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BOCG. Senado, apartado III, núm. 317-2408, de 14/12/2018
cve: BOCG_D_12_317_2408
 


III. Autorizaciones

Acuerdo del Gobierno, adoptado en la reunión del Consejo de Ministros del día 7 de diciembre de 2018, por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019, y de documentación complementaria.
Texto remitido por el Gobierno
702/000005


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 11 de diciembre de 2018, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.

702/000005

AUTOR: GOBIERNO

Remisión del Acuerdo del Gobierno, adoptado en la reunión del Consejo de Ministros del día 7 de diciembre de 2018, por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019, y de documentación complementaria.

ACUERDO:

Trasladar a la Comisión de Presupuestos y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Senado, 11 de diciembre de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado.

Excmo. Sr.:

Tengo el honor de remitir a V.E., en cumplimiento de lo acordado en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 7 de diciembre de 2018, y conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019.

Al Acuerdo del Consejo de Ministros se acompaña la siguiente documentación:

• Memoria del Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019.

• Recomendación del Consejo de la Unión Europea, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España.

• Informe de situación de la economía española, 2018.

• Certificado del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

• Certificado de la Secretaria de la Comisión Nacional de Administración Local.

Madrid, 7 de diciembre de 2018.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla Martos.

ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2019-2021

Exposición:

El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativo al «Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas» señala en su apartado primero que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Asimismo, el apartado segundo establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en su artículo 12, la cual será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.

En cumplimiento de ese mandato el Gobierno aprobó el 20 de julio Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para 2019. Este Acuerdo fue objeto de remisión a las Cortes Generales, siendo rechazado por el Congreso de los Diputados el 27 de julio de 2018.

El artículo 15 de la citada Ley Orgánica 2/2012 establece que si el Congreso de los Diputados rechaza los objetivos, el Gobierno remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

En cumplimiento del mandato anterior y siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda remitió propuesta de objetivos para el periodo 2019-2021 al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 22 de agosto de 2018, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiéndose remitido también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 23 de agosto de 2018.

De conformidad con el apartado tercero del artículo 15 de la citada Ley Orgánica, en la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido.

Por otro lado, por el ya citado Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 se fijó el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado en 2019 en 125.064 millones de euros, parámetro que ya fue aprobado entonces por el Consejo de Ministros, y al que, por tanto, se remite el presente Acuerdo.

Al presente Acuerdo se acompaña el informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad del Reino de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea, tal como establecen los apartados cuarto y quinto del artículo 15 de la citada Ley.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 7 de diciembre de 2018,

ACUERDA

1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo I que se acompaña.

2. El objetivo de deuda pública de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el Anexo II que se acompaña.

3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española que se recoge en el Anexo III. La Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo, para que el Congreso de los Diputados y el Senado se pronuncien aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno, tal y como se establece en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. Este acuerdo de Consejo de Ministros se acompaña de un informe en el que se evalúa la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

5. El límite de gasto no financiero del Estado en 2019 será el fijado en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de julio de 2018, por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para 2019.

Elévese al Consejo de Ministros.

Madrid, 7 de diciembre de 2018.—La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

El Consejo de Ministros aprobó la presente propuesta en su reunión del día 7 de diciembre de 2018.—La Ministra Secretaria.

ANEXO I

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2019-2021

Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010

(En porcentaje del PIB)

2019 2020 2021
Administración Central -0,4 -0,1 0,0
Comunidades Autónomas -0,3 -0,1 0,0
Entidades Locales 0,0 0,0 0,0
Seguridad Social -1,1 -0,9 -0,4
Total Administraciones Públicas -1,8 -1,1 -0,4

ANEXO II

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA EL PERIODO 2019-2021 (*)

(Deuda PDE en porcentaje del PIB)



2019 2020 2021
Administración Central y Seguridad Social 70,1 68,9 67,2
Comunidades Autónomas 23,7 23,0 22,2
Entidades Locales 2,3 2,2 2,1
Total Administraciones Públicas 96,1 94,1 91,5

* Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante los respectivos ejercicios, siempre que no se destine a financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo. A efectos del cumplimiento de estos objetivos, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda.

ANEXO III

REGLA DE GASTO PARA EL PERIODO 2019-2021

Tasa de referencia nominal

(% variación anual)

2019 2020 2021
2,7 2,9 3,1

ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS

POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL PERÍODO 2019-2021

MEMORIA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

2. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA 2019-2021.

3. REGLA DE GASTO.

1. INTRODUCCIÓN

El presente Acuerdo de Consejo de Ministros se circunscribe al siguiente contexto normativo.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPySF) constituye en España una norma esencial que da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea. Conforme a esta Directiva, los marcos presupuestarios son el conjunto de disposiciones, procedimientos, normas e instituciones que establecen la base de las políticas presupuestarias de las Administraciones Públicas, en particular, los procedimientos presupuestarios, comprendidas las normas procedimentales que sostienen todas las etapas del proceso presupuestario.

Una de las piedras angulares del marco reforzado de supervisión presupuestaria de la Unión es la existencia de reglas presupuestarias numéricas sólidas, específicas para cada Estado miembro y conformes con los objetivos presupuestarios a nivel de la Unión.

Si bien la aprobación de la ley de presupuesto anual se caracteriza por ser la etapa primordial del proceso presupuestario, gran parte de las medidas y decisiones adoptadas en ese marco tienen implicaciones presupuestarias que van mucho más allá del ciclo presupuestario anual. A fin de integrar la perspectiva plurianual en el marco de supervisión presupuestaria de la Unión, la planificación de la ley de presupuesto anual debe basarse en una planificación plurianual derivada del marco presupuestario a medio plazo.

Las disposiciones del marco de supervisión presupuestaria establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, son aplicables al conjunto de las administraciones públicas, que comprenden los subsectores de la administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y seguridad social, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.

Así, en este contexto, el artículo 15 de la LOEPySF recoge el procedimiento para el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, señalando que corresponde al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores.

En cumplimiento de ese mandato el Gobierno aprobó el 20 de julio Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para 2019. Este Acuerdo fue objeto de remisión a las Cortes Generales, siendo rechazado por el Congreso de los Diputados el 27 de julio de 2018.

El artículo 15 de la citada Ley Orgánica 2/2012 establece que si el Congreso de los Diputados rechaza los objetivos, el Gobierno remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de Comunidades Autónomas y de Entidades Locales, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda remitió la propuesta de objetivos para el periodo 2019-2021, al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 22 de agosto de 2018, de conformidad con el artículo 15 de la LOEPySF, habiéndose remitido también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 23 de agosto de 2018.

De conformidad con el apartado tercero del citado artículo, en la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido.

Además de lo anterior, la LOEPySF establece que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto. El artículo 12 señala que ésta será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus presupuestos.

Por otro lado, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 se fijó el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado en 125.064 millones de euros, parámetro ya aprobado entonces por el Consejo de Ministros, al que se remite el Acuerdo al que acompaña la presente Memoria.

El Acuerdo del Gobierno en el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública debe remitirse a las Cortes Generales acompañado del informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como de las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea, tal como establece el citado artículo 15.

2. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA 2019-2021

La senda de consolidación fiscal para el periodo 2018-2021 recogida en la Actualización del Programa de Estabilidad y del Plan Presupuestario 2018 remitida a Bruselas en el mes de abril fijaba unos objetivos de déficit del 2,2 por ciento, 1,3 por ciento y 0,5 por ciento y un superávit de 0,1 por ciento para 2018, 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

El esfuerzo que requiere el sometimiento a unos objetivos tan exigentes, así como las dudas manifestadas por diversos organismos nacionales e internacionales acerca del cumplimiento de los objetivos previstos, junto con la imposibilidad de alcanzar el crecimiento sostenible de la economía y el impulso a las actuaciones de carácter social que constituyen la prioridad de las políticas públicas, han motivado la modificación de la senda de consolidación contenida en el Programa de Estabilidad.

Este nuevo escenario más flexible que ha sido negociado con la Comisión Europea, se adapta en mayor medida a la realidad económica y garantiza una política fiscal sostenible y un crecimiento económico más social basado en el Estado del bienestar.

La nueva senda fiscal prevista para el periodo 2018-2021 refleja el compromiso del Gobierno con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al continuar con el proceso de reducción del déficit público, que permitirá terminar el año por debajo del 3 por ciento del PIB, y es compatible con una recuperación económica sostenible y la orientación social de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Conforme a lo anterior, para el periodo 2019-2021 se fijan los siguientes objetivos, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores:

Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-2010

(en porcentaje del PIB)



2019 2020 2021
Administración Central -0,4 -0,1 0,0
Comunidades Autónomas -0,3 -0,1 0,0
Entidades Locales 0,0 0,0 0,0
Seguridad Social -1,1 -0,9 -0,4
Total Administraciones Públicas -1,8 -1,1 -0,4

Por lo que se refiere a los objetivos de deuda pública para el periodo 2019-2021, se fijan los siguientes para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores:

Deuda PDE en porcentaje del PIB (*)

2019 2020 2021
Administración Central y Seguridad Social 70,1 68,9 67,2
Comunidades Autónomas 23,7 23,0 22,2
Entidades Locales 2,3 2,2 2,1
Total Administraciones Públicas 96,1 94,1 91,5

* Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante los respectivos ejercicios, siempre que no se destine a financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo. A efectos del cumplimiento de estos objetivos, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda.

