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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 134, de 22/02/2017
cve: DSCD-12-CO-134-C1
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 134
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLES CAMPUZANO I CANADÉS
Sesión núm. 6
celebrada el miércoles,
22 de febrero de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias:

- De un representante de la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE (Díaz Robledo). para exponer la realidad social de las personas sordas, así como la situación actual del desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/000098) ... (Página2)

- De un representante de CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas (Díaz Robledo), para exponer la implantación, desarrollo y cuestiones pendientes relativas a la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000147) ... (Página2)

- De la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE (Díaz Robledo), para exponer propuestas y sugerencias de la Confederación Estatal de Personas Sordas. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000168) ... (Página2)


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- Del presidente fundador de la Fundación Española de la Tartamudez (Sánchez García), para informar sobre cuestiones de interés para la citada Comisión. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 219/000051) ... (Página14)

- Del presidente de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS (Aedo Cuevas), para exponer propuestas y sugerencias de FIAPAS. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000167) ... (Página24)

- De un representante de FIAPAS, Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Planelles de Lano), para exponer las dificultades que encuentra el colectivo derivadas de la vigente regulación de la prestación ortoprotésica. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000148) ... (Página24)

- Del presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, Feacem (Sáez Cruz), para exponer propuestas y sugerencias de Feacem en materia de empleo de personas con discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000159) ... (Página36)

Corrección de error ... (Página47)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

COMPARECENCIAS:

- DE UN REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS, CNSE (DÍAZ ROBLEDO), PARA EXPONER LA REALIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS SORDAS, ASÍ COMO LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 27/2007, DE 23 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/000098).

- DE UN REPRESENTANTE DE CNSE, CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS (DÍAZ ROBLEDO), PARA EXPONER LA IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y CUESTIONES PENDIENTES RELATIVAS A LA LEY 27/2007, DE 23 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 219/000147).

- DE LA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS, CNSE (DÍAZ ROBLEDO), PARA EXPONER PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000168).

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, damos inicio a esta Comisión, que va a ser intensa porque vamos a contar con la presencia de cinco comparecientes que representan a distintas iniciativas de la sociedad civil vinculadas al ámbito de la discapacidad. Vamos a empezar con la comparecencia de la presidenta de la Confederación nacional de Sordos de España, doña Concepción María Díaz Robledo, a quien damos la bienvenida a esta Comisión. También nos acompañan Marisol González Acedo, que es la directora gerente de la confederación, Jesús Martín Blanco, que es el coordinador de Presidencia y Relaciones Institucionales, a quienes damos la bienvenida, así como a las intérpretes que nos acompañan, las señoras Olga Luque y Ana Caneda.


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Como saben, esta comparecencia va a contar con el servicio de interpretación, así como con el de subtitulado en la emisión por internet que se está efectuando.

La intención es que la señora Díaz haga una intervención de alrededor de unos veinte minutos y luego sus señorías les puedan plantear las reflexiones o preguntas que crean oportunas, con un tiempo de alrededor de cinco minutos. Luego la compareciente contestará aquello que crea oportuno contestar. Le reiteramos la bienvenida, esta es su Comisión, todos los grupos tienen mucho interés en escuchar sus propuestas y reflexiones, que van a ser imprescindibles en el trabajo parlamentario que luego hagamos en nuestras funciones de control, de impulso a la actividad del Gobierno y en la propia actuación legislativa, en una Comisión que por fin en esta legislatura ha asumido también el carácter legislativo, con todo lo que implica.

Por mi parte nada más y, por tanto, suya es la palabra.

Gracias.

La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS, CNSE (Díaz Robledo): Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, personal de servicio de la Cámara, buenas tardes.

En primer lugar, como Confederación Estatal de Personas Sordas y representante de nuestra red federativa y asociativa en todo el Estado, quiero agradecer que nos brinden la oportunidad de comparecer hoy ante ustedes para relatar la situación de las personas sordas. La confederación cuenta con una agenda política que queremos trasladar aquí y espero que esta agenda política también sea adoptada por esta Cámara y los miembros de su Comisión. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y felicitar el importante paso que ha dado el Congreso al elevar esta Comisión de Discapacidad a un carácter legislativo, entendemos que es fundamental para las personas que comprendemos el sector de la discapacidad. Y quiero recordar que la Confederación Estatal de Personas Sordas tiene un convenio de colaboración con esta casa desde hace algunos años cuya finalidad es hacer accesibles a las personas sordas, a todas ellas, algunas de sus actividades.

También quiero agradecer a los señores y las señoras diputadas su apoyo en la reforma del artículo 56 del Código Civil, relativo al matrimonio, que tanto malestar creó en el colectivo de las personas sordas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por su apoyo, porque ha sido muy importante para nosotros.

Antes de comenzar mi comparecencia, quiero trasladarles cuál será el enfoque y será desde una doble vertiente. Por un lado, trataré el tema de las personas sordas desde la perspectiva de discapacidad, y por el otro, como comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana.

Comenzaré mi intervención explicando qué es la Confederación Estatal de Personas Sordas, la CNSE, relatando un resumen de las características de nuestro colectivo, el colectivo de las personas sordas, aportando casos que nos han llegado a la CNSE de vulneración de derechos fundamentales de las personas sordas que vivimos en este país, y por último lanzaré una serie de propuestas de cara a la construcción de nuestra agenda política conjuntamente con sus señorías en diferentes ámbitos como la educación, la formación y el empleo, la accesibilidad a todos los ámbitos y también las ayudas técnicas, la violencia de género y la atención sectorial, además del ámbito de los derechos lingüísticos y la pluralidad lingüística vinculada a la lengua de signos española y la lengua de signos catalana.

Voy a empezar presentando la CNSE. Es una entidad de ámbito estatal, una ONG de acción social, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que se fundó en 1936, el día 14 de junio. Nuestra misión es trabajar con la finalidad de construir país y una sociedad igualitaria, en la que podamos participar las personas sordas. Trabajamos en tres líneas fundamentales para ello. Una de nuestras primeras líneas de actuación es la atención y la defensa de los derechos de las personas sordas, de todas ellas, y de sus familias. Una segunda línea es el fortalecimiento de la estructura asociativa, federaciones y asociaciones de personas sordas de nuestro movimiento asociativo. Y la tercera línea es la defensa y protección, además de la difusión, de la lengua de signos en España.

En casi ochenta años de historia que tenemos como confederación, por un lado, tenemos un carácter reivindicativo y de influencia política, y por otro, de creación de servicios que ofrecemos a la atención de las personas sordas, de todas ellas, a través y con nuestra red federativa. La CNSE es una entidad que actualmente cuenta con una estructura confederal, tenemos afiliadas 17 federaciones autonómicas, además de la asociación de la Ciudad autónoma de Melilla, y esta misma red federativa cuenta con un


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total de más de 115 asociaciones provinciales y locales, además de contar con entidades colaboradoras, entidades afines, entre las que se encuentran centros educativos, profesionales y familias.

La Confederación Estatal de Personas Sordas en el año 1998 crea la Fundación CNSE, cuya finalidad es articular, promover e implementar proyectos de accesibilidad, innovación, investigación y atención a todas las personas sordas y a sus familias y la defensa y la difusión de la lengua de signos en nuestro país. Esta misma fundación fue designada en el año 2011 por parte del Gobierno para la gestión del CNLSE, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, entidad dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y cuya gestión, como digo, ha caído en las manos de la Fundación CNSE, según se recoge también en la Ley 27/2007.

La CNSE es una entidad abierta y plural, destacando que nuestra confederación siempre busca las alianzas y la colaboración en diferentes ámbitos de la sociedad, formando parte también de otras entidades, como por ejemplo la Unión Europea de Personas Sordas, de cuya entidad somos miembros fundadores, y también de la Federación Mundial de Personas Sordas. Formamos parte del pleno y de la comisión permanente del Consejo Nacional de Discapacidad y de diferentes órganos de las administraciones públicas. Además, la CNSE es miembro fundador del Cermi y miembro del Real Patronato y de la comisión permanente de la Fundación ONCE. También formamos parte de la Plataforma de ONG de Acción Social y de la Unión de Asociaciones Familiares de España. Asimismo, somos miembros del Club de Excelencia, entre otros, además de contar con múltiples convenios con diferentes administraciones y entidades de la vida académica, social, universitaria, etcétera.

Está claro que la confederación representa una reivindicación de implementación y difusión de las políticas que conciernen a las personas sordas y a sus familias y también contamos con una agenda política como comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos española y catalana, e intentamos introducirlas en los diferentes ámbitos, como el de justicia y el propio Parlamento. Interactuamos con los agentes sociales y con la opinión pública y queremos estar ahí donde se toman las decisiones, para expresar la opinión de las personas sordas, estar presentes y que se cuente con nosotras. Para concluir con la presentación de mi entidad, nosotros nos movemos desde un criterio que es intrínseco a nuestro movimiento, es respetar la diversidad de las personas sordas, cada una con sus características, y también la autoconcepción y la autonomía de las personas sordas.

Quiero pasar ahora a arrojar una foto acerca de la población sorda en España. Las personas sordas, según los últimos datos del INE, alcanzamos alrededor de 1.064.000 personas en nuestro país, lo que supone alrededor de un 2 % de la población total y en lo que se refiere a la discapacidad refleja un 28 %. El 7 % de nuestra población tiene entre 6 y 15 años, el 57 % son mujeres y el 75,5 % son personas mayores de 65 años. Nuestro colectivo, como puede verse, es muy heterogéneo y diverso, por motivos asociados a la pérdida auditiva, a la edad de pérdida auditiva, y al desarrollo en el que se encuentra la persona sorda a lo largo de su vida, eso determina las características de cada una de las personas sordas, hay personas sordas que utilizan la lengua de signos como modalidad comunicativa en su día a día y que tienen un dominio total mayor o menor de la lengua oral, en su modalidad escrita o hablada, hay otras personas sordas cuyo sistema de comunicación único es la lengua oral, hay personas sordas que utilizan prótesis auditivas, otras que no, y hay personas sordas que tienen problemas de lectoescritura y otras que no. Es decir, nuestro colectivo comparte una necesidad y una única reivindicación, que es la participación en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país y todas nosotras, aun con nuestras diferencias, compartimos la barrera del acceso a la comunicación.

Quiero presentar ejemplos y situaciones de vulneración de derechos que vivimos en nuestro país, independientemente del territorio en el que vivamos, porque vemos que suceden en todo el Estado. Por ejemplo, desde el año pasado en nuestra área de asesoría jurídica hemos recogido 146 casos de vulneración de derechos vinculados al uso de la lengua de signos. Un tema que seguramente conocerán sus señorías es el inicio de curso en universidades e institutos, donde el alumnado sordo o bien no cuenta con intérprete de lengua de signos o en caso de hacerlo es con muy pocas horas lectivas. Cada año vemos reclamaciones a este respecto y, sin embargo, no vemos una solución. Otras situaciones que se dan, en el ámbito universitario por ejemplo, es que hay personas sordas que suspenden una asignatura y automáticamente se les deniega la figura del intérprete de lengua de signos cuando van a matricularse al siguiente año, también si utilizan algún tipo de ayuda técnica para la audición no se les proporciona el intérprete de lengua de signos porque se entiende que parece que no tienen un derecho a utilizar la lengua de signos ya que utilizan un audífono o un implante coclear. Hay vulneración de derechos en el currículo educativo también, como sucede en las escuelas de idiomas, en las que no existen adaptaciones


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curriculares para que las personas sordas podamos acceder al aprendizaje de idiomas de las lenguas cooficiales o también adaptaciones a la accesibilidad a través de intérpretes, todo esto no se produce. Hay casos de inaccesibilidad para la formación al empleo o la formación continua. En multitud de casos vemos que no se cuenta con intérprete de lengua de signos para acceder a estos contenidos y también hay vulneración de derechos en el ámbito de la sanidad, recibimos quejas como confederación de personas, con nombres y apellidos, que no pueden acceder al ámbito sanitario por falta de recursos, ya sean estos intérpretes o simplemente por la falta de accesibilidad al servicio sanitario. Son situaciones que ahora estamos recogiendo, pero que se vienen sucediendo desde hace tiempo, en centros de día, residencias para mayores, que no cuentan con adaptaciones para personas mayores sordas y que les imposibilita la participación en estos centros. Existen necesidades también de accesibilidad en las reuniones de juntas de vecinos, en los exámenes para acceder al carné de conducir, a la nacionalidad española, en diferentes ámbitos vemos la falta de accesibilidad para nuestro colectivo. Podría seguir relatando una serie de ejemplos, pero quiero simplemente lanzar una idea general, porque, evidentemente, ha habido avances, pero no son suficientes, todavía vemos esta vulneración de derechos. Y tenemos propuestas en diferentes ámbitos.

En el ámbito educativo, sabemos que contamos con una ley, la Ley 27/2007, en cuyo artículo 7 se habla sobre la educación, la educación y el derecho de las personas sordas y de sus familias, en función de si estamos hablando de menores, a poder elegir libremente una educación bilingüe, lo que supone contar con la lengua de signos y la lengua oral en el proyecto educativo. Esto debe garantizarse y debe garantizarse la existencia de centros que ofrezcan este sistema, pero no se cumple, actualmente en España existen muy pocos centros cuya oferta formativa sea bilingüe. En diez años de vigencia de la ley como confederación entendemos que ha de desarrollarse un reglamento, un real decreto, que considere unos criterios mínimos para que se desarrolle el bilingüismo con lengua de signos y lengua oral y que establezca cómo debe hacerse, qué profesionales docentes deben estar incluidos en esos proyectos, qué condiciones mínimas han de establecerse para que haya una equidad en todos los territorios y tengamos el derecho de libre elección.

En el caso de la Región de Murcia existe un centro de titularidad pública, un instituto de secundaria llamado Don Juan Manuel, que cuenta con un programa, el programa ABC, en el que hay alumnado, en este caso cuarenta alumnos y alumnas sordas de secundaria, que disfrutan de este proyecto bilingüe, con lengua de signos y lengua oral, en el que todos los docentes utilizan la lengua de signos como lengua vehicular y en el que todos los alumnos y alumnas sordas pueden acceder al currículo. También lo tienen en las PAU, se han presentado trece de estos cuarenta alumnos, el cien por cien ha aprobado estas pruebas selectivas, lo que demuestra que los proyectos bilingües con lengua de signos aportan resultados de éxito. Necesitamos garantizar que en todas las autonomías exista este derecho a elegir por parte de las familias y de las personas sordas.

En el ámbito de la formación y el empleo, entendemos que es importante garantizar que las personas sordas que ahora mismo están en situación de paro o que cuentan con trabajo pero quieren promoverse laboralmente necesiten acceder a una formación, a una formación continua, y que cuenten con la figura del intérprete de lengua de signos para que se garantice el ejercicio de sus derechos. También queremos solicitar aquí dos cosas en cuanto a formación y empleo. Necesitamos una revisión de la normativa acerca de la prevención de riesgos laborales, porque ahora mismo hay muchísimos impedimentos para nosotras, las personas sordas, en el acceso a según qué puestos y las necesidades de prevención de riesgos laborales han de respetarse, pero también respetando las capacidades de las personas sordas. Debemos hacer una revisión de esta normativa y no limitar a nuestro colectivo en ámbitos de empleo, en los que nunca nos hemos visto limitadas y ahora corremos el riesgo de estarlo.

Desde CNSE queremos que se revise el Reglamento General de Conductores. En la actualidad las personas sordas podemos acceder a los permisos de conducción del grupo 1 y pedimos que se amplíe al grupo 2, como ya sucede en otros países, en los que las personas sordas podemos conducir camiones, furgonetas, y no pasa en España. Tenemos que marcar la diferencia y avanzar en este sentido.

Me gustaría solicitar que el grupo de profesionales de personas sordas docentes en lengua de signos, que en la actualidad asciende en España a 394 profesionales y que no cuentan con una formación reglada sino una formación que ha proporcionado la propia CNSE y que han desempeñado un trabajo en centros educativos, en empresas, en el ámbito de la Administración pública, que estos profesionales, como digo, que todavía no cuentan con una formación reglada y oficial, la tengan, y en consonancia con nuestra ley, la Ley 27/2007, merecen un reconocimiento.


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En cuanto a la violencia de género, a sus señorías insto y ruego a que en el futuro pacto contra la violencia de género no se olviden de las mujeres sordas y nos incluyan en este pacto. Es cierto que contamos con el 016, que es accesible en una franja horaria, no en las veinticuatro horas, pero no es suficiente, para que todas las mujeres sordas que han vivido situaciones de maltrato y que han contactado con nuestra confederación puedan acceder a los servicios, para que sea inclusivo para todas las mujeres, también para las mujeres sordas y para las mujeres con otras discapacidades.

En cuanto a la accesibilidad a la información y a la comunicación en general -para ir concluyendo, porque tengo que acelerar mi discurso-, los teléfonos como el 112, el servicio de emergencias, que ahora mismo en España no es accesible para las personas sordas, no funciona para nosotras, una persona oyente cuenta con un único número estandarizado, para las personas sordas no sucede esto, en función de dónde vivimos o en qué comunidad vivamos así será la forma de acceso al 112, además de que no incluye la lengua de signos. Pido a sus señorías que, por favor, también con el Gobierno se trabaje en que se estandarice el 112 en todas las comunidades autónomas para el acceso de todas las personas sordas y que también incluya la lengua de signos. De la misma forma, otros teléfonos de atención a la ciudadanía, de la Administración General del Estado o de cualquiera de las administraciones, como son el 091, el 062, que no son accesibles todavía para las personas sordas y que desde la Administración pública debe asumirse esta accesibilidad como competencia.

No sé si vamos bien de tiempo, presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí. Le quedan cinco minutos, bueno menos, cuatro minutos.

La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS, CNSE (Díaz Robledo): Vamos a dejarlo en cinco.

Quiero comentar en esta oportunidad que se me brinda el servicio de video-interpretación para personas sordas Svisual, una plataforma que funciona gracias al convenio con el que contamos con la Administración pública, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que permite que las personas sordas en cualquier sitio del Estado puedan acceder a llamadas de teléfono y es un servicio que en los siete años que lleva funcionando ha recibido más de 578.000 llamadas. Solo el año pasado recibió más de 80.000 llamadas, procedentes de todos los puntos de España, de las que se pudieron atender aproximadamente unas 60.000 llamadas, 66.000. El resto no se ha podido atender por falta de recursos económicos. Este servicio, señorías, es un servicio eficaz y no puede depender la financiación del número de atenciones, por eso las personas sordas necesitamos acceder a todos los ámbitos en nuestro día a día. Efectivamente, hay ámbitos que son más sensibles como el ámbito sanitario, y necesitamos una financiación bien dotada para poder garantizar el ejercicio de los derechos básicos de todas las personas sordas en todos los puntos de nuestro país.

Y por falta de tiempo voy a eliminar algunas cosas de mi intervención. Hay cosas que faltan, cosas que quiero proponer, aunque ahora mismo no tengo tanto tiempo, pero sí desde el punto de vista de discapacidad es la exposición que he hecho hasta este momento, vinculada a la Comisión en la que comparezco, pero ahora quiero abordar el punto de vista que comentaba al principio, como comunidad usuaria de la lengua de signos, comunidad lingüística. En este país, a pesar de contar con leyes y normativas avanzadas, a pesar de que la sociedad ha cambiado su forma de percibirnos, todavía nos cuesta que se entienda nuestro mensaje. Somos una comunidad lingüística, usuaria de la lengua de signos española y de la lengua de signos catalana, personas sordas, personas sordociegas, personas oyentes que en su día a día viven, conviven y utilizan la lengua de signos.

La Ley 27/2007 cumple diez años este año y gracias a esta ley hemos conseguido una serie de hitos, pero todavía vivimos con muchas barreras y no se respeta nuestra identidad lingüística igual que se hace con otras lenguas cooficiales, en las que sí se ha mostrado sensibilidad lingüística. No es el caso de la lengua de signos. Y debemos avanzar a este respecto, mostrando el derecho de la comunidad lingüística a la que representamos y puede ser que en un largo plazo se trate la posible reforma de la Carta Magna y en ese caso nos gustaría que la lengua de signos española y la lengua de signos catalana se incluyesen en nuestra Constitución, en el artículo 3, con la misma consideración que otras lenguas, ni más ni menos, sino la misma consideración y el mismo valor que otras lenguas.

Ahora mismo contamos con una ley del año 2015, la Ley 10/2015, de 26 de mayo, que habla sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y queremos solicitar que también el Gobierno contemple que la lengua de signos se considere como un bien inmaterial de interés cultural y que se plantee también la revisión de la Ley 27/2007, con la que no tenemos una satisfacción plena, ya que no recoge este


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aspecto lingüístico identitario y entendemos que en una sociedad madura han de respetarse todas las lenguas con una ley propia, igual que sucede con lenguas orales, con una ley propia en este caso de la lengua de signos, que promocione la lengua de signos en España, igual que pasa con otras modalidades lingüísticas en otros territorios.

Para concluir mi intervención y no robar más tiempo, que no es lo que deseo, ni mucho menos, quiero trasladar dos ideas. En primer lugar, los derechos, los derechos y dignidad de las personas sordas, que no dependa del número de personas de las que estemos hablando, yo creo que con que exista una única persona que viva en este país, ya sea una, mil o un millón, esa persona tendrá que tener una vida digna y el Estado deberá proporcionársela, independientemente del número del que estemos hablando. Y en segundo lugar, la libertad de elección, la libre elección, la Ley 27/2007 y también otras normativas vinculadas a la discapacidad hablan de la libre elección. Rogamos que se comprenda por parte de sus señorías que yo soy una persona sorda y utilizo la lengua de signos, pero también utilizo la lengua oral, yo personalmente utilizaba un audífono y hay muchas diversidades dentro de las propias personas sordas, hay quien elige la lengua oral, hay quien elige la lengua de signos, pero no solo eso, elegimos las dos. ¿Elijo la lengua de signos o un audífono o un implante? No, elijo todo. Las personas sordas, nuestras familias, tenemos derecho a recibir todas las opciones, en el desarrollo de la vida de cada una iremos decidiendo qué necesitamos, pero una cosa no excluye la otra, queremos todo. La Confederación Estatal de Personas Sordas apuesta por sumar, que la lengua de signos suma, igual que suma la lengua oral, igual que suman todos los recursos que estén a nuestra disposición para poder desenvolvernos como personas y ser personas válidas y con capacidad de decisión.

Concluyo mi intervención y quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantearme.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.

No nos roba tiempo, sino que compartimos esta tarde con usted con mucho placer e intentando, eso sí, poder realizar las cinco comparecencias que teníamos previsto.

Si les parece a las señoras y los señores comisionados, empezaríamos con el señor Alli, del Grupo Mixto. Por favor.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.

Señora presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, bienvenida y muchísimas gracias por su capacidad de síntesis, la verdad es que es complicado transmitir todo, la presión que usted ejerce en los poderes públicos, ya sean autonómicos como, lógicamente, aquí en el ámbito legislativo en el Congreso de los Diputados; por lo tanto, enhorabuena. He tenido la fortuna de conocerla ya hace años en Navarra en diferentes eventos de personas con discapacidad auditiva y tengo que decirle que al menos en la Comunidad Foral de Navarra la actual presidenta del Cermi navarro es la presidenta de Eunate, que, como bien saben, es la asociación que aglutina a personas sordas de Navarra.

Ha hablado de asuntos tan relevantes como dignidad y persona y derechos. Más allá de que estén recogidos en leyes, en convenciones internacionales de los derechos de las personas con discapacidad, efectivamente, los derechos no están medidos por el número de personas afectadas en un país, eso que quede bien claro, y la participación en la vida cotidiana plena y efectiva de la sociedad española, sea cual sea su comunidad, trae consigo la palabra accesibilidad. Y también soy consciente de las barreras que tiene cualquier tipo de persona con discapacidad, especialmente las personas sordas, como usted acaba de aclarar. Por lo tanto, menos palabras y más hechos.

Por parte del grupo al que represento, que es Unión del Pueblo Navarro, tomamos nota de las cuestiones que usted aquí ha dejado sobre la mesa y tomamos nota para llevarlas adelante, como, por ejemplo, la petición de cambios jurídicos o normativos tanto en la revisión normativa en prevención de riesgos laborales como en cuanto al Reglamento General de Conductores, también hemos tomado nota, sobre todo en cuestiones tan pragmáticas y tan duras como son las consecuencias de la violencia de género en este país, y por supuesto que las prestaciones y los servicios a los que tienen derecho las personas, las mujeres y menores, víctimas de violencia de género también sean accesibles a las personas con discapacidad auditiva. Tomamos también nota de esa estandarización del teléfono de emergencias y de urgencias, el 112, y la apuesta clara y firme, no sé si tanto de ámbito legislativo pero sí de ámbitos ejecutivos, ya sean del Gobierno central como de Gobiernos autonómicos, en relación con la aplicación de las nuevas tecnologías para la vida plena, por ejemplo de ese sistema, como usted ha citado, tan conocido, que es Svisual, el cual sería un avance tremendo en relación con la accesibilidad de una


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persona sorda en el acceso a los servicios sanitarios, educativos, culturales, etcétera. Y también tomamos nota de esa petición de identidad propia lingüística de la lengua de signos.

