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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 448, de 08/11/2018
cve: BOCG-12-D-448
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
8 de noviembre de 2018

Núm. 448


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003863 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso a la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la promoción de un Ciberespacio seguro ... (Página7)

161/003876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la liberación del Premio Sajárov 2018, Oleg Sentsov, y otros presos políticos y activistas ucranianos encarcelados en la Federación de Rusia ... (Página9)

Comisión de Justicia

161/003841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a solicitar la creación de la Ciudad de la Justicia y de nuevos órganos judiciales para el partido judicial de Cartagena ... (Página10)

161/003875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la adopción de las medidas de refuerzo necesarias del juzgado que instruye la causa de los presuntos delitos de prevaricación y fraude medioambiental en el proyecto gasístico Castor ... (Página12)

Comisión de Interior

161/003855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por el temporal de mediados del mes de octubre de 2018 en la Comunitat Valenciana y otras Comunidades Autónomas ... (Página14)

161/003856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por el temporal los días 20 y 21/10/2018 en la Comunidad Autónoma de Andalucía ... (Página16)

Comisión de Fomento

161/003854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al regreso y recuperación del Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona y viceversa con paradas en Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, Albacete, Almansa, Valencia, Castelló, Salou y Tarragona ... (Página18)


Página 2




161/003879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autopista AP-9 ... (Página19)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/003842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de una Estrategia de Educación Digital ... (Página22)

161/003852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino ... (Página23)

161/003868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la Educación para la Sostenibilidad Medio Ambiental ... (Página24)

161/003878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las Olimpiadas Científicas ... (Página25)

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/003850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino ... (Página26)

161/003857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la subida del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) ... (Página27)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/003837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que es necesario adoptar ante la grave situación de la empresa La Naval ... (Página27)

161/003840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para el fomento de la unidad de mercado ... (Página29)

161/003843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de un Parador Nacional de Turismo en Guadix (Granada) ... (Página29)

161/003849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la declaración de una moratoria industrial a las industrias pesadas contaminantes en la Bahía de Algeciras ... (Página30)

161/003874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el reintegro de los 1.350 millones de euros pagados como indemnización por la rescisión de la concesión administrativa de explotación del proyecto gasístico Castor ... (Página32)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/003838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la actualización de las transferencias del sistema de vedas y su actual modelo de gestión ... (Página33)

161/003860 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de apoyo al sector pesquero del Mar Menor ... (Página35)


Página 3




161/003871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la contención de la Xylella fastidiosa ... (Página36)

161/003877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desarrollo de una política de tierras que garantice la gobernanza responsable y sostenible y que favorezca el acceso justo, así como la incorporación al campo y el relevo generacional ... (Página37)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/003844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de la labor de las Diputaciones Provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social ... (Página40)

161/003846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a garantizar el ejercicio del derecho de manifestación de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español ... (Página41)

161/003847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a seguir impulsando las comisiones bilaterales ... (Página43)

161/003862 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ... (Página44)

Comisión de Transición Ecológica

161/003839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre inundaciones en Riofrío y Venta de Santa Bárbara (Loja-Granada) ... (Página46)

161/003873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la desconexión del crecimiento económico de las emisiones contaminantes y el desarrollo de nuevas competencias profesionales vinculadas a la transición energética ... (Página47)

Comisión de Economía y Empresa

161/003845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la constitución del Consejo General de Colegios de Periodistas y reconocer el papel clave de los periodistas en la actual sociedad de la comunicación ... (Página49)

161/003861 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento del Institut Català de Finances como Establecimiento de Crédito Financiero ... (Página50)

Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/003858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho ... (Página52)

161/003869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la asignación del 0,7 por ciento del Impuesto sobre Sociedades a actividades de interés general ... (Página54)


Página 4




Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/003851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino ... (Página55)

161/003867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los beneficios fiscales de las Academias asociadas al Instituto de España ... (Página55)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/003866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre exenciones en el pago del título de transporte público a acompañantes de personas con discapacidad ... (Página56)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la exención del permiso de conducir D1 para las familias numerosas con 7 o más hijos ... (Página58)

161/003864 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a eliminar un punto negro entre la N-630-A-66 y la Ex-105 en las cercanías de Torremejía (Badajoz) ... (Página59)

161/003872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la cesión de la infraestructura ferroviaria necesaria para la materialización de una ruta ciclista por el litoral de Galicia, de Tui hasta Ribadeo, en el marco del impulso de la red europea EuroVelo ... (Página59)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/003865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de una correcta formación afectivo-sexual ... (Página61)

161/003870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre violaciones de los derechos humanos de los niños y niñas con variaciones de la anatomía sexual ... (Página62)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/001382 Pregunta formulada por la Diputada doña Sara Carreño Valero (GCUP-EC-EM), sobre valoración del Ministerio de Fomento de las alternativas ferroviarias al proyecto de AVE Miranda-Castejón, y en concreto un tren de altas prestaciones en el eje Cantábrico-Mediterráneo ... (Página64)

181/001384 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Marta Escudero Berzal (GP), sobre mantenimiento por el Gobierno de las previsiones de conclusión el año 2019 de las obras de la carretera SG-20 en Segovia iniciadas en el año 2016 ... (Página64)

181/001385 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Postigo Quintana (GP), sobre incidencias con la adjudicataria de las obras de la carretera SG-20 que circunvala Segovia ... (Página65)

181/001386 Pregunta formulada por la Diputada doña María Dolores Marcos Moyano (GP), sobre previsiones acerca de conseguir un tren digno para Extremadura ... (Página65)


Página 5




181/001387 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre consideración de la expropiación de viviendas vacías como un eje fundamental de su anunciado "Pacto Nacional por la Vivienda" ... (Página65)

181/001388 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre medidas "muy importantes" respecto al acceso a una vivienda digna y respecto a los alquileres, que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 ... (Página66)

181/001389 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre fundamentos del anunciado Pacto de Estado por la Vivienda ... (Página66)

181/001390 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ángeles Esteller Ruedas (GP), sobre mantenimiento por el Ministerio de Fomento del compromiso del anterior Gobierno de España de soterrar la línea férrea R2 a su paso por Montcada i Reixac (Barcelona) ... (Página66)

181/001391 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre opinión de AENA sobre su posible participación en un hipotético concurso para gestionar el aeropuerto de Castellón ... (Página67)

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

181/001381 Pregunta formulada por la Diputada doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM), sobre motivo por el que la Secretaría de Estado de Migraciones ha decidido el cese de 92 funcionarios interinos y su sustitución por funcionarios con las mismas condiciones de interinidad y sin formación específica en materia de migraciones, asilo y refugio para tareas que no son temporales ... (Página67)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

181/001383 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que el Gobierno ha modificado las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización que ha provocado la eliminación de las convocatorias territorializadas, dejando sin efecto las específicas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, de Campo de Gibraltar, de Bahía de Cádiz, de Lorca, de las provincias de Soria, Teruel, Jaén, Bizkaia y de las Comunidades Autónomas de Canarias y Extremadura ... (Página67)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

181/001380 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para evitar que los ribazos entre fincas se sigan destruyendo al ser usados como lugar de refugio y reproducción de muchas especies animales ... (Página68)

Comisión de Transición Ecológica

181/001374 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM), sobre medidas para dar cumplimiento a la normativa europea, en relación a la revisión y actualización de los planes hidrológicos de las Islas Canarias (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife) ... (Página68)


Página 6




Competencias en relación con otros órganos e instituciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Comisión de Asuntos Exteriores

244/000001 Plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales del turno de juristas. Ampliación del plazo ... (Página68)

Otros textos

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000012 Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático. Aprobación por la Comisión con modificaciones del Informe de la Subcomisión así como votos particulares presentados ... (Página69)

044/000047 Informe sobre "Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondiente al año 2017". Dictamen de la Comisión ... (Página122)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003863

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso a la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores en la promoción de un Ciberespacio seguro, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

La ciberseguridad es un ámbito declarado de especial interés en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional.

El protagonismo de la comunicaciones a través de redes sociales como medio de difusión y contacto entre grupos pertenecientes al llamado terrorismo yihadista, el uso de ciberagentes para influir en procesos electorales, desestabilizar países europeos o fomentar a través del trinomio información-desinformación-contrainformación regímenes extremistas y populistas; la característica de la delincuencia cibernética de originarse en un lugar fuera de las fronteras, y en ocasiones muy alejado del lugar donde tiene efecto el delito, con la consiguiente dificultad de operación legal y policial o la participación de personal al servicio de un Estado en estas operaciones, son solo una muestra de la imperante necesidad de potenciar la colaboración internacional en materia de ciberseguridad.

A la dificultad de control por parte de un poder exclusivamente nacional sobre este ambiente global se une la escasez de normativa internacional, en parte porque no afecta por igual a todos los países, porque algunos de ellos tienen problemas que consideran más acuciantes relacionados con asuntos que no llevan el prefijo ciber y, finalmente, porque otros países, escasamente democráticos tienen interés en poder utilizar estas vulnerabilidades en su beneficio. Incluso en el mejor de los casos, en el que se pueden aportar evidencias técnicas de una situación de riesgo o de un delito, es difícil poder adoptar medidas coercitivas o sanciones ante el actor causante si este se halla fuera de las fronteras del propio país o de países con los que se tenga algún tipo de acuerdo normativo, como puede ser el ámbito de la Unión Europea.

La Agenda del Secretario General de la ONU en desarme otorga una gran importancia a los riesgos cibernéticos, a los que ahora une los surgidos de los avances en Inteligencia Artificial, la necesidad de que siempre haya un humano controlando en último término las decisiones que puedan tomar las máquinas como forma de que el Derecho Internacional Humanitario no pierda su sentido o el uso de la Inteligencia Artificial en el campo bélico. En septiembre de 2017 la ONU estrenó el centro de monitoreo de Al y robots en La Haya con el objetivo de recolectar información desde cómo influyen estas tecnologías en el desempleo hasta el uso delictivo de la Inteligencia Artificial, pero también con el fin de explorar cómo la nueva tecnología puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

En este punto, la cooperación internacional es imprescindible para poder llegar a tener un marco efectivo real de lucha contra las amenazas más graves a través la adopción de convenios internacionales


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que permitan una armonización legislativa, cooperación judicial y policial internacional más efectiva en la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo.

El Gobierno del Partido Popular aprobó en 2013 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y un año después el Plan Nacional de Ciberseguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores es el encargado de coordinar el plan n.º 8 aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad, que tiene como objetivo "promover un ciberespacio internacional seguro y confiable en apoyo a los intereses nacionales", cometido que llevó a la creación del cargo de Embajador en Misión Diplomática Especial para la Ciberseguridad en octubre de 2014, hoy convertido en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad.

La diplomacia española ha mostrado repetidamente su interés y preocupación en el fomento de la cooperación internacional en materia de ciberseguridad y en iniciativas multinacionales a favor de un ciberespacio más seguro, siendo pionera en la promoción internacional en este ámbito. Ya en julio de 2014 fue uno de los principales promotores del encuentro del Grupo de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas sobre Avances en el campo de la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de Seguridad Internacional y, más recientemente, en noviembre de 2016, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue el organizador de la reunión "Ciberseguridad y Paz y Seguridad Internacionales", realizada con arreglo a la conocida como "fórmula Arria" de la ONU.

Esta inercia no debe ser desaprovechada, al contrario, tiene que ayudar a un impulso efectivo de la esfera internacional de la ciberseguridad.

En consonancia con esta postura, el Partido Popular ya presentó en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 el Objetivo Operativo 2.5 - Promover un ciberespacio internacional seguro y confiable en apoyo a los intereses nacionales, dentro del Objetivo Estratégico 2. Potenciar la presencia e influencia de España en los procesos de definición de la política de paz y seguridad de las principales organizaciones internacionales, adaptándola a los nuevos desafíos.

En otros campos también complejos y de elevado riesgo para la seguridad global y en los cuales cualquier solución efectiva exige también un compromiso internacional, como la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva: biológicas, químicas, nucleares o radiológicas, la colaboración internacional se ha mostrado efectiva e indispensable a la hora de tener éxito en la consecución de acuerdos y tratados que permitan disminuir el riesgo provocado por la amenaza a niveles mínimos e incluso eliminarla a efectos prácticos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Potenciar el compromiso internacional de España en la consecución de un ciberespacio seguro y confiable, en el impulso a una política internacional en el ciberespacio, en especial en el marco de la ONU.

- Promover el reconocimiento de un ataque cibernético como un ataque contra los Estados en el sentido descrito en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y que, por tanto, tuviera cabida en la Carta de las Naciones Unidas y se reconociera el derecho a una respuesta en consonancia con lo establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

- Fortalecer el impulso en el ámbito multilateral del consenso para que los Estados acuerden normas sobre protección de infraestructuras críticas y desarrollen las capacidades necesarias para la protección de los servicios esenciales.

- Fomentar y desplegar la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores en el desarrollo de todas aquellas medidas que tengan como fin, entre otros, conseguir estándares globales, expandir el sistema jurídico internacional y desarrollar y promover las mejores prácticas frente a los ataques cibernéticos.

- Dotar de personal suficiente de apoyo para ayudar al desarrollo de su actividad, al representante de rango de Embajador en Misión Diplomática Especial para la Ciberseguridad.

- Teniendo en cuenta que el ciberespacio se superpone sobre los conceptos de seguridad interior y exterior, asegurar la colaboración interministerial en aquellos asuntos que, situados dentro de las atribuciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, puedan ser transversales a otros Ministerios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la liberación del Premio Sajárov 2018, Oleg Sentsov, y otros presos políticos y activistas ucranianos encarcelados en la Federación Rusa, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El director ucraniano Oleg Sentsov, de 41 años, fue condenado a una sentencia de veinte años de cárcel en un campo de detención ruso. En mayo de 2014, Sentsov fue arrestado, apenas unos meses después de la invasión rusa en la provincia ucraniana de Crimea.

Sentsov es de etnia rusa, aunque nació en Crimea y, como muchos de sus compatriotas, tiene nacionalidad ucraniana. Sin embargo, pese a que la invasión rusa sobre Crimea se presentó como una iniciativa para proteger la seguridad de los rusos étnicos de la provincia ucraniana, Sentsov defiende su ciudadanía ucraniana y denuncia la ilegalidad que supuso, tanto respecto al orden constitucional ucraniano como al Derecho Internacional, esa invasión. Además, Sentsov participó en las protestas que desembocaron en la renuncia del Presidente pro-ruso Viktor Yanukovych y que proporcionaron la excusa para que Moscú decidiera llevar a cabo la invasión de Crimea.

Tras la ofensiva rusa en Ucrania, Sentsov participó activamente en el movimiento de voluntarios que ofrecían asistencia y apoyo a las tropas ucranianas, proporcionando alimento y equipamiento en el frente. Por esto, Sentsov fue acusado de terrorismo por estar involucrado en el incendio de la sede no oficial del partido ruso que gobierna en Crimea, Rusia Unida, y por participar en una conspiración para volar un monumento erigido en honor a Lenin. Por lo primero, Sentsov fue acusado de delitos contra la propiedad; mientras que las acusaciones sobre el monumento fueron puramente políticas, en reprimenda por intentar derribar un símbolo que, para los ucranianos, representa las aspiraciones imperialistas de Rusia. Sin embargo, la acusación no fue capaz de presentar pruebas de la participación de Sentsov en tal conspiración, así como tampoco de que un supuesto plan de destrucción de un monumento de Lenin fuera considerado como terrorismo.

Sentsov no reconoció el juicio desde el primer momento, puesto que la justicia rusa estaba procesando, como potencia ocupadora, a un ciudadano ucraniano que había sido detenido en territorio ucraniano y por actos cometidos en Ucrania. El propio Sentsov utilizó su juicio para evidenciar que existía una invasión, que entonces Rusia negaba, y para reafirmar el hecho de que no esperaba que la justicia de una potencia ocupadora fuera realmente justa con los ciudadanos del territorio ocupado.

Así, Sentsov fue condenado a permanecer veinte años en una prisión de alta seguridad del Círculo Ártico, a más de 3.000 kilómetros de Crimea. Este es un castigo que, en Rusia, ha sido principalmente utilizado contra los presos de conciencia más odiados por el Kremlin, como el oligarca Mikhail Khodorkovsky, que pasó más de diez años en prisión.

Con motivo de la atención internacional que recibía Rusia debido al Mundial de Fútbol de 2018, que muchas organizaciones de derechos humanos consideraban como un lavado de cara para el gobierno de Vladimir Putin, Oleg Sentsov comenzó una huelga de hambre. El motivo: la liberación de todos los presos de conciencia ucranianos que el gobierno ruso ha ido encarcelando desde la invasión del país en 2014. Sin embargo, no pide su propia liberación, por lo que las organizaciones internacionales de derechos humanos afirman que está dispuesto a morir.

Tras 90 días en huelga de hambre, la salud de Sentsov se está deteriorando y su vida ya corre peligro. Pese a que las voces en favor de la liberación de Sentsov y del resto de presos de conciencia ucranianos han sido cada vez más numerosas en los últimos meses, la Unión Europea ha hecho un llamamiento a las autoridades rusas para que Sentsov pueda recibir un trato médico apropiado. A su vez, tanto organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Memorial, y autoridades como el Presidente Emmanuel Macron han instado a Rusia a su liberación o, al menos, a contemplar una solución humanitaria para su estado.

El 25 de octubre de 2018, el Parlamento Europeo concedió su prestigioso Premio Sajárov a Oleg Sentsov por haberse convertido en un símbolo de la defensa de los derechos y libertades fundamentales frente a los abusos del Kremlin.


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Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:

1. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la liberación de los presos de conciencia ucranianos que han sido detenidos y encarcelados como resultado de la invasión rusa de Crimea.

2. Facilitar la liberación de Oleg Sentsov, Premio Sajárov 2018, para que pueda recibir tratamiento médico adecuado y poder así salvar su vida.

3. Trabajar, en las relaciones bilaterales con el Kremlin, para mejorar la situación de los presos en cárceles rusas, asegurando un cumplimiento estricto de sus derechos humanos y de la Resolución 45/111 (1990) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Principios Básicos para el Tratamiento de Prisioneros.

4. Elevar, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la situación en la que se encuentran los presos de conciencia ucranianos en Rusia para mejorar las condiciones a las que están sometidos en su privación de libertad y garantizar, si procede, su excarcelación.

5. Aumentar la presión sobre el gobierno ruso, tanto de forma bilateral como en el seno de las instituciones de la Unión Europea, para que se restituya de forma pacífica la integridad territorial de Ucrania, de acuerdo al orden constitucional ucraniano y al Derecho Internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Justicia

161/003841

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a solicitar la creación de la Ciudad de la Justicia y de nuevos órganos judiciales para el partido judicial de Cartagena, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El partido judicial de Cartagena está compuesto por los municipios de Cartagena, La Unión y Fuente Álamo, que engloban en su conjunto una población próxima a las 300.000 personas, lo que viene a suponer cerca del 20 % de la población total de la Región de Murcia, si bien en dicho ámbito territorial se concentra el 30 % de la actividad económica que se desarrolla en esta Comunidad Autónoma.

En la actualidad, la planta judicial en servicio en Cartagena está compuesta por seis juzgados de primera instancia (uno con competencias exclusivas en familia), cinco juzgados de instrucción (uno dedicado a violencia de género), tres juzgados de lo penal, tres juzgados de lo social, un juzgado de lo contencioso administrativo y la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia.

Sin embargo, la imposibilidad física del Palacio de Justicia existente en la calle Ángel Bruna para acoger las crecientes demandas de nuevos órganos judiciales ha hecho que en los últimos años varios de estos juzgados hayan sido trasladados a otras dependencias fuera del mismo, lo que al momento presente ha ocasionado que dichos órganos se encuentren repartidos en inmuebles sitos en tres emplazamientos distintos de la ciudad, con las consiguientes incomodidades que para funcionarios, profesionales y justiciables ocasiona tal dispersión judicial.


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A ello sumémosle el colapso que experimentan los órganos judiciales ya existentes por el elevado volumen de asuntos que tramitan, muy especialmente en el ámbito del derecho privado, lo que exige con carácter de urgencia la inmediata puesta en servicio del Juzgado de Primera Instancia Número Siete, con competencias previstas también en materia de familia, ya creado para la ciudad y con las obras de adecuación del local en el que se va ubicar dejadas en fase de contratación por importe de 170.000 euros por el anterior Gobierno del Partido Popular.

En idéntico sentido, se convierte en ineludible la creación de cuatro nuevos juzgados de primera instancia para atender la alta litigiosidad existente, así como de manera muy especial la creación de un juzgado de lo mercantil, que sería el tercero de la Región y cuya ubicación necesariamente debe estar en Cartagena y no en Murcia, por mor del elevado tráfico de índole comercial que existe en toda la comarca y que justifica su creación en la segunda ciudad en importancia de la Comunidad Autónoma, tal y como ya ha ocurrido previamente en Gijón respecto a Oviedo o en Elche en relación a Alicante, por citar dos ejemplos iguales al del presente caso.

Y a tal fin, con el objeto de que este partido judicial pueda disponer de la infraestructura que necesita a nivel de medios materiales y humanos, se convierte en imprescindible el abordar de inmediato y sin más dilaciones el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, pues solo así se podrá dar este esencial servicio de un Estado de Derecho en las debidas condiciones y con los recursos necesarios inherentes al mismo.

Por tal razón, desde el Ministerio de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió incluir la dotación presupuestaria necesaria para empezar este proyecto en 2019 y se iniciaron con tal propósito las gestiones con el Ayuntamiento de Cartagena, al objeto de que por parte del municipio se cedieran los terrenos necesarios para llevar a buen puerto una iniciativa de esta envergadura, tal y como ya habían hecho previamente los consistorios de Murcia y de Lorca para la ubicación de sus nuevas sedes judiciales. Incluso se entablaron conversaciones interministeriales con los responsables del Ministerio de Defensa para estudiar el posible emplazamiento del complejo en los terrenos de la Factoría de Subsistencias de la Armada, sitas en la Avenida Reina Victoria de la ciudad departamental.

Sin embargo, han pasado ya cinco meses desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y nada más se ha sabido al respecto, provocando la lógica alarma e inquietud en la sociedad cartagenera en general y en el colectivo de profesionales y funcionarios vinculados a la administración de Justicia en particular, muy en especial a la vista del reciente acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos del que desconocemos si incluirá esta vital inversión para atender las necesidades judiciales presentes y futuras de toda la comarca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 una partida económica suficiente para iniciar la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena cumpliendo con los compromisos ya asumidos por el Ministerio de Justicia.

2. Gestione la disponibilidad de los terrenos precisos para acometer tal infraestructura, en un emplazamiento adecuado para atender en las debidas condiciones las necesidades de la ciudad y de la comarca del partido judicial de Cartagena.

3. Cree un nuevo juzgado de lo mercantil en la Región de Murcia, con ubicación en la ciudad de Cartagena.

4. Acelere la puesta en marcha del nuevo juzgado de familia de la ciudad, así como la creación de cuatro nuevos juzgados de primera instancia para acabar con el colapso que actualmente padecen los órganos de dicho orden jurisdiccional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003875

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Proposición no de Ley sobre la adopción de las medidas de refuerzo necesarias del juzgado que instruye la causa de los presuntos delitos de prevaricación y fraude medioambiental en el proyecto gasístico Castor.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia, excepto el punto 2, al referirse el mismo a cuestiones propias de la competencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de las medidas de refuerzo necesarias del juzgado que instruye la causa de los presuntos delitos de prevaricación y fraude medioambiental en el proyecto gasístico Castor, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El Juzgado de Instrucción n.º 4 de Vinaròs tramita las Diligencias Previas n.º 140/2015 incoadas en virtud de denuncia formalizada en su día por la Fiscalía de Medio Ambiente de Castelló.

Mediante auto de fecha 21 de junio de 2015, la jueza instructora acordó la citación en calidad de imputados (hoy investigados) de tres ex directores generales del Ministerio de Industria y Energía, así como de seis personas particulares vinculadas al proyecto gasístico Castor, en situación jurídica de "hibernación" con paralización completa de las actividades desde el mes de octubre de 2013. En dicha resolución, y tal como solicitaba el Ministerio Fiscal, se expone que los hechos descritos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación continuada en concurso con fraude medioambiental.

En enero de 2016, el juzgado calificó la causa como compleja y al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordó una prórroga de 18 meses para poder continuar la investigación sin riesgo de prescripción ni caducidad legal. Al mismo tiempo, amplió la relación de sujetos investigados hasta un total de dieciocho, entre ellos varios funcionarios del instituto Geológico Minero Español y los presidentes de las concesionarias ESCAL UGS, S.L., y ACS, S.A., Sres. Rafael del Potro y Florentino Pérez, al deducirse de lo investigado que existían contra ellos indicios racionales de criminalidad suficientes para ser sometidos a juicio.

Una vez recibida declaración a todos los investigados, y hallándose pendiente la práctica de diversas pruebas de naturaleza testifical y pericial, en fecha 30 de mayo de 2017 se acordó una nueva ampliación del plazo legal para dictar auto de transformación de las diligencias previas a procedimiento abreviado, conforme a lo previsto en el artículo 775 de la LECRIM, y así poder dictar el preceptivo auto de apertura de juicio oral. El nuevo plazo finaliza el próximo mes de noviembre de 2018.


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Durante la tramitación de la causa, que dura ya más de 3 años, se han producido en el citado juzgado relevantes incidencias de naturaleza logística en el ámbito de recursos humanos, como son la reiterada situación vacante del cargo de juez y de Secretario/a Judicial, hoy denominados por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), Letrados de la Administración de Justicia. Ello ha comportado notables retrasos en la instrucción, al acumularse a tal anómala situación el traslado de varios funcionarios adscritos al juzgado. La situación actual de colapso por exceso de carga de trabajo es pública y notoria en el partido judicial afectado, con el grave perjuicio que provoca en la correcta Administración de Justicia.

A pesar de las reiteradas peticiones cursadas por el Juzgado afectado y por el Decanato al Consejo General del Poder Judicial, en el sentido de que se adopten medidas urgentes de refuerzo para resolver las causas de dicha acumulación excesiva de asuntos en curso, el órgano de dirección del Poder Judicial no ha acordado medida alguna, lo que está comportando el archivo de numerosos asuntos por prescripción derivada de la prolongada paralización procesal.

En concreto, en las DP 140/2015 relativas al caso Castor, el riesgo de archivo por omisión de actividad judicial en el proceso es inminente, lo que conllevaría la impunidad de todos los hipotéticos responsables de un presunto fraude que en octubre de 2014 significó una deuda pública de más de 1.350 millones de euros, indebidamente cobrada por algunos de los investigados.

El pasado 21 de diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional dictó sentencia declarando la nulidad -por inconstitucionalidad- de determinadas cláusulas del Real Decreto-ley 13/2014, título administrativo que justificó el pago de la citada indemnización en grave perjuicio de los intereses generales. En consecuencia, es imprescindible que la causa penal continúe y se pueda formalizar escrito de acusación pública a la mayor urgencia posible, única manera de depurar las responsabilidades legales contraídas por los presuntos culpables.

Por último, debemos recordar que el pasado 24 de septiembre de 2018, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, sin oposición de ningún partido político, la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria para dirimir las responsabilidades políticas de los Altos cargos ministeriales implicados en la adjudicación del citado proyecto Castor, lo que pone de manifiesto que el máximo representante de la soberanía popular también ha apreciado, indiciariamente, la existencia de graves irregularidades que merecen ser depuradas.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Impulsar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la adopción de las medidas de refuerzo necesarias para que el Juzgado Instructor n.º 4 de Vinaròs pueda concluir, con carácter urgente, la tramitación de la causa DP 140/2015, en su día incoada a instancias de la Fiscalía de Castelló, contra los presuntos responsables de los delitos de prevaricación y fraude medioambiental relacionados con el proyecto gasístico Castor.

2. [...]"

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.- Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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Comisión de Interior

161/003855

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por el temporal de mediados del mes de octubre de 2018 en la Comunitat Valenciana y otras Comunidades Autónomas.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de comparecencia del Gobierno contenida en el punto 8 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el temporal de mediados del mes de octubre de 2018 en la Comunidad Valenciana y otras Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Como consecuencia de un embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera en el Mediterráneo, originado por los restos de los huracanes Leslie y Michael, vulgarmente conocido como gota fría, el pasado jueves 18 de octubre se iniciaba un temporal de lluvia y viento. Además, la situación anticiclónica provocaba que vientos de componente marítima cargados de humedad incidieran sobre la costa tras atravesar un Mediterráneo todavía caliente en esta época del año.

Ambas circunstancias atmosféricas producían un efecto multiplicador de la inestabilidad, prevista por la Agencia Estatal de Meteorología, con aviso de intensas lluvias al este de la península durante la segunda mitad de la semana. Sólo quedaba observar la dirección del viento para determinar qué zonas serían las más afectadas por las precipitaciones.

Con predominio del viento del sureste, la zona más afectada por las precipitaciones era la mitad norte de la Comunitat Valenciana. Varios municipios de Castellón superaban los 240 litros por metro cuadrado en 24 horas, como Benicarló o Benlloc, y en Almenara, con 164 litros por metro cuadrado de precipitación que se han registrado en apenas tres horas.

Los incidentes se acumulaban en el transcurso de las horas. Almenara permanecía temporalmente incomunicada por carretera y ferrocarril. Las inundaciones y riadas se acumulaban. Los rescates de personas se sucedían en Benicarló y también en Peñíscola, Nules, Onda, La Vall d'Uixó y Almenara. En Burriana se registraban precipitaciones de 50 litros por metro cuadrado en pocas horas, con realojo de varios vecinos, al igual que en Moncofa. Los efectos también se notaban en el sur de Cataluña y Aragón, Baleares y este de Castilla-La Mancha con numerosas inundaciones y problemas para la movilidad.


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El viernes 19, una nueva tromba de agua afectaba esa tarde a las localidades de Peñíscola, Benicarló, Vinaròs, donde los vientos llegaron a 90 kilómetros a la hora, Alcossebre y Alcalá de Xivert, se recogían 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la población de Alcanar, Tarragona, y más de 250 litros en 24 horas en el Parc Natural dels Ports.

Algunos expertos consideran que la intensa gota fría que ha afectado a Península y Baleares durante estos días ha sido el peor episodio de lluvias torrenciales de los últimos diez años en España. Han sido cuantiosos los desperfectos y daños, numerosas las crecidas y se han alcanzado cifras sin precedentes. En Vinaroz, solo durante este episodio, se habían acumulado casi 400 litros.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el Informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones producidas en la Comunidad Valenciana y en varias provincias limítrofes entre los días 18 y 21 de octubre de 2018, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, de los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, y en concreto:

- Conceder ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente.

