sinceramente es un poco ridículo. Estamos hablando de que un interino, después de seis años de trabajo, aprueba la oposición y se le regulan las prácticas. Entonces qué ocurre, ¿que en los seis años anteriores no ha hecho nada?

Respecto a la formación inicial del profesorado qué le vamos a decir, que tiene que ser cambiante porque también cambian los procesos educativos. ¿Cómo podemos hacer que no sea solo un pacto político? Es que la ley tiene varios aspectos. Está la parte administrativa -la inversión, la estructura básica o el listado de materias básicas-, el estatuto de acceso, que tiene que ser hablado por los profesionales de la educación, y por último hay cuestiones como la metodología, la pedagogía u otro tipo de cosas, que tienen que estar pactadas por toda la comunidad educativa. Es decir, hay que ir a procesos y si queremos hacer todo a la vez, será imposible. De hecho, a medida que pasa el tiempo, la pedagogía cada vez se parte más y se apoya en cinco ciencias relacionadas con ella.

La red de centros únicos creo que es imposible porque existe libertad de creación de centros. Por lo menos la privada... Lo que no podemos entender -lo he dicho ya- es la utilización económica de la concertación.

El señor Díaz Trillo, del PSOE, me ha quitado el chiste. Iba a decir lo del séptimo día yo también, así que ya no lo puedo utilizar. Por supuesto que ha habido avances en la educación, pero no era el momento para decirlo; ahora tenemos que ser críticos porque lo que pedimos es una nueva ley. Simplemente por decir tres avances: el 100% de la tasa de escolarización prácticamente, el trabajo efectivo de la red de centros construida y que hoy día hay una red de centros mucho mayor que hace veinticinco años está claro.

El prestigio docente lo marca el CIS. Las profesiones más valoradas son profesor universitario, maestro de infantil y médico. Y cuándo preguntan: ¿Cuál recomendarías a tus hijos? Profesor de infantil y secundaria pasan a ser la octava y la novena. Creo que esa opinión de los españoles marca el prestigio que tienen los docentes, y no digo más.

En cuanto al optimismo, nosotros somos más optimistas todavía, con lo cual somos revolucionarios también.

A doña Sandra Moneo, del Partido Popular, en cuanto al tema del acceso y toda esta dificultad, solo le pregunto: ¿Las oposiciones a notario serían tan duras si un notario cobrara 1.500 euros al mes? Con eso creo que queda contestada la pregunta.

En relación con la dirección de centros, opinamos que, mientras que no sea un cuerpo, tiene que ser elegido por el claustro. También la inspección educativa tiene que ser un cuerpo profesional y no estar tan adjunto a la Administración como en muchos casos está.

En cuanto a la inversión educativa, es cierto que hay muchas cuestiones del real decreto que están derogadas y por eso somos críticos en muchas comunidades autónomas donde mantienen los recortes, a pesar de que, de hecho y de facto, están derogados en el real decreto.

La oferta de empleo público es el Gobierno el que tiene que liderarla. Yo, por ejemplo, sugiero que pueden llevar al Parlamento un proyecto de ley o una proposición de ley donde se diga que la tasa de reposición va a ser de un 150%, y luego ya cada uno de nosotros echaremos la culpa al partido que no lo cumpla. Pero si dicen que o me apruebas tú el presupuesto o no hay tasa de reposición, a lo mejor eso sí podemos entender que es un pequeño chantaje. Como, por cierto, por no dejar a nadie, también hay cierto chantaje por parte de las comunidades a la hora de negociarlo, a sabiendas de que no hay un argumento jurídico que mantenga esta cuestión.

Muchas gracias. Perdóneme, señora presidenta, pero me parecía de mala educación dejar sin contestar alguna pregunta.


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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gutiérrez.

Quedamos a disposición de que nos envíe cualquier documentación que luego, cuando terminen las comparecencias, nos pueda parecer de utilidad para los trabajos que tendremos que hacer en la subcomisión todos sus miembros. (Pausa).

- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (GARCÍA RUBIO), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000262).

La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la segunda comparecencia de este día 2 de marzo de 2017. Comparece ante todos nosotros doña Ana García Rubio, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, miembro del Consejo Escolar del Estado, a quien damos la bienvenida en nombre de la Comisión. Para su exposición doña Ana García Rubio tiene un tiempo de treinta minutos como máximo. Posteriormente los representantes de los distintos grupos parlamentarios intervendrán por cinco minutos cada uno para plantearle aquellas cuestiones que crean de su interés y, finalmente, usted tendrá diez minutos para contestarles.

Doña Ana García tiene la palabra.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): Buenos días a todos.

En primer lugar, queremos empezar dando las gracias a los compañeros de Unidos Podemos porque hoy, gracias a todo el apoyo recibido por su parte, va a poder ser escuchada en esta Comisión la voz de millones de familias trabajadoras que hemos sufrido las consecuencias de las políticas de estos últimos años que, por cierto, hay quien ha volcado todos sus esfuerzos en evitar que esa voz se oyera no solamente en esta Comisión sino en general.

Nos han pedido que demos una visión panorámica de cuál es el estado del sistema educativo y que hagamos propuestas para mejorar la educación. Para ser justos y rigurosos con lo que aquí se trata, lo primero que tenemos que decir es que lo que ha vivido la educación pública en estos últimos años ha sido un auténtico atentado contra el derecho al estudio y a la educación de las familias trabajadoras. Lo que hemos vivido ha sido un verdadero tsunami de recortes, de ataques, de leyes y decretos que han imposibilitado que la mayoría de las familias puedan acceder a la educación al nivel que nosotros entendemos. En la medida en que la mayoría de las familias no tenemos cuentas bancarias en Suiza y somos las que sufrimos el paro y las políticas antisociales del Partido Popular y la precariedad, entendemos que es muy importante que aquí se tome buena nota de lo que tenemos que decir.

Empezaré diciendo algo que me imagino que otros comparecientes ya han explicado aquí antes que yo -no es ningún secreto- y es que en los últimos cinco años la educación pública ha vivido los mayores ataques desde la caída de la dictadura. Esto ha tenido consecuencias dramáticas para millones de familias, aunque nos consta que a los que siempre han tenido de todo les da exactamente igual. En los últimos años nos han robado más de 9.000 millones de dinero público a la educación pública. En todo este tiempo, desde el principio hasta nuestros días, se ha argumentado que eran tiempos de crisis, que había que esforzarse, que todos íbamos en el mismo barco, que teníamos que apretarnos el cinturón pero la verdad es que parece que esto no era exactamente así. A la luz de los acontecimientos, parece que no íbamos todos en el mismo barco, que algunos iban en yates y otros íbamos en verdaderas pateras. Esa es la situación en la que nos hemos encontrado, como decía, en los últimos años y en la que nos encontramos ahora.

Para ser rigurosos, creo que es muy interesante hacer un breve repaso de lo que ha sido la evolución y a lo que nos hemos tenido que enfrentar desde que el Partido Popular llegó al Gobierno. Para empezar, podemos retrotraernos a abril de 2012, cuando se anuncia uno de los mayores recortes de la historia a los servicios sociales básicos. En ese mes, el Gobierno del Partido Popular anuncia un recorte de 10.000 millones de euros que se repartían entre 7.000 millones de euros que se recortaban a la sanidad y otros 3.000 millones a la educación. Un recorte de 10.000 millones de euros, qué casualidad, que fueron destinados a que Bankia fuera rescatada con dinero público. Esto no era más que el principio pero, desde luego, toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno del Partido Popular. De hecho, eran muy conscientes de lo que iban a llevar a cabo, tenían planes de mucho más calado para destruir la educación pública. Tan conscientes eran de la escabechina que iban a provocar que cambiaron la ley que


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entonces tenía unos mínimos para poder garantizar que los estudiantes tuvieran unos umbrales de calidad aceptables en sus centros. Me refiero a los límites que establecía el número máximo de alumnos por aula que había en ese momento. El PP sabía que era imposible, con los recortes que iban a llevar a cabo, que se cumplieran esos mínimos de calidad, ese número máximo de alumnos que la ley permitía y lo que hicieron, simple y llanamente, fue cambiar la ley. Por decreto se aumentó el número máximo de alumnos por aula, ni más ni menos, que en un 20%, llegando a permitir que en las clases de primaria, en vez de 25 alumnos, que era lo que había antes, hubiera 33 como máximo, y en secundaria se pasaba de 35 a 42 estudiantes por aula como máximo. O sea, lo que viene siendo meter a los estudiantes en auténticas latas de sardinas, con lo que eso implica para la calidad de la educación. Por supuesto, no éramos los estudiantes los únicos perjudicados, tenían para todos; también para los profesores tuvieron un regalo de los suyos y se les aumentaron las horas lectivas que tenían que cubrir, hasta veinticinco horas por semana. Pero esto solo fue el pistoletazo de salida de esta oleada de recortes y de ataques a los derechos de las familias trabajadoras.

Desde entonces hasta ahora ya conocen ustedes cuál ha sido la tónica: continuar, agravar, profundizar todos estos recortes, todos estos ataques hasta provocar lo que vivimos ahora, que es realmente una situación de emergencia social en la educación pública. Como decía, llevamos acumulados recortes en la educación por valor de más de 9.000 millones de euros y esto se ha concretado en algunas de las cifras que les voy a dar ahora, que creo que son más que clarificadoras. Hemos perdido a más de 30.000 de nuestros profesores; hemos sufrido un recorte de 200 millones de euros en becas; hemos visto como, prácticamente, desaparecían las ayudas a la atención compensatoria, las ayudas a libros de texto, las ayudas de comedor y también al transporte escolar. Hemos visto aumentadas las tasas universitarias en más de un 66%; hemos vivido el cierre completo de centros de estudio, de institutos; hemos visto también cómo unos centros se fusionaban con otros, es decir, en el caso de que hubiera dos institutos se juntaban en uno, con las graves consecuencias que eso tiene. También hemos vivido el cierre de facultades enteras y la expulsión de 100.000 estudiantes -que se dice pronto, es como un 10% de los estudiantes universitarios- de las aulas por no poder pagar unas tasas que son absolutamente imposibles para muchas familias. Hoy los estudiantes estudian en aulas completamente masificadas, como decía antes, como auténticas sardinas en lata, con instalaciones que en muchas ocasiones -y esto no es una expresión, es literal- se nos caen a pedazos encima. Vemos cómo las bajas de profesores no se cubren cuando, por cierto, hay miles y miles de profesores que son estupendos engrosando las listas del paro y que no encuentran un puesto de trabajo. Y hemos llegado a la situación surrealista que se produce cada vez más y en más centros, que es pedir a padres y madres que, por favor, aporten paquetes de folios y papel higiénico porque los centros no pueden afrontar ese gasto. Esto da medida perfecta de la situación en la que nos encontramos.

Hoy son más de 60.000 los estudiantes que estudian en barracones, que son, ni más ni menos, cajas de latón que en invierno son auténticas neveras y en verano sartenes al fuego. Estas cifras que les acabo de dar y que ya conocen son las que explican el fracaso escolar, porque sí que hay fracaso escolar, y no solo lo hay sino que ha aumentado. El Partido Popular ha querido disfrazar estos datos y ha querido engañarnos diciendo que lo que ha habido ha sido todo lo contrario, una mejora, una disminución del fracaso escolar, pero recientemente, al comienzo de curso, en el mes de septiembre, salía a la luz un informe que explicaba todo lo contrario, cómo la tasa de abandono escolar temprano -es decir, la gente que abandona sus estudios antes de finalizar la ESO- entre los estudiantes de familias con dificultades económicas no solo ha disminuido sino que se ha disparado al doble de la tasa media. Esto significa que se está expulsando por la fuerza a las familias que tienen más dificultades económicas y que provienen de contextos más difíciles. Este dato, por cierto, no es del sindicato de estudiantes ni lo digo yo, lo dice Save the Children, que no solo expone las consecuencias derivadas de todo esto sino que apunta con mucha claridad quién tiene la culpa de esta situación; dice que todo esto ha sido provocado por la Lomce y por las políticas clasistas y segregadoras del Partido Popular.

Como decía anteriormente, en todo este tiempo se nos ha argumentado que era un momento difícil económicamente, que había que apretarse el cinturón porque no había dinero suficiente y que, por tanto, todos teníamos que hacer un sacrificio. Pero eso de que no hay dinero salta a la vista que no es así y no hace falta estar muy pegado al mundo educativo; no hay dinero dependiendo de para qué. Para algunas cosas siempre hay dinero o se saca de debajo de las piedras, o mejor que de debajo de las piedras, de los bolsillos de las familias trabajadoras, que es de donde realmente se saca. En este tiempo, paralelamente a estos recortes tan salvajes en la educación, hemos visto cómo se han gastado 100.000 millones de


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euros en rescatar a la banca, por cierto, de esta suma, 42.000 millones de euros ya se dan absolutamente por perdidos, cifra que equivale, ni más ni menos, que al 4% del producto interior bruto, que es, casualmente, el presupuesto que actualmente maneja el Partido Popular para educación. No es ninguna casualidad. Todas estas cifras que doy -hablo de los regalos a la banca que se nos quitan de nuestra educación y nuestra sanidad- son sin contar las amnistías fiscales a las que grandes personalidades tan célebres como Rodrigo Rato o la familia Pujol se han acogido. Normal que el Partido Popular no encuentre dinero, porque entre lo que perdona a sus amigos, lo que regala a la banca y lo que otros se quedan por el camino es muy difícil ver de dónde sacar todos esos recursos.

Esta panorámica refleja que lo que ha hecho el Partido Popular en estos años ha sido ni más ni menos que saquear las arcas públicas para regalar a manos llenas el dinero de todos a sus amigos, a los banqueros y a los multimillonarios. Además, lo han hecho de forma absolutamente consciente y premeditada. Aquí no se trata de que no sepan cómo hacer, no se trata de que no sean capaces o que no tengan los recursos ni la capacidad para hacerlo, sino de un problema muy distinto. El problema es que saben perfectamente lo que hacen y se comportan como verdaderos señoritos en su cortijo cuando se encuentran al frente del Gobierno. Piensan que pueden hacer y deshacer a su antojo, y cuando se encuentran con que lo que quieren hacer es ilegal, lo que hacen es cambiar las leyes o cambiar a los fiscales que investigan los casos de corrupción o lo que haga falta y punto, no hay ningún problema, así se soluciona todo.

