DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 117, de 14/02/2017
cve: DSCD-12-CO-117
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 117
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER
Sesión núm. 7
celebrada el martes,
14 de febrero de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar las ventajas inherentes
al mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001257) ... (Página2)
- Relativa al incremento de la siniestralidad laboral. Presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 161/000144) ... (Página6)
- Sobre las acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del
campo contratados por empresas de trabajo temporal. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000811) ... (Página13)
- De medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los centros
especiales de empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y
en la inclusión social de las personas con discapacidad. Presentada por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001001) ...
(Página18)
- Relativa al reemplazo y sustitución de los trabajadores jubilados en las
entidades prestadoras de servicios de la Seguridad Social en Gipuzkoa.
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de
expediente 161/001063) ... (Página25)
- Sobre el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001206) ... (Página31)
- Relativa a reforzar la cartera común de los servicios del Sistema
Nacional de Empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001256) ... (Página37)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A FOMENTAR EL TELETRABAJO Y A POTENCIAR LAS VENTAJAS INHERENTES
AL MISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001257).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Entramos en el orden del día, integrado por el debate y votación de
distintas proposición no de ley. Se ha solicitado un cambio a la Mesa
para que se debata en primer lugar la proposición que aparece en el orden
del día como punto 7.º, relativa a fomentar el teletrabajo y a potenciar
las ventajas inherentes al mismo, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Defiende la proposición no de ley el representante del Grupo Parlamentario
Popular por un tiempo no superior a siete minutos. Señor Echániz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente, y gracias por
la deferencia de hacer esta modificación en el orden del día, que nos va
a permitir asistir a otros compromisos en otras Comisiones de esta casa.
Quiero comenzar la intervención poniendo de manifiesto las mejoras que la
reforma laboral del año 2012 han permitido para promover nuevas formas de
desarrollo de la actividad laboral y dar cabida con garantías al
teletrabajo como una particular forma de organización del trabajo en
nuestro país.
A efectos jurídicos, con la modificación del artículo 13 del Estatuto de
los Trabajadores el teletrabajo en España ya es equivalente al trabajo
presencial. Es una nueva modalidad de actividad de carácter no presencial
basado en una orientación a la consecución de los resultados y apoyado en
la mayor parte de las ocasiones en las tecnologías de la información o de
la comunicación que posibilita a los empleados que puedan realizar parte
o incluso toda su jornada desde su domicilio particular u otros
emplazamientos, pudiendo llegar a una completa deslocalización. El
Gobierno del Partido Popular ha trabajado en los últimos años
intensamente para reestructurar esta modalidad de empleo y también para
garantizar los derechos del teletrabajador con la entrada en vigor de la
reforma laboral de 2012, como decía, donde se ha regulado por primera vez
en España este trabajo a distancia, modificando el artículo 13 y, por lo
tanto, dejando obsoleto el antiguo concepto de trabajo a domicilio, que
ha sido sustituido por el trabajo a distancia. Con ello se ha abierto la
vía a una regulación en detalle del teletrabajo como forma de realizar un
trabajo utilizando las tecnologías de la información; es decir poder
desarrollar de una forma regular esa prestación de servicios fuera de las
instalaciones de la empresa, aunque también cabe la opción de alternar el
teletrabajo con el trabajo presencial en la propia sede de la empresa.
¿Cuáles son las principales novedades que se incorporan con la citada
modificación del Estatuto de los Trabajadores? Estas novedades están
encaminadas, como no puede ser de otra manera, a la plena garantía de los
derechos de los trabajadores a distancia en los mismos términos que
aquellos que ejercen su labor profesional en el centro de la empresa;
entre ellos, el derecho a formalizar el contrato por escrito y a obtener
una copia del mismo, el derecho a percibir como mínimo la retribución que
le corresponde por su categoría, como mínimo el derecho a una adecuada
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, como mínimo que
sea el empresario quien deba establecer los medios necesarios para
asegurar a los teletrabajadores la formación profesional necesaria para
su cometido o como mínimo que el empresario deba posibilitar la movilidad
y la promoción e informar a los teletrabajadores de los puestos vacantes
para su desarrollo presencial en los centros de trabajo a la vez que
posibilitar el ejercicio de todos sus derechos de representación
colectiva.
Señorías, como consecuencia de los avances tecnológicos, en nuestra
sociedad el teletrabajo o el trabajo a distancia es una modalidad de
empleo que está adquiriendo cada vez más arraigo nacional e
internacional. En España el número de empleados que cumplen esas
funciones fuera de la oficina se ha multiplicado en los últimos años,
pero es todavía inferior a la media de otros países comunitarios o de los
Estados Unidos. Podemos confirmar que la tendencia global del trabajo a
distancia aún no se ha asentado definitivamente y con todas las
consecuencias en España. El teletrabajo, señorías, aporta claros
beneficios tanto para el empleado como para la empresa y se convierte de
esta manera en una forma madura, rentable de afrontar las necesidades del
escenario laboral actual. ¿Cuáles son a nuestro juicio las principales
ventajas para el trabajador? Esencialmente están relacionadas con la
mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar, con el ahorro en
tiempo y desplazamientos, con una mayor autonomía y potenciación del
desarrollo profesional, con un aumento de la movilidad y de la
flexibilidad del trabajador, con el desarrollo de su sentido de la
responsabilidad y de la confianza, con la reducción del estrés laboral
también, junto con la elección personal del entorno laboral, el acceso a
la formación potenciando la formación on line y la facilitación de la
inserción laboral de personas con discapacidad. ¿Cuáles son las ventajas
para la empresa? Esencialmente están relacionadas con la reducción del
coste en infraestructuras -en el espacio del trabajo, en los alquileres-,
con el menor coste por puesto de trabajo -produciéndose ahorros en
electricidad, en suministros, en equipamiento de oficina-, con una mayor
productividad al implantar el trabajo por objetivos o por resultados y,
además, es una buena medida para eliminar el control horario y combatir
el absentismo laboral. También, facilita la expansión geográfica, aumenta
la flexibilidad interna y externa, captando talento y facilitando su
retención. En definitiva, es una forma óptima y muy rentable de
promocionar y favorecer la conciliación. El teletrabajo también tiene,
además de para trabajadores y empresas, beneficios para la sociedad: en
términos de distribución geográfica más equitativa, ya que puede ayudar a
disminuir el éxodo rural y favorecer el desarrollo local; puede facilitar
la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión o más
vulnerables; puede reducir los costes en desplazamientos y contribuir al
ahorro energético a través de la eliminación de esos desplazamientos, y
mejorar la inversión en redes y en conocimiento a la vez que se reduce la
emisión de gases invernadero, objetivo nada desdeñable desde el punto de
vista del medio ambiente. En los países donde más arraigado está el
teletrabajo el impacto positivo de esta modalidad laboral también ha
repercutido en el conjunto del país, en los ahorros económicos y
medioambientales, que son millonarios: se potencia el teletrabajo y se
ahorran miles en gastos de personas que tienen que desplazarse kilómetros
hasta el punto de trabajo, se ahorran millones en gasolina y se reducen
los accidentes de trabajo in itinere; se producen ahorros en el daño que
se hace al medio ambiente porque miles de automóviles dejan de circular
por las calles, miles de toneladas de gases de efecto invernadero dejan
de emitirse y disminuye la contaminación en los grandes núcleos urbanos,
donde se ubican la mayoría de los profesionales que pueden dedicarse al
teletrabajo, y también se reduce el estrés social.
A pesar de todas estas ventajas, de todos los beneficios que reporta esta
modalidad de trabajo, en España todavía no está muy presente. Esa es la
realidad. Por tanto, queremos apostar por regular, por potenciar el
teletrabajo y por garantizar los derechos de los teletrabajadores, amén
de que en los últimos años se han incrementado en todo nuestro país las
empresas que cuentan con programas de trabajo remoto para sus empleados,
para poder realizar esa actividad a distancia. El porcentaje de
teletrabajadores en España, a pesar de todo ello, repito, es notablemente
inferior al de otros países de la Unión Europea y al de Estados Unidos y
por tanto tenemos que perseverar, que seguir trabajando en esta
dirección, que supone asimilar la tecnología de la información y romper
el trinomio tradicional hombre/oficina/horario, o si me permiten persona
trabajadora/oficina/horario. Para las empresas y los trabajadores es un
desafío, un auténtico reto, pues se trata de implementar el teletrabajo
como modalidad laboral sin que ello implique una pérdida de las
responsabilidades de la empresa ante sus empleados ni de estos frente a
sus obligaciones con la empresa.
En muchas ocasiones en nuestro país no es fácil innovar. Además, no
podemos negar que a menudo el teletrabajo no está bien visto
desgraciadamente. Los empresarios y los sindicatos a veces son reacios a
la posibilidad de que los empleados trabajen fuera de la empresa porque
ven riesgo de perder el control y la supervisión de las tareas en el caso
de las empresas, en una visión yo creo que anticuada del trabajo por
cuenta ajena, y en el caso de los sindicatos porque ven el teletrabajo
como un riesgo, como una puerta abierta a una relación laboral diferente,
menos regulada y por tanto menos controlada. Ante esta situación, también
el empleado ve con dificultad trabajar a distancia por miedo a no estar
presente en el día a día de la oficina, por miedo a que su trabajo no se
valore de igual manera, por miedo a perder oportunidades de promoción
interna. Por tanto, es entendible que exista una cierta resistencia al
cambio. Como en cualquier proceso de cambio, el teletrabajo supone
modificaciones significativas, genera miedos, genera incertidumbres que
si no son gestionadas, entiendo yo, con eficacia pueden suponer un
obstáculo. Sin
embargo, entiendo también que no podemos permitir que ese miedo nos
paralice, porque el teletrabajo es futuro; la sociedad y las necesidades
de la ciudadanía nos llevan por ese camino y creo que debemos caminar por
él.
Termino poniendo de manifiesto que tenemos que continuar trabajando hasta
conseguir que el teletrabajo sea considerado como un equivalente al
trabajo tradicional. Las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad
imponen cada vez más esta modalidad laboral como una potente alternativa
al trabajo presencial y en el Grupo Parlamentario Popular creemos que
debemos esforzarnos y continuar promoviendo este tipo de contratación en
beneficio de todos. Por tanto, a los efectos de adaptarnos a la realidad
social que vivimos, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta
iniciativa con el objeto de fomentar el teletrabajo y potenciar las
ventajas inherentes al mismo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.
Se me pasó antes señalar que la votación no tendrá lugar antes de las
12:30.
No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, por lo cual
pasamos a la intervención de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios en turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas por
tres minutos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Vamos a compartir el tiempo el señor Campuzano y yo.
El señor PRESIDENTE: Entonces, minuto y medio cada uno.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Lo que quería manifestar es lo siguiente.
Están muy bien los cantos al sol, pero a mí me habría gustado que el
Partido Popular no hubiera traído una proposición no de ley para
"fomentar", sino que nos dijera qué medidas va a tomar para fomentar el
teletrabajo; pero el teletrabajo como actividad conciliadora, no como un
sistema de precariedad laboral, de explotación laboral. Cuando el
portavoz del Partido Popular dice que está mal visto en este país es
porque en este país el teletrabajo se ha usado para lo que se ha usado, y
todos sabemos las denuncias generales sobre las condiciones laborales de
la gente que está en teletrabajo, no como un elemento de conciliación,
sino como un elemento de precariedad laboral. En ese sentido, voy a
apoyar la proposición no de ley, pero espero que a otra sesión de esta
Comisión de Empleo se traigan las medidas que propone el Partido Popular
para fomentar el teletrabajo como un acto de conciliación laboral y no de
precariedad laboral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, creo que hoy el Grupo Popular ha perdido una buena
oportunidad de trasladar a esta Comisión cuál es su propuesta concreta de
fomento del teletrabajo. Precisamente fue un Gobierno del Partido Popular
el que en el año 2012 introdujo en el Estatuto de los Trabajadores una
regulación nueva de esta materia -regulación que quizá podría haber sido
objeto de discusión- que pretendía mejorar el marco regulatorio existente
del trabajo a domicilio, que ya estaba reconocido en la legislación
española desde 1980. Lo que seguramente ha sucedido es que esa regulación
de 2012 no termina de dar satisfacción al fomento de esta práctica
concreta. Pero -se decía hace un momento- la iniciativa del señor Echániz
es un brindis al sol y no aporta mucho a aquello que él ha defendido en
su intervención -esa modalidad de trabajo que responde a menudo a las
oportunidades que las tecnologías de la información y de la comunicación
nos permiten y quizá puede responder también a necesidades de los propios
trabajadores o de las empresas- ya que, en cualquier caso, continuamos
sin saber cuál es la política que el Grupo Popular va a proponer en esta
materia. Todo ello nos lleva, señor Echániz, a tener que abstenernos en
esta iniciativa. No queremos ser un grupo que se opone al fomento del
teletrabajo, pero tampoco entendemos por qué debemos apoyar, sin conocer
el contenido de su política, esta propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco. (Pausa). No desea hacer uso
de la palabra.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. No hay nadie en la sala.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.
Nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley aunque, como han
dicho nuestros compañeros, creemos que tiene un contenido muy limitado y
que no plantea ninguna medida concreta para lograr su objetivo. No
obstante, nosotros somos defensores del teletrabajo como método de
prestación de servicios, lo llevamos en nuestro programa electoral y
también lo incluimos tanto en el acuerdo de gobierno que se firmó en su
día con el Partido Socialista como, posteriormente, en el acuerdo de
investidura con el Partido Popular.
En relación con la reforma que se hizo en el año 2012 del artículo 13,
coincidimos con lo que ha dicho el señor Campuzano, es una reforma
bastante tibia y creemos que se debe avanzar hacia el modelo establecido
por el acuerdo marco europeo sobre teletrabajo en el año 2012.
Coincidimos también en las ventajas que tiene el teletrabajo tanto para
el trabajador como para la empresa y en general para la sociedad,
ventajas que ha enumerado el señor Echániz, pero -y por hacer un poco más
rico el debate- sí creemos que en la futura regulación del teletrabajo
tendremos que tener en cuenta determinadas circunstancias, como la
desconexión digital, que han regulado nuestros vecinos franceses y que
creemos que es muy importante en este tipo de trabajos. También, en la
reforma del año 2012 se habló de los derechos en materia de prevención de
riesgos laborales y, en general, de derechos laborales de estos
trabajadores, pero en la práctica, y teniendo en cuenta los ejemplos que
tenemos de relaciones laborales que se prestan en el ámbito del hogar
familiar -los servicios a las personas o las relaciones laborales de
empleados del hogar-, la Inspección de Trabajo, órgano encargado de
controlar, tiene dificultades. Por tanto, tendríamos que avanzar también
en dicha regulación, igual que tendríamos que hacerlo en el tema del
control horario, porque se contradice con determinadas sentencias, como
la de la Audiencia Nacional en el tema del control horario de los
trabajadores a efectos de horas extras, que tendría problemas en estos
casos. Por último, para finalizar, creo que es importante todo lo
relativo a las telecomunicaciones y gastos derivados de la actividad, que
tendríamos que diseñar cómo se reparten entre empresario y trabajador. De
todos modos, como le digo, apoyaremos la iniciativa porque estamos
totalmente a favor del teletrabajo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
En relación con el teletrabajo no es que estemos a favor o en contra, es
sencillamente algo imparable. Las nuevas tecnologías hacen que esto se
vaya implantando en el mercado de trabajo poco a poco, a pesar de las
reticencias en muchos casos por parte de las empresas. No comparto el
diagnóstico de que los sindicatos se están enfrentando a esto, se están
enfrentando allá donde se usa el teletrabajo como coartada para
precarizar las relaciones laborales, pero generalmente son las empresas
las que vienen con una cultura arcaica y antigua de cómo se debe
organizar el trabajo y la producción y las que lo están frenando.
Dicho esto, es evidente que la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
-el análisis y la exposición de motivos- está completamente alejada de la
realidad. Es verdad que el Partido Popular ha trabajado fuertemente por
el teletrabajo pero para que no se implante, dinamitando la negociación
colectiva que es el ámbito donde los trabajadores y las trabajadoras
pueden arrancar estas pequeñas conquistas a las empresas y no se ha
conseguido. Están sacando pecho de la conciliación cuando con su reforma
laboral han aumentado las tasas de temporalidad en nuestro país a límites
que no se conocían en la Unión Europea; tenemos millones de contratos de
parcialidad no deseada y horas extras en nuestro país, unos tres
millones, que no se pagan, es decir, horas extras que se trabajan y no se
pagan. Donde sí han conseguido el teletrabajo, esto es verdad, esto hay
que decirlo -pero tele como viene del griego, que está lejos-, es en los
cuatro millones de personas que no consiguen trabajo y sí ven teletrabajo
porque ven muy lejos conseguirlo. Ahí es en el único punto donde han
aplicado bien la medida.
No quiero consumir más tiempo de la Comisión, pero que un grupo
parlamentario que sustenta a un Gobierno -que es quien tiene el Poder
Ejecutivo- traiga una PNL, creo que lo único que hace es desviar la
atención y hacernos perder el tiempo a todos. Si realmente quieren apoyar
el teletrabajo e impulsarlo, deroguen la reforma laboral, vuelvan a dar
más poder a la negociación colectiva y pónganse a trabajar y a legislar,
y menos PNL e iniciativas instando a un Gobierno que es de ustedes
mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Raya.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señoría.
En la exposición de motivos es verdad que se explican -y así lo ha hecho
también el portavoz del Grupo Popular en su intervención- las ventajas
del teletrabajo. Nosotros, evidentemente, asumimos que es cierto que
existen una serie de ventajas, como las relacionadas con la conciliación,
pero también es verdad que muchas de esas ventajas ya se recogían en el
acuerdo marco europeo firmado por patronal y sindicatos europeos. En
Europa es una modalidad de empleo que está implantada de una manera mucho
más fuerte que en España, pero la reforma laboral del Partido Popular en
2012 -de la que tanto les gusta sacar pecho- nos deja una realidad que
nos provoca una serie de preocupaciones respecto a esta modalidad de
empleo, que debe ser negociada con los agentes sociales y, por supuesto,
con los sindicatos, para que se cumpla realmente con las garantías de los
derechos de los trabajadores que opten por esta modalidad de manera
voluntaria; sus derechos tienen que ir en paralelo con los del resto de
trabajadores de las empresas. Hay una falta de regulación en este sector
y es necesario desarrollar una normativa que ayude a que la implantación
se haga de manera efectiva. La verdad, me quedo perpleja cuando el Grupo
Parlamentario Socialista recibe este tipo de iniciativas del Grupo
Parlamentario Popular en las que se insta al Gobierno -que preside su
partido- a estudiar diferentes fórmulas para continuar fomentando el
teletrabajo. Creo que, de verdad, hay que ser un poco más serio y no
rellenar las Comisiones con propuestas que son declaraciones de
intenciones; lo que hay que hacer es traer propuestas que realmente
planteen algo, que propongan una serie de medidas que nos permitan
evaluar al resto de grupos, con representación en esta Cámara, si merece
o no la pena apostar por algo así.
Por tanto, la postura del Grupo Socialista respecto de esta iniciativa
será la abstención, esperando, como han hecho compañeros de otras
formaciones, a que se traiga una propuesta clara del camino que quiere
adoptar el Grupo Popular en cuanto a la materia que nos ocupa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Raya.
- RELATIVA AL INCREMENTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 161/000144).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la primera proposición no de ley
en el orden inicial, relativa al incremento de la siniestralidad laboral
y que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Defiende la proposición no de ley la señora Díaz por un tiempo no superior
a siete minutos, por favor.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Bos días a todos y a todas. En primer lugar, podríamos empezar la defensa
de esta PNL diciendo que la precariedad mata. Es una evidencia tan enorme
a la vista de los datos que tenemos que convendría que el Partido Popular
revisase toda su estrategia respecto de las normas que tiene publicadas y
que no hacen más que ahondar en una situación dramática. En segundo
lugar, también podríamos preguntarnos qué pasaría en nuestro país si en
lugar de morir una media de quinientos trabajadores y trabajadoras al año
fueran quinientos empresarios o quinientas empresarias las que muriesen
al año. Hago esta pregunta porque, sin lugar a dudas, se ruborizarían y
con toda seguridad modificarían sus estrategias políticas, preservando
así un bien sagrado como es la vida, sobre todo una vida que no se puede
perder por prestar, nada más y nada menos, que un trabajo.