- Aprobar las medidas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

- Realizar la compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

- Aprobar las correspondientes ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

- Analizar la posible apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

- La aplicación de medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

8. Comparecer en el Congreso para dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003856

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por el temporal los días 20 y 21/10/2018 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de comparecencia del Gobierno contenida en el punto 8 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el temporal los días 20 y 21 de octubre de 2018 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La madrugada del sábado 20 octubre se activaba el aviso rojo para las comarcas de Sol y Guadalhorce, en Málaga, y la alerta naranja, de riesgo importante, por precipitaciones en Murcia, Almería, Granada y resto de Málaga. El temporal de lluvia y viento que azotaba la costa este mediterránea, desde mediados de semana, se empezaba a desplazar hacia el suroeste con probabilidad de precipitaciones fuertes en el litoral y este de Andalucía oriental.

Hasta una veintena de municipios malagueños daban aviso de incidentes por anegaciones, desbordamientos e incidencias en la red de carreteras. Es de destacar el cierre de la A-92 en Osuna, en la provincia de Sevilla, cortada en varias ocasiones a causa de las inundaciones.

Algunos de los municipios malagueños más afectados son Almargen, Antequera, Ardales, Carratraca, Casarabonela, Fuente de Piedra, Humilladero, Sierra de Yeguas y Teba, siendo la zona de Campillos una de las más afectadas. En este último municipio, un centenar de vecinos tenían que ser realojados al quedar sus viviendas anegadas y una veintena de jóvenes rescatados del tejado de una cochera donde habían quedado atrapados. En Ardales habían caído casi 400 litros por metro cuadrado en doce horas.

Hay que lamentar el fallecimiento del bombero desaparecido en la localidad malagueña de Campillos mientras se desplazaba para realizar una actuación a causa de las fuertes lluvias.

También se atendían numerosas incidencias por efectos de las precipitaciones con distinto nivel de afección en trece municipios de la provincia de Sevilla; lo más reseñable en Osuna, El Rubio, Aguadulce y Martín de la Jara. En La Roda de Andalucía, pueblo de Sevilla lindante con la provincia de Málaga, la crecida del río Yeguas provocó importantes inundaciones en la zona de la Estación. Numerosas incidencias en Morón de la Frontera, Marchena, Los Corrales, Puebla de Cazalla, Montellano, Badolatosa y Pedrera, en la Sierra Sur.


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El domingo 21 se ampliaba el aviso rojo por lluvias en las comarcas de Ronda y Antequera. Los 232 litros por metro cuadrado caídos en Ronda obligaban a cortar el paso por el Puente Viejo tras la caída de un muro de contención y se anegaban los Baños Árabes, considerados los mejor conservados de la época musulmana.

La Agencia Estatal de Meteorología desactivó a media tarde del domingo los avisos por riesgo de lluvias en la zona.

En resumen, el temporal de lluvia en Andalucía deja un fallecido, problemas en la circulación, derrumbes de muros, rescates, evacuaciones y diversas incidencias, cultivos y caminos rurales anegados y cuantiosos daños todavía por cuantificar, principalmente en Sevilla y Málaga, en uno de los peores episodios de lluvias torrenciales de los últimos diez años en España.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el Informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones en Andalucía entre los días 20 y 22 de octubre de 2018, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, de los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones, y en concreto:

- Conceder ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente.

- Aprobar las medidas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

- Realizar la compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

- Aprobar las correspondientes ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

- Analizar la posible apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

- La aplicación de medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.

6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.

8. Comparecer en el Congreso para informar del grado de la ejecución de las medidas adoptadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Fomento

161/003854

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de Fomento, relativa al regreso y recuperación del Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona y viceversa con paradas en Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, Albacete, Almansa, Valencia, Castelló, Salou y Tarragona.

Exposición de motivos

El 2 de agosto de 2015 se suprimió el Tren Hotel Granada-Barcelona, en cuyo itinerario también se prestaba servicio a las estaciones de Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, Albacete, Almansa, Valencia, Castelló, Salou y Tarragona. Era un tren que se llenaba todas las noches y su supresión no tuvo nada que ver con las obras del AVE a Granada, sino que tuvo que ver con otras obras puntuales para el corredor Mediterráneo en la provincia de Castellón. Esas obras se terminaron, pero el tren no se restableció.

Este tren era un medio de transporte público, seguro, ecológico, social, eficiente y que vertebraba nuestro país, y fue eliminado con más de 80 % de ocupación, junto a la promesa incumplida de su reposición tras las obra. No hay justificación técnica ni económica para que no vuelva a implantarse una línea que se ha demostrado necesaria.

Se ha comprobado la necesidad que tiene nuestro país de generar una red complementaria a la de la Alta velocidad, apoyada en las redes de tren convencional existentes. La propia Unión Europea (Tribunal de Cuentas de la UE en el mes de junio de 2018) ha puesto de manifiesto la ineficacia y la falta de sostenibilidad de la política de infraestructuras de los últimos años basada en la Alta Velocidad y que ha potenciado la conexión de algunas ciudades y, sin embargo, ha dejado aisladas a otras muchas poblaciones. Por ello apoyar las líneas convencionales, como el Tren Hotel Alhambra, para su recuperación y mejora supone aumentar la integración del ferrocarril en la península y la articulación territorial.

La nueva política de infraestructuras debe suponer una nueva sensibilidad hacia el territorio y dar un nuevo rumbo a la actual dinámica de abandono de las líneas ferroviarias tradicionales y con un fuerte arraigo social. Para el actual Gobierno la reposición del Tren Hotel Granada-Barcelona debería ser el cumplimiento de una autoexigencia, porque ya es hora de que el Gobierno central recupere la conexión ferroviaria entre Granada y Barcelona a través del tren hotel de Renfe suprimido en 2015 y que el Ministerio de Fomento y Renfe deben dar la cara ante la sociedad poniéndolo en funcionamiento de nuevo.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Recuperar el Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona, suprimido el 2 de agosto del 2015, antes de 2019."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Sergio Pascual Peña y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/003879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la autopista AP-9, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La autopista AP-9 entre Ferrol y la frontera portuguesa es una autopista de peaje de 217,7 km de longitud integrada en la Red de Carreteras del Estado.

AUDASA (Autopista del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.), es la titular de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista, adjudicada el 17 de agosto por Real Decreto 1955/1973.

Esta autopista de titularidad estatal abarca una parte muy importante del territorio gallego y es una vía vertebradora que conecta toda la franja atlántica y cinco de las siete ciudades gallegas.

Con la finalidad de abordar toda la problemática de la AP-9, de vital importancia para la movilidad en Galicia, fue creada en la etapa de Gobierno del Partido Popular una Comisión de Seguimiento entre el Ministerio de Fomento y la Xunta para la adopción de medidas relacionadas con la gestión de la autopista. Esta Comisión se reunió ya en tres ocasiones, la última recientemente, el 23 de enero y gracias a esa Comisión asumió el Estado los gastos en los que venía incurriendo la Xunta de Galicia desde hace doce años por la bonificación de los tramos A Coruña-A Barcala y O Morrazo-Vigo.

También en la etapa anterior se puso en marcha la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago. Lamentablemente, existen ahora en la etapa de Gobierno socialista, reticencias a convocar esa Comisión, desoyendo las reiteradas peticiones de la Xunta.

Pese a los avances antes mencionados en esta autopista, nos encontramos con una serie de problemas y de actuaciones pendientes de resolver, algunas de las cuales abordamos en esta Proposición no de Ley.

- Subida de Peajes.

Existe una gran preocupación en Galicia sobre la prevista nueva subida de los peajes de la AP-9 como consecuencia del Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, que aprobó el convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico (AUDASA), por el que se aumentarían el número de carriles de la AP-9 en los tramos Santiago Norte-Santiago Sur y Enlace de Cangas-Enlace de Teis. Dicho convenio estableció un aumento extraordinario de tarifas del 1 % anual y durante veinte años. Una decisión del Gobierno de Zapatero, 48 horas antes de la celebración de las elecciones generales y siendo José Blanco ministro de Fomento.

Una decisión desacertada, ya que lo razonable hubiera sido que esas obras de ampliación y mejora se hubieran financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no mediante nuevos incrementos de peaje a los usuarios.

Contrasta esta decisión con otras tomadas en febrero de 2013 cuando siendo ministra de Fomento Ana Pastor se aprobó un Convenio para el establecimiento de rebajas de peaje en el recorrido Pontevedra-Vigo. De este modo desde el 13 de febrero de 2013 para los usuarios de vehículos ligeros que cumplen los requisitos es gratuito el viaje de vuelta en los recorridos Pontevedra-Vigo, Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Viaboa o Rande-Vigo.

- Peaje Redondela.

La supresión del peaje entre Vigo y Redondela es una reivindicación del conjunto del tejido social, político y empresarial de la comarca de Redondela, y muy especialmente de la localidad de Chapela, principal población afectada por la reciente ampliación de la capacidad de la AP-9.

El Parlamento de Galicia acordó, por unanimidad, instar a la Xunta de Galicia a plantear en el marco de la Comisión para la gestión de la AP-9 "fórmulas para suprimir el peaje de Rande en condiciones de uso equiparables al tramo de la AP-9 comprendido entre Vigo y O Morrazo".


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En la reunión de esa comisión, celebrada el 23 de enero de 2018, la Xunta de Galicia dio cumplimiento a ese mandato parlamentario, y el entonces Ministro de Fomento anunció el comienzo de las gestiones para eliminar ese peaje cuyo fin comprometió en el entorno del pasado verano.

Tras la moción de censura que llevó a la Presidencia del Gobierno a Don Pedro Sánchez, el nuevo ministro de Fomento, el Sr. Ábalos, cuestionó, con argumentos que se acreditaron falsos, el trabajo realizado por el anterior ejecutivo, anunciando el aplazamiento "sine die" del fin del peaje de Rande.

Resulta indispensable que el nuevo ejecutivo cumpla lo comprometido y adopte las decisiones necesarias para acordar la gratuidad del peaje entre Vigo y Redondela.

- Chapela.

El Parlamento de Galicia debatió y aprobó, en distintas ocasiones, la necesidad de establecer distintas medidas que minimizaran, paliaran y compensaran los inconvenientes que sufren los vecinos de Chapela, derivados de la ejecución de las obras de ampliación de la AP-9 a su paso por esta población, radicada en el Ayuntamiento de Redondela.

A pesar de que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y cuyo ministro de Fomento era José Blanco, aprobó el Real Decreto 1733/2011, por el que se aprobaba el convenio de ejecución de la ampliación de la capacidad de la AP-9, sin contemplar ninguna medida compensatoria o correctora, la posterior actuación del Ayuntamiento de Redondela en defensa de los intereses de sus vecinos consiguió revertir esa situación, consiguiendo el compromiso de la concesionaria respecto a la ejecución de distintas actuaciones compensatorias.

La ejecución material de estas actuaciones precisa de una tramitación previa, realizada en su totalidad durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, que finalizaba con el informe del Consejo de Estado sobre la adenda que contiene las obras concertadas por el Ayuntamiento de Redondela y Audasa. Una vez completado ese último trámite, el pasado 27 de mayo, solo restaba la aprobación de la dicha adenda en Consejo de Ministros.

Desgraciadamente para los vecinos de Chapela, la moción de censura al Presidente Rajoy, votada el pasado 1 de junio, impidió que el anterior Gobierno de España sometiera a la consideración del Consejo de Ministros esta cuestión, y el nuevo Ejecutivo presidido por Don Pedro Sánchez aún no encontró ocasión para completar este trámite, imprescindible para que se puedan concretar estas actuaciones, de gran importancia para los vecinos de Chapela.

- Enlace de Buenos Aires en Vigo.

La Xunta de Galicia lleva tiempo emplazando al Ayuntamiento de Vigo para que defina, en un documento técnico completo, su propuesta de integración urbana de la autopista AP-9 en la ciudad.

A pesar de que el Ayuntamiento de Vigo está defendiendo una transformación del trecho final de la autopista, la Xunta no conoce de su propuesta más que un "bosquejo", definido como tal por el propio Ayuntamiento.

Sin duda, la transformación del trecho final de la AP-9 en Vigo es una actuación favorable para la ciudad, y por ello la Xunta la puso sobre la mesa en la primera reunión de la comisión conjunta sobre la AP-9 que se celebró el pasado mes de febrero. En esa reunión, los representantes del Gobierno gallego y del Ministerio de Fomento coincidieron en la necesidad de conocer el planteamiento municipal sobre esa actuación, lo que fue solicitado al Ayuntamiento.

La propuesta enviada no fue elaborada por el Ayuntamiento y s?lo aborda la remodelación del enlace de Buenos Aires, sin reparar en la conversión en urbano del trecho de la autopista. Es, además, una propuesta insuficiente para definir la integración de la AP-9 en la trama urbana, ya que carece de una evaluación de las consecuencias que tendrían en el tráfico las intersecciones, en la capacidad de la propia autopista y en la seguridad viaria.

El documento remitido a la Xunta por el Ayuntamiento de Vigo no recoge las demandas de los vecinos de Teis ni, como defienden estos, cuenta con un estudio de tráfico que la Xunta considera imprescindible.

- Enlace en Pontevedra-Nudo Bomberos.

En octubre de 2015, el Ministerio de Fomento, dirigido por Ana Pastor, aprobó el expediente de información pública y el proyecto de trazado de la actuación "Remodelación del Enlace de Pontevedra Norte" (Nudo de Bomberos) de la Autopista AP-9. Un proyecto que incluye dos nuevos ramales para


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mejorar el tráfico Pontevedra-Santiago y Vigo-Pontevedra y se duplica la sección del paseo Domingo Fontán. En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se recoge una partida de 1 millón de euros para licitar estas obras de remodelación del enlace de Pontevedra Norte-Nudo de Bomberos.

- Conexión con la Vía Artabra.

La Vía Ártabra es una vía fundamental para el área metropolitana y en ese sentido el Gobierno de la Xunta puso en servicio dos trechos de la vía Ártabra (7,96 km de tronco más 1,78 km de la variante de Oleiros y 42 millones de euros) en plena crisis y recesión económica.

La conexión de la Vía Ártabra con la AP-9 es imprescindible para el completo funcionamiento de esta vía de altas prestaciones, para garantizar los movimientos de los ayuntamientos de Oleiros, Sada y Cambre hacia Coruña.

La Xunta de Galicia, en el año 2010, redactó un estudio de movilidad que determinó que en primer lugar se deberían priorizar las conexiones de la Vía Ártabra que habían tenido origen y destino en la AP-9, dejando para una fase posterior la conexión con la autovía A6, ya que tendría una mayor captación de tráfico.

El Gobierno gallego había previsto licitar de forma inmediata la prolongación de la Vía Ártabra desde la N-Vl hasta la AP-9, con una inversión de 35 millones de euros, y con 4 millones de euros consignados en los Presupuestos de la Xunta para 2018.

Para eso resulta imprescindible contar con la autorización del Ministerio de Fomento, en la medida en que la Vía Ártabra entronca con dos vías de titularidad estatal, la AP-9 y la N-V?.

La decisión del Ministerio de Fomento, anunciada hace días, de condicionar la autorización del proyecto de la Xunta a la realización de su propio estudio supone bloquear la licitación y retrasar unas obras fundamentales para la competitividad, la movilidad y la seguridad viaria de la comarca de A Coruña.

La decisión del Ministerio de Fomento está motivada por los alegatos presentados por la sociedad concesionaria de la AP-9, Audasa, a ese proyecto, en defensa de sus propios intereses económicos.

Así, entre los requisitos establecidos por Audasa figura la exigencia de firmar antes de contratar las obras un convenio que le asegure el cobro del peaje a los vehículos que accederán a la AP-9 desde la Vía Ártabra. Frente a esto, el Gobierno gallego defiende que esa cuestión puede ser abordada y negociada durante el período de contratación y ejecución de las obras y antes de la puesta en servicio de la carretera, tal y como se hizo en otros casos.

La Xunta considera inadmisible que el Ministerio de Fomento equipare el interés público que motiva a la Xunta a impulsar la Vía Ártabra con el interés económico que guía las exigencias de Audasa. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España al decidir elaborar su propio estudio por tener "dudas" sobre los datos acercados tanto por la Xunta como por la concesionaria.

- Obras de Ampliación de la Avenida de Alfonso Molina.

El 20 de marzo de 2018, el Ministerio de Fomento anunció la aprobación del expediente de información pública y, definitivamente, del proyecto de trazado para la mejora de la capacidad e integración ambiental de ambos márgenes en la avenida Alfonso Molina, del p.k. 1+050 al p.k. 3+550, carretera AC-11, en el término municipal de A Coruña, por un presupuesto estimado de las obras de 19,1 millones de euros.

Se trata de una actuación de gran importancia para la ciudad de A Coruña y su área metropolitana que tiene como principal objetivo la mejora de la funcionalidad, la capacidad y la seguridad vial de la Avenida de Alfonso de Molina. Se prevé una dotación en los PGE de 2018 para su licitación por importe de 3,00 millones de euros.

- Enlace Orbital.

El 14 de enero de 2015, siendo ministra de Fomento Ana Pastor, se sometió a información pública el proyecto de trazado de la Ampliación de capacidad de la Autopista AP-9. Tramo: Santiago Norte-Santiago Sur. Conexión de la Autopista del Atlántico AP-9 con la Autovía A-54 (Santiago-Lugo). Término municipal de Santiago de Compostela. Por Resolución de la Dirección General de Carreteras, de fecha 20 de diciembre de 2017, se aprobó el Proyecto de Construcción y el BOE del 22 de febrero de 2018 publicó el Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados.


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Se prevé una dotación en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para su licitación por importe de 8,00 millones de euros.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en relación con la autopista AP-9:

1. Exprese su compromiso de que las nuevas obras acometidas en relación a esta autopista sean financiadas con cargo a la empresa concesionaria o a los Presupuestos Generales del Estado, pero, en ningún caso, con cargo a nuevos incrementos de peajes a los usuarios.

2. Adopte las decisiones necesarias para acordar la gratuidad del peaje entre Vigo y Redondela.

3. Apruebe las medidas previstas para Chapela en compensación por los perjuicios ocasionados por las obras de ampliación de la AP-9.

4. Licite las obras de remodelación del enlace de Pontevedra Norte-Nudo de Bomberos.

5. Emita sin dilación el informe favorable al entronque de la Vía Ártabra con la AP-9.

6. Acuerde con el Ayuntamiento de Vigo una propuesta de integración urbana de la autopista AP-9 en la ciudad.

7. Licite las obras de la ampliación de Alfonso Molina, en la ciudad de A Coruña, para lo que debe llegar a un acuerdo sobre los terrenos con el Ayuntamiento.

8. Licite las obras del Enlace Orbital de Santiago de Compostela.

9. Convoque de inmediato la comisión conjunta sobre la AP-9 que integran la Xunta y el Ministerio de Fomento para abordar las cuestiones anteriores y otras que puedan ser de interés."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2018.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Celso Luis Delgado Arce, Miguel Lorenzo Torres, Marta González Vázquez, Juan Manuel Juncal Rodríguez, Tristana María Moraleja Gómez, Joaquín María García Díez, Miguel Ángel Viso Diéguez, Ana Belén Vázquez Blanco, Pilar Rojo Noguera y Tomás Javier Fole Díaz, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/003842

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de una Estrategia de Educación Digital, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

En el mundo actual los cambios tecnológicos se suceden rápidamente. En este sentido, el sistema educativo necesita adaptarse a los desafíos del siglo XXI con los instrumentos adecuados.

El aprendizaje es un proceso impulsado por los estudiantes desde la exploración, la creatividad y el descubrimiento. La brecha tecnológica y las curvas de aprendizaje son menores a medida que se incorpora la tecnología a nuestras rutinas cotidianas.

El concepto de educación digital se entiende como cualquier proceso de aprendizaje y/o enseñanza que emplea herramientas y canales digitales, ya sean en línea ("internet") o en diferido, mediante contenidos disponibles en dispositivos tecnológicos, móviles o fijos.

La mayor parte de nuestros jóvenes son nativos digitales, es decir, personas que se han desarrollado inmersos en un entorno tecnológico digital. Desde pequeños están habituados a interactuar con dispositivos cotidianos, como pantallas táctiles, ordenadores portátiles o dispositivos móviles.

El objetivo es la incorporación de los recursos de educación digital y la transformación de los modelos de enseñanza y aprendizaje en España para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad de los


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servicios educativos tanto en el contexto de la educación académica como en el de la capacitación profesional, incrementando su cobertura mediante el uso intensivo de las TICs, cambiando, de esta manera, el paradigma del modelo educativo inmovilista hacia un modelo de co-creación del conocimiento, de cooperación entre docentes y alumnos, de inclusión del entorno socio-familiar del alumno y de promoción del talento individual.

Desde la Educación Infantil, los alumnos deberían ser introducidos en el mundo digital, no solamente importante en el ya ámbito educativo, sino también en el espacio de la socialización y en el lúdico.

Por ello, el Gobierno ha impulsado la conectividad de todos los centros escolares, con banda ancha ultrarrápida. Con un presupuesto de 330 millones de euros, cofinanciado con el Feder, en colaboración con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Red.es. Las comunidades autónomas de Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Canarias y La Rioja ya han suscrito convenios de colaboración que les permitirán dotar a sus centros de una velocidad de conexión superior a 100 megabits/segundo. El impacto previsto en estas siete comunidades alcanza un total de 2.286.856 alumnos y 6.456 centros educativos.

El objetivo es la transformación de los modelos de enseñanza y aprendizaje para mejorar los indicadores de resultados educativos y las capacidades profesionales para su mejor empleabilidad.

La apuesta por la inmersión en la educación digital produce una reconfiguración del contexto actual, lo que conlleva un reto respecto de los cambios legales necesarios para regularizar la ubicuidad en las prácticas y la validez de las nuevas desde el punto de vista de la evaluación y acreditación del conocimiento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una Estrategia de Educación Digital como modelo digital que permita personalizar la educación, mediante la transformación de los modelos de enseñanza y aprendizaje para la mejora de la calidad educativa, incorporando la conectividad por banda ancha ultrarrápida de los centros docentes, la interoperabilidad de los sistemas informáticos, las aplicaciones y los servicios educativos, las plataformas digitales de contenidos educativos y la mejora de las competencias digitales del profesorado, afrontando los aspectos de índole legal, tecnológico y de sostenibilidad de los recursos.

A tal efecto, promoverá el intercambio de información, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, de los proyectos llevados a cabo por las Comunidades Autónomas, con el objetivo de evaluar en el marco de esta estrategia el uso de las herramientas de educación digital."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003852

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y doña Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

La oposición o concurso-oposición es un procedimiento selectivo en la que las personas concurren para conseguir una plaza laboral dentro de las Administraciones Públicas. La igualdad, el mérito y la capacidad son los principios que rigen el desarrollo del proceso.

Para garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado


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Público, el Gobierno desarrolló el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Sin embargo, una vez las personas aprueban la oposición sin llegar a obtener plaza, las condiciones para la configuración de las listas de interinos que podrán acceder a las bolsas de empleo no se encuentran reguladas a nivel nacional. Esta ausencia de legislación nacional ha permitido la existencia de numerosas diferencias entre CC.AA. en el procedimiento de asignación, más allá de los criterios de baremación de la experiencia como interino.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una legislación que establezca un marco para que las Comunidades Autónomas desarrollen normativa que regule las listas de empleo de interinos y, en particular, los procedimientos para la configuración del listado y los criterios de ordenación de los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

161/003868

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la Educación para la Sostenibilidad Medioambiental, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

España se ha comprometido firmemente a participar en el proceso de mejora de la educación y de las políticas educativas de acuerdo con los Objetivos de la Unión Europea para el año 2020, de las Metas 2021 de los países iberoamericanos y de los Objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible de la UNESCO.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconoce que la Educación Ambiental es una herramienta clave para la consecución de sus metas para 2030.

El artículo 2 e) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que no fue modificado por la LOMCE, establece que el sistema educativo español se orientará a la consecución de la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. Se trata además de objetivos señalizados en la LOMCE expresamente en las etapas de Secundaria y Bachillerato.

Por su parte, la disposición adicional trigésima quinta a la LOE sobre "Integración de las competencias en el currículo", establece que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá, en cooperación con las Comunidades Autónomas, la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de las diferentes enseñanzas.

Y a tal efecto, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, incluye entre las competencias claves del currículo "Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología" el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

Con el ánimo de seguir avanzando para alcanzar una verdadera aptitud para la sostenibilidad, se propone impulsar las políticas necesarias en educación ambiental.


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Por ello, se propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando en el sistema educativo la educación ambiental como herramienta clave conforme a los Objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. A tal efecto promoverá, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las siguientes medidas:

- La educación ambiental en el diseño curricular de todas las etapas educativas y, con carácter transversal, en todas las actividades escolares.

- Avanzar en el diseño de la descripción de las competencias clave para la sostenibilidad.

- Tener en cuenta la educación ambiental en el desarrollo de estrategias metodológicas participativas activas, donde la resolución de problemas esté presente, para garantizar el desarrollo de competencias en el alumnado que favorezcan la resolución de los mismos y también nuevos valores que permitan un nuevo modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad.

- Contemplar la educación ambiental como una herramienta para conseguir una educación de calidad en los centros educativos.

- Considerar la educación ambiental como un elemento que contribuya a un modelo de centro educativo flexible y autónomo, abierto y en contacto con su entorno (natural, urbano, rural).

- Que la educación ambiental sea favorecedora de espacios verdes dentro de los centros educativos, necesarios para el crecimiento en la edad infantil y juvenil, en todas sus facetas, tanto físicas como emocionales.

- Que la educación ambiental sea una de las claves en la gestión del centro educativo, dando las pautas de una gestión económica, social y ambiental sostenible que recoja los principios del Desarrollo Sostenible.

- Incluir y actualizar en la formación inicial y permanente del docente la educación ambiental como herramienta clave para una educación de sostenibilidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las Olimpiadas Científicas, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Las Olimpiadas Científicas Nacionales, Internacionales e Iberoamericanas son acontecimientos muy relevantes para incentivar y atraer el talento joven en las disciplinas científicas.

Las Olimpiadas Científicas se celebran en muchos países en los que se reconoce e incentiva a los jóvenes y a profesores que desarrollan una gran labor desinteresada por la ciencia y su difusión.

Es evidente que para lograr una mayor cultura científica se debe contraer un compromiso de apoyo a los centros educativos y a su profesorado para que puedan participar en este tipo de eventos y preparar adecuadamente al alumnado participante.

Tradicionalmente, el Ministerio de Educación contribuía a su celebración subvencionando las pruebas y financiando la posible participación en las Olimpiadas internacionales, con becas y premios en metálico.

Los premios tenían el objetivo de reconocer el talento y el esfuerzo de los mejores estudiantes de ciencias. Sin embargo, la colaboración e implicación del Ministerio de Educación se redujo en los años de Gobierno del PP, eludiendo un compromiso con el impulso a la ciencia y el estímulo a seguir atrayendo el talento al mundo de la ciencia y la tecnología.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Colaborar con las Reales Sociedades y Asociaciones respectivas en la organización y financiación de las Olimpiadas Científicas Nacionales, Internacionales e Iberoamericanas, incluyendo una dotación específica en los presupuestos generales del Estado del año 2019.

2. Aprobar y publicar lo antes posible la Convocatoria de Olimpiadas Científicas de 2019.

3. Estudiar eventuales vías de financiación que permitan el pago de los gastos de viajes derivados de las Olimpiadas Internacionales e Iberoamericanas de 2018.

4. Celebrar una gala o acto de reconocimiento a los medallistas de este año 2018 que no fueron reconocidos públicamente por el Ministerio de Educación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/003850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y doña Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La oposición o concurso-oposición es un procedimiento selectivo en la que las personas concurren para conseguir una plaza laboral dentro de las Administraciones Públicas. La igualdad, el mérito y la capacidad son los principios que rigen el desarrollo del proceso.

Para garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Gobierno desarrolló el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Sin embargo, una vez las personas aprueban la oposición sin llegar a obtener plaza, las condiciones para la configuración de las listas de interinos que podrán acceder a las bolsas de empleo no se encuentran reguladas a nivel nacional. Esta ausencia de legislación nacional ha permitido la existencia de numerosas diferencias entre CC. AA. en el procedimiento de asignación, más allá de los criterios de baremación de la experiencia como interino.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una legislación que establezca un marco para que las Comunidades Autónomas desarrollen normativa que regule las listas de empleo de interinos y, en particular, los procedimientos para la configuración del listado y los criterios de ordenación de los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.


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161/003857

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz don Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la subida del IPREM.

Exposición de motivos

El Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, vino a crear el indicador IPREM como parámetro mínimo de riqueza para acceder a múltiples prestaciones, ayudas o becas públicas, con base legal, reglamentaria o convencional, que hasta entonces habían venido referenciadas al Salario Mínimo Interprofesional. Desde entonces, el IPREM ha permanecido anclado en valores muy inferiores al SMI, hasta el punto de no ser un parámetro en absoluto representativo del coste de la vida en nuestro país en condiciones de vida dignas. Desde el año 2010 nos encontramos que se mantiene el indicador en las mismas cuantías. Mientras tanto, en nuestro país la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha escalado hasta el 27,9 % de la población, situándose cuatro puntos y medio por encima de la media europea, según Eurostat. Somos el tercer país de la UE en el que más ha crecido este porcentaje durante la crisis financiera, el número de españoles bajo el umbral de la pobreza está hoy 4,1 puntos por encima a como estaba en 2008. La resolución del Parlamento Europeo del 20 de octubre de 2010 instaba a los Estados miembros a aprobar programas de suficiencia de rentas para toda la población en situación de pobreza. El Comité de las Regiones, la Confederación Europea de Sindicatos, o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés) han hecho recomendaciones similares.

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo del 10 de diciembre de 2013 recogía asimismo dicha necesidad como una prioridad de la política pública. La Comisión Europea ha financiado el proyecto EMIN (European Minimum Income) para emitir informes nacionales sobre la conveniencia y viabilidad de implantar dichos programas de suficiencia de rentas. Según la encuesta de EUROSTAT para 2016, el umbral de la pobreza en nuestro país se situaba en la cuantía de 9.105 euros al año, lo que equivale a 14 de pagas de 650,35 euros al mes, cuantía notablemente superior a la establecida en esta disposición adicional para el IPREM.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a descongelar el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y fijarlo en una cantidad equivalente al 80 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/003837

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Oskar Matute García de Jalón, de EHBildu, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas que es necesario adoptar ante la grave situación de la empresa La Naval, para su debate en la Comisión de Industria.


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Exposición de motivos

El 24 de septiembre, el consejo de administración de la empresa CNN, propietario del astillero La Naval de Sestao, solicitó al juzgado encargado del concurso de acreedores la apertura del proceso de liquidación de la empresa. Sin ninguna duda, dicha medida puede ser un nuevo paso hacia la desaparición definitiva del astillero. El futuro de esta empresa, que se encuentra desde hace tiempo en situación crítica, está en estos momentos en el aire.

