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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 95, de 30/01/2017
cve: BOCG-12-D-95
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de enero de 2017

Núm. 95


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000295 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, sobre el rol de España para paliar la crisis de desplazamiento global. Retirada... (Página2)

162/000301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho.... (Página2)

162/000302 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, sobre el rol de España para paliar la crisis de desplazamiento global... (Página4)

162/000303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a implementar la transparencia y accesibilidad de la información referente a las titulizaciones de hipotecas... (Página5)

162/000304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la evolución de los precios de la electricidad... (Página7)

162/000305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la realización de una auditoría sobre los costes de generación de la energía convencional y la factura eléctrica ... (Página8)

162/000306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico ... (Página9)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000295

La Mesa de la Cámara, en su reunión de día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.

Autor: Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos.

Retirada de su Proposición no de Ley sobre el rol de España para paliar la crisis de desplazamiento global.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho, para su debate y aprobación en el Pleno.

Exposición de motivos

La propia Defensora del Pueblo mediante Recomendación de 2 de julio de 2015, proveniente de la Queja número 15003328, planteó la igualdad fiscal entre las uniones de hecho y los matrimonios. Dicha Recomendación fue rechazada por la Secretaria de Estado de Hacienda.


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En su Recomendación la Defensora exponía los siguientes argumentos que hacemos nuestros íntegramente: "que las familias lo son con independencia de su origen matrimonial o no matrimonial, pero ello no quiere decir que exista o deba de existir una equiparación entre matrimonio y uniones de hecho; tales uniones pueden obedecer a planteamientos personales, libres, diferentes yesos opciones personales requieren igualmente un respeto. La aplicación de las normas del derecho de familia no debería depender de la celebración del matrimonio, sino de la existencia de relaciones humanas de tipo familiar. Si la familia, como grupo humano básico que asegura el desarrollo de la personalidad, en un marco de afecto, solidaridad y ayuda mutua, es una realidad social protegida por el derecho, debe ser indiferente el origen de esta. Se sostiene que hay una pluralidad de modelos familiares que pueden estar amparados por esta norma. La protección que el art. 39.1 de la CE dispensa a la familia no queda limitada a la familia legítima matrimonial, sino que puede comprender otras formas de convivencia. Por otra parte, un sector doctrinal funda el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho en la existencia de un derecho fundamental a no casarse, que consideran consagrado en la CE, como reverso al derecho constitucional a contraer matrimonio. En cualquier caso, el reconocimiento jurídico global del fenómeno de las parejas de hecho y, por tanto, su institucionalización, es hoy una tendencia, que ha encontrado reflejo legislativo a nivel autonómico. No parece lógico que la finalidad del matrimonio esté constituida por la obtención de beneficios fiscales que de otra forma no se conseguirían".

Por otro lado entendemos que la variada dispersión normativa está provocando situaciones discriminatorias que van en contra del principio de igualdad reconocido en la Constitución española. Esta situación provoca que mientras en unos territorios dichas familias tengan igualdad con las familias que han optado por el matrimonio, en otros está muy alejada dicha equiparación. Así pues como plantea la Defensora del Pueblo, la adopción de medidas generales, al menos en el ámbito tributario, evitaría estas diferencias y daría cumplimiento al artículo 9.2 y 31 de la Constitución.

Esta desigualdad fiscal está provocando que parte de la ciudadanía opte por un régimen u otro, exclusivamente por el sistema fiscal de aplicación de los tributos, o dicho de otra forma muchas personas optan por la celebración de matrimonio exclusivamente por el tratamiento fiscal. Un sistema tributario es justo cuando da un tratamiento igualitario a toda la ciudadanía que se halla en idénticas situaciones de facto. El propio Tribunal Constitucional desde temprano se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los problemas de igualdad tributaria y en concreto en los matrimonios la STC 45/1989 dice que "como la carga tributaria a que cada sujeto ha de hacer frente es en función de su capacidad económica, la definición de esta y el método para determinarla han de establecerse mediante normas que efectivamente den a todos los sujetos un trato igual y no introduzcan entre ellos diferencias resultantes de su propia condición personal o de las relaciones que existan entre ellos y otras personas cuando ni aquélla condición ni estas relaciones son elementos determinantes del impuesto en cuestión. Todo lo contrario de lo que está sucediendo en España con esta desigualdad planteada.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Único. A cumplir íntegramente con la Recomendación de la Defensora del Pueblo de fecha 2 de julio de 2015, proveniente de la Queja número 15003328, y por tanto:

a) A acometer una reforma de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria equiparando el tratamiento fiscal de los matrimonios a las parejas de hecho.

