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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 72, de 20/12/2016
cve: BOCG-12-D-72
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de diciembre de 2016

Núm. 72


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/000954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a abordar con carácter urgente la reforma de la legislación de partidos políticos, refundiendo las actualmente vigentes Ley 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos en una sola Ley de Partidos, en desarrollo, garantía y afianzamiento de la democracia en su estructura interna y en su funcionamiento y para el establecimiento de un modelo de financiación vinculado a este principio y a los de transparencia y control riguroso de las cuentas de las organizaciones políticas ... (Página8)

161/000992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre revisión de la Ley Orgánica de Protección de Datos para adecuarla al nuevo Reglamento General de Protección de Datos ... (Página11)

161/001004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la regulación del Gobierno en funciones contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ... (Página12)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la figura de Bernardo de Gálvez ... (Página14)

161/001006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Presidencia española del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ... (Página15)

161/001013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la incorporación de una memoria de análisis de impacto normativo y económico a los tratados y acuerdos internacionales, antes de su aprobación o ratificación por parte de las Cortes ... (Página17)

161/001028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento de La Rábida como lugar de encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones ... (Página18)


Página 2




Comisión de Justicia

161/000966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas ... (Página19)

161/001010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo del Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción (GRECO) ... (Página20)

161/001023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía ... (Página24)

Comisión de Interior

161/000957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de la Comisaría del Polígono Sur de Sevilla ... (Página25)

161/001014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para compensar y reparar los daños producidos como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas durante el fin de semana en las provincias de Málaga y Cádiz, así como en otras zonas afectadas ... (Página27)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reclamar la modificación del Código Aduanero de la Unión Europea en la recaudación de los derechos devengados en cada operación aduanera ... (Página28)

161/000972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto-ley 2/2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a fin de delimitar normativamente la situación de las viviendas desocupadas ... (Página29)

161/000973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reducción del catálogo de prestaciones que MUFACE ofrecía en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) ... (Página31)

161/000986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a dotar al puerto de Valencia de un servicio de inspección 24 horas, al igual que tienen Algeciras, Barcelona, Alicante, Murcia o Vigo ... (Página32)

161/001003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Medio Rural ... (Página33)

161/001008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el valor catastral en el caso de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal ... (Página34)

161/001009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas contra el comercio ilícito de tabaco ... (Página36)

161/001020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las inversiones en las redes de metro operativas en Andalucía ... (Página38)

Comisión de Fomento

161/000948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Pau ... (Página40)


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161/000963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre revitalización de la vía férrea Madrid-Aranda de Duero-Burgos ... (Página42)

161/000964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los niveles sonoros de la AI-81 en el municipio de Corvera ... (Página44)

161/000967 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la presentación de un informe y calendario detallado de actuaciones para la finalización y la puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Pajares ... (Página44)

161/000968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las infraestructuras ferroviarias para la conexión de Lugo con otras ciudades gallegas ... (Página46)

161/000969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de una rotonda en la conexión de la calle Alfonso X el Sabio de Lugo y la N-VI ... (Página47)

161/000970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo a su paso por As Gándaras ... (Página47)

161/000971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-VI a la altura del estadio de fútbol de Anxo Carro ... (Página48)

161/000978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación en materia de transporte marítimo en las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears ... (Página49)

161/000981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre transparencia en las infraestructuras ... (Página50)

161/000983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, del Parlamento de Cataluña ... (Página51)

161/000985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la derogación de la Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre ... (Página52)

161/000991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la urgente reconstrucción del paso superior sobre el ferrocarril, Puente de la Platera, en Cariñena ... (Página54)

161/000996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de falta de personal en el aeropuerto de Menorca ... (Página54)

161/000998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de transferir a Galicia la Autopista del Atlántico, AP-9 ... (Página56)

161/000999 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a medidas a implementar en Línea C-3 correspondiente al tramo ferroviario Bilbao-Orduña ... (Página59)

161/001002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las ayudas de subsidiación de préstamos ... (Página60)


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161/001007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la construcción del tramo de la A-27 entre Valls y Montblanc ... (Página61)

161/001017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adaptación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres a las modificaciones introducidas en la misma por la Ley 9/2013, de 4 de julio ... (Página61)

161/001019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún ... (Página62)

161/001026 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, sobre la llegada del Ave al muncipio de Murcia ... (Página63)

Comisión de Educación y Deporte

161/000951 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Ministerio de Hacienda y Función Pública desista formalmente de los recursos interpuestos contra las plazas para los cuerpos docentes de Profesor Titular y Catedrático de Universidad convocadas en el año 2012, en todos aquellos procesos judiciales que aún estén en curso ... (Página64)

161/000995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reducción urgente del tipo impositivo del IVA que grava los servicios deportivos ... (Página67)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las elecciones sindicales en el sector de la pesca ... (Página68)

161/001001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad ... (Página69)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica ... (Página72)

161/000979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia ... (Página74)

161/000993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre unificación del trazado de las líneas eléctricas que transportan energía hasta la subestación de Totana ... (Página75)

161/001016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de Reindustrialización en el municipio de Yecla en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ... (Página75)

161/001022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación del Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación ... (Página76)


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161/001025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de que Red Eléctrica Española desmonte la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 220 Kv, simple circuito, Trives-Aparecida (Ourense y Zamora) ... (Página79)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000965 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la solicitud al Gobierno de España de apoyo institucional tras la designación de Cambados (Pontevedra) como Ciudad Europea del Vino 2017 ... (Página80)

161/000974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la declaración como tercer parque nacional de Andalucía del espacio resultante de sumar la integridad del macizo ultramáfico de Sierra Bermeja y el Parque Natural de la Sierra de las Nieves ... (Página80)

161/000975 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reparto en España de la cuota de atún rojo, así como el resto del esfuerzo pesquero entre los distintos segmentos de flota y territorios ... (Página82)

161/000980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a solucionar de forma definitiva los problemas de erosión en la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ... (Página85)

161/000982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso para la Declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves (Málaga) ... (Página86)

161/000984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación de un Plan Integral para la recuperación de los suelos contaminados por el Lindan en Aragón ... (Página87)

161/001005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la remodelación de los Paseos Marítimos de El Palo y Pedregalejo ... (Página88)

161/001011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños producidos por las fuertes lluvias caídas en la provincia de Huelva ... (Página89)

161/001015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión del Poblado de Puntas de Calnegre en la relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre ... (Página90)

161/001021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el etiquetado de la miel ... (Página91)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a homogeneizar en todo el territorio nacional el tratamiento de la discapacidad en los niños con cáncer ... (Página92)

161/000962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la formalización y a la implementación de un acuerdo marco con las asociaciones de pacientes ... (Página92)


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161/000994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de clasificar la enfermedad VIH-SIDA como infecto-transmisible en lugar de infecto-contagiosa ... (Página94)

161/001018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las transferencias de la Sanidad Penitenciaria a los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas ... (Página95)

Comisión de Cultura

161/000952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la candidatura de Bien Inmaterial de la Humanidad de la Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz ... (Página96)

161/000953 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a celebrar en 2017 el cuarto centenario de la publicación de "Los Trabajos de Persiles y Sigismunda", obra póstuma de Miguel de Cervantes y Saavedra ... (Página98)

161/000956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual ... (Página98)

161/000976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conmemoración del V Centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros ... (Página99)

161/000977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo, impulso y promoción al Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz ... (Página100)

Comisión de Igualdad

161/000997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la prohibición de las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales y amateurs ... (Página102)

161/001012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a analizar la existencia de la denominada tasa rosa y proponer actuaciones para eliminarla ... (Página103)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo a su paso por As Gándaras ... (Página104)

161/000988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de una rotonda en la conexión de la calle Alfonso X el Sabio de Lugo y la N-VI ... (Página104)

161/000989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-VI a la altura del estadio de fútbol de Anxo Carro ... (Página105)

161/001027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a reducir y extinguir la elevada siniestralidad y mortalidad de la carretera N-240 en su tramo entre Lleida y Montblanc ... (Página105)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001000 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a los criterios para el traslado de discapacitados en Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes ... (Página106)


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161/001024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Centro de Atención de Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Alcuéscar ... (Página107)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/000960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos ... (Página109)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Educación y Deporte

181/000037 Pregunta formulada por el Diputado don Eduardo Javier Maura Zorita y Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de revertir la tendencia de la LOMCE y apoyar en el currículum escolar las enseñanzas plásticas y visuales, haciéndolas materia obligatoria ... (Página110)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/000954

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para abordar con carácter urgente la reforma de la legislación de partidos políticos, refundiendo las actualmente vigentes Ley 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos en una sola Ley de Partidos, en desarrollo, garantía y afianzamiento de la democracia en su estructura interna y en su funcionamiento y para el establecimiento de un modelo de financiación vinculado a este principio y a los de transparencia y control riguroso de las cuentas de las organizaciones políticas, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

La Constitución española, en su artículo 6, atribuye a los partidos políticos las funciones de expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política. Esta fórmula recoge acertadamente la posición y funcionalidad que en un sistema democrático representativo corresponde desempeñar a los partidos políticos, que se concretan en las muy diversas facultades que el ordenamiento jurídico les atribuye conforme a su relevancia constitucional.

En correspondencia con su naturaleza de instituciones a través de las cuales se garantiza el pluralismo político y la formación y manifestación de la voluntad popular, este precepto enuncia el principio de constitucionalidad de los partidos, que queda prefigurado, desde el punto de vista interno, en la exigencia de que tanto "su estructura" como su "funcionamiento" deberán ser democráticos y, desde el punto de vista externo, en la sujeción a la Constitución, expresada por su ineludible respeto a la misma, complementado obviamente con el principio de legalidad que también manifiesta, según el tenor del precepto constitucional, el exigido respeto a la ley.

Sin embargo, estos principios vienen siendo desatendidos, cuestionados o adulterados significativamente en la práctica, en una u otra medida, por algunas formaciones políticas en tanto que mantienen una deficiente organización interna desde una perspectiva democrática, que se manifiesta en la opacidad con la que seleccionan a sus dirigentes y adoptan sus decisiones. De otro lado, además, es notoria la sucesión de noticias que están aflorando tramas corruptas e ilegales para su financiación por la facilidad con la que algunos de sus gestores se enriquecen en el ejercicio de su responsabilidad o por el desvío de fondos públicos y privados a actividades no concordes con la función que les viene encomendada por nuestra norma fundamental.

Desde ambas perspectivas, por tanto, resulta por completo necesaria una reforma de la legislación de partidos que, para su mayor claridad y eficacia, debería estar contenida, como desarrollo constitucional,


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en un solo y sistemático cuerpo normativo. Esta nueva legislación orgánica unitaria de partidos políticos debe estar fundamentalmente dirigida a potenciar su democracia interna y a garantizar la transparencia económica y el adecuado y riguroso control de sus cuentas.

Democracia interna.

Si bien la vigente Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, ha supuesto una evidente mejora respecto de la regulación anteriormente contenida en la Ley 54/1978 si tomamos como referencia el principio de constitucionalidad desde la perspectiva externa (libertad de creación y de actuación "dentro del respeto a la Constitución y a la ley"), en tanto que regula con suficiente detalle las conductas en la actuación de los partidos que serían sancionables, así como el procedimiento y los efectos de su disolución, no ocurre lo mismo con el desarrollo del principio de constitucionalidad de los partidos desde la perspectiva interna, esto es, la exigencia de que tanto su estructura como su funcionamiento deberán ser democráticos.

Con independencia de la necesidad de observar el respeto a la amplia esfera de libertad de autoorganización que obviamente debe quedar a los partidos en el marco constitucional y que es propia del desarrollo de sus correspondientes estatutos, llama la atención el carácter tan limitado y en exceso genérico y esquemático con el que la mencionada ley aborda los elementos vinculantes para que su estructura y funcionamiento sean democráticos. Si la democracia es participación y garantía de los derechos, competición y control, estos elementos deben también estar presentes y ser garantizados con suficiencia en la vida interna de los partidos, en tanto que de ellos va a depender la configuración y ejercicio del poder político democrático, al proyectarse con su actuación sobre el conjunto de las instituciones democráticas, sea de manera inmediata o mediata. En este sentido son fácilmente determinables otros muchos criterios y elementos no tenidos en cuenta en la legislación vigente que podrían abundar en una mayor democratización y, por tanto, en un mejor desarrollo y observancia del principio constitucional y una mayor adecuación a lo que tanto el paradigma constitucional democrático como la ciudadanía están demandando de ellos.

Fundamentalmente se trata de introducir en el sistema nuevos elementos y nuevas prácticas de calidad democrática, como la celebración de primarias, la limitación de mandatos o la paridad en las listas electorales, entre otros aspectos.

Financiación, transparencia económica y rendición de cuentas.

Uno de los factores determinantes de los episodios de corrupción habidos en España está sin duda relacionado precisamente con la financiación de los partidos y la inoperancia del sistema de control de sus ingresos y gastos. El conocimiento de la alarmante escala de corrupción al que estamos asistiendo está produciendo altos índices de desafección ciudadana respecto al sistema democrático y sus instituciones, lo que aconseja intervenir con urgencia y con intensidad en estos aspectos.

Reformar el sistema de financiación de los partidos políticos en España y el control y fiscalización de sus cuentas, a la vista de las prácticas de algunos partidos y de las fallas de efectividad de la normativa de desarrollo (primero la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, y después la vigente Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, además de determinados preceptos de la legislación electoral), resulta una tarea ineludible, sobre todo -pero no exclusivamente- en lo relativo al refuerzo de los mecanismos de control.

La financiación que los partidos reciben del Estado debe estar vinculada no solo al número de votos recibidos y a los escaños obtenidos con ellos sino también a la calidad de su democracia interna en los términos antes expuestos. De otro lado, todos los ingresos públicos y privados deben estar detallados con la necesaria precisión, detalle y desglose de las aportaciones de donantes, afiliados y cargos públicos. De igual manera deben contemplarse los gastos, detallando expresamente y con el debido rigor las retribuciones a responsables internos y a empleados, así como los gastos externos y de funcionamiento.

Por lo que se refiere al control y fiscalización, deberían reformarse los mecanismos en un sentido que, en contraste con la parquedad del Capítulo IV de nuestra Ley Orgánica de Partidos Políticos, tome inspiración en modelos más rigurosos y eficaces como, por ejemplo, en el modelo establecido en la legislación alemana de partidos, con reglas claras, detalladas y exigentes que permitan una transparente rendición pública de cuentas de estas organizaciones políticas. Tiene particular interés que no se deje solo en manos de los partidos prever un sistema de control interno, como hace nuestra ley, sino que se establezca imperativamente cómo debe procederse para llevar a cabo el control público de cuentas, regulándose al detalle la forma en la que éstas deben realizarse, los items que deben contener para


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homogeneizar y clarificar el control, permitiendo la comparación, y, entre otros aspectos, sobre todo, un proceso de verificación estricto para la determinación de los recursos públicos que el partido tiene derecho a percibir. Son, por tanto, necesarias normas más precisas que las existentes, con procedimientos de publicidad y transparencia, control y rendición de cuentas tanto internos como externos, además de mejorar los elementos del control a realizar por el Tribunal de Cuentas. Homogeneizar y reforzar los procedimientos de control es la única garantía de que la financiación de los partidos dejará de ser un problema de la magnitud que ha alcanzado en España.

Con esta regulación y las medidas apuntadas perseguimos el objetivo de conseguir que los partidos políticos aumenten la calidad democrática de su estructura y funcionamiento internos, dotando de realidad y efectividad a la relación entre representantes y representados, combatiendo así también la desafección de la ciudadanía. No en vano las funciones de los partidos que se mencionan en el artículo 6 de la Constitución podrían resumirse en aquella que es el punto nodal de las demás menciones que describen a los partidos, cual es la de "concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular". Pero la voluntad popular no solo se expresa a través de los partidos mediante el mecanismo electoral-representativo sino que también se construye en la vida interna de los mismos y en la interacción entre ellos. Por estas razones los partidos se convierten en un elemento esencial y vertebrador del Estado democrático y la calidad con la que funcionen y se construya su interposición y mediación entre la Sociedad y el Estado determinará (junto con otros factores, como especialmente el sistema electoral que se adopte) la del propio sistema político en su conjunto.

Otro gran objetivo es que los partidos políticos estén mejor inmunizados frente a la corrupción, teniendo presente que la reforma de la financiación de los partidos no solo es un medio para la prevención de la corrupción, sino que debe servir también para la reconstrucción del vínculo de identificación y de confianza entre la ciudadanía y los partidos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en un plazo no mayor a tres meses elabore y remita a esta Cámara para su tramitación un proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos que recoja de manera integrada toda la normativa en materia de partidos políticos, refundiendo la actual ley de partidos y la de financiación en una sola Ley, con los objetivos de desarrollar y garantizar los principios de democracia en su estructura interna y en su funcionamiento y establecer un modelo de financiación vinculado a este principio y a los de transparencia y control riguroso de las cuentas de las organizaciones políticas.

2. El proyecto deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos relacionados con la democracia interna de los partidos:

- Mayor participación de los afiliados en la elección directa de cargos orgánicos.

- Selección de las candidaturas a la presidencia de los gobiernos nacional y autonómicos y a determinadas corporaciones locales de mayor población mediante sufragio directo y secreto de los afiliados y, en su caso, simpatizantes.

- Existencia de órganos internos de garantía y control plenamente independientes.

3. Respecto de la transparencia económica, el proyecto debe:

- Vincular la financiación estatal a los resultados electorales y a la democracia interna de los partidos, en los términos que la ley establezca.

- Establecer incentivos fiscales regresivos para las aportaciones privadas a los partidos.

- Regular las microdonaciones a través de Internet.

4. Sobre rendición de cuentas y fiscalización, el proyecto deberá:

- Dotar de transparencia a todos los ingresos públicos y privados detallándose las aportaciones y los gastos (en particular, las retribuciones a cargos internos y empleados).

- Establecer la obligación de realizar una auditoría externa anual.

- Regular la responsabilidad patrimonial los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos.


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- Fijar un techo de gasto a los partidos políticos.

- Establecer la obligación de publicar la liquidación de gastos e ingresos electorales.

- Reforzar la potestad sancionadora y fiscalizadora del Tribunal de Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de los partidos políticos. Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas y de los créditos contratados y renegociados. El Tribunal de Cuentas publicará las donaciones superiores a 200 euros anuales y retendrá toda subvención pública a los partidos que no le hayan remitido sus cuentas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2016.-Gregorio Cámara Villar, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000992

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley sobre revisión de la Ley Orgánica de Protección de Datos para adecuarla al nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 10674, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre revisión de la Ley Orgánica de Protección de Datos para adecuaría al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

El 14 de abril de 2016 fue aprobado por el Parlamento Europeo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos deroga y sustituye la Directiva 95/46/CE.

El RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2016 pero, para facilitar a los Estados miembros su adaptación al mismo, su efectiva aplicación se ha pospuesto hasta el 25 de mayo de 2018. España dispone de dos años para adoptar las medidas necesarias para adecuar su realidad socio-económica, institucional y normativa a las previsiones contenidas en el RGPD.

El RGPD introduce notables novedades dirigidas a modernizar el sistema de protección de datos personales y adecuarlo a las exigencias actuales de la sociedad de la información. El RGPD fortalece los


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derechos de los ciudadanos consagrado los derechos al olvido y a la portabilidad, incrementando la protección de los menores, mejorando la transparencia y perfeccionando los mecanismos para prestar consentimiento para el tratamiento de datos. Las empresas asumen nuevas obligaciones dirigidas a garantizar la privacidad desde el diseño y por defecto, realizar evaluaciones de impacto previas al tratamiento de datos; nombrar delegados de protección de datos; o notificar brechas en la seguridad de los datos. El RGPD establece un riguroso sistema sancionador dirigido a garantizar la efectividad de la garantía del derecho fundamental a la protección de datos.

El RGPD resultará directamente aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 pero, con anterioridad, es indispensable revisar el ordenamiento español de protección de datos para actualizarlo al nuevo marco normativo europeo.

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) ha quedado superada y desfasada por el nuevo RGPD. El reformado sistema sancionador o las nuevas obligaciones empresariales obligan a modificar la LOPD para, también, actualizar sus previsiones tras diecisiete años de vigencia. Tras casi veinticinco años de existencia, el marco regulador de la Agencia Española de Protección de Datos requiere una actualización dirigida a preservar su independencia y garantizar el ejercicio eficaz de sus funciones.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de revisión de la Ley Orgánica de Protección de Datos para adecuarla al nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

Arbitrar un procedimiento público y transparente de discusión del mencionado proyecto de ley en el que participen la Agencia Española de Protección de Datos y todos los sectores sociales, económicos, empresariales y profesionales concernidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Artemi Rallo Lombarte, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la regulación del Gobierno en funciones contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para su debate en Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

La Constitución española establece que, tras la celebración de elecciones enerales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su Presidente, "el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno" (art. 101). Este precepto, amén de preservar la continuidad de la acción de gobierno en los supuestos referidos, obliga a diferenciar el alcance de dicha acción entre el Gobierno que ostenta la plenitud de legitimidad parlamentaria y el Gobierno en funciones, que bien la ha perdido por prosperar una cuestión de confianza, bien la ha quebrado por la dimisión o fallecimiento del Presidente que obtuvo la investidura directa del Congreso o por la celebración de unas elecciones generales que han provocado una nueva composición de las Cámaras parlamentarias.

Tras algunos intentos frustrados protagonizados por el Proyecto de Ley de UCD de 1980, la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular de 1995 y el Proyecto de Ley socialista de 1995, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno realizó una parca regulación del "Gobierno en funciones" que, en buena medida, reiteraba contenidos de la Constitución (art. 21.1 y 2) o explicitaba previsiones ya inducidas del texto y la sistemática constitucional que sólo podrían salvarse mediante una incierta interpretación en exceso abierta del texto constitucional -prohibición de disolución parlamentaria discrecional o prohibición


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de planteamiento de la cuestión de confianza-. Así las cosas, la Ley 50/1997 se limitó a negar al Gobierno en funciones determinadas potestades singulares como el ejercicio de la iniciativa legislativa, la adopción de Decretos Legislativos o la facultad de convocatoria de referéndum consultivo.

Sin embargo, frente a las singulares prohibiciones referidas, la Ley 50/1997 ha otorgado al Gobierno en funciones un ámbito funcional genérico con un potencial expansivo inequívoco que, en la práctica, se ha evidenciado harto problemático: "El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". Este precepto se sustenta en el uso de conceptos jurídicos indeterminados (despacho ordinario de asuntos públicos, urgencia debidamente acreditada, interés general expresamente acreditado) que implican inseguridad jurídica y abocan inevitablemente a la litigiosidad jurídica y política en las peores circunstancias constitucionales imaginables: ausencia de un Gobierno en plenitud de facultades. Litigiosidad que puede llevar, como ha ocurrido en la presente Legislatura, a que se vea afectada y puesta en cuestión la misma estructura constitucional de separación, equilibrio y colaboración entre los poderes del Estado.

A falta de jurisprudencia constitucional, el Tribunal Supremo ha procurado argumentos interpretativos no exentos de interrogantes ya que, doctrinalmente, se ha advertido de la existencia de criterios contradictorios al enjuiciar la casuística inserta en el "despacho ordinario de asuntos públicos". No en vano, la STS 5369/2005, de 20 de septiembre, anuló un acuerdo de extradición adoptado por un Gobierno en funciones mientras que la STS 8303/2005, de 2 de diciembre, confirmó la legalidad de la denegación de un indulto adoptada por otro Gobierno en funciones. A esta última sentencia hay que reconocerle el mérito de intentar avanzar en la delimitación de la actuación del Gobierno en funciones aunque faltándole la imprescindible precisión que sólo el legislador puede aportar.

La STS 8303/2005 ya advertía de las circunstancias que la realidad se ha encargado de corroborar: "El interregno ... solamente será breve, en principio, cuando prospere una moción de censura porque su aprobación ... comporta la investidura del que figuraba como candidato alternativo en ella, de manera que en pocos días puede producirse la toma de posesión del nuevo Gobierno. En cambio, en las demás hipótesis, la interinidad que producen puede extenderse a lo largo de varias semanas e, incluso, de varios meses si procediera la disolución de las Cortes Generales prevista en el artículo 99.5 de la Constitución. Esta posibilidad no se ha dado hasta ahora, pero la experiencia autonómica, a partir de normas, en general, muy parecidas a las del artículo 99, ofrece ejemplos en los que se ha prolongado considerablemente un Consejo Ejecutivo en funciones. En consecuencia, el Gobierno puede permanecer en funciones un período de tiempo significativo." Sin duda, el Tribunal Supremo tomaba como referencia lo acontecido en la Comunidad de Madrid en 2003 o en Cantabria en 1995/1996 pero ni contaba con los ejemplos mostrados por Andalucía (2015) o Cataluña (2015/2016) ni, obviamente, con el largo proceso de investidura inaugurado tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.

Por ello, la STS 8303/2005 avanzó una línea jurisprudencial dirigida a acotar el alcance de la correcta comprensión del concepto "despacho ordinario de asuntos públicos": "el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquéllos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno. Y esa cualidad que excluye a un asunto del despacho ordinario ha de apreciarse, caso por caso, atendiendo a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que deba producirse". Es evidente, que este loable intento jurisprudencial delimitados del alcance de las funciones del Gobierno cesante nace harto debilitado al obligar a evaluar la casuística y las circunstancias que la envuelven a falta de una mayor delimitación legislativa que reduzca la incertidumbre en el margen interpretativo a la que también contribuyen los numerosos votos particulares presentados a la mencionada Sentencia.

No existe, además, jurisprudencia que permita delimitar el alcance de la cláusula habilitadora del Gobierno cesante que amplía sus potestades más allá del despacho ordinario de asuntos públicos para extenderlas a cualesquiera otras medidas en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique. La experiencia demuestra que la acción del Gobierno en el Estado contemporáneo se ve comprometida por la necesidad de adoptar medidas ineludibles ante acontecimientos relacionados con retos globales, por la integración supranacional y por políticas plurianuales que obligan a la actuación gubernamental al margen de los avatares institucionales


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internos y de la debilitada legitimación de un Gobierno en funciones. Garantizar la continuidad de la acción de gobierno de un Ejecutivo en funciones en estos ámbitos y en beneficio del interés general no debería suponer un menoscabo de sus controles que impidiera una indeseable disociación entre el Gobierno cesante y el resto de los poderes del Estado -particularmente, de las Cortes Generales-.

En definitiva, profundizar en la delimitación de la posición constitucional del Gobierno cesante debería contribuir a salvaguardar una pacífica y colaborativa convivencia entre los poderes del Estado presidida por el principio, reivindicado por la Exposición de motivos de la Ley 50/1997, de lealtad constitucional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración y aprobación de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en lo concerniente a la regulación del Gobierno en funciones que, sin menoscabo alguno del control parlamentario de sus actos y decisiones, aborde los siguientes objetivos:

1. Delimitar y precisar el alcance de las facultades del Gobierno en funciones referidas al despacho ordinario de asuntos públicos.

2. Desarrollar los supuestos en que puede estimarse urgente o de interés general la intervención del Gobierno en funciones distinta al despacho ordinario de asuntos públicos y determinar el procedimiento de acreditación de la urgencia para tales casos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Artemi Rallo Lombarte, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción de la figura de Bernardo de Gálvez, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El 23 de julio de 2016 se conmemoró el 270 aniversario del nacimiento del militar y político español que encarnó y lideró el apoyo de España a la independencia de los Estados Unidos de América: Bernardo de Gálvez y Madrid, quien lideró a las tropas españolas en la batalla librada en la zona de Florida actualmente conocida como Pensacola contra las tropas inglesas en 1781 y que, a juicio de los expertos, adelantó en veinte años la independencia de las colonias norteamericanas.

En Estados Unidos se han celebrado actos de gran nivel, como el reconocimiento por la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos en 2014 de este ilustre español, y la concesión, ratificada por el presidente de los Estados Unidos Barack Obama el 16 de diciembre de 2014, del título de Ciudadano Honorario (el mayor reconocimiento que un extranjero puede recibir en los EE.UU. de América y que tan sólo siete personas lo han recibido con anterioridad -entre quienes se encuentran Lafayette o Churchill-) o colocándose un retrato de su persona en las dependencias del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en cumplimiento de la promesa que realizaron los "Padres Fundadores" de la nación norteamericana el 9 de mayo de 1783 en el Congreso estadounidense. Retrato que es una copia del cuadro original que regaló S.M. el Rey Carlos III al Congreso estadounidense y que se perdió en 1814, al invadir los ingleses Washington y quemar la Casa Blanca y el Capitolio.


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En España, el día 3 de diciembre de 2015, S.M. El Rey inauguraba en la Casa de América la muestra "Bernardo de Gálvez y La Presencia de España en México y Estados Unidos", con la presencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Lamentablemente, y debido principalmente a la situación provocada por el bloqueo político, los actos conmemorativos más institucionales de 2015 se vieron interrumpidos y no pudieron cubrir el período más importante que cubría el arco entre el aniversario de la toma de Pensacola el 8 de mayo y el aniversario del nacimiento de Gálvez y habrían tomado el testigo a la solemnidad de una declaración del Presidente de los Estados Unidos o de la colocación de un retrato en el Senado estadounidense. Aun así, se han realizado algunos actos conjuntos importantes en España con la Embajada de los Estados Unidos, al igual que en Estados Unidos con la colaboración de nuestra Embajada en Washington y de distintos Consulados Generales, y gracias a la inestimable ayuda y contribuciones de la Fundación-Consejo España-Estados Unidos. El Premio Bernardo de Gálvez de dicha Fundación-Consejo es obsequiado cada año a una personalidad de cualquiera de los dos países que haya contribuido de manera destacada a fomentar los vínculos y lazos de amistad entre nuestros dos países.

El Buque escuela de la Armada "Juan Sebastián de Elcano" participó en 2015 una ofrenda floral ante el busto de honor del General Bernardo de Gálvez, en la península de Pensacola (Florida). Recientemente también se han celebrado en Madrid varias conferencias de relieve sobre esta figura histórica en distintos foros académicos (Casa de América, Escuela Diplomática, CESDEN, Fundación Ramón Areces y Biblioteca Nacional, entre otros) y se ha inaugurado en el Museo Nacional del Ejército, situado en el Alcázar de Toledo, un ala dedicada a Gálvez y a la contribución militar del Reino de España a la independencia de Estados Unidos, incluyendo un nuevo cuadro de la Batalla de Pensacola por Augusto Ferrer-Dalmau. También se han escrito varios libros, alguna novela, y se han editado numerosos artículos y un cómic sobre su figura. No obstante, dado lo que supone la figura de Bernardo de Gálvez de puente histórico entre España y Estados Unidos, sería deseable una continuidad en la difusión y recuerdo de su persona y logros, sin olvidar otras figuras españolas decisivas a tal contribución como Diego María de Gardoqui y Arriquibar, político, diplomático y armador que fue nuestro primer Embajador en los Estados Unidos.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mejorar la difusión continuada nacional e internacional del conocimiento, la historia y la importancia actual de los hechos liderados por el ilustre militar español, no limitando la divulgación al mero aniversario de un acontecimiento.

2. Estudiar la elaboración una exposición temporal sobre la figura de Gálvez en el Congreso de los Diputados, en colaboración con instituciones norteamericanas, como la realizada en el aniversario del Quijote como contrapunto a las acciones promovidas en el Congreso de los Estados Unidos en reivindicación de la figura del insigne español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001006

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Presidencia española del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


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Exposición de motivos

España es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el 1 de enero de 2015. Permanecerá hasta el 31 de diciembre de este año, con la particularidad que durante el mes de diciembre de 2016, ejercerá por segunda vez la presidencia rotatoria del Consejo (siendo la anterior en octubre de 2015).

Nuestro país ha desplegado una gran actividad durante este tiempo en el Consejo de Seguridad, sobre la base de un Programa que recogía las prioridades por temas y zonas geográficas y que presentó el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados el 11 de marzo de 2015. A mitad de mandato, se elaboró un documento de balance de lo hecho durante 2015 y de prioridades para el año 2016.

Asimismo, una delegación de parlamentarios del Congreso de los Diputados viajó a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York los días 26 a 29 de mayo de 2015, viaje en el que sus miembros tuvieron ocasión de conocer de primera mano y guiados por la Representación Permanente de España, la actividad y compromiso de nuestro país en el seno del Consejo de Seguridad.

Por otro lado, el pasado 23 de junio de 2015, el Pleno del Congreso de los Diputados adoptó una Proposición no de Ley en la que instaba al Gobierno a mantener, impulsar, promover y profundizar en las prioridades españolas para el bienio 2015-2016 en el Consejo de Seguridad.

Durante la presidencia española del Consejo de Seguridad, en octubre de 2015, España realizó una intensa y destacada labor, reconocida por todos. Así, convocó un Debate Abierto de Alto Nivel sobre la revisión de la Resolución del CS 1325 (2000), sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que estuvo presidido por el Presidente del Gobierno y en el que participaron más de cien delegaciones. En el debate se logró la adopción de la Resolución 2242 (adoptada por unanimidad y con 72 copatrocinios) que toma el testigo de la 1325 y establece nuevos compromisos de la comunidad internacional a favor de la protección de la mujer en conflictos. En relación con este tema, es preciso recordar que el 6 de julio de 2015, el Senado había aprobado por unanimidad una Declaración Institucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, instando al Gobierno a dar prioridad a esta cuestión en el Consejo de Seguridad y a adoptar una nueva resolución en el 15.º aniversario de la 1325.

Nuestro país también organizó un Debate Abierto sobre mejora de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad con el objetivo de hacer del Consejo de Seguridad un órgano cada vez más eficaz y transparente en línea con los compromisos asumidos en la campaña para la elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

Finalmente, también en octubre de 2015, España organizó un Debate Abierto Ministerial sobre Oriente Medio que tuvo lugar el día 22 y estuvo presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Durante el mismo, España suscitó la conveniencia de una conferencia internacional "Madrid II", recogiendo el espíritu que llevó a la celebración de la primera hace veinticinco años.

Dado el amplio consenso parlamentario del que ha gozado el programa y las prioridades de España en el Consejo y el prestigio que para nuestro país representa el buen desempeño de su presidencia en el Consejo de Seguridad, resultaría muy oportuno obtener el respaldo del nuevo Parlamento a los objetivos que España se ha propuesto alcanzar durante su presidencia de diciembre de 2016.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno el interés de:

1. Seguir defendiendo la no proliferación y el desarme y en esa línea, llevar a cabo el proceso de revisión global de la Resolución 1540, que debería culminar en la celebración de un debate abierto y si fuera posible, a la adopción de una Resolución que renueve la 1540, adoptada en 2004.

2. Profundizar en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, fomentando la cooperación judicial internacional.

3. Promover la defensa de los derechos humanos en el Consejo de Seguridad, especialmente en lo que se refiere a la trata de seres humanos en situaciones de conflicto, en particular la perpetrada por grupos terroristas que utilizan de manera sistemática como táctica terrorista la violencia sexual en conflicto y que crean redes de trata de mujeres y niñas.


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4. Mantener nuestro compromiso con las cuestiones humanitarias, dando prioridad a Siria, sin escatimar esfuerzos por que se apruebe un proyecto de resolución que detenga la ofensiva sobre Alepo, y procurando renovar la Resolución 2258, relativa a los aspectos humanitarios del conflicto en Siria y dando seguimiento a la Resolución 2286, impulsada por España, sobre asistencia médica en conflictos armados.

5. Impulsar la renovación del mandato de la Misión de NNUU (UNSMIL) sobre Libia.

6. Dar prioridad a los asuntos de África en el Consejo de Seguridad, en cumplimiento del compromiso de España tanto durante su campaña como en el programa para el bienio 2015-2016.

7. Presentar un balance de los dos años de presencia española en el Consejo de Seguridad una vez se termine el mandato de España para el bienio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001013

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Exteriores, una Proposición no de Ley para la incorporación de una memoria de análisis de impacto normativo y económico a los tratados y acuerdos internacionales, antes de su aprobación o ratificación por parte de las Cortes.

Los tratados internacionales son acuerdos de carácter contractual entre los estados, u organizaciones de estados, acreedores de derechos y obligaciones jurídicas entre las partes. Su aprobación por parte de las Cortes Generales o el Gobierno, según corresponda, implican su incorporación al ordenamiento jurídico del estado español.

Así, un tratado internacional tiene la misma validez que una ley emanada de las Cortes Generales, pues son aprobados por estas. Sin embargo, a diferencia de los Proyectos de Ley, los tratados internacionales no son objeto de una memoria del análisis de impacto normativo, ni de una memoria económica, informaciones que deberían acompañar a la aprobación de cualquier tratado al igual de lo que ocurre con los proyectos de ley. La importancia de contar con estas memorias estriba en que, el legislador debe disponer de la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus destinatarios y agentes.

Por lo que hace referencia a las consecuencias jurídicas, destaca el examen de la inserción de la propuesta normativa en el ordenamiento jurídico, especialmente la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico (normas Internas y comunitarias).

En relación al impacto económico el abanico de aspectos a tratar es muy amplio: el impacto económico general (efectos en la actividad económica, en el empleo, en los precios de los productos y servicios, en la productividad de las empresas, en la innovación, en los consumidores, en relación a la economía europea y otras economías, efectos sobre las pymes...); el impacto en la competencia del mercado, es decir, si se introducen elementos capaces de distorsionarla; el impacto de las cargas administrativas o el impacto presupuestario (tanto del de los Presupuestos Generales del Estado, como de los de las comunidades autónomas como de los entes locales).

En el ámbito comunitario también se recomienda una mejor legislación. Para ello, la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea insta a los Estados miembros a establecer estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales.

El fuerte impacto de los tratados internacionales hace indispensable que requieran de estas memorias. Posiblemente entre los ejemplos más evidentes de la necesidad de recabar las citadas informaciones están algunos tratados en vías de ratificación como por ejemplo el Acuerdo de París sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sobre el cual todo indica que se trata de un


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acuerdo imprescindible para el futuro de nuestras sociedades; o también el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), sobre el cual la desinformación respecto a su impacto normativo, económico y social parece ser el principal problema a abordar.