3. REGLA DE GASTO

La regla de gasto se define en el artículo 12 de la LOEPySF. Así, según su apartado primero, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Esta regla se completa con el mandato de su apartado quinto, según el cual, los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.

El Ministerio de Economía y Empresa, según lo previsto en la Ley, ha calculado la tasa de referencia (tasa nominal) de crecimiento de la economía española, obteniendo las siguientes magnitudes:

Tasa de referencia nominal

(% variación anual)

2019 2020 2021
2,7 2,9 3,1

No obstante, para aquellas administraciones públicas que tengan un plan económico-financiero en vigor, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en el correspondiente plan.

INFORME DE SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

ESPAÑA

2018

Julio de 2018

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

2. ENTORNO ECONÓMICO Y PREVISIONES.

2.1. Contexto internacional.

2.2. Evolución reciente de la economía española.

2.3. Escenario macroeconómico 2018-2021.

2.4. Posición cíclica de la economía española.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley de Estabilidad Presupuestaria), regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas —Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social— consiguiendo, de este modo, una mayor coherencia en la regulación jurídica, mayor claridad en la Ley e igualdad en las exigencias presupuestarias entre las diferentes Administraciones Públicas.

Esta Ley establece en su artículo 15.5 que el Ministerio de Economía y Competitividad (actualmente Ministerio de Economía y Empresa) elaborará un informe anual, previa consulta al Banco de España y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea (CE), en el que se especifique, por una parte, la tasa de referencia de crecimiento de la economía española a la que se refiere el artículo 12.3 de la Ley de Estabilidad y, por otra, se valore la situación económica prevista para cada uno de los años a los que se refiere el informe. En cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Economía y Empresa elabora, por séptimo año consecutivo, este informe.

El Informe de Situación de la Economía Española contiene un escenario macroeconómico de horizonte plurianual que especifica, entre otras variables, la evolución prevista para el Producto Interior Bruto (PIB), la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía española y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones Públicas, distribuido entre sus subsectores.

En lo que respecta al contexto internacional, el crecimiento de la economía mundial se situó en 2017 en el 3,7 %, superior en medio punto al del año precedente y el más elevado desde 2011, si bien a mediados de 2018 se observa un crecimiento menos generalizado, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Los principales organismos internacionales prevén tasas de crecimiento del PIB mundial próximas al 4 % para este año y el próximo, sustentadas en las favorables expectativas empresariales, unas condiciones financieras acomodaticias y el impacto positivo de la reforma fiscal de Estados Unidos. No obstante, persisten riesgos a la baja, entre los que destacan la escalada de tensiones comerciales, que pueden afectar a la recuperación económica y a las perspectivas de crecimiento a medio plazo, así como los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política.

Respecto a la economía española, un rasgo común de las proyecciones de los principales organismos nacionales e internacionales, es la revisión al alza o el mantenimiento del crecimiento del PIB real en 2018 y 2019, con un diferencial positivo de crecimiento respecto a la zona euro en los próximos años. En consonancia con las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, el escenario macroeconómico que se presenta en este informe supone un crecimiento del PIB real para 2018 y 2019 del 2,7 % y del 2,4 %, respectivamente, igual al proyectado en el Escenario de la Actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021, si bien se introducen cambios en la composición, en línea con la evolución de los indicadores publicados y la información disponible en los últimos meses. Para 2020 y 2021 se prevén tasas de crecimiento ligeramente más moderadas que las incluidas en el Programa de Estabilidad (2,2 % y 2,1 %, frente al 2,3 % para ambos ejercicios, según el Programa). Esta ligera revisión a la baja del crecimiento del PIB real en 2020 y 2021 respecto a lo previsto en el Programa de Estabilidad, se ha debido principalmente al menor crecimiento de las exportaciones derivado a su vez de la revisión a la baja del crecimiento de la economía mundial y, en particular, de la zona euro. Estas proyecciones se fundamentan en la continuación del proceso de creación de empleo y en las ganancias de competitividad, en un contexto de tipos de interés reducidos y en un entorno exterior de robusto crecimiento. No obstante, la economía española continúa adoleciendo de ciertos desequilibrios que podrían amenazar la actual senda de crecimiento económico si no continúa la senda de corrección de los últimos años, así como ciertas debilidades estructurales que lastran el crecimiento potencial de la economía española. Por un lado, los principales desequilibrios, de tipo stock, a los que se enfrentaría la economía española serían los elevados niveles de desempleo, deuda pública y privada y deuda externa. Por otro lado, en relación con las principales debilidades es posible destacar tanto los significativos niveles de desigualdad social que son consecuencia de una larga y profunda crisis económica y de un mercado laboral disfuncional, como las reducidas tasas de crecimiento de la productividad.

En relación con el patrón de crecimiento, éste seguirá siendo sostenible y equilibrado, con aportaciones positivas, aunque decrecientes, durante todo el horizonte de proyección tanto de la demanda nacional como de la demanda externa neta, determinada esta última por el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios, debido a la mejora de los mercados de exportación españoles y a las ganancias de competitividad acumuladas durante los últimos años. Para conseguir aumentar o retener estas ganancias de competitividad, la evolución salarial en la economía española juega un papel esencial, en especial en comparación con la evolución de los salarios en los principales países de la Eurozona. La inversión y las exportaciones se consolidan como las partidas más dinámicas del PIB, con el consiguiente efecto favorable sobre el crecimiento de la economía española. Como resultado, la economía española presentará capacidad de financiación frente al resto del mundo durante todo el horizonte de proyección.

2. ENTORNO ECONÓMICO Y PREVISIONES

2.1. Contexto internacional

El crecimiento de la economía mundial se situó en 2017 en el 3,7 %, tasa superior en medio punto a la del año precedente y la más elevada desde 2011, si bien desde mediados de 2018 se observa un crecimiento menos generalizado, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Las economías avanzadas experimentaron una notable aceleración el pasado año, impulsadas principalmente por la inversión, en un contexto de políticas monetarias acomodaticias, balances más saneados y mejores expectativas empresariales. Las economías emergentes intensificaron el ritmo de crecimiento, impulsadas principalmente por la evolución del consumo privado y, en menor medida, de la inversión. Sin embargo, alguna de estas circunstancias exógenas, precios del petróleo y políticas monetarias acomodaticias, tan positivas para el crecimiento económico de los países desarrollados, en general, y para la economía española, en particular, podrían empezar a cambiar.

En este contexto, la OCDE, en el Informe de perspectivas económicas publicado en mayo de 2018, preveía tasas de crecimiento para la economía mundial en 2018 y 2019 del 3,8 % y 3,9 %, respectivamente. Las proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo (BCE), actualizadas en junio, apuntaban a una aceleración del PIB mundial, excluida la zona euro, de dos décimas en 2018, hasta el 4 %, y a una ligera desaceleración en 2019, hasta el 3,9 %.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Informe de perspectivas de la economía mundial publicado en julio de este año, que actualiza las previsiones de abril, mantiene su previsión de crecimiento para el PIB mundial en 2018 y 2019 en el 3,9 %, sustentado en las favorables expectativas empresariales, condiciones financieras acomodaticias e impacto positivo de la reforma fiscal de Estados Unidos, pero prevé una expansión menos generalizada. En cuanto a los riesgos, según el FMI, están sesgados a la baja, tanto en el corto como en el medio plazo. Entre los riesgos a la baja, destaca la escalada de tensiones comerciales, que pueden afectar a la recuperación económica y a las perspectivas de crecimiento a medio plazo, por su impacto directo sobre la asignación de recursos y la productividad, así como por su efecto negativo sobre la incertidumbre y la inversión. Asimismo, podría aumentar la volatilidad de los mercados financieros debido a las tensiones comerciales, los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política. Unas condiciones financieras más restrictivas podrían provocar movimientos bruscos en los tipos de cambio y caídas adicionales de las entradas de capital en los países emergentes con fundamentos más débiles o mayores riesgos políticos.



En la zona euro, la recuperación económica continúa, si bien a un ritmo más moderado que en 2017, año que se cerró con un crecimiento medio anual del 2,5 %, el más elevado de los últimos diez años, debido al dinamismo de la demanda interna y a la mejora de la demanda externa. En el primer trimestre de 2018, el crecimiento del PIB real de la zona euro se ha moderado, tres décimas tanto en términos intertrimestrales como interanuales, anotando tasas del 0,4 % y del 2,5 %, respectivamente.

En este contexto, la OCDE prevé tasas de crecimiento para la zona euro del 2,2 % en 2018 y del 2,1 % en 2019, similares a las previstas por la Comisión Europea (CE) en sus Previsiones de Verano publicadas en julio (2,1 % y 2 %, respectivamente). Por su parte, el BCE, en la última actualización de sus previsiones publicadas en junio, revisaba tres décimas a la baja el crecimiento de la Eurozona en 2018, hasta el 2,1 %, y mantenía el de 2019 en el 1,9 %. En la misma línea, el FMI ha revisado en julio el crecimiento de la zona euro a la baja tanto para 2018 como para 2019, dos y una décima, hasta el 2,2 % y 1,9 %, respectivamente.