Este debate se enmarca en el texto constitucional, como ustedes saben, en
el artículo 15, relativo a la defensa del derecho de la vida, pero
también en el precepto recogido en el artículo 40.2, en el que de
manera singular nos dice nuestro sagrado texto constitucional, que es un
bien preciado y que los poderes públicos tienen que velar justamente y de
manera singular por la seguridad e higiene en el trabajo. Es cierto que
desde que el Partido Popular y el Partido Socialista han dado una especie
de golpe de Estado contra ese texto constitucional, parece que el resto
de preceptos no gozan de virtualidad y que lo único a lo que estamos
obligados es a pagar la deuda y a no preservar -insisto- el resto de
preceptos a los que sin lugar a dudas venimos obligados. Los datos son
contundentes, una vez más, como todos ustedes saben, seguimos
incrementando la siniestralidad laboral. En los datos que manejamos, que
son los que obran en el propio ministerio respecto de este periodo del
año 2006, el índice de incidencia sigue aumentando y se sitúa en un 6,5 %
en el caso de siniestros leves y, en el caso de accidentes graves, se
sitúa nada más y nada menos que en un 7,6 %. Tenemos un total de 472.691
siniestros y la media global de este índice de incidencia se sitúa en el
3,1 % pero -insisto- en una línea ascendente que debería hacernos pensar
qué es lo que está haciendo el Partido Popular para que, lejos de reducir
la siniestralidad laboral, vaya incrementándose. Es cierto que estamos
más o menos de acuerdo en cuáles son las causas de la precariedad; sin
lugar a dudas, hay dos marcos normativos que han propiciado el que se
agudice la misma. En primer término, las reformas laborales del Partido
Popular y del Partido Socialista, que precarizan de manera extrema las
relaciones laborales y, si me lo permiten, de manera singular la última
de las reformas del Partido Popular, que no solo precariza -que ya de por
sí es bastante grave-, sino que además ha laminando un elemento central
para la prevención de riesgos laborales como es la negociación colectiva.
Es decir, el Partido Popular de manera clara y contundente ha legislado
para individualizar las relaciones laborales por lo que -insisto- desde
este marco es imposible atacar o prever los riesgos laborales.
Además, hay otro marco normativo, en el que se ha movido como pez en el
agua el Partido Popular y eso tiene consecuencias. Llevan haciéndolo
desde el año 1997 con la liberalización -o externalización como les gusta
decir a ustedes- de los servicios de prevención con la última de las
reformas, en el año 2014, con la Ley de Mutuas, que como saben ha
mercantilizado definitivamente un aspecto sustancial para proteger la
vida de los trabajadores y las trabajadoras como es la prevención de los
riesgos laborales. Es muy sustantivo, y tendremos que traer este debate
aquí, lo que está sucediendo con las mutuas profesionales, y sobre todo
con la laxitud con la que están actuando de manera cierta cuando están
actuando -digamos-, a favor de parte. Los datos son públicos: tres de
cada cuatro empresarios se acoge al sistema privado de prevención y obvio
es -todo está escrito ya- que esto tiene bastantes consecuencias
negativas para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Pero la
iniciativa del Partido Popular no solamente es normativa, es mucho más, y
lo está demostrando diariamente. Tomemos el último de los ejercicios
presupuestarios: el recorte presupuestario del programa 291A, por
ejemplo, fue del 12,4 %, pero en el programa del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo fue del 15,6 % y, en el programa 494M,
fue en el global del 24,7 % y, de manera particular, en el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 15,6 %.
Me gustaría resaltar algunos aspectos que el propio ministerio reconoce en
las evaluaciones que ya tenemos, y es que hay mucha fragilidad en nuestro
sistema respecto de la materia que tratamos. Mucha fragilidad en sectores
concretos que están destacando negativamente por la incidencia en la
siniestralidad. Un aspecto central, como decía, es la precariedad, pues
la siniestralidad está en 1,8 puntos por encima en los contratos
temporales más que en los contratos indefinidos, pero también de manera
singular y de manera grave en el caso de los jóvenes. Esto es lo que nos
están diciendo los informes públicos. Si me permiten, y también de manera
singular, porque está afectando el hecho de que hay miedo a perder el
trabajo y casi se trabaja en las condiciones que sean con tal de mantener
el puesto de trabajo. Este es un elemento que en la situación de crisis
que está viviendo la mayoría social de los trabajadores y las
trabajadoras no podemos dejar a un lado.
Hay además elementos de fragilidad que reconoce el propio ministerio y lo
saben ustedes, por ejemplo, en el caso de la asbestosis o en el caso de
otras muchas enfermedades profesionales. No se consignan partidas
presupuestarias para la investigación en las enfermedades profesionales y
ese es el gran debe que tiene el propio sistema en nuestro país. Pero es
que también hay una enorme debilidad en lo que tiene que ver con la salud
integral y la protección de la misma, y esto tiene enormes costes
sociales y también en términos económicos. -Termino-. La precariedad mata
a las personas, los trabajadores y las trabajadoras, pero tiene, además,
unos enormes costes, como señalan el ministerio y la Unión Europea, pues
estamos en torno a 2 billones lo que nos supone al año esta enorme lacra
que es la siniestralidad laboral.
Acabo señalando que, en definitiva, lo que falta en nuestro país, de
manera global, es una auténtica cultura de prevención laboral. Termino
como empecé -insisto-, ¿qué pasaría en este país si en lugar de morir 500
trabajadores anuales o 500 trabajadoras anuales, muriesen 500 empresarios
o 500 empresarias? Estoy segura de que cambiaríamos el marco normativo y
dedicaríamos recursos para evitar esta lacra, que no cae del cielo, que
no es un fenómeno natural, sino que tiene responsables.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no superior a
cinco minutos cada uno. Hay una primera enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, señora Oramas y señor Campuzano a medias.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente; mi compañero
intervendrá durante tres minutos y yo dos minutos.
Economía sumergida, precariedad laboral, escasez de plazas en la
Inspección de Trabajo; hemos hablado aquí de los trabajadores de Tragsa,
el tema de las subcontrataciones; hemos hablado de la situación de las
camareras de piso... No somos conscientes de que estamos en el siglo XXI,
y que hay cosas que son irremediables, pero las cosas que se pueden
prevenir y, sobre todo, las que se pueden inspeccionar para que no haya
esa explotación laboral que es inadmisible en el siglo XXI, hay que
hacerlas.
Termino con una cosa. La Comunidad Autónoma de Canarias tuvo que hacer un
convenio con el Ministerio de Trabajo para hacer unas batidas sobre la
economía sumergida. Pagamos al ministerio para que desplazara inspectores
a Canarias para hacer unas batidas durante una semana. Había que hacerlo
pero me parece inaceptable. Creo que este país tiene que tener una mayor
inspección en el trabajo de la que tiene, sobre todo, en un momento en el
que se ha generalizado esa precariedad laboral y esa economía sumergida
en determinados sectores. Hoy tenemos la lucha de los estibadores, donde
estamos hablando de que determinadas decisiones políticas pueden ir a una
situación donde se agrave el riesgo para la vida y la salud de los
trabajadores de este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
El Partit Demòcrata ha presentado enmienda a esta iniciativa del Grupo de
Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem, partiendo de una coincidencia
sobre la preocupación del problema de la siniestralidad. Compartimos que
este es un asunto que llevamos intentando abordar muchos años, que en
función de la evolución del ciclo económico nuestros niveles de
accidentes suben y bajan, que existen problemas en nuestro marco legal,
que existen insuficiencias en las políticas públicas que abordamos y que
falta cultura. Escuchando la intervención de la señora Díaz, es evidente
que en el diagnóstico del problema quizá discreparíamos de algunas
cuestiones, por ejemplo, en el petitum de su iniciativa, cuando hablaba
de modificar la legislación para garantizar que ningún trabajador
realizase su trabajo sin protección efectiva. Es una demanda coincidente
con una enmienda que plantea el Grupo Socialista, que es la necesidad de
actualizar nuestro marco normativo en materia de seguridad laboral.
Nuestra ley es de 1995, fue el resultado de una trasposición de una
directiva europea y es evidente que entre 1995 y 2016 la realidad de las
empresas, la realidad del mercado de trabajo, la realidad de la
tecnología, etcétera, han sufrido enormes transformaciones que nos hacen
pensar que aquella legislación del año 1995, si quiere ser útil en 2017,
necesita actualización. En eso vamos a coincidir.
No interpretamos que las reformas laborales que se han promovido en los
últimos años tengan que ver con la situación de los accidentes de
trabajo. Antes de las reformas del mercado de trabajo nuestro número de
accidentes era sustancialmente superior al que hoy tenemos. Incluso es
bueno recordar, para que no quede en el aire, que la tasa de cobertura de
la negociación colectiva hoy -las últimas cifras oficiales son de 2015-
es prácticamente la misma que había antes de las reformas laborales de
los años 2011 y 2013 y, en 2013, la tasa de cobertura de la negociación
colectiva fue superior a la de los años previos a la crisis. El problema
no está en la tasa de cobertura de la negociación colectiva ni en la
discusión sobre la ultraactividad o la primacía del convenio de empresa,
no está ahí el problema, por tanto, no nos equivoquemos a la hora de
abordar esta cuestión.
La enmienda que hemos querido plantear, eso sí, aborda una cuestión que no
formaba parte de la propuesta de la señora Díaz y nos parece relevante,
como es el sistemático incumplimiento por parte de la Administración
General del Estado de lo previsto en la disposición adicional quince de
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que establecía la
necesidad de que los recursos que se destinasen a la prevención de
riesgos laborales fuesen territorializados. (La señora Díaz Pérez realiza
gestos de asentimiento). Desde 1995 la ley contempla esa obligación y
sistemáticamente los Gobiernos del Estado se han negado a territorializar
estos recursos. Eso ha terminado en los tribunales. Han sido
especialmente el Gobierno vasco y el Gobierno de la Generalitat los que
han llevado esta cuestión a los tribunales y por vías curiosas. Creo
recordar que el último caso fue una demanda del Gobierno vasco en el
ámbito de la jurisdicción de lo civil -y, finalmente, se dio la razón al
Gobierno vasco- sobre la necesidad de que el Estado no puede gestionar de
manera centralizada estos recursos, sino que estos recursos deben de ser
trasladados desde el Estado a las comunidades autónomas, que son las
competentes en prevención de riesgos, para que inviertan estos recursos
en las políticas que correspondan.
Nos ha dicho la señora Díaz que esta enmienda va a ser aceptada y, a pesar
de esa discrepancia en el diagnóstico de su intervención, como en el
petitum coincidimos -más con nuestra enmienda-, vamos a votar
favorablemente a su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
A continuación, presenta también enmienda el Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra la señora Rodríguez por un tiempo máximo de
cinco minutos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Buenos días. Gracias,
presidente.
Es un hecho lamentable y más que alarmante que la siniestralidad laboral
va en aumento en España desde el año 2012. Del año 2000 al 2012
conseguimos rebajar los índices de siniestralidad a la mitad. El año
2000, que podríamos denominar año negro, se cerró con la terrorífica
cifra de más de 932.000 accidentes laborales que se cobraron 1.136 vidas.
El índice de incidencia, que mide el número de accidentes por cada
100.000 trabajadores, como sus señorías saben, se situó aquel año en
7.558,4. A partir de aquí, tanto el número absoluto como la tasa de
siniestralidad fueron bajando hasta alcanzar el suelo de los últimos años
en 2012, con algo más de 470.000 accidentes y un índice de incidencias de
2.948,9; cifras escalofriantes, sí, con las que los socialistas no nos
conformamos, pero, señorías, las cosas han ido a peor. Durante los
últimos cinco años, con el Gobierno del PP, el número de accidentes ha
crecido un 12,3, lo que, haciendo un análisis superficial, podría
explicarse por el aumento del número de trabajadores. Sin embargo, si
profundizamos algo más, vemos que en ese periodo también ha escalado la
tasa de siniestralidad un 10,2 %. En el año 2016, con datos al mes de
noviembre, la tendencia se ha mantenido y se han producido 514.622
accidentes con bajas, lo que supone un 7,3 % más que en el año 2015,
alcanzándose, desgraciadamente, un índice de incidencias de 3.268
exactamente.
En cuanto a los fallecimientos, tenemos que señalar, por desgracia, que en
el año 2012 hubo 564 personas que murieron por accidente laboral o en los
desplazamientos, mientras que en 2015 fueron 629 los fallecidos y al mes
de noviembre de 2016 eran ya 562 los fallecidos, con un fuerte aumento de
los accidentes mortales in itinere. La curva ascendente, por tanto, se
repite en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores. Dentro
de ellos, en casi todas las ramas de actividad y en todos los niveles de
gravedad en hombres y más aún en mujeres.
Ante esta situación, el Grupo Socialista y las centrales sindicales
venimos denunciando reiteradamente ante el Gobierno de España este
incremento progresivo de la siniestralidad laboral que demasiadas veces,
por desgracia, conlleva el desenlace de muerte para el trabajador, sin
que por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se haya tomado ninguna
medida especial dirigida a solucionar tamaño problema. Es más, tenemos la
impresión de que la desidia del Gobierno sigue imperando en este asunto,
por lo que el problema sigue in crescendo, y hoy nos encontramos con los
alarmantes datos que ya he citado y que avergonzarían a cualquier país
europeo. Esto requiere de una serie de actuaciones urgentes para frenar
esta cruel dinámica y garantizar la seguridad de los trabajadores en su
jornada laboral.
Por ello ya en el mes de agosto del año pasado, cuando conocimos los
alarmantes datos referentes al primer semestre de 2016, el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una PNL en esta Cámara instando al
Gobierno a que de forma urgente reforzara el cuerpo de Inspección de
Trabajo. A la vez exigíamos al Gobierno la ejecución real de las
sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales
y el cumplimiento del Plan de prevención 2016-2020, dando participación
en su cumplimiento efectivo en
las empresas a los trabajadores a través de los delegados de prevención.
En esa PNL, que suscribimos un grupo de diputados y diputadas andaluces,
denunciábamos que un total de 48 andaluces murieron por accidente laboral
en los seis primeros meses del año anterior, lo que suponía 5 más que en
el mismo periodo del año 2015, y un incremento en términos relativos de
11,6, según datos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En
Andalucía, en los seis primeros meses del año pasado, se habían
contabilizado un total de 45.975 accidentes laborales con bajas, lo que
suponía un aumento del 5,1 % respecto al número de siniestros del mismo
periodo de 2015. Según las mismas fuentes, podemos afirmar que en España
se produce la misma dinámica de crecimiento de esta lacra social.
Para el Grupo Socialista, señorías, la razón se resume en una palabra:
precariedad. La precariedad en el trabajo propiciada por la reforma
laboral, con aumento de la temporalidad y de la contratación a tiempo
parcial, está produciendo el deterioro de la salud y de la calidad de las
condiciones de trabajo. Podemos afirmar que la reforma laboral se ha
llevado por delante la estabilidad laboral y la formación para la
prevención de riesgos. Además de la mayor presión que sufren los
trabajadores por miedo a perder el empleo, las medidas de prevención de
riesgos laborables son invisibles y les resulta fácil a las empresas no
aplicarlas o no destinar la inversión que deberían a prevención; es
decir, que a la par que aumenta la carga de trabajo y de presión para el
trabajador, la prevención ha pasado a un segundo plano como consecuencia
del cambio que ha habido en el modelo de empleo: contratos de pocos días,
altísima rotación y precarias condiciones de trabajo. Esta es para
nosotros la principal causa del problema. Según un portavoz del
Ministerio de Empleo y la CEOE, la razón fundamental del alarmante
incremento de la siniestralidad laboral es simplemente el aumento de la
actividad económica, pero al Grupo Socialista nos indigna tamaña
frivolidad porque, detrás de los números fríos, de las estadísticas, de
las tasas, de los índices, de los porcentajes, hay personas; personas que
son padres, madres, hijos; personas que han sufrido y sufren la peor
parte de la crisis; personas que, según estas afirmaciones o
justificaciones, también están pagando el precio de la recuperación
económica. Sí, señorías, nos indignan estas manifestaciones porque detrás
hay casi 600 trabajadores muertos y 514.622 trabajadores que han tenido
que causar baja por siniestralidad laboral. Además, estamos seguros de
que esta lacra se ceba más con los trabajadores que padecen las
condiciones laborales más precarias, entre los que se encuentran las
mujeres.
El señor PRESIDENTE: ¿Va terminando, señora Rodríguez?
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Termino.
En Andalucía, los datos reflejan la misma precariedad laboral. Por otra
parte, sumado a la precariedad producida por la reforma laboral, todos
los datos evidencian que ha habido una relajación en la aplicación de los
medios de prevención de riesgos laborales, además de la poca efectividad
de la Inspección a la hora de sancionar.
Por todo ello, mi grupo, a pesar de estar de acuerdo con la iniciativa del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
ha presentado unas enmiendas de modificación que ya nos han comunicado
que van a aceptar.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
A continuación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios
que no han presentado enmiendas por un tiempo de tres minutos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
El año pasado, 2016, en Euskadi hubo 53 por accidente laboral; 53 más de
los que tuvo que haber y 53 más de los que desearíamos absolutamente
todos los agentes que podemos estar implicados en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales. A mi modo de ver y del grupo que me
apoya, la cuestión consiste en acercar aquellos medios para crear una
cultura determinada y para que los diferentes agentes que puedan
participar en el ámbito de la prevención puedan hacer políticas
efectivas. Es verdad, aquí todos podemos tener nuestra opinión particular
-incluso común en muchos casos- respecto de cuáles son las causas que
inciden en el aumento de la siniestralidad laboral; podemos estar todos
de acuerdo en que, como factor indicativo, la precariedad es un elemento
sustancial que ha podido incrementar de una forma notable dicha
siniestralidad, y también podemos estar de acuerdo en el papel que a ese
respecto ha de jugar la Inspección de Trabajo, de la que siempre todos
reclamamos que se ha de reforzar y que ha
de tener más actividad, más número de personas atendiendo a esos
cometidos, pero al fin y al cabo una de dos: o nos planteamos que esta es
una tarea común en la que deben estar implicados absolutamente todos,
tanto agentes sociales como agentes políticos como empresas, para crear
una cultura determinada en la que el riesgo o el accidente de trabajo sea
un descrédito de la propia actividad empresarial y sea un crédito obtener
la garantía de determinadas condiciones de trabajo que puedan evitar
algún tipo de riesgo añadido a los trabajadores y que, además, contemos
con una Administración absolutamente implicada en esa evitación de
riesgos laborales, tanto a través de medios personales como de medios
materiales, o si no, seguiremos sufriendo la cadena de accidentes que
muchos días nos sonrojan y que, al final del año, nos dan una estadística
absolutamente inaceptable.
Hay un factor que igualmente quiero comentar, que ya lo ha hecho el señor
Campuzano, y es el de la cercanía. Si la disposición de medios es algo
que no se ha revelado excesivamente útil, en la forma en la que se han
utilizado, la posibilidad de que los medios para la prevención se puedan
acercar a la Administración que efectivamente ha de velar por esa
seguridad en el trabajo -en este caso las comunidades autónomas- es una
política que se ha de incentivar como política de prevención de riesgos
laborales. Como también ha comentado antes Carles, eso ha sucedido en
forma de litigio por parte del Gobierno vasco cuando ha intentado
recuperar determinados ámbitos competenciales, y no ha sido casual,
porque cuando hemos tenido oportunidad de hacer efectivas esas políticas,
ha sucedido como consecuencia de que ha habido una disminución de la
siniestralidad laboral. Quiero añadir, asimismo, que con ese fin el
Gobierno vasco tiene desarrollada e implantada una Estrategia vasca de
seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 cuya implementación sería
posible con mayor efectividad si contáramos con mayores medios.
Repito la anterior cantinela, porque no deja de ser una cantinela: o
remamos todos en el mismo sentido -cuando digo todos digo absolutamente
todos: agentes sociales, políticos y Administración- o esta es una
desgracia que vamos a tener que volver a oír de forma repetida aun
sabiendo que deberíamos evitarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Barandiaran.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Bos días.
Vamos a votar a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Podemos-En
Común Podem-En Marea, pues creemos que acierta en el diagnóstico y va al
moll de l'os que decimos nosotros, a las causas directas del aumento de
la siniestralidad laboral. El trabajo no debe ser un deporte de riesgo;
no son aceptables casos como el de José Antonio García Pérez ni los
muchos Antonios García Pérez que hay por toda la geografía. No es
aceptable que en cinco meses en el Reino de España haya habido más de
200.000 accidentes laborales, casi 1.500 graves y 186 muertos, pues 186
muertos son muchos. Debemos acabar con esta lacra de una manera clara y
pensamos que las reformas sí han tenido que ver. Mientras esperamos que
se haga un ataque global a toda la legislación laboral, una vez más damos
como buenas las medidas que nos plantea el grupo proponente.
Ya que no podemos derogar las reformas que se han hecho, hay que intentar
ir socavando aquellos aspectos más nocivos de la legislación actual como
el asunto de la subcontratación, que hoy en día suele ser una cadena
indefinida y constante que no sabemos hasta dónde llega; los temas de la
temporalidad, la precariedad, la formación insuficiente y la falta de
inspectores de trabajo; el número de inspectores de trabajo, como muy
bien han dicho los proponentes, está muy lejos de la media europea. Yo
les podría un ejemplo: en Tarragona, mi provincia -se lo comentaba a la
compañera que tengo delante de mí-, durante el fin de semana solo hay un
inspector de trabajo. Creo que con esto lo digo todo. Así que votaremos a
favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en esta sesión de la Comisión, el Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos trae a debate un problema capital para nuestra sociedad: las
altísimas cifras de la siniestralidad laboral. Para Ciudadanos
esta es una gran preocupación por la que hay que trabajar para conseguir
una drástica reducción de las cifras. Sin duda, tener instaurado un
mercado laboral fracasado que no puede dar respuesta a los nuevos retos y
que es fruto de las políticas inmovilistas de los últimos Gobiernos, nos
aboca a una mayor precariedad laboral, a una altísima rotación en los
puestos de trabajo, a una falta de especialización y por ende, una más
que necesaria formación. Con todo ello no solo perdemos productividad,
sino que también perdemos vidas y un más que valioso capital humano.