En definitiva, hay mucho por hacer. Muchísimas gracias por su lucha durante todos los años que lleva al frente y los que le quedan y tiene un apoyo incondicional por parte de Unión del Pueblo Navarro y entiendo que también del Grupo Mixto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Clemente, por favor.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Buenas tardes. Soy Diego Clemente, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchísimas gracias por su asistencia, señora Díaz.

Ni que decir tiene que hemos tomado nota de todas y cada una de sus demandas y me gustaría hacerle dos preguntas que nos han surgido mientras usted hacía su magnífica exposición. Una es un poco más complicada de intentar planteársela, que es referente a la identidad de la lengua de signos cuando habla de que existe la catalana y la española. Existe movilidad por Europa y por otros países y se debe adaptar, ¿cómo enriquecería una supuesta unificación del lenguaje para una mayor facilidad de movimiento?

La segunda cuestión se refiere a la violencia de género. Hemos tomado nota y nos preocupa. Nos gustaría saber si tienen datos en cuanto al bullying, al acoso escolar, a niños que sean sordos o sordociegos y sobre todo concretamente si tienen datos de niños que sufren algún tipo de discriminación por tener implante coclear, si tienen ese tipo de datos. Todo ello con el fin de ver cómo podríamos resolverlo.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente.

Por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Arévalo, por favor. Gracias.

La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidente.

Quiero dar la bienvenida desde mi grupo a la Confederación Estatal de Personas Sordas, en particular a Concha, para nosotras es un placer que estéis aquí. Mi intervención quiero que sea sobre todo de agradecimiento, en primer lugar agradecer la lucha que desde hace más de ochenta años la CNSE lleva a cabo por la igualdad de oportunidades para las personas sordas, gracias por haber contribuido tanto y tan bien para que exista una cultura sorda en nuestro país, donde por supuesto la sordera no sea considerada ni deficiencia ni discapacidad. Quiero agradecer también que esta lucha la canalicéis a través de la presión popular, tan necesaria para que desde las instituciones pongamos en marcha políticas encaminadas a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de las personas sordas. Gracias, de verdad, por vuestra labor reivindicativa para lograr una plena ciudadanía.

En el año 2007 la comunidad sorda, vosotras y vosotros, vivisteis uno de los momentos más importantes de vuestra historia, por fin se reconocía legalmente la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Esta ley, que se elaboró en las instituciones, pero que, no lo olvidemos, como todas las conquistas sociales, es fruto de una reivindicación histórica, en este caso de la CNSE, debía contribuir a eliminar las barreras de comunicación que impiden a las personas sordas participar en igualdad y que les dotaba además de nuevos derechos y de recursos en todos los ámbitos de la vida pública. Pero hoy, diez años después, esta ley ha tenido un escaso desarrollo.

Es importante recordar que aun tratándose de un colectivo, como nos explicaba Concha, heterogéneo y diverso, todas las personas sordas, cualquiera que sea su tipo de sordera, situación individual e independientemente de que sean o no usuarias de la lengua de signos, comparten la necesidad de acceder a la comunicación e información del entorno sin ningún tipo de barrera.

Hace poquito tiempo nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley, a iniciativa precisamente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, para poner el acento en uno de esos ámbitos en los que se siguen encontrando barreras, y que no es otro que la televisión. Nosotros solicitamos a través de esa proposición que en la televisión hubiera contenidos accesibles, fundamentalmente nos referíamos al subtitulado y a la lengua de signos para las personas sordas. La PNL fue aprobada y esperamos que el Gobierno del Partido Popular ponga en marcha las medidas que en esa proposición se exponían y que no se guarde en un cajón.


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Aprovechando que hoy estáis aquí, creo que lo conveniente es formularos preguntas y sobre la realidad social de las personas sordas quisiera realizar las siguientes. ¿Qué considera la CNSE que se podría hacer desde las instituciones para favorecer la incorporación laboral de las personas sordas? ¿Qué iniciativas deberíamos llevar a cabo desde el Poder Legislativo para promover la educación inclusiva para la comunidad sorda? ¿Qué medidas son necesarias para luchar contra la discriminación y exclusión de las personas sordas? ¿Cómo desde las instituciones podemos incrementar la visibilización positiva? Y la última en relación con este tema, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 30 reconoce y protege el derecho a la identidad lingüística y cultural relacionada con la lengua de signos de las personas sordas. ¿Consideráis que se está haciendo lo suficiente para promover la cultura sorda?

En lo que se refiere a un aspecto que tú has tocado en la última parte de tu intervención referido a la situación actual del desarrollo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, ¿qué medidas se pueden llevar a cabo para extender el uso de la lengua de signos? ¿Cómo se puede elevar el estatus social y normativo de las lenguas de signos españolas como patrimonio lingüístico y cultural? ¿Considera la CNSE que se está haciendo lo suficiente desde las instituciones para potenciar la accesibilidad a la información y a la comunicación? ¿Se están cumpliendo los porcentajes de horas subtituladas y horas de lengua de signos en la programación? ¿Se está cumpliendo la legislación sobre el uso de la lengua de signos? Estas son las preguntas que mi grupo parlamentario confederal te traslada.

Quisiera terminar recordando a las señorías que están aquí presentes que si de verdad queremos defender y empoderar a todas las personas sordas debemos tener en cuenta su diversidad, respetando la diferencia y las diversas características de esta comunidad, es un colectivo que precisa de más protagonismo social, las personas sordas tienen que estar en primer plano y ser ellos y ellas las responsables de guiar y tomar las decisiones que les conciernen a ellas mismas.

Termino. No tengáis ninguna duda, Concha, de que desde el grupo confederal de Unidos Podemos vamos a seguir dedicando nuestros esfuerzos a la promoción de la accesibilidad a la comunicación y a las nuevas tecnologías, a la potenciación de la lengua de signos y a la educación bilingüe para alcanzar la igualdad de oportunidades y participación ciudadana de las personas sordas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arévalo.

Por el Grupo Socialista, la señora Martín. Adelante, por favor.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña María Guadalupe): Muchas gracias, presidente.

Muchísimas gracias a la Confederación Estatal de Personas Sordas y bienvenida, señora Díaz Robledo, a esta Comisión. Para mí es un placer volver a coincidir; coincidimos hace unos años en unas jornadas de mujeres sordas y me alegra volver a coincidir aquí, en la Comisión.

Ha hecho usted mención a que existen en España 1.064.000 personas sordas y por supuesto nosotros, el Grupo Socialista, compartimos la necesidad de acceder a ese derecho para poder ejercer la comunicación en igualdad. Y también hacía usted mención en su intervención a esa vulneración de derechos permanente, a esa inaccesibilidad educativa y sanitaria y a esas carencias en las adaptaciones en diferentes servicios públicos, y la verdad es que, efectivamente, gran parte de todas sus quejas responden a un motivo principal: que la gran mayoría de ellas son consecuencia de la falta de desarrollo de la Ley 27/2007. Esa Ley 27/2007 me llena de orgullo decir que se aprobó al final de la primera legislatura del presidente Rodrí-guez Zapatero -si no me equivoco, ahora, en octubre de este año, se cumplirán diez años desde su aprobación- y es muestra de que siempre ha habido diálogo y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, más allá del diálogo, ha habido un intenso compromiso.

Decía antes que usted se quejaba, con muchísima razón, con toda la razón del mundo, de la falta de desarrollo de esta ley, una ley que fue pionera en nuestro entorno y que era de justicia, y así lo entendimos. Me consta que ha habido durante varios años una parada de lo más flagrante en el desarrollo de la ley y me alegra saber -lo he visto buscando documentación para esta intervención- que ha habido en el mes de enero una reunión de los responsables del ministerio en la que se comprometían a retomar el desarrollo de esa ley, que nunca se debió ver parada. Parece ser que va a haber una segunda reunión en el mes de febrero, y yo me alegro; no sé si hay fecha ya pero espero que sea muy pronto porque si es en febrero quedan muy pocos días.


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La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS, CNSE (Díaz Robledo): Mañana, de hecho.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña María Guadalupe): Estupendo. Gracias a los responsables del ministerio por esa celeridad. De todas formas, de las reuniones del ministerio, de la dilatación de esas reuniones y de las consecuencias de los acuerdos que se adopten estaremos pendientes; nos gustaría que nos informaran del contenido y de la evolución de las mismas. Nosotros nos ofrecemos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, a presentar una proposición no de ley instando al Gobierno a que acelere el desarrollo real de esa ley, pero también nos ofrecemos a trabajar con ustedes, a ver posibles modificaciones que sean imprescindibles porque el desarrollo de la ley haya demostrado que no eran suficientes tal y como estaban recogidas.

Nosotros estamos trabajando ya -coincide con esta comparecencia de hoy, pero estamos trabajando- y vamos a registrar en pocos días una proposición no de ley que garantice la accesibilidad a los teléfonos de emergencias. Qué menos que garantizar la accesibilidad a los teléfonos de emergencias, no solo al 112 sino al resto de teléfonos que usted ha mencionado en su intervención. Yo le quiero hacer en nombre de mi grupo una propuesta: mantener el diálogo; el diálogo nunca se ha interrumpido pero somos conscientes de que queda muchísimo por hacer.

Quería formularle una pregunta y, francamente, creo que nadie mejor que ustedes para responder. Revisando los Presupuestos Generales del Estado -hemos estado presentes y hemos peleado muchísimas enmiendas a los presupuestos y presentado de forma reiterada enmiendas todos los años- hay dos partidas que les afectan a ustedes directamente: una partida para la Confederación Estatal de Personas Sordas para el ejercicio de sus derechos básicos, que en 2011 tenía una partida de 750.000 euros y en los presupuestos de 2016 tenía 532.000 euros, y otra partida para la normalización lingüística de la lengua de signos, que empezó en 2011 con 132.000 euros, celebramos muchísimo que en 2014 y 2015 tuviera 205.000 euros de presupuesto, pero vimos con absoluta tristeza -y perdimos la votación- una bajada importante en 2016 que la dejó rebajada a 125.000 euros. ¿Usted nos podría ratificar que esas cifras se han ejecutado realmente? Porque nos gustaría poder celebrar que la respuesta fuera afirmativa.

Termino reiterando nuestra disponibilidad para seguir trabajando, porque lo hemos venido haciendo durante muchos años y, lógicamente, queremos colaborar con ustedes por la garantía de derechos para todas las personas con discapacidad y en este caso para las personas sordas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.

Por el Grupo Popular, la señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ SAIZ: Muy buenas tardes. Gracias, presidente.

Bienvenida, señora Díaz, a esta Comisión; muchísimas gracias por su intervención. Y también muchísimas gracias al Grupo Popular por permitirme intervenir en esta comparecencia suya para, en primer lugar, dar las gracias a la federación y a ese número importante de asociaciones provinciales, 118, y de federaciones autonómicas que trabajan todos los días por solucionar los problemas con eficacia, los problemas reales de todos y cada uno de esos más de un millón de hombres y mujeres que viven en municipios, que sus problemas al llegar a los centros educativos se dan en municipios, que sus problemas de acceso al deporte se dan en municipios, como sus problemas de acceso a la sanidad o a los servicios a que todos los ciudadanos tenemos derecho en nuestros municipios o comunidades autónomas. Me alegra muchísimo, como le decía, tener esta oportunidad porque, aparte de los avances que ha habido en los últimos años y que usted ha descrito, debemos remediar el retraso que llevamos a la hora de aprobar un reglamento de desarrollo de la ley de 2007, porque para algunos intervinientes pareciera que de 2007 a 2011 no han pasado cinco años sin que el mismo Gobierno que hizo o propuso la ley no fuera capaz de desarrollar el reglamento. Yo espero que con su fuerza y con su convencimiento y con la ayuda de la ministra de Sanidad, que ha mostrado toda su capacidad de trabajar para llegar a un buen resultado en la elaboración de ese reglamento, una parte importante de los problemas de las personas sordas en España se solucionen.

Quisiera aprovechar para hacerle alguna pregunta relativa al día a día de estas personas sordas en nuestro país porque todos los grupos con representación en esta Cámara también tenemos representación en los parlamentos autonómicos y en los distintos municipios, que conforman una red importantísima de los servicios que está obligado a dar el Estado español a las personas con discapacidad, en este caso a


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las personas sordas. Quiero preguntarle, por ejemplo, cómo se sienten ustedes tratados por las comunidades autónomas o por los ayuntamientos a la hora de acceder a programas para poder realizar su tarea como organizaciones no gubernamentales; cómo se sienten en el día a día a la hora de ayudar a las familias, de poner en marcha esos programas de atención temprana, porque nadie les ha ayudado ni les ha dicho que los pusieran ni les han enseñado a ponerlos en marcha, sino que lo han hecho ustedes y las familias que pertenecen a su organización. ¿Cómo ven ustedes que esos programas se aprueben en los decretos de primeros de año en las comunidades autónomas, se aprueben a finales o a mediados de año y que se aporten los recursos económicos cuando está terminando el curso, el año presupuestario? Mientras tanto, ¿ustedes qué hacen, cómo financian a los profesionales que tienen a su servicio expertos en el lenguaje de signos? ¿Cómo verían ustedes que las administraciones públicas tuvieran, por obligación, que suscribir con ustedes programas plurianuales para que tuvieran una estabilidad en los programas a realizar, en los servicios a dar a las familias que ustedes atienden y que forman parte de su organización? ¿Cómo es posible que los municipios no dispongan de recursos para mejorar sus servicios a través de profesionales de lengua de signos para que puedan acceder a todos los servicios públicos en cualquier municipio de España? ¿Eso se va a solucionar con ese reglamento que ustedes están trabajando con el Gobierno de la nación o habría que alcanzar un pacto de Estado, un acuerdo de Estado donde realmente las administraciones públicas, tanto locales o autonómicas como el Estado, priorizaran en sus presupuestos los recursos para cofinanciar -no subvencionar, cofinanciar- los programas a desarrollar por organizaciones como la suya? Porque ustedes ponen recursos humanos y recursos económicos, pero parece que cuando las administraciones públicas aportan subvenciones se da poco valor, como si todo fuera regalado, y ustedes ponen una parte muy importante, ponen la formación de los expertos en lengua de signos, como usted ha explicado ahora, ponen los voluntarios, ponen sus recursos económicos, ponen sus espacios, investigan, y eso todo lo ponen al servicio de la sociedad. Yo quisiera saber cómo se sienten ustedes en esas 118 asociaciones provinciales que les transmiten a ustedes cuáles son sus problemas del día a día, porque sin esa visión creo que por mucho que legislemos va a ser muy difícil que podamos conseguir una igualdad y una seguridad en que todos los servicios que un Estado debe proporcionar a las personas, en este caso sordas, son de primera calidad, de primer nivel y les hace iguales sin necesidad de estar todo el día reclamando lo que es justo que dispongan.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Señora Díaz, tiene la palabra para responder aquello que crea que puede responder, sabiendo que quizá sería interesante que su primera intervención, su intervención original, que creo que era más amplia que lo que ha podido contarnos aquí -que va a figurar en el Diario de Sesiones-, nos la hiciese llegar a la Comisión para que la pudiésemos trasladar a todos los miembros de la misma.

Conteste a aquello que esté en condiciones de contestar ahora y, si faltasen cosas, estoy seguro de que los diputados las podríamos recibir posteriormente.

La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS, CNSE (Díaz Robledo): De acuerdo. Muchas gracias. A lo largo del día de mañana todos recibirán mi intervención para que puedan ojearla porque hay cosas que, efectivamente, he eliminado.

En primer lugar, quiero agradecer las propuestas y muestras de apoyo, además de las preguntas que me han lanzado sus señorías, porque cabe reflexión sobre ellas y demuestran también un gran interés por la exposición que he hecho. Muchísimas gracias por las preguntas y por las propuestas, que son muy interesantes. Intentaré hacer un desglose e ir respondiendo a todo.

Gracias a la Unión de Pueblo Navarro por su apoyo en relación con el Reglamento General de Conductores; abrir nuevos derechos y nuevos avances a las personas sordas posibilita y permite la introducción de nuevos campos de trabajo, así que muchas gracias por su apoyo para conseguir este objetivo.

Respecto a la normativa de riesgos laborales y el apoyo que nos prestan, muchas gracias también. No solo las personas sordas, cualquier persona en general, para tener una vida digna y una vida de calidad, lo primero que necesita es trabajar; el trabajo nos aporta independencia, autodeterminación sobre cómo queremos desenvolver nuestro proyecto vital, así que muchísimas gracias por su apoyo.

En cuanto a la identidad lingüística, es un tema por el que hemos luchado continuamente desde la confederación y que seguiremos reivindicando. El representante de Ciudadanos ha planteado varias preguntas y quiero aprovechar la oportunidad para responder una porque es una pregunta muy habitual,


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el tema de la lengua de signos y si esta es universal, si únicamente existe una lengua de signos en un país o varias. Está muy claro que la lengua de signos varía en función de la cultura de la que estemos hablando; se trata de una comunidad formada por humanos. En las lenguas orales sucede lo mismo, que hay una evolución. La comunidad sorda también tiene una evolución y en nuestro país se han desarrollado dos lenguas: la lengua de signos española en todo el Estado y la lengua de signos catalana en el ámbito de Cataluña. En el año 2002, conjuntamente con nuestras federaciones autonómicas y con nuestras asociaciones, tratamos las políticas lingüísticas de la lengua de signos de nuestro país respetando la tradición histórica y la identidad de nuestra comunidad lingüística, en este caso de las personas sordas de Cataluña, y quisimos respetarla y contemplar las dos lenguas. Hay países en Europa y en el mundo que también cuentan con sus propias lenguas de signos, algunos de ellos no cuentan con dos sino con tres lenguas de signos diferentes en sus países, difiere mucho la situación en cada uno de los países porque, como digo, la lengua está muy vinculada a la cultura. Una persona japonesa sorda y una persona española sorda tenemos culturas diferentes y esas van muy vinculadas a nuestras lenguas de signos. En las lenguas orales pasa lo mismo. Las nuestras son lenguas muy visuales, espaciales, que nos permiten en este caso la creación de un sistema -no una lengua- internacional que utilizamos en encuentros de carácter europeo, mundial, como son congresos, foros y demás. Es un sistema de signos internacional que es un compendio de expresiones y signos, pero que no supone una lengua gramaticalmente creada sino que es un compendio, un acuerdo de signos. Es una pequeña comparación que quiero hacer entre las lenguas orales y las lenguas de signos. Pero, como digo, no podemos desvincular la lengua de la cultura y de la propia persona; al final, es la historia del ser humano.

Violencia de género. Nosotros, como confederación, contamos con datos, aunque no son datos oficiales ni estadísticas oficiales. Sé que el Cermi ya ha solicitado estos datos en referencia a la violencia de género y cómo afecta a las mujeres con discapacidad. Evidentemente no tenemos todas la misma discapacidad, hay diversidad dentro de la discapacidad y eso debe reflejarse en las estadísticas. Hemos atendido en algunas comunidades autónomas a mujeres sordas víctimas de violencia de género, el problema que nos encontramos es que cuando estas acuden a una casa de acogida, a un centro de atención o a una comisaría empieza el problema de comunicación y vemos que todos los recursos que están a disposición del resto de mujeres que sufren esta violencia, violencia machista, no son accesibles para las mujeres sordas, no hay ningún protocolo que recoja esto, nos llaman a nosotros, pero no es competencia de la CNSE sino de las administraciones: la General del Estado, las autonómicas, de los ayuntamientos, que tienen que aclarar un protocolo de atención y accesibilidad, adaptándose a la casuística de las mujeres sordas que sufren este tipo de violencia. Es un tema en el que estamos trabajando.

Acoso escolar. No tenemos números ni datos oficiales al respecto, pero sí nos llegan casos de niñas y niños que sufren acoso, bien por la utilización de un implante, bien por el propio uso de la lengua de signos. A lo mejor es acoso, a lo mejor es burla. Lo que queremos hacer es que el teléfono de acoso escolar sea accesible, que ahora mismo no lo es; ahora mismo tenemos un teléfono que utiliza el sistema Skype y también Telegram. Yo misma lo he utilizado a través del Skype, tengo que dar mi nombre y salen tres en lista y no te responden. Si queremos un teléfono de acoso escolar seguro, que garantice que la persona sorda tiene las mismas garantías, valga la redundancia, que una persona oyente, ya sea un alumno o una alumna sorda o unos padres sordos con un hijo oyente que está sufriendo acoso, entendemos que ese no es el sistema, que el teléfono ha de ser completamente accesible con un sistema de seguridad, que garantice seguridad.

También, hay personas sordas que nos trasladan otras situaciones: voy a una entrevista de trabajo y acudo con un intérprete de lengua de signos y directamente me desechan como candidata porque al ir acompañada de un profesional de la interpretación doy la sensación de que soy dependiente; si voy sin intérprete y me esfuerzo en entender la lectura labial parece que estoy más apta para acceder a un puesto de trabajo. Necesitamos adaptaciones en nuestro puesto de trabajo y eso hace que se nos rechace automáticamente para determinados puestos laborales.

También se ha dado el caso de niñas y niños que han estudiado en colegios, en institutos, con ayuda de prótesis auditivas sin contar con intérprete de lengua de signos y utilizando la lengua oral. Cuando alcanzan una edad más madura, de 15 o 16 años, acceden a la lengua de signos y entienden que pueden acceder a través de ella al contenido curricular de una forma más ágil y solicitan la figura del intérprete. Muchas veces se les deniega porque nunca lo han solicitado y porque además utilizan ayudas técnicas


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para la audición. Entendemos que eso no es lo correcto. Y como este hay muchos otros ejemplos que podría trasladar.

A la representante de Unidos Podemos, para concluir y hacer un resumen, contestaré acerca del reglamento, también relacionado con la aportación que ha hecho la representante del Grupo Socialista. Efectivamente, han pasado diez años desde la ley de 2007 y esa normativa no se ha desarrollado del todo, pero en estos diez años se han hecho avances, esto es así y hay que reconocerlo: se ha creado el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española en el año 2011, se ha elaborado un estudio sobre la situación de las personas sordociegas, la titulación de los futuros profesionales de lengua de signos se ha elevado a titulación universitaria; es decir, ha habido logros y, a nivel humano, gracias a esa ley hemos ganado en sensibilización de cara a la sociedad, que nos percibe a las personas sordas de forma diferente, nos conocen más, conocen más nuestra lengua, la lengua de signos. Ha habido avances, pero es cierto que la ley, para haberse llevado a la práctica tendría que haber pasado por los territorios, por los ayuntamientos, para que se tradujese en una transformación real en la vida de las personas sordas en nuestro día a día. Eso pasa por un desarrollo reglamentario que llega tarde. Pero respecto al reglamento, que efectivamente ha pasado por una primera reunión y mañana se celebra la siguiente, nosotros, como confederación, queremos que el reglamento siga la ley. Pero es un reglamento ambicioso el que nosotros anhelamos. Entendemos que es fundamental que se garanticen medidas lógicas en todos los ámbitos de la accesibilidad a las personas sordas y sordociegas, a todas nosotras, independientemente de la modalidad de comunicación que utilicemos, y el reglamento ha de ser respetuoso, muy respetuoso, con las lenguas de signos, con la española y la catalana como idiomas que son reconocidos. Y otro tema es que ha de ir acompañado de una memoria económica, sin una memoria económica es muy complicado desarrollar este tipo de documentos. Y, si me permiten, para vincular el reglamento a la propuesta que hacía la portavoz del PP hablando de los municipios, es cierto que los municipios son fundamentales y ella ha lanzado una propuesta muy interesante, y es que tenemos una ley estatal cuyo objetivo es su implementación en todo el Estado, pero ella propone un pacto, un acuerdo con las comunidades autónomas para que se establezcan unas medidas de accesibilidad para que las personas sordas y sordociegas en nuestra vida diaria veamos el impacto de esta ley. ¿Dónde vivimos? En los pueblos, en las ciudades, en las comunidades autónomas. Así que me parece una propuesta muy interesante la de la representante del PP. Además, queremos un reglamento que vaya acompañado de una memoria económica y que su implementación no dependa de la voluntad política de cada una de las comunidades porque si finalmente esto sucede seguiremos en la misma situación.

Si me permite saltar de tema, presidente, porque son muchos temas los que se han planteado y muchas preguntas, en cuanto a la educación repito lo que he comentado ya en mi intervención: solicitamos que en educación se incluya la lengua de signos, vinculado al artículo 30 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Educación con lengua de signos y con la lengua oral. Para eso necesitamos una normativa, un real decreto de mínimos, una norma que establezca unos mínimos para todo el Estado, de tal forma que regule el currículo, los perfiles profesionales que imparten la docencia de lengua de signos, que regule la red de centros que incluyan la lengua de signos y dónde han de estar ubicados, porque de no ser así finalmente dependerá de la voluntad política de los territorios o de las consejerías de educación de turno y necesitamos garantizar la educación bilingüe con lengua de signos, para lo que necesitamos un documento de mínimos.