La especial singularidad del astillero La Naval hace que esta grave situación cobre especial importancia. A pesar de que en la actualidad en la plantilla no hay más que 180 trabajadores y trabajadoras, cuando el astillero funciona a alto ritmo de trabajo crea otros 2.000 puestos de trabajo en subcontrataciones y sectores auxiliares. Por otra parte, La Naval es el único astillero vasco que construye grandes barcos. La desaparición de esta empresa supondría la desaparición definitiva de diferentes técnicas, tecnologías y "know how". Además, está ubicado en la comarca de la CAPV que presenta los más graves índices socioeconómicos, en la margen izquierda, y en el municipio con mayor tasa de desempleo de Bizkaia, en Sestao.

Las trabajadoras y trabajadores han solicitado de forma reiterada la intervención del Gobierno y, más allá de la búsqueda de inversores y del trabajo de intermediación, han reivindicado la necesidad de inversiones directas del Gobierno. Teniendo en cuenta que esta empresa proviene del sector público, y tomando en consideración recursos que han sido utilizados en situaciones similares en otros países, nuestro grupo parlamentario, al igual que las trabajadoras y trabajadores, cree que sí es posible comprometerse con el futuro del astillero mediante inversiones públicas, y que el objetivo debe ser la búsqueda de fórmulas legales que lo hagan posible.

Por todo ello, EHBILDU presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados considera, al igual que hizo el Parlamento Vasco de forma unánime, que el desarrollo industrial de la comarca de Ezkerraldea o margen izquierda del Nervión pasa por el mantenimiento de la actividad del Astillero de la Naval y su industria auxiliar.

2. El Congreso de los Diputados considera que la construcción naval es un sector económico estratégico y tractor también de la economía vasca, generador de empleo directo e indirecto, riqueza social, industrial y económica. Por ello, insta al Gobierno de España a poner todos los medios disponibles a su alcance, incluyendo la inversión económica directa, para evitar el cierre de La Naval y la desaparición de la industria auxiliar.

3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a formar parte activa de la mesa interinstitucional para analizar la grave situación que atraviesa La Naval. Esta mesa estará conformada por los gobiernos vasco y central, los accionistas de La Naval y la representación de la plantilla. Es en esta mesa, en colaboración con todos aquellos agentes que tengan capacidad de intervención, donde han de estudiarse todas las opciones jurídicas, económicas y accionariales que permitan dar continuidad a la empresa y a su industria auxiliar, entre ellas la de la participación de las instituciones públicas en la propiedad.

4. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Industria del Gobierno de España a colaborar con el Gobierno Vasco para posibilitar una solución a la situación actual de La Naval, especialmente en la búsqueda de un inversor de futuro y, en caso de que este no apareciera, en el impulso institucional a la creación de una empresa privada que pueda, junto con las instituciones públicas, garantizar la viabilidad del astillero."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Oskar Matute García de Jalón, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/003840

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para el fomento de la unidad de mercado, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

Garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos españoles, independientemente de dónde haya nacido y de dónde residan, así como simplificar la burocracia y conseguir una mayor unidad de mercado son objetivos imprescindibles en un país avanzado.

La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Su objetivo pasa por eliminar barreras administrativas y trabas burocráticas y que puedan operar en las diferentes comunidades autónomas sin la obligación de cumplir una normativa distinta en cada una de ellas.

En este sentido, resulta sorprendente que, mientras que se señala constantemente la necesidad de armonizar criterios y normativas a nivel de la Unión Europea, a propósito de las cuatro libertades fundamentales que conforman un mercado único, la situación en España es bien distinta, estableciendo numerosas diferencias, distinciones y barreras dentro de nuestro propio estado.

Sin embargo, frente al objetivo de garantizar un verdadero mercado único para todos los ciudadanos y para las empresas que desarrollan su actividad, actualmente existen numerosas regulaciones, normativas, excepciones, barreras regulatorias injustificadas, o licencias y permisos en las diferentes comunidades autónomas, lo que está provocando que se dificulte enormemente el establecimiento de aquellos que quieren trabajar y/o desarrollar su actividad en todo el país.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes administraciones basados en la lealtad institucional.

2. Avanzar decididamente en la armonización de licencias y permisos en todo el país, eliminando las excepciones y barreras regulatorias injustificadas y promoviendo el reconocimiento mutuo entre comunidades autónomas, haciendo así efectiva la armonización de mercado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Rodrigo Gómez García, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003843

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de un Parador Nacional de Turismo en Guadix (Granada), para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Guadix y la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Turespaña, vienen manteniendo contactos para la instalación de un Parador Nacional de Turismo en la ciudad desde 2004.


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A partir de ahí han sido numerosas las visitas y las valoraciones realizadas por los técnicos del Estado acerca de una serie de edificios susceptibles de albergar un Parador Nacional.

Finalmente los informes concluyeron de la idoneidad de ubicarlo en las instalaciones de la antigua fábrica azucarera, cedidas al efecto por el Ayuntamiento, y resaltaban las enormes posibilidades que ofrecen las mismas.

Además, según los precitados informes, Turespaña no dispone de ningún edificio de arquitectura industrial de principios del siglo XX y, adicionalmente, destaca que la construcción se enmarca en un magnífico paraje de más de 20.000 metros cuadrados, con unas impresionantes vistas a Sierra Nevada, a la catedral y a los "badlands" que los rodean. Asimismo, pone en valor su situación que dista a poco menos de un kilómetro de la autovía A-92 y a 400 metros del centro histórico de la ciudad de Guadix.

Asimismo, cabe señalar que en la actual red de paradores las instalaciones más cercanas están ubicadas en Mojácar (Almería-150 km); Puerto Lumbreras (Murcia 140 km) y Granada (Parador de San Francisco en la Alhambra, siempre ocupado). Por tanto, existe la distancia apropiada para emplazarlo.

Por otro lado, Guadix es una ciudad de amplísimo y rico patrimonio, entre otras construcciones, cuenta con una catedral renacentista-barroca; la plaza de la Constitución (renacentista y porticada); la iglesia de Santiago (joya de plateresco andaluz); la alcazaba árabe del siglo XI; iglesias mudéjares como San Francisco, Santa Ana, Santo Domingo y La Magdalena; palacios renacentistas como Peñaflor, Villalegre o Arias de Medina, y además, atesora el mayor núcleo troglodítico habitado del mundo con más de 3.000 cuevas y unos 5.000 habitantes que residen en ellas de forma permanente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que incluya, en sus previsiones a medio plazo, la construcción de un Parador Nacional de Turismo en la ciudad de Guadix."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, relativa a la declaración de una moratoria industrial a las industrias pesadas contaminantes en la Bahía de Algeciras.

Exposición de motivos

La contaminación es el principal problema ambiental al que se enfrenta la ciudadanía de la Bahía de Algeciras y su área de influencia, principalmente debido a la incidencia directa en la salud humana, pero también por su influencia en el desarrollo económico local. Respecto a la salud humana las afecciones que causa están asociadas, principalmente, a los sistemas respiratorio y cardiovascular. Los grupos de población más afectados son las personas de avanzada edad, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas. Y respecto al desarrollo económico local influye de forma determinante en la implantación y crecimiento de actividades económicas sostenibles como la pesca y la acuicultura, el turismo o la agricultura y la ganadería.

En el Campo de Gibraltar existen 18 grandes instalaciones industriales concentradas en torno a la Bahía de Algeciras. La concentración industrial en un espacio tan reducido provoca un efecto acumulativo de emisiones en la zona que genera altas tasas de contaminación del aire de los municipios del Campo de Gibraltar y del agua de la Bahía de Algeciras.


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La contaminación que ha generado el desenfrenado desarrollo industrial y portuario del Campo de Gibraltar tiene sus consecuencias sobre el medio ambiente y la salud humana. La emisión de sustancias tan contaminantes como el benceno, los PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos) o las partículas en suspensión provocan afecciones sobre la salud humana como contraprestación a los beneficios económicos de las empresas instaladas en la zona. Diferentes estudios publicados por Joan Benach, epidemiólogo de la Universidad Pompeu i Fabra (Barcelona), demuestran que en la comarca del Campo de Gibraltar existen evidencias y datos alarmantes que apuntan a un mal estado de salud de la población. Por otro lado, la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB por sus siglas en inglés) publicó en octubre de 2016 un informe con el aval de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias (ERS por sus siglas en inglés) en el que analizaba la incidencia de la contaminación atmosférica sobre la salud de la población que vive en las zonas industrializadas. Se tomaron para ello los datos oficiales tanto de emisiones a la atmósfera de las industrias como de mortalidad y morbilidad facilitados por las administraciones competentes. Como resultado, en 2013 en la zona de la Bahía de Algeciras el informe considera que la central térmica de Los Barrios ocasionó 51 muertes prematuras, 35 casos de bronquitis crónica en adultos, 1.614 ataques de asma en niños y 17.752 días de trabajo perdido. Según el informe todos estos casos están directamente relacionados con la exposición a contaminantes emitidos por esta central térmica, principalmente dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de nitrógeno (NO). Además, el informe también calcula los daños económicos que provoca esta contaminación, cifrándolos en 2.424 millones de euros solo en 2013. El mismo informe concluye que la eliminación de estas industrias contaminantes y la apuesta por otras fuentes de energía no contaminantes reducirían en un 95 % los casos de muertes prematuras, enfermedades respiratorias y días de trabajo perdidos.

La misma Unión Europea (2000) reconoce el principio de cautela (o de precaución). Este principio, que se trata en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hace referencia a un enfoque de la gestión del riesgo según el cual, en caso de que una política o acción pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente, y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción en cuestión debería abandonarse. Esta situación deberá revisarse conforme se disponga de nueva información científica.

El otro gran problema al que se enfrenta la población que vive alrededor de la Bahía de Algeciras es el desempleo. Según los datos recogidos en las memorias internas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGICG), la capacidad de generar empleo del actual tejido productivo centrado en la industria pesada contaminante está paralizada, es incapaz de generar empleo de calidad y estable, los datos sobre empleo directo que ofrece la Asociación señalan que se han perdido más de 700 empleos en los últimos años. Ha caído de 5.021 empleos directos en 2010 a 4.318 en 2016, según la propia AGICG. Es un sistema productivo obsoleto e improductivo para el empleo y la riqueza económica en la zona.

Los altos índices de desempleo crónico (29 %) en la comarca y la precariedad laboral nos empujan hacia la necesidad de implantar un nuevo tejido económico e industrial que transforme lo que ahora existe. El desempleo y el trabajo precario (temporal y mal remunerado) provocan que los jóvenes bien formados de nuestra comarca emigren a otros países y comunidades del estado español. En otros casos, el desempleo los empuja a una economía sumergida de catastróficas consecuencias como las que estamos viviendo: gran parte de la juventud se lanza a las redes del narcotráfico como forma de conseguir ingresos económicos. Existe una gran ausencia de oportunidades.

Por otro lado, el actual tejido industrial centrado en industrias pesadas muy contaminantes impide el desarrollo adecuado de otros sectores como son la agricultura, la ganadería, el turismo, la pesca y la acuicultura. En el caso de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura con los niveles de contaminación existentes es imposible producir bienes de consumo de calidad que puedan competir en los mercados nacionales e internacionales.

Teniendo en cuenta todo esto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Aplicar una moratoria a las industrias pesadas contaminantes, estableciendo un plan de reconversión industrial aplicable de cara a la implantación de nuevas empresas que desarrollen actividad


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contaminante y a la ampliación de las ya presentes en la Bahía de Algeciras, mientras no se aclaren las causas de la elevada mortalidad y morbilidad en la zona.

2. Elaborar un plan integral de emergencias para la comarca del Campo de Gibraltar diseñado para funcionar en caso de episodios de contaminación por encima de los niveles permitidos.

3. Tomar como referencia, a todos los niveles competenciales, los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud para delimitar los umbrales máximos para cada sustancia contaminante para no correr riesgos sanitarios.

4. Coordinar, desde los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Transición Ecológica, con las Administraciones Públicas afectadas, los planes de reindustrialización de la comarca en el que se pongan los medios necesarios para sustituir progresivamente las industrias contaminantes y reemplazarlas por empresas tecnológicas sostenibles, desarrollar planes de formación en nuevas tecnologías para los jóvenes de la comarca e incentivar el aprovechamiento de los recursos de la zona para abrir el abanico de la economía local.

5. Poner en marcha medidas de empleo e inversiones en el Campo de Gibraltar en la regeneración del bosque mediterráneo, recuperación del litoral de la Bahía de Algeciras, eficiencia energética en edificios públicos, intervención social en el entorno urbano y uso público de espacios naturales del Campo de Gibraltar en colaboración con los colectivos sociales de la comarca que demandan estas iniciativas para la creación de empleo estable y de calidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2018.-Noelia Vera Ruíz-Herrera y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reintegro de los 1.350 millones de euros pagados como indemnización por la rescisión de la concesión administrativa de explotación del proyecto gasístico Castor, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

El pasado 21 de diciembre el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad 152/2017, en su día planteado contra el Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el Parlament de Catalunya, la Generalitat y un grupo de más de 50 diputados adscritos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En dicha sentencia, el Alto Tribunal acordó la nulidad de los artículos 2.2.º, 4, 5 y 6 del Decreto Ley impugnado, así como de la Disposición Adicional Primera y la Disposición Transitoria 1.a, al considerar dichas normas afectas de inconstitucionalidad. Al ser una sentencia declarativa estimatoria parcial de los tres recursos acumulados, el Fallo no efectuó pronunciamiento alguno acerca de las consecuencias económicas y responsabilidades legales de los cargos públicos y empresas privadas relacionados con el fallido proyecto Castor.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Española, si todos los Poderes Públicos están obligados a acatar y cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, dicho deber incluye la ejecución de las consecuencias económicas del Fallo declarativo, pues como tiene establecida la jurisprudencia al interpretar el alcance del artículo 86.1.º, entre otras el ITC 309/1987 de 12 de marzo, no es viable en el presente caso instar un incidente de ejecución de sentencia ante el propio Tribunal, a pesar de la reforma introducida en la LOTC por la Ley Orgánica 15/2015.

Comoquiera que la anulación parcial del RDL 13/2014 de 3 de octubre comporta la nulidad del título ejecutivo que comportó el abono de la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria ESCAL UGS SL, efectuado en fecha 30 de octubre de 2014 por orden del Gobierno del Partido Popular, la primera consecuencia jurídica de la STC 152/2017 es la consideración de pago


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indebido -por precipitado- de dicha compensación, y por tanto, la obligación de su inmediato reintegro al tesoro público. Así se desprende de la sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2013 por la Sala 3.ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que declaró no lesiva para los intereses públicos la cláusula 14.ª del RD 855/2008, siempre y cuando la indemnización a favor de la concesionaria ESCAL UGS SL allí prevista, se efectuara por un importe que debía ser calculado en función de si en la gestión de la obra se había incurrido o no en dolo o negligencia grave, pues en tal caso la inversión neta debía reducirse al valor residual de las instalaciones. Como es público y notorio, el pago se efectuó por el valor total de la inversión y sin comprobación previa alguna de la posible concurrencia de tales factores reductores.

Dado que a día de hoy no consta efectuado dicho reintegro por parte de la concesionaria deudora, y que ni tan siquiera se ha efectuado requerimiento en tal sentido por parte de la Administración competente, se considera necesario que el Gobierno español efectúe la incoación del procedimiento administrativo de naturaleza ejecutiva previsto en la LPAC, y se ordene a los legales representantes y principales accionistas de ESCAL UGS SL (sres. Rafael del Potro y Florentino Pérez), la inmediata consignación de la suma indebidamente percibida, más sus intereses legales desde noviembre de 2014.

Finalmente, debemos recordar que el Real Decreto 855/2008, de 2 de mayo, que otorgó la concesión de la construcción de la plataforma marina y explotación del almacén de gas subterráneo frente a la costa de Amposta, siguió vigente hasta su derogación por el RDL 13/2014, a pesar de contener una cláusula (14.ª) abusiva y fraudulenta en favor de la empresa concesionaria.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Incoar, en el plazo máximo de 10 días, el expediente administrativo previsto en la ley para requerir a ESCAL UGS SL, y solidariamente a sus principales accionistas y miembros del Consejo de Administración, la devolución y reintegro al Tesoro Público de la compensación indebidamente percibida en fecha 30 de octubre de 2014, por importe de 1.350 millones de euros más sus intereses legales, con motivo de la rescisión de la concesión administrativa de explotación del proyecto gasístico Castor. Dicho requerimiento de pago o consignación cautelar deberá ir acompañado de la advertencia legal de iniciarse la vía de apremio en caso de ser desatendido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados Joan Capdevila Esteve y Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la actualización de las transferencias del sistema de vedas y su actual modelo de gestión, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Las vedas son un instrumento de reducción del esfuerzo pesquero, necesario para el mantenimiento de los stocks pesqueros, especialmente en el Mediterráneo. Con la implementación del actual Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), el Gobierno de España decidió centralizar el modelo de concesión de las ayudas a paralización temporal (vedas) que había sido gestionado de forma íntegra por


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las Comunidades Autónomas en anteriores programas operativos. Catalunya se posicionó en contra de esta centralización.

Con este nuevo modelo centralizado se establece la obligación de acordar, mediante Conferencia Sectorial, el calendario de vedas para toda la flota española, y las transferencias de fondos FEMP y del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPAMA) para convocar las ayudas a las paralizaciones temporales de la flota del Mediterráneo que son gestionadas por las CCAA atendiendo a la falta de capacidad administrativa de la Secretaria de Pesca.

Un sistema que, lejos de simplificar el procedimiento administrativo, ha complicado exponencialmente la gestión de las ayudas, causando un gran perjuicio a los armadores y marineros de la flota catalana. Desde la entrada en vigor del FEMP, 1/1/2014, el sector pesquero catalán está sufriendo las consecuencias de este cambio de modelo. Puesto que no se han reconocido las vedas realizadas por el sector entre diciembre de 2014 y agosto de 2015 al no querer implementar el MAPAMA la retroactividad permitida por el Reglamento FEMP. Así mismo, las vedas realizadas entre diciembre y agosto de 2016 fueron pagadas gracias a que la Generalitat habilitó una partida presupuestaria para iniciar la tramitación a la espera de recibir los fondos acordados en Conferencia sectorial.

Actualmente se está tramitando por parte de la Generalitat el pago de las ayudas a parte del sector pesquero correspondientes a las vedas realizadas entre diciembre de 2016 y agosto de 2017, con un importante retraso causado por la centralización del procedimiento y restando pendiente recibir de la administración central el 47,50 % de la cofinanciación estatal. Además, los mecanismos establecidos por el MAPAMA para el control de las vedas, mediante cajas azules, pueden dejar fuera de las ayudas a parte del sector por causas ajenas a ellos.

Asimismo, el 31 de julio de 2018 se acordó mediante Conferencia Sectorial el calendario de vedas entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, dejando pendiente el acuerdo de transferencia presupuestaria para una futura Conferencia Sectorial, la cual aún no se ha producido. En este momento la incertidumbre en el sector pesquero catalán sobre la financiación de las vedas ya realizadas en el ejercicio 2018 es total, lo cual crea desafección y desconfianza hacia las administraciones.

El actual sistema centralizado de vedas no funciona y produce el incumplimiento reiterado por parte de la Administración General del Estado de los acuerdos, plazos y transferencias creando una gran incertidumbre a las 311 embarcaciones pesqueras de cerco, arrastre y palangre en superficie de Catalunya, formadas por 1.478 marineros y marineras.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aplicar la retroactividad permitida en el reglamento del FEMP a fin y efecto de poder reconocer las vedas realizadas entre diciembre de 2014 y agosto de 2015.

2. Proceder a la transferencia, según contemplan los Presupuestos Generales del Estado 2018, a la Generalitat de Catalunya el 47,50 % de la cofinanciación estatal perteneciente a las vedas comprendidas entre diciembre de 2016 y agosto de 2017.

3. Convocar con carácter de urgencia la Conferencia Sectorial para acordar las transferencias correspondientes a la paralización temporal realizada entre diciembre de 2017 y agosto de 2018.

4. Modificar el procedimiento de gestión de las ayudas volviendo al modelo descentralizado utilizado en anteriores fondos para el resto del Programa Operativo, con objeto de agilizar la tramitación de las ayudas, puesto que la centralización solamente ha comportado retrasos, incumplimientos y una gran incertidumbre en el sector.

5. Transferir, de forma anticipada, la dotación presupuestaria del FEMP y de la administración central a las CCAA para hacer frente a la totalidad de las vedas hasta la finalización del programa operativo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve y Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector pesquero del Mar Menor, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La catástrofe ambiental ocurrida en el Mar Menor ha supuesto un varapalo económico importante para las actividades económicas que venían desarrollándose en la zona, entre otras, el turismo, la hostelería o los servicios, hasta el punto de que muchas se han visto abocadas al cierre. Especial mención merece el sector pesquero del Mar Menor, ya que son muchas las familias las que viven gracias a esta actividad tradicional tan arraigada en la zona.

La situación ecológica del Mar Menor ha provocado que en pocos años las especies con rentabilidad económica se hayan visto mermadas, pasando de doce a solamente cuatro: el langostino, la dorada, la lubina y la anguila. Ya no se pueden pescar especies tan características y tradicionales del Mar Menor como el chirrete o el magre. Según la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, que aglutina a los pescadores de todo el Mar Menor, de estas cuatro especies, la dorada supone el 70 por ciento de los ingresos anuales, el langostino el 15 por ciento, y la lubina y la anguila el resto.

El Mar Menor es una laguna litoral que ostenta un altísimo nivel de salinidad, lo que influye en conseguir que su pescado sea un alimento que, además de cumplir con todos los estándares de sanidad alimentaria, presente un altísimo valor culinario, si bien nunca ha estado suficientemente reconocido. Además, y debido a las circunstancias ambientales de la laguna, la reputación del pescado del Mar Menor se ha visto seriamente dañada. El velo de la duda sobre su calidad o sobre los efectos que la eutrofización de las aguas podría ocasionarles, ha sobrevolado el imaginario colectivo, sin que desde las Administraciones se haya hecho nada para poner en valor el pescado del Mar Menor y disipar toda duda sobre su perfecto estado.

Si no se produce pronto la regeneración del Mar Menor, con la recuperación de sus hábitats, seriamente dañados durante décadas por la desidia y permisividad de la Administración Regional, la pesca tradicional en el Mar Menor desaparecerá irremediablemente. Como consecuencia, los pescadores de la zona tendrán que irse a otras aguas donde poder seguir faenando. Si no se protege y ensalza la imagen y valor de un pescado único, este sector perderá sus oportunidades de crecimiento, valor añadido y generación de riqueza.

Desde la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar se desarrolla una labor incansable en poner en valor la calidad del pescado de la zona, incluso trabajando en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el langostino del Mar Menor y otras especies. La obtención de este distintivo de calidad favorecería la diferenciación del langostino o la dorada del Mar Menor en los mercados nacionales e internacionales, resaltando sus cualidades y características vinculadas a su origen geográfico.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mostrar su absoluto apoyo y respaldo al sector pesquero del Mar Menor.

2. Colaborar en la recuperación de la imagen del pescado del Mar Menor y la puesta en valor de su alto valor culinario.

3. Facilitar, en el ámbito de sus competencias, la colaboración y asesoramiento a los promotores para realizar el registro de la solicitud de Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el langostino del Mar Menor y otras especies destacadas como la dorada.

4. Colaborar con la promoción de la IGP de cara a que el consumidor pueda identificar los elementos diferenciales y característicos que ofrecen estos productos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-José Luis Martínez González, José Cano Fuster y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la contención de la Xylella fastidiosa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena con un rango de huéspedes muy amplio: afecta a más de 300 plantas, entre las que se encuentran el olivo, los cítricos, las vides, los almendros y las adelfas, causando estragos en los cultivos y las producciones agrarias. Los insectos son la vía de transmisión a corta distancia y la principal vía de propagación a grandes distancias es el comercio de plantas infectadas procedentes de países o zonas en las que la bacteria está presente.

Aunque la Xylella fastidiosa tiene presencia en el continente americano desde 1975, en Europa se detectó por primera vez en el año 2013, concretamente en Italia. Posteriormente se detectó en Francia, en el año 2015, y en Alemania en 2016. En España, el primer foco de Xylella fastidiosa apareció en las Islas Baleares en noviembre de 2016. A finales de junio de 2017, la bacteria penetró en la península por la Comunitat Valenciana: en julio de 2017, la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana anunció el primer brote de Xylella fastidiosa en una parcela de almendros del municipio de El Castell de Guadalest. En abril de este año, teníamos noticia del primer caso de Xylella fastidiosa detectado en Madrid. A día de hoy, esta peligrosa bacteria sigue extendiéndose por España, provocando daños en los cultivos y una situación que parece incontrolable.

Se ha constatado oficialmente que la subespecie detectada en Alicante como causante del brote de Xylella fastidiosa es la subespecie multiplex, que afecta principalmente al almendro, otros frutales y plantas ornamentales. A fecha de hoy, y tras las últimas prospecciones y análisis de muestras, existen 8 brotes declarados en la provincia de Alicante, habiéndose extendido la bacteria a las comarcas de la Marina Baixa, la Marina Alta y el Comtat, y afectando a 76 municipios de la provincia.

Según los datos oficiales, hasta el séptimo brote había 273 parcelas con árboles infectados, lo que supondría arrancar en torno a 72.420 almendros de secano. Hasta la fecha, se han arrancado y triturado un total de 16.620 árboles, y queda pendiente de contabilizar el octavo brote. En este sentido, a día de hoy es un error continuar con los planes de erradicación, máxime cuando han aparecido especies forestales y de sotobosque infectadas por Xylella. Este plan solo está sirviendo para acabar con el secano de la zona, afectando a los agricultores de las tres comarcas. Por otra parte, la erradicación solo es operativa en un brote inicial muy localizado, mientras que es poco efectiva una vez que se ha establecido en un área, debido a la amplia gama de plantas huésped y de insectos vectores que posee. Cuando la bacteria ya está ampliamente establecida, como ocurre en la provincia de Alicante, se debe pasar a estrategias de minimización de daños.

En cualquier caso, la forma de ejecutar las medidas de erradicación no está sirviendo para lograr la erradicación. A modo de ejemplo, el arranque y la destrucción, no se está realizando correctamente: en las parcelas donde los almendros están ubicados en los márgenes, para evitar la destrucción de los propios márgenes y su posible reposición, han sido cortados sin sacar la raíz, por lo que estos vuelven a rebrotar. Además, se ha concentrado la actividad de arranque en parcelas de fácil acceso, ignorando la erradicación en algunas zonas que, aunque correspondería por normativa, tienen un acceso más complicado. Finalmente, el plan de erradicación estipula que el arranque y la destrucción se deben realizar en el plazo de 15 días desde que se publica en el DOGV, para evitar su propagación; sin embargo, en algunos casos ha pasado más de un año sin que todavía se haya llevado a cabo.

En Italia se sustituyó el plan de erradicación por un plan de contención cuando el volumen de olivos arrancados superó la cifra de 3.000. De este modo, en Italia solo se arrancaban los olivos infectados, mientras que la previsión en Alicante es arrancar tanto los infectados como los sanos.

Por tanto, se debe trabajar activamente para evitar la propagación de la Xylella fastidiosa, adoptando las medidas necesarias para evitar su expansión. Se debe actualizar el plan de contingencia, de manera que la tala masiva de árboles sanos se aplique únicamente en escenarios de focos aislados y de detección precoz de la enfermedad. Conviene además, de conformidad con el marco legislativo comunitario, revisar y actualizar los protocolos, adaptándolos e incorporando los conocimientos y descubrimientos que sobre


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la Xylella fastidiosa se han hecho durante estos dos últimos años. Se debe mejorar el sistema de diagnóstico: en Europa se considera que es fundamental invertir en prevención para combatir esta plaga. También se debería garantizar una mínima uniformidad en el cálculo de las indemnizaciones, mediante unos criterios comunes. Finalmente, se debe reestablecer el apoyo y la comunicación con los afectados. Tratar de controlar una plaga de esta naturaleza sin contar con el apoyo, la complicidad y el trabajo de los afectados es no solamente muy complicado, sino además absurdo.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar las acciones para la sustitución de los planes de erradicación de la Xylella fastidiosa por planes de contención, de tal manera que se ofrezca una solución equilibrada que evite la expansión de la plaga, se minimice el riesgo sin necesidad de deforestar la zona afectada y se proponga una alternativa positiva a los agricultores y propietarios agraviados.

2. Actualizar los planes de contingencia, de manera que la tala masiva de árboles sanos sea una opción restrictiva y aplicable únicamente en escenarios de focos aislados y detección precoz de la enfermedad.

3. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación de la plaga, revisando y actualizando los protocolos y adaptándolos mediante la incorporación de los conocimientos y avances que sobre la Xylella fastidiosa se han hecho durante los últimos años.

4. Mejorar los sistemas de diagnóstico de la plaga, incidiendo en la prevención.

5. Impulsar la adopción de criterios comunes en el cálculo de las indemnizaciones.

6. Llevar a cabo todas estas medidas manteniendo una comunicación adecuada y fluida con los afectados, de manera que se cuente con el apoyo, la complicidad y el trabajo del sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Marta Martín Llaguno, José Cano Fuster y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el desarrollo de una política de tierras que garantice la gobernanza responsable y sostenible y que favorezca el acceso justo, así como la incorporación al campo y el relevo generacional.

Exposición de motivos

En el año 2006 se celebró la Conferencia Mundial por la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, organizada por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en Porto Alegre, Brasil. Tras la Conferencia fue aprobada una declaración y plan de acción 1 que constituyó un nuevo punto de partida para las políticas de tierra a nivel mundial. En el año 2008, numerosas organizaciones internacionales y la propia FAO alertaron sobre un nuevo fenómeno emergente conocido como "Acaparamiento de Tierras" que se vivía principalmente en África y América Latina, pero que pronto se extendió al continente asiático y finalmente a Europa. Como consecuencia de ello, la FAO impulso la elaboración de "las Directrices sobre Gobernanza Responsable de la Tierra" 2, aprobadas finalmente en el año 2011, y que fueron suscritas por la mayoría de los estados del mundo, entre los que se encuentra tanto la Unión Europea como agrupación de estados, como el propio estado español. El 10 de noviembre

1 Ver Informe de FAO sobre la Conferencia. http://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j8160s.pdf

2 Ver Documento Completo. http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf


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de 2016 el Parlamento Europeo presentó un informe de auto iniciativa sobre la realidad de la tierra en Europa, en el cual participaron numerosos expertos y organizaciones. Este proceso culminó con la aprobación en el Parlamento Europeo de la "Resolución sobre la situación de la concentración de tierras agrícolas en Europa", constituyendo un primer paso en el objetivo de aprobación de una Directiva Marco.