Reafirmamos que un nuevo sistema de contratación que diera estabilidad a
los trabajadores sería una gran medida para darle solución.
Nuevamente se hace mención a la externalización de la prevención de
riesgos laborales, tal como hizo el pasado 5 de octubre el Grupo
Parlamentario Socialista. Ya entonces defendí que no era una gran
exigencia plausible para todas las empresas, ya que más del 80 % de
nuestro tejido empresarial son pymes y micropymes de tres o menos
trabajadores, y estas no podrían asumir este costo dentro de la empresa.
No obstante, debemos otorgar más recursos para la formación y estar in
vigilando, para que tanto las empresas como las empresas de prevención
cumplan escrupulosamente la legislación vigente.
Señorías, me sorprende leer en pleno siglo XXI vocablos tan clasistas como
los que utilizan: del agrado del patrón, clase trabajadora o realidad
hostil, más propios del siglo XIX y que ayudan al enfrentamiento. Sin
duda, empresarios sin escrúpulos existen y hay que perseguirlos, pero no
hagamos de la excepción la generalidad. Compartimos el derecho a la vida
y lo tenemos más que interiorizado. No puedo contraponer la vida de un
empresario a la de un trabajador; las dos son tan dignas como cualquiera
otra.
Según el resumen de avance de enero a noviembre -y les voy a dar algunos
datos para que los actualicen, ya que su PNL es de agosto del pasado
año-, los accidentes de trabajo con baja fueron 514.622, de los cuales
562 fueron mortales, tres menos que en el mismo periodo del año anterior.
Siendo esta la senda, no debemos ser conformistas. Asimismo, resulta
curioso que 440 se produjeron durante la jornada de trabajo y 122 in
itinere, disminuyendo en 26 los accidentes mortales en jornada y
aumentando en 23 los fallecimientos en accidente in itinere. Pero aún
resulta más curiosa la escalofriante cifra de que cerca del 50 % de los
fallecimientos en jornada se deben a infartos y derrames cerebrales. ¿Han
pensado cómo podemos actuar sobre estas circunstancias? ¿Creen que son
circunstancias causadas por el ámbito del trabajo? Debemos dar respuesta
a estas y a otras cuestiones y ahondar en estos asuntos para ayudar a que
esta siniestralidad baje. Mi grupo parlamentario votará a favor de su
proposición no de ley, aunque debo advertirles de que agradeceríamos
propuestas más concretas y, como no puede ser de otra manera, deseamos
que exista una verdadera prevención de riesgos laborales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albadalejo.
El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero mostrar mis respetos a los miembros de la Mesa y
al resto de componentes de esta Comisión en mi primera intervención en la
mañana de hoy. Inmediatamente quiero hacer patente en nombre de mi grupo
el dolor que sentimos y transmitir el pésame a la viuda y la pequeña hija
del fallecido en Salvaterra de Miño, el pasado 20 de julio, en la
serrería Roal. Una vida perdida es una vida irreemplazable.
Dicho esto, en el análisis profundo de la PNL que el Grupo Popular ha
efectuado vemos que, efectivamente, se utilizan términos muy singulares y
curiosos. Estupor y alarma social, así califica su señoría la comparativa
de la siniestralidad entre enero y mayo de 2016 y el mismo periodo del
año 2015. Estupor -créame- da ver cómo se analizan y manipulan los datos,
solo con la intención -queda claro- de crear alarma social. Para valorar
los presuntos datos de aumento de la siniestralidad debemos tener en
cuenta el aumento de la población ocupada en el año 2016 respecto de
2015; de lo contrario, nos estaríamos haciendo trampas en el solitario.
Analizando los datos con un mínimo rigor, si de verdad interesa a los
proponentes la siniestralidad laboral, vemos que volcando la media
mensual de accidentes de trabajo entre el número de afiliados a la
Seguridad Social con la contingencia de accidentes específicamente
cubierta, obtenemos una verdadera foto fija y real de la situación a
junio de 2016. Aquí se ha hablado en determinadas ocasiones sobre la
muerte. Pues la verdad y la realidad es que en esa comparativa, con datos
contrastados, de los seis primeros meses de 2016 con los de 2015, el
descenso de los accidentes mortales en jornada de trabajo ha descendido
en un 8,2 %. Y es preciso que conste que, mientras haya un solo caso de
accidente laboral, el estupor y la preocupación por los trabajadores
estará
presente en el Grupo Popular. Esto no es patrimonio de un único grupo.
Para generar alarmas sociales desde las medias verdades con la intención
de ocultar sus permanentes crisis internas ya se encuentran otras
formaciones políticas.
Los puntos de la proposición no de ley intentan una vez tras otra obviar
una realidad materializada en la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora
del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Inspección de
Trabajo y Seguridad Social viene desarrollando una continuada labor de
control del cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones en
la materia. Con independencia de la acción ordinaria de vigilancia y
control, debe destacarse la aprobación de la estrategia española de
seguridad y salud en el trabajo 20152020, que fue aprobada en el Consejo
de Ministros del pasado 24 de abril de 2015, después de ser consensuada
previamente por la Administración General del Estado, las comunidades
autónomas y los interlocutores sociales. La mencionada estrategia es el
marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y
salud hasta el año 2020 y, por tanto, orientará las actuaciones de las
instituciones competentes y con responsabilidad en prevención de riesgos.
La adecuada defensa de la seguridad y salud de los trabajadores obliga
también a la adaptación de la estructura administrativa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, lo que va tener consecuencias en la
plantilla, que será aumentada en un corto plazo. Una novedad importante
de la Ley 23/2015 fue la creación de dos escalas dentro del denominado
Cuerpo de Subinspectores Laborales. Es importante también tener en cuenta
que, a pesar de lo que se ha dicho, la realidad es que entre el año 2012
y el año 2015 la oferta de empleo público en relación con las plazas de
inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha tenido una evolución en la
que su número ha sido triplicado. En la oferta pública de empleo para el
año 2016 mediante el Real Decreto-ley 105/2016 vemos que hay treinta y
cuatro plazas de acceso libre y ocho de promoción interna en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; cincuenta plazas
de acceso libre en el Cuerpo de Subinspectores laborales, escala de
Seguridad Social y Salud Laboral; y treinta plazas de acceso libre y
cuatro de promoción interna en el Cuerpo de Subinspectores Laborales,
escala de Empleo y Seguridad Social. Como se puede apreciar, entre
inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores laborales de
la escala de Seguridad Social y Salud Laboral son más de noventa y dos
plazas las que se van a crear. Todo ello dentro de un contexto de
consolidación presupuestaria en el que la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social -y esto es algo importante, porque no se ha dicho la
verdad con respecto a este tema- ha estado excepcionada de los límites
generales previstos en relación con la tasa de reposición en las
sucesivas leyes de presupuestos. De hecho, para el presente año la tasa
de reposición se ha fijado hasta un máximo de cien por cien en este
cuerpo.
Voy concluyendo, señor presidente. Acreditado el descenso de la
siniestralidad en la comparativa que se ha reiterado en el transcurso de
esta Comisión entre los empleados en 2015 y 2016, contando con la Ley
23/2015, incorporando el consenso en la estrategia española de seguridad
y salud en el trabajo 20152020 con todas las administraciones públicas e
interlocutores sociales y con un esfuerzo real y visible en la oferta de
empleo público en esta materia, es imprescindible continuar en esta senda
que ha impulsado el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular
de Mariano Rajoy. Por ser lo anteriormente referido prácticamente obviado
en la proposición no de ley y en sus sucesivas enmiendas, el Grupo
Parlamentario Popular no puede apoyar esta proposición no de ley y
anunciamos nuestro voto en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albaladejo.
Señora Díaz, ¿fija la posición sobre las enmiendas antes de la votación o
en este momento?
La señora DÍAZ PÉREZ: Aceptamos la enmienda del señor Campuzano y de su
grupo. Con respecto a las del Grupo Parlamentario Socialista, aceptamos
todas sus propuestas de adición excepto los puntos 2 y 4 porque ya están
recogidos en la propia iniciativa. Lo pasaré por escrito a la Mesa.
- SOBRE LAS ACCIONES A TOMAR FRENTE A LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL
CAMPO CONTRATADOS POR EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000811).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre
las acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del campo
contratados por empresas de trabajo temporal, del
Grupo Parlamentario Mixto. Defiende la proposición no de ley el señor
Baldoví, por un tiempo no superior a siete minutos. Adelante, señor
Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Los que vivimos en zonas naranjeras sabemos lo que supone trabajar para
una ETT que se dedica a proporcionar trabajadores para recoger la
naranja. Supone salir de noche y volver muchas veces anocheciendo, una
hora de viaje a la ida y otra de vuelta, y todo un día recogiendo
naranjas por 20 euros; 20 euros menos los 6 euros que les cobran por el
transporte o por pago al intermediario que está de acuerdo con la ETT. Es
decir, la cuarta parte de lo que marca el convenio colectivo, que
establece 60 euros por día de trabajo y jornada de seis horas. Una
persona contratada por una ETT puede llegar a percibir un 50 % menos de
salario que una persona contratada por un almacén. Esto significa un
fraude a la Seguridad Social, puesto que muchas ETT modifican las horas
trabajadas rebajándolas en la declaración y facturan por el global de los
kilos recolectados de naranja sin especificar nunca el número de
trabajadores empleados. Por tanto, la cantidad que los almacenes tienen
que pagar a las ETT es muy inferior a la que habrían tenido que abonar si
hubieran tenido trabajadores propios, incumpliendo en ese sentido el
convenio colectivo. Así, una persona que trabaje de sol a sol durante
toda una semana puede ver reducidas sus horas trabajadas hasta solo seis
días al mes, aunque haya trabajado todos los días.
En el campo -lo vemos todos los días los que vivimos en estas zonas- se
dan algunas de las situaciones laborales más injustas de todo el panorama
laboral del Estado, situaciones de esclavitud moderna. Más del 50 % de
los recolectores de naranjas son contratados por ETT y, de este 50 %, más
del 60 % son inmigrantes, cuya explotación llega en muchos casos a que
los propios dueños de las ETT les descuenten parte de su salario por
vivir amontonados en viviendas de su propiedad, alquileres abusivos que
acaban descontándoles de su salario. El caso de las ETT no solo afecta a
los inmigrantes, afecta también a las trabajadoras y trabajadores
valencianos del sector; una persona que trabaje para una ETT ya sabe que
cobrará mucho menos que si trabajara directamente para el almacén. A todo
esto hay que sumar todos los graves incumplimientos que hacen los
almacenes y estas ETT a la hora de aplicar el convenio: sueldos brutos de
veinte horas por diez horas de trabajo, contratación de eventuales por
obra y servicio determinado, incumpliendo el artículo 18 del convenio ya
que tendrían que ser contratados como fijos discontinuos, se les cobran
conceptos como alquiler de las herramientas, hay veces que se les llega a
cobrar por el alicate que se les proporciona o por el capazo y por el
desplazamiento, por los kilómetros realizados, que tendría que ir a cargo
de la empresa. También se les obliga a pagar el 50 % del salario en
jornal si se suspende el trabajo por lluvia, lo que supone que muchas
veces los trabajadores tienen que acabar pagando ese día sin haber ganado
un solo jornal para poder pagarse la Seguridad Social.
El año pasado, en la campaña 2015-2016, nuestra Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo expedientó a
diecinueve empresas, once ETT y ocho almacenes, algunas de ellas con
infracciones muy graves y con sanciones que van desde los 6.000 a los
190.000 euros por todos estos incumplimientos. Por eso, por respeto a los
más de 60.000 trabajadores y trabajadoras que se encargan de la recogida
de naranjas y por respeto a las empresas que cumplen escrupulosamente con
las condiciones laborales y que evidentemente sufren un agravio
comparativo de competencia desleal con las empresas que no cumplen ese
convenio, instamos al Gobierno a que el ministerio refuerce la dotación
económica y de personal para la inspección de trabajo y que se tomen las
medidas necesarias que eviten estos casos de semiesclavitud a que son
sometidos muchos trabajadores y trabajadoras del campo valenciano y de
otros lugares del Estado español, porque son ya muchos años de
incumplimiento, todos los años. Entendemos que hace falta mucho más
refuerzo económico y de personal. Pedimos también que se derogue el Real
Decreto 3/2012, de 10 febrero, para la reforma del mercado laboral, con
el fin de que primen los convenios colectivos del sector sobre los
convenios de empresa, porque el desastre ha sido mayúsculo. Por último,
pedimos que se aumenten las sanciones imponibles a las ETT y a las
empresas de servicios por incumplimiento de la normativa del trabajo. En
definitiva, que no sea rentable explotar a las personas trabajadoras.
Moltes gràcies, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Pasamos ahora al turno de intervención de los portavoces de los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la señora Franco por un tiempo máximo de cinco minutos.
La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, señor presidente. Gracias,
señorías, y gracias, señor Baldoví, por presentar esta iniciativa. Como
andaluza me preocupa mucho la explotación laboral creada con la
introducción de las ETT, ya que la mitad de la población de Andalucía
vive en el mundo rural y mucha de ella trabaja para el campo.
Es fundamental que utilicemos esta iniciativa para hacer pedagogía y
enseñar algunas cosas tanto al Partido Popular como al Partido
Socialista. Ambos han legislado, ambos han gobernado para este país y
ambos han propuesto unas reformas laborales que no han hecho más que
precarizar la situación de los trabajadores en general, y muy
particularmente la de los trabajadores y las trabajadoras del campo a
través de las empresas de trabajo temporal. También aprovecharé para
hacer un poquito de pedagogía con Ciudadanos, puesto que la intervención
que acaba de hacer su portavoz me ha preocupado mucho. En esta Comisión
debería hablar gente que supiera de empleo y que no dijera barbaridades
como las que se acaban de decir. Quisiera, por tanto, enseñarles algunas
cositas a estos tres partidos, que además están gobernando conjuntamente
en estos momentos; y disculparme el sarcasmo.
Primera cosa. Cuando hay dos empresas con un trabajador en vez de haber
solo una empresa con un trabajador, evidentemente el dinero se reparte
más; es decir, si tenemos 10 euros para pagar tanto la actividad de la
empresa como el trabajo del trabajador o trabajadora, se dividirán en 6
euros para la empresa y 4 euros para el trabajador o la trabajadora. Pero
si entra otra empresa más en esa relación, vamos a tener que dividirlos
un poquito más puesto que ninguna empresa va a querer pagar más, y al
final quien sale perdiendo es el trabajador: la empresa principal va a
tener 6 euros igualmente, la empresa intermediaria se va a llevar 2 euros
y el trabajador, en vez de llevarse 4, se va llevar 2. Estamos
precarizando los salarios.
Por otro lado, las causas respecto a los trabajos temporales. Cuando se
legisló por primera vez el Estatuto de los Trabajadores se decía que en
ningún caso se podía permitir el tráfico de mano de obra. Con tráfico de
mano de obra se referían a la cesión de trabajadores y trabajadoras, algo
que hacen las empresas de trabajo temporal. El Partido Socialista, con su
reforma laboral de 2010, esa que le parece tan maravillosa, lo que hace
es, precisamente, descausalizar el trabajo temporal, provocando que ahora
se permita ese tráfico de mano de obra, que ellos también aprobaron con
el Estatuto de los Trabajadores junto a otros partidos en la Transición.
Más cosas. Cuando prima el convenio de empresa sobre el convenio
sectorial, pasa lo siguiente: los salarios se pueden reducir por debajo
del convenio sectorial, que es el que debería primar. Por tanto, unos
trabajadores que trabajan para la misma empresa pueden cobrar menos si
trabajan para una empresa cesionaria, como serían las empresas de trabajo
temporal, que un trabajador que trabajaba para la empresa principal.
Estamos diciendo que los trabajadores en el campo que son contratados por
empresas de trabajo temporal -volvemos a decir precarización- cobran
aproximadamente la mitad que un trabajador que está contratado por la
empresa principal. Eso no es más que empeorar las condiciones laborales y
esclavizar a los trabajadores y trabajadoras del campo.
Nosotros proponemos una enmienda para ir un poquito más allá de esta
iniciativa que nos parece fundamental y que ha traído a esta Comisión el
señor Baldoví, al que damos las gracias. Nuestra enmienda propone que si
la empresa de trabajo temporal no se hace cargo de las condiciones
laborales en los términos en los que debería, sería la empresa principal
la que se debería hacer cargo de forma subsidiaria. Por tanto, con el fin
de mejorar las condiciones en el campo, nosotros proponemos la derogación
del artículo 17.7 de la reforma laboral del Partido Socialista de 2010,
que además el Partido Popular la empeora en 2012, que se garantice que
los empresarios se responsabilicen subsidiariamente cuando las empresas
de trabajo temporal no cumplan con sus obligaciones y que los precios
sean justos dentro del sector primario y que no sean, como siempre, los
trabajadores los que carguen con la precarización y con la mala
disposición de los partidos del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Candón.
El señor BALDOVÍ RODA: Disculpen un momento, señor presidente. Tengo que
defender también otra PNL en la Comisión de al lado y tengo que acudir,
pero volveré enseguida y hablaremos de las enmiendas. Les pido excusas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Gracias al señor Baldoví por su generosidad. Los casos a los que alude la
iniciativa son materia de ocupación constante de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, habiéndose realizado actuaciones de importante calado
en varias comunidades autónomas, especialmente en el arco mediterráneo,
además, con notables resultados, como se alude en la PNL. De hecho, los
expedientes sancionadores que mencionan en la iniciativa se deben a
actuaciones previas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el
año 2015, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social emitió un criterio operativo, el 96/2015, relativo a la cesión
ilegal de trabajadores y subcontratación en el ámbito de empresas de
servicios. Evidentemente, pretendía poner coto a determinadas prácticas
abusivas que se venían detectando.
Como consecuencia de ello, mediante la instrucción 6/2015, se
establecieron una serie de pautas referentes a las actuaciones
inspectoras en este tipo de asuntos, donde evidentemente se incluye el
sector agrario y las prácticas que se relatan en la PNL. Con esta
instrucción se han intensificado las actuaciones mediante una campaña
específica de subcontratación y empresas de servicios, que pretende un
mejor control sobre el cumplimiento de la normativa por parte de estas
empresas. Para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda
realizar adecuadamente sus funciones, es necesario adaptar su estructura
administrativa, lo que también implica aumentar el tamaño de la plantilla
del personal con funciones inspectoras. Voy a dar un dato, entre el año
2010 y el año 2015 se incrementaron 178 plazas de inspectores y 234
plazas de subinspectores entre acceso libre y promoción interna, y para
el año 2016 -también lo acaba de decir mi compañero Joaquín- las plazas
fueron 126. Se han adoptado medidas para el fortalecimiento de la
inspección, con la finalidad de que pueda continuar cumpliendo con la
importante función social que ejerce. Ello supondrá, a corto plazo, una
mejora de medios materiales y personales a su disposición. Ese fue el
compromiso de la ministra en su comparecencia, precisamente en esta misma
Comisión, sobre las líneas generales de la política de su departamento:
seguir luchando contra el fraude, combatir el empleo no declarado y la
economía sumergida y fraudulenta. Como ella bien dijo, el Plan de lucha
contra el fraude se puede resumir en tres palabras: en primer lugar,
reforma; en este aspecto, el cambio del Código Penal, Ley ordenadora del
sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y Ley de lucha
contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. En segundo
lugar, medios, con quinientos nuevos efectivos entre inspectores y
subinspectores. Y, en tercer lugar, y muy importante también, el de
coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también
con la Administración de Justicia.
Señorías, en esa lucha contra el fraude, iniciado en 2012 hasta enero de
2017, han aflorado 420.000 empleos irregulares sin derechos; se han
detectado 6.000 empresas ficticias y se ha logrado la conversión de más
de 253.000 contratos temporales en contratos indefinidos; además, esto ha
supuesto para el sistema un ahorro de 17.772 millones de euros. En esa
línea creemos que hay que seguir trabajando. También hay que poner en
marcha -como también ha dicho la ministra- la Oficina nacional de lucha
contra el fraude y, en el marco del diálogo con las comunidades
autónomas, trabajar en el Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Por otra parte, la PNL pide derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de
febrero, cuando dicho real decreto ha de entenderse ya superado tras su
posterior tramitación parlamentaria y su conversión en la Ley 3/2012, de
6 de julio, cuyas disposiciones puramente laborales, entre las que se
encuentran todas las relativas a la negociación colectiva, se han
incorporado al vigente texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. Quiero aclarar que los convenios colectivos, bien sean
sectoriales o de empresas, deben respetar en todo caso lo dispuesto en la
legislación laboral, como no puede ser de otra manera. En este caso
concretamente, si la Comunidad Valenciana -o cualquier comunidad que
tenga las competencias delegadas en esta materia- observa que en algún
aspecto se vulnera dicha legalidad, podrá impugnarlos de oficio ante la
jurisdicción laboral para que estos se declaren nulos.
Por lo demás, debemos matizar que las posibles infracciones muy graves en
materia laboral de las que aquí se está hablando no pueden merecer un
distinto tipo de reproche legal en función de la diferente naturaleza
jurídica del sujeto infractor. De hecho, quien incumpla -bien sea una ETT
o una empresa de servicios- no puede permitir calificar de una forma
especialmente agravada el incumplimiento legal o el establecimiento de
una condición por debajo de los mínimos de la ley o del convenio
aplicable.