b) A acomodar la normativa de cada impuesto al tratamiento igualitario entre parejas de hecho y matrimonios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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162/000302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el rol de España para paliar la crisis de desplazamiento global, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El mundo vive la mayor crisis de desplazamiento global de su historia, con más de 65,3 millones de personas desplazadas a causa de los conflictos y la violencia, una cifra que supera la producida por la II Guerra Mundial. Solo en 2015, se produjeron 8,6 millones de desplazamientos nuevos debido a estos violentos conflictos de carácter bélico.

Según cifras de ACNUR de diciembre de 2016, únicamente el conflicto sirio, con prácticamente seis años de duración, ha provocado la huida de 4.810.980 millones de personas refugiadas y de 6,6 millones de desplazados internos. Además, ha provocado situaciones dramáticas como la producida en la ciudad de Alepo, donde la población civil vive un infierno del que es incapaz de huir.

La inmensa mayoría de los sirios buscan refugio en terceros países, como Turquía (2.764.500 de personas refugiadas), Líbano (1.017.430) o Jordania (655.670). Sin embargo, de acuerdo con el último informe de Oxfam lntermón, menos del 3% de las personas refugiadas sirias han sido acogidas por países considerados ricos.

España se encuentra entre los países que menos está haciendo por solucionar la crisis Siria, pero también la crisis de desplazamiento global. Según cálculos de Oxfam Intermón, y teniendo en cuenta el tamaño de su economía, España debería poder estar reasentando a 16.031 personas refugiadas sirias. Sin embargo, y de acuerdo con los compromisos del Gobierno asumidos en marzo del año 2015 en la Reunión de Alto Nivel organizada por ACNUR y celebrada en Ginebra, España solo se comprometió a re asentar a 1.449 personas refugiadas sirias antes en el plazo de dos años. Por desgracia, la realidad es que sólo 289 personas refugiadas sirias han llegado a nuestro país huyendo del conflicto.

Por otro lado, las personas refugiadas sirias que ya han llegado a Europa, solo representan un 20% del total de personas que huyen de la violencia. Personas procedentes de otros países como Afganistán, Nigeria, Iraq, Eritrea o Pakistán -por citar las nacionalidades más numerosas- tratan de huir asimismo de la guerra y continúan esperando asilo en nuestras fronteras.

Respecto de aquellas personas que se encuentran ya en suelo europeo, tras arriesgar su vida en el mar Mediterráneo o en rutas a pie tremendamente peligrosas, España se comprometió en septiembre de 2015, a reubicar a 15.888 procedentes de otros países de la Unión Europea, también en el plazo de dos años, de las cuales sólo han llegado 690.

En resumen, si sumamos las cifras de la vía del reasentamiento y de la reubicación, frente al compromiso total de acoger a 17.337 personas refugiadas, España únicamente ha acogido a 979 personas, una cifra irrisoria si la comparamos con el número de personas refugiadas que están acogiendo Líbano o Jordania, países con menos medios que cualquier país europeo.

Además, España ha avalado acuerdos como el de UE-Turquía o UE-Afganistán, que contribuyen a una política de externalización de fronteras. Estos acuerdos son un ejemplo de la disposición de Europa y de España, al dar su apoyo, de anteponer el control de los flujos migratorios al respeto de los derechos humanos, utilizando a las personas necesitadas de protección internacional como moneda de cambio.

Por último, el recorte que ha sufrido la partida presupuestaria de acción humanitaria ha sido el mayor de todo el Presupuesto General del Estado, viéndose reducida en un 67 % desde el 2011. Este descenso muestra el fracaso de España para responder a esta enorme crisis en un momento en que las necesidades de las personas desplazadas se multiplican alrededor del mundo.

Por todo ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos presentan la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ser parte y liderar una respuesta global al desafío del desplazamiento global, como miembro de la Unión Europea (UE) y en su responsabilidad nacional e internacional. Para ello estos Grupos proponen:

1. Promover vías legales y seguras que permitan:

- Cumplir de manera urgente el compromiso de reubicación de 15.888 personas refugiadas procedentes de otros países europeos en el plazo acordado de dos años que expira a mediados de 2017.

