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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 240, de 31/10/2017
cve: BOCG-12-D-240
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de octubre de 2017

Núm. 240


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/002398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento... (Página6)

Comisión de Justicia

161/002400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores... (Página7)

Comisión de Interior

161/002414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños causados por la lluvia en Jerez de la Frontera... (Página8)

161/002421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al aumento del complemento específico del colectivo de examinadores de tráfico... (Página9)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diversas funciones que hasta ahora ejercía este organismo... (Página10)

161/002417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro... (Página11)

161/002420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento de los acuerdos aprobados entre la industria auxiliar y el astillero de NAVANTIA en la ría de Ferrol... (Página12)


Página 2




Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un portal nacional de empleo público... (Página14)

Comisión de Fomento

161/002393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización de la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21... (Página15)

161/002395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la obligación de servicio público al transporte aéreo Canarias-Península... (Página16)

161/002409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la autopista AP-71 León-Astorga... (Página18)

Comisión de Educación y Deporte

161/002423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la racionalización de títulos universitarios... (Página19)

161/002429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aumentar las subvenciones económicas a las Federaciones deportivas españolas... (Página20)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas extraordinarias de apoyo a los trabajadores eventuales del campo por los efectos de la sequía, incluyendo la eliminación del requisito de las peonadas para percibir el subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura, así como el incremento de los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario -PROFEA- para todas las Comunidades Autónomas que lo perciben... (Página21)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitar una Mesa de Negociación entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y las asociaciones nacionales de productores de energía fotovoltaica... (Página24)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adaptación de calendario de las ayudas para los propietarios y pescadores de buques pesqueros afectados por la paralización definitiva de su actividad... (Página26)

161/002397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los incendios forestales de Galicia, Asturias y Castilla y León de octubre de 2017... (Página27)

161/002401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de regeneración de las playas de la Llana... (Página28)


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161/002403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la aprobación de un Real Decreto-ley de ayudas a los daños producidos por los incendios forestales en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León... (Página30)

161/002424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las inundaciones provocadas por el arroyo de El Encantado, en la localidad de Villanueva de la Reina, Jaén... (Página31)

161/002425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los incendios sufridos por Galicia, Asturias y Castilla y León durante el mes de octubre y a la adopción de medidas extraordinarias para paliar sus efectos... (Página31)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación de los prefijos telefónicos con sobrecoste en compañías de servicios para la atención a los usuarios... (Página34)

161/002412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora del tratamiento del cáncer de mama... (Página35)

161/002413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a homogeneizar el procedimiento de reconstrucción mamaria en todo el territorio nacional... (Página36)

161/002415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso a prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a consecuencia de tratamientos para cáncer... (Página37)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto... (Página39)

161/002408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el establecimiento de medidas estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de cooperación para el desarrollo... (Página40)

Comisión de Cultura

161/002402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar de un marco jurídico flexible al Museo Arqueológico Nacional... (Página42)

161/002410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación integral de la casa señorial Sinyent en Polinyà de Xúquer (Valencia)... (Página43)

161/002416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba... (Página44)

161/002418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de una vivienda para el Duque del Infantado en el Palacio del Infantado de Guadalajara... (Página45)

Comisión de Igualdad

161/002345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al establecimiento de un aborto seguro y libre para todas las mujeres... (Página46)


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161/002396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a consideración de las demandas sobre la igualdad de oportunidades del Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente... (Página51)

161/002405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la igualdad real en el mundo del deporte... (Página52)

161/002406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento del deporte profesional femenino... (Página53)

161/002411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora del tratamiento del cáncer de mama... (Página55)

161/002426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas a establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a fin de definir e implementar los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre los servicios en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal... (Página56)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los efectos de la adopción de medidas para mejorar las condiciones en las que circulan los vehículos por nuestras carreteras... (Página58)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a tener en cuenta las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente... (Página59)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/000489 Pregunta formulada por el Diputado don Teodoro García Egea (GP), sobre actuaciones para la llegada del AVE a Murcia... (Página61)

181/000490 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol (GP), sobre alcance del estudio informativo de la variante de Fuente el Fresno... (Página62)

181/000491 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol (GP), sobre alcance del proyecto de remodelación del enlace de la A-6 con la M-40 y nuevas conexiones con la A-6... (Página62)

181/000492 Pregunta formulada por la Diputada doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), sobre actuaciones previstas en Perillo (Oleiros) para mejorar la permeabilidad transversal y la seguridad vial de la AC-12... (Página62)

181/000493 Pregunta formulada por el Diputado don Óscar Gamazo Micó (GP), sobre obras que se están acometiendo para la mejora del acceso sur al puerto de Gandía... (Página63)

181/000494 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Lacoba (GP), sobre avances producidos en la autovía A-33... (Página63)

181/000495 Pregunta formulada por la Diputada doña Carolina España Reina (GP), sobre avances producidos en el acceso norte vial al aeropuerto de Málaga... (Página63)


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181/000496 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de aprobar mediante Real Decreto las medidas urgentes anunciadas el día 01/09/2017 en relación con los sectores del taxi y de alquiler de vehículos con conductor, entre las que se incluía la prohibición de la transmisión de autorizaciones en los dos primeros años desde su otorgamiento o la creación de registros electrónicos... (Página63)

181/000497 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medidas para reducir la elevadísima siniestralidad que sufre la N-122 a la entrada de la ciudad de Valladolid a su paso por La Cistérniga, punto negro calificado como el más peligroso del país, de acuerdo con el informe anual de la Asociación Europea de Automovilistas... (Página64)

181/000498 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de aprovechar la nueva línea de alta velocidad Alicante-Murcia, que lleva varios años en construcción... (Página64)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/002398

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

Las instituciones del Estado así como las de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, tienen por finalidad reforzar la existencia de un espacio democrático y de derecho. Dentro de esa estructura institucional se encuentran los denominados, genéricamente, órganos auxiliares a la función de Gobierno siendo su existencia, continuidad en el tiempo y buen funcionamiento, manifestación inequívoca de calidad democrática.

Entre esta estructura auxiliar se encuentran los órganos encargados de la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. Esta estructura auxiliar desempeñan funciones especialmente relevantes para alcanzar una democracia saneada, donde todo ciudadano aprecia sin dificultad que su espacio de derechos, libertades y obligaciones, se garantiza por un entramado institucional impecable en el que el control, la fiscalización o el asesoramiento al ejercicio de la acción política gubernamental, queda inmune a coyunturales momentos de tacticismo político que desde una mirada cortoplacista, olvidan que la política debe intentar mirar a largo plazo, siempre en beneficio de los ciudadanos.

La actividad financiera es un aspecto esencial de toda organización política y ha contribuido de manera definitiva a la formación de las instituciones. El artículo 136.1 CE consagra al Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos. Este Tribunal depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado y censura las cuentas del Estado y del sector público que han de rendírsele.

Tal consideración implica que si bien la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas puede extenderse a todo el Estado esta competencia no excluye que pueda concurrir con otros órganos de control externo de cuentas, aunque ninguno de igual o mayor preeminencia que el propio Tribunal. De este modo nuestra Constitución establece un reparto de competencias en esta materia entre los distintos entes territoriales.

No es infrecuente que pueda existir un ánimo de auténtica revancha política generando debates o conflictos públicos en relación a quienes han sido elegidos o van ser elegidos como titulares de esta estructura fiscalizadora. Disputas muy poco edificantes en una democracia sólida y vigorosa que empobrecen nuestro sistema y poco favorecen a generar una mayor confianza de los ciudadanos en sus


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instituciones, particularmente en aquellas que han de desarrollar, con autonomía plena, funciones control, fiscalización o asesoramiento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a impulsar y reforzar los comportamientos de lealtad y confianza política con las instituciones básicas del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, particularmente con los órganos de control, fiscalización y asesoramiento. A tal fin, se garantizará que la elección de sus miembros se efectúe entre profesionales de acreditada competencia y de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, estudiando la conveniencia de regular la participación de quienes han desempeñado funciones públicas de naturaleza política en los años anteriores a su posible nombramiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Justicia

161/002400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor (LORPM) señala en su Exposición de motivos que "en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor".[...] "Interés que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de presunción de inocencia".

Por su parte, la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo, establece en su disposición adicional cuarta, apartado d), con el objeto de favorecer el proceso de rehabilitador de la persona menor de edad, que "la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia se llevará a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autónomas".

Los menores condenados por delitos relacionados con el terrorismo deben ser juzgados en la Audiencia Nacional, y la ejecución de la medida es competencia de la Administración General del Estado. La firma de los convenios a los que hace referencia la Disposición Adicional cuarta apartado d) de la Ley Orgánica 5/2000, de 22 de diciembre, posibilita que estos menores puedan cumplir las medidas dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional en los centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad de la Comunidad Autónoma más cercana a su entorno social y familiar.

En estos momentos la Administración General del Estado mantiene Convenios de colaboración, en esta materia, con dos Comunidades Autónomas: la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma del País Vasco.


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Para garantizar los principios de interés superior del menor y finalidad educativa de las medidas judiciales impuestas a menores, se hace preciso dotar de una mayor posibilidad de centros para la ejecución de las medidas judiciales impuestas por la Audiencia Nacional.

Desde la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor se ha venido reiterando en la Comisión de Seguimiento del Convenio vigente la necesidad de ampliar la suscripción de Convenios de Colaboración con otras Comunidades Autónomas. Con ello se evitaría la agrupación de menores que cumplen medidas judiciales, lo que podría dificultar su reinserción, de una parte, y de otra, se favorecería una mayor proximidad de la persona menor a su núcleo familiar y social, cuando esta proximidad fuera adecuada según el criterio de los equipos técnicos para implicar a las familias y reforzar su proceso educativo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a alcanzar los acuerdos necesarios para la suscripción de los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas que permitan mejorar la oferta y distribución geográfica de plazas de centros para la ejecución de medidas judiciales impuestas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, con el fin de evitar la concentración y el agrupamiento de jóvenes a los que se pudiera imponer una medida de internamiento cuando el programa de intervención del joven así lo aconsejare, y especialmente en los casos asociados a delitos de terrorismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Interior

161/002414

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños causados por la lluvia en Jerez de la Frontera, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Las lluvias torrenciales caídas durante la madrugada y la mañana del día 18 de octubre en diversos municipios de la provincia de Cádiz y especialmente en el término municipal de Jerez de la Frontera, han provocado graves daños materiales y económicos tanto en bienes de carácter público (red viaria, colegios, etc.), como en los de titularidad privada (viviendas, locales comerciales, vehículos, explotaciones agrícolas, etc.).

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, ante los daños producidos como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas durante el día 18 de octubre del presente en diversos municipios de Cádiz y especialmente en Jerez de la Frontera, insta al Gobierno de España a proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán en todo caso:

1. Ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe.


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2. Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales y viviendas siniestradas.

3. Subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, en paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública.

4. Atribuir la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos, servicios, así como a las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las relativas a la reconstrucción de obras públicas que afecten a la seguridad de las personas.

5. Permitir a las entidades locales que puedan destinar a reparación de daños y obras de emergencia y de reposición en infraestructuras públicas los superávits presupuestarios disponibles, sin que ello afecte al remanente destinado a las obras de sostenibilidad.

6. Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas en su caso.

7. Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, e explotaciones y otras actividades afectadas.

8. Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.

9. Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros.

10. Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esa catástrofe.

11. Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.

Las medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de ayuda previsto en otras normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes naturales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Miriam Alconchel Gonzaga, Salvador Antonio De la Encina Ortega, Antonio Pradas Torres y Juan Carlos Campo Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002421

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al aumento del complemento específico del colectivo de examinadores de tráfico, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El pasado mes de mayo teníamos noticia del anuncio por parte de la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) de la convocatoria de una huelga que, a día de hoy, ha venido logrando un gran seguimiento.

Entre las reivindicaciones se encontraba la escasez de plantilla y las condiciones salariales, poco atractivas para las características de trabajo de este colectivo, tales como su mayor complejidad técnica, los riesgos para la integridad física derivados de agresiones y accidentes, el trabajo a la intemperie, la penosidad, un horario especial y otras especificidades de este tipo de trabajo, lo que está conduciendo a la fuga de funcionarios, según denuncia el colectivo. Después de 35 jornadas de huelga, son muchas las personas, de este colectivo y ajenas al mismo, que se están viendo afectadas por un conflicto que parece encallado. Los examinadores ya estuvieron en huelga en 2015, protesta que terminó con un acuerdo con la Dirección General de Tráfico ("Acuerdo definitivo sobre desconvocatoria de la huelga convocada en la Dirección General de Tráfico, con el Comité de Huelga", firmado el 29 de octubre del año 2015). Sin embargo, según varios colectivos, este acuerdo no se está cumpliendo.


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Según la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), con esta huelga se ha acentuado el problema que ya se esperaba para verano, al incrementarse el déficit de examinadores que ya existe actualmente, ya que es en verano cuando miles de aspirantes aprovechan para sacarse el carnet de conducir. Por ello, entre los afectados de otros colectivos podemos citar a los miles que aspirantes a obtener el carnet de conducir que todavía se encuentran en cola para examinarse, con el consiguiente trastorno para sus perspectivas personales y laborales (por ejemplo, perdiendo oportunidades de empleo por no tener el carnet), así como a las autoescuelas que se encuentran en una angustiosa situación perdiendo ingresos y clientes, o cerrando, en el peor de los casos.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, un aumento del complemento específico del colectivo examinador de tráfico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Irene Rivera Andrés, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a devolver a la CNMC diversas funciones que hasta ahora ejercía este organismo, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

El pasado sábado 14 de octubre se publicaba en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE), el Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En dicho Real Decreto se desarrollan, entre otros aspectos, las funciones de la Secretaría de Estado de Energía, que pasa a asumir diferentes funciones recogidas en la Ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 4 de junio de 2013 y que hasta ahora venía desempeñando este organismo.

La Secretaría de Estado de Energía asumirá a partir de ahora las inspecciones y liquidaciones de los ingresos y gastos del sector eléctrico, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificaciones de biocombustibles y el control de operaciones.

El Gobierno ha justificado los cambios en la estructura organizativa de dicha Secretaría de Estado y de la Dirección General de Política Energética y Minas y la nueva redacción dada a los artículos relativos sus funciones "tanto por una más adecuada distribución funcional de esas funciones, como por la asunción de las competencias otorgadas a este Departamento por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de los sectores eléctrico y de hidrocarburos".

Asimismo, los cambios en la organización de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la nueva redacción de los artículos relativos a las funciones que ejercen se justifican, según el Gobierno, por "la incorporación de las nuevas funciones atribuidas a estos órganos por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".


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Dicha Secretaría de Estado se encargará a partir de ahora de la gestión del reparto de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, la gestión del registro de operadores, del registro público de numeración, de la liquidación de la tasa general de los operadores y de la tasa de numeración, entre otras funciones.

Por otra parte, la Comisión Europea abrió en 2013, un expediente de oficio a España por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. El propio Presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, subrayó recientemente que el organismo "aún está a la espera de recibir competencias definidas en el derecho comunitario. Las disputas entre el supervisor y el Ministerio de Energía han acabado provocando la apertura de un procedimiento de infracción a España por parte de la Comisión Europea.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas legislativas y reglamentarias necesarias con el fin de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia todas aquellas funciones que hasta ahora venía ejerciendo este organismo y que han sido transferidas a diversos Ministerios, así como las que fueron transferidas con anterioridad, con el fin de dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002417

A la Mesa de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso, presenta para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

Exposición de motivos

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, vino a establecer un nuevo marco normativo para el sector audiovisual en España.

Esta ley facilita, en su artículo 32 la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, regulándolos en los términos siguientes:

"1. Las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial.

2. La Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público necesario para la prestación de estos servicios.

3. La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa. En dicho título se establecerán las condiciones que aseguren su naturaleza sin ánimo de lucro, pudiendo establecerse el uso compartido de un mismo canal así como las condiciones de dicho uso.

4. La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la prestación del servicio. La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios.

5. La licencia en ningún caso podrá perder su carácter original de servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y no podrá ser objeto de transmisión ni arrendamiento.

6. Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos, si los hubiere. La autoridad audiovisual establecerá un sistema de evaluación de gestión financiera y un registro específico para el depósito de su memoria económica. Salvo


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autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica.

7. Las entidades titulares de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro deberán acreditar el pago de cuantos derechos, cánones o tasas, se deriven de su actividad."

Asimismo, en el punto 2 de la disposición transitoria decimocuarta de la referida Ley se dispone que:

"2. Respetando los ámbitos competenciales existentes, tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley."

Por otra parte, el artículo 19 del Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual en Canarias, prevé que "La licencia necesaria para la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, por parte de las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro, para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, serán otorgadas por el Gobierno de Canarias, mediante concurso público tramitado con sujeción a lo establecido en el presente Decreto, y de conformidad con las disponibilidades del dominio público radioeléctrico establecidas por la Administración General del Estado".

No obstante a fecha de hoy la Administración General del Estado no ha procedido ni al desarrollo reglamentario, ni tampoco ha reservado ni garantizado la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

La demanda de este tipo de servicios audiovisuales no puede ser satisfecha como consecuencia de la falta de desarrollo reglamentario por parte del Estado. Asimismo, ante la ausencia de espacio radioeléctrico disponible, es imposible iniciar el oportuno procedimiento para la adjudicación de las preceptivas licencias.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar las previsiones del artículo 32.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, habilitando el servicio público radioeléctrico necesario para la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

2. Atendiendo a las previsiones de la disposición transitoria decimocuarta de la referida ley, desarrollar reglamentariamente tanto el procedimiento de concesión de licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Íñigo Jesús Alli Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002420

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa al cumplimiento de los acuerdos aprobados entre la industria auxiliar y el astillero de Navantia en la ría de Ferrol.


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Exposición de motivos

Los trabajadores de las compañías auxiliares del naval fueron los más afectados por la falta de construcción de barcos en el astillero público Navantia de Ferrol desde 2014. Muchos de estos trabajadores perdieron su empleo y tuvieron que engrosar las listas del paro, y cuando se recuperó la actividad en las gradas de Navantia y las empresas auxiliares les volvieron a llamar, las condiciones laborales y económicas habían empeorado considerablemente. La diferencia de sueldo se explica porque buena parte de las empresas auxiliares dejaron de hacer efectivos los acuerdos alcanzados en el año 2001.

En ese año 2001, la representación sindical de Navantia, la industria auxiliar y la propia Navantia, S. A., alcanzaron un acuerdo sobre las condiciones laborales que deberían respetarse en la prestación de servicios de la industria auxiliar.

El 27 de enero del pasado año 2006 volvieron a rubricar un acuerdo sobre la política de contratación de la industria auxiliar para todos los centros de Navantia del siguiente tenor:

"1. La información previa a las organizaciones sindicales de las próximas ofertas de subcontratación a realizar, así como de las empresas que participen en las mismas.

2. Supresión de la subcontratación en cadena o subcontratación en la subcontratación, impulsando la constitución de UTE, Consorcio o coordinación de empresas.

3. Hacer todas aquellas gestiones que sean necesarias cara a regular la jornada laboral, erradicando las jornadas excesivas, respetando los descansos semanales, adquiriéndose, también, el compromiso de establecer unos acuerdos específicos y, absolutamente necesarios, para el área de carenas, orientados a regular la necesaria flexibilidad que requiere dicha actividad.

4. Desde Navantia se exigirá a las empresas auxiliares el estricto respeto a los derechos de los trabajadores contemplados en los convenios colectivos, pactos de empresa o acuerdos entre sindicatos y empresarios en los que regulen las condiciones laborales de los trabajadores en atención a lo que manifiesta la representación sindical sobre la preocupante dinámica que se está implantando que está suponiendo paulatinamente que se estén recortando las condiciones económicas y sociales de los trabajadores, fomentándose de nuevo una brutal competencia desleal entre las diferentes empresas..."