Saltando de tema de nuevo y hablando de la propuesta de la representante del Grupo Socialista, es cierto que se han conseguido cosas importantes pero está muy claro que hay medidas que para que se lleven a la práctica necesitan una financiación, y es cierto que contamos con un convenio como confederación con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con una cantidad, que se ha visto fuertemente reducida por la época de crisis económica tan fuerte que hemos vivido y el convenio lo que garantiza son derechos básicos. Quiero resaltar que este convenio garantiza los servicios de intérpretes presenciales de lengua de signos para la vida diaria de las personas sordas. La confederación no es competente en este sentido sino que descentraliza este trabajo; nuestras federaciones autonómicas son las que ofrecen estos servicios presenciales de intérpretes y las que han visto mermadas sus cuantías presupuestarias. De hecho, en algunas comunidades, que no voy a nombrar, durante tantos años de crisis económica lo único que ha salvado o que ha servido de soporte para la vida diaria de las personas sordas ha sido este convenio con el ministerio. De no haber contado con ese apoyo del ministerio, a pesar de ser muy reducido económicamente, los derechos de las personas sordas a contar con intérpretes de lengua de signos no se habrían ejercido; a lo mejor, habrían contado con un servicio de intérprete al año. Dentro


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de este convenio se incluye también el servicio de video-interpretación Svisual, un servicio de video-interpretación a distancia y estamos viendo el número tan alto de llamadas que recogemos de todas las comunidades autónomas. La que más uso hace es Andalucía; en segundo lugar, la Comunidad de Madrid; en tercer lugar, Cataluña y, en cuarto lugar, la Comunidad Valenciana. Es decir, que gracias al convenio que tenemos con el ministerio las personas sordas tienen al menos un mínimo garantizado. Y sí, señorías, necesitamos en cuanto a derechos y atención a personas sordas en nuestra vida diaria una cuantía mayor, esto es así, para por lo menos regresar a la cantidad que teníamos en un principio, que se ha visto muy minorada.

La cantidad que comenta la representante del PSOE del CNLSE, del Centro de Normalización Lingüística, se ha visto reducida. Es cierto que yo creo que en Europa es el único centro de estas características, no solo en España, pero siempre explico que hay dos centros en España que son fundamentales, uno es el Centro de Audiodescripción y Subtitulado, el CESyA, y otro es el CNLSE, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. Los dos están vinculados a una ley y, si hacemos una comparativa entre las cantidades presupuestarias, el CESyA tiene un presupuesto muchísimo mayor que el CNLSE. No quiero, desde luego, afectar a la cantidad que le ha correspondido al CESyA, pero sí que se trate con el mismo grado de respeto al CNLSE, máximo cuando el CNLSE tiene contratadas a personas sordas; de las cuatro personas de su plantilla, tres son sordas y una es oyente, la que hace labores de accesibilidad, interpretación, etcétera.

Son muchas cosas las que se han planteado y espero haber respondido. De todas formas, a vuestra disposición quedo para cualquier tipo de contacto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diez. Creo que tendremos otras ocasiones de contar con ustedes; estoy seguro de que valdría la pena que en alguna ocasión la Comisión se trasladase a la confederación y poder profundizar en alguna de estas cuestiones. Le agradecemos su intervención, que tiene mucho contenido y estoy seguro de que va a marcar iniciativas de los grupos parlamentarios. Sepa que esta es su Comisión y que el conjunto de los grupos estamos a su entera disposición. Nos queda mucho trabajo por hacer. Gracias.

Interrumpimos la sesión unos minutos para hacer el cambio de compareciente. (Pausa).

- DEL PRESIDENTE FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ (SÁNCHEZ GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE CUESTIONES DE INTERÉS PARA LA CITADA COMISIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 219/000051).

El señor PRESIDENTE: Muy bien señorías, empezamos la siguiente comparecencia.

Damos la bienvenida a don Adolfo Sánchez García, que es el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez y además también a las personas que le acompañan, doña Yolanda Sala y doña Dafne Lavilla, que están también al fondo de la sala. Bienvenidas. La comparecencia transcurrirá en los mismos términos que la anterior, una intervención inicial del señor Sánchez, para situar las cuestiones que él considere relevantes, y una posterior intervención de los portavoces, a los que el señor Sánchez contestará en la medida que pueda darles respuesta.

El señor PRESIDENTE FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LA TARTAMUDEZ (Sánchez García): Intentaré.

El señor PRESIDENTE: Suya es la palabra, bienvenido, y seguro que va a ser muy interesante. Gracias.

El señor PRESIDENTE FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LA TARTAMUDEZ (Sánchez García): Buenas tardes. Les ruego que tengan paciencia. Yo soy el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, por lo tanto tardo más en decir las cosas, que no en pensarlas, de lo que tardan ustedes.

El señor presidente de la Comisión de cuyo nombre no quiero acordarme, no del nombre del presidente sino del de la Comisión, y cuyo uso está prohibido por la Organización Mundial de la Salud. No es discapacidad, señores, pónganse las pilas, cámbienlo ya, ¡hombre!, cámbienlo ya, no se puede llamar Comisión de la Discapacidad de ninguna forma. Diversidad funcional sería más oportuno. Yo les ruego que tomen nota y cambien el nombre.


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Señor presidente, gracias. Me acaba de dar el señor presidente una noticia mala y es que tengo quince minutos solo. Empieza usted discriminándome. Se lo vuelvo a decir, soy el presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, yo tardo más, ¡caray! Sean comprensivos. No puede ser esto. Ya que son los legisladores, y no me refiero a los que están ustedes aquí ahora sino a los que en su día aprobaron la Lismi, ruego que me perdonen porque yo no soy experto en dirigirme a audiencias tan importantes y me faltan tablas, pero este Congreso que creó la Lismi, pido perdón a las señoras diputadas, hizo que naciera prostituida y que siga ejerciendo el oficio por las esquinas, la Lismi. Y después con el texto refundido de la nueva ley que la sustituye, le han puesto ustedes a la Lismi distintos vestidos de distintos colores, hechos por distintos modistos y modistas, pero sigue con el mismo vestido, sigue sin cumplir para lo que fue creada. Siento venir una vez más en reclamación de la justicia social. Intentaré explicarme para que ustedes me entiendan, no porque no tengan ustedes capacidad para entenderme sino más bien por mi torpeza y falta de tablas, repito, para dirigirme a tan importante audiencia.

En el año 1982, si no recuerdo mal, se publica la Ley 13/1982, la famosa Lismi, del 7 de abril del mismo año. Y más tarde, después de diversas modificaciones, se publica la aprobación del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas sordas con discapacidad y su inclusión social, según Real Decreto 1/2013. No les voy a cansar con detalles y fechas que ustedes conocen o deberían de conocer.

Esa ley nació prostituida y así sigue, después de haberle hecho, como decía antes, varios vestidos de distintos colores, pero con la misma tela. Sigue, no sé cómo decirlo para ser suave, pero yo les ruego a ustedes, se lo decía antes, que empiecen por cambiar el nombre de la Comisión, porque, señores, sí somos capaces, quizás tenemos capacidades distintas, pero llamarle a esto Comisión de la Discapacidad me parece, perdónenme ustedes, que es una discapacidad manifiesta del Congreso de los Diputados. No puede ser que sigan ustedes llamándola así. Insisto, la Organización Mundial de la Salud lo prohíbe, véanlo.

El texto refundido de la ley dice que aquellas empresas que por razón de su especialidad o peculiaridad no cumplan el 2 % de empleo para las personas con la discapacidad -y dale con la burra al trigo, discapacidad, no, señores, diversidad funcional- vendrán obligadas a solicitar la declaración de excepcionalidad y la adopción de medidas alternativas. Aquí está la cuestión, aquí está el fallo del legislador, aquí es donde se prostituye la ley, porque la gran mayoría de esas empresas se acogen a las medidas alternativas, haciendo una donación o un convenio con una entidad, como por ejemplo la nuestra, que por cierto, jamás lo hemos consentido, y ya está. No señores, no es eso, no queremos limosnas, queremos un empleo digno y ganarnos nuestro sustento con toda la dignidad, repito, sin limosnas de ningún tipo. Basta ya. Corrijan estos errores. Díganme algún otro país europeo que mantenga una ley como el texto refundido que sustituyó a la famosa Lismi. Pero déjenme ceñirme a lo nuestro, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.

Mi libro no es otro que el de las personas que padecemos y sufrimos tartamudez.¿Saben ustedes lo que es la tartamudez? Seguro que no. Pues la tartamudez, entre otras muchas cosas, es suicidio, suicidio social, al cojo, al tuerto, al manco, se le ve que lo es, al que tartamudea si no habla no se le ve. Forma de que no se le vea es no interrelacionarse, no pertenecer al grupo social y se aísla y se suicida socialmente. Y cuando digo se suicida hay otras personas que sufren tanto el suicidio social que se tiran desde el quinto piso abajo porque no aguantan la tartamudez y tienen la mala suerte de no matarse, digo la mala suerte, y de acabar tartamudeando y en una silla de ruedas. Eso es la tartamudez. Y el Congreso de los Diputados no se entera y la Comisión de la Discapacidad, y dale, tampoco. Yo creo que deberían ustedes de aprender qué es la tartamudez y lo que sufre una persona con tartamudez. Yo tengo que decirles a ustedes que... ¿Saben lo que hay ahora del acoso escolar, el bullying y todo esto? ¿Imaginan ustedes lo que pasa un niño, con cinco, seis, siete años, que tartamudea? Espantoso. No pueden tener ustedes idea de qué es.

En mi vida profesional trabajo en una empresa de construcción, con una alta responsabilidad, y aunque esto vaya en contra de los intereses de algunas empresas, señores, párense carreteras, autopistas, puentes, lo que sea, pero pongan ustedes logopedas en los colegios, pongan ustedes psicólogos en los distritos escolares, hagan ustedes que los pediatras, que no tienen ni repajolera idea de lo que es la tartamudez, se formen para que el pediatra no acabe, por lo menos en Barcelona, donde resido yo, mandando a los niños nada menos que a enfermedad mental, al Vall d'Hebron, donde los drogan y no tienen ni idea. Eso pasa en el siglo XXI en Barcelona, en Cataluña, en España; todavía.

Señores, es necesario que tomen ustedes cartas en el asunto porque este tema es de una gravedad total. Con los niños, que son el presente nuestro y el futuro nuestro, mañana, mañana mismo, tienen que hacer algo, porque cuando los padres se plantean qué hacer con su hijo y van al pediatra y terminan,


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insisto, mandándole al otorrino, el otorrino manda al niño con cuatro años al psicólogo. Ninguno de todos esos sabe de qué va. El pediatra no sabe que si un niño con cuatro años se atasca cuando va a hablar y le tiemblan las pestañas y parpadea nerviosamente, se le hinchan las venas del cuello y hace gestos espasmódicos con el cuello, con el brazo, con el cuerpo, el niño es tartamudo, no es una tartamudez fisiológica que se le va a ir. Y si no se actúa tempranamente, si no se actúa rápidamente, el niño será tartamudo toda la vida y lo será porque el Estado, el encargado de velar por esos niños, no cumple con su misión y si el Estado no la cumple es porque el Parlamento de nuestro país no le obliga al Estado a hacerlo, perdónenme, no les obligan ustedes a hacerlo. El Gobierno debe actuar, ustedes deben de hacer que el Gobierno actúe, no podemos seguir en una indefensión sanitaria como la que estamos.

¿Saben ustedes que la tartamudez no está incluida en la cartera de servicios sociales de la Seguridad Social? ¿Que el padre y la madre que tienen un niño con tartamudez tienen que ir pagándoselo de su bolsillo y que cuando consiguen que el médico de cabecera les desvíe a un psicólogo o logopeda tienen 10 sesiones y se ha acabado? ¿Saben ustedes que la Fundación Española de la Tartamudez recientemente, en diciembre del año pasado, ha tenido que firmar un convenio con unas compañías médicas, convenios extraordinarios, baratísimos, que no entiendo cómo la Seguridad Social no lo hace, y hemos hecho una póliza colectiva donde entran miles de personas por 38 euros al mes? ¿Es que no hay nadie en el Gobierno, nuestro Gobierno, este, el pasado y el otro, que tenga vergüenza y le ponga coto a eso, que los padres no pueden seguir yendo a intentar que alguien les ayude, pagando ellos?

Señores diputados, señoras diputadas, seguro que tienen ustedes hijos, seguro, pónganse en el papel, en la piel de aquellos padres que no saben dónde ir, que no saben a quién acudir y que acuden al pediatra e ir al pediatra es lo peor que se puede hacer, porque el pobre hombre no sabe de qué va, porque no le han formado para eso. Insisto, la Fundación Española de la Tartamudez venimos aquí a pedirles a ustedes que obliguen a que el Ministerio de Educación, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en donde sea, pongan en los distritos escolares los logopedas adecuados para que ayuden a estos niños y a estas familias, a los psicólogos para que ayuden a estos niños y a estas familias. Me sabe muy mal que no sepan ustedes, pero lo que no saben ustedes, perdónenme la petulancia, es que la Fundación Española de la Tartamudez se lo puede decir, tenemos guías para padres, guías para maestros, guías para docentes, guías para pediatras adaptadas en el último Encuentro Mundial de Pediatría en Bilbao, y tenemos guías para los señores diputados y diputadas de este Congreso, que no tienen ni idea de lo que es la tartamudez y podemos, insisto, enseñarles a ustedes el sufrimiento que significa tartamudear. Aquí hay señoras, señores, que, insisto, seguro que tienen ustedes hijos y pónganse en nuestro caso. Yo tengo cuatro hijos, el cuarto hijo mío tartamudea. ¿Saben ustedes que en 500.000 hogares de España hay una persona que tartamudea, una o más? ¿Saben ustedes que somos casi 800.000 personas en España las que tartamudeamos?

Tengo que pedir y exigir a sus señorías una cosa importantísima, y es que desde mañana mismo, ya sé que es una utopía, en los concursos públicos se exija sin excepción a todas las empresas que se presenten, y mi empresa lo hace, la empresa que yo dirijo lo hace a diario, que se presenten a cualquier concurso público de cualquier clase y de cualquier organismo, autonómico, estatal, provincial o local, que no puedan concurrir si no cumplen el 2 % de empleo de la discapacidad, empleo real, no donación, no limosna, empleo real, que no puedan ni siquiera presentarse si no cumplen el 2 % de empleo, y dale con la discapacidad. Señorías, si ustedes consiguiesen eso, devolverían la dignidad a las personas con tartamudez.

¿Saben ustedes que en nuestra fundación hay butaneros, camioneros, taxistas y la mayor parte universitarios? Porque voy a decirles algo que repito siempre, la tartamudez en el lenguaje lo rige el hemisferio izquierdo y como el hemisferio derecho se da cuenta de que tenemos un pequeño error en el hemisferio izquierdo, desarrolla el hemisferio derecho un 2 % o un 4 % más que los normofluidos, los que hablan bien, como ustedes, de tal forma que las personas que tartamudean, no es el caso mío, desarrollan unos cocientes de inteligencia que tiran de espaldas. Ya quisiera yo, con todo el respeto a ustedes, que muchos de nuestros diputados tuviesen la mitad del cociente de inteligencia que los tontos de los tartamudos tienen.

De los centros especiales de empleo mejor no hablamos, porque esto sería cuestión de juzgado de guardia, lo saben, supongo. Abran una comisión que investigue esto. Muchos de ellos ejercen una verdadera función social llena de buena fe, pero en otros entérense ustedes de lo que hay.

Les voy a contar algo que seguro que les va a sorprender, no debería de sorprenderles porque a todo el mundo algún día se le colma el vaso y cuando se colma el vaso lo que hay dentro se vacía y es


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entonces cuando las personas, hartas de injusticias, deciden agruparse. Pues bien, les voy a sorprender. Treinta y dos entidades sociales del tercer sector, más nuestra fundación, estamos llevando a cabo unas conversaciones para constituir un partido político. El tercer sector somos cuatro millones y medio. Pienso que algún disgusto le podemos dar a alguien, algún disgusto serio le podemos dar a alguien. Esperamos que en el mes de mayo esté el partido constituido, después, si sacamos un diputado o dos serán suficientes para estar aquí dando la lata a diario, pero se lo han buscado ustedes, la inacción suele hacer esto.

Hace unos días tuve la suerte de poder encontrarme con la ministra de Sanidad y he de decir que me llevé una agradable sorpresa porque encontré a una persona con una humanidad increíble, me pidió cuatro semanas para ver cómo nos podían echar una mano en la fundación y más que a la fundación a las personas de nuestro colectivo. Nosotros le hemos dado nuestro voto de confianza durante esas cuatro semanas, ni una hora más, pero desde aquí quiero pedirle a la señora ministra que es absolutamente necesario que se modifique el baremo sobre la tartamudez, aquí hay un diputado que entiende de esto bastante, para que al obtener el certificado de la discapacidad a todo aquel que padezca esta situación le otorguen el 33 % y no el 24 %, como se hace actualmente, llegando después al 33 % con cosas tan absurdas como trastornos de la personalidad, etcétera, ya que cualquiera va a buscar un empleo con un informe así. El 80 % de las personas con tartamudez está en paro. Póngase ustedes en su sitio en la época que estamos.

Tengo que anunciarles también algo. Hemos pedido nuestra comparecencia una vez más ante el Parlamento de Estrasburgo y la tenemos concedida ya. Tuvimos que comparecer en el año 2005 para denunciar al Gobierno de España y no dudaremos en volverlo a hacer ahora porque nos siguen manteniendo en una injusticia social, no solo ya porque la tartamudez no esté incluida en la cartera de servicios de la Seguridad Social. ¿Saben ustedes que hasta el año 2005 las personas con tartamudez no podíamos ser empleados públicos, porque la tartamudez era causa de exclusión? Llegamos aquí un miércoles, después de comparecer en Estrasburgo y traernos un acta con los 770 diputados, los españoles incluidos, donde se condenaba al Gobierno de España y el señor Zapatero, presidente del Gobierno entonces, y este nos recibió el jueves, llegamos el miércoles y nos recibió el jueves. Le llevamos 150 ejemplos -diputaciones, ayuntamientos, ministerios, de todo- donde era causa de exclusión la tartamudez. Zapatero lo llevó a Consejo de Ministros el viernes y el sábado se publicaba un real decreto anulando la tartamudez como causa de exclusión y restableció en gran parte la justicia social para este colectivo de 800.000 personas.¿Tenemos que volver a ir al Parlamento de Estrasburgo a denunciar al Gobierno, al Estado español, para que corrija, para que este Congreso corrija las deficiencias que tienen ustedes con respecto a las personas que tartamudean?

Yo espero poderles ver aquí a ustedes cuando haya elecciones, de tú a tú, con algún diputado de nuestro partido aquí, porque pensamos, insisto, montar un partido, porque estamos hartos de que ustedes, el Congreso, no nos hagan caso. Hágannos caso y empiecen por cambiarle el nombre a la Comisión de la Discapacidad, que sí somos capaces, ¡hombre!, que sí somos capaces, que tenemos capacidades distintas, pero somos capaces. No sigan llamándolo Comisión de la Discapacidad.

También, se lo he de decir, hemos enviado una denuncia ya a la Organización Mundial de la Salud para que obligue al Congreso de España a cambiar el nombre de la Comisión. Háganlo ustedes antes, no den lugar a que se lo impongan. Yo no quiero cansarles a ustedes, pero quisiera que lo tomen muy en cuenta, que nos den un poquito de árnica. No estamos incluidos en ninguna, en ninguna de las listas que hay de asociaciones a las que hay que ayudar económicamente y tal. Subsistimos gracias a nuestra gente; subsistimos gracias a nuestro propio esfuerzo; no recibimos subvención de ningún organismo público; no recibimos subvención de nadie; no le debemos pleitesía a nadie. Le debemos, con toda corrección, educación y cariño a personas como el presidente de esta Comisión, que ya no voy a llamar más de la Discapacidad, llámenla ustedes como quieran, al señor Carlos Campuzano, que ha sido un caballero con nosotros, conmigo y con la Fundación.

Y para que el resto de comunidades aprendan, y para que no tengan duda de ningún tipo, les diré que llevo la banderita española, soy español de la cabeza hasta las uñas de los pies y resido en Barcelona hace 60 años y tengo 69; pues bien, ¿saben ustedes dónde son más sensibles?, ¿saben que estamos empadronando en casa de primos, hermanos, tíos, cuñados, a gente de Valladolid, de Badajoz, de Málaga, de Cádiz, para que les den en Cataluña el certificado del 33 %, porque en el resto de España no pasa?

¡Pónganse las pilas, hombre!, que de la gente con tartamudez grave, el 80 % está en paro; sean ustedes cuando menos humanos, si no son políticamente correctos, sean humanos, porque si fuesen políticamente correctos esto no pasaría. No hay un solo expediente de discapacidad que hayamos


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presentado en Cataluña que hayan echado atrás. Preséntenlo ustedes aquí, en Madrid, en Andalucía, en Castilla...

Señor presidente, las personas del resto de España vienen a Cataluña. Soy toledano, no se confundan ustedes; soy toledano, español, pero, señores, la sensibilidad social de Cataluña, por lo menos con respecto a esto, en el resto de España ni la sueñan.

Gracias, perdónenme ustedes y perdonen mi vehemencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez. Seguro que su intervención habrá provocado a los comisionados.

Por el Grupo Mixto, señor Alli. Gracias.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor Sánchez, por su presencia.

Yo no voy a ser políticamente correcto porque, aunque creo que usted aquí ha venido a defender lo que debe defender, que es la diversidad, ha provocado, en mí al menos como persona, precisamente lo contrario. Usted ha intentado, o así percibo sus palabras, estigmatizarnos porque usted me ha metido en un saco en el que los políticos no tenemos ni idea, y se equivoca.

Mire, coincido en dos cosas. La primera es que tiene usted razón en la cuestión de que las empresas para concursar o no concursar tienen que cumplir con lo establecido en la Lismi famosa del año 1980 respecto a dar empleo directo a personas con discapacidad, ese 2 % de plantilla. En eso, estoy absolutamente de acuerdo y ese es uno de los grandes retos y oportunidades y severos problemas que tiene este país. Y la segunda cosa en la que coincido con usted es en que yo también soy padre de cuatro hijos. Señor Sánchez, mi hija tercera tiene tartamudez, porque tiene asociado al cromosoma 21 también el síndrome de Down, y a mí no se me caen las prendas por decir que mi hija es una persona con discapacidad, porque tiene discapacidad, señor Sánchez. ¿Y qué? Pues que en el momento de su diagnóstico, como en el de cualquier tipo de discapacidad, hay que valorar no solamente la dificultad que tiene usted y la de las personas que representa, sino también la discapacidad física, psíquica, sensorial, orgánica, auditiva, cualquiera de ellas; es decir, los factores limitantes, pero también absolutamente los capacitantes, que los tienen, por supuesto. Tienen discapacidades y tienen dificultades. Y el trabajo de esta Cámara, señor Sánchez, no es otro que conocer que lo que provoca la discapacidad en las personas es la interrelación con su entorno y que lo que requieren son apoyos básicos, esenciales e individualizados para que tengan una vida plena y autónoma, pero tienen discapacidad. Y si quiere nos quedamos en el léxico, en diversidad funcional, capacidades diferentes, llámele como quiera, pero son personas con discapacidad, y orgullosamente son personas con discapacidad, al menos hablo en nombre de mi hija. Por tanto, le ruego que no venga aquí, al menos a dirigirse a mí en esos términos, porque yo realmente me he sentido ofendido en esa intervención que usted ha hecho.

La diversidad nos enriquece, las discapacidades, e insisto, discapacidades, humanizan a la sociedad, y además nadie está exento, tenga o no tenga hoy cualquier tipo de discapacidad, porque la fragilidad de la vida está a la vuelta de la esquina y por tanto todos los que estamos somos conscientes de ello, y hablo en nombre, por supuesto, del partido que represento, que es Unión del Pueblo Navarro, y también, creo, en nombre de todo el Grupo Mixto, seguramente el resto de fuerzas políticas hablarán por sí mismos.

Señor Sánchez, creo que en intervenciones como esta, que no le quito razón en esencia a lo que ha dicho, lo que al final provoca es exactamente el efecto contrario a lo que quiere, que es estigmatizar, que es clasificar a todos en el mismo saco, separando personas con o sin, tartamudos, no tartamudos?No, es que somos diversos. Y, señor Sánchez, yo le animo a que siga con esa beligerancia y le animo también a crear ese partido político, pero eso tampoco es inclusión, porque cada uno libremente puede decidir lo que hacer, y se sentirá más o menos representado por las fuerzas políticas. Pero lo que le pido, por favor, es que a partir de este momento no haga usted algunas de las afirmaciones que ha hecho porque, insisto, yo me he sentido ofendido por su intervención.

Dicho eso, quiero que sepa que mi partido, lógicamente, estará a favor de los derechos que a usted le amparan y de todas las personas que usted representa. Pero, por favor, no venga de nuevo a esta Cámara y nos trate como algo que no somos: somos personas antes que políticos, la discapacidad es una condición y separadamente está la persona.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.

El señor Gómez por el Grupo Ciudadanos.