Por países, dentro de la zona euro, se observa una ligera desaceleración en la evolución de la actividad en Alemania, Francia e Italia para el 2018 y 2019, de acuerdo con los principales organismos: OCDE, FMI y Comisión Europea.

Para Alemania, el FMI prevé un crecimiento del PIB del 2,2 % en 2018, ligeramente superior a lo previsto por la OCDE (2,1 %), y para 2019 del 2,1 %, tasa que coincide con la prevista por la OCDE. Por su parte, la Comisión Europea proyecta en sus Previsiones de Verano tasas para el PIB de Alemania del 1,9 % tanto este año como el próximo.

En el caso de Francia, la OCDE proyecta una ligera desaceleración del PIB en 2018, desde el 2,3 % de 2017 hasta el 1,9 %, tasa esta última que se mantendría en 2019. Estas tasas son ligeramente superiores a las previstas por el FMI, 1,8 % y 1,7 %, y por la Comisión Europea (1,7 % los dos años).

Para Italia, la OCDE prevé una tasa de crecimiento del PIB real en el entorno del 1,5 % en 2018, seguida de una desaceleración en 2019, y el FMI y la Comisión Europea han revisado a la baja el crecimiento esperado para los dos años, hasta tasas ligeramente superiores al 1 %.

Fuera de la zona euro, el favorable comportamiento de las principales economías avanzadas fue generalizado en 2017. En el primer trimestre de 2018, se ha observado una desaceleración de la economía británica, tres décimas hasta el 0,1 % intertrimestral, previendo la CE que la ralentización continúe en 2018 y 2019, anotando el PIB tasas de crecimiento del 1,3 % y 1,2 %, respectivamente, similares a la previstas por la OCDE. Esta evolución vendría determinada por el menor dinamismo del consumo privado y, sobre todo, de la inversión, en un contexto de elevada incertidumbre asociada a los efectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Por su parte, el FMI prevé tasas del 1,4 % y 1,5 %.

En Estados Unidos, tras incrementarse el crecimiento del PIB en 2017, ocho décimas hasta el 2,3 %, los principales organismos internacionales esperan que mantenga el impulso en 2018 y 2019. Así, la OCDE prevé tasas del 2,9 % y del 2,8 % respectivamente, debido, en gran medida, a las medidas de estímulo fiscal adoptadas, si bien su impacto se considera de carácter transitorio. En particular, el FMI, cuyas previsiones son similares a las de la OCDE, destaca la influencia favorable de la reforma del impuesto sobre sociedades, que podría ir más allá de la economía de Estados Unidos y extenderse a otros países desarrollados. No obstante, persiste una elevada incertidumbre en relación con el alcance geográfico y los efectos de las medidas proteccionistas.

Respecto a las principales economías emergentes, los principales organismos internacionales esperan que el crecimiento de China retome el perfil de suave moderación este año y el próximo, hasta situarse según previsiones del FMI en el 6,6 % y el 6,4 %, respectivamente, tasas similares a las proyectadas por la OCDE. Para India y Brasil, el FMI y la OCDE prevén una recuperación este año y el próximo, y para Rusia esperan una recuperación en 2018, seguida de una desaceleración en 2019.

2.2. Evolución reciente de la economía española

La economía española prolongó en 2017 la senda expansiva iniciada a finales de 2013, encadenando cuatro años consecutivos de fuerte crecimiento, los tres últimos con tasas superiores al 3 %, y recuperando los niveles de renta real previos a la crisis. Este dinamismo se ha prolongado en el primer trimestre de 2018, anotando el PIB un avance intertrimestral del 0,7 %, igual al de los dos trimestres anteriores. En términos interanuales, el PIB creció en el primer trimestre del año el 3 %, una décima menos que en el cuarto trimestre de 2017 y por encima de la media de la zona euro (2,5 %).

El patrón de crecimiento se mantiene equilibrado, con aportaciones positivas al avance del PIB tanto de la demanda nacional como de la demanda externa neta. La demanda nacional se consolida como principal motor del crecimiento, aportando en el primer trimestre de 2018 2,8 pp al avance interanual del PIB, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior, y la demanda externa neta 0,2 puntos, frente a la contribución ligeramente negativa (-0,1 puntos porcentuales) del último trimestre del pasado año.

Entre los componentes de la demanda nacional, el gasto en consumo final privado en volumen creció en el primer trimestre a una tasa interanual del 2,8 %, superior en tres décimas al del trimestre anterior, impulsado por el favorable comportamiento del empleo y de las condiciones financieras, así como por la mejora de la confianza de los consumidores y de su situación patrimonial.

El gasto en consumo final de las AAPP en volumen, tras cerrar el pasado año con un crecimiento medio anual del 1,6 %, experimentó en el periodo enero-marzo de 2018 un incremento interanual del 1,9 %, inferior en medio punto al del último trimestre de 2017.

A la expansión de la demanda nacional también ha contribuido la inversión en capital fijo, que creció en 2017 con intensidad, impulsada por el aumento de la demanda interna y externa, así como por las favorables condiciones financieras, la reducción del endeudamiento de las sociedades no financieras, las favorables expectativas empresariales y la necesidad de reponer inversiones realizadas antes de la crisis y las positivas perspectivas económicas. Esta variable experimentó el pasado año un incremento medio anual del 5 %, superior en 1,7 puntos al del año anterior. La intensificación en el ritmo de avance se ha trasladado a sus principales componentes, en particular, a la inversión en equipo, que cerró el año 2017 con un incremento anual del 6,1 %, recuperando los niveles previos a la crisis. Por su parte, la inversión en construcción creció el 4,6 %. En el primer trimestre de 2018, se ha desacelerado la inversión en equipo, 5,5 puntos hasta una tasa interanual del 2,2 %, y la inversión en construcción ha crecido a un ritmo del 4,7 %, similar al del trimestre precedente.

Otro rasgo a destacar de la economía española es la prolongación del proceso de desapalancamiento del sector privado, que ha reducido su deuda en más de 60 puntos de PIB desde el máximo alcanzado a mediados de 2010 hasta principios de 2018. En relación con la deuda privada consolidada del sector privado, ésta se ha reducido 67 puntos de PIB desde el máximo alcanzado a mediados de 2010, situándose en el 135,9 % del PIB en el primer trimestre de 2018. A pesar de ello, el nivel de deuda privada consolidada permanece por encima del umbral del 133 % que establece el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómico de la Comisión Europea. Asimismo, a nivel de sectores institucionales, desde el máximo nivel de deuda privada alcanzado a mediados de 2010, aproximadamente 2/3 de la reducción se ha debido al desapalancamiento de las sociedades no financieras mientras que únicamente 1/3 de la reducción ha correspondido al desapalancamiento de los hogares. Por otro lado, el desapalancamiento de las sociedades no financieras y de los hogares está siendo compatible con el dinamismo del crédito, registrando las nuevas operaciones a hogares y a PYMES (utilizando como proxy de los créditos a PYMES los inferiores a un millón de euros) incrementos anuales el pasado año del orden del 8,7 % y del 8,2 %, respectivamente. Esta evolución vendría coadyuvada por las políticas monetarias expansivas llevadas a cabo por el BCE.

Respecto al sector exterior, la demanda externa neta aportó 0,3 puntos al crecimiento anual del PIB en 2017 y, en el primer trimestre de este año, la contribución ha sido de 0,2 puntos, superior en 0,3 puntos a la del cuarto trimestre del pasado año. Esta evolución se debe en gran medida al favorable comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios, que se incrementaron en 2017 el 5 % en términos reales, tasa superior en dos décimas a la de 2016, mientras que las importaciones reales se aceleraron dos puntos, hasta el 4,7 %, en línea con el mayor dinamismo de la demanda final. En el primer trimestre de 2018, las exportaciones moderaron el ritmo de crecimiento 1,2 puntos, hasta el 3,2 %, y las importaciones pasaron de una tasa del 5,2 % en el cuarto trimestre de 2017 al 2,8 % en el primero de este año. La robustez de las exportaciones se explica, en gran medida, por las ganancias de competitividad acumuladas en los últimos años, así como por el dinamismo de nuestros mercados de exportación y por la ampliación de la base exportadora.

El sólido crecimiento de la economía española está siendo compatible con el avance en la corrección de los desequilibrios exteriores, que se ha visto favorecido en los últimos años por los reducidos precios del petróleo. Según cifras de Balanza de Pagos, la economía española generó el pasado año una capacidad de financiación frente al exterior equivalente al 2,13 % del PIB, muy similar a la de 2016 (2,16 % del PIB), acumulando seis años consecutivos de capacidad de financiación, lo que permite seguir reduciendo el endeudamiento exterior de nuestra economía. La práctica estabilización de la capacidad de financiación de la economía española en 2017 se ha reflejado tanto en el saldo de la balanza por cuenta corriente como en la de capital, que han registrado superávits del 1,9 % y 0,2 % del PIB, respectivamente, iguales a los del año anterior. A su vez, en la balanza por cuenta corriente, el superávit de bienes y servicios se redujo ligeramente, una décima de PIB hasta situarse en el 2,9 %, mientras que el déficit de rentas primarias y secundarias se moderó una décima, hasta el 1 % del PIB. En el primer cuatrimestre de este año, la economía española ha empeorado el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, desde un superávit de 1.169 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2017 hasta un déficit de 2.139 millones, debido al mayor déficit de rentas primaria y secundaria y al menor superávit de bienes y servicios, parcialmente compensados por el mayor superávit de capital. El saldo deudor de la posición neta de inversión internacional y la deuda externa española se situaban en el primer trimestre de 2018 en el 81,3 % y el 166,7 % del PIB, respectivamente, porcentajes inferiores a los del mismo periodo del año anterior (84,2 % y 169,1 % del PIB). A pesar de la positiva evolución, la actual posición deudora neta inversora internacional se encuentra significativamente por encima del umbral del 35 % fijado en el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos de la Comisión Europea. Por consiguiente, dicha posición continúa suponiendo un desequilibrio para la economía española y, por ende, una potencial amenaza para el crecimiento económico, dado que el saldo corriente superavitario se ha consolidado como un importante pilar en la evolución de la economía española.