Como refiere el meritado acuerdo, se trata de evitar la precariedad y el abuso manifiesto en la prestación de dichas funciones, si bien; desde hace un largo período de tiempo, de forma unilateral, la industria auxiliar ha dejado de cumplir dichos acuerdos con la connivencia de Navantia, S. A., con los consiguientes perjuicios para las personas trabajadoras de una industria auxiliar a la que se adjudican contratos en atención a unas ofertas económicas que compiten a la baja y que a la postre repercuten, a posteriori sobre las y los trabajadores de esta industria.

La industria auxiliar se ha desvinculado unilateralmente de estos acuerdos propiciando que las condiciones salariales, de jornada sean absolutamente inaceptables.

Los sindicatos denuncian abusos inaceptables en las condiciones laborales que impone la industria auxiliar; entre otros: la existencia de distintas escalas salariales para las mismas categorías en la misma empresa, la existencia de listas negras de trabajadores por el simple hecho de reclamar el cumplimiento de sus derechos, jornadas abusivas... En definitiva, alertan de un retroceso de veinticinco años atrás. Este incumplimiento es fruto de múltiples reivindicaciones en aras a exigir el respeto a los acuerdos firmados. Y ahora, desde el pasado 5 de octubre, las personas trabajadoras de la industria auxiliar del naval en Ferrol secundan una huelga indefinida, que continúa a la fecha del registro de esta iniciativa.

Sin embargo, la empresa pública Navantia no ofrece una solución al conflicto, y, por el contrario, se dedica a publicar comunicados anunciando su intención de llevar a cabo "medidas drásticas", en el astillero de Ferrol si continúa la huelga, para provocar miedo en las personas trabajadoras, e intentar disuadirlas de su intento de reinvindicar sus derechos laborales, aprobados hace casi veinte años.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea apoya las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de las empresas auxiliares del naval, que lamentablemente trabajan en una situación de precariedad intolerable en el siglo XXI. Para garantizar un trabajo digno y de calidad no se pueden consentir jornadas agotadoras y salarios por debajo de lo aprobado en el convenio.


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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que repare la situación existente en los centros de trabajo de los Astilleros de Navantia, exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos firmados con la industria auxiliar del 2001 y 2006, para evitar de este modo el proceso de deterioro y precarización laboral existente como consecuencia de la inaplicación del mismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Doña Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de un portal nacional de empleo público.

Exposición de motivos

La oferta de empleo público se encuentra tremendamente atomizada y en función de la Administración Pública a la que se refiera el puesto la publicidad de los requisitos y la transparencia del proceso puede ser muy distinta, incidiendo perjudicialmente en la igualdad de oportunidades de acceso.

Dentro del sector educativo y en el universitario en particular, cada universidad pública en sus portales de empleo las correspondientes convocatorias, si bien el procedimiento puede cambiar notablemente: las plazas correspondientes a personal docente e investigador laboral se recogen en los boletines oficiales de la correspondiente Comunidad Autónoma (salvo las universidades de ámbito estatal), las de profesores funcionarios son publicadas en el "Boletín Oficial del Estado", mientras los puestos como profesores sustitutos interinos u otros contratos especiales para investigadores o docentes no tienen un proceso definido y muchas veces dependen de el conocimiento que se tenga de las particulares bolsas de empleo de cada universidad.

En el caso de los puestos docentes y/o administrativos en la educación secundaria obligatoria, los procedimientos para la selección tanto en las plazas docentes vacantes como los concursos de traslados son publicados en los boletines oficiales de las distintas CCAA. A pesar de esta publicidad, la existencia de una multitud de criterios de baremación y variables para las puntuaciones distintos en cada CCAA hacen más complejo el acceso a la información disponible y perjudica la transparencia.

En un contexto en el que se acusa severamente a nuestras universidades de endogamia, las etapas educativas obligatorias presenta índices de temporalidad e interinidad altísimos y las denuncias sobre la enorme variabilidad de los baremos, no cabe duda de que es necesario llevar a cabo medidas para dotar de claridad a estos procesos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Desarrolle un portal web de empleo público universitario que recoja información actualizada de todas las ofertas de trabajo para personal del sector educativo, distinguiendo entre educación obligatoria


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y universidades y entre las ofertas de plazas tanto nacionales como internacionales, en el que se explicitarán los siguientes contenidos y tendrá las siguientes funciones:

a) La Administración que realiza la convocatoria y a la que pertenece el puesto.

b) Los requisitos para concursar y solicitar el empleo.

c) Los criterios que se aplican a la asignación de los puestos y sus ponderaciones y criterios de baremación.

d) Los plazos para la admisión de solicitudes, así como las fechas y plazos para la recepción de notificaciones, publicaciones o la presentación de recursos.

e) Que permita la creación de alertas y notificaciones personalizadas.

f) Que se integre, en los casos pertinentes, con los portales de las CCAA u otros portales de publicación (y evitar así un doble o triple registro).

2. Desarrolle, dentro de este portal web o de manera adscrita, canales de atención al usuario tanto telefónicos como telemáticos que permitan al usuario resolver dudas.

3. Inste a las CCAA a que faciliten esta información de manera periódica en aquellos procesos que sean de su competencia y que faciliten la integración de sus webs con el portal central."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Fomento

161/002393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la paralización de la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21.

Exposición de motivos

El proyecto de ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21, se inició en el año 2009. Tras ocho años, el Ministerio de Fomento ha sacado en agosto de 2017 a licitación el contrato de obras.

Según el Gobierno, el objetivo del proyecto es aumentar la capacidad de la V-21, mediante la construcción de un tercer carril en un tramo de autovía que actualmente soporta más de 70.000 vehículos de media al día, mejorando de esta forma el nivel de servicio.

Sin embargo, el proyecto es el más caro de los presentados y el más destructivo para la huerta (en vías de protección), chocando frontalmente con el Plan de Acción Territorial de la Huerta y con la Ley de la Huerta, ya en trámite en Corts Valencianes. Además, el desarrollo de esta ampliación favorece el uso del transporte privado convencional frente a modelos de transporte sostenibles y de futuro que sean una alternativa viable a esos 70.000 vehículos.

Entre el 20 de diciembre de 2010 y el 17 de enero de 2011, se abrió el proceso de participación y exposición pública del proyecto. La cifra correspondiente al público interesado del proyecto ascendía a un total de 720.912 personas. Este proceso de participación fue un rotundo fracaso, incumpliéndose el objetivo del Plan de Participación Pública al recogerse solamente cinco encuestas, una muestra totalmente no representativa de la población total.

Ya en el año 2015, el pleno del Ayuntamiento de Alboraya, municipio afectado por la obra, rechazó por unanimidad el inicio de expediente por parte del Ministerio de Fomento por el que se iniciaba la expropiación de terrenos, construcciones y derechos en Alboraia, para así llevar a cabo la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21.


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Con fecha 12 de septiembre de 2017, la Corporación Municipal de Alboraia en Pleno, vuelve a reiterar por unanimidad su negativa a la ampliación de la V-21 a su paso por el municipio de Alboraia. Además, el último Consejo Sectorial de Participación Ciudadana del Área de Urbanismo de Alboraya acordó por unanimidad adherirse a la moción aprobada el pasado 12 de septiembre que rechaza la ampliación de la V-21.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Paralizar la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21.

2. Estudiar nuevos proyectos alternativos que favorezcan la movilidad colectiva y sostenible de futuro.

3. Realizar un nuevo informe de impacto ambiental del antiguo proyecto contemplando la declaración de protección de la zona de la Huerta.

4. Realizar una consulta pública vinculante garantizando la máxima participación, accesibilidad, información y conocimiento de diferentes proyectos y alternativas de movilidad a la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002395

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la obligación de servicio público al transporte aéreo Canarias-Península.

Exposición de motivos

En septiembre de 2012, el presidente del Gobierno de Canarias planteaba la necesidad de que las rutas aéreas Canarias-Península fueran declaradas obligación de servicio público. La crisis económica había provocado la retirada de determinadas líneas aéreas por lo que la conectividad del archipiélago se estaba viendo comprometida.

Posteriormente, con la denominada "recuperación" económica, volvió el aumento de la demanda, que hizo que se restablecieran determinadas líneas, y la idea de declaración de servicio público quedó aparcada, con la confianza de que sería el mercado el que regularía la oferta.

Recientemente, un colectivo ciudadano llamado "Canarios sin alas", volvía a poner en primera línea de la actualidad el asunto, esta vez poniendo el foco en las desorbitadas tarifas aéreas que producen que muchos canarios y canarias que residen en la península no puedan viajar a su tierra por el elevado coste que imponen las compañías, especialmente en determinados periodos como la navidad, puentes, festivos, etc.

El marco de la UE nos impone un mercado liberalizado, que también incluye el transporte aéreo. Dicho mercado se basa en la libertad de operar de las compañías que cumplen determinados requisitos y en el establecimiento libre de tarifas por parte de las compañías: en la lógica liberal de que la competencia hará bajar los precios. Esto objetivamente no solo no es así (no hay bajada generalizada de precios), sino que este mismo año hemos vivido acusaciones de pacto de precios entre compañías, en concreto en la línea Madrid-Bilbao.

Que estemos en un mercado denominado libre no impide para que existan determinados mecanismos de control público. La denominada obligación de servicio público a la que se ha hecho alusión, se define como: "cualquier obligación impuesta a los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto de la Comunidad


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y otro que sirva a una región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región".

Dicha obligación, "solo se impondrá cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial."

En el caso de Canarias dicha obligación de servicio público no es nueva, el mercado interinsular de transporte aéreo está regulado por esa vía para garantizar la conectividad y unas tarifas asumibles por la ciudadanía.

La resolución del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las Islas Canarias, establece las condiciones de intervención pública en el mercado aéreo interinsular, desde la perspectiva de que la comunidad es un territorio fragmentado y que su principal vía de comunicación es la aérea, por lo que la Administración interviene para garantizar el interés público del transporte de la ciudadanía entre islas.

Entre los mecanismos de control que se establecen en ese acuerdo, está la creación de una comisión mixta, con representantes del Ministerio de Fomento y de la comunidad autónoma, y que tiene como objetivo examinar los programas de las compañías aéreas para cada temporada, quedando obligadas dichas compañías a presentar datos estadísticos sobre las rutas sometidas a control público, con el número de pasajeros desplazados, vuelos realizados, etc., estableciéndose mecanismos de control y sanción. Asimismo, se definen las tarifas de referencia, estableciéndose también distintas categorías de utilidad; como tarifa flexible, promocional y tarifa social.

Todo ello viene a significar que la intervención de la Administración Pública, en aras a velar por la correcta conectividad del archipiélago y para evitar tarifas abusivas por parte de las compañías aéreas, no es nueva en el archipiélago. De hecho, este control público no solo no ha supuesto un menoscabo a los intereses de las compañías aéreas, sino que el mercado interinsular ha crecido en las empresas que prestan servicio, desechando objetivamente la idea de que un control público provoca la huida de las compañías al no considerarlas rentables.

La realidad es que el archipiélago, y la gente que vive en él, necesitan respuestas a sus problemas y este es uno de ellos. Las autopistas para estar conectados con el resto del Estado son aéreas. Evitar abusos tarifarios no solo permitiría que los canarios y canarias que viven en la península pueda volver a un precio razonable, sino que los intercambios con el exterior, no exclusivamente turísticos sino culturales, académicos, científicos, se verían facilitados.

Entendemos que esta cuestión no puede tener un uso partidista, es una cuestión de sentido común, de entender las necesidades de y singularidades de las islas. Por todo ello consideramos que estas medidas deben contar con un amplio consenso de las instituciones canarias y de los representantes de Canarias en las instituciones del Estado.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer las rutas aéreas Canarias-Península como servicio público obligatorio.

2. Crear una mesa de trabajo con representación del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, y las y los Diputados de las circunscripciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados, para adoptar medidas que garanticen un precio razonable en las rutas aéreas Canarias-Península."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Carmen Valido Pérez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/002409

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la AP-71 León-Astorga, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El eje de comunicación León-Astorga es uno de los ejes intermedio transversal más relevante en el Cuadrante Noroeste de la Península Ibérica, uniendo el principal acceso a Galicia y El Bierzo con el acceso a Asturias y continuando hacia Burgos, Valle del Ebro, País Vasco y Francia, y el eje principal de comunicación y ocupación en la Subregión y Provincia leonesa (León-Astorga-Ponferrada), con la mayor intensidad de tráfico registrada entre todas las carreteras que atraviesa su territorio.

Desde su apertura al tráfico en octubre de 2002, la autopista AP-71, entre Astorga y León, ha presentado una baja densidad de tráfico, con un IMD de 3.623 vehículos, de los que 453 corresponden a vehículos pesados, según datos del Ministerio de Fomento del año 2014, que contrastan con los datos de la otra vía alternativa, la N-120.

La N-120, en este mismo tramo, entre León y Astorga, tiene una intensidad media diaria de 16.036 vehículos en la estación LE-80-3, 9.620 en la LE-81-3 y cerca de Astorga, en la LE-155-3, de 8730, según los datos del Ministerio para ese mismo año.

La elevada densidad de tráfico de la carretera nacional, en la que encuentra una masiva presencia de vehículos pesados, se debe en gran parte a la presencia de un polígono industrial en auge en el PK 323. A esta circunstancia se la añaden la elevada concentración de pueblos; la importante presencia de peregrinos a pie y cada vez más en bicicleta, quienes cuentan con un solo paso de peatones en todo el tramo con una única señalización vertical; y un pésimo estado de conservación del asfalto en varios puntos, todo lo cual convierten este tramo de vía, no solo en el de mayor complejidad circulatoria de las Carreteras leonesas, sino en uno de los más peligrosos.

Paradójicamente, a pesar de las múltiples ventajas que supondría la utilización de la AP-71, esta registra una muy baja ocupación y encadena años de pérdidas desde su inauguración, mientras que en su alternativa, paralela y gratuita, aumentan los niveles de tráfico, rodado y pedestre, la consiguiente saturación de la vía y la siniestralidad, la causa: el precio del peaje. Su elevado precio, que en este año 2017 son 4,95 euros para vehículos ligeros, disuade la desviación de vehículos desde la N-120, aun siendo esta última la vía con mayor cantidad de puntos negros de la provincia de León, concretamente tres, situados en los kilómetros 308, 313,2 y 322,3 (datos de la DGT 2013), a la vez que la autopista de peaje es una de las más ruinosas de la geografía nacional.

En julio de 2015, el Ministerio de Fomento puso en marcha un plan piloto para fomentar el desvío voluntario de vehículos pesados en las autopistas de peaje al que se ha dado continuidad, incluyendo las correspondientes partidas en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto, tanto por la saturación y peligrosidad de la N-120, como para impulsar la utilización de la autopista, sin obviar el impulso económico de la zona, ahora estrangulado por estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Estudiar la bonificación en cinco kilómetros el peaje de la autopista AP71, desde los enlaces del nudo contiguo a La Virgen del Camino a Villadangos del Páramo.

2. Incluir la AP-71 en el próximo plan de desvío voluntario de vehículos pesados en las autopistas de peaje para e incluir la dotación económica correspondiente en los próximos Presupuestos Generales del Estado.


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3. Negociar con la empresa concesionaria de la AP-71 la bonificación progresiva del peaje hasta su liberalización."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-María Aurora Flórez Rodríguez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la racionalización de títulos universitarios.

Exposición de motivos

Los datos muestran un preocupante crecimiento generalizado en el número total de titulaciones a pesar del descenso demográfico y los excesos pasados. En los grados ha aumentado el conjunto del sistema desde los 2.448 hasta los 3.051, lo que supone un incremento de casi el 25 %. En las universidades públicas ese incremento ha sido del 22 %. Este incremento se debe, en muchos casos, a razones de marketing y de adaptación a las nuevas necesidades que han obligado a las universidades a diseñar nuevos títulos derivados de otros ya existentes.

Sin embargo, esta tendencia no se ha visto acompañada del cierre de otros que tienen menor demanda. En el año 2012 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fijó el umbral de "eficiencia" de un título y, por tanto, su viabilidad, por encima de los 55 estudiantes de nuevo ingreso. En 2008 el porcentaje de titulaciones con menos de 55 alumnos era del 33 %, cifra que fue bajando hasta el 18 % en 2013. A partir de entonces ha ido repuntando de nuevo hasta llegar al 27 % del año 2015/2016, hasta el punto en que todas las universidades públicas regionales ofrecen todas las titulaciones con independencia de su tamaño o de la población de la región con tal de poder ofrecer estudios cerca de casa a sus estudiantes en lugar de especializarse.

En lo referente a los títulos de Máster, los números muestran una tendencia similar de crecimiento totalmente desajustado a la demanda. En el año 2009 el % de titulaciones de máster era del 19 %, mientras en el 2016 ese porcentaje había aumentado hasta el 32,5 %, sustituyendo básicamente a estudios de doctorado. Esa reducción de un 34,1 % de la oferta de títulos de doctorado se ha producido en una situación de aumento del 28,7 % de la demanda, mientras que en los estudios de máster el aumento de casi un 142 % se ha visto acompañado por un aumento de la demanda del 83,6 %.

El sistema universitario español está en su gran mayoría financiado por las cuentas públicas y todos estos desajustes no hacen sino encarecer aún más el coste por puesto universitario que ya estaba sufriendo una tendencia al alza por el descenso de población en edad de estudio, poniendo en jaque la sostenibilidad del sistema.

La propia estructura del sistema ya presenta rigideces como la imposibilidad del traslado de funcionarios de carrera, que impiden un ajuste más rápido ente la demanda de titulaciones y los recursos disponibles para garantizar su oferta. No limitar el número de titulaciones no hace sino poner más presión económica en las arcas públicas.

Si no se actúa ya y el Gobierno y los respectivos gobiernos autonómicos siguen atendiendo a la situación como meros espectadores de lujo el sistema se verá abocado a una subida de tasas y la reducción de becas que afectarían gravemente la posibilidad de acceso a una educación superior de todos los ciudadanos españoles. Por contra, contribuir a un mejor ajuste podría ayudar a aumentar el número de becas no solo para el pago de matrículas sino también de movilidad y manutención que fomenten la independencia y movilidad de miles de estudiantes.


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De acuerdo con la Constitución, corresponde al Estado la competencia relativa a los títulos. El artículo 149.1.30 le atribuye la competencia en materia de "regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales".

En ejercicio de dicha competencia, el Estado ha aprobado, en desarrollo de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En este contexto competencial, el Estado tiene las facultades adecuadas y suficientes para racionalizar las titulaciones para evitar los problemas aquí apreciados.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 32.1 "Corresponderán al Organismo público Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y cualquier otra que les atribuya la Ley". El artículo 26 del Real Decreto 1393/2007, dispone que: "Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el "Boletín Oficial del Estado"".

Por lo tanto, el Gobierno tiene facultades suficientes para aprobar la ordenación adecuada para la racionalización de los títulos y cuenta con un organismo especializado y autónomo que puede llevar a cabo la evaluación imprescindible a tal efecto.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Solicite a la ANECA un informe de evaluación de los títulos recogidos en Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de cada universidad y analice la sostenibilidad de cada título sobre la base del umbral de "eficiencia" de un título fijado en 55 estudiantes de nuevo ingreso, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Adopte las medidas adecuadas para la racionalización del número de titulaciones en cada universidad, eliminando en un período de cuatro años aquellas titulaciones que no pasen el ratio de eficiencia y favoreciendo la movilidad de los alumnos de esas titulaciones a otras universidades en las que esa titulación cumpla el criterio de eficiencia.

3. A determinar universidades prioritarias que centralicen la oferta de plazas de aquellas titulaciones en las que no haya ninguna universidad que cumpla el criterio de eficiencia.

4. A crear un programa de becas estatal con becas de movilidad para alquiler y de manutención para aquellos alumnos que deban desplazarse por la eliminación de titulaciones en su provincia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002429

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para aumentar las subvenciones económicas a las Federaciones deportivas españolas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Con base a lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las Federaciones deportivas españolas son entidades privadas, a las que se atribuyen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública.