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El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente, y gracias, señor Sánchez, por su comparecencia.

Nosotros intentaremos tomarnos sus críticas con deportividad, toda vez que nosotros nos pasamos aquí todo el día criticándonos unos a otros y tampoco pasa nada al final de la jornada.

Sí quisiera romper alguna lanza a favor de esta Comisión para decirle que los diputados y diputadas que integramos esta Comisión lo hacemos por convicción y lo hacemos también por vocación. Como bien ha explicado el señor Alli, algunos somos familiares o padres de niños con diversidad funcional o discapacidad y otros son profesionales de la educación y profesionales de la salud, así que unos tenemos la convicción y otros tienen la vocación de ayudar y de servir.

Sí estamos de acuerdo con ese posible cambio de denominación de esta Comisión, de hecho lo hemos hablado internamente en el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Teníamos una propuesta que consistía en llamarla Comisión de políticas integrales para la diversidad funcional y las capacidades especiales; no sé qué le parecerá. Lo que sí le quiero trasladar es que esta Comisión no tiene la competencia para autobautizarse; deberíamos de acudir a la Mesa del Congreso o a la Comisión de Reglamentos, no sé si el letrado nos podrá aclarar algo al respecto, para hacerlo.

También me gustaría decirle que no todo es culpa de esta Comisión, ni siquiera todo es culpa del Gobierno del Partido Popular, y usted sabe que a todos los demás nos gusta echarle la culpa de todo al Gobierno del Partido Popular, pero debo decirle que no todo es culpa ni de esta Comisión ni del Gobierno, por eso que usted bien sabe de que en la mayoría de los casos la educación y la salud son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un hijo que tiene dos horas a la semana de audición y lenguaje, ¡qué más me gustaría a mí que en Andalucía tuviera cuatro, cinco o las máximas posibles! En ese sentido le tengo que dar la razón al señor Alli también cuando ha dicho que tener discapacidad no es un estigma; es compatible tener discapacidad y tener capacidades especiales, una cosa no quita a la otra.

Sí quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algún modelo de atención educativa o de atención sanitaria en las comunidades autónomas que ustedes consideren el ejemplo a seguir, que usted nos pueda trasladar como el ejemplo que nosotros podamos promover en las distintas comunidades autónomas, más allá del ejemplo que nos ha puesto de Cataluña en cuanto al reconocimiento del 33 % de discapacidad?

Y, en definitiva, tomamos buena nota de sus reivindicaciones, quedamos a su disposición, le damos la bienvenida a la política si finalmente deciden presentarse a las elecciones, pero le hago una advertencia, hoy usted nos ha atizado bien, prepárese para recibir. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez, y perdone el despiste anterior.

Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora García.

La señora GARCÍA PUIG: Gracias, presidente.

Muchísimas gracias al señor Sánchez García y a la Fundación Española de la Tartamudez. Creo que ha sido una exposición muy útil y muy iluminadora de un tema que muchos y muchas desconocemos en gran parte. Yo, personalmente, hasta que supe de su comparecencia desconocía la cifra de afectados y afectadas ya que, como usted ha dicho, en 500.000 hogares españoles, si no me equivoco, hay alguien con tartamudez. Quizá lo que más me ha impresionado es cuando se ha referido al problema comunicativo que tienen que enfrentar las personas tartamudas, como suicidio social, esta restricción en la participación, voluntaria, pero que está empujada por la poca comprensión y la poca educación, creo yo, que tenemos las personas no tartamudas hacia esta problemática.

Usted ha hablado de la intervención temprana, de la importancia de la intervención temprana. Entiendo que para una buena intervención temprana es necesario dotar de fondos en formación al personal sanitario y al personal educativo, pero quizá la parte que más me ha interesado los días previos a la comparecencia, que he estado investigando un poco, es cómo podemos educar a la sociedad en la comprensión de la tartamudez, cómo podemos educar a la propia gente que la sufre a la aceptación de uno mismo y las técnicas comunicativas que se puedan desarrollar: cómo podemos percibir la gente que no tartamudeamos, cómo podemos educarnos en otras formas de comunicación y aceptar otros tipos de ritmos comunicativos.

Yo creo que estamos viviendo una época que desafía las hegemonías, las hegemonías de la forma de ser, las imposiciones de un término que deberíamos desechar, como es la normalidad. Ahí, yo y nuestro grupo, nos sentimos mucho más identificadas con el término de diversidad funcional, creemos que no solo es una terminología sino que supone todo un cambio de perspectiva en lo que había sido conocido como los estudios de la discapacidad y las políticas de la discapacidad, además creo que en eso vamos muy


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atrasados respecto a otros países, el término de functional diversity está aceptado por la Academia y es ampliamente aplicado políticamente en muchos países en su equivalente lingüístico, y nosotras, igual que el Grupo Ciudadanos, estaríamos mucho más cómodas con otra denominación para la Comisión.

Todo esto lo digo porque creo que es función de esta Comisión reivindicar la diversidad y la diversidad de capacidades. Hace poco veía que en Estados Unidos se convertía en best seller un libro titulado Tímidos. El poder de los introvertidos en un mundo que no puede dejar de hablar. Me interesó mucho cómo se daba la vuelta a esos estereotipos y en lugar de considerar algo como un defecto, una debilidad, una discapacidad, se consideraba como un valor imprescindible en una sociedad que avanza y diversa.

Como resumen, las demandas que llevamos el grupo confederal, y que creemos que son imprescindibles de aplicar, están la formación del profesorado y la presencia de logopedas en las escuelas, la formación de los pediatras para evitar este desconocimiento de la tartamudez y este periplo del que hablaba por diferentes profesionales médicos, también, por supuesto, el tema de las empresas y que cumplan el 2 % y el baremo de la discapacidad de la que hablaba.

Y a mí me gustaría saber también -por lo que he podido ver en otros países se aplica mucho el tema de grupos de apoyo para poder erradicar estas autorrestricciones en la comunicación- si en este suicido comunicativo del que hablaba o en el tipo de terapias psicológicas que se están aplicando, por ahí habría una vía donde el Estado pudiera ofrecer recursos a las personas tartamudas y a sus familias.

Sin más, agradecerle y decirle que tomamos nota de todas sus propuestas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García. Por el Grupo Socialista, señor Ruiz.

El señor RUIZ CARBONELL: Gracias, señor presidente.

Señor Adolfo, le contestaré no tanto por lo que usted ha dicho, no por su intervención, sino pensando en quién representa.

La verdad es que cuando me puse a mirar los antecedentes de esta comparecencia pensé que no sabría por dónde empezar, porque tropecé con su comparecencias anteriores, me las leí, algunas las recordaba. Leí la del 13 de mayo de 2010 a petición del Grupo Socialista, en la que ya aludía usted a una anterior de 2003, y la de 24 de abril de 2013 a petición de diferentes grupos. En la primera solicitó, usted ha dicho "con vehemencia", -era la palabra, no sé si es la más adecuada, pero con vehemencia- que hiciéramos el favor de hacer algo por las personas con tartamudez, con disfemia. En la segunda, la recuerdo bien porque quien llevó la comparecencia por el Grupo Socialista fui yo, también volvió a insistir con vehemencia en la petición de que hiciéramos el favor de hacer algo por las personas con tartamudez. Por eso no sabía por dónde empezar, porque ¿se ha hecho algo? Después de que en 2005 llevaron ustedes 158 casos, eran los que encontraron en el Boletín Oficial del Estado con motivos de exclusión para presentarse a un sinfín de trabajos en la Administración, los presentaron a Rodríguez Zapatero, entonces presidente, un jueves, y ese viernes, tal como usted ha dicho hace un momento, en el Consejo de Ministros se inició el camino para acabar con la exclusión digamos legal, o, mejor dicho, ilegal, que existía de las personas con tartamudez. Desde entonces, ¿qué otros pasos ha dado la Administración para que las personas como usted puedan ejercer todos sus derechos y puedan mejorar su vida?

No es que dude de las buenas intenciones que podía tener en la comparecencia de 2010 el entonces portavoz del Grupo Popular, cuando nos dijo que hacía suyas sus reivindicaciones, no quiero hacerlo; no quiero pensar que fuera porque en aquella época el PP estaba en la oposición, aunque en 2013, estando ya en el Gobierno, no las hizo suyas, me he repasado bien las actas. Y es que este Gobierno ha tenido poca sensibilidad con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, como estamos comprobando en cada reunión de esta Comisión. De manera que bastantes de nosotros salimos de estas reuniones con la misma sensación, la de estar en un continuo día de la marmota, porque desde la última vez que vino usted, en 2013 creo, han pasado años, y usted y nosotros hoy podemos acabar diciendo lo mismo que en anteriores ocasiones.

Por un lado usted nos ha descrito la situación de las personas a las que afecta la tartamudez, la disfemia, que es la misma, y por otro reclama que, como cualquier ciudadano, pueden ejercer sus derechos, o sea, lo mismo. Y me temo que nosotros probablemente solo le volveremos a decir que haremos todo lo que podamos para que lo que nos pide sea así, porque estamos igual, más allá de que nuestra sociedad ha evolucionado y soporta menos las exclusiones, no solo esta, todas. Repito, el día de la marmota.

Y prueba de ello es que casi, como se puede comprobar, le puedo preguntar lo mismo que le pregunté la última vez. ¿Nos puede decir si cree que hemos avanzado en algo desde entonces en los aspectos que


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hace posible que una persona con tartamudez se sienta integrada como una parte más de la sociedad, si hemos hecho algo en el acceso del colectivo que representa la educación, si lo hemos hecho en el acceso a tener un puesto de trabajo, si se ha tomado algún tipo de medida para que los porcentajes de paro entre las personas con disfemia, con tartamudez, sean como los del resto de la sociedad; si se ha hecho algo desde los poderes públicos para que la sociedad en su conjunto vea a las personas que tartamudean con normalidad? Por cierto, hemos presentado una proposición no de ley recientemente, no sé si la semana pasada o la anterior, para dificultar las medidas alternativas para no contratar al 2 % de personas con diversidad funcional, tal como usted ha dicho

¿Nos puede decir si el Gobierno ha promovido en estos años, desde que sus portavoces asumían como propias sus reivindicaciones, programas de investigación para averiguar las causas de la tartamudez; si en estos años, como usted nos solicitó, se ha creado un censo en nuestro país de personas afectadas por tartamudez? Creo que no, yo no lo he encontrado, lo he estado buscando.

Y también nos pidió que fuesen accesibles prótesis electrónicas, que hacen que les llegue su propia voz con un efecto coro, lo que ayuda a tener una mejor fluidez, y que las personas con tartamudez tuvieran tarifas telefónicas diferentes. ¿En todo esto se ha avanzado algo? Yo no lo he encontrado, y esto del Google se me da bastante bien.

Nos pidió planes de atención precoz de niños con disfemia en las escuelas para poder disminuir de forma notable los adultos afectados. Entiendo, por lo que ha dicho, que no, que no se ha hecho nada. Y recuerdo también que nos dijo que había televisiones privadas donde todavía ser tartamudo se utilizaba como objeto de burla para hacer gracia. Había pasado algo hacía un mes o dos de la última vez que vino. ¿Se ha hecho algo en este sentido para evitarlo? Usted nos pidió que promoviésemos un acuerdo, como el de mayo de 2006 que tuvieron los medios de comunicación públicos, para evitar la difusión de imitaciones de tartamudos o gangosos con fines humorísticos en las programaciones, en las emisiones. Nosotros presentamos una iniciativa en ese sentido, pero nos caducó, nos volvió a caducar, y ahora la hemos vuelto a actualizar y presentar, y ya termino, la hemos vuelto a actualizar y la hemos vuelto a presentar. Esperemos que ahora la podamos discutir y aprobar porque, como sabe usted, en este tiempo han caducado más cosas, al Grupo Popular le ha caducado su mayoría absoluta y la actual composición de esta Comisión estoy seguro que le favorecerá.

Finalmente, solo me queda decirle de nuevo de que puede estar seguro de que el Grupo Parlamentario Socialista hará lo que está en sus manos para lograr que alguien aquejado de disfemia, de tartamudez, no se le tenga como objeto de risa para tartamudear, que no se le tenga como un tartamudo sino sencilla y llanamente por lo que es, una persona más.

Gràcies per la seva atenció.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.

Y el Grupo Popular va a concluir con la intervención de la señora Alba. Gracias.

La señora ALBA MULLOR: Buenas tardes, señor Sánchez.

Quiero decirle que tiene usted toda la razón cuando dice que no tenemos ni pajolera idea y que, efectivamente, ese es el objetivo de estas comparecencias, precisamente que usted y todas las personas que nos han acompañado en otras sesiones, y que nos acompañarán a lo largo de hoy, nos ilustren y nos digan cuál es el día a día de las personas con discapacidad, insisto, con discapacidad.

Y al respecto, quiero decir, respecto al nombre de la Comisión, que estamos obligados tanto por una cuestión jurídica como por una cuestión legal como por la decisión y por la voluntad del colectivo de la discapacidad en España, puesto que la terminología, personas con discapacidad, es la que se recoge de manera universal en la convención que usted ha citado, personas con discapacidad, y es la que también el Cermi, que es la entidad que engloba al 95 % del mundo de la discapacidad en España, asume como propia. Por lo tanto, y por un imperativo tanto legal como porque nos viene así trasladado desde el mundo de la discapacidad en España, nuestra propuesta desde luego es que esta Comisión se siga llamando Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.

En segundo lugar, querría agradecerle su asistencia y el habernos ilustrado respecto a lo que es el día a día de la tartamudez en España y en este sentido también querría decir que todo el mundo cuenta la feria según le va. Ustedes, desde 2002, año en que se creó la fundación, han transitado este camino solos, han realizado una gran labor, han realizado una gran actividad, han llegado a muy buenos puertos en muchas de sus actividades, pero lo han hecho solos y recientemente, en marzo del año pasado, 2016, tengo entendido que suscribieron un primer convenio con Cermi y con la Fundación ONCE y el Grupo


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Ilunion para facilitar la empleabilidad del colectivo de tartamudos en España. Entiendo que su labor hasta ahora ha sido muy productiva y por supuesto encomiable, pero quizás a partir de ahora, una vez que han decidido dejar de caminar solos, puedan llegar a muchos otros objetivos, en primer lugar a este convenio. Tengo entendido que también han iniciado la redacción de un libro blanco de la tartamudez para acercar, insisto, este día a día, y documentar la realidad de las personas con tartamudez en España, también en colaboración con Cermi. Entiendo por lo tanto que en escasos meses están llegando a muchos más objetivos de los que han llegado en otro tiempo.

Y entendemos, tal y como les he dicho, que dado que Cermi es la entidad que engloba al 95 % del mundo de la discapacidad en España, tal vez por esta vía puedan conseguir muchos más objetivos de los que hasta ahora se han conseguido y también, aunque no caben alusiones en este tipo de comparecencias, decir al señor Ruiz que, efectivamente, en tres días parece ser que se consiguió algo con un Gobierno socialista, pero es que previamente, y también nos lo ha dicho el compareciente, tampoco se había conseguido nada absolutamente.

Resulta evidente que hemos atravesado una etapa complicada, pero también es cierto que muchos de los portavoces que nos acompañaron en una reunión que tuvimos no hace mucho en el Foro Europeo de la Discapacidad, nos trasladaron que precisamente en los años más duros de la crisis a nivel europeo, tanto España como Portugal, curiosamente, habían mejorado prácticamente en todos los indicadores. Es posible que no hayamos hecho las cosas tan mal.

Insisto, por supuesto, en el compromiso del Ejecutivo y en el compromiso de este grupo parlamentario, que se ha manifestado en muchas ocasiones, para trabajar desde el ámbito legislativo en impulsar y respaldar iniciativas tanto a favor del sector de acción social como de las personas con discapacidad; en concreto, y en lo que atañe también al Parlamento catalán, queremos destacar que en el tema que nos ocupa, que es la tartamudez, ya en la X Legislatura apoyamos y aprobamos en esta misma Comisión una iniciativa de Convergència i Unió sobre la tartamudez, del mismo modo que apoyó Convergència i Unió la que presentó el Grupo Popular en el Parlamento catalán. Por supuesto, reitero en nombre de este grupo parlamentario que en todas las iniciativas de la sociedad civil, como son las suyas, que efectivamente son iniciativas que nacen sin ningún apoyo, han realizado una gran labor en favor de todos sus asociados.

Y por último no quisiera desaprovechar esta oportunidad para preguntarle por algunas cuestiones que la verdad nos suscitan curiosidad. A lo largo de sus intervenciones ha hablado, en 2003, en 2010, en 2013, de 800.000 personas con discapacidad; sin embargo, hoy nos ha citado la cifra de 500.000 hogares y en su página web lo que aparece es la cantidad de 467.000 personas con tartamudez en España. Es evidente que no hay un censo, pero sí que nos gustaría saber cómo han afinado, digamos, esta cantidad de 800.000 a 467.000.

También nos gustaría que nos informara acerca de cómo valora su colaboración con Cermi, que en escasos meses entendemos que está dando buen resultado; preguntarle si tiene la intención de seguir trabajando en la vía de colaboración o tiene la intención de integrarse en esta entidad, como había avanzado en una rueda de prensa el señor Luis Cayo Pérez, y en qué estado se encuentra este libro blanco que está en preparación y para cuándo tienen previsto hacerlo público.

Quería agradecerle su presencia aquí y reiterarle que cuenta, por supuesto, con todo el apoyo para todo aquello que necesite de parte de este grupo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alba.

Señor Sánchez, suya es la respuesta. Quizá no podrá contestar a todos los comparecientes, pero seguro que tendremos tiempo también de profundizar en sus demandas. Gracias.

El señor PRESIDENTE FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ (Sánchez García): Señor Alli, le pido disculpas a usted si se ha sentido ofendido, nada más lejos de nuestra intención y de la mía personal. Le pido perdón.

Señor García, señor Ruiz, a todos ustedes que me han interpelado, intentaré contestarles porque el señor presidente sigue contándome el tiempo. Soy tartamudo.

No tenemos un censo, esos números los vamos acoplando a lo que nos va diciendo la Organización Mundial de la Salud, que oscila entre el 1,5 % y el 2 % de la población, como usted bien ha dicho, y el señor Ruiz también; en el 2003 ya pedimos que se hiciese un censo. ¡Como el que oye caer agua, nada! No sabemos exactamente cuántas personas tartamudean en España, sí tenemos una idea aproximada de que en 500.000 hogares de España hay una persona que tartamudea por lo menos.


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Sigo insistiendo en que a mí el término discapacidad no me gusta, porque es igual que minusválido, que es igual a no válido. Valemos. Yo conozco a una persona con síndrome de Down muy próxima, que canta de maravilla y que toca la guitarra de maravilla, luego, tiene una capacidad distinta, tiene sus capacidades. No me gusta el término, pero es una cuestión mía personal, quizá. Ustedes son soberanos para llamarse así o llamarse como quieran, pero somos capaces, que seguro que su hija es capaz de muchas cosas, de muchísimas. Quiero que le quede a usted muy claro. Mi cuarto hijo tartamudea y por tartamudear ha tenido su problemática de juventud, pero es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, número cuatro de su promoción; o sea, tontitos no somos. Aunque en nuestro colectivo hemos contado tiempo atrás con tontos ilustres (Risas): Isaac Newton era tartamudo, Gandhi, Einstein, artistas como Marilyn Monroe, Bruce Willis, Ana María Matute. Tenemos varios ejemplos de tontos ilustres que tartamudeaban.

Yo les ruego a ustedes que ante el Congreso -no sé cómo funciona eso- pidan, exijan que se haga un censo de personas con tartamudez y les pido, les ruego que lo del 2 % de la discapacidad, lo del empleo del 2 % de la discapacidad no tenga opción de ningún tipo, que lo tengan que cumplir, no pagar, no poner, no hacer un convenio con nadie para dar una limosna, que son limosnas, señores, y lo que queremos es empleo digno, que nuestra gente pueda trabajar. Tenemos personas que tartamudean que son abogados y le echan dos narices y entran en sala así, porque además somos valientes. Yo porque ya tengo 69 años, pero a una persona que tartamudea le impone venir aquí a decirles a ustedes lo que no hacen.

Me preguntaba el señor Ruiz qué han hecho desde 2003 aquí. Señor Ruiz, hay dos palabras que se escriben solo con mayúsculas, amistad y nada. Pues eso han hecho ustedes, nada. Y los grupos políticos se han llamado amigos nuestros, con mayúsculas, pero nada, absolutamente nada. Yo le ruego que ese no hacer nada desde 2003 aquí lo vayan ustedes cambiando por hacer un poquito, solo un poquito.

Me preguntaban también qué hemos hecho durante todo este tiempo. Pues hemos hecho cosas que las hemos hecho individualmente como fundación. Hemos traído el método Lidcombe de Australia a aquí pagando a los australianos. El método Lidcombe es un método que es un juego entre el niño que tartamudea, la escuela y su familia, y el niño no se da cuenta de que se le hace una terapia, con el 90 % de éxito. Y la sanidad española, la sanidad de este país, en el siglo XXI no se entera, señores. Perdónenme ustedes que sea vehemente. Hemos tenido que pagarlo, que traerlo, hemos formado a cuarenta logopedas y psicólogos en toda España de nuestro bolsillo. ¿Alguien de sus partidos, del Congreso, alguien ha venido a decirnos: "Oigan, qué han conseguido, qué han hecho, qué les ha costado esto"? Alguien me decía que su hijo, con una compañía médica de este país, va dos horas. Pues apúntese usted a la póliza colectiva nuestra y tendrá usted sesiones sin límite por 38 euros al mes, sesiones de logopeda, de psicología, de maestros de audición y lenguaje; sin límite, por 38 euros al mes. ¿No lo podría hacer la Seguridad Social?

Es cierto, estamos haciendo el libro blanco de acuerdo con el Cermi; con don Luis Cayo nos une una relación desde hace tiempo. El Cermi también es algo que habría que modificar un poquito para que no solo puedan entrar las asociaciones, y no quiero decir afines, sino que las fundaciones también podamos entrar. Tenemos un convenio hecho con el Cermi porque no podemos ser miembros del Cermi al ser fundación. ¿Pero por qué? ¿Qué mal hemos hecho porque nos llamemos fundación para no poder entrar?

Yo les ruego que si en mi intervención anterior alguien, como el señor Alli, se ha sentido ofendido, sepa que nada más lejos de mi intención; señor Alli, nada más lejos de mi intención, pero le voy a decir algo, de Navarra tenemos a ocho empadronados en Cataluña sacándose el certificado de discapacidad porque en Navarra no lo dan a las personas con tartamudez. Muévanse ustedes en su tierra para que no pase; yo tengo miedo porque la casa de mi primo o de otros primos de miembros de la fundación parecen pisos patera porque hay empadronados cinco, seis, siete u ocho. Señores, esto hay que corregirlo. Y, vuelvo a decir, yo no ofrezco dudas de mis pensamientos, de como soy, pero en este aspecto visca Catalunya, esto es así; allí se está haciendo, en los demás sitios no.

Hemos hecho unos convenios de colaboración con la ONCE, con Ilunion, con todas las empresas que componen el Grupo ONCE. Hay personas en la Fundación del Grupo ONCE que colaboran con nosotros maravillosamente, hay personas como Teresa Palahí, que habría que hacerle un monumento encima de la Cibeles, y Luis Cayo, que le pone toda la empatía. Ayúdenle ustedes a cambiar el reglamento del Cermi para que las fundaciones podamos entrar allí. ¿Por qué no podemos entrar? Ahora, si nos juntamos cuatro o cinco asociaciones y hacemos una confederación, podemos entrar. Incongruente. Yo creo que podríamos aportar mucho al Cermi y podríamos decirle al Cermi que luche para que el baremo de la tartamudez sea


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modificado de inmediato, que no tengamos que darle la vuelta a la ley, que trasladarnos de domicilio, que trasladar nuestro domicilio social y fiscal para poder irnos a Cataluña a que nos den el 33 % que nos niegan en otras zonas de España. Señores, yo tengo concedida una comparecencia en el Parlament de Catalunya y voy a ir a darles las gracias porque están consiguiendo cosas para nosotros que no estamos consiguiendo en el resto de España.

Señoras y señores diputados, sé que me dejo muchas cosas por contestar, pero no es culpa mía sino del reglamento que tienen ustedes y del presidente de la Comisión, que no me deja continuar. (Risas).

Gracias. (El señor Allí Martínez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez. Efectivamente, es el presidente quien le ruega que avancemos.

Señor Allí, como ha habido alguna alusión muy directa, tiene usted 30 segundos y luego el señor Sánchez quizás quiera responderle.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Yo también quiero disculparme si mi intervención, señor Sánchez, ha sido también demasiado vehemente. Y dice mucho de su persona y de su personalidad el hecho de que se haya disculpado. Lo agradezco muchísimo y lo quiero destacar.

Y, en segundo lugar, quiero aclarar un asunto. Los criterios de valoración de la dependencia y de la discapacidad no son competencias delegadas a las comunidades autónomas ni a la Comunidad Foral de Navarra, es una competencia estatal; por tanto, las comunidades autónomas no pueden dedicar a unos sí y a otros no. Me refiero en este caso al baremo de la discapacidad. Yo creo que eso usted técnicamente lo debiera aclarar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.