Hasta ahora solo hemos hablado de los recortes y de las cifras, pero hay que hablar también de toda la legislación educativa que en estos años se ha llevado a cabo, por cierto, de forma autoritaria y en contra de la voluntad de la mayoría, como así se ha visto en las movilizaciones históricas de la Marea Verde que ha habido en estos años. Lo que busca el Partido Popular no es otra cosa que establecer ese marco legal, que si no sirve lo cambian, para hacer válidos sus planes, apuntalar y legalizar los recortes que han llevado a cabo y hacer un trasvase de millones de euros a la educación privada concertada, es decir, a manos de la jerarquía de la Iglesia, que es quien posee en un 80% la educación privada concertada y para convertir la educación pública en un lucrativo negocio en vez de en un derecho para todos y todas; por cierto, exactamente igual que hacen con otros derechos tan básicos como el derecho a la sanidad o a una vivienda digna. El negocio es muy importante para el Partido Popular -eso salta a la vista-, pero también hay más cosas. Ellos preparan el futuro que quieren tener; no solo tienen una visión inmediata de poder hacer dinero, sino también una visión a medio plazo para preparar el terreno que quieren para los jóvenes de familias trabajadoras el día de mañana y para defender el modelo social que ellos entienden que es el mejor, el más justo, por lo menos el más justo para algunos; ese modelo en el que unos pocos viven como auténticos reyes, como auténticos marajás, a costa del trabajo y del sufrimiento de la mayoría. Y claro, para llevar a cabo este modelo social no encaja muy bien que las familias trabajadoras y los jóvenes normales que venimos de barrios humildes tengamos acceso a la educación, a la formación y a la cultura. Ese modelo social que nos quieren imponer es lo que motiva la puesta en marcha y la imposición autoritaria de sus leyes franquistas, como la Lomce. Ya sé que los señores del Partido Popular se incomodan mucho cuando decimos que la Lomce es una ley franquista, pero no pretendemos insultar con este calificativo, sino ser rigurosos y caracterizar exactamente lo que está encima de la mesa. Hay que llamar a las cosas por su nombre y tenemos que decir que es una ley franquista porque persigue devolvernos al estado en el que la educación estaba bajo la dictadura, en los años cincuenta, cuando solamente quien tenía dinero tenía garantizado su acceso a la educación, su derecho a poder estudiar, y todos los demás no tenían derecho absolutamente a nada. Y es que según esta lógica perversa, siendo consecuentes con el modelo social clasista que ellos defienden, es fácil comprender su táctica: para qué malgastar tanto dinero en dar formación a los jóvenes que viven en Carabanchel, en Aluche, en Vallecas, en Santa Coloma..., si lo que tenemos preparado para ellos son trabajos basura, la precariedad o el paro directamente. Para eso no necesitan ni carreras ni másteres, evidentemente. Para agachar la cabeza y decir sí al jefe no hace falta tener ningún tipo de formación, y esa es precisamente la razón de ser de la Lomce. Por eso se establecen itinerarios con los que se segrega a los que, según el Partido Popular, valen de los que no valen, a los que -en el lenguaje de la gente- vienen de familias pudientes de los que vienen de familias normales y corrientes, de familias trabajadoras que, por cierto, somos la inmensa mayoría. Por eso también querían imponernos las revalidas franquistas que nuestros padres y abuelos tuvieron que padecer bajo la dictadura y expulsar así a cientos de miles de jóvenes de familias trabajadoras por la vía rápida del sistema educativo. Pero no solo eso, con la Lomce también quieren acabar con la democracia de los centros, quitándole toda la voz a los claustros, a los padres y madres, a los estudiantes, y concediéndoles todo el poder a los


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directores elegidos a dedo por la Administración, como hemos visto recientemente en la Comunidad de Madrid. Con ese mismo ánimo de devolvernos a los oscuros años de la dictadura, le entregan cantidades ingentes de dinero a la Iglesia, y no solo eso, sino que también les entregan un púlpito privilegiado desde el que poder adoctrinar. Esto es muy grave porque precisamente lo que se hace es permitir que dentro de las escuelas públicas tengan una tribuna para poder defender cosas como las que dicen algunos de sus máximos portavoces. Tengo aquí algunas citas del arzobispo de Valencia, que se pregunta si esta invasión de refugiados es del todo trigo limpio. También dice este señor que hay que defenderse del imperio gay y de ciertas ideologías feministas. Dice también que no es comparable lo que haya podido pasar en unos cuantos colegios de Irlanda -refiriéndose al abuso sexual a menores- con los millones de vidas destruidas por el aborto. También dice que hay miles de vidas destruidas a través del ejercicio de la medicina cuando la medicina debería estar hecha para curar no para matar, refiriéndose también al aborto, lógicamente. Este señor, arzobispo de Valencia, llama a desobedecer las leyes de la ideología de género; dice que la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia es la ideología de género. No es el único caso, he cogido las citas de este hombre porque son muy aclaratorias, pero el arzobispo de Granada, por ejemplo, dice también que el aborto y el divorcio son los que promueven la violencia de género y recomienda un libro que se llama Cásate y sé sumisa. Esto es muy grave porque luego tenemos que oír cómo el Partido Popular se lamenta, llora lágrimas de cocodrilo y guarda minutos de silencio cuando hay mujeres asesinadas por la violencia machista pero, claro, tenemos que buscar los orígenes de esos asesinatos. Recientemente pude ver un video en el que una representante del Partido Popular, Cristina Cifuentes, salía haciendo gala de su feminismo, denunciando los micromachismos y supuestamente defendiendo los derechos de las mujeres pero, claro, luego se les olvida el feminismo en casa cuando a los pocos días de hacer ese video una mujer víctima de la violencia machista, con dos hijos a su cargo, era desahuciada y se la dejaba en la calle en la ciudad de Parla. Todas las medidas del Partido Popular rezuman franquismo y clasismo por todas partes.

Quería hablar también del decreto 3+2, porque pienso que es un ejemplo muy clarificador de estas medidas. Un decreto que lo que hace es encarecer a más de 20.000 euros por cabeza el coste de poder ir a la universidad, y no hace falta ser un gran economista para saber que son muchas las familias que no pueden acceder a estos costes. Por no nombrar el sistema de becas que aprobaron como a ellos les gusta, por decreto, que lo que hace es castigar a los estudiantes con más dificultades económicas, porque se penaliza a los estudiantes que por ejemplo tienen que trabajar y estudiar a la vez para poder ayudar en sus casas porque sus familiares están en paro o simplemente tienen que trabajar porque, si no, no pueden pagar las tasas desorbitadas que existen hoy en día. Estos son los jóvenes castigados por este sistema de becas. En cambio si tienes dinero, si tu familia tiene dinero, la realidad es muy distinta; da igual que saques un 1, un 2 o un 3 o lo que quieras porque a golpe de talonario podrás llevar a cabo todos los estudios que quieras. En cambio, a los estudiantes que tienen que trabajar, a los estudiantes que pasan por auténticas situaciones difíciles económicamente se les echa con un portazo en las narices de la universidad.

En todo este tiempo, al PP le ha gustado mucho y ha recurrido constantemente a decir que lo que quieren hacer con la educación es fomentar la excelencia, la cultura del esfuerzo, pero parece ser que la cultura del esfuerzo para el Partido Popular se mide de forma muy distinta en función de quién sea el sujeto de ese esfuerzo. Nos hablan de cultura del esfuerzo para justificar las medidas que excluyen a la mayoría de las familias de la educación superior como si no merecieran ir a la universidad, como si los jóvenes de familias en paro no se esforzasen lo suficiente, o como si los estudiantes que tienen por ejemplo dificultades de aprendizaje o dislexia y están en aulas de 40 alumnos tampoco se esforzasen lo suficiente porque no lo consiguen superar; o los estudiantes que se quedan sin plaza en la formación profesional que tanto defiende el Partido Popular -que la tienen en una auténtica ruina- tampoco se esforzasen; esos que nos consiguen esa plaza, que por cierto se cuentan por decenas de miles, es un caso gravísimo. Incluso hemos tenido que llegar a oír cosas como que la culpa no solo es nuestra sino también de los profesores, que son unos vagos, y también culpa de nuestros padres, que se desentienden y pasan de todo. Es increíble que tengamos que escuchar este tipo de afirmaciones constantemente y es un completo insulto, no solamente porque estos jóvenes y estas familias por supuesto que se esfuerzan -es difícil medir todo el esfuerzo que realizan-, sino que es un completo insulto cuando tenemos que ver el esfuerzo de los grandes hombres y mujeres del Partido Popular; cómo se esfuerza Rodrigo Rato, cómo se esfuerza Rita Barberá, cómo se esfuerza Francisco Granados, Lucía Figar, Ana Mato... Podría estar aquí hasta mañana por la noche diciendo todos los cargos del Partido Popular imputados por casos


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de corrupción. Todos esos que se esfuerzan mucho o lo que el Partido Popular llama espíritu emprendedor. O mejor todavía, ya que estamos en una Comisión de Educación, el esfuerzo del exministro Wert, que ya saben ustedes que quería españolizar a los estudiantes catalanes, el exministro que solo tiene el mérito, por decir algo, siendo irónica, de haber destruido la educación pública y al que el Partido Popular ha premiado con un retiro dorado en París, por supuesto pagado del bolsillo de todos y de todas, donde vive en una casa de 500 metros cuadrados que cuesta 11.000 euros al mes, lo que no tienen muchos estudiantes para poder estudiar -sin contar, por supuesto, los sueldos de chófer, asistentes y diplomáticos a su cargo-, recibiendo un salario de 10.000 euros mensuales más gastos de representación, por si no fuera suficiente, y que ha costado en un año 270.000 euros. Y encima tenemos que escuchar ese calificativo que tanto usan y que es tan lamentable, el de ninis, porque parece ser que el 50% prácticamente que alcanza el paro juvenil también es culpa nuestra. Pues la verdad es que no es culpa nuestra, es culpa de quienes aprueban reformas laborales que prácticamente consiguen el despido gratuito, de quienes dan por buenos salarios de 500 euros -una auténtica miseria-, de quienes están encantados de la vida de que haya jóvenes cualificados, con carreras y másteres muchos de ellos, que están trabajando gratis y sin derechos en las empresas. Seriamente, para hablar con propiedad ¿quiénes son aquí los ninis? Desde luego, nosotros no lo somos. Está claro que para el Partido Popular no todos somos iguales, por eso miden las cosas de forma muy distinta según les va interesando. No somos todos iguales siquiera ante la ley y luego pasa lo que pasa, que hay gente a la que este Gobierno no le reconoce ningún derecho, ninguno, como a los millones de refugiados que huyen de la guerra, por cierto, de las que algunos hacen grandísimos negocios, o a los inmigrantes que se rajan el cuerpo con las concertinas. Esos no tienen ningún derecho. Ahora bien, las cosas cambian mucho si eres familiar de la realeza y entonces, si robas unos cuantos millones, no pasa nada, no hay que exagerar porque lo han pasado realmente mal con todo el proceso que ha habido últimamente.

Para volver al punto que aquí se discute, que es la educación y nuestras propuestas y reflexiones sobre el pacto educativo, lo primero que tenemos que decir es que podríamos estar hoy en una situación bien distinta a la que estamos, podríamos estar con la Lomce derogada, podríamos estar camino de revertir todos los recortes, podríamos estar incluso con un Gobierno distinto al que tenemos y la única razón para explicar que esto no haya sido así es precisamente lo que ha hecho la dirección actual del Partido Socialista, que no es otra cosa que entregarse apasionadamente a los brazos de la derecha y en contra de la voluntad de sus propios votantes y del conjunto de los trabajadores, de la inmensa mayoría, ha hecho posible que el Gobierno de Rajoy vuelva a repetir al frente del Ejecutivo; un Gobierno que ha provocado las mayores movilizaciones desde la Transición en este país.

Lo que nos llama a estar aquí hoy es el pacto educativo y nosotros, evidentemente, no estamos en contra de un pacto educativo, el problema es que el Partido Popular no plantea eso. El Partido Popular lo que ha hecho es poner un nombre nuevo a sus viejas ideas y a sus viejos planes de toda la vida, que no son otros que seguir recortando, atacando, hacer de la educación un negocio, seguir regalando cantidades ingentes de dinero a la jerarquía de la Iglesia y de la patronal, de la privada concertada y también seguir beneficiando a una minoría. Eso es justamente lo opuesto a lo que defendemos nosotros. Nosotros defendemos un pacto educativo que lleve a la práctica las reivindicaciones de la mayoría que, por cierto, somos los que estudiamos en la educación pública, con unas condiciones muy básicas y muy sencillas. Queremos un pacto que derogue la Lomce y el 3+2, que recupere los 9.000 millones de euros que nos han robado, que traiga de vuelta a los 30.000 profesores despedidos y a los 100.000 estudiantes expulsados de la universidad por no tener dinero. Queremos que se derogue el decreto de becas y que se establezca un sistema justo y eficaz que permita que todos los estudiantes, independientemente del trabajo que tengan sus padres o del barrio en el que vivan, puedan acceder a la educación superior. Queremos que se eliminen los regalos de dinero público a la privada concertada, que se saque la religión de las aulas, que se garantice una inversión del 7% del producto interior bruto en educación, un pacto que garantice la universalidad del acceso a la educación desde infantil hasta la universidad, y esto no significa otra cosa que la gratuidad. Queremos que se acabe con la masificación y que se dignifiquen nuestros centros de estudios y las condiciones de nuestros profesores. No creo que les esté contando nada nuevo ni revolucionario, porque esto no son únicamente las reivindicaciones que hacemos desde el sindicato de estudiantes, sino que también las han hecho millones de familias durante los últimos años en la calle para exigir exactamente esto.

Para terminar -se me acaba el tiempo-, quiero hacer una reflexión sobre el derecho a la educación pública, lo que significa para millones de jóvenes pertenecientes a familias trabajadoras. Lo sabemos muy


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bien porque nuestras familias han sufrido la exclusión de ese derecho durante muchísimo tiempo y nuestros padres y abuelos, que conquistaron la educación pública para nosotros, nos han enseñado a defenderlo con uñas y dientes. Nuestros padres, a diferencia de otros, no han asistido a colegios caros; muchos no saben idiomas, no tienen títulos universitarios ni han hecho másteres pero nos han dado lecciones profundamente valiosas y no solo en el pasado, que por supuesto que sí, sino también en el presente. Las kellys, los espartanos y las espartanas de Coca-Cola, los estibadores..., todos ellos nos han enseñado durante este tiempo que los derechos de ninguna familia, por poderosa que sea, y por supuesto de ninguna empresa, pueden estar por encima de los derechos de la mayoría. Y como somos conscientes -agradecemos poder estar aquí para explicarlo- de que hay a quien le da completamente igual lo que podamos decir en esta subcomisión, para hacer oír nuestra voz vamos a utilizar el único lenguaje que ha demostrado entender el Gobierno del Partido Popular, que es salir a la calle y luchar. El próximo 9 de marzo hay convocada en todo el Estado una huelga general para todas las etapas educativas en la que los estudiantes, los padres, las madres y los profesores vamos a paralizar por completo la educación y vamos a hacer oír bien fuerte nuestra voz en las manifestaciones que se van a celebrar en las calles; vamos a volver a teñirlas de verde, como hemos hecho en tantas ocasiones. Así es como logramos que el Partido Popular se viera forzado a retirar las reválidas franquistas, por mucho que no quisieran y por mucho que traten de ocultarlo. Esa la única razón: la lucha y la movilización. Así es como vamos a lograr acabar con el desastre y el sufrimiento que estas personas han provocado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Una vez finalizada la exposición de la compareciente, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.

Gracias, Ana, por tu comparecencia. Hasta hace un año estaba dando clases en un instituto público y tus palabras me recuerdan las de muchos de mis alumnos, movilizados en la lucha contra la Lomce. Será una intervención incómoda y puede que a algunos no les guste por los ejemplos o por cómo has hablado de determinado partido, pero es algo que se ha vivido y se vive en las aulas, sobre todo en aquellos espacios, que no son pocos en el Estado español, donde los padres de estos alumnos y alumnas han sufrido la crisis económica y el paro, situaciones que les excluían de un modelo social que se les había vendido como un modelo de escala, un modelo según el cual los hijos vivirían mejor que los padres, igual que los padres, con mucho esfuerzo, habían vivido mejor que sus abuelos. Esto explica la indignación, pero yo pienso que nos hemos de acostumbrar a una sana indignación, como la que nos has presentado en esta sala, que a veces no escucha este tipo de voces, pero estas voces realmente existen. Podemos pensar que no existen, pero sí existen en muchos sitios y afectan a todos los que han tenido responsabilidades de Gobierno en España y en Cataluña. En todas partes, la modificación del artículo 135 de la Constitución ha llevado a no priorizar el gasto social sino otras cosas. Recortes se han producido en muchas comunidades autónomas y, desgraciadamente, también en Cataluña. A pesar de que el amigo Joan quería polemizar con algunos de los porcentajes del PIB -ya lo haremos en otro momento-, es cierto que en todas partes ha habido este tipo de política que se ha de acabar para que vuestra indignación se convierta en elementos propositivos. Como has dicho, se ha de acabar rápidamente con la situación que se vive en las aulas de recorte de profesorado. Tiene que haber el número de profesores suficientes, ha de disminuir de nuevo el número de alumnos en las aulas hasta la situación normal anterior y hemos de hacer un esfuerzo importante en inversión, pero esto, a pesar de todo, sería insuficiente. Es bueno que se hable de lo que tú has dicho aquí, que esto se ha de hacer, y en los Presupuestos Generales del Estado, que se dice que han de tener apoyo suficiente, veremos lo que se pone en las partidas de educación y, a partir de ahí, tendrán apoyo o no.