Por todo ello, los Diputados del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas necesarias para requerir que la remisión de Tratados y Acuerdos internacionales por parte del Gobierno a las Cortes Generales, para su aprobación o ratificación, vaya acompañada por una memoria de análisis de impacto normativo y de una memoria de impacto económico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de La Rábida como lugar de encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Pocos acontecimientos han tenido mayor trascendencia para la Historia de la Humanidad que la llegada de Colón a América en 1492. El encuentro entre dos mundos separados por un océano inabarcable y mítico, marcó el devenir del orbe. A partir de 1492, la humanidad comenzó a tener una idea cabal de cómo era el planeta que habitaba.

En el año 2017, se cumplirán 525 años de la efeméride, y la provincia de Huelva, con los Lugares Colombinos a la cabeza, quiere reafirmar su vocación iberoamericana y fortalecer los lazos culturales, económicos e institucionales dentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

A lo largo de la historia Huelva ha reivindicado como propio el papel protagonista que le otorgó este hecho histórico. Ya en el siglo XIX Washington Irving reivindicaba en su diario el papel protagonista los Lugares Colombinos. En ese mismo siglo, en 1880, ya se creó en Huelva la Real Sociedad Colombina Onubense que fue la artífice de la construcción del Monumento del IV Centenario del Descubrimiento de América que se alberga en el paraje de La Rábida.

En el siglo XX no fueron pocos los acontecimientos culturales que vieron la luz y que reforzaron los lazos entre Huelva y América. Así, en 1943, se creó la Universidad Hispanoamericana de la Rábida; en 1974, se creó el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que ha alcanzado en 2016 su 42.ª edición; o en 1981, el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Estos hechos son solo una muestra del esfuerzo realizado por esta provincia por mantener vivos los lazos de unión con América.

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de La Habana en 1999, adoptó el acuerdo mediante el que "reconocía a La Rábida como lugar de encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones".

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de fecha 16 de noviembre de 1999 (núm. expte. 213/001330) ratificó el acuerdo de "conferir la condición de lugar de encuentro para seminarios, todo tipo de encuentros ministeriales, culturales y de cualquier tipo relacionados con la cumbre a La Rábida" (pág. 24493).

Así mismo, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español, en su sesión de 24 de febrero de 2011, aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para promocionar La Rábida y los lugares vinculados al Descubrimiento de América de la provincia de Huelva (núm. expte. 661/000699).

La XXV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2016, ha adoptado un "Comunicado Especial" actualizando y renovando los compromisos


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acordados en La Habana y reiteran el reconocimiento "al esfuerzo realizado durante estos años por mantener los lazos de cooperación e instan a seguir trabajando, fundamentalmente en las áreas de cultura, educación y medio ambiente, en beneficio de la Comunidad Iberoamericana".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ratificar los compromisos adoptados por los organismos nacionales e internacionales en cuanto al reconocimiento de La Rábida como lugar de encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

2. Promocionar ante las instancias oportunas (presidencia pro tempore del grupo regional ALC y por parte de la UE, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión y Presidente del Consejo Europeo respectivamente) y apoyar la organización en la provincia de Huelva de reuniones de Ministros, Presidentes de Gobierno y Jefes de Estado de la Unión Europea y de los países iberoamericanos en el marco de las relaciones internacionales.

3. Expresar la voluntad de que, con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), pueda crearse en La Rábida (Huelva) un observatorio con carácter permanente al objeto de desarrollar los cometidos señalados tanto en las Cumbres de La Habana y Cartagena de Indias como en los acuerdos de ambas Cámaras de estas Cortes Generales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2016.-José Juan Díaz Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Justicia

161/000966

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de la Diputada Sara Carreño, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El fraude fiscal priva al Estado de un volumen de ingresos estimado en 60.000 millones de euros anuales, lo que supone que alrededor de la quinta parte del PIB escapa al control de la Agencia Tributaria cada año. Desde el inicio de la recesión económica, la economía sumergida ha aumentado en enormes proporciones y la Hacienda Pública ha perdido en torno a un 13 % de ingresos. Al mismo tiempo, los progresivos recortes en el Gasto Público han tenido un tremendo impacto negativo en los derechos sociales de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, hasta situar a España a la cabeza de los países con más desigualdad de la Unión Europea.

Como consecuencia de las políticas de austeridad, hoy el 29,2 % de la población de nuestro país vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y de este total, 3,2 millones viven en situación de pobreza severa.

Mientras en nuestro país se acrecienta la desigualdad motivada por los recortes, las rentas altas acumulan el 72 % del fraude fiscal total.

En el contexto actual, la lucha contra el fraude fiscal se revela más necesaria que nunca, puesto que los ingresos adicionales recaudados podrían destinarse a sostener los servicios públicos cuya financiación se ha visto duramente mermada durante los últimos años y a paliar así la desigualdad existente entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.


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El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el sistema tributario constituye, además, una obligación consagrada por el artículo 31 de nuestra Constitución.

Por tratarse de un deber constitucional y por las terribles consecuencias que acarrea para el bienestar social, la efusión tributaria es una conducta altamente reprochable, que el Estado debería perseguir y castigar firmemente.

El Código Penal tutela los valores y principios básicos de la convivencia social, según su propia exposición de motivos, y su contenido ha de ser ajustado a los cambios, nuevas situaciones y necesidades. El fraude fiscal constituye una conducta reprobable por la sociedad, así como una de las mayores preocupaciones de nuestra ciudadanía. Además, el 65 % de la población de nuestro país sostiene que el Estado no hace un esfuerzo suficiente para evitar el fraude.

No parece por tanto razonable, en este contexto, que la defraudación a la Hacienda Pública sólo sea constitutiva de delito a partir de una cuantía del importe defraudado superior a los 120.000 euros, más aún, cuando los tipos penales de fraude a la Seguridad Social o los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea fijan en 50.000 euros cuantía constitutiva de delito.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley que dé nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, para rebajar la cuantía de la defraudación constitutiva de delito a 50.000 euros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2016.-Sara Carreño Valero, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001010

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo del Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las medidas recogidas en el punto 1 procedería adoptarlas, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la


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siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe del Grupo del Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción (GRECO) para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El 10 de octubre de 2016, se hizo público el Informe de Conformidad sobre España, aprobado en la 72 sesión plenaria de 1 de julio de 2016, del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en el marco de su Cuarto Ciclo de Evaluación sobre "Prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales".

El Informe GRECO 2016, supone un severo correctivo ante la inacción de las autoridades españolas -y, en particular, del Gobierno del PP- al concluir que nuestro país no ha cumplido de manera satisfactoria ninguna de las once recomendaciones contenidas en su Informe de Evaluación del Cuarto Ciclo de 2014 (adoptado en su 62 sesión plenaria de 2-6 de diciembre de 2013, y hecho público el 15 de enero de 2014).

Sin paliativos, el GRECO califica como "globalmente insatisfactorio" el grado de cumplimiento de sus recomendaciones anteriores y conmina a España a presentar un nuevo Informe en el que se dé cuenta sobre nuevos progresos antes, como fecha límite, del 31 de julio de 2017.

El Informe GRECO 2016 sobre España concluye que no se han cumplido, en su integridad, las recomendaciones siguientes:

- Analizar el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial y sus efectos sobre su independencia tanto real como aparente evitando que las autoridades políticas intervengan en los procesos de designación de la magistratura y, en consecuencia, preservándolo de toda influencia política efectiva o de la apariencia de la misma.

- Legislar criterios objetivos y reglas de evaluación para el nombramiento de altas magistraturas judiciales como las Presidencias de las Audiencias Judiciales y de Tribunales Superiores de Justicia o de magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo a fin de evitar cualquier duda sobre su independencia, imparcialidad o transparencia.

- Prolongar el plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios en la judicatura.

- Regular las relaciones entre parlamentarios y grupos de interés o terceros que pretendan influir en el proceso legislativo.

- Aprobar en las Cámaras parlamentarias un "código de conducta de los parlamentarios" sobre, entre otros asuntos, los conflictos de intereses, regalos y beneficios personales, actividades adicionales, intereses financieros y obligaciones declarativas. Dicho código de conducta debería tener carácter público y estar acompañado de medidas prácticas que garantizasen su vigencia.

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el control y la efectividad de las existentes y futuras obligaciones declarativas de los parlamentarios y del resto de reglas deontológicas que les sean aplicables.

De hecho, el Informe GRECO 2016 sobre España solo admite como cumplidas, parcialmente, las siguientes recomendaciones referidas a iniciativas supuestamente en proceso de tramitación pero, a fecha de hoy, no concluidas:

- Adoptar un código deontológico para jueces de carácter público y apoyado en servicios de asesoramiento especializados sobre conflictos de intereses y garantía de la integridad.

- Revisar el procedimiento de selección y duración del mandato del Fiscal General del Estado.

- Establecer legalmente obligaciones y procedimientos claros que mejoren la transparencia en las relaciones entre el Fiscal General y el Gobierno.

- Aumentar la autonomía del Ministerio Público en la gestión de sus medios.

- Adoptar un código deontológico para los fiscales de carácter público y con reglas específicas sobre conflictos de intereses y otros aspectos para la garantía de la integridad.

- Establecer un marco reglamentario especifico para las sanciones disciplinarias de los fiscales con garantías suficientes de equidad y eficacia y sometido a un control independiente e imparcial.

- Aumentar las categorías y la precisión de los datos solicitados a los parlamentarios en sus obligaciones declarativas.

El Gobierno del PP ha buscado crear la apariencia de que durante la X Legislatura impulsó un ambicioso paquete de iniciativas dirigidas a luchar contra la corrupción pero tanto la realidad socio-política española como el Informe GRECO 2016, desmienten incontestablemente esta pretensión.


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El Informe GRECO 2016, refuta de forma inapelable el intento del Gobierno popular de validar las escasas y limitadas iniciativas gubernamentales adoptadas hasta la fecha como un marco suficiente para prevenir y perseguir el que la ciudadanía considera como el segundo problema más importante de España: la corrupción.

Ni el "Plan de regeneración democrática" impulsado por el Gobierno (con sus reformas relativas a la actividad económica de los partidos políticos, al control de actividades de los altos funcionarios y cargos públicos o a las sanciones penales) ni la Ley de Transparencia ni los mínimos avances protagonizados en sede parlamentaria cubren suficientemente las exigencias preconizadas por el Consejo de Europa.

La mayoría parlamentaria del PP en ambas Cámaras durante la X Legislatura ha negado el impulso necesario que posibilitara una reforma reglamentaria que permitiera adoptar las medidas propuestas por el Informe GRECO de 2013/2014, a fin de prevenir conductas irregulares o corruptas en sede parlamentaria. Ha habido que esperar al cambio político iniciado con la XI Legislatura para que el Congreso de los Diputados tomara en consideración una Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del Registro de los Grupos de Interés o Lobbies. Iniciativa desgraciadamente frustrada al agotarse prematuramente la Legislatura. Las escasas medidas de trasparencia de la actividad de los parlamentarios adoptadas por la presión social no han ido acompañadas, por la denodada resistencia del PP, de otras iniciativas que garantizaran más eficazmente la probidad e integridad de los parlamentarios.

La lucha contra la corrupción requiere que las instituciones y órganos pilares del Estado de Derecho funcionen con plena eficacia y, a tal fin, la independencia de jueces y magistrados constituye una exigencia constitucional inexcusable que debe obtener sus garantías no sólo durante el ejercicio de la función jurisdiccional sino, también, desde el momento mismo de la selección de los integrantes del Poder Judicial.

El Informe GRECO 2016, invita a analizar el sistema de selección de los integrantes del CGPJ y a perfeccionarlo complementando su irrenunciable legitimidad parlamentaria con mecanismos transparentes, objetivos y profesionalizados en el proceso de selección. En particular, la garantía efectiva de la independencia de jueces y magistrados obliga a proscribir la más mínima apariencia de influencia política en el procedimiento de selección de jueces y magistrados por lo que deberían perfeccionarse legalmente los criterios objetivos y reglas de evaluación para el nombramiento de las altas magistraturas judiciales enunciados en el Informe GRECO a fin de evitar cualquier duda sobre su independencia, imparcialidad o transparencia. Adicionalmente, la garantía de la integridad de jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional obliga a culminar los trabajos para la adopción de un código deontológico efectivo y a revisar la legislación que posibilite la impunidad de conductas merecedoras de sanciones disciplinarias a causa de los límites temporales a los que se ajustan los procedimientos disciplinarios.

El Ministerio Público desempeña una función crucial en la lucha contra la corrupción pero, en no pocas ocasiones, se ha cuestionado que dicha tarea estuviera exenta de influencias políticas gubernamentales. Por ello, aunque el Gobierno del PP haya hecho oídos sordos a las recomendaciones del Informe GRECO, resulta ineludible revisar el procedimiento de selección del Fiscal General del Estado y su marco de relaciones con el Gobierno. La eficacia del Ministerio Público exige aumentar la autonomía en la gestión de sus medios. Al igual que jueces y magistrados, la integridad de los fiscales exige de un código deontológico que evite conflictos de intereses y preserve su probidad. Adicionalmente, parece necesario revisar la normativa disciplinaria de los fiscales para adecuarla a las recomendaciones del Consejo de Europa contenidas en su Informe GRECO 2016.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, con objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones dirigidas a España por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en el marco de su Cuarto Ciclo de Evaluación sobre "Prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales":

1. Acuerda incorporar a sus reglas de funcionamiento y, en su caso, acometer la reforma de su Reglamento y adoptar las normas o medidas adicionales necesarias para:

a) Modificar el procedimiento de designación parlamentaria de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial conforme a los siguientes criterios: convocatoria pública de las vacantes; evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos miembros serán designados por insaculación entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios;


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publicidad de los informes de evaluación; sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones parlamentarias; aprobación por la mayoría requerida por las Cámaras competentes. No podrán acudir a esta convocatoria pública quienes en los últimos dos años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos o altos cargos de las AAPP.

b) Reforzar las obligaciones de información relativas a las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales de los diputados, que deberán homologarse a las que rijan para los altos cargos y que deberán incluir la manifestación de otros intereses específicos o sectoriales del parlamentario, por las tareas recientes, por la titularidad de participaciones o por cualquier otra circunstancia que no se deduzca claramente de sus declaraciones.

c) Establecer la obligación de los Diputados de presentar, al comienzo y fin de su mandato, una Certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

d) Atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados, además de sus funciones preparatorias de las decisiones del Pleno en materia de incompatibilidades, la capacidad para comprobar la veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales de los diputados y, concretamente, para investigar las omisiones o falseamientos en las mismas, así como el incumplimiento de las autorizaciones concedidas por la Cámara.

e) Aprobar un código de conducta de los parlamentarios, entre otros, sobre conflictos de intereses, regalos y beneficios personales, actividades adicionales, intereses financieros y obligaciones declarativas.

f) Crear un Registro público de Grupos de Interés o Lobbies y regular las relaciones entre los parlamentarios y dichos grupos que pretendan influir en el proceso legislativo, de forma que se evite la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.

g) La información a que se refieren los epígrafes anteriores se dará a través de mecanismos fácilmente accesibles y reutilizables para los ciudadanos.

2. Insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, incluidas las correspondientes iniciativas normativas, dirigidas a:

a) Establecer legalmente los criterios objetivos y reglas de evaluación adicionales necesarios para evitar cualquier duda en la preeminencia de los principios de mérito y capacidad nombramiento de altas magistraturas judiciales como las Presidencias de las Audiencias Judiciales y de Tribunales Superiores de Justicia o de magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.

b) Prolongar el plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios de jueces y magistrados.

c) Promover la adopción de un código deontológico para jueces que los preserve frente a conflictos de intereses.

d) Revisar el régimen de compatibilidades de los Vocales del CGPJ sin dedicación exclusiva para evitar conflictos de intereses, públicos y privados, en el ejercicio de sus funciones.

e) Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, al menos, en los siguientes extremos:

- Con carácter previo al nombramiento por el Gobierno del Fiscal General del Estado, el candidato comparecerá ante la Comisión de Justicia que podrá rechazar de forma razonada la propuesta por una mayoría cualificada.

- Fijar obligaciones y procedimientos que garanticen la transparencia de las relaciones entre el Fiscal General y el Gobierno.

- Delimitar las facultades del Fiscal General del Estado potenciando las funciones del Consejo Fiscal, de las Juntas de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala.

- Aumentar la autonomía del Ministerio Público en la gestión de sus medios y, en particular, establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y a las fiscalías que concentran mayoritariamente los casos de corrupción.

- Adoptar un código deontológico para los miembros del Ministerio Fiscal y revisar su régimen disciplinario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Artemi Rallo Lombarte, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

A pesar de que en los años posteriores a la muerte del dictador Franco la Ley de Amnistía fue una herramienta legal útil para el asentamiento de la democracia, hoy en día ha pasado a ser un instrumento contrario a los Derechos Humanos. El transcurso del tiempo ha llevado a que la institución de la amnistía haya sido perversamente utilizada para omitir cualquier investigación sobre los graves delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura, sirviendo como auténtica ley de punto final, contrariando el espíritu fundamental de la medida. La Ley de Amnistía fue concebida para ser aplicada a los casos de personas perseguidas o condenadas por hechos considerados delictivos por las leyes franquistas, siempre cuando las mismas tuviesen como fin la defensa de la democracia y los derechos de los pueblos y naciones del Estado español, y con ello el consiguiente fin de la dictadura, y no como escudo de impunidad para los responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos.

Así, en el año 2009, el Comité de Derechos Humanos recomendó a España que considerase la derogación de la Ley de Amnistía, recordando que los delitos de lesa humanidad como las torturas y las desapariciones forzadas son imprescriptibles. En este sentido, la ONU afirma que los Estados deben legislar para impedir violaciones de los derechos humanos, investigarlas "de forma eficaz, rápida, completa e imparcial"; dar a las víctimas un "acceso equitativo y efectivo a la justicia" y "proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación" y ello está siendo una y otra vez frustrado por la aplicación de la Ley de Amnistía.

Eso es así no solo por la aplicación de la Ley, sino por la suma de un marco legislativo deficiente, una judicatura renuente a interpretar la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y una fiscalía renuente a impulsar las investigaciones, que ha llevado a asentar un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura y frustrar la consecución de los objetivos acordes con la defensa de los Derechos Humanos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ese mismo año, el Comité contra la Tortura solicitó información a España acerca de si la Ley de Amnistía estaba en contradicción con la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sobre cuál era la posición de España respecto del ejercicio de la acción penal en los casos amnistiados. El Gobierno español respondió al requerimiento informando que la Ley de Amnistía había sido una demanda de toda la oposición democrática al franquismo, que los hechos amnistiados por ella son anteriores a la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y que el Estado realiza acciones para restablecer los derechos de las víctimas. Sin embargo, el Comité, pese a reconocer el argumento temporal esgrimido, solicitó a España que los delitos de tortura y desapariciones forzadas no quedaran sujetos a amnistía.

Por su parte, en septiembre de 2010, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestó que la Ley de Amnistía chocaba con la "Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" de 1992, que impondría a España la obligación de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de desapariciones. El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente a España la derogación de la ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos.

Otras organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han solicitado al gobierno de España la derogación de la Ley de Amnistía, al considerarla incompatible con el Derecho Internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles, y los propios expertos del Comité designado por el Gobierno para elaborar el informe previo de lo que iba a ser el II Plan de Derechos Humanos recomendaron también la derogación de la Ley de Amnistía.


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La Ley de Amnistía contradice, entre otros compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por España y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977. Seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía en octubre de 1977. Este compromiso internacional señala en su artículo 15, que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a los "principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque no fueran hechos delictivos según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron.

Con esta proposición se pretende cortar de raíz las interpretaciones de la Ley de Amnistía que avalan la impunidad de quienes han cometido actos de graves violaciones de derechos humanos en el Estado español y, consecuentemente, evitan la reparación plena de las víctimas de tales actos. Como ejemplo más reciente de esta interpretación es la nota de servicio de la Fiscalía General del Estado en relación a la suspensión de las declaraciones de las víctimas en la denominada "querella argentina" instruida por la jueza argentina Servini por el principio de la justicia universal a raíz de la denuncia presentada en 2010, por más de cien asociaciones.

El reforzamiento de los valores democráticos y de defensa de las libertades exige el conocimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la persecución de todos los actos que hayan supuesto graves violaciones colectivas de los derechos humanos, puesto que estas no afectan solo a las personas de un país concreto, sino que lesionan al conjunto de la humanidad.

Por otra parte, esta situación de veto dentro del Estado español a la investigación y juicio de la represión ejercida por el régimen dictatorial franquista está impulsando la búsqueda de justicia en otros Estados, como ocurre con la creciente adhesión de víctimas y familiares a la querella interpuesta en Argentina contra la represión y torturas practicadas durante el franquismo. Ello demuestra que la aspiración de obtener justicia, en caso de delitos que afectan a la dignidad humana más esencial, es permanente y no puede ser reprimida por leyes formales que prescinden de los más elementales principios de justicia y equidad, por leyes que pretenden ocultar la verdad y evitar someterla a una investigación objetiva e imparcial que termine en un juicio justo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, añadiendo un artículo a la misma en que se establezca que lo dispuesto en la Ley no será de aplicación a las torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, a los que les será de aplicación lo dispuesto en la normativa internacional, incluida su definición, su ámbito de aplicación universal y su carácter imprescriptible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2016.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Interior

161/000957

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de la Comisaría del Polígono Sur de Sevilla, para su debate en la Comisión Interior.

Exposición de motivos

El Polígono Sur está formado por seis barriadas (Paz y Amistad, Sector Ronda de la Oliva, Antonio Machado, Martínez Montañés, Las Letanías y Murillo) con una superficie total de 145 Ha., y como su propio nombre indica, está situado al sur de la ciudad de Sevilla, en dirección a Utrera.


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El Polígono Sur se encuentra encorsetado con respecto a la ciudad, por un lado por la vía del tren Sevilla-Cádiz; por otro lado por la carretera de Su Eminencia; y finalmente por las naves de Hytasa. La entrada más abierta del Polígono es la que se genera junto al Parque Celestino Mutis, frente a la barriada de Santa Genoveva y Tiro de Línea. Esta situación ha hecho que los vecinos y vecinas se sientan aislados del resto de la ciudad.

La población total del Polígono Sur se sitúa actualmente en torno a 50.000 personas.

La amplia diversidad de procedencias, orígenes, culturas o formación-ocupación de las familias que fueron poblando el Polígono Sur desde los años 60, son la fuente del enorme potencial humano y riqueza de la actual población del Polígono Sur. Esta diversidad también es el embrión del movimiento vecinal del Polígono Sur, así como de la riqueza artística y actitud solidaria de los vecinos y vecinas de esta parte de la ciudad de Sevilla.

No obstante, es cierto que estamos hablando de una de las zonas más degradadas de Sevilla y los problemas de inseguridad se remontan a hace casi medio siglo por lo que los vecinos se empezaron a movilizar en 1988.

En el año 2003, y como experiencia pionera en el ámbito de la rehabilitación integral de este tipo de barrios, las tres Administraciones Públicas competentes -Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Administración Central- deciden crear la figura del Comisionado para el Polígono Sur con el objetivo de lograr la normalización de la vida en el barrio e impulsar un nuevo modelo de intervención de las políticas públicas.

El Comisionado del Polígono Sur es una figura excepcional que nació como fruto de dos acontecimientos claves en la historia de este barrio andaluz: la reivindicación vecinal y la voluntad política de las tres administraciones (Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla) de ponerse de acuerdo para impulsar una iniciativa pionera: elaborar y poner en marcha con vecinos, técnicos, entidades sociales y autoridades políticas un Plan Integral para recuperar el barrio.

El Plan Integral del Polígono Sur es por tanto el resultado de la participación de vecinos, técnicos y representantes políticos coordinados por una figura pública denominada Comisionado para el Polígono Sur.

A través esta herramienta de trabajo se pretende aumentar la coordinación entre administraciones para mejorar sus actuaciones; así como lograr la participación activa de los vecinos y vecinas, para que sean ellos y ellas las que decidan y hagan el barrio que quieren vivir.

Las tres Administraciones se comprometieron a reconocer la labor de mediación, impulso y asesoramiento del Comisionado y a facilitar su papel de interlocutor preferente para canalizar, de manera coordinada, el conjunto de actuaciones en este barrio de Sevilla.

Los acontecimientos acaecidos este verano en el Polígono Sur de Sevilla, en los que un autobús de la línea 30, fue blanco de disparos con un arma de aire comprimido, ha vuelto a encender las legítimas reivindicaciones de los vecinos y plataformas ciudadanas que llevan exigiendo al Gobierno Central, que dote a dicho Polígono de una comisaría de policía que vele por la seguridad en un barrio especialmente castigado por el desempleo y la marginalidad. Ya en el Plan Integral para la zona firmado por Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento en el año 2005, se preveía la creación de dicha comisaría. Por otra parte también en el PGOU de 2005, se preveía la construcción de cinco nuevas comisarías de distrito en Sevilla, entre las que se encontraba la del Polígono Sur. Sin embargo el Estado viene dando largas al cumplimiento de dicho compromiso que cada día se hace más necesario, dado los desgraciados acontecimientos que vienen sucediendo en la zona.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los Presupuestos Generales del Estado se incorpore dotación económica suficiente para que a través de la Gerencia de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Seguridad, se priorice la inmediata construcción de la comisaría de policía proyectada en el Polígono Sur de Sevilla, dando prioridad al deseo de las principales plataformas vecinales en cuanto a su ubicación dentro del distrito."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-Carmen Rocío Cuello Pérez, Antonio Pradas Torres, Juana Amalia Rodríguez Hernández y Antonio Gutiérrez Limones, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001014

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para compensar y reparar los daños producidos como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas durante el fin de semana en las provincias de Málaga y Cádiz, así como en otras zonas afectadas, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Durante el pasado fin de semana, las lluvias torrenciales caídas en el sur de España han provocado graves daños, especialmente en las provincias de Málaga y Cádiz.

Como consecuencia de las inundaciones producidas por las lluvias han fallecido dos personas, e innumerables daños materiales tanto en infraestructuras y bienes de titularidad pública (red viaria, colegios, centros de salud, etc.) como en los de titularidad privada (viviendas, locales comerciales, explotaciones agrícolas, etc.).

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, ante los daños personales y materiales producidos como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas durante el fin de semana en las provincias de Málaga y Cádiz, así como en otras zonas afectadas, insta al Gobierno a proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán en todo caso:

- Ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe;

- Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales y viviendas siniestradas;

- Subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, en paseos marítimos, playas e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública;

- Atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las relativas a la reconstrucción de obras pública que afecten a la seguridad de las personas;

- Permitir a las entidades locales que puedan destinar a reparación de daños y obras de emergencia y de reposición en infraestructuras públicas los superávits presupuestarios disponibles, sin que ello afecte al remanente destinado a las obras de sostenibilidad;

- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones pesqueras, agrícolas o ganaderas en su caso;

- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas;

- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social;

- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros;

- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe; y

- Habilitación de los créditos extraordinarios necesarios para dar cobertura presupuestaria inmediata a estas ayudas.


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Las medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de ayuda previsto en otras normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes naturales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2016.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para reclamar la modificación del Código Aduanero de la Unión Europea en la recaudación de los derechos devengados en cada operación aduanera, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

Desde mayo del presente año, ha entrado en vigor el articulado del nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU), Reglamento (UE) N.° 952/2013, del Parlamento Europeo, y sus disposiciones de desarrollo, Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, de la Comisión y Reglamento Delegado (UE) 2016/341, de la Comisión.

Con esta normativa se pretende conseguir una verdadera Unión Aduanera, pues los actores intervinientes, operadores económicos y autoridades estatales de los distintos Estado Miembros, deben actuar de manera uniforme, aplicando de manera armonizada la normativa aduanera.

Una de las novedades de esta legislación es el "Despacho centralizado", que permitirá a una persona presentar en la aduana del lugar donde esté establecida una declaración relativa a mercancías que se presenten en otra aduana distinta. La aduana del lugar de establecimiento será la competente para autorizar el levante de las mercancías y proceder a la recaudación de los derechos devengados.

A modo de ejemplo, un operador económico ubicado en Alemania podrá realizar los trámites oportunos en la Aduana de Alemania, para poder importar una mercancía que entre en la Unión Europea a través del puerto de Valencia, siendo la Aduana de Valencia quién realizaría todos los controles que la Aduana alemana considerara oportunos. Este hecho, a priori, puede parecer que se trata solamente de una agilización de trámites administrativos, pero consideramos que ocasiona graves perjuicios para la recaudación tributaria, pues sería Alemania quién recaudaría los derechos devengados, y en cambio, es la Aduana de Valencia quién realizaría de facto todos los controles.

Considerando que España cuenta con los dos principales puertos del Mediterráneo, y es un punto muy importante de entrada en la Unión Europea, razón por la cuál será la Aduana de España quién realice gran cantidad de trabajo dirigido por Aduanas de otros Estados Miembros, sin que por ello pueda devengar derecho alguno.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Acudir a las instituciones europeas para reclamar la modificación del Código Aduanero de la Unión Europea para que en el caso del "despacho centralizado?, la Aduana que de facto realice los controles oportunos pueda recaudar de los derechos devengados en cada operación, al menos una parte proporcional al trabajo desempeñado por cada Aduana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2016.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto-ley 2/2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a fin de delimitar normativamente la situación de las viviendas desocupadas.

Exposición de motivos

De acuerdo con la estadística catastral correspondiente al ejercicio 2015, la recaudación impositiva por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es de 13 millones de euros, de los cuales 12,2 millones corresponden al IBI urbano, en su mayor parte correspondiente al uso residencial de vivienda.

Mientras en el año 2010 la recaudación por IBI representaba el 19,22 % del total de ingresos de los Ayuntamientos, en el año 2014 representa el 27,21 %, un incremento porcentual del 21 %.

El incremento de recaudación por IBI ha sido significativamente importante, en especial como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno del PP en el año 2011 y de aplicación forzada en los ejercicios 2012-2015, tal y como recogen los datos: mientras la recaudación por IBI de los Ayuntamientos fue de 11.401 millones de euros en el 2011 (antes de las medidas del Gobierno), en el 2014 ha sido de 13.145 millones, un incremento de 1.743 millones de euros.

La recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles se ha utilizado como un mecanismo para paliar en parte la fuerte caída de los ingresos en los ayuntamientos, asfixiados por el objetivo de déficit y una disciplina de pretendida estabilidad presupuestaria, impuestas por el Gobierno central tanto a las CC.AA. como a las entidades locales, que ha derivado en un progresivo deterioro de la capacidad de gasto de los Ayuntamientos para atender necesidades sociales y servicios públicos, de especial gravedad e impacto en la coyuntura de crisis económica.

Precisamente una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo central es la modificación de la financiación de los ayuntamientos para garantizar su sostenibilidad y autonomía. Una ley que garantice la suficiencia financiera y la autonomía de los consistorios, cada vez más presionados por tener que hacer frente a servicios sociales básicos pero sin los ingresos suficientes.

Pero más allá de este debate de carácter genérico sobre la inadecuada distribución de los ingresos del Estado a las haciendas locales, nos preocupa la configuración actual del impuesto a la vivienda habitual, el IBI. Un impuesto que ha experimentado un alza insostenible para muchas familias y personas que se encuentran en una difícil situación económica, un tributo que el Ministro de Hacienda ha incrementado en los duros años de recortes.

Recordamos al respecto las medidas impuestas por el gobierno del PP y que supusieron incrementos ope lege de los tipos impositivos del IBI, con el resultado de un incremento del esfuerzo y la presión fiscal.

Primero, con el incremento del 10 % y tipos mínimos del RDL 20/2011, para los ejercicios 2012 y 2013, y después con la Ley 16/2013, de prórroga de las medidas anteriores, para los ejercicios 2014 y 2015, el gobierno del PP impuso normativamente unos incrementos de tipos impositivos del IBI que han repercutido de forma generalizada en las cuotas a pagar por los propietarios de inmuebles, también los residenciales de vivienda habitual.

Mientras, el amparo de una legislación hipotecaria, procesal y civil a mayor gloria y beneficio de las entidades financieras, continúa el drama social de los desahucios, un total de 3,4 millones de viviendas están vacías en el Estado, el 13,7 % del total, de acuerdo con el último censo, el del 2011.

Al mismo tiempo que el acceso a una vivienda digna y adecuada, derecho constitucional y objetivo de política económica y social de los poderes públicos (art. 47 CE), sigue siendo un objetivo inalcanzable para amplios sectores de la ciudadanía, los grandes detentadores del mercado de la vivienda, en especial la SAREB, entidades financieras y grandes inmobiliarias, retienen especulativamente su parque de viviendas desocupadas.

El art. 72.4 del TRLRHL determina, en relación con los tipos impositivos del IBI, que "Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta


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el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare".

A pesar de tal habilitación normativa, los sucesivos gobiernos del Estado no han desarrollado dicho precepto legal, no han aprobado las determinaciones reglamentarias referidas a las condiciones para considerar una vivienda como vacía a los efectos de que los Ayuntamientos, muchos de los cuales han incorporado a sus Ordenanzas el recargo referido, pudiesen efectivamente aplicar el mismo.

Ante la intencionada pasividad gubernamental resulta pues necesaria la modificación de dicho art. 72.4 para incluir en la disposición legal tanto las determinaciones básicas de la condición de vivienda desocupada a efectos de aplicación del recargo de IBI como la remisión a Ordenanza municipal del contenido de desarrollo y concreción de las mismas.

En base a la legislación establecida en el texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales (artículos: 9.1, 12.2 y 15.2), las entidades locales pueden establecer en sus Ordenanzas fiscales el régimen de cuotas tributarias de acuerdo a lo dispuesto legalmente. Aspecto que incluye el régimen de bonificaciones fiscales (art. 71 del TRLRHL) que, en el caso del IBI, remite a lo contemplado en el artículo 74.2. Un apartado que no prevé ninguna bonificación potestativa en relación a la situación económica del sujeto pasivo ni tampoco en función del Valor Catastral del inmueble.

La consecuencia de este restrictivo marco normativo es que los ayuntamientos no pueden establecer bonificaciones sociales para los colectivos sociales más vulnerables y en peor situación económica.

Sabe el Ministerio de Hacienda que el IBI es el resultado de aplicar el tipo impositivo al Valor Catastral establecido en la Ponencia de Valores fijada por la Administración tributaria estatal, y sus correspondientes actualizaciones.

La crisis económica y la complicada situación de muchas familias han llevado a muchos ayuntamientos a aprobar igualmente bonificaciones en forma de subvenciones, pero debemos decir que el marco normativo y su interpretación jurisprudencial no acompaña ni ampara expresamente dicho régimen de bonificaciones o subvenciones, lo cual otorga un alto nivel de inseguridad jurídica a estas iniciativas locales.

La subida del IBI en un contexto económico de recesión grave, ha tenido efectos muy perniciosos en las economías familiares de sectores sociales desfavorecidos. Una cuestión que debería ser objeto de revisión porque aun tratándose de un impuesto obligatorio sobre la vivienda no puede ser ajeno a la situación económico-social de los afectados.

Consciente del problema, En Marea ha llevado este tema al pleno del Parlamento gallego el pasado 21 de noviembre, donde ha logrado conciliar las distintas posturas en aras a un acuerdo parlamentario, que consideramos de suma importancia trasladar al Gobierno central, dadas sus competencias en la materia.

El objeto de esta iniciativa es avanzar hacia un tipo de impuesto del IBI más justo, y progresar hacia un modelo tributario más equitativo, que permita a las administraciones más cercanas a los ciudadanos, los ayuntamientos, adoptar medidas bajo el paraguas de la seguridad jurídica y en pro de los intereses de sus vecinos y vecinas.

Es por ello que el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a adoptar las medidas oportunas para:

- Modificar el RDL 2/2004, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales de modo que se proceda a realizar los siguientes cambios en los artículos 72.4 y 74.2:

1. Cambiar el artículo 72.4 incorporando una nueva redacción en el siguiente sentido en relación a las viviendas desocupadas:

"Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de entre el 50 al 75 % por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de dicho margen, los ayuntamientos podrán mediante Ordenanza determinar un recargo único, o bien distintos, en función del número de años de desocupación del inmueble, del valor catastral de la vivienda y del número de viviendas en tal situación propiedad del sujeto pasivo.

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este apartado, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se


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liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare.

A efectos de aplicación de este recargo tendrá la consideración de vivienda desocupada aquella que, en condiciones legales y materiales para poder ser ocupada como uso residencial privado y no afecta a actividad económica, permanezca en situación de desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a un año o a 22 meses, alternos o continuos, en un período de dos años, salvo que el sujeto pasivo pueda motivadamente justificar su no ocupación, por razones laborales, de conciliación familiar, de salud, dependencia, emergencia social, y de acuerdo con los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la Ordenanza municipal correspondiente. En todo caso, la declaración municipal como vivienda desocupada exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en la Ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón municipal así como los consumos de servicios (agua, electricidad, etc.).

Las Ordenanzas podrán regular la aplicación del recargo correspondiente a aquellas viviendas que consten como desocupadas en los correspondientes Censos de viviendas que, en su caso, tengan aprobado las Comunidades Autónomas, siempre que, en cualquier caso, se cumplan las exigencias y requisitos contenidos en este apartado."

2. Modificar el artículo 74.2 para incluir la siguiente bonificación potestativa:

"Los ayuntamientos, mediante Ordenanza, podrán regular una bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del impuesto sobre la vivienda habitual, en los casos de sujetos pasivos que acrediten una situación económica desfavorable, de insuficiencia en las rentas familiares. En este sentido, la Ordenanza determinará y concretará los criterios requeridos así como la cuantía de bonificación en función del valor catastral del inmueble."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000973

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción del catálogo de prestaciones que MUFACE ofrecía en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo), para su debate en Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

Hasta el Concierto de MUFACE para 2014 Talavera de la Reina y su zona de influencia se encontraban dentro de los municipios con un nivel 3 de cobertura, pasando a partir de ese año a engrosar la lista de las áreas con un nivel de cobertura 2. En la práctica, este cambio no se tradujo en una disminución de las prestaciones ya que las entidades colaboradoras mantuvieron las prestaciones ofertadas.