Termino, señor presidente. Este es el camino iniciado por el Gobierno en
su trabajo constante, camino que está dando sus resultados respecto al
compromiso adquirido con los trabajadores que sufren estos abusos por
parte de los que no respetan las reglas ni la legislación laboral. Hay
que seguir luchando entre todos para que esto no siga ocurriendo. Además,
como ha dicho bien el señor Baldoví, esto supone un agravio comparativo
debido a la competencia desleal con las empresas que cumplen con la
legislación laboral vigente. En este caso hemos presentado un texto
alternativo a la propuesta del Grupo Mixto, que, como saben, conocen el
ponente y la Mesa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Candón.
Señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
Lamento que no esté el señor Baldoví, porque lo cierto es que siendo
también de la Comunidad Valenciana, en concreto de Alicante, y
escuchándole y leyendo la proposición no de ley que nos trae, me da la
sensación de que vivo en otro sitio distinto al suyo. Yo creo que no hay
ningún agricultor -no hablo de empresarios sino de agricultores de
aquellos a los que se les endurecen las manos de coger la azada- que
contrate de esta manera. Y lo mismo ocurre con las cooperativas agrícolas
de la provincia de Alicante -he consultado tres esta semana-, que no hay
ninguna que utilice el sistema de contratación a través de las ETT.
Asimismo, he consultado con la Subdelegación del Gobierno -también me lo
confirman las mismas cooperativas-, donde me dicen que cuando los
recolectores son inmigrantes, son extranjeros, el contrato se solicita a
través de la Subdelegación del Gobierno.
No vengo aquí a decir barbaridades, como ha dicho antes la compañera de
Podemos, sino después de haber estudiado previamente el tema. Por cierto,
no sé si ustedes han contratado alguna vez a través de las ETT o han
hecho algún contrato a alguna persona y le han proporcionado estabilidad.
(La señora Franco Carmona: No, yo he sido contratada). Dicho esto...
(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego un poco de respeto para la persona
que interviene.
Continúe.
El señor CANO FUSTER: Dicho esto, y dado que utiliza terminología como
semiesclavitud, sinceramente tengo que decir que si hay alguien que lo
hace habrá que ir contra ese empresario o contra el agricultor que lo
haga. No podemos consentir que en pleno siglo XXI se estén llevando a
cabo -permítanme el adjetivo- estas prácticas mafiosas. No podemos
permitirlo, pero al mismo tiempo apelo a la honradez para que no se
utilice este populismo de enfrentamientos, de buenos y malos, como se ha
dicho anteriormente.
A esta iniciativa hemos presentado una enmienda y, de ser aceptada,
votaríamos a favor de la misma. Sin duda, estamos a favor de que se
denuncien todas las ilegalidades que se produzcan y que todo el peso de
la ley caiga sobre los infractores.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
A continuación intervienen los grupos parlamentarios que no han presentado
enmienda. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
(Renuncia). No interviene. Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor
Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenos días.
No sé dónde vive el compañero que ha hablado antes, pero condiciones de
semiesclavitud existen, y en muchos sectores, también en el de las ETT.
Día a día en esta Comisión y en el Parlamento estamos poniendo el espejo
a la realidad laboral del Reino de España. Hoy toca hablar del abuso que
se hace de las ETT como mecanismo una vez más de abaratar costes,
reduciendo los salarios, empeorando las condiciones laborales, etcétera.
Dentro de poco lo vamos a volver a ver en el sector de la estiba, porque
en el fondo es esto: también entrarán aquí las ETT y el abuso de las
subcontrataciones y de las externalizaciones, porque lo que haría falta
no es una reforma laboral, sino empresarial. Esto es lo que haría falta
para evitarlo. Ya que no hacen esta reforma empresarial, alguien tendrá
que forzar que se haga de una vez por todas. Mientras esperamos reformas
laborales de más calado, que vayan al diagnóstico y al mal moll del que
hablábamos antes, vamos a votar a favor y damos las gracias al Grupo de
Compromís por haber traído esta PNL a esta Comisión, porque evidentemente
no vamos a estar en contra de que
haya más inspectores, más control sobre estas ETT para que se eviten todos
los abusos posibles y las situaciones de semiesclavitud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Ramón, por un tiempo de tres
minutos.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.
Nosotros no podemos estar más de acuerdo con esta iniciativa, ya que para
evitar la pésima situación que viven los trabajadores y las trabajadoras
del campo, concretamente también en la comunidad autónoma a la que
pertenezco, Andalucía, hemos presentado varias iniciativas tendentes a
mejorar las condiciones laborales, contemplando también la especificidad
de las mujeres trabajadoras del campo. A esa situación pésima que viven,
insisto, se suma la situación de algunos territorios, cuyo debate también
se trae esta mañana a la Comisión de Empleo, pues se están viviendo
abusos derivados de contrataciones masivas de carácter eventual, y a ello
también se suman las condiciones de explotación a las que están siendo
condenados muchos trabajadores del campo, y no solo ellos, sino también
los trabajadores en general. Creo que en ello tiene mucho que ver la
reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular, que está condenando
a estos trabajadores a ser trabajadores pobres. Por ello el compromiso de
mi grupo es la derogación de esta reforma laboral que establece un modelo
de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos, y lo que es
muy importante, un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de
poder entre trabajadores y empresarios. Queremos recuperar la centralidad
de la negociación colectiva para equilibrar esas relaciones y garantizar
los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Esto, como no puede ser de otra manera, debe ir acompañado de una
inspección centrada en velar por empleos de calidad y en tutelar los
derechos básicos de los trabajadores, como son los salarios, las
jornadas, los descansos, la contratación, la seguridad, etcétera.
Queremos hacer especial hincapié también en que esto beneficia, tanto a
los trabajadores y trabajadoras como a las empresas que cumplen, y que se
ven perjudicadas por aquellas otras que consideran los incumplimientos
sociales como un ahorro de costes. Por ello, como decía, vamos a apoyar
esta iniciativa. Nosotros contemplábamos en nuestro programa electoral el
incremento de inspectores de Trabajo y de Seguridad Social; también
creemos que es importante facilitar el intercambio de información con
otros organismos de la Administración, y modernizar los medios técnicos
de la Inspección para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, porque
el propio Gobierno, en respuestas parlamentarias, contempla que los datos
no están desglosados, con lo cual no podemos conocer el grado de
incumplimiento de los convenios colectivos, ya que no desglosan los datos
por actividad, y por supuesto esto tiene que ir acompañado de un régimen
sancionador.
No queremos pensar desde mi grupo, desde el Grupo Socialista, que el
Gobierno está evitando inspeccionar a los incumplidores. La reforma
laboral del Partido Popular tuvo un objetivo, que fue reducir los
derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Ese
objetivo está cumplido. Pero lo que no puede hacer el Gobierno es, ante
casos flagrantes como los que se denuncian aquí esta mañana, no actuar
con contundencia. Por ello insisto en que desde mi grupo vamos a apoyar
esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
No se encuentra presente el señor Baldoví para indicar si acepta o no las
enmiendas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, le confirmo que va a
presentar una transaccional.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO Y PARA POTENCIAR SU PAPEL EN EL ACCESO AL EMPLEO Y
EN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la tercera proposición no de ley
en el orden inicial. Proposición no de ley de medidas para mejorar el
régimen de funcionamiento de los centros especiales
de empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y la inclusión
social de las personas con discapacidad, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. La presenta el señor Del Campo, por un tiempo
no superior a siete minutos.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señor presidente.
Comienzo mi exposición dando unos datos: más del 8 % de la población
española tiene algún tipo de discapacidad; existen más de 2.000 centros
especiales de empleo en España, que emplean en torno a 70.000 personas,
por lo tanto son instrumentos imprescindibles para la creación de empleo
en España y a su vez para garantizar la empleabilidad de las personas con
diversidad funcional. En definitiva son una pieza clave para el
funcionamiento y el desarrollo del Estado del bienestar en España. No
obstante este desarrollo no está exento de problemas, por lo que voy a
comentar cuáles son los principales problemas que tiene el sector.
En primer lugar, problemas financieros. Lógicamente la crisis ha afectado
a todos los sectores, también a los centros especiales de empleo; las
subvenciones salariales se retrasaron e incluso se denegaron en ciertas
comunidades autónomas. También se retrasaron y suspendieron otras vías de
financiación pública. Se produjeron despidos, ERE, cierres. Es cierto que
existe una subvención para sanear financieramente los centros especiales
de empleo, no obstante no es fácil de conseguir, se concede
exclusivamente una vez y es de lejos insuficiente para solventar los
retrasos y suspensiones de financiación.
En segundo lugar, problemas respecto al incumplimiento de la cuota de
reserva y de las medidas alternativas. En los últimos diez años se han
producido grandes avances en esta materia, pero a día de hoy este aspecto
sigue siendo una de las críticas mayoritarias, y es que gran parte de las
empresas sigue incumpliendo estas medidas y ellas mismas achacan el
problema al desconocimiento, a las trabas burocráticas y a la falta de
información. Los datos varían de unos informes a otros, pero grosso modo
solo en torno al 30 o 40 % de las empresas de más de cincuenta
trabajadores cumplen de forma efectiva estas medidas. Esta situación es
bastante grave en cuanto a que provoca irremediablemente una gran
dependencia de estos centros de la financiación pública y de las
subvenciones. La realidad objetiva es que muchas veces, ante el trabajo
burocrático que supone adaptarse a la legislación y a la falta de
supervisión estatal, no les resulta rentable ni urgente cumplir con la
cuota ni con las medidas alternativas.
En tercer lugar, problemas respecto a los falsos centros especiales de
empleo y al fraude. Como ustedes saben el centro especial de empleo es
una fórmula empresarial que puede utilizarse para contrafacturar y hacer
intermediación ilícita de bienes y servicios. Tan solo es necesario
acreditar documentalmente los servicios prestados y los convenios
firmados en las inspecciones, las cuales en muchas ocasiones no
comprueban si los trabajos se han realizado realmente. De hecho se han
descubierto varios centros especiales de empleo donde se han llevado a
cabo actuaciones fraudulentas de este tipo en los últimos años. Esto ha
generado una imagen algo peyorativa de los centros especiales de empleo
ante las empresas, pagando justos por pecadores. No es una tendencia
generalizada pero sí es algo que se debería controlar y supervisar mejor.
Un dato revelador es que el número de centros especiales de empleo
aumentó entre el año 2009 y 2011 en plena efervescencia de la crisis,
como arrojan algunos de los informes que tenemos.
En cuarto lugar, hablamos de una falta de coordinación e implicación a
nivel estatal. Menos en los casos de Ceuta y Melilla, que dependen
directamente del Servicio Público de Empleo Estatal, la gestión de los
centros especiales de empleo corresponde a las comunidades autónomas. Tal
y como sucede con otras políticas este hecho provoca falta de información
y por lo tanto cierta opacidad a nivel nacional, y también desigualdades
en condiciones y en financiación, sobre todo en los momentos más graves
de la crisis.
En quinto lugar, hablamos de la falta de políticas de tránsito al empleo
ordinario. Se supone que por normativa y por su propia razón de ser los
centros especiales de empleo son centros de trabajo de tránsito hacia el
empleo ordinario para sus trabajadores. No obstante, lejos de cumplir con
su contenido, los centros especiales de empleo son, en la aplastante
mayoría de los casos, centros finalistas de empleo, una situación que
conlleva que las personas con discapacidad sigan en cierta medida
apartadas del mercado laboral ordinario.
En sexto lugar, hablamos de una falta de innovación y de sectores de
actividad con valor añadido. Los centros especiales de empleo suelen
centrarse en su mayoría en actividades de baja cualificación:
lavandería, jardinería, limpieza, call center, etcétera. Por un lado, esta
situación lleva a que muchos centros especiales de empleo se dediquen a
lo mismo y compitan entre ellos, y por otro, no incentiva en absoluto el
acceso de sus trabajadores al mercado ordinario ni a su desarrollo
personal y formativo.
En séptimo lugar, hablamos de dificultades para adaptarse a las nuevas
exigencias del servicio de ajuste personal y social. El sector refleja en
distintos estudios que adaptarse a estos servicios y a las derivadas
unidades de apoyo personal que se exigen resulta complicado por cuestión
de gestión de recursos humanos. Un centro especial de empleo tiene que
ser competitivo, al igual que una empresa ordinaria, y ha de contar con
un buen plan de viabilidad, que tiene que presentar como aval para
conseguir ser calificado como tal. Pero por otro lado se le exige ser una
entidad de asistencia social, con los servicios de ajuste personal y
social y las unidades de apoyo a la actividad profesional. Estas
exigencias son necesarias para este colectivo, sobre todo cuando se
cuenta con personal con discapacidades severas, y están más que
justificadas, pero presentan diversos problemas. Por un lado, dar estos
servicios de forma eficaz implica irremediablemente contratar personal
cualificado. Por otra parte, está la cuestión de las actividades
culturales y deportivas. Volvemos a lo mismo: realizar estos eventos
afecta a los presupuestos y a la gestión del tiempo de los centros
especiales de empleo. Una vez más los centros especiales de empleo de
menor tamaño y facturación se encuentran con complicaciones a la hora de
realizar estas actividades sin ver mermada su productividad. Realizarlas
fuera del horario laboral es complicado para el personal y realizarlas
los días laborables puede afectar al trabajo diario.
Finalmente creemos que es importante dar más visibilidad a las políticas
de contratación de personas con discapacidad y a los centros especiales
de empleo. El desconocimiento sobre la Ley General de Discapacidad en
general y de la empleabilidad del sector en particular son las
principales causas del incumplimiento legislativo de las empresas, según
demuestran los estudios e informes. Se debería por consiguiente organizar
una campaña de comunicación y concienciación pública, y no solo dirigida
a las empresas, como plantean otros partidos políticos en sus programas,
desde la secretaría general para concienciar a toda la sociedad española
sobre el problema de discapacidad y su integración en el ámbito laboral y
económico. En definitiva, señorías, dar solución a estos problemas es el
motivo que nos ha llevado a presentar la presente proposición no de ley,
para mejorar el funcionamiento de los centros especiales de empleo y para
potenciar su papel en el acceso al empleo y a la inclusión social de
personas con discapacidad. Está compuesta por hasta diez puntos o medidas
que inciden directamente en cada uno de ellos y esperamos que sean
apoyados por los miembros de esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a
cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidente.
Buenos días a todos y a todas. Compartimos con el grupo promotor el
análisis de que el acceso al empleo de las personas con discapacidad es
la gran asignatura pendiente, viendo además las cifras de que una de cada
cuatro personas con discapacidad en edad laboral está ocupada. La tasa de
paro supera en casi en 10 puntos la de la población sin discapacidad, y
en este sentido los centros especiales de empleo son un pilar fundamental
para la generación de empleo para las personas con discapacidad. Durante
todos estos años de crisis estos centros han tenido que enfrentarse al
retraso de los cobros de las subvenciones, como decía el grupo promotor,
y de las prestaciones. El retraso y el incremento de la competencia
externa y la bajada de los precios han sido inasumibles y hay problemas
de profesionalización de las estructuras. Compartimos también el análisis
de que existen desequilibrios territoriales entre las diferentes
comunidades autónomas en cuanto a cómo se gestionan estos centros
especiales de empleo e incluso compartimos lo que ha dicho el compañero
de que los centros especiales de empleo tienen que ser centros de
tránsito hacia el empleo ordinario, y que ese objetivo no se está
cumpliendo hoy en día. Pero discrepamos -y bastante- en el punto sexto de
su proposición no de ley en cuanto a la creación de viveros de centros
especiales de empleo privados o, como más les gusta llamarles a ustedes
de externalización de la gestión, por lo que pedimos la supresión de ese
punto.
También nos han surgido diferentes dudas al ver el punto cuarto de su
proposición no de ley, en el que hacen incidencia en la modificación del
Real Decreto 290/2004, en el que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad, a fin de
actualizar su contenido
y flexibilizar la utilización de este tipo de contratos. Nos parece
bastante ambiguo porque no se detalla qué aspectos se quieren actualizar
y en qué casos se quiere hacer esa flexibilidad de ese tipo de contratos.
Sin embargo, a pesar de que lo vemos bastante ambiguo, no tendríamos
ningún problema con este punto, pero entendemos que la externalización de
estos servicios en el punto sexto es la que nos va a impedir poder votar
a favor de su proposición no de ley.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcello.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Intervendré dos minutos y mi compañero Campuzano tres. Yo quiero hablar de
un tema que conozco muchísimo, porque fui alcaldesa de La Laguna durante
once años y fuimos pioneros en el tema de centros especiales de empleo,
con Acaman, con lo que fue la parte municipal de la gestión de la empresa
de aparcamiento y el mantenimiento de los campos de césped artificial,
que teníamos veintiuno. Yo quiero decir que en Canarias hay sesenta y dos
y que son referentes de eficiencia, que cumplen sus funciones
perfectamente, y que están regulados de manera transparente por el
Servicio Canario de Empleo.
Dicho esto hay que decir algunas cosas sobre la propuesta. Estos centros
ya compiten con bonificaciones y consideraciones especiales que se han
visto reforzadas con la aplicación de las cláusulas sociales que se van
imponiendo en la contratación pública, y que son un gran reto y a las que
no se hace alusión en el texto. Ahora lo más importante: no sería
deseable que una propuesta que nace para integrar, para apoyar la
discapacidad y promover su inclusión pudiera dejar abierto un camino que
permitiera usar a las personas con discapacidad para ganar concursos de
servicios, que se prestan luego con contratos precarios y sueldos bajos.
Con respecto al registro creemos que, dado el tema competencial
autonómico, el registro central debe ser el suministrado por cada
comunidad autónoma. Y en lo referente al punto cuarto me gustaría indicar
que los enclaves laborales deben de servir no solo como medida
alternativa a las empresas incumplidoras de las obligaciones de la Ley
General de Discapacidad, sino que han de tener como verdadero objetivo la
contratación del personal del enclave por la empresa que lo acoge. En el
punto sexto la opción de viveros parece la más razonable para la creación
de nuevos centros de empleo en aquellos sectores no representados o para
fomentar aún más los de alto valor añadido. A nosotros nos parece que hay
varias aportaciones de los grupos que han presentado enmiendas, y que
sería bueno llegar a una transaccional que mejorara la redacción
presentada por Ciudadanos. En cualquier caso lo vamos a apoyar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Campuzano, tres minutos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Sobre la cuestión de fondo que plantea el señor Del Campo existe
coincidencia. Es cierto que esa tasa de empleo de las personas con
discapacidad es 32 puntos inferior al del conjunto de la población, que
la tasa de paro entre este colectivo es 8 puntos más, que en las
políticas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad el
empleo protegido ha tenido y tiene un papel fundamental, y que es
necesario promover mejores políticas en esta materia. Discrepamos
lógicamente de la iniciativa de Ciudadanos, de ese tono recentralizador
que contienen los puntos primero y segundo de su iniciativa. Además se
equivocan en una cuestión de fondo, ya que aquello que garantiza la
igualdad efectiva de las personas con discapacidad no es una prestación
homogénea de las políticas en el conjunto del territorio del Estado
español, sino la adaptación de las políticas a las realidades concretas
-sociales, económicas, culturales- de los distintos territorios que
componen el Estado español. Por ejemplo, en esta materia de la
discapacidad, tanto en Euskadi como en Cataluña, en los veinte últimos
años se han desarrollado unos modelos de centros especiales de empleo
para personas con discapacidad intelectual que apuestan por favorecer el
empleo de personas a las que en el resto del Estado no se les generan
oportunidades de empleo. Esa ha sido la opción de las familias, de los
profesionales y de los distintos Gobiernos de Cataluña, y quizá en otros
territorios del Estado el modelo es otro. Tan respetable es el uno como
el otro, pero al menos desde la perspectiva catalana somos partidarios de
defender ese modelo, un modelo que da empleo y empleo
digno a personas a las que el mercado no puede ofrecer empleo, y que el
conjunto de los centros especiales de empleo de España no están
ofreciendo. Por lo tanto discreparíamos profundamente de ese
planteamiento del Grupo Ciudadanos.
Además las dos enmiendas que hemos presentado abordan dos cuestiones muy
concretas que en el petitum del señor Del Campo no se reconocen. Existe
una problemática muy evidente que es el incremento del salario mínimo
interprofesional, que va a implicar mayor coste a la contratación de
estas personas con discapacidad y que para determinados centros
especiales de empleo es un problema, por lo que hay que ser capaces de
encontrarle salida a esa situación. Hay algunas propuestas como, por
ejemplo, que las personas con especiales dificultades vean un incremento
de la subvención salarial. Una segunda enmienda pretende dar respuesta a
una cuestión muy concreta: que el contrato de formación y aprendizaje se
adapte también a la contratación de personas con discapacidad intelectual
y que hoy, por la regulación del contrato de formación, no pueden acceder
a este tipo de contratos. Nos gustaría que al menos estas dos enmiendas
fuesen tomadas en consideración por parte del Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar
la iniciativa de Ciudadanos, pero hemos planteado una serie de enmiendas.