En lo que respecta al mercado de trabajo, se prolonga la senda de recuperación iniciada en 2013, creándose empleo en los últimos tres años a un ritmo anual próximo al 3 %, similar al del PIB, y reduciéndose la tasa de paro en más de dos puntos por año. Según cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de ocupados se incrementó en 2017 en 483.300 personas, lo que supone la quinta parte del empleo total creado en el conjunto de la zona euro, y el paro se redujo en casi 564.000 personas en media anual, reducción similar a la de 2016. Esta favorable evolución del mercado de trabajo ha continuado en el periodo enero-junio de 2018, como reflejan las cifras de afiliados a la Seguridad Social, que anotaron un incremento interanual del 3,2 %, y las del paro registrado, que descendió el 6,9 %. Por su parte, los datos de la EPA del primer trimestre de 2018 reflejan un ritmo de crecimiento interanual de la ocupación más moderado, del 2,4 %, concentrándose la mayor parte de la creación de empleo en el sector privado, en las principales ramas no agrarias y en el empleo a tiempo completo. El número de parados, según la EPA, continúa reduciéndose a tasas interanuales de dos dígitos y la tasa de paro se sitúa en el 16,7 % de la población activa, dos puntos inferior a la un año antes. No obstante, el nivel de ocupación continúa por debajo del de antes de la crisis (casi 1,9 millones de ocupados menos) y el nivel de paro se sitúa por encima (más de dos millones de parados más). Asimismo, a final del año 2017, la tasa de desempleo juvenil (menores de 25 años) se situaba todavía en el 38,6 % y los parados de larga duración (más de 12 meses consecutivos en paro) ascendían a más de 1,7 millones de trabajadores, por lo que se observa que la creación de empleo y el crecimiento económico deben seguir reduciéndose para que los beneficios alcancen a toda la sociedad. Por consiguiente, estos datos reflejan un mercado laboral todavía alberga ciertas rigideces e inconsistencias, cuyas repercusiones no solamente lastran el crecimiento a largo plazo, si no que conllevan significativos problemas en materia de desigualdad social.

Todo ello ha tenido lugar en un entorno caracterizado por la estabilidad de precios. La tasa interanual del IPC, tras aumentar hasta el 3 % a principios de 2017 debido principalmente a la aceleración de los precios energéticos, se fue moderando paulatinamente hasta situarse en diciembre en el 1,1 %. En el conjunto del pasado ejercicio, los precios de consumo aumentaron en media anual el 2 %, después de tres años consecutivos de descensos (-0,2 % en 2016), y la inflación subyacente se incrementó tres décimas, hasta el 1,1 %. En los primeros seis meses de 2018, la inflación se ha mantenido contenida, situándose la tasa de variación media anual del IPC general en el 1,4 % y la de la subyacente, en el 1 %.

2.3. Escenario macroeconómico 2018-2021

El Cuadro 1 recoge las hipótesis externas en las que se fundamenta el Escenario Macroeconómico que acompaña a la presente Actualización del Informe de Situación de la Economía Española. Estos supuestos se basan, principalmente, en las hipótesis incluidas en las más recientes de la Comisión Europea, disponibles hasta el año 2019, en previsiones del BCE y en estimaciones propias del Ministerio de Economía y Empresa.

Según las proyecciones macroeconómicas del BCE, publicadas en junio de 2018, el PIB de la economía mundial, excluida la zona euro, crecerá el 4,0 % en 2018 y el 3,9 % en 2019, previéndose tasas ligeramente más moderadas para 2020 y 2021. El crecimiento esperado para la zona euro en 2018 se revisa a la baja respecto a lo estimado en el escenario macroeconómico que acompañó a la Actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021, tres décimas hasta el 2,1 %, y una décima en el resto del horizonte de proyección, hasta el 1,9 % en 2019 y el 1,7 % en 2020 y 2021, en un contexto de persistencia de la incertidumbre a medio plazo asociada a la salida del Reino Unido de la UE y a las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Cuadro 1. Hipótesis de la proyección
Variación anual en %, salvo indicación en contrario

Los tipos de interés a corto plazo se prevé que se mantengan relativamente estables y en terreno negativo hasta 2019, con tipos de interés positivos y crecientes en los dos últimos años del periodo de previsión, en consonancia con la gradual normalización de la política monetaria en la zona euro. Se revisa ligeramente a la baja el Euribor a tres meses al final del periodo, respecto a lo estimado en abril de este año. Por su parte, los tipos de interés a largo plazo aumentan gradualmente durante el periodo de proyección, situándose la rentabilidad de la deuda pública española a diez años en el 1,6 % en 2018, similar a la de 2017, y aumentando progresivamente a partir de 2019 hasta alcanzar el 2,6 % al final del periodo.

Respecto a los precios de las materias primas, el precio del petróleo Brent ha pasado de cotizar por debajo de los 45 dólares por barril a mediados del pasado año a situarse en el entorno de los 67 dólares a finales de 2017, cerrando el año con un precio medio anual de 54,2 dólares por barril. En el periodo transcurrido de 2018, el precio del petróleo ha intensificado la tendencia ascendente, especialmente entre principios de abril y mediados de mayo, cuando llegó a superar los 80 dólares por barril. Como consecuencia, los precios del petróleo se revisan al alza un 10 % en 2018 y un 14,9 % en 2019 respecto a lo previsto en el Programa de Estabilidad, hasta situarse próximos a 75 dólares por barril los dos años. Para 2020 y 2021 se prevé un precio ligeramente inferior a los 70 dólares.

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, el euro se ha apreciado frente al dólar entre finales de 2016 y mediados de 2018 más de un 10 %, previéndose que se sitúe el tipo de cambio, en media anual, en 1,2 dólares por euro durante todo el periodo de proyección.

Respecto al crecimiento de los mercados de exportación, las proyecciones apuntan a una ligera desaceleración en el horizonte de previsión, en línea con las perspectivas sobre la evolución de la demanda de nuestros principales socios comerciales.

En el escenario macroeconómico que acompaña al presente Informe de Situación de la Economía Española, se mantiene la previsión de crecimiento del PIB real para 2018 y 2019 respecto de lo estimado en la última Actualización del Programa de Estabilidad, en el 2,7 % y 2,4 %, respectivamente, si bien se introducen cambios en la composición, en línea con la evolución de los indicadores recientemente publicados y la información disponible. El mantenimiento de la tasa de crecimiento del PIB real en el 2,4 % para 2019 se debe a una revisión del escenario inercial. El 2,3 % de crecimiento inercial esperado en 2019 según la última Actualización del Programa de Estabilidad se ha revisado al alza hasta el 2,6 %, en línea con el escenario macroeconómico y presupuestario bajo el supuesto de políticas constantes elaborado por la AIReF a petición del Consejo de Ministros. Añadiendo a ese crecimiento inercial revisado el impacto de las medidas de reducción del déficit previstas para 2019, se obtiene una previsión de crecimiento del 2,4 % para 2019. Para 2020 y 2021 se prevén tasas de crecimiento ligeramente más moderadas que las incluidas en el Programa de Estabilidad (2,2 % y 2,1 %, frente al 2,3 % para los dos años, según el Programa). Esta ligera revisión a la baja del crecimiento del PIB real en 2020 y 2021 respecto a lo previsto en el Programa de Estabilidad, se ha debido principalmente al menor crecimiento de las exportaciones derivado a su vez de la revisión a la baja del crecimiento de la economía mundial y, en particular, de la zona euro. Estas proyecciones se fundamentan en la continuación del proceso de creación de empleo, que se desacelera, en un contexto de tipos de interés reducidos, en unos precios del petróleo que se reducen en 2019 y 2020 para entonces mantenerse estables y en el crecimiento sostenido del PIB mundial. Todo ello, se traduce en aportaciones positivas, aunque decrecientes, tanto de la demanda nacional como de la demanda externa neta en el periodo de proyección.

En relación con la composición del PIB, se proyecta para el periodo 2018-2021 un patrón de crecimiento equilibrado. La demanda nacional se consolida como el principal motor de crecimiento, registrando una contribución de 2,5 puntos este año, superior en dos décimas a lo previsto en abril, de 2,2 puntos en 2019 y de 2 puntos al final del periodo de proyección. Por su parte, la demanda externa neta se revisa dos décimas a la baja este año y una décima el próximo, hasta situarse en 0,2 pp en los dos ejercicios, moderándose hasta 0,1 puntos al final del horizonte de previsión.