En cualquier caso, es importante ver el futuro y sobre esto tengo dos baterías de preguntas. Una me la ha pasado la señora Nogueras del Grupo Parlamentario Mixto, que no podía estar aquí, con dos preguntas muy concretas sobre propuestas que esta Comisión tendría que abordar desde el punto de vista de los estudiantes y cómo ves a la comunidad educativa de la que forman parte los estudiantes en esta nueva etapa, es decir, qué papel tendría que tener la comunidad educativa. Yo haré dos más. Una sobre los estudiantes. ¿Qué papel han de tener los estudiantes en este pacto por la educación? Evidentemente no solo han de tener media hora. ¿Qué papel han de tener? ¿Cómo sería un pacto por la educación en el que los estudiantes tuvieran un papel activo? La segunda pregunta coincide en parte con la de la señora Nogueras, pero es más específica: ¿cuál es el papel de la participación de los estudiantes


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en los consejos escolares de centro, que la Lomce ha reducido sensiblemente, y en las universidades? Otros comparecientes han hablado de la importancia que tendría que el pacto también fuese un pacto universitario. No se puede entender un pacto por la educación sin la universidad, no solo porque la universidad forma a los profesores que han de dar clase en el resto del mundo educativo, sino porque es la base de toda educación como educación superior que es. Por tanto, ¿qué papel ha de tener la participación de los estudiantes en estos ámbitos?

Muchas gracias por su comparecencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señora García, por la exposición que ha hecho. Quería decirle que es de bien nacidos ser agradecidos. Ha empezado usted agradeciendo al Grupo Confederal de Unidos Podemos la posibilidad de estar aquí. Le quiero recordar que usted está aquí porque el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos pidieron una subcomisión para el pacto educativo y por eso usted ha sido invitada a sede parlamentaria. Sin embargo, el Grupo Confederal de Unidos Podemos se abstuvo, pero está bien que les haya agradecido la comparecencia.

Dicho esto, yo coincido en algunas cosas con usted aunque, por supuesto, con otro tono y con otras formas. Usted ha venido aquí a echarle en cara al PP muchísimos reproches, y está en su derecho a hacérselos. Yo tampoco he estado de acuerdo con la política educativa del PP ni del PSOE en algunos puntos y por eso me metí en política y estoy aquí tratando de cambiar las cosas desde dentro. Eso no significa que haga una enmienda a la totalidad, porque creo que también hay cosas que se han hecho muy bien a lo largo de estos años, pero hay cosas que son mejorables y por eso hemos hecho una propuesta de subcomisión. Sí que me gustaría hacerle una aclaración: usted ha confundido la sede parlamentaria con un foro para un mitin. En una sede parlamentaria a la que se invita a comparecientes sobre un pacto educativo, con independencia de lo que es ya sabido, que es que no nos gusta lo que hay y queremos mejorarlo, se espera -al menos yo personalmente espero- que se nos hagan algunas propuestas concretas. Yo le voy a hacer algunas preguntas concretas porque me interesa la opinión de una parte del estudiantado, porque ustedes no representan a todos los estudiantes. Yo soy profesora universitaria y sé que hay gente que coincide con sus posturas y otra gente que coincide con la de otros sindicatos u otras plataformas, y obviamente hay que escuchar a todo el mundo e intentar recoger lo que sea propositivo y positivo para construir una mejor educación.

Discrepo de bastantes de las cosas que ha dicho usted, pero en especial de una en concreto. Ha dicho que para seguir los mandatos del jefe no hay que tener formación, pero yo creo que formación hay que tener para todo en esta vida. Esta es una cuestión que me ha enseñado la vida, al final hay que tener formación para todo y la formación, con independencia de dónde acabe trabajando uno, es importante, porque si no se tiene formación pasa lo que pasa. La verdad es que escuchándola me doy cuenta de lo importante que es el trabajo que tenemos que hacer en esta Comisión. Le voy a hacer preguntas muy concretas. Primero, me gustaría saber cuál es la propuesta del Sindicato de Estudiantes sobre un problema que estamos viviendo, que sale en los medios de comunicación y que sabemos que existe, como es el tema de la convivencia escolar. Me gustaría saber qué plantean concretamente al respecto y cómo podemos mejorar esta situación que está afectando a muchos niños y niñas y a muchos maestros y maestras. En segundo lugar, me gustaría saber qué propuesta tienen ustedes sobre el modelo curricular; si tienen algún planteamiento sobre cómo articular la parte territorial con la parte nacional o qué apuestas hacen. Ya sabemos que no les gusta la Lomce, pero si pudiera ir un poquito más allá y explicarme los planteamientos propositivos que tiene sobre lo que les gustaría que se plasmara en una futura ley básica de educación, sería de mucha utilidad para todos nosotros en aras de poder mejorar. En tercer lugar, sabe que no son los únicos aspectos, pero PISA apunta cuestiones importantes, como fallos en competencias cognitivas, matemáticas y lectoescritoras, pero también en competencias no cognitivas, en las que por lo menos para mi grupo político es importante trabajar. Me gustaría saber si tienen ustedes algún modelo, alguna propuesta, alguna idea para poder mejorar no solamente los niveles lectoescritores y matemáticos sino también en cuestiones relacionadas con las habilidades para la negociación, para la exposición en público, para la defensa de argumentos razonados, etcétera. En cuarto lugar, hay otra cuestión que me parece importante, como es el tema de la financiación y respecto de la que también coincido en que los recortes han sido nefastos para la educación. Por ejemplo, Canae tiene una propuesta sobre becas, un


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modelo de financiación, por lo que me gustaría saber si usted tiene alguna propuesta concreta sobre el modelo de financiación más allá de la del 7% del PIB, puesto que el PIB es variable dependiendo de la cantidad de ingresos. Nosotros plateamos que es mejor la financiación por estudiante; en cualquier caso, me gustaría saber si tiene alguna propuesta concreta, no solamente sobre el modelo de financiación sino sobre tasas y becas.

Quiero agradecerle muchísimo su comparecencia y esperamos poder hacer un modelo con el que usted esté más de acuerdo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, Ana.

Es un placer recibir y escuchar a los que luchan, a los que han luchado estos años en las calles duramente y no solo se limitan a decir aquí con la boca pequeña que defienden la educación pública, así que te agradezco cada una de tus palabras y la valentía con la que te has expresado. Es verdad que llevamos pocas sesiones, pero nunca antes en esta Comisión había escuchado tantos suspiros, tantas quejas o tantos cambios de postura en el sillón. Parece que hay verdades que incomodan, así que creo que has hecho una buena intervención. Hay grupos para los que decir que la corrupción erosiona la educación pública es hacer un mitin; yo creo que es decir una verdad en sede parlamentaria y de nuevo te lo agradezco.

Como representante de un sindicato de estudiantes histórico, que lleva más de treinta años de lucha, quería realizarte una serie de preguntas que tienen que ver con la situación de los estudiantes pero también con otros ámbitos de la educación, porque creo que tenéis un planteamiento global sobre la educación pública, que al menos a nuestro grupo es la que más nos preocupa dados los recortes que ha sufrido estos años. La educación concertada y la privada han tenido pocos recortes, pero supongo que eso también es hacer un mitin en sede parlamentaria. Te quería preguntar por las razones de la huelga del 9 de marzo, por qué van a salir de nuevo miles de personas a las calles contra una ley, la Lomce, que hoy algún grupo -en concreto el Grupo Socialista- decía que prácticamente estaba ya derogada, cuando lo que se ha hecho ha sido paralizar un calendario de aplicación que, por otra parte, estaba ya muy avanzado, pero que creo que los estudiantes sufrís día a día en vuestros centros. Quería que nos explicaras, desde el punto de vista de los estudiantes, qué supone la Lomce en el día a día de vuestros centros.

Por otra parte, habláis de un tema que parece que se nos ha olvidado, las reválidas. Ahora están paralizadas pero solo por seis meses, hasta que se alcance o no se alcance un pacto educativo que, por lo que se oye a algunos grupos, se quiere muy de mínimos, se quiere que no aborde los principales problemas que tiene la educación pública. Te quería preguntar cuáles son las causas que a tu juicio justifican este constante endurecimiento de las pruebas de acceso, a qué se debe, si creéis que eso realmente mejora la educación. ¿Cuáles podrían ser estas pruebas por las que se debería regular y ordenar el acceso a la universidad, según el Sindicato de Estudiantes?

En cuanto a los recortes educativos, que han sido de 7.000 millones -que no es una tontería- y que por supuesto tienen su origen en el rescate a la banca -decir esto no es hacer un mitin en sede parlamentaria- y que tienen que ver también con una corrupción que nos sale muy cara a los españoles -48.000 millones al año, según los técnicos de Hacienda-, están relacionados también con una merma en la igualdad de oportunidades y en un recorte de las becas. Estos días -ayer, de hecho, registré unas preguntas en relación con ello- estamos viendo que hay un retraso muy importante en el pago a los beneficiarios de becas. Nos gustaría saber si tienes datos sobre esto y cómo se vive por parte de los estudiantes, sobre todo los de la clase trabajadora, que necesitan esas becas para estudiar. Los recortes, como estamos diciendo, han planteado un menoscabo en la posibilidad de la labor docente de muchos trabajadores que se dedican a la enseñanza. En esta Comisión hemos comentado en otras sesiones la necesidad de un nuevo sistema de acceso a la Función pública docente, pero a juicio de nuestro grupo el principal problema tiene que ver con las ratios en las aulas, con las bajas que no se cubren por falta de inversión, y en este sentido, frente a otros grupos que plantean que la única opción es un endurecimiento de las pruebas a los profesores o un 'MIR' educativo que no se sabe muy bien en qué consistiría, nos gustaría saber cuáles son las carencias o los puntos fuertes que los estudiantes veis en el día a día de las aulas que tienen los profesores, qué necesidades tienen los profesores en el aula y, a juicio del Sindicato de Estudiantes, cómo se podría mejorar la formación de los profesores pero sobre todo cómo se podría mejorar el día a día del trabajo de los profesionales en el aula.


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Un punto que creo que tendría que abordar cualquier pacto educativo es la convivencia escolar, no en abstracto sino por un tema muy concreto. He visto en vuestra web que os vais a adherir el día 8 de marzo a una huelga contra la violencia machista. Creo que la violencia machista también se vive en las aulas y quería preguntaros cómo creéis que puede abordarse este problema en las aulas, qué tipo de contenido no tiene que tener cabida y qué tipo de formación debería darse en las aulas para avanzar hacia la erradicación de ese tipo de violencia.

En cuanto a la arquitectura del sistema educativo, nos gustaría preguntaros cuáles creéis que son las funciones de los itinerarios tempranos, cuáles son los efectos que pueden generar en la segregación entre los estudiantes de barrios como Vallecas o el de Salamanca.

Por último, el pacto educativo ha generado esperanza en algunos sectores, escepticismo en otros. Quería plantear una cuestión y es qué puntos básicos tendría que tener este pacto que se quiere social, se quiere político pero también social, se quiere con la comunidad educativa, para que toda esa gente que ha estado cuatro años luchando en las calles por la educación pública podáis sentirlo como un pacto que también sea vuestro y que recoja esas demandas que son mayoritarias en la comunidad educativa, al menos de la escuela pública.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón.

El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidenta.

En primer lugar, doy la bienvenida a la representante del Sindicato de Estudiantes, a doña Ana García. Quiero significar también que su presencia en esta subcomisión se debe a que todos los grupos que formamos parte de la misma acordamos que los miembros del Consejo Escolar del Estado estuvieran aquí, todos aquellos que representan a sus electores y, por tanto, usted, como representante del Sindicato de Estudiantes e igual que los demás comparecientes, entraba en ese cupo común. Por supuesto que hay cosas que me encantaría debatir con usted, pero no hemos venido para eso, sino para escucharla, porque queremos escucharla. No voy a debatir con usted la opinión que ha vertido sobre las decisiones de mi partido, aunque sí estoy de acuerdo en que las cosas serían muy distintas si otros partidos también hubieran votado de una forma distinta en su día. Pero vamos a hablar de lo que pretendemos hacer en esta subcomisión, que son aportaciones positivas para el informe o para las bases, o como queramos llamarlo.

Coincidimos mucho con la cara A que usted nos ha dibujado, sobre como está el estado actual del sistema educativo de nuestro país. Efectivamente, tendríamos que hablar ahora mismo de muchas cuestiones que usted ha mencionado, y diríamos amén a la mayoría de ellas, pero también queremos que usted nos muestre aquí la cara B. Es verdad que hoy el protagonismo lo tiene la cara A -lo mal que está la educación y sobre todo lo mal que está el sistema educativo público-, pero esta subcomisión tiene que pensar hacia delante, no mirar con luces cortas sino con luces largas y pensar qué ley de educación queremos. Sabemos además, porque a ustedes les seguimos, como a todos los sindicatos que hay en este país -al suyo por supuesto también-, que no solamente se trata de ir contra la Lomce, sino que, cuando no estaba la Lomce, ustedes también vertían críticas sobre el sistema educativo que existía en ese momento. Por lo tanto, por supuesto que el punto de partida para una nueva ley no puede ser la Lomce en ningún caso, pero también es verdad que tenemos que mirar por encima de lo que teníamos antes de la Lomce.

En virtud del diagnóstico que usted ha hecho sobre la situación actual, nos gustaría saber qué cuestiones piensan que habría que abordar y cómo habría que abordarlas. Por ejemplo, me gustaría saber la opinión de su sindicato sobre el diseño curricular en este momento. Nuestra forma de entender este tema es que -permítame que lo resuma con una frase- seguramente habría que enseñar menos para que se pudiera aprender más. Creemos que estamos hablando de diseños curriculares extremadamente cargados y que en este momento requerirían una investigación profunda para poder hacer unos currículos mucho más adecuados para las aulas. También quisiéramos saber qué opina usted sobre el debate acerca de la comprensividad, si creen que debemos tener una escuela comprensiva y común hasta los dieciséis años o si debería haber itinerarios antes. Este es un punto también conflictivo. Entiendo que ustedes creen -y coincidiríamos con ustedes- que, de haberlos, tendrían que ser absolutamente reversibles para que se pudiera pasar de uno a otro. También me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes acerca del protagonismo que deberían tener las llamadas enseñanzas de


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humanidades o artísticas, que en nuestra opinión han quedado tremendamente relegadas. ¿Cómo piensa que está en este momento el estado y la situación de la orientación escolar que recibe el alumnado, por supuesto también la orientación laboral, fundamentalmente en un punto clave como puede ser a finales de la ESO o durante ese proceso que lleva hasta finales de la ESO? ¿Qué piensan ustedes sobre las pruebas de acceso a la universidad? ¿Habría que cambiar el sistema? No me refiero a este de las reválidas -todos estamos de acuerdo en que habría que eliminarlas-, sino a si a ustedes les vale el sistema que había antes o si habría que establecer algún sistema distinto. ¿Cómo entienden la democratización de las aulas? Pero también ¿cómo entienden la autonomía de los centros, en qué debe de estar basada esa autonomía? ¿Cree el Sindicato de Estudiantes que una materia como Educación para la Ciudadanía debería incorporarse nuevamente al diseño curricular, la creen prescindible o debería ser una materia transversal y nunca una materia única o singular?