Le agradecemos al señor Sánchez su intervención, más allá del debate sobre el nombre que deba tener esta Comisión, que es una competencia del Pleno de la Cámara. En cualquier caso, seguro que su intervención animará al conjunto de los grupos a moverse en esta materia y cuando usted vuelva a comparecer en esta Comisión en una próxima ocasión podremos valorar aquello que se haya producido durante estos años de manera positiva.

Paramos durante unos segundos antes de entrar en la siguiente comparecencia. (Pausa).

- DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS, FIAPAS (AEDO CUEVAS), PARA EXPONER PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE FIAPAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000167).

- DE UN REPRESENTANTE DE FIAPAS, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS (PLANELLES DE LANO), PARA EXPONER LAS DIFICULTADES QUE ENCUENTRA EL COLECTIVO DERIVADAS DE LA VIGENTE REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000148).

El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia del señor José Luis Aedo, presidente de Fiapas, que viene acompañado de la señora Nuria Planelles, una joven que pertenece a este movimiento asociativo. Les damos la bienvenida.

Nos han pedido poder compartir esta intervención y les hemos solicitado que hagan el esfuerzo que estamos pidiendo al resto de comparecientes, que intenten ajustarse a esos 15 minutos, que siempre terminan siendo un poco más. Después de su intervención los portavoces de los grupos parlamentarios les plantearán las correspondientes cuestiones y luego ustedes podrán contestar aquello que crean oportuno.

Señor Aedo, suya es la palabra y luego hablará la señora Planelles.

El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS, FIAPAS (Aedo Cuevas): Muchas gracias, señor presidente.


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Señores diputados, en nombre de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, Fiapas, y en el mío propio agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de exponer las necesidades, demandas y expectativas del movimiento asociativo de familias de personas sordas, Fiapas, la mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas en España.

Soy José Luis Aedo Cuevas, presidente de Fiapas y padre de un joven con sordera profunda bilateral, que utiliza un implante coclear desde que tenía tres años, tras distintos, digamos, tropiezos en el camino hacia el diagnóstico de la sordera, cuando tenía dieciocho meses de vida. Entonces mi mujer y yo nos integramos en el movimiento de familias a través de la asociación de Murcia.

Me acompañan Nuria Planelles, joven de nuestro movimiento asociativo en la Comunidad Valenciana, quien intervendrá posteriormente; su madre, Mari Carmen, compañera de nuestra junta directiva, y también la directora de Fiapas, Carmen Jáudenes.

Brevemente paso a presentarles lo que es Fiapas. Fiapas surge en 1978 para dar respuesta a las necesidades que se plantean a las personas sordas y a sus familias. Es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, de ámbito estatal, que cuenta con cuarenta y seis entidades confederadas. Fueron asociaciones de padres con hijos e hijas con sordera quienes estuvieron en el origen de Fiapas. Con el devenir de los años, Fiapas se ha transformado en una organización de familias en las que uno o varios de sus miembros tienen sordera, no solo los hijos. En este camino nos hemos convertido en la mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas de nuestro país. Fiapas, por tanto, representa y defiende los derechos y los intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias, integrando e impulsado la acción de las federaciones autonómicas y de las asociaciones confederadas. Abordamos todo el itinerario vital de la persona sorda, desde la sospecha de la pérdida de audición hasta su inclusión educativa y sociolaboral; apoyamos a las familias en los diferentes ciclos por los que evoluciona como grupo y cada uno de sus miembros; coordinamos y damos soporte a la acción política y a los servicios de nuestras entidades miembro. Nuestro sistema de gestión cuenta con el reconocimiento del Sello de Excelencia Europea 300+, EFQM, otorgado por Aenor, por concesión del Club de Excelencia en Gestión, y hemos sido reconocidos con diversos premios a nuestros distintos programas y actuaciones en el ámbito de la atención a las familias, de la inserción laboral y de la accesibilidad, así como a nuestra acción de comunicación, y contamos con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, concedida a nuestra entidad en 2007. Por último, debo indicar también que Fiapas ha sido miembro fundador de las más importantes plataformas de la discapacidad y actualmente pertenece y ostenta diversos cargos en distintas organizaciones e instituciones, además de la Federación Europea de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva, Fepeda, que actualmente presidimos.

Señorías, el ofrecerles esta información y estos datos no es un ataque de vanidad, nuestra única pretensión es que sepan, sobre todo quienes de ustedes no nos conocen, que tienen ante ustedes una entidad seria y fiable, que trabaja con rigor y solvencia, en colaboración con el tercer sector.

A continuación paso a contextualizar las prioridades del movimiento asociativo de familias y nuestro punto de vista sobre la situación actual de las personas sordas y de sus familias, motivo por el que tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista solicitaron nuestra intervención de hoy.

Dado el avance vertiginoso experimentado en estos últimos años en el ámbito sanitario, educativo, tecnológico, social, las personas sordas hoy pueden alcanzar metas que hace apenas quince años eran impensables. Gracias al progreso médico y audiológico, que ha permitido restaurar la vía auditiva, nos encontramos ya con una nueva generación de niños y niñas y de jóvenes sordos que gracias al diagnóstico precoz de la sordera, así como a una intervención logopédica y protésica temprana, han tenido la oportunidad de acceder al lenguaje oral de forma natural y en la etapa evolutiva que corresponde, en los primeros años de vida, alcanzando después un pleno desarrollo personal con mejores resultados en el terreno académico y profesional. Se trata de personas que gracias a haber recibido estimulación auditiva y del lenguaje, gracias a contar con apoyo escolar y familiar, habiendo aprovechado además los beneficios de la tecnología e invirtiendo también su esfuerzo personal disponen de formación suficiente, son socialmente competentes y se encuentran preparados para vivir de manera independiente y autónoma, sin tener que depender de un tercero, como miembros activos de la sociedad a la que pertenecen. Hablamos por tanto de esta nueva generación de jóvenes y de niñas y niños sordos que comunican en lengua oral, utilizan prótesis auditivas y productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral. Sin embargo, el gran error que comete la sociedad en su conjunto, pero también algunas administraciones y poderes públicos, es creer que esta mejor situación personal lleva consigo tener resultas todas las situaciones de interacción con el entorno; de hecho, incluso en este contexto de evidente mejora, si no se


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ponen a su alcance todos los productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral, si no se aplica lo dispuesto por el marco normativo vigente, que es amplio y exhaustivo al respecto, si no se muestra la voluntad política y social necesaria para la generalización y uso de estos recursos todo el progreso experimentado resultará comprometido.

Las personas sordas conforman una población muy heterogénea, incluso con un mismo grado de pérdida auditiva son muchas las variables personales, familiares, educativas, sociales, que intervienen para determinar que su desarrollo evolucione de una u otra forma. Por ello, afirmamos que no existe un único modelo de persona sorda ni un único patrón al que respondan todos los afectados por el simple hecho de no oír.

Finalmente la sordera no es la esencia de la vida de nuestros hijos ni de nuestras familias, es una circunstancia. Nuestros hijos e hijas, las personas sordas oralizadas y con prótesis auditivas en general, se relacionan en el mismo entorno social de sus padres, de sus hermanos, de sus primos y de sus tíos, de sus abuelos, de sus vecinos, de los amigos del parque y del colegio, de los compañeros de estudios o de aquellos con quienes hacen deporte. Paso a ofrecerles algunos datos que ilustran de qué estamos hablando. Según la Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, EDAD, del INE, de 2008, en España hay 1.064.000 personas mayores de seis años con discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. Según la misma encuesta, de ellas, 13.300 personas comunican en lengua de signos. También sabemos que una de cada 1.000 personas de la población general adquirirá sordera a lo largo de su vida. Por tanto, más del 95 % de la población con discapacidad auditiva en España comunica en lengua oral. Según datos que aporta la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, Codepeh, se estima que, al año, uno de cada 1.000 niños nace con una sordera profunda bilateral y cinco de cada 1.000 recién nacidos presentan una sordera de distinto tipo y grado, lo que supone que en España cada año hay aproximadamente 2.500 nuevas familias en las que nace un hijo o una hija con sordera. Más del 97 % de los niños sordos nacen en familias con padres y madres oyentes. Estas nuevas generaciones de niños y niñas con sordera se benefician mayoritariamente de los avances tecnológicos y audioprotésicos.

Fiapas ha realizado diversos estudios sucesivos que, más allá de aportar una fotografía estática, nos ofrecen una tendencia que define la nueva situación de las personas sordas y sus familias hoy. Los datos hallados ponen de relieve un salto cualitativo intergeneracional entre las personas con discapacidad auditiva menores de dieciocho años y las mayores de esa edad. En sus carpetas cuentan con la información al respecto. No cabe duda de que los menores y jóvenes de hoy han llegado antes y a más, por lo que las opciones que se abren ante ellos se han multiplicado y previsiblemente las oportunidades de formación, de acceso a la comunicación, a la información y al conocimiento, así como su inserción laboral e inclusión social, habrán de ser diferentes y mayores.

Tras esta parte de mi exposición, señorías, continúo exponiendo los asuntos que en estos momentos consideramos prioritarios para el ejercicio de sus derechos por parte de las personas sordas y de sus familias.

En primer lugar la detección precoz de la sordera infantil. En el año 2003 el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el Programa de detección precoz de la sordera infantil para su implantación en todo el Estado. Sepan, señorías, que es el diagnóstico precoz de la sordera infantil, junto a los avances médicos y audiológicos, lo que ha cambiado radicalmente la perspectiva educativa y social de las personas sordas al poder aprovechar el período de mayor plasticidad cerebral en el desarrollo de los niños para sus aprendizajes, entre otros el lenguaje. Este es un tiempo irrecuperable si no se aprovecha adecuadamente y el diagnóstico precoz permite que los niños y niñas con sordera alcancen y desarrollen los distintos aprendizajes que se han de dar en esta etapa en el momento evolutivo que corresponde, como cualquier otro niño. La creación de un registro estatal de los resultados de la aplicación de este programa hará posible que se pueda disponer de datos epidemiológicos y de incidencia de la sordera en la población infantil en España que permitirán mejorar la prevención, la detección y el diagnóstico de la sordera infantil, así como su tratamiento. Agradecemos la aprobación de la proposición no de ley por parte de esta Comisión, instando su creación.

Por otro lado, uno de los asuntos más relevantes para nosotros en estos momentos y para el que se necesita ya una respuesta por parte de las administraciones sanitarias es la prestación sanitaria para el acceso a las prótesis auditivas -audífono e implantes auditivos- mediante la actualización de la cartera ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud. Tras una larga e intensa trayectoria en la que Fiapas venía demandando su incorporación, en el año 2000 se incluyeron los audífonos en la cartera ortoprotésica, sin embargo se estableció un límite de edad de la prestación hasta dieciséis años y además la prestación por


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audífono prevista constituye una ayuda económica que escasamente cubre la tercera parte de su coste. Los audífonos son la única prótesis externa incluida en la cartera sobre la que existe esta limitación de edad para el beneficiario y el concepto de ayuda económica con el que se vincula discrimina de forma injustificada desde todo punto de vista a la persona sorda respecto al resto de usuarios del sistema. Dicha discriminación por razón de edad es jurídicamente insostenible y carece de base científica que la soporte. Encarezco su atención, señorías, sobre este asunto, que voy a exponer a continuación.

En Fiapas demandamos que los audífonos sean una prestación sanitaria de carácter universal para toda persona sorda a la que le haya sido prescrita por un médico otorrino, tal como ocurre con el resto de prótesis externas o las sillas de ruedas. ¿Alguien puede imaginar que estas solo se proporcionaran hasta los dieciséis años? ¿Y si solo se proporcionaran las articulaciones de brazo o los pies protésicos hasta esa edad? ¿Y si a las personas sordas usuarias de lengua de signos solo se les proporcionara intérprete hasta los dieciséis años? Esto, que a todos nos parecería una aberración, se tolera y justifica por las administraciones en el caso de los audífonos. Nosotros no lo aceptamos y por eso seguimos en esta batalla, no queremos más que otros, pero evidentemente tampoco menos, ni queremos ser tratados como personas de segunda categoría, queremos igual trato para igual fin. Se trata de restituir un órgano y/o función y hacer funcional en nuestro caso la capacidad de oír, definición textual de lo que es una prótesis; por ello, aplíquese la misma. En tanto no se aborde la prestación en términos de universalidad, pedimos la planificación de una progresiva ampliación de la cobertura de la prestación por tramos de edad, comenzando en este momento hasta los veintiséis años. Asimismo, demandamos incrementar la cuantía financiada en los mismos términos que cualquiera otra de las prótesis incluidas en la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, eliminando el actual copago que, según el precio del audífono, puede llegar hasta el 60 %.

También nos ocupa la situación de los componentes externos de los implantes auditivos, que se van a regular dentro de las prótesis externas. Existen distintos implantes auditivos, pero en concreto quiero ejemplificar la situación con el implante coclear. El implante coclear consta de dos partes, una interna, implantada, y otra externa, que está integrada por diferentes componentes. Esta parte externa es la que procesa y transmite la información recogida y codificada de los sonidos del entorno y de la palabra a la parte interna. Estos componentes externos se deben renovar periódicamente. En la actualidad, la cartera contempla la renovación de tres de los componentes externos: procesador, micrófono y antena, gracias a una actualización que se produjo en 2010. Algunas comunidades autónomas cubren en su totalidad el coste de estos tres componentes cuando deben ser renovados; sin embargo, otras solo cubren una parte de los mismos, con el importante sobrecoste económico que supone para las familias. Tengamos presente que el coste medio de un procesador de sonido gira en torno a los 8.500 euros y algunas comunidades autónomas no aportan más de 6.000 euros. Además, hay casos en los que la cantidad aportada se recibe una vez que el usuario o la familia ha hecho el pago, no existe el pago directo de la Administración.

Pero el implante no solo tiene tres componentes externos, en los modelos actuales hay otros igualmente necesarios, como los cables, el imán, el portapilas. De nada sirve la parte interna del implante sin la parte externa. Y las baterías. ¿Se imaginan, señorías, que no se contemplaran las baterías que alimentan un marcapasos o una silla de ruedas eléctrica? En estos dos casos las baterías necesarias para su funcionamiento sí que están incluidas. Todo esto y otros gastos vinculados con la rehabilitación logopédica y los apoyos educativos es el sobrecoste económico que debemos soportar las personas sordas usuarias de prótesis y sus familias.

Además, quiero hacerles conocedores de que las personas usuarias de implantes se convierten en una población "cautiva" de las marcas comerciales, de las casas comerciales de estos. Se genera una extrema situación de dependencia respecto a las casas comerciales. Una vez colocada la parte interna del implante de una determinada marca, tanto los componentes externos como los productos de apoyo que funcionan en conexión con el implante tendrán que ser siempre de esa marca. Por ello, desde Fiapas demandamos que en la actualización de la cartera ortoprotésica que actualmente prepara el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se incorpore la regulación de la renovación de todos los componentes externos de los implantes, la inclusión de las baterías y se proteja a los usuarios y a sus familias frente a políticas comerciales que pueden llegar a ser abusivas.

Otro de los asuntos que preocupa al movimiento asociativo Fiapas está relacionado con el desarrollo y aplicación de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral. Fiapas participó en el proceso de elaboración de la norma desde las primeras fases de borrador y de anteproyecto hasta su tramitación en el Congreso y en el Senado, y ahora


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lo hace en su desarrollo reglamentario. Es una norma que reconoce explícitamente la diversidad comunicativa de las personas sordas y consagra el derecho a la libre elección de la lengua vehicular de comunicación, así como el derecho de los padres y madres a elegir la lengua materna, la lengua de enseñanza y el modelo educativo que desean para sus hijos e hijas con sordera.

Tras la consagración de estos principios, la norma contiene un doble objeto de regulación: el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua oral, medios de apoyo a la comunicación oral, y el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos. Este articulado simétrico no deja duda de la intención del legislador: igualdad de derechos y de trato a las personas sordas, comuniquen en lengua oral y/o comuniquen en lengua de signos. Sin embargo, nos encontramos con que en muchas ocasiones se olvida esta igualdad de trato y este necesario equilibrio que pone de relieve la norma. En primer lugar, esta desigualdad se aprecia al denominar mal la ley y no mencionar los medios de apoyo a la comunicación oral, con lo cual se invisibiliza a la mayoría de estas personas, que precisamente ven en la regulación de estos medios la protección y garantía de sus derechos. Es más, si durante esta legislatura o en venideras se planteara una reforma constitucional que incluyera alguna referencia a la comunicación de las personas sordas, tengan presente lo que acabamos de mencionar: aprender y usar la lengua de signos responde a una elección, es un derecho de la persona sorda, de sus padres, madres o responsables legales, pero no conlleva un deber. Por ello, legislen desde el respeto al derecho de las personas sordas, o de sus padres o representantes legales, en el caso de menores o de personas con capacidad modificada judicialmente, a elegir la lengua materna, la lengua vehicular de enseñanza y la lengua de comunicación. No se pueden, no se deben plantear leyes, normas o preceptos que obliguen a nadie a comunicar de una forma determinada en función de una condición física como es el hecho de no oír. Nadie puede ser obligado a adoptar modos de vida no elegidos. Así lo dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

Señorías, también tenemos que poner de relieve que queremos que la vida de las personas sordas se rija dentro del marco jurídico general que nos afecta a cualquier ciudadano. Por ello, todas las medidas que contenga el futuro texto del reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007, sobre el que estamos actualmente trabajando, deben entenderse en todos sus términos, sin perjuicio de lo previsto en la legislación establecida para el conjunto de la ciudadanía, además de en aquella específica dirigida a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en general, prevaleciendo el principio de transversalidad antes que la generación de un sistema en paralelo para las personas sordas.

Por último, quiero incidir en la necesidad de que se ponga al alcance de las personas sordas que comunican en lengua oral todos los recursos de apoyo a la audición y a la comunicación oral que en la actualidad brinda el progreso tecnológico. No obstante, conviene aclarar que por muy buena audición funcional que obtengan de sus prótesis, por muy bien que hablen, no significa que estén resueltas todas las dificultades y limitaciones en el acceso a la información y a la comunicación, dado que existen barreras que imponen la distancia con el interlocutor o la fuente de sonido, la reverberación y el ruido de fondo. Para superar esas limitaciones que impone el entorno son necesarios productos de apoyo a la audición que funcionen en conexión con las prótesis, como el bucle magnético y los sistemas FM o el subtitulado que hoy estamos utilizando aquí, tanto en los centros educativos y universidades como en todo tipo de espacio público, espacios culturales y de ocio, en la justicia y en los centros de trabajo.

Para terminar, insisto una vez más, dennos el soporte y el reconocimiento jurídico necesarios que garanticen los derechos de las personas sordas oralizadas y con prótesis auditivas, soporte y reconocimiento acordes con la situación de progreso alcanzado por estas personas, sin duda con el apoyo de sus familias. Pero que esta mejor situación -mejor que hace treinta años, veinte o cinco- no les penalice a ellas ni a sus familias, pudiendo encontrar los apoyos necesarios para que las administraciones y los poderes públicos nos acompañen y apoyen, compensen todo el esfuerzo invertido y den respuesta a las necesidades y demandas que son específicas y propias de la situación de las personas sordas oralizadas y con prótesis auditivas, y de sus familias.

Por último, antes de pasar la palabra a Nuria Planelles, que nos explicará de primera mano alguna de sus necesidades y reivindicaciones, me gustaría reiterar nuestro agradecimiento por haber sido incluidos en la ronda de comparecencias. También agradezco su atención y, como saben, disponen de copias del texto de mi intervención, acompañada de otros documentos que puedan resultar de su interés.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aedo.

Señora Planelles, suya es la palabra.

La señora REPRESENTANTE DE FIAPAS, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS (Planelles de Lano): Buenas tardes.

Quiero agradecerles su invitación para poder estar hoy aquí y presentarles las necesidades de las personas sordas y de nuestras familias.

Permítanme que les cuente algo sobre mí. Me llamo Nuria y soy alicantina, tengo diecisiete años y estoy estudiando 2.º de bachillerato. Utilizo implantes cocleares, uno en cada oído. Tengo una hermana sorda que también utiliza implante coclear y en este momento se encuentra de Erasmus en Italia. Gracias a mis implantes, a la logopedia, a mis profesores y sobre todo a mi familia, y, por qué no decirlo, a mi propio esfuerzo, hasta la fecha de hoy me va bien en mis estudios. Además, me considero una chica como tantas otras de mi edad, una más en mi grupo de amigos oyentes, con los que hago muchísimos planes, aunque algunos, como ir al cine, no son tan divertidos para mí, ya que las salas de cine de mi ciudad no tienen instalado el bucle magnético y las películas no están subtituladas. En casa no tengo tantos problemas con la televisión porque cuento con un sistema de inducción magnética que transmite los sonidos a mis implantes. Además, hay bastantes programas subtitulados, aunque la calidad de los subtítulos hay veces que deja mucho que desear.

El año que viene aspiro a estar en la universidad, quiero estudiar Medicina, pero el paso a esta nueva etapa me preocupa mucho. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Lo explico rápidamente. Por un lado, tengo que hacer la prueba de acceso a la universidad y necesito muy buena nota, y por otro lado, espero tener todas las adaptaciones que necesito, sobre todo en idiomas, para poder tener las mismas oportunidades que los demás. Una vez que comience mis estudios superiores, las universidades exigen tener un segundo idioma para poder obtener el título. Sin embargo, en muchos casos no tienen previstas las adaptaciones para alguien que, como yo, las necesita.

Yo soy bilingüe en valenciano y castellano, y podría serlo también en otro idioma si hubiera tenido las adaptaciones correspondientes desde pequeña. Además, en la universidad seguiré necesitando recursos de apoyo a la comunicación oral, como la emisora FM o el bucle magnético, materiales auditorías subtitulados y subtitulación en directo en jornadas de conferencias. Sin embargo, como hablo bien y me defiendo con mis implantes, a la hora de interactuar con los demás la mayoría de las veces no se dan cuenta de que sigo siendo sorda. Las personas sordas como yo, que usamos prótesis y hablamos, somos invisibles. Bueno, nosotros no, nuestra sordera. Nadie, ni los profesores ni los compañeros ni las administraciones públicas ni la sociedad en general, se da cuenta de que para nosotros es esencial disponer de recursos de apoyo y contar con ayudas económicas y con becas que nos permitan compensar el gasto que sobrellevan nuestras familias.

Para terminar, solo quiero decirles que yo sé que después de todo el esfuerzo y de toda la inversión realizada, estaré preparada para ser una más y con mi trabajo contribuir a la sociedad. Voy a ser médico.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Planelles.

En la sala nos acompaña la señora Jáudenes, directora de Fiapas, y la señora Del Amo, a las que antes no he hecho mención. También son bienvenidas.

La portavoz del Grupo Socialista, señora Flórez, está planteando la opción de que se adelante su intervención porque debe coger un tren. Por tanto, si al resto de los portavoces les parece bien, empezaríamos por el Grupo Socialista.

Señora Flórez, suya es la intervención.

La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Aedo y señora Planelles, por su comparecencia de esta tarde, por la información que nos han transmitido y muchas gracias a todos los compañeros de esta Comisión por su amabilidad.

Evidentemente, la situación que nos han expuesto respecto a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, a la cartera de servicios de la prestación ortoprotésica, es discriminatoria. Ese límite de edad es injustificado y debe desaparecer. También en lo que respecta a los componentes externos, etcétera.

Yo suelo ser bastante técnica en mis intervenciones. Una cuestión que a mí me ha surgido y sobre la que me gustaría preguntarles es la siguiente. Por ejemplo, según el propio catálogo, dentro de las


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denominadas prótesis, el audífono es un dispositivo indicado para la hipoacusia bilateral, neurosensorial, transmisiva, etcétera, para una pérdida de audición superior a 30 decibelios, en el mejor de los casos. Sin embargo, en el caso de la financiación es a partir de una audición superior a 40 decibelios. ¿Esto supone algún tipo de problema, es decir, las personas que tengan entre 30 y 40 no van a recibir ningún tipo de ayuda?

Me gustaría saber, respecto a los periodos de concesión, más o menos qué plazos existen de concesión de la ayuda desde la fecha de presentación de la solicitud y si se exige a los usuarios en ocasiones alguna especie de prepago o adelanto para que el paciente o la paciente pueda disponer del artículo prescrito. Creo que es evidente que las prótesis auditivas no son ningún lujo ni un capricho para un mayor bienestar, son una necesidad básica para las personas sordas para poder acceder a una vida de participación sin limitaciones, y son un instrumento indispensable para el lenguaje y para la comunicación. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a avanzar en este terreno, teniendo en cuenta todas sus reivindicaciones, por un lado, contribuyendo a mejorar la oferta protésica del Sistema Nacional de Salud, eliminando esas barreras, y por otro lado, porque creemos que es importante que exista una financiación previa a la adquisición del material ortoprotésico, puesto que las cantidades son muy elevadas.