Cuadro 2. Escenario Macroeconómico 2018-2021
Variación anual en %, salvo indicación en contrario


2017 2018 2019 2020 2021
Gasto en consumo final nacional privado (a) 2,4 2,4 1,9 1,8 1,7
Gasto en consumo final de las AAPP 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2
Formación bruta de capital fijo 5,0 4,2 4,0 3,8 3,7
Bienes de equipo y activos cultivados 6,1 3,7 3,5 3,2 3,1
Construcción 4,6 5,1 4,8 4,6 4,5
Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB) 2,8 2,5 2,2 2,0 2,0
Exportación de bienes y servicios 5,0 4,7 4,5 4,2 3,8
Importación de bienes y servicios 4,7 4,6 4,2 3,9 3,7
Demanda exterior (contribución al crecimiento del PIB) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
PIB real 3,1 2,7 2,4 2,2 2,1
Deflactor del PIB 1,0 1,5 1,7 1,8 1,9
Deflactor del consumo privado 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7
Empleo total (b) 2,8 2,5 2,2 2,1 2,0
Tasa de paro (% población activa) 17,2 15,5 13,8 12,3 11,0
Cap(+)/Nec.(-) financiación de las AAPP (% PIB) -3,1 -2,7 -1,8 -1,1 -0,4
Cap(+)/Nec.(-) financiación frente al Resto del Mundo (% PIB) 2,0 1,6 1,5 1,4 1,3
(a) Hogares e ISFLSH. (b) Empleo equivalente a tiempo completo. Fuentes: INE y Ministerio de Economía y Empresa.


Entre los componentes de la demanda nacional, el crecimiento del consumo privado real previsto para 2018 se revisa cuatro décimas al alza respecto al escenario del Programa, hasta una tasa del 2,4 %, debido a un efecto arrastre positivo provocado por un dinamismo del consumo privado mayor de lo esperado en el primer trimestre del año, parcialmente contrarrestado por el impacto negativo sobre la renta de las familias de la subida de la inflación derivada de los mayores precios del petróleo. Para el resto del horizonte de previsión se prevé una desaceleración del consumo privado, de medio punto en 2019, hasta el 1,9 %, y de una décima en 2020 y 2021, hasta el 1,8 % y 1,7 %, respectivamente, debido, entre otros factores, al menor ritmo de creación de empleo y a la menor demanda embalsada. En un contexto de normalización gradual de la política monetaria en la zona euro, cabe esperar una paulatina recomposición de la tasa de ahorro de los hogares, tras situarse en mínimos históricos en 2017.

El ritmo de crecimiento del consumo público real se sitúa en el 1,5 % en 2018 y en el 1,4 % en 2019, tasas superiores en cuatro y dos décimas a las proyectadas en abril. Esta revisión al alza respecto a lo previsto en el Programa de Estabilidad. Esto se debe, lo cual se ha debido al aumento observado del consumo público durante los meses transcurridos del año 2018, que ha sido superior al esperado. Ello tiene un efecto arrastre en el resto de trimestres de 2018 y en 2019. Para 2020 y 2021 se prevé una ligera desaceleración del consumo público, hasta el 1,2 % los dos años, al igual que en el escenario del Programa de Estabilidad.

La inversión y las exportaciones son las variables más dinámicas del crecimiento, si bien sus tasas de crecimiento son inferiores a las incluidas en el escenario del Programa de Estabilidad. El crecimiento de la formación bruta de capital fijo se revisa a la baja en todo el horizonte de previsión, hasta situarse en 2018 y 2019 en el entorno del 4 % (4,7 % y 4,4 % en el Programa) y ligeramente por debajo al final del periodo. La revisión a la baja de la inversión en 2018 se debe, en buena medida, a la sorpresa negativa de la inversión en equipo en el primer trimestre de 2018. No obstante, la inversión en capital fijo mantendrá una senda expansiva, en línea con el crecimiento de la demanda final, en un contexto de favorables expectativas empresariales y de reducidos tipos de interés.

En lo relativo al sector exterior, las tasas de crecimiento de las exportaciones reales de bienes y servicios se revisan ligeramente a la baja en el periodo de previsión, situándose en el 4,7 % en 2018, en el 4,5 % en 2019 y en el entorno del 4 % en los dos últimos años. La ligera revisión a la baja del crecimiento de las exportaciones respecto a lo previsto en el Programa de Estabilidad se debe, en gran medida, a la moderación del crecimiento de la actividad en la zona euro, según previsiones del BCE. No obstante, las exportaciones continuarán siendo el componente más dinámico del PIB, debido a las ganancias de competitividad esperadas, a la ampliación de la base de empresas exportadoras y al dinamismo de nuestros mercados de exportación. Por su parte, las importaciones reales de bienes y servicios crecerán a tasas ligeramente inferiores a las de las exportaciones, situándose este año en el 4,6 % (4,1 % según el Escenario del Programa de Estabilidad), en línea con el mayor crecimiento previsto de la demanda nacional, y algo más moderadas a partir de 2019, en el entorno del 4 %.

En este contexto, la capacidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo se revisa a la baja respecto a lo estimado en el Programa de Estabilidad debido, principalmente, al incremento de los precios del petróleo, situándose en media en el 1,5 % del PIB en el periodo de previsión. Así, la economía española habrá acumulado en 2021 diez años consecutivos de capacidad de financiación y al mismo tiempo de sólido crecimiento, lo que refleja la sostenibilidad del patrón de crecimiento. Ello permitirá seguir reduciendo el endeudamiento externo, que continúa representando una de los principales desequilibrios de nuestra economía.

Entre finales de 2017 y finales de 2021 se crearán casi 1,7 millones de puestos de trabajo y la tasa de paro se reducirá progresivamente, aunque continuaría por encima del umbral del 10 % que fija el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos.

Bajo el supuesto de que los precios del petróleo aumenten un 37,5 % en 2018, caigan ligeramente en 2019 y 2020 y se estabilicen en 2021, la inflación se espera que se mantenga contenida durante el periodo de proyección. En relación con el año 2018, el deflactor del consumo privado alcanzaría una tasa del 1,7 % superior en tres décimas a la del escenario de abril, debido al incremento de los precios del petróleo. Por su parte, la tasa del deflactor del PIB se mantiene inalterada en 2018 respecto a la del Programa de Estabilidad, al compensarse el mayor deflactor del consumo privado con el empeoramiento de la relación real de intercambio. En el resto del horizonte de previsión, el deflactor del consumo privado crece en torno al 1,7 % y el del PIB registra tasas ligeramente superiores. La contención del nivel general de precios resulta clave a la hora de garantizar la competitividad-precio de los bienes y servicios españoles dentro de la Zona Euro y, en consecuencia, el mantenimiento de un saldo superavitario de la cuenta corriente.

Por otro lado, el Cuadro 3 refleja las previsiones más recientes publicadas por la Comisión Europea, el FMI, la OCDE y el Banco de España, que se han tomado como referencia en la elaboración de este Informe de Situación de la Economía Española.

Cuadro 3. Comparación de escenarios macroeconómicos 2018-2019
Variación anual en %, salvo indicación en contrario CE OCDE FMI BdE
Previsiones más recientes Previsiones mayo 2018 Previsiones más recientes Previsiones junio 2018
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO 2. Gasto en consumo final nacional privado (a) 3. Gasto en consumo final de las AA.PP. 4. Formación bruta de capital fijo 5. Variación de existencias (b) 6. Exportación de bienes y servicios 7. Importación de bienes y servicios 8. Demanda Nacional (b) (c ) 9. Demanda externa neta (b) 2,8 (5)2,4 (5) 2,3 1,9 1,9 1,3 4,6 3,9 0,0 0,0 5,0 4,7 4,7 4,5 2,6 2,2 0,2 0,2 2,82,4 2,3 1,8 1,2 1,1 4,4 4,3 0,1 0,0 4,6 4,5 4,2 4,2 2,6 2,2 0,3 0,2 2,8 (5)2,2 (5) 2,3 2,0 1,0 0,7 4,5 3,6 0,1 0,0 4,7 4,2 4,3 4,1 2,6 2,1 0,3 0,2 2,72,4 2,4 1,8 1,5 1,3 4,2 4,2 - - 4,6 4,8 4,5 4,6 2,5 2,2 0,2 0,2
Promemoria: 10. Cap(+)/Nec(-) financiación de la nación (% PIB) 11. Deflactor del PIB 12. Deflactor del consumo privado 13. Empleo total (d) 14. Tasa de Paro (% de la población activa) 15. Coste Laboral Unitario 16. Cap(+)/Nec(-) financiación de las AA.PP. (% PIB) 1,71,9

1,4 1,6 1,5 1,4 2,6 2,3 15,3 13,8 0,8 1,5 -2,6 -1,9
1,7 (1)1,7 (1) 2,0 1,5 2,0 1,6 2,2 (3) 2,0 (3) 15,5 13,8 0,8 (4) 1,2 (4) -2,4 -1,5 1,81,9 1,6 1,7 1,7 (2) 1,6 (2) 2,0 (3) 0,8 (3) 15,5 14,8 - - -2,5 -2,1 1,61,6 1,4 1,7 1,9 (2) 1,7 (2) 2,4 2,0 15,2 13,4 - - -2,7 -2,3
(1) Saldo de operaciones corrientes con resto del mundo. (2) Índice de Precios de Consumo. (3) Encuesta de Población Activa. (4) Definición OCDE: Remuneración de los asalariados por unidad de producto. (5) Previsiones Julio 2018. (a) Incluye a los hogares y a las ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). (b) Contribución al crecimiento del PIB. (c) En la OCDE y FMI: crecimiento anual de la demanda nacional. (d) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Fuentes: Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, OCDE y Banco de España.

