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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 124, de 21/02/2017
cve: DSCD-12-CO-124
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 124
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ
Sesión núm. 5
celebrada el martes,
21 de febrero de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias por acuerdo de la Comisión de Educación y Deporte:

- Del señor presidente de la Asociación Nacional del Profesorado Estatal, ANPE, miembro del Consejo Escolar del Estado (Fernández Guisado), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000247) ... (Página2)

- Del señor exministro de Educación (Gabilondo Pujol), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000248) ... (Página17)

- Del señor miembro de la Asamblea Marea Verde (Moreno García), para informar en relación con la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. (Número de expediente 219/000249) ... (Página32)


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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.

COMPARECENCIAS POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE:

- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL PROFESORADO ESTATAL, ANPE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (FERNÁNDEZ GUISADO), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000247).

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

Como saben todos ustedes, el orden del día consiste en la celebración de comparecencias en relación con el objeto de la subcomisión para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a don Nicolás Fernández Guisado, presidente de la Asociación Nacional del Profesorado Estatal, ANPE, miembro del Consejo Escolar del Estado, como habíamos acordado en nuestras reuniones de trabajo. El compareciente dispone de un tiempo de entre veinte y treinta minutos; posteriormente, todos ustedes tienen como máximo cinco minutos, y por último el compareciente dispondrá de diez minutos para contestar a sus preguntas.

Muchísimas gracias, señor Fernández Guisado, por haber aceptado esta invitación. Tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL PROFESORADO ESTATAL, ANPE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Fernández Guisado): Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero agradecerles en nombre de ANPE, Sindicato Independiente de Profesores de la Enseñanza Pública, la invitación que nos han cursado para comparecer ante la subcomisión de Educación y Deporte a fin de transmitirles la posición y el compromiso de nuestra organización sindical de colaborar en el impulso de un pacto social político por la educación. La idea de alcanzar un pacto de Estado por la ecuación ha sido uno de los temas más recurrentes desde nuestra Constitución hasta el momento. Han sido numerosos los intentos, pero lo cierto es que hasta la fecha no hemos podido tener ese pacto que sirva para sentar las bases de cualquiera de las reformas educativas que se han puesto en marcha en el periodo postconstitucional. No hemos tenido más consenso que el del artículo 27, que no es poco, y a él me referiré porque para nosotros es el pilar principal del pacto junto con otros aspectos que luego iremos desarrollando a lo largo de esta intervención. Antes de entrar a desarrollar las propuestas que ANPE considera necesarias para reformar nuestro sistema educativo, quiero hacer un breve diagnóstico porque también es uno de los objetivos de la subcomisión tener una visión sobre cómo está el sistema educativo.

Desde el año 2010, en que comenzaron los recortes para los empleados públicos, se han venido produciendo bastantes ajustes presupuestarios que afectaron a la calidad de nuestro sistema educativo y a las condiciones laborales del profesorado. No voy a hacer una enumeración exhaustiva de estos últimos siete años de recorte, pero conviene dejar constancia de la incidencia que los mismos han tenido en la educación para exigir su inmediata reversión ahora que, según se nos comunica de forma reiterada, estamos en un periodo de recuperación económica. La cifra de lo que se ha dejado de invertir en educación supera los más de 8.000 millones de euros desde 2010 en adelante, incluyendo en esta cifra los efectos negativos de los reales decretos 11/2012 y 20/2012. El porcentaje perdido desde 2010, en que se ha desinvertido en educación, es superior al 15%, a pesar del ligero incremento que hubo en los presupuestos del último año. Traducido a valoración del PIB, se ha pasado de más del 5,1% en 2009 al 4,1% en 2015; a todo esto debemos añadir una continua reducción de la oferta de empleo público desde el año 2011, con excepción del año pasado, que ha supuesto la pérdida de más de 35.000 puestos docentes, pese a que hay 300.000 alumnos más en el sistema educativo, y a un aumento de las tasas de interinidad, que han pasado de un porcentaje razonable del 8% a más del 25% en la actualidad. A ello hemos de sumar otras cuestiones que están en el sistema, como el aumento de horas lectivas, la práctica desaparición de los programas de formación permanente del profesorado, la reducción de centros de profesores y las pérdidas de derechos tanto a nivel estatal como autonómico. Los recortes se han traducido en un incremento de la ratio, se ha visto afectada la atención a la diversidad, se ha producido la desaparición de programas de refuerzo y apoyo, hay dificultades para la atención del alumnado en los módulos de formación profesional, etcétera. Conviene reflejar esta situación para saber de dónde partimos porque, como decía, este es también uno de los objetivos de esta subcomisión. Para ser justos en este breve análisis, quiero resaltar que en estos años se han mejorado las cifras de abandono escolar temprano, que se ha situado ligeramente


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por debajo del 19% a finales de 2016, según se desprende de la encuesta de población activa. Este dato nos sitúa en la mejor tasa de abandono escolar temprano de la historia de España, todavía lejos del objetivo del 15% previsto para 2015. Ello es debido a la profesionalidad de los docentes, al compromiso de las familias y al esfuerzo de los alumnos; asimismo, las circunstancias económicas han provocado que más alumnos se queden en el sistema educativo y no lo abandonen, como quizá ocurría en los años de más bonanza económica.

Para completar este breve diagnóstico tengo que remitirme a la última reforma educativa. Desde ANPE ya advertíamos en el proceso de gestación de la Lomce y en esta misma Cámara que esa no era la reforma profunda y definitiva que necesitaba nuestro sistema educativo con carácter estable y con vocación de perdurabilidad, sino que más bien se trataba de una reforma transitoria que en un plazo no muy lejano tendría fecha de caducidad. Lamentablemente, acertamos en nuestras previsiones porque era difícil que arraigara una reforma elaborada sin el mínimo consenso y además en un escenario de recortes que, después de tres años de vigencia, ha evidenciado numerosos problemas de aplicación, como ha sucedido recientemente con la aplicación de las pruebas de evaluaciones externas, conocidas popularmente como reválidas. Por tanto, saludamos con optimismo y esperanza el trabajo de esta Comisión de cara a sentar las bases del tan deseado pacto de Estado que sirva para que el Gobierno elabore un proyecto de ley básica de educación que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social. Es verdad que tenemos un buen punto de partida, el artículo 27 de la Constitución, verdadero pilar del pacto de Estado, para desde ahí impulsar un acuerdo básico que permita conseguir una educación de calidad buscando la equidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno. Hablar de pacto es remitirse necesariamente a este artículo con toda la calculada ambigüedad que el mismo posee porque es el que mejor ha conciliado el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, sobre todo después de la interpretación de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha efectuado sobre el mismo en los primeros años; quiero recordar la sentencia sobre el Estatuto de Centros Escolares de 1981 y el recurso promovido contra la LODE en el año 1985, así como otras cuestiones polémicas o controvertidas, como fue la sentencia sobre la materia de religión. Son cuestiones que conviene tener en cuenta para que no se vuelvan a producir esas situaciones de confrontación ideológica. Desde entonces hasta ahora se ha producido un hecho fundamental, que es la asunción de todas las transferencias educativas por las comunidades autónomas y la corresponsabilidad compartida en la gestión de la educación.

Hay consenso en la necesidad del pacto, todo el mundo lo proclama, no hay nadie en la sociedad que no hable de su necesidad; no solo los partidos políticos, sino también instituciones relevantes de la vida pública, las reales academias, los agentes sociales, medios de comunicación... Todos claman por esta necesidad. El pacto de Estado debe partir del reconocimiento de esta necesidad y para que sea verdaderamente efectivo, el diálogo que lo sustente deberá emplear visión de futuro, interés real por mejorar la calidad de la enseñanza y valor para modificar lo que no funciona actualmente, que es mucho. También hay que aprovechar el bagaje que llevamos en estos años, en los que hemos conseguido las mayores tasas de escolarización obligatoria y el acceso de nuestro alumnado, con el mejor número de nuestra historia, a la enseñanza universitaria. Cuando se habla, por ejemplo, de priorizar la estabilidad, debemos trabajar por un sistema educativo tan bien estructurado que merezca la estabilidad sin el mantenimiento de los paradigmas caducos por el mero empecinamiento de no cambiarlos. Por eso vamos a empezar a concretar estas propuestas.

Para nosotros, el pacto debe tener un carácter global; no es un tratado de pedagogía, no se trata de poner aquí todas las ideas en todos los ámbitos y aspectos que todos los que nos dedicamos al mundo educativo tenemos sobre todas las cuestiones. Tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de pilares o aspectos básicos y luego dejar margen, incluso con ocasión de cambios de gobierno, a que se puedan hacer ajustes porque el sistema educativo en la sociedad en la que estamos no es algo que pueda permanecer inalterable; debe cambiar, debe adaptarse continuamente a nuevas situaciones. Hoy las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han cambiado el modo de enseñar, el modo de relacionarlo, y eso lo tenemos que tener en cuenta.

El primer aspecto al que me quiero referir es al modelo y estructura del sistema educativo. Si el pacto quiere ser algo más que una declaración de mera voluntad debe revisar el modelo pedagógico que sustenta el sistema educativo que, a nuestro juicio, permanece inalterable desde la Logse. Es el mismo esquema tanto en el modelo como en la estructura. Es cierto que la última reforma intentó cambiar alguna de estas cuestiones y revisar el modelo, pero por una vía finalista; utilizó para ello la vía de las evaluaciones


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finales y todos hemos visto el resultado. La estructura y el modelo quedan prácticamente sumergidos en el mismo escenario que hemos tenido. Para nosotros, es fundamental la vuelta a recuperar postulados de rigor y esfuerzo como valores educativos en sí mismos y como garantía de que el sistema educativo va a obtener lo mejor de cada alumno; ello debe traducirse en verdaderos cambios, refuerzo de las evaluaciones de diagnóstico y orientación en los niveles obligatorios y sin efectos académicos. Para ANPE, las evaluaciones son necesarias, han de servir para mejorar los resultados y deben ser un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, para la homologación de contenidos y para la aplicación de programas de refuerzo y recuperación de alumnos, dejando clara una idea que manteníamos ante las últimas reformas: en los niveles obligatorios de educación las evaluaciones no deben tener efectos académicos, es la evaluación continua la que debe primar y dotar el resultado del alumno para su progreso. No voy a hacer un análisis detallado de las propuestas que tenemos porque llegado el caso cuando se trate de abordar una ley las presentaremos para distintos tramos -primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional-, pero sí dejo apuntadas algunas ideas. La infantil y la primaria son la base de nuestro aprendizaje. Creo que tenemos una buena educación infantil en España, en la educación primaria es donde debemos reforzar más estos aprendizajes en las materias instrumentales básicas. En la educación secundaria es donde se manifiestan los primeros desajustes. Nosotros queremos una educación secundaria con más flexibilidad que la que tenemos actualmente y eso que tanto la última LOE como la Lomce ya apuntaban a esos itinerarios abiertos más flexibles. La LOE fue por la vía de la Ley de Economía Sostenible, aquellos cambios que se introdujeron, y la Lomce ya lo tenía concretado. Queremos más flexibilidad. Queremos también, por supuesto, que no haya caminos cerrados. Cualquier diagnóstico u orientación -que es fundamental en estos tramos- con el alumnado para orientarles el camino a seguir no debe ser una vía sin retorno. Me explico, los alumnos que vayan por la FP básica tienen que tener garantías o posibilidades de éxito académico, es decir, que puedan alcanzar al graduado escolar en el rendimiento progresivo; lo mismo que los que vayan a las enseñanzas profesionales y lo mismo que los que vayan a las enseñanzas académicas. No debe estar condicionado; si un alumno va por enseñanzas profesionales y luego quiere ir al bachillerato que lo haga sin ningún problema. No podemos poner más barreras en este tramo tan complejo y a edades tan tempranas. Por tanto, demandamos una mayor flexibilidad. También creo que es fundamental en el sistema educativo que en estos tramos haya mucha más coordinación en todos los niveles. El problema que tenemos en estos años -desde la Logse hasta ahora- con los cambios que se han producido es que hay muchos escalones entre la primaria y la secundaria. Tenemos que engarzar mejor los niveles. El fracaso se empieza a manifestar cuando los alumnos pasan de estar en su centro con un profesor o profesora en todas las asignaturas a estar en un instituto porque se ven desbordados con diez o doce especialistas. Ahí hace falta mucha más coordinación, hace falta delimitar mucho mejor los objetivos de área y etapa para que no se produzca este cambio que se traduzca luego en dificultades en el aprendizaje.

En cuanto al bachillerato, nos mantenemos en nuestra idea de que es un bachillerato corto. Es el más corto de Europa con esos dos años que se convierten en un año y poco más porque al final los alumnos tendrán que estar preparándose la prueba de selectividad, la EVAU o lo que vendrá. En cualquier caso, creemos que es un bachillerato corto y en este tramo de las enseñanzas tiene que haber un equilibrio entre los tres bloques que son fundamentales en el desarrollo curricular de un alumno, que son: la ciencia, las tecnologías y la enseñanza de las humanidades. Estas deben componer ese tronco común básico y a partir de ahí determinar las distintas especialidades. Consideramos que la formación profesional debe ser una etapa con una atención importante en cualquier reforma educativa. Pediríamos la promulgación de una ley de financiación para estas enseñanzas que garantice la suficiente dotación de recursos materiales y humanos para la atención de toda la demanda. Nosotros apostamos también por la FP dual como consta en la última reforma, era una buena ida, pero escasamente dotada de medios y recursos. Consideramos que está siendo una buena herramienta para favorecer la inserción profesional de nuestros jóvenes y aminorar la tasa de desempleo actual. Estos son los criterios más importantes, pero recalco la idea de que no debemos olvidar que para todos los tramos educativos debe garantizarse la posibilidad de la obtención de título, sobre todo en los niveles obligatorios de alcanzar el graduado escolar en cualquiera de las opciones que se tenga.

El segundo aspecto al que me quiero referir después del modelo y estructura del sistema educativo es para nosotros fundamental: la vertebración y cohesión del sistema. Que las competencias educativas estén transferidas, lo que no vamos a cuestionar, no significa que el Estado no tenga que definir unos principios y unos contenidos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro


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sistema. Para ANPE, un pacto de Estado, precisamente por su vocación política de Estado, debe afirmar expresamente la garantía de unas enseñanzas básicas comunes para todo el Estado, la coordinación y la cooperación de todas las administraciones educativas -fundamental para atender la programación general- y la ordenación territorial de la educación dentro de la unidad básica del sistema educativo, así como la garantía a todos los alumnos del dominio de la lengua común del Estado junto con el de las lenguas cooficiales de sus respectivas comunidades autónomas. El Estado está obligado a definir unos principios y unos contenidos básicos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro sistema. Ello afecta a los contenidos curriculares, a los derechos de los ciudadanos y en este ámbito debemos priorizar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo sin exclusión de otras redes, porque es la única que llega a todos los rincones, atiende a todos los alumnos cualquiera que sea su situación y es por ello garante de la cohesión social y del principio de igualdad de oportunidades.

Nos duele profundamente la brecha educativa entre unas comunidades y otras. Por ejemplo, si vemos el último informe PISA, comprobamos que en las comunidades del norte -en concreto Castilla y León y Navarra- tienen unos resultados académicos que muestran que su alumnado está un curso y medio más que los del sur -Extremadura, Andalucía o Canarias-. No podemos aceptar esta situación porque pertenecemos todos al mismo país. No puede haber esas diferencias y por eso tendremos que poner los mecanismos de ajuste necesarios para que no se produzca esa brecha entre unas comunidades autónomas y otras. Esta vertebración también debe afectar al liderazgo del ministerio en continuo contacto con las comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Educación y la Mesa Sectorial de Educación son los dos órganos vertebradores de la educación y deben tener muchísima más presencia para coordinar un sistema educativo que está transferido. Mantener las transferencias exige mucho diálogo y coordinación. Esta coordinación y vertebración afecta también a los cuerpos docentes, a las ofertas de empleo público, a la formación. Hago una reflexión. No podemos sostener lo que está pasando estos últimos años con el sistema de oposiciones. Durante los últimos ocho años hemos llenado el sistema de oferta de empleo de unas grandes tasas de interinidad -en torno al 25%- por varios motivos. Primero, porque la reducción de la tasa de empleo público era muy bajita, un 10% o menos, lo que propiciaba que muchas comunidades para sacar pocas plazas no sacaban ninguna, como se suele decir: para poca salud, ninguna. Segundo, las comunidades que convocaban producían el efecto llamada y se ha desatado una guerra para ver quién convoca menos. Pero es que los profesores se jubilan, el alumnado aumenta, tenemos que ir dotando y estamos llenando el sistema de interinos. Estos días estamos asistiendo a un desconcierto en la comunidad educativa. No se sabe si va a haber oferta de empleo o no, y eso no lo podemos sostener. No podemos generar esa incertidumbre. Tenemos que sentar unas bases; que un año haya oferta de empleo de primaria y otro de secundaria, que es un esquema fácil, y que todos cumplan. Eso será bueno para todos y para el sistema educativo.

El tercer aspecto al que me quiero referir es la financiación de la enseñanza. Precisamente, estos desajustes y esta brecha educativa muchas veces tienen que ver con cómo gestionamos la educación y cómo se invierte en cada una de las comunidades autónomas. No voy a hacer referencia a lo que hemos dejado de invertir pero tenemos que recuperar al menos un 5% del producto interior bruto al final de esta legislatura. Si queremos poner en marcha cualquier reforma debemos recuperar poco a poco ese 6% en futuras legislaturas. Por tanto, hay que subir el porcentaje que se invierte en educación. Toda reforma educativa debe contar siempre con una ley de financiación que desarrolle las necesidades presupuestarias que se deriven de su aplicación y puesta en marcha. También sería conveniente crear un fondo de cohesión para garantizar el equilibrio presupuestario y la solidaridad entre las distintas comunidades. Asimismo, creemos que es fundamental la ley de financiación para las enseñanzas profesionales porque tenemos un gran recorrido y un enorme campo de cara tanto a la enseñanza de formación reglada como a la ocupacional. Hay muchas posibilidades de mejora de la formación de la empleabilidad en este tramo y eso hay que dotarlo con la financiación suficiente y debe ser objeto de regulación del pacto.

El cuarto aspecto al que me quiero referir es el del funcionamiento de los centros. Es cierto que las últimas leyes educativas -tanto la LOE como la Lomce- han aumentado ligeramente el desarrollo de la autonomía organizativa y pedagógica, pero tenemos que desarrollarla aún más. La autonomía organizativa y pedagógica no está todavía plenamente desarrollada. La mejora de la calidad educativa pasa por que los centros cuenten con autonomía suficiente -sujeta también a evaluaciones externas- para elegir, por ejemplo, el modelo de jornada, establecer programas de innovación, promover la diversificación de la oferta educativa, disponer de elaboración curricular -respetando los mínimos legales establecidos-, abrir en los centros la posibilidad de especializarse en alguna enseñanza concreta y asociar la formación


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permanente del profesorado a las necesidades y características concretas de los centros educativos, retomando aquella idea que había de formación en centros. Estos serían algunos aspectos del funcionamiento de los centros, así como incidir en unos equipos directivos más profesionalizados, que no quiere decir creación de cuerpos sino que estén más vinculados a la estabilidad de los claustros docentes; para nosotros, el director debe ser un miembro del claustro con carácter estable y es el que debe tener el peso mayoritario en la decisión. Centros con plantillas estables aseguran un buen rendimiento educativo; no es de recibo la situación que tenemos en muchas comunidades ahora con centros de treinta profesores de los cuales veinticinco son interinos y que el curso siguiente no van a estar. Así es difícil construir proyectos educativos sólidos y planes educativos con una cierta visión de estabilidad.

El quinto y último aspecto al que me voy a referir -para nosotros es probablemente el más importante por nuestra condición de representantes del profesorado- es la situación del profesorado y su desarrollo profesional. El profesorado sigue siendo una de las asignaturas pendientes del sistema educativo. La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. Las últimas reformas educativas han puesto el acento en las medidas académicas, en los diseños curriculares y en otros aspectos, pero no se ha abordado en profundidad la reforma del profesorado. Tenemos un profesorado reclutado y formado conforme a procedimientos del siglo XX cuando está ya bien avanzado el siglo XXI. Aquí hay que hacer un gran cambio profundo. Por ello, un verdadero pacto por la educación debe acordar también medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de la tarea docente. Si el pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, este nunca sería efectivo. El informe Mckinsey, que se estudia mucho en el sistema educativo, cuando aborda los mejores sistemas y los que más han avanzado en estos últimos años, a tenor de los informes internacionales -Talis, PISA-, pone el acento en que la calidad del sistema educativo no puede ser mayor que la de sus profesores, y es verdad. Dice que los sistemas educativos que mejor funcionan desarrollan mecanismos suficientes para la selección de los docentes, es decir, que reciban buena capacitación, buena formación y buenos salarios -esas son las tres premisas- y eso lo debemos copiar y aplicar también en nuestro sistema. Pongo un ejemplo; nosotros, después de muchos años, aún no hemos logrado ese tan deseado estatuto docente. Portugal, que en todos los informes internacionales estaba a la cola en los informes PISA, hace diez años adoptó el estatuto docente de la carrera profesional y hoy nos ha superado; no son de mejor condición los profesores de Portugal que los españoles, pero sí ha habido un esfuerzo de las administraciones públicas para dotar de ese instrumento. Creo que ha llegado ya la hora de que abordemos esa reforma. Para nosotros, esa cuestión debe ser global. Debemos cambiar la formación inicial del profesorado, la metodología, la calificación previa a la selección de los candidatos a profesores, el camino de la iniciación a la docencia y luego la formación permanente. Naturalmente que tenemos que cambiar los mecanismos de selección para atraer como docentes a los mejores alumnos. Voy a dar un dato que es conocido y está remitido al curso 2014-2015. Según las cifras del Ministerio de Educación, un 35% del profesorado en la actualidad en España tiene más de cincuenta años. En España hay aproximadamente -cuento profesorado del sistema no universitario-, entre pública y privada concertada, 700.000 profesores, de los cuales casi 500.000, en líneas generales, son de la pública y 200.000 de la privada concertada. Eso quiere decir que en los próximos diez años vamos a necesitar 200.000 profesores nuevos que tienen que entrar en el sistema educativo y los tenemos que formar y seleccionar de forma distinta a como lo estamos haciendo actualmente. Nosotros creemos que ese sistema de selección y de acceso debe estar incardinado en eso que hemos llamado el estatuto docente. Somos defensores de este estatuto docente, pero decimos que tenemos que conciliar el derecho de los que están y el de los que van a entrar en el sistema educativo. Esa es una de las grandes tareas. Por tanto, el diseño de la profesión docente -el diseño está por encima del estatuto de cara a que los futuros profesores valgan tanto para un sistema como para otro y el estatuto propiamente dicho tenga un carácter más funcionarial- debe abordarse desde el respeto a las situaciones jurídicas individualizadas, el respeto a los derechos adquiridos y un carácter transitorio porque no podemos generar incertidumbres; de la noche a la mañana no podemos establecer un cambio total que ponga en cuestión a todos los profesores que están. Por tanto, regulemos con esta vocación de futuro y pongamos en marcha los mecanismos adecuados para que, transitoriamente, podamos tener los cambios necesarios para dotar de este estatuto docente. Hemos hablado, en cuanto al sistema de selección, de un sistema que prácticamente está consensuado. He visto en las propuestas de los programas de los grandes partidos lo que hemos llamado el MIR docente. Para nosotros es una idea válida. El MIR docente es una buena idea de futuro, porque es trasladar el MIR sanitario -formar, seleccionar y después preparar- al profesorado, dotándole


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de un mayor contenido práctico y pedagógico, ya que quizá lo que faltan no son solo conocimientos sino metodología y didáctica para la impartición de las áreas tan diversas que hay en la enseñanza. Tenemos que acertar en las estrategias respecto a las políticas docentes y el propio papel vertebrador del profesorado dentro del sistema educativo y, naturalmente, desde ANPE defenderemos el carácter estatal de los cuerpos docentes en España.