En otro orden de cosas, me gustaría hablar de educación, y además tenemos aquí la experiencia vital de la señora Planelles. El alumnado con sordera es evidente que precisa -y ella misma nos lo ha explicado- de ciertos recursos de apoyo específicos, tanto de carácter personal, los logopedas, si hablamos en primaria de los maestros de audición y lenguaje, PTs, etcétera; los tecnológicos, a los que ya se han referido, así como otra serie de ayudas técnicas, el bucle, etcétera, que apoyan a estos recursos tecnológicos. Esto, en principio, no es algo que no se pudiera presentar en un entorno ordinario de cualquier centro educativo de nuestro país para garantizar una educación inclusiva de todos y todas las alumnas y alumnos. Sin embargo, esta circunstancia no se da. La señora Planelles ha dicho: A mí me gustaría aprender más idiomas. En un aula lo único que podría haber hecho por usted sería intentar elevar el volumen, que no va a ningún sitio, porque elevando el volumen elevamos los ruidos, es decir, no tendría ninguna de esas posibilidades tecnológicas para dar apoyo, por ejemplo, a los implantes. No cabe duda que las medidas que se han adoptado en la última legislatura en el ámbito educativo, como el aumento de las ratios, la eliminación o retrasos en sustituciones de profesorado, reducción o supresión de becas de ayudas al estudio, por supuesto el cupo de docentes y la reducción de logopedas son una serie de desventajas. Yo trabajaba con un PT y medio, no es que tuviera un PT, sino que lo compartíamos con otro centro para más de 750 alumnos. Todo esto son una serie de desventajas que afectan, indudablemente, al alumnado en general y al alumnado con necesidades educativas en particular. ¿Han evaluado el impacto de estas medidas sobre el alumnado con discapacidad auditiva?

Como ustedes conocen por iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, creemos firmemente en una educación inclusiva, en una educación universal; desde cero a diez años es fundamental el diagnóstico precoz, no solamente en el caso de la sordera sino en cualquier otro tipo de discapacidad, y la atención temprana, las necesidades educativas, así como la prestación de ayudas y becas que permitan a las familias hacer frente al sobrecoste que supone cualquier tipo de discapacidad, en este caso la discapacidad auditiva. Creemos firmemente en que los padres y las madres pueden y deben elegir el modelo de educación que deseen para sus hijos sin que esté determinado por su sordera ni ser dirigidos a modelos o modalidades que ellos mismos no hayan elegido.

No quiero extenderme más, simplemente darles las gracias por su comparecencia, la comparecencia de ambos, por toda la información que han compartido con nosotros y, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio, nos ponemos a su disposición para mantener una comunicación constante y hacernos eco de las demandas de su colectivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Flórez.

Por el Grupo Mixto, el señor Alli.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente de esta Comisión. Espero que la portavoz del Partido Socialista no pierda el tren.

Al final de la jornada, en una Comisión como esta hay que intentar no reiterarse y sobre todo que no vengan aquí ustedes a escuchar lo que quieren escuchar y esto quede aquí, conste en acta y se acabó hasta la siguiente comparecencia. Aquí estamos para mucho más que todo eso, con independencia de cada ideología de las fuerzas políticas que estamos aquí representados. Eso, en primer lugar.


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Quiero, en segundo lugar, agradecer el nivel de profesionalización que ha transmitido hoy usted como presidente, y, lógicamente, también la señorita Nuria Planelles, en relación a -ya lo ha dicho- pertenecer a ese Club 300+, del Club Excelencia en Gestión. No hace falta más que ver lo estructurado de su discurso y el material que usted ha presentado, luego también es de agradecer el esfuerzo que hacen ustedes en ese nivel de profesionalización. A mí también me parece que es correctísimo y absolutamente necesario el enfoque centrado en la persona, en este caso con discapacidad auditiva, pero también en su entorno familiar, porque al fin y al cabo, y especialmente en la época de crisis que hemos pasado y que seguimos pasando, la familia ha sido, sin duda, el mejor ministerio de políticas sociales de este país; eso creo que se da por descontado.

Es muy relevante el avance de las nuevas tecnologías aplicadas en este caso a las personas con discapacidad auditiva, y lo he visto clarísimamente en el caso de Nuria, por dos motivos. Uno, mientras ustedes estaban interviniendo he podido, gracias a las nuevas tecnologías, cruzarme varios whatsapps con la actual presidenta del Cermi Navarra, Mariluz Sanz, y también presidenta de Unate. Mariluz, por cierto, es una persona que defiende a las familias y a las personas con esta discapacidad auditiva y en la línea que ustedes defienden, con esos implantes cocleares, etcétera.

Alguna consideración más. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Ustedes han valorado, dentro de ese nivel de profesionalización, como usted decía, el coste que supondría incluir dentro de la prestación sanitaria universal la totalidad del coste de los audífonos? Me gustaría saberlo, en aras a la sostenibilidad del ámbito sanitario y dentro también de los derechos que les acogen a ustedes y a sus familias. Me gustaría escuchar su opinión. Yo no voy a decir aquí si hay que ir adelante con ello o no. Necesitamos datos y cifras y, en ese sentido, me gustaría convocarles a una reunión durante el mes de marzo próximo, al menos con el partido al que represento, que es Unión del Pueblo Navarro, para con esos datos contrastados poder avanzar y que, insisto, no se quede en una mera comparecencia, sino que dé lugar a que se registre algún tipo de iniciativa en relación a lo que ustedes están demandando, pero, insisto, con datos y con cifras, que eso es lo relevante.

Me quedo por encima de toda la intervención -y con esto finalizo, señor presidente- con estas palabras de Nuria: Quiero ser una más. Yo creo que todos los entes públicos, todas las administraciones, pero también las comunidades autónomas, ayuntamientos, Estado, Gobierno central, etcétera, debiéramos tener todos clarísimo cuáles son las políticas hacia las personas con cualquier tipo de discapacidad, y es lograr lo que tú has dicho -perdona que te tutee, Nuria-, que es ser una más; es decir, desarrollarse como persona, tener un proyecto vital y requerir los apoyos que necesitas para ese proyecto, que es ser médico y que seas una fantástica médico. Además, estás sentada al lado justamente de otro doctor.

Y, por supuesto, hay más ejes. Está la plena autonomía personal, poder tomar decisiones, sea cual sea la limitación o la discapacidad, tomar al menos la decisión sobre mi propia vida, eso es autonomía personal, y sobre todo tener una vida inclusiva, como acabas de decir, con viajes, una hermana de Erasmus, etcétera. En eso tenemos que trabajar todos, enfocarlo hacia lograr esas tres cosas: desarrollo personal, inclusión y autonomía.

Por mi parte nada más. Si le parece, después me gustaría que nos cruzáramos las tarjetas y les llamaremos urgentemente. Bueno, urgentemente no, les llamaremos durante el mes de marzo para reunirnos con ustedes.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Clemente. Gracias.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Buenas tardes, don José Luis Aedo Cuevas y Nuria Planelles. Me presento, soy Diego Clemente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Soy nuevo como portavoz, pero mi grupo ya se ha reunido con ustedes. Antes ha hecho usted mención a que el 15 de septiembre registramos demanda de ese registro estatal para personas con discapacidad auditiva, sordas y sordociegas; se llegó a un texto transaccional y se aprobó en esta Comisión.

Coincido en la línea que ha manifestado el compañero Alli sobre el tema de los audífonos e implantes cocleares. Sería muy fácil decirles que atenderemos a todas sus demandas, pero a nuestro grupo, Ciudadanos, también nos gustaría ver esos números para hacer un estudio de viabilidad y sostenibilidad. Como usted ha dicho antes, incluso en lo relativo al mantenimiento de los implantes cocleares hay que señalar que no son iguales los aportes de las distintas comunidades autónomas. Creemos que de manera coyuntural debería haber una previa armonización en esos servicios, en ese catálogo de prestaciones y,


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por qué no, ser optimistas y de manera estructural, en un futuro que esperemos sea muy corto, lograr una homogeneización en toda España. Al igual que creemos en una tarjeta sanitaria única, que ese catálogo -por qué no-, esos audífonos y esos implantes cocleares sean iguales en toda España.

Queríamos hacerle esa invitación. Coincidimos con el compañero -ahora cruzaremos nuestras tarjetas- en que si tienen esos datos, estaríamos encantados de recibirlos este próximo mes de marzo. Nos ponemos a su disposición desde este grupo parlamentario. Por cierto, Nuria, enhorabuena. No me cabe ninguna duda de que será usted una gran médico, como ha dicho mi compañero.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Alonso, por favor.

La señora ALONSO CLUSA: Muchas gracias, señor presidente, señor Aedo y señora Planelles.

Consideramos esencial, como siempre, conocer las necesidades de las personas sordas para lograr avanzar hacia una sociedad inclusiva, eliminando todo tipo de barreras, facilitando toda forma de comunicación y defendiendo los derechos de toda la ciudadanía, al margen de las características que presente cada una.

Estamos completamente de acuerdo con la importancia, que han destacado, de la detección precoz. Quería destacar también el hecho de que la población sorda es una población heterogénea, diversa, que no tiene un solo patrón. Estoy de acuerdo con cubrir todos los recursos necesarios en base a las características de cada persona, también en base a lo que cada persona quiera decidir. En ese sentido, quería preguntarles: ¿Los recursos de los que estamos hablando incluyen también en todo momento el lenguaje de signos como recurso fundamental para que la persona pueda elegir la forma en que quiera comunicarse o combinando ambas formas?

También quería preguntar lo siguiente. En la Ley 27/2007, de la que ya han hablado, se reconocen la lengua de signos y los medios de comunicación oral. Es de sobra conocido, y lo han manifestado aquí, que su perspectiva promueve la oralidad, la rehabilitación oral. ¿Qué acciones concretas, aunque nos ha hablado un poco de ellas, me podría destacar para plantearme que son necesarias para aplicar esta ley en concreto? Quisiera también saber su opinión respecto a dos organizaciones, una de ellas el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción. Me gustaría saber si considera que está realizando un trabajo a la altura de sus expectativas. Por otra parte, en cuanto al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, ¿considera que está siendo influyente en las políticas públicas? Y, por último, queríamos conocer también qué relación tienen con el Consejo Nacional de la Discapacidad, perteneciente al ministerio, y si están al tanto de sus reuniones o convocatorias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alonso.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Cabezas.

La señora CABEZAS REGAÑO: Gracias, presidente. Buenas tardes y sean bienvenidos los comparecientes de Fiapas.

Me van a permitir que me dirija a esta señorita, a la que doy las gracias por su comparecencia de hoy, por sus palabras y por sus ganas de trabajar. Aunque en esta Comisión todo el mundo es suficientemente sensible para hablar y apoyar el mundo de la discapacidad y todas las apuestas que estamos haciendo, es importante visualizar un poquito más. Por ello, te doy la enhorabuena y, por supuesto, adelante. Estoy con mis compañeros: seguro que serás una estupenda médico.

Una vez reiteradas las gracias al señor José Luis Aedo, en nombre y representación de Fiapas, quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todas las organizaciones del tercer sector, a entidades, personas, familias y partidos políticos que desde el consenso y el diálogo han trabajado con el Gobierno para apoyar leyes, tomar numerosas medidas de acción positiva para prestar atención específica a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidad, en los últimos años.

Durante la X Legislatura España recogió en la sede de Naciones Unidas el Premio Roosevelt, considerado como el Nobel de la discapacidad. Con este premio se nos reconoce el trabajo realizado, es un premio al buen trabajo de todos. Estamos avanzando en las políticas integrales de la discapacidad, eso es evidente. Nosotros, cuando hablamos de la sordera, cuando hablamos de esta discapacidad, hablamos de personas. Personas muy cercanas a mí tienen esa discapacidad y conocemos perfectamente la


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problemática. Por lo tanto, la sensibilidad para trabajar y ofrecerles oportunidades de inclusión está en la hoja de ruta del Gobierno del Partido Popular. Estamos comprometidos con los derechos de las personas con discapacidad, con su afán de superación y de integración en nuestra sociedad. Nos han dado el ejemplo de que tener alguna discapacidad no es motivo para poder estudiar, trabajar y competir deportivamente. Queda mucho por hacer todavía, sin duda, pero hemos recorrido un camino con avances en recursos, donde el Gobierno del Partido Popular ha tenido muy presente la discapacidad.

El Plan de acción de la estrategia española de la discapacidad 2014-2016, dotado con más de 3.000 millones de euros, compuesto por noventa y seis medidas y con cinco ejes de actuación, pone de manifiesto la importancia que tiene la discapacidad para el Gobierno. Los ejes de actuación de dicho plan se han basado en el empleo, la igualdad, la accesibilidad y la dinamización de la economía. El empleo concentra el 95 % de los recursos; desde el Partido Popular creemos que el empleo, junto con la educación, es la base para la integración de cualquier persona o familia, pero en la discapacidad es fundamental. Gracias a la inyección de los 3.000 millones de euros del Gobierno del Partido Popular hemos posibilitado la supervivencia y viabilidad de entidades sociales que atienden a las personas más vulnerables en algunas comunidades como Andalucía, Cataluña. Había retraso de más de un año en los pagos de subvenciones para atender a las personas con discapacidad. Hemos seguido avanzando. Además de saldar la deuda, se ha proporcionado seguridad jurídica a las personas con discapacidad, se ha garantizado protección especial en materia de sanidad, justicia, desahucio, menores, alquiler de viviendas y transporte, una nueva reforma fiscal que beneficia a las familias en las que hay personas con discapacidad, etcétera.

En violencia de género logramos que el 061 fuera accesible para las personas sordas. Estas medidas se adoptaron en los peores momentos de la crisis y aun así se ha dado un fuerte impulso a la generación de empleo en España. Hay 225.000 personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social y el empleo de personas con discapacidad crece a un ritmo del 19 %. En los últimos años se han aprobado veinticuatro leyes, seis reales decretos, una orden ministerial, lo que significa cuarenta y siete normativas que el Gobierno ha ejecutado en los últimos años. En el año 2013 se aprobó el implante bilateral.

Como ya avanzó nuestra ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado diciembre, en la Comisión de Sanidad, tuvo la primera reunión el 10 de enero del grupo de trabajo para desarrollar la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se recogen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Entre los asistentes se encontraba Fiapas. Desde esta Comisión volvemos a reiterar nuestro compromiso con las personas con discapacidad auditiva y sordociegas.

No quiero terminar mi intervención sin agradecer a Fiapas la labor que desempeña desde sus inicios, allá por el año 1978. Una entidad que, a través de la convocatoria de premios desde el año 2000, nos demuestra el gran trabajo que realiza. Solo me queda añadir, como dice mi compañero Nacho Tremiño, que se ha hecho mucho en los últimos años; él sabe algo de eso. No por ello no hay que seguir trabajando desde el diálogo y el consenso, el clima tiene que ser de acuerdos con el único propósito de que la discapacidad auditiva, u otra, no sea un obstáculo para el desarrollo de aspiraciones de cualquier persona. Gracias una vez más a todas las organizaciones y entidades, en especial a Fiapas.

Y acabo mi intervención haciéndome eco de lo que figura en su página web: Trabajamos para ti. Juntos, ahora, podemos hacer mucho.

Al hilo de mi intervención, me gustaría hacerle...

El señor PRESIDENTE: Señora Cabezas

La señora CABEZAS REGAÑO: ¿Se ha acabado el tiempo?

El señor PRESIDENTE: Ha superado ya un minuto y treinta y siete segundos.

La señora CABEZAS REGAÑO: Es una pregunta muy cortita, por favor.

El señor PRESIDENTE: Cortita, por favor.

La señora CABEZAS REGAÑO: Muchas gracias, presidente.

Una vez que yo ya he intervenido y hemos hecho un repaso de los grandes logros que se han conseguido en los últimos años, aunque hay que seguir trabajando y muy mucho, quisiera que hicieran una valoración de lo que considera Fiapas que se ha avanzado en los últimos años y de lo que el Gobierno ha hecho en favor de estas discapacidades.


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Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabezas.

El señor Aedo y la señora Planelles contestarán, por favor.

El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS, FIAPAS (Aedo Cuevas): Me gustaría que Nuria nos contara su experiencia en el colegio con profesores, logopedas y PT, si los ha echado en falta, si los ha tenido las horas que ha necesitado o si hubiese necesitado más. De las demás cuestiones, que son un poco más técnicas, me haré yo cargo.

La señora REPRESENTANTE DE FIAPAS, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS (Planelles de Lano): Yo me quedé sorda a los seis años -yo y mi hermana nos quedamos sordas más o menos a la vez- y en mi colegio no había habido más personas sordas, entonces fuimos las primeras y no estaban preparados para tener alumnos sordos; por tanto, hubo que indicar cómo debían ser las adaptaciones, empezó a haber logopedas, además mis padres me llevaron a logopedas fuera del colegio para la rehabilitación después de las operaciones. La verdad es que no sé qué más decir. (La señora Cabezas Regaño: ¡Muy valiente!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Aedo.

El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS, FIAPAS (Aedo Cuevas): Empezando por lo que nos ha preguntado el Grupo Socialista en cuanto al nivel auditivo de los audífonos, la financiación de las prótesis, independientemente del nivel de audición, depende de tener reconocida la discapacidad o no; entonces no solo hay que ver el catálogo ortoprotésico sino la valoración de la discapacidad para saber qué personas tienen derecho al audífono o no. En cuanto a los plazos de concesión, como el tema de sanidad está transferido a las comunidades autónomas, el que se resuelva antes o después depende mucho de la comunidad autónoma en la que residas; en muchas de ellas todavía las familias tienen que hacer el prepago de la prótesis auditiva y luego se les reembolsa, hay otras comunidades en las que se hace el pago directo al financiador, y otras donde si te llevas bien con los servicios sociales puedes encontrarte con que te hagan un informe y se justifique la falta de recursos económicos y también se salve este problema.

En cuanto al tema de educación, la ratio de alumnos subió con la modificación de la ley y esto repercutió en que en un mismo aula había no solo niños con deficiencia auditiva, sino que podía haber niños con otros problemas de dislexia o tartamudez que pudieran necesitar los recursos, con lo cual había los mismos recursos pero se compartían con más niños. En cuanto a las adaptaciones a las que se refería Nuria, en su caso la adaptación principal sería la de la prueba oral para poder hacerla escrita, más que otra adaptación. También hay niños que hablan tres o cuatro idiomas -ella escuchaba música, seguro- y hay algún niño que está tocando el saxofón o el piano, pero hoy por hoy son niños que están llegando excepcionalmente, no es lo normal, pero tampoco es lo normal en el resto de la población, o sea que tenemos que entenderlo así. Por lo que se refiere a la atención temprana -que era otra pregunta que me hacían-, está cedida a las comunidades autónomas y depende de cada comunidad autónoma cómo se regule o cómo no se regule.

Por lo que se refiere a la pregunta del Grupo Mixto, que coincide con la que ha hecho el Grupo de Ciudadanos del coste de las prótesis, aquí podemos facilitarles informes hechos a nivel de países de nuestro entorno, a nivel europeo, incluso de Australia, donde se recoge el coste-efectividad de las prótesis auditivas. Las prótesis al final no son un coste, son una inversión. Nuria cuando empiece a trabajar como médico repercutirá sus cuotas de Seguridad Social y sus impuestos en el resto de la sociedad y todo lo que se haya invertido en ella será pagado con creces cuando haga el MIR y tenga que echar allí todas las horas que tienen que echar. (Risas).

En cuanto a lo planteado por Podemos, nosotros defendemos la libertad de elección y somos consecuentes con ello. No podemos decir que la libertad de elección solo puede ser en un sentido; evidentemente, si hay familias que eligen la lengua de signos y necesitan de ese apoyo, van a precisar que se les ponga a su disposición, y muchos de ellos son compañeros nuestros en otras entidades, pero independientemente de que utilicen la lengua de signos, no van a dejar de necesitar hablar, porque si no hablas es muy difícil en el castellano -en casi todos los idiomas-, por no decir imposible, poder leer y escribir, entonces siempre van a necesitar, independientemente de la lengua de signos, acceder a la


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lengua oral. Por lo que se refiere a las acciones que debe recoger el reglamento, el reglamento debe recoger que se pueda contar con logopedas, pero no solo el reglamento, sino la Ley General de Educación, o el tema de los audífonos, que debe estar recogido en la Ley General de Sanidad, porque antes que personas sordas son ciudadanos españoles y tenemos una Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero también les afecta la Declaración Universal de Derechos Humanos porque, como digo, antes que personas sordas son personas y entendemos que primero se tienen que desarrollar como personas, independientemente de su condición, porque yo puedo tener otras condiciones y no me van a impedir en ningún sitio que las desarrolle, lo que necesitan es tener todas las posibilidades de desarrollar todo lo que necesiten.

En cuanto al Centro Español de Subtitulado y al Centro de Normalización Lingüística, en ambos casos somos miembros de su consejo rector y cada vez que acudimos a él estamos en disposición de exponer aquello que nos parece que se está haciendo bien o no se está haciendo bien, tanto en uno como en otro, y tenemos comunicación fluida con ellos a través del Real Patronato sobre la Discapacidad, del que también somos miembros. El trabajo que están haciendo en principio es un trabajo profesional, aunque muchas veces a lo mejor se olvida un poco la profesionalidad y se mete un poco de ideología y debería obviarse esa ideología en estos centros, porque dependen de un centro público, no son un centro privado, aunque lo gestione un centro privado. En cuanto al CND, igual que el del Real Patronato sobre la Discapacidad, nosotros somos miembros de ambos y participamos habitualmente en él, con lo cual también aportamos; por ejemplo, se trata el tema del subtitulado, el de la accesibilidad del 112, que no es que no sean accesibles los 112 sino que no existe un único modelo de accesibilidad, con lo cual una persona sorda que se desplace por España se encuentra con problemas de que necesita diecisiete Apps o diecisiete números de móvil para mandar un WhatsApp en caso de una emergencia.

Por último, por lo que se refiere al Grupo Popular, en cuanto a la valoración, es verdad que han sido unos años muy difíciles. Yo he tenido la suerte de coincidir en legislatura con los años de la crisis. Me acuerdo que la primera reunión que tuve fue en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y estaban allí casi los hombres de negro y no sabíamos qué iba a pasar y el secretario de Estado en aquel momento nos dijo -así de claro- que él no sabía qué iba a poder solucionar. Después, afortunadamente, se han podido ir solucionando ciertos temas, hemos capeado el temporal lo mejor que hemos podido, todas las discapacidades, y hoy en día estamos en situación de decir que hemos mantenido lo que teníamos, que no es poco después de lo que se ha pasado, aunque tenemos que seguir peleando y reivindicando lo mismo. Lo que me gustaría es que dentro de cuatro años -nosotros tenemos limitado el mandato a ocho y yo estoy en mi última legislatura- la persona que me sustituya no tenga que venir aquí a pedir nada de lo que estamos pidiendo hoy. Sería un deseo que yo quiero lanzar y como deseo ahí se queda.

Muchas gracias por todo.

El señor PRESIDENTE: Señor Aedo, agradecemos su comparecencia, también a la señora Planelles. Quiero decirles que esta Comisión está a su disposición; a Nuria quiero remarcarle que el ejercicio que hoy hemos hecho es un ejercicio democrático de normalidad. Esta Comisión necesita escuchar a la sociedad, a los representantes de la sociedad civil, para poder tomar aquellas medidas que permitan la mejora del conjunto de las políticas que terminan afectando a los ciudadanos. En este sentido, haber escuchado su testimonio, que no es un testimonio ni de un representante oficial ni de un experto, sino de una ciudadana joven, con todas las ambiciones que corresponden, ha sido muy inspirador para el conjunto de los diputados y diputadas de esta Comisión y va a provocar seguramente iniciativas políticas que tiendan a resolver las cuestiones que usted ha planteado. Saben que esta es su Comisión, espero que volvamos a coincidir.

Gracias. (Pausa).


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- DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, FEACEM (SÁEZ CRUZ), PARA EXPONER PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE FEACEM EN MATERIA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000159).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última comparecencia de esta tarde, ya noche, lo hacemos con don Emilio Sáez Cruz, presidente de Feacem, y saludamos también a la señora Torres Martínez, que es la directora gerente de esta federación, que también nos acompaña. Bienvenidos los dos. Como hemos hecho en el resto de las comparecencias, inicialmente habrá una intervención suya, de unos quince o veinte minutos, luego podrán preguntarle los portavoces de los grupos parlamentarios y, por último, tomará usted la palabra para contestar.

Cuando quiera puede comenzar.

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, FEACEM (Sáez Cruz): Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, miembros de la Mesa, portavoces.

Señorías, es un honor y una responsabilidad para la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo poder estar hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, para hacer llegar a los representantes del pueblo español nuestras reflexiones, nuestras propuestas y aportaciones en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad. En primer lugar quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Popular la solicitud de esta comparecencia y a la Mesa por aceptarla, muestra de la sensibilidad que nos consta tiene esta Comisión hacia un tema tan fundamental como es el empleo para las personas con discapacidad, que es un instrumento imprescindible para la inclusión social y un ámbito trascendental en la agenda política del movimiento social de las personas con discapacidad y sus familias. Reiteramos de nuevo el agradecimiento y presento con brevedad qué es Feacem.