La Comisión Europea, en sus Previsiones de Verano de 2018, estima un crecimiento del PIB real español para este año del 2,8 %, en línea con el FMI y la OCDE y ligeramente superior a lo previsto por el Banco de España (2,7 %). Para 2019, estos organismos coinciden en proyectar un crecimiento del 2,4 %, excepto el FMI, que prevé un avance del PIB ligeramente más moderado (2,2 %).

2.4. Posición cíclica de la economía española

Con objeto de analizar la situación cíclica de la economía española, el presente informe proporciona estimaciones del producto potencial y de la brecha entre la producción efectiva y la potencial (output gap), siguiendo la metodología de la función de producción utilizada por la Comisión Europea y acordada en el seno del Grupo de Trabajo del Output Gap. Al igual que en anteriores actualizaciones del Informe de Situación de la Economía Española, se han incorporado algunos cambios estadísticos con el fin de obtener estimaciones más precisas y consistentes con la situación cíclica de la economía española. En particular, se han utilizado las proyecciones de población publicadas por el INE, frente a las proyecciones de población de Eurostat.

El Cuadro 4 recoge las tasas de crecimiento observadas y previstas para el PIB real, el crecimiento del PIB potencial estimado hasta 2021 y las aportaciones al crecimiento potencial de sus principales determinantes y la evolución del output gap.

El PIB potencial, tras el mínimo alcanzado en 2013 y 2014, inicia en 2015 una senda expansiva, con unas tasas de crecimiento ligeramente positivas y crecientes, hasta conseguir situarse en el 1,6 % al final del horizonte de previsión. Esta evolución se debe en buena medida al perfil ascendente de la contribución del capital, y a la contribución de la productividad total de los factores (PTF). No obstante, el crecimiento del PIB potencial se mantendrá en tasas muy exiguas en torno al 1,5 %, poniendo de manifiesto los desequilibrios que arrastra la economía española. Un mayor crecimiento de la de la productividad total de los factores es indispensable para incrementar el crecimiento potencial de la economía española.

Cuadro 4. PIB potencial y output gap (1)
PIB real (Variación anual %) Función de Producción
PIB potencial (Variación anual %) Output gap (%) Contribuciones al crecimiento potencial
PTF Capital Empleo
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3,83,93,50,51,71,7 1,1 3,1 1,5 0,5 1,4 1,2 -3,6 1,3 -3,4 0,5 0,8 -0,1 0,0 1,4 -4,7 0,5 0,6 0,3 -1,0 0,8 -6,4 0,4 0,4 0,0 -2,9 -0,3 -8,9 0,3 0,2 -0,7 -1,7 -0,5 -10,0 0,2 0,1 -0,8 1,4 0,0 -8,8 0,2 0,1 -0,4

3,4 0,4 -6,0 0,3 0,2 -0,2 3,3 0,6 -3,5 0,5 0,3 -0,1 3,1 1,0 -1,5 0,6 0,3 0,1 2,7 1,0 0,1 0,6 0,4 0,0 2,4 1,3 1,2 0,6 0,5 0,2 2,2 1,4 2,0 0,6 0,5 0,3 2,1 1,6 2,5 0,6 0,6 0,4
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips forward-looking no centrada. Fuente: Ministerio de Economía y Empresa.

Como resultado de la evolución del PIB real y del potencial, el output gap o brecha de producción, tras alcanzar en 2013 la máxima diferencia entre potencial y el observado (-10 %), y reducirse 8,5 puntos entre 2013 y 2017, anota valores positivos a partir de 2018, situándose en el 2,5 % al final del periodo de previsión.

La ratio de déficit de las Administraciones Públicas sobre PIB prevista para este año es del 2,7 %, en línea con las estimaciones del escenario inercial de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A partir de ahí se prevé que el déficit total de las Administraciones Públicas se reduzca nueve décimas en 2019 y siete décimas en 2020, hasta alcanzar el 1,8 % y el 1,1 % del PIB, respectivamente. Teniendo en cuenta las estimaciones de la brecha de producción, el déficit total de las Administraciones Públicas previsto para 2019 se correspondería con un ajuste estructural de 0,4 puntos porcentuales de PIB el próximo año. Lo anterior está en línea con el ajuste que resultaría de la utilización de las cifras de output gap incluidas en las últimas previsiones de primavera de la Comisión Europea, así como de sus estimaciones de medidas de carácter no permanente o one-off. El déficit total proyectado hacia el final del horizonte de previsión es del 0,4 % del PIB.

Cuadro 5. Cálculo del saldo cíclico
(% del PIB, salvo indicación en contrario)
Saldo público Output gap (1) Saldo cíclico
2013 -7,0 -10,0 -5,4
2014 -6,0 -8,8 -4,7
2015 -5,3 -6,0 -3,2
2016 -4,5 -3,5 -1,9
2017 -3,1 -1,5 -0,8
2018 -2,7 0,1 0,1
2019 -1,8 1,2 0,7
2020 -1,1 2,0 1,1
2021 -0,4 2,5 1,4
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips forward-looking no centrada. Fuente: Ministerio de Economía y Empresa.

El Cuadro 6 recoge la estimación de la tasa de referencia, que establece el límite a la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. Para obtener dicha tasa, se calcula cada año la media de los crecimientos reales potenciales de dicho año, los cinco anteriores y los cuatro posteriores, obteniéndose así la tasa de referencia real. Para los años posteriores a 2021, los crecimientos potenciales se han obtenido aplicando la metodología t+10 de cálculo del PIB potencial aprobada en el seno del Grupo de Trabajo del Output Gap.



En línea con la metodología de desarrollo de la Ley de Estabilidad, los crecimientos de los deflactores utilizados para pasar de la tasa de referencia real a la nominal se corresponden con el menor valor entre el 2 % y la tasa del deflactor del PIB prevista o efectivamente realizada cada año, según la Contabilidad Nacional.

Cuadro 6. Tasas de referencia del PIB reales y nominales
Variación anual en % 2019 2020 2021
Tasa de referencia real (1) Tasa de referencia nominal 1,01,21,2 2,7 2,9 3,1
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips forward-looking no centrada. Fuente: Ministerio de Economía y Empresa.

Finalmente, el Cuadro 7 muestra el saldo cíclico de los diferentes agentes de las Administraciones Públicas obtenido al aplicar al output gap del Cuadro 5 las semielasticidades obtenidas a partir de la metodología prevista en la Ley de Estabilidad para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos. Entre 2017 y 2021, el saldo cíclico del conjunto formado por la Administración Central y la Seguridad Social aumenta 1,4 puntos de PIB, pasando de un déficit del 0,5 % del PIB en 2017 a un superávit del 0,9 % el último año del periodo de proyección, y el saldo cíclico de las Comunidades Autónomas se incrementa 0,6 puntos, desde un déficit del 0,2 % del PIB en 2017 a un superávit del 0,4 % en 2021.

Cuadro 7. Saldos cíclicos por agentes de las AAPP (1) (% PIB)


2017 2018 2019 2020 2021
Administración Central y Seguridad Social -0,5 0,1 0,4 0,7 0,9
Administración Central -0,2 0,0 0,2 0,3 0,4
Seguridad Social -0,3 0,0 0,2 0,4 0,5
Comunidades Autónomas -0,2 0,0 0,2 0,3 0,4
Corporaciones Locales 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Total Administraciones Públicas -0,8 0,1 0,7 1,1 1,4
(1) NAWRU calculada con Curva de Phillips forward-looking no centrada. Los totales pueden no coincidir con la suma por el redondeo. Fuente: Ministerio de Economía y Empresa.

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de …

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España

y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y en particular su artículo 5, apartado 2,

Visto el Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1) El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2) Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

(3) El informe específico de 2018 sobre España fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por España de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes de deuda interna y externa, tanto pública como privada, en un contexto de elevado desempleo, siguen siendo puntos vulnerables con incidencia transfronteriza. La recuperación del equilibrio externo está avanzando, gracias a los superávit de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, que están respaldados por mejoras estructurales en los resultados comerciales. No obstante, los pasivos exteriores netos siguen siendo elevados. La reducción de la deuda del sector privado también está avanzando, respaldada por unas condiciones de crecimiento favorables, pero siguen existiendo necesidades de desapalancamiento. Un sector financiero más sano está apoyando la actividad económica. A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la deuda pública en porcentaje del PIB apenas disminuye lentamente. La tasa de desempleo ha continuado su rápido descenso, pero sigue siendo muy alta, y el elevado grado de segmentación del mercado de trabajo obstaculiza un crecimiento más rápido de la productividad laboral. Tras el fuerte impulso reformista registrado entre 2012 y 2015, los avances en la aplicación de las recomendaciones han sido más limitados. La situación económica actual supone una oportunidad para abordar las necesidades de reforma pendientes con vistas a hacer la economía española más resiliente y afianzar el crecimiento de la productividad.