Este informe muestra cómo la propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que, en algunos países y/o regiones como es el caso de Extremadura, alcanza indicadores similares a los de Brasil, Colombia y las Filipinas. Mientras que en la UE se registran unos 12 millones de fincas, las grandes fincas, que solo representan el 3 % del total, controlan el 50 % de todas las tierras de cultivo. Entre el año 2007 y 2010 las explotaciones familiares europeas (aquellas que tienen menos de 100 ha) perdieron el control sobre el 17 % de la tierra agrícola. A esta realidad hay que sumar la constancia de que los procesos de acaparamiento de tierras ya son una realidad en Europa y comprobamos cómo las grandes corporaciones se apropiaron en los últimos cinco años de grandes cantidades de tierra; por ejemplo, de 800.000 ha en Rumanía, lo que equivale al 8 % de todas las tierras de cultivo, o cerca de 1.000.000 ha en Hungría, lo que equivale al 17 % de las tierras de cultivo. Pero, además, la tierra agraria cede frente a otros usos como muestra por ejemplo el hecho de que en Francia se perdieran 227.200 ha, lo equivalente a todo el territorio de Luxemburgo. Esta transferencia en los usos del suelo está ligada en muchos casos a procesos especulativos. Esta pérdida de suelo agrario frente a otros usos artificiales tiene impactos directos sobre el cambio climático, fenómeno que se ve agravado si añadimos la pérdida de fertilidad de los propios suelos productivos.

La tierra ha sido y es uno de los elementos con más fuerza movilizadora de todos los tiempos. Las aspiraciones en torno a la tierra han estado detrás de la mayoría de las organizaciones y movimientos agrarios y campesinos. La tierra es uno de los elementos básicos sobre los que se configura la realidad del medio rural y del sector agropecuario. Analizar la estructura de la tierra nos arroja elementos básicos para comprender la realidad socioeconómica del medio rural y definir políticas de futuro para el sector agropecuario. Los datos sobre la estructura de la tierra, el acceso y control sobre ella, nos hablan de la justicia o injusticia en el campo, del equilibrio territorial, de sostenibilidad e incluso de viabilidad o no de las explotaciones agrarias. Abordar las políticas de tierras y las medidas para garantizar el acceso y su distribución tiene además un impacto directo sobre una distribución justa de la Política Agraria Común puesto que los pagos desacoplados tienen como principal referencia la dimensión de las explotaciones. Las políticas de tierras siempre han ocupado un papel central en las políticas agrarias; sin embargo, hace ya algunas décadas que salieron de la agenda política del Ministerio de Agricultura.

Los problemas y retos relacionados con la tierra son evidentes en España. Un estudio recientemente publicado 3 en el que se analiza la estructura de la tierra en nuestro país, muestra datos reveladores de la magnitud del problema. El número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2 % en los últimos 10 años; ello significa que se han perdido más de 300.000 explotaciones agrarias, lo que equivale a 82 explotaciones diarias. La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) ha disminuido un 9,2 % en los últimos 10 años, lo que equivale a una disminución de 2,4 millones de hectáreas. Es decir, se pierden 659 ha de SAU por día. El cambio en los usos del suelo es un problema evidente que nos aleja de los objetivos de sostenibilidad. En los últimos 10 años, más de un millón de las hectáreas de tierra agrícola que se han perdido han sido reorientadas hacia otros usos artificiales como el desarrollo inmobiliario, la construcción de grandes infraestructuras o la primacía de proyectos mineros o turísticos; pero, además, en torno a 1,5 millones de hectáreas han sido totalmente abandonadas. En los últimos años el tamaño de las explotaciones se ha incrementado en un 18 %, pero este incremento ha sido además muy desigual puesto que el tamaño de las explotaciones más grandes ha crecido el 30 % y el de las pequeñas tan solo un 4 %.

La evolución de la estructura de la propiedad de la tierra en España consolida su condición de desigualdad. El 50,8 % de las explotaciones más pequeñas tan solo disponen de un 4,3 % de la tierra agraria; mientras que las grandes, con un tamaño medio de 256 ha, y que solo representan el 5,17 % de las explotaciones, disponen del 55,1 % de la tierra útil. Las 1.097 explotaciones más grandes de España manejan la misma tierra que 642.000 explotaciones, es decir en torno a 2 millones de hectáreas, lo que tiene importantes repercusiones en la distribución de la PAC. En este contexto, Comunidades Autónomas como Extremadura y Andalucía destacan por su condición secular de desigualdad, pero a ellas se han sumado otras Comunidades Autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, que superan con creces la media nacional y cuya causa está sobre todo en el despoblamiento del medio rural. En el lado contrario, Galicia o Canarias siguen concentrando niveles de minifundismo difícilmente sostenibles.

3 Fernández F. y Soler C. Estructura de la Propiedad de la Tierra en España. Marzo 2016.


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Mientras tanto, en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha continúan existiendo cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras, jornaleros y eventuales del campo, una parte de los cuales aspira a poder instalarse como agricultor a título principal.

La protección del suelo agrícola se ha convertido en un reto que adquiere importancia fundamental cuando hablamos de los suelos fértiles periurbanos y situados en las vegas de los ríos. La defensa de la tierra fértil que rodea a las ciudades tiene mucho que ver con la expansión del fenómeno urbanístico, y en los últimos años ha aglutinado importantes movimientos sociales y municipales que han comenzado a articular propuestas.

Los problemas relacionados con la estructura de la tierra tienen claramente que ver con las dificultades de relevo generacional en el sector. El 61,2 % de la tierra está en manos de personas de más de 55 años, mientras que las personas de menos de 35 años tan solo poseen el 4,5 % de la tierra. Las dificultades en el acceso a la tierra son evidentes en el momento de la instalación o incorporación al sector. Un 62 % de los jóvenes que se instalan declaran que su principal problema ha sido el acceso a la tierra, y un 83 % de las personas que quieren instalarse y no lo consiguen declaran que la razón ha sido la imposibilidad de acceder a tierra adecuada. Pero, además, continúa persistiendo una desigualdad de género importante y es que la tierra está en manos masculinas; tan solo el 23,07 % de la tierra está en manos de mujeres y, además, sus parcelas son un 44 % más pequeñas que las de los hombres.

Mientras tanto, y según la Encuesta sobre el Precio de la Tierra editada por el Ministerio de Agricultura, el precio de la tierra agraria se ha incrementado entre 1997 y 2014 en un 208 % haciendo prácticamente imposible a una persona, y más si es joven o no viene del sector, acceder a la tierra. La definición del precio de la tierra tiene naturalmente que ver con el mercado de la tierra, con la actualización de los tipos contractuales utilizados, con la política fiscal existente sobre este recurso y también, de nuevo, con la expectativa de cobro de ayudas procedentes de la PAC.

La imagen básica de la realidad de la tierra en España no quedaría completa sin analizar la tierra agraria que es propiedad pública. En concreto, se trata de alrededor de 1.764.006 ha, es decir, el 7,4 % de la superficie agraria útil con diversas calidades y posibilidades, pero que en todo caso representan una oportunidad para utilizarla de una forma social y económica activa. Es necesario tener en cuenta que la titularidad pública dentro de cada una de las Comunidades Autónomas es diversa, y así encontramos tierras que son propiedad de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Entidades Locales Menores, Ministerios y Organismos Autónomos del Estado, lo que hacen que cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en el ámbito territorial, encuentre barreras derivadas de esta circunstancia.

En los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas que pretenden dinamizar la estructura de la tierra y favorecer el acceso a ella. Se trata de Bancos de Tierra, Fondos de Tierra Agraria, Parques Agrarios y otras fórmulas que suman hasta un total de 68 iniciativas diferentes. Su puesta en marcha se ha impulsado desde diferentes instancias administrativas. Algunas se han puesto en marcha desde Comunidades Autónomas, siendo la más antigua la del Banco de Tierras de Galicia; otras desde Diputaciones Provinciales, desde Mancomunidades de Municipios como el Banco de Tierras del Bierzo, y otras desde Ayuntamientos o desde entidades privadas. Pero, además, en los últimos seis meses se han aprobado iniciativas no legislativas y mociones para la puesta en marcha de Bancos de Tierra en Aragón, Murcia o Comunidad Valenciana. Estas fórmulas han sido ya desarrolladas con éxito en otros países de nuestro entorno como es el Caso de "Terre d'liens" en Francia, o la "Agencia Pública para la Gestión de Tierras" de Austria y de Alemania.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear una Comisión Interministerial, coordinada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que analice la realidad de los problemas y tensiones que actúan sobre la tierra agraria, y que ponga las bases de una política de tierras incorporada a las funciones del Ministerio de Agricultura.

2. Hacer un inventario, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con el resto de organismos públicos, de las tierras de titularidad pública existentes en este momento, y su situación a los efectos de poder impulsar con ellas un Fondo de Tierras coordinado adecuadamente, respetando siempre las circunstancias concretas que existan, y las competencias autonómicas en la materia.


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3. Estudiar la creación de una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra que, al modo de las existentes en otros países de nuestro entorno, actúe de forma coordinada con los Bancos y Fondos de Tierra ya existentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas, comarcales o municipales, favoreciendo el acceso de manera especial a jóvenes y mujeres.

4. Reformar la Ley del Suelo de manera que se actualicen y recojan nuevas figuras de protección del suelo agrario y del suelo de alto valor agrológico.

5. Estudiar y proponer las medidas relacionadas con el Derecho Agrario, el Derecho Civil, la fiscalidad, y el mercado de la tierra que permitan dinamizar el acceso justo y democrático a un recurso esencial para el desarrollo del sector agropecuario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Diego Cañamero Valle y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/003844

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la labor de las Diputaciones Provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

Exposición de motivos

Las entidades locales son una parte esencial de nuestro modelo territorial, la más cercana al ciudadano y la más próxima a su vida cotidiana, y representan en sí mismas un agente imprescindible para la cohesión social. Entre esas entidades destacan los municipios, que son el reflejo de nuestra demografía, de sus peculiaridades y de sus problemas y constituyen, además, la primera referencia del sector público para toda la sociedad española, razón por la cual debe defenderse la importancia de los mismos.

Ese papel de respaldo a los municipios, en el ejercicio de sus competencias y cometidos, fue perfectamente asumido por las Diputaciones Provinciales, en aquellos casos en que tienen dificultades para responder por sí mismos a los servicios que deben prestar. Y no precisamente para sustituir su papel -especialmente en las capitales de provincia-, sino para asistir en sus funciones.

Así, la labor de coordinación territorial de las Diputaciones de Cabildos y Consells Insulares, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad, de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, que no podrían ofrecer muchos ayuntamientos de forma autónoma, ha sido definitiva para la gestión y autonomía local.

Por ello, debemos tener claro que las Diputaciones Provinciales cumplen un papel fundamental, prestando asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los pequeños y medianos municipios, en especial a los menores de veinte mil habitantes, que es donde concentran su actuación.

En este sentido, las Diputaciones desarrollan actividades culturales, deportivas, sociales y turísticas con un presupuesto muy ambicioso. Hacen realidad multitud de cosas que nunca harían ni el Estado ni las comunidades autónomas, ya sea en materia de promoción económica, de fomento del empleo, de inversiones en pavimentación, saneamiento, alcantarillado, arreglo de edificios u obras urgentes no programadas, entre otras muchas.

Además, en lo que respecta al mundo rural, evitan su despoblación y mantienen la vertebración que llevan haciendo desde hace dos siglos, garantizando así que los quince millones de españoles que viven en ese ámbito tengan los mismos derechos que el resto, asegurando así el principio de igualdad.

Por otra parte, estas instituciones no suponen ningún problema financiero para el Estado, dado que la gran mayoría de ellas se encuentran en superávit. Por tanto, defender su supresión, como hacen algunos,


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argumentando un ahorro económico, es tanto como defender la supresión de servicios públicos, ya que en realidad su coste tendría que asumirse por otras administraciones.

Es más, es un hecho objetivo y fundamental el que son precisamente las administraciones locales las que cumplen en materia de déficit y deuda. Son las que tienen superávit, las que se gestionan bien, las que no hacen política partidista. A cualquier municipio le llegan fondos, ayudas e inversiones de la Diputación, sea el alcalde del color político que sea.

Por eso, en base a lo que acabarnos de exponer, aquellos que plantean la desaparición de las Diputaciones están confundiendo a la sociedad, ya que en realidad no es este su objetivo principal, sino que su fin último es, por puro interés electoral, que desaparezcan los municipios y las provincias.

En consecuencia, es obligado defender las Diputaciones Provinciales así como el mundo rural español, por respeto además a las personas que viven en los pequeños y medianos municipios. Constituyen una garantía para la igualdad de los españoles y no tendría sentido cambiar algo que funciona bien, como las diputaciones. Y es que cambiar por cambiar no conduce a ninguna parte, es necesario preservar lo bueno y lo que es útil.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta:

1. Su reconocimiento público a la imprescindible labor que desempeñan las Diputaciones Provinciales para la cohesión social y la vertebración territorial del Estado, en cuanto que representan una garantía para la existencia de los municipios y del mundo rural, así como para la igualdad de derechos de los españoles que viven en ese ámbito con respecto al resto.

Además, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

2. Continuar dotando a las Diputaciones Provinciales de las mejoras necesarias para una mayor eficacia y eficiencia en la gestión y prestación de sus servicios, con unas estructuras ágiles, modernas y transparentes y para que se mantengan como entes prestadores de servicios y promotores de cohesión social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a garantizar el ejercicio del derecho de manifestación de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español, para su debate en la Comisión de Política Territorial y de Función Pública.

Exposición de motivos

La Constitución Española en su Preámbulo dice "La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. (...) Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos, (...)".

El artículo 1 proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento la libertad. Así mismo, el artículo 9.1 establece que "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", y el artículo 9.2 que "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean


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reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Por otra parte, el artículo 14 establece el principio de igualdad de todos los españoles; el artículo 15, el derecho a la integridad física y moral; el artículo 16, la libertad ideológica; el artículo 17, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el artículo 21, el derecho de reunión y manifestación.

Sin embargo, la sociedad española en general, y la catalana en particular, viene asistiendo a una serie de acontecimientos que ponen en evidencia la fragilidad de la democracia en sus calles, a la hora de ejercer derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico.

En concreto, la imposibilidad de ejercer el derecho de manifestación reconocido en el artículo 21 CE y desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

El pasado 16 de septiembre de 2018, la asociación "Hablamos Español" convocó una manifestación en Barcelona, para la cual obtiene la autorización correspondiente para el recorrido que se disponían a hacer en su marcha. Sin embargo, ese recorrido no se pudo llegar a completar porque los independentistas de la plataforma "Acampados por la Libertad" y los Comités de Defensa de la República les impidieron el acceso a la plaza de Sant Jaume, donde estaba previsto que finalizaran su recorrido. La plaza fue siendo ocupada por miembros de la plataforma y de los Comités, a pesar de que la misma estaba dentro del recorrido autorizado a la asociación convocante. Para evitar incidentes, los Mossos d'Esquadra impidieron el acceso a las personas que participaban en la manifestación viéndose obligadas a concluirla en una plaza adyacente, a pesar de que su recorrido era conocido y autorizado con la antelación suficiente para que hubiese estado desalojada la plaza de Sant Jaume y hubiesen podido finalizar con los actos previstos.

El TEDH ha tenido ocasión de pronunciarse ante un caso similar. En Austria, unos manifestantes fueron increpados por unos contramanifestantes, que reventaron aquella manifestación ante la pasividad de las fuerzas de orden público. El TEDH consideró que la administración pública no podía ser pasiva sino que tenía que garantizar que los manifestantes pudieran ejercer su derecho en libertad. Austria fue condenada y se sentó una jurisprudencia consistente en que los derechos de libertad, como el derecho de reunión y manifestación, no comportaban únicamente la inacción de los poderes públicos, antes bien, al contrario, el poder público debe garantizar el ejercicio de esos derechos.

En esa sentencia, el TEDH consideró que una manifestación puede expresar posiciones que no sean compartidas por otras personas. Pero los manifestantes han de poder ejercer su derecho sin temor a ser agredidos por quienes discrepan de sus posiciones. Si ello no se garantizara, desaparecería la libertad de expresión de las asociaciones o personas que afirmen una determinada posición, ya que el temor a las agresiones podría conducir a que el debate social desapareciera. Por ello, en una democracia, el derecho a oponerse a lo que se exprese en una manifestación no puede validar que se impida el derecho a manifestarse.

La libertad, en democracia, no puede reducirse a una mera posición de no intervención de los poderes públicos. Esta concepción, puramente negativa, no sería compatible con los fines del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, existe una obligación del poder público dirigida a garantizar la libertad de manifestación frente a quienes sean contrarios a lo que expresan quienes se manifiestan.

El 29 de septiembre de 2018, nuevamente, una manifestación convocada por el sindicato policial Jusapol termina en fuertes enfrentamientos sin que los Mossos d'Esquadra, una vez más, puedan garantizar el pacífico desarrollo de la manifestación ni la seguridad de los manifestantes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1.º A garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación de todos los españoles en todo el territorio español.

2.º A remover cuantos obstáculos dificulten dicho ejercicio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003847

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a seguir impulsando las Comisiones Bilaterales, para su debate en la Comisión de Política Territorial y de Función Pública.

Exposición de motivos

El Título VIII de la Constitución Española configuró nuestro modelo territorial, sustentado en un pilar fundamental, las Comunidades Autónomas, como entidades dotadas de autonomía en la gestión de sus intereses. Y estableció las vías de acceso a la autonomía, el procedimiento de elaboración de los Estatutos y el reparto competencial (art. 137 CE). Sin embargo, el texto constitucional no cierra la regulación completa de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, siendo el Tribunal Constitucional, en sucesivas sentencias, el que ha resaltado la importancia de su colaboración, cooperación y coordinación.

A partir de esas previsiones, se han creado mecanismos de cooperación como son las Conferencias Sectoriales y la Conferencia de Presidentes, como órganos multilaterales e instrumentos de colaboración básica entre el Estado y las CC. AA., y también las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre el Estado y una Comunidad Autónoma.

Las Comisiones Bilaterales vienen funcionando desde 1987 y en los Acuerdos Autonómicos de 1992 fueron consideradas como instrumentos complementarios de las multilaterales y fueron valoradas como un cauce político adecuado para tratar asuntos específicos de cada Comunidad. La primera regulación al respecto es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En este sentido, todos los Estatutos de Autonomía hacen referencia a la colaboración y cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, y algunos de esos Estatutos han incorporado, expresamente, la existencia de esas Comisiones Bilaterales. Es el caso, entre otros, del Estatuto de Aragón (art. 90), Estatuto de Andalucía (art. 220) o el Estatuto de Cataluña (art. 183). Estas Comisiones tienen la importante misión de evitar los conflictos ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 33 de su Ley Orgánica.

La señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña), en su comparecencia de 4 de julio de 2018, afirmó la importancia de la cooperación bilateral y señaló la necesidad de "proceder a la reactivación de las Comisiones Bilaterales como elemento básico para un desarrollo fluido de las relaciones". Con todo, cabe recordar que la Constitución Española atribuye al Estado la obligación de garantizar el principio de solidaridad (consagrado en el art. 2 CE) velando por "un equilibrio económico adecuado y justo" entre las Comunidades Autónomas, entendiendo que las diferencias que pueda haber entre los distintos Estatutos, no podrán suponer "privilegios económicos o sociales" (art. 138 CE), ya que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" (art. 139 CE).

Por ello, también es relevante activar otros mecanismos de cooperación dispuestos en la legislación vigente, como las Conferencias Sectoriales del artículo 148 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que tienen entre sus funciones las de ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto; establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos; intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones; establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico; y fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1.º A seguir impulsando las Comisiones Bilaterales con todas las Comunidades Autónomas garantizando que de las mismas no puedan resultar diferencias para los ciudadanos por razón del lugar dentro del territorio nacional en el que residen.

2.º A exigir lealtad institucional a todas las Comunidades Autónoma y garantizar que en ninguna Comisión Bilateral se negocien o formalicen acuerdos que atenten contra el interés general de todos los españoles.

3.º A convocar las Conferencias Sectoriales cuando proceda legalmente con el objetivo de fomentar la colaboración y la cooperación entre el Estado y todas las Comunidades Autónomas.

4.º A incentivar la participación de todas las Comunidades Autónomas en la Conferencia de Presidentes autonómicos.

5.º A impulsar todos los mecanismos de colaboración y coordinación entre el Estado y todas las Comunidades Autónomas que aseguren que los intereses generales de todos los españoles se persiguen, preservando la igualdad de todos los españoles en el territorio nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003862

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 109694, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.


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Exposición de motivos

Los costes de insularidad que sufren los ciudadanos de las Illes Baleares son muy superiores a los que a fecha de hoy reconoce el estado. En este sentido un Dictamen de la Universitat de les Illes Balears de 2014 y ampliado en 2016 viene a señalar una mayor carestía de la cesta de bienes de consumo que lleva a un menor consumo de bienes y servicios por el sobrecoste de la importación derivado de la insularidad que equivale a un efecto arancel "ad valorem" de entre el 13 y el 17 %; mayores costes de producción de las empresas que importan consumos intermedios que equivale a un efecto arancel "ad valorem" de entre un 27 y un 35 %; mayores costes de adquisición de bienes de capital que equivale a un efecto arancel "ad valorem" de entre el 19 y el 24 % y mayores costes de acceso a los mercados que dificultan la exportación que tiene un efecto equivalente al de un arancel "ad valorem" de entre un 74 y el 100 %.

No solo se produce en las Illes Balears una mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios derivado de los efectos de los mayores costes de la insularidad, sino que también en los últimos años se ha producido un encarecimiento muy agudo de los precios del mercado inmobiliario.

Todo lo anterior hace que la provisión de las plazas de empleados del sector público estatal en las Illes Balears se vea dificultada por los costes crecientes derivados de la insularidad. Hoy el personal al servicio del sector público estatal en las Islas Baleares es de un 26 % menos que la medía estatal. Teniendo en cuenta estas y otras especiales circunstancias es necesario favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en los que, como sucede en las Illes Balears, se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes, de tal forma que con la actualización de estas cuantías se consiga mantener un mayor grado de ocupación de los puestos de trabajo además de compensar mejor la distancia de dichos territorios y en especial de las islas menores del archipiélago.

Fue mediante el RDL 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autorizaba la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de las Iles Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla, la última vez que el Gobierno de la nación procedió al estudio y actualización de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal en las Illes Balears.

Han transcurrido doce años desde el anterior estudio y actualización de la indemnización por residencia de los empleados del sector público estatal en activo en las Illes Balears, razón por la cual las cuantías de la indemnización han quedado totalmente desfasadas. Del mismo modo, la propia evolución socioeconómica ha producido un evidente desequilibrio de la cuantía de la indemnización por residencia del personal activo al servicio del sector público estatal en las islas Baleares respecto de otros territorios extrapeninsulares, motivo que se añade a los anteriores para proceder a un nuevo estudio de actualización que adecúe las cuantías de dicha indemnización a la realidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Revisar en el año 2018 las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para poder proceder a la modificación de las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual. Incluyendo también el componente de dicha indemnización según los trienios perfeccionados en cada grupo, tanto para el personal funcionario como el laboral, de las islas distintas a Mallorca.

2. Fruto de dicha revisión proceder a introducir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 las diferentes partidas presupuestarias en cuantía adecuada y suficiente que actualicen las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad autónoma de las Illes Balears sin que en ningún caso dicha actualización pueda suponer una minoración de las cantidades actualmente percibidas por este concepto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Transición Ecológica

161/003839

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley sobre inundaciones en Riofrío y Venta de Santa Bárbara (Loja-Granada).

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 108791, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley sobre inundaciones en Riofrío y Venta de Santa Bárbara (Loja-Granada), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Es una realidad que cada cierto tiempo las aguas del río Frío, del arroyo salado, del arroyo de la venta y otros arroyos que vierten sus aguas a los cauces principales, se desbordan con graves consecuencias en los núcleos urbanos de Riofrío y Venta Santa Bárbara en el municipio de Loja (Granada).

Lo cierto es que el sistema hidrológico de esta zona del municipio, en el caso del río Frío y del arroyo salado, tiene un caudal permanente como consecuencia de los nacimientos de agua de la Sierra de Loja y en los casos del resto de arroyos, su caudal es más estacional coincidiendo con el régimen pluvial.

No obstante, las precipitaciones de tipo torrencial que ocurren en determinados momentos del año provocan en ocasiones episodios de inundaciones como consecuencia de los trayectos, desniveles, caudales y del arrastre del barro, piedras y restos vegetales.

Cada vez es más frecuente que ocurran inundaciones asociadas a precipitaciones de fuerte intensidad por el efecto del cambio climático, pero también sus efectos se ven agravados por las modificaciones del entorno por la mano del hombre y por las actividades implantadas, provocando que los efectos de las avenidas sean más destructivos sobre los bienes públicos y privados poniendo en riesgo a la población de estos núcleos.

Hace décadas se realizaron obras de encauzamiento parcial y puntual para resolver estos episodios de desbordamiento de los cauces en las zonas urbanas, pero las mismas han quedado infradimensionadas, obsoletas y en ocasiones en mal estado.

De igual manera las tareas de mantenimiento de los cauces cada vez se hacen más necesarias por unas inadecuadas prácticas agrícolas, incidiendo de forma directa sobre el volumen de la carga de los arrastres sólidos y sobre la peligrosidad de las inundaciones.

Las riadas del pasado 14 de septiembre fueron las mayores de las que se recuerdan, produciendo unos efectos altamente destructivos.


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Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, ante los daños producidos como consecuencia del temporal que azotó el pasado 14 de septiembre los núcleos de Riofrío y Venta Santa Bárbara, ambos pertenecientes al municipio de Loja en la provincia de Granada, insta al Gobierno a:

1. Que por parte del Ministerio para la Transición Ecológica se estudien, en el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y según la Directiva 2007/60/CE, qué medidas técnicas se pueden adoptar para evitar que estas situaciones tengan el peligro y los efectos destructivos de las recientes riadas e inundaciones, especialmente en los núcleos urbanos.

2. Que se traslade a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la necesidad de adoptar estas medidas de prevención, así como las relativas a la limpieza y mantenimiento de cauces."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Josefa Inmaculada González Bayo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desconexión del crecimiento económico de las emisiones contaminantes y el desarrollo de nuevas competencias profesionales vinculadas a la transición energética, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Según el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2017, las emisiones de CO2 crecieron en España un 4,4 % en 2017 con respecto al año anterior, alcanzando los 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente. Por su parte, datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente apuntan que durante el periodo 1990-2015 la Unión Europea redujo sus emisiones un 24 % mientras que en España experimentaron un aumento del 17 % siendo el tercer país europeo donde más habían crecido. Si bien descendieron durante los años de recesión económica, a partir de 2013 volvieron a aumentar coincidiendo con la vuelta al crecimiento económico.

De acuerdo a los datos disponibles, la razón principal que explica esta subida está en el aumento de un 18,8 % de las emisiones procedentes de la generación de electricidad, debido a la mayor producción en centrales de carbón y ciclos combinados, unido a una caída de un 49 % en la producción hidráulica en un año marcado por la sequía. Unas cifras que revelan que por un lado es necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético y que por otro España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas. En este contexto, la ausencia de políticas decididas para rebajar las emisiones hace que estas fluctúen en función de la variabilidad del clima o de la mayor o menor actividad económica.

Es evidente que la no desconexión del crecimiento económico de las emisiones hace que el esfuerzo para cumplir los compromisos internacionales sobre reducción de emisiones requiera de medidas contundentes de mitigación y adaptación al cambio climático. El Acuerdo de París sobre el Clima de 2015, que obliga a reducir las emisiones un 40 % en 2030 con respecto a 1990, confirma la Comunicación de la Unión Europea de 8 de marzo de 2011 sobre la "Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva 2050" con objetivos sectoriales. Así mismo, las agencias internacionales (IRENA, AIE, REN21) insisten en que para cumplir estos compromisos es imprescindible aumentar el porcentaje de renovables en energía primaria del 15 % de 2017 al 65 % en 2050. Y, en general, las inversiones deberán dirigirse hacia un objetivo de renovables del 75-80 % para 2030 y del 100 % para 2050.


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En los últimos años se ha venido observando cómo algunos países eran capaces de lograr un desacoplamiento absoluto de las emisiones contaminantes del Producto Interior Bruto. Mientras sus emisiones descendían, el PIB aumentaba y por tanto la ratio emisiones/PIB también descendía. Este debería ser el camino a seguir por parte de la economía española.

Es imprescindible consolidar la transición energética y fomentar un cambio de modelo productivo que permita compaginar crecimiento económico y sostenibilidad, teniendo en cuenta que los mercados ya vienen orientándose hacia ello y que la primera inversión energética mundial son las energías renovables y las tecnologías energéticas inteligentes (más de 333.000 millones de dólares en el año 2017).

La sostenibilidad debe actuar como el nuevo viento de cola de la economía española y por ello debe aprovecharse tanto el reciente acuerdo de las instituciones europeas para establecer un objetivo del 32 % del consumo final de renovables en 2030 (14 % en el transporte) como la nueva directiva de eficiencia energética de edificios, con el objetivo de que actúe como la mejor política anticíclica. Distintas entidades españolas han anticipado que mayores objetivos de renovables pueden atraer hasta 100.000 millones de euros de inversión y la creación de 132.000 nuevos empleos.

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que las acciones para limitar la temperatura del planeta y para luchar contra el cambio climático facilitarán la creación de 24 millones de nuevos empleos en todo el mundo para el año 2030 y compensarán la pérdida de 6 millones de empleos relacionados con el abandono del petróleo y del carbón. En concreto, la OIT señala que las políticas de sostenibilidad aplicadas en los sectores de la energía, el cambio de mix energético, el impulso de los vehículos eléctricos, la eficiencia energética de los edificios, la agricultura y la economía circular crearán cuatro nuevos empleos por cada uno que se pierda por el abandono de los combustibles fósiles.

El desarrollo de las medidas incluidas en las directivas de renovables y eficiencia energética y su revisión por parte de las instituciones europeas van a orientar las futuras inversiones y oportunidades de empleo. Así, la transición energética se convierte en una oportunidad para la creación de empleo de calidad asociado a nuevas especializaciones productivas y a nuevos modelos de negocio que requieren de competencias que deberán introducirse en las políticas de empleo. Entre las nuevas especializaciones y modelos pueden destacarse: estrategias de rehabilitación energética integradas en la ordenación del territorio (el autoconsumo, autoconsumo compartido, sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, automatización y monitorización (TICs) del consumo de energía e infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico integradas en la red y los edificios (V2G); redes de distribución cerradas para zonas industriales, agrarias, comerciales o con servicios compartidos y contratación de líneas directas; nueva edificación y rehabilitación de la existente; aplicación de criterios de alta eficiencia energética en la contratación pública; supresión de barreras que menoscaben la eficiencia energética e impidan la participación del consumidor en la gestión de la demanda y en el sistema eléctrico; desarrollo del autoconsumo, autoconsumo compartido y almacenamiento descentralizado en viviendas y edificios; mercados regionales y locales de calor y frío, etc.