Estas enmiendas están basadas en una premisa importante, que es que, sin
desmerecer la importancia que tienen los centros especiales de empleo,
hay que tener en cuenta que solo son el 3 % del tejido empresarial y dan
ocupación a un 58 % de los trabajadores con discapacidad. El Grupo
Socialista cree que la integración plena solo se alcanzará con el acceso
a la empresa ordinaria, un acceso inclusivo y accesible. Nuestras
enmiendas, puesto que el Grupo Ciudadanos ha hecho referencia en su
iniciativa también a la cuota, van referidas a intentar poner sobre la
mesa y solventar una serie de cuestiones, entre las que está el propio
funcionamiento de los centros especiales de empleo, la configuración y
cumplimiento de la cuota y de las medidas alternativas, medidas para
apelar a la responsabilidad corporativa en esta materia, ya que la ley en
el tema de la cuota es bastante estricta, medidas para ayudar a la
empresa ordinaria a contratar a trabajadores con discapacidad, y medidas
para dotar de un marco jurídico relevante al trabajo de los trabajadores
con discapacidad. Todas estas medidas se encuentran en las enmiendas que
hemos presentado.
En relación con el funcionamiento del centro especial de empleo Ciudadanos
en su iniciativa solo nos plantea reformar la norma sobre enclaves
laborales, y nosotros pensamos que es necesario también modificar las
normas de funcionamiento y la que regula la relación laboral especial de
centros especiales de empleo, puesto que son normas de 1985. En su origen
los centros especiales de empleo estaban concebidos como centros de
tránsito, para que el trabajador con discapacidad pasase a la empresa
ordinaria. Sin embargo durante su evolución se han convertido en centros
de empleo en sí mismos. Nuestro grupo estima que es preciso afrontar
modificaciones legales que no se tienen que ver como un hostigamiento a
los centros especiales de empleo, pues entendemos su importancia, sino
para potenciar su función, para remover obstáculos, para garantizar el
tránsito y el retorno a la empresa ordinaria. Eso es fundamental para
garantizar su solvencia, y sobre todo para implicar a los centros
especiales de empleo en la contratación de trabajadores que más
dificultades tienen de acceder al mercado de trabajo, que son aquellos
que tienen un mayor grado de discapacidad.
El segundo bloque de enmiendas que proponemos se refiere a la cuota.
Estimamos que no basta solo con incrementar el control, sino que hay que
modificar los parámetros de la cuota, porque todos sabemos que solo están
obligadas a contratar a trabajadores con discapacidad empresas de
cincuenta o más trabajadores. En la provincia de la que vengo, Ourense,
tenemos un tejido empresarial e industrial basado en la pequeña y mediana
empresa, y a veces es difícil encontrar trabajadores para plantear la
campaña de discapacidad en la Inspección de Trabajo. También es necesario
revisar las medidas alternativas, que no sea tan fácil acceder a ellas,
que la empresa verdaderamente haga un diagnóstico serio de los puestos de
trabajo que tiene. Es necesario que se creen registros, no solo de
centros especiales de empleo, sino de empresas que cumplen la cuota y las
medidas alternativas. Es necesario que se desarrolle la Ley de Contratos
del Estado, que la Administración no pueda contratar con aquellas
empresas que no cumplen la cuota, y sobre todo es necesario en este
ámbito regular la necesidad de protocolos. Así como la empresa
tiene que desarrollar protocolos o evaluaciones en otros ámbitos
laborales, como la prevención de riesgos o la igualdad, aquí también lo
consideramos necesario. El protocolo lleva a la empresa a hacer un
diagnóstico de la situación y a asumir de forma más profunda esta
obligación.
El tercer grupo de enmiendas que hemos presentado va referido a la
necesidad de apelar a la responsabilidad corporativa en este punto, es
decir, que no solo las empresas con cincuenta o más trabajadores sean las
que integren en sus plantillas a trabajadores con discapacidad, sino que
empresas más pequeñas que no tienen la obligación legal tengan la
obligación moral. Es necesaria la creación de sellos de excelencia
empresarial. Otra enmienda que consideramos muy importante se refiere a
que el empleo con apoyo no se facilite solo para los centros especiales
de empleo, sino que se aumenten los recursos y se amplíe a la empresa
ordinaria, es decir, que una empresa ordinaria que tenga intención de
contratar a trabajadores con discapacidad pueda acudir a los mecanismos
de empleo con apoyo.
Por último consideramos necesario abordar un marco jurídico nuevo para la
inclusión de trabajadores con discapacidad en el ámbito del Estatuto de
los Trabajadores, y con la misma relevancia que cualquier otra relación
laboral de otro trabajador, promoviendo estrategias de inclusión.
Ya para finalizar, en relación con el último punto al que también ha hecho
referencia una compañera, creemos que la externalización no es adecuada.
Si estamos pidiendo que no se externalice, que se contraten trabajadores
con discapacidad, aunque veamos bien la creación de clusters de cualquier
iniciativa, quitaríamos esa frase.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Frutos.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Tremiño, por cinco
minutos.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy estoy feliz por debatir aquí sobre los centros especiales de empleo.
Son ciertos los datos que se han dicho aquí. Es verdad que una de cada
cuatro personas con discapacidad trabaja, un 25 %, pero también es verdad
que hace seis años, en el año 2011, el peor año de la historia del empleo
de personas con discapacidad desde que se registra, era un 10 %, es
decir, una de cada diez personas con discapacidad trabajaba. Esto quiere
decir que en los últimos cinco años ha habido el mayor crecimiento y
creación de empleo de personas con discapacidad como digo desde que se
registra. Desde el año 2012 al año 2016 el empleo de personas con
discapacidad crece entre un 19 y un 20 % constante anualmente. Del año
2012 al 2013 un 19 %, del año 2013 al 2014 un 20 % y del año 2014 al 2015
un 19 % constantemente. Este crecimiento no se había dado como digo nunca
en la historia del empleo de personas con discapacidad desde que existe
este registro. Son datos del Servicio Estatal Público de Empleo y no lo
digo yo, lo dicen los datos oficiales. Concretamente en centros
especiales de empleo se ha pasado del año 2012 al año 2016 de 61.000
trabajadores a 72.200, un crecimiento del 17 %. Nunca los centros
especiales de empleo habían crecido en ese porcentaje en creación de
empleo de personas con discapacidad, y no es un mérito del Gobierno del
Partido Popular, sino de las empresas y de las asociaciones que han
generado ese empleo. Pero sí que es cierto que en el año 2012 con la
reforma laboral, que tan criticada ha sido aquí, se recuperaron las
medidas estatales de fomento del empleo que habían sido derogadas en el
año 2011 por el Gobierno Zapatero. Con lo cual, no sé si tiene muchas
cosas buenas o malas la reforma laboral -para mí todas son buenas-, pero
desde luego si hay una que las tiene por los resultados clarísimos es la
recuperación de las medidas estatales de fomento del empleo de las
personas con discapacidad, que como digo y repito habían sido derogadas
el año anterior con el Gobierno Zapatero. Por ello estoy totalmente a
favor de que se presente esta PNL de los centros especiales de empleo y
que se mejoren, pero también hay que decir que ahí están los resultados
de los últimos cinco años.
En cuanto al tipo de contrato en los últimos cinco años ha habido un
crecimiento del 53 % en contrato indefinido y el 50 % en contratos para
personas con discapacidad mayores de cuarenta y cinco años. Este es un
dato muy importante, porque como todos ustedes saben, señorías, es un
colectivo, el de los mayores de cuarenta y cinco años, de difícil
inserción y todavía más si se trata de personas con discapacidad.
En cuanto al presupuesto que se ha destinado por parte del Estado, no de
las comunidades autónomas, a las oportunidades de empleo de colectivos de
especial dificultad, como son las personas con discapacidad, hemos pasado
de 210 millones de euros en 2012 a 234 millones de euros en 2015 y a 260
millones de euros en el año 2016. Ha habido un crecimiento también en
cuanto al presupuesto de empleo de personas con discapacidad.
Respecto a las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social en el
año 2016 fueron de 380,5 millones de euros. Como ustedes saben -lo quiero
repetir- las bonificaciones son por parte del Estado y las ayudas de
fomento al empleo por parte de las comunidades autónomas, que es donde
efectivamente no han crecido. Estos datos tampoco los facilita el Estado
ni los facilita el INE, los facilita la Federación Empresarial Española
de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, Feacem, que son datos
que ha publicado y que todos conocemos. Aun así entiendo que es verdad
que queda mucho por hacer, y por eso creo que es conveniente
evidentemente apoyar esta PNL.
Hemos presentado varias enmiendas, se está negociando para que se presente
una transaccional por parte de todos, y estamos de acuerdo en casi todos
los puntos menos en el punto primero, del que estamos totalmente en
contra. Consideramos que hay que votar a favor del resto de puntos, pero
no del primero, porque dice que hay que crear una secretaría general de
diversidad funcional. Señorías, hay una Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad en la que están la discapacidad, el Real Patronato,
la dependencia, y además -dicho también por las asociaciones, no dicho
por el Gobierno- ha habido la mayor creación legislativa de la democracia
en materia de discapacidad. Hay leyes como la Ley General de Discapacidad
y leyes como la Ley del Tercer Sector y ha sido en estos últimos cinco
años; cuarenta y ocho normativas entre leyes, reales decretos, reales
decretos legislativos y órdenes ministeriales; la mayor creación. ¿Para
qué vamos a crear una secretaría general si ya existe una secretaría de
Estado, que además ha sido muy activa, como nunca lo ha sido en la
democracia? Por tanto, vamos a votar a favor, pero quiero reiterar -que
quede constancia- mi total desacuerdo con el punto primero relativo a
crear una secretaría general.
Quiero agradecer a Ciudadanos que haya llevado esta PNL y su negociación y
que acepte todas las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado.
Les querría contar mi experiencia personal. ¡Cómo va a votar el Partido
Popular en contra del centro especial de empleo si mi primer trabajo, el
primer trabajo de esta persona con discapacidad -por cierto, no soy una
persona con diversidad, no soy un diverso funcional, sino una persona con
discapacidad, que es la terminología oficial reconocida por la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no soy
diverso, soy, primero, persona, y después, con discapacidad- fue, gracias
a Dios y sobre todo al empresario que quiso contar conmigo, en un centro
especial de empleo de personas con discapacidad! Por eso vamos a apoyar
esta PNL y la transaccional.
Muchísimas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tremiño.
A continuación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios
que no han presentado enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando habla el señor Campuzano, casi siempre me pisa el terreno en este
ámbito, y me ha pasado hoy también nuevamente. Es decir, si algo tiene
esta proposición no de ley es que afecta de una forma indubitada a
aquellos ámbitos en los que ya existen políticas de empleo en materia de
discapacidad que han sido puestas en práctica, especialmente en Cataluña
y en Euskadi, con un nivel de éxito importante y con un nivel de atención
al colectivo también importante.
No voy a negar el valor de esta proposición no de ley, pero sí entiendo
que atiende a una realidad un tanto diferenciada o que ha sido ya
condicionada por políticas activas puestas en ese sentido por las
administraciones competentes en la materia; siendo así que el Estado, por
otra parte, ha estado funcionando en base a una orden del año 1998, en la
que ha facilitado los medios para que se pudieran producir políticas
específicas sobre discapacidad que han podido elaborar las comunidades
autónomas.
En el caso de Euskadi, además, ha habido una actuación específica -su
criterio rector se ha señalado en una de las intervenciones- que ha
tenido como eje la existencia de un criterio práctico, que es la de no
considerar el tránsito como un periodo válido. Es decir, la de entender
que cualquier persona afectada por cualquier tipo de discapacidad que
pueda obtener algún tipo de contrato ha de ser objeto de ese contrato de
trabajo en condiciones iguales a las de quienes no tienen ese tipo de
discapacidad. Esa ha sido una práctica -la del desarrollo de empresas que
pudieran atender esa especialidad- que ha estado unida a la potenciación
de medios técnicos y personales de apoyo que pudieran facilitar también
no solo la prestación ordinaria del trabajo de una forma remunerada
ordinaria igual a la de cualquier otro trabajador, sino también además en
términos de rentabilidad. Hoy, Guria, que es la empresa que conocemos en
Gipuzkoa -en Bizkaia hay otra diferente-, atiende a unos criterios
determinados por los que las empresas donde trabajan personas con
discapacidad son rentables por sí mismas, con independencia de quienes
trabajan en ellas. Es un criterio que se ha elaborado, vuelvo a repetir,
a partir de la existencia de políticas propias que, sin embargo, esta
PNL, con todo respeto, matiza, seguramente porque atiende a otra realidad
diferente y nosotros tampoco queremos condicionar otras realidades
diferentes, pero sí queremos que se respete la nuestra en ese sentido.
Por ello, no es que no deba o no pueda apoyar, es que prefiero que esa
realidad se sustente en el apoyo de aquellos que quieren legislar, que
quieren actuar sobre una realidad diferente, y les pido, por favor, que
en esas actuaciones respeten las especialidades y las particularidades y
el nivel de desarrollo que tenemos en Euskadi.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, el señor Salvador no se encuentra
presente.
¿El grupo proponente se posiciona sobre las enmiendas o espera al final?
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Estamos en proceso.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- RELATIVA AL REEMPLAZO Y SUSTITUCIÓN DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS EN LAS
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GIPUZKOA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de
expediente 161/001063).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley relativa
al reemplazo y sustitución de los trabajadores jubilados en las entidades
prestadoras de servicios de la Seguridad Social en Gipuzkoa, presentada
por Grupo Parlamentario Vasco.
Señor Barandiaran, tiene la palabra por un tiempo no superior a siete
minutos.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya se indica en la parte expositiva de nuestra proposición no de ley,
su razón se encuentra en una denuncia previa que formuló en su día la
representación sindical mayoritaria en el ámbito de la Tesorería y del
INSS de Gipuzkoa, quienes habían alertado de un problema específico que
es el que sufren como consecuencia del número de bajas de sus
trabajadores que quedaban sin relevo, producto tanto de jubilaciones no
ordinarias, anticipadas o bajas no cubiertas.
Somos conscientes, no obstante, de que tras este caso hay un problema
genérico que afecta no solo a la Administración del INSS o de la
Tesorería, sino que afecta con carácter general a todas las
administraciones: estatal, autonómica o local. Ese problema no es otro
que la limitación de la tasa de reposición de funcionarios públicos
impuesta como medida restrictiva que afecta no solo al gasto, sino
también al empleo público. Tras dicha política se esconden, a nuestro
juicio, dos propósitos que, con todo respeto, consideramos equivocados y
que revelan, no obstante, un cierto grado de ineficacia en la gestión de
los servicios públicos. De una parte, obedece a una estrategia de
adaptación de la estructura de personal de los diferentes servicios a las
nuevas prestaciones tecnológicas -lo que como propósito puede ser hasta
loable-, pero que en su ejecución, lejos de obtener un mayor grado de
eficacia en sus servicios, la consecuencia ha sido la disminución
incontrolada de funcionarios y empleados públicos, producto de no haber
sabido gestionar de forma adecuada una pirámide de edad envejecida. La
otra es que, por mucho que se disfrace de propósito estratégico, la única
decisión política meditada que ha justificado la disminución de efectivos
en todas las administraciones públicas ha sido impedir la reposición de
bajas por razones exclusivamente presupuestarias que se impuso por el
Gobierno para, aparentemente, coadyuvar a paliar una situación de crisis.
Lo cierto es que dicha decisión ha provocado no solo una notable
disminución de efectivos en destinos como el que destacamos -el INSS y la
Tesorería de Gipuzkoa-, sino el empeoramiento de los servicios públicos,
a pesar del esfuerzo de muchos funcionarios y empleados públicos a
quienes hoy todavía no se agradece de forma suficiente haber mantenido el
nivel de calidad de muchos servicios a los ciudadanos, a pesar de la
precariedad de medios con los que se ha limitado su actividad.
Sobre ese particular, los Presupuestos Generales del Estado para 2015
preveían una tasa de sustitución del 50 %, si bien limitado a
determinados sectores designados por el Gobierno, por lo que, sin
perjuicio de unas ofertas parciales, se ha podido comprobar que desde el
año 2009 hasta el año 2014 la Administración General del Estado ha
perdido más de 30.000 puestos de trabajo por no cubrir las bajas. En el
año 2014 fueron 5.000 más 6.000, unos 11.000 puestos, y en el año 2015 se
habla de la disminución de otros 5.000 puestos de trabajo. En nivel
similar se mueve la Administración de la Seguridad Social, INSS y
Tesorería, si bien no dispongo de datos concretos. No ponemos excusas de
alguna manera a la necesidad de adaptar la Administración a nuevos
requerimientos tecnológicos, pero sí a una práctica ineficaz,
injustificada y lesiva para el interés general consistente en utilizar el
envejecimiento de la Función pública como factor para fomentar la
disminución de la plantilla.
El aumento de la edad media dentro de la Función pública es consecuencia
sin duda de una política de congelación de ofertas públicas, lo que
explica el que hoy existan departamentos en los que la media de edad se
sitúe en cincuenta y seis, cincuenta y siete o más años. Así, según las
informaciones que nos han hecho llegar, son un total de cuarenta y siete
los trabajadores de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Gipuzkoa quienes se han jubilado en los últimos tres años sin relevo y
veintiocho el número de empleados del INSS del mismo territorio los que
han accedido también a su jubilación sin ser reemplazados. A finales de
2015, el INSS de Gipuzkoa contaba con ciento setenta y cinco empleados
con una media de cincuenta y cuatro años, de los que más de un 81 %
tenían de cincuenta y un años en adelante. Si el dato es preocupante, lo
es más viendo la posibilidad de que pueda existir una jubilación
anticipada a los sesenta años en su caso.
La estimación que hace la propia dirección provincial en este sentido es
que, de no intermediar en esta situación, a finales de este año la
reducción de la plantilla sería de un 20 % o un 30 % que se podía ampliar
a más de cuatro años. Como ejemplo de deterioro -y lo señalo también en
mi proposición no de ley- hay un colapso del servicio, que se puede
agravar; hay consultas y trámites a los ciudadanos que no se pueden
atender, pero fundamentalmente existe una posibilidad de atender la cita
previa sin perjuicio de que, una vez sean atendidas para todos los
elementos en los que puedan activarse por parte de los ciudadanos en la
Tesorería y en el INSS, la intervención de los funcionarios sí ha
conseguido de alguna manera disminuir esos retrasos que al menos se
estaban produciendo, solo en la cita previa, de más de veinte días o tres
semanas. Nos consta, además, que la solución excede las competencias del
organismo territorial -la dirección provincial- y atañen en exclusiva a
los organismos centrales -el INSS, la Tesorería General de la Seguridad
Social y, por tanto, el Gobierno de España-.
Por ello y atendiendo a esos antecedentes, hemos entendido conveniente
formular esta proposición no de ley, proposición no de ley que, sin
perjuicio de los términos en los que ha sido propuesta -y quiero
anticiparlo a la Presidencia-, se ha conseguido conciliar una propuesta
conjunta por parte del Grupo Socialista, por parte de Ciudadanos y por
nuestra parte, ya que ellos han planteado determinadas iniciativas que
hemos entendido conveniente aglutinar. Por lo tanto, existe una enmienda
transaccional sobre la propuesta que se expresa de la siguiente forma.
Atendiendo, por ello, a los antecedentes indicados se insta al Gobierno
a: 1. Que inicie el procedimiento conducente a la inmediata cobertura de
plazas de trabajadores del INSS y Tesorería jubilados en la Delegación
Provincial de Gipuzkoa, así como a la adopción de cuantas medidas
transitorias sean necesarias para la sustitución de dichas vacantes en
aras de la atención del servicio durante el periodo en el que se tramiten
y concluyan dichos procedimientos de cobertura de plazas. 2. Adoptar en
igual medida la inmediata cobertura de plazas de trabajadores del INSS y
Tesorería General de la Seguridad Social que se jubilan en las
delegaciones del resto del Estado. 3. Asimismo, el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social
y de conformidad con la recomendación 8 del Pacto de Toledo de 25 de
enero de 2011, vele por la reposición necesaria de efectivos a fin de
garantizar la prestación eficaz del servicio público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran. Haga llegar a la
Mesa el texto cuando pueda.
A continuación, corresponde la intervención de los demás portavoces de los
grupos parlamentarios que han presentado enmiendas por un tiempo no
superior a cinco minutos. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Perea, teniendo en cuenta que las enmiendas 2 a 5 se refieren a la
parte introductoria y que, aunque fueran aceptadas y aprobadas, no se
reflejarían en el texto final.