(4) España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, España prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2018, en consonancia con la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo. Se prevé que el saldo de las administraciones públicas siga mejorando para alcanzar un superávit del 0,1 % del PIB en 2021. El Programa de Estabilidad de 2018 recoge todas las medidas incluidas en el proyecto de presupuesto presentado al Parlamento el 3 de abril de 2018, así como las medidas adicionales anunciadas a finales de abril de 2018. No está previsto que el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales se alcance durante el período de aplicación del Programa de Estabilidad de 2018. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta el 97,0 % en 2018, el 95,2 % en 2019 y el 89,1 % en 2021. Las hipótesis macroeconómicas del Programa de Estabilidad de 2018 son verosímiles. En conjunto, la consecución prevista de los objetivos de déficit global sigue dependiendo de unas perspectivas económicas sólidas y de que el gasto público crezca menos que el PIB nominal. Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios se derivan del hecho de que el Programa incluye tanto un mayor crecimiento de los ingresos como un aumento más contenido del gasto de los que figuraban en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018, así como de la posible materialización de mayores pasivos contingentes.

(5) En su Decisión (UE) 2017/984, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2018, y en particular a reducir el déficit de las administraciones públicas hasta situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, un 3,1 % en 2017 y un 2,2 % en 2018. Se consideró que esta mejora del saldo de las administraciones públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España registró un déficit global del 3,1 % del PIB en 2017, tal como exigía la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo. Las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 2,6 % del PIB en 2018, un 0,4 % por encima del objetivo de déficit global del Programa de Estabilidad de 2018 y del fijado por el Consejo. En comparación con dicho Programa de Estabilidad de 2018, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión prevén un menor crecimiento de los ingresos públicos y un gasto algo superior. En las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se deteriore en un 0,3 % del PIB en 2018, en un contexto de medidas que aumentan el déficit incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que llegó al Parlamento el 3 de abril de 2018, y que solo mejore ligeramente en 2019. Por tanto, el esfuerzo presupuestario en 2018, así como el esfuerzo acumulado durante el período 2016-2018, podría no estar garantizado. Mientras que la expansión económica está apoyando la reducción del déficit, no se está utilizando para fortalecer estructuralmente las finanzas públicas. Por consiguiente, en su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario actualizado de España de 2018, la Comisión concluye que el plan se ajusta en líneas generales a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018 prevén que el déficit excesivo se corregirá a su debido tiempo, pero es expansionista.

(6) Para 2019, en caso de que se lograse una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, España estaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. En vista de que España registra una ratio de deuda pública superior al 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,3 % del PIB, el gasto público primario neto nominal debería disminuir al menos un 0,3 % en 2019, en consonancia con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen indicios de que la capacidad no utilizada en la economía está subestimada. En 2019, todavía está previsto que España registre una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión, lo que va a contener las presiones salariales, especialmente en el sector privado, y a su vez se espera que la inflación se mantenga muy por debajo del 2 %. Esto apunta a una persistente atonía del mercado laboral. Además, aunque la evaluación por la Comisión de las estimaciones sobre la brecha de producción (basadas en la metodología establecida de común acuerdo) no indica que estas no sean plausibles, muestra una gama bastante amplia de estimaciones realistas sobre la brecha de producción en el caso de España. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a una tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto del 0,6 %, parece adecuado. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa en 2019 del ajuste presupuestario requerido. Además, no se espera que España cumpla los requisitos de la norma transitoria en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que España tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar el cumplimiento en 2018, y que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

(7) Además, en su Decisión (UE) 2017/984, el Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco presupuestario, con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos presupuestarios y reforzar la contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad al saneamiento presupuestario. Sin embargo, el Programa de Estabilidad de 2018 no informa de planes para reforzar la regla de gasto nacional. Tampoco informa de medidas para aumentar por ley la automaticidad de los mecanismos correctores y preventivos. El Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco de contratación pública. España ha avanzado con la adopción, en noviembre de 2017, de una nueva Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la nueva legislación solo podrá mejorar la eficiencia y la transparencia de la contratación pública si se aplica de forma rápida y ambiciosa mediante el establecimiento de la nueva estructura de gobernanza y la mejora de los mecanismos de control de los procedimientos de contratación pública en todos los niveles de gobierno. En particular, la futura estrategia nacional de contratación pública deberá especificar los controles previos y posteriores que deberán realizar las nuevas estructuras. En junio de 2017, el Gobierno encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que revisase el gasto en subvenciones específicas del sector público. La Comisión hace un seguimiento del desarrollo de la revisión, que se espera que esté finalizada a principios de 2019.

(8) El 27 de abril de 2018, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(9) En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(10) El empleo ha seguido creciendo a buen ritmo en España, apoyado por los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la moderación salarial. La tasa de desempleo continúa disminuyendo, pero se mantiene muy por encima de los niveles anteriores a la crisis, y se encuentra entre las más altas de la Unión. Ello implica un considerable potencial de capacidades sin explotar, en particular de los jóvenes desempleados. La proporción de desempleados que han estado sin empleo durante más de un año está disminuyendo, pero sigue representando el 44,5 % de todos los desempleados. España ha adoptado una serie de iniciativas para ampliar el apoyo individual a los desempleados de larga duración y para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado de trabajo y mejorar sus posibilidades de empleo, en particular aumentando el número de beneficiarios de la Garantía Juvenil. La eficacia de estas medidas depende también de la capacidad de los servicios sociales y los servicios públicos de empleo autonómicos para prestar apoyo personalizado a los demandantes de empleo, que mejora solo lentamente. También hay margen para una mayor cooperación con los empresarios, en particular aumentando el porcentaje de puestos vacantes gestionados por los servicios de empleo, así como mejorando la elaboración de perfiles de los demandantes de empleo y la correspondencia con las necesidades de las empresas. Al mismo tiempo, deberían mantenerse los esfuerzos para mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de empleo, que experimentó ciertos avances en 2017.

(11) La proporción de trabajadores con contratos temporales se encuentra entre las más altas de la Unión, y se compone principalmente de jóvenes y de trabajadores poco cualificados. Los contratos temporales son a menudo cortos y rara vez sirven de trampolín para un contrato permanente. Su uso generalizado, incluso en sectores menos proclives a la actividad estacional o cíclica, puede obstaculizar el crecimiento más rápido de la productividad y suele asociarse a menores derechos a prestaciones sociales y a un mayor riesgo de pobreza. Aunque los contratos indefinidos han aumentado en porcentaje de crecimiento neto del empleo en los últimos dos años, es necesario adoptar nuevas medidas para incentivar la transición de contratos temporales a indefinidos. El sistema de incentivos a la contratación sigue estando fragmentado y no se centra de forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. España adoptó un plan para reducir la temporalidad del empleo en el sector público, pero su aplicación está apenas empezando y debe acelerarse para cumplir el objetivo del 8 % establecido para 2019. La mayor capacidad y eficacia de las inspecciones de trabajo en la lucha contra el abuso de la contratación temporal ha dado lugar a la conversión de un mayor número de contratos temporales en indefinidos, pero no parece disuadir a los empresarios de seguir recurriendo ampliamente a los contratos temporales. La Mesa tripartita creada a principios de 2017 para analizar la calidad del empleo todavía no ha presentado propuestas concretas. La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas se ha incrementado recientemente, pero sigue habiendo margen para nuevas mejoras.

(12) El crecimiento económico y la creación de empleo están contribuyendo a reducir el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (que no obstante sigue estando por encima de la media de la Unión), así como la desigualdad de ingresos. La pobreza de las personas empleadas es un motivo de preocupación, especialmente entre los hogares cuyos miembros están empleados con contratos temporales o a tiempo parcial. La tasa de pobreza infantil, aunque está disminuyendo, se mantiene en un nivel muy elevado. El impacto de las transferencias sociales distintas de las pensiones en la reducción de la pobreza es inferior a la media de la Unión y está disminuyendo. Los sistemas de renta mínima garantizada se caracterizan por grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas autonomías y por la fragmentación de los múltiples sistemas nacionales dirigidos a distintos grupos de demandantes de empleo, que están gestionados por distintas administraciones. En consecuencia, algunas personas necesitadas no reciben ayuda. Todavía no se ha acordado un plan de acción que plasme las conclusiones del reciente estudio de evaluación de la eficacia de los sistemas nacional y autonómicos de renta mínima garantizada. La puesta en marcha de un sistema de Tarjeta Social Universal hará que las prestaciones sociales concedidas sean más transparentes y facilitará la participación en las medidas de activación asociadas, si bien no abordará directamente las deficiencias de los sistemas existentes. La eficacia de las prestaciones familiares también es baja y la cobertura es desigual. El sistema de pensiones español desempeña un importante papel en el mantenimiento de la calidad de vida de las personas de más edad, que como consecuencia de ello se enfrentan a un riesgo de pobreza significativamente más bajo que las generaciones más jóvenes. En relación a los salarios, las pensiones actuales se encuentran entre las más elevadas de la Unión. Las proyecciones que figuran en el próximo Informe de 2018 sobre el envejecimiento y en el Informe sobre la adecuación de las pensiones indican que las reformas de 2011 y 2013 contribuyeron a garantizar la sostenibilidad y la relativa adecuación de las pensiones a largo plazo. Sin embargo, las subidas de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante el proceso de adopción del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en entredicho el compromiso para con estas reformas. Al mismo tiempo, no abordan el reto principal de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que está más bien relacionado con la elevada tasa de desempleo y la segmentación del mercado laboral.