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Así mismo, en el artículo 8 de dicha Ley, dentro de las competencias del Consejo Superior de Deportes se señalan entre otras, la autorización de la constitución y aprobación de estatutos y reglamentos de las Federaciones deportivas, la suscripción de los correspondientes convenios para el desarrollo de programas deportivos, la concertación de sus presupuestos y sus estructuras orgánicas y funcionales.

Además, en su artículo 8. d) la Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte, atribuye al Consejo Superior de Deportes competencia para conceder las subvenciones económicas que procedan, a las Federaciones Deportivas y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en dicha Ley.

En este sentido las subvenciones concedidas a las Federaciones por el Consejo Superior de Deportes han sufrido un descenso muy significativo en los últimos años, pasando de los 82 millones de euros en 2009 a los 46 millones de euros en 2016. En resumen, las Federaciones han tenido que cumplir con sus objetivos con 36 millones de euros menos.

La caída de los ingresos obtenidos por las federaciones deportivas ha supuesto que muchas de ellas hayan tenido que recortar su plantilla de trabajadores y trabajadoras, reducir gastos en contratos de seguridad o limpieza, incluso, a compartir sede con otras federaciones.

Pero para las Federaciones este tipo de recortes no es lo más preocupante. Lo más grave es que en los últimos años han tenido que priorizar programas deportivos que la Ley de Deporte les encomienda "planes de preparación de los deportistas de alto nivel", renunciando a alguno de los programas y ayudas a sus deportistas.

Esta circunstancia ha provocado que los programas de Tecnificación Deportiva, la propia captación y formación de talentos deportivos jóvenes o el apoyo al deporte base, deporte y mujer, y deporte escolar, hayan sido los grandes damnificados de los recortes, poniendo en peligro el futuro del deporte español en las competiciones nacionales e internacionales tal y como nos lo ha trasladado la Junta Directiva de la Asociación del Deporte Español en la que están representadas casi la totalidad de Federaciones nacionales olímpicas, no olímpicas y de deporte adaptado.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar las subvenciones económicas a las Federaciones deportivas españolas para garantizar el buen desarrollo de los programas y funciones que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte les atribuye, a través de programas plurianuales en los Presupuestos Generales del Estado de, al menos, cuatro años de modo que permita que las Federaciones puedan trabajar en un escenario de estabilidad económica para el óptimo desarrollo de su planificación deportiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2017.-Javier Antón Cacho, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, sobre medidas extraordinarias de apoyo a los trabajadores eventuales del campo por los efectos de la sequía; incluyendo la eliminación del requisitos de las peonadas para percibir el subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura, así como el incremento de los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario -PROFEA- para todas las CCAA que lo perciben.


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Exposición de motivos

En España existen cerca de 1.000.000 trabajadores y trabajadoras del campo, de los cuales, aproximadamente 550.000 viven en Andalucía y Extremadura. No obstante, las cifras de asalariados agrícolas, sobre todo circunscritos a campañas temporales, aumentan de forma constante desde el inicio de la crisis. El sector agrícola absorbe muchas jornadas de trabajo, funcionando como sector refugio del cual los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo de larga duración obtienen ingresos puntuales o complementarios. El desarrollo del sector agrario intensivo en ciertas zonas y producciones de España determina que en la actualidad, la realidad del temporerismo agrícola se haya extendido en todas las comunidades autónomas, consolidando las rutas temporeras que enlazan unas campañas con otras.

En comunidades como Andalucía y Extremadura, la situación es especialmente grave. La concentración de la tierra en pocas manos es una realidad histórica que está en la base de esta situación social. En Extremadura, el 3 % de los propietarios, posee el 44 % de la tierra, y en Andalucía, 766 propietarios, son dueños de más de 1.000.000 de hectáreas de tierra. El escaso interés y promoción de una agricultura alternativa y diversificada, la práctica ausencia de industria de transformación local y una Política Agrícola Común -PAC- que refuerza todo lo anterior, y que llega a los grandes empresarios agrícolas como gastos corrientes sin casi ninguna exigencia, han convertido en estructural una realidad que debería haber cambiado hace muchos años.

Hoy en día sectores productivos como la aceituna de mesa absorben 6 millones de jornales al año en Andalucía, Extremadura y Aragón, la vendimia representa en torno a 12 millones de jornales en toda España y la campaña de la fruta sobre los 4 millones.

Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo en toda España y en Andalucía y Extremadura en especial, son uno de los colectivos claramente situados en la precariedad social y bajo el umbral de la pobreza. Así lo muestran los datos del último informe de Condiciones de Vida de la Población, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, y el último Informe FOESSA (Fundación Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) sobre condiciones de vida de la población pobre en España 1, hecho público hace apenas dos semanas. Según este informe, el 38 % de las familias andaluzas y extremeñas que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza tienen como principal fuente de trabajo las campañas agrícolas y el 23 % de ellas, percibe como principal fuente de ingreso el subsidio y la renta agraria.

Por esta y otras razonas, en el año 1983 se puso en marcha un Plan de medidas dirigido a los/as trabajadores/as agrarios/as de Andalucía y Extremadura que contemplaba tres líneas, una de las cuales era el Plan de Empleo Rural (PER), actualmente denominado Plan de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA). Este programa ha posibilitado, a lo largo de todos estos años, en Andalucía y Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana que miles de trabajadores y trabajadoras del campo pudieran acceder a ciertos contratos, así como conseguir que esos jornales le sirvieran para reunir las jornadas reales necesarias para poder solicitar el subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura. La aplicación de estos proyectos en el medio rural ha supuesto el dotar a los municipios de una serie de infraestructuras tan básicas y necesarias que han elevado el nivel de vida de sus habitantes, con la ejecución de servicios e infraestructuras importantes para el ocio, la cultura, el deporte o la mejora de instalaciones municipales: polideportivos, piscinas, ambulatorios, guarderías, calles, plazas, viviendas, y hasta arreglos y reformas de cuarteles de la Guardia Civil.

El dinero destinado para este concepto en Andalucía, Extremadura y el resto del Estado en el 2016 fue de 216,10 millones de euros, beneficiando en torno a 137.000 trabajadores y trabajadoras agrarias por cuenta ajena.

Todo este contexto y los datos disponibles, que muestran la precariedad social en la que vive el colectivo de los trabajadores y trabajadoras del campo, indican la enorme situación de vulnerabilidad en la que transcurren sus vidas. Cualquier elemento que afecte a la producción en los principales cultivos sociales que son fuente de mano de obra, como el viñedo, el olivar, los frutales, o la fresa, tiene unas repercusiones enormes sobre la vida de las familias jornaleras.

Desde el pasado 1 de octubre, la precipitación media en Andalucía y Extremadura se ha situado un 12 % por debajo de la media de los últimos 30 años. Las provincias más castigadas han sido Jaén, Granada, Córdoba, el norte de Sevilla, Huelva, Badajoz y Cáceres. Las reserva en nuestros embalses está en el 42 %, frente al 70 % de media en los últimos 10 años, y referido a la situación de Andalucía y

1 Informe FOESSA de Condiciones de Vida de la Población Pobre en España. Fundación FOESSA-Cáritas. 2017.


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Extremadura. Si en mayo de 2016, la situación en todas las cuencas y embalses se calificaba como de normalidad, en mayo de 2017, los datos facilitados por el propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente -MAPAMA- muestran cómo en las cuencas del sur de todas las provincias -menos Huelva y Cádiz- se sitúan en fase de alerta y prealerta. Además, las provincias limítrofes como Murcia, Ciudad Real o Albacete que atraen mucha mano de obra en las campañas de la vendimia y hortalizas se encuentran en fase de alerta o emergencia. No es necesario reiterar que acabamos de entrar en el otoño y que la sequía afectará sin duda a la campaña de la aceituna que es la que mayor cantidad de empleo genera.

En este contexto, se prevé la pérdida de en torno a 1 millón de jornales de los 4 millones de media que se declaran en Andalucía y en torno a los 500 mil jornales del 1,5 millones que existen en Extremadura. En este sentido, es oportuno recordar que el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada por hacer aflorar los casi 2 millones de jornales de la economía sumergida que calculan las centrales sindicales CCOO y UGT que existen en el campo andaluz y extremeño. La falta de preocupación por parte del MAPAMA, por un lado, y del Ministerio de Trabajo, por otro, a la hora de hacer un cálculo y análisis exhaustivo de la realidad del trabajo asalariado en el campo, nos deja sin datos más precisos que permitan a las organizaciones sociales y a las propias instituciones locales hacer previsiones cada campaña.

En este contexto, es necesario tomar en cuenta dos elementos para aprobar medias urgentes de apoyo a un colectivo muy vulnerable:

En primer lugar, situaciones como las que vivimos hoy en día ha llevado en otros momentos a una reducción de los jornales reales que son necesarios justificar de forma real para poder acceder al subsidio y la renta agraria. Sin embargo, el Gobierno y la Ministra de Trabajo Fátima Báñez han desoído las demandas de los agentes sociales, y el acuerdo de esta Cámara reclamando la aplicación de esta reducción por causas excepcionales de la sequía en 2017. En un contexto de escasez y de falta de trabajo, el requisito de las peonadas, genera caciquismo en los pueblos sobre la base de la compra y venta de peonadas. Conviene igualmente recordar que en esta espiral de dependencia y desesperación en la que se encuentran miles de familias andaluzas y extremeñas, cada jornalero o jornalera, para poder acceder al subsidio agrario, tiene que pagar todos los meses 94,44 euros, trabaje o no trabaje. En el año 2016 2, en un año con una pluviometría media, las personas que cobraron el subsidio agrario para eventuales del campo fueron 117.021 personas, de las cuales 42.100 mujeres, y otras 78.970 personas, recibieron la renta agraria. Esto significa que tan solo pudieron percibir esta prestación un 23 % aproximadamente. Estimamos que en el año 2017, en vez de recuperarse los niveles de cobertura, estas cifras pueden caer en torno a un 50 %.

En segundo lugar, los fondos del PROFEA que en condiciones de crisis aportan un recurso extra en el medio rural, cuando la situación se agrava por circunstancias como la sequía adquieren una importancia mayor. El presupuesto actual tan solo permite cubrir una media de entre 3 y 5 jornales por trabajador o trabajadora afiliados al sistema especial agrario para eventuales del campo en Andalucía y Extremadura, y contratos de una duración media de 1 mes en el resto de CCAA. Estos fondos apenas se han incrementado desde el año 2012.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A que se eliminen de forma inmediata y urgente el requisito de la justificación de las peonadas para obtener el subsidio agrario y la renta agraria por el plazo de un año de duración, con efecto desde la adopción de la medida por parte del Gobierno.

2. Se aplique la moratoria de un año, previa solicitud y justificación, y sin interés, del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, inicialmente entre el 1 de julio de 2017 y el mes de febrero de 2018.

3. El inmediato incremento de los fondos destinados al PROFEA en al menos un 2,5 % con cargo al Fondo de Contingencia, sobre la base de los efectos adversos de la sequía y su impacto en la estructura económica y la realidad social del campo andaluz y extremeño, que compense el IPC desde el año 2012.

2 Informe. Prestación por desempleo asistencial para trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. 2016. Resumen de Datos. Ministerio de Trabajo.


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4. Ampliar la partida del Programa PROFEA de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 hasta conseguir al menos 30 días de trabajo al año para todos los jornaleros de Andalucía, Extremadura y el resto de comunidades donde se ejecutan estos proyectos.

5. Que en los requisitos de ejecución de los fondos del PROFEA se priorice la contratación a las personas que les falten jornadas reales para poder acceder al subsidio o renta agraria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Diego Cañamero Valle, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a solicitar una Mesa de Negociación entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Asociación nacional de productores de energías fotovoltaicas, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

La energía fotovoltaica consiste en la "conversión directa de la luz solar en electricidad", mediante un dispositivo eléctrico denominado "célula solar" y por un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico.

Este fenómeno físico presenta una serie de características:

- Elevada calidad energética.

- Pequeño o nulo impacto ecológico.

- Inagotable a escala humana.

- Permite un gran número de aplicaciones, puede suministrar energía a emplazamientos aislados.

- Contribuye eficazmente a la reducción de emisiones de CO2.

- [...]

Por todas estas razones, o características, el Estado español animó a las familias españolas, a través de Reales Decretos y por medio de la campaña publicitaria "El sol puede ser tuyo", a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica. En un escenario de especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), 62.000 familias españolas optaron por destinar sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables, con lo que España podría haber alcanzado los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental. El Gobierno fomentó este tipo de inversión como rentable, muy segura y socialmente comprometida, y el propio Ministerio de Industria recomendó que se asumieran financiaciones del 80 % de coste de las instalaciones. Sin embargo, y a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, las 62.000 familias fotovoltaicas españolas se enfrentaron a un interminable rosario de decretos retroactivos que han cercenado de manera alarmante las rentabilidades plasmadas en los BOE que fijaron las condiciones originales, con recortes acumulados que alcanzan el 50 % de los ingresos que se garantizaban, lo que ahora impide afrontar los compromisos de pago soportados por los productores. En total estas familias destinaron 20.000 millones de euros, de los cuales adeudan a la banca 18.000 millones de euros.

El fomento primado de las tecnologías renovables no ha sido una singularidad española. Se ha realizado en todos los países desarrollados y, en especial, en la Unión Europea, dada su precaria posición energética. Las ayudas se han ido reduciendo conforme la curva de aprendizaje fotovoltaica lo permitía. Solo en España se ha detenido abruptamente la implantación de renovables y se ha desmantelado el marco legal que se ofreció a sus ciudadanos. La propia Comisión Europea advertía de los riesgos de


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cambiar retroactivamente las normas, y países de referencia como Gran Bretaña y Alemania fueron taxativos al respecto y no han aplicado ningún tipo de recorte retroactivo.

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido, que se entiende y basa en la certeza del Derecho, tanto en el ámbito de su promulgación como en su aplicación. En este sentido, el Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no solo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica en todas las áreas en que se ejercen los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; como garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados en ningún caso. Con la salvaguarda indispensable de que si tal cosa llegara a producirse, se le dispensaría por la Administración la debida reparación de los daños causados. Las leyes han de ser claras, estables, y justas; protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto a su propiedad.

El RD 436/2004 y después los RD 661/2007 y RD 1578/2008 promovieron la inversión en este subsector para implantar y desarrollar las tecnologías más innovadoras. Para cumplir así con los compromisos europeos de reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, en el año 2010, cuando ya se habían realizado grandes inversiones y estaban en curso otras nuevas, el Gobierno cambió su política a través de dos normas retroactivas: el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre de 2010, y el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre de 2010. De ese modo, se dejó sin margen de viabilidad las iniciativas particulares y empresariales acometidas a lo largo de todo un septenio en el sector fotovoltaico, lo que se compensó con una ampliación del tiempo del contrato.

En ese contexto, a partir de 2012 se decide impedir mediante el RDL 1/2012 el establecimiento de nuevas plantas de generación renovable, y a partir del año 2013, con el grupo de normas que hemos conocido como "reforma eléctrica" (RDL 9/2013, RD 413/2014 y OIET/1405/2014), modificar completamente la retribución de las plantas con recortes retributivos que en algunos casos alcanzan el 50 %, donde se estiman las retribuciones pasadas para el cálculo de las retribuciones futuras.

Según el Dictamen del Consejo Europeo, sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015. Y en consecuencia, el entonces Comisario Europeo de Energía, Günther Oettinger, consideró esencial que España recuperase la confianza de los inversores con un marco legal que no contemplara regulaciones retroactivas. Las imposiciones derivadas de la Reforma Eléctrica impuesta por el Gobierno del Partido Popular suponen una modificación retroactiva que quiebra a 62.000 familias y con ella la seguridad jurídica del sector y la confianza en el Estado español de inversores y ciudadanos.

El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia: "esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias" y solicitaba: "Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía".

España ya ha perdido su primer arbitraje internacional en el CIADI, órgano de arbitraje del Banco Mundial. El laudo da la razón a la firma Británica (Eiser Infrastucture Limited) y a su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourgo. Sin embargo, los pequeños inversores españoles no tienen derecho a esa vía de defensa de sus intereses.

Siempre que se ha retocado el Sistema Eléctrico, dada la complejidad del mismo, el Ministerio de Industria y Energía (de ese momento) considera que antes de proponer al Gobierno para su remisión a las Cortes las modificaciones legales correspondientes, es conveniente alcanzar un acuerdo básico con los principales integrantes del sistema eléctrico español.

Por ejemplo el Protocolo Eléctrico de 1996 fue firmado de una parte por el Ministro de Industria y Energía, don Josep Piqué i Camps, y de otra parte, por los presidentes de Iberdrola y de Unesa, don Íñigo de Oriol Ybarra; de Endesa, don Feliciano Fuster Jaume; de Unión Eléctrica Fenosa, don José M.ª Amusátegui de la Cierva; de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, don Juan Echevarría Puig; de Compañía Sevillana de Electricidad, don Fernando de Ybarra y López Dóriga; y de Hidroeléctrica del Cantábrico, don Martín González del Valle.


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Este Protocolo tenía para las empresas un objetivo fundamental para sus intereses. Se trataba, desde su perspectiva, que quedara garantizado por escrito lo que, sin duda, correspondía a Derecho: que el valor de sus inversiones -sus legítimos derechos patrimoniales- no quedara desfavorablemente afectado. Contaban, además, con el pleno acuerdo de quien disponía de la iniciativa legislativa, el Gobierno, en cuyo ánimo nunca estuvo el emitir normas que pudieran incurrir en irretroactividad prohibida por la CE.

Sin embargo, en el caso de las fotovoltaicas, no se ha tenido en cuenta los legítimos derechos patrimoniales de las más de 62.000 familias que los cambios normativos, no consensuados con estas familias, les han dejado en la ruina, dándose casos dramáticos: familias que lo van a perder todo, plantas fotovoltaicas, viviendas familiares (padres, hermanos, cuñados, ...), terrenos, ... Pero se van a quedar con la deuda a unos bancos que en ocasiones hemos rescatado con dinero público.

Si todos estos recortes se hicieron en nombre la crisis que hemos sufrido, la mayor crisis pasada por Europa, si ahora ya estamos saliendo de ella y se aprecian signos de recuperación económica, con mayor motivo deberíamos mirar hacia estas familias, que actuaron de buena fe, confiando en su estado, realizaron este esfuerzo inversor.

Nada resulta más rentable para una Sociedad que aquello que se articula de forma responsable, lo que se ordena desde el sentido común que, en estos casos, se convierte en sentido de Estado, que necesariamente se orienta al bien común.

La actividad productiva solo tiene sentido si va referida al bienestar de la Sociedad y no a la opulencia de unos pocos. La fotovoltaica ofrece a España la gran oportunidad de progreso económico, social y territorial al que no estamos dispuestos a renunciar.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:

1. Iniciar una mesa de negociación con las asociaciones nacionales de productores de energía fotovoltaica, con el fin de llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los inversores de buena fe.

2. Redactar un protocolo en el que se adopten las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica, que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Juan Jiménez Tortosa, María Pilar Lucio Carrasco y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la adaptación de calendario de las ayudas para los propietarios y pescadores de buques pesqueros afectados por la paralización definitiva de su actividad.

Exposición de motivos

La Orden recientemente publicada, por la que se convocan ayudas para los propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización definitiva de su actividad pesquera cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) concedía un plazo común de 20 días para la presentación de las ayudas.


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La ayuda, en su formulación, impone a los pescadores que quieran acceder a ella sin reducción alguna, a estar de baja en la Seguridad Social desde el día de la presentación con graves consecuencias, escasas garantías y enorme incertidumbre. La problemática se da al coincidir los plazos de ayudas tanto para propietarios como para pescadores de buques.