Todas las actividades arriba mencionadas requerirán perfiles educativos que el actual sistema no puede proveer. En la actualidad, no existen suficientes referentes formativos que permitan aprovechar las oportunidades que representan para el empleo las nuevas profesiones ligadas a la transición energética y que serán imprescindibles para desconectar el crecimiento de las emisiones. Por ello, será igualmente necesario garantizar oportunidades de formación específica que facilite el acceso a los nuevos empleos creados al albur de la transición energética, impulsando la integración de esas nuevas competencias en los sistemas educativos y de Formación Profesional.

En resumen, la transición energética se convierte en una oportunidad para el cambio de modelo productivo así como para la creación de empleo de calidad asociado a nuevas especializaciones productivas y a nuevos modelos de negocio que requieren competencias que deberán introducirse en las políticas educativas y de empleo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, en el marco de la transición energética, las medidas legislativas necesarias que favorezcan la desconexión del crecimiento económico de las emisiones contaminantes. En este sentido, se impulsarán las medidas necesarias para que la economía española lleve a cabo un cambio de


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orientación hacia sectores de mayor valor añadido y empleo de calidad, vinculando las nuevas formas de utilizar la energía con la sostenibilidad ambiental y la mejora de la competitividad.

2. Impulsar las medidas legales necesarias para garantizar unas cualificaciones profesionales específicas que faciliten el acceso a las oportunidades del empleo creado al albur de la transición energética, impulsando, en cooperación con las comunidades autónomas y las universidades, la integración de las siguientes competencias y ocupaciones en los sistemas educativos y de formación profesional:

a) Instalador especialista en autoconsumo con almacenamiento y microrredes en edificios, pequeñas y medianas empresas y explotaciones agrarias.

b) Especialista en rehabilitación energética y edificios de consumo de energía casi nulo, con integración de renovables y dispositivos inteligentes.

c) Especialista en redes urbanas eficientes de calefacción y refrigeración con energías renovables, como biomasa o geotermia, y redes cerradas.

d) Gestor energético especializado en auditorías, certificación energética de edificios y evaluación de proyectos de eficiencia energética.

e) Gestor de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en edificios y aparcamientos.

f) Técnico en gestión de la demanda, servicios energéticos, dispositivos inteligentes, y agregadores que faciliten la participación de los consumidores en el mercado eléctrico.

g) Especialista en huella de carbono y economía circular.

3. Impulsar, en cooperación con las oficinas de empleo de las comunidades autónomas, la creación de políticas activas de empleo centradas en la adquisición de competencias profesionales asociadas a las nuevas especializaciones productivas y a los nuevos modelos de negocio derivados de la transición energética."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Economía y Empresa

161/003845

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al gobierno a impulsar la constitución del Consejo General de Colegios de Periodistas y reconocer el papel clave de los periodistas en la actual sociedad de la comunicación, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.

Exposición de motivos

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, determina en su artículo 4.º que "cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional existirá un Consejo General".

Los Consejos Generales de los Colegios tienen a todos los efectos la condición de Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Su creación, mediante la promulgación de la ley correspondiente, no es potestativa. Antes bien, se convierte en una exigencia para el legislador siempre que existan "varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional".

Pues bien, en el caso de la actividad profesional del periodismo, no existe en España un Consejo General de periodistas, situación que perjudica a la profesión y al conjunto de la sociedad.

Si a todo esto le sumamos la realidad de la profesión en nuestro país, la cual cuenta, en estos momentos, con unos 7.400 colegiados, distribuidos entre 8 Colegios de Periodistas en otras tantas comunidades autónomas: Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias, y encontrándose en tramitación en otros 2 territorios, donde ya ha sido


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solicitado, que son Navarra y Cantabria, sin olvidar la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), con 49 asociaciones federadas y 17 vinculases, que en conjunto representan a 21.000 socios, es evidente que estamos hablando de un volumen significativo de profesionales que se encuentran actualmente en una situación de inseguridad jurídica en cuanto a la defensa profesional e intereses generales del sector del periodismo.

En 2010, y como instituciones de naturaleza pública creadas a partir del impulso de los profesionales del periodismo, y de la decisión unánime de los representantes políticos de los ciudadanos en cada parlamento autonómico, donde ya existía el órgano colegiado de Periodistas, se presentó la primera petición sobre este asunto a la Secretaría de Estado de Comunicaciones del Gobierno de España. Ampliándose posteriormente en 2013 con la adhesión de los nuevos colegios creados en este periodo de tiempo, sin que hasta ahora se haya avanzado en la reclamación del sector.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Impulsar y reconocer el papel clave que los periodistas en nuestra actual sociedad, en un mundo globalizado e interconectado.

2. Impulsar, en el menor tiempo posible, un proyecto normativo que agilice la Constitución del Consejo General de Colegios de Periodistas para poder ejercer las funciones propias del mismo, prioritariamente la de representación de la profesión ante los poderes públicos y poder, así, cumplir con las competencias que tiene atribuidas y que dicha creación le confieren."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2018.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003861

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa, relativa al reconocimiento del Institut Català de Finances como Establecimiento de Crédito Financiero.

Exposición de motivos

Desde el inicio de la crisis financiera se ha producido en España el mayor proceso de concentración bancaria de Europa. Entre 2008 y 2014 los cinco mayores bancos pasaron de acaparar el 42 % de la cuota de mercado a hacerlo en un 58 %. En la actualidad, después de la venta del Banco Popular al Banco de Santander, esta concentración es aún más acentuada, aproximadamente el 70 % la cuota de mercado está en manos de los cinco mayores bancos. Las cajas de ahorros, que suponían la mitad del sistema financiero español, fueron absorbidas por el sistema privado, mediante absorciones y compras, y con ayuda de dinero público. Estos movimientos no han contribuido más que a reducir la competencia en el sector, a concentrar el poder de mercado y la posibilidad de captura regulatoria.

El sector bancario sale de la crisis con unos balances aún precarios y en recomposición. Ello hace que los bancos aún se dediquen a reducir el riesgo de sus balances e invertir en activos libres de riesgo, que lo son gracias a los mecanismos de protección de los bancos centrales. Se podría afirmar pues que no se emplean a fondo en su función tradicional de provisión de crédito a la economía productiva destinado a la inversión, ni a la de provisión de crédito en condiciones razonables a los hogares.

Además, el alto grado de concentración da lugar a comportamientos oligopolísticos, y al aumento de la influencia política de estos grandes grupos. Es por tanto falaz decir que el sistema de cajas era un sistema ineficaz por ser altamente politizado y que, ahora, este nuevo sistema con pocos agentes muy poderosos y con gran influencia política no lo es.


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Es erróneo también afirmar que la banca privada funciona mejor que la banca pública, dado que en los últimos años la rentabilidad se ha obtenido a cambio de subvenciones públicas sin precedentes, políticas monetarias extraordinarias y un ajuste laboral antisocial. El sector bancario privado sigue de hecho disfrutando de crédito subvencionado por parte del BCE por diferentes vías. Por una parte, goza de la disposición de crédito a través de la línea oficial de crédito a tipos de interés extremadamente bajos. Además, está apoyado por un programa de compras de activos que afecta no solo a la deuda pública sino también a la deuda privada de grandes empresas. A pesar de ello las tasas de rentabilidad (ROE) del sector bancario han declinado. El Banco de España calcula que el ROE es del 5,1 % para las entidades financieras españolas en 2015, muy por debajo del 12 % de media del periodo 2000-2008. Los niveles de solvencia también se ven dañados (10,7 % según el ratio CET 1), y a pesar del fuerte desapalancamiento, aún no ha conseguido superar sus problemas, como ha mostrado la crisis reciente del Banco Popular. La reactivación del negocio es débil, y el riesgo de morosidad aún es alto (9,39 %, 2016, al nivel de 2012). Además, entre 2008 y 2015 un 27 % del empleo en el sector (se pasó de 271.000 empleados a 198.000), un 32 % de las oficinas han cerrado, y han desaparecido el 15 % de las entidades financieras.

Es por tanto necesario reformar el sector, para que actúe con responsabilidad, sin los graves abusos hacia las personas clientes y el comportamiento especulativo que lo ha caracterizado. Entre los cambios que precisa este sector, por razones económicas, pero fundamentalmente democráticas, se han de plantear diferentes intervenciones, entre las que se incluyen reorientar el sistema crediticio hacia una misión social y un espíritu de servicio público, lo cual debe permitirle no sucumbir a comportamientos que perjudiquen a la mayoría. Para realizar este proceso es esencial que las entidades financieras, que en la actualidad cuentan con mayoría de participación pública, continúen en manos públicas y puedan aumentar su volumen y atribuciones.

El propio Banco Mundial lo reconoce en su informe Repensando el papel del Estado en las finanzas: "El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito [...] compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados", así como: "La evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis".

España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública. En Alemania, tan fuerte sistema bancario público de ámbito regional, financia las necesidades de investigación e internacionalización de las empresas pequeñas y medianas con gran capacidad de innovación y exportación. La banca pública alemana también financia viviendas sociales e infraestructuras públicas, como escuelas, centros de tercera edad, etcétera. Actualmente la cuota de mercado de la banca pública alemana está en el 24 %.

A diferencia que en Alemania, Francia, Italia y muchos otros países, España no tiene banca pública con la que realizar políticas financieras e industriales de calado. Es de vital importancia que España ponga en marcha una banca pública regional, al estilo de Alemania, que le permita realizar tales políticas.

En las CC.AA. existen instrumentos financieros públicos de ámbito autonómico. En el caso de Cataluña es el Institut Català de Finances (ICF). El ICF fue creado por ley en 1985. Esta institución realiza su actividad crediticia sin licencia bancaria. Desde 2013 tal institución está operando de acuerdo con las normas regulatorias europeas, que el supervisor bancario acepta como adecuado para realizar actividad bancaria.

El ICF es considerado por el Banco de España una institución financiera no-monetaria, ya que no capta depósitos. Su mayor y único accionista es la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, la deuda del ICF no computa como déficit ni deuda, ya que no depende del presupuesto, lo cual certifica su independencia. De hecho, la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) hace un seguimiento estrecho para certificar que esto es así.

El ICF se financia principalmente del Banco Europeo de Inversiones, a un tipo de interés un 2 % más caro que el Instituto Oficial de Crédito (Euribor +1,4 %, mientras que el ICO Euribor -0,4 %), dado que el ICF no tiene acceso al BCE. También se financia emitiendo pagarés (inversores cualificados) a través de Bolsa de Barcelona, a vencimientos a corto; y con financiación de banca privada. A pesar de no gozar de condiciones tan favorables como otras entidades sus resultados y su crecimiento avalan su buena gestión. Sus ratios de morosidad han mejorado durante la crisis. Además, la entidad ha desempeñado una función anticíclica. En la actualidad tiene 100 trabajadores y gestiona 2.600 millones de euros de balance. Además realiza un seguimiento de inversión inducida y de los puestos de trabajo creados en las empresas que reciben crédito.


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El ICF se distingue por valores que hacen que la entidad trabaje solo con actores económicos que quieran hacer inversiones a largo plazo (naves industriales, líneas de producción) con períodos de 10-15 años. Además, el ICF podría firmar convenios de colaboración con Diputación, Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana, etc., para promover la actividad económica con espíritu de servicio público y en favor del interés general. Un ejemplo es la colaboración con el Departamento de Cultura, con el que en la actualidad hace préstamos participativos para financiar proyectos con alto contenido tecnológico en el ámbito de la cultura.

Actualmente el ICF está trabajando con la Asociación Europea de Bancos Públicos (AEBP), adaptándose a sus estándares para poder ser finalmente un banco público. Para crear un banco del ICF debería constituirse como Sociedad Anónima. Por esta razón se podría decir que el ICF está bajo la regulación de un banco aunque actúa y se le considera un fondo de inversión. Por esta razón, el ICF es considerado "banca en la sombra", dado que no reporta las estadísticas al Banco de España (BdE). Si el BdE supervisara su actividad, el ICF dejaría de ser banca en la sombra.

Una opción para que ello sucediera y el ICF pudiera devenir un banco sería que adquiriera un estatus similar al ICO. El ICO está supervisado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que tiene un convenio de supervisión con el BdE. El ICO ha tenido que adaptar los órganos de gobierno a tal supervisión, pero no lo ha hecho tanto como el ICF.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para que el Institut Català de Finances sea considerado un Establecimiento Financiero de Crédito en el ámbito de la ley española, y sea supervisado por el IGAE, pasando a ser el primer exponente de un nuevo sistema de banca pública autonómica en el Estado, que tenga como prioridad financiar proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo, dentro de una política industrial coherente, que favorezca a las Pymes. Estas medidas deberían contribuir a poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el desempleo y sea sostenible económica y ecológicamente. Asimismo, se crearán líneas financieras especiales para sujetos económicos excluidos del sistema financiero."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/003858

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho.

Exposición de motivos

Treinta años después del primer Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (1988) parece necesario recordar que se trata del instrumento esencial de que se sirven tanto las Administraciones Públicas -para garantizar- como la ciudadanía -para ejercer y acceder a determinados derechos sociales-.

Se trata de una colaboración económica y técnica entre, principalmente, la Administración Central y Autonómica con las administraciones locales para el desarrollo de esta red local, así como un intercambio de información entre administraciones.


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Desde 1988, se han ido sucediendo diferentes Planes Concertados anuales que comparten cuatro pilares fundamentales:

- la información y la orientación;

- la ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia;

- el alojamiento alternativo en casos de necesidad;

- la prevención y la inserción social.

Reconociendo fácilmente la importancia de estos cuatro pilares para la cohesión social, lo que resulta realmente impactante -e intolerable- es que la financiación de este instrumento ha sido inversamente proporcional a las necesidades de las personas. En un momento, año 2012, en que la situación de las familias en España es más grave que nunca y, por tanto, requiere más asistencia y ayudas para afrontar sus necesidades básicas, el Plan Concertado sufre un recorte de prácticamente el cincuenta por ciento respecto al año anterior. Esto es: mientras en 2011 se fijaron más de 86 millones de euros, el año siguiente la dotación cae hasta los 47 millones. Sin embargo, el recorte más duro llegará en los siguientes ejercicios presupuestarios en los que el gobierno del Partido Popular lo hace disminuir hasta los 28 millones. Cantidad manifiestamente insuficiente para hacer frente a las necesidades de una gran parte de la población en situación de emergencia social (el 28,6 % de la población total) y en situación de pobreza severa (el 7,6 % de la población total).

En este contexto, las entidades locales se han visto abandonadas por una Administración Central que lejos de tomar en cuenta sus necesidades ha optado por la asfixia económica de miles de ayuntamientos. Más aún, siendo la administración local la instancia más próxima y cercana a la ciudadanía y a sus necesidades, a finales de 2013 se aprueba la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que termina por desposeer a estas entidades de varias competencias y funciones en materia de Servicios Sociales, entre otras. Como era presumible, esto ha redundado en un grave deterioro de los servicios y, por ende, en un ejercicio precario de los derechos de ciudadanía.

A pesar de que esta norma ha sido anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional, siguen vigentes muchos de los preceptos que impiden la prestación equitativa y eficaz de los servicios sociales a que se refiere el Plan Concertado. Por ello, es urgente proceder a su derogación inmediata de cara a dotar a las distintas y muy diferentes entidades locales de la posibilidad de atender a su población de manera diligente.

Es importante apuntar algunos datos en relación al impacto del Plan Concertado: a) la red está implantada en 5.610 municipios; b) debe atender a una población de 41,6 millones de habitantes (97 % de la población); c) 5,8 millones de personas reciben alguna prestación básica a través de esta red; d) más de 29.000 personas trabajan en centros de servicios sociales.

El pasado 9 de marzo de 2017 la Comisión de Sanidad aprueba una Proposición No de Ley que insta al gobierno a, por una parte, recuperar y reforzar el Plan Concertado y, por otra, a tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de prestaciones de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ampliar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

2. Iniciar los trámites para la derogación de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supone un importante recorte en las competencias de los ayuntamientos en materia de servicios sociales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/003869

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la asignación del 0,7 por ciento del Impuesto sobre Sociedades a actividades de interés general, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

El Tercer Sector de Acción Social está conformado por entidades sociales y por personas comprometidas con la sociedad, cuya labor descansa en los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y participación, y su actividad está orientada a hacer frente a las situaciones de desigualdad y de exclusión social.

Por lo tanto, el trabajo del Tercer Sector de Acción Social es un bien inestimable que debe ser objeto de reconocimiento y protección por la sociedad en su conjunto y por las Administraciones Públicas en particular; por ese motivo, estas últimas están obligadas a establecer como una prioridad en su agenda política la atención del mismo.

En este sentido, destaca la acción del anterior Gobierno que durante los últimos años impulsó numerosas actuaciones a fin de asegurar la viabilidad y de promover el desarrollo del Tercer Sector de Acción Social.

Entre todas las medidas puestas en marcha destacan, entre otras: la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley de Voluntariado, orientadas a dotar de un escenario común y estable al tejido social de nuestro país, todo ello garantizando su participación real y efectiva en la configuración de las políticas sociales; la consignación de más 3.000 millones de euros al pago de facturas atrasadas de las Comunidades Autónomas con el Tercer Sector de Acción Social o el refuerzo de los programas de acción social con cargo a las subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF.

Pero, además, consciente de la importancia del Tercer Sector de Acción Social, el Gobierno del Partido Popular diseñó una nueva herramienta para reforzar la actividad del mismo, la "X solidaria empresarial".

Una medida que supone añadir a la decisión individual del contribuyente sobre el IRPF y la oportunidad de que el tejido empresarial de nuestro país conforme a los criterios de responsabilidad social, pueda destinar un porcentaje de su tributación a fines sociales.

En consecuencia, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece a través del apartado Uno de su Disposición adicional centésima tercera que "el Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades"; es decir, se impulsó la modificación normativa de la Ley del Impuesto de Sociedades para asignar el 0,7 por ciento de la recaudación de dicho impuesto para actividades orientadas a la inclusión y promovidas por el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha de manera urgente la previsión de la asignación del 0,7 por ciento de la recaudación del Impuesto de Sociedades para actividades orientadas a la inclusión y promovidas por el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, así como a impulsar campañas de sensibilización y promoción sobre la "X solidaria empresarial"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/003851

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y doña Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

La oposición o concurso-oposición es un procedimiento selectivo en la que las personas concurren para conseguir una plaza laboral dentro de las Administraciones Públicas. La igualdad, el mérito y la capacidad son los principios que rigen el desarrollo del proceso.

Para garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Gobierno desarrolló el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Sin embargo una vez las personas aprueban la oposición sin llegar a obtener plaza, las condiciones para la configuración de las listas de interinos que podrán acceder a las bolsas de empleo no se encuentran reguladas a nivel nacional. Esta ausencia de legislación nacional ha permitido la existencia de numerosas diferencias entre CC.AA. en el procedimiento de asignación, más allá de los criterios de baremación de la experiencia como interino.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una legislación que establezca un marco para que las Comunidades Autónomas desarrollen normativa que regule las listas de empleo de interinos y, en particular, los procedimientos para la configuración del listado y los criterios de ordenación de los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los beneficios fiscales de las Academias asociadas al Instituto de España, para su debate en Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Las Reales Academias de ámbito estatal (Academia Española; Academia de la Historia; Academia de Bellas Artes de San Fernando; Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Academia de Ciencias Morales y Políticas; Academia Nacional de Medicina; Academia de Jurisprudencia y Legislación; Academia Nacional de Farmacia; Academia de Ingeniería de España y Academia de Ciencias Económicas y Financieras), están agrupadas en el llamado Instituto de España, "como corporación nacional a título de máximo exponente de la cultura española en el orden académico, y cuyo objeto era mantener y estrechar


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la fraternidad y la colaboración entre las Academias, auxiliándose y completándose entre sí para la mayor eficacia de sus tareas y actividades, formando la superior representación académica nacional en España y en el Extranjero" (Exposición de motivos del Real Decreto 1160/2010).

Por Real Decreto 1160/2010, de 17 se septiembre, se estableció una nueva regulación del Instituto de España, incidiendo en que las funciones de éste debían poner también el acento en el traslado a la sociedad de su labor, dado que las medidas para fomentar la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad suponen un pilar básico del nuevo modelo productivo hacia el que debe de encaminarse nuestro país. En ese texto legal, vigente en la actualidad, se fijan la naturaleza, los objetivos, las funciones y la organización del Instituto, así como sus medios y su régimen económico, presupuestario y de personal.

En esa nueva legislación, se atribuye también a las citadas diez Reales Academias, la potestad de acogerse a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Junto a estas Reales Academias de ámbito estatal, y a partir de la creación de las mismas, empezaron a surgir instituciones similares de ámbito más local, con los mismos fines, con una actividad igualmente importante, pero orientadas a un ámbito geográfico más limitado. Estas instituciones locales, agrupadas actualmente en función del régimen autonómico vigente, continúan desarrollando una gran labor en sus campos de aplicación, labor aumentada por el desarrollo científico y tecnológico del que disfrutamos hoy en día, y que precisamente implica la necesidad de más y mejores recursos para su funcionamiento.

Sin embargo, estas Academias Asociadas no están sujetas a los incentivos fiscales del Mecenazgo del que disfrutan las diez Academias principales que conforman el Instituto de España, lo que les impide acogerse a los beneficios que se recogen en la Ley 49/2002. Ello implica que la supervivencia económica de estas Instituciones es complicada, en la medida que, en la mayoría de los casos, no cuentan con subvenciones de las diferentes administraciones, por lo que solo funcionan en base a las aportaciones de los socios, académicos y/o benefactores. Esta situación afecta, lógicamente, al desarrollo de sus actividades, las cuales se ven limitadas e, incluso, suspendidas por la falta de financiación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que las Academias consideradas asociadas a las Academias estatales integrantes del Instituto de España (así como, en su caso, los Institutos regionales y autonómicos), puedan acogerse al mismo régimen de incentivos fiscales de mecenazgo, dando cumplimiento con ello al objetivo básico para el que fueron creadas, el fomento y la divulgación de la Cultura y de Ciencia en España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/003866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre exenciones en el pago de título de transporte público a acompañantes de personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La plena inclusión de las personas con discapacidad es una asignatura fundamental para cualquier país, en particular para aquellos que aspiran al avance de las políticas sociales y a la consolidación del Estado del Bienestar.


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Desde hace tiempo, en España, conscientes de la especial situación de las personas con discapacidad y sus familias, se han adoptado instrumentos normativos que avanzan en la eliminación de barreras, en la autonomía personal, en la independencia de las personas, en la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, y en la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, tal y como establece la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, todavía son muchos los ámbitos en los que estas personas encuentran obstáculos que les impiden desarrollar su vida con normalidad, a lo que cabe sumar las diferencias existentes en el acceso a determinados bienes y servicios en función del lugar de residencia.

Es el caso de las exenciones al pago de título de transporte público, bien sea en nombre propio o en caso de ser acompañante de una persona con discapacidad.

El reciente informe de la Fundación ONCE "sobre exenciones pago de título de transporte público a acompañantes de personas con discapacidad gravemente afectadas", revela las diferencias existentes en el territorio nacional debido a la diversidad de normativa que regula la gratuidad del billete de transporte para acompañantes de personas con discapacidad.

En este sentido, cabe señalar que hay una gran variedad de situaciones dependiendo de la tipología de transporte: terrestre, aéreo o marítimo, así como de su carácter, bien sea local o internacional. Por lo tanto, la variedad de normativa hace que los asistentes de personas con una discapacidad igual o superior al 65 % tengan beneficios distintos en función del territorio de España en el que sean usuarias.

En consecuencia, por un lado, deberían establecerse unas condiciones básicas y comunes en todo el territorio nacional sobre las exenciones del pago del billete de transporte público y, por otro lado, abordar quiénes deberían ser los destinatarios de las mismas, ya que hasta el momento solo son beneficiarios los acompañantes de las personas con discapacidad gravemente afectadas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en colaboración de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, unas condiciones básicas y comunes sobre las exenciones del pago del billete de transporte público para la asistencia personal o acompañantes de aquellas personas que los necesiten como recurso imprescindible para su movilidad y autonomía, como es el caso de:

- Personas que tengan reconocida prestación de asistencia personal en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención de /a Dependencia.

- Personas que tengan reconocida ayuda de tercera persona (baremo específico) en el marco de la valoración del grado de discapacidad.

- Personas que tengan reconocida movilidad reducida (baremo específico) en el marco de la valoración del grado de discapacidad.

- Perceptores de pensiones de incapacidad laboral de Seguridad Social en grado de gran invalidez.

- Perceptores de pensiones no contributivas de invalidez de la Seguridad Social (con grado de discapacidad igual o superior al 65 %).

- Personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 % que no estando en las situaciones anteriores, tengan de hecho necesidad ineludible de ser acompañadas o asistidas en sus desplazamientos por precisar apoyos para una movilidad personal lo más autónoma, cómoda y segura posible.

Además, se insta a que en el transporte público dependiente de la Administración General del Estado se aplique una exención total a los billetes de los acompañantes de personas con una discapacidad que requieran de la atención de un asistente para su desplazamiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003853

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la exención del permiso de conducir D1 para las familias numerosas con 7 o más hijos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

En España el permiso de conducción más solicitado es sin duda el carné B, que es el que habilita para conducir turismos. Según datos de la DGT, el censo de conductores con el permiso tipo B alcanza los 18.838.157. Con este carné B puedes conducir microcoches, utilitarios, berlinas, monovolúmenes, todocaminos, deportivos...

Según el informe Movimiento Natural de la Población, del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 1956 familias con 7 o más hijos. Todas ellas necesitan sacarse el permiso D1.

El permiso D1 suele ser requerido por personas interesadas en dedicarse al mundo del transporte de personas. De hecho, es el que da facultad al titular de conducir autobuses de reducido tamaño.

El permiso D1 faculta al titular para conducir todo tipo de automóviles que hayan sido construidos y diseñados para el transporte de pasajeros. En concreto, la cantidad máxima de personas que puede llevar el conductor es de 16. Además, el vehículo no puede poseer una longitud superior a los 8 metros, aunque están capacitados para llevar remolques cuya Masa Máxima Autorizada (MMA) no supere los 750 kg. Su obtención implica la concesión automática del ya extinto permiso BTP, el cual daba derecho a conducir taxis, ambulancias y vehículos de policía, bomberos y transporte escolar.

Aquellos que deseen ser titulares de un permiso D1 deberán someterse a tres exámenes divididos en dos fases. La primera de ellas es teórica y consta de una prueba de tipo test de 20 preguntas que debe completarse en un período máximo de 20 minutos y que, para ser aprobado, no puede contener más de dos fallos. Por su parte, una vez que el alumno lo haya superado, tendrá que presentarse al examen práctico, el cual consta de dos ejercicios.

El primero de ellos se desarrolla en un circuito cerrado y trata de sacar a relucir las habilidades del conductor a la hora de realizar determinadas maniobras complejas. El segundo consiste en un tiempo determinado conduciendo en una situación de tráfico real.

Además, debe ser poseedor del permiso de clase B, es decir, aquel que da derecho a ponerse al volante de la mayoría de turismos y motocicletas de cilindrada inferior a los 125 cc. También necesita abonar las correspondientes tasas, las cuales oscilan en torno a los 90 euros y superar un reconocimiento médico para conductores en un centro homologado por la Dirección General de Tráfico.

Actualmente, las familias constituidas con más de siete hijos se enfrentan al problema de no poder viajar juntos en un mismo vehículo de nueve plazas, salvo que puedan obtener el permiso D1 para conducir vehículos que no excedan las 17 plazas, incluido el conductor, con todas las cargas económicas, legales, técnicas y temporales que acarrea dicha medida para las familias numerosas.

Estar en posesión de este permiso D1 exige la obligación de utilizar un tacógrafo, cumplir con determinadas horas de descanso, no superar ciertos límites de velocidad establecidos, así como la obligación de obtener dicho permiso, con el coste económico y temporal que supone dicha medida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el estudio y valoración, de la posibilidad de establecer una exención en el permiso de conducir D1 para que las familias numerosas con mayor número de hijos puedan conducir esta clase de vehículos sin todos los requerimientos legales establecidos, siempre que el uso del transporte se destine a uso familiar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/003864

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar un punto negro entre la N630-A66 y Ex105 en las cercanías de Torremejía (Badajoz), para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

El cruce de la N630 a la altura del km 636 con la Ex105 y la salida norte hacia Torremejía de la A66 se ha convertido en las últimas fechas en un punto de alta siniestralidad, un punto negro, que aunque haya dejado de considerarse como tal según las métricas actuales de la Dirección General de Tráfico no deja de ser un cruce de alta siniestralidad, en el que se producen muchos accidentes de tráfico y que supone un punto de riesgo para los ciudadanos de la zona.

Se trata de un cruce de dos carreteras con mucho tráfico, con la salida/entrada a una autovía de alta densidad de tráfico como la A66, y se trata de un cruce principalmente el que concentra casi todos los accidentes del tramo de alta siniestralidad.

La solución en este caso pasa por un análisis en profundidad del punto exacto y por una toma de decisiones urgentes para que en los próximos PGE de 2019 pueda aparecer una partida para solucionar el problema.

Al haber implicado en este caso una vía que no es propiedad del Estado, y que es propiedad de la Junta de Extremadura, como la Ex105, se impone también el diálogo y acuerdo con la Junta de Extremadura, que debería participar de este análisis solicitado para la toma de decisiones definitiva, en la que tiene mucho que aportar.

La solución, por ser un cruce de varias vías bien señalado y con todas las medidas que como cruce se pueden tomar, pasaría por la construcción de una rotonda entre las administraciones implicadas (Junta de Extremadura y Ministerio de Fomento), y por otras que en virtud del análisis solicitado se puedan tomar para mejorar la seguridad de los conductores que diariamente pasan por ese punto de tanto riesgo.

Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate y votación, la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Estudiar la situación y adoptar las medidas necesarias para eliminar un punto negro entre la N630-A66 y Ex105 en las cercanías de Torremejía (Badajoz)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial, para la cesión de infraestructura ferroviaria necesaria para la materialización de una Ruta Ciclista por el litoral de Galicia, de Tui hasta Ribadeo, en el marco del impulso de la red europea EuroVelo.


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Exposición de motivos

EuroVelo es la red europea de carriles bici que impulsó la Federación de Ciclistas Europeos hace años, en 1997. El objetivo es ambicioso, puesto que se fijó como propósito desarrollar una red de rutas de larga distancia para cicloturistas y conectar Europa por bicicleta.

Muchos de los miles de kilómetros de la red están operativos desde hace tiempo, otros se están proyectando a partir de rutas ya existentes o mediante el diseño de nuevos trayectos. Se quiere facilitar la interconexión entre las diferentes rutas.

El mapa matriz de la Red EuroVelo parte de tres itinerarios por el estado español: uno pasa por el norte, desde Galicia pero se da la circunstancia de que se realiza por el interior, desde Santiago de Compostela y siguiendo el Camino de Santiago hasta Francia. De forma que la parte atlántica y cantábrica, la más costera, no está incluida.