Por supuesto ha hablado de la financiación. En todo caso, quiero corregirla, porque no son 7.000 millones, sino que van a ser muchos más porque el compromiso es llegar al 3,7 y serán 13.000 millones de menos los que tendremos en su momento. ¿Cómo ve el pacto territorial? ¿Cómo debe ser una ley y hasta qué punto debe llegar una ley estatal respecto a las competencias de las comunidades autónomas? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Ha hablado de educación universal y gratuita de cero hasta la universidad. Lo que le quiero preguntar es si eso implicaría obligatoriedad de enseñanza hasta llegar a la universidad, que fuera obligatoria, o si creen que la obligatoriedad debe quedar como ahora, a los dieciséis años, porque son cuestiones distintas. Una cosa es asegurar la universalización y dar una plaza gratuita, otra cosa es obligar hasta los dieciocho años. También me gustaría saber si ustedes tienen alguna opinión respecto a la arquitectura del sistema. Me refiero en este caso a si la arquitectura actual, que llega hasta primaria, ESO y bachillerato, es adecuada con el número de años que tiene o, como en su momento se debatió, el bachillerato tendría que pasar a ser de tres años, o si ven algunos cambios posibles que habría que hacer. Nos interesa sobre todo esto porque nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos hacer si es posible ese pacto educativo. Si es verdad que todo pacto implica una cesión mutua por parte de todos, tenemos que saber cuáles son esos objetivos que todos ustedes, los comparecientes, nos presentan para orientarnos. Le agradezco de nuevo su presencia en esta subcomisión, y sobre todo su comparecencia y su discurso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez López.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.

Agradezco su presencia, en nombre de mi grupo, a la señora García Rubio que, por cierto, está aquí como representante del Consejo Escolar del Estado y su presencia fue bien vista y avalada por todos los grupos aquí presentes. Imagino que su sindicato recibe subvenciones públicas, tanto regionales como nacionales, e imagino que también eso es importante que se sepa. Es bueno escuchar todas las posturas, máxime cuando hay por medio un pacto educativo. Después de escucharla, nos reafirmamos en la gran necesidad de un pacto por la educación en España. Pero además de escucharla, señora García Rubio, creo que a lo mejor hemos confundido el momento o el sitio. Las soflamas, las falacias o los prejuicios están muy bien en la calle o en otros ámbitos, pero creo que a un ámbito parlamentario hay que venir con cierto rigor. Por cierto, cuando hay personas fallecidas, como doña Rita Barberá, por lo menos un respeto.

Cuando usted habla de esos recortes, de esas ratios, de esos profesores, etcétera, creo que usted está pensando en su centro educativo. Me gustaría saber cuál es el centro educativo del que usted habla, qué ratio tiene en secundaria, cuántos profesores están de baja y por qué no se cubren esas bajas, cuántas aulas prefabricadas tiene. Es decir, yo creo que es bueno que usted nos ilustre acerca de esa experiencia personal. Usted habla de las reválidas. Yo empecé a estudiar en el año 1965. Yo no he tenido nunca una reválida. (Rumores). Buena parte de -vamos a llamarle- mi formación fue durante el franquismo. Pues no he tenido nunca una reválida. Sí sé, por estudios, que por ejemplo Giner de los Ríos, en la II República, impuso las reválidas. Que sepamos Giner de los Ríos no era franquista, era un ministro de la II República. Ahí sí había ya reválida, en la II República. Yo desde el año 1965 no conozco que hubiera reválida en España porque yo no la he sufrido.

Por cierto, todos tenemos nuestra historia y somos trabajadores porque nos dedicamos a una actividad. Dentro de eso yo siempre he estudiado y he trabajado y no me ha pasado nada. Eso no me ha impedido acceder a la universidad ni tener un título universitario. Mi padre era panadero, nunca he tenido vacaciones.


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¿Por eso soy mejor o peor que nadie? Pues no, nos lo hemos labrado con esfuerzo. Mi padre sí tenía clara una cosa, y es que había que esforzarse y acceder a los estudios universitarios para conseguir otras metas. Por cierto, también soy profesor de la pública y he tenido clases con treinta y cuatro y treinta y seis alumnos brillantísimos y con muy buenos resultados y he tenido clases con diecisiete y trece alumnos y los resultados no han sido los mismos. Las ratios son importantes, pero no determinantes para ciertas cosas.

También le quería decir que desde el año 1982 todas las leyes educativas han sido socialistas, menos la última, la Lomce, que está ahora mismo en proceso de implantación. Me imagino que con esta reforma educativa se cambiará sustancialmente, lo cual en parte apoyamos. Pero se olvida de que hay treinta años de historia que no son del Partido Popular, sino del Partido Socialista. Por eso me extrañan algunas manifestaciones que hoy se han hecho aquí. En cuanto al abandono educativo temprano, en el año 2005, fue del 31%; en el año 2010, del 28,2%; en el año 2015, del 20%, 11 puntos menos en España. Por lo que se refiere a la tasa bruta de graduación, en el curso 2004-2005, el 69,8%; 2009-2010 el 74,6%; 2013-2014 -últimos datos disponibles- el 76,8%. Por cierto, comunidades como la de Madrid alcanza ya el 80,2% y Castilla y León el 81,9 %. En el tema de becas, en el curso 2008-2009, por poner un ejemplo, hubo 1.144 millones de euros y 532.842 beneficiarios; curso 2015-2016, 1.416 millones de euros y 863.332 beneficiarios. No han disminuido, han aumentado y estos son datos oficiales. Por cierto, cuando he tenido una beca es porque me la he merecido y, además, me consta que todo el que tiene derecho a beca la consigue. Sabe usted que el Gobierno de España, a través de su ministerio, habilitó un crédito de 1.000 millones de euros para que todo el mundo que tuviese derecho a becas pudiese disfrutar de ellas. Se ha hablado del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril. Es verdad que hubo recortes pero se obvia que bastantes de esas medidas ya se han revertido. Usted sabe que en la sustitución de profesorado ya se ha suprimido el plazo mínimo en lo referente a alumnos con necesidades educativas específicas, en los centros educativos con menos de dos líneas educativas ya no está vigente, el segundo curso de bachillerato, etcétera, o el incremento de las ratios; hemos vuelto a las ratios de siempre, veinticinco alumnos en primaria, treinta en secundaria y treinta y cinco en bachillerato. Dígame usted en qué centro educativo ahora hay más ratio que la oficial.

La señora PRESIDENTA: Señor Pérez, tiene que ir terminando.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Termino, señora presidenta, con su benevolencia.

Hay algo que nos llama la atención de una manera increíble relacionado con la formación profesional. La tasa bruta de escolarización ha aumentado respecto a cursos anteriores. El alumnado ha aumentado, ahora mismo hay 751.507 alumnos estudiando formación profesional. Me imagino que cuando estudian será porque nadie se lo impide. El número de centros que imparten FP es de 3.615. Por consiguiente, se dan datos que, por lo menos, hay que contrastarlos porque si no, al final las personas que nos escuchen o nos lean creerán que hablamos idiomas diferentes. Por cierto, respecto a la religión, le invito a que haga una visión de lo que pasa en Europa para que se dé cuenta de que salvo Francia todos los países de nuestro entorno sí tienen una materia relacionada con la religión, en diferentes ámbitos o modalidades pero sí la tienen. Tampoco conozco un centro educativo concertado que se haya hecho rico con la educación, al revés, me consta que muchos profesores hoy en día aplican el 10% de su sueldo a una bolsa común para solventar carencias que tienen esos centros educativos. Por tanto, también hay diferentes opiniones, valoraciones y visiones de cómo es la enseñanza concertada que, dicho sea de paso, está consagrada en la Constitución española del año 1978.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.

Para dar contestación a las cuestiones que le han planteado, señora García Rubio tiene la palabra por un tiempo diez minutos.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): La verdad es que se han planteado muchas preguntas, por lo que comprenderán que diez minutos no dan para mucho y no podré contestar a todo lo que se ha dicho aquí. En cualquier caso, me pongo a disposición de quien tenga estas dudas para poder solventarlas, aunque no sea en el foro de esta Comisión.

Me llama la atención que se nos reprochen ciertas cosas. En primer lugar, es sorprendente que todo el mundo quiera dejar claro que Unidos Podemos no nos ha apoyado especialmente ni nos ha ayudado a estar en esta Comisión. No puedo más que discrepar. Evidentemente, somos el Sindicato de Estudiantes,


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la organización que el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar del Estado reconocen como la más representativa de los estudiantes, por lo que estamos aquí por derecho propio, pero también hay que decir que en la defensa de la educación pública y en que yo pueda defender aquí hoy estas palabras los compañeros de Unidos Podemos han tenido un papel que el resto de intervinientes no han tenido y no solo en esta Comisión, sino en general con respecto a escuchar la voz de los estudiantes y de las familias trabajadoras en sede parlamentaria y, por supuesto, tampoco en que se lleven a la práctica. Es justo reconocer a cada uno lo que hace y que cada palo aguante su vela.

Me llama la atención la actitud de algunos intervinientes cuando explican que yo soy un perfecto ejemplo de lo que necesita mejorar la educación. La verdad, viniendo de quien viene no me lo puedo tomar más que como un halago, un grandísimo halago. Porque que el Partido Popular y los mamporreros del Partido Popular, el Partido Ciudadanos, me digan estas cosas sinceramente...

La señora PRESIDENTA: Señora García Rubio, le ruego que retire esa afirmación porque está usted en sede parlamentaria y, como presidenta de la Comisión, no la puedo aceptar. ¿La retira?

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): Sí, sí, lo retiro.

Como decía, que el Partido Popular 2.0 -que es Ciudadanos porque defienden exactamente lo mismo-, haga estas afirmaciones, no me lo puedo tomar más que como un gran halago para mí y para mi organización.

La verdad es que cuando venimos a sede parlamentaria a decir cosas se nos dice que estamos confundidos, porque a algunos, evidentemente, les incomodan mucho, pero son verdades como puños. Toda la gente que pueda escuchar lo que hemos dicho se sentirá fielmente representada con el panorama de la educación y con las culpabilidades que provocan esta situación. Creo que aquí también hay confusión. No tenía la intención de dar ningún mitin, tenía la intención de explicar cuál es nuestra vida cotidiana en los centros de estudios, completamente en ruinas por las consecuencias de las políticas del Partido Popular. Pero también, desde luego, aquí hay quien se confunde cuando logra un escaño como diputado; cuando se utiliza ese escaño para enriquecerse; cuando se utiliza ese escaño para robar recursos públicos, que en vez de ir a la educación y a la sanidad van a los bolsillos de muchos de sus representantes en muchas provincias. Me parece que eso es completamente inaceptable.

La señora PRESIDENTA: Señora García, lamento tener que volver a interrumpirla, pero no conozco ni sé de ningún diputado o diputada que haya utilizado, en todos los años de la democracia, el escaño para enriquecerse. (El señor Sánchez Serna: Haga una lista.-El señor Pérez López y el señor Clavell López pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores y protestas). Le ruego que también retire esa afirmación.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): Eso no lo puedo retirar porque lo dice la justicia, no lo digo yo. Lo dice la justicia que tanto se respeta, supuestamente; eso es una verdad objetiva.

La señora PRESIDENTA: Yo lo siento, pero utilizar el escaño para lo que usted ha dicho, desde luego, no es cierto y le ruego, de nuevo, que lo retire. (El señor Sánchez Serna: ¡Gómez de la Serna!).

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): No lo puedo retirar porque cuando se utiliza dinero público al que tienen acceso los cargos elegidos para poder enriquecerse en casos de corrupción, como se ha demostrado a través de la justicia... Eso es exactamente lo que estoy diciendo, no estoy diciendo ninguna mentira. La justicia reconoce eso. Lo siento muchísimo, yo soy la primera que siente que eso sea así, pero es así.

La señora PRESIDENTA: No, mire, usted no siente que eso sea así.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): Sí, sí lo siento.


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La señora PRESIDENTA: Yo lo lamento mucho y yo no conozco -le repito- ningún parlamentario o parlamentaria que, ejerciendo la función de parlamentario, haya utilizado el Parlamento para enriquecerse. Lo siento muchísimo, pero no es así. Le pido de nuevo que retire esa afirmación.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): No voy a retirar esa acusación. Lo siento.

La señora PRESIDENTA: Puede usted continuar.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): Gracias.

Para retomar la respuesta a todo lo que aquí se ha planteado, querría hablar de cuáles son las condiciones de mi centro educativo: es una escuela de idiomas que está en el barrio de Carabanchel y que también sufre los recortes y las consecuencias de los recortes del Partido Popular. En mi escuela de idiomas no podemos poner el aire acondicionado en verano porque no lo permite la instalación eléctrica; no podemos utilizar las aulas de informática porque no hay personal, porque ha sido despedido debido a los recortes del Partido Popular; la biblioteca la gestionan jubilados voluntarios porque no hay personal que pueda llevar a cabo esa función. Simplemente, para que ustedes lo conozcan, porque me da la impresión de que insinúan que yo no estudio, que no tengo ni idea, que vengo aquí a contar mi vida. No se trata de mi centro de estudios, sino que se trata, lamentablemente, no de esta escuela sino de la inmensa mayoría de las escuelas públicas que existen en los barrios trabajadores, que son también la inmensa mayoría.

En cuanto a las becas, es un punto importante sobre el que el Partido Popular también se encarga de dar muchas cifras de forma interesada y consciente, y de demostrar que no es cierto y que ellos lo que quieren es que todo el mundo pueda estudiar. A día de hoy, hay muchos estudiantes -lamentablemente no sabemos cuántos porque el Ministerio de Educación no da esos datos, de forma interesada y consciente, pero hay muchos estudiantes, yo diría que miles de estudiantes-, que a pesar de haber tenido concedida una beca para este curso, hoy -estamos en el mes de marzo- que quedan tres meses para acabar el curso, no han visto ni un solo euro de las mismas. Eso es algo que sé que les consta, pues hace unos días el ministro de Educación hacía declaraciones al respecto. Hablar está muy bien, hablar es gratis, pero luego están los hechos y las actuaciones, y no se puede decir que se quiere mejorar la educación y que queremos que los hijos de los panaderos vayan a la universidad cuando lo que se hace luego precisamente es colocar a miles de estudiantes al borde del abismo de forma absolutamente consciente y premeditada. Aquí hay un objetivo y es que los jóvenes que venimos de familias humildes no tengamos formación. ¿Por qué? Porque de esta forma, si se nos niega la formación, el día de mañana estaremos en las empresas sin ninguna cualificación, completamente desamparados y teniendo que aceptar las condiciones de esclavitud que, cada vez y de forma más extendida, se está aplicando no solamente a los jóvenes, sino al conjunto de los trabajadores. Ese es el objetivo que queremos evitar, que queremos tratar de impedir y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir.

Sinceramente, vienen aquí y se sacan estadísticas de la manga para demostrar no se sabe muy bien qué, para decir que lo que hemos expuesto aquí ha sido un delirio o algo por el estilo. Señores del Partido Popular, quiero decirles que pueden ustedes sacar todos los datos, gráficos, estadísticas y todo lo que quieran, pero tienen un gravísimo problema y es que la gente va a los centros públicos cada día y cada día se encuentra con la situación que se encuentra, que es lamentable.

Quiero hablarles ahora de la formación profesional. La semana pasada nos llamaban estudiantes de un centro de Galicia donde cursaban un módulo de panadería o pastelería -no recuerdo-, y nos explicaban que tenían que hacer sus prácticas y elaborar los alimentos con harinas y levaduras caducadas desde hace dos y tres años. (El señor Clavell López: ¡La levadura no caduca!) Sí, sí. ¿Qué no caduca? Se ve que usted cocina bien poco. (El señor Pérez López y el señor Clavell López pronuncian palabras que no se perciben.-La señora Moneo Díez: ¡Yo soy hija de panadero!-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señores diputados, está en el uso de la palabra la compareciente y les ruego que no interrumpan.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): Les decía que hacen sus prácticas con productos, con levaduras y con harinas caducadas desde hace dos y tres años y que luego tienen que vender al público. Esa es la situación que se vive en la formación profesional. Por cierto, hay muchos que ni siquiera


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pueden acceder a esas miserias, sino que están directamente expulsados, porque son decenas de miles los estudiantes que no pueden acceder a la formación profesional porque no hay plazas suficientes. Ahora nos hablan ahora de otra cosa y, qué quieren que les diga, pueden ustedes sacarse todos los datos y estadísticas que quieran, pueden vestirse de sevillanas que da igual, porque la realidad es la que es y además, es muy, pero que muy tozuda.