- Cumplir con el compromiso de reasentamiento de las 1.449 personas refugiadas procedentes de países como Líbano o Jordania, y promover en el seno de la Unión Europea una actualización e incremento de las cifras de reasentamientos a los que se comprometen los Estados miembros hasta alcanzar las cuotas justas que corresponde a cada uno de acuerdo con los criterios establecidos por Naciones Unidas.

- Agilizar los procesos administrativos y poner los recursos humanos necesarios a fin de que lleguen con premura a suelo español las personas refugiadas que han de ser reubicadas como fruto de ese compromiso procedentes de Grecia e Italia, así como que se incluyan aquéllas que se encuentran en los países limítrofes con Siria (como Jordania y Líbano) y que deben ser reasentadas.

- Desarrollar el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria de manera tal que se introduzca la posibilidad de presentar demandas de protección internacional en las representaciones españolas en el exterior (consulados y embajadas), e incluir en dicha Ley la figura del visado humanitario.

- Agilizar las concesiones de asilo por reunificación familiar y ampliar este derecho a las personas mayores de edad. El derecho a la unidad familiar es un derecho humano básico y esencial de las personas refugiadas.

- Conceder un mayor número de visados a estudiantes refugiados que están en terceros países para cursar sus estudios.

2. Aumentar sustancialmente y salvaguardar la ayuda humanitaria incrementándola hasta alcanzar el 10 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) e incrementar esta AOD al 0,4 % en la Legislatura. No será contabilizada como AOD el coste de la acogida de personas refugiadas.

3. Promover los derechos de los desplazados en la política exterior, garantizando que los acuerdos internacionales avalados por España estén en línea con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Carta de los Derechos Humanos y con el Comité de los Derechos del Niño."

Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2017.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Ione Belarra Urteaga, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Patricia Reyes Rivera, Diputada.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a implementar la transparencia y accesibilidad de la información referente a las titulizaciones de hipotecas, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El proceso de titulización se inició en el Estado español con la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado hipotecario, se consolidó con la Ley 19/1992 de 7 de julio, sobre Régimen de sociedades y Fondos de Titulización Hipotecaria, y alcanzó su mayor auge en 2007, año en que las titulizaciones sumaron alrededor de 140.000 millones de euros.


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Como consecuencia del proceso de titulización que bancos y cajas han aplicado a todo tipo de créditos, especialmente las hipotecas, se ha generado una grave confusión y por ende absoluta indefensión a los hipotecados.

Las titulizaciones son procesos que suponen la salida del patrimonio de la entidad bancaria de los créditos firmados entre ellos y sus cliente, a través de los cuales los bancos transfieren dichos préstamos hipotecarios, pero siguen actuando como titulares de los mismos, tanto en su relación con los clientes como en vía judicial.

Titulizar es una forma de financiación que supone la transmisión de los derechos de crédito a terceros con todos los riesgos para los inversores; pero son las entidades financieras que suscribieron la escritura de préstamo hipotecario las que inician ejecuciones hipotecarias como si fuesen la parte acreedora de la relación contractual, careciendo, sin embargo, de legitimación activa para ello. Asumen una apariencia de legalidad, como es la inscripción registral, aunque esta carece de validez cuando ya se ha transmitido el crédito. La función de los bancos ha pasado a ser la de meros administradores de los cobros que origina el préstamo, tal como consta en los folletos de emisión; cobrar cuotas mensuales y transferidas al fondo de titulización, obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista.

Asimismo, la Ley permite que no haya publicidad registral sobre la transferencia de estas inscripciones en el Registro de la Propiedad, extremo que han utilizado las entidades financieras para ocultar este dato que, a pesar de ser absolutamente real, es tarea difícil de demostrar, por la opacidad de la tramitación de dicho procedimiento, de manera que simulan continuar siendo los legítimos acreedores de los préstamos, a la vez que inician en su propio nombre los procedimientos de ejecución hipotecaria.