De todas formas, la idea del programa es que el diseño originario podría dar lugar a nuevas rutas intercomunicadas.

Precisamente, esto es lo que ha sucedido en Galicia en el ámbito del cicloturismo. Organizaciones de ciclistas como la Coordinadora Galega da Bicicleta, que aglutina a múltiples asociaciones, ha impulsado la interconexión con una ruta cuyo trazado discurre por toda la costa, desde Tui hasta Ribadeo, pero que continuaría por Asturias y todo el norte.

El litoral de Galicia cuenta con una riqueza paisajística, natural y medioambiental que resulta idónea para los recorridos en bicicleta. Compartimos la necesidad de que sean incluidos en la Red EuroVelo. Se trataría de promocionar el turismo a dos ruedas y a la vez promocionar otras áreas más allá del Camino de Santiago, un itinerario por otra parte suficientemente popular y masificado.

Para materializar esta interesante propuesta, se necesita de la participación de las tres administraciones: ayuntamientos, Xunta y Estado, para que cada una desde su ámbito competencial facilite la cesión y adecuación de las infraestructuras necesarias para la creación de carriles bici por la franja costera. Algunos consistorios ya se han puesto manos a la obra y están construyendo este tipo de infraestructuras para bicicletas.

Sin embargo, en otros tramos existen mayores dificultades debido a que se precisa del concurso de varias administraciones. Nos referimos a casos en los que se necesita de la cooperación de Adif para que ponga a disposición infraestructuras de su competencia.

Lo ha hecho en la puesta en marcha de las denominadas Vías Verdes, las antiguas líneas ferroviarias, que ha cedido para la creación de estas rutas.

En otros casos se precisa de la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica, debido a que algunas sendas ciclistas precisan de sus infraestructuras o dominios costeros.

En el caso concreto de la ruta que se ha abierto entre las ciudades de Vigo y Pontevedra se ha evidenciado la necesidad de contar con el concurso de Adif en varios tramos. Desde el ámbito político y social son reiteradas las demandas para que Adif ponga a disposición la vía férrea que está en desuso, en estado de abandono, entre Pontevedra, Redondela y Vigo. Una infraestructura necesaria para crear una vía verde peatonal y ciclista. Al igual que en otras partes del Estado, consiste en aprovechar el estado el trazado ferroviario entre Pontevedra y Arcade (Soutomaior) con el cometido de poder avanzar en la Ruta ciclista entre Pontevedra y Vigo.

Para ello se precisa que Adif ceda los tramos de la vía que ya no se utilizan. En este sentido, y en cuanto al tramo mencionado, Adif ha indicado que el Ministerio de Fomento tiene que realizar un trámite: debe emitir un documento de fin del uso ferroviario del tramo. Adif alega que es requisito imprescindible que promulgue la desafección de la conexión para la Vía Verde. A partir de ahí, iría el proceso de eliminar traviesas y otros elementos.

Para formar parte de la Red EuroVelo, la ruta debe contar con unas características específicas como: tener una pendiente inferior al 6 %, disponer de una anchura suficiente para permitir el paso de dos bicicletas como mínimo, un tráfico motorizado medio inferior a 1.000 vehículos al día, estar pavimentada al menos en el 80 % de su longitud, la ruta debe estar operativa todo el año, ofrecer servicios cada 30 km, alojamiento cada 50 km, y transporte público que acepte bicicletas cada 150 km; debe conectar ciudades de todos los países y pasar por sus centros urbanos y contar con guías de ruta y mapas actualizados.

Las rutas en bici son imprescindibles para progresar en la movilidad sostenible, restando tráfico de coches, apostando por un modelo de turismo más respetuoso y saludable y con menor impacto medioambiental.


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Facilitar, mediante la cesión y la puesta a disposición de la infraestructura férrea en desuso y otras propiedades del ámbito competencial del Ministerio, la materialización de una Ruta ciclista por toda la costa de Galicia, atlántica y cantábrica (desde Tui hasta Ribadeo), que continuaría por el litoral cantábrico en el marco del impulso de la Red Europea EuroVelo y la interconexión de las distintas rutas en el marco de una movilidad sostenible.

- Agilizar el proceso, efectuando los trámites necesarios, para la cesión de la vía ferroviaria en desuso entre Pontevedra, Arcade (Soutomaior), Redondela y Vigo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/003865

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de una correcta formación afectivo-sexual, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

La accesibilidad y el anonimato con el que los menores pueden consumir y producir contenidos sexuales contrastan con la escasa información disponible en nuestro país sobre esta realidad.

En los últimos años, el Barómetro de la familia de "The Family Watch" ha puesto de manifiesto la preocupación de las familias en relación a la gestión que los menores a su cargo hacen de las redes sociales y el modo en que se sexualiza la imagen de los menores en internet. Una preocupación compartida por el Grupo Parlamentario Popular, tal y como puso de manifiesto el registro y posterior debate de una Proposición no de Ley sobre la necesaria promoción de medidas para combatir la hipersexualización de la infancia. Pero también somos conscientes de la existencia de un escenario paralelo, en el que el acceso a la pornografía está al alcance de los menores con una intensidad y a una escala que nunca antes se había vivido, es decir, se plantea una nueva realidad en la que los menores de edad son consumidores y productores de contenidos sexualizados.

Esto preocupa en gran medida a las familias y docentes, tal y como pone de manifiesto el estudio "Menores y contenidos sexuales en internet", impulsado por "The Family Watch" y realizado por la Universidad Rey Juan Carlos. El mencionado informe destaca que el 75,4 % de las familias se muestran preocupadas por la gestión que los menores de edad hacen de los contenidos sexuales en internet mientras que el 43,6 % de docentes no perciben que los progenitores o tutores estén preocupados a efectos prácticos.

Además, tanto las familias como en el de los docentes consideran de forma muy mayoritaria, casi el 90 % en ambos casos, opinan que el consumo y creación de los contenidos sexuales en relación con los menores debe ser regulado. Para el 62 % de los docentes, el consumo de contenidos sexuales explícitos perjudica a las relaciones humanas y a las personas. Así mismo, 9 de cada 10 jóvenes reconocen que se informan sobre sexo a través de la red.

Como conclusión general, cabe señalar que tanto los docentes como las familias ven la gestión de contenidos sexuales explícitos como un reto al que hay que hacer frente, y qué mejor forma de hacerlo que conjuntamente con los Poderes Públicos.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, entidades del Tercer Sector de Acción Social comunidad educativa y expertos en la materia a:

1. Impulsar la formación afectivo-sexual de progenitores, tutores y educadores, con el fin de que de que puedan trasladar adecuadamente los conocimientos adquiridos a los menores de edad a su cargo.

2. Promover programas de promoción y educación para la salud afectivo-sexual dirigida especialmente a menores de edad y adaptada a los distintos niveles educativos.

3. Poner en marcha campañas de sensibilización que adviertan sobre las consecuencias de un uso inadecuado de las nuevas tecnologías para el consumo y producción de contenidos sexuales.

4. Fomentar la adopción de actuaciones que disuadan o en su caso delimiten el acceso a sitios web con contenidos sexuales a los menores de edad.

5. Regular el acceso de "contenidos para adultos". Promoviendo la obligación de que las compañías que prestan el servicio de internet pongan filtros, con la posibilidad de que, quien quiera recibir contenidos para adultos, pueda solicitarlo y se le retiren los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, sobre violaciones de los derechos humanos de los niños y niñas con variaciones de la anatomía sexual.

Exposición de motivos

Las personas intersex nacen con variaciones de la anatomía sexual, que incluyen genitales atípicos, órganos atípicos productores de hormonas sexuales, respuesta atípica a las hormonas sexuales, configuración genética atípica y/o características sexuales secundarias atípicas. Aunque los niños intersex pueden enfrentar varios problemas, en el "mundo desarrollado" los más acuciantes son las mutilaciones genitales intersex (MGI), que inexplicablemente continúan ocurriendo, lo que representa un problema distinto y único que constituye violaciones significativas de los derechos humanos.

Las prácticas de MGI incluyen cirugías genitales cosméticas no consentidas, médicamente innecesarias, irreversibles y otros procedimientos médicos nocivos. Además, no existe evidencia de su beneficio para los niños afectados, y son fundamentados en creencias y normas sociales y culturales. Las formas típicas de MGI incluyen "masculinización" y "feminización", cirugía genital "correctiva", procedimientos de esterilización, imposición de hormonas, exámenes genitales forzados, dilataciones vaginales, exposición médica, experimentación humana y la negativa para proporcionar la atención médica necesaria. Las prácticas de MGI causan dolor y sufrimiento grave, tanto físico como mental, de por vida, incluyendo pérdida o deterioro de la sensibilidad sexual, cicatrices dolorosas, relaciones sexuales (coito) dolorosas, incontinencia, estenosis uretral, deterioro o pérdida de la capacidad reproductiva, dependencia de por vida a hormonas artificiales, índices significativamente elevados de comportamiento autodestructivo y tendencias suicidas, sufrimiento y trauma mental de por vida, incremento en la ansiedad sexual, menor actividad sexual e insatisfacción con los resultados funcionales y estéticos.

La Convención de los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer (CEDM), la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CCT), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP), el Relator Especial de la ONU sobre Tortura (RET), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos


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(ACNUDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), el Consejo de Europa (CdE) y otros, han reconocido constantemente que las prácticas de MGI son una violación del derecho internacional y han pedido una legislación para (a) poner fin a la práctica, (b) garantizar la reparación e indemnización y (c) proporcionar acceso a asesoramiento gratuito.

Durante 25 años, las personas intersex han denunciado públicamente que la MGI es dañina y traumática, una forma de mutilación genital y abuso sexual infantil, además de un tipo de tortura o maltrato. Por ello, han solicitado una legislación adecuada con el fin de prevenir y garantizar soluciones.

El informe temático de ONG elaborado por las ONG internacionales intersex StopIGM.org/Zwischengeschlecht.org y Brújula Intersexual, en colaboración con niños y niñas y adultos intersex y padres y madres de niños y niñas intersex de España, muestra que los médicos en clínicas universitarias públicas españolas frecuentemente realizan prácticas de MGI, que incluyen cirugías genitales cosméticas no consentidas, médicamente innecesarias e irreversibles, procedimientos de esterilización y otros tratamientos dañinos para niños y adolescentes intersex, que los supervivientes han descrito como mutilación genital y tortura.

Hoy en día, todas las formas típicas de prácticas de MGI todavía son realizadas en España, facilitadas y pagadas por el Estado a través del Sistema Nacional de Salud pública (SNS). Los padres y los niños son mal informados, condenados al secreto, aislados y privados de un apoyo adecuado.

A pesar de las continuas críticas públicas a la práctica en España por sobrevivientes de MGI y expertos legales, hasta el día de hoy, el Estado no solo falla en tomar medidas legislativas, administrativas u otras acciones para prevenir la práctica, sino que, de hecho, la financia directamente a través del Sistema Nacional de Salud pública (SNS) y mediante la financiación de las clínicas universitarias públicas y hospitales pediátricos que practican la MGI.

Por lo tanto, España incumple sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, en concreto con la Observación General Conjunta CDN-CEDM 18/31, y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España, en el apartado 24, en referencia a las prácticas nocivas en relación a la violencia contra la infancia, dice textualmente: "El Comité recomienda que el Estado parte prohíba la aplicación de tratamientos médicos o quirúrgicos innecesarios en el caso de los niños intersexuales, cuando esos procedimientos conlleven el riesgo de causar daños y puedan ser aplazados sin consecuencias hasta que el niño pueda participar activamente en el proceso de adopción de decisiones. También recomienda que el Estado parte garantice que los niños intersexuales y sus familias reciban asesoramiento y apoyo apropiados".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

a) Impulse la adopción de las medidas legislativas necesarias para prohibir explícitamente el tratamiento médico o quirúrgico innecesario durante la infancia o niñez para garantizar la integridad corporal, la autonomía y la autodeterminación a los niños y niñas afectados, y proporcione a las familias con niños y niñas intersex la asesoría y apoyo adecuados.

b) Impulse la adopción de las medidas legislativas necesarias para proporcionar reparación a las víctimas de dicho tratamiento, incluyendo una indemnización adecuada y una rehabilitación lo más completa posible, y lleve a cabo una investigación de incidentes de tratamiento quirúrgico, y otros tipos de tratamientos médicos, realizados en niños y niñas intersexuales sin consentimiento informado.

c) Eduque y capacite a los y las profesionales médicos, psicológicos y educadores en el tema de la intersexualidad, en las consecuencias de las intervenciones quirúrgicas innecesarias y otras intervenciones médicas dirigidas a niños intersexuales, proporcionando la formación que sea necesaria en colaboración con las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-María del Mar García Puig y Sofía Fernández Castañón, Diputadas.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Fomento

181/001382

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Sara Carreño Valero

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Texto:

¿Ha valorado el Ministerio de Fomento alternativas ferroviarias al proyecto de AVE Miranda-Castejón, y en concreto la posibilidad de apostar por un tren de altas prestaciones en el eje Cantábrico-Mediterráneo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Sara Carreño Valero, Diputada.

181/001384

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Beatriz Marta Escudero Berzal

Texto:

¿Mantiene el Gobierno las previsiones de conclusión el próximo año de las obras de la carretera SG-20 en Segovia, iniciadas en 2016?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Beatriz Marta Escudero Berzal, Diputada.


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181/001385

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Jesús Postigo Quintana

Texto:

¿Han existido incidencias con la adjudicataria de las obras de la carretera SG-20 que circunvala Segovia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Jesús Postigo Quintana, Diputado.

181/001386

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Dolores Marcos Moyano

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno un tren digno para Extremadura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-María Dolores Marcos Moyano, Diputada.

181/001387

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Ana María Zurita Expósito

Texto:

¿Va a ser la expropiación de viviendas vacías un eje fundamental de su anunciado "Pacto Nacional por la Vivienda"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.


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181/001388

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Ana María Zurita Expósito

Texto:

¿Podría aclarar el Gobierno qué medidas "muy importantes" respecto al acceso a una vivienda digna y respecto a los alquileres, se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado para 2019?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.

181/001389

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Ana María Zurita Expósito

Texto:

¿En qué va a fundamentar el Gobierno su anunciado Pacto de Estado por la Vivienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.

181/001390

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Ángeles Esteller Ruedas

Texto:

¿Mantiene el Ministerio de Fomento el compromiso del anterior Gobierno de España de soterrar la línea férrea R2 a su paso por Montcada i Reixac (Barcelona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-María Ángeles Esteller Ruedas, Diputada.


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181/001391

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Miguel Barrachina Ros

Texto:

¿Cuál es la opinión de AENA sobre su posible participación en un hipotético concurso para gestionar el aeropuerto de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2018.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

181/001381

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Diputada doña Isabel Franco Carmona

Dirigida a la Secretaría de Estado de Migraciones

Texto:

¿Cuál es el motivo para que la Secretaría de Estado de Migraciones haya decidido el cese, con efectos a 26 de octubre de 2018, de 92 funcionarias y funcionarios interinos (Grupos A1, A2 y C2) y su sustitución por funcionarios y funcionarias con las mismas condiciones de interinidad y sin formación específica en materia de migraciones, asilo refugio, todo ello para unas tareas que no son temporales, sino estructurales y para las cuales se prevé una Oferta de Empleo Público?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Isabel Franco Carmona, Diputada.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

181/001383

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente Pregunta Oral para su respuesta en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Texto:

¿Cuáles han sido los motivos para que el Gobierno haya modificado las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización, y que ha provocado la eliminación de las convocatorias territorializadas, dejando sin efecto las específicas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, de Campo de Gibraltar, de Bahía de Cádiz, de Lorca, de las provincias de Soria, Teruel, Jaén, Vizcaya, y de las Comunidades Autónomas de Canarias y Extremadura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

181/001380

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Diputado don Juan López de Uralde

Texto:

¿Qué medidas tiene previstas este Ministerio para evitar que los ribazos entre fincas se sigan destruyendo, teniendo en cuenta la función medioambiental que desarrollan, al ser usados como lugar de refugio y reproducción de muchas especies animales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.

Comisión de Transición Ecológica

181/001374

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes

El Gobierno español ha incumplido la normativa europea, en relación a la revisión y actualización de los planes hidrológicos de las Islas Canarias (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife).

Pregunta:

¿Qué medidas tiene previstas para dar cumplimiento a este requerimiento con la calidad, transparencia y celeridad que amerita el caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

244/000001

La Mesa de la Cámara ha acordado ampliar, con carácter improrrogable, el plazo para la presentación de candidaturas para la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno de juristas hasta el día 12 de noviembre de 2018.

Lo que se publica para general conocimiento y a efectos de lo previsto en el artículo 567.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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OTROS TEXTOS

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000012

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Acuerdo de la Comisión de Transición Ecológica, relativo al Informe de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, aprobado en su reunión del pasado día 24 de octubre de 2018, así como de los votos particulares presentados al mismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN, CON MODIFICACIONES, DEL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICA DE AGUAS EN COHERENCIA CON LOS RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Aprobación por la Comisión del texto del Informe de la Subcomisión, incluyendo una enmienda transaccional, aprobada por mayoría, en el siguiente sentido:

1. En el apartado Vl.1. Conclusiones en el punto 4 subpunto 4, suprimir: "Sirvan de ejemplo Andalucía y Murcia. En Andalucía, en donde el regadío ha crecido un 15 % más de lo que hoy se puede atender con adecuadas dotaciones, el porcentaje pasará a ser del 28 % en escenarios del 2027 y del 40 % en 2050. En Murcia, donde el regadío ha crecido un 23 % por encima de los caudales disponibles (en años medios), aun contando con el Trasvase Tajo/Segura, con los escenarios previstos de cambio climático, y aun suponiendo estables las demandas, éstas excederán en un 36 % las disponibilidades en 2050".

2. En el apartado VI.1. Conclusiones en el punto 7, subpunto cuarto, suprimir: "como argumentan las Comunidades de Usuarios de la Mancha Oriental".

3. En el apartado VI.1. Conclusiones en el punto 8, subpunto tres, suprimir: "como el de la Comunidad de Regantes de la Mancha Oriental".

4. En el apartado Vl.1. Conclusiones en el punto 12, suprimir: "(como ha ocurrido en la última sequía con el trasvase Tajo/Segura)".

5. En el apartado Vl.2. Recomendaciones en el punto 2.2 añadir al principio del párrafo: "Según los expertos, hay que considerar...".

6. En el apartado Vl.2. Recomendaciones en el punto 2.2, nueva redacción del texto que figura al final del párrafo: "En lo que respecta a [os trasvases en servicio es necesario tomar en consideración la expectativa de menores caudales por cambio climático...".

ÍNDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN

70

II. ANTECEDENTES

70

II.1 Solicitud de creación de la Subcomisión

70

II.2 Creación por el Pleno

71

II.3 Aprobación del Informe

71

III. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN

72

IV. SESIONES CELEBRADAS Y OBJETO DE LAS MISMAS

72

V. COMPARECENCIAS ANTE LA SUBCOMISIÓN

76

V.1 Resumen de las comparecencias celebradas

76

V.2 Documentación de los comparecientes

98

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... (Página100)

VI.1 Conclusiones... (Página100)

VI.2 Recomendaciones... (Página103)


Página 70




I. INTRODUCCIÓN.

La Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (núm. expte.: 154/000012) se creó en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados adoptado el 7 de noviembre de 2017. Por acuerdo de la Mesa de la Cámara del día 26 de junio de 2018, se trasladó su tramitación a la Comisión de Transición Ecológica.

La Subcomisión ha llevado a cabo su actividad de estudio y análisis a lo largo del 2018, con la composición, objeto, método de trabajo y calendario contenidos en la solicitud inicial formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La Subcomisión se ha reunido formalmente en 15 sesiones. En ocho de esas reuniones se han celebrado comparecencias, habiendo comparecido hasta 27 personalidades. Las restantes han sido de trabajo interno, ordenación de los trabajos y elaboración del Informe.

En su última reunión, de 17 de octubre de 2018, el Informe fue aprobado por mayoría en aplicación del voto ponderado.

II. ANTECEDENTES.

II.1 Solicitud de creación de la Subcomisión.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su sesión del día 10 de octubre de 2017, tras debatir la Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (núm. expte. 158/000045), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:

I. OBJETO DE LA SUBCOMISIÓN.

La Subcomisión estudiará la situación actual de los ecosistemas hídricos en España, el impacto de las políticas impulsadas y aplicadas hasta la fecha y los retos a los que nos enfrentamos en la perspectiva del cambio climático. Todo ello con el objetivo de promover un diálogo ciudadano bien informado, a nivel estatal, sobre las políticas de las aguas en las perspectivas vigentes de cambio climático, sobre la base de una información científica rigurosa sobre la situación de nuestros acuíferos y sobre la expectativa realista de caudales disponibles de cara a las próximas décadas, en el marco que establece la Directiva Marco del Agua sobre los caudales a respetar en todas las cuencas para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales, incluidos deltas, estuarios y plataformas litorales marinas.

Entre otras labores, esta Subcomisión analizará y estudiará:

1. Las críticas y recomendaciones hechas por la Comisión Europea sobre la Planificación Hidrológica vigente en España;

2. El contraste entre el estado de nuestros ecosistemas y las demandas y expectativas existentes, contando con la recesión de caudales prevista por la comunidad científica;

3. Las recomendaciones y exigencias legales de la UE respecto al desarrollo del principio de precaución, ante los riesgos de sequía y de crecidas derivados del cambio climático;

4. Experiencias y estrategias de prevención y gestión de los riesgos de sequía y de inundación en países avanzados en este campo, a nivel internacional;

5. El estado de nuestros acuíferos, especialmente en las zonas más sensibles, el nivel de aplicación de la ley en este campo y las medidas a tomar frente a la masiva existencia de pozos ilegales y acuíferos sobreexplotados;

6. Las exigencias que hace la UE en materia de caudales ecológicos, con base en la Directiva Marco del Agua, para estimar los caudales a respetar al respecto de cara al futuro;

7. Los diversos derechos e intereses en juego, y a menudo en conflicto, a la luz de las prioridades, criterios de gestión y objetivos que marca la Directiva Marco del Agua y el resto de Directivas concomitantes;


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8. El nivel de racionalidad económica de nuestras inversiones en materia hidráulica y el nivel de aplicación efectiva del principio coste/eficacia exigido por la legislación europea;

9. El impacto de las estrategias desarrolladas hasta hoy en cuestiones clave como: resolución del déficit hídrico, gestión de riesgos de sequía e inundación, sobreexplotación de acuíferos, recuperación del buen estado de ríos, humedales y acuíferos...;

10. El funcionamiento, transparencia y nivel de participación ciudadana efectiva en las instituciones de planificación, gestión y control del agua, en contraste con otros países avanzados, a fin de proponer estrategias de modernización que mejoren la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad que exige la Directiva Marco del Agua;

11. Las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías ante los retos del cambio climático;

12. Cambios legislativos que permitirían reducir la vulnerabilidad de nuestra sociedad ante los crecientes riesgos de sequía y crecidas, en el contexto de cambio climático vigente.

Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión recabará:

- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.

- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas, así como de personas expertas e investigadores de reconocida solvencia, autoridades, funcionarios públicos, asociaciones y organizaciones interesadas en la materia, que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles medidas a platear en el informe final.

II. REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

A) Composición.

La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 50 diputados en la Cámara y 2 representantes de cada uno de los Grupos restantes.

B) Adopción de acuerdos.

En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.

C) Plazo.

La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio una vez aprobado por la Comisión de Estudio junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.

Las comparecencias deberán substanciarse en los tres primeros meses desde la constitución de la Subcomisión.

II.2 Creación por el Pleno.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 7 de noviembre de 2017, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de una Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el BOCG Congreso de los Diputados, Serie D, número 249, de 16 de noviembre de 2017.

II.3 Aprobación del Informe.

La Subcomisión ha aprobado el Informe, dentro del plazo establecido, el 17 de octubre de 2018, por mayoría de los miembros presentes.


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III. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN.

La Subcomisión ha realizado su trabajo bajo la coordinación, hasta el 26 de junio de 2018, del Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. José Ignacio Llorens Torres (GP); y desde el 18 de septiembre de 2018, bajo la coordinación del Presidente de la Comisión de Transición Ecológica, D. José Juan Díaz Trillo; y con los siguientes miembros, designados por los respectivos Grupos Parlamentarios:

D.ª María Teresa Lara Carbó (GP).

D.ª María Luz Bajo Prieto (GP).

D.ª María Ascensión Carreño Fernández (GP).

D. Gonzalo Palacín Guarné (GS) (Baja: 19.09.18).

D. Manuel González Ramos (GS) (Baja: 16.06.18).

D. Javier Antón Cacho (GS).

D. Marc Lamuà Estañol (GS) (Alta: 19.09.18).

D. Ricardo Antonio García Mira (GS) (Alta: 19.09.18).

D.ª Eva García Sempere (GCUP-EC-EM).

D. Pedro Arrojo (GCUP-EC-EM).

D.ª Rosana Pastor (GCUM-EC-EM).

D. José Luis Martínez González (GCs).

D. Antonio Cantó García del Moral (GCs).

D. Francesc Xabier Eritja i Ciuró (GER).

D. Joan Olòriz Serra (GER).

D. Joseba Agirretxea Urresti (GV-EAJ-PNV).

D. Enric Bataller i Ruiz (GMx).

D. Antoni Postius Terrado (GMx).

La Subcomisión ha actuado asistida por los Letrados de las Cortes Generales D. José Manuel Sala Arquer y D.ª Bárbara Cosculluela Martínez.

IV. SESIONES CELEBRADAS Y OBJETO DE LAS MISMAS.

La Subcomisión ha celebrado un total de quince sesiones, realizadas en el orden y con el objeto siguiente:

20 de febrero de 2018

- Sesión de constitución de la Subcomisión.

Constitución de la Subcomisión.

Se acuerda que las solicitudes de comparecencia se formulen por los Grupos Parlamentarios de acuerdo con el siguiente cupo, establecido en base a los criterios de proporcionalidad calculados sobre la composición de la Comisión:

- Grupo Parlamentario Popular: 23.

- Grupo Parlamentario Socialista: 14.

- Grupo Parlamentario Conf. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: 11.

- Grupo Parlamentario Ciudadanos: 5.

- Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana: 2.

- Grupo Parlamentario Vasco: 2.

- Grupo Parlamentario Mixto: 3.

Se acuerda abrir un plazo para solicitar comparecencias. El Coordinador de la Subcomisión propone un calendario de 8 sesiones de comparecencias a lo largo de tres meses. Esto daría, si se celebran cuatro al día, 32 comparecientes. El Sr. Arrojo Agudo propone un esquema de materias por las que deberían ordenarse las comparecencias. El Sr. Llorens Torres manifiesta que se distribuya a los grupos y éstos decidan.


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Se acuerda la grabación de las comparecencias y su posterior distribución a los miembros de la Subcomisión.

Se acuerda celebrar la próxima reunión de la Subcomisión el próximo día 22 de febrero, al finalizar el Pleno, para decidir sobre las comparecencias a celebrar en marzo.

22 de febrero de 2018

- Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.

- Se acuerda celebrar las primeras comparecencias de la Subcomisión el día 13 de marzo de 2018 y previsiblemente el día 20 del mismo mes o al día siguiente, ambas a las 10:00 horas.

- Se fijan cuatro comparecencias para el día 13 de marzo de 2018:

? D. Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A.- D. Javier Martín Vide (Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y especialista en climatología)

? D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física -Universidad de Barcelona; Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; primer Presidente de la Asociación Española de Climatología; Presidente del Comité Español del World Climate Research Programme 2010-2015- Un representante de la AEMET (núm. expte..

? D.ª Yolanda Luna. Jefa del Departamento de Climatología y Desarrollo. AEMET.

? D. Fidel González Rouco, Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del IPCC.

- Se habilita al coordinador para realizar las gestiones oportunas.

13 de marzo de 2018

Celebradas las comparecencias de:

- De D. Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (núm. expte. 219/001084).

- De D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física, Universidad de Barcelona; Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; primer Presidente de la Asociación Española de Climatología; Presidente del Comité Español del World Climate Research Programme 2010-2015 (núm. expte. 219/001085).

- De D.ª Yolanda Luna, Jefa del Departamento de Climatología y Desarrollo. AEMET (núm. expte. 219/001086).

- De D. Fidel González Rouco, Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del IPCC (núm. expte. 219/001087).

20 de marzo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D. José Ramón Aragón Cavaller, Ingeniero Agrónomo y experto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (núm. expte. 219/001104).

- De D. Fernando López Vera, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua (núm. expte. 219/001105).

- De D. Javier Sanromán, Hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Portavoz de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (núm. expte. 219/001106).

*** También se había convocado a don Emilio Custodio, Catedrático Hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero por motivos de salud no pudo asistir.


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11 de abril de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- D. Federico Estrada Lorenzo, Director del Centro de Estudios Hidrográficos (núm. expte. 212/001200).

- D.ª Montserrat Cortiñas González, Vicesecretaria general de UPA (Unión de Pequeños agricultores y ganaderos) (núm. expte. 219/001125).

- D.ª Sonia Roig Gómez, Presidenta Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (núm. expte. 219/001126).

- D. Joan Corominas Masip, Ex Director Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía (núm. expte. 219/001127).

18 de abril de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- D. Ángel González Quintanilla, Presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna. (núm. expte. 219/001206).

- D. Herminio Molina, Presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (núm. expte. 219/001207).

- D.ª Marta Rivera, Doctora en Veterinaria. Sistemas ganaderos. Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas. División Agricultura y Ganadería. Directora de la Cátedra de Agroecología de la Universidad de Vic (núm. expte. 219/001208).

25 de abril de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- D. Luis Babiano Amilibia, Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) (núm. expte. 219/001210).

- D. Tomás Ángel Sancho Marco, Director General FYSEG (núm. expte. 219/001211).

- D.ª Imma Mayol Beltrán, Gerente EMAYA (núm. expte. 219/001212).

26 de abril de 2018

Ordenación de los trabajos de la Comisión.

- Se acuerda utilizar las tres sesiones de la subcomisión que quedan distribuyendo el número de comparecientes conforme al cupo de miembros de cada grupo: 4, 4, 2, 2, 2, lo que hace un total de 14 comparecencias.

- Se abre un plazo para que los Grupos presenten sus nombres de comparecientes hasta el lunes 30 de abril, que se pondrán en común ese día. A partir de ahí, se convocará una nueva reunión para cerrar la relación definitiva.

- Hay una propuesta del Grupo Popular sobre ampliación de la fase de comparecencias en la subcomisión. Solicitada la opinión del letrado, este informa de que no es posible modificar el plazo previsto para las comparecencias, ya que dicho plazo se encuentra fijado en el acuerdo de creación, que ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara. Existen algunos precedentes en que, no habiéndose fijado el plazo de comparecencias por el Pleno, este se ha autorregulado por la subcomisión, pero esta circunstancia no se da en el presente caso. Es posible -porque existen precedentes de otras subcomisiones- computar el plazo descontando los meses inhábiles -enero y julio-, pero esta situación no afecta el plazo que nos ocupa, que es de febrero a mayo.