Feacem es la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo. Es una federación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y de carácter intersectorial. Feacem agrupa a quince asociaciones empresariales, cinco de ellas de ámbito estatal y diez de ámbito autonómico, vinculadas todas ellas al movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias, a través de las cuales se integra y representa a más de quinientos centros especiales de empleo, es decir, un cuarto del total de los centros especiales de empleo que hay en España, que son casi dos mil centros, contrata a más del 50 % de todos los trabajadores y trabajadoras con discapacidad a los que se dan cabida en nuestros centros especiales de empleo; más de 36.000 trabajadores y trabajadoras con discapacidad, de los en torno a 72.000 que hay en la órbita de los centros especiales de empleo, más en torno a 10.500 personas sin discapacidad que también trabajan en nuestro espacio. Yo a veces digo que si juntásemos todos los centros especiales de empleo que se dan cabida en Feacem, seríamos probablemente la principal empresa del IBEX 35. Eso es fundamental reconocerlo para darle el valor importante que tiene este sector, siendo personas con difícil inserción en un grado muy importante, las que se dan cita en nuestra plantilla. Somos la máxima institución representativa y vertebradora de los centros especiales de empleo en España. Representamos a todos los centros especiales de empleo del espacio Cermi, ONCE, con el grupo Ilunion, el espacio Plena Inclusión, el espacio de Cocemfe, discapacidad física y orgánica, la enfermedad mental, las asociaciones de personas con discapacidad, de parálisis cerebral, y demás discapacidades del entorno Cermi. Los centros especiales de empleo a los que representa Feacem son empresas de iniciativa social y se configuran como empresas sociales en las que prima el valor social y donde se desarrolla la sostenibilidad económica como binomio inseparable y donde el capital humano es nuestro pilar básico. Ofrecemos productos y servicios para crear empleo. Nuestra finalidad es una finalidad social: crear empleo digno y de calidad, reinvirtiendo los posibles beneficios en nuestra propia función social. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una fórmula de economía social, los centros especiales de empleo de iniciativa social. Somos la representación palpable del emprendimiento social promovido por el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias. Feacem es miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi. Yo soy presidente de la comisión de empleo del Cermi. Somos miembros de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Cepes, del Foro de la Contratación Socialmente Responsable y de la Fundación Bequal.


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Centrándome en la esencia de eta comparecencia, que es exponerles las propuestas y sugerencias de Feacem en materia de empleo de personas con discapacidad, quisiera compartir con sus señorías un breve diagnóstico de la situación del empleo de las personas con discapacidad, diagnóstico que pueden ampliar, si lo consideran oportuno, con la información detallada que dejaremos a la secretaria de la Mesa, en relación sobre todo con el empleo de las personas con discapacidad de año 2015 del INE y de Odismet, que es el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España de la Fundación ONCE. Si tuviésemos que resumir la situación de las personas con discapacidad en el acceso al empleo, el titular sería el siguiente: 'El acceso al empleo, la gran asignatura pendiente en las personas con discapacidad'. Y un segundo titular: 'La inactividad, la característica fundamental'. Lo más destacable del colectivo de personas con discapacidad en edad laboral es su baja participación en el mercado laboral. A pesar de que la tasa de actividad se ha incrementado ligeramente en los últimos años, en 2015 la tasa de actividad de las personas con discapacidad era solo del 33,9 %, es decir, más de 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad, que está en el entorno del 78,1 %. La tasa de empleo era del 23,4 %, más de 37 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad, en torno al 60,9 %. Y la tasa de paro supera en casi 10 puntos a la de la población sin discapacidad, que está en el 31 %, frente al 21,9 %. Como pueden observar sus señorías, los datos no hacen sino confirmar el déficit que presentan las personas con discapacidad en el acceso al empleo.

Además de estos datos generales, me gustaría recalcar en este diagnóstico algunas características más que considero fundamentales. Somos un colectivo diverso y muy heterogéneo, más de cuatro millones de personas. La empleabilidad de las personas con discapacidad está directamente relacionada con las características sociodemográficas, entre las que tiene un peso indiscutible el nivel formativo y el tipo de discapacidad. El nivel educativo es un factor clave, las diversas investigaciones realizadas sobre las personas con discapacidad y su inclusión laboral concluyen que a mayor nivel de estudios mayor acceso al empleo, siendo este además de mayor calidad. Persiste una segmentación vertical y horizontal. El nivel formativo del colectivo de personas con discapacidad condiciona los perfiles profesionales a los que pueden acceder y también el nivel salarial.

Menor salario. El salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue un 17,1 % menor que el de las personas sin discapacidad, según los datos del Salario de las Personas con Discapacidad del año 2014 del INE. Las contrataciones realizadas a personas con discapacidad en los últimos años han demostrado un mayor dinamismo que las contrataciones a personas sin discapacidad. El comportamiento de la contratación de personas con discapacidad estos últimos años ha sido extraordinario, sirvan por ejemplo los datos del año 2015: en 2015 se observa un importante aumento respecto al año 2014, tanto en el número de personas contratadas, un 15 % más, como en el de contratos realizados, un 20 % más, sin embargo se ha incrementado también el índice de rotación.

Pobreza laboral. El riesgo de exclusión social y de pobreza no desaparece con el acceso al trabajo. En 2015 el 14,8 % de las personas con discapacidad ocupadas eran trabajadores y trabajadoras pobres. La situación de las personas con discapacidad es algo peor que la de la población sin discapacidad, cuya tasa es del 14,2 %, según los datos de la EU SLIC, de acuerdo con la nueva metodología implantada en 2013.

Incumplimiento de la cuota de reserva de contratación de personas con discapacidad. La mayoría de las empresas con más de 50 trabajadores están incumpliendo de manera sistemática la cuota del 2 % de contratación de personas con discapacidad exigida por la ley, por la vía de la contratación directa. Los centros especiales de empleo han sido y son un instrumento imprescindible en la generación de empleo para personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo son un pilar fundamental en la empleabilidad de las personas con discapacidad y ha sido refugio ante la crisis pasada. Casi el 19 % de las personas con discapacidad ocupadas lo están en un centro especial de empleo.

Señorías, nos encontramos pues ante una realidad que no podemos por menos que calificar de insatisfactoria; en una situación permanente y estructural del mercado de trabajo múltiples son los factores que históricamente han influido en que la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo presente una posición más negativa que la del resto de la población: la incidencia de las políticas públicas de apoyo al empleo, las reticencias y miedos de las propias personas con discapacidad y sus familias, el desconocimiento y prejuicios de las empresas, la propia configuración de la imagen social de las personas con discapacidad, etcétera. Actualmente además están surgiendo nuevas realidades que pueden dificultar aún más el acceso y el mantenimiento del empleo en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad; las propias dinámicas del mercado de trabajo se están configurando cada


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vez más como barreras que impiden y/o limitan el acceso y mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad y de otros colectivos vulnerables.

¿Cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Qué podemos hacer para evitar que las dinámicas sociales y del mercado de trabajo nos devuelvan al oscurantismo laboral y social? Paso ya a lo que sería el núcleo central de la comparecencia: propuestas y sugerencias de Feacem en materia de empleo de personas con discapacidad. Necesitamos, señorías, políticas públicas que intensifiquen su impacto en esta realidad, la transformen y generen un escenario de nuevas oportunidades. El empleo es un derecho fundamental de la persona, aporta un valor social y un valor personal a los que no podemos ni debemos renunciar, y desde luego la difícil realidad actual debe servirnos de acicate para conquistar esos espacios de participación económica y social a los que, como cualquier persona, tenemos derecho.

Como comentó el presidente del Cermi en su comparecencia en esta misma Comisión, uno de los grandes retos que tenemos para esta legislatura es elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad hasta el 50 %; recordemos que estamos en el 33,9 %. Eso significaría un incremento en torno a 150.000 personas con discapacidad consideradas activas, un reto ambicioso, pero imprescindible si queremos avanzar decididamente en la incluso laboral de las personas con discapacidad, y romper definitivamente el déficit estructural de la participación de este sector en el mercado de trabajo.

Junto con el incremento de la tasa de actividad debemos fijarnos al mismo tiempo varios retos -reseño aquí los más importantes-. Primero, incrementar la tasa de empleo y disminuir la tasa de paro; disminuir drásticamente el número de personas con discapacidad consideradas paradas de larga duración; mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad, fundamentalmente mediante la formación y las habilidades sociales y profesionales; generar opciones y oportunidades de formación y/o empleo para las personas jóvenes con discapacidad; acometer la problemática del envejecimiento de la población con discapacidad en edad laboral. Abordar estos retos pasa necesariamente por un nuevo modelo legal de inclusión laboral, una reforma legal que supere la Lismi y que se adapte a las nuevas realidades, una ley marco de inclusión laboral de personas con discapacidad que, basándose en los principios rectores y en los mandatos contenidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulse la participación de las personas con discapacidad, reforzando los impactos positivos del actual sistema, y que desde un enfoque de innovación social permita corregir las disfunciones, carencias e incongruencias que presenta el sistema legal actual. Esta sería nuestra gran demanda para esta legislatura.

La reducción de las profundas diferencias en el mercado de trabajo que afectan a las personas con discapacidad requiere de la puesta en marcha de políticas, estrategias y planes que contribuyan a la mejora de las condiciones de empleabilidad, faciliten el acceso al empleo e impulsen el desarrollo profesional, a la vez que minimicen la segmentación del mercado laboral mediante una mejora sustancial de las condiciones laborales, basada en la mejora de la calidad del empleo y de la protección en los periodos de transición, impulsando las políticas de formación y aprendizaje permanentes, en las que la participación de las personas con discapacidad es aún muy baja, y flexibilizando la legislación y los sistemas de protección para eliminar las posibles barreras en el acceso, el mantenimiento y las transiciones en el mercado de trabajo.

En los últimos años, como consecuencia de la crisis y de la austeridad en las políticas públicas, se han perdido recursos dedicados al empleo y a la formación de personas con discapacidad. Con la recuperación económica que se está produciendo es el momento de apostar por las políticas de empleo, incrementando los recursos destinados a las políticas activas, activación de empleo de personas con discapacidad, intensificando además las medidas de acción positivas a favor de las mujeres con discapacidad, de los mayores de 45 años, de los jóvenes y de las personas con discapacidad que se encuentran con más dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Es muy preocupante el elevado número de personas con discapacidad consideradas paradas de larga duración, por ello consideramos necesario elaborar un plan de choque que permita dotar de nuevas competencias profesionales y ofrecer una oportunidad de empleo a las personas con discapacidad paradas de larga duración. Es necesario también lograr que se incremente el cumplimiento de la cuota de reserva de las empresas de más de 50 trabajadores, y para ello proponemos dos medidas: por un lado, elaborar un plan estatal de información y sensibilización dirigido a las empresas, para concienciar sobre las obligaciones legales y las capacidades, el talento y los valores que aporta la contratación de personas con discapacidad, así como potenciar las estrategias de RSC de las empresas. Y por otro, intensificar los


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mecanismos de control para verificar el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad o sus medidas alternativas.

Brevemente me gustaría comentar otras propuestas. Modificar el Real Decreto 870/2007, por el que se regula el programa de empleo con apoyo, con la finalidad de convertir el empleo con apoyo en un auténtico servicio y fomentar su utilización por las empresas; fomentar e impulsar la participación de alumnos y alumnas con discapacidad en los cursos de formación para el empleo, en todas sus modalidades, y en la formación dual, garantizando la accesibilidad de las instalaciones, facilitando los apoyos humanos necesarios, la adaptación de los programas formativos, la adaptación de los materiales y las ayudas técnicas para la formación que puedan requerirse en cada caso; reformar la normativa necesaria para favorecer el mantenimiento del empleo de trabajadores con discapacidad sobrevenida e incapacidad laboral; avanzar en la compatibilización de prestaciones contributivas y no contributivas o cualquier prestación social y el empleo; modificar la normativa sobre el proceso de acceso al empleo público de personas con discapacidad para incrementar las incorporaciones de las personas con discapacidad a la función pública y a la progresión profesional, evitando cualquier tipo de discriminación; establecer como criterio obligatorio para el acceso a subvenciones, ayudas o beneficios económicos el cumplimiento por parte de las empresas de más de 50 trabajadores de la obligación de la cuota de reserva del 2 % de puestos de trabajo para personas con discapacidad o realizar sus medidas alternativas, al igual que se ha planteado para la contratación pública.

No quiero terminar mi intervención, señorías, sin hacer una referencia a los centros especiales de empleo y a la necesidad de apoyar y potenciar la fórmula de los centros especiales de empleo de la economía social como fórmulas de éxito de emprendimiento social e instrumentos imprescindibles de generación de empleo de calidad para las personas con discapacidad, que han permitido hacer efectivo el derecho al trabajo para numerosas personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo han generado oportunidades laborales para los colectivos, generan un importante desarrollo económico y social y son una inversión rentable. De cada euro, señorías, que se dedica a centros especiales de empleo se retorna 1,44 sin incluir salarios; repito, de cada euro se retorna 1,44 sin incluir salarios; estamos hablando de que los salarios producen al año en torno a 750 millones de euros.

Es necesario que los poderes públicos y las políticas públicas sigan apostando por esta fórmula de empleo, garantizando un sistema de financiación homogéneo, básico, común y suficiente en todas las comunidades autónomas, apoyando a las iniciativas que más valor social aportan y mayor impacto tienen, solucionando alguna como los problemas de subrogación, modificando la normativa de medidas alternativas, estableciendo mecanismos de control para evitar malas praxis, establecer especialmente mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones de prestaciones de los servicios de ajuste personal y social que tienen como obligación los centros especiales de empleo; revisar dentro del marco de la Ley de Inclusión Laboral el propio modelo de empleo protegido para adaptarlo a la realidad actual y futura, modernizándolo y dotándole de un carácter más innovador.

Concluyo ya, señorías. Señor presidente, les pedimos que impulsen con políticas ambiciosas e innovadoras y con una nueva legislación la inclusión laboral de las personas con discapacidad; solo desde la coherencia interna de la legislación las políticas, medidas y acciones relativas al empleo de las personas con discapacidad diseñadas desde un enfoque global, y el compromiso activo, renovado y desde planteamientos de innovación social de los poderes públicos, de las empresas, de las personas con discapacidad, de sus familias y de las entidades que las representan, alcanzaremos ese cambio social tan deseado por millones de personas con discapacidad. Derribemos entre todas y todos las barreras construidas por tiempos de desigualdad y discriminación.

Muchas gracias por su atención, señorías, y quedo a su disposición para contestar a las cuestiones que deseen plantearme.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez, por su intervención.

Vamos a empezar el turno de portavoces, y comienza el señor Clemente, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Buenas tardes. Soy Diego Clemente, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor presidente de Feacem, me gustaría en primer lugar comunicarle -aunque yo creo que ya tiene constancia- que el 2 de diciembre registramos en la Comisión de Empleo (Asentimiento). Entonces me ahorro hacer el resumen, porque humildemente pensamos que cuando llegue a esta


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Comisión -porque la presentaremos también aquí- contaremos con los demás grupos para que enriquezcan ese texto, pero creemos que fue una primera aproximación gracias a su colaboración.

Me gustaría contar una anécdota personal, más que hacer una pregunta, puesto que yo sí he visitado centros especiales de empleo. Yo soy nuevo en esta legislatura, y visité tres centros de tres ámbitos distintos -por no decir nombres de empresas y no hacer publicidad-, pero uno de ellos me sorprendió mucho más que los otros, además de por la efectividad, por su productividad. Yo insistía en la productividad, y me indicaban que por tener empleados que se encargaban de un área e incluso por ser personas con discapacidad en determinadas áreas de trabajo su productividad era superior a personas con capacidades normales; pero quiero contarles una anécdota, que aunque sus señorías a lo mejor ya conocen, a mí me sorprendió porque era nuevo. Nos presentaron cuatro perfiles de usuarios de ese centro especial de empleo; cuando son personas con discapacidad o con algún tipo de discapacidad en concreto se tiene preconcebida una idea, y me di cuenta de que el universo de usuarios que tienen los centros especiales de empleo es más amplio de lo que yo me imaginaba, puesto que seleccionaron cuatro perfiles; se trataba de una entrevista personal donde ellos decían cuál era el beneficio, cuánto tiempo llevaban, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, porque sin entrar en qué tipo de discapacidad tenían, sí voy a referirme a dos casos concretos que a mí me sorprendieron, porque nunca pensé que iban incluidos en este ámbito, y me sorprendió muy gratamente porque nunca me había puesto en ese papel; había personas que, más allá de que tuvieran alguna disfunción cognitiva -que se entendía-, habían superado un largo período de enfermedad terminal -algo tan sencillo como eso-, y el centro especial de empleo le daba cobijo para superarla, cáncer por ejemplo. Incluso había otras personas que tenían una cardiopatía muy severa y no encontraban trabajo, puesto que en cuanto se enteraban en su trabajo normal, no protegido, evidentemente no lo podía mantener. O incluso personas con trastornos sencillos, como desvanecimientos fortuitos, tampoco encontraban un trabajo estable. Simplemente era una reflexión que quería hacer: que este tipo de aproximación no se hace si no se visita un centro especial de empleo. Y para mí, en el ámbito de las personas con discapacidad, con diversidad funcional cognitiva, ya sea temporal o permanente, los centros especiales de empleo fueron una sorpresa muy grata por la gran labor social que hacen, e invito a sus señorías a que organicemos, si podemos, desde esta Comisión una visita, y repito que para mí fue muy enriquecedor.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la señora Alba tiene la palabra.

La señora ALBA GOVELI: Muchas gracias, presidente.

Antes de nada quiero agradecerle que nos visite y que nos traslade, tanto el diagnóstico como las demandas, porque creo que ha sido muy esclarecedor y muy interesante; por ello tomamos nota de todo.

Repasaba ahora, porque le he escuchado hablar de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, el artículo 27 que precisamente habla del derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas. Es evidente que este derecho todavía desgraciadamente no se cumple. Y hay una serie de preocupaciones que le quería trasladar para que nos diga cómo lo ven ustedes. Yo además se las traslado entendiendo que estamos hablando, cuando hablamos de los centros especiales de empleo, de centros con realidades muy diferentes, muy variadas, infinidad de ellos, yo concretamente he participado, he trabajado en uno de ellos, en formación a personas empleadas, y sé a ciencia cierta que hablamos de infinidad de realidades muy diferentes. Pero sí que es cierto, y usted lo mencionaba cuando citaba los datos, que el colectivo con diversidad funcional ya antes de la crisis se enfrentaba a la desigualdad y al incumplimiento de las medidas para su inclusión laboral, pero tras la crisis y tras las reformas laborales esto se ha agudizado, nos encontramos con muchísima precariedad, con salarios más bajos, y aunque se creen puestos de trabajo, muchas veces son de menor duración. Y una de las preguntas que le quería hacer -y aquí estoy hablando, tanto del empleo ordinario, que desgraciadamente son los menos, como de los centros especiales de empleo- es cómo garantizamos que los derechos de las personas que están trabajando también en estos centros se cumplan. Por otro lado además porque nos encontramos -y eso también pasa en el empleo ordinario- con contrataciones que se dan en situaciones de una tremenda desigualdad, porque se entiende en muchos casos la diversidad funcional como un todo homogéneo, pero no es lo mismo contratar a una persona por ejemplo sorda que a una persona con discapacidad intelectual, son personas que tienen rendimientos diferentes acordes a sus discapacidades,


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ninguno de ellos superior al otro, pero al fin y al cabo diferentes; cómo podemos evitar que se den estos casos de preferencia con la discriminación que estos conllevan, sería mi segunda pregunta. Por otro lado, el tipo de entidades que ustedes representan nacieron, a mi entender, con la finalidad de formar y de insertar laboralmente a las personas con diversidad funcional, una especie de puente al fin y al cabo hacia el empleo ordinario, que procuraría ser el objetivo final en la mayoría de los casos, siempre y cuando sea posible, pero es evidente -y esto lo avalan los datos- que la realidad es otra. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal hoy un 73 % de las contrataciones se realizan en centros especiales de empleo y no en la empresa ordinaria, y por ello el riesgo que corremos con esto es que estos centros se conviertan en guetos y finalmente estas personas no consigan incluirse totalmente en la sociedad. Me da la sensación de que en muchos casos se puede pervertir este objetivo que comentaba, y que corramos el riesgo, si es que no sucede ya, de que el objetivo pase de ser este a ser otro, que al fin y al cabo la mirada desde la cual se aborde esta cuestión deje de ser la mirada de ciudadanos y ciudadanas que defienden su derecho a trabajar, que quieren trabajar, y pase a ser una mirada pura, estrictamente empresarial. En ese sentido quería preguntarle también cómo hacemos para no correr este riesgo, para evitarlo, para que esto no pase, y para retomar ese objetivo con el que nacieron entidades como las que representa, y que creo que está muy relacionado con otra cuestión que usted mencionaba, y en la que quería que profundizase si puede ser, que es cómo conseguimos que la empresa ordinaria se comprometa en este sentido y cumpla con ese 2 % para que podamos empezar a dar más pasos e ir más adelante.

Creo que nos queda mucho camino todavía por recorrer para alcanzar la plena inclusión, y que la cuestión del derecho al trabajo de las personas con discapacidad es fundamental en este camino.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alba.

Por el Grupo Parlamentario Socialista la señora De Frutos tiene la palabra.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Muchas gracias por su exposición.

Yo también conozco ligeramente, desde otro ámbito, los centros especiales de empleo, porque en mi otra vida civil era inspectora de trabajo, y quería trasladarle nuestra visión. El Grupo Parlamentario Socialista desde luego cree que es necesario ya un nuevo marco normativo; de hecho la legislación que regula, tanto el funcionamiento como la relación laboral especial, es de 1985 y desde esa fecha todos tenemos mucha experiencia, por lo que ya es necesario remover esa legislación.

Ha hablado usted de la brecha salarial y yo quería concretar un tema en relación a la brecha: el convenio colectivo que se aplica en los centros especiales de empleo. Los convenios colectivos que el centro especial de empleo desde su nacimiento venía aplicando eran los del sector de actividad; desde el año 2012, en que se publicó el convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, se aplicaba a los centros especiales de empleo, así como a las relaciones laborales de un trabajador con el centro especial de empleo, que en cómputo general hace que los trabajadores lleguen a percibir hasta un 23 % menos de salario; es decir, entre un trabajador que en la empresa ordinaria realiza una actividad y un trabajador que realiza esa misma actividad en un centro especial de empleo; hay sentencias del Tribunal Supremo que señalan que este convenio no se debe aplicar, en detrimento del convenio colectivo sectorial, pero se sigue aplicando. Yo creo que ese tema sí que incide en la brecha salarial y quería saber cómo ven ustedes esta situación.

La segunda cuestión, que yo creo que es importante, se refiere a los centros especiales de empleo; es verdad que hacen una gran labor para dar trabajo a personas con discapacidad, pero lo que creo que a nadie se nos escapa es que la contratación de trabajadores por centros especiales de empleo se produce muy mayoritariamente a trabajadores que podrían ocupar un puesto de trabajo en la empresa ordinaria, es decir, que tienen un grado de discapacidad del 33 %, siendo más rara la contratación de trabajadores con grados de discapacidad mayores del 65 %, o sea, aquellas personas que tienen una dificultad real para acceder al mercado de trabajo. Querría saber si usted es partidario de adoptar acciones positivas reales, tipo cuota o cupo, para que los centros especiales de empleo tuviesen la obligación de contratar a trabajadores con esos mayores grados de discapacidad o con discapacidades que complican más el acceso de las personas al mercado de trabajo, como son por ejemplo enfermedades mentales o similares. Esa es nuestra segunda cuestión que le queríamos plantear. (El señor vicepresidente, Aguiar Rodríguez, ocupa la Presidencia).

También quería plantearle el tema del tránsito a la empresa ordinaria. Como ha dicho la compañera verdaderamente el origen de los centros especiales de empleo todos sabemos cuál era, y todos sabemos


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en lo que se han convertido: en un fin en sí mismo de trabajo protegido. Por eso yo quería saber si ustedes han analizado medidas concretas; yo traigo aquí alguna, a ver qué le parecen. Qué le parecería por ejemplo ampliar la relación laboral especial a la empresa ordinaria, es decir, para que la empresa ordinaria se pueda beneficiar de aquellas cuestiones más favorecedoras por contratar a trabajadores con discapacidad; qué le parecería que los centros especiales de empleo pudiesen asumir un papel similar a la bolsa de trabajo o a convenios de colaboración para pivotar el empleo a la empresa ordinaria.