Las líneas del estatuto -voy terminando, para no alargarme- las tenemos definidas y no las voy a desarrollar. Primero hay que definir la identidad en la profesión docente, las características de la profesión, el código deontológico, la carta de derechos y deberes, la libertad de cátedra, el modelo de Función pública compatible con el mantenimiento del carácter estatal, los requisitos de la formación inicial y la formación permanente, el desarrollo del acceso a la Función pública, y sobre todo el establecimiento de una carrera profesional motivadora que permita un sistema de promoción vertical y horizontal que incentive la implicación del profesor y sus buenas prácticas. Este modelo debe seguir manteniendo la posibilidad de jubilación voluntaria en este carácter transitorio. La carrera docente, para ANPE -la dejamos señalada-, debe fundamentarse en la acreditación de mérito, en la evaluación objetiva del desempeño y en la buena práctica educativa vinculada al proyecto educativo del centro y al cumplimiento de objetivos en el proceso de aprendizaje escolar. En esta carrera, naturalmente, debe ir incluido el expediente académico, la formación, el acceso a los cargos directivos y a la función inspectora. Un aspecto importante que ha quedado siempre sin desarrollar es el reconocimiento de la autoridad pública del docente, que efectivamente está en la última ley pero que ha quedado sin desarrollar. Debemos retomar este tema. Por supuesto, también hay que asegurar una memoria económica. En definitiva, un estatuto que sirva para dignificar la función docente, para mejorar sus condiciones de trabajo y para hacer más atractiva y motivadora la tarea de educar.

Voy a finalizar ya, diciendo que existen otra serie de aspectos -es complejo- a los que debemos prestar atención en el pacto. Me refiero a contemplar la escolarización obligatoria de los alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, a la prioridad de la enseñanza pública en la creación de nuevos centros educativos, a reducir, como dice el profesorado -se quejan mucho de ello-, la cantidad de tareas burocráticas que llevan a cabo los docentes en beneficio de la dedicación específica a la docencia; me refiero también, naturalmente, al compromiso de implantar las tecnologías de la información y la comunicación con la creación de un perfil de coordinador de las nuevas tecnologías; a recuperar las competencias técnico-profesionales en los claustros y al establecimiento de la figura del profesor tutor de prácticas de formación del profesorado.

Hay otro aspecto al que me quiero referir y que es preocupante porque salta con frecuencia a los medios de comunicación; me refiero a los últimos casos de acoso. Para nosotros esto no es nuevo. Desde ANPE, hace años, pusimos en marcha un servicio de defensor del profesor en nuestro compromiso por mejorar la convivencia en los centros. Esto es fundamental. La escuela no es un mero reflejo de la sociedad, para nosotros es también un laboratorio en el que se va creando la sociedad del futuro, que debe estar más capacitada y debe ser más justa, más democrática y más solidaria que la actual. En una democracia avanzada como la nuestra, las leyes garantizan los derechos y las libertades fundamentales de todos, y el respeto a los derechos del otro es el primero de los deberes. Por ello, el pacto de Estado por la educación puede ser un contexto privilegiado en el que toda la sociedad haga una apuesta firme por la mejora de la convivencia en los centros educativos. Por eso hemos propuesto un plan estratégico nacional de mejora de la convivencia escolar, que contaría con diversos aspectos: un programa de prevención de acoso escolar, que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas, y un plan de detección precoz y erradicación de los problemas en los centros educativos. Reactivaríamos el Observatorio estatal de la convivencia, que hace cuatro o cinco años que no funciona; impulsaríamos nuevamente los decretos de convivencia -que se pusieron en marcha hace ocho o diez años y que han venido funcionando razonablemente-, el desarrollo en todas las comunidades del artículo 124 de la Lomce y un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detención de conflictos relacionados con la convivencia escolar. Creemos que este plan debe ser liderado por el ministerio, por supuesto coordinándolo con todas las comunidades autónomas y la mesa sectorial.

Termino ya, agradeciéndoles la atención. Nos ratificamos en que para que el pacto sea posible debe ser político, social y territorial. En definitiva, vuelvo al artículo 27, porque el pacto nos debe conducir a tres objetivos esenciales. El primero es recuperar el sentido etimológico de educar frente al más limitado de enseñar; esto es fundamental y lo define nuestra Constitución: la educación como un derecho que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de


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convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El segundo objetivo es la cuestión académica: combatir el fracaso escolar y propiciar la mejora del éxito educativo del alumnado. El tercero es revalorizar la función docente. Somos conscientes de que el consenso sobre estas cuestiones es complejo, pero es necesario alcanzarlo si verdaderamente queremos sacar la educación de la confrontación ideológica permanente y dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, don Nicolás Fernández Guisado, porque se ha atenido perfectamente al tiempo que estaba marcado.

Ahora vamos a pasar a la intervención de los grupos parlamentarios. Tienen la palabra, por cinco minutos, los representantes del Grupo Parlamentario Mixto, que en este caso nos han comunicado que van a ser dos: la señora Matute y la señora Nogueras. (Pausa). ¿No van a intervenir? (Denegaciones). Entonces, por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Agirretxea. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Olòriz.

El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, don Nicolás, por su presencia y por ceñirse al tiempo, porque no es nada fácil hablar de educación en tan poco tiempo, ya que se necesita una capacidad de síntesis compleja; usted lo ha conseguido y, por tanto, se lo agradezco.

Voy a dar dos pinceladas sobre una serie de objetivos que usted ha marcado y, más profundamente, sobre el estatuto del profesorado, que me parece que es lo que merece la pena que en su intervención posterior nos pueda desarrollar mejor. Primero está todo el concepto de ley de bases. Este será un elemento que usted puede comprender que mi grupo intentará acotar. Hay, sin duda, dos principios que compartimos: el principio de la equidad, sin duda, y el principio de que la escuela pública en estos momentos necesita tener patrón, por así decirlo, es la escuela que requiere unos objetivos más claros y tiene unas necesidades que otros no comparten. Pienso que la escuela privada, concertada o no, tiene su patrón, sus objetivos, mientras que los que hemos estado muchos años en la escuela pública nos hemos encontrado a veces sin saber quién nos protegía de muchas cosas que en la acción cotidiana nos sucedían. En ese sentido, me inclino más por la evaluación de objetivos, es decir, por que las comunidades autónomas tengan como objetivos el buen conocimiento de las lenguas -objetivablemente-, el mínimo fracaso escolar -que se adopte conjuntamente- y unos conocimientos básicos de determinados elementos curriculares. Yo creo mucho en la autonomía no solamente de las comunidades autónomas sino sobre todo de los institutos y las escuelas. Me parece que tendríamos un punto de encuentro entre diferentes opiniones y matices si acordásemos que la escuela ha de tener el máximo de autonomía para implementar estos objetivos y que ha de dar cuenta de resultados. En ese sentido, nos aproximaríamos más al siglo XXI que al XIX.

En cuanto al estatuto del profesorado, me gustaría saber cuáles son sus opiniones. Aquí entramos en un aspecto importante: funcionarios o no. El funcionario es muy del siglo XIX. Sin duda, ha sido un elemento de garantía de igualdad, mérito y capacidad ante amiguismos y enchufismos que, desgraciadamente, abundan mucho incluso en el siglo XXI, pero ¿el funcionario, como estructura, es el mejor modelo cuando hay un 25% de interinos? Además, esta es una situación que se reproduce cada cinco, siete u ocho años y conduce en la práctica a que tengamos profesores a dos velocidades, con dos categorías. Yo soy más partidario de la estabilidad en el puesto de trabajo, no de la precariedad. La garantía de una carrera docente no está forzosamente ligada a ser funcionario sino a tener estabilidad, a que tus méritos sean reconocidos y a que tengas tu carrera, pero a aquellas personas que en un momento determinado no cumplan los objetivos habrá que darles posibilidades de rectificar, pero tendrán que desaparecer del sistema si se constata reiteradamente que no cumplen ni de lejos su trabajo. No estaría mal ver esto en ese sentido.

Estoy de acuerdo con ustedes en que en toda transición hay que preservar los derechos adquiridos. Recuerdo lo complejo que fue en la Logse unir profesores de formación profesional y de bachillerato en aquella situación a veces al tresbolillo que creó conflictos en centros. Yo estuve en aquel momento como director de un centro unificado de formación profesional y de bachillerato y nos echaron a la piscina; tuvimos que improvisar en muchos casos, buscar la mediación y encontrar siempre lo mejor en cada profesor, pero pienso que las transiciones son básicas e importantes. En este sentido, valdría la pena que ustedes, como uno de los sindicatos representativos del profesorado, estuviesen muy abiertos a lo que ha de ser el futuro pero que también fueran muy reivindicativos en no perder de ninguna manera derechos adquiridos, porque es la forma de ver en mejores condiciones los cambios. El principal problema del


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cambio es pensar que te perjudica, que te desestabiliza, porque entonces sale lo peor de nosotros y no lo mejor. En ese sentido, valdría la pena este trabajo.

Para acabar, quiero referirme a la ley de bases y al estatuto del profesorado como resultado de esta ley de bases y de este pacto. Pienso que sería un pacto bis. Si nos ponemos de acuerdo en el pacto de Estado, tendríamos que ponernos de acuerdo, consecuentemente, con el modelo de pacto sobre la carrera docente, en el cual, indudablemente, los sindicatos tienen que jugar un papel más importante -no digo que en este pacto general no lo sea- que en el que ahora estamos.

Muchas gracias una vez más.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña Marta Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, me gustaría agradecer al ponente su exposición, pues ha sido muy clara. Ha esclarecido algunos puntos con los cuales adelanto ya que mi partido coincide plenamente. Ha hablado de problemas de vertebración del sistema que para nosotros son nucleares y que ya habíamos identificado como fundamentales a la hora de trabajar en el pacto nacional por la educación. Nos parece esencial la corresponsabilidad de competencias en el marco de una lealtad institucional, pues nos preocupan mucho la inequidad y las diferencias entre comunidades autónomas en los niveles educativos. Plantear un fondo de cohesión para eliminar estas diferencias desde el punto de vista económico-financiero nos parece un gran acierto, pero hay que hacer más. En mi comunidad, por ejemplo, estamos viviendo el envite que está suponiendo el intento de establecer el decreto Marzà, que va a establecer valencianos de primera y de segunda. Este tipo de cuestiones tendremos que tratarlas. También coincidimos en que hay que replantear el funcionamiento de los centros y que a la hora de establecer competencias compartidas en todo el Estado y competencias autonómicas, también se establezca un porcentaje curricular que los centros puedan determinar dentro de su propia autonomía.

Me interesa mucho hacerle algunas preguntas en relación con la cuestión a la que más tiempo ha dedicado: la selección del profesorado. Para nosotros la cuestión docente es esencial, porque se vinculará con el fracaso del sistema si no conseguimos operar un cambio en el proceso de selección y de formación, manteniendo los derechos adquiridos de las personas que ahora mismo se encuentran en una situación laboral -me atrevería a decir- inestable y en algunos casos hasta precaria. Me gustaría saber qué opinión le merecen los sistemas de formación del profesorado que se han establecido a través de los másteres universitarios.

Por otra parte, ha hablado usted del valor que la evaluación tiene para su sindicato. Nosotros coincidimos plenamente con ello, pero quisiera que concretase el planteamiento que desde ANPE se considera más idóneo o cómo plantearían la evaluación no solamente para evaluar los contenidos de los alumnos, sino también al propio profesorado.

Finalmente, hay una cuestión con la que coincidimos y que está en conexión con el último punto que ha tocado, el del acoso y la convivencia escolar. Me refiero al reconocimiento de la autoridad pública del maestro. Para nosotros es esencial, porque nos permitiría abordar cuestiones de convivencia, por lo que me gustaría que nos explicara un poco más cómo plantean este reconocimiento de autoridad pública.

Para terminar, quiero formularle una pregunta: ¿Qué opinión le merece el cambio que se hizo con la Logse en lo relativo al paso de los dos últimos cursos de primaria a secundaria, ese paso al instituto de los alumnos de catorce años? Quisiera saber qué opinión le merece como profesor y líder sindical en este ámbito y si cree que ha sido acertado.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Fernández, por su comparecencia y por el detalle de sus explicaciones. Voy a ser concreto en las preguntas que el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le quiere formular.


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Ha explicado ampliamente el efecto que han tenido los recortes en la calidad de nuestro sistema educativo. Tengo aquí una encuesta que hizo el sindicato ANPE en julio de 2014. Es muy amplia y detallada y, como diputados y diputadas de esta casa, tenemos la obligación de ver la radiografía que hizo en ese momento el sindicato al que usted representa, pero hay cinco elementos que para mí son fundamentales. Decían en esta encuesta que el 73,7% del profesorado ha visto aumentada su jornada lectiva; ha aumentado el número de alumnos por clase en casi el 70%, en algunos casos en franjas de entre tres y cinco alumnos, con el impacto que todos sabemos que eso tiene en el día a día del aula; el 76,7% de los docentes ha visto reducidos apoyos, refuerzos y desdobles; el 87,6% del profesorado ha afirmado que aumentar el número de alumnos por clase perjudica la atención individualizada y más del 80% de los docentes reconoce que el aumento de la jornada lectiva afecta a la preparación de sus clases. Son elementos que impactan directamente contra la calidad de nuestro sistema educativo, y lo ligo con algo a lo que usted hacía referencia en su intervención -es una de las propuestas de mi grupo parlamentario-, la necesidad de blindar por ley una financiación educativa que debiera estar en torno al 6%. Si hacemos un análisis comparado con lo que está pasando en los países de nuestro entorno, veremos que blindar la inversión educativa está muy relacionado con los buenos resultados educativos en el conjunto, porque muchas veces se comparan los informes PISA, pero no cuál es la inversión educativa que está llevando a cabo cada uno de los países. Me gustaría que manifestara si cree que por ley deberíamos blindar la financiación educativa.

El segundo elemento que usted ha citado -me gustaría que ampliara la información- tiene que ver con el principio de participación y democratización de nuestras escuelas, especialmente las escuelas públicas y todas aquellas que estén sostenidas con dinero público. Me gustaría conocer su opinión sobre el proceso de jerarquización de las direcciones que se está llevando a cabo en diferentes comunidades autónomas. Seguramente, Cataluña y Madrid son las comunidades que están liderando ese proceso y quisiera saber si usted cree que los directores de los centros educativos se tienen que convertir prácticamente en gerentes de los mismos o si tenemos que implicar al conjunto del profesorado y, por tanto, cuál es el papel que debe tener el claustro, si el que históricamente ha tenido en los centros educativos de nuestro país o si al final no deja de ser un subordinado de lo que acabe decidiendo la dirección de los centros educativos. En este sentido, usted ha hablado del doble modelo de profesorado que tenemos, pero también sería interesante analizar el proceso de selección de interinos y sustitutos que se está llevando a cabo en el Estado español. Vuelvo a repetir que comunidades como Cataluña y Madrid han desarrollado decretos que de alguna manera convierten al director del centro en el jefe de recursos humanos y en el que acaba decidiendo si contrata a un profesor o a otro cuando los principios de mérito, capacidad e igualdad deberían estar por encima de muchos otros elementos, evidentemente sin vulnerar el principio de autonomía que tienen que tener los centros educativos.

Fruto de esta encuesta, han desarrollado ustedes una serie de exigencias que, si tiene tiempo, me gustaría conocer, y si no, háganoslas llegar a los portavoces de esta Comisión. Pedían el cese inmediato de los recortes en educación, la financiación suficiente y memoria económica para cualquier reforma educativa, un pacto de mínimos que preserve a la educación de los recortes y la convierta en el centro de las políticas y ya nos ha explicado la negociación inmediata del estatuto docente. En este sentido -voy acabando, señora presidenta-, me gustaría que nos dijese qué opinión tiene el sindicato que usted representa sobre la posibilidad que han explicado algunos grupos parlamentarios de un posible MIR educativo, si implicaría una tabla de salarios, como ocurre en el MIR de los médicos, o de qué manera se podría desarrollar.

Acabo con dos elementos. En primer lugar, ha dicho que tenemos en España una buena educación infantil. Supongo que no se refiere a la educación de cero a tres años, porque sabe usted que el nivel público de inversión educativa está muy por debajo de la media de la Unión Europea y al final ha acabado asumiéndolo el municipalismo sin unos recursos por parte del Gobierno del Estado. En segundo lugar, ¿cómo cree que afecta a la calidad de nuestro sistema educativo esta doble red educativa que en algunas comunidades, como Cataluña o Madrid, está cuadruplicando la media del conjunto de la Unión Europea?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Fernández su exposición. Le agradezco el contenido de la misma, pues en gran parte del diagnóstico solo podemos estar de acuerdo. En todo caso, yo le quiero


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agradecer su planteamiento abierto de miras, generoso y que claramente se esfuerza por no ser un planteamiento de parte, un planteamiento sectario, sino que acoge las inquietudes y los problemas de todo el sector al que representa. También le agradezco su defensa decidida de la necesidad del pacto. Por supuesto, solo puedo coincidir con la denuncia que usted ha hecho de los recortes, de la desaparición de programas, de la pérdida de derechos, etcétera.

Me gustaría puntualizar -por si acaso- que también estamos de acuerdo en algunos de los énfasis que usted ha ido indicando. Por ejemplo, en contra de lo que a veces se puede decir interesadamente, nosotros también estamos a favor de la evaluación, en este caso -como usted ha dicho- de la evaluación sin efectos académicos. Creemos que esa contraposición que a veces circula entre evaluación y esfuerzo frente a inclusividad y equidad, que parece que se identifica con un menor esfuerzo, en ningún caso se tiene que aceptar. La excelencia y la equidad no están reñidas de ninguna de las maneras; en eso creo que también estaremos de acuerdo. Me ha gustado esa formulación que usted ha hecho de pacto político, social y territorial en la medida en que expresa que, efectivamente, solo se puede llegar a un pacto en coordinación con las comunidades autónomas; me parece que esto se debe subrayar. Asimismo, déjeme que le subraye otra cosa que me ha interesado mucho y que ha dicho al principio y al final. Al principio usted ha hecho referencia a la necesidad de la FP dual y ha dicho que no se le escapa que tiene muchos problemas que no solo tienen que ver con el sistema educativo, sino con el tejido empresarial de este país y, probablemente -aunque esta no es la Comisión correspondiente-, con la cultura empresarial. Ojalá se pudiera implantar -creo yo- el modelo de una FP dual tal y como se ha hecho en otros países, porque eso es ya un indicador del desarrollo económico y social de esos otros países. Además de a la FP dual, usted ha hecho referencia a ciencia, tecnología y humanidades, y al final ha insistido en educar y no solo enseñar. Creo que esta es una cuestión que esta subcomisión, que quiere elaborar un pacto, habrá de tener muy presente. Esto va mucho más allá de la casuística de un colectivo o de otro colectivo, de un gremio u otro gremio que quiera estar más o menos representado; tiene que ver con la idea de fondo de qué estamos entendiendo por educación. No podemos obviar esto de ninguna manera. Educar significa, entre otras cosas, educar a ciudadanos para que tengan juicios formados; eso necesita determinadas disciplinas y saberes, no se puede obviar y tenemos que poner énfasis en ello.

No voy a insistir en preguntas que ya han hecho mis compañeros para no ser reiterativo, pero obviamente la propuesta de un MIR educativo, que el Partido Socialista lleva desde hace muchos años en su programa, es algo que convendría desarrollar y especificar, sobre todo en la perspectiva de hacer un esfuerzo entre todos por revalorizar la función docente. Creo que de la misma manera que ha habido colectivos que en los últimos años han obtenido la gratificación de ser valorados por la ciudadanía y que su esfuerzo sea reconocido, es importante que eso también ocurra entre los docentes. Los docentes necesitan ese reconocimiento que -no nos engañemos- no siempre se obtiene.

Como le digo, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho. Hay algunas pequeñas cuestiones que le quiero plantear, pero en ningún caso impugnan el sentido mayor de su intervención. No le voy a preguntar -porque lo acaban de hacer- por la educación infantil de cero a tres años. Si puede, me gustaría que en estos pocos minutos dijera algo -lo echo en falta, pero obviamente usted no puede hablar de todo- sobre el concepto de participación educativa en los centros. Usted ha insistido en la cuestión de la cohesión de los contenidos, y no es difícil estar de acuerdo, sobre todo porque lo opuesto a la cohesión es la dispersión y la confusión, alguna variedad de caos, y nadie está a favor de eso. Ahora bien, no es menos cierto que la cohesión se puede intentar de diversas maneras. Todo el mundo se acordará de que con el argumento de la cohesión probablemente la Lomce contribuyó a la no cohesión, cuando planteó, pongamos por caso, la cohesión en términos de determinadas materias cuyos programas son competencia del ministerio en vez de -como saben hasta ese momento- solo un tanto por ciento.

La señora PRESIDENTA: Señor Cruz, tiene que terminar.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Termino.

Es decir, también ahí se pretendía la cohesión. Para entendernos, si cree que lo puede decir en poco tiempo, ¿cuál sería ese modelo de cohesión en el que usted está pensando?

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la doña Sandra Moneo.


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La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, en nombre de mi grupo, quiero dar la bienvenida al presidente de ANPE, a don Nicolás Fernández Guisado, y agradecerle su comparecencia en esta Comisión. Creo que es una magnífica señal que comencemos esta ronda de intervenciones precisamente por lo que, a juicio de esta Comisión, de algunos de los grupos y desde el luego del mío, es un factor extraordinario de calidad del sistema educativo, que es ni más ni menos que el profesorado. Además, le diré algo que hemos defendido y seguiremos defendiendo: si nosotros no conseguimos -y cuando digo nosotros me refiero a los representantes de esta Comisión- un acuerdo con relación al profesorado, habremos fracasado en el pacto. Es decir, no es posible el pacto sin un acuerdo en relación con el acceso a la carrera profesional y, en definitiva, a toda la regulación que exige el profesorado del siglo XXI, porque cualquier pacto sin el profesorado será un pacto parcial y, por lo tanto, no contribuirá al objetivo fundamental que todos nos hemos marcado, que nuestro país, nuestros alumnos, nuestras familias y nuestros profesores tengan uno de los mejores sistemas educativos.

Quiero darle también las gracias por su intervención, por su objetividad y por su crítica constructiva. Usted ha expuesto aquí una serie de cifras y de datos que, con toda sinceridad, yo no le voy a rebatir, porque ya sabe que en esto de la política hay decisiones que se toman más por obligación que por devoción, y evidentemente algunas de ellas han tenido que ser así más por obligación que por devoción. En cualquier caso, en lo referente al profesorado, sí debo decir que hay que reconocer el enorme esfuerzo que se le ha exigido a lo largo de estos últimos años. El decreto de 2012 supuso sin lugar a dudas la adopción de una serie de medidas que afectaron al profesorado. Hoy algunas de esas medidas, en lo que se refiere, por ejemplo, a la tasa de reposición, a las ratios profesor-alumno y demás, se han revertido, pero tenemos que seguir evolucionando. Por lo tanto, hay que reconocerlo; reconocer el punto de partida es un buen diagnóstico para llegar al acuerdo.

Usted ha hecho una exposición con una serie de reflexiones en las que estamos de acuerdo. España tiene ya un gran pacto, que se logró con el artículo 27 de la Constitución española. Es decir, estamos ante la posibilidad de un segundo pacto, esa es la realidad, y yo creo que debemos mirarnos en la generosidad de aquellos constituyentes que en un momento determinado antepusieron sus diferencias para llegar a lo que ha constituido un periodo de gran estabilidad en el marco educativo. Ojalá esa estabilidad pudiese ser acompañada por la palabra calidad. Nosotros creemos que el sistema educativo español se merece una mejor calidad, que afortunadamente ha ido mejorando. Sin duda alguna, los datos de abandono educativo temprano se encuentran por primera vez por debajo del 20%. Creo que esta es una buena noticia y que, sinceramente, se lo debemos al profesorado. Me voy a centrar precisamente en el profesorado, manifestando que comparto también una serie de reflexiones en relación con la necesidad de vertebrar el sistema educativo. Un pacto no puede permitir las diferencias existentes entre comunidades autónomas no solo a nivel de inversión, que por supuesto tendremos que hacer un esfuerzo en esta cuestión, sino en relación con los resultados académicos, con la propia situación del profesorado y con el propio ejercicio de la libertad de enseñanza. En fin, las diferencias son palpables y no hemos conseguido resolverlas. A lo largo de los últimos treinta años no hemos conseguido resolver esas diferencias territoriales; es más, se han ido incrementando. Por lo tanto, es el momento de frenar, de analizar y de cambiar cosas. Pero me voy a centrar más en el profesorado porque usted sabe, como yo, que los países más avanzados, aquellos que han tomado decisiones -usted hacía referencia a Portugal, pero otros países de nuestro entorno lo han hecho- han demostrado que el profesorado es el factor, con diferencia, que más contribuye al éxito escolar. La propia OCDE lo señala: la influencia de la calidad del profesorado sobre sus alumnos es tan importante que el rendimiento que obtienen los alumnos de un profesor que sea excelente llega a ser hasta cuatro veces mejor que el de los alumnos con un profesor peor. Esa es la realidad. ¿Quiere esto decir que nuestros profesores son peores? No, sin lugar a duda, no; tenemos un potencial extraordinario. ¿Quiere esto decir que hasta ahora no les hemos ofrecido las oportunidades y la formación que precisa el profesorado? A nuestro juicio, ese es uno de los factores clave. Por eso, me gustaría que incidiese en esa cuestión, si usted cree que a lo largo de los últimos años la formación que se ha dispensado al profesorado, tanto la formación inicial como la formación permanente, se ha ajustado a las necesidades que requiere el profesorado.