Pero desde el uno de enero de 2016 los mutualistas de MUFACE de Talavera de la Reina y su zona de influencia han visto reducida la cartera de prestaciones a las que pueden acceder, quedando limitadas al mínimo de cobertura exigido en el concierto con MUFACE. Así, un cambio de clasificación en el techo de cobertura asistencial que en su momento pareció inocuo, ha mostrado sus consecuencias dos años más tarde.

Esta situación ha sido causa de varias denuncias, protestas y reclamaciones efectuadas por agentes sociales, instituciones y afectados. Ante dichas protestas y reclamaciones la respuesta de la Dirección General de MUFACE ha sido que:

1. El nivel de asistencia de cada municipio y su zona de influencia ha sido determinado en función de su población, número de mutualistas o condición de capital de provincia; aplicándose a Talavera el mismo criterio que al resto de municipios del territorio nacional.


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2. A la vista de los catálogos de proveedores de las entidades concertadas todas cumplen con las exigencias de especialidades que para el nivel 2 se requieren en el concierto, si bien se constata que "determinadas especialidades que alguna entidad daba a más, por encima de las exigencias, ya no aparecen".

Pese a corresponderse con la realidad, esta respuesta no puede ser satisfactoria toda vez que, la disminución de las prestaciones, además de una discriminación con el resto de los mutualistas de Toledo, tiene importantes consecuencias prácticas. Esta reducción de prestaciones significa que los mutualistas de Talavera de la Reina habrán de desplazarse a Toledo o Madrid para recibir atención en algunas especialidades, como por ejemplo: Alergología, Endoscopia, Neumología, Medicina Interna, Nefrología o Urología; en alguna de las cuales, como Cirugía u Oncología, el vínculo médico paciente resulta esencial, y ahora se ve roto.

Además, una mínima comprobación de los catálogos de proveedores de las entidades colaboradoras en otras provincias permite comprobar que en otros ámbitos geográficos de nivel 2 se siguen ofertando especialidades que han desaparecido en Talavera de la Reina. Esta situación rompe el principio de igualdad entre los distintos ámbitos con un nivel de asistencia 2, dejando el efectivo nivel de la prestación sanitaria en manos de las entidades concertadas.

Talavera de la Reina es la segunda ciudad más poblada de Castilla-La Mancha, a lo que hay que añadir su área de influencia, por lo que resulta incomprensible que sus mutualistas se vean obligados a trasladarse a Madrid o a Toledo para recibir atención en especialidades que hasta la fecha estaban recibiendo en su municipio y que mutualista de Toledo o de otros ámbitos geográficos también con un nivel 2 de asistencia, de acuerdo al concierto MUFACE para 2016-2017, en función de una decisión de las entidades concertadas.

Sobre todo si se entiende que la posibilidad de acogerse a la cobertura sanitaria a través de la MUFACE debe ser entendida como una ventaja y en ningún momento como una disminución de las prestaciones de especialidades a las que se tiene acceso.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para que sea debatida en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, esta

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que los mutualistas de MUFACE en Talavera de la Reina y su zona de influencia recuperen el nivel de prestaciones de especialidades que han disfrutado hasta el uno de enero de 2016."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-José Miguel Camacho Sánchez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para dotar al puerto de Valencia de un servicio de inspección 24 horas, al igual que tienen Algeciras, Barcelona, Alicante, Murcia o Vigo, para debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El puerto de Valencia es el primer puerto en número de contenedores del Mediterráneo.

Sin embargo, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, ha habido un trato discriminatorio en la calidad de los servicios que se ofrecen en el puerto de Valencia respecto de otros puertos con características similares, como pudiera ser el puerto de Algeciras o Barcelona, o incluso en puertos mucho más pequeños como pudiera ser Murcia y Alicante. En todos los puertos citados se ofrece un servicio de inspección de 24 horas, con la excepción del puerto de Valencia.


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Esta circunstancia no solamente tiene consecuencias económicas, pues además de la desventaja competitiva que supone contar con un horario de inspección mucho más reducido, la falta de inversión en servicios de inspección puede tener consecuencias para la salud de las personas, para la sanidad de nuestra cabaña ganadera y para el control de las plagas vegetales.

No obedece a ninguna lógica esta situación, y por ello se pide la siguiente Iniciativa una información para conocer cuáles son los motivos objetivos que justifican que los puertos de Algeciras, Barcelona, Murcia o Alicante cuenten con un servicio de inspección 24 horas, y el puerto de Valencia solamente cuente con un servicio de inspección de 12 horas.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Dotar del personal necesario y realizar las oportunas modificaciones de R.P.T. en cada uno de los servicios aduaneros y para-aduaneros (sanidad exterior, sanidad animal, sanidad vegetal y SOIVRE) para que el puerto de Valencia pueda ofrecer el mismo servicio de inspección 24 horas que ofrecen los puertos de Barcelona o Algeciras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001003

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el Medio Rural , para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El procedimiento de revisión catastral impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el fin de aumentar la recaudación e intentar sanear las cuentas de los Ayuntamientos va a tener un impacto muy notable sobre los habitantes del medio rural en general, y sobre todo, de los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas.

Esta revisión tiene su origen en la aplicación de una resolución de la Dirección General del Catastro de septiembre de 2013, que marca como plazo hasta el año 2016 para llevar a cabo la actualización. El proceso consiste, fundamentalmente, en que se incluyan en el catastro todas las fincas del medio rural y que se den de alta bienes como instalaciones rústicas, que son catalogadas como almacenes o viviendas. El resultado es que instalaciones agrarias que hasta ahora estaban exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ahora tienen que hacerlo.

La cantidad que tendrán que abonar dependerá mucho de la voluntad de cada ayuntamiento. La norma permite aplicar una tasa sobre el valor catastral de entre el 0,3 % y el 0,9 %, con una bonificación que puede llegar hasta el 90 %, aunque la misma está condicionada a si el ayuntamiento en cuestión está o no sometido a un plan de ajuste.

En algunos municipios que ya han sido objeto de este procedimiento de regularización catastral y de asignación de valor, se ha podido detectar una valoración excesiva de determinadas construcciones rústicas, generada a partir de una ponencia de valores instrumental establecida con criterios de IBI urbano. El resultado es una valoración muy superior a la de mercado, que deriva en un incremento patrimonial no ajustado a la realidad.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

a) Aprobar unas normas reglamentarias para realizar una valoración adecuada de los suelos calificados como rústicos.

b) Aprobar un procedimiento que permita a los ayuntamientos aplicar unos coeficientes reductores para corregir los excesos de valoración catastral de las construcciones agrícolas resultantes del proceso de asignación de valor catastral que se ha realizado hasta ahora, mientras no se apruebe una ponencia específica para usos agrícolas. A través de la FEMP y de otras asociaciones municipales se asesorará a los Ayuntamientos afectados para que aprueben ordenanzas fiscales que establezcan, sobre la base liquidable, tipos impositivos más bajos dentro de la horquilla establecida.

c) Aplicar de forma progresiva los nuevos valores catastrales resultantes de la aprobación de la ponencia específica para usos agrícolas, de modo que se suavice la actualización de la cuota resultante de los nuevos valores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Julián López Milla y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001008

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el valor catastral en el caso de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan medidas tributarias orientadas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, modifica el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario RDL 1/2004 introduciendo la "Disposición adicional tercera. Procedimiento de regularización catastral 2013-2016" y la "Disposición adicional cuarta. Valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo rústico".

Este procedimiento se inicia en el año 2013 y es de aplicación progresiva hasta el año 2017 en todos los municipios del Estado, excepto los del País Vasco y Navarra. El objetivo de la medida es hacer aflorar las nuevas construcciones y las alteraciones sobre construcciones existentes no incorporadas al catastro, tanto en el ámbito de rústica como de urbana.

Como consecuencia de la aplicación de este procedimiento, los titulares de construcciones regularizadas reciben una notificación individual con la propuesta de resolución y una tasa de 60 euros por inmueble en concepto de gastos de gestión. Generalmente esta resolución supone un incremento del valor catastral, el cual se convierte en la base de cálculo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de otras figuras tributarias. En el caso de El IBI además obliga a los ayuntamientos a practicar una liquidación complementaria con carácter retroactivo para los cuatro ejercicios no prescritos. Aparte, tenemos que considerar también la incidencia que puede tener este incremento patrimonial en el acceso a diversas ayudas y becas.

Más allá de que todo el mundo contribuya fiscalmente en justicia y que se regularicen inmuebles que hasta ahora no estaban declarados de manera adecuada, este procedimiento incurre en situaciones injustas respecto a las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal, provocando graves repercusiones económicas sobre un sector ya de por sí muy castigado.

Con la normativa anterior a la Ley 48/2002 del Catastro Inmobiliario las construcciones situadas en terrenos de naturaleza rústica estaban exentas de valoración catastral, por lo que también quedaban exentas de tributación por IBI. Esta situación cambió con la Ley 48/2002 del Catastro Inmobiliario, en la que se recogía que en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general iniciados a partir


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del 1 de enero de 2006 se procederá a valorar los inmuebles que cuenten con una construcción de naturaleza rústica. La Disposición Transitoria Primera establece que mientras no se aprueben las normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, los valores se obtendrán por aplicación de los módulos específicos aprobados en la Orden EHA 3188/2006, de 11 de octubre, en la superficie ocupada para las construcciones, en lo referente al suelo, y por lo que se refiere a la construcción, con la aplicación de idénticas reglas a las que se determinen para la obtención del valor de las construcciones de los bienes inmuebles urbanos en la ponencia de valores vigente en cada municipio.

Este procedimiento de regularización catastral va más allá y aprovecha la Disposición Adicional Cuarta para otorgar valor a todas aquellas construcciones rústicas indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que aún no lo tienen asignado por no haber sido objeto de un procedimiento de revisión colectiva de carácter general con posterioridad al 1 de enero de 2006. En esta misma disposición indica que, mientras no se aprueben las normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, estos valores se obtendrán por aplicación de las reglas establecidas en la Disposición Transitoria Primera, es decir, por aplicación de los criterios establecidos en la ponencia vigente en cada municipio para la valoración de inmuebles urbanos.

Analizada la experiencia de municipios que ya han sido objeto de este procedimiento de regularización catastral, hemos detectado valoraciones excesivas de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal, basadas en una ponencia de valores instrumental generada por cada municipio con criterios específicos de valoración de inmuebles urbanos.

Es necesario poner de manifiesto además que este procedimiento de regularización catastral incurre en una serie de errores materiales de apreciación fruto de una excesiva simplificación del procedimiento que se fundamenta básicamente en la toma de fotografías aéreas, sin efectuar un trabajo de campo detallado, y asumiendo estados de conservación de la construcción en base a apreciaciones subjetivas.

Por otro lado, el propio Gobierno planteaba esta medida como una manera de ampliar las bases tributarias con el objetivo de incrementar los ingresos públicos y mejorar el estado de las finanzas locales. Cabe recordar que los municipios sufren las disfunciones de un sistema de financiación que se ha demostrado insuficiente para cubrir el conjunto de necesidades de gasto. En este escenario, el Gobierno del Estado en lugar de afrontar el debate histórico del municipalismo por un nuevo sistema de financiación, optó por aplicar una serie de cambios normativos destinados a incrementar los ingresos municipales. Ahora bien, estos han tenido su base en la aplicación de una mayor presión fiscal para los contribuyentes, ya sea por la vía de incrementar las bases tributarias o bien por el incremento unilateral de los tipos impositivos.

Teniendo en cuenta que la ponencia de valores utilizada para asignar valor catastral a las construcciones rústicas indispensables para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas o forestales, supondrá en algunos casos una valoración muy por encima de la realidad del mercado inmobiliario, y que ésta derivará en un incremento patrimonial no ajustado a la realidad, con afectación sobre diversos actos económicos, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Aprobar las normas reglamentarias necesarias que permitan elaborar una ponencia específica de rústica.

2. Garantizar que la Dirección General del Catastro asuma un modelo de ponencias rústicas de carácter supramunicipal, entendiendo que los precios del mercado inmobiliario de rústica no presentan diferencias significativas entre municipios contiguos, sino que responden a criterios de tipos y uso del suelo, tipos de conreos y/o ganadería y que tienen alcance supramunicipal.

3. Aplicar unos coeficientes reductores específicos distintos a los que ya recoge la actual normativa, destinados a corregir la valoración catastral excesiva de las construcciones indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal resultante del procedimiento de asignación del valor catastral mientras no se apruebe la ponencia específica de valoración de inmuebles rústicos referenciada en el punto 1.

4. Impulsar los cambios normativos necesarios para la aplicación de un coeficiente reductor de la base imponible con el objetivo de lograr una aplicación progresiva de los nuevos valores catastrales resultantes del procedimiento de regularización catastral, solo en el caso de las construcciones rústicas


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indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal que hasta ahora no tienen valor asignado por no haberse efectuado un procedimiento de valoración colectiva de carácter general."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas contra el comercio ilícito de tabaco, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

Del año 2010 al 2014 el comercio ilícito de tabaco experimentó un preocupante crecimiento. Según la Encuesta de Paquetes Vacíos realizada por el sector, la cuota de cigarrillos ilícitos pasó del 3,9 % al 12,5 % del total. El aumento del consumo de tabaco ilícito se explica en parte por el impacto de una prolongada crisis sobre la renta de los consumidores, que habría empujado a muchos a alternativas más económicas. En 2015 y 2016 la tendencia se ha corregido reduciendo el comercio ilícito de tabaco pero sigue representando un 8,2 % del total.

Hay al menos cuatro razones para luchar contra el tabaco de contrabando: en primer lugar este tráfico supone una evasión de impuestos y contribuye al deterioro de las cuentas públicas, en segundo lugar, este sector paralelo es una competencia desleal al sector legal poniendo en riesgo el empleo generado por este, en tercer lugar la ausencia de todo control pone en riesgo los derechos y la salud de los consumidores y por último, existen indicios de que los beneficios obtenidos por el contrabando de tabaco contribuyen en muchas ocasiones a la financiación de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la trata de personas e, incluso, el terrorismo. Igualmente, las redes creadas para el comercio ilícito de tabaco acaban siendo compartidas para otras actividades criminales.

Desde 2010, como consecuencia de la caída de ventas, la contribución del tabaco a las arcas públicas ha retrocedido un 7,1 %, la recaudación ese año por tabaco fue de 9.842 millones de euros. En 2015, la recaudación por tabaco a través de impuestos especiales e IVA aumentó por primera vez en cinco años hasta los 9.137 millones de euros. Es decir, en España se dejan de recaudar casi 1.000 millones de euros anuales por culpa del comercio ilícito de tabaco. En el contexto actual, en que España se encuentra apercibida y podría ser sancionada por Bruselas con hasta 6.000 millones de euros por incumplir los objetivos de ajuste fiscal dentro del Procedimiento por Déficit Excesivo parece oportuno antes de introducir recortes en servicios básicos poner coto al problema del contrabando de tabaco y elevar la recaudación fiscal.

En España existían tres focos de riesgo fundamentales, por su menor tributación, desde donde se introducían importantes cantidades de cigarrillos de contrabando: las Islas Canarias, desde Gibraltar y desde Andorra. Estos focos de riesgo han sido abordados oportunamente por la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE, que impone la trazabilidad de las cajetillas de cigarrillos y tabaco de liar a partir de 2019. Las principales compañías tabaqueras se están preparando para esta Directiva y deberían estar en disposición de implantar la trazabilidad de sus productos mucho antes, lo que contribuiría a reducir el fraude fiscal en esta área.

Otro foco de fraude fiscal tiene su origen en otros centros sin especificar donde se producen las denominadas marcas blancas baratas o "illicit whites". Estas marcas de cigarrillos son fabricadas legalmente en un país y comercializadas ilegalmente en nuestro mercado. En España este fenómeno está experimentando un enorme auge y merece un plan específico de actuación. España se encuentra dentro de los cinco países europeos con mayor consumo de este tipo de cigarrillos ilícitos.


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En los últimos años, adicionalmente está cobrando especial relevancia el contrabando de tabaco a granel, tanto de picadura como de hoja de tabaco, procedente principalmente de países del norte de África y de Europa. Para dar herramientas adecuadas a las fuerzas de seguridad y los agentes de la administración tributaria para controlar el tabaco a granel sería preciso extender la trazabilidad de los cigarrillos a la hoja de tabaco en origen. La Comunidad Autónoma de Extremadura ya ha regulado la trazabilidad de productos agrícolas, como la uva y la aceituna, que le permiten conocer el itinerario de un producto a través de unos sistemas documentales y sancionar las irregularidades, mediante el Decreto 171/2016, de 18 de octubre.

En Ciudadanos creemos que un gobierno responsable cuadra las cuentas luchando contra el fraude en todas sus formas en lugar de recortando en servicios básicos o subiendo impuestos a los ciudadanos cumplidores. Estimamos que hay varias áreas de trabajo y mejora respecto al contrabando de tabaco.

En el sector del cultivo de tabaco, debemos mejorar:

- El control y regulación de la producción local de hoja de tabaco. Esto antes quedaba delimitado y organizado gracias a las propias ayudas de la PAC (Política Agraria Común). Una vez que las ayudas estructurales de la PAC no se dan a España, la reorganización del sector dependería del Ministerio de Agricultura, en trabajo conjunto con la Junta de Extremadura.

- El control y seguimiento de los cargamentos/traslados de hoja de tabaco que circulan por España. Actualmente, la Junta de Extremadura ha publicado una circular por la que se autoriza a la Guardia Civil a parar cualquier vehículo con hoja y requerir la documentación de la carga (de dónde viene y a dónde va). Esta iniciativa debe ampliarse a todo el territorio español, ya que los transportes se mueven entre comunidades.

- Jornadas de Concienciación a los agricultores de tabaco. La necesidad de que los agricultores conozcan los riesgos sanitarios y fiscales de estas prácticas, puede ser una herramienta válida para la concienciación de este colectivo, en especial, las nuevas generaciones de cultivadores.

- La búsqueda de cultivos alternativos capaces de cubrir el exceso de producción y ayudas a la adaptación de las áreas de siembra.

En el sector industrial de tabaco, se puede:

- Firma de Acuerdos de Colaboración entre el Gobierno de la Nación y cada una de las compañías de tabaco que operan en España, que incluya un compromiso de comportamiento ético en línea con los acuerdos con la OLAF. Su incumplimiento conllevaría la retirada de licencia para operar en el mercado.

- Retirada de Licencias al minorista en caso de mala práctica relacionada con la venta de producto ilícito.

- Consideración del mínimo penal para los delitos de contrabando de tabaco (Código Civil). La legislación actual favorece el "matuteo". Se necesitan penas mayores tanto económicas como en lo que se refiere a la calificación del delito.

- Campaña de sensibilización conjunta Gobierno-Sector contra el Comercio ilícito, focalizando la actividad en la reducción de la demanda de un producto ilegítimo que lejos de pasar controles sanitarios, y ayudar al cumplimiento de los objetivos de salud pública, permite el acceso de consumo a menores y no paga impuestos (800 millones de euros aprox.)

- En colaboración con las instituciones públicas, ofrecer cursos de formación y práctica en autentificación de producto y técnicas de rastreo y seguimiento a las fuerzas de seguridad del Estado que participan en la lucha contra el Comercio Ilícito de Tabaco.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Imponer a las empresas tabaqueras introducir mecanismos de trazabilidad en todos los envases de productos del tabaco a partir del 1 de enero de 2017 para evitar su comercialización en mercados distintos al legalmente previsto.

2. Revisar la legislación actual para mejorar el control sobre el cultivo de tabaco; dirigido en concreto a los mecanismos permitidos actualmente para la venta del mismo, así como para incluir una regulación


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específica sobre la trazabilidad del producto no elaborado desde su cultivo y valorar introducir una normativa que regule el destino de los excedentes.

3. Establecer un plan anual específico para la lucha contra el comercio ilícito del tabaco, que coordine la actuación de todos los agentes públicos implicados, e incluya:

a. Firma de Acuerdos de Colaboración entre el Gobierno de la Nación y cada una de las compañías de tabaco que operan en España, que incluya un compromiso de comportamiento ético en línea con los acuerdos con la OLAF y cuyo incumplimiento conllevaría la retirada de licencia para operar en el mercado.

b. Establecer un único canal de denuncias sobre puntos ilícitos de venta, que acabe con la dispersión existente en la actualidad.

c. Retirada de licencias al minorista en caso de mala práctica relacionada con la venta de producto ilícito.

d. Campaña de sensibilización conjunta Gobierno-Sector contra el comercio ilícito, focalizando la actividad en la reducción de la demanda de un producto ilegítimo que lejos de pasar controles sanitarios, y ayudar al cumplimiento de los objetivos de salud pública, permite el acceso de consumo a menores y no paga impuestos.

e. En colaboración con las instituciones públicas, ofrecer cursos de formación y práctica en autentificación de producto y técnicas de rastreo y seguimiento a las fuerzas de seguridad del Estado que participan en la lucha contra el Comercio Ilícito de Tabaco.

f. Se aborde medidas específicas contra las denominadas marcas blancas baratas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/001020

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre inversiones en las redes de Metro operativas en Andalucía, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La provincia de Sevilla lleva sufriendo una discriminación territorial continuada desde el Gobierno central en los últimos cinco años.

Así lo venimos denunciando reiteradamente desde el PSOE de esta provincia y en el mismo sentido lo han señalado las organizaciones sindicales provinciales. Recientemente el secretario general de CCOO de Sevilla, durante la presentación de un informe elaborado por el Sindicato donde se analizan las inversiones en la provincia a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se unió a la demanda que venimos haciendo desde el GS para que todos los Diputados de Sevilla en el Congreso, independientemente del partido al que pertenezcan, aúnen esfuerzo para exigir al Gobierno que cumpla los múltiples compromisos que tiene pendiente con esta provincia y así superar esta situación de discriminación.

Y es que en los últimos cinco años Sevilla ha estado siempre por debajo de la media de inversión por habitante de los PGE en el conjunto del Estado. El peor año para la provincia fue el 2012 cuando por cada sevillano el Estado invirtió 140,2 euros cuando la media española de inversión por habitante estaba en 323,1 euros.

Este déficit de inversiones sostenido en el tiempo hace que desde 2012 hasta hoy en Sevilla se haya acumulado una deuda histórica de 1.000 millones de euros, lo cual según estimaciones de los expertos ha tenido una repercusión directa en la pérdida de empleo, estimándose que son unos 35.000 empleos los perdidos por esta falta de inversión en la provincia.

Que Sevilla esté situada en el puesto número 37 entre las provincias españolas en cuanto a inversión por habitante es consecuencia de que muchos proyectos no hayan contado con la financiación suficiente para poder ser una realidad.


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Esta provincia precisa de programas de inversión para acometer necesidades urgentes de reindustrialización, infraestructuras que mejoren la cohesión territorial y hagan de soporte al desarrollo metropolitano.

Son varios los proyectos esenciales que el Gobierno adeuda a Sevilla, así podemos citar la SE-40 con un 78 % del proyecto por realizar; las del tercer carril de la A-49 o el desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera. Junto a estas inversiones que consideramos de urgente necesidad tenemos otra igualmente perentoria para una ciudad como Sevilla que es la puesta en marcha para las obras de las líneas 2, 3, y 4 del Metro.

El despliegue y ampliación de las redes de los metros de Madrid, Barcelona y Valencia durante la pasada década contó con el respaldo económico de la Administración General del Estado, que formalizó convenios de colaboración con estas comunidades autónomas, asumiendo un grado de corresponsabilidad financiera en la viabilidad de estas extensiones de las diferentes redes de suburbanos. En el caso de la última ampliación de la red de Metro de Madrid, la comunidad autónoma recibió 340 millones de euros entre los años 2002 y 2010 y la Generalitat de Cataluña recibió 409 millones de euros entre 2002 y 2012 para coadyuvar en la ejecución de la última línea puesta en servicio del suburbano barcelonés.

La construcción de las línea 1 del Metro de Sevilla, así como de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, recibieron también la inyección de recursos estatales, en línea con las otras grandes ciudades españolas que disponen de ferrocarriles metropolitanos, gracias a la firma de sendos convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

En el año 2005 con el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, el metro de Sevilla recibió 218 millones de euros de recursos estatales, aportación que se fracciona anualmente hasta 2035, con aportaciones anuales a cuenta de los PGE. Recursos que se nos habían negado durante los cuatro años anteriores de gobierno de José María Aznar lo que obligó a la Junta a asumir una mayor carga financiera inicial.

La Junta de Andalucía ha mantenido en los últimos años, pese la incertidumbre presupuestaria su apuesta por los ferrocarriles metropolitanos y es, actualmente, la comunidad autónoma con más proyectos en ejecución de manera simultánea. En lo referente a la provincia de Sevilla está en proyecto además de las líneas 2, 3 y 4, la conexión tranviaria de la línea 1 del Metro de Sevilla con Alcalá de Guadaira.

El Gobierno andaluz concluyó en 2011 la redacción de los proyectos constructivos de las nuevas líneas del Metro de Sevilla, un trabajo de consultoría que representó un gasto de 17 millones de euros. De acuerdo a dicho proyecto, el presupuesto total necesario para la construcción de estas tres líneas ascendería a 3.700 millones de euros.

Dentro de una planificación racional y condicionada por la crisis económica, que en aquellas fechas atravesaba aún sus fases más agudas, así como por el obligado cumplimiento de los compromisos en materia de consolidación fiscal de las cuentas públicas que exige la Comisión Europea y el Gobierno de la Nación, la JA decidió priorizar la ejecución del tramo de la Línea 3 (Heliópolis-Pino Montano) que conectaba con la Línea 1 (Pino Montano-Estación Prado de San Sebastián), al objeto de conseguir un efecto red inmediato y dar cobertura a dos de los distritos más poblados de la capital, así como a un equipamiento de interés público de primer orden como es el Hospital Universitario Virgen Macarena.

La respuesta del Ministerio de Fomento en aquellas fechas fue la de descartar cualquier aportación económica a la construcción de nuevas líneas así como a los gastos de explotación.

En ese contexto, y ante las exigencias del Estado a las comunidades autónomas de seguir profundizando en la senda de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, el Gobierno andaluz admitió no tener capacidad y margen de maniobra para abordar en solitario la ejecución de las nuevas extensiones de la Red de Metro de Sevilla.

Sin el concurso del Estado y dado las obligaciones de las CCAA en materia de control del déficit, a lo que hay que añadir la infrafinanciación que padece Andalucía a raíz del incumplimiento estatutario de inversiones del Estado ponderadas en peso poblacional (más de 1.000 millones de euros), resulta inviable económica y financieramente afrontar la construcción de nuevas extensiones de la Red de Metro sin la aportación estatal.

A esta situación cabe sumar que el Gobierno andaluz tampoco cuenta con el apoyo estatal para la sostenibilidad económica y social en la explotación de la línea ya operativa en Sevilla. Una colaboración que si disfrutan las comunidades de Madrid, Barcelona y Canarias que anualmente reciben 250,3 millones de euros de los PGE, que destinan a los consorcios regionales de transportes de estas tres regiones para la subvención de los suburbanos y transporte regular de viajeros que gestionan.


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Desde el GS consideramos, que además del impacto positivo que estas infraestructuras básicas tendrán para el día a día de los sevillanos y sevillanas, el hecho de poner en marcha las obras generarán hasta 9.000 empleos directos y 28.000 indirectos.

Estos 37.000 empleos de perfiles profesionales que comprenderán desde albañiles y peones hasta ingenieros superiores y arquitectos técnicos servirán para paliar las altas cifras de paro que sufrimos en Sevilla.

Entendemos desde el GS que es necesario que el Gobierno ponga fin a esta discriminación que lastra las posibilidades de recuperación económica de la provincia, a través de las inversiones que den impulso a la economía real y la generación de empleo, a la vez que den soporte a la cohesión territorial y el desarrollo metropolitano.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que una vez determinada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla la planificación-programación con las prioridades de la Red de Metro de Sevilla, tomando como referencia la programación ya definida en 2011 tras la finalización de los proyectos constructivos, la Administración General del Estado se corresponsabilice junto a las otras dos administraciones citadas, de su cofinanciación.

2. Incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias para la cofinanciación de la construcción del tramo preferente que se determine conjuntamente, y que comprenderá al menos el 33 % de la inversión prevista (excluido el material móvil) en el proyecto constructivo.

3. Reclamar al Estado una contribución anual del 45 % en la amortización del inmovilizado material de los trenes, conforme al esquema utilizado en la colaboración del Gobierno central con la extensión y ampliación de las redes de metro de otras grandes ciudades.

4. Reclamar a la Administración General del Estado que, conforme a la disposición trigésima sexta de los PGE de 2011, relativa a la "participación de la AGE en las necesidades de explotación de los Metros de Málaga y Sevilla", retome con la Junta de Andalucía esta línea de cooperación para coadyuvar en la sostenibilidad económica-social de la líneas de Metro operativas en Andalucía, avanzando hacia la firma de un contrato programa en el sentido de los ya existentes con los consorcios regionales de transporte de Madrid, Barcelona o la Comunidad Autónoma de Canarias, todo ello en aras de saldar en parte la deuda estatutaria en inversiones que el Estado arrastra desde 2011 (más de 1.000 millones de euros) con esta provincia, y que de forma tan directa ha repercutido en la pérdida de empleo, desarrollo económico y cohesión territorial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2016.-Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Pradas Torres, Carmen Rocío Cuello Pérez y Antonio Gutiérrez Limones, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Fomento

161/000948

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Pau, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En junio de este mismo año se puso en servicio el tramo Olorón-Bedous un paso importante para la reapertura de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau, un trazado del que a fecha actual únicamente faltan 33,2 km entre Bedous y Canfranc.


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El ferrocarril de Canfranc se distingue de los demás enlaces ferroviarios hispano-franceses en que, mientras los de lrún/Hendaya, Puigcerdá/Le Tour de Carol y Port Bou/Cerbére tienen dos estaciones (una en cada país), aquí se construyó una única para dar servicio a ambos países dada la orografía en la vertiente francesa.

El ferrocarril Transpirenáico Occidental (Zaragoza-Canfranc-Pau) no se inauguró hasta el 18 de julio de 1928. Su construcción exigió tender numerosos viaductos y túneles, muchos de ellos se han convertido en destacados elementos del patrimonio cultural de los valles de Canfranc y Aspe. Inicialmente el tráfico fue relativamente escaso, principalmente se vio afectado por el inicio de la Guerra Civil. Y posteriormente por la II Guerra Mundial que, entre otras cosas, dejó la economía francesa destrozada.

Pero el hito negativo que afectó en mayor medida y apuntilló a la línea Zaragoza-Canfranc-Pau fue el accidente que tuvo lugar el 27 de marzo de 1970, en el que un tren a la deriva provocó el hundimiento del puente de Estanguet (vertiente francesa). Este accidente hizo que el tráfico ferroviario se suspendiera provisionalmente, pero 46 años después todavía no se ha restablecido. Para paliar este cierre hay servicio de autobuses entre las estaciones de Canfranc y Olorón.

Desde que se suspendiera el tráfico en el año 1970 han sido numerosas las manifestaciones por la reapertura del Canfranc a uno y otro lado del Pirineo. Por parte de las instituciones se han suscrito varios pactos y manifiestos a favor de la reapertura del Canfranc. Y para dotar de contenido a esta reclamación histórica Crefco y Creloc han impulsado varios estudios técnicos sobre el impacto socio económico que supondría la reapertura de la línea.

Así mismo, en las cumbres hispano-francesas se ha tratado recurrentemente el asunto de la reapertura del Canfranc, con diversos compromisos que no han acabado de materializarse. El único atisbo tuvo lugar en la cumbre celebrada el 16 de noviembre de 2010, donde se acordó crear un grupo de trabajo cuatripartito (Min. Fomento, GA, Ministerio de Transporte Francés y Regló de Aquitania), pero este grupo tampoco se ha reunido cada año desde entonces.

En paralelo, desde el Ministerio de Fomento se ha ido actuando en mejoras en el trazado: se construyó la variante de Huesca, la renovación de vía entre Caldearenas Jaca (37,7 km), así como en los últimos años la renovación de la vía del tramo Alerre-Plasencia del Monte (8 km). Pero todavía faltan por ejecutar gran parte de los proyectos aprobados.

Según el Observatorio Hispano-Francés de tráfico en los Pirineos, en 2012 atravesaron la cordillera 3,1 Mill. Tn en tren y 89,7 Mill. Tn en camión. Estas cifras son una constante, donde el tráfico de mercancías por ferrocarril no ha superado el 3,5 % en la media del periodo.

La política de transportes la UE va encaminada en traspasar tráfico rodado a ferrocarril, reducir emisiones, mejorar seguridad y desgaste de infraestructuras. Y para ello es necesario que las cifras de tráfico de mercancías por ferrocarril aumenten. Y para ello la reapertura del Canfranc supondría un paso determinante.

Las cifras de transporte de mercancías por ferrocarril siguen sin avanzar debido a que las líneas que llegan a los actuales puntos transfronterizos tienen un tráfico elevado y se prioriza el tráfico de pasajeros sobre el de mercancías.

Las ventajas de la reapertura de una línea de anchura internacional entre Zaragoza y Pau son evidentes. La principal singularidad de esta iniciativa es que esta vía ya ha estado en uso. Se trata de una infraestructura que se podría recuperar, el trazado está hecho y es un proyecto que simplemente requiere modernizar lo existente.

Es una alternativa real al impacto medioambiental del tráfico por carretera, que está aumentando considerablemente entre Francia y España en lo que se refiere a transporte de mercancías.

Y teniendo en cuenta que el ancho de vía sería internacional o mixto, no se tendría que transbordar mercancía en las estaciones fronterizas, con lo que se ahorraría tiempo y dinero.

Además, la línea de Canfranc, pese a ser de una única vía el tráfico de pasajeros es y será reducido con lo que construyendo los debidos apartaderos el tráfico de mercancías sería fluido.

Hay que tener en cuenta, que una gran parte de la línea ya está en uso y se han mejorado gran parte de los tramos. El trazado entre Zaragoza y Huesca es bueno, la variante de Huesca fue puesta en marcha en 2007 y también está en buen estado, y en el resto de tramos también se han ido realizando inversiones de mantenimiento. Por tanto, las actuaciones a realizar irían en la línea de invertir en el cambio de traviesas, adecuación del ancho de vía, mejoras en seguridad, construcción de playas en la estación de Canfranc y reapertura del túnel.


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Según los informes y proyectos consultados, el coste de las actuaciones a realizar en la vertiente española asciende a unos 150 millones de euros. Coste ajustado y aceptable, máxime si lo comparamos con el coste de las últimas líneas de alta velocidad.

En cuanto a la inversión en la vertiente francesa, pese a que el trazado es más corto la inversión tendría que ser superior debido a la orografía del terreno. Pero el compromiso por parte de nuestros vecinos existe, hay que destacar que el Gobierno de Nueva Aquitania ha invirtido 102 millones de euros para la reapertura del tramo Olorón-Bedous.

El compromiso por parte del Gobierno de Aragón así como del de Nueva Aquitania es firme. No en vano el pasado mes de octubre los presidentes de ambas regiones acudieron a Bruselas a exponer a Comisión de Transporte del Parlamento Europeo las bondades de este proyecto.

Además, ha habido un giro por parte de las políticas europeas hacia los pequeños trayectos entre países. Y según criterios de la propia Comisión de Transportes este proyecto destaca por favorecer una línea medioambientalmente sostenible y serviría para abrir un nuevo paso en Europa. De hecho la reapertura del Canfranc es una de los 15 proyectos claves para Europa que se incluyen en el mapa de pequeñas infraestructuras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que el Ministerio de Fomento convoque una reunión del grupo cuatripartito formado por los estados de España y Francia así como las regiones de Aragón y de Nueva Aquitania.

2. Que el Ministerio de Fomento preste el soporte técnico necesario para la elaboración del dossier a presentar dentro de la convocatoria de ayudas RTE-T 2016, en la que el plazo concluye el 7 de febrero de 2017.

3. Que el Ministerio de Fomento contemple para dotar presupuestariamente los proyectos existentes de la línea Zaragoza-Canfranc y que son necesarios para la reapertura del paso transfronterizo. Estos proyectos recogen:

- Modernización y adecuación de la seguridad del trazado Huesca-frontera francesa.

- Adecuación de la estación internacional de Canfranc.

- Apertura y modernización del túnel transfronterizo.

4. Modernización y adecuación de seguridad del trazado español.

5. Adecuación de estación internacional.

6. Apertura y modernización del túnel.

7. Que el Ministerio de Fomento elabore proyecto para adecuar el tramo ferroviario entre Tardienta y Lleida a la anchura de vía UIC (mixto)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000963

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre revitalización de la vía férrea Madrid-Aranda de Duero-Burgos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Desde su inauguración en 1968, la de Aranda de Duero fue la estación intermedia más importante de la línea Burgos-Aranda-Madrid, con numerosos viajeros y circulaciones. Hacían parada en ella desde los


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trenes regionales hasta el Talgo de Madrid-París, y contaba con un intenso tráfico ferroviario hacia el País Vasco e incluso Algeciras, entre otros destinos, por lo que durante los años setenta y la primera mitad de los ochenta, la línea y esta estación, en concreto, vivieron su mejor momento.

Sin embargo, la línea sufrió una progresiva pérdida de pasajeros, sobre todo, a raíz de la decisión política que concluyó que el AVE pasara por Valladolid en lugar de por Aranda de Duero. Así, a partir de 2011, se convirtió en una línea de media distancia, precisamente en el año en el que el hundimiento de un túnel en Somosierra dejó sepultada una bateadora que, bajo concesión, realizaba tareas para Adif.

En 2012, la ministra de Fomento, Ana Pastor, clausuró de manera definitiva la línea Madrid-Burgos para el transporte de pasajeros, mientras que, en el caso de las mercancías, el servicio solo funciona entre Aranda de Duero y Burgos, ya que el derrumbamiento del túnel impide tenerlo hacia Madrid.