Y por último, en relación a la cuota, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley, no solo para que se controle mejor dicha cuota, sino porque hay muchas provincias en las que por ser el tejido empresarial de pequeña y mediana empresa, aunque la cuota se cumpla es totalmente irrelevante, es decir, hay muchísimas empresas que no tienen 50 trabajadores y que por tanto no tienen ninguna obligación. Entonces en provincias pequeñas, por ejemplo, como de la que yo vengo, ya ni siquiera les es exigible, lo que para nosotros es ya un problema añadido a la falta de cumplimiento de la cuota. Y por otra parte cómo cree usted que debería de plantearse el tema de las medidas alternativas para que no sirvan más que de elemento que a veces pivota el empleo hacia el centro especial de empleo; si cree usted que sería adecuado establecer códigos éticos de responsabilidad corporativa en esta materia, para que empresas que no estén obligadas se sientan obligadas moralmente y por ética empresarial a contratar a personas con discapacidad.

Y esas son básicamente las preguntas que nos acucian. Muchas gracias por sus explicaciones, y compartimos desde luego su preocupación por que todo esto sea objeto de un nuevo marco normativo donde se contemplen todas esas cuestiones que usted plantea.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora De Frutos.

Para ir concluyendo con los grupos, el señor Tremiño tiene la palabra, por el Grupo Popular.

El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar quiero insistir -perdónenme que sea repetitivo- en que yo no soy un diverso funcional, soy una persona con discapacidad, y la verdad es que además legalmente España -como ratificó la convención- está obligada a utilizar el término, por lo menos en sede parlamentaria, personas con discapacidad, porque primero somos personas y luego con discapacidad. Sinceramente cada uno puede nombrarlo como quiera, pero aquí, en sede parlamentaria, debemos utilizar el término legal que reconoce la convención, y por tanto España con su ratificación, que es persona con discapacidad. Es simplemente una aclaración, presidente, así que le ruego que no lo contabilice como tiempo.

Me hubiera gustado igualmente que el compañero del Partido Socialista se hubiera quedado, lo que pasa es que él es muy listo, y para no escuchar las verdades del barquero en cuanto a lo que se ha hecho en los últimos años en materia de discapacidad, se ha ausentado; yo no voy a contar lo que se ha hecho, pero es verdad que la propia Feacem fue en el año 2012 al Gobierno a decirle que, de esos 3.000 millones que la Administración debía a las entidades sociales, 3.000 millones de euros en enero de 2012, 350 millones se debían a centros especiales de empleo; había centros especiales de empleo que llevaban sin cobrar casi dos años. Esto es verdad porque vinieron al Gobierno a contarlo, y fue el Gobierno del Partido Popular el que puso 3.000 millones de euros encima de la mesa evidentemente para poner al día todas esas deudas con las entidades sociales, y también con los centros especiales de empleo. Eso en la anterior legislatura.

También es verdad que las medidas estatales de fomento del empleo para personas con discapacidad, que habían sido derogadas en el año 2011 por el presidente Zapatero, se volvieron a recuperar con la reforma laboral en el año 2012, gracias evidentemente al Partido Popular, reforma laboral que ha sido criticada por todos los partidos, pero que en materia de discapacidad sirvió para recuperar las medidas estatales de fomento del empleo, y que yo creo que han servido, como bien se ha dicho aquí, para generar empleo para personas con discapacidad; e igualmente es verdad que a fecha de hoy una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja, es decir, un 25 %; todavía falta mucho por hacer, es cierto, pero si hay una realidad es que en discapacidad siempre, siempre hay más que hacer, siempre falta mucho por hacer, con lo cual, hagamos lo que hagamos, siempre va a hacer falta seguir trabajando. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sin embargo, aunque haya un 25 % que trabaja, también es verdad que en diciembre del 2011 solo una de cada diez personas con discapacidad trabajaba, es decir, un 10 % solo. Con lo cual en estos últimos cinco años, se ha dicho aquí, hemos crecido en empleo espectacularmente, y no ha sido gracias al Gobierno, ha sido gracias al esfuerzo de las empresas, de los centros especiales de empleo y de las entidades sociales que han contratado a personas con discapacidad.


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Tenemos que decir que, evidentemente, nos sirve de acicate para seguir trabajando, nos sirve de acicate para seguir apostando por el empleo de personas con discapacidad, pero bueno, ahí están el millón de contratos entre el 2012 y el 2016, los 225.000 afiliados a la Seguridad Social y ese crecimiento anual del 19 % en empleo. En centros especiales de empleo también, como se ha dicho aquí, un crecimiento de un 15 %, el mayor de la historia desde que se registra el empleo de personas con discapacidad y desde la famosa Lismi, hoy en día Ley general de derechos de personas con discapacidad. Con lo cual, a pesar de que tenemos que seguir trabajando y de que falta mucho por hacer, y aquí ha quedado plasmado claramente, evidentemente, vamos en la dirección en la que tenemos que ir y por lo menos vamos avanzando en ese empleo como no se había logrado en los años anteriores. Además de ese empleo que se ha creado, el 77 % es empleo indefinido, empleo de calidad indefinido, y además el 80 % de ese empleo en jornada laboral completa, con lo cual es un empleo que se ha creado, pero es un empleo, evidentemente, de calidad, aunque, como digo, nos sirve de acicate para seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad.

Por ir terminando y porque llevamos desde las cuatro de la tarde y estamos cansados, quiero hacerle dos preguntas muy sencillas al presidente de Feacem, al cual agradezco que haya estado junto con la gerente aquí. En los últimos meses del Gobierno anterior, del Gobierno de la X Legislatura, del Gobierno Rajoy, sin contar el año 2016, me refiero al año 2015, se aprobó la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que modifica el artículo 60 del texto tefundido de la Ley de Contratos del Sector Público -todos los partidos lo han pedido, pero lo ha hecho el Partido Popular-, que prohíbe al sector público contratar con las empresas que hayan sido sancionadas, con carácter firme, por incumplimiento del 2 %. Es verdad que esta ley está por desarrollar, pero es verdad que ya está aprobada y que ya legalmente la Administración no puede contratar con aquellas empresas que hayan incumplido o que hayan sido sancionadas por incumplimiento del 2 %. Quiero que me diga el presidente qué le parece esta medida, que efectivamente había sido pedida durante tantos años, pero que ya ha sido aprobada, cuál es su criterio, reconociendo que hay que desarrollarla ahora.

También la Ley 31/2015, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, que obliga, obliga, repito, obliga a todas las administraciones, a la Administración General del Estado, a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos a reservar un mínimo de contratos públicos en favor de los centros especiales de empleo de personas con discapacidad y de empresas de inserción social de personas en riesgo de exclusión social. También, como digo, ahora falta que cada Administración concrete ese porcentaje de reserva a centros especiales de empleo. Pero ahí está aprobada, hay una ley y base jurídica para exigir ya que las administraciones reserven un porcentaje de su contratación a centros especiales de empleo. ¿Cómo valora el presidente de Feacem esta medida?

Como último, una cosa que se ha dicho aquí esta tarde y que quiero resaltar por lo grave que a mí me parece, a lo mejor estoy equivocado. Aquí se ha dicho esta tarde que las medidas alternativas son una limosna y que se tenían que eliminar. ¿Se ha dicho aquí esta tarde? Sí, se ha dicho aquí esta tarde por otro compareciente. Yo quiero saber cuál es su opinión. ¿Realmente el mayor representante de empleo de personas con discapacidad, como es Feacem, como aquí ha quedado claro, que representa al mayor número de personas con discapacidad trabajando, cree que las medidas alternativas son una limosna y que tienen que desaparecer?

Esas tres preguntas. Y nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tremiño.

Para contestar tiene ahora la palabra el señor Sáez, por favor. Gracias.

El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, FEACEM (Sáez Cruz): Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que ya tan tarde, en esta Comisión, voy a intentar ser lo más sucinto posible, pero han sido ustedes muy amables y profundos en sus intervenciones y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, además en un día como hoy, donde se acaba de descubrir un nuevo sistema solar y que hay siete planetas muy parecidos a la Tierra que probablemente incluso puede que haya vida a cuarenta años luz de aquí. Veremos si somos capaces de llevar lo bueno que hemos hecho como civilización, pero como queda mucho para eso, vamos a ir a la tierra nuestra, que es esta, e intentar solucionar nuestros problemas.

Señorías, dicho esto, me parece muy bien que haya diputados y diputadas que hayan sido inspectores de trabajo, me consta que por Ciudadanos también hay un diputado que ha sido inspector de trabajo.


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Todos ellos con su experiencia pueden corroborar cuál es la situación de cumplimiento de cuestiones como la cuota del 2 % por parte de las empresas y cuál es el déficit estructural que como país tenemos a la hora de que nuestra normativa se cumpla por parte de todas y todos.

Agradecemos, señor Llorente, la PNL presentada, ha hecho que en cierta medida vayamos activándonos todos para presentar propuestas nada más estar iniciada esta legislatura y nos gustaría que a lo largo de la misma se pueda trabajar en esa nueva futura Ley general del marco normativo del acceso al empleo de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad comparto con usted que son mucho más productivas de lo que muchos ciudadanos se creen. Cuando una persona con una discapacidad intelectual grave adquiere las habilidades y las competencias para ejecutar su trabajo, tiene una ventaja competitiva con respecto a personas que no tienen discapacidad, y es que no se aburre como se puede aburrir otra persona, que en un proceso productivo durante ocho horas tiene que tener la atención muy marcada. Al contrario, es una persona que hace su trabajo incluso mejor que los demás. Si además de ello a esa persona le facilitas tecnología suficiente para poder mejorar su nivel productivo, todavía lo hacen con mayor nivel. Por lo tanto yo creo que es un estereotipo y un estigma que deberíamos de ir eliminando.

Nosotros apostamos por la multidiscapacidad en el espacio de los centros especiales de empleo. La propia palabra centro especial de empleo es una palabra que, como bien decía la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, tiene ya muchísima trayectoria desde los años ochenta del siglo pasado. Hoy día los centros especiales de empleo son empresas y deberían de tener con su función social, con su función de tránsito, con su función de todo lo que queramos poner encima de la mesa, una estrategia clara de viabilidad social y de viabilidad económica, y así se tiene que visualizar. Yo creo que si algo se le tiene que exigir a un centro especial de empleo es que cumpla la normativa, al igual que se tiene que exigir a una empresa que cumpla la normativa, ¡faltaría más! Por tanto los servicios de ajuste y desarrollo personal y social para nosotros son clave, son fundamentales, hacen que las personas con discapacidad mejoren sus posiciones, y creo que eso es una de las exigencias que sí se debería de pedir a todos los centros especiales de empleo porque para eso es ese tipo de empresas.

Varios parlamentarios y parlamentarias han hablado del tránsito. Nosotros nunca hemos dejado de hacer tránsito, al menos los centros especiales de empleo del movimiento asociativo. Nosotros trabajamos y tenemos recursos humanos disponibles para que el tránsito se produzca, el problema es que del año 2008 hacia acá se han perdido en el mercado ordinario más de 130.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad que estaban en el mercado ordinario, y si de algo han servido los centros especiales de empleo ha sido de refugio para integrar a más de 15.000 personas desde el año 2008 hasta ahora, que han venido del espacio empresa ordinaria. Muchas de nuestras trabajadoras y trabajadores que han transitado han vuelto y, una vez que vuelven, arrastran un hándicap importante, y es que se integran en el mercado ordinario, están seis meses, un año, pierden su puesto de trabajo, hasta que retornan al centro especial de empleo pasa un tiempo, en ese tiempo se quedan con una posición pasiva, tienen que recurrir o al desempleo o a la pensión no contributiva, y eso hace que estén en un impasse de unos meses incluso sin recibir recursos económicos. Cuando esa persona vuelve a tener su puesto de trabajo en el centro especial de empleo y además incluso mejora en la productividad y mejora salarialmente, cuando le volvemos a decir: "Venga, que hay otra oportunidad de transitar al mercado ordinario", me dice: "No, no, a mí déjame aquí, que yo no vuelvo otra vez a tener esas dificultades". Claro, es una de las anomalías que existen en el sistema y que deberíamos de corregir.

En relación con la señora Alba, no sé si le he contestado al responder al señor diputado de Ciudadano. Señora Alba, el artículo 27 de la convención es muy claro y yo creo que por ahí deberíamos de recogerlo como espíritu, como espíritu en cuanto a cómo tiene que ser la nueva empresa de trabajo inclusivo, que es por la que nosotros apostamos, junto con el espacio ocupacional centro especial de empleo; es decir, empresa de trabajo inclusivo, una empresa más integradora, más normalizadora, pero también recoger el tránsito, porque hablamos del tránsito del centro especial de empleo al mercado ordinario, pero también hay que hablar del tránsito de una situación pasiva, porque la tasa de inactividad está disparada, habría que incorporar a las personas con graves discapacidades también, por qué no, al centro ocupacional, del centro ocupacional al empleo protegido y del empleo protegido a cualquier otro modelo, llámese empresa de trabajo inclusivo o llámese mercado ordinario. Como decía antes, es un colectivo muy heterogéneo, nada tiene que ver una persona con discapacidad física del 33 % con un enfermo mental o una grave discapacidad intelectual, y de hecho eso tiene que estar recogido y además esa nueva normativa general tiene que lograr que ese reconocimiento se visualice.


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Yo creo que, como digo, el espacio de los centros especiales de empleo ha sido refugio desde el punto de vista de esta crisis que hemos pasado. Al menos los centros especiales de empleo a los cuales nosotros representamos somos organizaciones responsables, prueba de ello es que no solo no se ha perdido empleo en estos años de crisis sino que se ha creado, y se ha creado porque los padres y las madres que se interesan por esos centros especiales de empleo o los propios discapacitados que gestionan esos centros especiales de empleo han hecho lo humanamente posible para no perder empleo, y eso hay que reconocerse también. Se está haciendo un seguimiento personalizado en nuestros centros especiales de empleo, no solo hablamos del empleo sino también de esos ajustes y desarrollo personal y social, que es fundamental, como son las habilidades básicas de la vida diaria. En definitiva, todo eso es lo que nos va a permitir luego que el tránsito realmente surta efecto.

Podemos hablar de guetos, esta es una palabra muy manida e incluso, si nos agarramos a la convención, nosotros podemos entender que fuera de España se visualice este sector como que si hay un 70 % de la plantilla que tiene discapacidad, eso puede ser de entrada un gueto, pero hay que analizarlo. Países de nuestro entorno, otros países, los anglosajones o los países nórdicos, tienen políticas muy distintas a la hora de atender la discapacidad. Hay países que van a políticas pasivas, has tenido una enfermedad o un accidente que te ha dejado discapacitante o has tenido una discapacidad por nacimiento o lo que sea, y yo te doy una pensión, si es posible importante, y no necesitas volver a estar en el espacio del mercado laboral. Mientras tanto, España ha hecho una política en la que, como decía, si no hubiera 72.000 personas en centros especiales de empleo ¿podrían estar en empresas ordinarias? Podrían. Lo que no tengo tan claro es si ese número mínimo de 72.000 personas duraría muchísimo tiempo, tengo mis dudas. Y en todo caso lo que sí que consideramos es que estamos abiertos a que esa nueva normativa nos permita tener una regulación con la que podamos también ser corresponsables y copartícipes con otros colectivos, ya que recibimos recursos de la Administración pública. No nos negamos, es decir, hay un porcentaje de desempleo muy alto en nuestro país, podemos también ser receptores en ese sentido, no nos oponemos, y explicaré ahora por qué.

Y luego ¿cómo hacer para cumplir, señora Alba, con el 2 % de obligación de las empresas? Pues, en definitiva, mejorar los servicios de inspección, ofrecer más recursos para ello, sensibilizar, como decimos, a las empresas para que lo asuman, quitar el estigma de que somos menos productivos, etcétera. En definitiva, llevamos muchos años hablando de este asunto, pero creo que de una vez por todas hay que acometerlo.

En relación con la diputada De Frutos, el convenio colectivo. Yo fui quien firmó el convenio colectivo por parte de Feacem y lo que le tengo que decir es que al menos muchos, si no la gran mayoría de centros especiales de empleo que están en nuestro entorno, el convenio colectivo lo utilizan solo en aquellos sectores que son pluriproductivos, es decir, si nosotros tenemos una empresa, centro especial de empleo, que produce, le voy a poner un caso, un grupo empresarial del cual yo vengo, cuchillería, y está en el régimen del metal, si la empresa que nos subcontrata el proceso productivo de la cuchillería está en ese sector, la empresa no nos daría a nosotros, porque no le seríamos rentable ni a la empresa ni crearíamos empleo. Ahora bien, si nosotros tenemos un servicio de limpieza gestionando una contrata pública, es lógico que los trabajadores estén en el convenio colectivo del sector de limpieza; si tenemos cualquier otro servicio que es propiedad o tú generas producto o servicio, es lógico que estés en el convenio colectivo del sector. El problema es que también con ese convenio colectivo, y además ha sido acordado por la patronal del sector y por los agentes sociales, los sindicatos mayoritarios, se busca un fin muy claro y es ocupar el espacio que tiene que ocupar, no todo el mundo tiene que estar en ese convenio colectivo. En nuestro caso, muchísima gente de nuestro sector, de los 36.000 trabajadores le podría decir que más del 70 % no están en ese convenio colectivo.

El tránsito, cuando nos preguntan si hay que transitar, yo creo que es claro. Por supuesto. ¿Es una obligación nuestra? Seguro. ¿La tenemos que seguir haciendo? Sí. Pero también tiene que haber una complementación y cuando decimos ¿se le puede beneficiar a la empresa ordinaria para que también recoja a esa persona y no salga del mercado ordinario? No nos negamos, nosotros no decimos cómo se tiene que gestionar la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero sí decimos que si ya de por sí es difícil que cumpla con el 2 %, algo tan básico como esto, imagínese usted cumplir con otras cuestiones.

Y luego hay ideas como derribar los recursos de las empresas ordinarias. Nosotros no queremos ser competencia desleal de nadie, de hecho no lo somos, somos un sector que lo que quiere es tener el espacio que tiene que tener y prueba de ello es que se está transitando ahora en esa reserva concreta de


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contratación pública y que ahí puede ser una vía alternativa de financiación de nuestro sector. El 2 % de la cuota yo creo que, con más presión, es necesario que se ponga en marcha.

Hablaba usted de las medidas alternativas. Cuando se negociaron las medidas alternativas yo fui miembro de la mesa negociadora por parte del Cermi y debo de reconocer que fuimos muy ingenuos al pensar que iba a servir realmente para lo que se crearon y era en esas empresas donde tienen un sector de necesidad de personas trabajadoras, llámense laboratorios, llámense ingenierías técnicas, aquellas profesiones en las que tiene dificultad nuestro colectivo, por la baja formación que tenemos, de llegar a poder cumplir, que se pudieran acoger a medidas alternativas. El problema es que las medidas alternativas de algún modo se han edulcorado y cuando tú pones la baza de la donación, no solo la compra de productos y servicios sino la donación, ahí se abre un espacio en el que deberíamos de ser mucho más rigurosos a la hora de permitir donaciones. En este país se consiguen donaciones muy importantes, de millones de euros, donde no hay una inclusión laboral clara y yo creo que eso en la nueva normativa reguladora se debería de corregir, pero no decimos que no sea necesaria, la medida alternativa es necesaria, porque hay empresas que no pueden cumplir con esa contratación del 2 %, pero hagámoslo de manera coherente y que en el fondo se consiga el objetivo, que es integrar laboralmente a personas con discapacidad.

Y por supuesto que aceptamos que pueda haber códigos éticos en las empresas, y nosotros los tenemos en nuestras empresas, códigos éticos y todos los espacios de responsabilidad social y demás.

En relación al diputado, señor Tremiño, claro, dice usted que es que usted no es diverso funcional, yo tampoco, yo fui subnormal hace muchísimos años, luego fui inválido, luego fui impedido, luego fui minusválido, fui discapacitado y ahora soy persona con discapacidad y, sinceramente, no me encuentro en esa diversidad funcional, yo tengo una polio en un pie y es que no me encuentro. Yo sé que políticamente quizá queda bien, pero ¿quién es más diverso funcional, usted o yo? No lo sé, pero yo sé lo que soy, persona con discapacidad, y me siento cómodo en ese espacio. Yo creo que es bueno que el sector de la discapacidad lo digamos así.

Luego hay un aspecto importante cuando hablamos de la homogeneización. Nos encontramos con una situación dispar en las comunidades autónomas a la hora de aplicar la normativa, y es algo que nos sorprende muy mucho. Nos encontramos con comunidades autónomas donde se congelaron las plantillas, hace ya tres, cuatro años; comunidades autónomas donde nos obligan a crear una empresa si queremos recibir subvención del salario mínimo interprofesional, en esa comunidad autónoma, nos obligan a crear la empresa allí, comunidad autónoma donde hay retrasos en los pagos de más de dos años y otras comunidades donde no solo te pago el 50 % sino que incluso te pago el 75 %, y yo creo que esto es una cuestión que hay que reconducir y reordenar porque si hay algo muy claro es que todos deberíamos de tener la misma capacidad de llegar a los servicios.

Por supuesto, la reforma laboral permitió homogeneizar un totum revolutum que había ahí normativo, hizo que pudiéramos tener una mejor posición. Como digo, es cierto que esa homogeneización ha permitido que más de 15.000 personas puedan estar en los centros especiales de empleo, es necesaria esa nueva ley general marco, que tenga en cuenta la Convención de Derechos pero también que tenga en cuenta todas estas dificultades con las que nos encontramos. Yo creo que la Ley 40/2015 sí que fue muy positiva, porque el hecho de que se prohíba a las empresas contratar con la Administración pública, si tú no cumples con lo que la Administración pública te pide pues es que es de cajón, yo creo que es básico y sin embargo no estaba normativizado, y es bueno que así sea.

También es cierto que esta medida ha generado un efecto llamada a empresas que debido a que por contratar a la Administración pública tienen que recurrir a centros especiales de empleo, pues también volvemos al espacio de las medidas alternativas, cómo las controlamos porque cabe decir: "Vale, estoy obligado, ¿adónde voy?" "Pues mire, aquí tiene usted un listado de centros especiales de empleo". "Muy bien, pues mire, dono". ¿Y dónde queda el espacio de control para que se cree realmente el empleo?

En la Ley 31/2015, autoempleo, el hecho de que se obligue a una reserva de contratación pública a centros especiales de empleo para nosotros es básico. Primero, en estos momentos en los Presupuestos Generales del Estado se van a destinar en torno de 360 millones de euros para financiar, al margen de la Seguridad Social, los centros especiales de empleo, los casi dos mil centros especiales de empleo que hay en nuestro país. Muy probablemente, si hiciéramos bien los deberes a futuro, en aquellos centros especiales de empleo que están mejor posicionados -llamémosle de otra manera, empresas de trabajo inclusivo nos gusta a nosotros llamarlo-, donde eres una empresa, compites en igualdad de condiciones, pero tienes unas obligaciones y por eso recibes unos beneficios, y donde un mínimo de plantilla tiene que


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tener discapacidad, cabría también incluir a personas con situación de exclusión social de otros sectores, y acceder a esa contratación pública reservada. Yo creo que eso es algo importante, pero en estos momentos es cierto, y se agradece, porque es muy positiva esa normativa, pero cuando ahora las administraciones, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, van analizando esta reserva, te encuentras que un centro especial de empleo, como tiene el tope del 70 % mínimo de plantilla con discapacidad, si tú me reservas una contrata de la limpieza del hospital de la Generalitat, no puedo acceder, porque tengo un tope mínimo de contratación de personas con discapacidad y me van a venir 40 personas sin discapacidad a mi plantilla, con lo cual me impide cumplir la normativa. Así ahí se produce un desajuste que necesitamos corregir a futuro. Sí a la contratación pública reservada, pero también en esa nueva legislación tenemos que acotar muy bien y permitir la flexibilidad para que eso se pueda lograr.

Igualmente, aquellos centros especiales de empleo que no son tan competitivos porque no están en esa posición, también podrían tener otro espacio de trabajo en ese sentido y una reserva específica. O sea, estamos abiertos a que se pueda trabajar en toda esta línea.

Luego ya me sorprende muy mucho que se pueda decir que las medidas alternativas son limosna. Yo no comparto ese análisis, lo que sí digo es que las medidas alternativas tienen los riesgos que ya hemos comentado aquí, pero no son una limosna, deben de permitir que las personas con discapacidad accedan al mercado laboral y, si es posible, con calidad y mejoría en su disposición.

Creo que no me he dejado nada más. En todo caso, muchísimas gracias, señor presidente, gracias a la Mesa, y a ustedes, señorías, por su atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez, por sus respuestas.

El debate es apasionante y el reto es inmenso, tendremos ocasión de profundizar en estas cuestiones. Agradecemos su intervención, y a las señoras Luque y Caneda, que nos llevan también acompañando desde las cuatro de la tarde, su servicio de interpretación en la lengua de signos española. Damos las gracias a los comisionados que han resistido hasta casi las nueve de la noche, llevamos aquí desde las cuatro, y les ruego unos minutos más de su tiempo a aquellos que puedan, porque haríamos una reunión informal de Mesa y portavoces para comentar un par de cuestiones.

Gracias y hasta la próxima.

Eran las nueve de la noche.

Corrección de error.

En el Diario número 90, correspondiente a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, sesión celebrada el martes 20 de diciembre de 2016, página 16, cuando dice: "La señora Arévalo Caraballo", debe decir: "La señora Raya Rodríguez".

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