Asimismo, querría hablar sobre la convivencia y aquí se ha preguntado cuál es la posición que nosotros tenemos y cómo pensamos que se podía mejorar. Últimamente, sale mucho en los medios todo el problema del acoso escolar, del bullying que sufren algunos chicos y chicas que estudian en centros públicos. Creo que eso también tiene una base material muy concreta y es que al igual que cuando en una en una casa viven dos o cinco personas las condiciones son muy distintas, exactamente ocurre lo mismo cuando se hacina a los estudiantes en aulas en las que tienen, por ejemplo, menos de un metro cuadrado por estudiante. No hablo de ningún centro inventado. Por ejemplo, hace dos años, si no recuerdo mal en un centro de Madrid, en el Ciudad de Jaén, una chica se quitó la vida fruto del acoso escolar que estaba sufriendo, y quiero explicarles cuáles eran las condiciones que había en ese centro. (La señora Martín Llaguno: Sobre el espacio para un niño). No, mire, en ese centro, que tenía capacidad para albergar a 800 alumnos, se albergaba a 1.200 alumnos. La Unión Europea recomienda que haya un psicólogo para cada 250 y en dicho centro había un psicólogo para 1.200. En ese instituto lo que ocurrió es que se partieron las clases en dos con paredes fabricadas, para que el espacio donde inicialmente cabían 30 alumnos, en un espacio determinado, se redujera exactamente a la mitad.

Cuando se produjo esta tragedia, la respuesta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid no fue precisamente la de volcarse, sino todo lo contrario, no contrataron a un triste psicólogo para que atendiera a los alumnos que estaban absolutamente conmocionados por lo que allí había pasado. Los psicólogos que atendieron a los profesores y estudiantes que estaban, claro que sí, consternados y en estado de shock, fueron pagados por las APA de sus bolsillos para cubrir esa necesidad. Entonces, no nos vengan a hablar tampoco del acoso escolar y de que ustedes defienden otra cosa distinta porque cuando se ponen las cerillas y la gasolina juntas, lo más probable es que haya un gran incendio y que todo salte por los aires.

La señora PRESIDENTA: Señora García Rubio, tiene que ir terminando porque ya ha finalizado su tiempo.

La señora SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES, SE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (García Rubio): Ya voy terminando.

Quería hacer mención de que se nos ha dicho aquí que solamente somos críticos con el Partido Popular. Evidentemente, creo que ha quedado claro que no es así, que tenemos grandísimas críticas tanto, por supuesto, hacia Ciudadanos como hacia lo que está haciendo actualmente la dirección del Partido Socialista. Y también tengo que decir que nosotros vamos a salir a la huelga, como les explicábamos, el próximo 9 de marzo. No queremos salir solamente para reivindicar el derecho a la educación para todos y todas y para señalar a los culpables de que esto no sea así, refiriéndonos únicamente al Partido Popular. Nosotros también tenemos que decir que estamos completamente seguros de que en Andalucía -donde, por cierto, Susana Díaz ha despedido a más de 5.000 profesores, ha dejado fuera de la FP a 40.000 alumnos y ha recortado 15 millones de euros del presupuesto para la Beca 6000- también habrá muchos estudiantes, profesores y padres que griten contra quienes han dado un giro, un viraje completo, colocándose de forma completamente entregada a los intereses de la derecha; intereses que pensamos que el Partido Socialista no debería defender porque en su propia base no son gente rica ni son banqueros, sino que son trabajadores y gente normal y corriente. (Rumores).

Termino con esta cuestión. Entendemos que nuestras palabras no tienen un gran efecto en el sentido práctico, aunque un gran efecto sí cuando se indignan cuando nos piden respeto para Rita Barberá, una gran persona; todos lo sabemos (Rumores).

Repito algo que ya he dicho antes, volveremos a las calles, que es donde realmente se consiguen las cosas, donde se han conseguido toda la vida, todos los derechos que hoy tenemos y que defendemos. No vamos a parar, no solamente haremos esta huelga; si no es suficiente con el 9 marzo, saldremos a más huelgas y a más movilizaciones. No vamos a permitir que lo que tanto esfuerzo, tanta calle y tanta persecución les costó conseguir a nuestros padres y abuelos en los años setenta nos lo arrebaten ahora un grupito de privilegiados que se creen con derecho a todo.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Señora García Rubio, para que usted se vaya tranquila a la calle (La señora secretaria general del Sindicato de Estudiantes, SE, miembro del Consejo Escolar del Estado García Rubio: Estoy muy tranquila) a hacer lo que crea conveniente hacer, tengo que aclararle algo como presidenta de la Comisión. Usted afirmaba al principio que en esta Comisión se habían hecho muchos esfuerzos para evitar que se escuchara la voz del Sindicato de Estudiantes, y eso no ha sido así. Creo que usted se refiere a que mostraron su indignación porque no querían que su comparecencia fuera el día 15, según se había podido encajar desde la Secretaría de la Comisión al llamar a todos los demás comparecientes previstos del Consejo Escolar. Ustedes exigían que su comparecencia fuera antes de la manifestación -sus razones tendrán- y ha podido ser hoy porque el representante de Comisiones Obreras, que era quien iba a intervenir hoy, no puede hacerlo hasta el día 21. Si no, ustedes habrían tenido que comparecer el día 15, porque en este Parlamento las normas, los acuerdos los tomamos los parlamentarios y los miembros de la Mesa, que representamos a todos los ciudadanos, piensen lo que piensen, hayan votado al partido que hayan votado, porque los votos son secretos. Por tanto, eso no es así; váyase usted con el convencimiento de que nadie ha hecho absolutamente nada en contra de que ustedes pudieran intervenir ni hoy ni el día 15. Fueron ustedes los que mostraron su indignación porque les había tocado comparecer el día 15 en ese reparto de intervenciones y exigían que fuera antes de la manifestación. No lo digo yo porque ustedes se hayan dirigido a mí, sino porque se han dirigido a la Secretaría de la Comisión y así lo ha manifestado.

Por otro lado, también quiero decirle para que se vaya tranquila, que todos los que estamos aquí somos demócratas, todos los que estamos aquí somos hijos de trabajadores, de distintas edades y de distintos lugares de España. Mi padre era ferroviario y no tuve beca (La señora secretaria general del Sindicato de Estudiantes, SE, miembro del Consejo Escolar del Estado García Rubio: Como ahora), y no estoy traumatizada. (La señora secretaria general del Sindicato de Estudiantes, SE, miembro del Consejo Escolar del Estado, García Rubio: Me alegro, me alegro mucho). Y no nos da igual lo que los comparecientes expresen, porque venimos aquí a aprender para tratar de solucionar el problema de la educación en nuestro país, después de cuarenta años de democracia, para que en el futuro las cosas vayan mejor y nuestros hombres y mujeres sean los mejores no solamente en nuestro país, sino en este mundo global.

Muchísimas gracias doña Ana García Rubio. (Pausa).

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (NÚÑEZ VELÁZQUEZ), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000263).

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar con la tercera de las comparecencias previstas para la sesión del día de hoy. Damos la bienvenida a don Jesús Núñez Velázquez, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza. Bienvenido, señor Núñez. Como ya le habrán informado, dispone de un máximo de treinta minutos para hacer su intervención.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE (Núñez Velázquez): Gracias, presidenta.

Muchas gracias, señorías, por la invitación a esta comparecencia. Es para mí un honor, y también una gran satisfacción y una valiosa oportunidad, comparecer ante esta subcomisión del Congreso de los Diputados para la elaboración de un pacto de Estado social y político por la educación, razón por la cual deseo hacerles llegar con mis primeras palabras mi más sincera gratitud para todos.

Antes de nada, quisiera destacar la pertinencia del enfoque no solamente político, sino también social del pacto educativo. En una sociedad avanzada como la española, la educación se ha convertido en un ámbito que no solo compete a los responsables políticos, por muy importante que sea su liderazgo y decisiva la calidad de su actuación, sino que concierne claramente a la sociedad en general y, en particular, a las organizaciones de este importante sector. Trabajar por la educación hoy es, sin lugar a dudas, preparar el futuro de la sociedad del mañana. Por ello, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté en nuestra mano para que ese pacto deseado y deseable sea posible.

Comparezco aquí en representación de Acade, que, como sus señorías saben, es una organización -que presido- con cerca de cuatro décadas de existencia. Nuestra organización existe desde 1978. Es la asociación mayoritaria del sector de la educación no sostenida con fondos públicos. Cubrimos 3.557


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centros de todos los niveles de educación y formación, 1.138.600 alumnos y 69.710 profesores de enseñanzas regladas y no regladas, siendo 518.064 el número de estudiantes que cursan enseñanzas obligatorias en la educación privada. Esta considerable base de representación nos convierte en un actor relevante a la hora de incidir sobre el futuro de la educación española.

De acuerdo con nuestra visión de las cosas, esta espléndida oportunidad que en torno al pacto social y político se abre para la educación española, debería tener dos metas fundamentales, ambas necesarias aunque ninguna de ellas suficiente. En primer lugar, se trataría de dotar de una cierta estabilidad al sistema de modo que se garantice, más allá de los cambios políticos, un marco básico común en lo territorial y estable en su contenido. Una estabilidad básica es requerida por las familias, por los profesores y por el resto de los sectores sociales y económicos que operan en el mundo de la educación escolar. Además, es esta una norma común en los sistemas educativos de los países más avanzados. Ello hace que su modelo educativo sea claramente reconocible por propios y extraños como parte identificativa de su modelo social. Pero esa estabilidad básica del sistema educativo que se propugna ha de hacerse compatible con una cierta capacidad de adaptación a un entorno permanentemente cambiante y complejo, entorno que trasladado a la educación y la formación de los países desarrollados traerá nuevas exigencias y nuevos requerimientos. Algo similar cabe decir de la repercusión del pacto en el ámbito territorial, en el cual se ha ido deslizando por motivos diferentes una progresiva disgregación del sistema, una fragmentación que avanza hacia diecisiete sistemas educativos diferentes. Esta tendencia, acentuada a lo largo de la última década, además de contribuir a la desvertebración de nuestro país, incide negativamente en la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación, dificulta la movilidad de las familias por razones escolares y atenta contra el principio europeo del mercado único.

En segundo lugar, el pacto ha de procurar una modernización del sistema educativo y una mejora de su nivel de calidad. El desarrollo de la sociedad del conocimiento, la explosión en la escala propia del tiempo histórico de lo digital, y la recién anunciada cuarta revolución industrial han situado la educación y la formación en el centro de todas las miradas, de todas las expectativas y -por qué no decirlo- de muchas esperanzas. Ante esta circunstancia resulta imprescindible que nuestro sistema educativo aporte una respuesta pertinente y adaptada a las exigencias de este nuevo contexto tan dinámico y tan complejo. Gracias al carácter históricamente avanzado de nuestros sistemas estadísticos, a la preocupación científica de nuestros académicos, al papel de alguna de las instituciones del Estado, a la preocupación creciente de la Unión Europea y a la aportación impagable de los organismos multilaterales con competencias en educación, abundan los datos necesarios para auscultar el sistema educativo español y hacer un diagnóstico descriptivo de su situación. No obstante lo anterior y para no perdernos en la tarea, permítanme sus señorías que fije la atención en tan solo un puñado de debilidades de la educación española. Serán pocas, solo cinco, pero en nuestra opinión enormemente relevantes.

En primer lugar, es preciso destacar la mediocridad de sus resultados, entendidos en términos de rendimiento escolar. Un análisis amplio de los datos disponibles al respecto pone de manifiesto una llamativa mediocridad. Cuando estos resultados se someten a la prueba del contraste internacional e incluso a la comparación consigo mismos mediante la consideración de las tendencias a lo largo de periodos de tiempo suficientemente extensos, se aprecian déficits notables que constituyen auténticos frenos para el progreso individual y el avance económico y social de nuestro país. Llegados a este punto, no les abrumaré con cifras a sus señorías pero a partir de los datos disponibles sí quisiera destacar seis conclusiones principales. Un estancamiento del rendimiento escolar en torno a valores mediocres, medidos por las pruebas de PISA a lo largo de los últimos quince años. Unos niveles precarios en materia de excelencia, medidos a través de las pruebas PISA. Unas diferencias territoriales mayúsculas que equivalen a desfases escolares entre comunidades autónomas de hasta dos cursos académicos. Una posición francamente retrasada en cuanto al conocimiento de idiomas extranjeros en el marco de la Unión Europea. Unas cifras de abandono temprano de la educación o de la formación que duplican las de la media de la Unión Europea y que no se reducen con el tiempo respecto de ella. Y un estancamiento en cuanto a la generación del capital humano básico en cifras muy deficientes en comparación con la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea.

En segundo lugar, nos encontramos con una escasa eficiencia del gasto público. Con frecuencia se da por supuesto que todo gasto en educación es una inversión, pero lo cierto es que el cómo se empleen los recursos constituye un factor clave para distinguir entre las buenas y las malas inversiones, también en materia educativa. Así, España, con un 18%, es uno de los países europeos en los que la proporción del gasto privado con respecto al gasto total de educación es mayor. Además, la tendencia es creciente y


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diverge con respecto a la de la Unión Europea, apuntando así a una insuficiencia del gasto público en educación, a una ineficiencia del mismo o a ambas cosas a la vez. La relación entre gasto y resultados es, como saben bien sus señorías, una medida de eficiencia. Pues bien, esa relación ha ido divergiendo a lo largo de la primera década del presente siglo, es decir, presentando cada vez un mayor gasto público y manteniendo los mismos resultados, con una cierta convergencia posterior por efecto de los ajustes derivados de la crisis económica.

En tercer lugar, se da una brecha amplia y preocupante entre la formación y el empleo, con la aparente paradoja de altos niveles de desempleo juvenil que alcanzan a individuos formados y a la vez una escasez de cualificaciones y de competencias de interés para el mercado laboral. Así, en la enseñanza universitaria el desajuste que se observa entre la oferta y demanda de cualificaciones es mayúsculo; desde el lado de la oferta, en la familia de educación, artes, humanidades; sin embargo, del lado de la demanda, ingenierías, industria, construcción, tecnología, matemáticas, etcétera. En la formación profesional reglada, aunque ese desajuste es bastante menor, existen también familias profesionales para las cuales la distancia entre la oferta y la demanda es considerable.

En cuarto lugar, es preciso destacar la lentitud de la respuesta política. Una de las debilidades de nuestro sistema de educación y de formación estriba en la enorme lentitud de la respuesta política a las exigencias del contexto, y ello a pesar de la influencia creciente de la Unión Europea en materia de orientación y definición en las políticas clave.

En quinto lugar, cabe señalar las deficiencias de los marcos normativos, que contribuyen a su desvalorización y con alguna frecuencia a su incumplimiento patente o discreto, según los casos. Ello deriva en una falta de respeto a nuestro Estado de derecho, que es la base de nuestras libertades y el fundamento de nuestra democracia. Se advierte además un ordenancismo creciente, con un incremento significativo de la presión regulatoria y una especificación exagerada de detalles. Por otro lado, hemos padecido una confrontación de carácter tanto ideológico como propiamente político que ha hecho a menudo de la educación un campo de conflicto, lo que ha repercutido negativamente en la calidad intrínseca de las normas.