Esto lleva a situaciones diversas, tal y como denuncia la Cofradía de Pescadores de Motril. Por ejemplo, que el propietario debe encontrar nueva tripulación si quiere mantener la actividad hasta su propia resolución, o que la tripulación dada de baja pasa a situación de desempleo mientras que ven cómo la actividad pesquera del buque podría continuar.

Hasta ahora estas ayudas se han venido gestionando por parte de las Comunidades Autónomas que hacían coincidir los distintos plazos de resoluciones para adecuar la presentación de solicitudes.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la Orden por la que se convocan ayudas para los propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización definitiva de su actividad pesquera, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en su disposición sexta -párrafo 5-, para que el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a los pescadores sea a partir de la notificación del reconocimiento de las ayudas a los propietarios.

2. Eliminar la obligatoriedad para los pescadores de estar dado de baja en la Seguridad Social desde el día en que presentan la solicitud de ayuda, pudiendo estar dados de alta hasta el momento de la resolución.

3. Cuantificar y solucionar cuantos casos hayan quedado afectados por el plazo común de presentación de solicitudes de ayudas para propietarios y pescadores.

4. Otorgar, en futuras convocatorias, plazos de presentaciones de solicitudes diferenciados, de forma que el plazo de presentación de las ayudas a los pescadores sea a partir de la notificación del reconocimiento de las ayudas al propietario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Sergio Pascual Peña, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002397

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los incendios forestales de Galicia, Asturias y Castilla y León de octubre 2017, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La situación climatológica, con una sequía persistente en el noroeste peninsular, y unas condiciones adversas, en cuanto a las altas temperaturas para el mes de octubre, baja humedad en el aire y el suelo y unas rachas de fuerte viento provocadas por la cercanía a la costa de Galicia del huracán Ophelia, han provocado una situación de riesgo propicia para la extensión de los incendios forestales en la cornisa atlántica.

Los más de 200 incendios en pocos días y los focos simultáneos, iniciados de madrugada, apuntan directamente a su intencionalidad. En Galicia el fuego de mayor envergadura calcinó más de 1.500 hectáreas en los ayuntamientos de As Neves, Ponteareas, Redondela y Pazos de Borbén. De especial gravedad han sido los incendios en las zonas urbanas o periurbanas, es decir, en la interfaz urbano-forestal, que han llegado a alcanzar importantes núcleos de población. El balance de víctimas por la ola de incendios de Galicia se eleva, en estos momentos, a cuatro fallecidos, desde la tarde del domingo.


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También en Asturias se ha producido una situación similar con 35 incendios forestales activos en estos momentos, cuya superficie se ha ido incrementando. No ha habido que lamentar víctimas, al menos por ahora, pero algunos núcleos de población han sido evacuados y parajes de altísimo valor natural, como Muniellos, han corrido serio peligro. En paralelo, se han producido numerosos incendios en los montes del Bierzo y en las Arribes del Duero, en la comunidad de Castilla y León.

En las zonas incendiadas han actuado coordinadamente los medios de extinción autonómicos, con el apoyo de los pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Unidad Militar de Emergencias.

Pese a que las competencias de prevención y extinción de incendios corresponden a las comunidades autónomas, se precisa una actuación coordinada de todas las administraciones para poner fin a esta lacra que suponen los incendios forestales, tanto en pérdidas de vidas humanas, como de bienes materiales y medioambientales.

Es conocido que el 90 % de los incendios son provocados por la mano del hombre, intencionados, con o sin negligencia, o no intencionados, por lo que es necesario restringir el uso del fuego ante determinadas condiciones climatológicas.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Impulsar los mecanismos legales necesarios para establecer limitaciones automáticas de uso de fuego y de aquellas otras actividades que puedan generar incendios en casos concretos en los que se den unas condiciones meteorológicas concretas.

- Apoyar con más medios técnicos y humanos, en coordinación con las administraciones, a los servicios de lucha contra el fuego. Además, se hace necesario favorecer el desarrollo de nuevos sistemas de lucha contra el fuego con la introducción de drones que permitan analizar, prevenir y apoyar en la extinción de incendios.

- Colaborar, con las administraciones competentes, para asegurar la existencia de los Planes de Actuación de Ámbito Local de emergencia por incendios forestales, siguiendo los criterios de la Directriz Básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.

- Considerar, en los recientes incendios acaecidos en Asturias y Galicia, las hectáreas quemadas en cada provincia en su conjunto, a los efectos de las condiciones necesarias para la colaboración de la Administración General del Estado en su restauración.

- Habilitar los créditos, ayudas, beneficios e inversiones suficientes para la colaboración en la restauración de las zonas afectadas por los recientes incendios de Asturias y Galicia, y realizar los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas afectadas por el incendio. Así como agilizar las ayudas a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

- Potenciar la investigación de las causas de los incendios forestales al objeto de, en su caso, detener a los culpables y estrechar la colaboración de las administraciones públicas para investigar todos los casos de incendios en los que se sospeche que ha habido intervención humana, con el objetivo de detener y castigar a los culpables."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de regeneración de las playas de la Llana, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

Las playas de la Llana se encuentran en el término municipal de San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia. Son playas sin urbanizar, de arena fina y se encuentran en la vertiente mediterránea del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

La Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorito de la Región de Murcia reclasificó, con la categoría de Parque Regional, el Espacio Natural de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con la misma superficie contemplada en el Plan Especial, de 1985, de Protección de las Salinas de San Pedro, Coto de las Palomas y Playas de la Llana y el Monjón.

Las playas de las Llanas presentan un claro comportamiento regresivo que lleva consigo una disminución progresiva de la playa, con una tasa de retroceso estimada, según diferentes estudios, de 70-80 metros desde 1957.

En la Ley de Costas, Ley 22/1998, de 28 de julio, y su posterior modificación por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se citan como objetivos medioambientales la defensa del equilibrio y progreso físico de la costa, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones justificadas para el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración.

Y concretamente, el artículo 2 de la citada norma establece que la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines:

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés púbico debidamente justificadas.

c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respecto, al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.

d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.

Ante la situación de las playas de la Llana, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el Plan Piloto de impulso al medio ambiente para la adaptación del cambio climático (Plan Pima Adapta de 2015), incluyó -entre sus actuaciones- obras para la defensa de la costa en la playa de la Llana por regresión del mar debido al cambio climático. El objeto de las obras era reducir la exposición de la costa frente al mar.

En la Junta Rectora del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, de fecha 27 de abril de 2017, el Jefe de la Demarcación de Costas en la Región de Murcia concretó algunos datos en relación a la evolución de las playas de la Llana: se estima una subida del mar de 0,3 cm/año, una regresión anual de 1,20 m de arena y unos 13 años de vida útil de la misma.

Así mismo, el Jefe de la Demarcación de Costas informó que desde la Demarcación se está elaborando un proyecto de regeneración.

Recientemente, se ha aprobado la Estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del Cambio Climático, Resolución de 24 de julio de 2017. Los objetivos de la misma son: incrementar la resistencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática e integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española.

En fecha 6 de septiembre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar acordó solicitar al Gobierno de la Nación que actúe con carácter prioritario y urgente en las playas de La Llana.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Continuar impulsando, de manera prioritaria y urgente, las acciones necesarias para la regeneración de las playas de la Llana reduciendo la exposición de las mismas frente al mar.


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b) Llevar a cabo las acciones citadas en coordinación con el Gobierno de la Región de Murcia e informando al Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Real Decreto-ley de ayudas a los daños producidos por los incendios forestales en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Noroeste de la Península se enfrenta, en pleno otoño, a la oleada de incendios más peligrosa que se recuerda. El fuego ha acabado ya con la vida de cuatro personas, y los más de 100 incendios, con casi 200 focos, en Galicia, Asturias y Castilla y León han arrasado miles de hectáreas, desbordando a las brigadas, provocando el pánico en áreas urbanas y destruyendo no solo infraestructuras y objetos materiales sino también parajes naturales.

Tal y como se recoge en prensa, el fuego ha arrasado miles de hectáreas de zonas rurales y "parajes de gran valor ambiental como el Parque Natural de Peneda-Xurés, zona declarada Reserva de la Biosfera; O Courel, que alberga grandes praderas pobladas de una extensa variedad arbórea y de fauna; y Os Ancares, comarca de gran riqueza forestal situada entre las montañas de León y Lugo y punto de referencia de la cultura de los castros por los vestigios que guarda de los primitivos pobladores celtas", así como la Ribeira Sacra. La comarca del Bierzo se encuentra cubierta de humo a causa de estos incendios y 13 concellos asturianos han visto arder sus montes.

A esta hora, Galicia registra 82 fuegos, 27 de ellos activos y 7 con la "situación 2" declarada. Hasta el momento, el fuego ha dejado un balance de 4 fallecidos. En el Principado de Asturias, los fuegos activos se han reducido a 21 y los vecinos que habían sido desalojados ya han podido volver a sus viviendas; sin embargo, el fuego ha obligado a cortar carreteras y suspender clases en numerosos colegios en la zona de Cangas del Narcea. En Castilla y León, durante la jornada de ayer, se declararon cuatro incendios en las provincias de León, Salamanca y Zamora, pero, por suerte, se ha producido una considerable mejoría en la situación de los incendios activos gracias a las primeras lluvias.

Los primeros indicios apuntan a que la gran mayoría de los incendios han sido intencionados, y las autoridades han apelado a la colaboración ciudadana para localizar a los autores de los fuegos. Sin embargo, lo que ahora resulta prioritario es activar cuantas medidas sean necesarias para paliar los efectos de los daños causados por estos incendios y hacer efectiva de un modo tan rápido como sea posible la recuperación a los damnificados.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por los incendios forestales ocurridos en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León que contemple al menos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Antonio Cantó García del Moral y Marta María Rivera de la Cruz, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las inundaciones provocadas por el arroyo de El Encantado, en la localidad de Villanueva de la Reina, Jaén, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Desde hace años, la localidad de Villanueva de la Reina, en la provincia de Jaén, viene sufriendo el desbordamiento del arroyo El Encantado, que inunda las vías públicas de la parte oeste del municipio y más de un centenar de las viviendas existentes en su área de influencia.

En 2014, el Gobierno de España, se comprometió a buscar una solución, para ello ordenó la redacción de un proyecto, incluso se publicaron las expropiaciones necesarias para la realización de las obras, y que tras su ejecución, que solucionarían los problemas que se producen por el desbordamiento del mencionado arroyo.

Han pasado tres años sin que se hayan llevado a cabo nada de lo comprometido por el Gobierno.

Las lluvias de otoño e invierno llegarán, y el arroyo volverá a desbordarse, y los vecinos y las vecinas del municipio de Villanueva de la Reina volverán a sufrir las consecuencias de calles y plazas inundadas y los daños en garajes y casas anegadas.

Mientras la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir actúa en los cauces de diferentes arroyos, en el arroyo El Encantado no se actúa, a pesar de los daños que se vienen produciendo en una parte importante del municipio año tras año.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar de forma inmediata las obras del proyecto "Actuaciones complementarias al paso bajo de la vía Madrid-Sevilla del arroyo El Encantado en Villanueva de la Reina" para evitar los graves daños que las inundaciones de este arroyo produce en el municipio de Villanueva de la Reina (Jaén).

2. Proceder de manera inmediata a la realización de las labores de limpieza y mantenimiento precisas de dicho cauce a fin de garantizar su estado en condiciones óptimas y minimizar así las posibles inundaciones que pudieran producirse, hasta que se realicen las obras del proyecto antes mencionado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a los incendios sufridos por Galicia, Asturias y Castilla y León durante el mes de octubre y a la adopción de medidas extraordinarias para paliar sus efectos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El fuego ha teñido de negro y de ceniza el noroeste de la Península Ibérica en los últimos días con una brutal capacidad destructiva. El centro y norte de Portugal, Galicia, Asturias y Castilla y León han sufrido una oleada de incendios que no solo ha devastado miles de hectáreas de superficie forestal, sino que solo en España, en Galicia, concretamente, se ha cobrado 4 víctimas mortales y decenas de heridos.


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Solo entre el viernes 13 de octubre y la tarde del domingo 15 se registraron 146 incendios, 60 tan solo en la jornada de domingo, 28 de estos iniciados de madrugada, entre la medianoche y las nueve de la mañana. El fuego ha afectado especialmente a Galicia. La llegada de lluvias el pasado martes 17 de octubre ayudó a controlar la mayoría de focos activos en las zonas urbanas, aunque aún se registraban focos en las zonas rurales donde los incendios mantenían su resistencia.

Cuando se redacta esta iniciativa ningún incendio amenaza ya a poblaciones en Galicia y se informa de la desactivación de todas las situaciones de nivel 2 (incendios con peligro para las personas y los inmuebles).

Aunque aún solo se habla de estimaciones provisionales, fuentes oficiales avanzan que, solo en Galicia, la superficie arrasada por el fuego ha sido de 35.500 hectáreas. Este fin de semana ardió más del doble de terreno que en los primeros nueve meses del año. En total, en este 2017 se han quemado solo en Galicia al menos 48.100 hectáreas. En apenas dos días ha ardido un 70 % más que en todo 2016 y prácticamente la mitad que en la gran ola de incendios de hace una década, que duró dos semanas.

El incendio de mayores proporciones se iniciaba en el municipio pontevedrés de Ponteareas, extendiéndose rápidamente. En la noche del domingo, trece focos ponían en riesgo poblaciones de las provincias de Lugo, Orense y el sur de Pontevedra, donde se localizaban los incendios más amenazantes. Hasta 5 incendios rodeaban el área metropolitana de la ciudad de Vigo, lo que obligó a desalojar a la población en Beade y Valadares, y en los concellos de Baiona y Gondomar. La factoría de automóviles PSA Peugeot Citroén en Vigo tuvo que suspender su actividad y fue desaloja por la proximidad del fuego. Del mismo modo, la gravedad de las circunstancias obligó a interrumpir la circulación en la A-52 en Ponteareas (Pontevedra) y en A Mezquita (Ourense) y en la AG-57 a la altura de Gondomar.

En Galicia, los espacios naturales protegidos de la red Natura 2000 afectados han sido: la Zona Especial de Conservación Pena Veidosa; la Zona Especial de Conservación Macizo Central; la Zona Especial de Conservación Ancares-Courel; y la Zona de Especial Protección para las Aves Baixa Limia- Serra do Xurés.

A lo que hay sumar la posible contaminación del agua por las lluvias tras los incendios, lo que afectaría a los ríos y finalmente al mar, con consecuencias, como ocurrió hace tres años en A Coruña, para los bancos marisqueros de las rías y ensenadas costeras.

En el caso de Asturias, el Principado contabiliza hasta 95 incendios que han afectado a más de 40 concejos, siendo los del suroccidente los más afectados por los incendios acaecidos durante estos últimos días. En Asturias, el lunes 16 de octubre aún permanecían activos 35 incendios, se mantenía activado el Plan de Incendios Forestales en situación 1 para toda la comunidad autónoma, mientras que los fuegos de Degaña e Ibias aún se encontraban fuera de control. Y dadas las condiciones meteorológicas los servicios de extinción no descartaban la aparición de nuevos focos. También el lunes aún seguía cortada la AS-29 entre las localidades de San Antolín de Ibias y Monasterio del Coto en Cangas del Narcea entre los puntos kilómetros 0 y 25. Ese mismo día se suspendían las clases en los centros educativos cercanos a las zonas afectadas, en la comarca de Cangas de Narcea, afectando a 2.500 alumnos y 23 centros.

En Asturias, los espacios naturales protegidos de la red Natura 2000 afectados han sido: la Zona Especial de Conservación Fuente del Narcea, Degaña e Ibias; la Zona de Especial Protección para las Aves Fuente del Narcea y del Ibias; la Zona Especial de Conservación Somiedo; la Zona de Especial Protección para las Aves Somiedo; la Zona Especial de Conservación Montovo-La Mesa y la Zona de Especial Protección para las Aves Ubiña-La Mesa. El impacto sobre la vertiente que se extiende por los Concejos de Ibias, Degaña y Cangas de Narcea ha supuesto un auténtico zarpazo, en forma de llamas y humo tóxico, a la población de oso pardo más importante de la Península Ibérica, puesto que en esta zona habitan especies emblemáticas.

En Castilla y León, la provincia más afectada ha sido León. El lunes se declaraba el nivel 1 de alerta por la simultaneidad de varios incendios forestales activos en esta provincia, manteniéndose activos tres incendios de días anteriores: uno en la pedanía de Silván (perteneciente al municipio de Benuza), en Matalavilla (Palacios del Sil) y, por último, el de Sosas de Laciana (Villablino). Además, ese día se declaraban dos incendios más, que entraban desde Galicia, uno en Portela (Sobrado) y otro en Fuente Oliva (Balboa), ambos en la comarca de El Bierzo.

En Castilla y León los espacios naturales protegidos de la red Natura 2000 afectados han sido: la Zona Especial de Conservación Alto Sil y la Zona de Especial Protección para las Aves Alto Sil.

La sequía, las altas temperaturas, antes inusuales a mediados de octubre, y el fuerte viento con el huracán Ophelia bordeando las costas atlánticas han facilitado la propagación del fuego. El origen de las


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llamas, confirmando lo que siempre recuerdan los expertos y las estadísticas en un 95 % de los casos, está en la actividad humana y no en causas naturales, el presidente de la Xunta de Galicia ha hablado de "terrorismo incendiario". Tampoco hay que olvidar los montes sin desbrozar, la despoblación y el abandono del medio rural, la descoordinación entre administraciones, la improvisación y la falta de medios, en muchos casos.

En todo caso, ahora se impone volcarse con los territorios afectados adoptando con la mayor rapidez medidas extraordinarias de recuperación socioeconómica y medioambiental para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de los incendios.

Pero también es preciso que el Gobierno se enfrente a la lucha contra los incendios desde una nueva perspectiva integral centrada en la prevención y en la lucha contra el cambio climático. Porque la mano que ha sembrado de incendios no solo en Galicia sino también Portugal, Asturias y el resto de la cuenca mediterránea ha sido una suma de síntomas, reacciones y consecuencias que, con carácter sistémico, también cabe identificar, muy significativa y claramente, con los efectos del cambio climático.

Porque las olas de calor y las sequías brutales son consecuencias del calentamiento global. Como lo son la humedad del 20 %, la desertización, la alta temperatura de los océanos y unos vientos huracanados idóneos para distribuir el fuego de manera rápida y efectiva. Y lo más preocupante es que todo lo que hemos vivido estos días en Galicia y en Portugal, desgraciadamente, si nada cambia, lo volveremos a ver.

Según el último estudio de la Comisión Europea, si superamos los dos grados fatídicos, la temporada de incendios será el doble de larga antes de que acabe el siglo. El área quemada será un 200 % más grande de lo que es ahora. El impacto será especialmente duro sobre la cuenca del Mediterráneo, que está encajado en una zona especialmente árida, especialmente seca.

De modo que se impone de modo urgente un cambio de estrategia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, como consecuencia de los daños personales y materiales derivados de los graves incendios forestales sufridos por las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, y, especialmente, Galicia, entre los pasados días 13 a 17 de octubre, insta al Gobierno a:

1. Evaluar y cuantificar de forma inmediata, en colaboración con las Comunidades Autónomas, con los municipios y con los colectivos afectados, los daños de toda índole producidos, realizando un análisis detallado de las consecuencias medioambientales en las zonas afectadas.

2. Impulsar en el seno de la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad Europeo para con las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León.

3. Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación a los territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán, entre otras, y en todo caso:

- Ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe.

- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas en su caso.

- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.

- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social.

- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros.

- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe.

- Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.