La Diputación Provincial de Burgos aprobó en marzo de 2015 una moción del Grupo Socialista para instar al Gobierno y a Adif a realizar las inversiones necesarias para revitalizar esta línea. En marzo de 2016 se aprobó otra moción, también del Grupo Socialista, instando a la firma de un convenio de colaboración entre diferentes administraciones que revitalizara esta línea.

Con fecha 1 de septiembre de 2015, Adif decretó el cierre de la estación de trenes del Montecillo, en Aranda de Duero, antes de que se diera a conocer el estudio de viabilidad que encargó el Ministerio de Fomento y sin valorar la repercusión que tendría la entrada en funcionamiento del ramal ferroviario inaugurado el pasado mes de enero, que llega hasta el polígono industrial Prado Marina, con unas previsiones de 300.000 toneladas de carga anual de mercancías. La nueva infraestructura presta un importante servicio a las empresas que acoge, y supone una inversión de 4.2 millones de euros con cargo a la Junta de Castilla y León.

En la reunión mantenida el pasado 10 de marzo de 2016 entre la vicepresidenta del Gobierno de España y la de la Junta de Castilla y León decidieron la creación de un grupo de trabajo para reactivar líneas ferroviarias en la Comunidad, entre las que citaron el "Directo". En concreto, Rosa Valdeón destacó la importancia que tiene este corredor para el transporte de mercancías una vez que se ha habilitado para este tipo de circulaciones el tendido ferroviario entre las ciudades de Burgos y Aranda de Duero.

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León presentó una enmienda a los presupuestos generales de la Junta de Castilla y León en la que solicitaba una cantidad de 120.000 euros para la firma de un convenio de colaboración con otras administraciones que permitiera revitalizar la línea, pero el PP la rechazó.

También el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó esa enmienda con el mismo objetivo y el PP la rechazó.

Posteriormente, en la reunión que mantuvieron el pasado 16 de marzo de 2016 el director general de Infraestructuras y Carreteras de la Comunidad de Madrid, José Trigueros, el presidente de la Plataforma por la Recuperación del Directo, José Luis Cortijo, representantes de la Plataforma por el Desarrollo de Burgos del Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid (Galsinma), la Comunidad de Madrid brindaron su apoyo institucional a la reapertura de esta línea que la conecte con Aranda de Duero y Burgos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar cuantas gestiones sean necesarias y a la habilitación de las partidas económicas pertinentes para la firma del convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, Adif y la Comunidad de Madrid, con el objetivo de revitalizar la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los niveles sonoros de la Al-81 en el municipio de Corvera, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La localidad de Trasona, perteneciente al municipio asturiano de Corvera, lleva soportando desde el año 1976 unos niveles sonoros muy superiores a los permitidos, generados por la autopista "Y", ahora denominada Al-81.

Desde el año 2006, año en el que entró en funcionamiento el tramo de autovía A-8, (tramo Tamón-Villalegre), los vecinos de Molleda y Villa (parroquias de Corvera) también padecen los problemas sonoros originados por el paso de otra autovía por Corvera.

Para dar respuesta a las reclamaciones históricas de los vecinos de Trasona y las nuevas planteadas por los vecinos de Molleda y Villa, desde el Ayuntamiento de Corvera, a través de su alcalde, se han puesto en contacto en repetidas ocasiones con la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias y con el Ministerio de Fomento incidiendo en el problema existente para la búsqueda de soluciones.

Así, con fecha enero de 2015, se comunica al ayuntamiento de Corvera que tanto el tramo de la autopista Al-81, a su paso por Trasona, como el de la A-8 a su paso por Molleda y Villa, están incluidos dentro de los Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de las Red del Estadio en el Principado de Asturias, con proyectos redactados en abril de 2010 con prioridad alta y con prioridad media y baja.

Aunque las medidas reflejadas por el organismo estatal en su Mapa de ruidos, son necesarias, no son sin embargo suficientes, porque no ofrecen una solución completa a los problemas sonoros que padecen los vecinos. Los proyectos existentes no contemplan la instalación de pantallas sonoras en los dos márgenes de las autopistas Al-81 y A-8, y en Trasona no abarca a toda la población asentada territorialmente en el margen de la vía. Además, se hace totalmente necesario el cambio del pavimento del firme en el tramo que recorre Trasona, un pavimento que tiene 30 años y que por sus características es uno de los factores principales del elevado ruido.

A día de la fecha, el ministerio de Fomento, no ha sido tan siquiera capaz de licitar los proyectos redactados en el año 2010, mucho menos de añadir las nuevas necesidades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Llevar a cabo la licitación de los proyectos mencionados, y que los mismos, además de contemplar la colocación de pantallas acústicas en los puntos kilométricos mencionados en dichos proyectos, contemplen también la instalación de pantallas a ambos márgenes de la autopista, para dar así una cobertura real a toda la población afectada, y que estas medidas se refuercen con el cambio del pavimento del firme en la Al-81 a su paso por Trasona."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Adriana Lastra Fernández, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la presentación de un informe


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y calendario detallado de actuaciones para la finalización y la puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Pajares, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Variante Ferroviaria de Pajares es un tramo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) León-Asturias, el cual cuenta con una longitud total de 49,7 kilómetros. A lo largo de su trazado destacan los túneles de Pajares, de 24,6 km de longitud, lo que los convierte a día de hoy en los segundos más largos construidos en España, los sextos más largos de Europa y los séptimos de todo el mundo.

La "Variante de Pajares" se ha convertido en una reclamación de la sociedad asturiana durante décadas para acabar con el cuello de botella que supone la rampa de Pajares para el transporte de personas y de mercancías. La rampa, inaugurada en 1884 fue un prodigio técnico en su tiempo pero, ahora, 130 años más tarde, ha quedado obsoleta.

Las obras, que se decidieron en 1998 y comenzaron efectivamente en febrero de 2004, poseen una importancia estratégica para el Estado y, particularmente, para las Comunidades Autónomas de Castilla y León y el Principado de Asturias. Para la primera, por constituir la única conexión ferroviaria con la Meseta y la posibilidad que podría suponer como salida directa y competitiva del tráfico de mercancías hasta el Puerto de El Musel, en Gijón; y para la segunda, además de por la primera razón, por la reducción considerable de tiempo que supondría en el transporte de pasajeros, tratándose de la única línea de conexión ferroviaria con Madrid y con ello con el resto de la Península Ibérica.

Una vez finalizada la construcción, conectará La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias) en un tiempo estimado de 11 minutos, en la actualidad la distancia que se recorre a través de la rampa de Pajares se completa en 63 minutos.

Aunque su puesta en servicio inicialmente se preveía para el año 2011, las fuertes restricciones presupuestarias y los diversos inconvenientes acaecidos durante las obras, entre ellas las constantes filtraciones de agua en la estructura de los túneles, unido a la priorización de otras obras por parte del Gobierno de España, han demorado en sucesivas ocasiones su puesta en servicio, que terminó por retrasarse hasta 2014 y posteriormente hasta 2016, sin que a día de hoy se haya establecido ninguna fecha concreta para su finalización. Así, a día de hoy, con un nivel de ejecución del 90 % y más de 3.500 millones de euros invertidos para una obra inicialmente presupuestada en 1.858 millones, la obra languidece sin que pueda adivinarse cuándo entrará en servicio.

De hecho, según las informaciones publicadas más recientemente, la empresa pública Adif Alta Velocidad, a la que el ministerio tiene encomendada la extensión de la red del AVE, se ha visto obligada a suspender 70 contratos entre 2013 y mayo de 2016, ocho de los cuales, más de un 10 %, se encuentran vinculados a la Variante Ferroviaria de Pajares.

A esta situación se suma el dato conocido hace escasos meses de que la empresa adjudicataria del contrato para la instalación de las vías en la vertiente asturiana del tendido, decidió abandonar la Variante ante el retraso acumulado por la ejecución de la obra debido a la situación inestable del talud en las inmediaciones de Campomanes, lo que podría suponer la paralización total de las obras en el interior del gran túnel cuando concluya la instalación de las vías por la vertiente leonesa, así como un sobrecoste importante más a añadir a lo que ya acumula esta infraestructura.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que la Variante de Pajares es una infraestructura que posee un carácter estratégico nacional. Así quedó recogido expresamente en el acuerdo de investidura suscrito con el Gobierno, concretamente en su punto 21, en el que se exigía: "Racionalizar la política de infraestructuras para priorizar el desarrollo de las de transporte de carácter estratégico nacional. En particular, se impulsará decididamente el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, se agilizarán los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la Variante de Pajares entre León y Asturias con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el año 2017 y se continuará fomentado el transporte de ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de España".

Por todo ello, teniendo presente la importancia estratégica que posee la Variante Ferroviaria de Pajares, y ante la incertidumbre generada en torno a su finalización y su puesta en servicio definitiva, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Presente ante la Cámara, en el plazo máximo de un mes, un informe pormenorizado de la situación real en la que se encuentra la ejecución de los trabajos en la Variante de Pajares y en el tramo ferroviario de alta velocidad León-La Robla, que detalle:

a) Plazo de finalización y puesta en servicio, tanto del tramo León-La Robla de la línea de alta velocidad entre Valladolid y Asturias, como de los dos túneles de la denominada Variante Ferroviaria de Pajares que se llevan ejecutando desde el año 2004.

b) Soluciones adoptadas para los problemas técnicos acaecidos durante las obras de la Variante, indicando en todo caso si ya se encuentran definitivamente solventados, y en todo caso, plazos previstos para su definitiva subsanación y sobrecostes que han supuesto o en los que se prevé incurrir.

c) Soluciones técnicas que se tengan previsto habilitar para garantizar la compatibilidad a lo largo de la Variante de Pajares, tanto del transporte de pasajeros como del transporte de mercancías, que permita rentabilizar esta importante inversión junto a la ejecutada en el Puerto del Musel de Gijón.

2. Adopte todas las medidas que procedan y, asimismo, incorpore en el próximo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 la dotación presupuestaria necesaria, para agilizar la ejecución de los trabajos en los tramos pendientes de la línea ferroviaria entre León y Pola de Lena, especialmente en la Variante de Pajares, al objeto de conseguir su puesta en servicio en los plazos comprometidos por el Gobierno, considerando el carácter estratégico de dicho proyecto y la necesidad de rentabilizar las cuantiosas inversiones ya acometidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-José Ignacio Prendes Prendes y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000968

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de las infraestructuras ferroviarias para la conexión de Lugo con otras ciudades gallegas, para su debate en la Comisión de Fomento.

Motivación

La provincia de Lugo está quedando al margen de los avances en infraestructuras ferroviarias que están teniendo otras provincias.

El Gobierno de España abandonó la conexión prevista para Lugo con las líneas de alta velocidad y la construcción de la estación intermodal que estaba proyectada.

Además el abandono de la provincia de Lugo abarca también las infraestructuras ferroviarias tradicionales.

Es necesario impulsar y modernizar los servicios ferroviarios a su paso por la provincia de Lugo en los servicios de media y larga distancia para poder elevar la velocidad de circulación de los trenes con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y mejorar la oferta para que resulte competitiva frente al transporte por carretera.

Para ello es necesario también avanzar en la necesaria supresión de los pasos a nivel que hay en la provincia.

Las conexiones de Lugo con A Coruña en ambas direcciones son escasas y con duración del viaje tan larga que no resulta competitiva frente al transporte por carretera.


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Tampoco son suficientes las conexiones con Ourense, además, para poder ir a Santiago es necesario hacerlo utilizando una de estas dos ciudades como intermedias.

Velocidad lenta, escasa frecuencia y horarios no adaptados a las necesidades de los usuarios potenciales hacen que el ferrocarril sea cada vez menos utilizado.

Acaba de suprimirse también la posibilidad de viajar en tren desde Lugo a Bilbao limitando una vez más el transporte por ferrocarril desde Lugo.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar las infraestructuras ferroviarias, frecuencias y horarios para la conexión de la ciudad de Lugo con las otras ciudades gallegas y a recuperar la conexión perdida con Bilbao."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una rotonda en la conexión de la calle Alfonso X el Sabio de Lugo y la N-VI, para su debate en la Comisión de Fomento.

Motivación

La Nacional VI a su paso por Lugo es una circunvalación que está cada vez más incorporada en las actividades de la ciudad con los riesgos que ello conlleva para el tráfico y los viandantes.

Es especialmente difícil el enlace de la N-VI con la calle Alfonso X el Sabio, zona en la que se encuentra una parte importante del campus universitario, el pabellón de deportes que utiliza especialmente el equipo de baloncesto Breogan, una piscina cubierta, etc.

Sería conveniente construir una rotonda en dicho enlace que facilitara la conexión entre esa parte de la ciudad y la N-VI y evitara los correspondientes riesgos de seguridad vial.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir una rotonda en la conexión de la calle Alfonso X el Sabio de Lugo y la N-VI."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000970

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo a su paso por As Gándaras, para su debate en la Comisión de Fomento.


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Motivación

La Ronda Norte de la ciudad de Lugo a su paso por el barrio de As Gándaras supone un importante riesgo para las personas que intentan cruzarla. Están ubicados en dicha zona una residencia de personas mayores, instalaciones deportivas y un polígono industrial en franca expansión.

La asociación de vecinos Gatos Roxos hace once años que reivindica la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-640, en la ronda norte, para evitar accidentes.

Es también antigua la reivindicación del desdoblamiento de la Ronda Norte que conecta las carreteras de A Coruña y Vegadeo, y especialmente necesaria desde la apertura del nuevo Hospital con el correspondiente incremento del tráfico y del anteriormente mencionado polígono industrial.

Los presupuestos del Estado para 2009 y 2010 recogían partidas presupuestarias para el inicio de los trámites necesarios para el desdoblamiento dicha Ronda.

En septiembre de 2011 el Concello de Lugo y el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo para la mejora de la red de carreteras en el entorno de Lugo.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Ejecutar el desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo.

- Construir una pasarela peatonal sobre la Ronda Norte a la altura de la residencia de mayores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-VI a la altura del estadio de fútbol de Anxo Carro, para su debate en la Comisión de Fomento.

Motivación

El estadio Anxo Carro de Lugo está separado de la ciudad por la N-VI, esto supone un importante riesgo para las personas que acceden a dicho estadio caminando desde la ciudad.

Los días que hay competición son muchas las personas que intentan cruzar la vía de manera poco segura.

Anexo al estadio se encuentran campos de juego que utilizan los equipos de alevines y juveniles, un palacio de congresos y un centro comercial.

Dada la actividad que se está generando de ese lado de la N-VI y que hay otras vías rápidas que pueden ser utilizadas en lugar de la N-VI a medio plazo habría que plantear la posibilidad de utilizar elementos disuasorios del tráfico en dicha zona (semáforos) y de seguridad para viandantes (acera) pero de forma inmediata sería conveniente construir una pasarela que conectara los dos lados de la N-VI a la altura del estadio de fútbol Anxo Carro.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir una pasarela peatonal sobre la N-VI a la altura del estadio de fútbol Anxo Carro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000978

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación en materia de transporte marítimo en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Los archipiélagos de Canarias y Baleares son territorios de unas características excepcionales por su condición insular. La Constitución reconoce el hecho insular como un hecho diferencial que debe ser particularmente tenido en cuenta al establecer el adecuado y justo equilibrio económico entre los territorios del Estado español, en orden al real y efectivo cumplimiento de la solidaridad interterritorial.

El hecho insular dificulta las comunicaciones con el resto del territorio español y, de manera más aguda, entre las distintas islas que conforman los archipiélagos.

Las características de lejanía, insularidad, reducida superficie y dependencia económica de un reducido número de productos, hacen que el sector del transporte es uno de los de mayor valor estratégico en la economía de ambos archipiélagos.

El transporte aéreo y el marítimo condicionan las actividades de la población canaria y balear; desplazamientos por motivos sanitarios, de trabajo, de formación a distintos niveles, así como el transporte de mercancías, suponen un coste añadido en el quehacer cotidiano de la población, que tiene que soportar un encarecimiento en los productos y en el valor final de cualquier actividad que implique desplazamiento.

Las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears cuentan, por ello, con retos estructurales en materia de movilidad para los ciudadanos y ciudadanas, por una parte, y para la competitividad y la productividad de su tejido productivo, por otra.

No cabe duda, pues, de que para un territorio insular como son los archipiélagos canario y balear, el transporte marítimo es una pieza clave para un mejor funcionamiento de la economía y de la sociedad.

El transporte marítimo de pasajeros conecta de forma regular núcleos de población insulares que, por lo general, no están debidamente conectados por otro medio de transporte. Nos estamos refiriendo a las llamadas líneas regulares de cabotaje insular que incluyen el transporte marítimo regular (no "tramp") de pasajeros entre puertos de las Islas Canarias y de las islas Baleares (los llamados tráficos interinsulares).

La mayoría de los pasajeros del este transporte son residentes insulares que, como tales, son clientes cautivos, pues viajan fundamentalmente por causas laborales, de salud, familiares y otras similares derivadas de su insularidad. Por ello, el transporte marítimo tiene un claro componente social que posibilita que muchos ciudadanos insulares puedan trabajar, estudiar, gozar de buena salud, ver a sus familiares, amigos y seres queridos, etc., al igual que los demás ciudadanos no insulares.

Como quiera que la mayoría de los clientes de estos tráficos son residentes insulares, se bonifica legalmente el precio de sus billetes en sus traslados regulares por vía marítima a la península, así como en los traslados interinsulares. Las bonificaciones establecidas son del 50 % para los trayectos entre la península y cualquiera de los territorios españoles no peninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), y del 25 % para los trayectos interinsulares en las islas Canarias y Baleares. Por su parte, las Comunidades Autónomas de los archipiélagos han establecido una bonificación general del 25 % para los trayectos interinsulares que, al ser complementaria y compatible con la nacional, eleva el porcentaje total medio de bonificación en los citados tráficos al 50 %. En algunos casos excepcionales, el porcentaje total es mayor, con el objeto de compensar los costes de la llamada doble y triple insularidad de los residentes afectados.

Las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y de Canarias aplican la bonificación del 25 % con cargo a sus respectivos presupuestos autonómicos: 9,5 millones de euros en el caso de las Illes Balears y hasta 30 millones en el caso de Canarias.

Esa situación se ve descompensada en relación a la dificultad estructural que provoca la insularidad y, por tanto, necesita de una corrección y adaptación permanente, lo que se agrava con inversiones que se realizan en el territorio peninsular en materia de transporte y que están bonificadas, lo que supone un agravio comparativo para los ciudadanos isleños, que no reciben el mismo nivel de inversiones en infraestructuras.


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Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears vienen analizando de forma conjunta la conectividad aérea y marítima de ambos archipiélagos. Ambos han coincidido en la necesidad de reclamar ante el Estado la mejora de las condiciones del transporte marítimo, demandando que el Gobierno de España asuma el pago del 50 % del descuento de residente, frente al 25 % que paga actualmente.

Si bien la materia transporte marítimo interinsular es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, no es ese el título competencial en el que se incardina la política de bonificaciones.

El artículo 138.1 de la Constitución Española establece que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular al hecho insular".

En consecuencia, de la formulación constitucional se desprenden dos efectos inmediatos: la existencia del hecho insular como conjunto de circunstancias específicas cuya determinación se encomienda al Estado y la conclusión de que tal hecho insular debe ser atendido al formular las políticas concretas, cuyo objetivo no es otro que la materialización del equilibrio económico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Crear una mesa de diálogo para incrementar la compensación de los costes de insularidad en el transporte marítimo interinsular, en los territorios insulares, Ceuta y Melilla, por encima del porcentaje que asume el Estado actualmente, así como los costes adicionales de las líneas interinsulares, con el objeto de compensar los costes de la llamada doble y triple insularidad de los residentes afectados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Sebastián Franquis Vera, Sofía Hernanz Costa, María Tamara Raya Rodríguez y Pere Joan Pons Sampietro, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000981

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre transparencia en las infraestructuras, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Las infraestructuras de transporte han sido noticia en nuestro país en múltiples ocasiones por: anuncios de colocación de primeras piedras, inversiones millonarias, puesta en servicio de infraestructuras que generarían gran desarrollo para nuestro país, etc.

Pero también han sido noticia en los últimos tiempos por: incumplimientos de plazo reiterados, paralización de obras, grandes bajadas de inversión respecto a años anteriores, baja ejecución de lo presupuestado, problemas de todo tipo en su desarrollo, casos de corrupción ligados a determinadas obras, quiebra de autopistas de peaje, etc.

Creemos imprescindible la aplicación de la transparencia máxima en el uso de los fondos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los detalles de cómo se gastan los Gobiernos el dinero que recaudan a través de los impuestos. Entendemos la transparencia como un derecho ciudadano que hay que garantizar.

La falta de transparencia y la inadecuada aplicación de la misma, hace que sea muy complicado: hacer seguimiento en nuestro país del desarrollo de las infraestructuras, conocer la previsión de finalización


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de una obra, la repercusión que tendrá su puesta en servicio, los criterios que han llevado a priorizar una sobre otras, el coste final de cada una, los problemas que ha tenido en su desarrollo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo máximo de un año, una web donde se informe, de forma amigable y accesible a todos los ciudadanos, del desarrollo de las infraestructuras de transporte en España actualmente programadas o en ejecución, que permita conocer a todos los ciudadanos, de forma fácil, toda la información sobre el desarrollo de las infraestructuras, además de poner a disposición de toda la sociedad los datos en abierto para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones que mejoren el acceso a esta información.

Los datos e información que se incorporen a la web deberán gozar del máximo consenso y, entre otros, deberá contener:

1. Los datos y los criterios que han llevado a priorizar el desarrollo de una infraestructura sobre otras, además de la repercusión que tendrá la infraestructura una vez puesta en servicio en: desarrollo económico, reducción de tiempos, cohesión territorial y otros aspectos que puedan ser de interés.

2. La previsión de inicio y finalización de cada una de las infraestructuras planificadas para un periodo, además de la planificación anual y las desviaciones sobre la previsión inicial y las causas.

3. EI proceso de adjudicación de una obra en el que se dé a conocer: el precio inicial de la licitación y los plazos, los licitadores, el adjudicatario y el precio de adjudicación, así como las modificaciones del proyecto y su impacto sobre el coste inicialmente previsto.

4. El proceso de desarrollo de la obra en el que se dé a conocer: los incumplimientos de los plazos y los motivos, las desviaciones sobre la previsión inicial y las actuaciones para garantizar los cumplimientos.

5. El porcentaje anual de la inversión ejecutada sobre la inicialmente presupuestada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000983

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Francesc Homs i Molist, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su debate ante la Comisión de Fomento, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a retirar el Recurso de Inconstitucionalidad de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, del Parlament de Catalunya.

El 23 de julio de 2015 el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta ley fue consecuencia de una iniciativa legislativa popular impulsada por la PAH, la Aliança Contra la Pobresa Energètica y el observatori DESC y contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya.

Es la ley más garantista en materia de derecho a la vivienda y protección a la pobreza energética en todo el estado español, introduciendo importantes novedades orientadas a la protección social, la garantía del derecho a la vivienda y la lucha contra las desigualdades.

De un lado establece un mecanismo de segunda oportunidad consistente en que las personas sobreendeudadas tengan la potestad de acogerse a una mediación obligatoria para establecer un plan de pagos o un plan de reestructuración de deudas. Si esta mediación no surte efecto, se puede acudir a un procedimiento judicial simplificado que debe terminar como mínimo con un plan de pago de obligado cumplimiento. Además también se contempla que los fiadores puedan acudir a este mecanismo de segunda oportunidad.


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Otra de las novedades positivas que incorpora la Ley para proteger a las personas que padecen un desahucio por parte de un gran tenedor de viviendas, cuando las personas o familias a desahuciar no tengan alternativa habitacional, es que el propietario les debe ofrecer un alquiler social por un período mínimo de tres años.

Otra medida importante para paliar la falta de vivienda es la posibilidad que la administración pueda obligar, bajo determinadas condiciones, a las personas jurídicas a cederle las viviendas vacías, por un periodo de tres años con el fin de incorporarlo al fondo de viviendas de alquiler para políticas sociales.

Ante esta acción legislativa del Parlament de Catalunya que cubre un hueco exigido por la sociedad en defensa del derecho fundamental de la vivienda, una exigencia muy sensible en Catalunya, el Gobierno español ha optado por recurrir la ley catalana ante el Tribunal Constitucional y paralizar su aplicación. El pasado 29 de abril el Gobierno español acordó recurrir los artículos que contemplan el mecanismo de segunda oportunidad, el alquiler social obligatorio y la cesión de pisos vacios, así como las disposiciones que contemplan las sanciones previstas en la Ley 24/2015. El Tribunal Constitucional suspendió de forma temporal todos los preceptos recurridos.

Durante la breve vigencia de la Ley 24/2015 los grandes tenedores de vivienda han estado mucho más abiertos a encontrar solución para evitar los desahucios y la falta de vivienda, utilizando los mecanismos que les brindaba la citada Ley. En concreto se produjeron 2.623 procesos de mediación y solo en la ciudad de Barcelona, durante los cinco primeros meses de 2015 se lograron evitar más de 600 desalojos. Cuando el Gobierno presentó el recurso, su actitud cambió y se volvió a la tónica anterior a la aprobación de la Ley 24/2015.

Si alguna fuerza tenía el estado autonómico, anterior a la Sentencia del Estatut, es que la mayor sensibilidad de una u otra comunidad respecto a políticas que consideraba prioritarias, le permitían innovar y avanzar, de manera que si sus resultados eran positivos otras comunidades adoptaban dichas políticas como buenas prácticas, en beneficio de sus respectivas sociedades. Con las políticas homogeneizadoras que ha venido aplicando el Gobierno Popular, a partir de la Sentencia del Estatut, el Estado está paralizando todas aquellas políticas impulsadas por las comunidades autónomas -y particularmente por Catalunya- que dan respuesta a necesidades sociales a las que el Estado hace caso omiso, con el agravante que lo hace utilizando el argumento de la "igualdad". Será igualdad en la desgracia, igualdad en la ineficiencia, pero no igualdad en beneficio de la ciudadanía. No tiene sentido que un Gobierno que dice que el Estado son todas las administraciones públicas y cuyo fin es buscar el bienestar de sus ciudadanos, en una materia tan importante para la vida de las personas como es la vivienda, el Gobierno ponga trabas a la defensa del derecho fundamental de la vivienda que ha regulado el Parlament de Catalunya, en aras de la igualdad, no tiene sentido que el Gobierno considere que es mejor que todos los españoles no puedan acceder a determinados instrumentos de protección del derecho a una vivienda a que una parte de ellos, los que viven en Catalunya, pueda acceder a través de la legislación aprobada por el Parlament.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, del Parlament de Catalunya."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000985

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la derogación de la Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el Anexo IX del


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Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Tan solo dos días antes de la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre del 2015 el Ministerio de Presidencia, mediante Orden Ministerial ordenaba modificar el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en la que se modifican algunos aspectos de la regulación de las masas y dimensiones de los vehículos, prevista en el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Según el Ministerio, "Se favorece la competitívidad y eficiencia tanto de las empresas demandantes de transporte como de las propias empresas transportistas y se avanza en la armonización progresiva de las condiciones de circulación establecidas en nuestro país con respecto a las del resto de países de nuestro entorno".

"Así, se incluye una definición para la configuración euro-modular y se permite la circulación de conjuntos de vehículos que adopten dicha configuración con una masa máxima de 60 toneladas y una longitud máxima de 25,25 metros, debiendo en todo caso estar supeditada a la obtención de una autorización expedida por el órgano competente en materia de tráfico, que tendrá en consideración las repercusiones que la circulación de estos conjuntos de vehículos pueden tener en el tráfico y la seguridad vial."

Estos camiones más largos y más pesados que circulan por algunos países de Europa son conocidos por nombres inofensivos, vistosos y modernos como: Gigaliner, EuroCombi, EcoLiner, Mega Tráiler, Vehículo Comercial Innovador. Bonitos nombres para un solo objetivo: aumentar desmesuradamente las dimensiones y el tonelaje autorizado de los camiones.

Estos vehículos, cuyo uso se limita a condiciones muy especiales en los países nórdicos y en Australia y que ya han sido descartados en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido tras un periodo de pruebas, miden hasta 25,25 metros, llegando su peso hasta las 60 toneladas, un 50 % más que los actuales. Se trata de vehículos realmente enormes, equivalentes a la altura de un edificio de ocho plantas.

Un megacamión es casi tan grande como un avión reactor de pasajeros y pesa más o menos lo mismo (Boeing 737-300). Es como volver a inventar el tren de mercancías y ponerlo a rodar por la carretera.

La existencia de camiones más largos y pesados en la heterogénea y deteriorada red vial española por falta de mantenimiento, es un peligro para la seguridad de todos los usuarios de la carretera, según demuestran los estudios independientes que han analizado experiencias piloto previas en la Unión Europea.

Por otra parte, a medio plazo, los megacamiones dañarán el medio ambiente debido a que se trasvasará carga desde el ferrocarril eléctrico a estos trenes de carretera petróleo-dependientes.

Su circulación costará a los contribuyentes cientos de millones de euros adicionales debido a que las carreteras españolas no han sido diseñadas para este tipo de vehículos, ni desde el punto de vista de su diseño, de su señalización, y especialmente de su mantenimiento.

Finalmente, con anterioridad a la vigencia de esta norma, no se han realizado pruebas en condiciones reales para comprobar y certificar la circulación segura de estos enormes vehículos en las distintas redes viarias españolas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el anexo IX del Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/000991

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la urgente reconstrucción del paso superior sobre el FFCC, Puente de la Platera, en Cariñena, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Dentro de las obras contenidas en el "Proyecto Básico de Licitación: Corredor Cantábrico Mediterráneo Línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Electrificación", se recogían las obras correspondientes a la demolición y posterior reconstrucción del Puente de la Platera en Cariñena, actual paso superior sobre las vías del ferrocarril de la Línea Teruel-Zaragoza.

Esta obra resultaba ser muy importante para la ciudad de Cariñena ya que este puente sirve de conexión de la Ciudad con el Campo de Futbol donde juegan los equipos locales en sus distintas categorías.

El puente se encuentra en un estado precario debido a su nulo mantenimiento por parte de ADIF, tanto del estado de las barandillas como por la descomposición de los taludes de los terraplenes en tierras. Además su sección (3,5 metros de anchura) resulta totalmente insuficiente para el paso de autobuses y mucho menos para el paso simultáneo de dos vehículos.

El Ayuntamiento de Cariñena ha ido acometiendo dentro de sus posibilidades presupuestarias, pequeñas obras de mantenimiento, como la colocación de una barandilla, el bacheado del firme y la estabilización de terraplén mediante muretes de hormigón.

Por otro lado, las obras de reposición del puente de la Platera, contempladas en el citado Proyecto, no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana de Cariñena en donde se recoge la necesidad de ejecutar un vial perimetral de anchura 16 metros paralelo al trazado de las vías de Ferrocarril.

Por tanto, a la hora de proyectar las obras de reconstrucción del puente, debería tenerse en cuenta este vial y diseñar un puente de una luz aproximada de 50 metros, con una anchura de 12 metros entre calzada y aceras, según recoge el PGOU de la ciudad. Además de rectificar ligeramente el trazado y prever las conexiones con el resto de viales.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rehacer con urgencia el paso elevado del ferrocarril "Puente de la Platera?, en el término municipal de Cariñena y proyectar su reconstrucción de acuerdo con las dimensiones, traza y conexiones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-Susana Sumelzo Jordán, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000996

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de falta de personal en el Aeropuerto de Menorca, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Según la memoria de AENA de 2012, el transporte aéreo supone el 7 % del PIB del Estado y la actividad de AENA tiene un fuerte impacto en la generación de empleo: AENA Aeropuertos emplea directamente a unos 9.000 trabajadores (más otros 4.600 que pertenecen a la parte de Navegación Aérea)


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y los aeropuertos generan 140.000 empleos directos y 440.000 empleos totales, lo que supone el 2 % de la población activa. Como media, cada 1.000 nuevos pasajeros supone la creación de un puesto de trabajo directo y casi tres empleos indirectos. Además, 6.200 empresas prestan sus servicios directos a los aeropuertos. Y no hay que olvidar, que el impacto del transporte aéreo sobre un sector como el turístico que genera casi el 11 % del PIB del Estado, es determinante, porque 4 de cada 5 turistas utilizan el avión. Estos datos son, de alguna forma, el impacto económico "medible" de la actividad aeroportuaria. Aunque su repercusión económica es mucho más profunda, ya que es fundamental para facilitar la conectividad de actividades industriales y económicas a nivel mundial.

En 2012 AENA realizó un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a unos 997 trabajadores de AENA y 263 de ENAIRE en total 1260 trabajadores, 23 en el Aeropuerto de Menorca. A eso hay que sumar el hecho de que varios traslados de trabajadores a otros Aeropuertos, así como algunas jubilaciones producidas del 2012 hasta hoy, no han sido cubiertas. Esto significa que la plantilla actual, del aeropuerto de Menorca, es aproximadamente un 12 % inferior a la que había en 2012.

Si bien AENA tuvo unos años de pérdidas económicas, hasta el 2012, en los tres últimos ejercicios anuales (2013, 2014, 2015), ha obtenido unos beneficios por valor de 2026,7 millones de euros netos, según los datos de la propia AENA y 5.583 millones brutos. En los primeros nueve meses del 2016 y siempre según datos de la propia AENA, su beneficio ha aumentado cerca de un 48 %, hasta alcanzar los 944,4 millones de euros. Siendo el beneficio bruto de explotación, Ebitda, obtenido en los primeros nueve meses de 1.759,6 millones de euros, un 10'5 % más que en el mismo periodo de 2015.

El crecimiento del tráfico también ha sido importante, en el caso de Menorca, pasando de 2.545.942 pasajeros en 2012 a 2.867.482 en 2015. Para el año 2016 las previsiones son de un aumento considerable, siendo en los primeros diez meses del 10'7 % lo que supone que seguramente se pueda llegar a los 3.150.000 pasajeros, o lo que es lo mismo, se superará en más de un 20 % el tráfico de pasajeros y operaciones existentes en el año 2012.

Menorca, un aeropuerto estacional.

Según la resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio Colectivo del Grupo de empresas de AENA (Entidad Pública Empresarial AENA y Aeropuertos, S.A.), aparecido en el B.O.E. núm. 305 del 20 de diciembre de 2011, en el artículo 16 del Anexo IV, página 139419, Menorca es el único aeropuerto de toda la red estatal, considerado Estacional.

Dicha circunstancia no es casual, de los 2.867.482 pasajeros que pasaron por el Aeropuerto de Menorca, en 2015, 2.575.730 pasajeros, o lo que es lo mismo, el 89,825 % lo hicieron del 1 de abril al 31 de octubre, fechas en las que el Aeropuerto de Menorca sube de categoría, pasando de nivel 7 a nivel 8. Ese porcentaje se reproduce con leves variaciones cada año, es decir, prácticamente el 90 % del tráfico de pasajeros del aeropuerto de Menorca, se concentra en siete meses, circunstancia que no se da en ningún otro aeropuerto del Estado.

Por normativa OACI el colectivo de Servicio y Extinción de Incendios (SEI) ha de tener una plantilla, de un Jefe de Dotación más 6 bomberos, por turno, al ser cinco turnos, dicha plantilla ha de ser de 35. Dicha normativa determina esa plantilla mínima por motivos de seguridad aérea, e implica entre otras cosas que puedan aterrizar determinados tipos de avión. De no existir esa dotación, según que aviones no podrían aterrizar. En estos momentos el Aeropuerto de Menorca no tiene cubierta dicha plantilla mínima de bomberos teniendo que recurrir a horas extra o a compensaciones en tiempo a personal fijo para que haciendo más turnos de los reglamentarios se pueda cubrir la necesidad de personal en el colectivo SEI durante los siete meses de temporada alta.

La Constitución española, en su art. 138.1 sobre principios generales de la organización territorial del Estado, habla de la obligación de este en garantizar el principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2, "... atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular". Por tanto tiene cabida en nuestra Constitución y legislación una atención específica a las Islas y en este caso concreto a Menorca.

El derecho a la prosperidad económica y social basado en la actividad aeroportuaria, debe de estar asentado en una gestión pública eficiente de los aeropuertos que garantice los derechos e intereses colectivos y el servicio público que se presta, frente a los intereses particulares, o puramente de rentabilidad económica, máxime en el caso de una isla que además basa su economía, en más de un 80 %, en el sector turístico y que el transporte aéreo supone el medio utilizado por el 86,67 % de las personas que entran o salen de la isla, representando el tráfico marítimo, sólo un 13,33 %.


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Menorca, necesita de un aeropuerto gestionado con la plantilla suficiente, para dar dicho servicio público, garantizando los principios de seguridad y eficiencia y eso no solo afecta a la plantilla de SEI (Bomberos) o de operaciones, sino a todas las categorías y departamentos que hacen funcionar el aeropuerto, departamento de ingeniería y mantenimiento, área de gestión comercial y marketing, recursos humanos, departamento económico-administrativo, departamento de operaciones, departamento de servicios, área de seguridad, sección de informática y navegación aérea. En el conjunto de las categorías laborales del aeropuerto, no existe una normativa, como sí existe en el caso del colectivo SEI (Bomberos), que recomiende en función de la categoría del aeropuerto, o del tráfico de pasajeros, un número mínimo de trabajadores pero es obvio que ante el aumento constante de tráfico aéreo, la carga de trabajo también aumenta y aún que la OEP está sujeta a lo determinado en las sucesivas leyes de PGE, dicha legislación permite a empresas públicas, con beneficios y en casos excepcionales justificados, flexibilizar la contratación de personal interino.

En los últimos años, entre el ERE de 2012, excedencias, traslados y jubilaciones, la plantilla del Aeropuerto de Menorca ha disminuido sensiblemente, aumentando sin embargo, la carga de trabajo y el tráfico aéreo, siendo necesario afrontar dicha situación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. A abordar las necesidades del personal de AENA S.A. y ENAIRE en el Aeropuerto de Menorca.

2. A instar a AENA S.A. y ENAIRE a que inicie un periodo de negociación con la RLT con el fin de asegurar una plantilla mínima durante la época de verano, esto es del 1 de abril al 31 de octubre, en función del tráfico aéreo y que en ningún caso sea inferior a la existente en el año 2012.