Señorías, el sector privado, al que represento, puede contribuir a paliar esas tres primeras deficiencias de nuestro sistema educativo pero, al igual que otros sectores y la sociedad en general, precisa que los poderes públicos se hagan cargo al menos de los dos últimos déficits. De acuerdo con el reciente informe PISA, correspondiente a la edición de 2015, los colegios privados obtienen resultados que contribuyen a elevar la media de España al obtener puntuaciones que se sitúan 30 puntos por encima del resto, lo que, como saben sus señorías, equivale aproximadamente a una ventaja de todo un curso académico. Pero, reitero, no son afirmaciones mías; son afirmaciones de PISA. Además, cuando dicho informe profundiza en los procesos explicativos -por qué estas diferencias- encuentra un sólido modelo de enseñanza, refiriéndose al sector privado, al que cabe atribuir en buena medida esta ventaja competitiva. Este modelo, que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa, tiene como rasgos diferenciales, según el citado informe PISA, los siguientes. Primero, un mayor volumen de recursos dedicados a las enseñanzas de las ciencias -más importancia a las enseñanzas de las ciencias-. Segundo, una enseñanza estructurada, clara e informativa sobre cada tema, que generalmente incluye explicaciones del profesor, debates en el aula, preguntas de estudiantes, nuevas metodologías educativas, etcétera. Tercero, un mayor nivel de adaptación de las enseñanzas a las características de los estudiantes. Cuarto, un mayor tiempo de aprendizaje, variable que correlaciona fuertemente con el rendimiento de los alumnos. Quinto, un mejor control del clima escolar. Sexto, una mayor implicación de los padres en las actividades escolares, en parte debida a la selección de centro y modelo educativo; una selección efectiva de sus profesionales en función de sus cualidades y competencias, y una evaluación docente continuada por parte de jefes de departamento y de directores de los centros.

Por otro lado, los centros privados están acostumbrados a gestionar los recursos de un modo eficiente, incidiendo de un modo sistemático sobre los factores críticos del rendimiento de los alumnos, en particular sobre el profesorado y las metodologías de enseñanza, sobre la calidad de la gestión y de la dirección escolar, sobre la organización de los colegios y el clima escolar y sobre la implicación parental. Además, nuestros centros disponen de una mayor flexibilidad y están en mejores condiciones para adaptarse a esas exigencias de un contexto dinámico que se refleja en nuevas actitudes, nuevos conocimientos y nuevas competencias. Ese es precisamente el fundamento de nuestra constante reivindicación de una mayor autonomía que nos permita la creación de proyectos educativos propios a fin de generar una mejor respuesta educativa a los nuevos desafíos, una mayor flexibilidad en la organización escolar para la


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ampliación y administración del tiempo lectivo, la adopción de metodologías de enseñanza innovadoras, la ampliación del currículo con contenidos novedosos y más próximos a intereses de los estudiantes y al requerimiento del contexto, una mayor flexibilidad para la contratación de profesores con titulaciones singulares, etcétera.

Pero más allá de sus aportaciones indudables a la mejora de la calidad del sistema educativo español en su conjunto, los centros privados constituyen elementos indispensables de una sociedad plural que necesita, asimismo, una oferta educativa suficientemente diferenciada y que repose en un marco coherente de derechos y de libertades fundamentales. Como bien saben sus señorías, en el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que ha pretendido ser desde sus orígenes un código ético transcultural, pretendidamente válido para toda la humanidad. En su artículo 23, y después de establecer los principios de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza obligatoria, la citada declaración consagra el principio de la libertad en los siguientes términos: Los padres tendrán el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Casi siete décadas después esa perspectiva de los fundamentos de la educación sigue teniendo plena vigencia. Inspirada en ese marco universal, la Constitución española de 1978, en su artículo 27.1 establece: Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Con ello, nuestra ley de leyes define en el título de mayor fuerza jurídica los dos grandes pilares de nuestro marco constitucional, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, marco en el cual ha de inscribirse en España la ordenación de su sistema educativo. A imagen y semejanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos dos pilares están conectados entre sí por el principio de la gratuidad que se establece más adelante en nuestra ley de leyes, artículo 27.4, en los siguientes términos: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Este principio de gratuidad constituye un medio, un instrumento para asegurar el ejercicio tanto del derecho de la educación como de la libertad de enseñanza y para hacer efectiva una dimensión básica de la libertad de enseñanza, consistente en la libertad de las familias para escoger el centro que consideren más adecuado para la educación de sus hijos, independientemente de cuál sea su nivel socioeconómico o sociocultural. El incremento del nivel de preparación y de apertura de las nuevas generaciones con respecto a las anteriores, junto a las dinámicas propias de la sociedad del conocimiento y de la información, aconsejan mirar el futuro desde una actualización de los principios interpretativos de este marco constitucional y sus criterios de aplicación.

Por otra parte, una sociedad civil más robusta, propia de los países más desarrollados, reclama un mayor protagonismo en la colaboración con el Estado para la prestación de un servicio de interés público fundamental, cual es la educación. La concepción de que los servicios educativos promovidos desde las organizaciones de la sociedad civil deben ser subsidiarios del Estado ha de ser renovada para desembocar en una visión de cooperación público-privada capaz de dar así una respuesta de calidad, eficaz y eficiente, y asegurar en todo caso el cumplimiento de los principios constitucionales en materia educativa. Se trata de atender mejor la mayor complejidad de expectativas, de necesidades y de intereses de los ciudadanos de hoy, más formados, más diversos en sus juicios y en sus posiciones cívicas y mejor conocedores de cuáles son sus derechos. Esa actualización de los criterios de aplicación del marco constitucional en materia educativa debe tomar en consideración conjuntamente esos tres principios que antes citaba: obligatoriedad de la enseñanza -la enseñanza así establecida-, libertad y gratuidad, desde la perspectiva de la modernidad. En la situación presente, que no ha sido actualizada en las últimas tres décadas, las familias que en las etapas obligatorias optan por un centro privado para escolarizar a sus hijos están siendo discriminadas en el libre ejercicio de un derecho fundamental, pues para hacerlo posible se ven forzadas a pagar por duplicado ese servicio básico: a través del recibo del colegio y mediante sus impuestos. Sin embargo, la aplicación del principio de la gratuidad no puede producirse en detrimento del principio de la libertad; el principio de la gratuidad de las enseñanzas declaradas obligatorias por la ley no solo es el que legitima la obligatoriedad sino también el que hace posible el ejercicio de la libertad de elección del tipo de educación que desean para sus hijos, lo que se sustancia en la elección de centro educativo. Sin gratuidad, la libertad de enseñanza como derecho fundamental es una ficción, al convertirse en un derecho cuyo ejercicio está restringido a unos pocos porque comporta unos sacrificios notables de muchas familias que se sitúan en condiciones de desigualdad respecto a aquellas otras de igual nivel de ingresos que sí pueden beneficiarse de dicha gratuidad. Los marcos normativos antes señalados colocan el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales de la persona y de los ciudadanos y sitúan a la gratuidad como un mero instrumento para hacer aquellos posibles. Por tal motivo, la elección de centro por parte de las familias no se puede ver limitado a la actual alternativa sino


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que ha de pivotar prima facie sobre el tipo de educación que se considere más adecuada para los hijos. Ese tipo de educación no se agota en las fórmulas actualmente existentes bajo el paraguas de lo gratuito sino que ha de ampliarse a otros modelos que han demostrado su eficacia y que en el momento presente se sitúan fuera de este paraguas. Sin perjuicio de las fórmulas ya existentes, resulta imprescindible la modernización en la aplicación del marco constitucional mediante la ampliación de los sistemas de financiación a nuevas fórmulas, de modo que la aplicación práctica de esta triada constitucional -obligatoriedad, libertad y gratuidad de la educación básica- atienda mejor y de un modo más equitativo a las familias, cualquiera que sea su condición social o económica, porque el derecho a la gratuidad no se puede ejercer en detrimento del derecho a la libertad de las familias de escoger el tipo de educación que pretenden dar a sus hijos. Se trata esta, en nuestra opinión, de una restricción interpretativa del marco constitucional que invierte la jerarquía de derechos.

En relación con lo anterior, abunda en nuestro país el estereotipo de que la enseñanza privada es para la enseñanza de los ricos. Ello desvirtúa una realidad cierta que está más allá de esta interesada caricatura, pues la mayor parte de nuestros alumnos pertenecen a una clase media dispuesta a invertir en la educación de sus hijos. Multitud de familias españolas con un nivel de renta muy medio, incluso medio bajo -comerciantes, empresarios modestos con frecuencia sin más estudios que los básicos, jóvenes profesionales que luchan por llegar a final de mes-, han hecho una apuesta educativa por nuestros colegios, unos guiados por ese impulso meritocrático que procura elevar el nivel educativo familiar en la siguiente generación; otros porque desconfían de las soluciones aportadas por el Estado cuando lo que está en juego es el futuro del bien más preciado: sus hijos.

La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, tiene que ir terminando.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Núñez Velázquez): Discúlpeme, presidenta, es que he calculado mal. Leo despacio, pero voy a intentar hacerlo más deprisa. Les pido perdón y que me permitan terminar porque me queda muy poco.

Lo cierto es que para ejercer un derecho contemplado en nuestra Constitución y en las normas internacionales están dispuestos a hacer un esfuerzo económico en favor de lo que consideran el tipo de educación más adecuado para sus hijos. Toda esta constelación de familias españolas que optan por la enseñanza no sostenida con fondos públicos y los esfuerzos económicos que realizan en favor de la educación explican el hecho de que España, con el 18% antes citado, sea uno de los países europeos en los que la proporción del gasto privado con respecto al gasto total en educación es más elevada. Se trata de una auténtica inversión en el plano estrictamente financiero, que ha sido establecida en los medios académicos y calculada mediante análisis econométricos. Pero el retorno, en términos de rentabilidad de una inversión de origen puramente privado, no revierte únicamente sobre el sujeto al que afecta la inversión, sino que además de una componente privada posee otra pública que, según los cálculos de la OCDE, es muy relevante. Este beneficio público que aportan las familias que escolarizan a sus hijos en centros no sostenidos con fondos públicos nutre las arcas públicas pues los mayores niveles formativos están asociados a los mejores salarios que, por un lado, aumentan los retornos fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social y, por otro lado, disminuyen las ayudas públicas que reciben las familias. Así pues, ya no solo desde la perspectiva de los derechos fundamentales sino también desde el punto de vista puramente inversor parece razonable que el Estado devuelva a las familias al menos una parte de los réditos que recuperará de una inversión de la que no ha sido titular.

Señorías, voy terminando. El sector educativo que represento está comprometido con los intereses generales de nuestro país en materia educativa desde una concepción de responsabilidad social. Pero justamente por ello requiere de los poderes públicos una visión más amplia, más moderna, más innovadora, que atienda mejor los derechos de todos los ciudadanos y aporte la imprescindible seguridad jurídica de los marcos normativos. En aras a la concisión, pondré a continuación tan solo dos ejemplos de esos dos tipos de expectativas de nuestro sector. En relación con lo primero, defendemos ampliar las fórmulas de financiación de la enseñanza mediante la generalización de dos herramientas nuevas a nivel del propio Estado español: la desgravación fiscal de las enseñanzas obligatorias y el bono escolar para la etapa no obligatoria en la educación infantil. En cuanto a la primera de las citadas fórmulas, consideramos que existen bases suficientes en nuestro marco constitucional como para tomarla en consideración, proponiendo como referencia el coste del sector concertado, siempre más económico que el del sector público. A algunas de esas bases ya he aludido anteriormente por lo que no insistiré ahora en las mismas,


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pero quiero recordar únicamente a sus señorías que no sería una innovación radical toda vez que se practica en algunas comunidades autónomas y en diferentes países del mundo para las enseñanzas obligatorias. Se trataría de regularla a nivel de todo el Estado y de aplicarla con carácter general con el propósito de conciliar mejor la obligatoriedad, la libertad y la gratuidad en el ámbito educativo. En cuanto a la segunda, es bien sabido que la educación infantil no solo contribuye a la mejora del rendimiento escolar en etapas posteriores, particularmente en los sectores socialmente desfavorecidos, sino que además es una herramienta esencial para facilitar la conciliación entre la vida familiar, la personal y la profesional. Por ello consideramos necesario asegurar la suficiente oferta de educación infantil a través de la cooperación de las administraciones públicas con entidades privadas y la financiación pública de las plazas en centros privados mediante la fórmula de bono escolar.

En relación con la seguridad jurídica y la garantía que han de aportar los marcos normativos, quisiera subrayar el caso de las escuelas de educación infantil.

La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, va a tener que ir terminando porque si no, no podrán intervenir. Además, tiene usted luego diez minutos para contestar a las preguntas.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE (Núñez Velázquez): Me queda poquísimo.

Particularmente, en el ciclo de cero a tres años de edad nuestras escuelas infantiles han de convivir con fórmulas ilegales. Me refiero a aquellos establecimientos que se ofertan como espacios educativos sin serlo como, por ejemplo, madres de día, casas nido, ludotecas, que no cumplen las exigencias establecidas en nuestros marcos normativos. Dadas las características de edad y fragilidad de los niños a los que esa oferta educativa va dirigida y la necesidad obvia de especial protección, nos oponemos a esta situación que comporta además inseguridad para las familias y una clara competencia desleal. Corresponde a las administraciones públicas corregir esta situación.

Termino agradeciendo a sus señorías que me hayan dado la oportunidad de escucharme. Estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes quieran hacerme. Les pido disculpas, presidenta, si me he retrasado, he calculado mal.

La señora PRESIDENTA: No se preocupe.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidenta.

No hace demasiado tiempo tuve la oportunidad de hablar con el señor Núñez y tuvimos elementos posibilistas de acuerdo, en la medida en que nos centrábamos mucho en la escuela y en la libertad de la escuela, en su capacidad y autonomía. En eso coincidíamos en la necesidad de una escuela del siglo XXI, abierta a los cambios tecnológicos, con una gran capacidad de adaptación. Hoy es diferente, ha venido a hablar del conjunto del sistema y desde posiciones maximalistas, y me explicaré. Puede que el contexto sea el adecuado. Usted viene a hablar de un pacto de educación y por tanto, todo es posible, y si todo es posible, usted viene con las reivindicaciones máximas de las escuelas a las que ustedes representan. Hasta aquí bien, pero ponernos a rehacer la interpretación del artículo 27 de la Constitución sería muy complicado. Me explicaré.

Libertad de enseñanza, este es un punto en el que estamos de acuerdo. Aquí y en Europa toda persona física o jurídica tiene derecho a hacer una escuela. Durante muchos años suerte tuvimos de tener escuelas privadas. En el tardofranquismo curiosamente las escuelas más democráticas eran las privadas. Pero en Europa también existe el derecho de hacer, según un método educativo, una escuela. Ahora bien, pasamos a un segundo punto: escoger escuela. Desde el punto de vista maximalista lo que no puede ser es que el sistema público se considere una sola escuela. Es decir, si yo quiero la escuela pública, es como si hubiese una sola escuela, me asignan la del barrio. No, yo puedo escoger la escuela pública que quiera. ¿Ah, no? Esto significa que el sistema no da para tanto. Qué más quisiéramos que se pusiese escoger la escuela que quisiésemos del Estado español. Por tanto, atención con el maximalismo de escoger escuela, que no lo dice el artículo 27 de la Constitución. Este artículo habla de libertad, pero no de escoger escuela; luego puede haber interpretaciones de un tipo o de otro.

Segundo, marginamos el mundo rural, es decir, estoy seguro de que de las tres mil y pico escuelas y universidades -el 90% estarán en ciudades, pienso yo- la oferta de escuela privada se dirige a un público básicamente urbano. ¿El público rural tiene derecho a esta libertad? Pues no la tiene. Por tanto


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en esto, que yo soy partidario de romper muchos statu quo, curiosamente con la escuela me parece que los statu quo son el resultado de una construcción en que intentas no herir aquello realmente existente. En nuestra historia todos sabemos que en el año 1978 la realidad educativa estaba marcada por el franquismo y por el papel de la Iglesia en el mundo educativo, papel que no tenía en ningún sitio de Europa, puede que en Polonia o Irlanda, pero en ningún otro sitio, no existía otro modelo, y el legislador intentó con la LODE partir de la base de que no se podía hacer como en la II República, prohibir la escuela privada, especialmente la de la Iglesia, y hacer una única escuela pública. Muchos lo queríamos en aquel momento, éramos más jóvenes, ahora en la actualidad también pongo el acento en ello. Por tanto, la escuela privada encontró un espacio confortable pero también difícil; confortable porque quería desarrollar el modelo que quería gracias al artículo 27, libertad, pero al no entrar en la financiación como las concertadas, tampoco tenía muchos inputs a los cuales dar solución.