En marzo de 2015, el director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España manifestó que "la titulización es un proceso financiero por medio del cual se transforman unos activos líquidos (créditos/préstamos) en títulos o valores negociables, mediante su cesión a un fondo de titulización, quien a su vez emite unos bonos de titulización para su colocación entre inversores institucionales. De esta manera, las entidades venden todo o parte de sus riesgos para obtener una financiación con las que seguir desarrollando su negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como ampliaciones de capital. De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración ... "

Frente a esta estafa procesal generalizada, se viene reclamando la correspondiente implicación de las instituciones políticas. Más cuando a día de hoy son muchas las sentencias que han abierto una nueva vía de defensa ante los procedimientos de ejecución hipotecaria, que siguen amenazando de desahucio a familias que no pueden hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Pero estas familias, para poder usar esta defensa, necesitan conocer si su hipoteca fue titulizada o no, y necesitan que jueces, autoridades y la sociedad en general tengan conocimiento de este asunto, tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer ya la emergencia habitacional de hoy.

Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Trabajar por un compromiso firme de garantizar los derechos de los deudores hipotecarios y asegurar la transparencia de todos los procesos de titulización hipotecaria.

2. Impulsar las modificaciones legales oportunas con el fin de dotar de mayor transparencia y accesibilidad a la información referente a las titulizaciones de hipotecas y dotar de mayores garantías a los deudores afectados, y en concreto:

- Que cualquier cambio en la titularidad de la hipoteca deba ser comunicada al deudor hipotecario.

- Garantizar el cumplimiento de la obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad la cesión de la titularidad de un crédito hipotecario.

- Que en el caso de que no se haya inscrito la cesión de dicho crédito, el cesionario no esté legitimado para instar el procedimiento de ejecución hipotecaria.


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3. Promover la incorporación de criterios éticos en la gestión de las entidades financieras y los fondos de inversión, en referencia a la adecuada información a las personas titulares de hipotecas y a la prevención de los desahucios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

162/000304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la evolución de los precios de la electricidad, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

Los precios de la electricidad al por mayor se han incrementado más de un 30% en diciembre de 2016, desde 40 euros por megavatio hora (Mwh) a 60 euros. En el mes de enero de 2017, el precio mayorista de la electricidad siguió aumentando y se situó el 18 de enero por encima de los 85 euros por megavatio hora (Mwh), un máximo al que no se llegaba desde diciembre de 2013, cuando alcanzó los 93 euros.

El precio de la electricidad representa aproximadamente la mitad de la factura para los consumidores domésticos, mientras que el resto corresponde a los peajes de acceso a las redes, una tarifa regulada que fija el Gobierno.

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que la factura de la luz para un hogar medio, con dos hijos, aumentará en 100 euros más este año. Este aumento de los precios de la electricidad va a intensificar la reducción de la renta disponible de los hogares y, en especial, de los más vulnerables, así como va a suponer una pérdida de competitividad para las empresas.

Además, el Ministro anunció que había encargado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios. Sin embargo, hay que aclarar que la CNMC ya anunció en diciembre pasado que estaba analizado la evolución del precio de la electricidad pero que, en todo caso, no había abierto una investigación en profundidad ni ha incoado expediente a ninguna empresa eléctrica.

España sigue teniendo una de las energías eléctricas más caras de la Unión Europea. La evolución de los precios de la electricidad está poniendo de manifiesto que la reforma de la regulación del sector eléctrico de la legislatura pasada no atacó el problema de fondo del sistema. Los precios siguen sin reflejar lo que cuesta realmente producir la energía y están sujetos a factores aleatorios relacionados con las condiciones meteorológicas.

Las políticas del Gobierno de Rajoy han generado inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria. Todo ello mientras otros países europeos de nuestro entorno están ya inmersos en la transformación de su modelo energético que viene impulsado por el compromiso global en la lucha contra el cambio climático (Acuerdo de París) y el desarrollo tecnológico, con energías renovables cada vez más competitivas y eficientes.

En el mercado eléctrico toda la producción se retribuye al mismo precio. La Comisión Europea en 2012 ya alertó que "una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas".

El sector eléctrico necesita urgentemente modificar sus normas de funcionamiento y revisar la retribución que a través de él reciben las energías convencionales. La regulación del sector eléctrico ni ha protegido hasta ahora los intereses de los consumidores, ni proporciona el marco adecuado para impulsar las inversiones de la transición energética en el futuro.

Por ello, es necesario llevar a cabo una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición indispensable que nos permita conocer qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos


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a cambio. Tras las conclusiones de esta auditoría independiente de expertos podremos abordar en profundidad la reforma del sector eléctrico que defina una senda flexible de transición energética.