3. Dicha negociación debe iniciarse en el año 2016 y finalizar como máximo antes del 15 de marzo de 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2016.-Félix Alonso Cantorné y María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, de la agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la necesidad de transferir a Galicia la Autopista del Atlántico, AP-9.

Exposición de motivos

La Autopista del Atlántico, la AP-9, es una infraestructura viaria fundamental para Galiza puesto que vertebra su territorio de norte a sur, desde Ferrol a Tui. Es una vía trascendental para la comunicación interna del territorio gallego y no cuenta con una alternativa vial en condiciones adecuadas ni segura dado que la N-550 adolece de múltiples deficiencias y presenta un lamentable estado de conservación en numerosos tramos de su recorrido.

La historia de esta autopista es el relato de un auténtico despropósito, cuya explotación privada tenía que haber terminado hace tiempo pero que el Gobierno de Aznar decidió prorrogar en el año 2001.

Su explotación privada comenzó en el año 1973. El Ejecutivo del PP de Aznar, siempre al servicio de los intereses privados, decidió ampliar dicha concesión nada más y nada menos que hasta el año 2048.

Actualmente continúa en manos de la concesionaria AUDASA, cuya explotación le reporta enorme beneficios económicos que no revierte ni en la mejora del mantenimiento ni tampoco en la calidad del


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servicio que deja mucho que desear. A día de hoy, la AP-9 está más que amortizada. Es un sinsentido muy oneroso que los gallegos y las gallegas sigan pagando costosísimos peajes por circular por esta vía.

La historia de la AP-9 es la historia de la entrega de una vía de alta capacidad al negocio privado. 36 años de explotación privada con precios de peajes totalmente abusivos. De hecho, en la actualidad es la autopista que más aporta a la cartera de negocios del Grupo estadounidense Itínere, perteneciente al fondo de Inversión Citi. Aunque últimamente se especulaba con su venta, posible operación revestida de total opacidad y de la que se desconocen los detalles.

Como hemos señalado, AUDASA ha ingresado cantidades millonarias en concepto de beneficios y a cuenta de los bolsillos de los gallegos y de las gallegas.

En el año 2015, la facturación de AUDASA alcanzó los 127,8 millones de euros, un 2 % más que en el año anterior, el del 2014. Un montante económico muy elevado y que se sitúa por encima de la suma de las otras cinco autopistas que Itínere tiene concesionadas en el Estado español. Todas ellas en su globalidad sumaron 130,3 millones.

En el primer semestre de 2015, los ingresos por cobro de peajes en la AP-9 aumentaron en un 5,4 % en relación al año anterior, llegando a la cuantía de 62,3 millones de euros. Sin embargo, los cuantiosos beneficios obtenidos ni siquera han redundado en una mejora del mantenimiento de la autopista ni tampoco en la mejora de la calidad del servicio. Sus gastos se redujeron en un 0,1 %, en 11,9 millones. A la luz de los hechos, es fácil concluir que el negocio es totalmente redondo para la empresa privada: suculentos beneficios sin apenas inversión.

Los beneficios de la concesionaria han sido abultados incluso en los años de crisis económica más duros. En el 2015 aportó el 82 % de los beneficios obtenidos por Itínere.

A pesar de hacer caja, AUDASA continuó incrementando los costes de los peajes, y empeoró el servicio: no aumentó la plantilla de trabajadores en cabinas, es más, la redujo. Tampoco realizó actuaciones de mejora en el mantenimiento de la carretera, se negó siempre a aprobar un programa de descuentos para usuarios habituales, algo común en otras autopistas del Estado. Igualmente, ha sido llamativa su falta de medidas efectivas ante los enormes atascos que habitúan producirse delante de las cabinas de pago en periodos estivales, de fines de semana, puentes festivos o vacaciones.

A cambio, los usuarios de esta importante arteria viaria gallega deben afrontar abusivos peajes. Viajar de Ferrol a Tui cuesta actualmente 20,15 euros, todo un presupuesto para los bolsillos de los gallegos y de las gallegas.

En conclusión, la AP-9 es un auténtico "chollo" para la empresa AUDASA. Millonarios beneficios a cambio de nada. Sus pingües beneficios no redundan ni siquiera en la adopción de medidas de descuento como podría ser la aplicación de un Programa de Descuentos para usuarios habituales, que como hemos señalado anteriormente, existe en otras vías de alta capacidad del Estado. Algo que no ha estado entre las exigencias del Ministerio de Fomento, puesto de la anterior Ministra del ramo sólo hemos oído críticas o declaraciones pero ninguna contundencia a la hora de ponerse exigente con el objetivo de beneficiar a los usuarios gallegos, que ya han pagado suficiente por circular por la AP-9, o para ayudar al sector del transporte que utilizan la autopista como un instrumento laboral.

La misma pasividad se ha visto en el Ministerio a la hora de reclamar a AUDASA que cumpla el pliego de condiciones firmado en su día y preste un servicio de calidad. Las colas de coches en momentos de mayor tráfico como el verano, los fines de semana, vacaciones o festivos, no han movido a la concesionaria a adoptar medidas que siempre ha dejado a los gallegos y a las gallegas atrapados en atascos kilométricos delante de las cabinas. Ni ha abierto más cabinas de pago, ni ha levantado las barreras ni ha movido un dedo para poner fin a esta situación, que sólo despertó en momentos puntuales declaraciones airosas de la Ministra de Fomento pero en ningún momento emprendió ninguna acción ante la concesionaria.

El pasado 15 de marzo de este año el Parlamento Galego aprobaba por unanimidad una proposición de ley que demanda la transferencia a Galicia PP la Autopista del Atlántico, la AP-9. Recalcamos por unanimidad porque el PP también votó a favor de esta reivindicación.

Son numerosas las ocasiones en las que se ha pedido tanto en el Parlamento Galego como en el Congreso de los Diputados la transferencia y gratuidad de la AP-9, sin embargo, esta histórica reivindicación siempre se topó con el total rechazo del PP, y del PSOE.

Aunque el Presidente de la Xunta cambió de estrategia y se ha pronunciado a favor en el último año de su transferencia, sus pronunciamientos nunca han ido más allá de las meras palabras o declaraciones. Nunca efectivizó su demanda mediante ninguna gestión ante el Ministerio de Fomento, gobernado por el


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mismo partido, el PP. Ha jugado interesadamente a la ambigüedad, poniéndose como adalid de la defensa de una AP-9 transferida mientras su partido votaba lo contrario en las Cortes del Estado.

Recientemente, en el mes de julio, y ante la proximidad de las elecciones gallegas, Feijoó ha vuelto a hacer electoralismo con la AP-9. Ha llegado a decir que "creo un error que el Gobierno de España no atienda una propuesta razonable y razonada". El Presidente de la Xunta no ha dudado en hacer suyos argumentos tradicionales de la oposición desde hace años, alegando que "esta autopista puede y debería ser gestionada por la Comunidad Autónoma" dado que permitiría velar mejor por la calidad del servicio y negociar la implantación de nuevas bonificaciones para usuarios habituales. Añadiendo que "mientras yo sea presidente, seguiré solicitando la transferencia de la autopista", una manifestación que raya el cinismo político puesto que estos últimos años de Gobierno en la Xunta han coincidido plenamente con el Gobierno del PP en la Administración central.

Es tiempo electoral en Galicia, momento en el que el actual Presidente de la Xunta suele reactivar viejas demandas. Incluso en sus manifestaciones ha contraargumentado el supuesto de la ex titular de Fomento de que la AP-9 une Galicia con Portugal, siendo transfronteriza y por tanto debe depender del Estado. Ahora ya admite que esta autopista no finaliza en Portugal, sino en una autovía. Por tanto, y como siempre se sostuvo desde la oposición política, la AP-9 transcurre íntegramente por territorio gallego.

Lo cierto es que el hecho de que la AP-9 continúe en manos privadas es una responsabilidad exclusiva del PP, del partido del señor Feijoó. Fue Aznar en el año 2000 el que decidió renovar la concesión a AUDASA en contra de los intereses del pueblo gallego.

En los 37 años que suma ya la explotación de la autopista hasta el cierre del último ejercicio, su concesionaria ha recaudado en peajes 2.519 millones de euros. Con estos sustanciosos beneficios sobre la mesa, la AP-9 se ha convertido en una de las principales vías entre las que gestiona Itínere.

Últimamente, ha sido noticia también por la posibilidad de que sea comprada por la compañía Globalvía, que está controlada por tres fondos internacionales. Presentó una oferta en el pasado mes de julio para comprar la participación del 45,1 %.

Aunque la hipotética operación se encuentra todavía en una fase muy preliminar, es cierto que los accionistas minoritarios de Itínere han manifestado en diferentes ocasiones su voluntad de vender sus participaciones.

Desde nuestro punto de vista, es hora ya de terminar con operaciones especulativas que van en contra de los intereses generales de los gallegos y de las gallegas. Es hora de priorizar el interés colectivo y terminar con los favoritismos para con empresas privadas. La gestión de la AP-9 debe pasar a manos de la Administración gallega, y convertirse en una vía libre de peajes.

Una vía fundamental para Galiza, suficientemente explotada y más que amortizada, carísima, cuya gestión en manos privadas ha sido pésima desde el punto de vista de la calidad del servicio, y que hace tiempo que debería ser gratuita, no puede continuar en el mismo estado. Existe unanimidad social, política y económica en Galicia sobre la necesidad de traspasar esta vía al Gobierno gallego y que quede exenta de peajes.

Por otro lado, en la Comisión de Fomento celebrada el 30 de noviembre de 2016, se debatió la Proposición no de Ley de En Marea, defendida por esta diputada, relativa a la necesidad de transferir a Galicia la Autopista del Atlántico AP-9. En aras a lograr un entendimiento, En Marea consensuó una transaccional con el grupo socialista que fue sometida a tres votaciones sin conseguir un resultado determinante debido a la reiteración de un empate en las votaciones: 18 votos a favor y 18 votos en contra. Finalmente, tal como estipula el reglamento (artículo 88.1), la Proposición no de Ley decayó en la tercera votación debido a la circunstancia explicada.

Dada la situación descrita, En Marea procede a registrar de nuevo esta Proposición no de Ley, incorporando en la parte resolutiva el acuerdo transaccional alcanzado con el grupo socialista, a fin de que vuelva a ser sometido a debate y votación.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

1. Levantar el veto que mantiene a la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a Galicia y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 9 de septiembre de 2016, prestando su conformidad a que, con la mayor brevedad posible, pueda ser tramitada como tal Proposición de Ley ante las Cortes Generales.


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2. Iniciar los trámites necesarios para proceder a la transferencia de la Autopista del Atlántico (la AP-9) al Gobierno gallego, de modo que esta importante vía de alta capacidad que vertebra el territorio gallego de norte a sur, más que amortizada a estas alturas, se ponga al servicio del interés general de Galicia, asumiendo íntegramente la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento gallego."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000999

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas a implementar en Línea C-3 correspondiente al tramo ferroviario Bilbao-Orduña, para su consideración y debate ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

Exposición de motivos

La Línea ferroviaria C-3 de ADIF y explotada por RENFE, recorre el valle del Nervión, desde Bilbao hasta Orduña. Por la misma circulan trenes de cercanías, todos los trenes que comunican Bizkaia con la meseta y trenes de mercancías.

La línea dispone de 22 estaciones.

Un gran número de esas estaciones presentan obstáculos, o disposiciones que no resultan funcionales.

Así, no es extraño comprobar la existencia de puertas estrechas y de difícil movimiento para personas con movilidad reducida. O que el paso entre andenes se realiza, en la mayor parte de las ocasiones, a nivel de vía en las estaciones que no están reformadas, donde cabe comprobar además, que también existen barreras en los trayectos peatonales exteriores que limitan la movilidad de personas con movilidad reducida.

Por su parte, las unidades de tren tienen hasta dos escalones para acceder y un espacio de separación en la relación andén-tren, lo que se traduce en la multiplicación de barreras que dificultan sobremanera el acceso y la movilidad, con carácter general, y en especial a las personas con movilidad reducida.

Renfe aprobó el año 2010 un Plan de Accesibilidad Universal, que se marcaba como objetivo conseguir que todos los servicios de la compañía fueran accesibles antes de 2020. A pesar de los esfuerzos que dice haber realizado, lo cierto es que a fecha de hoy aún restan numerosos estaciones, andenes, accesos, barreras y puertas, cuya presencia cuestiona los objetivos de aquel Plan.

Cabe recordar que el plan de accesibilidad universal de Renfe indicaba que todas las actuaciones contempladas recogen los requisitos establecidos en el Real Decreto 1544/2007 y en la ETI (Especificación Técnica de Interoperabilidad) de la Unión Europea, y que tenían como horizonte el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Lo que en sentido contrario supone que estas situaciones y la intensidad (frecuencias) de las circulaciones ferroviarias se traducen en situaciones de grave riesgo para las personas usuarias del servicio público, en general, y para aquellas con algún grado de movilidad reducida, en particular.

No es ese el escenario deseable, y por cuanto antecede afirmamos la necesidad de un impulso político e institucional para exigir la eliminación de cuantas barreras y obstáculos existen en dicho servicio público, por lo que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso, interesa la aprobación de la siguiente

Proposición no de Ley

Por todo ello

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Fomento, en tramos de ADIF y RENFE, solucione con urgencia los graves déficits de las estaciones de la línea C-3 Bilbao-Orduña, con


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el fin de garantizar la accesibilidad y la seguridad de todas las personas usuarias de los servicios de transporte ferroviario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/001002

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las ayudas de subsidiación de préstamos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprimió las ayudas de subsidiación de préstamos cualificados para la adquisición de vivienda protegida, incluyendo aquellas solicitudes en tramitación que no hubieran sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma y las solicitudes de renovación de la subsidiación a quienes ya la tenían concedida.

En la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, mediante una enmienda aprobada en el Senado, se rectificó parcialmente el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, manteniéndose las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas con anterioridad al 15 de julio de 2012, que contasen con la conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo, siempre que éste se formalizase por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley.

En contraste con los recortes que han caracterizado la política de vivienda durante el Gobierno del Partido Popular, el anterior Gobierno socialista, a través del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modificaba el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, que regulaba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en lugar de limitar estas ayudas, amplió sus beneficiarios e incorporó cinco años a los diez que se podría recibir, estableciendo que la subsidiación se concedería por un período inicial de cinco años, que podría ser renovado durante otros dos períodos de igual duración y por la cuantía que corresponda, con unas determinadas condiciones.

Con la decisión del Gobierno de suprimir estas ayudas, miles de ciudadanos han visto incrementadas sus cargas financieras derivadas de la compra de vivienda protegida, agravando la delicada situación económica de miles de familias provocada por la crisis económica.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restablecer las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos para la compra de vivienda protegida en las mismas condiciones que las establecidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001007

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción del tramo de la A-27 entre Valls y Montblanc, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La A-27 o Autovía de Tarragona a Lleida también conocida como Autovía de la Costa Daurada, es una autovía que una vez finalizada conectará la AP-7 a la altura de Tarragona con la AP-2 a la altura de Montblanc. Consta de seis tramos de los cuales solamente están construidos tres (desde Tarragona a Valls) y en el cuarto (Valls-Montblanc) se encuentra proyectado pero las obras todavía no se han iniciado.

El importe de adjudicación del tramo Valls-Montblanc asciende a 81 millones de euros. A lo largo de todo el tramo se prevé la construcción de un enlace con la N-240 en Lilla, tres viaductos, dos pasos superiores, dos pasos inferiores, un túnel y el acondicionamiento de la N-240 entre el enlace en Lilla y el existente, al sur del término municipal de Montblanc. Inicialmente, el trazado es paralelo al de la actual N-240 en sus primeros 700 metros y al de la antigua N-240, en los 1.300 metros siguientes, hasta alcanzar el túnel de Lilla. En este tramo de autovía se requiere la construcción de dos viaductos, uno sobre la rasa de Serralles y otro sobre la rasa de la Alborada.

Pese a la aprobación del proyecto y al destino de 81 millones de euros para la construcción de dicho tramo. Las obras se encuentran paradas y sin calendario de inicio. Esto repercute negativamente en la accesibilidad de vehículos de mercancías al puerto de Tarragona y, por ende, a la competitividad de este. Ya se tiene que asumir el sobrecoste de gravámenes de la autopista y en carburante para circular por la AP-2 de los vehículos de mercancías y mercancías peligrosas (conocidas internacionalmente como ADR).

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir la construcción del tramo entre Valls y Montblanc de la A-27 en los Presupuestos Generales del Estado 2017.

2. Presentar, en el plazo de tres meses, un calendario de obras para el inicio de las mismas en el primer trimestre de 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.- Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/001017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adaptación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres a las modificaciones introducidas en la misma por la Ley 9/2013, de 4 de julio, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Ley 9/2013, de 4 de julio, modificó sustancialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. La citada Ley, con casi treinta años a las espaldas y numerosos retoques,


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resultaba obsoleta en relación a la situación actual del transporte por carretera y necesitaba, por otra parte, adaptarse a la más reciente normativa comunitaria.

La modificación de la ley persiguió, básicamente, tres objetivos: mejorar la competitividad y eficiencia del sector del transporte, mejorar el servicio público de transporte de viajeros y mejorar las condiciones de competencia en el mercado a través del perfeccionamiento de las reglas de control y del régimen sancionador anteriormente vigente.

La consecución de los citados objetivos obligó a importantes cambios en la norma que obligan a actualizar el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre a la nueva regulación, con objeto de consolidar y desarrollar convenientemente los preceptos recogidos en la Ley 9/2013 y dar mayor seguridad jurídica al conjunto del sector, como por ejemplo en los requisitos de acceso al mercado, la forma de gestión de los transportes públicos regulares de viajeros, o los diferentes órganos de consulta como el Comité Nacional del Transporte por Carretera o el Consejo Nacional del Transporte Terrestre, entre otros, siguiendo en cualquier caso la línea marcada por la Unión Europea y los diferentes Reglamentos comunitarios dictados en materia de transporte terrestre.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados considera fundamental adaptar el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a las modificaciones introducidas en la misma por la Ley 9/2013, de 4 de julio, con objeto de garantizar un óptimo desarrollo de esas modificaciones y con el fin de avanzar en la seguridad jurídica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Y Vasca tiene una importancia estratégica para el desarrollo, la vertebración territorial y la cohesión de la Península Ibérica y su conexión con Francia y Europa, por eso debe ser una prioridad para el Gobierno.

A finales de 2011, las obras de plataforma se habían iniciado, pero aún quedaba por ejecutar más del 75 % de la inversión y tal como ocurría en casi todas las líneas de alta velocidad iniciadas por el Gobierno anterior, no estaba garantizada la financiación de las mismas.

Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, la situación ha cambiado, mostrando un compromiso con esta infraestructura que se pone de manifiesto en los presupuestos y las aportaciones realizadas a través del cupo vasco. Con este esfuerzo inversor se ha logrado avanzar en una planificación realista que hace que el fin de la Y Vasca esté cada vez más cerca.

La importancia internacional radica en que es la puerta de entrada a la Península de dos corredores esenciales en las políticas de transportes europeas:

- Corredor Atlántico, uno de los nueve corredores formados por infraestructuras pertenecientes a la Red Básica, que son prioritarios para la estructuración del transporte en la Unión Europea y que, por tanto, son también prioritarios a la hora de recibir fondos del Mecanismo "Conectar Europa".


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- Corredor Ferroviario de transporte de mercancías n.° 4, que está operativo desde noviembre de 2013 y en funcionamiento la Ventanilla Única que gestiona las peticiones de surcos internacionales de mercancías en el mismo.

Durante estos años se ha trabajado en las actuaciones que posibilitan desarrollar la solución que permite adelantar la continuidad del ancho estándar de esta infraestructura hasta la conexión internacional, mediante el acceso a Irún por la línea existente con un tercer hilo.

Por un lado, en las obras de renovación en curso, se han sustituido las traviesas por otras para ancho mixto en el tramo San Sebastián-Irún y se han acometido mejoras en la seguridad que serán compatibles con la instalación del tercer carril, como la implantación del nuevo sistema de bloqueo entre San Sebastián, Pasajes e Irún, concluido en junio de 2014.

Y por otra parte, se han finalizado los proyectos constructivos y se han licitado obras correspondientes para la implantación del tercer carril en todo el trayecto Astigarraga-lrún, la adaptación de la señalización y de la electrificación, así como de las subestaciones necesarias.

Los contratos se comenzaron a licitar en noviembre de 2015 y está previsto iniciar las mismas en 2016, con un presupuesto conjunto que asciende a 101 millones de euros.

Por consiguiente, es importante dar continuidad al trabajo realizado para conseguir estos objetivos estratégicos perseguidos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de continuar con el esfuerzo inversor realizado en las actuaciones de implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún, que permitirán la conexión en ancho estándar con Francia y la llegada de la alta velocidad a San Sebastián."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/001026

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios firmantes, se dirigen a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la llegada del AVE al municipio de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Murcia es una obra irrenunciable que supondría una auténtica transformación de la ciudad, evitando la existente separación de barrios y la reparación de cicatrices urbanas que merman el desarrollo e impiden la integración de la zona sur, centro y norte de la ciudad de Murcia.

En el protocolo-convenio de colaboración firmado en el año 2006, entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia se contemplaba, entre otros objetivos, la adecuación de la red ferroviaria del área metropolitana de Murcia para la incorporación de la nueva línea de alta velocidad de Madrid-Castilla La Mancha, La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia a través de una "mejora de la integración del pasillo ferroviario en el medio urbano en el que se inserta, mediante la permeabilización del actual trazado ferroviario entre los núcleos de Los Dolores y Nonduermas con el fin de permitir la creación de un nuevo viario transversal y longitudinal de las conexiones urbanas". Para esta actuación se establecía, como cuestión fundamental, el soterramiento del pasillo ferroviario entre el inicio de la nueva variante de la ciudad de Murcia (variante de El Reguerón), en la zona de Los Dolores y la futura ronda de Barriomar, así como la depresión del pasillo


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ferroviario desde esta hasta el núcleo urbano de Nonduermas, en el que se cubrirá un tramo aproximado de 500 metros, respondiendo así a las históricas reivindicaciones de los vecinos afectados y contribuyendo a un mejor desarrollo de la zona.

Por todo ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, formulan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que, en cumplimiento del compromiso adquirido en el Convenio de 2006 (BORM 217, del 21 de julio de 2006), entre el Ministerio de Fomento, ADIF, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, y a través de Murcia Alta Velocidad, se aporten los fondos y se inicien las actuaciones necesarias para la integración mediante soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Murcia, de acuerdo con un proyecto global que indique fases, fechas y financiación en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y, asimismo, que permita que la llegada del AVE a la Región de Murcia sea una realidad lo antes posible.

Que el Gobierno, en función de las disponibilidades presupuestarias, se comprometerá a estudiar, evaluar y licitar los proyectos que sean necesarios, dotándolos de la adecuada financiación cara a los Presupuestos Generales del Estado, con objeto de desarrollar la necesaria circunvalación de mercancías para la ciudad de Murcia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-María González Veracruz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Educación y Deporte

161/000951

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desista formalmente de los recursos interpuestos contra las plazas para los cuerpos docentes de Profesor Titular y Catedrático de Universidad convocadas en el año 2012, en todos aquellos procedimientos judiciales que aún estén en curso, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El objeto de esta Proposición no de Ley consiste en proponer la solución extrajudicial a una problemática jurídica y humana causada por las medidas de recortes de derechos efectuadas por el Gobierno en el ámbito universitario, en concreto para reparar determinados efectos negativos producidos por las limitaciones en la tasa de reposición. Estas medidas, entre otras repercusiones, han lesionado los intereses legítimos de un amplio colectivo de profesores universitarios afectados por los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, contra una serie de plazas para el acceso a cuerpos de profesor Titular y Catedrático de Universidad convocadas y celebradas en el año 2012, antes de la entrada en vigor de Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Dado que el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, no precisa taxativamente su aplicación a las Universidades Públicas como entes integrantes del "sector público" (como sí contempla el art. 22. Uno.a) de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012)


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y ante la manifiesta imposibilidad de aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con anterioridad al inicio del nuevo ejercicio presupuestario -como consecuencia del Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011-, la posterior inclusión de la tasa de reposición del 10 % para la determinación de plazas de acceso a los cuerpos de funcionarios de las Universidades Públicas, establecida en el artículo 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, colocó en una situación de inseguridad jurídica a los profesores universitarios e investigadores que se encontraban en distintas fases de concurso a plazas de acceso a los cuerpos docentes universitarios, que habían sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado con anterioridad al 1 de julio de 2012.

La referida impugnación instada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se basó así en el supuesto incumplimiento de la tasa de reposición del 10 % por parte de las Universidades convocantes, establecida en dicha Ley de Presupuestos. Pero dado que el Ministerio no instó previamente la suspensión de la celebración de los concursos, convocados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, estos se llevaron a término y quienes ganaron las plazas en concurso público -conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad- tomaron posesión de ellas en 2012.

El resultado es que un numeroso grupo de profesores universitarios, que no hicieron más que confiar en la legalidad de las convocatorias realizadas por las Universidades y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, previa acreditación de sus méritos curriculares por la ANECA, llevan ya más de cuatro años de incertidumbre, sufriendo perjuicios de imposible reparación y un grave trato desigual que se acentúan cada día que pasa, por las razones que se exponen a continuación.

Durante todo ese largo periodo de tiempo, el colectivo nacional de afectados ha hecho -tanto en nombre propio como a través de los Rectores de las Universidades demandadas- numerosas gestiones para tratar de hallar una solución extrajudicial que pusiera fin a la vía judicial y coto definitivo a los perjuicios causados y a los que se están todavía causando por los procedimientos judiciales en curso, de los que las únicas víctimas son los integrantes del profesorado afectado, y no las Universidades convocantes. Así, se han elevado escritos ante los dos Ministerios con competencias más directas en el asunto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -en su calidad de demandante- y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -en cuanto responsable de las Universidades-, ante el Presidente, la Vicepresidenta del Gobierno, y el Gobierno en su conjunto. Pero todos esos intentos han sido infructuosos.

Distintos Grupos Parlamentarios, destacadamente el Socialista, han manifestado su solidaridad con el colectivo afectado y se han presentado enmiendas a sucesivos Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado para solucionar extrajudicialmente esta situación, sin que tampoco esos intentos hayan prosperado.

Por todo ello, resulta necesario, siendo además conforme a Derecho, dar solución de forma extrajudicial a la problemática jurídica que padece el citado colectivo de profesores universitarios, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1.° El marco económico y jurídico en el que se fundaron los recursos contencioso-administrativos interpuestos en su día por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha cambiado sustancialmente, habiendo perdido ya por completo su razón de ser. Especial mención hay que hacer, a este respecto, al expreso reconocimiento legal de que el paso del cuerpo de titulares de universidad al de catedráticos de universidad es promoción interna, y no consume tasa de reposición, establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en virtud de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Asimismo, es preciso tener presente el aumento de la tasa al 100 % ya previsto en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (art. 20.2.j).

2.° El profesorado universitario no tiene otra forma de promoción que el acceso a las plazas de cuerpos docentes de Titular o Catedrático mediante el correspondiente concurso-oposición, tras muchos años de formación, dedicación y trabajo y, por supuesto, tras consolidar un curriculum suficiente para obtener la acreditación. Es preciso subrayar que por las razones apuntadas son los únicos empleados públicos que se han visto privados del derecho a la promoción.

3.° En este sentido, en los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado y en las Sentencias recaídas hasta el momento se desconoce, y no se entra a analizar, la singularidad de la promoción del


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profesorado universitario, limitándose a hacer una simplista aplicación de la tasa de reposición, tomando en consideración bajas producidas/plazas convocadas; pero sin tener en cuenta el contexto antes expuesto y que esas plazas convocadas se nutren de profesorado ya vinculado a las Universidades, que no "accede ex novo" a ellas, sino que "promociona".

Por ello, el paso de una categoría a otra, y de forma muy especial de Titular a Catedrático, no debería computar en la tasa de reposición, habida cuenta que el cuerpo docente de profesor Titular ya formaba parte de la función pública y no supone incremento alguno de personal; tal y como lo ha reconocido parcialmente la citada Disposición final segunda del Real Decreto-ley 10/2015, aunque injustificadamente sin efectos retroactivos. Por lo que se refiere al paso de profesor contratado doctor a titular, por los mismos motivos, tampoco debe computar en la tasa de reposición por tratarse también de personal que ya estaba al servicio de la institución universitaria.

4.° Los profesores afectados por la impugnación están siendo objeto de un injustificado tratamiento discriminatorio, que no hará más que agravarse de continuar la vía judicial, en la que inevitablemente se alcanzarán pronunciamientos dispares para situaciones sustancialmente iguales y prolongará durante un largo periodo de tiempo la situación de indefensión e inestabilidad en la que se encuentran.

- En este sentido, pese a la sustancial identidad de las convocatorias impugnadas, el tratamiento jurídico de su impugnación ha sido injustificadamente desigual, pues sin razón jurídica alguna que justifique la disparidad de trato, en unos supuestos se ha impugnado la convocatoria, en otros el nombramiento, y en otros ambas cosas.

- Otra cuestión fundamental que prueba este trato injustificado y discriminatorio: es un hecho notorio y objetivo que el Ministerio no impugnó todas las convocatorias publicadas en el BOE durante el año 2012, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2012, de 29 de junio, ni los nombramientos resultantes de las mismas que supuestamente incurrirían en el mismo vicio de legalidad que las plazas impugnadas. Ello hace víctimas al citado colectivo de un injustificado trato desigual frente a más de 600 profesores cuyas plazas, estando en igual o similar situación, no han sido impugnadas y ni siquiera en aquellos casos en que el concurso-oposición y la correspondiente toma de posesión ha sido publicado en el BOE con posterioridad a las plazas impugnadas.

- Los afectados se encuentran así prisioneros de sus plazas impugnadas, no pudiendo concurrir a nuevas plazas convocadas por sus Universidades, a pesar de la incertidumbre de su actual situación administrativa y profesional. Plazas que están siendo ocupadas por compañeros acreditados varios años después que ellos, agravando los perjuicios y el trato desigual del que los afectados están siendo objeto.

5.° La impugnación se fundó en las medidas económicas adoptadas por razones de urgencia por el RDL de 30 de diciembre de 2011, estableciendo una tasa de reposición del 10 % para el sector público con carácter general. Pasados casi cinco años, esas medidas han perdido su razón de ser (como lo acredita objetiva e incontrovertidamente el actual incremento de la tasa de reposición al 100 %), y con ello también los recursos interpuestos frente a las plazas de titular y catedrático universitario convocadas en 2012.

El mantenimiento de los referidos recursos tiene, en suma, la única virtualidad de provocar un injusto y grave perjuicio para los profesores afectados por la impugnación de las plazas recurridas, además de un trato discriminatorio si se tiene en cuenta la existencia de numerosos profesores que, estando en la misma situación, sus plazas no han sido impugnadas. Así las cosas, la solución puede alcanzarse, con la voluntad razonable y necesaria para deshacer esta situación tan injusta, mediante la convalidación de las plazas impugnadas, operación que no es contraria al ordenamiento jurídico ni lesiva al interés público ni de terceros y pondría punto final a un problema grave que padecen muchos profesores y profesoras, que nunca debió producirse. En tanto que esa convalidación se podría llevar a cabo mediante una disposición legislativa complementaria, la retirada de los referidos recursos vendría a despejar la situación y a dar seguridad y certidumbre a las personas afectadas en el puesto que ocupan.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de manera urgente e inmediata, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se proceda a desistir formalmente de los recursos interpuestos contra las plazas para los cuerpos docentes de profesor titular y catedrático de Universidad convocadas en el año 2012, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos


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Generales del Estado para 2012, en todos aquellos procedimientos judiciales que aún estén en curso, al objeto de evitar la agravación de los perjuicios sufridos por el profesorado afectado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-Gregorio Cámara Villar y Elvira Ramón Utrabo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000995

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demócrata, don Francesc Homs i Molist, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte, una Proposición no de Ley relativa a la reducción urgente del tipo impositivo del IVA que grava los servicios deportivos.

En la X legislatura los servicios prestados a personas físicas que practican el deporte o la educación física sufrieron un alza excepcional en el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este aumento implicó una subida de precios en un sector donde la demanda es muy inelástica con la consecuente pérdida de usuarios de instalaciones deportivas. Esta medida ha agravado para este sector la ya difícil coyuntura económica general derivada de la crisis.

A diferencia de la mayoría de productos y servicios, es decir, los que tributan al tipo general, cuyo tipo impositivo aumentó en 3 puntos porcentuales y de los que tributan al tipo reducido, el cual se incrementó en 2 puntos porcentuales; el tipo impositivo de los servicios deportivos aumentó en 13 puntos porcentuales. Esto se debe a que los servicios prestados a personas físicas que practican el deporte o la educación física pasaron de tener el tipo impositivo reducido al tipo impositivo general.

Si se compara el tipo impositivo a las actividades deportivas en el Estado con el resto de países de la Unión Europea, este está por encima de la media. En relación a los grandes países europeos, solo Italia aplica un IVA ligeramente superior al español (22 %), mientras que Alemania, Francia, el Reino Unido aplican tipos inferiores.

Esta medida tomada por el Gobierno del Partido Popular ha tenido unas consecuencias bien previsibles que no se han tenido en cuenta o no se han querido tener en cuenta. El sector de los servicios deportivos corresponde a unas actividades económicas altamente intensivas en empleo, de manera que la decisión de aumentar el IVA propició una destrucción de empleo no justificada.

Mantener un IVA del 21 % en los servicios deportivos comporta desincentivar el deporte, por lo que tiene consecuencias negativas para el estado de salud en la población. Como expone la página web del Ministerio de Salud, la práctica de la actividad física mejora el bienestar. Estos beneficios son tanto fisiológicos (reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes), como psicológicos (disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión) como sociales (fomenta la sociabilidad).

Recientemente quien hasta hace poco era el presidente del Consejo Superior de Deporte, a raíz de un estudio donde se analizaban los beneficios de la actividad deportiva, reconocía que el incremento de la actividad física puede reducir un 10 % el gasto sanitario.

El ahorro para las arcas públicas que supone la práctica del deporte es bien evidente. Por cada euro que se invierte en ejercicio físico ahorra como mínimo seis en gasto sanitario. Pero este ahorro va más allá del gasto sanitario. Según cálculos realizados por expertos, el coste de la inactividad física para la productividad laboral, el turismo, el crimen, la educación y los problemas de salud mental se han estimado en 5.000 millones de euros. Desde el punto de vista laboral, el coste de la inactividad física se calcula que conlleva 2.500 millones de euros anuales de pérdidas debido a determinadas patologías, bajas laborales, depresión y baja productividad.

Los centros deportivos tributan unos 300 millones de euros en IVA, por tanto teniendo en cuenta que el aumento del tipo fue de 13 puntos porcentuales y que el tipo general es el 21 %, el aumento de la recaudación, como máximo, ha sido inferior a los 185 millones de euros. Cantidad a la que habría que restar la reducción en la tributación del Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los centros deportivos. Consecuentemente, el aumento neto en la recaudación


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que podría haber queda muy lejos del incremento que posiblemente supone para los costes en salud y de otra índole, que supone la atención a las personas que han dejado de hacer deporte por el alza de precios que comporta esta medida fiscal.

Por tanto, la medida adoptada no solo va contra la salud de los ciudadanos sino que además va en contra de las arcas públicas, todo un contrasentido.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demócrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la reducción inmediata del tipo impositivo del IVA aplicable a los servicios deportivos aplicando el tipo reducido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000990

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las elecciones sindicales en el sector de la pesca, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Motivación

El sector de la pesca se caracteriza por tener condiciones de trabajo duras y peligrosas y por la coexistencia de pequeñas empresas familiares dedicadas a la pesca artesanal junto a empresas dedicadas a la pesca industrial y es muy difícil la representación sindical en este sector.

La flota nacional está formada por 9.871 barcos y 36.000 trabajadores y en la actualidad solo tienen registradas elecciones 118 empresas con 147 delegados.

El tamaño y estructura de las empresas en el sector de la pesca hacen imposible la elección de representantes de los trabajadores.

La continua rotación de trabajadores y la temporalidad en la contratación hacen que los delegados elegidos en cada barco se vayan a trabajar a otro con lo que la elección se convierte en una ficción.

Esto contribuye a la precarización del trabajo con carencia de convenios colectivos y déficit de las condiciones de seguridad a bordo.

Todo el proceso electoral es muy complicado con dificultad para preavisos, presentación de candidaturas, composición de mesas, actas, etc.

También son difíciles las comprobaciones posteriores por la rotación de personal y porque el barco es un centro de trabajo móvil que la mayor parte del tiempo está en el mar.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se realicen las modificaciones legales necesarias para que las elecciones sindicales en el sector de la pesca se lleven a cabo por elección de "Comités de Puerto?, y en su caso dentro de ellos, por agrupación de artes o tipo de navegación en lugar de por barcos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001001

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo y para potenciar su papel en el acceso al empleo y en la inclusión social de las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En la actualidad, más de un 8 % de la población española tiene o padece algún tipo de discapacidad, esto es, más de 3,5 millones de personas, cuyos derechos como personas y como ciudadanos, para ser verdaderamente garantizados, requieren no solo de unas prestaciones asistenciales adecuadas a su situación, sino sobre todo de que existan oportunidades que posibiliten su plena integración en nuestra sociedad. Siendo así, que las personas con discapacidad puedan acceder, en igualdad de condiciones, a un empleo remunerado de calidad y en condiciones dignas resulta fundamental para promover su inclusión social sin menoscabo de su libertad y su autonomía personal.

En ese sentido, los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite a través del ajuste personal y social el transito al mercado ordinario de trabajo. A día de hoy, existen más de dos mil Centros Especiales de Empleo en España que emplean a más de 70.000 trabajadores con discapacidad. Son por tanto instrumentos imprescindibles para la creación de empleo en España y a su vez, para garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad. En definitiva, son una pieza clave para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Bienestar en España.