Ahora bien, el gran problema, como siempre, como en cualquier empresa, es la financiación, estoy de acuerdo, que es el tercer punto: la gratuidad. Cualquier empresario de donde sea, si se le asegura financiación, puede crear la empresa que quiera. Las empresas educativas son muy importantes al generar vocación, proyecto, estoy totalmente de acuerdo, pero como toda empresa tiene un interrogante: ¿podré llegar a final de mes? ¿Financiaré este proyecto? ¿Esto es así? Este es el riesgo. Y esto obliga y lleva también a un determinado público. Está claro que hay un sector de la clase media que es la mayoritaria en las escuelas privadas, entre otras razones porque encuentra un tipo de educación menos heterogénea, por así decirlo, con mayor facilidad para un modelo determinado de estudio, y a su vez encuentra proyectos educativos enormemente interesantes, lo vuelvo a decir: proyectos educativos enormemente interesantes.

¿Cuál es la solución que queremos dar aquí? Primero, queremos una escuela pública amplia, nueva, del siglo XXI, abierta, con una capacidad de autonomía enorme que permita superar los puntos que usted comentaba de PISA. Un momento: PISA no analiza las humanidades; PISA no analiza las humanidades. Por tanto, ¡atención!, como no las analiza, lo único que analiza son los instrumentos vehiculares: lengua, matemáticas y ciencias, nada más, tenemos un especial resultado, pero no sabemos el otro. En definitiva, pienso que en el momento de intentar llegar a posibilidades aquí hay un elemento que me preocupa y supongo que le preocupará a usted: si entran en la financiación y entran en la gratuidad, el módulo será la única financiación que podrán recibir. No sería de recibo que ustedes recibiesen una financiación vía exención de impuestos y además los padres pagasen una matrícula. Aquí jugamos a una cosa o a otra. Si vamos a la gratuidad, y yo soy partidario de que escuelas concertadas que hacen una especial función puedan tener esta gratuidad, las escuelas privadas habrán de tener los mismos procedimientos.

La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz, tiene que terminar.

El señor OLÒRIZ SERRA: Acabo muy rápido.

Ya que tiene diez minutos más, querría que me explicara un poco más el sistema de financiación, que me explicara este modelo concreto de exención fiscal, el modelo bono un poco más ampliado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias también al compareciente por el diagnóstico y por la exposición que nos ha hecho. No se preocupe por el tiempo porque a veces es difícil medirlo.

Como formación política, nosotros entendemos básicamente que la educación es un servicio de interés público que se puede garantizar de tres maneras: por una red pública, que es nuestro modelo preferente, una red concertada y una red privada que nosotros entendemos como legítima, pero que no es a priori el modelo a generalizar por el que nosotros apostamos.. Dicho esto, coincido con usted en buena parte del diagnóstico que ha hecho de la situación que existe en el sistema educativo español. Es verdad que hay cuestiones que debemos abordar y creo que se debe hacer en el marco de este pacto como el modelo de financiación, la puesta en marcha o la repuesta en marcha de una mesa para el estudio del coste del puesto escolar que nos aclararía muchas de las cuestiones que debatimos y nos confrontan.

Además del modelo de financiación, que debemos abordar con profundidad, hay cuestiones que usted ha planteado que nosotros consideramos que son fundamentales. Una de ellas es la autonomía escolar, por la que le preguntaré después, y otra cuestión que nos parece importante también, y que tiene que ver,


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es la flexibilidad no solamente de tiempos, sino también curricular y de centros. No siendo nuestro modelo preferente el modelo que usted plantea, aunque conyunturalmente podamos coincidir -y lo digo por el tema del cheque escolar en educación de cero a tres, que para nosotros no es el modelo ideal-, pero en tanto en cuanto se universaliza la educación de cero a tres de una manera pública con una red pública o pública-concertada, tendremos que dar una solución a que hoy por hoy nosotros creemos que es indispensable universalizar la educación infantil anterior.

Le voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con la exposición que he hecho. ¿Cómo entenderían ustedes la autonomía de los centros en el modelo no solamente curricular sino también de gestión y de relación con la Administración?

Usted ha hablado de que le parecería necesario trabajar el tema de la flexibilidad temporal. Es una cuestión que nosotros hemos abordado y hemos planteado. Me gustaría que profundizara en este concepto, si se refiere al calendario escolar, si se refiere a la jornada escolar y cómo integraría esto en una cuestión que para ustedes es básica como es la financiación del profesorado. Porque cuando yo he hablado con sindicatos y les he planteado esta posibilidad, precisamente me dicen que el escollo mayor que me voy a encontrar es con la enseñanza privada. No sé si es así o no.

También me gustaría saber cuál es su opinión sobre la propuesta que llevamos varias formaciones políticas que tiene que ver con el 'MIR' docente que quiero aclarar, por intervenciones que se han hecho del Grupo Parlamentario de Podemos, que no tiene nada que ver con el acceso a la Función pública docente, tiene que ver con la formación previa, es decir, el establecimiento del cambio de un sistema de formación que garantizara una formación diferente a todo el profesorado y que habilitara para poder trabajar bien en la educación pública con el sistema que estableciéramos, bien en la educación concertada o bien en la educación privada mediante otros mecanismos de acceso. Es decir, el 'MIR' docente no tiene nada que ver con el acceso a la Función pública docente, tiene que ver con la formación del profesorado. ¿Cómo verían ustedes que tuviera que haber una homologación previa de títulos para que ustedes pudieran contratar a los profesores que ahora lo hacen con mayor autonomía? ¿Que hubiera una especie de acreditación, sin ser lo mismo, para la profesión docente que se obtuviera mediante un sistema de formación distinto?

Con estas preguntas he terminado. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mena.

El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.

Gracias al señor Núñez por su presencia hoy aquí y por sus explicaciones.

Quería aprovechar que tenemos al representante de las escuelas privadas no sostenidas con dinero público para que nos haga una valoración de los conciertos. Tenemos en la cabeza que el sistema de conciertos educativos se inició en el Estado español en los años ochenta, cuando se universalizó el derecho a la educación, y que se hizo básicamente bajo los principios de transitoriedad y subsidiariedad, elementos que especialmente en algunas comunidades autónomas y en las grandes ciudades se han acabado vulnerando.

Ha venido a reivindicar que no tienen fondos públicos para subvencionar directamente a las escuelas privadas que usted representa y de alguna manera reclama subvenciones indirectas, ya sea por la vía del cheque escolar o por la de las deducciones fiscales. También me gustaría saber cómo valora lo que está ocurriendo en las escuelas concertadas. Hay un informe del año 2012 de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que dice que el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas. Existen estudios de esta entidad que demuestran que la mayoría de los colegios no informan del carácter opcional, con lo cual el principio de gratuidad al que usted apelaba en su intervención queda radicalmente vulnerado. Asimismo, quisiera que valorase lo que ocurrió en Cataluña en los años ochenta, cuando se universalizaba el derecho a la educación. Un grupo de escuelas privadas, las llamadas escuelas del Sepec, acabaron incorporándose a la red pública a través de una proposición de ley que precisamente presentó en el Parlament de Catalunya el Partido Socialista de Cataluña con el objetivo de garantizar que fuese la red pública la que tuviese el sustento más importante en cuanto a la garantía del derecho a la educación. ¿Cree que nos encontramos en un momento en el que podríamos intentar imitar ese acompañamiento de determinadas escuelas privadas, con subvención o sin ella? Porque son escuelas privadas que se gerencian como empresas privadas y se pueden incorporar, voluntariamente por supuesto, a la red pública, que es la que tiene el interés constitucional, así como la mayoría de los grupos parlamentarios, y de ese modo engrosarla.


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El segundo aspecto del que le quiero hablar se refiere al papel de la religión, que tiene peso -usted lo sabe- en las escuelas concertadas y en muchísimas escuelas privadas sin fondos públicos. Yo siempre digo que España viene de una cultura cristiana y tenemos que tenerla presente. Yo soy profesor de literatura y no se me ocurriría explicar según qué periodo literario sin recurrir a la historia y a la religión. Eso no tiene nada que ver con la promoción de una determinada religión, sobre todo en un Estado como el Estado español actual, donde existe variedad de religiones, y mucho menos con la liturgia, que sí se acaba dando en algunas escuelas. Me gustaría conocer la opinión de la entidad que usted representa.

Voy a hablar de un acontecimiento que ha sucedido en los últimos días en el Estado español para que usted, que es representante de las escuelas privadas no sostenidas con dinero público, lo valore, hoy que cuenta con una tribuna especial, el Congreso de los Diputados. Supongo que está al tanto de la existencia del vergonzoso autobús y del odio, que está promoviendo valores de homofobia y transfobia por todo el Estado español. En su intervención inicial ha hablado de la necesaria protección a los niños y a las niñas. ¿Entiende que esos valores de odio y de atentado a los derechos fundamentales de los niños -hay que recordar que es un autobús que habla de los penes y las vulvas de los niños y niñas- tienen cabida en un sistema democrático como el nuestro? ¿Y de qué manera podríamos expulsarlos no solo de las escuelas privadas y concertadas, sino también de los elementos que van en contra de esa sociedad igualitaria que todos estamos obligados a garantizar?

El tercer aspecto sobre el que le quiero preguntar es el siguiente. Uno de los elementos fundamentales que ponen en riesgo -voy acabando, señora presidenta- el sistema educativo es la segregación. En España existe segregación por razones de sexo. Determinadas escuelas separan aún a los niños de las niñas, jugando en muchas de ellas un papel importante la religión, como las que pertenecen al Opus Dei o a Los Legionarios de Cristo. La segregación lingüística también existe y da lugar a la separación de los alumnos. La disposición treinta y ocho de la Lomce permite en Cataluña que en unas clases se hable un idioma y en otras otro. Pero la segregación más importante es la segregación social y usted sabe, señor Núñez, que hoy el 78% del alumnado inmigrado lo está asumiendo la escuela pública y no lo asumen ni las escuelas privadas ni las escuelas concertadas. Señor Núñez, ¿cómo podríamos tomar medidas que reviertan esto?

Acabo con dos elementos. Usted hablaba de los informes PISA. No es el modelo que defendemos en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, porque es un modelo básicamente mercantilista. Pero, incluso si aceptamos el modelo PISA como marco, usted sabe que los mejores resultados los están teniendo aquellos Estados que cuentan con una mayor presencia de escuela pública. En Finlandia, que es el país que siempre se pone como ejemplo de buenos resultados en los informes PISA, el 98% de las escuelas son escuelas públicas, solo el 2% son escuelas privadas y no existen las escuelas concertadas.

El segundo elemento es el 'MIR' educativo al que hacía mención la diputada de Ciudadanos. Creo que la señora Martín está en un error, porque, además de la formación, el 'MIR' regula y dificulta el acceso. (Rumores). Como todavía no hay una propuesta firme encima de la mesa, es difícil de remediar, pero si el modelo del 'MIR' educativo o docente es el mismo que el del MIR sanitario, dificultaría y pondría un escalón más, sobre todo a los alumnos de las familias más vulnerables por el precio que pueda tener. Sería un escalón más de dificultad en el acceso a la función docente.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Núñez, por su exposición.

No insistiré en cosas que ya se le han planteado e intentaré ser breve. Tengo la sensación -y por alguna conversación que hemos mantenido creo que no me equivoco- de que la asociación que usted preside reúne a una variedad de centros privados bastante grande. Por tanto, intentar dibujar con un solo trazo a todos esos centros sería simplificador. Creo que esto ha constituido una dificultad para usted a la hora de la exposición, porque había cosas que no podía matizar sobre aquí, allí, etcétera. En todo caso, mi impresión -si no, ya me corregirá usted en la respuesta- es que su exposición tenía dos partes, una parte de diagnóstico y otra parte de reivindicación.

Respecto a la reivindicación, los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra ya le han pedido suficientes explicaciones, pero quería hacer algún comentario a su diagnóstico para luego poder hacerle alguna pregunta. Insisto en que debe ser por la variedad de centros que acoge su asociación, pero


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me ha parecido que su diagnóstico era muy genérico y sumario, tanto en lo positivo como en lo negativo. Usted se ha quejado -y con razón- de los estereotipos, del estereotipo de que la escuela privada es para los ricos, y estoy absolutamente de acuerdo. Igual es un juicio de intenciones y en ese caso me disculpará usted, pero he tenido la sensación de que usted también semisubliminalmente manejaba estereotipos respecto a la escuela pública. Toda esa insistencia en la ineficiencia, la mediocridad, la burocracia, etcétera, también es en gran medida un estereotipo; o cuando usted destacaba determinados méritos o virtudes que se dan en la escuela privada, parecía que iba a añadir: y no en otros sitios que yo me sé. Por ejemplo, la selección efectiva; no dudo de que en la privada la selección sea efectiva, pero en la pública tampoco es que sea una broma, ni muchísimo menos. Después ha hecho referencias a mayor flexibilidad y genéricamente a nuevas actitudes, conocimientos o competencias. En todo caso, hay una cosa que sí me parece que vale la pena decir: los diagnósticos deberían introducir siempre una claúsula ceteris paribus, como dicen los juristas, es decir, en igualdad de condiciones. La mayor o menor mediocridad se debería establecer sobre la base de las mismas condiciones. Me explico.

Todos sabemos que existen centros no públicos que invitan a los estudiantes menos dotados a que busquen otro centro porque allí no pueden seguir el ritmo, etcétera. Que ese centro obtenga unos resultados medios mediocres es normal, es lógico; lo que tenemos que valorar es cómo juzgamos el resultado que obtienen otros centros con las dificultades que tienen. Por eso insisto en que cambiando las condiciones el juicio puede ser desigual.

En todo caso, de los rasgos que ha dicho respecto a los centros privados, ha habido varios que me han llamado la atención. Muy rápidamente le quería preguntar por la cuestión de la autonomía de los centros y el proyecto propio, en el que usted ha insistido como una de las cualidades de los centros privados. A propósito de eso le quería preguntar por la evaluación, imagino que externa, que proponen para ver qué tal funciona la autonomía de los centros en cuanto a los proyectos propios. No le voy a preguntar por el profesorado o por su estabilidad. Ustedes presumen de la calidad del profesorado y no se la discuto. He visto los documentos a los que usted se refiere y no dudo de sus autores, pero me tendrá que reconocer que hay una cosa que también hay que decir, y es que si algo ha acreditado el profesorado que ha pasado determinadas oposiciones y concursos en los centros públicos -por poner solo un caso- ha sido por lo menos su excelencia. Durante muchísimos años mis mejores estudiantes eran los que sacaban las oposiciones y se iban a la pública, por tanto, de salida el capital humano que tenía la pública era francamente valioso y eso no lo podemos desdeñar.

En todo caso, ha habido un rasgo que ha subrayado y que me interesa mucho, como es la cuestión de la mayor implicación de los padres. Una mayor implicación de los padres es obviamente una cuestión que nadie va a criticar, pero puede tener determinados efectos. Por ejemplo, ¿está claro que un mayor protagonismo de los padres en perjuicio de los profesionales redunda seguro y positivamente en la educación? ¿Es ese un axioma evidente? Porque, por ejemplo, muchos padres se resisten a según qué innovaciones. Respecto a algunas de las innovaciones de las que se habla mucho últimamente, la famosa educación por proyectos, etcétera, cualquiera que tenga conocidos en centros le contará que muchos padres tienen resistencias. Por supuesto, los padres están encantados con todo lo que les suene a idiomas y revolución digital -eso por descontado- pero, ¿eso garantiza realmente que el proceso educativo sea mejor? Perdóneme, pero tengo algunas dudas.