Ha hecho referencia a nuestro sistema de selección. A lo largo de los años se ha hablado, y además debo ser justa cuando digo que lo hemos hablado diferentes partidos políticos, del llamado MIR educativo. Yo tengo aquí un artículo de junio del año 2011, publicado en Cátedra Nova, de don Eugenio Nasarre y don Francisco López Rupérez, donde se habla de un modelo de MIR. Es decir, estamos hablando de un


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proyecto de hace ya seis años. Para ser justa, debo decir que yo oí hablar también del MIR educativo al señor Rubalcaba en unas jornadas de la Fundación Santillana. Pero, claro, tenemos que ser más concretos en relación al MIR educativo; es decir, ¿hablar del MIR educativo es hablar del MIR médico, nos sirve el MIR médico como tal? No me estoy refiriendo a un calco exacto, pero sí respecto al concepto de formación-selección-formación, porque precisamente los países que han obtenido mejores resultados a la hora de ofrecer nuevos sistemas de selección al profesorado son los que han elegido ese modelo: formación, una mejora en la formación universitaria, selección, progresiva formación, carrera profesional y formación permanente. Ese es un modelo sobre el que estamos dispuestos a trabajar, porque, además, es un modelo que ha permitido que España, en el ámbito sanitario -y no tenemos que irnos a Finlandia ni a Singapur ni a ningún otro país-, tenga uno de los mejores sistemas del mundo. Me gustaría que profundizase en esa cuestión.

Hay dos temas más sobre los que también me gustaría conocer su opinión.

La señora PRESIDENTA: Señora Moneo, tiene que ir terminando.

La señora MONEO DÍEZ: Finalizo.

En primer lugar, evaluación, a la que ha hecho usted mención. Nosotros creemos en las evaluaciones, que va a ser uno de los puntos fundamentales de consenso. Para nosotros es más importante que las evaluaciones sean diagnósticas para poder actuar sobre el sistema, que tengan otro tipo de condicionantes, y eso es lo que ponemos encima de la mesa. Y, en segundo lugar, autonomía del centro; cómo podemos gestionar la autonomía de centros sin que sea un factor que pueda acrecentar desigualdades o desvertebrar el sistema; es decir, cómo mantenemos el equilibrio entre vertebración del sistema y autonomía de los centros.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Moneo

Para contestar a las intervenciones de los portavoces, don Nicolás Fernández Guisado tiene la palabra por un tiempo de diez minutos.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL PROFESORADO ESTATAL, ANPE, MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Fernández Guisado): Quiero agradecerles a todos los intervinientes la acogida, la amabilidad y hasta el grado de empatía que noto que ha tenido mi intervención. Estoy muy agradecido porque creo que, de alguna manera, hay una buena base y creo que puede ser un buen acuerdo. No es tan complicado, a tenor de lo que hemos escuchado, llegar a un pacto en aspectos como los que aquí hemos reseñado. Por lo tanto, muchas gracias a todos los intervinientes.

Voy a ver si soy capaz de sintetizarlas porque han sido muchas las preguntas. Al señor Olòriz, que intervino en primer lugar, se le nota que es docente porque es fácil ponernos de acuerdo, de verdad. Puede haber, incluso, discrepancias ideológicas en algunas cuestiones, pero conoce perfectamente el tema. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los acuerdos básicos a los que nos referimos constituyan una ley de base. Luego, habrá que conciliar el desarrollo autonómico; es así, una ley base de mínimos. Pero lo importante es determinar con claridad las reglas del juego para que no haya confusión. Eso es lo más difícil de todo. Una de las cuestiones que hemos censurado en la última reforma es la complejidad del currículum porque es perverso; y no lo digo yo, lo dicen los directores y los jefes de estudio de los centros. Pregúntenle a cualquier director -y usted lo ha sido de un instituto- cómo concilia ese currículum que hay entre las troncales o básicas, las específicas y las de libre configuración, que pueden ser las autonómicas y las de los propios centros. Tenemos un currículum tan disperso que nuestra propuesta debe ser un currículum básico sencillo. Sencillo quiere decir que definamos cuáles son estas materias troncales básicas que correspondan una parte del currículum al Estado y otra parte a las autonomías, pero delimitar con claridad las reglas del juego, porque eso facilitará más los diseños curriculares; sin que luego, por vía finalista, tengamos que evaluar esta atribución de currículums. Y, sobre todo, que los alumnos que tienen movilidad en el territorio nacional por cualquier circunstancia, como las laborales de los padres, no vayan a un centro en el que no tiene nada que ver el currículum que se les ha impartido en 1.º de la ESO, por ejemplo, con el que vayan a recibir en 2.º de la ESO. Hay alumnos que dicen: ¡Es que yo no he dado estas asignatura en el otro centro! Eso es algo fundamental, y es a lo que yo me refiero. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo.


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Después me ha hablado del estatuto del profesorado y ha hecho una distinción que yo creo que es salvable y que ha de hacerse así. Cuando hablamos de estatuto, efectivamente, siempre ponemos el acento en el carácter funcionarial, pero creemos que antes del estatuto hay que ir a una ley de la profesión docente que debe estar por encima. Probablemente, todo esto debe hacerse dentro del pacto. La ley de la profesión docente es la que tiene que diseñar el acceso y cómo queremos que sean los profesores del futuro y qué requisitos de formación inicial, y da igual que luego sea para la privada, la privada-concertada, etcétera; es decir, un diseño de la profesión, una ley de la profesión docente que regule los mecanismos y los requisitos que van a tener los profesores de los distintos niveles. Eso con carácter general. Luego, para los que se vayan a dedicar a la enseñanza pública tendremos que determinar los requisitos específicos de acceso a la función docente con ese carácter objetivo de igualdad, mérito y capacidad que se requiere a quien va a dedicar toda su vida a ello. Por tanto, yo sí distinguiría una ley de la profesión docente que hay que tratar, un marco jurídico sobre el que hay mucho que hablar. Posteriormente, también me han preguntado por el máster, a lo que ahora me referiré, porque, efectivamente, aquí hemos ido legislando según se iban presentando los problemas, pero yo creo que eso sería salvable así, distinguiendo esos dos aspectos.

Entro ya a contestar a Marta Martín, a la que agradezco, por supuesto, su intervención. Pone el acento también en la vertebración, como uno de los aspectos más importantes, y en el que coincidimos totalmente. En cuanto al profesorado, nos pregunta concretamente por el máster, por cuál es nuestra opinión. Vuelvo a lo que decía antes, cuando contestaba al señor Olòriz. Efectivamente, hemos ido legislando según iba sucediendo los problemas. Decíamos que había prácticamente un consenso en que el profesorado de primaria tenía una buena preparación pedagógica y didáctica y que había que dotarles de más contenido; y que el profesorado de secundaria, al revés, necesitaba más preparación didáctica y pedagógica porque aquel CAP, tal como antiguamente estaba diseñado, no era más que un requisito para que uno pudiera enseñar, dando lo mismo que fuera un ingeniero que un licenciado en químicas, que un licenciado en cualquier rama. Entonces, había que dotarles de un mínimo instrumento para que pudieran enseñar y era un poco precipitado. De verdad que el CAP era un instrumento manifiestamente mejorable. Entonces se convino que la adaptación del proceso de Bolonia nos había traído otro cambio importante del que habría mucho de que hablar, aunque no es objeto de este debate. Hay mucho que reflexionar sobre la duración de los grados y la preparación de cada uno de esos grados. Me voy a referir solo al tema que nos ocupa, que es el de la formación del profesorado. El máster, en teoría, era un buen paso, que los profesores de secundaria tuvieran el complemento de ese máster. Lo que ocurre es que la diversidad de másteres en España es muy grande y la diferencia que hay en contenidos y en preparación didáctica y práctica hace que algunos sean escasamente útiles. Aquí habría que hacer un esfuerzo mucho mayor. Es verdad que chocamos con la autonomía de las universidades, pero no solo en contenidos sino también en el plano económico, porque hay muchas diferencias. El alumnado se queja de las diferencias entre unos y otros. Las ofertas que ha habido han sido muy dispares. Hemos mercantilizado el máster y ahí hay que reflexionar. Efectivamente, tendremos que dotarlo de un instrumento habilitante que sea un complemento de la formación que, con carácter general, se necesita para acceder al profesorado. Ese máster es el instrumento didáctico pedagógico y, por supuesto, sobre el que hay que reflexionar mucho, porque actualmente los hay de todas las gamas y de todos los tipos.

En cuanto a la evaluación de alumnos y de profesores, naturalmente nosotros somos defensores de la evaluación, y con esto contesto a muchos intervinientes. La evaluación es fundamental en el proceso de aprendizaje. El último intento de pacto al que asistimos fue con el ministro Gabilondo, que creo que va a intervenir posteriormente. Yo emplazo a los que han criticado tanto las evaluaciones ahora -entonemos todos el mea culpa- a que lean el apartado de las evaluaciones en el documento de Gabilondo. Hay muchas más que las criticadas en la Lomce -y no voy a defenderlo aquí-, las ponía en 2.º y 4.º de primaria, en 2.º y 4.º de la ESO... Me parece que eran seis -las revisé no hace mucho-, había muchas más evaluaciones. ¿Por qué? Porque eran necesarias. Él decía -y seguramente lo dirá-: Todo lo que no se evalúa, se devalúa. Y esa frase caló en el sistema educativo. La evaluación es necesaria y nosotros creemos que bien está que tengamos que hacer esas evaluaciones de diagnóstico y orientación en los distintos tramos para corregir y detectar los déficit del aprendizaje, para mejorar, por supuesto poniendo el acento siempre en la evaluación continua y con el objetivo de que en los niveles obligatorios no supongan una quiebra, no tengan esos efectos académicos.

En cuanto a la otra evaluación, la del profesorado, no hemos tenido ocasión porque el profesorado no ha tenido nunca un estatuto docente. La vez que más cerca estuvimos de lograrlo fue en el año 2007, creo


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que era ministra Mercedes Cabrera. Hicimos un documento que consensuamos los cinco sindicatos y que Hacienda, por cuestiones presupuestarias, echó para atrás. Estamos dispuestos a hacer una evaluación que sea objetiva. Lo que no nos parece adecuado es que la evaluación se convierta en un análisis o un cuestionamiento de la figura del profesor en el que todo el mundo opine. Se puede opinar, pero la evaluación tiene que estar vinculada a unos requisitos objetivos, a una evaluación del desempeño del trabajo. Tenemos un ejemplo, en Asturias ya se ha puesto en marcha una evaluación del profesorado y no ha habido ningún problema, está funcionando razonablemente.

En relación con la mejora de la convivencia y la autoridad del profesorado, nosotros, cuando ponemos el énfasis en esto, no queremos solo la autoridad en el ámbito penal. Eso ya está conseguido, ya se modificó el Código Penal con el delito de atentado a la autoridad. Nos gustaría dar un paso más, es decir, hacia la autoridad académica, la autoridad magistral, la autoridad que se le confiere a quien la sociedad le encomienda un papel determinante en la tarea de ser responsable de los alumnos. Nos interesa ese respeto a la función docente, queremos desarrollarla en ese aspecto, desde el punto de vista del compromiso y la gran responsabilidad que tienen los profesores. Por tanto, hay que dar un paso adelante. Es verdad que se han dado avances desde las distintas comunidades, pero hay que trasladar a la opinión pública y a la sociedad la importancia de la carrera docente y el respeto y la consideración social que nos merece. Por ahí iría ese desarrollo.

Me han preguntado por una cosa muy concreta, que me ha sorprendido y que es muy interesante, el ciclo doce a catorce. Este fue uno de los temas más polémicos de la Logse, pero el tiempo lo cura casi todo y esto también, porque ya no existe el ciclo doce a catorce. Este ciclo, durante un periodo transitorio, era el primer ciclo de la ESO, es decir, como a los maestros de la EGB se les quitaron los cursos 7.º y 8.º, para no generar mucho disgusto social en los centros, se dejó que los que tuvieran especialidades pudieran estar hasta que se jubilaran con carácter transitorio. Ya han pasado más de veinte años desde la implantación de la Logse y creo que ya quedan pocos del ciclo doce a catorce. Se les dejó. Ahora, haciendo un análisis con perspectiva, creo personalmente que fue un error y que este nivel del ciclo doce a catorce debería haberse seguido manteniendo por especialistas incluso en los mismos centros de primaria, porque supuso mucho desarraigo en la España rural, porque a los alumnos a edades muy tempranas se les sacaba de sus centros, en los que iban tan bien. Había que haber fomentado la figura de esos maestros especialistas y no haber generado la guerra de cuerpos de primaria y secundaria, porque podían ser perfectamente conciliables; incluso haber mantenido que los profesores de secundaria también podían estar ahí. Habría que haber hecho un esfuerzo por haber mantenido ese ciclo de doce a catorce en los actuales centros de primaria. Era una buena medida pero con el tiempo prácticamente desaparecieron por inanición.

El señor Mena Arca ha hecho referencia a una encuesta que publicamos y le agradezco el seguimiento que ha hecho. Estamos obligados a saber, a preguntarle con frecuencia al profesorado y esa encuesta refleja todo lo que el profesorado nos ha ido contando en cada momento sobre cómo le ha afectado. He hecho referencia a ello -sin ánimo de ser exhaustivo- pero no podía dejar pasar la situación que hemos vivido. Es una realidad y hay que ir visitando las distintas comunidades autónomas. Yo tengo posibilidad de ir a las distintas comunidades autónomas y hablar con mis compañeros. El fin de semana pasado estuve en Canarias y la gente se quejaba del aumento de ratio, que en secundaria en los institutos está en 36 y que hay centros en Las Palmas donde es muy difícil entrar. Me hablan de los problemas de convivencia y de todas estas cuestiones. Yo no voy a pormenorizar pero es una realidad cómo esto está afectando, sobre todo a la enseñanza pública, porque tiene esas carencias, y eso repercute en la calidad educativa.

En cuanto a la calidad democrática de nuestra escuela y el papel del director, siempre hemos defendido la figura del director vinculada a claustros y a claustros estables. Es verdad que tenemos que avanzar. El director debe ser un líder, un gran agente, un factor dinámico en la gestión de equipos. Tiene un papel muy difícil, por una parte es administrado y por otra es Administración. Fui director en los años ochenta y sé la dificultad que tiene porque necesita doble respaldo, tanto el de la Administración como el de los propios compañeros. Pero si vinculamos el papel del director al claustro, habremos ganado en ese respaldo que es fundamental en el profesorado para poder crear equipos estables, sólidos y funcionar mejor en los centros.

Me ha hablado también del déficit democrático en las escuelas. Esto es un mal endémico. Recuerdo cuando se hizo la LODE muchos debates en los que participamos -ya hace años- sobre el consejo escolar. Recuerdo que Gómez Llorente fue un abanderado de la participación democrática. La participación


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democrática ha funcionado bien a nivel estatal y autonómico; me refiero a los consejos escolares. El Consejo Estatal del Estado -desde aquí lo reivindico- hace un gran papel en el diseño del sistema educativo, en la evaluación, en el informe y en el dictamen de todas las normas, y los autonómicos también. Pero quizás no hemos sabido llevar a todos los centros esos mecanismos de participación porque la participación es escasa. Ese déficit está ahí, quizá es un tema de conciencia. Nosotros queremos siempre, eso sí, distinguir muy bien las cuestiones técnico-profesionales -que queremos que se preserven y estén en manos de los claustros- y otras cuestiones que tienen que ver con los recursos, con el funcionamiento de centros y demás, que pueden formar parte del propio Consejo Escolar del Estado.

También ha hecho referencia al proceso de selección de interinos. No estamos de acuerdo, ahí coincidimos en que los elijan los directores. Fue una de las críticas a la Lomce, aunque era excepcional. Lo decía excepcionalmente, pero lo excepcional muchas veces se confunde con lo general. Es verdad que en Cataluña se ha utilizado esta puerta abierta para -con la idea de formar claustros más estables y vincularlos a un proyecto- elegirlo. Creo que todo el acceso a la función pública docente en cualquier puesto de trabajo debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y tenemos que seleccionar méritos objetivos. Aquí sí llamo la atención -nosotros publicamos en nuestra revista con frecuencia- sobre la disparidad de criterios en los sistemas de selección de interinos en todas las comunidades autónomas. A eso hay que darle una vuelta. No es de recibo, lo dejo ahí como problema, porque hay una disparidad de criterios enorme.

En cuanto a la educación infantil, me refería a la que funciona bien, la de tres a cinco años, que es la que suelen atender el Estado y los centros públicos. La de cero a tres, en este doble carácter que tiene, asistencial y educativo, ojalá se pudiera extender, si la economía lo permitiera, a todos los centros públicos.

Me está mirando la presidenta e intuyo que me quiere decir que acabe, pero me gustaría contestar a todos. Señor Cruz, estoy de acuerdo en el equilibrio que debe haber entre equidad y calidad. Naturalmente que no es incompatible. Ese es el objetivo de cualquier pacto de Estado. También he evaluado la participación educativa de los centros y digo lo mismo que dije anteriormente.

La cohesión social debe ser una de las cuestiones que más nos preocupen, precisamente para que no se produzca esa brecha. Un alumno, dependiendo del lugar donde reside, no puede ver afectado su progreso, su desarrollo educativo, por una mala gestión de los recursos educativos y económicos o de la gestión educativa. A eso me refiero. Necesitamos mecanismos de cohesión social y sobre todo asegurar el principio de igualdad de oportunidades. Por eso defendemos la escuela pública como garante de ese principio, porque es la que llega a todos los rincones, y exigimos que tenga todos los medios para que no se resienta ese principio.

Por último, y muy deprisa -discúlpenme si he omitido algo; quedo a su disposición para extendernos en estas cuestiones en otro ámbito-, contesto a la representante del Grupo Popular. Me alegra que entre los objetivos del pacto esté el profesorado. Llegar al convencimiento de que el profesorado es un pilar del pacto es fundamental; es necesario ahora más que nunca. El artículo 27 es el primer gran acuerdo de la Constitución y debemos preservarlo. Yo me he referido incluso a la sentencia del Constitucional porque como menos podríamos contribuir a llegar a un pacto sería enredándonos en los debates colaterales que muchas veces se han traído a estas discusiones. Ahí hay una base amplia de consenso. Busquemos lo que nos une más que lo que nos separa. Compartimos el tema de la vertebración.

No estamos de acuerdo con la formación del profesorado actual, porque es una formación voluntarista. Lo único que hay de formación del profesorado en el sistema con carácter obligatorio es la formación de los sexenios -aquí hay muchos profesores y lo conocen bien-, la formación permanente vinculada a cada seis años y a unos cursos que en la mayoría de las ocasiones no tienen nada que ver con lo que se imparte. El tema de la formación permanente tiene un carácter muy voluntario. Lo que pasa es que el profesorado sí tiene una gran dedicación, y esa voluntariedad les lleva a formarse por su cuenta. Pero no queremos esa formación por su cuenta, queremos una formación más profesionalizada, vinculada a su práctica, a sus posibilidades de mejora, a la innovación, a la participación en un proyecto educativo, a la especialización de un centro. Esa debe ser la formación, no hacer unos cursos. A nadie se le escapa que cuando se pusieron en marcha esos sexenios fue una forma de homologar al profesorado por la gran deshomologación retributiva. Se buscó esa fórmula para que Hacienda aceptara compensar lo que era una injusticia manifiesta. Por tanto, estoy de acuerdo.

Ya no tengo tiempo de extenderme. Sí aceptamos el MIR. Conozco además, para sintetizar, ese documento del año 2011 que publicó el que fue presidente del Consejo Escolar, Francisco López Rupérez, con Eugenio Nasarre. Es un buen documento de base y no difiere mucho de la propuesta que hizo Alfredo


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Pérez Rubalcaba. Hay diferencia en cuanto al primer tramo de la selección y formación. Esa es la diferencia. Pero en eso nos tendremos que poner de acuerdo. Creo que es un gran paso de futuro. No es exactamente equiparable el MIR docente al MIR sanitario. Las connotaciones son diferentes. Nosotros siempre estamos dispuestos a profundizar, a ahondar en estos mecanismos, que tienen que tocar todos los pilares. Tiene que tener una formación global: la formación inicial en las escuelas de formación del profesorado, los mecanismos de selección, la formación práctica... En definitiva, se trata de formar buenos profesores, seleccionarlos bien y formarles en las metodologías didácticas y prácticas; más que en los contenidos, que son importantes, cómo enseñamos, las metodologías. Ese es el gran objetivo porque probablemente estemos formando profesores para enseñar cuestiones y profesiones que dentro de veinte años no sabemos cuáles van a ser. Por eso pongo el acento en lo importante.

Termino ya con la referencia que ha hecho el señor Cruz en cuanto a lo importante que es en la educación el concepto educar en vez de enseñar. Para nosotros es un concepto ético. Habla de la educación en valores, de una concepción profunda. No nos gustan las visiones mercantilistas de la educación cuando se hacen estos debates. Educar para el empleo, para la formación profesional, para la educación universitaria, por supuesto que sí, pero el concepto de educación no universitaria, que es la que estamos manejando, tiene que atender a ese desarrollo pleno de la persona para que le dotemos de esa capacidad, de ese liderazgo, de esa responsabilidad, de esa preparación para acceder luego a otros ámbitos y que el alumno tenga su pleno desarrollo de la personalidad. Esa dimensión tiene que tener no solo los conocimientos, sino los valores, que son fundamentales, tanto con carácter transversal como, si fuera necesario, con un carácter específico en alguna de las materias.

Termino porque creo que he cumplido con creces el tiempo. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Discúlpenme si a alguien no le he contestado algo concreto, pero estamos dispuestos a hacerlo. Nos comprometemos a mandar a los distintos grupos parlamentarios la intervención o si quieren preguntarnos cualquier cuestión relacionada con lo que he dicho o que necesite alguna aclaración, lo haremos encantados.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Guisado. Como la intervención ya la ha entregado a la Mesa, se la aportaremos a los portavoces de los grupos en los días sucesivos sin ningún problema.

Muchas gracias y perdón por estos tiempos tan justos, pero ya es la hora del siguiente compareciente y pretendemos ser muy estrictos con las horas en que hemos citado a todos los comparecientes. (Pausa).

- DEL SEÑOR EXMINISTRO DE EDUCACIÓN (GABILONDO PUJOL), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000248).

La señora PRESIDENTA: Retomamos las comparecencias para las que hemos sido convocados.

En este caso comparece don Ángel Gabilondo Pujol, exministro de Educación, a quien damos la bienvenida para su exposición de lo que crea conveniente, para la que dispone de un tiempo de entre veinte y treinta minutos.

El señor Gabilondo tiene la palabra.

El señor EXMINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señorías.

Deseo agradecer esta invitación, que la presidenta del Congreso ha hecho efectiva, a petición del Grupo Parlamentario Socialista para participar en esta Comisión a fin de analizar la posibilidad de un pacto educativo. Gracias también al grupo parlamentario que ha considerado que cuanto diga pueda tener interés para el trabajo de sus señorías y, a todos ustedes, miembros de esta Comisión. Por otra parte, deseo señalar desde el principio que me parece muy importante que en esta casa de la palabra, que es la expresión de la voluntad popular, se aborde este asunto que es una absoluta prioridad para nuestro país. Necesitamos estabilidad, estabilidad normativa, asimismo de objetivos y, por supuesto, estabilidad de recursos, de financiación y estabilidad también que ha de ser interterritorial. Mi intención es ofrecer una serie de consideraciones y reflexiones, mi experiencia del proceso y procedimiento del pacto y algunas recomendaciones -esta es una palabra pretenciosa, prefiero sugerencias finales-, y no será esta la ocasión para desbrozar expresamente todos los contenidos. Desde luego, es preciso ampliar la


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comprensión del derecho a la educación, recuperar su sentido constitucional y su carácter de derecho universal, decisivo para la libertad y la convivencia.