Es una evidencia la reducción a la que se ha visto sometida la
Administración del Estado a lo largo de estos últimos cinco años. Con la
entrada en vigor del Real Decreto 20/2011 se inició una esquilmada nunca
vista en la configuración territorial, institucional y económica del
Estado. La invasión de competencias por la Administración del Estado en
las otras dos administraciones, la local y la autonómica, acompañada de
una reducción económica con la limitación en sus competencias supuso un
giro de 180 grados, por no decir que supuso -y disculpen la terminología-
la vuelta del Estado como un calcetín. De la configuración de una
estructura constitucional hemos pasado a una totalmente diferente. Hoy,
pasados cinco años, somos testigos de la depauperación de la
Administración que está afectando irremediablemente a nuestros
conciudadanos. Efectivamente, amparándose en la crisis económica, el
Gobierno del Partido Popular inició en 2011 una andadura reduccionista de
la Administración del Estado que ha llevado a una configuración
totalmente distinta de la prestación de los servicios públicos. La
prohibición establecida en el artículo 32 del real decreto mencionado
impedía la sustitución de las vacantes de personal por jubilación,
fallecimiento, renuncia, traslado, etcétera, al procederse a la
amortización de las plazas. Concretamente, si nos referimos al personal
perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un total de
46.189 efectivos en 2011 se ha pasado en 2016 a 41.608, una reducción de
más de 4.500 efectivos entre funcionarios de carrera, personal laboral y
otro personal, según datos facilitados por el propio ministerio. Es
evidente que la consecuencia última como es la atención al ciudadano se
ha visto perjudicada sí o sí, tanto en la información como en la
transparencia. Este grupo denunció y continúa denunciando el
reduccionismo ideológico impuesto por el Gobierno del Partido Popular a
lo largo de estos cinco años. En multitud de ocasiones se ha instado la
reposición de efectivos a las distintas administraciones. Las
circunstancias que señala la PNL presentada por el grupo parlamentario
del PNV van en la línea de las instadas por este grupo en la X
Legislatura, de ahí que le vayamos a dar nuestro apoyo.
La ausencia de una política adecuada de relevo del personal en los
organismos gestores de la Seguridad Social que se va jubilando ha venido
acompañada de una modificación importante de la forma de atender a los
ciudadanos y ciudadanas que se acercan a las dependencias de las
entidades en demanda de información o para la presentación de solicitudes
de prestaciones o para otros trámites a través de la imposición de facto
de la cita previa, con la consecuencia en la demora para obtener una
respuesta ágil en su demanda de información o de solicitud de
prestaciones, aunque es de reconocer que su tramitación posterior puede
llevarse a cabo en los plazos adecuados como ha dicho el representante
del PNV gracias al esfuerzo de los funcionarios que aún quedan prestando
los servicios.
La falta de planificación, la no reposición de efectivos, así como el
parcheo en las sucesivas modificaciones de las relaciones de puestos de
trabajo ha producido graves desequilibrios a falta de una modificación
global con criterios poco homogéneos del reparto de las cargas de
trabajo, entre los pocos efectivos que, como ya he dicho, van quedando.
Ya solo estos hechos demuestran que el Gobierno del Partido Popular no
está pensando en la prestación de un servicio público eficiente y de
calidad. Poniendo en valor lo que propone esta iniciativa, este grupo ha
querido ir más allá presentando enmiendas que esperamos -como ha dicho el
representante del PNV- culminen con una transaccional que se acaba de
presentar. Queríamos ir más allá entendiendo que algunas de las
deficiencias en la gestión podrían haber sido resueltas si se hubiera
llevado a cabo el desarrollo de la recomendación 8 del Pacto de Toledo,
que prevé el desarrollo de la agencia única. Precisamente, este
desarrollo hubiera permitido una ordenación de sus propios recursos
unificando las actuales entidades, mejorando la gestión y, por tanto, la
atención al ciudadano, que es lo que en definitiva prescribe un servicio
público de calidad. A mayor abundamiento y según refieren las fuentes
sindicales, la diversidad que se está produciendo en materia de política
de personal entre las diferentes entidades gestoras y servicios comunes
exigiría el desarrollo de esta previsión contenida ya en 2011 a la mayor
urgencia posible, máxime si puede suponer un distinto trato no solo a los
ciudadanos, sino incluso a los propios trabajadores. La falta de
información a los ciudadanos respecto a los cálculos de la pensión a
efectos futuros es un hecho reconocido por las propias fuentes del
ministerio, así como se ha puesto de manifiesto en las distintas
comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo por sus intervinientes.
La falta de transparencia e información, como ya hemos dicho, ha sido
denunciada de forma reiterada. Estos hechos, señorías, no son
casualidades sino que responden a una voluntad clara del Gobierno de
ocultar interesadamente información a los ciudadanos, a lo que se añade
la imposibilidad de hacer frente a las peticiones de la propia
ciudadanía.
Voy acabando. Por otra parte, debemos añadir el cinismo del Partido
Popular que practica de forma constante, ya sea en la Comisión o en el
Pleno de esta Cámara cuando presenta iniciativas instando mayor dotación
de medios. Hoy mismo somos testigos de la hipocresía del Partido Popular
cuando presenta una enmienda a una de las proposiciones no de ley que se
debaten en esta Comisión instando
la mayor dotación de recursos para la Inspección de Trabajo. Tal es el
comportamiento del Gobierno que ha llegado al grado de postureo.
Recientemente, asistimos a la inauguración de una nueva oficina integrada
en Reus el pasado mes de enero. El cinismo llega al grado máximo cuando
el citado día la vicepresidenta pronunció unas emotivas frases del tipo:
La Seguridad Social es el corazón de la solidaridad entre los españoles,
la Seguridad Social es el corazón del Estado del bienestar.
Este grupo se hace eco de la denuncia de las organizaciones sindicales
mayoritarias cuando afirman que, según resulta de la página web de La
Moncloa, la nueva oficina acogerá a un centenar de funcionarios para
atender a 200.000 ciudadanos. Pues bien, a fecha de hoy prestan servicio
solo 32 trabajadores: 10 del INSS, 15 de la Administración y 7 de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva. En ningún caso, los 40 que prevé la ya
obsoleta relación de puestos de trabajo, como denuncia una de las
organizaciones sindicales. Que las vacantes que se producen no se
repongan es una realidad que no tiene justificación alguna, si no es la
ideológica. Por todo ello, y sin la pretensión de querer cansar a sus
señorías, creíamos que era necesaria la exposición de una parte de las
circunstancias y situaciones en las que se encuentra actualmente la
Administración del Estado y concretamente la de la Seguridad Social. Por
ello, no podemos estar más de acuerdo con la iniciativa presentada por el
Partido Nacionalista Vasco en los términos de la transacción adoptada y a
esos efectos instamos que de forma urgente se adopten las medidas
necesarias a fin y efecto de dar protección tanto a trabajadores como a
ciudadanos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Perea.
Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
La propuesta que nos trae hoy el señor Barandiaran en el fondo de la
cuestión es el envejecimiento claro que se está produciendo en la función
pública. Eso conlleva, desde luego, importantes faltas de medios humanos
que suponen, por lo tanto, una bajada en la calidad del servicio que se
está prestando a nuestros ciudadanos. Comenta la causa concreta de la
provincia de Gipuzkoa, pero nosotros podemos relatar diversos casos. En
concreto, mi compañero de Aragón, Rodrigo Gómez, el 14 de diciembre
pasado presentaba una pregunta por escrito pidiendo claramente que se
solucionase la situación de la oficina de la Tesorería de la Seguridad
Social en Caspe, Zaragoza, ya que de los tres miembros que tenía esa
oficina realmente estaba solo uno en activo y, por consiguiente, suponía
un grave problema y un perjuicio para los habitantes de la comarca. Está
claro que esto se produce en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
pero no podemos olvidar que también ocurre en los ministerios de Defensa,
Fomento, Justicia, en la Agencia Tributaria, en Patrimonio Nacional y,
por poner un ejemplo claro, los trabajadores de los centros
penitenciarios de este país superan ya de media los cincuenta años.
Entendemos que todo ello es un problema que se produce en el común de todo
el territorio nacional y, de ahí, el espíritu de nuestra enmienda, el de
completar lógicamente la dispositiva que pedía en este caso el señor
Barandiaran en su proposición no de ley para el conjunto del territorio
nacional. Habida cuenta de que el Partido Popular nos está adulando con
esa maravillosa recuperación económica que se está produciendo, esperamos
que en esos presupuestos generales que estamos esperando desde las
distintas comisiones para poder estudiarlos a fondo se incluya una oferta
de empleo público que, por lo menos, cubra esa tasa de reposición al cien
por cien y no que tengamos que conllevar esa carencia de medios no solo
materiales sino humanos, que es mucho más importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
A continuación, los portavoces de los grupos parlamentarios que no han
presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto,
señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Euskal Herria Bildu apoyamos tanto la iniciativa inicial como la
transaccional a la que han llegado tres grupos, el proponente y los
enmendantes. Y lo hacemos porque entendemos que esto es un claro ejemplo
de la política de empleo del Gobierno que, lejos de apostar por la
creación de empleo de calidad, está favoreciendo el aumento de la
precariedad y la pobreza con la reforma laboral y con una política fiscal
basada en las rentas de trabajo en lugar de apostar por una mayor
progresividad y equidad. Pero, además de ello, en los últimos años las
políticas implementadas, supuestamente para hacer frente a la crisis, han
supuesto una
importante pérdida de empleo público. Creo que los portavoces de los
distintos grupos manejamos datos diferentes y todos ellos nos hablan de
destrucción de empleo. El dato que tengo a mano es que los boletines
estadísticos señalan que, entre enero de 2010 y enero de 2016, el
personal al servicio de las administraciones públicas se ha reducido en
más de 240.000 personas, lo que representa una disminución del 8,8 %; en
el ámbito de la Administración pública estatal, esta reducción es del
10,8 %. Sea este el dato cierto o lo sea algún otro que se ha barajado,
todos ellos nos llevan a la misma conclusión: se ha dado una destrucción
de empleo público y, además, dicha destrucción de empleo público conlleva
el deterioro de los servicios públicos, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos, así como de las condiciones laborales. Ello nos
demuestra que la tasa de reposición no se está aplicando, como en el caso
concreto de la Seguridad Social en Gipuzkoa, y que, lejos de cubrirse las
jubilaciones, se está además aprovechando para amortizar plazas y para
disminuir el número de empleados públicos a cargo de la Administración
del Estado. Esta, que es una tendencia generalizada, es más notoria en
aquellas áreas en las que se ha producido un número importante de
jubilaciones en los últimos meses, lo que ha agravado la situación, como
se está viendo, en Gipuzkoa, llegando a un deterioro importante en el
servicio que se presta, por mucho que el funcionariado intente que ese
servicio sea lo mejor posible.
Por ello, entendemos que es urgente tomar medidas para cubrir las vacantes
mientras se realizan los procedimientos necesarios para cubrir dichas
plazas y, por eso, como decía al inicio, al igual que la iniciativa del
proponente, la transaccional final que de alguna forma traslada esta
realidad que se está viviendo en Gipuzkoa también al resto del Estado,
nos parece correcta y, por tanto, cuenta con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Por el Grupo de Esquerra Republicana no van a intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Muchas gracias. Egun on. Buenos días.
Nuestro grupo confederal también va a apoyar esta iniciativa, como no
podía ser de otra manera, porque nos habla de algo importante, que es
cubrir las plazas de aquellos trabajadores y trabajadoras, del INSS en
este caso y de la Tesorería General de la Seguridad Social en Gipuzkoa, a
causa de jubilaciones. Desde Comisiones, el sindicato mayoritario en
Gipuzkoa, se denunció esta situación ante la Dirección Provincial del
INSS para que se mejorara y, sin embargo, a día de hoy, los conflictos
son grandes; se producen conflictos -ya se ha dicho- por la falta de
plantilla y esto repercute directamente en la mala atención que se da a
la ciudadanía. Se producen incluso situaciones tensas en las oficinas
porque la gente suele acudir a ellas antes de la hora de apertura para
coger cita y poder ser atendidos y, cuando se abren las puertas, los
trabajadores y las trabajadoras les dicen que tienen que coger citas, y
además de largo plazo, con lo cual hay incluso situaciones tensas en las
propias oficinas. En este momento estamos hablando de que en los últimos
años se ha jubilado un promedio de diez o doce personas al año y, sin
embargo, no han salido ofertas públicas de empleo para el personal
administrativo y auxiliar, que es el personal que atiende al público. Por
tanto, estamos hablando de una situación de mucha tensión en Gipuzkoa.
Nuestro grupo confederal ya planteó esta misma problemática en otras dos
oficinas de atención: una de ellas es la de la renovación del DNI en
Gipuzkoa, donde ocurre lo mismo, y la otra es la de los exámenes de
conducir, donde también ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de
falta de personal y de que no se cubren las vacantes por jubilación. Esto
no es nuevo. Aquí se han dado cifras, depende de los años que se cojan,
pero lo cierto es que un nuevo estudio elaborado por Comisiones Obreras
entre los años 2011 y 2015 habla de que se han perdido 23.000 puestos de
trabajo en la Administración General del Estado, un 10 % del total. Esto
es una barbaridad y, si lo vemos por empleos, se han suprimido quince
puestos por cada cien contratos laborales y se han suprimido más de ocho
por cada cien puestos de funcionarios. Por tanto, estamos hablando de las
consecuencias de la política de recortes del Gobierno de Rajoy, del
Gobierno del Partido Popular. Esto es así y, además, este recorte lo que
hace es desprestigiar el servicio público. Quizá no interesa el servicio
público y lo que se pretende es privatizarlo, lanzarlo a la
competitividad del mercado y también a los brazos de las empresas
privadas que solo buscan beneficio y más beneficio y no el bienestar de
la ciudadanía. Es una situación urgente que nosotros no compartimos y
vamos a seguir trabajando para revertirla.
Voy terminando. Hay que cambiar el rumbo de la política, esto es así, y
pasar a mayores ingresos y también, por supuesto, a mayores gastos en
servicios públicos que dignifiquen y den calidad a dichos servicios, que
son servicios universales y los pagamos todos y todas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salud.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa y también de la propuesta
transaccional -agradezco al señor Barandiaran que nos la haya hecho
llegar anticipadamente para poder así observar y estudiar su contenido y
tomar una decisión respecto del voto que iba a ejercer mi grupo-, y lo
vamos a hacer por la coherencia y el rigor que le ha faltado a algún
grupo parlamentario esta mañana en el debate que acabamos de tener. Lo
digo porque diversos grupos, especialmente el Grupo Parlamentario
Socialista, quieren convertir una posible carencia de personal en una
entidad gestora, o en las entidades gestoras, de la Seguridad Social en
la provincia de Gipuzkoa en algo generalizado en la totalidad del
territorio español, y lo dicen sin ningún tipo de sustento en las cifras.
Así como en la proposición no de ley inicial sí barajaban las cifras que
existían en las entidades gestoras en Gipuzkoa -por cierto, erróneas,
ahora lo diré- y de ellas nos llevaban a una petición de que esa tasa de
cobertura o de reposición debería ser mayor de la que se estaba
produciendo, se pasa, con carácter general, a la totalidad de las
delegaciones del territorio español y se hace sin ningún tipo de
fundamento en ninguna cifra que se haya puesto encima de la mesa en la
mañana de hoy. Sí, muchas frases grandilocuentes, pero, señora Perea,
ustedes pasan de lo particular, Gipuzkoa, a lo general, España, sin
ningún rigor. Es más, no le voy a calificar nunca su actuación de cinismo
parlamentario, califíquela usted como quiera, pero piden una cosa y
desean justamente la contraria. Y me explico: ustedes saben, y la mayoría
de los grupos en esta Cámara también, aunque ninguno lo ha dicho, que la
provisión de los puestos de personal de las entidades gestoras de la
Seguridad Social pasa por la oferta de empleo público, es decir, debe ser
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, aprobada
por las Cortes Generales, como vehículo de dirección y de orientación de
la política económica del Gobierno, la que determine la tasa de
reposición correspondiente.
Al respecto quiero recordarles, porque tampoco lo ha dicho ninguna de sus
señorías, que nos encontramos en un contexto de prórroga de los
Presupuestos Generales del Estado de 2016 para el año 2017. Dicho de otra
manera, si no hay Presupuestos Generales del Estado, no hay oferta de
empleo público y no puede haber tasa de cobertura; o, lo que es lo mismo,
piden ustedes, la totalidad de los grupos, iniciar actuaciones o el
procedimiento conducente a la inmediata cobertura de plazas de
trabajadores y ¿cómo lo tenemos que interpretar desde el Grupo
Parlamentario Popular?, ¿como que quieren ustedes que se aprueben con
rapidez los presupuestos generales para el ejercicio en que nos
encontramos? Nosotros ya hemos anunciado que los traeremos a esta Cámara
y lo lógico es que ustedes hubiesen planteado enmiendas -si no les parece
bien la tasa de cobertura- en el debate de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Por eso, cinismo parlamentario no sé; llame usted
como quiera a la posición paradójica de pedir una cosa y desear
justamente la contraria. Además, señorías, la petición inicial también se
hace en base a unos datos que no son reales. El número real de bajas en
la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia de Guipúzcoa
es de treinta y tres, y no el que el señor Barandiaran contemplaba en su
proposición no de ley, y el número real de bajas en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social es de veintiuno, y no el que el señor Barandiaran
refleja en la exposición de motivos.
Por otra parte, en cuanto a la puesta en marcha de la cita previa -achacan
todos los males a la cita previa por lo que se refiere a la atención a
los ciudadanos- a través de Internet, es un servicio que ya existía.
Antes se hacía por teléfono y anteriormente con carácter presencial y yo
creo que es mucho mejor que la gente desde su casa pueda llamar por
teléfono o bien pedir esa cita previa a través de Internet y no tener que
ir un día y hacer la cola para que le den cita para no sé qué día. Esto
ya existía, incluso -fíjense ustedes- cuando gobernaba el Partido
Socialista, y debo decirles -acabo ya- que dicho servicio, que no es
obligatorio, es un medio más. Lo que sí podían haber previsto -hubiésemos
estado de acuerdo- es paliar la situación de carencia que puede existir
en determinadas delegaciones con las medidas que ya se están llevando a
cabo en el ámbito interno: sistemas para optimizar los recursos humanos
mediante la reorganización de unidades administrativas, la redistribución
de efectivos y la normativa que los regula. Por todo ello vamos a votar
en contra de esta proposición no de ley.
- SOBRE EL IMPULSO DE UN PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES ESPAÑOLES EMIGRADOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. ((Número de expediente
161/001206).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de
ley, siguiendo el orden inicial, relativa al impulso de un programa de
apoyo a jóvenes españoles emigrados. Ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y tiene la palabra, para su defensa, la señora
Peña por un tiempo no superior a siete minutos.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenos días, señor presidente.
Tenemos un 46,5 % de paro juvenil, el segundo porcentaje más alto de
Europa, un 90 % de contratación temporal, que se traduce en trabajos de
tres o cuatro horas con sueldos irrisorios, frustración por estudiar
carreras profesionales sin salida y desesperación por no poder responder
a expectativas. Este es el pan nuestro de cada día para muchos jóvenes de
nuestro país y las respuestas son tres: paro, precariedad o exilio. Nos
preocupa mucho lo que está pasando en el mercado laboral de la juventud
de nuestro país y de ahí nuestras proposiciones sobre la garantía
juvenil, sobre esa subcomisión de análisis del empleo para jóvenes y
sobre los derechos y oportunidades de los jóvenes que emigran al
exterior. Y también nos interesa la defensa de los derechos de los
españoles afectados por el Brexit que viven en el Reino Unido y la
propuesta de eliminación del voto rogado, en relación con el cual animo a
todos a que apoyen la proposición de ley que ha registrado el Grupo
Socialista.
La salida de España de cientos de miles de personas jóvenes en busca de
una oportunidad laboral ha constituido una de las expresiones más amargas
de la crisis económica, una salida que, además del sacrificio personal y
familiar que ha supuesto, representa una descapitalización del talento
que perjudicará nuestro futuro como país. Desconocemos datos sobre la
realidad compleja de este fenómeno: cuántos jóvenes han emigrado en busca
de un empleo, en qué condiciones viven, qué experiencia laboral están
adquiriendo, en qué condiciones retornan los que lo hacen..., datos que
nos ayudarían a tener una fotografía más completa para poder tomar
decisiones políticas con las que atender mejor sus necesidades. Sí
sabemos que el Gobierno del Partido Popular ha recortado la cantidad de
dinero destinada a atender a la ciudadanía española en el exterior -acaba
de recortar 7 millones en ayudas directas- y también que minimiza e
intenta invisibilizar la nueva emigración española utilizando expresiones
célebres, como aquella de la movilidad exterior, o apelando al espíritu
aventurero. Ustedes, señores del Gobierno, lo obvian, pero la emigración
de españoles, sobre todo la juvenil, está aumentando con la crisis y por
la crisis y lo hace a un ritmo mayor que el que nos dan las cifras
oficiales, que miden mal y con retraso esta emigración.
¿Qué queremos hacer con esta proposición, que vamos a procurar abrir al
máximo para que se apruebe y poder comenzar a trabajar? En primer lugar,
queremos dar voz. Queremos aprobar un programa de apoyo a los jóvenes
emigrados, un plan de actuación elaborado con la participación de los
agentes sociales, de los CRES, de las oficinas consulares, de las
asociaciones, de los movimientos y de las plataformas. Queremos fomentar
el empleo constituyendo una mesa de diálogo social juvenil, exigiendo más
presupuesto e implicación en la Unión Europea y cooperando con las
comunidades autónomas para elaborar un paquete de medidas sociales,
económicas y fiscales para fomentar el retorno.
En segundo lugar, queremos visibilizar a través del registro. ¿Cuántos son
ya, 700.000, 800.000? Todos lo vivimos, muchos amigos, familiares, hijos.