Sin embargo, la labor desarrollada por los Centros Especiales de Empleo a la hora de promover la integración social de las personas con discapacidad se ve lastrada por diversos problemas, entre los que cabe destacar, en primer lugar, los de índole financiera y en segundo lugar la diferenciación de gestión de las diferentes Comunidades Autónomas. Lógicamente, la crisis ha afectado a todos los sectores y los Centros Especiales de Empleo también han sufrido las consecuencias. Las subvenciones salariales se retrasaron e incluso denegaron en ciertas Comunidades Autónomas, al igual que se retrasaron y suspendieron otras vías de financiación pública. Pese a la mejora de la situación económica, muchos Centros Especiales de Empleo, sobre todo los más pequeños y de menor facturación, continúan arrastrando deuda y teniendo problemas financieros. Es cierto que existe una subvención para sanear financieramente a los Centros Especiales de Empleo, pero muchos encuentran dificultades para acceder a ella, y además, se concede exclusivamente por una sola vez, y no es de lejos suficiente para solventar los retrasos y suspensiones de financiación. Esto está ocasionando una pérdida de garantías del trabajador con discapacidad en su estabilidad laboral en los Centros Especiales de Empleo.

Por otro lado, si bien es cierto que se han producido en los últimos diez años grandes avances en lo concerniente al cumplimiento de las cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad y de las Medidas Alternativas o Sustitutorias en el caso de empresas de más de 50 trabajadores, actualmente previstas en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, todavía gran parte de las empresas sigue incumpliendo estas medidas achacando "desconocimiento" y falta de información, así como los elevados trámites burocráticos que dichas obligaciones requieren. De hecho, se estima que solo el 23,5 % de las empresas de más de 50 trabajadores cumplen de forma efectiva ambas medidas. Esta situación es bastante grave en cuanto a que provoca, irremediablemente, una gran dependencia de los Centros Especiales de Empleo de la financiación pública y de las subvenciones. Una situación que podría corregirse con una mayor supervisión y con la existencia de sanciones ejemplares y verdaderamente disuasorias por parte de la Administración Pública.

Existe igualmente una falta de coordinación e implicación a nivel estatal. Con excepción de Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la gestión de los


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Centros Especiales de Empleo corresponde a las Comunidades Autónomas. Tal y como sucede con otras políticas, este hecho provoca falta de información, y por tanto cierta opacidad a nivel nacional -no existe, por ejemplo, ningún listado oficial de carácter nacional de Centros Especiales de Empleo ni un registro centralizado-, y también desigualdades de condiciones y financiación. Por ese motivo, el sector viene reclamando desde hace tiempo una mayor centralización de las cuestiones de empleabilidad del sector discapacidad que contribuya a solventar estos problemas.

Asimismo, la eficacia de los Centros Especiales de Empleo a la hora de promover la efectiva inserción laboral se ve muchas veces comprometida por la ausencia de políticas específicas de tránsito al empleo ordinario. De hecho, se supone que por normativa y por su propia razón de ser, los Centros Especiales de Empleo son centros de trabajo de tránsito hacia el empleo ordinario para sus trabajadores, pero la realidad es que, lejos de cumplir con su cometido, en la mayor parte de los casos los Centros Especiales de Empleo son centros "finalistas" de empleo. En la actualidad se imposibilita este tránsito debido a la vulneración de la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y los derechos fundamentales del trabajador. Se penaliza el tránsito a la empresa ordinaria por parte de la reglamentación de la Seguridad Social ya que al ser contratos bonificados estos no se podrían bonificar en la empresa ordinaria, se penaliza al CEE en materia laboral ya que de la única forma que podría transitar el trabajador sería con un despido improcedente, lo que ocasionaría la perdida de ayudas durante un año de otro trabajador, así mismo el propio trabajador vería vulnerados sus derechos al obligarle a dejar su puesto de trabajo y perdidas de derechos y antigüedad.

Además, esta falta de movilidad laboral se ve alimentada por una falta de innovación y de sectores de actividad con valor añadido: los Centros Especiales de Empleo suelen centrarse en su mayoría en actividades de baja cualificación (lavandería, jardinería, limpieza, manipulación, "call center", etc.). Por un lado, esta situación lleva a que muchos Centros Especiales de Empleo se dediquen a lo mismo y compitan entre ellos; y por otro, no incentiva en absoluto el acceso de sus trabajadores al mercado ordinario ni a su desarrollo personal y formativo.

Por último, pero no por ello menos importante, no puede obviarse que los Centros Especiales de Empleo son entidades que se encuentran a caballo entre la empresa y lo social. Así, un Centro Especial de Empleo tiene que ser competitivo al igual que una empresa ordinaria y contar con un buen plan de viabilidad que tiene que presentar como aval para conseguir ser calificado como tal; pero, por otro lado, se le exige ser una entidad de asistencia social con los Servicios de Ajuste.

Personal y Social (rehabilitación, atención psicológica y sanitaria, actividades deportivas y culturales) y las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, que son las que verdaderamente diferencian a un Centro Especial de Empleo de la Empresa Ordinaria. Estas exigencias son necesarias para este colectivo, sobre todo cuando se cuenta con personal con discapacidades severas, y están más que justificadas, pero presentan varios problemas, principalmente, que garantizar la prestación de estos servicios de forma eficaz implica irremediablemente contratar personal cualificado (psicólogos, sanitarios, trabajadores sociales, etc.) que los Centros Especiales de Empleo muchas veces no pueden permitirse y derivar recursos al desarrollo de unas actividades que no constituyen su objeto principal de actividad. Realmente si es uno de nuestros objetivos ya que básicamente es lo diferencia a los Centros Especiales de Empleo con la empresa ordinaria y justifica las ayudas recibidas. Es por ello que resulta necesario dotar de una mayor flexibilidad para el cumplimiento de estos servicios y unidades por los Centros Especiales de Empleo según su tamaño, nivel de facturación y tipo de discapacidad de sus trabajadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Constituir, en el ámbito de la Administración General del Estado, una Secretaría General de la Diversidad Funcional y Atención a la Dependencia, que coordine, supervise y evalúe las políticas en materia de atención a los derechos de las personas con discapacidad y/o dependencias y su inclusión social, incluidas las relacionadas con los Centros Especiales de Empleo, y promueva la armonización de las políticas desarrolladas en estas materias por las Comunidades Autónomas con la finalidad de garantizar


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una efectiva igualdad de trato y condiciones en los servicios prestados a las personas con discapacidad y/o dependencias en todo el territorio nacional.

2. Crear un Registro Oficial de carácter estatal en el que deberán inscribirse todos los Centros Especiales de Empleo, que será gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en colaboración de las Comunidades Autónomas, que contribuya a promover la transparencia y mejorar el control y la información sobre los Centros Especiales de Empleo.

3. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en particular, de las relativas al mantenimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o su cumplimiento a través de las Medidas Alternativas o Sustitutorias, como la contratación de servicios a Centros Especiales de Empleo, mediante el refuerzo de los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los demás mecanismos de control y supervisión que fuesen necesarios, y valorando el incremento de las sanciones previstas para asegurar su eficacia a la hora de disuadir potenciales incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley.

4. Modificar el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad, a fin de actualizar su contenido y flexibilizar la utilización de este tipo especial de contratos.

5. Potenciar la formación de las personas con discapacidad, promoviendo ofertas de formación oficial desde las Administraciones y los servicios públicos de empleo más acordes con los avances empresariales y tecnológicos actuales.

6. Promover la creación de clústeres innovadores o viveros de Centros Especiales de Empleo relacionados con actividades de alto valor añadido o infrarrepresentadas en el sector, que asumirán los servicios centrales de los Centros Especiales de Empleo adscritos a los mismos y todas las demás actividades a las que se encuentren obligados, pudiendo externalizar a gestión de dichos servicios mediante licitación. La actividad de dichos "clústeres" o viveros será subvencionable por líneas de ayuda específicas por las Comunidades Autónomas y/o los Ayuntamientos, pudiendo contar con cofinanciación privada.

7. Fomentar el trabajo conjunto y colaborativo entre Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo para generar nuevas oportunidades en el sector, permitiendo que los primeros puedan recomendar a algunos de sus beneficiarios que, tras un tiempo de rehabilitación y sociabilización, estuvieran preparados para un trabajo remunerado, y contemplando políticas de retorno en el caso de no conseguir los objetivos en un tiempo razonable.

8. Modular la exigencia de los servicios de Ajuste Personal y Social y las Unidades de Apoyo por los Centros Espaciales de Empleo en función de su tamaño, facturación y tipo de discapacidad de sus empleados, permitiendo los Centros Especiales de Empleo que facturen menos de 120.000 euros anuales y no tengan en su plantilla personas con discapacidades severas puedan ofrecer estos servicios, sobre todo las actividades deportivas y culturales, en colaboración con otros Centros Especiales de Empleo de gran tamaño y facturación y/o con grandes entidades sin ánimo de lucro de naturaleza social.

9. Establecer la posibilidad de otorgar una mayor puntuación con motivo de la concesión de subvenciones a aquellos Centros Especiales de Empleo que empleen a personas pertenecientes a otros colectivos con dificultades para el acceso al empleo o en riesgo de exclusión social en la parte de su plantilla que no tengan obligación de cubrir con personas con discapacidad, al objeto de incentivar una acción social más global desde estas entidades.

10. Impulsar una campaña de comunicación y concienciación pública a nivel estatal con el objetivo de informar sobre las políticas de contratación de personas con discapacidad y a los Centros Especiales de Empleo y de visibilizar y concienciar a toda la sociedad española sobre el problema de la discapacidad y su integración en el ámbito laboral y económico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Sergio del Campo Estaún y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Es un hecho constatado que en España se paga más cara la electricidad que en la mayoría de países de nuestro entorno. Según datos publicados por la agencia europea de estadística Eurostat, la electricidad española para los hogares es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. Además de ser alto, el precio de la luz sigue subiendo más en España que en la media europea. El incremento desde el segundo semestre de 2013 hasta la segunda mitad de 2014 ha sido del 4,1 %, frente a un incremento del 2,9 % en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7 % en la zona euro.

Es igualmente conocido que las razones que explican estos precios tan elevados son varias. Tanto el déficit de tarifa como los elevadísimos costes de distribución o las prácticas oligopólicas de las eléctricas han sido culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años. Respecto a las prácticas oligopólicas, el episodio más reciente de esta sucesión de despropósitos relacionados con la regulación del precio de la electricidad ha venido dado por la detección por parte de numerosos clientes y organizaciones de consumidores de que existen empresas comercializadoras de electricidad que habrían estado facturando erróneamente varios conceptos de la factura, que van desde deficiencias de facturación de los peajes de acceso del término de la potencia contratada hasta deficiencias de facturación por no uso o instalación de maxímetro. Según informaciones publicadas por diversos especialistas, estas irregularidades se habrían estado produciendo desde 2001 hasta la actualidad y estarían afectando tanto a hogares como a empresas y administraciones públicas.

Por lo que se refiere a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, lo estipula de forma clara: los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno en la forma que reglamentariamente se determine y tendrán el carácter de máximos y, por tanto, son importes únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad. Asimismo, el citado Real Decreto también especifica que los costes que incluirán las tarifas de acceso son los de transporte de energía eléctrica; de distribución y los costes de gestión comercial reconocidos a los distribuidores por atender a suministros de consumidores cualificados conectados a sus redes que adquieren su energía ejerciendo su condición de cualificados. Esto último reitera que las tarifas de acceso son para el pago de los citados costes, entre los cuales ya está incluido el de comercialización reconocida a algunas distribuidoras, por lo que de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno.

En este mismo sentido se han pronunciado las instancias judiciales, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, quien en sentencia de mayo de 2012, dictaminó que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una Resolución de la Sección de Atención a las Personas Usuarias de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya y que explicitaba que la facturación del término de potencia es un coste regulado de tal forma que su aplicación, o no aplicación, no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes sino que es de aplicación obligatoria. Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el uso de maxímetro, estas vienen de nuevo por un exceso de facturación. Según reguló el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. En 2001, los contadores eran mecánicos y no incorporaban


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maxímetro, los cuales empiezan a ser instalados alrededor del año 2008. Lo que ocurre entre 2001 y 2008 es que las comercializadoras habrían estado facturando de forma sistemática el 100 % de la potencia contratada cuando en realidad deberían haber facturado el 85 % debido a que los contadores no incorporaban los elementos necesarios para facturar correctamente la potencia contratada. Cabe recordar en este caso que durante el tiempo que se cita, en la gran mayoría de los suministros la potencia contratada siempre se encontraba por encima de las necesidades, ya que era un concepto económico y no se tenían en cuenta los excesos o penalización para su configuración, por lo que las cantidades cobradas indebidamente por las comercializadoras podrían alcanzar cifras realmente elevadas. Pero todavía se estaría produciendo un agravante añadido y es que aun existiendo el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100 % de la potencia contratada, incurriendo en un incumplimiento claro de la normativa legal.

Pero no acaban aquí las irregularidades detectadas en la facturación de la energía eléctrica. Más recientemente, la organización no gubernamental en defensa de los derechos de los consumidores FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio en el que compara las tarifas de algunas de las empresas más importantes comercializadoras de energía eléctrica con las de la tarifa semirregulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). En ese análisis, FACUA ha descubierto que las ofertas de las compañías pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 26,2 % y que si el usuario tiene derecho al bono social, el incremento de la tarifa puede dispararse hasta el 68,2 %.

En esta ocasión, FACUA ha destapado las posibles trampas que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos. La asociación advierte que la inmensa mayoría de usuarios que abandonan el PVPC lo hacen engañados por las campañas publicitarias de las empresas comercializadoras y los supuestos engaños de sus agentes comerciales.

Lo que es realmente grave es que sean los usuarios con derecho a acogerse al bono social, cuya vulnerabilidad en teoría es claramente superior a la del resto de usuarios, los que sufran un incremento muchísimo mayor en sus recibos al contratar las ofertas del mercado libre. Por ejemplo, en el caso de una de las principales empresas comercializadoras, la factura llega a encarecerse nada menos que el 68,2 % sobre la de un usuario medio con bono social.

Por último, FACUA advierte de que en muchas ofertas, las compañías estarían confundiendo a los usuarios anunciando descuentos en el término de potencia o de energía que no se aplican sobre el PVPC, sino sobre tarifas mucho más caras, o que están condicionadas a la contratación de otros productos. Es una evidencia que estos contratos recortan derechos de los usuarios y eliminan obligaciones impuestas a las empresas comercializadoras de energía eléctrica.

En este sentido, cabe recordar que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo quien debe asumir, de acuerdo a las funciones asignadas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la tarea de inspeccionar dentro de su ámbito de competencias, la correcta facturación y condiciones de venta de las empresas distribuidoras y comercializadoras a consumidores y clientes cualificados. Asimismo, es también el Ministerio el encargado de atender y tramitar, en coordinación con las administraciones competentes, a través de protocolos de actuación, las reclamaciones planteadas por los consumidores de energía eléctrica y tener a disposición de los mismos toda la información necesaria relativa a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigios. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es quien ostenta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la potestad de inspección y sanción en los casos como el que en esta Proposición no de Ley se citan.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Primero. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en virtud de las competencias otorgadas por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), incoe una exhaustiva investigación que tenga como objetivo esclarecer la presunta vulneración por parte de algunas empresas comercializadoras de energía eléctrica de la legislación en materia de tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.


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Segundo. El Congreso insta a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a que, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 3/2013, de 4 de junio, lleve a cabo las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica y, en caso que se demuestren vulneraciones de las obligaciones de aquellas en relación al suministro, inicie los trámites pertinentes para sancionar a aquellas empresas que hayan incurrido en ellas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000979

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

Durante la VI Legislatura del Congreso de los Diputados, se dispuso un sistema de ayudas de Estado a las compañías eléctricas con el propósito de minimizar los riesgos que para las compañías implicaba la transición a un modelo liberalizado en determinados tramos del sistema energético con el fin de determinar el precio de la energía en base a los mecanismos de libre mercado.

En el año 2007 se dispone la legislación que permite a las compañías eléctricas hacer uso del derecho a percibir una asignación fija adicional a los ingresos, cada año y durante 10 años, que estas obtuvieran en el mercado y hasta alcanzar una cuantía máxima fijada inicialmente en 11.951 millones de euros.

En junio de 2006 el Gobierno declara por decreto que estos costes "generan distorsiones en los precios de mercado al ser integrados en las estrategias de oferta", que "han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron los cálculos de los CTC" y que "los informes revelan un alto grado de amortización de las instalaciones afectadas". A pesar de esta disposición, no se establecía la obligatoriedad de que las compañías eléctricas devolviesen las cantidades cobradas en exceso, aunque las centrales beneficiarias de las ayudas estuviesen ya amortizadas.

De acuerdo con la antigua Comisión Nacional de Energía (hoy integrada en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia), el Estado no solo no ha recuperado esas ayudas, sino que el importe recaudado por las compañías eléctricas ascendería a una cantidad superior en 200 millones a lo inicialmente establecido. En este sentido, conclusiones como a la que llegaba la Sentencia 208/2016, de 20 de abril, de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional referida al recurso 288/2014 habilitan la posibilidad de reclamar dichas ayudas.

Los Costes de Transición a la Competencia del sistema energético suponen una cuestión excepcional y un agravio comparativo en relación a otros agentes del propio sistema, además de suponer un perjuicio para el equilibrio del mismo en la medida en que no se liquiden dichos conceptos. Así se ha reconocido por distintas formaciones políticas y también se contempla en el acuerdo de investidura que el Partido Popular y Ciudadanos firmaron el pasado agosto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Llevar a cabo una auditoría y liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), así como todos los costes del sistema."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/000993

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre unificación del trazado de las líneas eléctricas que transportan energía hasta la subestación de Totana, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El 9 de octubre de 2008, se inauguró la subestación eléctrica que Red Eléctrica Española construyó en Totana para mejorar el suministro eléctrico a la región, con un incremento sustancial de la demanda, y facilitar la evacuación de energía fotovoltaica que estaba previsto producir en el noroeste y la procedente de las centrales de ciclo combinado en el Valle de Escombreras. Esta subestación conecta el eje Litoral-El Palmar de 400 KV, también propiedad de Red Eléctrica Española.

A esta subestación también llega una línea propiedad de Iberdrola de 132 KV que transporta energía desde la Sierra de la Tercia.

Recientemente, se ha previsto evacuar en esta subestación la energía fotovoltaica producida en la futura planta de Zarcilla de Ramos a través de una línea de 400 KV, que será propiedad de la empresa promotora Andaltia. Esta línea, con un total de 87 apoyos, afecta a más de 400 propietarios de los términos municipales de Lorca, Aledo y principalmente Totana.

El 17 de octubre, el "Boletín Oficial del Estado" publicó la relación de los 200 propietarios afectados por otra línea de doble circuito y una nueva subestación de tracción a construir por ADIF que se conectará a la subestación de Totana propiedad de REE. La línea tendrá una longitud de 12,6 kilómetros y 34 apoyos, todo en el término municipal de Totana.

La proliferación de líneas eléctricas de alta tensión de transporte de energía a la subestación de Totana, propiedad de Red Eléctrica Española, está ocasionando un problema grave al desarrollo económico de este municipio. Que se sustenta, en un alto porcentaje, en el sector agrícola. Siendo el valle, la zona más fértil en la producción agrícola, la más afectada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a Red Eléctrica Española a unificar las futuras líneas de transporte de energía procedente de la planta fotovoltaica de Zarcilla de Ramos, propiedad de Andaltia, y la línea de doble circuito para conectar la subestación de tracción de ADIF, ambas de 400 KV, con la línea ya existente, propiedad de Red Eléctrica Española, también de 400 KV, Litoral-Palmar. Con el objetivo de causar el menor perjuicio a los propietarios afectados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001016

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el Plan de Reindustrialización en el municipio de Yecla en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sufrido un acelerado deterioro de su tejido industrial y empresarial, agravado con muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en los últimos cuatro años. Medidas como la reforma laboral, que facilitó el incremento en la destrucción de


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empleo y ha elevado hasta cotas desconocidas la precariedad, o como la aprobación de incrementos indiscriminados de impuestos y tasas, que hacen menos competitivas a las empresas.

Actualmente, el municipio de Yecla, en la Región de Murcia, cuenta con un total de 3.252 personas en desempleo (dato de septiembre de 2016). El análisis de esta cifra por sectores arroja que el 35,17 % de las y los parados corresponden al sector industria, mientras que a nivel estatal este sector solo representa un 9,21 % del conjunto de personas paradas y a nivel autonómico, un 11,23 %.

También hay una diferencia notable con el municipio de Jumilla, que pertenece a la misma comarca del Altiplano de Yecla-Jumilla, donde el número de parados en la industria representa solo a un 9,08 %, prácticamente en la media estatal.

Estos datos en buena parte encuentran su explicación en la desaparición durante los años de dura crisis económica de una parte importante del sector industrial que existía en el municipio, en el que tenía un peso importante la industria del mueble.

Especialmente llamativos son los datos de inversión industrial en el municipio de Yecla que ofrece la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que muestran una caída del 93,7 % en 2012 y del 70,6 % en 2013, y del 54,5 % en 2014, respecto la inversión que tuvo lugar en el año 2011.

La situación en el municipio de Yecla requiere que se adopten decisiones desde las diferentes administraciones para corregir esta situación de forma urgente, con los objetivos de reducir la cifra de parados y de reactivar el sector industrial.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa consulta y acuerdo con la comunidad científica y agentes sociales, adopte las siguientes medidas:

1. La declaración del municipio de Yecla, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como área específica en la que concurran circunstancias que aconsejen una actuación singular.

2. Establecer la dotación de una partida presupuestaria para las políticas de reindustrialización y reconversión en zonas desfavorecidas, destinada al municipio de Yecla en la Región de Murcia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001022

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo relativa a la aprobación del Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

Exposición de motivos

El pasado 18 de noviembre de 2016 el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros el Real Decreto 469/2016 que modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

Este Real Decreto va a suponer una subida en la factura de la luz, que además no afectará a todas las personas consumidoras, sino únicamente a los pequeños consumidores que tengan contratada la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) o bien la hubieran tenido contratada en el periodo 2014-2016. Esto incluye a los consumidores más vulnerables: jubilados, familias sin ingresos,


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etcétera, que tendrán que hacer frente a este incremento, ya que es el (PVPC) el que fija la referencia para los descuentos que les aplican.

El Gobierno se vio obligado a aprobar este nuevo Real Decreto después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal hace más de un año (3 de noviembre de 2015) el valor del margen de comercialización de 4 euros/kW y año fijado en la disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, debido a la falta de metodología para determinar tanto los costes de comercialización como la remuneración razonable que pudiera proceder.

Conviene destacar que en la sentencia el Tribunal Supremo no entra a valorar la suficiencia o insuficiencia del margen de comercialización, con lo cual este asunto aún sigue abierto.

Así, tras la anulación de la disposición adicional octava del Real Decreto 216/2014, el Tribunal Supremo condena al Gobierno a aprobar una metodología para fijar el margen de comercialización y regularizar las cantidades a abonar por los consumidores, derivadas de la aplicación de la misma, desde el 1 de abril de 2014 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo).

Es importante reseñar que la sentencia del Tribunal Supremo es consecuencia del recurso presentado por las denominadas "comercializadoras de referencia", que son las empresas obligadas a suministrar energía eléctrica con la tarifa regulada PVPC a todos los consumidores que tuvieran derecho a la misma, siendo además esta tarifa la que aplica por defecto, salvo que el consumidor indique expresamente lo contrario y contrate la energía a precio libre. Estas compañías, excepto para Ceuta y Melilla, son: lberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP, que controlan el 80 % del mercado y que tienen sus propias comercializadoras para vender la energía a precio libre, por lo cual tienen un claro conflicto de interés entre su actividad libre y la regulada.

El recurso se basaba en un componente de la tarifa del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) denominado "margen de comercialización fijo" destinado a que las comercializadoras recuperen los costes incurridos más un beneficio. En el recurso se alega, por una parte, que el margen de comercialización fijado (4 euros por kW contratado) era arbitrario, ya que no se justificaba en el Real Decreto, vulnerando, por tanto, el principio de transparencia que establece la Directiva 2009/72/CE de la Unión Europea para las tarifas reguladas y, por otra, en que era insuficiente, y para demostrarlo las empresas aportan una serie de informes periciales según los cuales, con el mismo margen comercial, en años anteriores solo habrían cubierto el 60 % de los costes incurridos.

En consecuencia, solicitan que el Tribunal Supremo ordene a la Administración que fije con efecto retroactivo un nuevo margen comercial que les permita un "beneficio razonable" y que estiman en el 5 % sobre ventas.

Lo cierto es que el Real Decreto 216/2014, con una falta de rigor llamativa, no justifica, en modo alguno, el margen comercial de 4 euros/kW, y en las alegaciones ante el Tribunal Supremo, el Gobierno solo indica razones de urgencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que desde noviembre de 2014 tenía orden de la Secretaría de Estado de Energía para elaborar un informe sobre el margen comercial que corresponde aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro de energía eléctrica a precio voluntario del pequeño consumidor y a tarifa de último recurso, donde se debían detallar cada uno de los costes de comercialización que incorpora, entrega dicho informe en mayo de 2016, un año y medio después, no sin que el Tribunal Supremo hubiera apremiado hasta en tres ocasiones al Gobierno para que diera cumplimiento a la sentencia.

Para la elaboración del informe, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizó en 2014 un requerimiento de información a las empresas comercializadoras de gas y/o electricidad que ejercen la actividad de comercialización a consumidores finales. En concreto, solicitando los costes de comercialización correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 y previsión para el ejercicio 2014.

Es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para elaborar un informe en el que se demora año y medio, no realiza auditorías independientes, sino que se basa en información proporcionada por las propias comercializadoras afectadas, y en sus cuentas auditadas, algo que no es precisamente garantía de exactitud y menos en este caso, debido al conflicto de intereses antes señalado.

Una información que además, como señala en su informe la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), era incompleta e inconsistente, por lo que para efectuar los cálculos debe realizar una serie de asunciones y extrapolaciones. Así, el informe cita literalmente: "conviene resaltar que las empresas han manifestado en general bien carecer de contabilidad analítica,


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bien no corresponderse los centros de costes definidos en la solicitud de información con la contabilidad analítica de la empresa. (...) En este sentido, se observa un muy elevado nivel de dispersión en la información aportada por las empresas". (...) "cabe señalar que habría sido deseable determinar el margen de comercialización con base en funciones de costes por tamaño de empresa comercializadora, si bien ello no ha sido posible al no disponer de una contabilidad regulatoria de costes de comercialización".

No obstante, en su informe, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acepta básicamente los argumentos de las empresas eléctricas y señala que solo para cubrir gastos de explotación, el margen comercial debería ser de 4,29 euros/kW fijos más 17 céntimos por kWh consumido. Esto supone para un consumidor medio 5,24 euros/kW y año en lugar de los 4 euros/kW actuales.

Destacar que aquí la CNMC introduce un cambio sustancial, refrendado en el Real Decreto 469/2016, que indica "la imputación de dichos costes (de comercialización), para su recuperación como costes de comercialización a través del PVPC se llevará a cabo mediante un término por potencia contratada y otro término por energía consumida". Es decir, el margen comercial ya no es una cantidad fija anual, sino que dependerá del consumo, con lo cual el impacto de esta retribución dependerá de la energía consumida y del precio de la misma.

En relación al beneficio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala un rango entre el 1 % y el 3,5 % de beneficio sobre las ventas. Con el 1 % de beneficio, cifra aproximada al 1,05 % que se recoge en el Real Decreto 469/2016, el impacto, siempre según la CNMC, en la factura de un consumidor medio sería de un 2,2 %.

Si bien el Real Decreto 469/2016 no indica el nuevo margen de comercialización, la Memoria Justificativa del mismo sometida a consulta pública en julio de 2016, con un beneficio sobre ventas de un 1,05 %, indicaba un término fijo de 3,09 euros/kW y un impacto, para un consumidor medio, del 0,17 % sobre la factura. Valores muy alejados del informe de la CNMC: 4,29 euros/kW para cubrir costes o, incluyendo un beneficio del 1 %, un 2,2 % de impacto sobre la factura.

Sin embargo, lo importante no son tanto las cantidades, como la discrepancia entre la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el posible resultado del Real Decreto 469/2016, además del hecho de que en base a información incoherente e incompleta la CNMC certifica que la retribución que reciben las empresas es insuficiente, abriendo así el camino a futuras demandas ante los tribunales. Conviene destacar en este punto que las empresas eléctricas solicitaron en su recurso ante el Tribunal Supremo un margen del 5 % sobre ventas y que la sentencia del Tribunal Supremo no ha entrado en este asunto.

Según conocemos por los medios de comunicación, las compañías eléctricas afectadas por esta medida están valorando seriamente no refacturar la luz a sus clientes, analizando el coste-beneficio de este proceso antes de decidir si lo aplican o no. Además de recurrir el Real Decreto 469/2016 al considerar que el Ministerio de Energía ha hecho caso omiso de la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Así que estamos ante un nuevo caso de torpeza legislativa del Gobierno del Partido Popular, que con la aprobación de este Real Decreto no solo incrementa la factura de la luz, sino que abre una nueva batalla con las empresas eléctricas, que puede acabar de nuevo en la nulidad de la normativa.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada, doña Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Solicitar de forma urgente la realización de auditorías externas e independientes de las comercializadoras de referencia para conocer sus costes reales de comercialización y así poder determinar de manera contrastada y rigurosa la metodología de cálculo y el margen de comercialización del precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica (PVPC)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/001025

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de los Diputados Alexandra Fernández Gómez, Yolanda Díaz Pérez y Miguel Anxo Fernández Vello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Industria relativa a la necesidad de que Red Eléctrica Española desmonte la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 220 kV, simple circuito, Trives-Aparecida (Ourense y Zamora).

Exposición de motivos

En septiembre del año 2009, "Red Eléctrica de España, S.A.", en base al artículo 4.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, proyectó el transporte de energía eléctrica de nueva generación en Galicia y Castilla León.

Se argumentó la necesidad de alimentar eléctricamente el futuro tren de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid-Zamora-Vigo, además de indicar la mejora de la seguridad y calidad del suministro en Galicia y Castilla León. Razón por la que procedió a la instalación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito para conectar las subestaciones de Trives (Ourense) y Aparecida (Zamora).

Esta instalación eléctrica contó con la Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Secretaria de Estado de Cambio Climático. Además de contar con las preceptivas autorizaciones del Ministerio de Industria.

En la parte expositiva de las estipulaciones firmadas entre el entonces alcalde de Manzaneda, el Señor Xosé Antón Núñez Domínguez, y los representantes de REE, además de diferentes compromisos como el respeto ambiental y la reposición de posibles daños a su estado originario, se señala que la nueva línea de alta tensión de 9,780 kilómetros, sustituiría a la actual línea de transporte de energía eléctrica de 220 kV de simple circuito. Afirmando taxativamente que "esta última línea será desmontada una vez que se haya puesto en servicio la futura línea eléctrica a 400 kV".

Es decir, "Red Eléctrica de España, S.A.", se comprometió en el año 2009 a retirar la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 220 kV, simple circuito, situada entre Trives y Aparecida (Ourense y Zamora) una vez que estuviese en funcionamiento la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito, que conectaría las subestaciones de Trives y Aparecida, y cuyo trazado discurre parcialmente por el municipio de Manzaneda (Ourense).

Sin embargo, dicho compromiso no se ha cumplido y actualmente están en funcionamiento, desde hace dos años, y discurren por el municipio, una línea de 400 kV (simple circuito) y la antigua linea de 220 kV.

En consecuencia, los vecinos y vecinas de Manzaneda, entre otros, tienen que soportar, siete años después, dos líneas de alta tensión a su paso por este municipio contraviniendo así los acuerdos alcanzados lo que resulta a todas luces una anormalidad que debe corregirse cuanto antes.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a:

Instar a Red Eléctrica de España, S.A., como transportista único y gestor de la Red de Transporte a:

- Cumplir, a la mayor brevedad posible, con el compromiso adquirido, y proceder al desmantelamiento de la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 220 kV, simple circuito."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez y Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley solicitando al Gobierno de España apoyo institucional tras la designación de Cambados (Pontevedra) como Ciudad Europea del Vino 2017, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El pasado 5 de noviembre Cambados (Pontevedra), fue designada como Ciudad Europea del Vino 2017, en la reunión de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN) que tuvo lugar en el municipio portugués de Palmeiras.

Cambados concurría al concurso con un programa que incluye ochenta actividades relacionadas con el enoturismo que tiene previsto desarrollar durante el año 2017.

El concurso "Ciudad Europea del Vino", reconoce anualmente aquella candidatura cuyo conjunto de actividades previstas pone mejor de relieve la riqueza y diversidad de la cultura del vino al tiempo que subraya los rasgos comunes de los territorios vitivinícolas europeos.

La elección del municipio de Cambados como Ciudad Europea del Vino en 2017, permitirá otorgar una dimensión europea tanto a la ciudad como a sus productos, con el consiguiente impacto turístico y todo el potencial, que de aprovecharse correctamente, supondrá un impulso socioeconómico en la provincia de Pontevedra.

Ya en el enunciado de la propia Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), se sitúan como objetivos propios del concurso "la promoción de las cualidades del municipio, de la región vitivinícola y de la consolidación del vino como un producto de calidad promoviendo un desarrollo sostenible del territorio".

Por tanto, reconociendo al Concello de Cambados el éxito que supone la designación como "Ciudad Europea del Vino 2017", deberían ponerse a disposición de dicha designación todos los instrumentos y toda la coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas de cara a fortalecer el ya reconocido programa de actividades, de manera que pueda obtenerse el mayor impacto mediático, turístico, social y económico para el municipio, para la comarca y para la provincia de Pontevedra con motivo de esa celebración.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Transmitir al Concello de Cambados el reconocimiento por la designación del municipio como "Ciudad Europea del Vino 2017".

2. Articular desde el Gobierno de España el apoyo institucional necesario a Cambados como Ciudad Europea del Vino 2017, con el objetivo de potenciar el desarrollo de las actividades previstas, enriquecer el calendario de las mismas y maximizar el impacto turístico, económico y social de dicha celebración."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrerz Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000974

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración como tercer parque nacional de Andalucía del espacio resultante de sumar la integridad del macizo ultramáfico de Sierra Bermeja y el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Sierra Bermeja y sus dos estribaciones, Sierra Palmitera y Sierra Real, en la provincia de Málaga, son el último bastión de la Cordillera Bética hacia occidente. Con unos 300 km2 de extensión constituye un espacio natural único no solo en España, sino en toda Europa y el Mediterráneo. Se encuentra en buen estado de conservación debido a las características de la roca que la compone: la peridotita, una roca ígnea que representa una de las intrusiones ultramáficas de este tipo de rocas más extensas y mejor expuestas del mundo, con una gran visibilidad internacional debido a que constituye un laboratorio natural excepcional para el estudio del manto terrestre subcontinental.

El elevado contenido en metales pesados de las peridotitas, presentes también en el suelo, genera un efecto "rechazo" sobre la agricultura. Por ello, la sierra siempre ha sido un auténtico "desierto poblacional humano". Esta especificidad geológica trae consigo una considerable cantidad de endemismos (con una densidad de las más altas de la Península) y taxones amenazados de flora y de fauna, muchos de ellos en peligro de extinción, que elevan el valor de la montaña. Sierra Bermeja constituye la mejor representación de estos ecosistemas -denominados serpentínicos- en la Península Ibérica y en el suroeste de Europa, por lo que su conservación resulta de interés general para el Estado y justifica su declaración como Parque Nacional.

La declaración de Sierra Bermeja como Parque Nacional cumple a la perfección el objetivo de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que indica que estos "son espacios naturales, de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado".

Además de los argumentos naturales y científicos favorables a la calificación de Sierra Bermeja como parque nacional, la propuesta tiene un amplio respaldo social e institucional: por unanimidad del pleno de la Diputación Provincial de Málaga; también por unanimidad, de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental; los plenos de los ayuntamientos malagueños de Alpandeire, Benahavís, Casares, Estepona, Genalguacil, Istán, Jubrique, Manilva, Marbella; el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada; el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada; el Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla; el Herbario de la Universidad de Granada; el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC - UGR); el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada; el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía; el IX Congreso Español de Biogeografía (Tarifa-Algeciras, junio de 2016); la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas; International Serpentine Ecology Society; el Colegio de Geógrafos de Andalucía; el Grupo de Geografía Física de la Asociación de Geógrafos Españoles; el Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía; o la Asamblea Federal Andaluza de Ecologistas en Acción.

El 30 de marzo de 2016, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), tuvo conocimiento de la propuesta de declaración de Sierra Bermeja como parque nacional, al recibir en mano la memoria científico-técnica de la misma entregada por el equipo redactor perteneciente a la Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional, que cuenta con miembros de las Universidades de Málaga y Granada. El OAPN considera muy necesario incluir en la Red de Parques Nacionales de España dos de los sistemas naturales que todavía no están representados, los pinsapares, presentes en Sierra Bermeja, y la vegetación sobre peridotitas -ecosistemas serpentínicos-, rocas que caracterizan en especial y casi únicamente esta extraordinaria montaña. Además, manifestó como preferente, según recoge en la Ley 30/2014, la creación de parques nacionales de gran extensión.

Desde 2014, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía está desarrollando el expediente para tramitar la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. La presencia de pinsapos y vegetación sobre peridotitas, es decir, los ecosistemas serpentínicos, tras haber ampliado los límites del Parque Natural de la Sierra de las Nieves cogiendo un amplio sector de Sierra Bermeja, son los valores que, según esa administración, justifican este expediente. Sin embargo, con esta actuación se sacrifica la toponimia de Sierra Bermeja y se fragmenta una montaña bien definida geológicamente, geográfica e históricamente desde el siglo XVI, que alberga los únicos bosques de pinsapos sobre peridotitas del mundo -que quedan fuera del expediente- y es la verdadera representante de los macizos ultramáficos de peridotitas en la Península y Europa occidental, y por ende, de sus singulares ecosistemas serpentínicos. Además, en contra de las recomendaciones científicas y de la


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Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), referentes a no trocear los grandes ecosistemas a incluir en los espacios naturales, la propuesta de la Junta de Andalucía deja fuera la parte occidental de Sierra Bermeja, desde las cumbres de Sierra Palmitera hasta Casares, más del 65 %, que siguen siendo los mismos ecosistemas serpentínicos que se pretende recoger en la Red de Parques Nacionales y que, además de otros valores, presentan endemismos y hábitats asociados a estos ecosistemas que no están recogidos en la propuesta de la Sierra de las Nieves.