La educación es un derecho y un bien público y tenemos que construir un sistema educativo estable, basado en la equidad y orientado a la excelencia, que garantice la igualdad de oportunidades y de aprendizaje y el logro de los mejores resultados educativos. Esto, probablemente, exige un pacto que también transforme el sistema educativo, que lo mejore, no solo que consolide lo ya logrado. Un pacto es un medio, un medio que tiene sentido en sí mismo pero sentido pedagógico y educativo. Sin duda, lo tiene el mero hecho de que ocurra, pero no es un fin sin más. El pacto es un medio para mejorar la educación. Esto exige no olvidar la innovación educativa, las nuevas modalidades de formación y aprendizaje y, desde luego, también en la vida y en las decisiones de la comunidad escolar.

Hay que acordar el espacio común, hay que acordar las reglas de juego, el espacio en el que poder trabajar en el ámbito de lo común y de la educación. Nada ha hecho más por la equidad social y por el progreso social de nuestro país que la educación. Por eso, consideramos que es una inversión, no un simple gasto, y que es la mejor política social y la mejor política económica. Es indispensable situar la educación en el corazón de cualquier propuesta política consistente y que tenga como prioridad el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y la mejora del país. Así que les deseo unos buenos resultados en su labor, les deseo mucho éxito en este enorme desafío que es buscar este pacto.

Empiezo por felicitar la denominación propuesta: Pacto de Estado social y político por la educación. La educación es una cuestión de Estado. Esto significa también que es imprescindible que pensemos seriamente qué consideración tenemos del mismo, es decir, del Estado y ahí hemos de encontrarnos. Que sea social y político significa que hay una prioridad que es la de esta necesidad social, esta demanda de la sociedad que ha de ser no solo paciente de este pacto, sino agente verdadero del acuerdo que ha de adoptarse. Espero que los grupos parlamentarios y los partidos políticos que representan esta voluntad popular encuentren el marco para llevarlo adelante. En la educación, como en otros ámbitos de la vida humana, coexisten distintas concepciones razonables de lo que podría considerarse una buena educación. No es lo de menos que este pluralismo educativo deba hacerse compatible con un ordenamiento justo de las condiciones institucionales para que todas las personas puedan disponer de las mismas posibilidades de aprendizaje, con independencia de su situación personal, geográfica o social; igualdad de derechos, igualdad de derecho a la educación.

El compromiso de toda la sociedad con la tarea de educar exige un consenso amplio y debatir sobre aquellas condiciones que pueden hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación y contribuir al éxito educativo. Así que cuando hablamos de estabilidad no es simplemente para asentar el actual estado de cosas, sino para mejorar; no estamos aduciendo a la necesidad de alguna suerte de pasividad o fijación de un modelo cerrado, sino la apertura además a la posibilidad de un ejercicio más concreto y adecuado del derecho a la educación. El consenso político es imprescindible -al menos el máximo consenso posible- teniendo en cuenta, también, la distribución de competencias entre las distintas administraciones. Por eso, este acuerdo ha de permitir que los diversos Gobiernos que se configuran en las diferentes comunidades autónomas apliquen una serie de medidas fundamentales para superar conjuntamente los principales retos de nuestro sistema educativo. Es necesario, además, que este acuerdo incluya tanto a los agentes sociales como educativos y que llegue a los centros, facilitando la cooperación de todos para la realización de proyectos educativos eficaces.

En la toma de posesión como ministro, en mayo de 2009, subrayé ese mismo día la necesidad de alcanzar un pacto social y político por la educación y hoy, casi ocho años después, sigo considerando que es una necesidad. Para lograrlo, en primer lugar, elaboramos un documento de bases en el que fundamentalmente se contemplaba un diagnóstico de la educación en España y los nuevos retos de la educación. Consideramos entonces, y ahora igual, que el pacto no es solo el mejor camino, sino el único para dar respuesta a dichos retos. Para conseguir la mayor participación posible de todos los sectores políticos y sociales se articuló trabajo en torno a tres ámbitos: el ámbito político, con los representantes de todos los partidos políticos presentes en el Congreso de los diputados; el ámbito territorial, un trabajo con las administraciones educativas de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y en la Conferencia General de Universidades; y el ámbito social, con todas las organizaciones sociales presentes en el Consejo Escolar del Estado y el Consejo General de Formación Profesional.

Para ello, celebramos una primera ronda de reuniones en todos los foros indicados, se recogieron las aportaciones de las diferentes organizaciones e instituciones entorno a los aspectos que se deberían contemplar en el pacto social y político por la educación. Elaboramos un primer documento que recogía


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los objetivos generales del sistema educativo para la próxima de década y un conjunto de medidas para alcanzar estos objetivos. Y puedo señalar que tales objetivos encontraron un consenso muy asentado.

A partir de este documento se celebraron reuniones con todas las organizaciones e instituciones señaladas anteriormente; al menos tres reuniones plenarias de la Conferencia Sectorial de Educación, de la Conferencia General de Universidades, del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de la Formación Profesional; dos reuniones colectivas con el conjunto de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, además de reuniones individuales. En las reuniones de trabajo se elaboró el documento, pero fue concretamente en las reuniones individuales mantenidas con cada partido político, con cada organización representante de los distintos sectores de la comunidad educativa y de los agentes económicos y sociales, donde se pudo perfilar y definir más el proyecto.

Con cada organización se mantuvieron un mínimo de dos reuniones individuales para analizar las propuestas presentadas e incorporadas a las aportaciones. Se creó un grupo de trabajo específico con representantes del Partido Popular, que se reunía todas las semanas en la sede del Ministerio de Educación. Se mantuvieron un total de 137 reuniones de trabajo en todo el proceso, y desde luego con el Consejo de estudiantes, y se debatió en los diferentes consejos escolares. Y se llegó a un documento final en el que se indicaba -comillas-: Este documento recoge el máximo consenso posible, los objetivos generales de la década y una serie de medidas para su consecución. Ello condujo a definir 12 objetivos y 148 acciones, que se trasladaron a 4 foros: Mesa de la comunidad educativa, Mesa de partidos políticos, Mesa de diálogo social y Mesa de las comunidades autónomas.

Quiero insistir en el hecho de que este procedimiento de trabajo que yo aquí les narro, no lo hago porque signifique que sea un proceso que no pueda mejorarse o que hay que reproducir una y otra vez o en su caso imitar -ni mucho menos, pues no soy ni tan arrogante ni tan insensato-. Yo creo que más bien tenemos que mirar el futuro de nuestra educación y de nuestro país, pero yo quiero compartir con ustedes esa experiencia porque creo que es el sentido por el que estoy aquí. Simplemente les quiero transmitir lo que nosotros hicimos. Comprendemos la realidad aunque no hayan pasado tantos años pues también se modifica, y los horizontes en un mundo tan cambiante, en una situación política tan voluble y que se ha modificado; incluso se han modificado las mayorías y, por lo tanto, no vengo a darles ninguna lección -ustedes tampoco lo permitirían, pero es que no es mi estilo-. Vengo más bien a compartir con ustedes una posición que creo que es buena para todos nosotros y para la educación en nuestro país.

Tras este documento de trabajo se procedió al acuerdo con los representantes de todos los sectores de la comunidad educativa, tanto de la educación pública como de la privada y concertada, con las administraciones educativas de las comunidades autónomas, tanto en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación como en el de la Conferencia de Universidades y con los agentes económicos y sociales en la mesa del diálogo social: CEOE, Cepyme, FETE y Comisiones Obreras.

Las únicas organizaciones que aunque valoraron positivamente el documento anunciaron, desde el principio, explícitamente que su intención no era suscribirlo fueron: el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y el Sindicato de Estudiantes, porque proponían hacer un pacto solo por la escuela pública. En todo caso, nunca concebimos el pacto como una gran foto conjunta. Yo nunca he soñado con un amanecer en el que estamos todos juntos haciéndonos una foto, sino que entendíamos esto más bien como un compromiso colectivo, como una labor conjunta. Y una vez finalizado el documento, Comisiones Obreras emitió un comunicado en el que indicaba que el pacto solo sería realmente eficaz si firmaba también el Partido Popular. Entiendo que era por pragmatismo, para su eficacia, y estuvo por tanto en espera de que eso ocurriera.

Al final no fue así. Posteriormente, y muy a última hora, al desestimar firmarlo el Partido Popular, ya no parecía que tenía mucho sentido proseguir. Tal como indicó el consejero de Educación de Castilla y León -precisamente del Partido Popular- en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación celebrado unos días después, señaló: Tenemos un documento acordado, pero no firmado. -Yo tengo esa sensación: acordado pero no firmado-. Este fue el motivo fundamental por el que a partir de ese momento, desde el Ministerio de Educación, pusimos en marcha un plan de acción -no nos quedamos parados, claro- que contemplaba el conjunto de las medidas que contenía el documento del Pacto Social y Político por la Educación. Medidas que, como he dicho, estaban acordadas pero no firmadas.

Deseo subrayar que en el proceso actual hay una diferencia inicial. Yo entendí que me correspondía, como ministro, la iniciativa y como tal traté de buscar y de ponerme al frente del asunto para comprometerme explícitamente en aquel proceso que se iniciaba, también con el riesgo de que pudiera no salir bien. No digo que el señor ministro no haga lo mismo, pero yo lo hice, y quiero decir que fue el ministerio el espacio


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donde asentar la búsqueda del pacto. Hoy es la sede parlamentaria a través de su subcomisión. Desde luego, respetado queda, pero sí quiero señalar que aquí hay una diferencia de procedimiento que tiene sus consecuencias, y espero que sean muy positivas.

Solo quiero recordar que no bastará con los partidos políticos, sino que hay que contar con los agentes sociales, con la comunidad educativa y que esto incluye también a las familias, a los que son propietarios de centros, a las cooperativas, a todas esas entidades y asociaciones que son agentes verdaderos de la educación en nuestro país. Y quería decir que es imprescindible contar, como se sabe, con los profesores, quienes tienen con su dinámica inicial, social, junto a las familias, padres y madres y estudiantes y agentes sociales, la clave de lo que verdaderamente podemos entender como participación.

No se trata solamente de hacer un documento que suscribir al que pudieran hacerse aportaciones, algo así como añadir sugerencias o comentarios, sino que hay que buscar un mecanismo de activa participación, no solo de consulta sino de diálogo y de consenso, para lograr los máximos espacios para que la educación se sostenga en grandes acuerdos sociales y políticos, que permitan una propuesta sostenible que sea social y políticamente así porque es justa. Deseo decir que, a mi juicio, sería un error olvidar que la educación está en el corazón de toda la política, también de la política económica y social. Pero sí me preocupa la utilización de expresiones mercantiles o de un vocabulario economicista cuando se habla de la educación. Enseguida se habla de 'oferta de plazas', de 'demanda de clientes', de 'producto', de 'rentabilidad', de 'competitividad'..., pero entendidas, a mi juicio, como mecanismos que no son de solidaridad o de cooperación. -No me parecen palabras desagradables, simplemente digo que es un vocabulario economicista-. Lo que yo creo que pide la Constitución es que hablemos también en términos de solidaridad y de cooperación.

Resultaría preocupante la sustitución de un modelo de organización con un plan definido por un modelo que pudiera entenderse de mercado. Espero que no caigamos en eso. Nosotros no creemos en este debate como una confrontación entre el alcance de las políticas de Estado y la iniciativa social, como algo enfrentado que pudiera inducir a pensar que el Estado es quien impide la libre la iniciativa de los ciudadanos o que el Estado ha de concentrarse en la función de control de resultados. No, a eso no se limita su labor, porque tiene que suministrar de modo efectivo o bienes y servicios.

Yo creo en las políticas públicas y estimo que es un error considerar que la educación debe ser simplemente una operación regulada subsidiariamente por el Estado cuando no llega la iniciativa particular. Por eso entiendo que el pacto de Estado es decisivo, y que también debe ser el pacto del Estado de las autonomías, no del Estado ante las autonomías. No vivimos en un país que tiene el Estado y las autonomías. Vivimos en un país que tiene el Estado de las autonomías, y que para eso es indispensable que este pacto sea un pacto interterritorial, que tenga en cuenta que esta competencia está en las comunidades, que han logrado también diferentes consensos, tienen determinadas experiencias y han hecho eficientes las competencias que legítimamente tienen. Al Gobierno central le corresponde la ordenación académica y la legislación general. Por eso hay que contar con la conferencia sectorial, un espacio de concordia, de solidaridad, para que nadie tenga derechos diferentes en ningún territorio. Considero que también aquí cabe la singularidad: esto se puede hacer a través de programas de cooperación educativa como los que había, programas de cooperación interterritorial que alcanzaban a muchísimos ámbitos; algunos han sido expresamente definidos, que tenían que ver con la educación infantil o que hablaban de las competencias básicas como elemento central del currículo escolar, atención a los programas de la diversidad o de profundización del conocimiento dirigidos a estudiantes con mayor capacidad y motivación para aprender; son muchos programas, que tenían que ver con el desarrollo de programas tecnológicos o que tenían que ver con desarrollos para impulsar la educación vinculada a plataformas de formación profesional a distancia también. Es muy importante entender que la conferencia sectorial es el espacio de esta solidaridad interterritorial y que, por tanto, hay que ofrecer ahí los medios para articular un pacto que sea un pacto territorial. En fin, esto es lo que da sentido al pacto.

No quiero dejar de señalar que hoy es el Día internacional de la lengua materna y que deberíamos empezar por amar nuestra lengua materna, por hacer un reconocimiento a la lengua matriz de cada quien. La lengua es un bien singular y plural, un bien común; la lengua en la que nos hemos formado, en la que hemos sentido nuestras primeras emociones y nuestras primeras convicciones; esta lengua en torno a la cual hay que elaborar luego todo el proceso del conocimiento, y también el conocimiento de otras lenguas. Las lenguas han de ser siempre un instrumento de colaboración, un instrumento de relación, y no un instrumento de división. -Considero que hay muchas experiencias muy fructíferas en las distintas comunidades y sería interesante no hacer de esto un problema-.


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Obviamente, estos programas de cooperación interterritorial tienen que ser presupuestados. En el presupuesto de 2011 la consignación era de 590 millones de euros, 100 de ellos comprometidos para el desarrollo de un programa Educa 3, otros 100 para continuar con la implementación del programa Escuela 2.0. La propuesta de pacto incorporaba una memoria económica de 1.570 millones de euros para los siguientes tres años que incorporaba las dotaciones de los programas de cooperación interterritorial. La concreción de estos programas de cooperación interterritorial, además de las aportaciones presupuestarias del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, se realizó en la comisión general de la Conferencia Sectorial de Educación y en la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria para que antes del inicio de curso, que nosotros pensábamos que sería el 2010-2011, se pudieran presentar en las conferencias sectoriales de Educación y de Política Universitaria para su aprobación. Esto exigía seguimiento, valoración sistemática de estos programas y líneas de actuación, así como revisar uno a uno anualmente si se habían cumplido nuestros objetivos, y establecer prioridades en el calendario de aplicación con correspondiente dotación económica.

Estimo que el acuerdo de los partidos políticos empezaba por solicitar un mayor compromiso social con la educación y pedía la modernización e internacionalización de las universidades; una formación profesional y un bachillerato más flexibles, adaptados a las nuevas necesidades de la sociedad; favorecer la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; perseguir el éxito escolar de todo el alumnado; concebir la evaluación como instrumento de mejora de la calidad; la modernización de sistema educativo, centros con más autonomía, y disponer de los recursos necesarios para atender a todo el alumnado; y un compromiso con el profesorado para mejorar la calidad de la educación; además de lo que hemos señalado de la financiación para dotar al sistema educativo de los recursos necesarios para cumplir sus objetivos de la década, lo que significaba un incremento progresivo del gasto público en educación hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea. -De esto también tenemos que hablar.- La estabilidad normativa solo se puede lograr intensificando la colaboración y cooperación de las administraciones educativas, procurando la implicación de todas ellas.

Es mi voluntad -y así lo haré- entregar hoy aquí la documentación del resultado de este pacto, por si puede ser de su interés. Incluye los puntos a que llegamos, también los anexos que tenían que ver con este pacto social y político; una documentación, por tanto, a su disposición.

Deseo indicar, en línea de ir acabando antes hacer alguna consideración final, que para que este acuerdo sea posible se requiere toda una determinada cultura. Nos tenemos que preguntar -no es necesario que hagamos un simposio sobre esto- qué significa acordar con quienes quizá no piensan como nosotros. Les voy a decir cuál es el mayor enemigo del acuerdo; el mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo, y el escepticismo al respecto me parecería en este momento una responsabilidad. Todos somos capaces de encontrar obstáculos -yo también los sé encontrar-, de señalar dificultades y, si se tercia, todos somos capaces de ser peritos en desanimar, pero frente a la idea de un pacto como simple meta, estimo que hay que recuperar la idea de un pacto como generación de un espacio. Acordar no es ir a un lugar existente. Mi opinión es que no hay ningún lugar existente donde esté el pacto, sino que hay que elaborarlo, hay que labrarlo con mucha dedicación y trabajo; y la prueba es que están ustedes aquí escuchándome con toda paciencia. Además, hace falta generosidad e inteligencia práctica. Subrayo que vivimos en el Estado de las autonomías, pero que la diversidad y riqueza de nuestro país no es un problema, sino algo que da fecundidad y realismo. Quizás habría que empezar por tener la modestia de pactar simplemente modelos o reglas de juego, y no pensar que el pacto tiene que ser algo absolutamente cerrado o clausurado. Es verdad que tiene que tener estabilidad, pero la estabilidad significa hacer modificaciones. La base instalada es un instrumento para mayores capacidades. Yo creo -no sé si esto es un déficit metafísico- que el pacto tiene que ser un pacto de nuestras palabras, de nuestro lenguaje; un pacto para no poner obstáculos a través de nuestros discursos y también un pacto de los conceptos. Por ejemplo, ¿por qué no empezamos a hacer un pacto entre calidad y equidad? ¿Por qué no hacemos un pacto entre la igualdad de oportunidades y el esfuerzo? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, un pacto entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar? Por eso denuncio la apropiación y privatización de ciertas palabras como esfuerzo, responsabilidad, eficacia, transparencia. Cuidado con quienes se quieren quedar con esas palabras; son de todos nosotros.

Sin un pacto iremos, desde luego, más lento y mucho menos lejos. Por eso creo que no tenemos que dejar de caminar. El derecho a la educación no es un derecho abstracto. Tenemos que tener un sistema más flexible. Para mí flexible no quiere decir menos riguroso; quiere decir menos rígido. A veces


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confundimos riguroso con rígido y me gusta lo riguroso, no lo rígido. Creo que se puede lograr una mayoría social.

Hay que introducir el futuro en nuestras decisiones -dice Innerarity-, y yo estoy de acuerdo. No sé si llegamos a una época posalfabética, pero espero que el horizonte de los próximos veinte años -hasta eso podría llegar el pacto- nos permita centrarnos en aspectos educativos. Esta es mi pobre sugerencia. Si se va a hablar de un pacto educativo, soy partidario de que nos centremos en aspectos educativos, de que hablemos, por ejemplo, de educación infantil, de formación profesional, del conocimiento de idiomas, de la adquisición de conocimientos y aptitudes, de competencias, de valores. No creo que la educación sea formar solo empleados, sino ciudadanos activos y libres. Y hablemos de todas las materias, de las humanidades, de las ciencias, de las artes, pues creo que el olvido de estas enseñanzas supondría una concepción utilitarista de la educación que tenemos que combatir. Y como se trata de un bien público, no olvidemos que lo público es un elemento de dinamización y de articulación de la calidad con equidad. Lo público tiene que ser eficiente y solvente. Así se defiende de verdad lo público, siendo eficiente y disolvente, y debe rendir cuentas para lograr una eficaz redistribución de las oportunidades. Espero que esto sea un compromiso común. Siempre he creído que el olvido de lo común es la antesala del olvido de lo público, y siempre he creído que una buena educación en nuestro país ha de sostenerse en una excelente educación pública.

Así que mis sugerencias -tómenlas como tales- son las siguientes: hay que considerar a los interlocutores sociales como agentes del pacto, no como pacientes. Hay que lograr este diálogo, de modo concreto y singular, directo con cada una de las instituciones y organizaciones participantes. No hay que entender que la participación es que nosotros les presentamos un pacto y los demás nos hacen aportaciones, sugerencias, preferencias, como si los demás hubieran de ser comentaristas de textos o apuntadores. No, no, son agentes. Hay que considerar las competencias de cada institución y entidad, muy singularmente tener cuenta las de las competencias territoriales, atender a que en algunas comunidades ya ha habido pactos y procesos existentes. Hay que partir de un diagnóstico común; hay datos. Yo soy de la opinión de que no hay que dar como único diagnóstico los datos de la OCDE, que es una organización muy importante, muy respetuosa y que merece todo mi respeto, pero tiene una finalidad muy específica. Nos tenemos que fijar en las estrategias de la Unión Europea, pero en esas estrategias tenemos que hacer una lectura crítica y vertebrada de sus objetivos. No hagamos ostentación de las diferencias -que todos lo podemos hacer- como si en eso radicara la singularidad de la propuesta de cada uno: cuanto más diferente, más singular. Yo tengo otras ideas de las cosas, no digo que haya que aparcar las diferencias, sino que digo que el asunto para que haya un pacto es saber pactar también los desacuerdos. Hay que centrarse en asuntos educativos, por ejemplo la educación infantil, para ver las necesidades de escolarización específicas, y la igualdad de oportunidades, y no pensar que la igualdad de oportunidades es un premio al esfuerzo y al talento. No está mal hacerlo, pero esto no es el derecho a la educación. Hay que situar a la comunidad educativa -profesores, profesoras, maestros, padres, tutores, alumnos- en el corazón del pacto. Sin ello olvídense, por muy buena voluntad que tengan -y ustedes representan a los ciudadanos y nada hay más hermoso que eso- el pacto no va a tener eficiencia ni recorrido, no va a tener legitimidad, o al menos tendrá menos legitimidad.

Hay una cosa que me parece importante, hay que considerar la transversalidad del pacto educativo con otras repercusiones e instituciones. A pesar de que le corresponda al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la iniciativa de elaborar el proyecto de ley, esto alcanza a diversos ministerios: los competentes a Educación, Empleo, la Administración territorial, por no hablar del de Hacienda -lo que nos hace comprender la magnitud del acuerdo-, y hay que atender también a los entes territoriales y locales.

Sé que ustedes tienen la experiencia como para no caer en la trampa de hacer de la subcomisión un ámbito plegado sobre sí. Por ejemplo, baste pensar en la formación profesional. Durante nuestra gestión en el Gobierno los cambios de formación profesional se introdujeron a través de la Ley de Economía Sostenible, esto es para señalar que aquí esto debe incidir en distintos ámbitos, que vinculaba al Ministerio de Trabajo con el de Educación y modificaba determinados aspectos la Ley Orgánica de Educación. Los debates del proceso no hacen sino garantizar la necesidad del debate de contenidos. Sé que ustedes van a llamar a muchas personas especialistas en cada uno de estos con mucha experiencia, y espero que esos contenidos sean abordados en esta Comisión por estas instituciones competentes y perdonen que no lo haga yo.

Estoy acabando, un minuto. A mi juicio, no sería atinado ni fecundo centrar el debate en la relación entre la enseñanza y el empleo. No es entre la enseñanza y el empleo, es entre la educación y la


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empleabilidad, que no es lo mismo. Y con independencia de si la subcomisión estima que el pacto ha de incluir o no también a las universidades, es imprescindible no olvidar que la universidad es educación -la universidad es educación, educación superior-, y que un verdadero pacto de Estado habrá de alcanzar también los consensos para desde el máximo respeto a la autonomía universitaria lograr un pacto de Estado universitario. Se hará en este momento o cuando haya de hacerse, pero no podemos olvidar la universidad. Nosotros así lo consideramos e hicimos y, por supuesto, en su dimensión íntegra, es decir, enseñanza, investigación, ciencia y transferencia del conocimiento.