Las fuentes españolas subestiman la emigración de españoles en el
exterior. Las cifras anuales del PERE, del CERA o del EVR no son un
indicador preciso para saber cuántos marchan y cuándo. La inscripción en
los consulados no se suele realizar, pues apenas conlleva beneficios y ni
siquiera te garantiza votar, aparte de que los costes son altos en cuanto
a desplazamientos y horarios y encima no tendrás médicos si regresas a
España de visita. Hay que facilitar y flexibilizar las condiciones de
inscripción de los consulados mejorando horarios y eliminando burocracia,
así como poner en marcha mecanismos de seguimiento o evaluación de flujos
migratorios. Llámenlo como quieran: encuesta anual de juventud, empleo y
emigración, observatorio de jóvenes y emigración, como lo consideren más
oportuno.
En tercer lugar, queremos restituir la cobertura sanitaria universal.
Estamos obligando a salir fuera para buscar oportunidades que nuestro
mercado laboral no facilita y añadimos una complicación más: quedarse sin
prestaciones sanitarias. Lo que está sucediendo ahora es que hay
españoles a miles de kilómetros de sus casas cruzando los dedos para no
ponerse enfermos. Sí, porque el Partido Popular cambió el modelo
sanitario de nuestro país ligando la asistencia sanitaria a la situación
laboral y
administrativa. Si eres mayor de 26 años y no tienes contrato indefinido
te quedas sin cobertura sanitaria a los noventa días de haber salido del
país. Hemos detectado casos de exclusión en facturaciones por atención
sanitaria a menores, denegación de asistencia en España o de la tarjeta
sanitaria europea, cosas que no se solucionan con parches como el
certificado sustitutorio provisional. Por cierto, reto a la ministra de
Empleo a que salga a la calle, aquí, sin irse del país, y enumere los
contratos indefinidos que se encuentran con una búsqueda activa de empleo
durante noventa días. Les recuerdo que solo uno de cada diez contratos es
indefinido.
En cuarto lugar, queremos facilitar la información y la tramitación
administrativa, sistematizar y difundir información relevante relacionada
con ofertas laborales, prácticas y becas, prestaciones, derechos e
información que facilite el retorno, como demandaban hace pocas semanas
en el seno de la Comisión de Juventud del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, facilitar la homologación de títulos,
el reconocimiento de derechos y prestaciones sociales y, por qué no,
trabajar para favorecer la extensión de los servicios de la UNED.
Y queremos hablar de retorno. Tenemos una migración cualificada, en
relación con la cual el Estado ha invertido millones de euros en su
formación, inversión que no va a revertir en la sociedad española ni en
nuestro sistema económico. Además, el Gobierno del Partido Popular ha
recortado un 25 % las partidas de investigación de los Presupuestos
Generales del Estado desde 2011, renunciando al objetivo europeo del 3 %
del PIB en investigación y dejándolo en un escaso 2 %, todo en manos
privadas. Tampoco podemos olvidarnos de los jóvenes que abandonaron el
sistema educativo para ocupar puestos de trabajo inestables o ligados a
la burbuja de la construcción. Para esos jóvenes de escasa formación
debemos establecer un compromiso para su atención tanto en los países en
los que se han exiliado como aquí.
Por todo lo expuesto presentamos una transacción, que he pasado a todos
grupos parlamentarios, para poder llegar a un acuerdo, pues en definitiva
vivimos un panorama complejo, diverso y plural, cuyas consecuencias a
medio y largo plazo, así como las acciones a desarrollar requieren de una
información más actualizada, más completa y de mayor calidad para ser
objeto de la acción de diferentes políticas públicas. Si el Gobierno del
Partido Popular no lo quiere ver, no lo quiere atender y no lo quiere
analizar es muy difícil que se pueda intervenir. Estamos cansados de
defendernos, de tener que responder a ataques, de ser una realidad a
evitar, de sufrir recortes y de huir. No sabemos cuánto va a durar esta
situación. Muchos de los que se van lo ven como algo temporal hasta que
pase la crisis; sin embargo ¿qué les espera? Nadie lo sabe. Hasta
entonces nuestra obligación es facilitar su estancia en el exterior y dar
oportunidades para su regreso a los que lo necesiten y a los que lo
quieran.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peña.
A continuación van a intervenir los portavoces que han presentado
enmiendas. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea tiene la palabra la señora Vidal por un tiempo de cinco minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Gracias, señor presidente.
Lo cierto es que la situación de los jóvenes en España es por todos
conocida: paro, precariedad, parcialidad, pobreza, una situación que nos
deja una opción dual entre el paro y la precariedad, una magnífica
capacidad de elección. Habría que empezar a acuñar un nuevo término, el
de la metaprecariedad, pues la situación en que muchas de las medidas y
sus reformas laborales han dejado a la mayoría de jóvenes en este país ya
no responde a una situación de precariedad, sino a algo que va mucho más
allá. Reivindico, pues, desde aquí un nuevo término.
Frente a un futuro sin ninguna expectativa de mejora, en los últimos años
la emigración se ha convertido en algo así como una alternativa deseable;
digo deseable porque, aunque muchos se van por tierra, mar y aire, otros
muchos no se lo pueden permitir, y digo muchos porque la cifra sigue
siendo un misterio. El Instituto Nacional de Estadística se limita a
procesar la información que le facilitan los consulados sobre altas por
residencia permanente y es evidente que esta información presenta claras
limitaciones, ya que los trabajadores apenas tienen incentivos para ir al
consulado y registrarse como residentes permanentes en el exterior. De
hacerlo, por un lado, perderían derechos en España al ser dados de baja
en el padrón y, por otro lado, registrarse en el consulado es costoso por
los horarios de apertura, por la distancia desde las ciudades de
residencia, etcétera. La gente no se registra nada más llegar, sino que
en muchos casos suele tardar años en hacerlo. Casi de la mitad de los
jóvenes investigadores ve su futuro fuera de España, fuera de nuestro
país. Según un informe de la Universidad a Distancia de Madrid un 69,5 %
de los
científicos españoles que residen en el extranjero regresarían a España si
tuvieran una oportunidad laboral, mientras que un 45,1 % de los jóvenes
investigadores que trabajan en España se iría sin pensárselo al
extranjero si encontrase fuera oportunidades de trabajo. Cuidado, porque
una buena parte de los jóvenes que emigran no se acercan a un trabajo en
el que ni remotamente reconozcan su cualificación.
Permítanme que les presente a Benja, un chico que no hace mucho publicó en
su página de Facebook la situación en la que se encontraba en Londres y
que por elocuente me gustaría que conocieran. Dice así el compañero: me
llamo Benja Serra, tengo dos carreras y un master y limpio váteres. No es
broma, lo hago para poder pagar el alquiler de mi habitación en Londres.
Trabajo en una famosa cadena de cafeterías en el Reino Unido desde mayo y
después de cinco meses trabajando allí hoy por primera vez me he visto
desde fuera, me he visto limpiando los aseos. Mi pensamiento ha sido: soy
premio extraordinario de fin de carrera en mis dos titulaciones y limpio
la mierda en otros países, ni siquiera en el mío. También hago cafés,
recojo las mesas y friego las tazas. No me avergüenza hacerlo, limpiar es
un trabajo muy digno, lo que me avergüenza es tener que hacerlo porque
nadie me ha dado una oportunidad en España. Como yo hay muchos españoles,
sobre todo en Londres. Sois una plaga, me dijeron una vez por aquí. Y no,
no nos engañemos, no somos jóvenes de aventura para aprender el idioma y
vivir nuevas experiencias, somos inmigrantes, dice Benja. Parece ser que
estos títulos ahora mismo solo sirven para limpiar la mierda que limpio
yo en los aseos de la cafetería. Una lástima, termina el compañero.
Esta es una situación que desgraciadamente parece que le hace mucha gracia
al ministro Dastis, que no hace mucho en una elocuente respuesta que le
hacía a un compañero de nuestro grupo en Pleno aseguró que los jóvenes
que han salido de España a estudiar, a buscar trabajo como consecuencia
de la crisis, muestran -decía el ministro- inquietud, amplitud de miras y
adaptabilidad a nuevos horizontes. Y terminaba así, graciosamente,
regalándonos otra perla y diciendo "ir fuera enriquece". Que se lo digan
a Benja, que está encantado de tanto enriquecimiento que le ha
proporcionado limpiar lavabos en Londres. Esto por no hablar de las
situaciones de racismo en la que se encuentran muchísimos compañeros que
están estudiando y trabajando fuera y, por supuesto, por no hablar de los
abusos extremos a los que en algunos casos se ha llegado a término
gracias a empresas que llevan a jóvenes de aquí para trabajar
supuestamente en otros países de Europa. A quien seguro que no enriquece
esta situación es a nuestro país. El CJE, el Consejo de la juventud de
España, estimaba en un estudio que publicó que durante los próximos diez
años la emigración juvenil podría suponer para el Estado un coste de
67.000 millones de euros, una cantidad referente a la falta de
recaudación por impuestos y a la inversión realizada en educación de
todos aquellos que abandonan el país.
Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hemos preparado enmiendas a
esta proposición no de ley que nos brinda el Grupo Socialista. Votaremos
la transacción favorablemente, pero esta diputada no puede pasar por alto
un término -los que me conocen saben bien cuál es-, y es el referente al
empleo juvenil. Sigo sorteando un gallifante a aquel diputado que me
explique qué es el empleo joven en este país. Entendemos qué es el
empleo, pero seguimos sin entender qué es el empleo joven, a no ser que
entendamos por empleo joven el empleo precario y el empleo devaluado, lo
cual no debería ser aceptado sino combatido por este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Reynés.
La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista nos trae a la
Comisión un debate muy interesante con esta proposición no de ley sobre
el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados. Es una
nueva oportunidad para hablar de nuestros jóvenes y del futuro de nuestro
país, así como de su situación laboral, que es una preocupación que
compartimos.
Señorías, leyendo la exposición de motivos y escuchando a la señora Peña,
me sorprendo, porque parece que nuestros jóvenes salieron de España
anteayer y, como ustedes saben, eso no es así, sino que la mayoría de
ellos lo hicieron al inicio de la crisis, precisamente cuando gobernaba
el Partido Socialista Obrero Español en España. Entre los años 2007 y
2011 la tasa de paro juvenil se incrementó 30 puntos en nuestro país, un
millón de jóvenes menores de veinticinco años perdieron su empleo y
España aportaba la mitad del paro juvenil en Europa. Eso obligó al
Gobierno del Partido Popular a tomar decisiones rápidas a favor del
empleo y de las oportunidades de los jóvenes. En los últimos cinco años
la suma de esfuerzo y compromiso de toda la sociedad española, de todas
sus instituciones y de los interlocutores sociales ha hecho posible un
cambio de tendencia en el empleo joven. España puede recibir hoy a los
jóvenes
españoles que salieron al extranjero a buscar oportunidades, porque en la
actualidad, señorías, la creación interanual de empleo entre los jóvenes
en España es del 7,4 %, el doble de la tasa de creación de empleo
general. Desde el inicio de la recuperación la tasa de paro entre los
jóvenes ha bajado 15 puntos. Sabemos que nos queda mucho por hacer, pero
hoy los jóvenes tienen algo que no tenían en el año 2011, la esperanza de
encontrar empleo y de retornar a casa cuanto antes.
Por lo que respecta a la cobertura sanitaria referida en el punto 3,
quería señalar que se parte de un planteamiento erróneo y que lo que se
propone ya está contemplado en la legislación vigente. Los españoles que
trabajen en el extranjero o vayan a buscar trabajo o formación y regresen
a España porque han finalizado sus contratos o su búsqueda no han perdido
su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país. Los españoles que
trabajan en un Estado del Espacio Económico Europeo o en Suiza están
cubiertos sanitariamente por el país de destino y en sus desplazamientos
temporales a España vendrán con la tarjeta sanitaria europea emitida por
la institución competente de dicho país. Mientras están buscando trabajo
o formación o realizando estudios tienen cobertura sanitaria a cargo de
España a través de la tarjeta sanitaria europea o el Certificado
Provisional Sustitutorio emitido por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Cuando estos españoles retornan a nuestro país, desde
el primer día que residen en España tienen garantizado el acceso a la
asistencia sanitaria, financiada con fondos públicos por el Sistema
Nacional de Salud, con independencia de su edad y aunque no inicien una
actividad laboral de inmediato.
Señorías, no duden que es voluntad del Gobierno la creación del mayor
número posible de oportunidades laborales atractivas para nuestros
jóvenes, para todos ellos, los que están acabando sus periodos formativos
y los que se vieron obligados a salir de nuestro país por motivo de la
crisis buscando un futuro más esperanzador, porque lo que sí comparto con
usted, señora Peña, es que España tiene que competir con lo mejor que
tiene, que es el talento y la innovación, y le puedo asegurar que desde
el Gobierno se trabaja para que cada día vuelva a España ese talento
huido por la crisis económica.
Señorías, estamos avanzando pero somos profundamente inconformistas, y
hemos de seguir trabajado con fuerza y con intensidad porque estamos en
el buen camino. Por eso el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda que esperaba que fuera aceptada por el grupo proponente -la
señora Peña ya nos ha comunicado que no y que han presentado una
transaccional-, porque es nuestro deseo seguir avanzando y es importante
que lo hagamos todos juntos para conseguirlo. Nuestra enmienda instaba al
Gobierno a continuar trabajando por la mejora de las condiciones y
oportunidades de crecimiento y empleo para la sociedad en general, así
como a acciones específicas dirigidas a los jóvenes, como la Estrategia
de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 y la garantía juvenil, la red
Eures-España, que junto con el resto de Estados miembros proporciona un
portal con información de ámbito europeo para hacer posible el encuentro
entre oferta y demanda, continuar realizando acciones específicas para
aquellas personas que residen fuera de España, así como para las que se
plantean retornar a España desde el exterior, una actividad informativa a
través de la Oficina española de retorno, la gestión de ayudas y
prestaciones económicas, como las destinadas a atender las situaciones de
extraordinaria necesidad de los españoles retornados, un programa de
subvenciones para jóvenes que trata de dar respuesta a las necesidades
detectadas en cuanto a la integración laboral y social de las personas
jóvenes que están desplazándose a los diferentes países del mundo en
busca de empleo, así como facilitar también su retorno a España y
acuerdos de movilidad que permitan la movilidad laboral y profesional de
jóvenes españoles y de jóvenes de otros países con un marco ágil y fiable
garantizando su posterior retorno a su país.
Como sabemos que no van a aceptar la enmienda en la que proponíamos seguir
avanzando juntos por nuestros jóvenes y por nuestro futuro, nosotros, con
el tema de la cobertura sanitaria, tampoco podemos apoyar la
transaccional presentada por el grupo proponente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reynés.
A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios que no han
presentado enmiendas. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Oramas, y después el señor Campuzano.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Canarias ha sido tierra de emigración de jóvenes, a principios del siglo
XX, a Cuba, a Venezuela, al Sahara, a El Aaiún, y en esta época del siglo
XXI, cuando los jóvenes se han preparado, han estudiado, y no emigran
como se emigró a Cuba, a Venezuela o al Sahara por las hambrunas, sino
porque no hay
oportunidades de trabajo, a nosotros nos parece muy importante la
propuesta de hoy de apoyo y de políticas para el retorno de jóvenes
emigrados.
Voy a centrarme en dos aspectos. En primer lugar, resulta absurdo perder
la tarjeta sanitaria y las condiciones en las que están, cuando hay
chicos que van, por ejemplo, a formarse o a buscar una oportunidad de
formación de un grado o de un máster en algún país europeo aprovechando
ese paro, que a lo mejor tienen, quedarse sin tarjeta sanitaria es
absurdo. En segundo lugar, es absurdo también que en el momento del
retorno de jóvenes -y están pasando casos gravísimos en Venezuela-, la
homologación de los títulos sea una carrera y un tiempo inasumible. Y,
después, también hay temas muy importantes como son las prestaciones
sociales. Sí quiero matizar a la portavoz del Grupo Socialista que no
venga ahora a decir lo del voto rogado, como si hubiera sido el PP. Fue
un acuerdo del PSOE y del PP, donde Izquierda Unida y Coalición Canaria
hicimos batalla; y no les dio la gana, no quisieron escuchar y, ahora,
tienen otras posiciones.
Quiero aprovechar también para hablar de una reclamación que ha habido
recientemente aquí en Madrid de los representantes de los Crede y de los
órganos de emigración, con respecto al precio de la emisión y renovación
de pasaportes, ya que hay países, como Venezuela, donde renovar o sacar
el pasaporte puede suponer el sueldo de tres meses, al coste en el que
está, y ha habido una reivindicación para que ese precio en el tema de
emisión de pasaportes sea rápido.
Nosotros, los nacionalistas canarios, a lo largo de los últimos once años
hemos hecho continuamente propuestas para ver en qué condiciones se
produce el retorno, cuáles son las aportaciones y las dotaciones
consulares que tienen que tener los consulados y las embajadas, para
atender aquellos sitios donde hay una problemática social y una
acumulación de trabajo, y hasta la fecha no se ha hecho ni por los
gobiernos socialistas ni por los gobiernos del PP. Esperemos que a partir
de ahora haya una conciencia de atención, de información social y de
garantía de prestación universal sanitaria a todos esos españoles que han
tenido que salir porque no tenían más remedio, ya que hubiesen preferido
quedarse en su tierra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas, pero le ha dejado solo siete
segundos al señor Campuzano. (Risas).
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: ¡Perdón, señor presidente, pensé que usted
me avisaba! (Risas). Le pido disculpas al portavoz. Ya saben el impulso
que tiene este tema para mí. Pido disculpas a los dos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No pasa nada, señora Oramas, su entusiasmo
nos ha contagiado, pero no lo podré reproducir porque no voy a tener
tiempo. Simplemente, quiero anunciar el apoyo a esta iniciativa de la
señora Peña. El texto de transacción nos parece un texto razonable y no
podemos tener ninguna consideración crítica. Solo quiero hacer dos
comentarios en relación con la cuestión de fondo. Es muy evidente que en
el contexto de la crisis empezada en el año 2010, cualquier aproximación
a la problemática de la marcha de jóvenes de España a otros países
europeos debemos ubicarla en el contexto de esa propia crisis, que
explica las debilidades del sistema productivo, los recortes en la
política de desarrollo y de ciencia, pero al mismo tiempo hemos de ser
capaces de poner en valor que la apuesta por participar en un proyecto
común europeo es también una apuesta por facilitar y hacer posible que
aquellos jóvenes que quieran buscar oportunidades en otros países de la
Unión las puedan encontrar. Eso forma parte, precisamente, de lo que es
esencial del proyecto europeo y, por lo tanto, no vivamos como un drama
lo que aquello también a menudo han sido las ganas de buscar
oportunidades allí donde, libremente, las personas creen que las pueden
encontrar. La cuestión que nos debe preocupar es la de si somos capaces
de crear mejores condiciones para que otros jóvenes europeos apuesten por
poner en marcha sus propios negocios, sus propias oportunidades de
empleo, sus propias oportunidades de investigación y desarrollo en el
Estado español. Eso es lo que nos debería de preocupar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve, porque poco más se puede decir, aunque en este caso
voy a intentar discrepar de algunas cosas que se han dicho por parte del
Grupo Catalán.
El señor PRESIDENTE: Si susurran entre ustedes, no nos enteramos.
El señor BARANDIARAN BENITO: Decía que no voy a dudar en apoyar esta
iniciativa sin perjuicio de que sí me gustaría destacar algunas pequeñas
particularidades. En primer lugar, la tasa de paro juvenil en Euskadi no
es tan intensa. Por lo general, suele ser en todos los sitios el doble de
la que es estructural para el personal adulto, y pasa también un poco lo
mismo en Euskadi, en estos momentos, con respecto al Estado, en donde la
tasa de paro juvenil, aun siendo bastante menos grave que la del Estado,
sigue siendo igualmente dramática. No voy a quitarle pelos a este
problema. En segundo lugar, me gustaría hacer una pequeña precisión y voy
a la parte dispositiva de la proposición. ¿Qué ocurriría si existiera ya
un plan de actuación para jóvenes en las diputaciones forales de
Guipúzcoa, Vizcaya y Álava? ¿Qué pasaría si existiera un plan de
emigración y retorno previsto en las diputaciones forales para jóvenes
licenciados? ¿Qué ocurriría si la atención sanitaria estuviera cubierta
por la Ley de Osakidetza para los jóvenes vascos que retornan a pesar de
que pasen más de noventa días en el extranjero? Podría seguir con alguna
otra particularidad pero, al fin y al cabo, no dejaría de destacar
aspectos que son simplemente asistenciales de un problema característico,
que es el problema de la emigración o de la inexistencia de empleo
cualificado para nuestros jóvenes.
Sí estaría de acuerdo, y por eso voy apoyar la medida que se plantea, que
junto con las comunidades autónomas se reunirá un paquete de medidas
sociales, económicas y fiscales para que se fomente el retorno
voluntario. Yo creo que esa es la clave. Lo que se debe hacer es disponer
de fondos necesarios para que la atención a esa situación de precariedad
del empleo joven -lo siento por el diputado de Podemos pero se llama así-
tenga recursos suficientes, tenga posibilidad de crear nuevos puestos de
trabajo y que estos sean suficientemente retribuidos para la
cualificación de la que disponen muchos de los que salen al extranjero.