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Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda previsto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

4. Proceder a adoptar las medidas de coordinación y seguimiento previstas en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, dando cuenta de todo lo actuado al respecto, en el plazo máximo de tres meses, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

5. En coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de los planes de gestión forestal y con la adecuada consignación presupuestaria, a incrementar las medidas de prevención, incidiendo en la recuperación de usos y aprovechamientos de los montes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné, Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira, Margarita Pérez Herráiz, María del Rocío de Frutos Madrazo, María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Adriana Lastra Fernández, Natalia González Peláez, María Aurora Flórez Rodríguez y Esther Peña Camarero, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de los prefijos telefónicos con sobrecoste en compañías de servicios para la atención a los usuarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El servicio de atención al cliente es clave para garantizar una buena imagen comercial del empresario y determinante del grado de satisfacción de los consumidores y usuarios. Tan importante como maximizar la calidad técnica de los servicios prestados, tales como la continuidad del servicio, el cumplimiento de ofertas o los niveles de cobertura, es mejorar la relación con el cliente a través de los servicios de atención. La práctica muestra que muchas de las quejas y reclamaciones formuladas ante los servicios de consumo no se presentarían si las empresas dispusieran de servicios de atención al cliente más eficaces.

La solicitud de información y la presentación de quejas por parte de los consumidores ante las empresas no gozan, a día de hoy, de facilidad en el acceso a números de teléfono gratuitos. En demasiadas ocasiones aún los usuarios acaban teniendo que utilizar números que implican un coste extra.

En algunos casos de servicios básicos, la ley es cierto que protege a la ciudadanía, pero en la mayoría de ocasiones las empresas hacen caso omiso de sus obligaciones. Ante esta coyuntura, diferentes organizaciones de consumidores y aun la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han reclamado el fin efectivo del uso de los números 902 para estas prácticas. Concretamente, en su informe de agosto de 2015 la CNMC recomendaba equiparar los 902 y los 901 a los números geográficos e incluirlos en las tarifas planas de los operadores de telefonía. Por su parte, la Asociación de Internautas interpuso ya en 2006 ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información una denuncia sobre los abusos cometidos por las Operadoras de Telefonía en el uso de los prefijos 902 para la resolución de conflictos y reclamaciones de sus clientes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye igualmente en su sentencia del 2 de marzo de 2017 que son ilegales los números de teléfono con tarifas especiales que algunas compañías utilizan para sus servicios posventa, y exige una tarificación a precio de llamada normal, sin recargo.


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En España, la normativa vigente exige a las empresas que prestan servicios como la electricidad, el gas, o las telecomunicaciones que dispongan de números de teléfono sin sobrecoste para la atención a sus clientes. Algunas normativas autonómicas van incluso un paso más allá y extienden a otro tipo de empresas, corno las prestadoras de servicios sanitarios, financieros o a las aseguradoras, esa exigencia.

Por otra parte, el hecho de que los números 902 no se consideren números de tarificación adicional, facilita su utilización por parte de los servicios de atención al cliente, muchos de los cuales se lucran con su uso por parte de los usuarios que se ven obligados a presentar reclamaciones o simplemente a informarse a través de ellos. Y se da la circunstancia, no exenta de paradoja, de que a la vez que se publicita y se informa al cliente de la existencia de un número 902 detrás del cual existen números geográficos sin sobrecoste que no se dan a conocer más que a través de páginas y buscadores especializados en burlar esta picaresca de muchas compañías.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de seis meses un Proyecto de Ley que regule los servicios de atención al cliente y establezca la obligación de las empresas de poner a disposición de sus clientes un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, y a darles publicidad para facilitar información y atender y resolver sus quejas, reclamaciones o incidencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Lídia Guinart Moreno y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del tratamiento del cáncer de mama, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En España se diagnostican anualmente 25.000 nuevos tumores de mama, siendo el tipo de tumor más frecuente en las mujeres. Las estimaciones de la Asociación Española Contra el, Cáncer (AECC) prevén que la incidencia aumente significativamente según envejece la población. Para el año 2020 estiman que se diagnosticarán más de 28.000 casos y para el año 2025, más de 29.500 casos anuales. Todos los expertos coinciden en las consecuencias a corto, medio y largo plazo que este tipo de tumor posee sobre todos los ámbitos de la vida de la mujer que lo padece. Desde la afectación biológica y anímica en el diagnóstico y tratamiento, hasta los problemas emocionales posteriores a mastectomías relacionados con la vida afectivo-sexual de estas mujeres y su auto aceptación. Unas consecuencias que no siempre pueden tenerse en cuenta.

La propia Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) señala en sus informes estas graves consecuencias. La AECC señala que "las mujeres que han tenido un cáncer de mama experimentan cambios y alteraciones en su funcionamiento sexual como consecuencia de los tratamientos. Tras el tratamiento con quimioterapia y/o tratamiento hormonal suele aparecer una menopausia inducida que se puede acompañar de síntomas como sofocos, sequedad vaginal, cambios en el sueño o alteraciones emocionales. Otras alteraciones en la función sexual son:

- Problemas psicológicos como ansiedad, depresión o estrés.

- Sentimientos de pérdida de atractivo físico, como consecuencia de la enfermedad o los tratamientos (cicatriz, pérdida o aumento de peso, alopecia), etc.

- Aparición de otros factores como el cansancio físico, presencia de dolor...".


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Hoy, 19 de octubre de 2017, Día Mundial del Cáncer de Mama, es necesario señalar la alta variabilidad de mastectomías y de cirugías conservadoras de mama que se producen en nuestro país según el territorio autonómico donde se trate la patología. Según los resultados que aporta el Portal de Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud, existen diferencias de más de 30 puntos porcentuales en la realización de cirugías conservadoras entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Asturias se realiza cirugía conservadora en un 48,66 % de los casos, mientras que en la Comunidad Foral de Navarra un 79, siendo la media de España un 65 %. Esto se traduce en que si una mujer asturiana posee cáncer de mama tiene un 30 % más de probabilidades de sufrir una mastectomía, y sus graves consecuencias, que una navarra.

Esta alta variabilidad puede tener causas dispares. Sin embargo, es difícil creer que un 30 % de variabilidad a la hora de conservar la mama a la hora de tratar un cáncer se deba solo a factores externos al servicio sanitario. La Estrategia del Cáncer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicada en el año 2010, establece una serie de recomendaciones relativas a la detección precoz sobre el cáncer de mama que desconocemos si se han aplicado, y también si se han evaluado. Entre las recomendaciones encontramos:

1. Desarrollo de programas de cribado poblacionales siguiendo las recomendaciones de las Guías Europeas de Control de Calidad en Mamografía.

2. Desarrollo de programas de garantía de calidad total que aborden todas las fases del programa, con especial énfasis en el desarrollo de un sistema de control de calidad de imagen.

3. Sistema de información que permita la gestión diaria, control de calidad y evaluación periódica.

4. Elaboración de programas de seguimiento específico para mujeres con antecedentes personales de carcinoma lobulillar "in situ" o hiperplasia epitelial atípica.

Sin embargo, no aparece ningún tipo de recomendación en cuanto a la promoción de la cirugía conservadora en el tratamiento del tumor, claro está siempre que su gravedad permita este tipo de técnica. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario mejorar los protocolos y formación de los profesionales en cuanto a la necesidad de preservar tejido mamario en los procesos oncológicos de mama dada las consecuencias biopsicosociales que padecen las mujeres mastectomizadas. Debemos garantizar el mayor bienestar físico, psíquico y social a estas mujeres, que ya afrontan un proceso complicado de por sí cargado de ansiedad y preocupación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la alta variabilidad que existe en el tratamiento del cáncer de mama a la hora de realizar cirugías conservadoras de mama a fin de evitar mastectomías innecesarias en los servicios de salud autonómicos para mejorar la calidad de vida de estas pacientes tras la enfermedad.

2. Evaluar y actualizar la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud de 2010."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para homogeneizar el procedimiento de reconstrucción mamaria en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

El cáncer de mama, en el 90 % de los casos, si se detecta a tiempo, tiene alta posibilidad de cura, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida de las mujeres que lo sufren. Cada año se diagnostican en España, 25.000 mujeres con cáncer de mama, de las cuales alrededor del 65 % se les practica una mastectomía. Solo el 30 % de estas mujeres, unas 4.800, son operadas para la reconstrucción mamaria y, de ellas, únicamente el 40 % (1.920 mujeres), de forma inmediata, es decir, en la misma intervención en la que se les extirpan las mamas.

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, recoge en sus anexos como parte de la cartera de servicios comunes, la reconstrucción mamaria.

La reconstrucción de la mama tras un cáncer es uno de los procedimientos quirúrgicos actuales dentro de la cirugía plástica más seguros y gratificantes para la paciente. El desarrollo de nuevas técnicas posibilita al cirujano plástico crear una mama muy similar en forma, textura y características a la no operada. Además, en la mayoría de los casos es posible hacer la reconstrucción a la vez que se extirpa la mama, evitando a la paciente la experiencia de verse mastectomizada.

Sin embargo, el procedimiento empleado para la reconstrucción mamaria es muy dispar según la Comunidad Autónoma, e incluso diferente en los hospitales de una misma región; y además en muchos casos las mujeres mastectomizadas se enfrentan a largas listas de espera en hospitales para reconstruir su pecho.

El Real Decreto 1030/2006 no especifica las técnicas y procedimientos que se han de seguir para la reconstrucción mamaria y además en muchos casos los centros hospitalarios no cuentan con el personal especializado en este tipo de cirugías.

En consecuencia, sería deseable homogeneizar esta situación en todo el territorio nacional y establecer un mismo procedimiento a seguir en los centros hospitalarios, que incluya la micropigmentación de areola y pezón como última fase de la reconstrucción mamaria, y que para ello se cuente con el personal especializado en este tipo de cirugías.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas para la homogeneización del procedimiento de reconstrucción mamaria tras una mastectomía, de forma que la reconstrucción se realice, siempre que se pueda, de forma inmediata y, para ello, se cuente con el personal especializado en este tipo de cirugías."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre acceso a prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a consecuencia de tratamientos para cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, con más de 26.000 nuevos casos en España en 2015, y una incidencia que sigue en crecimiento.

Hacer frente a un cáncer de mama supone un impacto en todas las esferas de la vida de la paciente y de su familia y personas más cercanas. El diagnóstico de cáncer supone un cambio radical en la vida de


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una persona debido a la incertidumbre sobre su expectativa de vida. A ello se añaden posteriormente los frecuentes efectos adversos que los tratamientos quirúrgico, radioterápico o quimioteráopico suponen para estas pacientes. Como consecuencia de esta circunstancia es muy posible, dependiendo de la resiliencia de la persona, que se afecten tanto la autoestima como el ámbito de las relaciones, y como consecuencia estados de miedo, ansiedad y aislamiento, entre otros.

Una intervención psicológica específica se justifica, tanto por la presencia de cuadros psicopatológicos, como por la necesidad del manejo de ciertas reacciones como, por ejemplo, la dificultad para el manejo de ciertos efectos secundarios de la cirugía (cicatrices, pérdida de la mama), de los tratamientos coadyuvantes (pérdida del cabello, fatiga, náuseas, vómitos,...), así como de los efectos secundarios disfuncionales que pueden producir (deterioro de la imagen corporal, sexualidad afectada, náuseas y vómitos, dolor...).

La caída del cabello es uno de los síntomas más frecuentemente como consecuencia del tratamiento oncológico, llegando a provocar en ocasiones un importante malestar psicológico. Una vez terminada la quimioterapia, el cabello empieza a crecer aproximadamente a los cuarenta días después del último ciclo de tratamiento. Pero es necesario el uso de complementos, pañuelos y/o pelucas, durante unos 3-4 meses más, e incluso en periodos más prolongados.

El Informe del Defensor del Pueblo 2011, publicado en abril de 2012, ya recomendó la actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, para incluir en dicha cartera las prótesis capilares para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a tratamientos de quimioterapia.

Algunos sistemas de aseguramiento públicos en España ya incluyen de alguna manera estas prótesis. La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) establece ayudas económicas para el suministro de pelucas y sujetadores adaptados. Estas ayudas están recogidas en el apartado de ayudas asistenciales, es decir, aquellas que pueden recibir los mutualistas cuando se encuentran en un determinado estado de necesidad y carecen de los recursos indispensables; contemplando expresamente la adquisición de prótesis capilares para enfermos oncológicos afectados de alopecia secundaria.

En la propuesta de resolución del Parlamento Europeo en noviembre de 2012 ya se solicita a los Estados que consideren la lucha contra el cáncer de mama una prioridad de política sanitaria y elaboren y apliquen estrategias eficaces para una mejor prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y examen posterior del cáncer de mama, a fin de asegurar a escala europea la mejor calidad en el tratamiento del cáncer de mama, incluyendo el reembolso de los gastos de pelucas de pelo artificial y rellenos de sujetador, así como de drenajes linfáticos en la fase posterior al tratamiento.

La posibilidad de acceder a una prótesis capilar durante el tratamiento de quimioterapia ha de entenderse como una prestación con singular relevancia para la calidad de vida de quienes padecen la pérdida de cabello como consecuencia de la misma. La mejora de la apariencia física incide en el mantenimiento de la autoestima y ha de tener necesariamente consecuencias positivas para el bienestar psicológico, el cual sin duda redunda en la manera de afrontar los tratamientos y la propia enfermedad.

Esta situación viene además condicionada por un singular matiz de género, pues, aunque la alopecia secundaria puede resultar igualmente hiriente para los pacientes oncológicos varones, lo cierto es que por hábitos culturales e históricos, el cabello ha venido constituyendo un símbolo estético asociado a la imagen del sexo femenino.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Enviar al Congreso de los Diputados en los próximos seis meses un estudio sobre los efectos de la alopecia secundaria a tratamiento sobre la salud (física y mental) y la calidad de vida de las personas con cáncer de mama y el número y condición de las personas que presentan dificultades económicas para el acceso a las prótesis de cabello, en el contexto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

2. Proponer y adoptar, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el seno de las Conferencias sectoriales de Sanidad y/o Asuntos Sociales, medidas encaminadas a establecer


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ayudas económicas para que las personas afectadas de alopecia secundaria al tratamiento de quimioterapia puedan acceder a las prótesis capilares cuando sus recursos económicos no les permitan adquirirlas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Juan Jiménez Tortosa, Sonia Ferrer Tesoro, Jesús María Fernández Díaz, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Miriam Alconchel Gonzaga, Elvira Ramón Utrabo, Carmen Rocío Cuello Pérez y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar una mayor coordinación entre las acciones de seguridad y desarrollo en áreas de conflicto, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El escenario al que nos enfrentamos en el entorno internacional es cada vez más complejo; han cambiado las amenazas, adoptando características transfronterizas y globales, los actores, las herramientas y los riesgos. Para responder a esta nueva realidad es necesaria una cooperación transfronteriza y entre todos los actores, coordinando acciones a nivel multilateral e interdepartamental, a corto, medio y largo plazo.

Los bajos índices de seguridad física, los problemas de gobernanza y la débil capacidad institucional, factores todos que afectan al libre desarrollo de las personas, hacen muy difícil el avance en las materias que constituyen los principales parámetros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los recientes ataques de Boko Haram en Africa Occidental, son un claro reflejo de esta amenaza, donde la economía chadiana, ya de por sí pobre, está siendo arrasada. El ganado que se vendía en la zona, ahora está en manos de los yihadistas provocando una de las mayores crisis alimentarias actuales (las otras tres son Sudán del Sur, Somalia y Yemen). Adicionalmente, enfermedades como la hepatitis, el cólera o la polio que estaban erradicadas, han vuelto a resurgir, y proliferan los campos de refugiados sin que exista una autoridad gubernamental, y sin que funcionen hospitales, mercados ni colegios.

A la vista de estas circunstancias, es necesario adoptar un enfoque integral en el que la seguridad y el desarrollo sean tratados de manera coordinada ya que no puede existir desarrollo sin seguridad, y viceversa.

Cooperación y seguridad son, por tanto, dos vectores que se retroalimentan. Por un lado las ONGs necesitan asegurar sus zonas de trabajo y, a su vez, su trabajo consigue incidir en la ruptura del círculo vicioso de la pobreza, la guerra y la debilidad de las capacidades tanto sociales como políticas y económicas, que son causas de las crisis. La pobreza es el síntoma, pero también muchas veces la causa de estas situaciones. Además, la violencia tiene un gran impacto en cooperación, tanto en el logro de los ODS, como a través de su altísimo coste económico, afectando a la población -de manera especialmente grave a mujeres y niños- y a sus medios de vida e infraestructuras, desincentivando la inversión y absorbiendo los fondos del estado para combatirla, alejándolos de los fines sociales.

Desde la perspectiva de la prevención, la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) debe también contribuir a la paz y seguridad colectiva e individual en el largo plazo. Tanto la política de desarrollo de la UE, como la española reflejada en el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, tienen por objetivo primordial la erradicación de la pobreza en el contexto de un desarrollo sostenible, y fomentan la democracia, el buen gobierno y el respeto de los Derechos Humanos a través de políticas transparentes.


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Todo ello, también está presente en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que busca una mayor coordinación, un mejor uso de los recursos e incrementar el impacto de nuestra política exterior ante un escenario internacional radicalmente transformado.

También el IV Plan Director de la Cooperación Española recoge cómo las políticas de cooperación más eficaces contribuirán a una acción exterior más coherente generando espacios para sinergias positivas y mayores impactos en otras políticas del Gobierno español en el exterior.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Consolidar sistemas transversales para mejorar la coordinación entre las acciones militares y las que tienen lugar en el ámbito civil en materia de desarrollo y seguridad, reforzando la perspectiva de los Derechos Humanos.

2. Trabajar en la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, en virtud de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 (2000) y siguientes, en especial la Res. 2242 (2015).

3. Fomentar en el seno de las Organizaciones Multilaterales y Organismos Internacionales la coordinación que contribuya a una ayuda integral más eficaz y favorezca que los estados asuman mayores responsabilidades orientadas a construir instituciones estatales eficaces y sólidas, así como una sociedad activa y organizada.

4. Promover el respeto del Derecho Internacional Humanitario especialmente en las zonas afectadas por conflictos, y la coordinación entre acciones militares y humanitarias que permitan el acceso libre y seguro de la ayuda a las víctimas afectadas.

5. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones humanitarias y de desarrollo de las misiones militares, y en base a sus resultados, incorporar las lecciones aprendidas en el V Plan Director de manera que aseguren la inclusión de una perspectiva integral pero diferenciada de aproximación a los conflictos y a sus causas, que favorezca una mejora en la prevención y resolución de los conflictos y la consolidación de la paz."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de cooperación para el desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

La cooperación para el desarrollo se incorpora a las políticas públicas desde el regreso de la democracia a nuestro país formando parte del preámbulo de la Constitución de 1978, en la que se proclama la voluntad de la Nación española de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

Aunque ya en 1976, se constituyó mediante el Real Decreto-ley 16/1976, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, la estructura del sistema de cooperación se establece a partir de los años 80 y ha ido modificándose con el tiempo y los diferentes Gobiernos.

En 1985, se crea la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), y en 1988, mediante el Real Decreto 1527/1988, de 11 de noviembre, la Agencia Española de Cooperación


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Internacional (AECI), como institución que concentra la Cooperación Bilateral. En este Real Decreto se constituye también la Oficina de Planificación y Evaluación dependiente de la Secretaría de Estado.

En 1998, se promulga la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo que regula el régimen jurídico de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.

En 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores incorpora la Cooperación a su nombre pasando a denominarse Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación creándose a su vez la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), de la que dependerá la Dirección General de Planificación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE).

En 2012, se suprime la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y se constituye un departamento de rango inferior, la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID), dependiente de nuevo de la SECIPI.

En la modificación de la estructura del Ministerio realizada en julio de 2017, desaparece SGCID, para transformarla en un departamento, de nuevo de rango inferior, una Dirección General de la que dependerán dos Subdirecciones Generales y la Unidad de Evaluación.

El sistema de cooperación está formado por otras instituciones públicas además de. AECID, como son la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES S. A.), estando las tres acreditadas para gestionar proyectos europeos de cooperación delegada.