Perdonen mi posición en este momento, esta sí es una posición: sin poner en cuestión la idea abierta y plural de la educación, estimamos que la verdadera excelencia del sistema educativo ha de basarse en una escuela pública de calidad que no deje al margen a nadie.

No estoy en modo alguno tratando de proceder a una recentralización, no me gusta el pacto como una recentralización de competencias educativas, sino de crear las condiciones para ejercerlas adecuadamente.

Agradezco de nuevo muchísimo su invitación y su hospitalaria consideración.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gabilondo.

Ahora vamos a comenzar con el turno de los distintos grupos. El Grupo Parlamentario Mixto ha renunciado a intervenir.

Por el Grupo Vasco, el señor Agirretxea tampoco está.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Olóriz.

El señor OLÓRIZ SERRA: Estoy y hablaré.

La verdad es que ha sido enormemente interesante su aportación. Joan Tardà me decía hace unos días que al pacto nonato que usted provocó nos habría causado muchos problemas decirle que no, quedaban puntos abiertos, pero nos hubiese causado problemas. Hoy soy un escéptico colaborativo porque veo algunos nubarrones.

Primero, falta liderazgo. Pienso que en su modelo había liderazgo y si antes hablábamos de los directores de instituto, el liderazgo es una cosa que se gana, no viene con el cargo y en este caso había liderazgo y se notaron estos acercamientos enormemente difíciles porque cuando hablamos de educación a veces se confunde. El núcleo de la educación es la escuela, no es la Administración. A veces intentamos pensar que la escuela es Administración y entonces el conflicto entre administraciones acaba impidiendo los cambios necesarios en las escuelas. La educación es un servicio público, usted decía un bien público, y me parece que llegaremos a un acuerdo, es un bien, es un servicio público. La escuela pública es la base de este servicio público, no la única, totalmente de acuerdo, pero es su base. Es cierto que muchas veces los que hemos sido servidores públicos de las escuelas públicas nos hemos encontrado sin patrón y lo decía antes en la intervención anterior. Nos faltaba la calidez de que nosotros somos la escuela y que había otras con las que colaborábamos, que no competíamos, que hacían un servicio público por el cual estaban concertadas, porque hacían un servicio público, no por otra razón. En este marco es importante saber cuál es el núcleo, cuál es el sujeto, qué es sustantivo y qué es adjetivo.

También hay un elemento subjetivo. Le decía no hace demasiado a Manuel Cruz, al amigo Manuel Cruz, ya nos vamos conociendo, desde la tribuna que hacían falta más filósofos en la política y es cierto porque la aproximación muchas veces a la escuela es administrativista y esto es perder el corazón de la realidad. La filosofía nos da curiosamente un elemento que a veces en la política nos falta que es la tolerancia, que es saber que hay un mejor parecer y que a veces lo puedes escuchar sin que esté prefijado en tu catecismo. Esto es fundamental para acercarnos a un pacto de este tipo.

También saber que la lengua materna no es adjetiva y esto es tan importante porque en España se habla de una lengua común; no, mi lengua es la materna y sé otra lengua que hablan otros españoles y me gusta saberla y disfruto leyendo, pero yo no tengo dos lenguas, mi lengua es el catalán. Y se respetásemos tanto el catalán como yo respeto el castellano, que lo respeto muchísimo, no habría lugar a algunas guerras porque no existirían las causas como para hacerlas. Todos ustedes saben que es un elemento que ha sido como una obsesión en determinados partidos, una especie de cruzada para recuperar no sé qué. Pienso que en el punto común nos podríamos poner de acuerdo: los tiempos pasados no fueron mejores en la educación. No hay un tiempo pasado al que haya que retroceder para coger el agua bendita para el futuro. No, no, los tiempos pasados en educación fueron peores. Por tanto, saber que el siglo XXI es un siglo de oportunidades nos ayudaría.

A nadie se le escapa la difícil relación que en estos momentos tenemos Cataluña y el Estado. ¡Que Dios reparta suerte! Pero esto no quita para que los que estamos aquí ahora nos preocupemos por el


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futuro de todos. A mí no me es indiferente un instituto en Soria, visité el instituto Antonio Machado y me encantó. Por tanto, no me es indiferente lo que pase en cuanto a educación en Soria, pero sí quiero que las competencias que tiene la Generalitat de Catalunya no sean constantemente miradas con lupa para ver qué perversidad haremos en la esquina siguiente. Esto es algo que hemos de romper si queremos un profundo pacto.

Encantado de tener sus apuntes -sé que es una documentación-, pero me gustaría que fueran una hoja de ruta, unos apuntes con todos los peligros y sobre esto le preguntaré.

La señora PRESIDENTA: Señor Olóriz, tiene que terminar.

El señor OLÓRIZ SERRA: Rápidamente. ¿Por qué narices no se hizo el pacto? Usted ha dicho los puntos fuertes, pero explíquenos los puntos débiles y si estos continúan existiendo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olóriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra doña Marta Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señor Gabilondo, por su exposición, que yo creo que además de esclarecedora ha sido muy humana y muy sentida porque en el fondo es la transmisión de una experiencia personal que acabó en frustración y que esperemos que esta vez no terminemos como terminó aquel intento tan loable de pacto, que ojalá hubiera salido adelante porque no nos veríamos en esta tesitura.

Yo coincido en muchas de las cuestiones que usted ha planteado. Es verdad que tenemos que trabajar en este nuevo intento entendiendo que los interlocutores o los comparecientes que vayamos llamando no solamente se tienen que quedar aquí sino que tienen que ser agentes de esta construcción colectiva y común. Al final el trabajo que hagamos aquí se plasmará en palabras y las palabras construyen realidades. Tenemos la gran oportunidad de construir una mejor realidad con el trabajo que hagamos en esta encomienda que creo que es ilusionante. Tenemos que tener en cuenta cuestiones que usted ha dicho como las competencias de cada institución y que es compleja la vertebración que existe en el tema educativo, pero esto a veces es una oportunidad más que un escollo. Tenemos que aprender a pactar desacuerdos y la comunidad educativa tiene que ser el corazón del trabajo que hagamos. Creo que hay un trabajo que tenemos que hacer aquí, pero al fin y al cabo la responsabilidad va a recaer en la persona que en ese momento esté en el ministerio, que es el que tendrá que elaborar un proyecto de ley que recoja todos los consensos acordados en esta Cámara.

Dicho esto, quiero hacerle dos o tres preguntas y una consideración que es casi una llamada de amparo, porque ustedes están gobernando en algunas comunidades autónomas y usted ha dicho algunas cosas en las que tiene toda la razón; como coincidimos, a lo mejor tiene usted más mano que yo para modificarlas. La primera pregunta que le quiero hacer es cuál cree usted que fue el coste del no pacto. ¿Qué coste ha tenido ese no pacto al que no se llegó desde que usted estuvo en el ministerio? ¿Cuál cree usted que sería el coste del no pacto en esta ocasión? La percepción pública ha cambiado y a lo mejor hay diferencia y todavía será más grave el coste del no pacto si no lo conseguimos ahora.

En segundo lugar, una cuestión muy concreta. Usted ha dicho que respeta el diagnóstico de la OCDE pero que le parece incompleto. Me gustaría que se centrara usted en el punto de las evaluaciones, no solamente en las evaluaciones de los alumnos y alumnas sino también en qué mecanismos pondría usted para evaluar un sistema que coincido en que debe ser eficiente y solvente -y yo añado transparente- para el que necesitamos indicadores, porque también debe permitir garantizar la equidad con la que igualmente estamos de acuerdo.

La siguiente pregunta también es muy concreta: ¿Van ustedes a hacer lo mismo que hizo el Partido Popular en su día con este pacto? ¿Cree usted que va a pasar lo mismo?

La última pregunta hace referencia a la lengua materna. Permita que me detenga en una circunstancia concreta que ocurre en estos momentos en una comunidad autónoma donde ustedes están gobernando. Efectivamente, debemos respetar y proteger la lengua materna, pero esto tiene que estar combinado con la libertad de elección de los padres y, sobre todo, con la garantía de la satisfacción de los derechos constitucionales de todos los niños y las niñas. Le pregunto a usted: ¿Es consciente de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana con el decreto Marzà y la diferenciación que se está planteando


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entre los niños que elijan estudiar o aprender en su lengua materna, que es el valenciano, y los niños que decidan estudiar en otra lengua materna, que es el castellano?

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero sumarme a los agradecimientos al señor Gabilondo por su interesante intervención en la que además ha reivindicado la educación pública y el derecho a la educación. Ese me parece un buen punto de partida. En el año 2010, siendo usted ministro de Educación, tal y como nos ha relatado, intentó articular un pacto educativo, un pacto social y político con el resto de fuerzas políticas; un pacto que finalmente no fue fructífero. Después de este intento malogrado, desde sectores de su propio partido se dijo que fue la intransigencia del Partido Popular, de ciertos sectores de la Iglesia católica y de una parte de la patronal privada lo que imposibilitó ese acuerdo. A día de hoy, ¿está usted de acuerdo con ese diagnóstico? Lo digo porque ayer leímos unas declaraciones en las que apuntaba que la ideología no puede frenar un pacto de Estado. Por tanto, parece que podría haber contradicción entre lo que se decía ayer y lo que se dice hoy.

Evidentemente nuestro sistema educativo parte de la existencia de una doble red para atender la etapa obligatoria, algo que fue regulado por la LODE en 1985. En efecto, el Partido Socialista, mediante una serie de concesiones, llegó a equiparar la educación pública con la privada y subvencionada por todos. Después el Partido Popular, como todos sabemos, ha ido más lejos con la Lomce y ha convertido la educación pública en subsidiaria sin tener la obligación de ofertar públicas en todos los sitios. Con este punto de partida y con lo que decía anteriormente, ¿cree usted que es posible un pacto entre quienes apuestan por el fortalecimiento y la extensión de la educación pública y los que han cerrado centros públicos en estos años de recortes?

En las últimas décadas, como usted también sabe, la educación pública ha ido perdiendo peso en el cómputo global, situándose en una proporción de 6535 respecto a la educación privada y concertada. ¿Qué opinión le merecen los efectos que puede tener este cómputo sobre el sistema educativo? En este sentido, ¿cuál sería su modelo? ¿Seguir apostando por la consolidación de la privada o que este pacto caminara hacia la reversión de estos recortes y el fortalecimiento de un sistema público con la privada concertada únicamente como subsidiaria?

En el pacto educativo que usted nos comentaba del año 2010 se estableció un 4.º de la ESO con carácter orientador. De hecho, leo: Este último año de la educación secundaria obligatoria tendrá carácter orientador con dos perfiles para los estudios postobligatorios y se organizará en dos opciones: una opción orientada hacia estudios generales, bachillerato, y una opción orientada hacia estudios profesionales. Esta propuesta que incluyó el PSOE en el año 2010 ¿no se parece mucho a la incluyó la Lomce en 4.º de la ESO con el itinerario académico y el aplicado? Vistos los resultados de la Lomce y las protestas que ha provocado en la comunidad educativa, ¿sigue usted pensando que este tipo de medidas es adecuado?

Por otra parte, en la Lomce la dirección se ha convertido en una función unipersonal y no colegiada, pasando también a tener el control en la gestión personal en los colegios públicos. De esta manera se quiebran los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Además, se produce un trasvase de competencias desde el consejo escolar hacia el director, dejando al consejo escolar funciones meramente consultivas y no decisorias. ¿Cuál cree que debería ser el peso en la toma de decisiones entre las administraciones, los consejos escolares, los directores y la comunidad educativa?

Otra cuestión que ha aparecido en estos últimos meses. Algunos miembros del Consejo Escolar del Estado consideran que hay ámbitos en la educación y en lo pedagógico que no deben ser legislados, sino que debe dejarse a cada centro gestionar y tomar decisiones sobre ellos en función de su propio contexto. Tras la polémica de los deberes escolares, tema que ha sido muy comentado aquí, ¿cuál cree usted que es el límite de una ley educativa y cuál debe ser el epicentro de su acción?

Otro de los aspectos polémicos que sabemos que puede ser una piedra que nos podemos encontrar en este pacto es el tema de la religión en la escuela. Queremos saber su opinión no solo en lo que se refiere a la inclusión de la asignatura de Religión como materia evaluable, sino también acerca de la elección -se podría decir- a dedo del profesorado por parte de la Conferencia Episcopal. ¿Qué cambios


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propuso usted en esta materia en el anterior pacto educativo y qué propuestas cree que se deberían hacer ahora?

Por último, una pregunta que tiene que ver con mi deformación profesional. Los dos tenemos formación filosófica; usted es filósofo y yo solo cursé la licenciatura en Filosofía. Le quería preguntar por la filosofía, que usted sabe que ha sido una de las materias más castigadas en la Lomce. Tampoco fue muy bien tratada en la LOE, que ya empezó a cuestionar la filosofía como materia obligatoria. Quería preguntarle cuál cree usted que debería ser el tratamiento de la filosofía en un nuevo pacto educativo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Serna.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz.

El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a don Ángel Gabilondo su presencia aquí y su disponibilidad y, sobre todo, que haya tenido una intervención no melancólica. Quiero decir que no ha planteado su intervención sobre el esquema de lo que pudo haber sido y no fue, sino que más bien nos ha hecho un relato de cómo se fueron salvando determinados escollos, no llamando la atención sobre el hecho de que finalmente no se produjera el acuerdo y sí destacando que el pacto era posible. Ahora que empezamos otra etapa, es eso lo que deberíamos poner en primer plano, y no el desenlace.

Hay unos acuerdos importantes que usted ha subrayado y que me parece que vale la pena destacar. Hablar de estabilidad, hablar de calidad, hablar de equidad, hablar de excelencia podría permitirnos dibujar una especie de línea en el horizonte con la que todos coincidiéramos. Es obvio que habrá dificultades y que habrá desacuerdos, pero en ese sentido es cierto, como han señalado tanto el portavoz de Esquerra como el portavoz de Podemos, que a veces la filosofía nos echa una mano: plantear bien los problemas es una forma de empezar a solucionarlos o de ponerlos en la vía de la solución. Entonces, debo decir como premisa que el planteamiento que usted ha hecho de la educación en términos de una mejor política social y de una mejor política económica podría resultarnos de utilidad. Es decir, en términos de una mejor política social porque la educación puede ser una formidable herramienta redistributiva y de una mejor política económica porque esa dimensión de formación, incluso de formación completa, de educación de los individuos, lejos de ser una pérdida de tiempo es precisamente un camino para la eficiencia. El planteamiento que usted ha hecho es de utilidad, pero no quiero dejar de señalar los perfiles fuertes de su posición. Por ejemplo, me parece relevante, porque de ahí se extraen consecuencias, hablar de igualdad de oportunidades y de igualdad de aprendizaje. No se trata solo de igualdad de oportunidades para el acceso - probablemente ahí estaría esa concepción del premio al esfuerzo-, no se trata solo de que accedan los más dotados sino de que los menos dotados, por así decirlo, puedan acceder al mismo nivel de aprendizaje que todos los demás. Por eso me parece muy importante subrayar, como usted ha hecho, que la verdadera excelencia se ha de basar en la escuela pública de calidad.

Quisiera insistir en la cuestión de los desacuerdos, no tanto para que nos cuente las razones por las que no hubo pacto, que no sé si a estas alturas, aunque respeto la curiosidad de otros portavoces, es lo más importante -nota a pie de página: entre otras cosas porque ya lo sabemos-como para que nos hable de las tensiones por las que atraviesa la educación y con las que nos tenemos que enfrentar para resolverlas. Me atrevería a hacerle una pregunta muy simple, y espero que no sea muy simplificadora. Hemos hablado de las dificultades por las que atraviesa la educación, de los conflictos que a veces se dan entre los padres y la dirección de los centros, entre el Estado y las familias, entre una idea laica y una idea religiosa, entre la tecnología y el humanismo. La educación es un territorio atravesado por mil contradicciones. Me gustaría preguntarle, dada su experiencia, cuál es la dificultad o la tensión que cree usted que es más resistente, sobre la que deberíamos trabajar más, la que tiene los efectos más poderosos. Me atrevo a preguntarle, ¿podría ser tal vez el presunto conflicto entre el derecho universal a la educación y la libertad de elección?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.


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La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero agradecer al señor Gabilondo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su presencia en esta Comisión, dentro del profundo respeto que sabe que le dispensa este grupo. Entiendo que es plenamente consciente, porque he tenido ocasión de escucharle en múltiples foros y, además, hemos tenido ocasión de debatir sobre la cuestión y la importancia del momento actual que vivimos. Lo ha expuesto claramente. Estamos ante un escenario de enorme trascendencia y tenemos que ser plenamente conscientes de ello, porque, además, las decisiones y las conclusiones que adoptemos en esta subcomisión pueden suponer la mejor garantía de futuro para el desarrollo social y económico de nuestro país, pero sobre todo su impacto puede ser fundamental para lo que realmente nos debe importar, que son las personas. Por tanto, no es baladí que busquemos el acuerdo, pero sobre todo que busquemos el acierto, porque si erramos en la educación fallaremos en todo lo demás.

¿Tiene que ser el pacto un fin en sí mismo? Usted lo ha expuesto. El pacto tiene que ser un instrumento, no tiene que ser un fin. Estamos totalmente de acuerdo en que tiene que ser un medio para transformar la educación. Sería un profundo error plantear el pacto como un fin y no como un medio. Conformarnos con ese medio sería engañar a la sociedad española. El pacto tampoco puede servir, a nuestro juicio, para el inmovilismo, ni por supuesto puede ser un instrumento para reescribir la historia. El pacto no puede ser tampoco un corta y pega de diferentes propuestas, antagónicas en muchos casos, imposibles de cumplir en otros. El pacto tiene que ser armónico, tiene que tener sentido, tiene que fundamentarse en planteamientos empíricos. Puedo estar de acuerdo con usted en que tenemos infinidad de informes que nos describen el momento actual, no exclusivamente el PISA, y que tenemos que fiarnos de ellos. Tiene que tener un objetivo y tiene que tener un fin. El pacto tampoco puede ser rehén de las convulsiones políticas de determinados momentos, porque el acuerdo en educación tiene que estar por encima de todo. Y el pacto, sobre todo, no es un pacto de pasado, tiene que ser un pacto de futuro, y dar respuesta a una palabra que usted ha expuesto aquí: generosidad. Hay que aprender de los errores. Aquellos partidos políticos que hemos tenido y que tenemos responsabilidades de Gobierno en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el Gobierno de la nación sabemos de lo que estamos hablando, porque hemos acertado en algunas cosas y errado en otras, nos hemos equivocado. La cuestión es hasta dónde queremos llegar y hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Le puedo manifestar en nombre de mi grupo que el Grupo Parlamentario Popular va a llegar hasta el final.

El pacto, señor Gabilondo, tiene que fundamentarse en acuerdos ya alcanzados. Ayer asistimos a un foro en el que usted participó con otros tres exministros, dos del Partido Popular y otro más del Partido Socialista. Decía ayer el exministro Suárez Pertierra que el primer gran pacto en materia educativa fue el pacto recogido en el artículo 27 de la Constitución española. El anterior ponente ha hablado exactamente del mismo, y nosotros estamos de acuerdo. Ese fue el primer gran pacto. Construyamos el segundo gran pacto. Pero, sobre todo, pasemos de la teoría a la práctica, porque los escenarios son diferentes, y no solo los escenarios políticos, sino la sociedad y el sistema educativo son diferentes y requieren de propuestas nuevas. Tenemos que ir más allá de una declaración de intenciones. El pacto de Estado tiene que ser eso, un pacto de Estado, y tiene que garantizar y concretar aspectos fundamentales, porque el Estado tiene su responsabilidad. Las comunidades autónomas por supuesto también, pero el Estado tiene su responsabilidad. El Estado, por ejemplo, es responsable de regular la profesión docente y garantizar la misma igualdad de oportunidades en el acceso a la información a todo el profesorado. ¿Podemos ponernos de acuerdo en esa cuestión? ¿Podemos estar de acuerdo en que hay que garantizar esa igualdad en el acceso, en la formación, en la movilidad del profesorado, en su progresión? ¿Podemos garantizar, en definitiva, la pervivencia de los cuerpos nacionales del profesorado?

El Estado también debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de los alumnos, y, además, a lo largo de todo el aprendizaje, lo decía el portavoz del Grupo Socialista, permitiendo que cada alumno encuentre en el sistema educativo un sistema que se ajuste a sus necesidades, a sus intereses y a sus propias aptitudes. ¿Podemos ponernos de acuerdo en esa flexibilidad que se necesita en el sistema educativo? ¿Cómo ordenamos esa flexibilidad? ¿Nos sirve el sistema actual? Porque realmente la estructura del sistema actual ha variado muy poco en los últimos veinte años. ¿Podemos ponernos de acuerdo en que la autonomía de los centros es un factor de calidad, en que las evaluaciones son un factor de calidad? Le he escuchado a lo largo de los años defender las evaluaciones, las evaluaciones como instrumento diagnóstico. Seguro que hay un término medio en el que podemos también ponernos de acuerdo. ¿Son más importantes las evaluaciones como instrumento de mejora del sistema educativo, como instrumento que permita actuar a la Administración en aquellos centros que más dificultades tienen,


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con aquellos alumnos que más dificultades tienen, que cualquier otro tipo de consideración? Y. además. también son un instrumento de cohesión territorial. Y eso también es responsabilidad del Estado.

Por supuesto, podemos ponernos de acuerdo en que equidad y calidad no están reñidas -esa es una realidad-, en que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza tampoco tienen que estar reñidos y en que nos enfrentamos a nuevos desafíos, porque las familias de hoy en día acuden a los centros educativos esperando que su hijo reciba la mejor formación en una enseñanza que se ajuste a los retos del futuro. Podemos ponernos de acuerdo en que tenemos que profundizar en el bilingüismo, en los nuevos escenarios ante nuevas asignaturas, en el pensamiento computacional, y podemos ponernos de acuerdo en que no podemos abandonar las humanidades, porque es en un mundo de máquinas cuando precisamente tenemos que ser más personas. Son cuestiones muy básicas y muy importantes que construyen futuro, y desde la lealtad y el firme compromiso de este partido político y de este grupo parlamentario me gustaría conocer su opinión.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo.

Una vez terminadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, es el turno del señor Gabilondo para dar contestación a las cuestiones que le han planteado.

El señor EXMINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): ¿Cuál es el tiempo razonable, presidenta?

La señora PRESIDENTA: Me da apuro, pero son diez minutos.

El señor EXMINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchísimas gracias.

La vida es eterna en cinco minutos, pero en diez no; en diez no es eterna la vida. (Risas). Y desde luego, las preguntas han sido de tal alcance, de tal profundidad y de tal importancia que no quiero que tomen como una desconsideración que no vaya a responder con todo el detenimiento que merecen, no quiero ser desconsiderado con ellas. Les agradezco también su amabilidad, su hospitalidad y sus palabras.

Me preguntan si sigo pensando por qué no fue posible un acuerdo. A veces me dicen: ¿Por qué fracasó?, y además subrayan cada vocal y cada consonante. ¿Qué le llevó a esta frustración? Pues, miren, yo lo que tengo es una alegría enorme de saber que hubo una gran dinámica social, un gran consenso social y un pacto social -podríamos llamarlo así- que condujo a una dinamización de los procesos en la educación, a poner la educación en el corazón de los debates públicos y a hacer por eso un camino que sigo pensando en mi ingenuidad que algo puede tener que ver con este en el que estamos ahora. No digo que aquello fuera decisivo, pero sí que estamos en un mismo camino y que hay una conciencia social. Por tanto, ¿por qué al final no se votó o no se acordó? No lo sé, hay mil interpretaciones. De todas maneras, yo soy muy partidario de que los acuerdos consistentes se hagan en la primera fase de la legislatura. Esto es lo que les puedo decir en general. En la última fase de la legislatura siempre es todo más complicado; empiezan a hacerse estudios sobre qué va a pasar y todo se nubla de otra manera. No digo que esa sea la razón, pero eso siempre incide. Ayer comentaba en otro contexto que lo que nos pasó fue que en cada punto estábamos de acuerdo -esa es la verdad-, pero finalmente no estuvimos de acuerdo con todo, y citaba la canción de Serrat, esa con una letra un poco inquietante, pero que tiene una parte que me gusta y que dice: Me gusta todo de ti, pero tú no. (Risas). Y a mí me dijeron eso con el pacto, que les gustaba todo del pacto, pero no el pacto. Por tanto, el que dijo eso será el que tenga que explicar por qué le pasaba eso, pero yo también lo comprendo y lo respeto -lo comprendo y lo respeto-, porque una de las cosas que tienen los pactos es que pueden no firmarse. Si el pacto es obligatorio, no es un pacto; y si es obligatorio no tener un pacto, tampoco es un pacto. El pacto consiste en ponerse de acuerdo, en lograr un acuerdo. Y digo que nada une más que trabajar juntos por algo, así que, ¿cómo se logran ciertas cosas? Poniéndose juntos a trabajar por algo, y creo que esto amenaza con un peligro, y es que ustedes acaben llevándose bien (Risas), pero eso lo verán ustedes.