No hay duda del valor natural y singularidad de Sierra Bermeja como mejor representación de los ecosistemas serpentínicos de la península ibérica, por la tipología de especies y características de sus sistemas naturales, por su aportación a la biodiversidad a nivel europeo y por su destacado papel en la prestación de servicios ecosistémicos a las estratégicas comarcas en las que se circunscribe (Serranía de Ronda, Costa del Sol y zona del Estrecho de Gibraltar), así como por su extraordinarias características a nivel geológico y por la transcendencia histórica y rico patrimonio arqueológico, etnográfico y paisajístico.

También parece evidente que una propuesta que integre la suma de los dos extraordinarios espacios naturales malagueños y andaluces como son el macizo ultramáfico de Sierra Bermeja y el Parque Natural Sierra de las Nieves, es la mejor opción para recoger en la Red de Parques Nacionales de España dos de los sistemas naturales que todavía le faltan: los pinsapos y los ecosistemas serpentínicos, es decir, la vegetación sobre peridotitas, porque con ello, los pinsapos estarían representados en la Red de Parques Nacionales con los pinsapares más extensos de España -al incluir los del Parque Natural de la Sierra de las Nieves- y el único pinsapar del mundo sobre peridotitas -al estar incluido el de los Reales de Sierra Bermeja-, y además estarían recogidos con el rigor científico que exige la Ley de Parques Nacionales los ecosistemas serpentínicos, al estar incluida Sierra Bermeja en su totalidad, uno de los mayores afloramientos del mundo de este tipo de rocas del manto terrestre, las peridotitas.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar el expediente de declaración como parque nacional en la provincia de Málaga, del territorio correspondiente a la totalidad del macizo ultramáfico de Sierra Bermeja, desde río Verde hasta Casares, y el actual Parque Natural de la Sierra de las Nieves.

2. Adoptar una denominación para esta propuesta que incluya tanto el nombre de Sierra Bermeja como el nombre de la Sierra de las Nieves."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000975

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Rosana Pastor Muñoz, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa al reparto en España de la cuota de atún rojo así como el resto del esfuerzo pesquero entre los distintos segmentos de flota y territorios.

Exposición de motivos

El sector pesquero que faena en el Caladero Español y aguas interiores de las CCAA es uno de los más regulados a nivel mundial. Solo en el ámbito comunitario son cerca de 1000 textos legislativos los que


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afectan a la actividad pesquera, incluyendo la competencia internacional [FAO-ONU-ORPs 1] las diferentes competencias, de la UE, la estatal y la de las CCAA en el caso de España. Entendiendo que en el sector de la pesca se cruzan vectores culturales, históricos, económicos, biológicos, medioambientales, sociales, políticos y territoriales siendo estos los que nos tienen que hacer entender la complejidad de su análisis e intervención.

Dado que es objetivo de la política pesquera común, tal como se establece en el Reglamento (CE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 2, garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que proporcione unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.

El artículo 17 de dicho Reglamento explicita los criterios de asignación de las posibilidades de pesca para los Estados miembros. "Al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición a que se hace referencia en el artículo 16, los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se esforzarán por prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales como un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat".

Recordando al Gobierno de España que la Política Pesquera Común (PPC) europea es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros, según dispone el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), asegurando el cumplimiento de las obligaciones contraídas como miembros de la Unión (art. 4.3 del Tratado de la Unión Europea) y garantizando su ejecución (art. 291.1 TFUE).

Visto en su conjunto el Reglamento (CE) n.º 1380/2013, y destacando por su claridad especialmente los siguientes objetivos:

(4) La PPC debe garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo. Debe incluir normas cuya finalidad es la trazabilidad, seguridad y calidad de los productos comercializados en la Unión. Además la PPC debe contribuir al aumento de la productividad, a un nivel de vida adecuado para el sector pesquero, incluido el sector de la pesca a pequeña escala, y a la estabilidad de los mercados, y debe asegurar la disponibilidad de productos alimenticios y que estos lleguen a los consumidores a precios razonables. La PPC debe contribuir a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y promover la consecución de los 'objetivos establecidos en dicha Estrategia.

(14) Conviene que la gestión de la PPC se guíe por los principios de buena gobernanza. De acuerdo con estos principios, la toma de decisiones debe basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles, las partes interesadas deben participar activamente y debe adoptarse una perspectiva a largo plazo. El éxito de la gestión de la PPC también depende de una definición clara de las responsabilidades a nivel de la Unión y a los niveles regional, nacional y local, así como de la compatibilidad entre las medidas adoptadas y su coherencia con otras políticas de la Unión.

(18) Los buques pesqueros de la Unión deben tener igualdad de acceso a las aguas y los recursos de la Unión, en el respeto de las normas de la PPC.

(33) El acceso a las pesquerías debe basarse en criterios transparentes y objetivos, entre otros, de carácter medioambiental, social y económico. Los Estados miembros deben promover la pesca responsable ofreciendo incentivos a aquellos operadores que faenen con las técnicas menos perjudiciales para el medio ambiente y que aporten los máximos beneficios para la sociedad.

(35) Teniendo en cuenta la precaria situación económica del sector pesquero y la dependencia de determinadas comunidades costeras respecto de la pesca, es necesario garantizar la estabilidad relativa de las actividades pesqueras, distribuyendo las posibilidades de pesca entre los Estados miembros en base a una estimación de la parte de las poblaciones que corresponda a cada Estado miembro.

1 Organizaciones regionales de pesca (ORP) las organizaciones regionales de pesca son organizaciones internacionales de países que tienen intereses pesqueros en una zona determinada. Algunas gestionan todas las poblaciones de peces que se encuentran en una zona concreta y otras tienen por objeto especies altamente migratorias, especialmente túnidos, en extensiones geográficas más amplias. En el caso del Atún Rojo es el ICCAP.

2 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32013R1380


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(65) Ha quedado demostrado que el diálogo con las partes interesadas es esencial para la consecución de los objetivos de la PPC. Teniendo en cuenta la diversidad de condiciones que caracterizan las aguas de la Unión y la creciente regionalización de la PPC, los consejos consultivos deben facilitar a la PPC, integrar los conocimientos y la experiencia de todas las partes interesadas.

De acuerdo, así mismo, con el Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016 3 relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.9 302/2009 del Consejo.

Dado que en su artículo 8 dispone la asignación de posibilidades de pesca; De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición, los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico, y se esforzarán por distribuir equitativamente las cuotas nacionales entre los distintos segmentos de flota teniendo en cuenta la pesca tradicional y artesanal y ofrecer incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental.

Observando que el actual reparto de las posibilidades de pesca de atún rojo en España se regula por la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril 4 a su vez modificada por la Orden AAA/339/2014, de 6 de marzo 5. Estas no contemplan la aplicación obligatoria de los criterios de distribución de las posibilidades de pesca establecidos por el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 ni de Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016.

Conociendo y haciendo nuestra la reivindicación del sector de la pesca artesanal y de pequeña escala que utiliza artes selectivos de bajo impacto, sector que entendemos ha sido maltratado por las sucesivas administraciones estatales, desarrollando su esfuerzo pesquero bajo un dudoso cumplimiento de las recomendaciones científicas, con un sistema de reparto del esfuerzo pesquero que en muchos casos no ha tenido en cuenta criterios socioeconómicos, basado en unos "históricos" que el propio sector matiza como quiméricos, lo que han significado dejar a muchos pescadores sin acceso a los recursos pesqueros básicos o en condiciones de precariedad laboral y vital.

Cuando los propios Hombres y Mujeres de la mar son los y las que reclaman que sea la flota sostenible y de bajo impacto tengan acceso al conjunto de pesquerías del país, y este sea por un sistema de reparto justo equilibrado y sostenible que deje garantizando su medio de subsistencia.

Cuando en concreto en el caso del Atún Rojo se hace escandaloso para la flota de pesca artesanal y de pequeña escala el actual reparto efectuado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de las posibilidades de pesca designadas para España por La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), de las cuales de manera efectiva e inexplicable está excluida de la pesca dirigida.

Reconociendo que la pesca dirigida por parte de la flota de artes menores y de pequeña escala hacia el Atún Rojo significa de hecho una menor presión pesquera para sus especies habituales objeto de captura y sus caladeros tradicionales, en la medida que mientras se realiza esta pesquería se permite la recuperación de los caladeros, con un consiguiente aumento de la sostenibilidad y mejora en los recursos implicando un "paro bilógico" sufragado por el propio recurso objeto de captura.

Conociendo que el Sector se opone especialmente a los derechos de pesca trasferibles (ITQ's), que implican la privatización de unos recursos que son de todos y todas. Con la exigencia por parte del sector de la modificación y corrección inmediata de las tecnologías y artes con alta huella de pesca, porque la mar y sus fondos marinos son patrimonio mundial y un bien común, cuya sobreexplotación, mercantilización privativa no es ni justa ni sostenible.

Señalando que la pesca artesanal y de pequeña escala no solo promueve la cohesión socioeconómica y asegura el sustento vital de numerosas familias, sino que también es un factor que contribuye a la subsistencia de las comunidades pesqueras en todas las zonas costeras, destacando la importancia de mantener un enfoque del sector pesquero que tenga en cuenta los niveles biológico, ecológico y social, de forma que se cree un equilibrio sostenible entre la situación de los recursos existentes en las diferentes zonas marítimas y la defensa del tejido socioeconómico de las comunidades costeras que dependen de la pesca de proximidad para garantizar el empleo y su prosperidad.

3 Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016 relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 302/2009 del Consejo. http://eur-lex.europa.eu/legal­content/ES/TXT/?uri=uriserv:0J.L_.2016.252.01.0001.01.SPA&toc=0J1:2016:252:TOC

4 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2519

5 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=B0E-A-2014-2519


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Y por último reclamando también la protección y potenciación de la actividad marisquera y una acuicultura extensiva complementaria y responsable en equilibrio medioambiental y socioeconómico con la pesca de pequeña escala.

Por ser esta flota artesanal y de pequeña escala sustancial para la soberanía alimentaria de nuestro país.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:

1. Modificar la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril, así como la Orden AAA/339/2014, de 6 de marzo, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, aplicando los parámetros de la PPC relativos al reparto del esfuerzo pesquero de carácter medioambiental, social y económico, de manera inclusiva, con una distribución equitativa de las cuotas españolas entre los distintos segmentos de flota, incorporando de manera efectiva la pesca tradicional, artesanal y de pequeña escala, cumplimiento los parámetros del Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo así como los establecidos por el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 ni de Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016.

2. Respetar objetivamente el derecho de pesca ancestral e histórica de las flotas de pequeña escala, artesanal y de bajo impacto del Mediterráneo y Canarias para la pesca del Atún Rojo, exigiendo el estricto cumplimiento del artículo 17 del reglamento 138012013 del 11 diciembre de las PPC y las recomendaciones en especial consideración del (art 8) del plan de recuperación de La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) que es la responsable de establecer las normas para el ejercicio de la pesquería de atún rojo en el ámbito internacional.

3. Garantizar que la flota de pequeña escala y artesanal de bajo impacto, tanto del mediterráneo como de Canarias, tenga acceso a cuota suficiente y efectiva para su sostenibilidad socioeconómica a largo plazo, siendo esta de pesca dirigida para el Atún Rojo, favoreciendo el criterio tradicional "un hombre un anzuelo" para la línea de mano, fuera del fondo de maniobra.

4. Aplicar estrictamente los criterios de transparencia y de buena gobernanza por parte de todas las instituciones y administraciones que participan o tiene atribución en las políticas y acción pesqueras, especialmente por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tanto a la hora de elaborar los repartos de TACS o cuotas entre artes y territorios del estado, como el conjunto de las implementaciones del Políticas Pesqueras en España, transparencia que lo tiene que ser con la incorporación inmediata y participativa de los diferentes actores del sector en condiciones de equidad con la participación y reconocimiento explícito de la flota de pequeña escala de nuestro país como interlocutor objetivo por parte de la administración.

5. Aplicar al conjunto de las asignaciones y al reparto del esfuerzo pesquero así como a la gestión que el Estado Español realiza de las posibilidades de pesca de la flota española que faena en el Caladero Nacional, las normas de la PPC garantizando que las actividades de la pesca y la acuicultura contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo de la actividad pesquera, poniendo especial interés en el mantenimiento y sostenibilidad de la flota de pequeña escala y artesanal de bajo impacto respetando y redistribuyendo el esfuerzo pesquero entre los distintos segmentos de flota."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para solucionar


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de forma definitiva los problemas de erosión en la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna (Valencia), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Hace casi un año, el pasado mes de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, inició la regeneración de arena en la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna (Valencia). El objetivo era recuperar la línea de costa afectada por los temporales, reponiendo la arena arrastrada en la zona norte de la playa. Así, se depositaron 50.000 metros cúbicos de arena en la Goleta, con un coste de unos 800.000 euros.

Ese depósito de arena permitió ganar unos 30 metros la mar pero, a principios del verano pasado, la erosión originó un escalón de más de dos metros de altura entre el arenal y la orilla del mar. Así, la franja de arena acabó siendo de unos 15 metros y con ese desnivel a lo largo de unos cien metros de costa.

Ahora, de nuevo, la playa de la Goleta ha vuelto a sufrir más problemas de erosión tras el temporal que ha afectado a la costa valenciana. El mar ha engullido buena parte del arenal, que se ha visto reducido a una pequeña franja. Se ha perdido prácticamente toda la arena que se depositó hace un año.

Es evidente que la reposición de arena en la playa de la Goleta es tan solo una medida temporal con un coste nada despreciable y que no soluciona el problema definitivamente.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para solucionar de manera definitiva los problemas de erosión en la playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2016.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000982

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves (Málaga), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Junta de Andalucía, por medio de su Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, está impulsando la Declaración de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Es el Gobierno andaluz el competente para iniciar e impulsar esta Declaración, que debe concluir con la aprobación del Gobierno Central y de las Cortes Generales para, así alcanzar la máxima figura de protección de espacios naturales recogida en el ordenamiento jurídico español.

Los términos municipales incluidos en su totalidad o en parte dentro del Parque Nacional serían los relativos a Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera, abarcando una superficie de más 23.000 hectáreas en total.

El informe autonómico justifica la Declaración como Parque Nacional de este espacio por varias razones fundamentales entre las que podernos destacar las siguientes: más del 65 % del pinsapar de España se encuentra en esta zona y la existencia de una especia geológica única en Europa como es la peridotita (piedra volcánica única en Europa).

Son numerosas las ayudas y los beneficios que recibiría la zona como consecuencia de esta Declaración de Parque Nacional, teniendo en cuenta que sería el tercer parque de estas características en Andalucía. Hasta ahora los dos únicos existentes son Doñana y Sierra Nevada.

La obtención de esta máxima figura de protección va a dinamizar la economía rural de estos trece municipios, va a garantizar aún más la protección de los espacios naturales existentes, hará repuntar con fuerza la actividad turística, habrá mayor número de visitantes, se creará más empleo en el ámbito del


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turismo sostenible, fijara la población en el territorio y habrá más inversión pública de las diferentes administraciones.

Por la situación estratégica entre dos Reservas de la Biosfera, porque existe un alto consenso entre los alcaldes y entre los diferentes grupos políticos, desde el Grupo Socialista entendernos que esta iniciativa debe aunar el esfuerzo de todos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar lo máximo posible los trámites para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000984

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de los Diputados Pedro Arrojo Agudo y Jorge Luis Bail, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relativa a la aprobación de un Plan Integral para la recuperación de los suelos contaminados por el Lindano en Aragón.

Exposición de motivos

La antigua fábrica de la empresa Industrias Químicas del Noreste (INQUINOSA), ubicada en la localidad de Sabiñánigo en el norte de la provincia de Huesca, vertió entre 1975 y 1989, 27 toneladas diarias de residuos tóxicos -sólidos y líquidos-, derivados de la producción del pesticida Lindano, en los basureros de Sardas y Bailín, sin ninguna medida de aislamiento. Tras ser abandonada en 1994 sin realizar ninguna labor de saneamiento, también quedaron contaminados los suelos en los más de 10.000 metros cuadrados que ocupaban sus instalaciones.

Dichos focos de contaminación se encuentran a orillas del río Gállego, que desemboca en el Ebro por la ciudad de Zaragoza, y que está regulado aguas abajo por los embalses de Sabiñánigo, La Peña y Ardisa (del que se deriva agua para el embalse de La Sotonera), así como en el resto de la red (embalses de Jabarrella, Javierrelatre y los azudes de Anzánigo, La Hidro y Carcavilla).

En el año 2008, el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón, firmaron un convenio por importe de 28,6 millones de euros para la ordenación y protección de los recursos subterráneos y el dominio público hidráulico en el Barranco de Bailín.

La primera fase de este plan consistió en construir un vaso hermético de seguridad con capacidad para 200.000 metros cúbicos. En mayo de 2015, las máquinas comenzaron a sacar las tierras contaminadas y a trasladarlas a la nueva celda de Bailín. Coincidiendo con el traslado de los primeros residuos desde los viejos vertederos a estas nuevas instalaciones, se ha detectado presencia del peligroso pesticida en los abastecimientos de varias poblaciones ribereñas del río Gállego (Santa Eulalia, Biscarrués, Ardisa, Piedratajada, Marracos, Villanueva de Gállego y Anzánigo, Latre, Estallo y Caldearenas).

A fecha de hoy, los residuos y los suelos contaminados de Bailín están ya depositados en un nuevo vertedero controlado, con un periodo de seguridad estimado entre veinticinco y treinta años, a falta de que la Confederación Hidrográfica del Ebro construya un baipás de aguas limpias en el barranco de Bailín.

También se han comenzado a remodelar las redes de abastecimiento de agua potable a los municipios que toman el agua de boca del río Gállego.

No obstante quedan pendientes dos intervenciones importantes, de igual o mayor dimensión que las actuaciones realizadas en el vertedero de Bailín: la descontaminación del vertedero de Sardas y la demolición y descontaminación de las antiguas instalaciones de la fábrica de Inquinosa próximas al casco urbano de Sabiñánigo.


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Todas estas actuaciones están encaminadas a contener los residuos y evitar la liberación de compuestos tóxicos. Sin embargo, no eliminan el problema. Una vez reubicados todos los residuos tóxicos y los suelos contaminados en vertederos controlados y seguros, el objetivo final debería ser la destrucción definitiva de estos residuos altamente peligrosos. Para ello será necesario potenciar, a través de programas de I+D+i, el desarrollo de nuevos métodos ambiental y económicamente sostenibles.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:

Establecer un programa de financiación plurianual para el Plan estratégico de lucha contra la contaminación por Lindano y otros isómeros del HCH en Aragón elaborado en colaboración con el Gobierno de Aragón, que cuente tanto con la aportación de fondos estatales como europeos. Para ello, se solicita el compromiso del Gobierno de España de acudir a Europa para solicitar los fondos necesarios según se establezca en dicho Plan."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Jorge Luis Bail y Pedro Arrojo Agudo, Diputados.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la remodelación de los Paseos Marítimos de El Palo y Pedregalejo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En la ciudad de Málaga, al igual que sucede en todo el litoral de la provincia malagueña, nuestros paseos marítimos y nuestras playas son un motor económico y generador de empleo.

Entendemos prioritario realizar una apuesta decidida por el cuidado y empuje al turismo, que en estos últimos años se ha convertido en nuestra principal industria.

A pesar de que las declaraciones del Partido Popular puedan parecer declaraciones de apoyo a nuestra provincia y, concretamente, a nuestro litoral, nada más lejos de la realidad que vivimos los y las malagueñas. En nuestra provincia hemos podido comprobar como estos años el Gobierno del PP está ahogando este motor económico; y cómo con cada PGE se alejan de lo que debería ser el cuidado y apuesta por el turismo, nuestros paseos marítimos y nuestras playas.

El Gobierno central se ha olvidado de Málaga estos cuatro años, y con ello ha castigado a sus playas y paseos marítimos. De cada 64 euros invertidos en playas en nuestro país, sólo uno ha venido a parar a nuestra provincia. Nos hemos convertido en la provincia quince en inversiones en playas; recibiendo catorce veces menos que Guipúzcoa, seis veces menos que Tenerife, cuatro veces menos que Vizcaya, Cantabria y Coruña, tres veces menos que Asturias y dos veces menos que Pontevedra, Alicante, Valencia, Baleares y Almería.

Durante la IX Legislatura, y bajo otro signo político en el Gobierno, Málaga, su provincia y su litoral vinieron disfrutando de otro trato, que respondía a la importancia de la provincia y de la apuesta por el turismo.

Actualmente son muchas las voces que se elevan para dar respuesta a las necesidades que tienen los vecinos y vecinas de los barrios de El Palo y Pedregalejo. Las asociaciones vecinales, así como los negocios familiares existentes en la zona y vecinos y vecinas en general, denuncian el abandono de esta


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zona y paseo marítimo, cuando es uno de los mayores atractivos turísticos fuera del centro de la ciudad al albergar uno de los pocos barrios pesqueros tradicionales de la ciudad de Málaga. Son años esperando inversiones para estos paseos marítimos, para poder dar una respuesta integral a los problemas de saneamiento, cableado aéreo, accesibilidad y mejoras indispensables para el disfrute y como apuesta por el turismo para la ciudad de Málaga.

Desde la creación de estos paseos marítimos, ha sido casi inexistente la partida de inversiones para su mejora, así como casi inexistente para su mantenimiento teniendo en cuenta la importancia de dicho litoral en la capital de Málaga. La última gran inversión realizada en estos paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo, fueron las pasarelas peatonales situadas sobre los arroyos Gálica y Jaboneros, realizadas en 2009, con un Gobierno del PSOE con un importe total que ascendía a 1,2 millones de euros, financiados por el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).

En resumen, podemos decir que la falta de inversiones en nuestra provincia se ha cebado con más fuerza en una zona tan prioritaria como es el litoral este de la capital malagueña.

A todo esto, cabe recordar los hechos sucedidos en abril de 2009, cuando el Ayuntamiento de Málaga gobernado por el Partido Popular costeó con unos 5.000 euros de su presupuesto municipal la instalación de una valla en el Paseo Marítimo de Poniente, para reivindicar la actuación del Gobierno gobernado en esa fecha por el PSOE, a través del Ministerio de Medio Ambiente para la ampliación de dicho paseo hasta la desembocadura del río Guadalhorce. En estos momentos, dicha reivindicación la dirigen a otras administraciones a pesar que las competencias siguen recayendo en la misma administración que en 2009.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Destinar, a la mayor brevedad posible, la partida económica necesaria para la remodelación integral de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo, de Málaga capital.

2. En el plazo máximo de seis meses, dar comienzo a las obras necesarias de remodelación integral de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo, de Málaga capital."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Victoria Begoña Tundidor Moreno y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001011

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños producidos por las fuertes lluvias caídas en la provincia de Huelva, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Las fuertes lluvias caídas el pasado 1 de diciembre en la provincia de Huelva han provocados serios destrozos debido a las inundaciones y cortes de luz que se han sufrido en varios municipios, en especial en Palos de la Frontera, Aljaraque y Lepe. Unas precipitaciones que han venido acompañadas de fuertes rachas de viento que se convirtieron incluso en un tornado a su paso por Palos de la Frontera.

La costa occidental de Huelva es la que más ha sufrido las consecuencias de este temporal de lluvia con registros de agua acumulada, que han llegado hasta los 100 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado la intervención de los servicios de emergencias y bomberos en calles, avenidas, sótanos, viviendas y garajes completamente anegados.


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Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por estas inclemencias meteorológicas que contemple al menos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-José Juan Díaz Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión del Poblado de Puntas de Calnegre en la relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El poblado de Puntas de Calnegre, con casi 300 años de antigüedad, viene viendo amenazada su existencia desde hace más de cuarenta años, generando una inquietud e inseguridad a los habitantes y propietarios de este histórico asentamiento, a las que hay que dar solución.

En los años 1975 y 1977, se realizaron los deslindes, cuya ejecución fue acordada por Orden Ministerial en el año 2005, confirmado posteriormente a través de sentencias, tanto de la Audiencia Nacional corno del Tribunal Supremo.

En el año 2010, y como forma de intentar frenar la ejecución del deslinde, se procedió a la incoación de un expediente de Declaración del Poblado de Puntas de Calnegre como Bien de Interés Cultural. Un expediente que, por razones que desconocemos, se dejó caducar, procediéndose a su archivo en junio de 2013.

La Ley 2/2013, que reformó la Ley 22/1988, de Costas, introdujo un régimen especial en su disposición adicional séptima que excluía ciertos núcleos, concretamente doce, del Dominio Público Terrestres, por cumplir una serie de requisitos.

Se da la circunstancia de que el poblado de Puntas de Calnegre cumple todos y cada uno de esos requisitos pero, sorprendentemente, no se incluyó en la relación de poblados indultados. Además, también concurre la circunstancia diferenciadora de otros núcleos, excluidos o no del dominio público, de que en el caso que nos ocupa, la modificación del deslinde que impuso la Orden Ministerial de 11 de agosto de 2005, se hizo en contra del espíritu de la propia norma, expresado en su consideración 1, y se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para practicar el deslinde del dominio público, con indefensión de los afectados que no pudieron personarse al no ser convocados al efecto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a impulsar la tramitación legislativa de la modificación del Anexo "Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición adicional séptima, en la extensión que se fija en la planimetría" recogida en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988,


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de 28 de julio, de Costas, para incluir al Poblado de "Puntas de Calnegre" entre los núcleos excluidos del Dominio Público Marítimo-Terrestre, al cumplir todos los requisitos exigidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.--Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el etiquetado de la miel, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En España el sector apícola viene representado por 29.000 explotaciones y 2,7 millones de colmenas. De esas explotaciones el 19,1 % son explotaciones profesionales al tener más de 150 colmenas y acumulan a su vez el 80 % del censo de colmenas.

La producción de miel nacional está en torno a las 33.000-34.000 toneladas. Esta producción está protegida por un programa nacional de apoyo con financiación también de la Unión Europea y las Comunidades Autónomas.

Dentro del programa nacional de apoyo se contemplan medidas para la mejora de la comercialización, la promoción y la protección de los consumidores, entre otras, sin dejar de lado el enorme valor medioambiental que supone la actividad en el sector.

En España se importan entre 25.000 y 30.000 toneladas de miel, y la norma nacional de calidad recogida en el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel, permite en el caso de mezclas, si las mieles son originarias de más de un Estado miembro o tercer país, dicha mención podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda:

1.º "mezcla de mieles originarias de la CE".

2.º "mezcla de mieles no originarias de la CE".

3.º "mezcla de mieles originarias y no originarias de la CE".

Sin indicar los países en los que las mieles fueron recolectadas, y sin indicar si la miel comercializada proviene de un país tercero concreto.

La situación actual choca con lo que se practica en otros países de la Unión Europea dónde sí se detallan en el etiquetado el origen de la miel, por lo que se entiende necesario recoger las inquietudes del sector para así mejorar los mecanismos que contribuyen a la mejora de su renta.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel, y el resto del marco normativo nacional de manera que se permita una diferenciación comercial que no genere confusión a los consumidores indicando el país de origen en el etiquetado y se contemplen medidas para el control de su cumplimiento para la protección del sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Felipe Jesús Sicilia Alférez, María Soledad Pérez Domínguez, María Pilar Lucio Carrasco y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000961

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a homogeneizar en todo el territorio nacional el tratamiento de la discapacidad en los niños con cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Cada año se diagnostican en nuestro país cerca de 1.500 nuevos casos de niños con cáncer, de los cuales 1.100 son de niños y niñas y 400 son de adolescentes. El tipo de cáncer más frecuente en los niños es la Leucemia (25 %), seguido de los tumores del Sistema Nervioso Central (19,6 %) y los linfomas (13,6 %), según el Registro Nacional de Tumores Infantiles. El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los 19 años.

El cáncer infantil no es una enfermedad que se combata en soledad, es una enfermedad que afecta a toda la familia y a la sociedad en su conjunto. Las familias con niños que padecen cáncer normalmente tienen que pasar por una larga y dura travesía de hospitales y posterior tratamiento en centros sanitarios. Ello implica ausencias en los trabajos y costes extraordinarios derivados de la hospitalización y de los tratamientos médicos. En este contexto, los padres o tutores solicitan, en muchas ocasiones, que se les reconozca un grado de discapacidad de al menos un 33 %. Sin embargo, debido al largo procedimiento de baremación y valoración de la discapacidad establecido en el Real Decreto 1971/1999, y que no siempre termina con su reconocimiento, esto supone normalmente una demora de los beneficios que esa catalogación supone para los afectados y familiares.

En la actualidad, existen notables diferencias para las familias con niños con cáncer según la Comunidad Autónoma donde residan. Por ejemplo, en las comunidades de Canarias, Valencia o Madrid se reconoce un grado mínimo de discapacidad del 33 % a los niños con cáncer. Sin embargo, entre estas comunidades también existen diferencias, por ejemplo la Comunidad Valenciana reconoce la discapacidad una vez que han pasado los seis primeros meses del tratamiento, mientras que en Canarias se reconoce desde el momento que es diagnosticado el cáncer.

Ante la falta de equidad que sufren los niños con cáncer y sus familias en las diferentes regiones, se hace necesario homogeneizar su tratamiento en todo el territorio nacional, siendo necesaria la modificación del Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con el objeto de reconocer el grado de discapacidad del 33 % a los niños con cáncer, independientemente de la comunidad autónoma donde vivan, durante el tiempo que dure la enfermedad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a homogeneizar en todo el territorio nacional el tratamiento de la discapacidad en los niños con cáncer, de modo que se les reconozca un grado del 33 % durante el tiempo que dura la enfermedad, desde que se diagnostica hasta que finaliza."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000962

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no


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de Ley relativa a la formalización y a la implementación de un acuerdo marco con las asociaciones de pacientes, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La consecución de un gran acuerdo con el que consolidar y desarrollar el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el presente y en los próximos años desde los principios de calidad, cohesión, equidad, seguridad, sostenibilidad y solvencia fue durante la X y la XI legislaturas (lo sigue siendo) una cuestión prioritaria para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Tras el respaldo dado por las Comunidades Autónomas a la hoja de ruta propuesta por el Ministerio de Sanidad para hacer real la consecución del Pacto de Estado durante la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del SNS celebrada en febrero de 2012, las muestras más representativas del consenso motivado en el sector por el citado Ministerio son los acuerdos marco rubricados con el Foro de la Profesión Médica (constituido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Federación de Sociedades Científicas la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE en julio de 2013, así como el firmado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en noviembre del mencionado año y los protocolos de colaboración formalizados con la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica en marzo de 2014 y en noviembre de 2015 (este último con la participación activa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

Dichos acuerdos, orientados en esencia al análisis y a la propuesta de medidas con las que contribuir al fortalecimiento del SNS y a garantizar a los ciudadanos una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal y de calidad, fueron planteados de forma paralela a la actividad desarrollada por la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad. La subcomisión en cuestión fue desarrollada en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, y creada y puesta en marcha en junio de 2012 a iniciativa de la extinta Convergencia i Unió. Sus conclusiones y recomendaciones fueron presentadas y aprobadas en la referida Comisión de Sanidad en mayo de 2014.

Aunque durante las comparecencias de expertos solicitadas por algunos de los grupos parlamentarios con presencia en el Congreso en la X Legislatura, los pacientes estuvieron representados por Alejandro Toledo Noguera, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER, una vez descritos los papeles desempeñados por el resto de agentes que conforman el sector sanitario en la consecución del gran acuerdo por la Sanidad, cabe plantearse que el protagonismo y que las aportaciones realizadas por los pacientes pueden ser más elevadas, proporcionadas al hecho de que son la razón de ser del sistema sanitario.

En consecuencia, tomando en consideración la experiencia acumulada en plataformas como la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía y la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (creadas ambas por el Ministerio de Sanidad en 2012) y teniendo en cuenta el papel otorgado al paciente en las normas que actualmente regulan la organización y el funcionamiento del SNS, especialmente la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS,

El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a formalizar e implementar un acuerdo marco con las asociaciones de pacientes que establezca y articule un espacio de colaboración con el que promover una mayor participación activa de los propios pacientes en el diseño y la planificación de estrategias de salud y políticas sanitarias para desarrollar la calidad, la cohesión, la equidad, la seguridad, la solvencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, así como para concretar mejoras en su formación, en el acceso y la consulta de información, y en la promoción y la educación en salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de la Diputada Sofía Castarlón presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad relativa a la necesidad de clasificar la enfermedad VIH-SIDA como infecto-transmisible en lugar de infecto-contagiosa.

Exposición de motivos

Un vieja demanda de la Coordinadora Estatal VIII y SIDA, CESIDA y del asociacionismo VHI en general; pone de relieve que la categorización del VIH/Sida como "enfermedad infecto-contagiosa" en lugar de "infecto- transmisible", provoca que con amparo legal se esté dificultando el acceso o disfrute a determinados servicios y bienes, incluso en el ejercicio de algunos derechos, a personas con VII-1 en el territorio estatal.

Entendemos que desde finales de los 90, un mayor conocimiento de la enfermedad y la mejora en su tratamiento han permitido que esta materia se pueda abordar desde la preeminencia de la garantía y la eficacia de los derechos humanos y, más específicamente, la no-discriminación de las personas afectadas.

Así, tal y como señalan informes de CESIDA, se repite en la normativa que regula el acceso a diversos servicios o bienes de modo constante, el establecimiento entre los requisitos, el de no padecer "enfermedades infectocontagiosas", o cláusulas semejantes, todas ellas caracterizadas, desde un punto de vista teleológico, por una voluntad obvia de controlar posibles riesgos para la salud pública. Entre los servicios o derechos que son negados a las poblaciones que sufran una enfermedad infectocontagiosa podemos observar que, ante la constatación de la seropositividad al VIH de la persona en cuestión, se le deniega el acceso a esos servicios o bienes como cursos de natación, plazas en residencias de ancianos, recursos asistenciales a la tercera edad, a mujeres maltratadas, o al ejercicio de derechos como la libertad de movimiento (visados), de educación (becas) así como para el acceso a determinados empleos públicos o profesiones intervenidas.

Esta situación es especialmente grave cuando las discriminaciones se realizan a servicios públicos de primera necesidad, como podrían ser las residencias de ancianos. Así, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, en su Resolución de 26 de agosto de 1987 (BOE: 1 octubre 1987), que regula el Régimen de ingresos, traslados y liquidación de estancias en los Centros Residenciales para la Tercera Edad. Señala en su artículo 3.1, que establece los requisitos a exigir a los beneficiarios:

"Podrán ser beneficiarios de los centros residenciales del IMSERSO para la tercera edad, las personas que reúnan los requisitos siguientes: 3.1 Haber alcanzado la edad de sesenta años. 3.2 No padecer enfermedad infecto-contagiosa, enfermedad crónica en Estado terminal o enfermedad clínica que requiera atención imprescindible en centro hospitalario."

Criterio que es igualmente aplicado cuando se trata de plazas concertadas.

El VIH-SIDA, es una infección que, si bien es transmisible y como tal presenta riesgos de transmisión, sólo los presenta en determinadas situaciones muy concretas, ligadas siempre a las vías de transmisión claramente conocidas y establecidas.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:

1. La elaboración por parte del Ministerio de Sanidad de una norma que determine un catálogo de enfermedades objeto de especial consideración a los efectos del acceso a bienes, servicios, prestaciones y recursos.

2. En cumplimiento de la Décima Directriz Internacional sobre VIH/Sida y Derechos Humanos, que el Ministerio de Sanidad proceda a elaborar normas para los sectores públicos y privados y de procedimientos respecto del VIH/SIDA, dirigidos a grupos de profesionales y funcionarios públicos


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3. Retirar la catalogación del VIH como "Enfermedad infecto contagiosa" en toda la literatura oficial y reglamentación del gobierno de España que se genere en los próximos años, para evitar la discriminación de las personas que viven con VIH y garantizar la igualdad de condiciones de estas personas en el acceso a servicios públicos residenciales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Sofía Fernández Castañón y Marta Sibina Camps, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/001018

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las transferencias de la sanidad penitenciaria a los servicios sanitarios de las CCAA, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Sanidad Penitenciaria es el dispositivo sanitario de la Administración Pública específico para la población reclusa y, por ello, parte de pleno derecho del Sistema Nacional de Salud (SNS), que este está definido en el artículo 44 de Ley General de Sanidad (LGS), como "Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley".

La Ley de Calidad y Cohesión del SNS refuerza la idea de vincular la sanidad penitenciaria integrándola en el SNS a través de los Servicios Autonómicos de Salud. Así en su Disposición adicional sexta dice textualmente:

"Transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias:

"Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.

A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la esta Ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía"."

Respondiendo al mandato legal de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) pero sobre todo a la realidad de la sanidad española resultante de la vigencia de la LGS, el Reglamento Penitenciario (RD 190/1996) desarrolla en sus artículos 207-220 la prestación de Asistencia Sanitaria de la Sanidad Penitenciaria, adaptando ésta a los principios de la Ley General de Sanidad, teniendo en cuenta "la efectiva asunción de competencias por diversas Comunidades Autónomas". Este mismo Real Decreto en su preámbulo establece: "La Administración penitenciaria no puede hacer frente por sí sola a las múltiples prestaciones que una concepción integral de la salud implica, y, correspondiendo a los servicios de salud una responsabilidad global de asistencia sanitaria, es preciso articular cauces de colaboración basados en un principio de corresponsabilidad entre la Administración penitenciaria y las Administraciones sanitarias competentes, conforme al cual pueda hacerse efectivo el principio de universalización de la asistencia, garantizándose unos niveles óptimos de utilización de los recursos y el derecho efectivo a la protección de la salud de los internos, ajustado a una asistencia integrada, a la promoción y prevención, equidad y superación de las desigualdades.