(13) Si se resolviesen las deficiencias en la capacidad de innovación de las empresas españolas se podría mejorar su productividad. Los resultados en materia de innovación y el crecimiento de la productividad se ven obstaculizados por la persistente atonía de los niveles de inversión en investigación y desarrollo, que hacen muy improbable que se logre alcanzar el objetivo nacional del 2 % de intensidad de investigación y desarrollo contemplado en la Estrategia Europa 2020. Esta tendencia se ve reforzada por el porcentaje de ejecución bajo y decreciente del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. Mientras que la gobernanza de la política nacional de investigación e innovación se está racionalizando, en parte mediante la nueva Agencia Estatal de Investigación, la coordinación entre los niveles nacional y autonómicos para la concepción, la aplicación y la evaluación de las políticas sigue siendo débil. El desarrollo de una cultura de evaluación que sistematice el análisis de la eficacia de los programas y políticas de apoyo permitiría extraer enseñanzas de las políticas y crearía sinergias en todos los niveles de gobierno.

(14) La limitada capacidad de innovación de las empresas españolas se explica también por la inadecuación de las cualificaciones, que repercute negativamente en el potencial a largo plazo de aumento de la productividad. La falta y el exceso de cualificaciones en el trabajo están generalizadas en España. A pesar de haber mejorado notablemente a lo largo del último decenio, las tasas de abandono escolar prematuro están muy por encima de la media de la Unión, y junto con los resultados educativos, varían mucho entre comunidades autónomas y pueden afectar a la igualdad de oportunidades. Los programas específicos para abordar estas disparidades solo han tenido hasta ahora efectos limitados. El Pacto Social y Político por la Educación, encaminado a una reforma en profundidad del sistema educativo, se encuentra aún en fase de negociación. Mientras tanto, el desarrollo profesional de los profesores va a ser apoyado mediante la reducción de los contratos de trabajo temporal, así como el aumento de los recursos para su formación. Al mismo tiempo, los titulados superiores en particular tienen dificultades a la hora de encontrar un empleo estable y adecuado. Una mayor cooperación entre la educación y la empresa podría incrementar el acceso al mercado de trabajo de jóvenes titulados, ofreciendo al mismo tiempo a las empresas las cualificaciones necesarias para aumentar su capacidad de innovación. En este contexto, la propuesta de una nueva estrategia digital nacional reconoce la necesidad de mejorar las competencias digitales, pues existen problemas relacionados con el bajo número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, así como con la promoción del papel del sistema educativo en el fomento de las competencias digitales. El reciclaje profesional de los trabajadores para que adquiriesen competencias digitales permitiría también a las empresas españolas seguir siendo competitivas en una economía cada vez más digitalizada.

(15) Las disparidades normativas a que se enfrentan las empresas también contribuyen a frenar el crecimiento de la productividad. En el contexto actual, las disparidades y restricciones normativas para las empresas provocan que los márgenes sean elevados, la movilidad geográfica de las empresas y de los trabajadores sea baja y el crecimiento de la productividad sea reducido. La Ley de garantía de la unidad de mercado, cuyo objetivo era resolver este problema, se ha aplicado solo parcialmente. El seguimiento de la aplicación de dicha Ley a nivel autonómico y local debe mejorarse y el papel de las conferencias sectoriales debe reforzarse. La Ley introdujo el principio de que el cumplimiento de determinados requisitos en una parte del territorio permitiría a las empresas operar en todo el territorio. En varias sentencias emitidas en 2017, el Tribunal Constitucional declaró que este principio no es válido a falta de normas mínimas comunes o equivalentes para el acceso a una actividad económica o el ejercicio de la misma. A la luz de estas sentencias, el establecimiento de normas coherentes comunes o equivalentes en todo el territorio podría contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley. Además, debe mejorarse la cooperación en todos los niveles de la Administración y en todas las fases de la aplicación para hacer frente más eficazmente a los efectos negativos que la fragmentación tiene en las empresas. El trabajo del Comité para la Mejora de la Regulación, que se estableció para garantizar la adaptación de la legislación al acervo de la Unión en materia de servicios, debería acelerarse. Las restricciones que afectan a determinadas profesiones reguladas, como los ingenieros civiles y los arquitectos, también se destacaron en el paquete de servicios adoptado en enero de 2017, y hasta la fecha no se han tomado medidas específicas para subsanarlas.

(16) De manera más general, las mejoras en la calidad de las instituciones podrían impulsar la confianza en la economía española y aumentar los beneficios derivados de las medidas adoptadas para reforzar el crecimiento de la productividad. Se ha avanzado en la transparencia de la financiación de los partidos, así como en las declaraciones de patrimonio y los conflictos de intereses. La actividad empresarial también se ha beneficiado de los avances en la lucha contra la corrupción, si bien sigue habiendo problemas en este ámbito. La percepción de la independencia del sistema judicial también ha mejorado entre los ciudadanos y las empresas. Los esfuerzos para seguir mejorando la eficacia del sistema judicial están en curso y deben continuar. Aunque se han realizado progresos en este amplio ámbito, sigue vigente el reto de fomentar la confianza en las instituciones en todos los niveles de gobierno.

(17) La mejora de las infraestructuras de transporte, energía y agua fomentaría la cohesión territorial, una mejor integración en el mercado común y el aumento de la productividad. Las conexiones transfronterizas en los ámbitos del transporte y la energía, así como las infraestructuras hídricas, se enfrentan a déficits de inversiones. Podría hacerse un mejor uso de las infraestructuras ferroviarias de pasajeros y mercancías. Los diferentes anchos de vía que coexisten en España, Portugal y Francia son un obstáculo crucial para una mejor conectividad ferroviaria, aunque recientemente se han inaugurado nuevos tramos con el ancho más habitual a escala internacional. También existen deficiencias en el transporte ferroviario de mercancías entre los principales puertos de las costas atlántica y mediterránea y las zonas industriales del interior. La insuficiente conectividad obstaculiza también una mayor integración en los mercados del gas y de la electricidad de la Unión. Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras para mejorar la gestión del agua, por ejemplo, para tratar las aguas residuales, reducir las fugas en las redes y mejorar el suministro. Esto aportaría beneficios medioambientales, económicos y sociales a España.

(18) En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(19) A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(20) A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

RECOMIENDA a España que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:

1. Garantizar el cumplimiento de la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, por la que se formula una advertencia en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en particular mediante medidas destinadas a ejecutar los marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. A continuación, garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

2. Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una mejor cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular mediante un mejor apoyo a los estudiantes y profesores.

3. Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su eficacia. Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con vistas a mitigar la actual inadecuación de las cualificaciones. Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando por que, a todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el ejercicio de las actividades económicas, en particular en el caso de los servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y mejorando la cooperación entre las administraciones.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo

El Presidente

D. DIEGO MARTÍNEZ LÓPEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA,

CERTIFICA: Que, en la sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el día 22 de agosto de 2018, se informó favorablemente la siguiente propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del conjunto de las Comunidades Autónomas para el trienio 2019-2021:

OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TRIENIO 2019-2021

Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación, SEC-2010

(En porcentaje del Producto Interior Bruto)

2019 2020 2021
-0,3 -0,1 0,0

OBJETIVOS DE DEUDA PÚBLICA DEL CONJUNTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRIENIO 2019-2021

Deuda PDE (*)

(En porcentaje del Producto Interior Bruto)

2019 2020 2021
23,7 23,0 22,2

(*) Estos objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los mecanismos adicionales de financiación que se produzca durante los respectivos ejercicios, siempre que no se destine a financiar vencimientos de deuda o déficit del ejercicio respectivo. A efectos del cumplimiento de estos objetivos, podrá tenerse en cuenta la concurrencia de circunstancias que, no afectando al cumplimiento de los objetivos de déficit ni al cumplimiento de la regla de gasto, pudieran afectar a los límites de deuda y no derivaran de decisiones discrecionales de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el Ministerio de Hacienda.



El presente certificado se emite sin perjuicio de la posterior aprobación del acta que habrá de efectuarse en la próxima sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y para que conste, se expide el presente certificado en Madrid, a 22 de agosto de 2018.

El Secretario, Diego Martínez López.—V.º B.º La Presidenta, María Jesús Montero Cuadrado.

D.ª ANA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL PLENO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL,

CERTIFICA

Que el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local, en sesión celebrada el día 23 de agosto de 2018, en el punto primero del orden del día ha informado sobre la siguiente propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Entidades Locales para el periodo 2019-2021 formulada por el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DE LAS ENTIDADES LOCALES

TRIENIO 2019-2021

Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación, SEC-2010

(En porcentaje del Producto Interior Bruto)

2019 2020 2021
0,0 0,0 0,0

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL CONJUNTO DE LAS ENTIDADES LOCALES TRIENIO 2019-2021

Deuda PDE

(En porcentaje del Producto Interior Bruto)

2019 2020 2021
2,3 2,2 2,1

Y para que conste, expido la presente certificación en Madrid, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, con la advertencia de que el acta de la sesión de referencia está pendiente de aprobación por parte del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local en la siguiente sesión que celebre (art. 18.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

La Secretaria del Pleno, Ana María Sánchez Hernández.


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