Por tanto, no voy a desbrozar más razones. Sí hubo -como siempre hay en cualquier acuerdo- distintos puntos de vista. ¿Que hay presiones? Siempre hay presiones cuando se discute algo, pero puedo sorprenderles diciendo que, por ejemplo, en la confederación de colegios religiosos de enseñanza eran muy favorables a la firma de este acuerdo, que no veían con rareza que hubiera Educación para la Ciudadanía o que no consideraban que estuviera mal que Religión no fuera evaluable. Esto es así. ¿Que se podría haber abierto el debate para ver si la religión debía estar o no en el centro? Se puede abrir, pero si abren ustedes ese debate, yo soy partidario de hacer lo que figuraba en el texto que hicimos, que


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hubiera Religión no evaluable, y soy partidario de que hubiera Educación para la Ciudadanía. Esto es de lo que yo soy partidario, pero ustedes representan a los ciudadanos y está en sus manos estudiar qué es más razonable. No les voy a decir yo a ustedes lo que tienen que hacer; no he venido a eso, sinceramente.

Sí creo que hay un cierto debate de competencias, de quién puede tener la competencia de esto y de lo otro, pero las competencias son competencias exactamente porque son compatibles. Cuando las competencias no son compatibles no son competencias. Por tanto, a lo mejor hay que deslindar las competencias para saber cuál es la de cada quien. Si hay distintas administraciones, cada cual tiene su competencia, y no consiste en quitarle a otro las competencias o de ceder a otro las propias competencias. A lo mejor hay que dedicar un ratito a aclarar qué competencias tiene cada uno; igual nos viene bien darnos un repaso de cuáles son las competencias de cada quien. Yo sí puedo decir que no sentí nunca -se me ha preguntado así- una presión que me impidiera realizar el trabajo; nunca. También a uno le influyen lo que se deja influir; esto es muy importante saberlo. A uno le hacen una llamada por teléfono y dice: Es que me influyeron. Yo creo que las influencias también tienen que ver con las convicciones y las convicciones no son estados de ánimo, y yo tenía una determinada convicción que defendí con pasión hasta donde pude, y no soy ejemplo de nada para nadie. Esto es lo que sí puedo decir.

A mí me parece verdad que el núcleo es la escuela. Sí creo que el centro es la comunidad educativa y que no habrá pacto educativo sin comunidad educativa; olvidémonos de eso. Se puede hacer lo que deseen ustedes como partidos políticos, pero hay que contar con la comunidad educativa y saber que la comunidad educativa no solo son los profesores y profesoras, son también las familias, son también los estudiantes, son también los que trabajan allí. Señorías, esto va a enriquecer, porque nadie conoce más la educación que quienes están en el ámbito educativo, quienes llevan toda una vida en el mismo y aman la educación de verdad. Algunos suelen decir: Pero, ¿cómo vas a poner al zorro a cuidar las gallinas? Pero, ¿qué es esto? ¿Han visto ustedes algún profesor de cerca? Sé que ninguno de los que está aquí presente diría esa frase. Respetémosles y pongámosles a ellos en el corazón de esto.

Frustración no he tenido, la verdad -se me ha preguntado por ello-, porque yo subrayo mucho lo logrado y además elaboramos algo en común. ¿El coste del no pacto? Algunos han puesto por ahí la rueda de prensa que dí después del no pacto. Me dicen: Tenías mala cara. Bueno, no sé por qué sería. Lo que sí dije fue: Llegaremos más tarde, llegaremos menos lejos, pero llegaremos, porque esto es una necesidad para el país. Hoy también quiero decir estas palabras aquí mismo, porque esto es una necesidad para el país, y el coste del no pacto supone también el coste de perder una oportunidad, porque el pacto es un principio de unidad entre partidos políticos que no quieren ser partidistas ni sectarios, entre regiones y comunidades que quieren vivir conjuntamente en un proyecto común y, también, entre todos los elementos que integran el ámbito escolar. ¿Cómo se logra la unidad? ¿Haciendo discursos sobre la unidad? No; se logra trabajando juntos por algo, por objetivos comunes, y los objetivos estaban definidos. He dicho con pasión que una de las mayores satisfacciones es que los objetivos se pactaron sin ningún problema entre todas las instituciones, y ahí están los objetivos. Por tanto, esto nos une. También sé subrayar lo que nos diferencia, pero no he venido a eso.

Por otra parte, yo sí creo que hay que evaluar. Dije alguna vez que lo que no se evalúa se devalúa. He visto repetida esa frase por muchos sitios. Lo dije hace muchos años: yo sí creo que hay que evaluar. Hay que evaluar para valorar, evaluar para mejorar, evaluar para identificar lo que no hacemos bien, evaluar para incentivar a los estudiantes, evaluar para promover, evaluar para corregir, pero no evaluar para clasificar y menos para clasificar estudiantes; si no, haremos darwinismo social, que consiste en no reconocer que a veces las condiciones del talento están muy vinculadas a las oportunidades y a las condiciones sociales. Por eso, sin hacer demagogia de ningún tipo, sí quiero decir: ¡Que viva la evaluación!, ¡que vivan las pruebas! Pero hagamos unas pruebas que no sirvan para producir clasificaciones de alumnos. Se ha hablado, por ejemplo, del carácter orientador de 4.º de la ESO. Según nuestro modelo, decidía el alumno, teniendo un refuerzo muy importante de los orientadores, y además la opción era reversible. Esto es muy importante. Por eso, yo hablaba de flexibilidad; ahora, si hay un modelo de la Lomce por el que los profesores deciden el centro y además es irreversible, ya es una cosa distinta. Cuando hablo de flexibilidad estoy diciendo también que los caminos de la educación no pueden ser irreversibles. En otros países los fracasos y el abandono escolar se cuentan por los años que está uno en la enseñanza. Si después de hacer una formación profesional básica, puedes pasar a una formación profesional de más nivel y desde ahí llegar a la universidad... Pero no con chavales de trece años; no les marquemos para toda su vida la orientación de sus únicas posibilidades.


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¿Qué sistema es el de evaluaciones? Soy partidario de evaluar también el trabajo de los profesores, de los centros, pero desde luego no soy partidario de hacer rankings de centros, clasificaciones de centros y sobre todo de considerar que todo se mide simplemente como los resultados. La calidad es una relación entre los objetivos, los medios, los procedimientos, los procesos, los recursos, la evaluación y los resultados. Estos que van tan rápidamente uniendo la calidad y los resultados se olvidan de que igual un centro es de extraordinaria calidad estando en un barrio modesto, logrando quizá peores resultados, pero consiguiendo socializar, promover y estimular a muchos estudiantes. Por eso no estoy en contra de los resultados sino del resultadismo métrico como elemento fundamental y único de la calidad.

¿Van a hacer ustedes lo mismo que el PP? No he venido a echar en cara a ningún partido político lo que hizo o dejó de hacer. Supongo que cuando preguntan ustedes lo hacen al Partido Socialista, porque a veces el nosotros es muy complejo, pero yo sí puedo decirles que hay una voluntad firme de acuerdo y de consenso. ¿Y saben lo que pienso? Que con escepticismo, más o menos colaborativo o no (Risas), hay voluntad de ese acuerdo. No he notado aquí que no haya esa voluntad de acuerdo; la tiene el Partido Socialista Obrero Español y tengo constancia explícita de que el Grupo Socialista la tiene.

Problemas de la lengua materna. Hoy es el día internacional y he querido hablar de la lengua materna. No les voy a decir cuál es mi lengua materna, porque igual se sorprenden si se lo digo, pero de todas maneras quiero decir que hay que amar la lengua, amarla de verdad. Desde luego tenemos una lengua común. El que hable castellano que lo ame de verdad, que lo cuide de verdad, que lo haga valer de verdad, y el que tiene el catalán tiene todo mi respeto y cariño por cuidarlo y vivirlo con pasión. En torno a eso se construirán bilingüismos, trilingüismos y lo que se quiera, pero -estaré equivocado- en líneas generales este no ha sido un problema, lo cual no quiere decir que no haya casos que sean problemas graves, no lo niego. El hecho de que todos lo niños dominen el castellano, el valenciano o el inglés, como ocurre en Valencia, no me parece mal, qué quiere que le diga. Mire usted el artículo 3 de la Constitución, en el que incluso se está hablando de la posibilidad de hacer una ley sobre las lenguas. Yo siempre he dicho que la lengua es un espacio de encuentro. No creo que en Valencia se penalice el castellano, pero seguro que todo es objeto de discusión; simplemente lo quería decir.

Desde luego se han hecho preguntas muy importantes. Yo no he hablado de la ideología y además les voy a decir un secreto: no suelo emplear la palabra ideología porque me parece muy difícil definir lo que es exactamente. La palabra se utiliza como arma arrojadiza y de modo tan partidista que procuro evitarla; otra cosa es que cuando hemos ido cuatro a hablar en un espacio público, para poner un titular, se aglutine todo esto, pero el que tenga ideología, el que la sienta verá si es un obstáculo para poder pensar con libertad. Creo sinceramente que la mejor defensa de lo privado es también el cuidado de lo público y creo que la concertada en España tiene que hacer una labor, y hay un espacio para que la haga. Esa labor tiene que hacerse desde luego con una serie de condiciones y lo importante es requerir esa serie de condiciones, que tienen que ver, como hemos señalado, con esta apuesta por la escuela pública, que tienen que ver con que tiene que ser gratuita y que tienen que ver con que tiene que ser inclusiva. Otra cosa que tenemos que mirar es si el módulo de la concertada es adecuado o inadecuado. Todo eso lo podemos debatir, pero desde luego nuestro modelo no propone la eliminación de la concertada, ni muchísimo menos; otra cosa es que la pongamos en su lugar a través de los acuerdos que sean necesarios.

La Lomce no me gusta, y perdonen la sorpresa que les acabo de dar. (Risas). Por tanto, argumentar que en la Lomce hay una gestión de los centros... ¡Es que no nos gusta ese modelo de gestión de los centros! ¡Es que no nos gusta cómo se entiende la participación de las familias en la gestión de los centros! ¡Es que no estamos de acuerdo con eso, porque creemos que la comunidad educativa es un órgano de participación y decisión! ¡Es que tenemos otro concepto de participación! ¡Es que, a nuestro juicio, esta ley no se hizo con el consenso adecuado, no se hizo con la participación adecuada! No he venido a hablar de esto, pero si se me pregunta tengo que responder, y lo que digo es que ese modelo no es nuestro modelo, pero si alguien lo tiene, estamos totalmente dispuestos a hablar y a compartir por si estamos equivocados o por si se pueden buscar fórmulas equilibradas.

¿Cerrar? Yo he sido más partidario de abrir. Si me preguntan por la Filosofía, les puedo decir que en la Asamblea, donde yo estoy, hemos hecho una proposición no de ley que ha sido aprobada para que se recupere el lugar de la Filosofía en la Comunidad de Madrid, así como el de la Ética o la Historia de la Filosofía. Creemos en ella. Para no parecer que estoy defendiendo mis cosas, también hablaría de las humanidades, de las enseñanzas supuestamente no útiles, de las enseñanzas artísticas... Y añado las ciencias, porque parece que si uno es de Letras... Añado las Matemáticas, la Física, la Química, es decir,


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aquellas ciencias que parece que no son directamente emprendizaje e innovación, pero yo tengo otra idea sobre eso.

Agradezco como siempre al Partido Popular su intervención. Comparto los adjetivos, señora portavoz. Tiene que ser armónico, tiene que tener sentido, no tiene que ser una acumulación de ir poniendo cada uno una cosa: uno hace los artículos pares, otro los impares y otro las notas a pie de página y al final hacemos un monstruo que no sabemos qué modelo de educación tenemos. Comparto esto que se dice así. Creo en la generosidad. Me gusta oír decir que se va a ir hasta el final y creo que está bien reconocer las competencias del Estado, para que regule la profesión docente. Nosotros tenemos un modelo de profesionalidad docente que tiene que ver con una formación adquirida en la práctica y experiencia y vinculada a un modelo similar al MIR. Creemos en un determinado modo de acceso y también creemos en la configuración de equipos para que los centros puedan tener una cierta estabilidad, pues queremos que los centros se impliquen en el contexto y no se muevan los profesores con demasiada celeridad.

Hay un asunto que sí me preocupa. El acuerdo que hubo en el artículo 27 de la Constitución fue: derecho a la educación y libertad de enseñanza. Pusieron una "y" y las "y" en las leyes son muy complicadas. Por tanto, mi opinión es que no es lo mismo el derecho a la educación que la libertad de enseñanza, no se identifican sin más, y desde luego no se identifica sin más la libertad de enseñanza con la libre elección de centro. Así que este camino tan rápido que va desde el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y, de ahí, a la libertad de elección de centros merecería, a nuestro juicio, un debate lento. Este debate lento quiere decir que nosotros creemos que el derecho a la educación no se reduce ni se acaba, es más, sobre la libertad de centro podría haber un debate sobre si esto afecta o no. Espero que no.

Bilingüismo, desde luego; trilingüismo, si hace falta; humanidades, desde luego. Por supuesto, reconozco las competencias del Estado para regular la profesión y establecer los cuerpos que considere más importantes. Esto no me parece mal, pero también tenemos que negociar con las autonomías. Yo he dicho que el Estado es el Estado de las autonomías; negociemos con ellas.

No sé si me voy más allá de la hora. Lamento pasar a esta velocidad por cosas de tanta importancia, pero el hecho de que sea necesario que el Estado pueda tener unos cuerpos determinados no quiere decir que no se puedan negociar las transferencias de competencias, como se negocian tantas cosas, porque las competencias son las que cada uno tiene pero se pueden buscar acuerdos. Todo sosténgase en el acuerdo y en la participación. Lamento de verdad, por el interés de sus preguntas, dar una respuesta un poco precipitada. Es para mí un compromiso estar aquí; es un compromiso desde donde esté y creo que los ciudadanos están esperando que seamos capaces de estar a la altura de este desafío. Sería importante recordar que la estabilidad normativa o legislativa -ustedes no hablan de dinero, porque son gente elegante (Risas)- debe ir acompañada también de unos presupuestos adecuados para poder abordar efectivamente un pacto por la educación. Tiene que haber estabilidad de financiación. No podremos hacer un pacto educativo sin esto: recursos. Ya ha habido recortes. Necesitamos recursos y también pacto interterritorial. Lo he dicho con toda mi convicción, con todo mi respeto a los poderes y a las competencias del Estado, pero he dicho que las autonomías son también Estado. Y lo son.

Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Les pido disculpas por no haber podido responder sus preguntas como merecían.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Gabilondo.

Han sido veinte minutos de contestación a las cuestiones planteadas por los distintos portavoces de los grupos. De todas maneras, a nosotros nos hubiera gustado también tener más tiempo, pero son los tiempos que nos dimos cuando planteamos las reuniones. Muchísimas gracias por sus contestaciones y por sus intervenciones. Si cree que debemos disponer de alguna documentación, además de la que nos ha ofrecido, para los trabajos posteriores, nos la puede remitir a la Presidencia de la Comisión y yo, como presidenta, se la haré llegar a los distintos portavoces.

Muchísimas gracias.

El señor EXMINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Muchas gracias, presidenta. (Pausa).


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- DEL SEÑOR MIEMBRO DE LA ASAMBLEA MAREA VERDE (MORENO GARCÍA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN GRAN PACTO DE ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 219/000249).

La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la última comparecencia convocada para esta mañana. Comparece don Agustín Moreno García, miembro de la Asamblea Marea Verde. Como ya sabe, don Agustín, dispone de entre veinte y treinta minutos para la primera intervención; a continuación, intervendrán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos, en los que le podrán plantear las cuestiones que consideren convenientes y, finalmente, tendrá alrededor de diez minutos para las contestaciones. También le informo de que se podrán adjuntar las actas y cualquier documentación que posteriormente, mientras duren las comparecencias, considere que pueden ser interesantes para los miembros de la subcomisión para poder trabajar con ellas en las distintas reuniones de trabajo. Puede enviarlas a la Presidencia de la Comisión de Educación y yo misma daré traslado de las mismas a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra don Agustín Moreno.

El señor MIEMBRO DE LA ASAMBLEA MAREA VERDE (Moreno García): Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de comparecencia para este intento de alcanzar un pacto para una nueva ley educativa. Comparezco en nombre de Asamblea Marea Verde, que pertenecemos a Mareas por la Educación Pública y a Redes Por una Nueva Política Educativa. Somos una parte importante de la comunidad educativa y, por tanto, de la sociedad civil, por lo que es muy importante esta invitación. Es importante que como sociedad civil estemos aquí presentes dando nuestra opinión directa, en primer lugar, sobre los problemas que consideramos que tiene la educación en España y, en segundo lugar, sobre las propuestas concretas que vamos a realizar en orden a su solución.

Respecto del primer punto, y haciendo un breve diagnóstico, entendemos que hay tres problemas fundamentales en la educación española. El primero de ellos tiene que ver con los recortes que se han aplicado en el último periodo. El impacto de estos recortes, que alcanzan una cifra exorbitante, del orden de los 8.000 millones de euros, ha tenido consecuencias muy directas en las aulas, en los centros educativos. No se puede pensar que habiéndose producido una disminución en la inversión educativa de este calibre no iba a pasar nada en las aulas. Voy a trasladarles unos datos concretos. Según, la propia OCDE, en España estamos en el puesto número 25 de los 35 países que forman la OCDE en inversión educativa; estamos por detrás de todos los grandes países desarrollados. La inversión en España es de un 8% del gasto público total frente al 11% de media en la mayoría de los países. Hemos pasado de 53.000 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014. Hay un porcentaje elevadísimo de jóvenes que ni estudia ni trabaja y que tiene que ver con el fracaso escolar, con el abandono escolar temprano y también con la alta tasa de desempleo juvenil. Si lo medimos en términos de PIB, hemos pasado del 5% al 4,1 frente a un 6,2 de media europea, y el compromiso del Gobierno con las autoridades de Bruselas es llegar a un 3,9% del PIB en 2017. Esto se produce, paradójicamente, al mismo tiempo que aumenta el alumnado en un 6%, es decir, tenemos más alumnos y menos recursos. En resumen, se ha reducido 1 de cada 5 euros, un 20,3%, el gasto o la inversión por estudiante en educación pública no universitaria, y ha tenido que venir un organismo internacional a decir lo que muchas organizaciones, muchos movimientos, la propia Marea Verde venimos denunciando porque para nosotros habían saltado todas las alarmas: el gasto español en educación está por debajo de la media de la OCDE y una educación de calidad -insisto en la palabra calidad- necesita una financiación sostenible.

Hablaba anteriormente de consecuencias, y estas consecuencias se han dejado sentir en despido de profesores, reducción de plantillas -entre 23.000 y 32.000 docentes, según las fuentes- a través de la vía de la amortización de jubilaciones o por el despido de interinos. Ha habido un deterioro de las condiciones laborales del profesorado, con más precariedad, aumento de las jornadas lectivas y la ratio de alumnos, pérdida salarial, pero sobre todo ha habido un abandono de programas de atención a la diversidad, que son los que tienen que garantizar el carácter inclusivo y compensador que tiene que tener la educación. Los profesores somos profesionales, no somos peones de una Administración insensible que muchas veces pasa de nosotros y no nos tiene en cuenta. Cuando nos recortan no podemos hacer un poco menos o un poco peor las cosas; intentamos hacer las cosas como siempre, lo mejor posible, porque trabajamos con personal humano, con niños, con niñas y con adolescentes, y eso supone invertir más tiempo y un esfuerzo importante -y no exagero- que se traslada a una situación de cansancio, de quema entre el profesorado por la falta de recursos y por atender muchas veces, sobre todo en los centros


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públicos, a la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales y de compensatoria. Más allá de la intención contable o de reducción del déficit que pueden tener los recortes, creemos que hay también cierta voluntad de deteriorar el servicio público educativo para proceder a una sutil privatización del sector. Esta privatización no se hace vendiendo institutos y colegios públicos, sino vaciando o intentando vaciar de alumnado a estos centros. En definitiva, y como resumen de este punto, pedimos la reversión de los recortes.

El segundo punto problemático en nuestra opinión es la imposición de la Lomce. La Lomce ha sido una ley que no se ha negociado con la comunidad educativa, no se ha negociado con la mayoría de las fuerzas políticas, es más, a veces se ha actuado en contra de la comunidad educativa. Esta ley ha sido votada en dos ocasiones en el Parlamento para su paralización. Asimismo, esta ley, además de las suspendidas reválidas, contiene muchos elementos que siguen aplicándose y que siguen haciendo daño al sistema educativo: por ejemplo, la reducción del periodo de enseñanza comprensiva, que cada vez es menor; se deriva a alumnos a formación profesional básica, a los PMAR, a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, a edades muy tempranas, que son auténticas vías muertas que sacan al alumnado, que le excluyen del sistema; se aplican nuevos currículums en asignaturas en detrimento de las humanidades y de las enseñanzas artísticas; se mantienen los privilegios, e incluso se aumentan, para la religión católica en las aulas; hay pruebas externas, ránquines y competitividad entre centros e incluso se llegan a financiar centros que segregan la educación por sexos. Ha habido un retroceso en términos de democracia y de participación de los diferentes partenaires de la comunidad educativa y se imponen direcciones a dedo, como estamos viviendo en muchas comunidades. Hay un último tema en la Lomce que nos parece básico y es que se avanza un paso más en dar un papel secundario a la educación pública en la medida en que no tiene la obligación de ofertar plazas públicas suficientes en todos los lugares donde sean necesarias. Es una reforma más, es una ley conservadora, ideológica e insuficiente que supedita la calidad de la educación al mercado y entendemos que es urgente su derogación mediante un pacto social y político como garantía de una nueva ley que dure, que sirva, que sea eficaz y que tenga vocación de continuidad en el futuro.

En tercer lugar, los problemas estructurales, sobre todo me voy a referir a uno. Creemos que España tiene un problema histórico en educación que es la segregación social. El último informe PISA 2015 dice que España ha retrocedido 5 puntos en el índice de inclusividad social, hemos pasado del 74 al 69. Somos los antepenúltimos de los países europeos de la OCDE y los quintos por la cola en la OCDE. Los efectos negativos son la falta de equidad educativa y de cohesión social y hay una relación muy directa entre el modelo educativo y el modelo de sociedad. La comunidad científica, la evidencia empírica, los países de nuestro entorno e incluso algunas comunidades de nuestro país demuestran que es perfectamente posible compatibilizar equidad, calidad o excelencia y cohesión social. Uno de los elementos principales que abundan en esa segregación es la existencia de una red privada con fondos públicos, la red concertada. Ha creado un modelo segregador, un modelo que necesita seleccionar el alumnado y que genera un mercado educativo que multiplica las desigualdades. Nos parece que además es una anomalía, no tiene nada que ver con lo que sucede en los países de nuestro entorno, en Europa. Al igual que no se puede educar en democracia desde un modelo educativo autoritario, es muy difícil conseguir una sociedad más cohesionada desde un sistema educativo segregador. La red pública tiene que ser gratuita para evitar esa segregación y se debe suprimir cualquier modelo o práctica que abunde en la segregación social del alumnado, bien sea la doble red, bien sea el bilingüismo o los bachilleratos de excelencia. El segundo tema es la distorsión de la religión en las aulas en su forma confesional -otra cosa es en sus aspectos culturales-. Creemos que no se respeta el carácter laico en el conjunto del sistema educativo y que hay una injerencia de intereses particulares. En nuestra opinión, esto es contrario al derecho universal a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Es contrario a lo que recoge la Declaración de Derechos del Niño de 1959 y a la Convención de 1989. Entendemos que la religión debe salir del currículo y del ámbito escolar. Debe prevalecer el interés superior del niño. El tercer tema es el no reconocimiento del profesorado por las administraciones educativas. Hay una desconfianza secular hacia el profesorado, es una constante de los diferentes Gobiernos. A veces, la sensación de maltrato que tenemos los profesores que estamos en activo es muy potente, muy fuerte. Cuando, además, hay recortes se suelen acompañar de campañas de descrédito. Creemos que no se tiene en cuenta la dificultad que hay para cohesionar equipos en torno a proyectos educativos, se les aplica movilidades forzosas. No está valorada la intensidad y la especialización de nuestro trabajo e incluso la fuerza que requiere enseñar en tiempos de desesperanza. No sé si ustedes son conscientes de que en estos tiempos con la situación de crisis, de


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paro masivo, esa idea del ascensor social que existía antes la han perdido muchos alumnos, más allá de otros enganches o adicciones que puedan tener. La han perdido, cuesta trabajo enseñar, cuesta trabajo motivar. Es un empeño diario en el que ponemos mucho esfuerzo, eso se traduce en cansancio y en una serie de elementos de deterioro de las condiciones laborales que repercuten en la calidad de la atención a los niños y que solo es paliada por el esfuerzo que decía antes que hacemos para evitar el impacto de los recortes. Quizá, en ese compromiso tan potente que tiene el profesorado está el alto índice de valoración que este colectivo tiene, es uno de los colectivos más valorados juntos con investigadores y médicos en las encuestas que se hacen sobre colectivos sociales, pero no podemos ser ajenos al malestar docente. Señorías, hay cierta expectativa sobre el trabajo de esta Comisión porque esperamos soluciones, porque queremos recuperar el empleo público perdido. Queremos que haya más estabilidad del profesorado, queremos que haya mejora en las condiciones de trabajo y esperamos que este pacto pueda dar soluciones en este sentido.