Por otro lado, a finales de septiembre de 2016, la Comisión Europea remitió al Gobierno un dictamen motivado en el que le instaba a cumplir plenamente las disposiciones del tercer paquete energético, dándole un plazo de dos meses para que modificara la normativa española y devolviera las competencias a la CNMC para fijar o aprobar, de acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o las metodologías para su cálculo. Es urgente establecer las modificaciones legislativas necesarias para adecuar las competencias de la CNMC de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años y facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables.

2. Llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición indispensable que nos permita conocer cuánto cuesta realmente producir energía eléctrica, qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio.

3. Reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al mínimo coste, que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, reduciendo la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.

4. En el marco de la reforma de la arquitectura institucional del organismo regulador y supervisor propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de acuerdo con la normativa de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000305

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la realización de una auditoría sobre los costes de generación de la energía convencional y la factura eléctrica, para su debate en el Pleno del Congreso.

Exposición de motivos

Hasta finales de 2013, el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014. Como resultado de esta situación, el 1 de octubre de 2015, se estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC), que tuviesen ya instalado contador inteligente y telegestionado. El precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año.


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Estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su elevada volatilidad como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional. Una situación que no solo genera importantes distorsiones para los agentes que operan en el mercado de la electricidad, sino también en relación a la información que utilizan las empresas y los particulares a la hora de planificar y adoptar decisiones en torno a sus niveles de inversión y consumo, con el consiguiente perjuicio ocasionado para toda la economía.

Durante el presente mes de enero de 2017, los incrementos en la factura de la luz para los usuarios han registrado una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa según datos de Eurostat.

Dadas las recurrentes dificultades por las que atraviesa el sistema energético (problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura, dependencia internacional, ausencia de interconexión etc.) que consolidan un alza masiva de los precios durante la última década, se hace necesario conocer el estado del conjunto del sistema y determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético tanto generación, transporte, distribución y comercialización que permita determinar con precisión los costes reales del sistema, a fin de fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación.

2. Impulsar, asimismo, una auditoría del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

3. Encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno durante la X Legislatura, con especial incidencia en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias españolas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, para su debate en Pleno.

El precio de la electricidad se ha convertido en un grave problema para la sociedad española. Aunque se pueda pensar que las subidas del precio de la electricidad de las últimas semanas son coyunturales, y sujetas a circunstancias excepcionales, desgraciadamente siguen una tendencia claramente al alza desde hace más de una década. Para un usuario medio doméstico el precio se ha más que doblado desde 2006, mientras que en el mismo periodo el IPC se incrementó apenas un 16%. El recibo de la electricidad en España ha encadenado siete meses al alza y ha subido más de un 28% desde abril. A principios de 2017 los precios del mercado mayorista en España han superado en algunas horas los 90 euros/megavatio hora, un precio anormalmente alto. Es cierto que los precios han subido en toda Europa, por la ola de frío,


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el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas como el gas o el petróleo, pero en el caso español se añaden problemas regulatorios y de competencia que han convertido el sistema eléctrico en un mecanismo injusto de extracción de rentas.

Este hecho está provocando crecientes problemas sociales, como cortes de suministro eléctrico, generación de deudas a familias con problemas económicos, accidentes en algunos casos muy graves, pérdidas económicas para las pequeñas y medianas empresas y, en definitiva, empobrecimiento generalizado.

A partir de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que tenía un "propósito liberalizador" y el objetivo de "garantizar el suministro eléctrico al menor coste posible", se establecieron una serie de mecanismos, que han ido evolucionando con el paso de los años para establecer el precio final de la electricidad. Posteriormente su sucesora, la Ley 24/2013, consolidaba los aspectos generales de la anterior y no modificaba sustancialmente los mecanismos de fijación del precio de la electricidad, reconociendo la estructura de la tarifa y los costes asociados al sistema eléctrico que se habían ido asumiendo durante la actividad reguladora.

Las tarifas de los usuarios de electricidad dependen de dos componentes, además de los impuestos: la componente regulada por el Gobierno y la componente de mercado que depende de los precios del mercado mayorista. Cada una de ellas está compuesta a su vez por una serie de elementos que han evolucionado a lo largo del tiempo de manera diversa.