Sin embargo, la Cooperación Española no dispone de un documento de estrategia para la cooperación delegada en el que se definan las líneas de acción de manera que las entidades no compitan entre sí, sino que se complementen de manera que el resultado sea el fortalecimiento del sistema a través de este instrumento. En el caso de la AECID debe realizarse igualmente un seguimiento y rendición de cuentas de los recursos canalizados por esta vía, así como un análisis de capacidades y perfiles.

En lo que respecta a recursos, desde que en 1981 España dejara de ser considerada país receptor de ayuda internacional, se inició una senda de incremento de los recursos económicos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de manera más o menos sostenida hasta 2011, alcanzándose la cifra más alta el año 2009, cuando se dedicó a AOD el 0,46 % de la Renta Nacional Bruta (RNB).

Las medidas puestas en marcha en relación con la crisis económica suponen un detrimento de los recursos para cooperación para el desarrollo registrándose un descenso de hasta el 70 % de los mismos, que en el caso de la acción humanitaria asciende al 90 %, registrándose el nivel más bajo el año 2015 con un 0,12 %, cifra similar a la de 1985.

Según las estadísticas y los informes presentados por el Gobierno, España habría recuperado el PIB pre-crisis, así como una senda de crecimiento económico anual.

Se trataría, por tanto, de plasmar esta recuperación en los presupuestos de la política que mayores recortes presupuestarios ha sufrido como consecuencia de la crisis y hacerlo de manera planificada y coherente.

Otra cuestión fundamental a resolver en el sistema de cooperación es la relacionada con los recursos humanos.

A pesar de los cambios introducidos durante la última década, se deben abordar diversas cuestiones como el envejecimiento de la plantilla, los perfiles, modalidades de contrato, rotación o la promoción.

Por otro lado, la derogación de la Ley de Agencias mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, abre un escenario de incertidumbre respecto al futuro de la agencia que debe ser tratado y aprovechado para adecuar la misma al nuevo contexto de la cooperación para el desarrollo.

Por su parte, el informe de pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del año 2016, establece una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar cuestiones sistémicas de la Cooperación Española así como otras de corte más sectorial e instrumental. Estas últimas deberían ser atendidas en el próximo plan director actualmente en proceso de elaboración, pero las que son de naturaleza sistémica requieren de otro tipo de impulso que trasciende el plan director.


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Por todo ello, y con el objeto de disponer de una mejor estructura del sistema de cooperación para el desarrollo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a establecer medidas estructurales dirigidas a la mejora del sistema español de cooperación para el desarrollo:

1. Definir una hoja de ruta presupuestaria que implique destinar el 0,4 del PIB a Ayuda Oficial para el Desarrollo en 2019, reservando el 10 % del mismo a actuaciones de acción humanitaria.

2. Abrir un proceso programado de ampliación presupuestaria en AECID que incluya la aprobación de contratos de gestión de carácter plurianual.

3. Elaborar un documento estratégico para la cooperación delegada entre las entidades del sistema acreditadas a tal efecto para garantizar complementariedades y sinergias de manera que se fortalezca el papel de la Cooperación Española en este instrumento europeo.

4. Diseñar una estrategia de recursos humanos que aborde:

- un análisis de necesidades, perfiles y modalidades de contratación en sede y en terreno en el medio y largo plazo;

- la especificidad de las circunstancias en las que los responsables de programas y proyectos desempeñan su trabajo;

- la situación laboral de los responsables de programas y proyectos de AECID garantizando la no discriminación respecto al resto de trabajadores de AECID en el exterior y en sede;

- la rotación y promoción del personal de AECID en sede y el exterior.

5. Revisar los mandatos de los órganos consultivos de manera que correspondan con una acción eficaz de orientación de la política de cooperación para el desarrollo.

6. Abrir un proceso de diálogo con la participación de los actores del sector para el estudio de propuestas sobre el futuro de la AECID en el marco de la implementación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Carlota Merchán Mesón, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/002402

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a dotar de un marco jurídico flexible al Museo Arqueológico Nacional, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), fue fundado en 1867 por Isabel II, siguiendo la tendencia europea de crear grandes museos nacionales destinados a mostrar los testimonios del pasado propios de cada país. Con su creación se daba respuesta a la demanda de reunir, en una única gran institución, las colecciones de antigüedades dispersas en diferentes establecimientos, con el fin de representar la historia de España, desde los orígenes a los tiempos más recientes.

Esta idea encontró impulso en el desarrollo que la arqueología alcanzó en esos momentos, así como en la toma de conciencia del riquísimo patrimonio cultural que, a causa de invasiones, guerras y desamortizaciones, se encontraba en peligro de desaparición y era necesario proteger.


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El nuevo Museo debía reunir, conservar y estudiar estos bienes para ponerlos al servicio de los ciudadanos, contribuyendo de este modo a su formación e instrucción y, garantizando a su vez el acceso a la cultura, conforme establece el artículo 44 de la Constitución.

Entre 2008 y 2013, se llevó a cabo la reforma del edificio en el que se ubica actualmente el Museo Arqueológico Nacional y la reinstalación de su exposición permanente. Desde su reapertura, el 1 de abril de 2014, se ha producido un notable crecimiento de la cifra de usuarios, alcanzando los 768.836 visitantes en su primer año, cuando antes de su cierre para la remodelación realizada, el Museo Arqueológico Nacional mantenía una afluencia en torno a los 200.000 visitantes anuales.

Ahora, una vez llevada a cabo la remodelación descrita, ha llegado el momento de dotar al Museo de un régimen jurídico que le otorgue mayor autonomía de gestión y nuevas vías de financiación, como se hizo en pasadas legislaturas con nuestras instituciones de cabecera: la Ley reguladora del Museo Nacional del Prado de 2003, la Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de 2011 y la Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE) en 2015, en las cuales se les permitió funcionar con un importante porcentaje de fondos propios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previo análisis, estudio e informe sobre las necesidades organizativas, presupuestarias y de personal, elaborar un marco jurídico flexible, autónomo, de carácter y control público, para el Museo Arqueológico Nacional (MAN), que le otorgue mayor autonomía de gestión y nuevas vías de financiación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002410

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación integral de la casa señorial Sinyent en Polinyà de Xùquer (Valencia), para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En el marco de la Finca Sinyent, ubicada en Polinyà de Xúquer (Valencia), se está desarrollando un proyecto de experimentación agraria mediante el que la Asociación Valenciana de Agricultores-ASAJA realiza ensayos y transfiere los resultados obtenidos y conocimientos de la investigación a los agricultores valencianos de forma rápida, útil y eficaz. Esta iniciativa, sin apenas antecedente conocido en el ámbito de las organizaciones agrarias europeas, pretende de este modo complementar el trabajo que vienen realizando las administraciones y dar cumplida respuesta a las necesidades del sector agrario en un capítulo tan decisivo, en términos de futuro, como es la investigación y la innovación.

El centro ocupa una extensión total de 25 hectáreas en un entorno agrícola y paisajístico de gran valor junto al cauce del río Júcar, y goza de una climatología y edafología que se adapta a la mayoría de los cultivos mediterráneos. Desde su puesta en marcha en 2011, más del 95 % de la superficie disponible para ensayos agronómicos se encuentra ya plantada, tanto con cultivos históricamente implantados en la Comunidad Valenciana como con nuevas alternativas que pueden abrir interesantes nichos de mercado.

Por el momento, este ambicioso programa de ensayos se ha concretado en el estudio de nuevos patrones, variedades y técnicas de manejo del cultivo que permitan obtener un mejor rendimiento desde una perspectiva agronómica y medioambiental. La Asociación Valenciana de Agricultores-ASAJA busca para ello vías de colaboración con las empresas o entidades más punteras en todas las facetas vinculadas a la actividad agraria. Según se vayan completando las distintas fases aún pendientes para la ejecución


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total del proyecto, el objetivo es que los asociados puedan organizar visitas a fin de conocer en primera persona los últimos avances e innovaciones en materia agraria.

La Finca Sinyent también dispone de una serie de edificaciones con múltiples usos que están llamadas a desempeñar un destacado papel de cara a proyectar al conjunto de la sociedad los valores de la agricultura y el mundo rural. Además de la casa motor, el centro de riego, el almacén agrícola y el aula de formación, la Finca Sinyent alberga una casa señorial de estilo gótico del siglo XIV en la que se pretende acoger -a la espera de conseguir las subvenciones públicas para su rehabilitación arquitectónica- salas de exposiciones, cursos de formación, charlas, congresos, etc.

Dicha casa señorial, que constituye la construcción más representativa de la arquitectura civil medieval de la comarca de la Ribera, amenaza con derrumbarse y se encuentra apuntalada desde hace años. El lugar fue durante siglos el único paso del río entre los puentes de Alzira y Cullera, y Sinyent ya aparece descrito en las crónicas del rey Jaume I. Quedan pocas muestras de arquitectura civil gótica en la Ribera por los continuos cambios que han transformado sus edificios y la casa de Sinyent ha sido catalogada como un monumento de "indudable valor". La casa de Sinyent ha permanecido décadas aislada, ignorada y oculta bajo una amalgama de intervenciones posteriores que han desfigurado su naturaleza. Aunque de origen incierto, los últimos estudios apuntan a que la casa estuvo vinculada al paso que cruzaba el Xúquer por Albalat y muy cerca de la confluencia de comunicaciones como la vía Augusta o la Sucronense. Sin embargo, el mayor deterioro de la casa se ha producido en el último siglo hasta alcanzar el estado ruinoso actual por el abandono.

El actual propietario del edificio, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), ha puesto los medios para detener el deterioro, aunque carece de las capacidades suficientes para recuperar íntegramente la casa, cuyo coste se evalúa en unos 2,5 millones de euros según ha sido publicado. Se han solicitado ayudas y el proyecto de actuación y restauración está preparado para recuperar el edificio cuando sea posible. Se trata de la confluencia de un importante y singular proyecto de investigación agraria con la recuperación del patrimonio histórico artístico de la comarca de la Ribera.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer y AVA-ASAJA, contribuya decisivamente a la recuperación integral del patrimonio histórico cultural que representa la casa señorial Sinyent en el marco de la finca del mismo nombre y a la promoción del proyecto de investigación y difusión agraria allí ubicado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002416

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación del museo arqueológico de Córdoba, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El Museo Arqueológico de Córdoba es una institución centenaria, de gran peso histórico y patrimonial, tanto por la variedad y calidad de las colecciones que custodia como por el valor de la sede que las alberga.

El Museo celebra este 2017 los 150 años de vida, una larga trayectoria siempre ligado a la actividad y la investigación arqueológica de su ámbito geográfico, así como a los principales yacimientos arqueológicos enclavados en Córdoba, acercando con sus actividades el patrimonio arqueológico a toda la ciudadanía. En el siglo XIX, a raíz del Real Decreto de 20 de marzo de 1867, en que se crean el Museo


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Arqueológico nacional y algunos Museos Arqueológicos provinciales, nace el Museo cordobés, uno de los primeros de nuestro país. Desde entonces, este museo no ha dejado de crecer. Pero, a día de hoy, pese a contar con unas instalaciones más adecuadas al siglo XXI necesita completarse.

En enero de 2011, el Museo inauguró su actual sede, un edificio que presenta una pieza excepcional: el yacimiento arqueológico del teatro romano de la ciudad, que fue hallado en el solar contiguo del edificio y que actualmente se encuentra abierto al público en su planta sótano, restaurado, musealizado y accesible. El proyecto de esta sede de nueva planta comprendía una segunda fase de adecuación arquitectónica y museográfica de su sede antigua, el anexo Palacio de Jerónimo Páez, para el que la propia dirección y técnicos del Museo redactaron los documentos de planificación necesarios, entregados entre 2009 y 2010 al Gobierno central, titular del Museo.

La finalidad de la actuación en esta sede histórica es la intervención sobre el propio edificio y los restos arqueológicos que se hallan en la superficie del Museo, para posibilitar la adecuada conservación del monumento y dotarlo de servicios e instalaciones necesarias en un edificio de museo del siglo XXI.

Además, este edificio tendrá la función primordial de acoger la exposición permanente del Museo, existiendo actualmente en el edificio de nueva planta una exposición restringida y temporal con limitación de funciones y de servicios al usuario. Además, esta exposición sufre el desgaste lógico del hecho de permanecer más tiempo que para el que fue diseñada, dando señales de agotamiento en algunos de sus aspectos.

Por todo ello, la ejecución de esta segunda fase no puede ni debe seguir demorándose en el tiempo. Desde el año 2011, el Ministerio cuenta con el documento de prescripciones técnicas para la contratación de la Redacción del Proyecto arquitectónico de rehabilitación y con sus correspondientes anexos, que es el primer paso necesario para la restauración del palacio. Estaba prevista su convocatoria en el año 2011, pero no se realizó. De nuevo, en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, figuraba una partida de 350.000 euros para convocar el concurso del proyecto de rehabilitación, que también Córdoba perdió porque no se ejecutó un solo euro.

A principios de 2014, el Museo remitió al Ministerio unos pliegos actualizados y nuevos anexos, consignándose de nuevo por parte del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, de 2015, una dotación de 300.000 euros, para la contratación del proyecto. De nuevo, en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, aparecía un total de 500.000 euros, cantidades que volvió a perder la ciudad y su Museo Arqueológico dado que a día de hoy el Gobierno de España no ha ejecutado ninguna de las partidas de 2011, 2014, 2015 y 2016. Sin esta actuación, el Museo se ve constreñido en su oferta cultural, estando actualmente expuesta sólo un 1,5 % de la colección, quedando importantes obras en las reservas. Tampoco se cuenta con una zona adecuada de exposiciones temporales.

Todo ello provoca que in recurso turístico y cultural de primer orden como es esta institución para Córdoba y Andalucía se encuentre en una situación que no puede esperar más. Ni la institución, ni el patrimonio que alberga, ni Córdoba, ni la ciudadanía ni Andalucía lo merecen.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno titular del edificio y buena parte de las colecciones del Museo Arqueológico de Córdoba, convoque en el menor plazo posible el concurso para la redacción del proyecto arquitectónico y de trabajos de rehabilitación del Palacio Jerónimo Páez, poniendo así fin a un retraso en esta actuación de más de siete años."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002418

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Construcción de una vivienda para el Duque del lnfantado en el Palacio del Infantado de Guadalajara, para su debate en la Comisión de Cultura.


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Exposición de motivos

El Palacio del Infantado, de titularidad pública estatal, es el edificio más emblemático de Guadalajara. Construido a partir de 1480, por el arquitecto Juan Guas y el tallista Egas Cueman, es una relevante joya arquitectónica de estilo hispánico, con elementos góticos de tradición flamenca y detalles de herencia morisca.

Sede del Museo Provincial más antiguo de España, es al mismo tiempo un centro cultural relevante en la ciudad, donde se realizan variadas y participativas actividades a lo largo de todo el año.

El Palacio fue donado a título gratuito por el Duque del Infantado al Estado, mediante Acuerdo de 4 de enero de 1960, después de permanecer en ruinas desde el 6 de diciembre de 1936, en que fue bombardeado por la aviación franquista y que la Casa del Infantado no se hiciera cargo de su rehabilitación. El Estado lo restauró e instaló allí la Biblioteca Pública, el Archivo Histórico Provincial y el Museo Provincial.

En el Acuerdo de donación de 1960, en su estipulación segunda, se establecía "la reserva con carácter permanente de las dependencias que en su día se señalen, a fin de que el Duque del Infantado pueda habitar personalmente en ellas de manera ocasional y utilizarlas como museo y archivo familiar, sin que ello pueda ocasionar perjuicio al desenvolvimiento normal de los servicios que el Ministerio establezca en aquel edificio". En 2007, la Casa del Infantado interpuso una demanda para solicitar el cumplimiento del Acuerdo, que fue estimada parcialmente en sentencia de 31 de julio de 2009. El fallo judicial reproduce literalmente el contenido del acuerdo de 1960, indicando la reserva de unas dependencias para uso ocasional, aunque no especifica nada más.

En virtud de estas disposiciones, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está construyendo una vivienda al Duque del Infantado dentro del Palacio, que incluso puede contravenir lo establecido en la legislación urbanística vigente. Una vivienda en dos alturas, de 400 metros cuadrados y 500.000 euros de presupuesto, en el denominado Torreón del Archivo, que va a disminuir notablemente el espacio dedicado a Museo Provincial y va a afectar negativamente a las funciones y tareas públicas del Museo, que por otra parte ha recibido muy escasas inversiones en los últimos años por parte del Ministerio.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desista de construir una vivienda privada para la Casa del Infantado en el interior del Palacio del Infantado de Guadalajara, y negocie con el Duque del Infantado el cumplimiento de la sentencia judicial de 31 de julio de 2009, de modo que no se vea afectado el uso público del Palacio del Infantado y las actividades del Museo Provincial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Pablo Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Igualdad

161/002345

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Reformulación de su Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un aborto seguro y libre para todas las mujeres.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y


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disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa al establecimiento de un aborto seguro y libre para todas las mujeres.

Exposición de motivos

La lucha por el derecho al aborto y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos es una reivindicación constante y central por parte del movimiento feminista en nuestro país. Si bien es cierto que contamos en nuestro país con legislación que ha mejorado el desarrollo de la sexualidad así como el ejercicio de la libre maternidad, en los últimos años nos hemos encontrado con diversos recortes en esos derechos, tanto por falta de desarrollo e incumplimiento de lo que ya se recoge en nuestras leyes, así como por diversos ataques y recortes en los mencionados derechos. El derecho a decidir de las mujeres está aún por conquistar en nuestro país.

La maternidad segura y libre fundamentada en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se deriva del derecho de toda persona a la vida, la salud y la reproducción. Concretamente, nos referimos a una maternidad libremente elegida que reciba los cuidados médicos y servicios sociales necesarios, incluyendo el derecho al ejercicio de la autonomía durante todo el proceso, tanto si opta por continuar el embarazo, como si opta por interrumpirlo. De este modo, las políticas orientadas a que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a un aborto legal, seguro y oportuno constituyen la base fundamental para el ejercicio de una maternidad segura, evitando cualquier riesgo para la vida y salud de las mujeres.

La OMS señaló en 2016, que para evitar la mortalidad materna a todas las mujeres y en especial a las adolescentes, es necesario que puedan acceder a servicios que realicen abortos seguros y a una atención de calidad tras el aborto. Así mismo, establece que el aborto inseguro es una de las principales causas de las muertes maternas, y que el aborto seguro es inferior a una por cada 100.000 intervenciones.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció por primera vez que la protección de la Salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone el Derecho al disfrute del más alto nivel posible de Salud física y mental para todas las personas (artículo 12). Así mismo, El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General No. 24 establece que es obligación de los Estados Parte "respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica".

En innumerables observaciones finales, el Comité de la CEDAW ha puesto considerable atención al tema de la mortalidad materna a causa de abortos realizados en condiciones de riesgo y los considera una violación del derecho de las mujeres a la vida. El Comité ha expresado su preocupación general respecto de la falta de acceso a abortos seguros, particularmente en los casos de violación. Dicho Comité también ha manifestado preocupación sobre los castigos y las exigencias de informar que impiden que las mujeres busquen atención médica en casos de abortos realizados en condiciones de riesgo, y ha instado a los Estados Parte a garantizar el acceso a atención postaborto con el fin de reducir la mortalidad materna.

En lo que toca a nuestro país, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, extendió la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres de dieciséis y diecisiete años, equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad establecido en el Código Civil, estableciendo que, en esos casos, al menos uno de los progenitores de la menor debía ser informado de la decisión de la mujer, excepcionando dicha obligación de información únicamente aquellos casos en que la mujer


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justificase que ello le provocaría un "conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

La Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo suprimió la posibilidad de que las menores de edad pudieran prestar el consentimiento por sí solas, exigiendo que para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad es preciso, además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad, remitiéndose expresamente al régimen establecido con carácter general en el Código Civil para solucionar cualquier tipo de conflicto que pudiese surgir al prestar el consentimiento los representantes legales o cuando la decisión de estos pudiese poner en peligro el interés superior de la menor.