Paso al capítulo de propuestas con seis puntos. Primero, considerar la educación como un derecho. Para ello la red pública tiene que ser la única que garantice el derecho a la educación como una realidad que asegure la cohesión social. Debe haber una oferta suficiente de plazas públicas de cero a dieciocho años que garantice que todo alumno tenga una de ellas asegurada. Tiene que haber una red única de centros de titularidad y de gestión pública y, de forma progresiva y negociada, debe suprimirse la financiación a los centros concertados.

Segundo, la universalidad del derecho a la educación. Universalizarla significa abordar, por ejemplo, el tramo de cero a seis años que no está asegurado y con carácter plenamente educativo y no como guardería, que a veces es como se enfoca. También hay que rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas internacionalmente, ampliar las dotaciones de personal docente y de otros servicios y recursos que permitan atender suficientemente la diversidad. Queremos evitar la clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una enseñanza comprensiva e integral de la máxima calidad. La red pública de centros integrados de formación profesional es una necesidad para este país lo mismo que extender la red de educación para personas adultas, para asegurar el derecho a la educación durante toda la vida del ciudadano.

Tercero, la educación inclusiva. Nos parece fundamental y para ello hay que organizar los centros educativos y el currículo de tal forma que lo permita con un enfoque desde la inclusión -docencias compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado, otros profesionales, apertura a la comunidad educativa, comunidades de aprendizaje- y que no haya segregación ni por capacidad académica ni por sexo ni por diversidad cultural ni social. El carácter plurinacional del Estado debe reconocer las peculiaridades de cada comunidad autónoma con sus propias leyes de educación en el marco legal existente. También creemos que debe haber un plan de medidas para favorecer el derecho a aprender de todo alumno en la educación obligatoria. La equidad es una asignatura pendiente que va más allá de la igualdad de oportunidades. La equidad es dar más a quien más lo necesita.

Cuarto, apuesta por un currículo sin idearios particulares. Eso supone que sea laico, que sea una educación sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y elimine el adoctrinamiento y supone también lógicamente que la base de la educación sean los principios científicos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El currículo tiene que ser para la vida, tiene que reunir los conocimientos de ciencias, de humanidades, de sociales, de arte, los saberes populares, tradicionales; todo lo que forma parte de la vida cotidiana para construir una ciudadanía informada y crítica. Tiene que ser un currículo pluricultural, intercultural. Ha de ser integral, no formulado como un listado de contenidos mínimos y un compendio de competencias sino de forma global, integrada y compleja para buscar soluciones a problemas y situaciones sociales, ambientales y éticas que sean relevantes. Tiene que adaptarse al contexto, con un importante margen de adaptación y de desarrollo por parte de la propia comunidad educativa de cada centro. Tiene que potenciar el conocimiento compartido, cooperativo y abierto. No tiene que ser un currículo competitivo. No hay por qué realizar pruebas externas que tengan como objetivo homogeneizar el aprendizaje, sí para detectar problemas y buscar mecanismos de mejora. Desde luego, estamos en contra de la elaboración de ránquines que hagan competir a los centros entre sí. También debe ser ecológico con contenidos ligados a la sostenibilidad y al mantenimiento de la vida y de una ética ecosocial.

Quinto, un profesorado comprometido y reconocido. Hay que restituir condiciones laborales -he hablado antes de ello- y hay que reducir la figura abusiva de la interinidad que se aplica en muchas comunidades autónomas. Hay que elaborar un estatuto del profesorado, negociado con los sindicatos de profesores, que explicite con claridad sus derechos, sus deberes, su carrera profesional e incluso que


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revise los mecanismos de participación y de representación. Apostamos por la integración progresiva en un cuerpo único de profesorado. Estamos por una formación permanente, por mejorar la formación inicial y por una formación permanente más adecuada como un derecho y como una obligación de los docentes. Hay que buscar perfiles profesionales más adecuados a la realidad que tenemos y hay que garantizar la autonomía del profesorado y de los centros con participación democrática de la comunidad educativa. No es admisible que se coloquen direcciones a dedo, tienen que ser colegiadas, revocables y fruto del acuerdo de la propia comunidad educativa.

En último lugar, termino con el punto de financiación con tres ideas. Apostamos por un 7% del PIB como una garantía constitucional, como un suelo de inversión. También por un fondo de compensación que garantice la equidad para aquellos centros y zonas que tienen más necesidades, y por la gratuidad de la enseñanza básica entendida en sentido amplio -becas, transportes, comedores, libros, material, etcétera-. Se debe blindar la financiación de forma adecuada pero no solo -y es importante- por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y de justicia social, sino también porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad, un país. Hay múltiples argumentos para ello, últimamente hasta un banco hablaba -en otro sentido, eso sí- de ello. El Bank of America Merril Lynch decía que era más rentable que invertir en Bolsa, que por cada dólar que se mete en educación hay un retorno de diez dólares. También argumenta en esa misma línea el economista James Heckman, Premio Nobel de Economía de 2000. Asimismo, no sé si conocen la frase famosa de Bok, rector de la Universidad de Harvard, que dice que si les parece la educación cara, prueben con la ignorancia.

Acabo con una reflexión general en el siguiente sentido: somos conscientes de que el proceso de alcanzar un acuerdo no va a ser fácil, y hay incluso quien dice que un pacto educativo de todos es prácticamente imposible, sobre todo si lo negocian exclusivamente los partidos políticos en el ámbito parlamentario. Quienes opinan de esa manera tan pesimista dan razones de peso: por un lado, hablan de la experiencia de los intentos anteriores. No sé qué les habrá dicho el exministro Gabilondo, pero la intransigencia de algunos sectores conservadores, religiosos y privados hizo imposible un acuerdo en esta materia en otras ocasiones. Hay quien tiene también dudas razonables, como por ejemplo si es posible alcanzar un acuerdo con quienes apuestan por una escuela excluyente a través de reválidas, itinerarios y otros mecanismos de segregación, o con los que se replantean la gratuidad de la educación con pagos y tasas exorbitantes, o con los que quieren reducir el peso y la calidad de la educación pública en beneficio de la educación privada concertada, o con los que han dejado la participación de las familias, del alumnado y del profesorado en algo testimonial. Quizá la única manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea, por un lado, fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación y, en segundo lugar, establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados. En cuanto a la importancia de la educación, para nosotros es múltiple. Su finalidad tiene que ser conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo integral y moral de las personas y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Creemos que la igualdad de oportunidades y la equidad son finalidades básicas. Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en el empleo decente de los trabajadores. Hacer efectivo ese derecho a la educación en condiciones de igualdad requiere fortalecer la educación pública y una empresa de tal envergadura solo la puede acometer el Estado para garantizar la escuela de todos, de calidad y de forma gratuita. La educación es el cimiento de una sociedad y el Estado democrático no puede dejarla en manos de empresarios que fundamentalmente buscan hacer negocio con ella. Un sistema de educación democrático debe ser consecuencia de un acuerdo social, político y territorial alcanzado en ese proceso democrático en el que participe la comunidad educativa. No puede ser fruto de un mero maquillaje de la normativa legal existente. Creo que la mayoría de la comunidad educativa, las mareas verdes y los partidos políticos piden la derogación de esa ley y, por eso, les hago una propuesta muy concreta. Más allá de los formalismos y las audiencias -como esta que, como he dicho al principio, les agradecemos-, les pedimos que arbitren la manera de asegurar una participación real en las negociaciones de la comunidad educativa. Tanto en el contenido del documento que se puede sacar adelante como en el procedimiento a seguir hay un punto obligado de partida, en nuestra opinión, que es el documento de bases para una nueva ley de educación. Voy a hacer entrega de este documento a la Comisión para que lo tengan ustedes, para que lo lean con cariño y respeto, por supuesto -estoy convencido de ello-, y lo tengan muy en cuenta en sus trabajos y deliberaciones. Las líneas básicas de ese documento, elaborado por muchísimas entidades, con un gran consenso entre ellas, nos parece que sientan las bases para lo que podría ser una nueva ley educativa donde la educación esté al servicio de


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la sociedad, de la ciudadanía y no del mercado. Nosotros queremos creer en ustedes, señorías, en su buen trabajo, en que van a colocar la educación pública como la primera prioridad de este país, que blindarán la inversión educativa para que no pueda verse afectada, por ejemplo, por el artículo 135 de la Constitución española. Traemos propuestas concretas y muy elaboradas. Nos ofrecemos a participar en todo el proceso de negociación. Sabemos que los efectos negativos de la crisis se concentran en las personas con menos nivel de formación y que la nueva economía y los nuevos empleos deberán requerir una fuerza de trabajo más cualificada, pero la educación es mucho más que formar mano de obra, la educación es la palanca para la regeneración que este país necesita también y ustedes tienen la ocasión de hacer historia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno García.

Vamos a comenzar el turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios que, como les recuerdo, tendrán cinco minutos para plantear sus cuestiones.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

En primera lugar, quiero agradecer la presencia y la comparecencia del representante de la Marea Verde, don Agustín Moreno. Usted ha hecho una fotografía, casi radiografía, de la situación actual que es inquietante pero no por eso menos cierta y que se parece bastante a la que nosotros sufrimos también tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra, con realidades tan histriónicas como la de impedir el acceso al conocimiento de una de las lenguas oficiales en el territorio navarro en función de una prueba de zonificación que excluye a una parte de la población navarra de conocer su propia lengua, el euskera.

Usted señalaba varias cuestiones y le quiero hacer tres preguntas. La primera tiene que ver con lo que ha señalado como la necesaria no supeditación de la educación al mercado, que compartimos: ¿qué valoración tiene usted sobre la entidad, la importancia que se le da a la hora de construir el modelo educativo al informe PISA, por ejemplo, que no es sino un instrumento emanado de la CEOE pero que parece que sirve para ensalzar virtudes o para denostar cualidades, en función de cuál sea el ránquin que se obtiene? Me gustaría conocer su opinión sobre eso. La otra cuestión que señalaba es la de las características que tenía que tener el pacto educativo. Compartimos todas las que señala. Tampoco le negamos -no es ninguna novedad en esta Comisión ni en esta Cámara- que nosotros apostamos por un sistema propio, por un sistema educativo vasco que no esté sometido a ningún tipo de injerencia ni de control superior externo -en este caso, por lógica, sería del Estado español-, pero si el pacto educativo que se pueda poner en marcha en el Estado español cuenta con las características que usted ha señalado en torno al laicismo, la calidad en el empleo y la generación de personas críticas, sería bienvenido. Le quería hacer una pregunta: ¿es posible construir ese pacto educativo en la medida en que estemos condicionados por las directrices del Plan Bolonia? Por último, usted ha señalado la necesidad del pacto educativo, como decía hace un instante, pero también ha constatado que mientras tanto la Lomce sigue vigente. Me gustaría conocer -lo digo desde el desconocimiento, en este caso propio- cuáles son todas las actividades que la Marea Verde ha realizado. No sé si en el Estado han llevado a cabo iniciativas equivalentes a la que ha llevado por ejemplo la Hezkuntza Plataformen Topagunea, que es una red de centros desobedientes ante las reválidas y otras cuestiones relativas a la Lomce, que en nuestro caso, y a través de Heziberri, también se aplican. Me gustaría conocer, en esa oposición a la Lomce que se mide y se constata todavía hoy -porque la Lomce existe-, qué iniciativas de este tipo, que vayan más allá de la crítica que compartimos y que he podido comprobar nuevamente, se están poniendo en marcha, por ejemplo en el terreno de la desobediencia o de los plantes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Vasco, el señor Agirretxea no está. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olóriz.

El señor OLÓRIZ SERRA: Gracias, presidenta.

Señor Moreno, no nos conocíamos personalmente, pero hemos militado en el mismo sindicato y conozco su trayectoria política y sindical. No es fácil luchar durante toda la vida, es muy complicado y, en


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todo caso, le felicito por que esté aún en la primera línea de batalla porque en educación parece que la batalla sea permanente.

Usted ha dicho una cosa que comparto. Esta subcomisión empezó lastrada por no derogar la Lomce. Cuando hemos escuchado hablar al señor Gabilondo, pienso que los dos problemas principales que tenemos son este, no haber derogado la Lomce, y que probablemente esta subcomisión tendría que ser una de las comisiones del pacto por la educación; es decir, pienso que será complicado que en una subcomisión, sin un liderazgo por así decirlo -con todo mi respeto por la coordinadora- político fuerte, se puedan romper todas las dificultades que se nos ha dicho que han tenido los otros intentos. Pero, bueno, veremos dijo el ciego.

Hay un elemento que usted representa bien y que es cómo se vive en las aulas y en las de las escuelas públicas esta situación difícil de los recortes; recortes que se han sufrido en todas las comunidades autónomas y, por tanto, en Cataluña. Me ha gustado lo que ha referido usted de ese profesor respecto a enseñar en tiempos de desesperanza. La única manera de hacer pacto es dar esperanza, dar confianza y solo habrá confianza si se dicen las cosas con sinceridad. Puede que usted haya molestado con su sinceridad a más de uno de los que están en esta subcomisión, pero la sinceridad es la base de cualquier acuerdo futuro. Es cierto que si hay un acuerdo no será el 100% de lo que usted nos ha propuesto. Si hay un acuerdo, no podrá ser -y como sindicalista usted lo sabe-, la propuesta inicial, pero es cierto que solo se acuerda si se acerca a la propuesta inicial. En este sentido, se ha hablado de que el corazón de la enseñanza es la escuela pública, que la educación es un servicio público y que sobre estas bases podemos construir un pacto.

Se ha hablado del artículo 27 y el artículo 27 fue resultado de un pacto, ahora se puede sacralizar, pero fue el resultado de opiniones muy diversas sobre el modelo de enseñanza que culminó en el 78 -ya han pasado muchos años- en aquel artículo. Si no llegamos a un acuerdo en el año 2017, tendrá que ceder mucha gente, no solo una parte, y siempre parece que la parte que ha de hacer es la escuela pública, y esto si se quiere reforzar la confianza.

Nos veremos en próximos actos. Espero que esta subcomisión no sea solamente la presencia de una serie de expertos, sino que tenga otra base fuera de este Congreso en la que se pueda generar confianzas. No habrá pacto político sin confianza mutua y, no habrá confianza mutua, sin una defensa clara de la educación. Usted lo ha dicho, no sé si es en el 7 o en el 6, pero sí que la Constitución o cualquier constitución que se haga en el futuro en cualquier país del Estado español, tendría que blindar el gasto educativo. Si hay una cosa que se ha de blindar es el gasto educativo. Sin gasto educativo las mejores propuestas se quedan en nada, y el resto es el resultado de la desconfianza.

Muchas gracias por su intervención y, en todo caso, tomamos nota.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olóriz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias al ponente, Agustín Moreno, por la exposición que nos ha hecho y el diagnóstico y la concreción, aunque haya algunas cuestiones que yo le voy a preguntar porque no me han quedado del todo claras.

Nosotros coincidimos en algunas cuestiones y en muchas otras no. Somos partidarios de que hay que aumentar el gasto educativo, pero no solo porque los estudios ponen de manifiesto que la mejora de la calidad educativa -en parte, pero no totalmente- está condicionada a la inversión, aunque sea una variable explicativa importante, pero no la única. Coincidimos en que obviamente no nos gusta la Lomce. No coincidimos en que no haya un acuerdo implícito de derogación, porque si estamos en esta subcomisión discutiendo y trabajando para elaborar una nueva ley básica de educación, la nueva ley básica de educación implica una derogación por sustitución, y no hay otra manera de entenderlo. Por tanto, es una derogación en diferido que yo creo que está incluso admitida por el Partido Popular en la medida en que ha suscrito esa petición de subcomisión, y en la medida en que se ha admitido por los grupos parlamentarios proponentes que hay que mejorar algunas cosas como hay que mejorar algunas otras cosas de la Lomce, de la LODE, etcétera. No nos ha valido el sistema que hemos tenido porque hoy por hoy no está funcionando y, si no, no tendríamos abierta esta subcomisión.

Usted plantea algunas cuestiones que exceden de lo meramente educativo que podemos o no compartir, pero creo que no es el foro del debate sobre la cuestión del laicismo. Podría compartirlo, pero existe una Comisión de acuerdos internacionales, que es donde se tendrían que debatir determinadas


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cuestiones, porque nosotros tenemos que satisfacer los compromisos que tenemos firmados. Luego podemos debatir si son o no pertinentes o propios. Coincido en que hay que implantar la educación como servicio de interés público obligatorio, gratuito y universal antes de cero a seis años. Es una apuesta que hemos hecho y creemos que es importante. Ahora bien, no coincido con otros planteamientos, como la supresión de los conciertos o la vinculación de la equidad a determinados planteamientos que ha hecho usted.

Simplemente voy a hacerle tres preguntas. Me gustaría saber qué entiende usted por pacto, si el pacto implica cesión o no. También quisiera saber qué entiende por comunidad educativa, porque yo soy profesora y madre y antes que usted han comparecido miembros del Consejo Escolar del Estado y algunos expertos. ¿Considera que ANPE, Concapa y Canae son o no comunidad educativa? Lo digo porque hay un debate. La tercera pregunta es si considera que una subcomisión parlamentaria, que es la única vía que se ha establecido, que puede gustar más o menos, para empezar un pacto por la educación, es legítima o no. La legitimidad es una cuestión relevante y me gustaría conocer su postura y, si no lo considera así, ¿dónde cree usted que tiene que estar la legitimidad para reformar el sistema educativo?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer, como no podría ser de otra manera, al señor Moreno su comparecencia y su intervención, que ha sido clara y distinta, como diría Descartes, pero sobre todo valiente, huyendo de las ambigüedades y defendiendo un modelo de educación pública hasta las últimas consecuencias.

Sé que usted ha sido docente durante muchos años y quería preguntarle por su experiencia en su instituto de Vallecas. Me gustaría que explicara a esta Comisión cómo valora los cambios legislativos que ha introducido la Lomce y cómo se han dejado sentir esos casi 7.000 millones de recortes durante estos años en el día a día de su centro y en su experiencia más directa.

Tengo que reconocer que hace años que leo con atención sus artículos que publica en diversos medios. A propósito del pacto educativo, le leí hace unas semanas, considera imposible un pacto educativo con quien nunca ha creído en la educación pública y sigue apostando por un modelo excluyente y desigual. Quiero que valore qué considera que ha cambiado en este país para que ahora podamos tener esperanzas en que este pacto pueda arrojar algún resultado positivo, si es que puede hacerlo. Le he escuchado hablar del absurdo de negociar una nueva ley de la educación en lo que usted llama una mesa camilla, una comisión que funcionara como una mesa camilla al margen de la comunidad educativa. En este sentido, me gustaría que ahondara en las propuestas que ha planteado para que la comunidad educativa participe de forma efectiva, y no solo de manera pasiva o como compareciente en una comisión que reúna durante dos meses a expertos en este nuevo pacto.

Esto se lo he preguntado también al señor Gabilondo. Hay miembros del Consejo Escolar del Estado que consideran que hay ámbitos de educación o de lo pedagógico que no deben ser legislados, sino que deben ser gestionados por cada centro. Se lo decía a colación del debate con los deberes y me gustaría preguntarle cuál cree que debe ser el límite de una ley educativa y cómo se puede articular esa ley con la sociedad civil y cuál debe ser el protagonismo que la sociedad civil debe tener en los centros públicos. Ha señalado un asunto que nos parece fundamental, sin el cual no habrá pacto educativo o al menos nosotros no estaremos en él. Creemos que no hay derecho a la educación sin garantizar las condiciones materiales y económicas necesarias. Estamos hablando de que España tiene un gasto educativo en torno al 4,2% del PIB y las mareas verdes y la comunidad educativa están exigiendo que nos aproximemos a la media europea, que está en el 5,6%, para asegurar ese 7% que permitiría levantar un sistema educativo público muy deteriorado. El gasto público ha disminuido en casi 7.000 millones de euros en la anterior legislatura. Aparte del gasto público, debemos considerar que la educación no es del todo gratuita para las familias, ni siquiera la que es obligatoria, si tenemos en cuenta aspectos como el comedor, las actividades complementarias, los materiales y los libros, para los que las ayudas han disminuido un 35,5%. Aparte tendríamos que hablar de las becas sobre el que también nos gustaría saber su opinión, ya que entre los cursos 20092010 y 20122013 se ha producido una disminución de los beneficiarios de becas y ayudas al estudio de más de 500.000 personas, siendo especialmente intensa esta reducción en las ayudas


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desde el curso 20112012, es decir, desde que se aprobó el Real Decretoley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público. ¿Cómo cree que se debería hacer frente a estos recortes en una nueva ley educativa? ¿Considera que una nueva ley educativa tiene que tener una memoria económica asociada?

Por otra parte, queríamos hablar de la Lomce. La Lomce ha conseguido lo que nadie antes consiguió: ha puesto de acuerdo a toda la comunidad educativa en su contra. Ha habido cuatro años de movilización social muy importante y para nosotros es un honor que hoy esté la Marea Verde hablando en el Parlamento. En este sentido, quería preguntarle si en la comunidad educativa se vislumbra la posibilidad de un pacto educativo sin derogar la Lomce. Antes una representante decía que esta subcomisión implica una sustitución de la Lomce, pero bien pudiera ser que aquí no se llegara a ningún acuerdo y la Lomce siguiera vigente. Esta ley ha traído consigo aspectos muy polémicos y le podríamos preguntar concretamente por varios de ellos. Le podríamos preguntar su opinión sobre los itinerarios, las pruebas externas y su utilidad o no, la legitimación de la segregación por sexos en la educación concertada o el papel de la religión, pero me gustaría hacer mención a una cuestión que creo que va a ser muy debatida aquí. Se trata del acceso a la Función pública docente y el MIR del que se está hablando. Aquí cada ponente va a tener una idea distinta del sistema de acceso, pero nos gustaría saber cuál es su opinión y si considera que ese MIR pudiera tener un cierto riesgo en la medida en que pueda implicar escalonar los salarios y recortar los derechos del profesorado en función a su experiencia. ¿Qué modo de acceso a la función pública docente propone la Marea Verde para seguir garantizando los derechos de los trabajadores de la educación?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón.

El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidenta.