Por otra parte, hay algo que usted ha dicho y que he intentado apuntar textualmente para no malinterpretarlo. Ha hablado de los contenidos novedosos más próximos a los intereses de los estudiantes y los requerimientos del contexto. ¿Qué quiere decir los requerimientos del contexto, que en un momento determinado en el ambiente parece que hay una demanda a favor de un cierto tipo de profesiones, valores, etcétera? Porque las actitudes del contexto también se pueden criticar.

La señora PRESIDENTA: Señor Cruz, tiene que ir terminando.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Pues voy a terminar. (Risas).

Yo tengo la experiencia de antiguos alumnos míos que ahora están en centros de enseñanza privados y concertados y me cuentas que vienen los padres a decirles: Por favor, convence a mi hijo o a mi hija de que no haga esta carrera o no haga aquella, sino que haga esta otra que es con la que va a tener una buena salida, con la que dicen que va a ganar dinero, etcétera. Es muy raro que haya padres y madres que vaya a ver a los tutores a reivindicar las humanidades para sus hijos -es una rareza-, y sin embargo cualquier profesional de la educación dice que sería un gravísimo error olvidarlas. No sé -y termino- si una actitud acrítica o un papel excesivo de los padres puede tener efectos perversos.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cruz.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora González.

La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, ante todo, señor Núñez, por su presencia en la Comisión y por su exposición, que consideramos ha sido muy clara, primero, respecto al análisis que ha hecho sobre las debilidades que desde su punto de vista tiene el sistema educativo, entre las que creo haber entendido mediocridad de resultados, escasa eficiencia del gasto público, brecha entre formación y empleo, lentitud de respuesta política y deficiencia de marcos normativos, si bien ha puntualizado que respecto a los tres primeros se encontraban ustedes capacitados para poder inferir y los otros dos los dejaban más en manos de la Administración pública. No voy a entrar en el sólido modelo que usted ha detallado -entraré más tarde, a raíz del modelo de calidad que usted nos ha expuesto-, pero sí quería recalcar la palabra libertad, que usted ha mencionado en su exposición. El portavoz de Esquerra Republicana ha comentado si habría que cambiar o no el artículo 27 de la Constitución. Nosotros consideramos que el artículo 27 -en el que se reconoce que todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza- está bien y que la cuestión de la elección de centro educativo deriva de la Constitución pero más directamente del artículo cuarto de la LODE que decía que los padres y tutores legales tienen derecho a escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.

El principio fundamental que me ha parecido que usted nos trasladaba, dentro de ese respeto a la libertad de enseñanza por parte de Acade, es que hay que garantizar la libre creación y dirección de centros educativos y la libre elección de colegio para todos los padres, sin que se encuentren sujetos a condicionantes económicos. De ahí he creído entender su apuesta por modelos de financiación directa a familias, como desgravaciones fiscales o bonos escolares para los niveles inferiores. Libertad también expresada a la hora de aumentar la autonomía de los colegios privados, con el único objetivo -quiero recalcarlo- de seguir desarrollando proyectos innovadores y de calidad.

Desde el Partido Popular quiero puntualizar que no apostamos con la boca pequeña por la enseñanza pública. Me ha dolido mucho lo que he oído en la intervención anterior a la suya -me va a permitir que haga esta pequeña reseña porque me he sentido muy ofendida-, ya que yo me he educado en la enseñanza pública, he ido a un instituto público, a la universidad pública y hasta hace un año he sido docente en un instituto público de las afueras de León, una zona con un gran número de alumnos de etnia gitana y de inmigrantes, con una enseñanza que choca mucho con esa visión catastrofista que se nos ha dado. En este instituto de enseñanza secundaria he llegado a tener 6 alumnos en segundo de bachillerato en la asignatura de Física y había claustros con 25 ó 26 profesores en segundo de enseñanza secundaria. Quiero dar este dato, en contraposición con la visión catastrofista que se nos ha dado en la intervención anterior. Por cierto, tengo cuatro hijos que estudian en la enseñanza pública. Dicho esto, que me parecía que era importante ponerlo de manifiesto, quiero añadir que desde el Partido Popular entendemos que no hay contradicción con un compromiso en pro de la libertad de elección de los padres, que pasa por favorecer iniciativas de la sociedad que enriquezcan la oferta educativa, siempre desde el no enfrentamiento y desde la libertad, y más cuando estas responden en muchos casos a una creciente demanda, incluso en épocas de crisis. Esto también hay que decirlo porque contamos con esos datos.

Entendemos que la libertad es una garantía de calidad y un buen sistema educativo ha de estar basado en la calidad, la equidad y la libertad. Haciendo referencia a los programas de éxito que nos ha comentado con sistemas de evaluación, he de decir que nos consta que se han implementado determinados modelos dentro del margen de la autonomía de centros; modelos con unas metodologías avanzadas y adaptadas, como muy bien ha dicho usted, a las necesidades del alumnado, cosa que nos parece muy interesante. Estos modelos ya evaluados ¿cómo se valora desde Acade la posibilidad de trasladarlos al pacto de educación del que ahora estamos hablando? Por otro lado, en estos modelos, me gustaría preguntarle qué trascendencia tiene la calidad de los profesores -tema que también ha comentado el portavoz del PSOE- y la importancia de los equipos directivos con relación a estos proyectos innovadores.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Señor Núñez, tiene ahora diez minutos para contestar a las cuestiones planteadas. Yo sé que es poco tiempo, pero quiero que sepa que puede enviarnos las contestaciones más detalladas a la secretaría de la Comisión y desde la Presidencia se las enviaremos a todos; es decir, todas las contestaciones se remitirían a todos los portavoces de los distintos grupos. Se lo digo para que no tenga que ir muy deprisa por esos diez minutos.


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El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE (Núñez Velázquez): Muchas gracias, presidenta.

La verdad es que, después de oírles a ustedes, necesitaríamos estar hablando de educación más tiempo, porque noto que la dominan muy bien, con distintas perspectivas y con distintas visiones. Estoy encantado de dedicar tiempo y tiempo a la educación. No voy a poder contestar a todo lo que me han preguntado porque la mayoría o todos ustedes saben más que yo, pero sí les puedo dar la visión que nosotros tenemos desde nuestra organización. Es apasionante y merece la pena lo que ha hecho el Congreso, lo que están haciendo ustedes. Tenemos que llegar a un acuerdo, dentro de las visiones tan diferentes que tenemos. A mí me preocupa muchísimo la politización de la educación, y posiblemente, si no arrancamos o sacamos la politización de la educación, no vamos a avanzar para nada; va a ser difícil. Ustedes tienen una gran preparación, el pueblo español les ha puesto para solucionar el tema y tendremos que buscar una alternativa. Estoy orgulloso de haberles escuchado, me ha encantado, y les felicito a todos. No les puedo contestar uno a uno pero les mencionaré por respeto, por todo lo que ustedes se merecen. Les voy a mandar mi intervención y también les daré mi correo para que me pregunten lo que quieran porque individualmente les contestaré, teniendo en cuenta mis limitaciones ya que ustedes saben mucho más que yo.

En primer lugar, voy a contestar al señor Olòriz, de Esquerra Republicana, con el que tuve una entrevista estupenda. Estuvimos hablando de la mejora de la educación. Este es un buen ejemplo de que todos estamos de acuerdo cuando no concretamos; el problema viene a la hora de concretar. (Risas). Le dije a una colaboradora mía que iba conmigo que me había quedado perplejo porque creía que Esquerra Republicana me iba a echar a patadas de allí. (El señor Olòriz Serra: Estereotipos). Sin embargo, fue de lo más agradable y simpático, e incluso en el 80 o 90% de lo que estuvimos hablando estábamos de acuerdo. ¡Cómo es posible! Estábamos de acuerdo, pero -¡ay, amigo!- ya han empezado los problemas. Han empezado con un problema clave, señor Olòriz, y es la libertad de enseñanza. Cada uno tenemos una visión de la libertad de enseñanza, que al final es la clave de esta película. Va a ser muy difícil negar la libertad de enseñanza, es imposible, va con la naturaleza humana, está en la Declaración de los Derechos Humanos. Usted dice: yo estoy de acuerdo, el problema luego es cómo. Usted ponga solo la enseñanza pública, los padres que se busquen la vida -más o menos- y que mejore la enseñanza. Estoy hablando un poco en plan distendido. Le agradezco su intervención, aunque no coincido con la misma. Mi propuesta es que no hay que modificar el artículo 27 de la Constitución. Lo mejor que pueden hacer ustedes es no tocar el artículo 27 porque, si no, se arruina todo el sistema. Defiendan ustedes el artículo 27, porque es lo único que tenemos. Si nos cargamos el artículo 27 no va a haber aquí pacto escolar en la vida. Mis propuestas no van en aras de modificar nada, sino de tener una visión del derecho de los ciudadanos a la enseñanza gratuita. Todos los ciudadanos somos iguales y podemos elegir la escuela. La enseñanza obligatoria debe dar opción a cualquiera a elegir la escuela. España es un país pluralista, lo saben mejor ustedes, que recorren todos los pueblos, todas las ciudades, todos los barrios de nuestra España. Hay que dar pluralidad de escuelas. No se puede monopolizar una única escuela, ni confesional ni pública. No puede haber una sola escuela. Hay que facilitar a los padres que elijan la escuela con unos condicionamientos que no se vean dificultados para nada por el coste económico. Es una visión mucho más democrática, que afecte más a la libertad.

Me han preguntado varias personas por los temas de financiación. Aprovecho para contestarles. Los sistemas de financiación en el mundo se están experimentando. Hay muchos países, cada uno con sus singularidades, en los que la financiación se lleva a cabo en la línea que yo digo, unos de una manera y otros de otra. Por ejemplo, Dinamarca. Dirán que es un país muy pequeño, pero es un modelo de financiación similar al cheque escolar; paga donde va el alumno. El Estado le pregunta: ¿usted quiere ir a tal colegio? Yo le pago el coste de la enseñanza y se va usted a ese colegio. ¿Qué pasa con eso? ¿Creamos algún problema político? Es que hay que sacar la política de la educación. Si no, no nos entendemos. Noruega, igual. Son países muy avanzados, con éxito escolar. En Francia, en algunas provincias, tienen establecidos sistemas similares, con lo que es la Grande France. Pues también tienen otros sistemas de financiación. No se obstinen ustedes en la idea de todo público, público... Yo no voy en contra, la pública es fenomenal, tiene los mejores profesores, como ha dicho, y aquí tengo a algunos. Me parece que este señor que tengo al lado es profesor y muchos de ustedes lo son, y son muy buenos. No hablo de eso. Son excelentes y pueden ser mejores que en la privada, pero no solo consiste en eso la mejora de la educación. Un profesor solo no puede resolver todos los problemas. Mi asociación defiende profundamente la enseñanza pública, nunca estaré en contra, al revés, quiero que cada día la enseñanza


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pública sea mejor -que está mejorando-, más competitiva, para que la gente pueda elegir. Así los otros modelos, la concertada o la nuestra privada tendrán que espabilar, pero no castiguen ustedes a los padres por elegir otro modelo de escuela. Si usted se gasta en la pública equis, llego a aceptar que se gaste un poco menos en esos padres, pero permítanles ir a otra escuela. Estamos en un mundo especial, donde uno elige una escuela porque, a lo mejor, quiere que el chico sea un gran deportista y esa escuela está muy especializada en deporte, ha tenido mucho éxito o tiene...No sé, cada familia tiene una visión y hay que darles escuelas plurales con proyectos educativos plurales. Noruega, Francia, Dinamarca, algunas regiones de Italia, varios países latinoamericanos, Canadá, algunos estados de Estados Unidos como Florida o Wisconsin tienen muchísima educación en esta línea, están implantados sistemas parecidos. No se asusten ustedes, que es mucho más fácil de lo que creen y les dará a todos muchos votos. (Risas). Seguro que van a tener más votos porque la gente quiere esto. Cada uno de ustedes se mete en sus ideas y en sus cosas pero, en la educación, ábranse y acepten nuevos modelos de educación.

La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, tiene que terminar.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Núñez Velázquez): ¿Entonces cómo contesto a todos? (Risas). Por lo menos les daré las gracias.

Señora Martín, muchas gracias. Acepta usted los tres modelos. No tengan ustedes vergüenza de decirlo. Lo que pasa es que les da vergüenza decir que hay más modelos de educación y que cada uno tiene cosas buenas y cosas menos buenas, pero hay que apoyar a nuestras familias y, por tanto, no tenemos que limitar. Respecto a la autonomía de los centros, yo se lo explicaría, pero no me deja la presidenta. (Risas).

La señora PRESIDENTA: No, no, la presidenta le ha dicho que lo hemos estipulado así entre todos y que luego nos puede contestar por escrito. Será más intenso.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Núñez Velázquez): Estoy a su disposición, de verdad, y si quieren que venga otra vez y les eche una plática, lo haré, porque les va a venir bien, de verdad. (Risas).

A Joan, de Podemos, le he visto muy bien, lo que pasa es que no coincidimos en la visión, pero, a veces, dicen ustedes cosas interesantes en educación. (Risas.-El señor Jiménez Tortosa: A veces). Digo en calidad. Hay que sacar la ideología. Sean ustedes pragmáticos y ya verá cómo cambia la ideología (Risas). No le digo a usted que cambie de ideología en todo, hablo de educación. Sean pragmáticos. Todo el mundo utiliza la educación -por eso no hemos llegado a ningún acuerdo- como instrumento político, y eso no puede ser. Vamos a utilizarlo como mejora de la sociedad y de sus votantes. Muchas gracias por todo porque ha intervenido usted fenomenal. Si quiere usted... (El señor Jiménez Tortosa: Le invita ahora a un café). Exactamente, tomamos un café y se lo explico.

Señor Cruz, muchas gracias. Ha hecho una intervención estupenda, fenomenal. No me da tiempo a contestarle pero me ha preguntado cosas fundamentales sobre evaluaciones. Me ha dicho lo de los mejores profesores y es que, sinceramente, son de la pública, son grandes profesores. Yo no estoy en contra, al revés. Son muy buenos, no es ese el problema; es un problema de organización, de gestión, de gobernanza de los centros, de quitar la política de la escuela y de muchas más cosas. Excelente su intervención y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Me ha preguntado por la formación, por el MIR educativo. Estoy de acuerdo en una formación posterior.

En cuanto a Ciudadanos, efectivamente, el sistema de mejora para la formación de profesores no ha de ser copiado al pie de la letra del MIR. El señor Rubalcaba hizo una propuesta bastante buena sobre este tema, pero no hay que copiar al pie de la letra el MIR, tienen que participar todos los sectores y en todas las escuelas para dar clase y luego que hagan la oposición correspondiente. En la línea del MIR y en la línea de la formación, de que los profesores no entren directamente desde las facultades de Ciencias de la Educación a la escuela y tengan que aprender durante tres o cuatro años, porque en cuatro o cinco años hacen barrabasadas. Algunos no, porque son muy listos y se adecuan rápido, pero un buen profesor se hace en el aula, se forma, y eso tiene mucho valor. El profesor es el valor clave del sistema, es lo mejor, y tenemos que cuidarlo. Es lo mejor.

Señora Martín, muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, tiene usted que terminar.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA, ACADE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Núñez Velázquez): Muchas gracias a todos. Les voy a pasar mi intervención y les facilitaré mi correo por si quieren hacerme alguna consulta. Estoy a su disposición. Ha sido un placer. Estaría aquí más tiempo. Si ustedes me invitan a comer continuamos debatiendo, ya uno por uno, las cosas que me han planteado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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