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9 de mayo de 2018

Se fijan los días 16, 17 y 21 de mayo para la celebración de las comparecencias que presentaron los Grupos Parlamentarios dentro del plazo que se abrió al efecto.

Sesión del 16 de mayo: de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Sesión del 17 de mayo: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Sesión del 21 de mayo: de 9 a 12 horas.

Comparecencias a celebrar:

- D. Francisco Javier Sánchez, consejero técnico en la Dirección General del Agua, Ministerio de Agricultura (A propuesta del GP).

- D. Joaquín Rodríguez Chaparro, presidente ejecutivo de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) (A propuesta del GP).

- D. Pascual Fernández, presidente del Colegio de Economistas de Madrid (A propuesta del GP).

- D.ª Liana Sandra Ardiles López, directora general del Agua. Ministerio de Agricultura (A propuesta del GP).

- D. Eduardo Rojas Briales, Juntos por los bosques (A propuesta del GP).

- D. Jonathan Gómez Cantero, climatólogo (A propuesta del GS).

- D.ª Josefina Maestu Unturbe, directora gerente de GAN-NIK (A propuesta del GS).

- D. Domingo Jiménez Beltrán, Fundación Renovables (A propuesta del GS).

- D.ª Nuria Hernández Mora, Economía de los Recursos Naturales. Experta en estrategias de adaptación y gobernanza (A propuesta del GCUP-EC-EM).

- D.ª María Soledad Gallego, jurista experta en legislación ambiental europea y cambio climático (A propuesta del GCUP-EC-EM)

- D.ª Julia Martínez Fernández, Acuerdo Social del AGUA. Fundación Nueva Cultura del Agua (A propuesta del GCUP-EC-EM).

- D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director General de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. Autor del libro blanco del agua (A propuesta del GCs).

- D. Francisco López Bermúdez, profesor emérito del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia (A propuesta del GCs).

- D. Carles Ibáñez, doctor en Biología e Investigador de Ecosistemas Acuáticos de IRTA (A propuesta del GER).

- D. Jorge Olcina, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catedrático de Análisis Geográfico, director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante (A propuesta del GMx- Compromís).

16 de mayo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D. Francisco Javier Sánchez, consejero técnico en la Dirección General del Agua, Ministerio de Agricultura (núm. expte. 212/001623).

- De D.ª Nuria Hernández Mora, experta en estrategias de adaptación y gobernanza (núm. expte. 219/001238).

17 de mayo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua y autor del libro blanco del agua (núm. expte. 219/001233).

- De D.ª María Soledad Gallego, jurista experta en legislación ambiental europea y cambio climático (núm. expte. 219/001234).

- De D. Eduardo Rojas Briales, portavoz de la plataforma Juntos por los bosques (núm. expte. 219/001235).


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- De D. Jorge Olcina Cantos, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, catedrático de Análisis Geográfico, director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante (núm. expte. 219/001236).

- De D. Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo especializado en cambio climático y riesgos naturales. Revisor del Quinto Informe del IPCC de Naciones Unidas sobre cambio climático. Asesor internacional. Presentador de El Tiempo en Castilla-La Mancha Media (núm. expte. 219/001237).

21 de mayo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D.ª Liana Sandra Ardiles López, directora general del Agua, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm. expte 212/001634).

- De D.ª Josefina Maestu Unturbe, directora gerente de GAN- NIK (núm. expte 212/001239).

- De D.ª Julia Martínez Fernández, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (núm. expte. 219/001240).

18 de septiembre de 2018

Se acuerda:

1. Nombrar coordinador de la Subcomisión al Presidente de la Comisión de Transición Ecológica, D. José Juan Díaz Trillo.

2. Aprobar el documento resumen de las comparecencias celebradas ante la Subcomisión según la propuesta elaborada por el Letrado D. José Manuel Sala Arquer.

3. Abrir un plazo para que los grupos parlamentarios presenten un borrador de conclusiones hasta el día 1 de octubre.

10 de octubre de 2018

Debate sobre la elaboración del informe de la Subcomisión. Se acuerda:

1. Tomar como borrador del Informe el texto presentado por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y abrir un nuevo plazo para presentar enmiendas a dicho texto, que finaliza el lunes 15 de octubre, a las 20:00 horas, y que deben presentarse en el Registro de la Secretaría de la Dirección de Comisiones.

2. Celebrar la próxima reunión el miércoles 17 de octubre, a las 18:00 horas, para la elaboración del Informe.

17 de octubre de 2018

Aprobación del informe en Subcomisión.

V. COMPARECENCIAS ANTE LA SUBCOMISIÓN.

V.1 Resumen de las comparecencias celebradas.

COMPARECENCIAS DEL 13 DE MARZO DE 2018.

D. Teodoro Estrela, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del Júcar.

Centra su comparecencia en el Informe del CEDEX de 2017 sobre los impactos del Cambio Climático en las escorrentías fluviales, en el Plan Nacional de Adaptación al C. Climático elaborado también por el CEDEX y en proyecto Copernicus-clima, de la UE, en el que viene trabajando la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En todos los escenarios de emisiones usados por el panel intergubernamental de cambio climático, se prevén, de forma consistente, incrementos de temperatura en todo el mundo, con diferencias por regiones.


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En materia de precipitaciones hay más incertidumbre, y las previsiones son diversas, según las regiones del mundo y según el modelo empleado, aunque en el área mediterránea los diversos modelos tienden a ofrecer una expectativa de recesión pluviométrica, especialmente marcada en escenarios pesimistas de emisión de gases de efecto invernadero y en horizontes a largo plazo. Esta tendencia recesiva en las precipitaciones se acentúa en las cuencas y regiones de menor pluviometría, en el área mediterránea. Por otro lado, es consistente la expectativa de incremento de la variabilidad pluviométrica con sequías y crecidas más intensas y frecuentes.

Por último, se concluye una expectativa de recesión de escorrentía fruto, no sólo de la menor precipitación, sino sobre todo del incremento de temperaturas y el consiguiente aumento de evapotranspiración en las masas vegetales, lo que lleva en los últimos estudios del CEDEX a expectativas de recesión de caudal en los ríos entre el 30 y el 40 % en cuencas mediterráneas, confirmando las previsiones que ya en 2005, publicaba el CEDEX en su informe Evaluación preliminar de los impactos en España por efectos del cambio climático. En las conclusiones de aquel informe se preveía una reducciones de escorrentías de hasta el 50 %, en las regiones más áridas del país; con expectativas del 30-40 % en el Segura, cabecera del Guadiana y Ebro.

D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona.

Estructura su comparecencia en tres partes: consideraciones generales sobre el cambio climático; singularidades pluviométricas en España; y política de aguas.

A los 5 componentes clave que influyen en el clima -atmósfera, océanos, continentes, biosfera y criosfera (zonas heladas)- añade otra: nosotros, con nuestro sistema socio-económico. En 2009, -dice- un artículo publicado en Ecology and Society, firmado por 31 científicos de primera línea, reseñaba, entre los 9 grandes problemas de la humanidad el del cambio climático, resaltando especialmente el tema del agua dulce que el IPCC subraya con especial énfasis. Hubo cambios climáticos profundos en la historia del planeta, pero la novedad es que en esta ocasión la clave es antrópica.

En lo que llevamos experimentado de aumento de temperaturas en las últimas décadas, de tan sólo 0,8 ºC, dos son los efectos visibles más notables: la reducción drástica del hielo en los polos y el consiguiente aumento del nivel marino de unos 3 mm/año. Respecto a que la causa principal es antrópica no quedan dudas significativas. En 2001, el IPCC usaba el término probable; en 2007, muy probable; en 2015, sumamente probable, que en términos científicos equivale a un nivel de confianza igual o superior al 95 %...

En España, disponemos de series largas y fiables de temperatura que evidencian un incremento medio de 1,7 ºC en 100 años. Respecto a la lluvia, la pluviometría media apenas ha variado, excepto en el sur, donde si ha disminuido; aunque en las dos últimas décadas emerge una tendencia recesiva.

Respecto al futuro, el IPCC viene ofreciendo previsiones cada vez más consistentes: con temperaturas crecientes, que refuerzan el ciclo del agua; lo que implica un incremento global de precipitaciones, pero con una redistribución en el planeta en la que nos toca una clara tendencia recesiva en el Mediterráneo, mientras en el centro y norte de Europa crecerán las precipitaciones.

En la Península Ibérica, este cambio climático opera sobre una diversidad y variabilidad climáticas muy notables, que tenderán a agudizarse. En particular la variabilidad pluviométrica, propia del clima mediterráneo, que se acentuará hace que planificar en base a medias induzca graves errores. La variabilidad pluviométrica y climática no sólo se acentúa sino que el calentamiento global supondrá un desplazamiento en latitud: Londres iría al centro de Francia, Paris a Toulouse, y Madrid a Melilla, para finales de siglo.

En este contexto, el crecimiento de la superficie regada, un cuarto de millón más de hectáreas entre 2002 y 2014, no es razonable. Afortunadamente el proceso de modernización del regadío, con un notable incremento de eficiencia, ha permitido compensar en buena medida ese crecimiento. De cara al futuro, habrá menos agua disponible, por reducción de precipitaciones, que para colmo se producirán más concentradas, en grandes tormentas, y sobre todo mayor evapotranspiración vegetal, por aumento de la temperatura. Por tanto:

- No parece aconsejable aumentar la superficie regada, y más teniendo en cuenta que aumentará la demanda por hectárea, con mayores temperaturas.

- No tiene sentido construir más grandes presas (ya tenemos 56.000 hm3) pues ello supondrá más embalses vacíos o semivacíos en la siguiente sequía.


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- Los trasvases entre cuencas serán cada vez menos útiles.

- Centrar esfuerzos en adaptación al cambio climático, sostenibilidad y eficiencia.

- Priorizar el abastecimiento, el drenaje pluvial, la regeneración y la reutilización.

- Planificar desde el principio de precaución asumiendo escenarios pesimistas.

D.ª Yolanda Luna, Jefa del Dpto. de Climatología, Desarrollo y Aplicaciones de la AEMET.

La compareciente aborda, entre otros, los siguientes temas. La AEMET dispone y ofrece no sólo una base larga y fiable de datos climáticos desde 1985, sino los datos sobre los que se basan todos los estudios climáticos en España. El gradiente de pluviometría media es fuerte, desde el orden de 1000 litros/año en Galicia a los 300 en Almería. Pero más allá de las medias damos seguimiento en tiempo real (800 estaciones automatizadas) a la evolución de los periodos de sequía, con índice SPI (Standarized Precipitation Index), aplicado por periodos (mensual, trimestral, anual...) y se publica en la WEB. Actualmente desarrollamos un nuevo índice en colaboración con el Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC que integra evaporación y precipitación.

La especificidad del cambio climático en curso es su motor antropogénico, cuestión que ya está avalada por un consenso científico generalizado. A nivel global, en 112 años la temperatura media ha subido 0,89 ºC.

Respecto a la pluviometría en nuestra país, a lo largo del último siglo, con ciclos secos y húmedos, la precipitación media no ha variado apenas; pero si hacemos una análisis estacional si se comprueba que el rigor de los veranos en temperatura y sequía crece.

Respecto al futuro, el IPCC prevé un incremento de la variabilidad climática en el Mediterráneo con olas de calor y sequías más intensas frecuentes y largas.

La AEMET elabora previsiones partiendo de diversos escenarios -muy optimista (irreal y pesimista- En ambos la precipitación media tiende a disminuir mucho más en el segundo escenario); pero lo más relevante es el crecimiento en frecuencia, intensidad y duración de los periodos secos. Estacionalmente, los veranos serán más secos aún, pero además se reducen las precipitaciones de otoño y primavera. Estos cambios se agudizan en las cuencas mediterráneas, y especialmente en el sureste.

Todo ello conllevará una menor disponibilidad de agua, especialmente en las zonas semiáridas. En el estudio del CEDEX Evaluación de impacto de cambio climático en los recursos hídricos se prevé, no sólo una fuerte reducción de caudales en los ríos, sino cambios en el régimen pluviométrico estacional, pasando de llover en otoño y primavera a concentrarse en torno a febrero, lo que sin duda tendrá impactos en la agricultura.

D. Fidel González Rouco, Catedrático del Dpto de Astrofísica y CC. de la Atmósfera de la Universidad Complutense, miembro del IPCC.

Las cuestiones más relevantes planteadas por el compareciente se refieren a los siguientes puntos:

- La historia climática del planeta nos ofrece, en las pinturas rupestres, ejemplos de cambios climáticos que reflejan, por ejemplo, un Sahara verde hace unos 8000 o 9000 años. Cambios, por causas naturales, que han generado ciclos glaciares y fuertes variaciones del nivel de los mares y de CO2, perfectamente acopladas en el tiempo. Incluso ejemplos mucho más recientes sobre las poblaciones, en los siglos VIII, IX y X con enormes impactos históricos, tanto sociales, como económicos y poblacionales.

- Pero el cambio climático que nos ocupa, por su génesis, no es uno más, sino que debe estudiarse como diferente. A principios del XIX, Fourier habla del "efecto invernadero"; y a finales del XIX, Arrhenius prevé que, si se duplicara el nivel de CO2 aumentaría la temperatura entre 5 y 6 ºC.

- Sobre la base de un vídeo que reproduce, con diversos colores, la evolución de la temperatura en las diversas zonas del planeta destaca que, desde 1896, se observa cómo se acelera el calentamiento al fundirse los polos y reducirse la radiación reflejada por el blanco de las masas polares.

- Respecto a la pluviometría media en el planeta, las observaciones desde 1950 revelan que llueve más en el Europa central y nórdica, así como en Norteamérica, y menos en el Mediterráneo, constatándose que la tendencia es a llover más donde más llovía y menos donde menos llovía.

- Si completamos las observaciones con la temperatura de los océanos, comprobamos una evolución coherente termodinámica del sistema tierra, que se explica en lo fundamental, de forma muy consistente, por la evolución de la concentración de CO2 derivada de la actividad humana. A finales


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del XIX la concentración era de 280 ppm; hoy rebasamos los 400, con una evolución perfectamente medida desde 1958.

- De cara al futuro, se calcula la energía que entrará y quedará en el sistema, en función del nivel de emisiones que hagamos. Si todo sigue como hasta ahora, la energía integrada por el sistema será de 8,5 vatios/m2; si modulamos esas emisiones con arreglo a los acuerdos de Paris (que se están incumpliendo) la energía captada llegará a 2,6 vatios/m2; en tal caso se calcula que el aumento de la temperatura media será de 2 ºC. La evolución prevista en los diversos escenarios no es muy distinta hasta mediados de siglo, pero en la segunda mitad se disparan los impactos, generándose un aumento de la temperatura media en el escenario pesimista de entre 4 y 5 ºC (muy cerca de previsto por Arrhenius a finales del XIX).

COMPARECENCIAS DEL 20 DE MARZO DE 2018

D. José Ramón Aragón Cavaller, Ingeniero Agrónomo, experto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Aunque se suele hablar de escasez de recursos hídricos, más propiamente debería decirse que disponemos de cantidades limitadas y renovables suficientes para vertebrar la vida de islas y continentes; y desde luego más que suficientes para satisfacer las necesidades propias de una vida digna para la humanidad. Sin embargo, desde nuestras actuales capacidades tecnológicas y nuestra ambición no solo estamos haciendo escasa el agua dulce, sino todos los recursos naturales. El ciclo hídrico continental (o insular) se vertebra: en las cuencas hidrográficas -ríos, humedales y lagos- en lo que se refiere a las aguas superficiales; y en los acuíferos, en lo que se refiere a aguas subterráneas. La Planificación Hidrológica, tal y como establece la Directiva Marco de Aguas, debe integrar, no sólo aguas superficiales y subterráneas, sino también aguas de transición -deltas, estuarios, acuíferos costeros, humedales- e incluso ecosistemas costeros bajo influencia fluvial (1 milla marina...).

La elaboración y gestión de los Planes de Demarcación, en cuencas intercomunitarias corresponde a las Confederaciones. Esa Planificación es clave para prevenir y gestionar los impactos del cambio climático, aplicando el principio de precaución.

Respecto a las aguas subterráneas, en los 70 se disparó la perforación de pozos, en particular en la Mancha. Pozos cada vez más profundos, al bajar el freático, y bombeos más potentes, que afectaron gravemente al Guadiana y a las Tablas de Daimiel. La Ley de Aguas (de 1879) establecía el dominio público sólo sobre las aguas superficiales, mientras la gestión de aguas subterráneas era de domino privado, como una actividad minera. La nueva Ley de 1985 estableció la unidad del ciclo hidrológico y el dominio público sobre aguas superficiales y subterráneas. Desgraciadamente las disposiciones transitorias dificultaron la asunción efectiva del dominio público sobre las aguas subterráneas, especialmente las alumbradas antes de 1985. La mayoría de ellas permanecieron como aguas privadas y tan sólo algunas se inscribieron en el Registro de Aguas. En todo caso, nunca ha habido suficiente voluntad política para hacer cumplir la Ley, por la impopularidad que supone cerrar pozos ilegales. En España se estiman hay entre medio millón y un millón de pozos ilegales. Sin embargo, mucha gente argumenta que sus pozos no son ilegales, porque disponen de un permiso (minero) de prospección (aunque ese permiso no permite hacer luego las extracciones que se realizan). Aunque dificultades para identificar los pozos ilegales y controlarlos, por falta de medios y de personal, existen medios técnicos efectivos (por control aéreo de zonas verdes en verano) para identificar pozos y regadíos ilegales.

El PEAG (Plan Especial del Alto Guadiana), durante el Gobierno del Sr. Zapatero, ha sido el único proyecto serio con el que se ha intentado afrontar el problema, sobre la base de compensar económicamente la recuperación de derechos para combatir la sobreexplotación. Sin embargo, el PEAG, por un lado, no abordaba el problema de las decenas de miles de pozos ilegales, y por otro lado, acabó reasignando buena parte de esos derechos a regadíos ilegales, bajo criterios poco claros. El estallido de la crisis económica y el cambio de Gobierno, hizo retirar presupuestos y el PEAG se cerró.

D. Fernando López Vera, Catedrático de la Univ. Autónoma de Madrid y Presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua.

Desgraciadamente en España estamos más centrados en la gestión ordinaria y en la gestión de las crisis de sequía, más que en su prevención. Las sequías se consideran accidentes, que nos cogen "a contrapié"... Se suele argumentar que no disponemos de una bola de cristal para adivinar el futuro, cuando en realidad no se trata de eso, sino de gestionar el riesgo, bajo incertidumbre.


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Para gestionar riesgos de sequía es muy importante hacer una gestión integrada de recursos superficiales y subterráneos. Madrid, por ejemplo, tiene 15 embalses y 120 pozos. Los acuíferos pueden y deben dar garantía a los abastecimientos, como piezas de regulación estratégicas para las sequías. Aunque la Ley de Aguas de 1985 consagró la unidad del ciclo hidrológico, ha habido muchas dificultades para desarrollar una planificación y gestión integrada.

En la España musulmana las acequias y bancales en las laderas de Sierra Nevada reforzaban, en el deshielo, la recarga de los acuíferos, que a su vez alimentaban luego, en estiaje, fuentes y ríos... Incluso los romanos complementaron su tecnología de presas y canales, con la infiltración para obtener aguas filtradas de mejor calidad (caso del embalse de Proserpina).

Las aguas subterráneas tienen características especiales de gran interés. Abarcan extensos territorios, a diferencia de las superficiales confinadas en los cauces. Su lento discurrir ofrece una potente regulación natural de caudales. Por último la percolación de las aguas hasta los acuíferos mejora, en general, la calidad de las aguas.

En España hay identificadas 761 masas de agua subterránea, en las que circulan o se almacenan unos 35.000 hm3 de "recursos" renovables anualmente, de los que se extraen unos 6,290 hm3. De ese total unos 1.300 hm3 son para abastecimiento urbano (30 % de usos urbanos); 4.500 hm3 son para regar; y otros 500 para usos industriales.

De esas 761 masas de aguas subterráneas, 255 están en mal estado cuantitativo, por explotación abusiva; y otras 321 además en mal estado cualitativo, al añadirse graves procesos de contaminación. Un balance muy negativo y preocupante.

Más allá de los llamados "recursos", que son las aguas almacenadas por encima del nivel de descarga de los acuíferos (en fuentes, manantiales humedales...), están las llamadas "reservas", que son las aguas que están por debajo de ese nivel de descarga, que se estiman en unos 48.000 hm3, utilizables en situaciones de emergencia.

En suma, usamos una cantidad importante de aguas subterráneas pero no gestionamos adecuadamente los acuíferos. Para hacerlo sería importante gestionar la recarga de los mismos, bien por recarga superficial o por inyección. Según sean las características del territorio se pueden aplicar hasta 26 sistemas tipificados. Sin embargo las estrategias de recarga se encuentran con problemas legales y normativos, al considerarse esas recargas como "vertidos", cuestión que hay que cambiar urgentemente.

Madrid, aún con muchas dificultades burocráticas, administrativas e incluso legales, basa en buena medida su estrategia de sequía en la recarga por inyección profunda a los acuíferos. De los 120 pozos de que dispone el Canal de Isabel II, 64 son pozos profundos (500-600 metros,) usados de forma "dual": en años normales se inyectan "excedentes" y en años de sequía se bombean.

Por último es fundamental impulsar comunidades de usuarios de aguas subterráneas. El cáncer que sufrimos en la gestión de aguas subterráneas son los pozos ilegales. Por cada uno que se cierra se perforan diez más. Esas Comunidades de Usuarios, que empiezan a crearse, aún con dificultades, deberían empoderarse colaborando con la Administración en el control colectivo de los acuíferos que usan.

D. Javier Sanromán, Hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y Portavoz de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.

Hay identificadas 761 masas de aguas subterráneas, en nomenclatura de la Directiva Marco de Aguas (DMA) (sistemas acuíferos o unidades hidrogeológicas), que reciben una aportación media anual de entre 25.000 y 35.000 hm3. La aportación de estos acuíferos a los ríos representa el 30 % de sus caudales. En cuanto a los usos que hacemos de estos sistemas, mediante pozos, se estima en 6.900 hm3. De ellos 1.400 son para abastecimiento urbano, 5200 para regadío y 300 para usos industriales no conectados a las redes urbanas.

El conocimiento del estado de nuestras masas de aguas subterráneas es bueno, gracias a la red de 3.200 piezómetros y 2800 puntos de observación y control de calidad de las aguas. Sin embargo, eso no ha impedido que un 30 % de esas masas sean explotadas de forma abusiva, por lo que un 25 % está en mal estado cuantitativo (sobreexplotadas). Respecto a parámetros de calidad, un 54 % de las masas está afectado por contaminación difusa, sobre todo por nitratos (purines y abonado excesivo), lo que conlleva un 35 % en mal estado cualitativo, haciéndolas inadecuadas para uso urbano.


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Hay cuatro tipos de legalización para explotaciones y pozos:

- Sección A: bajo concesión pública.

- Sección B: son pozos pequeños, (7000 m3/año máximo) solo para la parcela propia.

- Sección C: pozos anteriores a 1985, con aguas temporalmente privadas, por 50 años, que quedarán luego bajo concesión (no se pueden modificar los pozos).

- Sección D: pozos anteriores a 1985 del Catálogo de Aguas Privadas, por tiempo indefinido, como una explotación minera (no pueden modificarse).

En la Cuenca del Ebro, las principales explotaciones son de sección A, con un total de 6.843; unos 18.000 pequeños pozos corresponden a la sección B; 5.300 están en la sección C; y 1.600 en la D. Pero lo más interesante en el Ebro es que la información sobre todos los pozos es pública y está actualizada en la web de la Confederación, con lo cual cualquiera puede hacer clic sobre cada pozo y tener toda la información del mismo. La transparencia es la mejor estrategia de control.

La envergadura de los acuíferos, número de pozos y nivel de control sobre los mismos varía por cuencas, siendo significativo cuantos hidrogeólogos trabajan en cada caso en la Administración. En el Duero, con 64 masas de agua, 1000 hm3 bombeados y unos 70.000 pozos, hay 2 hidrogeólogos; en el Tajo, con 24 masas, 150 hm3 bombeados y unos 27.000 pozos, 2 hidrogeólogos; en el Guadalquivir, con 60 masas, 1000 hm3 y unos 60.000, ninguno; en el Segura, con 63 masas, unos 500 hm3 y en torno a 30.000 pozos, 2 hidrogeólogos; en el Guadiana con 20 masas, 990 hm3 y unos 49.000 pozos, ninguno; en el Júcar, con 90 masas, 1.400 hm3 y unos 70.000 pozos, uno; en el Ebro, con 105 masas, 550 hm3 y unos 32.000 pozos 6 hidrogeólogos...

Respecto al Cambio Climático, el último estudio del CEDEX estima reducciones de escorrentía superficial que se correlacionan con una recesión en la alimentación de los acuíferos por infiltración. Se manejan distintos escenarios, pero todos hablan de una reducción de la precipitación (entre el 8 o más del 20 %).

Sintetizando, destacan tres grandes problemas y retos a abordar, a saber:

- Falta de técnicos cualificados gestores en las Confederaciones Hidrográficas.

- Hay que combatir la contaminación difusa, derivada del desarrollo abusivo de la ganadería intensiva y la falta de control por parte de las CCAA de los purines y del excesivo abonado de los cultivos.

- Preservar los abastecimientos de aguas subterráneas, en un perímetro de protección o zona de salvaguardia.

Como cuestiones adicionales, señala:

- Algunos ajustes en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público en aguas subterráneas.

- Revertir las situaciones de sobreexplotación de acuíferos, sobre la base de bombear menos de lo que se recarga.

- Aclarar la problemática de la Sección C (aguas temporalmente privadas) y el Catálogo de Aguas Privadas.

- Es importante implicar a los propios usuarios promoviendo Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas que asuman colaborar con la Administración, para controlar y combatir los pozos ilegales y garantizar una explotación sostenible.

COMPARECENCIAS DEL 11 DE ABRIL DE 2018

D. Federico Estrada, Director del CEDEX.

Centró su comparecencia en el contenido del estudio del CEDEX (2017) sobre la escorrentía esperada en la perspectiva vigente de C. Climático, sobre la base de un escenario pesimista de emisión y otro intermedio; con modelos climáticos de seis países distintos; y usando un método indirecto de estimación de escorrentía sobre la base de datos de precipitación y temperatura. Los resultados se pueden resumir así:

- Los distintos modelos ofrecen resultados ajustados en temperaturas, de modo que existe un acuerdo considerable en las proyecciones.

- En pluviometría las previsiones están mucho menos ajustadas y tienen fuertes asimetrías territoriales.


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- En escorrentías hay también diversidad de previsiones, dependiendo del modelo, aunque la tendencia recesiva se hace más consistente en el escenario pesimista de emisiones y cuando se consideran plazos largos, llegando (en el escenario más desfavorable) a una expectativa de recesión media del 24 %, que se agrava en las cuencas mediterráneas más sensibles. Se reduce en niveles similares la infiltración a los acuíferos.

- En cuanto a los ciclos de sequía, aunque depende de los modelos, en general se reduce el periodo de retorno, es decir que las sequías se hacen más frecuentes según avanzamos en el presente siglo.

En definitiva, todo apunta a que se puede producir una reducción importante de recursos a lo largo de todo este siglo, más severa a medida que se avanza en el tiempo, y especialmente si se confirmara el escenario de emisiones más desfavorable, lo que conllevaría una mayor frecuencia de sequías.

D.ª Montserrat Cortiñas González, Vicesecretaria General de UPA.

Centró su intervención en la situación y expectativas en la agricultura (especialmente el regadío) y la ganadería. Parte de un análisis de la situación caracterizada por un aumento del regadío, una disminución de recursos hídricos y un aumento muy fuerte de costes eléctricos que ponen en riesgo las explotaciones.

Sobre la base del aumento de productividad que aporta el regadío y su capacidad para sostener la población en el medio rural insiste en la necesidad de:

- El regadío, desde 2005 ha crecido un 10 %, mientras el agua de riego utilizada muestra una clara tendencia a la baja. Los regadíos deben seguir creciendo por ser clave para aumentar la productividad, promover el desarrollo rural y por ser un sumidero de CO2;

- promover un nuevo Plan Hidrológico Nacional que redistribuya recursos entre las diversas cuencas mediante trasvases que fortalezcan la cohesión territorial;

- la modernización del regadío, que desde el 2000 se ha extendido a 500.000 ha, nos permitirá ahorrar agua;

- promover la regeneración y la reutilización de caudales para el regadío;

- promover la desalación subvencionada del agua desalada a 0,3 ?/m3;

- eximir al regadío del principio de recuperación de costes;

- reformar el sistema concesional adaptando las concesiones al caudal disponible, reduciendo los plazos etc...;

- se debe acabar con los contratos de cesión que promueven el mercadeo del agua pero promover bancos públicos de agua;

- reforzar la gestión pública y democratizar las Confederaciones;

- promover una auditoría del agua disponible y de los diversos usos, y en particular del regadío;

- incrementar los presupuestos en seguros agrarios;

- apoyar la articulación de una nueva política del agua a través de un Pacto Nacional del Agua.

D.ª Sonia Roig, Presidenta de la Asociación Nacional de Pastos.

Centró su comparecencia en los riesgos para el conjunto del medio rural y los necesarios cambios en los usos del suelo, desde las perspectivas de la mejor adaptación al cambio climático en curso.

En su análisis contrasta los sistemas potentes, es decir aquellos que tienen una alta productividad, aunque requieren elevados niveles de inversión, en zonas en principio más ricas, que han simplificado su sistema vegetal y animal; frente a la mejor adaptación que ofrecen los llamados sistemas eficientes, en zonas más pobres, necesariamente más complejos y adaptados a la escasez de recursos, como el agua en muchos casos,, sistemas que son multifuncionales, basados en espacios biodiversos y con una fuerte integración territorial que fortalece su resiliencia; sirva de ejemplo, al respecto, en estos espacios más pobres pero más resilientes. La ganadería extensiva, desde la diversidad de razas adaptadas a cada territorio, las vías pecuarias, como corredores ecológicos de biodiversidad...

En suma, la adaptación al endurecimiento de condiciones ambientales que genera el cambio climático (especialmente en lo que se refiere al agua), es más fácil en sistema eficientes -diversos, complejos, adaptados y resilientes-; mientras que los sistemas potentes, más productivos en términos económicos de mercado son más frágiles frente al cambio climático. En España contamos con un patrimonio heredado de ecosistemas terrestres, que ya están adaptados a las dificultades del cambio climático.


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Desgraciadamente, en la medida que es necesario compaginar la sostenibilidad ambiental con la social y económica, los procesos de despoblación por falta de recursos económicos debilita el futuro de esos sistemas eficientes. Los mayores riesgos, en zonas más pobres económicamente, emergen cuando se combina el cambio climático con la despoblación y los crecientes riesgos de incendio.