Don Agustín Moreno, en primer lugar quiero agradecerle su presencia a usted y a la organización a la que usted representa, la Marea Verde. Es un honor para nosotros que usted esté hoy aquí. Queremos felicitarle porque creemos que ha realizado un excelente diagnóstico sobre el sistema educativo actual y ha presentado una serie de propuestas que entendemos muy pertinentes y con las que tenemos un alto grado de acuerdo. Ha mencionado usted una tríada que me parece muy interesante: no solamente se necesita equidad y calidad, sino que además tiene que conllevar la cohesión social necesaria para que esto sea lo que necesita nuestro sistema educativo y, evidentemente, esto no se puede dar sin financiación. Ha pintado usted un panorama de un recorte de 8.000 millones de euros aproximadamente, pero el Plan de estabilidad firmado con Europa nos llevaría al 3,7% del PIB en el año 2018 y eso implicaría como mínimo 13.000 millones de recorte. Al igual que ustedes, nosotros entendemos que no podemos apostar por la comprensibilidad y la equidad en el aprendizaje, por la inclusión y por compatibilizar calidad y excelencia sin que se aporten los recursos suficientes al sistema. Eso provocaría que el derecho a la educación del artículo 27 se quedara a la puerta de la escuela pero no entrara nunca, porque dentro de ella no habría recursos para llevarlo a cabo.

Ha comentado usted una cosa que también hemos leído en varios de los documentos que ha aportado a la Comisión, los cuales le agradecemos. Hablaba usted de red pública suficiente de cero a dieciocho años. Entiendo que eso no significa universalización de cero a dieciocho años, sino que se aporten las plazas públicas suficientes para todos los que deseen estar en el sistema educativo de cero a dieciocho años, y le pediría que lo aclarara.

Con respecto al laicismo, ha hecho usted una diferenciación que entendemos importante, y es que el hecho de que haya una enseñanza laica no quiere decir que el hecho religioso quede fuera de la educación. Conocemos el informe de Regis Debrays, que compartimos en gran medida, en cuanto a la necesidad de que el hecho religioso tenga su papel en la historia, en la literatura, en el arte, etcétera, pero no comenta usted nada -sabe que para el Grupo Parlamentario Socialista es interesante- sobre los contenidos que nosotros en su momento dimos a una nueva materia: Educación para la Ciudadanía, que si bien no quiero sacralizar la denominación ni tampoco quiero una explicación exacta del currículum, sí quiero preguntarle qué le parece su introducción, bien como materia alternativa o diferenciada, bien como materia incorporada transversalmente en los contenidos de la educación. También coincidimos con ustedes en que evaluar no debe servir para segregar, sino para identificar problemas, identificar necesidades y, sobre todo, para ofertar respuestas a los problemas que el sistema nos canta a través de esas evaluaciones. Me gustaría


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que nos aclarara esto un poco, porque en esta Comisión vamos a tener un problema que ahora mismo estamos viendo, y es el problema de la polisemia.

Hablamos de autonomía de los centros, pero no es lo mismo según lo hable uno o según lo hable otro; hablamos de democratización de los centros, pero no es lo mismo que lo hable uno o que lo hable otro. ¿Cómo entienden ustedes la autonomía de los centros? ¿Hasta qué punto estaríamos de acuerdo en que pudieran participar las autonomías en los diseños curriculares o en alguna parte de los mismos? En esa democratización de los centros, ¿cómo entenderían ustedes la dicotomía claustros-consejos escolares con la participación de las familias? Saben que en principio estamos de acuerdo con que esto sea así y hemos apostado mucho por ello. Y ya concretamente en el currículum -casi como colega y entendiendo que usted ha dado clase muchas veces-, me gustaría saber si ustedes verían necesario un análisis tremendamente serio del currículum, entendiendo que yo creo que tenemos un currículum demasiado exagerado en este país. Si me permite una frase fácil, a lo mejor habría que enseñar menos para que los niños pudieran aprender más, o por lo menos seleccionar mucho mejor los contenidos para que pueda estar aquello que si tendría que estar.

En cuanto al profesorado -lo dijo antes el compañero, Javier Sánchez, de Podemos-, se habla mucho del MIR educativo, pero no todos los modelos son iguales. De todas formas, le preguntaría si usted cree que en principio lo que se propone comúnmente en este modelo, que es un sistema de formación, un sistema de selección y un proceso de prácticas para llegar a la profesión docente, sería interesante explorarlo. Aquí quiero agradecer una mención que usted ha hecho y que me parece muy pertinente, y es el agradecimiento que ha hecho usted al profesorado o que ha destacado usted del profesorado, que sí creo -lo comparto con usted- que ha elaborado un papel de colchón de toda la problemática que ahora se ha introducido en la escuela y fundamentalmente en la pública. La participación no puede acabar en esta Comisión, la participación real de la comunidad educativa tiene que ser un hecho. Para nosotros esta Comisión es un elemento necesario pero no suficiente, porque entendemos que es necesario un pacto político y que sin él no se podría llegar a lo demás. Repito, este es un elemento necesario y no suficiente, y sin duda apostaremos -como ustedes- por que todos los componentes de la comunidad tengan su necesaria participación en el conjunto final y lo que tiene que significar un pacto educativo, social y, como se ha dicho anteriormente por el exministro Gabilondo- territorial donde las comunidades autónomas estén perfectamente representadas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo quiere comenzar agradeciendo a don Agustín Moreno sus aportaciones, sus reflexiones y sus propuestas respecto a lo que, desde su punto de vista, tendría que ser el futuro pacto educativo en España. La verdad es que podemos compartir algunos aspectos que usted hoy aquí ha comentado, aunque en otros discrepamos abiertamente, pero creo que esa es la esencia de la democracia. Es cierto que nosotros tenemos voluntad de acuerdo, de consenso y de escucha, pero eso no significa que veamos la educación desde una perspectiva excluyente, sectaria y que signifique romper consensos como el de la Constitución. Nosotros podemos hablar de mejorar la educación pero, por ejemplo, teniendo en cuenta que el artículo 27 de nuestro texto constitucional establece el derecho a la educación y especialmente a la libertad de enseñanza. En ese aspecto obviamente no podremos coincidir. No obstante, usted ha hecho una serie de consideraciones y con algunas estamos de acuerdos y con otras no. No tiene sentido negar aquí que ha habido recortes, por tanto, no vamos a entrar ahí, pero sí habrá que decir, por ejemplo, que la tasa de abandono educativo temprano en 2011 era del 26,4 y que en 2016 ha sido del 19,4; o que en el asunto de las becas, que se ha puesto sobre la mesa, el año 2016, a pesar de las dificultades, se cerró con 1.416 millones de euros y 863.332 becarios. Podremos entrar posteriormente a considerar si el sistema se puede mejorar, si es justo, etcétera, pero lo que es innegable es que ha habido una aportación máxima en la historia de la educación en España y, sobre todo, que el número de becarios ha sido muy importante.

Hay aspectos que compartimos como el de que los profesores, quizá la piedra angular del sistema educativo, en estos últimos años han sido el sostén educativo. Han puesto esfuerzo, dedicación e ilusión, y han intentado superar las trabas, especialmente por las dificultades sobrevenidas. Pero esto lo voy a hilar con el tema de la inversión. Es obvio que cualquier sistema educativo necesita inversión, y cuanta


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más mejor, y si aspiramos al 6 %, bienvenido sea -ahora mismo estamos en más del 4%-. Pero no es menos cierto que hay muchos estudios que demuestran que la inversión nunca va ligada a los buenos resultados o a elevar el índice educativo de un país.

Recuerdo lo que pasó en Estados Unidos en la década de los ochenta y cuando, posteriormente, se puso de manifiesto que a pesar del enorme incremento del presupuesto -creo que en torno al 170 %- finalmente no se consiguieron los resultados apetecidos. Incluso en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, se apostó de manera muy importante también por la inversión educativa, y tampoco se tradujo en resultados importantes. Esto quiere decir que muchas veces no se trata solo de gastar, sino de saber invertir, de gastar bien y de gastar mejor. Aquí es donde tenemos que hacer hincapié cuando hablamos de recursos. Hay que saber invertir y, sobre todo, hay que saber dónde tenemos que poner el objetivo para mejorar algún aspecto de la educación que no sea el adecuado.

Respecto al profesorado, creo que son importantes el estatuto del docente, la carrera profesional y la selección del profesorado, algo fundamental. Asimismo, comparto que el nivel de interinidad en la educación es insostenible y, sobre todo, que cada comunidad autónoma tenga unas fórmulas diferentes de selección de ese profesorado interino. Por tanto, creo que hay que hacer todo lo posible por reducir al máximo la interinidad en la educación, porque eso redunda en una mayor calidad educativa. Se ha hablado de la laicidad y de la religión, pero en el 72 % de los centros públicos andaluces los padres piden religión para sus hijos. Es un dato que expongo aquí. Por tanto, algo habrá cuando el 72 % de los padres de la pública siguen pidiendo educación religiosa para sus hijos.

No estoy de acuerdo con el enfoque que le da a la educación concertada respecto a la segregación social. Conozco multitud de colegios religiosos que actúan en lugares poco favorecidos, como puede ser el de La Cartuja, en Granada, o las el de las Cuevas de Guadix, sin ir más lejos. No todo es segregación, sino que ahí están haciendo una gran labor social, al trabajar precisamente con los más desfavorecidos. No es bueno meter en la misma bolsa a todo el mundo, y es importante que apostemos por ese equilibrio entre la escuela pública, de la que somos defensores -soy profesor de la pública-, y la libertad de los padres a elegir en ese aspecto.

La señora PRESIDENTA: Señor Pérez, tiene que ir terminando.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Por último, respecto a las pruebas, creo que es bueno que el sistema pueda evaluarse. Es bueno que podamos evaluar para mejorar tanto profesores como centros como el sistema en su conjunto; para que una vez que sepamos dónde están los fallos, aplicar las medidas correctoras necesarias.

Termino agradeciéndole sus aportaciones que, desde luego, nosotros como grupo las tendremos en cuenta y nuestra idea es, sobre todo, que podamos llegar a un consenso sin exclusión, pero que sirva para la mejora de la educación en España.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Santiago Pérez, por su intervención.

A continuación, por un tiempo de diez minutos, tiene la palabra don Agustín Moreno para contestar a todas las cuestiones.

El señor MIEMBRO DE LA ASAMBLEA MAREA VERDE (Moreno García): Muchísimas gracias.

Quiero agradecer las aportaciones que han hecho y sus opiniones respetuosas sobre nuestra postura. En diez minutos poco voy a poder contestar, así que intentaré contestar las más gordas. Empezaré por el final, por lo que decía el representante del Partido Popular; voy a hacer tres precisiones, y me alegro de que haya elementos de coincidencia aunque, evidentemente, haya muchos en los que no podemos coincidir. El primero de ellos es sobre la libertad de enseñanza. Me parece muy bien la libertad de enseñanza; yo no estoy en contra ni colectivamente estamos en contra de la libertad de enseñanza, pero con dos matices: la libertad de enseñanza no significa la libertad de los centros para seleccionar el alumnado, y la libertad de enseñanza no tiene por qué ser financiada con fondos públicos. Si hay un sistema educativo público de calidad, que es la apuesta que tenemos que hacer, no hay por qué pagar a ninguna familia que quiera segregar a sus hijos respecto a la mayoría de la población, de los que viven en su entorno. Antes decía que era una anomalía, porque tengo muchos amigos y tengo familia en Francia, en Suiza y en Alemania y allí es pública; va todo el mundo, hay mezcla social y se junta el hijo del ingeniero, del funcionario, del albañil o del comerciante, todos, en la etapa obligatoria. Luego, la cuna y las


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posibilidades socioculturales o económicas de cada familia hacen que unos tiren para un lado y otros para otro. Pero eso es hacer sociedad, es cohesionar la sociedad, es hacer Estado, es hacer nación, y eso, en este país, hay elementos que lo distorsionan. Si alguien quiere que le paguemos el club de golf no hay por qué pagárselo; el parque de El Retiro es un campo estupendo, público y maravilloso para que vayamos todos y es por lo que hay que apostar.

El segundo matiz -para la representante de Ciudadanos- es sobre el tema del laicismo, que también ha salido dos o tres veces. Decía Marta Mata -era una pedagoga catalana maravillosa y también cristiana- que el laicismo es sinónimo de democracia. Las dos cosas van unidas y sociedades muy espirituales son laicas y respetan la opinión de todo el mundo. El problema que tiene la religión en la escuela es que distorsiona el currículum, distorsiona la organización académica, no pone un mínimo de alumnos para tener grupos; la introducción de esa asignatura afecta del orden de ochenta horas en el horario anual, cuando es algo que pertenece al ámbito de lo privado, y cada familia es responsable de dar la educación que considere a sus hijos, pero en otro ámbito, no en el ámbito institucional y público.

En cuanto a la evaluación, sinceramente me parece un disparate. Les voy a contar una anécdota, ya que hablamos de algunos casos concretos. Mi alumno Mohamed, musulmán, se apuntó el año pasado a Religión Católica en 1.º de bachillerato, porque es evaluable, porque iba a sacar una nota estupenda, porque se lo pasaba bien -porque ponían cosas estupendas y no creo que les diesen mucha doctrina- y porque huía de Cultura Científica, que era la asignatura alternativa a la Religión. Eso no hay por dónde cogerlo, sinceramente, no hay por dónde cogerlo, ni en la presencia ni en que sea evaluable.

En relación con si los centros educativos segregan o no segregan y la pregunta que hacía el representante de Unidos Podemos, en el sentido de la experiencia concreta, le voy a dar dos datos. Por una parte, los datos de mi centro. Somos 777 alumnos; ha habido una movilidad del 37% del profesorado; lo mejor que tiene ese centro es un profesorado excelente y super comprometido. Tenemos 28 Adnes -alumnos de integración-, 69 alumnos de compensatoria, 76 de etnia gitana, 43 de ruta, que vienen de la Cañada con un autocar; 23 nacionalidades. Estamos considerados de difícil desempeño, pero siempre nos regatean profesores de compensatoria, o llegan tarde o nos desplazan a compañeros que están en programas de convivencia y de mediación entre alumnos. Los 76 alumnos, o 69 de compensatoria, que son los que tienen dos o más años de desfase curricular por situaciones étnicas, culturales y socioeconómicas, se concentran solo en el primer ciclo, solo en el primer ciclo, y en los grupos no bilingües. Con lo cual, se pueden hacer ustedes una idea de lo que significa eso desde el punto de vista de bomba de relojería. Pero, como decía antes, hay una plantilla maravillosa, comprometida y estamos dando buena calidad a pesar de esta situación. Iré un poco más allá. Hace dos semanas sacamos una declaración en el barrio de Vallecas, que es donde doy clase, en defensa de la dignidad de la escuela pública, y los datos que salían allí eran los siguientes: 135 alumnos escolarizados que vienen de la Cañada Real, de El Gallinero, en ruta a un colegio de línea 3. El colegio de al lado, religioso, concertado, línea 7, tiene solo 7 alumnos de compensatoria. Otro colegio maravilloso, que es referencia, etcétera, 80 alumnos. ¡Claro que se discrimina, claro que se selecciona! Por eso los temas que plantea esta comunidad, este barrio, respecto a los centros educativos, tienen dos líneas: una es evitar los recortes, pero la primera es la escolarización equilibrada. Y eso no lo aseguran las administraciones ni tampoco la red privada concertada.

Se han dicho muchas cosas. Por supuesto, estoy de acuerdo con Educación para la Ciudadanía directa y transversalmente. La obligación que tenemos, además de enseñar, es educar; educar para formar ciudadanos críticos, informados, formados, comprometidos. Por tanto, me parece una asignatura importante y es una pena que se haya quitado, aunque también tengo que hacer una crítica: que estaba muy mal dotada de tiempo; una hora a la semana era algo que no se correspondía con la importancia que se le quería dar, pero a veces hacemos muchos debates de estos en vasos de agua.

Creo que tengo que ir resumiendo, ¿verdad, señora presidenta?

La señora PRESIDENTA: No, todavía tiene cuatro minutos.

El señor MIEMBRO DE LA ASAMBLEA MAREA VERDE (Moreno García): Me preguntaban si tiene legitimidad esta Comisión. Por supuesto que tiene legitimidad, como tenía legitimidad el Partido Popular para aprobar la Lomce. ¿Cómo no va a tener legitimidad? Tiene una mayoría parlamentaria y ustedes son los representantes populares en este organismo, pero alcanzar un pacto que, además de político, sea social y que sea territorial -yo también defiendo la idea de que tenga muy en cuenta la singularidad de un Estado plurinacional- significa arbitrar mecanismos de negociación efectivos, como pedía antes.


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Por alguna experiencia anterior, recuerdo leyes muy complicadas, muy sensibles, que no se negociaban solo en el ámbito parlamentario, se negociaban aquí y se negociaban con los interlocutores que tenían que ver con el tema y, al final, eso cristalizaba en una ley; por supuesto, una ley que aprobaban las Cortes, pero hay que abrir mecanismos, hay que saber hacerlo, hay que encontrarlos. Por tanto, tienen toda la legitimidad, pero les hemos pedido formalmente que busquen la manera de que podamos participar de forma real. La comunidad educativa somos todos, especialmente esas tres patas cuyo funcionamiento se reconoce poco en los consejos escolares, en la elaboración de los proyectos educativos de centro, donde es claro que tienen que tener mucha más autonomía curricular en función del contexto y del medio. ¿Las familias? Fundamentales. ¿El alumnado? También, dándoles responsabilidad y creyendo en ellos -es básico verles crecer y que asumen responsabilidades-. Y luego está el propio profesorado. En cuanto al currículo, tengo que decir que es muy exagerado y que habría que ajustarlo y trabajar más otros estándares de aprendizaje sobre la base de competencias, no de elementos de contenido puro y estricto.

En cuanto a si hay esperanzas de lograr un pacto educativo ahora, ya se lo he dicho al principio. Con toda sinceridad, hagan lo mejor posible su trabajo, pero cuenten con nosotros. Si intentan hacer el trabajo solo entre ustedes, es probable que encallen. Tienen también complicada la cuestión de los tiempos por la propia legislatura, que es singular, de manera que no es nada fácil el trabajo que tienen que hacer, pero cuenten con nosotros. Si no cuentan con nosotros, va a ser difícil que la ley tenga legitimidad no solo aquí, sino social, en la calle, en las escuelas, en los centros educativos, porque debe ser una ley que no esté al vaivén de los cambios políticos que tengan lugar cada vez que haya elecciones generales sino que tenga vocación de futuro, como decía antes. Lo suyo hubiera sido derogar la Lomce. Evidentemente hay que sustituirla por otra cosa, pero había mecanismos y disposiciones legales para que dejara de tener efectos negativos en el plano concreto, en el plano de la derivación que hacemos a chicos a los programas de mejora de aprendizaje y de rendimiento, que se han convertido en grupos de compensación educativa bastante complicados, o a la formación profesional básica, que está fracasando y muchos de ellos se niegan a acudir y se quedan en los centros; los centros tienen esa característica: algunas veces hay quien no quiere ir y otras veces los de dentro no quieren salir.

Sobre el tema del acceso, primero tiene que haber una oferta pública de empleo que restituya el empleo público perdido; una oferta muy numerosa. Hemos estado con una tasa de reposición del 10%, uno de cada diez. En segundo lugar, tiene que fijarse un porcentaje mínimo de interinidad; tender a ese porcentaje y buscar los mecanismos para que eso realmente se produzca. En tercer lugar, tiene que haber un equilibrio en el acceso que compatibilice la experiencia práctica -la puesta en escena, la capacidad práctica- con la teórica: con la brillantez que tengan los opositores. Y, en cuarto lugar, claro que hay que hacer un acompañamiento, acompañamiento que habría que regular y que haya profesores de prácticas, profesores con experiencia, buenos, se llame o no se llame MIR, pero eso no es el centro del universo, es un tema menor. Hay que mejorarlo, pero antes hay que mejorar la formación: la formación de acceso, la formación inicial y la formación permanente, algo que en algunas comunidades prácticamente han suprimido.

Cuando usted diga, señora presidenta, me da tres minutos y concluyo.

La señora PRESIDENTA: Tiene tres minutos.

El señor MIEMBRO DE LA ASAMBLEA MAREA VERDE (Moreno García): Termino.

Como decía al principio, creo que la educación es la base de una sociedad, nuestros cimientos, y no se puede condicionar al afán de negocio de algunos ni a intereses ideológicos particulares. Este país necesita una normativa, una ley de educación estable, que no se sujete a los cambios políticos. Gane quien gane, tiene que haber continuidad. Para ello, el pacto es necesario y se debe construir con consenso; los consensos se hacen cediendo cada parte, evidentemente. Pero ahora mismo las posiciones de entrada o las que hubo en los intentos anteriores -en la negociación de la Lomce- han sido muy extremas, fundamentalmente por un lado; han sido muy extremas, señorías, y creemos que la búsqueda de consensos es fundamental. La negociación es necesaria, pero para que sea suficiente tiene que haber una apuesta por la red pública como eje vertebrador del sistema educativo en España. Tiene que asegurar el derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida y tienen que estar presentes los principios de igualdad, gratuidad, universalidad, laicidad, diversidad, inclusión, participación democrática, etcétera. Me parece que todo eso es básico.

Por supuesto, hay que invertir más porque hay una relación directa con la calidad. Y es verdad que hay que gastar bien, claro que hay que gastar bien, pero nadie puede cuestionar que invirtiendo más


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mejora la calidad educativa. Hay una relación causa efecto muy directa y hay que partir del principio de realidad. Tenemos que reconocer y potenciar al profesorado como una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque todo alumno y alumna tiene derecho a un buen profesor y todo profesor tiene derecho y obligación de formarse, de innovar, de cooperar con otros y de investigar. No podemos estar redescubriendo la rueda continuamente. Hablaba el representante del Grupo Mixto, el señor Matute, del tema de PISA. El informe PISA busca homogeneizar los contenidos que se dan y a veces nos quedamos con lo superficial: cómo está España, si avanzamos un puesto o dos puestos. Pero hay muchas más cosas; por ejemplo, lo que antes les comentaba en relación con el índice de inclusividad. Hay un asunto sobre el que podríamos reflexionar para no redescubrir la rueda a cada momento. Resulta que tenemos aquí una comunidad autónoma como es la de Castilla y León, gobernada, por cierto, por un partido conservador, que tiene unos resultados estupendos, como Finlandia. Pero si escarbamos un poco en la base del éxito -si lo podemos llamar así, que yo creo que sí- de Castilla y León, podemos observar lo siguiente. Primero, mayoritariamente es una escuela rural; una de cada tres escuelas es rural. En segundo lugar, tienen más inversión que la media de España, 1.000 euros más por alumno que la media de España. En tercer lugar, tienen un programa de formación del profesorado que es modélico. En cuarto lugar, aseguran la inclusividad, porque en los pueblos no hay segregación de unos por un lado y otros por otro, van todos juntos, excepto el hijo de no sé quien, que a lo mejor lo lleva a la capital y lo pone interno. Y eso significa grupos heterogéneos que, como decía antes, la evidencia empírica demuestra que ofrecen resultados educativos y académicos muy superiores a si se selecciona y clasifica por niveles. Y, por último, hay un reconocimiento social del profesorado espectacular. Quien no sepa la autoridad que tiene un maestro en su pueblo, en la escuela y en la sociedad es que no conoce esa realidad. Son modelos de referencia que nos deben servir para saber que es compatible trabajar con la red pública, la inclusión, la cohesión social, etcétera.

Acabo diciendo que el modelo educativo tiene mucho que ver con otras cosas; tiene mucho que ver con el modelo productivo que hay en el país, con el mercado de trabajo, con el modelo de sociedad y con la calidad de la democracia. Tiene que ver con todas esas cosas. Por eso, no escatimen esfuerzos en fortalecer la red pública.

A pesar del diagnóstico que he hecho, duro pero que se ajusta a la realidad, soy optimista porque creo que hay una voluntad de la comunidad educativa, en sentido amplio, de movilizarse por una educación pública de calidad; creo que esta situación de mayor equilibrio parlamentario y político puede contribuir a que haya más facilidad para el acuerdo, aunque va a ser difícil -también se lo decía al principio-, y, por último, porque veo a mi alrededor, a mi lado, a muchos profesores que quieren mejorar cada día y creo que ese es un principio claramente de esperanza.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.

Como presidenta de la Comisión le agradezco su presencia y también quiero dejarle un mensaje de esperanza porque le he visto bastante escéptico con nuestro papel a la hora de reunirnos para escuchar a más de ochenta comparecientes que vendrán a decirnos cómo ven la educación. Nosotros estamos deseosos de aprender porque, créame, no nos reunimos aquí para perder el tiempo, sino para ser útiles a la sociedad.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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