La corresponsabilidad entre la Administración penitenciaria y las Administraciones Sanitarias se ha visto plasmada en los últimos años en varios convenios de colaboración entre los Servicios de Salud de


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las Comunidades Autónomas y Sanidad Penitenciaria y, lo que es igualmente importante, en una relación de buena voluntad y colaboración sanitaria que permite -con sistemas diversos- que la población reclusa reciba fuera de los centros la atención especializada que precisa en condiciones muy similares al resto de la población.

Sin embargo, a día de hoy existe un incumplimiento del mandato legal establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Calidad y Cohesión del SNS con importantes repercusiones negativas para la igualdad y equidad en relación a la salud, pero también en la organización de los servicios de salud a los reclusos.

Los responsables y profesionales de la Sanidad Penitenciaria están firmemente convencidos de la necesidad y ventajas de integrar la Sanidad Penitenciaria en los Servicios de Salud de las CCAA. Esta constatación debiera llevar con la mayor urgencia a impulsar desde la Administración General del Estado y desde las Administraciones autonómicas el mandato legal establecido en la disposición adicional antes referida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar junto a las Comunidades Autónomas en las negociaciones iniciadas para culminar el proceso de transferencia de la Sanidad Penitenciaria, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cultura

161/000952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la candidatura de Bien Inmaterial de la Humanidad de la Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones relacionadas con la educación, las ciencias sociales o naturales, la cultura y la comunicación, con objeto de promover la cooperación internacional en estas esferas para conseguir un mundo más pacífico.

El trabajo de investigación realizado por la UNESCO sobre funciones y valores de las expresiones culturales amplía el enfoque hacia la comprensión, la protección y respeta al patrimonio cultural de la humanidad.

La Organización lleva trabajando más de 60 años en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, en 2003 se culmina este trabajo con la adopción de la Convención en París para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta Convención establece que "se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana...".


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El patrimonio cultural abarca también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, o saberes y técnicas tradicionales de fabricación de objetos artesanales. Aunque esos elementos no son materiales, ya que no son tangibles, constituyen una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural. Son el patrimonio cultural inmaterial, una forma viva del patrimonio que se recrea continuamente y evoluciona a medida que adaptamos nuestros usos y tradiciones al mundo que nos rodea.

En este marco, las Fiestas de los Caballos del Vino que tienen lugar cada dos de mayo en Caravaca de la Cruz, en la Región de Murcia, son dignas de este reconocimiento. Tradición, belleza, pasión y vida es sin duda un excelente lema para un evento genuino y único en el mundo, que merece ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

De todos los festejos que componen el ciclo festivo del mayo caravaqueño, declarado de Interés Turístico Internacional, exceptuando los actos religiosos, el de los Caballos del Vino es, sin duda, el más original y característico. Las razones de su peculiaridad y singularidad proceden directamente de su origen, desarrollo y evolución.

El origen de los Caballos del Vino está vinculado a la ceremonia del baño de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca en vino, ritual este igualmente único en el mundo cristiano, y que también está relacionado con otro de similares características, en el que la reliquia de la Vera Cruz es bañada en las aguas que riegan la huerta caravaqueña, que asimismo se celebra, con motivo de las fiestas de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, el 3 de mayo y cuya existencia está constatada a mediados del siglo XIV.

Aunque su origen es anterior, su presencia está documentalmente comprobada desde hace tres siglos, y en ella confluyen una serie de elementos sociales, culturales, históricos, religiosos y tradicionales que superan el simple evento festivo, convirtiéndola en una manifestación antropológica reconocida como única en el mundo mantenida a lo largo de siglos.

Los Caballos del Vino son toda una seña de identidad caravaqueña, una pasión que se transmite de padres a hijos sin normas escritas. Un legado histórico que los caravaqueños han sabido cuidar y proteger, para mantener su esencia, su pureza, su integridad.

Todas estas características y valores mantenidos a lo largo de su extraordinaria historia, íntimamente ligada a la de la ciudad de Caravaca de la Cruz y su patrona la Santísima y Vera Cruz, motivaron la solicitud de su declaración por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ya que se trata de una manifestación antropológica única en el mundo, mantenida a lo largo de los siglos con pequeñas variaciones que no alteran su esencia y fundamento, transmitida de generación en generación sin normas escritas y con un carácter popular que debe de preservarse con la mayor integridad posible, evitando con ello cualquier desvirtuación o transformación que pudiera degradarle o afectarle negativamente.

Tanto el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz como la Asamblea Regional de Murcia, así como el Congreso de los Diputados han aprobado con anterioridad y por unanimidad mociones donde se acuerda impulsar el expediente para iniciar el procedimiento que ha conseguido que la Fiesta de los Caballos del Vino se encuentre entre los expedientes pendientes para ser parte finalmente de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Dicho expediente sigue pendiente desde el año 2013, y no ha entrado en proceso ni en el año en curso ni para 2017 según la información hecha pública por la UNESCO. Por ello, teniendo en cuenta que en la X Legislatura el Congreso ya se pronunció en su apoyo a esta candidatura, es necesario de nuevo sumar esfuerzos para conseguir que la tramitación de la misma se produzca cuanto antes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las gestiones necesarias para que la tramitación del expediente de la candidatura de la Fiesta de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO se realice cuanto antes, así como a mostrar el apoyo a dicha candidatura desde el Gobierno de España con actuaciones de promoción."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000953

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Marta Rivera de la Cruz, Diputada por Madrid, y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley para celebrar en 2017 el cuarto centenario de la publicación de "Los Trabajos de Persiles y Sigismunda", obra póstuma de Miguel de Cervantes y Saavedra, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

2016 ha marcado el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Pese a que desde la Secretaría de Estado de Cultura se ha pretendido vender la idea de que se ha tratado de una gran celebración, la triste realidad es que este año ha pasado sin pena ni gloria sobre la memoria de nuestro más insigne autor. Queda pues una oportunidad desperdiciada para celebrar a Cervantes, tanto en nuestro país como fuera de él; una oportunidad que no volverá a repetirse en igual magnitud hasta dentro de 100 años.

Pero si Cervantes deja este mundo en 1616, en 1617, apenas un año después de su muerte, se publica de forma casi simultánea en Madrid, Barcelona, Lisboa, Valencia, Pamplona y París, su última y póstuma obra: "Los trabajos de Persiles y Sigismunda". Es esta buena señal de la importancia singular del testamento literario de Cervantes.

Frente a la opinión unánime de la crítica y del público en general, que han consagrado El Quijote como su obra maestra, el propio Cervantes consideraba los "Trabajos" como su obra cumbre, la obra que le permitiría recuperar su prestigio como narrador.

Así pues, de la misma manera que el mismo Miguel de Cervantes intentó con esta obra corregir algunas de las deficiencias que él apreció en el Quijote, la celebración del cuarto centenario de su publicación nos da la oportunidad de corregir algunas de las deficiencias de la celebración del cuarto centenario de su muerte. En nuestra opinión, esta es una oportunidad que no podemos ni debemos dejar pasar.

Tanto desde las instituciones dependientes del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como de forma singular desde el Instituto Cervantes, debería ponerse en marcha un programa de actividades acorde a la ocasión.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la celebración del cuarto centenario de la publicación de la obra póstuma de Cervantes "Los trabajos de Persiles y Sigismunda" tanto a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como de sus instituciones dependientes, y del Instituto Cervantes colaborando y participando activamente en aquellos actos y actividades organizados por ellas mismas u otras cualesquiera que conmemoren y celebren dicho centenario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2016.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Marta Rivera de la Cruz, Diputada por Madrid, y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley para instar al Gobierno a crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual, para su debate en la Comisión de Cultura.


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Exposición de motivos

Según un estudio de la coalición de creadores, el 87 % de los contenidos online que se consumen en España son ilegales. El fracaso en materia de la lucha contra la piratería digital es más que evidente.

Entre 2012 y 2016, se estima que el valor de los productos defraudados superó los 78 mil millones de euros, con un lucro cesante para las industrias culturales de casi 6 mil millones de euros y unos ingresos perdidos por el Estado de más de 2 mil millones de euros.

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, reformada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, encomendó a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual la tramitación del "procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual". Los pobres resultados obtenidos hasta ahora (al contrario de los conseguidos en países con legislación similar) así como las conversaciones mantenidas con los actores interesados (incluidos funcionarios relevantes) ponen de manifiesto que los medios con los que la Sección Segunda cuenta en la actualidad son insuficientes e impiden de facto el cumplimiento de sus funciones. La falta de dotación y recursos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es, sin duda, uno de los factores clave para entender este fracaso y resolverlo es de importancia capital.

Sin embargo, como prueban los ejemplos de lucha contra este fenómeno en otros países, como el Reino Unido, es necesario ir un paso más allá del enfoque sistemático y puramente administrativo, que permita a la Justicia actuar de forma definitiva, rápida y eficaz.

La creación de fiscalías especiales, como las dedicadas a la lucha contra el tráfico de drogas, la corrupción o la criminalidad organizada, ha probado ser un instrumento particularmente útil en la persecución de esos delitos. Dada la especificidad y el impacto económico de los delitos contra la propiedad intelectual, muy especialmente los derivados de la piratería online, Ciudadanos en su programa electoral, ya proponía la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual.

Esta Fiscalía será una instancia que ponga en marcha procedimientos rápidos para detectar violaciones reincidentes de los derechos de propiedad intelectual, como una medida necesaria para luchar contra la piratería y sus nefastos efectos sobre las industrias culturales y, muy especialmente, sobre los derechos de los creadores y su capacidad para, incluso, subsistir gracias al fruto de su trabajo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una nueva Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2016.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000976

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la conmemoración del V Centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Francisco Jiménez de Cisneros o Giménez de Cisneros, más conocido como el Cardenal Cisneros fue una figura muy vinculada a la provincia de Palencia. Existen dudas sobre su lugar de nacimiento pero un escrito hallado por el historiador Álvaro García Castro fechado en 1595 confirma que el regente de Castilla era natural de la localidad palentina de Cisneros.

El documento hallado refuerza otras evidencias indirectas, como son las afirmaciones de ciertos coetáneos y las muchas mercedes, obras y favores que el Cardenal hizo en la villa, con muestras del arte ornamental español, y su ubicación en Cisneros.


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El 8 de noviembre de 1517, mientras se dirigía al encuentro del nuevo monarca de España y futuro emperador Carlos V, murió en Roa el Cardenal Cisneros, "aquel hombre santísimo y grande -decía Alvar Gómez de Castrocual- no tendrá jamás la posteridad". Se cumplen, pues, en el año 2017 cinco siglos desde la muerte de este personaje, considerado por los historiadores de dentro y fuera de España, una figura capital en la historia de nuestro país.

Como Regente en dos ocasiones del Reino, supo asegurar el tránsito del gobierno de los Reyes Católicos al reinado del Rey y Emperador Carlos y mantener el Estado. Como humanista, creó la Universidad de Alcalá como avanzada en España de las corrientes renacentistas y humanistas de Europa, centro donde se educó no solo el clero regular y secular dispuesto a afrontar una necesaria reforma, sino también los nuevos funcionarios competentes que necesitaban los reinos de España. El éxito de aquella empresa convirtió a la Universidad de Alcalá en la sede de una aristocracia universitaria que hizo posible nuestro Siglo de Oro. En sus aulas estudiaron o enseñaron los más preclaros escritores de nuestro Siglo de Oro, entre los que destacan Nebrija, Tomás de Villanueva, Ginés de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, Domingo de Soto, Ambrosio de Morales, Arias Montano, Juan de Mariana, Francisco Vallés, San Juan de la Cruz, Lope de Vega o políticos como Melchor Gaspar de Jovellanos.

Como Cardenal, Arzobispo de Toledo y Primado impulsó decididamente la reforma de la Iglesia española.

Sin olvidarnos de su destacada faceta de estadista, así como de otras cualidades que hicieron que jugara un papel fundamental en la historia y en la política de la España del siglo XVI.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para conmemorar el V Centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros con un programa estatal de actos adecuados a su importancia histórica. Asimismo se insta al Gobierno a colaborar en dicha tarea con los actos ya programados por la Universidad de Alcalá, la Fundación Cardenal Cisneros, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Obispado de Alcalá, el Ayuntamiento de Toledo, el Obispado de Toledo, el Ayuntamiento de Cisneros, la Sociedad de Condueños y cuantas otras instituciones y organismos celebren dicha efeméride."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000977

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo, impulso y promoción al Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Caravaca de la Cruz, municipio cabecera de la amplia comarca del Noroeste de la Región de Murcia, ha sido siempre una de las ciudades referente dentro del marco del turismo regional. Cargada de historia, su gran patrimonio monumental, sus paisajes, sus gentes, hacen de ella un destino privilegiado y sumamente atractivo.

No obstante, el acontecimiento que, sin duda, cambió el desarrollo histórico, económico y turístico de la ciudad fue la concesión en el año 1998, por la Santa Sede, de un Año Jubilar a Perpetuidad en torno a la Santísima y Vera Cruz, que se celebra con una periodicidad de 7 años. Desde entonces dos Años Jubilares se han celebrado ya en la ciudad, en 2003 y 2010, con una afluencia de visitantes espectacular.

Actualmente, nos encontramos a las puertas del tercer Año Jubilar, que tendrá lugar en 2017, para ello se está elaborando un ambicioso Plan de Actuaciones, en el que se encuentran implicadas tanto las distintas administraciones como la empresa privada y el tejido social, y que afecta especialmente a infraestructuras y servicios, eventos culturales y promoción.


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Decir, también, que si bien el Año Jubilar a Perpetuidad es el factor determinante del turismo en la ciudad, el hecho de que en Caravaca de la Cruz se hayan producido dos fundaciones carmelitanas, en las que estuvieron directamente implicados tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz, los dos referentes de la mística mundial, hacen que una segunda vía se abra en el turismo religioso caravaqueño. Concretamente desde el 15 de octubre de 2014 al 15 de octubre de 2015 se celebró un Año Jubilar Teresiano con ocasión del V Centenario del Nacimiento de Sta. Teresa, del que forman parte, junto con las 17 ciudades españolas.

Desde la concesión del Año Jubilar "in perpetuum" en 1998, la ciudad se ha convertido en destino cultural y religioso gracias a la puesta en valor de su patrimonio y al privilegio de ser sede jubilar permanente. Una oportunidad excepcional, que se repite cada siete años para proyectar la dimensión universal de la Vera Cruz como símbolo de peregrinación. "Caravaca de la Cruz Ciudad Santa" es un proyecto en el que han de estar implicados el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, el Obispado de Cartagena, la Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, así como otras instituciones, comerciantes, hosteleros, empresarios y particulares.

El Camino de la Cruz de Caravaca es un recorrido de caminos que guían al peregrino hasta la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz, por medios no motorizados, con el fin de recuperar la tradición de la peregrinación a pie, tomando como modelo el Camino de Santiago.

El principal camino de peregrinación a Caravaca de la Cruz es el que conocemos como "Camino de la Vera Cruz", un itinerario turístico-cultural recuperado como ruta templaria desde el norte de España (Roncesvalles-Puente la Reina), coincidiendo con el Camino de Santiago, y desde allí hasta Caravaca de la Cruz, pasando por cinco Comunidades Autónomas (Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia), y más de 90 municipios. Especial relevancia y promoción toma en este año jubilar el Camino de Levante que une Orihuela con Caravaca aprovechando la mota del Río Segura y la Vía Verde del Noroeste.

Además, en la Región de Murcia estas rutas están compuestas por diez itinerarios ecoturísticos que unen Caravaca de la Cruz con los cuatro puntos cardinales de la Región de Murcia (Altiplano, Campo de Cartagena, Mazarrón, Águilas y la comarca del Noroeste), Granada, Alicante (la Vega Baja del Segura) y Albacete (Letur).

Los itinerarios se diseñaron para que transcurran a lo largo de ancestrales vías pecuarias, caminos históricos cargados de sentido patrimonial, vías verdes, caminos rurales y sendas naturales de primer orden. Así mismo, los caminos están señalizados y permiten la utilización de la red hotelera y de alojamientos rurales de la Región de Murcia.

Impulsar, promocionar y proyectar la imagen de Caravaca de la Cruz al exterior a través de uno de sus principales activos turísticos y culturales: El Año Jubilar y el Camino de la Cruz de Caravaca es un proyecto estratégico para toda la Región de Murcia en términos turísticos, económicos y de generación de empleo.

Así, con el objetivo de sensibilizar y hacer partícipe a la opinión pública de nuestro país de que el Año Jubilar es de todos, para todos y en beneficio de todos, es clave la implicación de la administración central para que el proyecto "Año Santo de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca 2017" cuente con un programa concreto y un presupuesto que permita desarrollar el potencial y la repercusión global que representa la concesión del Año Santo "in perpetuum".

No obtendremos más que beneficios para nuestro país si proyectamos Caravaca de la Cruz a nivel nacional e internacional, potenciando su imagen de lugar de peregrinación para lo que hay que definir una gestión eficaz para coordinar un buen plan de actuaciones que implique a todas las administraciones (Ayuntamiento, Gobierno de España y la Unión Europea) y con el sector privado (particulares, entidades, empresas), un Plan Integral con motivo del Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz que atienda a los sectores de promoción, servicios e infraestructuras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar, promocionar e impulsar el Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz como un proyecto estratégico para el turismo nacional, con apoyo presupuestario, para el municipio que lo alberga y que permita desarrollar el plan director de turismo diseñado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Igualdad

161/000997

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales y amateurs, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El Consejo Superior de Deportes presentó en diciembre de 2015 un estudio en el que concluía que un 53,5 % de la ciudadanía había practicado deporte a lo largo del último año. Un dato que supone un aumento del 9,2 % respecto a la última Encuesta de Hábitos Deportivos de España publicada en 2010.

Sin embargo el dato más destacable de este estudio es el incremento en la práctica deportiva entre las mujeres, ya que el aumento ha sido del 13,3 % y coloca la media en el 47,5 % de mujeres que a lo largo de 2015 han practicado deporte, aún lejos del 59,8 % de hombres que lo han hecho.

Existe pues, un notable incremento de las mujeres que se inician en la práctica deportiva. Un hecho que va en sintonía junto con el creciente incremento de éxitos deportivos de equipos femeninos del estado y que sin embargo, son ninguneados en los distintos medios de comunicación.

No obstante, en el deporte femenino, tanto profesional como amateur, existe una práctica completamente ilegal en el que la Administración no ha ejercido su tutela y dicha dejación ha dejado en una situación de desamparo legal a muchas deportistas profesionales, tal como relató el periódico El Mundo en su edición de 1 de diciembre de 2016. Se trata de las llamadas cláusulas antiembarazo.

Son cláusulas que se suelen incorporar a los contratos que firman las deportistas más jóvenes y que suelen tener una carrera deportiva por delante y en previsión de que esta no se vea truncada o interrumpida por el embarazo de la jugadora.

Dichas cláusulas son nulas de pleno derecho, ya sea por lo que recoge la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores o los textos legales internacionales, ya que equiparan el embarazo a los supuestos que pueden provocar la resolución unilateral del contrato como el positivo por dopaje, la práctica de deportes de riesgo o la conducta indecorosa.

Un hecho que se agrava aún más en el caso de los deportes no profesionales ya que estas deportistas no se encuentran reguladas por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, sino que dicha tutela corresponde a las federaciones estatales si toman parte en competiciones de ámbito estatal o, en su defecto, al Consejo Superior de Deportes.

Las cláusulas antiembarazo son, por lo tanto, una práctica completamente ilegal y que contrastan con las facilidades que otros países, como Dinamarca, ofrecen a las deportistas profesionales para compaginar su carrera y la maternidad.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Iniciar las modificaciones legislativas pertinentes a fin y efecto de prohibir de forma expresa la introducción de las cláusulas antiembarazo a las deportistas profesionales y amateurs.

2. Proceder, mediante el Consejo Superior de Deportes y las respectivas federaciones deportivas estatales, a la advertencia a los clubes deportivos de la ilegalidad que supone el establecimiento de las cláusulas antiembarazo.

3. Impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas con competencias en materia de inspección laboral, las oportunas inspecciones para detectar y en su caso sancionar, las cláusulas antiembarazo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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161/001012

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Igualdad, una Proposición no de Ley para analizar la existencia de la denominada tasa rosa y proponer actuaciones para eliminarla.

Antecedentes

La diferencia de precio entre productos de similares características o incluso iguales, pero dirigidos a distintos géneros, es conocida como "tasa rosa" o "impuesto de género". Un producto similar o el mismo producto dirigido al sector femenino, puede costar hasta un 30 % más, que el destinado a los hombres. Un simple cambio de color y de envoltorio, junto con el argumento de que el precio responde a la ley de la oferta y la demanda, justifican el incremento del precio de forma notable, si el artículo se dirige a mujeres.

En EE.UU., la Universidad de California calculó hace ya 20 años que las mujeres americanas pagaban hasta 1.351 dólares más al año, por la versión femenina de productos similares a los masculinos, y puso nombre a esta realidad. Situación que sin duda, se mantiene puesto que no hemos avanzado prácticamente nada en esta materia. Esta Tasa no solo existe en relación a productos de consumo, sino también en relación a servicios y prestaciones como por ejemplo, cortes de pelo con subidas de hasta el 80 % en algunas peluquerías, independientemente de que los hombres lleven el pelo largo y las mujeres corto.

En Europa existe también interés-denuncia en relación a esta cuestión y acciones y movimientos contrarios a la discriminación que supone la "Tasa Rosa". En Francia, la asociación Georgette Sand, consiguió reunir 50.000 firmas y llevar la polémica a la Asamblea francesa. Empezó a analizarse una propuesta de ley para la equidad de género en precios, pero la problemática continúa pendiente de resolución.

A día de hoy, las mujeres pagan entre el 7 % y el 30 % de media aproximadamente, por la versión femenina del mismo producto o servicio. El sector donde se aprecia de forma más clara esta brecha de precios por género, es quizás el de la perfumería, pero no es el único. Esta discriminación se extiende a todos los sectores: la ropa y complementos, el calzado, los relojes, la peluquería y otros servicios estéticos, o incluso en productos como los bolígrafos.

Si a lo anterior añadimos que las mujeres ganan menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo. En España según la OIT en 2015, un 17 % menos que los hombres aún teniendo la misma formación y llevar a cabo el mismo trabajo, la discriminación todavía es mayor.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata, presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno con la colaboración de CC.AA., entidades, organizaciones y expertos en la materia, a elaborar y remitir a las Cortes Generales, en el plazo de 6 meses desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley, un estudio en el que se analice la existencia de la denominada "Tasa Rosa", el impacto económico sobre las mujeres, en forma de incremento anual al que deben hacer frente en la adquisición de bienes y servicios de consumo, teniendo en cuenta la "Brecha salarial de género", y en el que se incluyan asimismo, posibles medidas que faciliten a las consumidoras información sobre la existencia de esta discriminación de precio por género y se propongan actuaciones para reducirla y si cabe, eliminarla."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000987

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo a su paso por As Gándaras, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Motivación.

La Ronda Norte de la ciudad de Lugo a su paso por el barrio de As Gándaras supone un importante riesgo para las personas que intentan cruzarla. Están ubicados en dicha zona una residencia de personas mayores, instalaciones deportivas y un polígono industrial en franca expansión.

La asociación de vecinos Gatos Roxos hace once años que reivindica la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-640, en la ronda norte, para evitar accidentes.

Es también antigua la reivindicación del desdoblamiento de la Ronda Norte que conecta las carreteras de A Coruña y Vegadeo, y especialmente necesaria desde la apertura del nuevo Hospital con el correspondiente incremento del tráfico y del anteriormente mencionado polígono industrial.

Los presupuestos del Estado para 2009 y 2010 recogían partidas presupuestarias para el inicio de los trámites necesarios para el desdoblamiento dicha Ronda.

En septiembre de 2011 el Concello de Lugo y el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo para la mejora de la red de carreteras en el entorno de Lugo.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Ejecutar el desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo.

- Construir una pasarela peatonal sobre la Ronda Norte a la altura de la residencia de mayores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una rotonda en la conexión de la calle Alfonso X el Sabio de Lugo y la N-VI, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Motivación.

La Nacional VI a su paso por Lugo es una circunvalación que está cada vez más incorporada en las actividades de la ciudad con los riesgos que ello conlleva para el tráfico y los viandantes.

Es especialmente difícil el enlace de la N-VI con la calle Alfonso X el Sabio, zona en la que se encuentra una parte importante del campus universitario, el pabellón de deportes que utiliza especialmente el equipo de baloncesto Breogan, una piscina cubierta, etc.

Sería conveniente construir una rotonda en dicho enlace que facilitara la conexión entre esa parte de la ciudad y la N-VI y evitara los correspondientes riesgos de seguridad vial.


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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir una rotonda en la conexión de la calle Alfonso X el Sabio de Lugo y la N-VI."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000989

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-VI a la altura del estadio de fútbol de Anxo Carro, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Motivación.

El estadio Anxo Carro de Lugo está separado de la ciudad por la N-VI, esto supone un importante riesgo para las personas que acceden a dicho estadio caminando desde la ciudad.

Los días que hay competición son muchas las personas que intentan cruzar la vía de manera poco segura.

Anexo al estadio se encuentran campos de juego que utilizan los equipos de alevines y juveniles, un palacio de congresos y un centro comercial.

Dada la actividad que se está generando de ese lado de la N-VI y que hay otras vías rápidas que pueden ser utilizadas en lugar de la N-VI, a medio plazo habría que plantear la posibilidad de utilizar elementos disuasorios del tráfico en dicha zona (semáforos) y de seguridad para viandantes (acera), pero de forma inmediata sería conveniente construir una pasarela que conectara los dos lados de la N-VI a la altura del estadio de futbol Anxo Carro.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir una pasarela peatonal sobre la N-VI a la altura del estadio de fútbol Anxo Carro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001027

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius i Terrado Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para reducir y extinguir la elevada siniestralidad y mortalidad de la carretera N-240 en su tramo entre Lleida y Montblanc.

El presupuesto 2016 del Estado español ya contempla una partida para hacer el estudio del desdoblamiento de la N-240 entre les Borges Blanques y Lleida, y se ha comprometido a ejecutarlo a


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partir del año próximo, calculando una inversión aproximada de unos 56 millones de euros, cumpliendo así con los compromisos adquiridos por la Secretaria General de Infraestructuras del Estado, en cuanto a la ejecución del desdoblamiento de la N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques.

El desdoblamiento de la N-240 entre Lleida y les Borges Blanques, también debe permitir conectar la capital de la comarca de les Garrigues con Montblanc, a través de la actual AP-2, ya que este tramo sí que transcurre en paralelo a la carretera. De este modo se acabaría con el agravio histórico que sufren los municipios afectados y los usuarios habituales al ser el único tramo de todo este eje que conecta el Puerto de Tarragona con Bilbao, que está pendiente de proyecto para ser convertida en una vía rápida, económica y segura.

Los alcaldes de los municipios afectados por la N-240 a su paso por el territorio de Lleida, agrupados en la Plataforma "Prou Morts a l'N-240" (Basta de Muertes en la N-240) junto con la Cámara de Comercio de Lleida, y con el apoyo del presidente de la Diputación de Lleida, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Consejo Comarcal de les Garrigues, han expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir la elevada siniestralidad y mortalidad que sigue sufriendo la carretera N-240 en el tramo entre Lleida y Montblanc, como lo demuestran los últimos accidentes con víctimas mortales ocurridos recientemente, 29 desde el año 2009, además de la cincuentena de heridos graves que se han registrado.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ejecutar el proyecto vigente de la N-240 entre las Borges Blanques-Lleida (duplicación de la vía actual), liberar el tramo de autopista entre Lleida y Montblanc y desde allí enlazar con la A-27 que conecta con Tarragona y la parte costera tarraconense, con el túnel del Coll de Lilla, ya operativo.

2. Mientras no resuelva los importantes problemas de seguridad que presenta actualmente la carretera N-240 entre Lleida y Montblanc, proceda a liberar provisionalmente el peaje de la autopista AP-2, entre ambas ciudades, para minimizar el elevado riesgo de siniestralidad y mortalidad que padecen los usuarios de este tramo.

3. No retrasar más la ejecución de los sucesivos compromisos adquiridos históricamente por el mismo Ministerio de Fomento en cuanto a este eje viario que conecta el Mediterráneo con el Cantábrico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Antoni Postius i Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001000

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los criterios para el traslado de discapacitados en Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes, para su consideración y debate ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Amnistía Internacional ha hecho constar en un reciente informe, la específica situación de desprotección en la que se encuentran las personas discapacitadas ingresadas en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, como consecuencia de la falta de adaptación de las instalaciones, así como a la inexistencia de criterio alguno a la hora de atender dicha situación a los efectos de ser trasladados a otras instalaciones en la Península, donde pudieran ser acogidos en lugares habilitados a tal efecto.


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En mayo de 2016, Amnistía Internacional publicaba el informe "El asilo en España: un sistema poco acogedor", donde, entre otras cuestiones, manifestaba su preocupación por las condiciones de acogida en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, y por las dificultades que sufrían las personas que solicitaban protección internacional en estas dos ciudades, que se caracterizan por ser un limbo dentro del sistema de asilo español.

La falta de condiciones de acogida adecuadas en los CETI se agrava de manera especial para aquellas personas con necesidades especiales, o que presentan situaciones de especial vulnerabilidad. Es el caso de personas enfermas o con algún tipo de discapacidad.

Según la información proporcionada a Amnistía Internacional, el criterio para trasladar a los residentes a la península desde el CETI de Ceuta es el tiempo de estancia en el mismo, siendo cinco meses el plazo medio de permanencia. A las personas migrantes o a quienes no han solicitado asilo se les tramita, previamente a su traslado a la Península, un expediente de expulsión, por lo que en muchos casos son conducidos directamente a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) con objeto de materializar dicha expulsión.

Según la información proporcionada por Amnistía Internacional, este tiempo de estancia de cinco meses se contempla siempre y cuando la persona no solicite asilo, ya que en caso de que lo haga el trasladado a la península no se suele producir hasta la resolución del expediente, pudiendo demorarse más de un año.

Además y según la información proporcionada por personal del CETI, no se tiene en cuenta como criterio para valorar el traslado a la Península el hecho de que la persona presente alguna situación de especial vulnerabilidad, como es el hecho de la existencia de alguna discapacidad o minusvalía.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

"Que el Gobierno incluya como criterio para valorar el traslado a la Península de personal internado en los Centros de Internamiento de Extranjeros, el hecho de que la persona presente alguna situación de especial vulnerabilidad, como la existencia de alguna discapacidad o minusvalía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2016.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/001024

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro de Atención de Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Alcuéscar, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El CAMF de Alcuéscar es un Centro de Atención a personas con discapacidad física, dependiente del IMSERSO y a su vez, por tanto, del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. El CAMF de Alcuéscar abrió sus puertas en el año 1984 siendo inaugurado por S.M. la Reina D.ª Sofía en 1985.

La capacidad de plazas residenciales del CAMF es de 120 aunque en los años más críticos de la crisis se acordó rebajar el número de internos hasta los 112 de forma transitoria. La tipología de los usuarios es la de personas con un alto grado de discapacidad física y con ninguna posibilidad razonable de integración en el mundo laboral. La diversidad de las discapacidades atendidas abarca un amplio abanico que comprende lesiones medulares en sus distintos niveles, parálisis cerebrales infantiles, ataxias, esclerosis, accidentes cerebro vasculares y algunas enfermedades raras neurodegenerativas.

El objetivo primordial es la atención integral de los usuarios. Todos los residentes requieren cuidados para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) pero la pretensión va más allá de lo meramente básico, teniendo como meta fundamental alcanzar la normalización a pesar de las dificultades físicas y medioambientales. Para ello el CAMF cuenta en la actualidad con una dotación en RPT de personal que


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alcanzaría los 164 efectivos en distintas categorías profesionales, siendo más numerosos aquellos colectivos que se dedican a la atención directa.

El Centro cuenta además con una dotación presupuestaria variable anual que le permite contratar a empresas externas dedicadas a fomentar la formación y el entrenamiento de los residentes tales como encuadernación, informática, animación sociocultural, teatro, musicoterapia, deporte adaptado, pintura, formación individualizada, radio, etc. Así mismo completan el plantel contratas de servicios como la de jardinería y limpieza de zonas comunes y otras de mantenimiento de maquinaria y residuos peligrosos.

Siendo un Centro público y con demanda de ingresos de personas con discapacidad, actualmente el número de residentes atendidos es de 98 fijos y 1 mediopensionista, muy por debajo de la capacidad real, incumplimiento claro de la carta de servicios que obliga a cubrir las vacantes en el plazo de un mes como máximo. El motivo alegado por la propia Dirección del Centro y su reiterada negativa a nuevos ingresos radica en la falta de personal de atención directa. A día de hoy, cuenta en el global de su plantilla con 24 trabajadores menos de los necesarios para cubrir la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) necesaria, y se prevé que las cifras de vacantes sigan aumentando hasta finales de año. Como consecuencia de ello se produce una reorganización del trabajo, que incide directamente en los equipos y lesiona derechos adquiridos de los usuarios que se atienden.

Hay que tener en cuenta que es un centro residencial de más de 9.000 metros cuadrados útiles que se organiza de forma modular en donde se ubican las habitaciones individuales de los residentes. Estas habitaciones han sido ocupadas por los mismos desde su ingreso y los cambios provocan verdaderos dramas de desarraigo, desahucios encubiertos, ya que su habitación se ha convertido en hogar permanente. Ahora se plantea el cierre de uno de los módulos para readecuar las plantillas y supuestamente cumplir con los objetivos asistenciales, sin tener en cuenta ni la opinión de los residentes, ni la de sus familias ni las de los propios trabajadores. La precipitación de las medidas está llevando al sufrimiento de los más débiles y al conflicto con los equipos de trabajo, creando un clima poco aconsejable y nada conveniente.

El coste del cerramiento de una zona modular, además del trauma personal, supone un coste añadido provocado por cambio de útiles a otras zonas, adaptaciones para los usuarios, empleo de jornadas extras del personal que luego hay que compensar. El precio de la estancia se encarece puesto que el mantenimiento no será nunca el mismo que cuando la habitación o el servicio está operativo.

El CAMF de Alcuéscar era un referente nacional hasta hace pocos años. Su dinamismo, su protagonismo social, su participación y promoción de la autonomía personal, lo convertían en un estandarte dentro de la famosa "Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia". Hoy es un lugar de incertidumbre, de desencuentros, de objetivos malogrados, de políticas regresivas.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cubrir lo antes posible todas las plazas vacantes de trabajadores según la RPT del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Alcuéscar.

2. Cubrir las plazas vacantes de residentes en el Centro de Atención a Pesonas con Discapacidad Física (CAMF) de Alcuéscar.

3. Dotar al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Alcuéscar de los recursos necesarios para su buen funcionamiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2016.-César Joaquín Ramos Esteban y María Pilar Lucio Carrasco, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/000960

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, para su debate en la Comisión para el Estudio de Cambio Climático.

Exposición de motivos

La Unión Europea establecía, en el año 2008, objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al aprobar el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, y obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 20 % respecto a 1990, para el conjunto de la Unión.

El Gobierno español presentaba, en octubre de 2014, la Hoja de Ruta de los Difusos hasta 2020, que incluye 43 medidas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los denominados sectores difusos (el residencial, el del transporte, el agrícola y ganadero, el de los residuos, los gases fluorados y la industria no sujeta al comercio de derechos de emisión).

La iniciativa, consensuada con sindicatos, organizaciones empresariales, mundo académico, ONG y resto de ministerios y administraciones, se enmarca en la estrategia, tanto en el ámbito internacional como europeo, para que los países se doten de instrumentos para un desarrollo bajo en carbono.

La Hoja de Ruta de los sectores difusos realiza un análisis de posibles escenarios de emisiones a futuro y los compara con los objetivos de reducción del 10 % en 2020 de las emisiones difusas respecto de los niveles de 2005, derivados de la Decisión de reparto de esfuerzos para los Estados Miembros de la UE.

Las medidas propuestas por la Hoja de Ruta para los sectores difusos, adicionales a las ya existentes, permite a España desacoplar crecimiento y emisiones, cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030.

Se ha estimado que la aplicación de las acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con reducciones adicionales de 122 millones de toneladas de CO2 de 2020 a 2030, y una inversión pública de 8.000 millones y privada de 19.000, unas cantidades que generarían 45.000 empleos anuales hasta esa fecha y un ahorro acumulado de 21.000 millones.

El Gobierno ha activado el 80 % de las medidas de la actual hoja de ruta 2020, pero se hace necesaria una revisión y la identificación de nuevas políticas de mitigación tempranas que nos facilite cumplir con lo establecido para 2030.

La Comisión Europea presentó, en enero de 2014, una nueva propuesta que dotaría de continuidad al Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático, con horizonte 2030, y en la que se proponen nuevos objetivos de reducción de emisiones y de energías renovables y se sigue trabajando, con objetivos a largo plazo, con una Hoja de Ruta hacia una economía baja en carbono competitiva en 2050.

La firma y ratificación del Acuerdo de París supondrá, no solo participar activamente en la consecución de un objetivo común en la lucha contra el cambio climático, también, la necesidad de un marco regulador sobre energía y cambio climático de la UE para 2030 más completo, en consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, en el que el Parlamento y el Consejo deberían dar prioridad a las próximas propuestas legislativas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:

- Impulsar una Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética.


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- Participar activa y constructivamente, en coordinación con esta Hoja de Ruta, en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la UE en 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones en Naciones Unidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Educación y Deporte

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, la siguiente pregunta oral al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

181/000037

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputados don Eduardo Javier Maura Zorita y don Javier Sánchez Serna

Dirigida al Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Texto:

¿Tiene su Ministerio la intención de revertir la tendencia de la LOMCE y apoyar en el currículum escolar las enseñanzas plásticas y visuales, haciéndolas materia obligatoria? Estas enseñanzas se hallan actualmente en proceso de relegación, con todas las consecuencias que ello tiene para las y los estudiantes, el profesorado, la ciudadanía y el ámbito de la cultura en su conjunto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2016.-Eduardo Javier Maura Zorita y Javier Sánchez Serna, Diputados.

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