Por estas y por muchas otras razones que ya han sido expuestas, reitero
el apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.
Desde luego, estoy de acuerdo con el señor Carles Campuzano cuando dice
que no es ningún drama irse al extranjero a trabajar de forma voluntaria
por conocer el país o por mejorar la formación. Lo que ocurre es que el
estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescentes y juventud dice
claramente que más del 50 % de los jóvenes actuales de nuestra sociedad
creen que tienen peores perspectivas, que vivirán peor y que tendrán
menos oportunidades laborales que su padre. Es normal teniendo en cuenta
que con una tasa de desempleo que supera en 46 puntos a la media nacional
y siendo el segundo país de la Unión Europea en tasa de desempleo
juvenil, es entendible que todos los jóvenes de este país, o la mayoría
de ellos, crean que tendrán malas perspectivas.
Durante la crisis, desde 2007 hasta los últimos datos que tenemos con el
patrón de españoles residentes en el extranjero de 2016, han aumentado
los españoles residentes en el extranjero un 56 %. Teniendo en cuenta que
los expertos aseguran que las cifras son mayores debido a que no hay
ningún beneficio en apuntarse a los registros consulares, tales como el
CERA o el ERTA, sobre todo porque desde 2014 pierden los derechos a la
prestación sanitaria en España cuando pasan de noventa los días fuera de
este país, entendemos que esas cifras serán mayores. Además, normalmente
quien se suele marchar es quien tiene oportunidad para marcharse; es
decir, el personal mejor formado, los jóvenes mejor formados. Por tanto,
estamos ante una fuga de cerebros como la que hemos vivido en los últimos
años.
Esta propuesta que nos trae hoy el Grupo Socialista estamos muy de acuerdo
con ella y vamos a votar a favor, a pesar de que no tuviese la
transaccional, eso sí poniendo de relieve que desde nuestro punto de
vista faltaba concreción en algunas medidas, ya que nosotros en el
programa político desde 2015 contemplábamos esa recuperación de los
derechos de cobertura sanitaria en España a pesar de estar más de noventa
días fuera del territorio nacional, como también contemplábamos la
eliminación del voto rogado y la utilización de medios electrónicos para
qué ese sufragio fuese mucho más sencillo.
Aplaudimos, como no puede ser de otra forma, esa transaccional en la que
se contemplan todas las recomendaciones del Consejo General de Ciudadanos
Españoles en el Extranjero y, por supuesto, mi grupo votará a favor de
esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Es el turno del grupo proponente para manifestarse sobre el sentido de las
enmiendas.
La señora PEÑA CAMARERO: Evidentemente, no podemos aceptar las enmiendas
del Grupo Popular. Aceptamos las enmiendas de Podemos, lo cual aparece en
el texto transaccional que hemos ampliado, mejorado y hemos pasado a la
Mesa. El resto de los grupos ya conoce la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
- RELATIVA A REFORZAR LA CARTERA COMÚN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001256).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última proposición no de ley
del día, relativa a reforzar la cartera común de los servicios del
Sistema Nacional de Empleo. Tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular presenta una PNL relativa a la cartera común de
servicios del Sistema Nacional de Empleo. Para el Gobierno, para el
Partido Popular, para el Grupo Parlamentario Popular y para la sociedad
española, el objetivo fundamental de esta legislatura es la creación de
empleo. Señorías, hay que reducir el tiempo que el parado se encuentra en
esa situación y hay que reducirlo para que encuentre trabajo cuanto
antes. Se han aprobado muchas reformas en la anterior legislatura por el
Gobierno y en esta legislatura es necesario seguir avanzando en ello. Se
aprobó en su día la estrategia española de actuación para el empleo
2014-2016 y este es el primer instrumento de coordinación del Sistema
Nacional de Empleo. Asimismo se aprobó también el Real Decreto 7/2015,
del 16 de enero, que aprueba la cartera común del Sistema Nacional de
Empleo.
La cartera tiene como objetivo garantizar a todos el acceso en condiciones
de igualdad a los servicios públicos de empleo y a los servicios que
prestan estos. Se ha hablado, a lo largo de esta Comisión en los diversos
temas de las distintas PNL, de los servicios públicos de empleo de la
Administración Pública, y este es un instrumento que deben potenciar los
servicios públicos de empleo, que deben ser más eficaces para facilitar
que los parados tengan una oportunidad de encontrar empleo. La cartera es
una modernización de los servicios públicos de empleo y creo que todos
debemos estar dispuestos a apoyarla y a aportar las ideas y propuestas
que tengamos. El conjunto de servicios es un derecho para las personas
que se encuentran en desempleo, para las personas que están ocupadas y
también para las empresas. La cartera común tiene cuatro servicios: el de
orientación profesional, el de colocación y asesoría a las empresas, el
de formación y cualificación para el empleo y el de asesoría de
autoempleo y emprendimiento.
La cartera es un avance para garantizar la igualdad de oportunidades, y
debe ser un objetivo fundamental que esa igualdad de oportunidades se
produzca lo largo y ancho de nuestro país. Es fundamental el diálogo, se
ha abierto por el Gobierno el diálogo social con los interlocutores
sociales y también con las comunidades autónomas y con sus Gobiernos, de
distintos colores políticos. Por eso digo que este debe ser un tema de
todos y que todos debemos apoyarlo, porque sería incomprensible para la
sociedad española que los Gobiernos autonómicos, en colaboración con el
Gobierno de España y con los interlocutores sociales, estén trabajando
por mejorar y potenciar esta cartera común y que en el Parlamento -el
órgano de soberanía nacional de los españoles- estuviéramos dedicados a
otras cuestiones y no a aportar soluciones y propuestas a esta cartera.
El empleo es la prioridad de todos y en el Gobierno y en este grupo
parlamentario -así se ofrece al resto de las formaciones políticas- el
diálogo y la aportación de propuestas e ideas es el objetivo que nos debe
conducir. En nuestro pensamiento tienen que estar las personas que se
encuentran en desempleo. La crítica que se hace al Gobierno con el empleo
no creo que aporte ninguna solución a los parados; es más constructivo
para el conjunto de los parados y de la sociedad española que sus
señorías se dediquen menos a la crítica y más a las propuestas en
positivo. No reconocer que España es el país de la Unión Europea que más
crece; no reconocer que en la pasada legislatura se crearon 1.600.000
empleos; no reconocer que en la pasada legislatura se afiliaron al
sistema de afiliación de la Seguridad Social 575.000 personas es no
reconocer la realidad de España.
Por eso, les invito a todos ustedes a que se dediquen a construir, a
aportar ideas y propuestas. Me parecen muy bien las críticas que realizan
y están en su perfecto derecho, pero a un parado que está en la cola del
paro del Servicio Público de Empleo de poco le sirve la crítica si esta
no conlleva una propuesta. Les invito a todos ustedes a que hagan sus
aportaciones, a que nos ayuden a mejorar la cartera común, a potenciar el
diálogo y la colaboración entre todas las administraciones. La formación,
la conciliación y la igualdad de derechos son objetivos que debe contener
y que contiene esta cartera.
Ciudadanos ha presentado una enmienda, ha habido un acuerdo de transacción
que hemos facilitado a la Mesa e invito a todas las formaciones políticas
a que se unan a apoyar esta transaccional, que se unan a aportar ideas y
propuestas que tengan como prioridad que seamos todos capaces de sacar a
los parados de esa trágica situación en la que se encuentran. Tenemos que
aprovechar esta legislatura para conseguir que haya más empleo y de más
calidad en España. Dediquémonos a construir, a aportar ideas y no a
destruir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
Tiene la palabra, por el grupo parlamentario que ha presentado enmienda,
el señor Del Campo. El tiempo corre contra usted.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.
Nuestra política laboral -ha quedado claro en las diferentes
comparecencias en esta Comisión- persigue tres grandes objetivos
dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro
mercado de trabajo. En primer lugar, reducir el desempleo,
específicamente el desempleo de larga duración. En segundo lugar, acabar
con la precariedad, aumentando la creación de empleo estable y de
calidad. Y en último lugar, potenciar el capital humano con unas
políticas activas de empleo y formación que sean verdaderamente eficaces.
Por lo tanto, en el acuerdo con el Partido Popular se recogía
específicamente, en su artículo 42, la necesidad de impulsar las
políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta
verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación y
reforzando la cartera común de los servicios públicos de empleo, para
garantizar en todo el Estado el acceso en condiciones de igualdad a los
servicios prestados por los mismos, es decir, el texto propositivo de la
proposición no de ley. Además, se pedía que los orientadores dispusieran
de un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y
competencias profesionales de cada desempleado, con el que se pudiera
formular una propuesta personalizada de itinerarios formativos y
laborales.
Por lo tanto, hemos hecho una enmienda transaccional con el Grupo Popular,
pero en nuestro grupo parlamentario pensamos que lo que deberíamos
preguntarnos es si estamos dispuestos a abordar un debate profundo sobre
la efectividad de los servicios públicos de empleo, sabiendo que, pese a
las diferentes tentativas de reforzar sus funciones de orientación
laboral, nunca han conseguido subir las tasas de intermediación por
encima del 2 o el 3 %. Y recordamos a dichos efectos que durante el
Gobierno Socialista se reforzaron los servicios públicos de empleo con
más personal, primero con una tanda de unos 1.500 orientadores y, luego,
con otra de unos cuantos menos.
Deberíamos contemplar que se promueva más la colaboración público-privada
para las políticas pasivas y que estas políticas pasivas se vinculen con
políticas activas más eficaces.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos
parlamentarios que no han presentado enmienda. ¿Grupo Parlamentario
Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).
Señor Barandiaran, tiene la palabra.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.
Poco podemos añadir si es una proposición bienintencionada, pero esperemos
que no sea agresiva. La apoyaremos en tanto cuanto no suponga una
intromisión precisamente en el aspecto que acaba de señalar el diputado
de Ciudadanos, que es aquel de las políticas activas de empleo, puesto
que esas sí han sido transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco,
de la misma manera que esperamos que algún día lo sean también las
políticas pasivas de empleo igualmente. No obstante, no es ilógico
pretender establecer una cartera común para que actúe como garantía de
mínimos para quienes pretendan acceder
a los servicios de empleo. En esa medida solo y solo en esa medida
apoyaremos la iniciativa porque creemos que no contiene ninguna precisión
cualitativa añadida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Barandiaran.
Por el Grupo parlamentario de Esquerra, el señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Continúa la operación diálogo del Partido
Popular. Una vez más se entromete en unas competencias, la de las
políticas activas, que son exclusivas de la Generalitat prácticamente:
cartera común, recentralización, etcétera.
No vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: La señora Vidal, por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora VIDAL SÁEZ: Lo cierto es que hay que tener valor para traer una
proposición, por el grupo que apoya el Gobierno, sobre el Servicio
Público de Empleo y que esta no empiece por una contundente autocrítica
de las políticas llevadas a término en los últimos cuatro años, más aún
cuando hace pocos días el Comité Europeo de Derechos Sociales les lanzaba
una dura reprimenda sobre la situación de los servicios públicos. Hoy,
lejos de reconocer estos errores, nos traen una proposición donde hablan
ustedes de acceso en condiciones de igualdad, de igualdad de
oportunidades, de equidad, etcétera. Se trata de un bonito teatro al que
nos invitan ustedes en esta Comisión.
Si a este Gobierno le preocuparan un poco las personas y su acceso y
mantenimiento del empleo, derogaría de inmediato la reforma laboral, que
ha destrozado el mercado de trabajo y precarizado las vidas de los
trabajadores. Si a este Gobierno le preocuparan la equidad y la
protección de las personas más vulnerables, no habría favorecido los
convenios de empresa. Si a este Gobierno le preocupara un mínimo el
acceso en condiciones de igualdad o la equidad en el trato, de
oportunidades por supuesto, no habría inventado nuevos contratos
precarizadores que usan a los trabajadores jóvenes, por ejemplo, como si
fueran meros clínex, como lo hace así el contrato de emprendimiento, ni
habría favorecido la entrada de las agencias privadas de colocación.
El informe del comité europeo del que les advertía -tendremos tiempo de
hablar al respecto-, concluía coincidiendo con las organizaciones
sindicales en que en España se están produciendo incumplimientos
sistemáticos del compromiso de la evaluación y del seguimiento de las
políticas de empleo, y en concreto de las políticas activas. Situaba, por
ejemplo, dos factores claros que no garantizan que el servicio público
permita a día de hoy el acceso al empleo como debería. Cita la nada
despreciable inversión del Gobierno de 30 millones de euros, en 2014,
para la financiación de agencias de empleo privadas. Alerta de los
riesgos de la colaboración entre sector público y privado, y destaca que
no ha sido elaborado ningún sistema de evaluación de eficiencia de las
empresas privadas. Ni aún así el Gobierno sabe bien para quién gobierna,
y a finales de 2016 volvía a prorrogar los contratos a las agencias
privadas de colocación, antes incluso -lo cual es muy divertido- de
completar su propia evaluación. Lo cierto es que no hay ninguna
evidencia, a día de hoy, sobre que las agencias privadas de colocación
funcionen de forma más eficiente que las propias agencias públicas,
señorías.
Por cierto, ¿defendían ustedes al SEPE cuando aprobaron en pleno verano el
real decreto por el que se rescindía el contrato de 1.200 trabajadores y
orientadores laborales por las comunidades autónomas? ¿Es así como
defienden ustedes al SEPE? Desde 2012, el SEPE ha pasado de 10.128
trabajadores a 8.731 actualmente. Las condiciones de trabajo son
insostenibles, la plantilla claramente insuficiente, y ponen en peligro
el adecuado funcionamiento del Servicio Público de Empleo. El gasto en
políticas activas en España se queda en un triste 0,5 % del PIB, lejos
del 0,9 % de Francia o del 0,7 % largo de Bélgica o Austria, países que
por cierto tienen una tasa de desempleo muy por debajo del de nuestro
país. Nos encontramos, pues, en una situación en la que, pese a
enfrentarnos a uno de los niveles de desempleo más altos de nuestra
historia, se está destinando cada año un menor volumen de recursos
precisamente a aquellas partidas concebidas para hacer frente a este
fenómeno de forma decidida.
Termino, porque veo ya la luz en rojo. En definitiva, no vamos a votar en
contra, pues no nos opondremos a un refuerzo del sistema público, así
como a una apuesta para mejorar las condiciones de
acceso, pero no votaremos de forma favorable a lo que representa un nuevo
ejercicio de teatro y de cinismo por parte del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.
Esta propuesta entra de lleno en la tipología de iniciativas para cubrir
cupo. Son iniciativas incoloras, inodoras, insípidas, inútiles en
definitiva. Es una propuesta que no propone nada: estudien ustedes,
adopten ustedes medidas pertinentes. -Menos mal que dicen medidas
pertinentes y no medidas impertinentes-. Inutilidad, señorías. Lamentamos
una vez más la tipología de iniciativas para cubrir el cupo en esta
Comisión.
En todo caso, vamos a aprovechar para contestar a algunas partes del
argumentario habitual del Grupo Popular. Ventajas de la reforma laboral
para las personas más vulnerables, nos dicen. Un par de datos, a mi
juicio, esclarecedores. Ocupación media en España, año 2011, 18.421.000
trabajadores; ocupación media en 2016, 18.342.000 trabajadores. Hay menos
ocupación en el año 2016 que en el año 2011. Fracaso en lo cuantitativo
de la reforma laboral, porque en estos últimos años, además, hemos tenido
crecimiento del producto interior bruto. Asalariados indefinidos, media
en el año 2011, 11.525.000; asalariados indefinidos en 2016, 11.260.000.
Menos asalariados indefinidos, menos ocupados, menos asalariados
indefinidos, luego menos cantidad y menos calidad del empleo. Este es el
balance real, con datos en la mano, de la reforma laboral del Partido
Popular, que ahora cumple cinco años.
Sobre la estrategia de activación para el empleo, muy bien e interesante,
pero es que no existe. A 14 de febrero de 2017 no existe una estrategia
de activación para el empleo en España; existía una entre 2014 y 2016, se
terminó sin mayor pena ni gloria y a día de hoy, 14 de febrero, ni
siquiera se ha empezado a negociar la prometida estrategia 2017-2020. ¿De
qué nos están hablando? No han llamado todavía a las comunidades
autónomas para negociar una nueva estrategia. ¿Cómo vienen hoy aquí, a
esta Comisión, a presumir de estrategia si no existe y no han empezado a
negociar la que debería estar vigente?
Cartera común de servicios. Muy bien también e interesante, pero la
cartera común de servicios depende fundamentalmente de los recursos que
se dediquen a esos servicios comunes. Ya se ha dicho aquí: hay 3.000
orientadores profesionales menos por las imposiciones de recortes
presupuestarios del Partido Popular en las comunidades autónomas. ¿Cómo
orientamos más con menos orientadores? Ahí están los datos
presupuestarios. En cuanto a políticas activas de empleo, presupuesto
2011, 7.322 millones de euros; presupuesto políticas activas de empleo de
2016, 5.179 millones de euros, esto es, 2.143 millones de euros menos. El
recorte sumado de los cinco últimos presupuestos alcanza los 13.157
millones de euros. ¿Cómo nos traen aquí una propuesta para decirnos:
vamos a mejorar la cartera común de servicios, vamos a mejorar la
política activa de empleo de este país, que tiene mucho paro de larga
duración, con 13.000 millones menos de inversión? Esto suena a ofensa y
lo digo con toda sinceridad. Más allá de la inutilidad, ya suena a
ofensa.
Hay una reflexión de fondo que hay que hacer -se ha planteado aquí también
y ya termino-, y tiene que ver con el funcionamiento de nuestros
servicios públicos de empleo, que no tienen que ver solo con la gestión
del Estado, es verdad, pero nuestros servicios públicos de empleo
intermedian tan solo en el 1,7 % de los parados que logran encontrar
empleo. Esto hay que mejorarlo con estrategia, con coordinación, con
proposiciones no de ley y sobre todo con recursos, que es lo que falta.
No vamos a votar a favor de esta iniciativa, nos vamos a abstener, porque
se trata de una buena causa y una propuesta inútil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Ha terminado el debate de las proposiciones no de ley y, antes de entrar
en las votaciones y para ordenar las mismas, nos tomamos dos minutos en
la Mesa. (Pausa).
Pasamos a la votación. En primer lugar, la proposición no de ley relativa
al incremento de la siniestralidad laboral. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se
somete a votación la proposición no de ley en los términos de la enmienda
transaccional
apoyada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Grupo Socialista,
Esquerra Republicana de Catalunya y Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En segundo lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley
sobre las acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del
campo contratados por empresas de trabajo temporal. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. Se somete a votación la proposición no de ley
en los términos de la enmienda transaccional apoyada por el Grupo
Parlamentario Mixto y Grupo de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 17; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, proposición no de ley para mejorar el régimen de
funcionamiento de los centros especiales de empleo y para potenciar su
papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con
discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se somete
a votación en los términos de la enmienda transaccional apoyada por el
Grupo Ciudadanos, el Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Mixto, y que
procede a leer el letrado en los términos de la redacción por si hubiera
dudas.
El señor LETRADO: La enmienda transaccional es: el punto 1 el del texto de
la proposición no de ley original. El punto 2 es el punto 1 de la
enmienda del Grupo Mixto. El punto 3 es el punto 2 de la proposición no
de ley original más el punto 2 de la enmienda del Grupo Popular. El punto
4 es el punto 3 de la proposición no de ley original cambiando
"garantizar por impulsar" y añadiendo la enmienda número 4 del Grupo
Socialista. El punto 5 es el punto 4 de la enmienda del Grupo Mixto. El
punto 6 es el punto 5 de la proposición no de ley original. El punto 7 es
el punto 6 de la proposición no de ley original. El punto 8 es el punto 7
de la proposición no de ley original. El punto 9 es la enmienda 7 del
Grupo Socialista añadiendo la frase "por parte de las comunidades
autónomas tras dotación económica" en la penúltima línea. El punto 10 es
el punto 9 de la proposición no de ley original más la enmienda 8 del
Grupo Socialista. El punto 11 es el punto 10 de la proposición no de ley
original. Finalmente, se añaden los puntos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18
con el texto de las enmiendas 9, 10 y 12 a 15 del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún punto a repetir? (Risas). Pasamos a votarla en
esos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28;
abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Procedemos a votar la proposición no de ley relativa al reemplazo y
sustitución de los trabajadores jubilados en las entidades prestadoras de
servicio de la Seguridad Social en Guipúzcoa. Presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco. Se somete a la votación la proposición no de ley en
los términos de la enmienda transaccional apoyada por el Grupo Vasco, el
Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Quinta proposición no de ley: sobre el impulso de un programa de apoyo a
jóvenes españoles emigrados, del Grupo Parlamentario Socialista, y que se
vota en los términos de la enmienda transaccional apoyada por el Grupo
Socialista, el Grupo Mixto, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Ciudadanos y Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sexta proposición no de ley: relativa a reforzar la cartera común de los
servicios del Sistema Nacional de Empleo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y se somete a votación en los términos de la
enmienda transaccional apoyada por el Grupo Popular y el Grupo
Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, proposición no de ley relativa a fomentar el teletrabajo y a
potenciar las ventajas inherentes al mismo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.
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