En consonancia con lo anterior, se modificó también la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en lo que se refiere a los límites del consentimiento informado.

El Partido Popular justificó la reforma en las obligaciones de protección y cuidado de la menor que el ejercicio de la patria potestad impone a los progenitores, en particular, los deberes que el Código Civil les impone de "velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral" y "educar al menor y procurarle una formación integral", alegando en la exposición de motivos de la Ley que "la modificación contemplada en la Ley Orgánica 2/2010, impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de la protección que el mismo texto legislativo reconoce, de poder contar, en un momento crucial y complicado de su vida, con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad".

Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, entendemos que en ningún caso esta reforma responde al ejercicio de protección de las niñas y adolescentes, sino más bien es una reforma cortada por un claro patrón machista y que va directamente en contra del desarrollo y la protección de los derechos más fundamentales de las mujeres, recogidos y amparados por diversos organismos como el Consejo de Europa, ONU, parlamento europeo; y legislaciones, incluso las nuestras, en las que queda recogida con meridiana claridad la intención de eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres.

Por otro lado, y analizando las propias cifras del informe del MSSSI, el porcentaje total de niñas y adolescentes que entre los dieciséis y los dieciocho años realizaron interrupciones voluntarias del embarazo, no alcanza el 10 % de las IVE.s totales, y además ha ido descendiendo en los últimos años. Sin embargo, no existen trabajos ni estudios que arrojen luz sobre la causa de ese descenso, es decir, no sabemos si desciende el número de embarazos no deseados, si las jóvenes no abortan o si realizan abortos clandestinos que puedan socavar profundamente su derecho a la salud.

Para garantizar el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE.) no basta únicamente con introducir las necesarias reformas legislativas en la mencionada ley, sino que es necesario además adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para garantizar que el acceso a dicha prestación es real, efectivo y por ello se propone la adopción de una serie de medidas en el ámbito sanitario, dirigidas a avanzar en el proceso de internalización de las IVE.s -es decir, a la asunción de la prestación por parte de los proveedores públicos-, en materia de transparencia y en materia de formación de los profesionales que prestan dicha asistencia.

De nuevo analizando los datos del MSSSI en su último informe sobre la I.V.E. podemos observar como en todas las comunidades autónomas, se realizan más del 80 % de las IVE.s en centros y clínicas privadas. No es comprensible a estas alturas que una prestación como es la IVE no esté recogida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con todos los efectos que ello supone, como por ejemplo, no solo poder garantizar una cobertura del servicio en la red de hospitales públicos de todo el país, sino también garantizar el derecho de elección informada del mejor método para efectuar la misma. Desde el grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea entendemos que esta es otra de las consecuencias del actual sistema sanitario español que está siendo conducido con cada una de las reformas legislativas de los Gobiernos del Partido Popular a una sanidad más privatizada, más cara, y en la que se muere peor; y que por supuesto supone un beneficio para unos pocos. Irónicamente, la Interrupción Voluntaria del Embarazo está muy lejos de poder convertirse en una práctica de la que lucrarse, como sin embargo, sí lo son la construcción de nuevos hospitales en ese camino de la privatización de la gestión en el Sistema Nacional de Salud. Entendemos que tanto las IVE.s así como otras cuestiones que tienen que ver con las mujeres y la salud, son en muchos casos las prestaciones más perjudicadas.


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Por un lado, como consecuencia del deterioro continuado de nuestro Sistema Nacional de Salud, y por otro como consecuencia de la discriminación por razones de género que también se pone de manifiesto en el ámbito sanitario, y que responde a las distintas maneras de enfermar y concebir la salud pública, y el llamado sesgo de género sobre el que muchas autoras han escrito, como Vicky López o Susana Velasco. No es de extrañar pues que ante necesidades sanitarias específicas de las mujeres, la calidad de estos servicios sea peor, y sobre todo, cuando el empeoramiento de estos servicios ha sido utilizado como una herramienta de control de la sexualidad y las vidas de las mujeres.

En este sentido, y a pesar de que la propia Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo recoja ya en sus primeras líneas que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están vinculados a la dignidad de la persona y que son objetos de protección a través de distintos derechos fundamentales, y que los poderes públicos no deben interceder en estas decisiones, en muchos lugares de nuestro país es difícil encontrar profesionales del Sistema Nacional de Salud que estén dispuestos a dar cobertura a todo lo recogido en esta ley, principalmente y en relación a esto, la cifra de objetores de conciencia de nuestro país, es aún preocupante.

En la misma línea y como sucede con muchas de las leyes relacionadas con la no discriminación hacia las mujeres, como las Leyes Orgánicas 1/2004 o 3/2007, muchas de sus medidas no han sido puestas en marcha, ni presupuestadas. En el marco del debate el informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género, muchas de las cuestiones que hoy traemos en esta Proposición no de Ley, han sido debatidas sin conseguir con ellas la unanimidad que requerían las medidas para ser recogidas en dicho informe. No obstante consideramos de máxima urgencia conocer en profundidad en qué estado se encuentran las mujeres en nuestro país que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo y que esta interrupción sea accesible, legal, segura, y garantizada para todas las mujeres, prestando especial atención a aquellos casos de vulnerabilidad, como son los casos de violencia machista, los casos de mujeres con diversidad funcional o las mujeres migrantes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar todos los trámites necesarios para derogar la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo y modificar Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica para extender la capacidad de otorgar el consentimiento para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las mujeres de dieciséis y diecisiete años, equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad establecido en el Código Civil y, por tanto, dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores.

2. Incluir dentro de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud una batería de indicadores sobre la interrupción voluntaria del embarazo que faciliten la comparación entre Comunidades Autónomas y se dirijan a detectar tendencias en la accesibilidad, calidad y seguridad de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas dentro del Sistema Nacional de Salud.

3. Introducir mejoras en materia de información y transparencia en el "Informe Anual sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo" publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la inclusión de indicadores sobre interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencia machista en el ámbito de la pareja, situaciones de violencia sexual y mujeres con diversidad funcional.

4. Crear un equipo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que defina un procedimiento estandarizado de internalización de la prestación donde se recojan los estándares mínimos e ideales a cumplir para la introducción de la prestación de los I.V.E.s en los proveedores públicos. Este procedimiento deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

4.1. Elaboración de una memoria económica con los costes de internalizar la prestación de las IVE.s en cada Comunidad Autónoma.


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4.2. Establecer estándares de calidad y auditorías periódicas que permitan asegurar la calidad de la prestación en el Sistema Nacional de Salud.

4.3. Establecer las necesidades formativas obligatorias que deberán acreditar todos las y los profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las IVE.s en centros sanitarios públicos.

4.4. Establecer un procedimiento de acreditación de esa formación y de las competencias que deberían derivarse de la misma.

5. Implantar un programa de formación obligatoria para todos los y las profesionales que vayan a estar implicados en la realización de IVE.s, en centros sanitarios públicos de acuerdo con las necesidades establecidas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

6. Introducir las herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que queden registradas en la Historia Clínica de la Paciente y que sirvan para asegurar que la paciente puede, de forma bien informada, ejercer su principio de autonomía en la toma de decisiones en el ámbito de la práctica de la IVE.

7. Revisar y suprimir el período de reflexión de tres días.

8. Iniciar los procedimientos necesarios para asegurar que la práctica de la objeción de conciencia transcurra dentro del marco legislativo actual y no disponga, en ningún caso, una barrera para la prestación pública de las IVE.s, ni para el correcto acceso de las mujeres a dicha prestación.

9. Dotar presupuestariamente todas las medidas recogidas en la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

10. Reincorporar en el supuesto de violación dentro de los motivos de interrupción del embarazo, tal y como constaba en la recogida de datos previa a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010.

11. Incluir según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2010, información sobre la ayuda y las medidas disponibles para la atención a las víctimas de Violencia Machista, inspirándose en lo recogido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2004.

12. Facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales.

13. Dotar de la formación necesaria a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para la correcta protección de las mujeres y profesionales que sufren acoso y coacción en los centros médicos.

14. Realizar un estudio para comprobar y mejorar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres con diversidad funcional.

15. Formar al personal sanitario implicado en las IVE.s, tanto en género como en distintos procedimientos y necesidades que contribuyan a la realización de las interrupciones de manera segura y con los mayores estándares de calidad.

16. Poner en marcha diversas campañas que recojan el espíritu de los derechos recogidos en la Ley Orgánica 2/2010.

17. Garantizar el acompañamiento y la información de todas las mujeres durante los procesos de interrupción voluntaria del embarazo.

18. Realizar un estudio focalizado en las adolescentes que arroje luz sobre las causas del descenso de IVE.s.

19. Liderar y apoyar acuerdos en los organismos internacionales de los que nuestro Estado forma parte para trabajar por la despenalización jurídica, sanitaria y social del aborto en aquellos Estados donde el acceso de las mujeres al libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sea vulnerado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Sofía Fernández Castañón y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/002396

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a tener en cuenta las demandas sobre la igualdad de oportunidades del Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.

Exposición de motivos

En el mes de enero de este año se celebró en el Congreso de los Diputados una jornada en la que niñas, niños y adolescentes, miembros activos de consejos municipales de participación, presentaron las conclusiones del IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, celebrado en noviembre de 2016. Estas conclusiones se recogen en el "Manifiesto de Santander" y suponen una serie de demandas dirigidas a representantes del Congreso de los Diputados, y específicamente a integrantes de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce el Derecho a Participar de niñas, niños y adolescentes, concretamente en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 se refiere a la opinión del niño y de la niña y establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño". Por su parte, el artículo 13, sobre la libertad de expresión, establece que "El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño".

El principio de participación, por lo tanto, se traduce en el derecho de todos los niños y niñas a recibir la información adecuada a su edad para poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa, a ser escuchadas/os y a ser tenidas/os en cuenta. En definitiva, se trata de asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo en los distintos entornos en los que se desarrolla.

En cumplimiento del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y respondiendo al compromiso de nuestro Grupo Parlamentario de trasladar las demandas de la Sociedad Civil al Congreso de los Diputados, presentamos la siguiente Proposición no de Ley en la que se recogen las demandas surgidas de los Consejos municipales de participación, definidas en el Manifiesto de Santander.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las modificaciones legislativas pertinentes para incorporar las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander relativas a la igualdad de oportunidades:

Igualdad de oportunidades:

- Creemos que debemos incluir la igualdad en diferentes ámbitos como género, deporte y el mundo laboral, entre otros, y como eje trasversal en educación.

- Hay que concienciar más a los coles e institutos acerca de que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y obligaciones, ofreciendo charlas para fomentar la igualdad, además de trabajar con las familias.

- Premiar buenos resultados académicos y dar ayudas económicas a aquellos con pocos recursos.

- En cuanto a los medios de comunicación, que toda la información que se aporte sea de manera objetiva.

- Y en cuanto a la inmigración, que se fomenten espacios de encuentro y de convivencia con gente de diferentes razas y culturas.


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- Creemos que el pilar fundamental de la igualdad es la educación, ya que partiendo de una buena base educativa se pueden pulir todas las diferencias y por tanto la sociedad podrá avanzar y mejorar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Compromís Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la igualdad real en el mundo del deporte, para su debate en la Comisión Igualdad.

Exposición de motivos

Pese a los avances que poco a poco nuestra sociedad va alcanzando en la igualdad entre mujeres y hombres, la mujer se encuentra todavía enormemente discriminada en el mundo del deporte con respecto al hombre.

Existen enormes diferencias en las retribuciones entre hombres y mujeres que se dedican de manera profesional al deporte. Actualmente, la brecha salarial en el Estado Español es del 24 %, y en el caso del mundo deportivo es mucho mayor.

Además las mujeres encuentran más dificultades a la hora de encontrar patrocinadores. Cualquier deporte ejercido por mujeres genera menor interés debido, sobre todo, a la invisibilidad que se produce en los medios de comunicación.

Las mujeres deportistas tiene una presencia gravemente inferior en los medios de comunicación, en ocasiones se produce una ausencia de noticias sobre deportistas femeninas y sobre sus éxitos. Esta invisibilidad no se corresponde con los éxitos obtenidos y sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad con respeto al reconocimiento social que merecen por su trabajo.

Según un estudio realizado en 2014 por la Universidad Carlos III de Madrid: Mujeres y deporte en los medios de comunicación: estudio de la prensa deportiva española (1979-2010), realizada por la profesora Clara Sainz de Baranda, señala que la mujer solo es protagonista de noticias en la prensa deportiva en el 5,11 % de los casos. Por el contrario, el hombre protagoniza este tipo de informaciones en el 92,2 % de los casos.

Si no se da visibilidad en los medios de comunicación sobre el deporte femenino resulta realmente complicado generar una afición, un interés por parte de los espectadores, al mismo tiempo, al no haber esa afición, resulta en ocasiones imposible encontrar patrocinadores. Como resultado de todo ello, dedicarse al deporte profesional siendo mujer resulta mucho más complicado y sacrificado que siendo hombre. Una situación totalmente discriminatoria puesto que ya no se trata únicamente de esforzarse más para llegar al mismo punto, sino que además tiene que esforzarse más para no conseguir nunca el reconocimiento que merece.

La incorporación de informativos deportivos paritarios generaría un enorme impacto sobre la visibilidad de las mujeres en el deporte que repercutiría sobre el desarrollo profesional de su trabajo, incrementando sus oportunidades de cara a los patrocinadores, reduciendo la brecha salarial y otorgando el reconocimiento que merecen. En definitiva, contribuiría a una sociedad más igualitaria y justa.

Por último, cabe destacar también la invisibilidad incluso en el trato de los datos sobre la discriminación en el deporte; prácticamente no hay datos estadísticos, informes, ni observatorios que analicen esta cuestión. Es indiscutible que la mujer está sistemáticamente discriminada e invisibilizada en el mundo del deporte pero es necesario disponer de mayores datos públicos con lo que poder analizar en profundidad esta situación, corregir esta tendencia e impulsar los planes públicos relacionados con el deporte femenino y la presencia de más mujeres en el deporte.


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Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a establecer las medidas oportunas para que el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, a través del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales:

1. Defina el desarrollo de políticas públicas que entiendan la necesidad de trabajar el deporte desde la perspectiva de género con el fin de conseguir una igualdad real en el mundo del deporte.

2. Trabaje en la creación de una red con las entidades públicas y privadas a todos los niveles de gobierno: local, autonómico y estatal, para proponer nuevas medidas, planes y políticas que nos conduzcan a la igualdad real en el deporte.

3. Incorpore en sus estadísticas y observatorios el análisis de las desigualdades de género en el deporte.

Además, insta al Gobierno a:

4. Promover la participación y la presencia de las mujeres en los niveles deportivos y en los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Así como a acabar de manera urgente y definitiva con cualquier tipo de desigualdad laboral por motivo de género en el mundo del deporte en cumplimiento con la la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

5. Establecer las medidas oportunas para que la sección de noticias deportivas de los medios de comunicación de titularidad pública, tanto a nivel estatal como autonómico, dedican el mismo porcentaje de tiempo a las noticias deportivas protagonizadas por hombres que a las protagonizadas por mujeres."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002406

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento del deporte profesional femenino, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El deporte femenino en nuestro país está cobrando cada vez más relevancia en la esfera pública. Cada vez, son más los equipos deportivos, ligas y disciplinas que se organizan para que las mujeres compitan en deportes que hasta hace pocos años eran practicados, predominantemente, por hombres.

El deporte femenino español, especialmente el profesional, cuenta con un alto nivel que tiene su mejor expresión en la cantidad de triunfos olímpicos e internacionales en diferentes materias: baloncesto, bádminton, halterofilia, piragua, kayak, waterpolo, natación, atletismo, taekwondo, gimnasia rítmica,...

Sin embargo, existen ámbitos del deporte femenino en nuestro país que todavía merecen ser desarrollados a fin de dotar de mayor visibilidad a estas disciplinas y conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, Pese que en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres contiene preceptos relativos al desarrollo del deporte femenino y la promoción de este y que organismos internacionales y nacionales, como el Comité Olímpico Internacional o el Consejo Superior de Deportes, han incorporado en sus estrategias la promoción del deporte femenino, e incluyen en sus objetivos, facilitar el acceso a la práctica deportiva de las mujeres y el fomento de una educación para la integración de la mujer en todas las actividades deportivas, queda mucho camino por recorrer.

Por ejemplo, en relación al fútbol femenino, existe problema de patrocinio, falta de interés por parte de los medios, incluso públicos, que pueda incentivar el interés de empresas para apoyar esta disciplina mediante contratos publicitarios, dificultándose el crecimiento de la afición y de los propios equipos. Es vital que la administración se implique en medidas concretas que finalicen con la discriminación de las


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mujeres en el mundo deportivo, aumente la visibilidad de estas disciplinas e incremente la participación y el interés del conjunto de la sociedad por el deporte femenino.

Una medida que consideramos acertada en cuanto al aumento de la visibilidad del deporte femenino, ha sido la llevada a cabo por Loterías y Apuestas del Estado al incluir a la Liga Femenina lberdrola en La Quiniela, en cinco jornadas diferentes de la temporada 2017-2018, incluyéndose en alguna jornada determinada, la correspondiente a Día Internacional de la Mujer, más de un encuentro entre los 15 partidos a jugar. Esta iniciativa, que puede incrementar de manera significativa el seguimiento de los partidos concretos que se incluyan en el sorteo, debería ampliarse y estar presente de manera permanente en La Quiniela.

Es preciso que el Consejo Superior de Deportes (CSD) sea un actor esencial en el aumento de la visibilidad del deporte profesional femenino, en las políticas destinadas a eliminar la brecha salarial y mejorar la igualdad en cuanto a los premios que reciben hombres y mujeres.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), y junto a las Consejerías autonómicas competentes en esta materia, la participación y visibilidad del deporte femenino, haciendo cumplir y promoviendo el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

2. Impulsar la visibilización del deporte femenino, concretamente del fútbol profesional femenino, a través de Loterías y Apuestas del Estado incorporando de manera semana, partidos de esta disciplina a La Quiniela.

3. Aumentar las cuantías destinadas a desarrollar el fútbol profesional femenino mediante la modificación del Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, a fin de que un porcentaje de la recaudación se destine al desarrollo del fútbol profesional femenino.

4. Exigir que las cuantías de los premios, becas o ayudas que otorguen las federaciones deportivas españolas, por participar u obtener una determinada clasificación en un mismo torneo o competición, a deportistas femeninos y masculinos, mantengan criterios de igualdad.

5. Exigir que las federaciones deportivas españolas dispongan de los mismos cauces para deportistas masculinos y femeninos para reclamar el cumplimiento de sus derechos.

6. Potenciar la incorporación de mujeres árbitros o juezas en el ámbito de la competición profesional y no profesional, fomentando el acceso de la mujer a cursos de formación para árbitros y jueces.

7. Fomentar el papel de la mujer en el deporte profesional y no profesional, aplicando medidas que garanticen la inclusión de mujeres en puestos de gestión, organización, responsabilidad deportiva y en el liderazgo de proyectos.

8. Promover acuerdos de colaboración con los distintos medios de comunicación, con el objetivo de que se difundan los éxitos de las mujeres deportistas de alto nivel, para que constituyan una fuente de motivación para niños y niñas en edad escolar.

9. Desarrollar los mecanismos que sean necesarios para que los medios de comunicación públicos comiencen a realizar una retransmisión más equitativa del deporte femenino y masculino.

10. Modificar la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales en el sentido de prever medidas tendentes a favorecer la inclusión laboral de las deportistas profesionales, así como a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar de las mismas con su carrera deportiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz, adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del tratamiento del cáncer de mama, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

En España se diagnostican anualmente 25.000 nuevos tumores de mama, siendo el tipo de tumor más frecuente en las mujeres. Las estimaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) prevén que la incidencia aumente significativamente según envejece la población. Para el año 2020 estiman que se diagnosticarán más de 28.000 casos y para el año 2025, más de 29.500 casos anuales.