La tarifa eléctrica y los costes reconocidos por el sistema se han convertido en cuestiones en las que el legislador debe abordar pues constituyen los elementos según los cuales el precio manifiesta constantes aumentos. No se comprende que las mejoras tecnológicas y en la gestión, sumadas a un pretendido aumento de la competencia, den como resultado aumentos del precio final tan elevados como los descritos. En toda sociedad democrática se debe realizar un seguimiento institucional del reparto de las cargas de las inversiones que se deciden colectivamente para no atentar contra el interés general, yen el caso que nos ocupa es especialmente oportuno y relevante por tratarse además de un sector estratégico.

Concretamente, es necesario conocer con detalle el origen, la justificación y la conveniencia en el tiempo presente de los pagos que se realizan al sector eléctrico, principalmente a través de la tarifa eléctrica en sus componentes regulada y de mercado, así como a través de los impuestos a los que están sujetos.

En el contexto actual es necesario analizar en profundidad los pagos que se han producido en favor de los distintos intervinientes en el sector eléctrico, y en particular, los siguientes: costes de transporte y distribución, coste de los sistemas extrapeninsulares, retribución a las energías renovables, residuos y cogeneración, pagos mediante diferentes mecanismos al carbón nacional, anualidades del déficit de tarifa, costes de transición a la competencia, interrumpibilidad, sistema de pagos por capacidad. La cuestión principal a resolver es si los pagos que deben realizar o han realizado los consumidores por todos esos conceptos están debidamente justificados o si, por el contrario, han generado ganancias inmerecidas.

Por otra parte, el mercado eléctrico también requiere un análisis en profundidad, yen especial, en lo que concierne a la formación del precio y a la retribución de las centrales de generación ya amortizadas gracias a la percepción previamente de pagos regulados. La cuestión principal a resolver es si el sistema según el cual se determinan los pagos que debe realizar la sociedad por esta componente de la tarifa se adapta a la heterogeneidad de los costes de producción, que dependen de factores diversos, como el tipo de tecnología, la antigüedad de las instalaciones, o el origen de la inversión. Asimismo, se deberá responder sobre los motivos según los cuales las instalaciones más antiguas reciben unas retribuciones muy superiores a las que les correspondían en el Marco Legal Estable (1988-1997), además de establecer las maneras que permitan reducir la cuantía de cada uno de los elementos que forman parte de esta componente de la tarifa.

En este sentido, debe establecerse un nuevo mecanismo de corrección de retribuciones excesivas para las centrales que previamente han sido amortizadas gracias a pagos regulados (como por ejemplo, costes de transición a la competencia, ayudas al carbón, retribución de las energías renovables, residuos y cogeneración). Si para una central de generación se establece una retribución que le permita abaratar sus costes de financiación y garantizar la viabilidad de la inversión, durante un periodo determinado, transcurrido ese periodo, y por tanto, amortizada la inversión, los ingresos de esas centrales se tendrán que minorar por una cuantía equivalente a restarle al precio de mercado resultante los costes de operación de esa instalación más una rentabilidad razonable respecto a esos costes de operación.


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El mercado eléctrico actual es un mercado marginalista, que retribuye con el mismo precio la electricidad generada por cada una de las tecnologías que concurren a la oferta. Ese mecanismo solo es eficaz en un escenario de competencia perfecta, lo que no se da actualmente en nuestro sector eléctrico. El nuevo mecanismo de fijación de precios debería regularse de modo que cada tecnología se retribuya teniendo en cuenta sus costes de generación y obtenga una rentabilidad razonable, lo que puede hacerse a partir de una auditoría de costes del sistema eléctrico. La auditoría será la base del diseño del nuevo sistema de fijación de precios, pero además aportará una información particular muy relevante: cuantificará con precisión los llamados "beneficios caídos del cielo" que reciben las nucleares e hidroeléctricas, sobre todo. Estas centrales, construidas en un marco normativo anterior a la liberalización, han recuperado sus elevados costes de inversión iniciales. En condiciones ventajosas, disfrutando de bajos costes variables y de los altos precios que marca el mercado eléctrico, las hidroeléctricas y nucleares están ingresando anualmente miles de millones de euros injustificadamente. Esta situación ha de ser remediada inmediatamente (sin esperar a la reforma completa del mercado): es necesario imponer ya un gravamen a la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares para reducir drásticamente los beneficios caídos del cielo. El resultado final de la auditoría, cuando llegue, se utilizará para ajustar dicho gravamen.