Todos los expertos coinciden en las consecuencias a corto, medio y largo plazo que este tipo de tumor posee sobre todos los ámbitos de la vida de la mujer que lo padece. Desde la afectación biológica y anímica en el diagnóstico y tratamiento, hasta los problemas emocionales posteriores a mastectomías relacionados con la vida afectivo-sexual de estas mujeres y su auto aceptación. Unas consecuencias que no siempre pueden tenerse en cuenta.

La propia Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) señala en sus informes estas graves consecuencias. La AECC señala que "las mujeres que han tenido un cáncer de mama experimentan cambios y alteraciones en su funcionamiento sexual como consecuencia de los tratamientos. Tras el tratamiento con quimioterapia y/o tratamiento hormonal suele aparecer una menopausia inducida que se puede acompañar de síntomas como sofocos, sequedad vaginal, cambios en el sueño o alteraciones emocionales. Otras alteraciones en la función sexual son:

- Problemas psicológicos como ansiedad, depresión o estrés.

- Sentimientos de pérdida de atractivo físico, como consecuencia de la enfermedad o los tratamientos (cicatriz, pérdida o aumento de peso, alopecia), etc.,

- Aparición de otros factores como el cansancio físico, presencia de dolor...".

Hoy, 19 de octubre de 2017, Día Mundial del Cáncer de Mama, es necesario señalar la alta variabilidad de mastectomías y de cirugías conservadoras de mama que se producen en nuestro país según el territorio autonómico donde se trate la patología. Según los resultados que aporta el Portal de Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud, existen diferencias de más de 30 puntos porcentuales en la realización de cirugías conservadoras entre Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Asturias se realiza cirugía conservadora en un 48,66 % de los casos, mientras que en la Comunidad Foral de Navarra un 79, siendo la media de España un 65 %. Esto se traduce en que si una mujer asturiana posee cáncer de mama tiene un 30 % más de probabilidades de sufrir una mastectomía, y sus graves consecuencias, que una navarra.

Esta alta variabilidad puede tener causas dispares. Sin embargo, es difícil creer que un 30 % de variabilidad a la hora de conservar la mama a la hora de tratar un cáncer se deba solo a factores externos al servicio sanitario. La Estrategia del Cáncer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicada en el año 2010, establece una serie de recomendaciones relativas a la detección precoz sobre el cáncer de mama que desconocemos si se han aplicado, y también si se han evaluado. Entre las recomendaciones encontramos:

1. Desarrollo de programas de cribado poblacionales siguiendo las recomendaciones de las Guías Europeas de Control de Calidad en Mamografía.

2. Desarrollo de programas de garantía de calidad total que aborden todas las fases del programa, con especial énfasis en el desarrollo de un sistema de control de calidad de imagen.

3. Sistema de información que permita la gestión diaria, control de calidad y evaluación periódica.

4. Elaboración de programas de seguimiento específico para mujeres con antecedentes personales de carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia epitelial atípica.

Sin embargo, no aparece ningún tipo de recomendación en cuanto a la promoción de la cirugía conservadora en el tratamiento del tumor, claro está siempre que su gravedad permita este tipo de técnica.


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Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario mejorar los protocolos y formación de los profesionales en cuanto a la necesidad de preservar tejido mamario en los procesos oncológicos de mama dada las consecuencias biopsicosociales que padecen las mujeres mastectomizadas. Debemos garantizar el mayor bienestar físico, psíquico y social a estas mujeres, que ya afrontan un proceso complicado de por sí cargado de ansiedad y preocupación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la alta variabilidad que existe en el tratamiento del cáncer de mama a la hora de realizar cirugías conservadoras de mama a fin de evitar mastectomías innecesarias en los servicios de salud autonómicos para mejorar la calidad de vida de estas pacientes tras la enfermedad.

2. Evaluar y actualizar la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud de 2010."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002426

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas a establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a fin de definir e implementar los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre los servicios en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, en su disposición adicional segunda estableció que el Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias en la materia, estableciesen las Unidades de Valoración Forense Integral.

Estas unidades tendrían encomendada la función de "diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género".

Nunca se ha establecido un desarrollo normativo que establezca la estructura y función que deben desempeñar estas unidades que en líneas generales, se han creado bajo el paraguas de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Según indica el ministerio de Justicia, en las capitales de provincia en las que tenga su sede un Tribunal Superior de Justicia, así como en aquellas en las que tengan su sede Salas de Tribunal Superior de Justicia con jurisdicción en una o más provincias, se creará un Instituto de Medicina Legal, mediante Orden del Ministro de Justicia, o por la Comunidad Autónoma afectada que haya recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.

También se establece que en las normas de creación se establecerán la sede y la relación de puestos de trabajo inicial, reflejando el ámbito territorial correspondiente de cada Instituto.

Para las restantes ciudades, se prevé la existencia de Institutos de Medicina Legal con el ámbito que reglamentariamente se establezca por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma afectada que haya recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Los criterios establecidos indican que los Servicios de Clínica Médico-Forense se encargarán de los peritajes médico-legales y, en particular, del control periódico de los lesionados y de la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales, así como de la asistencia o vigilancia facultativa a los detenidos. En los partidos judiciales en los que no radique la sede del Instituto de Medicina


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Legal podrá existir una delegación del Servicio de Clínica médico-forense, reservándose a estos efectos locales adecuados en los edificios judiciales.

Como queda recogido en las informaciones sobre la génesis del Protocolo de actuación forense, fue en el mes de octubre de 2010 cuando la Delegación del Gobierno de Violencia sobre la Mujer solicitó la colaboración del Ministerio de Justicia con el fin de valorar la posibilidad de implantar, entre los protocolos de actuación de las y los médicos forenses que prestan servicios en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal, un procedimiento de valoración del riesgo de violencia de género, que pudiera ser emitido en un plazo inferior a 72 horas en los casos urgentes.

Estos informes están llamados a complementar los realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar al órgano judicial la decisión sobre las medidas cautelares y de protección de la víctima a adoptar en cada caso.

Para ello, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia se iniciaron unas primeras sesiones de trabajo con algunas Direcciones de los Institutos de Medicina Legal de territorio no transferido con el fin de determinar la viabilidad de implantar el informe de valoración del riesgo de violencia de género.

De esa primera valoración se llegó a las siguientes conclusiones:

- La implantación del informe de valoración del riesgo se estimó oportuna y viable.

- La necesidad de implantar un modelo reconocible y compartido en todo el territorio dependiente del Ministerio de Justicia, por lo que es preciso articular los mecanismos de coordinación correspondientes.

- Se valoró la implementación de una aplicación informática adecuada.

Como ha indicado Rafael M. Bañón González. Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia y Presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense, "a lo largo de los años de gestión, las unidades que están funcionando han mostrado un alto grado de eficacia y su respuesta es muy apreciada por los diferentes operadores jurídicos. Sin embargo, las diferencias de gestión entre administraciones, la falta de una normativa específica, y las dificultades de dotación personal y material interfieren de forma importante en su desarrollo".

La estructura actual de los institutos de medicina legal cuenta con servicios de Patología, Clínica Forense y Laboratorio, pero no reconoce las Unidades de Valoración Forense Integral.

Aunque comunidades como la de Andalucía, ha creado los servicios de Psiquiatría Forense para atender las necesidades específicas en esta materia. No ser han modificado los Reales decretos, Órdenes o Resoluciones existentes de creación de los Institutos de Medicina Legal para establecer reglamentos específicos para la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral, que como indica el Presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense se han organizado, "mediante instrucciones internas o resoluciones administrativas".

Es importante observar por otro lado, que el CGPJ desde 2012, no publica en su web los informes que analizan la información disponible sobre la actividad de los institutos de medicina legal, ni existe ninguna otra web que facilite el acceso actualizado y completo a datos estadísticos de dichos informes.

El CGPJ tampoco publica datos de todo el territorio y tan solo los datos de País Vasco, Cataluña, Galicia y Murcia han sido facilitados de manera regular. Castilla y León solo publicó sus datos en 2011.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acordar con las Comunidades Autónomas una batería de indicadores comunes mínimos para los datos generados por las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal.

2. Establecer un procedimiento de recopilación y publicación de los datos estadísticos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses e implementar una aplicación informática adecuada para el seguimiento estadístico de tendencias en las UVFI.

3. Concretar la estructura y funcionamiento de las UVFI a través de una normativa básica que debe ser elaborada por el Ministerio de Justicia para su ámbito y como referencia para las comunidades con competencias en materia de justicia. Esta adaptación normativa debe constar en los Reglamentos de los


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Institutos de Medicina Legal para que contemplen la existencia expresa de las Unidades de Valoración Forense Integral.

4. Reestructurar los protocolos para que la valoración del riesgo de nuevas agresiones y del riesgo vital, complementen las valoraciones de riesgo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con las informaciones de las Unidades de Valoración Forense Integral, los Centros de Salud, Centros de la Mujer o Servicios Sociales comunitarios entre otros.

5. Establecer, a través de las nuevas tecnologías, y en particular del expediente electrónico y de la firma electrónica, el protocolo para la elaboración de tantos informes parciales como profesionales intervienen en la valoración dentro de las Unidades de Valoración Forense para que cada profesional de la Unidad se haga responsable de la parcela que le corresponde en el informe integral, en cumplimiento de las normas procesales y en aplicación del principio de contradicción que debe presidir la actuación judicial.

6. Extender la valoración a los dependientes de la pareja y otras víctimas directas como son los menores y también a víctimas secundarias.

7. Establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Planes Formativos para especialización prioritaria de los profesionales llamados a formar parte de las Unidades de Valoración Forense."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los efectos de la adopción de medidas para mejorar las condiciones en las que circulan los vehículos por nuestras carreteras, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Es compromiso reiterado del Grupo Parlamentario Popular y de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de esta Cámara la necesidad de trabajar de forma continuada para garantizar la máxima seguridad en nuestras carreteras y disminuir el riesgo de posibles accidentes al entender que solo esta continuada y activa posición puede lograr, ante un incremento de la circulación, los resultados deseados.

En distintas ocasiones también se ha establecido la gran importancia que el factor humano tiene en la causalidad de un accidente de tráfico, pues se entiende que el conductor ha de conjugar siempre los factores de riesgo en la conducción para evitar un posible siniestro. Bien es cierto que a pesar de la alerta del conductor, que debe ser permanente, pueden producirse situaciones en donde el nivel de respuesta del conductor en primer lugar, y del propio vehículo en segundo lugar, deba de ser la mejor de las respuestas posibles para evitar el accidente.

Es por ello que el adecuado mantenimiento del vehículo parece definitivo, pues la situación de sus neumáticos, de la amortiguación o del sistema de frenado ha de tener la respuesta adecuada para apoyar las decisiones del conductor ante una situación de riesgo.

Parece, por tanto, que las revisiones periódicas a las que han de someterse los vehículos que circulan por las carreteras de España significan una inestimable ayuda en pro de la seguridad y en pro del adecuado mantenimiento del parque móvil, y por ello resulta preocupante y grave que, según respuesta obtenida del Gobierno, circulen por las carreteras españolas más de 2 millones de vehículos que no han cumplimentado el trámite de la inspección técnica, aun cuando circulan con seguro obligatorio.


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A los efectos de eliminar este conjunto de activos tóxicos que circulan por nuestras carreteras y que indudablemente también lo significan para las compañías de seguros, e incluso para el consorcio que cubre riesgos ante un posible accidente, cuando dichos vehículos pueden no estar en condiciones de circular, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"- El Congreso de los Diputados entiende como una seria amenaza para la seguridad en las carreteras la circulación por las mismas de vehículos que no hayan cumplimentado los requisitos obligados por las normas vigentes respecto a su idónea condición para transitar por las vías públicas y entiende que la responsabilidad de ello es del titular de dicho vehículo.

- El Congreso de los Diputados a los efectos de eliminar de la circulación de nuestras carreteras vehículos que no se hayan sometido a la inspección técnica con el objeto de corregir deficiencias técnicas que puedan comprometer su seguridad insta al Gobierno a que a través de la Dirección General de Tráfico se impulsen campañas de concienciación sobre la importancia y la necesidad de cumplir con una inspección técnica adecuada de vehículos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa a tener en cuenta las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.

Exposición de motivos

En el mes de enero de este año se celebró en el Congreso de los Diputados una jornada en la que niñas, niños y adolescentes, miembros activos de consejos municipales de participación, presentaron las conclusiones del IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, celebrado en noviembre de 2016. Estas conclusiones se recogen en el "Manifiesto de Santander" y suponen una serie de demandas dirigidas a representantes del Congreso de los Diputados, y específicamente a integrantes de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce el Derecho a Participar de niñas, niños y adolescentes, concretamente en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 se refiere a la opinión del niño y de la niña y establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño". Por su parte, el artículo 13, sobre la libertad de expresión, establece que "El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño".

El principio de participación, por lo tanto, se traduce en el derecho de todos los niños y niñas a recibir la información adecuada a su edad para poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa, a ser escuchadas/os y a ser tenidas/os en cuenta. En definitiva, se trata de asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo en los distintos entornos en los que se desarrolla.

En cumplimiento del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y respondiendo al compromiso de nuestro Grupo Parlamentario de trasladar las demandas de la Sociedad Civil al Congreso


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de los Diputados, presentamos la siguiente Proposición no de Ley en la que se recogen las demandas surgidas de los Consejos municipales de participación, definidas en el Manifiesto de Santander.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las modificaciones legislativas pertinentes para incorporar las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander:

1. Educación.

- La educación es la llave del futuro.

- Quitar las reválidas injustas.

- Sensibilizar sobre la importancia de la educación.

- Proyecto Releo, es decir, reciclar los libros y que las editoriales no cambien cada año de formato.

- Que los libros sean menos pesados y se puedan dividir las asignaturas por trimestres.

- Fomentar la mediación en los casos de acoso escolar, escuchando a ambas partes, tanto la del acosador como la del que ha sufrido el acoso.

- Profesores más especializados en cada asignatura y coordinados.

- Menos teoría y más práctica. Simplificar y explicar más los temas.

2. Protección.

- Los derechos son las leyes morales de una sociedad.

- La protección no solo es arreglar lo que ya está hecho, sino prevenir lo que pueda suceder en un futuro.

- Todo el mundo tiene igual derecho a la protección.

- Fomentar la conciliación familiar, dado que la familia es uno de los factores más importantes en la prevención del maltrato. Y en el caso del maltrato por parte de la familia, los amigos son importantes.

- Se debería concienciar, pero no solo a los niños pequeños, sino también a los jóvenes y adultos con juegos o actividades dinámicas, y no solo con reuniones, que no sirven de nada.

3. Salud y bienestar.

- Que la salud sea gratuita a nivel mundial y de calidad.

- Regular la venta de alcohol y drogas.

- Más hospitales en los pueblos.

- No queremos guerras.

- Queremos médicos para todos.

- Derechos para todos.

- Garantizar el derecho al hogar.

- Que la familia y amigos cuiden nuestra autoestima y que no se metan con nuestra imagen, que respeten cómo eres y cómo te vistes.

4. Igualdad de oportunidades.

- Creemos que debemos incluir la igualdad en diferentes ámbitos como género, deporte y el mundo laboral, entre otros, y como eje trasversal en educación. Hay que concienciar más a los coles e institutos acerca de que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y obligaciones, ofreciendo charlas para fomentar la igualdad, además de trabajar con las familias.

- Premiar buenos resultados académicos y dar ayudas económicas a aquellos con pocos recursos.

- En cuanto a los medios de comunicación, que toda la información que se aporte sea de manera objetiva.

- Y en cuanto a la inmigración, que se fomenten espacios de encuentro y de convivencia con gente de diferentes razas y culturas.

- Creemos que el pilar fundamental de la igualdad es la educación, ya que partiendo de una buena base educativa se pueden pulir todas las diferencias y por tanto la sociedad podrá avanzar y mejorar.


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5. Refugiados.

- Los años siguen pasando, la situación sigue siendo la misma, o incluso va a peor. Hay más refugiados y eso conlleva a que haya más muertos, más sufrimiento y ninguna solución. Los Gobiernos tienen que empezar a moverse, dar ayudas y no quitar ilusiones.

- También se tienen que abrir muchas de las fronteras que les hemos cerrado.

- Porque hoy les ha tocado a ellos, pero mañana nos puede tocar a nosotros.

- Todos podemos ayudar un poco poniendo de nuestra parte y sin dar la espalda a este problema que desgraciadamente aumenta día a día.

6. Participación.

- Se debería educar teniendo en cuenta el derecho a participar.

- Se debe cambiar la forma de enseñar, los profesores deberían dejar participar más a sus alumnos.

- Se pueden hacer diferentes dinámicas y actividades para aumentar los niveles de participación, no solo de los niños, sino también de los ciudadanos.

- Se debería hacer más campañas de sensibilización para dar a conocer y promover este derecho.

- Se debería pasar encuestas a los niños para que sus opiniones sean tomadas en cuenta.

- Hacer más actividades en las que participe todo el mundo.

- Apertura de nuevos colegios.

- Se pueden hacer aplicaciones para que la gente opine y participe diciendo qué se puede mejorar.

- Tiene que mejorar la eficacia de la participación, porque desde que damos una idea hasta que la hacen, pasa mucho tiempo. Se debería tomar esto más en serio.

- Hacer más debates.

Y como conclusiones finales creemos:

- Todos tenemos los mismos derechos por lo que todo el mundo tiene derecho a participar.

- Pensar globalmente y actuar localmente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2017.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Fomento

181/000489

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Teodoro García Egea


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Texto:

¿Qué actuaciones está acometiendo el Gobierno para la llegada del AVE a Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Teodoro García Egea, Diputado.

181/000490

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Antonio González Terol

Texto:

¿Qué alcance tiene el estudio informativo de la variante de Fuente el Fresno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Antonio González Terol, Diputado.

181/000491

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Antonio González Terol

Texto:

¿Qué alcance tiene el proyecto de remodelación del enlace de la A-6 con la M-40 y nuevas conexiones con la A-6?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Antonio González Terol, Diputado.

181/000492

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Tristana María Moraleja Gómez

Texto:

¿Qué actuaciones se van a acometer en Perillo (Oleiros) para mejorar la permeabilidad transversal y la seguridad vial de la AC-12?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Tristana María Moraleja Gómez, Diputada.


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181/000493

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Óscar Gamazo Micó

Texto:

¿Qué obras se están acometiendo para la mejora del acceso sur al Puerto de Gandía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Óscar Gamazo Micó, Diputado.

181/000494

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Carmen Navarro Lacoba

Texto:

¿Qué avances se han producido en la autovía A-33?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.

181/000495

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Carolina España Reina

Texto:

¿Qué avances se han producido en el acceso norte vial al aeropuerto de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Carolina España Reina, Diputada.

181/000496

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez

Texto:

¿Mantiene el Ministerio de Fomento la intención de aprobar mediante real decreto las medidas urgentes anunciadas el pasado 1 de septiembre en relación a los sectores del taxi y de alquiler de vehículos


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con conductor entre las que se incluía la prohibición de la transmisión de autorizaciones en los dos primeros años desde su otorgamiento o la creación de registros electrónicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.

181/000497

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez

Texto:

¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para reducir la elevadísima siniestralidad que sufre la N-122 a la entrada a la ciudad de Valladolid a su paso por la Cistérniga, punto negro calificado como el más peligroso del país de acuerdo con el informe anual de la asociación europea de automovilistas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.

181/000498

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno aprovechar la nueva línea de alta velocidad Alicante-Murcia, que lleva varios años en construcción, ha costado varios cientos de millones de euros y ha aparecido reiteradas veces en prensa (la última esta semana con la fuerte oposición vecinal a las obras de acceso a Murcia) para los servicios de cercanías entre Alicante y Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

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