Muchos de los problemas planteados anteriormente se deben a que el sistema eléctrico español está controlado (en los segmentos de generación, distribución y comercialización) por un fuerte oligopolio de grupos empresariales verticalmente integrados. Por ejemplo en el sector doméstico más del 95% del negocio de la distribución se reparte por zonas entre las cinco eléctricas de UNESA. Esta concesión de poder a unas pocas empresas del sector es un obstáculo al desarrollo de un sistema energético sostenible y a la implantación de instalaciones de autogeneración comunitarias. La desintegración vertical de estos grupos empresariales debería incidir en el segmento de la distribución. Entre las soluciones podría considerarse la participación en la gestión de la distribución del regulador del transporte, Red Eléctrica Española, y el establecimiento de un procedimiento viable para que los municipios que opten por municipalizar su red de distribución puedan hacerlo.

De forma general, toda legislación que pretenda actuar sobre los precios de la electricidad debe fijarse como objetivos básicos unos precios que no impliquen unas transferencias injustificadas de rentas a las empresas; la garantía del acceso para la ciudadanía a un servicio imprescindible para satisfacer las necesidades básicas; y el estímulo del ahorro dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica.

Las tarifas eléctricas al consumidor -tanto en su nivel medio como en su estructura- son también extremadamente importantes desde el punto de vista social, ya que unos precios medios injustificadamente elevados y un diseño tarifario que no favorezca los consumos moderados frente a los consumos muy elevados comportarán mayores situaciones de pobreza energética. Y por supuesto, la estructura tarifaria también es muy importante desde el punto de vista de incentivar o no el ahorro energético (y con él la disminución de impactos ambientales).

La situación actual, no deseable ni socialmente ni para el fomento del ahorro, es que el precio medio del kWh consumido es más bajo cuanto más se consume. Por ello, las medidas legislativas necesarias para regular las tarifas deberían orientarse a una estructura con dos características que podrían aplicarse ya: a) Una disminución de la parte fija respecto a la variable bajando el pago por potencia y diferenciando por kw; y b) una parte variable que discrimine entre consumos más básicos y menos básicos aplicando tarifas crecientes por bloques de consumo (como es frecuente en las tarifas de agua). Esto fomentaría el ahorro, pues la tarifa "marginal", es decir, lo que aumenta el pago cuando aumenta el consumo un kWh sería así mayor para consumos elevados que para consumos básicos a diferencia de lo que ahora ocurre.

Por último hay que incidir en un elemento más, a la vez técnico y vital, del aumento del precio de la electricidad en el mercado: con cierta frecuencia (el mes de enero de 2017 es un buen ejemplo), los elevados precios del mercado son determinados por las centrales hidroeléctricas. Este comportamiento contrasta con la función que, en nuestra opinión, debe cumplir esta tecnología. En un sistema eléctrico en transición hacia la energía renovable, la hidroeléctrica de embalse, por su capacidad para regular la producción, ha de tener la misión primordial de apoyar a las renovables intermitentes (y, por tanto, no regulables) como la solar fotovoltaica y la eólica. Tal misión es difícilmente compatible con la gestión actual de las hidroeléctricas, basada en maximizar los beneficios producidos en el mercado por el uso del agua embalsada (cabe recordar que en 2015 la CNMC ya sancionó a la empresa Iberdrola por


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"manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía" mediante ofertas de algunas de sus hidroeléctricas a finales de 2013).

Para terminar con el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable, la Administración debería gestionar las hidroeléctricas. Así, se propone que el Gobierno recupere la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen. La nueva gestión podrá correr a cargo de municipios, confederaciones hidrográficas o del propio Estado.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad (y del mercado, específicamente) refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología, y en cualquier caso, tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas; la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía; y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica.

2. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país. El resultado de la auditoría será la base para el diseño del nuevo sistema de fijación de precios.

3. De forma inmediata, establecer un cargo por la diferencia entre el precio de coste y el precio real de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares con el objetivo de terminar con los "beneficios caídos del cielo".

4. Reformar la parte regulada de la tarifa basándose en el principio de que los consumos básicos deben ser más baratos que los menos básicos. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

5. Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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