En lo que se debería caracterizar como un contexto socio-ambiental de cambio global, más allá del cambio climático, es necesario desarrollar estrategias de gestión territorial de integración social, ganadera, agraria, forestal y ambiental, conserven los ecosistemas en su complejidad:

- Con formaciones vegetales diversas, de adecuada espesura o estructuras en mosaico (combinando masas forestales con cultivos aclimatados como la vid), protección de la biodiversidad y de especies ganaderas, adaptadas al territorio, promoviendo sistemas eficientes extensivos, con fuerte resiliencia;.

- Trabajar de forma integrada agua y carbono, en lo que se conoce como "agua verde", a través de la importancia de los suelos fértiles y masas vegetales -en niveles de humedad, precipitaciones, intercepción y percolación de la lluvia- a través de servicios ambientales.

- Valorar esos servicios ambientales, promoviendo pagos en favor de la población rural que sustenta estas economías eficientes, aunque pobres.

- Desarrollo de nuevas estrategias territorializadas de economía circular;

- Favorecer la ganadería extensiva integrada en el territorio, cuyas emisiones de efecto invernadero son muy inferiores a los de la ganadería intensiva, ampliamente compensadas por los ciclos de fertilización y fijación de carbono.

Pero para ello es fundamental garantizar la rentabilidad de estos sistemas de producción extensiva integrada, en beneficio de la población en el territorio, basados en la producción de alimentos de calidad, el bienestar animal, los servicios ambientales, la biodiversidad (Red Natura 2000) y los servicios en el medio rural.

D. Joan Corominas, Ing. Agrónomo y ex-Director de la Agencia Andaluza del Agua.

La política de aguas sigue priorizando las demandas, bajo la presión de los grandes usuarios (el regadío es la parte quizá más importante sin olvidar la construcción y los aprovechamientos hidroeléctricos), incumpliendo la Directiva Marco de Aguas que centra el reto de las políticas públicas de aguas en recuperar el buen estado de nuestros ecosistemas. Bajo esa presión de intereses productivos, la asignación de recursos (derechos concesionales) desborda en muchas cuencas la disponibilidad real de caudales; cuestión a la que hay que añadir los usos ilegales. En el Guadalquivir, el 41 % de los años, es decir en años relativamente secos, dejamos llegar al mar tan sólo el 3 % del régimen natural. Ese 3 % es lo que los planes hidrológicos han determinado como caudal ecológico; a juicio del compareciente es muy poco para mantener la vida de los ecosistemas.

El regadío es, sin duda, de un enorme valor, ocupando el 34 % de la superficie cultivada y generando el 75 % de la renta y del empleo. Pero hay muchos tipos de regadío y su valoración debe ser diferenciada. Por otro lado, lo hemos mitificado y subvencionado de forma indiscriminada, llevando su desarrollo más allá de los límites de la sostenibilidad. En Andalucía, el crecimiento ha sido descontrolado, más allá de la planificación (Plan Nacional de Regadíos, Planes Hidrológicos, Plan de Regadíos de Andalucía), lo que nos lleva hoy a un 15 % más de superficie de la que puede atenderse con dotaciones adecuadas. Pero lo más grave es que, desde la previsión de cambio climático vigente para 2027, con un aumento de temperaturas de 0,8 ºC, una recesión pluviométrica del 0,9 %, una reducción de escorrentía del 10 % y un aumento de necesidad de agua de los cultivos del 10 %, la superficie atendible se reducirá en un 13 %; y en un 26 % en el escenario del 2050.

Entre 1998 y 2008 la superficie regada creció en Andalucía en 260.000 ha, con regadíos, en muchos casos ilegales, con aguas subterráneas, y en otros con aguas superficiales muy subvencionadas, incumpliendo el principio de recuperación de costes. Con ello se han puesto en riesgo las explotaciones que existían, sobre todo en ciclos de sequía. De hecho, los regadíos, que bajo la planificación hidrológica deberían estar a salvo de quiebras productivas en las sequías meteorológicas, las sufren cada vez más. En este contexto, se atribuye a las sequías lo que es fruto de la mala gestión; y se habla de "déficits" cuando lo que tenemos es sobreexplotación de los recursos disponibles. Hay que ajustar las demandas a niveles sostenibles, incorporando las previsiones derivadas del cambio climático, tal y como plantea la Directiva Marco cuando exige priorizar estrategias de "gestión de la demanda". No cree que el Pacto Nacional por el Agua, que pretende consensos ligados a valores tradicionales, vaya a tener mucho fruto.


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En conclusión:

- Debe reducirse la superficie regada y/o reconvertirla en parte a riego deficitario o secano, con riegos de socorro en sequía, evitando impactos socioeconómicos y territoriales mediante un nuevo enfoque de la PAC.

- Cambiar el patrón de cultivos en riego, de las herbáceas continentales a cultivos mediterráneos, con menor demanda de agua y mayor rentabilidad.

- Reducir la presión sobre ríos y acuíferos, entre un 15 y un 25 %, coordinando mejor las políticas ambientales, de aguas y agrarias (PAC), a fin de garantizar su buen estado y sostenibilidad.

- Pasar de las tradicionales estrategias "de oferta", bajo masiva subvención pública, a nuevos enfoques de "gestión de la demanda", aplicando el principio de "recuperación de costes" y de "quien contamina paga".

- Incorporar el desarrollo de fuentes no convencionales (regeneración, desalación...) con energías renovables.

- Fortalecer el sistema concesional y revertir el proceso de mercantilización y privatización de la gestión y del recurso en sí.

- Recuperar el control efectivo de la extracción de recursos, especialmente subterráneos, acabando con ese 15 o 20 % de riegos ilegales que existen.

- Desarrollar políticas de adaptación y prevención de los riesgos de sequía e inundación que el cambio climático agudiza.

- Promover políticas de comunicación y educación, en materia de aguas, frente al cambio climático, fomentando una gestión pública transparente y participativa.

- Establecer hojas de ruta hacia la sostenibilidad en las demarcaciones que sufren o se benefician de trasvases, y en los territorios bajo la expectativa de grandes obras hidráulicas inviables, por razones ambientales, sociales y económicas.

COMPARECENCIAS DEL 18 DE ABRIL DE 2018

D. Ángel González Quintanilla, Pte. Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna.

Desde la experiencia de la Cuenca del Duero y más en concreto de la zona regable del embalse de los Barrios de Luna, sobre el río Órbigo, con 53.000 ha de regadío, el compareciente expone los resultados obtenidos, que plantea como propuestas en materia de gobernanza del agua:

- Construir más infraestructuras de regulación, que podrían ser balsas laterales, como las que promovemos en nuestro sistema, con 33 hm3 de capacidad, como reservas para ciclos de sequía y para laminar las avenidas.

- Tras haber modernizado un 33 % de la superficie, se debe seguir el esfuerzo de modernización con acuerdos tripartitos -comunidades de regantes, SEIASA y Junta de Castilla León-, lo que permite ahorrar agua y abonos, evitando contaminación por nitratos.

- La gobernanza la basamos en tarifas binómicas, en la parte modernizada, y controlando el consumo, una vez definido el consumo máximo necesario para cada tipo de cultivo, en la zona no modernizada.

- En las sueltas del embalse se alimentan los caudales ecológicos, como restricciones al uso productivo, el pago de los costes de almacenamiento de esos caudales regulados recae en un 70 u 80 % sobre los regantes. Lo que solicitan es que se agilicen los trámites de las declaraciones de impacto ambiental, para poder hacer las obras necesarias previstas en los planes hidrológicos de cuenca.

- Respecto a los riesgos de crecidas, es preciso construir más presas que laminen esas crecidas y dragar los cauces con limpiezas para evitar desbordamientos, que se producen cada vez con más facilidad.

- Las pequeñas comunidades de regantes tradicionales deben eliminarse y crear grandes comunidades de usuarios que permitan desarrollar una gestión moderna y compleja que sea más eficiente

D. Herminio Molina, Presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

La Junta nace en 1994, tras la crisis provocada por la sequía de principios de los 90, que puso en evidencia la insostenibilidad de la sobreexplotación de los acuíferos que llevó a 80.000 ha de riego (maíz),


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con pozos en muchos casos ilegales. El territorio, con 113 municipios, está drenado por el Júcar y el Cabriel y afecta a 7 masas de agua. Se constituye como Comunidad de Usuarios para la vigilancia, la evaluación y asignación de caudales en colaboración con la Confederación Hidrográfica. Son 10.000 regantes en 57 comunidades de riego; 58 abastecimientos urbanos Los recursos principales vienen del Acuífero Mancha Oriental, con más de 4000 pozos, del que depende el Júcar; también tomas del río y aguas residuales reutilizadas. La herramienta de control del acuífero en tiempo real o a mes vista, para identificar y reconducir situaciones irregulares, es la teledetección, aceptada por el usuario, por la administración y por los tribunales. Es eficaz y permite inventariar las unidades de gestión, haciendo la "foto de familia" de cada regante.

Las explotaciones se distinguen entre: anteriores a 1986 (aguas privadas legales) con asignación de 6000 m3/ha; pozos entre 1986-97 con 4000 m3/ha regularizados; a partir de 1997, con la firma de un acuerdo de "PUNTO FINAL", no se dan nuevas concesiones de riego, con lo cual cualquier parcela que tenga un pozo en esta condiciones tendrá una dotación de 0 m3/ha. Sin embargo, apoyándose de forma abusiva en el art. 54.2 de la Ley de Aguas, que permite aprovechar aguas subterráneas en pozos de los que no se extraigan más de 7000 m3/año, vienen proliferando nuevos pozos para riego de leñoso (almendro, vid, etc...), con bombeos de muy difícil control, que desbordan las previsiones hechas y la sostenibilidad.

Cuestiones clave:

1. Acuerdo de "punto final", con acuerdo social y respaldo político en Castilla La Mancha, para no permitir incremento de la superficie regable a partir de 1997.

2. Transparencia y confianza Usuarios/Confederación sobre la base de datos comunes, gracias al sistema de teledetección y a una comunicación sistemática entre la Confederación Hidrográfica y la Junta Central de Regantes.

3. Plan de Explotación Individual, con asignación teórica por cultivo o por contador (con declaración de cultivos para testar el posible trucaje de contadores), y asignación anual desde la Confederación en función del estado del acuífero.

4. Sistema de control y sanciones, con un sistema doble: jurado de riego + Confederación; lo pequeño lo sanciona el jurado (se devuelve el agua al año siguiente); para reincidentes y casos graves, actúa confederación con multas importantes; lo que ha llevado a una tendencia fuerte de incumplimientos a la baja.

El compareciente subraya la necesidad de revisar el artículo 54.2 ya que permite -a pesar del "acuerdo de punto final"- el aprovechamiento de aguas subterráneas en el interior de un predio, siempre que no sobrepase los 7.000 m3. Esto ha dado lugar a una proliferación de pozos difícil de controlar.

D.ª Marta Rivera, Directora Cátedra Agroecología de la Univ. de Vic-UCC.

La exposición de la compareciente se centra en la ganadería y su relación con el cambio climático y el uso del agua.

No se puede hablar de ganadería en general. Hay que distinguir ganadería extensiva e intensiva, tipo de ganado y especies. Los impactos ambientales, la vulnerabilidad frente al cambio climático y las estrategias de adaptación son muy distintos.

A nivel global la ganadería intensiva se ha disparado, principalmente con pollos y cerdos; mientras la extensiva se mantiene basada en vacuno, oveja y cabra.

La ganadería en su conjunto usa en torno al 30 % de la superficie agraria, principalmente por los cultivos, en regadío, para fabricar piensos, usando en esos riegos el 8 % del agua utilizada. Los prados y pastizales ocupan el 26 %. La emisión de gases de efecto invernadero se estima entre el 9 % y el 25 % del total, siendo especialmente importante la contribución en metano y Óxido Nitroso (80 %).

Otros impactos: Los antibióticos en el ganado (el 80 % de lo producido) contaminan el agua; también los pesticidas de regadíos para piensos; mientras los fertilizantes emiten oxido nitroso; el enorme impacto de vertido o sobre-aplicación de purines (los nutrientes en heces animales equivale a lo que se consume de fertilizantes sintéticos); por otro lado, degradación de tierras por sobre-pastoreo, compactación, deforestación para pastos con graves impactos directos e indirectos. Pero ello ofrece también un colchón para mejorar esos suelos e integrar carbono con prácticas ganaderas adecuadas.


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La ganadería intensiva ofrece balances de emisión muy superiores al extensivo, que además genera servicios ecosistémicos muy importantes. El intensivo demanda del orden de 5 veces más de agua (por el riego para fabricar piensos). El extensivo ofrece por otro lado, balances proteicos positivos, de hasta 16 unidades por unidad usada, mientras el intensivo es deficitario, es decir consume más proteína de la que genera.

La capacidad de adaptación al cambio climático es mayor en la ganadería extensiva que en la intensiva, ya que el productor puede diversificar su modo de producción.

Por último el IPCC baraja medidas vinculadas a reducir la demanda de carne vinculando sostenibilidad frente al cambio climático y mejora de la dieta y de la salud humana...

En conclusión:

- Se debe favorecer la ganadería extensiva frente a la intensiva, con especies autóctonas adaptadas, fortaleciendo el agro-ambiental de la PAC e internalizando costes ambientales, especialmente fuertes en la intensiva que no se pagan.

- Europa debe transitar de la sobre-producción barata al doble objetivo vinculado de sostenibilidad frente al cambio climático y mejora de la salud.

- En esa línea se debe promover la educación alimentaria hacia dietas sanas, con menos carne, como la dieta mediterránea.

- La disminución de producción, vinculada a dietas sanas, se puede compensar económicamente, con producciones de mayor calidad alimentaria desde prácticas extensivas e incluso producción ecológica.

COMPARECENCIAS DEL 25 DE ABRIL DE 2018

D. Luis Babiano, Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.

Comienza su intervención con una exposición sobre la situación hidrológica en que nos vamos a mover: destrucción de ecosistemas, sequías, especies en extinción, aumentos del nivel del mar, posible aumento de enfermedades.

En un mosaico climático muy diverso el Cambio Climático nos fuerza desarrollar políticas de "gestión de la demanda", especialmente en el regadío, que hoy sigue creciendo bajo el incentivo de los negocios agro-exportadores. El gran desarrollo histórico de infraestructuras hidráulicas nos ha llevado a una enorme huella hídrica y a una economía madura que impone una eficiencia de regulación cada vez más baja de cara a nuevos proyectos de regulación. Por otro lado, disponemos de una enorme y rica red Natura 2000 que restringe mucho la viabilidad ambiental de nuevas grandes presas y trasvases. Además, nuestros acuíferos, en zonas sensibles, están sobreexplotados. En este contexto, los principales retos financieros para afrontar los riesgos derivados del cambio climático se centran en pueblos y ciudades de menos de 50.000 habitantes, por los problemas cuantitativos y cualitativos, especialmente en estiaje, con la población de 2.ª residencia, y en ciclos de sequía. Al respecto las diputaciones provinciales pueden y deben ayudar mucho.

En todo caso, en general, hemos mejorado mucho en reducir el agua no contabilizada, aunque se constata que crecen las fugas por desinversión en reposición y conservación de redes. Hoy estamos en una media de 122 l/hab/día de uso doméstico, acercándonos a los 100 l/pers/día que recomienda la ONU.

Ante los riesgos crecientes de sequía y de inundación por cambio climático, eludir el cumplimiento de los acuerdos de París es suicida. No vale entrar en alarma cada vez que llegan estos eventos (sequía-inundación) y olvidarnos cuando pasan... La legislación vigente prevé elaborar planes de sequía en municipios con más de 20.000 habitantes pero eso no se cumple. En el Júcar de 72 municipios y consorcios existentes sólo 15 lo hicieron y la Confederación ni siquiera les respondió en su función de control. Tenemos leyes pero no seguimiento de su cumplimiento.

El modelo público es el mayoritario en el 90 % de las 400 ciudades más grandes del mundo. Pero en nuestro país crecen las presiones privatizadoras, como forma simplemente de alimentar las arcas municipales. Ello está derivando en una reducción de la inversión en el ciclo urbano del agua al desviarse los llamados cánones concesionales a usos que no son del ciclo del agua. Se ha pasado de la financiación municipal desde el ladrillo a intentarlo a través de la privatización de los servicios públicos. Un Ayuntamiento, cuando entra en quiebra, lo que hace es subir las tarifas.

La nueva ley de Contratos del Sector Público y la específica de agua, transportes y energía, ofrecen una oportunidad: hay que exigir que el canon concesional vaya a inversiones en el servicio de aguas;


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reducir el plazo de los contratos, hasta 40 años; que eviten beneficios impropios de los concesionarios privados. Hay que exigir un canon específico de infraestructura. Y si se suben las tarifas, que se garanticen las inversiones en las redes.

Hay que dotar a las Confederaciones de medios y de cuadros técnicos capacitados para gestionar estas nuevas perspectivas de gestión, que ya no se centran tanto en el fomento de obras hidráulicas.

Hay que modificar y actualizar, por ley, la financiación municipal que requieren, especialmente los de menos de 50.000 habitantes, ante el Cambio Climático, tanto en la renovación de redes como ante el reto del saneamiento y del drenaje urbano.

Hacer cambios legales que permitan desarrollar opciones de regeneración/reutilización de caudales mediante dobles redes, abasteciendo usos como la evacuación de inodoros y otros con aguas regeneradas y reutilizadas, especialmente en línea de costa.

Promover nuevos modelos de gestión pública participativa, desde la transparencia y la participación ciudadana que la gestión pública ofrece, al menos potencialmente, garantizando las inversiones necesarias bajo la lógica del interés general, y no desde la prioridad de generar beneficios para las empresas (que preside lógicamente la gestión privada) ni la compensación del déficit financiero que se impone a los Ayuntamientos.

D. Tomás Sancho, Director General de FYSEG.

Desarrolla su comparecencia en torno a unas reflexiones y unas propuestas sobre políticas del agua en coherencia con los retos del cambio climático. Resalta como cuestiones muy positivas: la seguridad jurídica, las Confederaciones de cuenca; las comunidades de usuarios; y la planificación sobre la base de un gran patrimonio de obras hidráulicas. Como puntos débiles: tener un rango bajo de atención en las políticas gubernamentales; déficits estructurales; falta de financiación para los planes de cuenca; falta de colaboración interterritorial; alta vulnerabilidad ante el cambio climático; y falta de conciencia social.

En este contexto los objetivos deben ser: la seguridad hídrica; garantizar el regadío; promover un ciclo urbano virtuoso; desarrollar el I+D en agua; coordinar las políticas de agua, energía y alimentación; mejorar las cuentas del agua indicadores con indicadores que distingan uso, consumo y retornos; mejorar la cooperación interinstitucional y asociativa; tener cuidado en cuanto a nuevas demandas; promover una gestión adaptativa al cambio climático, promoviendo la transición a cultivos rentables menos consumidores de agua; aumentar la financiación pública desde las sociedades estatales; promover la inversión y la gestión público-privada; aumentar las tarifas; fomentar la participación, especialmente de los grandes usuarios.

En el turno de respuestas, concluye respecto al "ciclo virtuoso del agua urbanas":

- hay que planificar a 20 años, tener financiación estable para una ingeniería del abastecimiento y saneamiento;

- coordinar planificación territorial y urbana, con cuidado a las zonas inundables;

- los seguros no deben cubrir las faltas de imprudencia;

- los pequeños municipios deben tener el apoyo de las CCAA en saneamiento;

- sectorizar redes para minimizar fugas y promover la gestión de la demanda;

- debe haber un regulador público, subirse las tarifas urbanas y asegurar que sea más barato depurar que pagar las multas o cánones de vertido;

- debe almacenarse el agua desalada en embalses para amortizar mejor una mayor producción de agua desalada;

- los embalses y acuíferos son la clave para garantizar abastecimiento en verano.

D.ª Inma Mayol, EMAYA gerente de EMAYA.

EMAYA es la empresa pública 100 % municipal, que gestiona el ciclo integral del agua, la limpieza y la gestión de residuos en Palma de Mallorca. En lo que se refiere al servicio de agua y saneamiento expone lo que a su juicio son los principales retos para Mallorca, extensibles al Mediterráneo:

- garantizar la gestión integral del ciclo del agua (en alta, en baja y saneamiento);

- promover una estrategia de autosuficiencia hídrica cerrando el ciclo del agua;

- fomentar la transparencia, la participación y la responsabilidad ciudadana;

- minimizar la huella hídrica y garantizar la sostenibilidad en el medio insular;

- promover estrategias de adaptación al cambio climático.


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Para ello, considera varios criterios, que ya están aplicando, y que considera generalizables:

1. se promueve la educación en el uso responsable, desde las experiencias de ciclos de sequía y escasez, consolidando los esfuerzos de cambio en esos momentos;

2. promover tarifas progresivas, con apoyo social, que encarecen consumos suntuarios;

3. renovación de la red de contadores que garantiza financiación transparente y detección de averías;

4. financiación sistemática en la renovación de redes;

5. garantizar una prelación de usos del agua basada no solo en criterios económicos, sino también ambientales;

6. una estrategia de abastecimiento basada en:

- fuentes renovables, con producción variable (dependiendo del año), incluyendo manantiales, embalses y acuíferos;

- estrategias de intercambio con otros usuarios (especialmente agrarios);

- instalaciones de desalación, que demandan un coste anual importante (3M?);

- estrategia de saneamiento/reutilización vinculada a humedales del entorno (Caso del Pla de St. Jordi);

- promover doble red con aguas regeneradas para usos no de boca.

En suma la desalación, usada de forma continua, permite abaratar la amortización de las desaladoras y evitar la sobreexplotación de recursos renovables en años normales o húmedos. Por otro lado, se trata de promover estrategias de drenaje separativo y permeabilización urbana que eviten vertidos directos, en eventos de tormenta, al tiempo aprovechando humedales cercanos (albufera) para completar el saneamiento y disponer de nuevos recursos reutilizados. La compareciente insiste en el proyecto estratégico de aprovechamiento de las aguas freáticas del humedal combinado con las aguas depuradas convenientemente tratadas, que en una gran parte (40 %) ahora se van al mar, como vertidos. Estas aguas se pueden reutilizar por la ciudad, convenientemente tratadas.

COMPARECENCIAS DEL 16 DE MAYO DE 2018

D. Francisco Javier Sánchez, Consejero Técnico Dirección Gral. del Agua.

Basa su comparecencia en explicar la implantación de la Directiva de Inundaciones en España y en explicar las actuaciones que se vienen desarrollando en esta materia.

A pesar de las masivas inversiones de obras hidráulicas de regulación y diques de ribera, se constata que los daños por inundaciones en el mundo no para de crecer. En Europa seguimos esa tendencia y la Agencia Europea de Medioambiente prevé un incremento de los daños que multiplicaría los daños actuales, por efecto del Cambio Climático. Por un lado, se sufren crecidas relámpago sin precedentes, por núcleos convectivos, como los sufridos por Francia y Alemania en 2016 (3000 M? de daños entre ambos países), o crecidas por deshielo acelerado en primavera.

En España la tendencia es también creciente. El 60 % de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros corresponden a daños por inundación, con una media de 200 millones y 8 o 9 vidas humanas cada año. En la actualidad, 3 millones de personas en nuestro país viven en zonas inundables, considerando un periodo de retorno de 500 años; y si consideramos un periodo de 100 años, 2 millones.

Todos los estudios, tanto a nivel europeo como en España, coinciden en que, aunque la pluviometría media tienda a reducirse en el área mediterránea, los caudales máximos en crecidas crecerán de forma notable.

Varios factores, en algunos casos vinculados al cambio climático, tienden a incrementar la intensidad y frecuencia de las crecidas:

- Los incendios y la desprotección vegetal del territorio incrementa la erosión, dispara la desertización, reduce la percolación y multiplica la escorrentía. Las cuencas, la forma de las cuencas y de los ríos está cambiando.

- La impermeabilización urbana acelera el drenaje a los ríos en tormenta.


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Desde la coherencia de la Directiva de Inundaciones. Traspuesta en 2010, y de la Directiva Marco de Aguas, se viene trabajando en el Ministerio por adaptarnos al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad de nuestra sociedad frente a estos riesgos de inundación, sobre la base de mejorar el estado y la funcionalidad de nuestros ríos, en coherencia con la citada Directiva Marco. Se han aprobado los planes de gestión del riesgo de inundación (sobre la base de la información de los mapas de riesgo y zonas inundables) a través de distintos Reales Decretos. En la gestión del riesgo de inundación se actúa en cuatro fases:

- Prevención, desde un mejor conocimiento de nuestros ecosistemas y de la previsiones y escenarios derivados del cambio climático; promoviendo una adecuada ordenación del territorio en los entornos inundables; promover la información pública; y sobre todo mejorando el estado y funcionalidad de nuestros ríos de los ecosistemas ribereños.

- Protección, diseñando y promoviendo obras de recuperación ambiental para mejorar el río, proyectos estructurales, mejorando la estrategias de drenaje urbano y los efectos barrera de vías de comunicación...

- Preparación, diseñando e implementando estrategias de prealerta, alerta y emergencia, que permitan pautar los correspondientes planes.

- Recuperación, de los daños que, a pesar de todo, se producirán, estableciendo adecuados seguros y evaluando resultados para no repetir errores...

Entre las estrategias en desarrollo, con buenos resultados, sirvan de ejemplo:

- Ampliar el espacio fluvial de expansión de las crecidas, con el fin de ablandarlas, retranqueando o incluso suprimiendo determinadas motas y diques de ribera.

- Control y gestión el dominio público y reordenación territorial de los entornos fluviales bajo riesgo de inundación, limitando los usos del suelo en zonas inundables, como se hizo con la reforma del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 2016.

- Recuperar meandros y bosques de ribera que frenen la energía de las crecidas.

- Crear cauces suplementarios de alivio, en caso de crecida.

- Dotar de compuertas a motas y diques de ribera, para gestionar inundaciones blandas, de expansión de crecidas extraordinarias, y drenar los campos cuando el nivel de río baje, con indemnización pre-acordada de afecciones.

- Priorizar la defensa de los núcleos urbanos.

- Prevenir la inundación de carreteras, depuradoras, edificaciones o granjas que queden en espacio inundable, con adecuadas elevaciones...

- Combatir la contaminación con nitrógeno y nutrientes de las aguas que facilitan el crecimiento vegetal en los cauces.

Las distintas medidas de los planes de gestión deben ser avaladas por análisis coste /beneficio, tal y como exige la Directiva de Inundaciones. Está a punto de comenzar un estudio de todas las obras de los Planes Hidrológicos de cuenca para incluir un balance de coste-beneficio que tienen. Aclara que aunque la Directiva habla del coste-beneficio, también se tiene en cuenta el coste-eficacia.

D.ª Nuria Hernández Mora, experta en estrategias de adaptación y gobernanza.

España, siendo un país hidráulicamente maduro, con una de las redes de regulación (56.000 hm3) más importante del mundo (por habitante y km2), debe adaptarse a escenarios de Cambio Climático caracterizados por temperaturas crecientes (sobre todo en primavera y verano), menos lluvia (más concentrada en invierno), reducción de escorrentía y recarga de acuíferos y polarización de los extremos (fuertes sequías y crecidas). En suma, escenarios en los que las medias cuentan poco y la prioridad se centra en gestionar sequías, que no serán locales sino regionales, y crecidas más intensas y frecuentes; con una fuerte reducción de caudales medios: Segura 40 %; cabecera del Tajo 48 %; Júcar 27 %; Guadalquivir 23 %; Guadiana 22 %; Duero 19 %...

En este contexto, las políticas de adaptación al cambio climático nos exigen superar las estrategias "de oferta" del siglo XX que, junto a innegables beneficios, han llevado a nuestros ecosistemas al borde del colapso. Según la compareciente, hay que superar el discurso dominante de seguir incrementando las obras hidráulicas para atender la creciente demanda y satisfacer a las cuencas con déficit estructural. Ello


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supone asumir y desarrollar el objetivo central de la Directiva Marco: recuperar el buen estado de las masas de agua, desde nuevas estrategias de conservación y de gestión de la demanda.

El 42 % de nuestras masas de agua subterránea están en mal estado (sobre todo en las zonas más sensibles), por contaminación y sobreexplotación. Menos del 50 % de las masas de aguas superficiales están en buen estado. Las principales presiones son: sobreasignación de concesiones, contaminación difusa agraria, deficiente depuración urbana e industrial e impactos de infraestructuras hidráulicas.

En esta situación la Comisión Europea nos recomienda reducir estas presiones, tanto cualitativas como cuantitativas, priorizando la recuperación del buen estado de masas superficiales y subterráneas, al tiempo que nos critica la "bicefalia" de la planificación en la que las estrategias "de oferta" siguen ocupando una posición prevalente.

Respecto al Pacto Nacional del Agua, que propone el Gobierno, de sus cuatro apartados, tres recogen en rigor obligaciones legales, definidas por la Directiva Marco de Aguas y su transposición. Tan solo el segundo apartado, relativo a la satisfacción de déficits hídricos, requeriría un acuerdo político, es decir, un Pacto Nacional del Agua. Sin embargo, los enfoques "de oferta" propuestos, basados en grandes infraestructuras hidráulicas -presas y trasvases- generarían importantes impactos ambientales, dudosamente compatibles con la legislación vigente, al tiempo que, por otro lado, pueden resultar ineficientes e incluso ineficaces, para resolver los problemas derivados del cambio climático, especialmente en lo que se refiere a las sequías. Por un lado, construir nuevos embalses con la fuerte reducción de caudales fluviales prevista, nos llevaría en futuras sequías a más embalses vacíos -si alguien tiene poco dinero, abrir cuentas corrientes no le resuelve el problema-. Respecto a los trasvases, en general no son eficaces para gestionar las sequías que el cambio climático agravará, en la medida que estas no son locales, sino regionales, y suelen afectar simultáneamente a las cuencas interconectadas o por interconectar. La inactividad del trasvase Tajo-Segura en la pasada sequía, ofrece un buen ejemplo al respecto.

Las estrategias de adaptación que debemos implementar se deben basar en medidas de gestión de recursos hídricos y de adaptación al cambio climático apoyadas en procesos naturales:

1. Reforzar la resiliencia de ríos, acuíferos, humedales y lagos, cumpliendo la legislación vigente; al tiempo que hay que proteger las fuentes (especialmente acuíferos), con especial rigor en las abastecen usos domésticos.

2. Adaptar la demanda a las expectativas de disponibilidad, acabando con el vigente crecimiento del regadío en cuencas sensibles y con el crecimiento planificado de 700.000 nuevas hectáreas; y garantizar la prioridad de los abastecimientos, especialmente en pequeños municipios, diversificando fuentes.

3. Planificar la gestión de riesgos, y no solo actuar en emergencia. En riesgos de inundación se va por el buen camino, pero no tanto en sequías. Los planes especiales de sequía han supuesto un avance, pero el reto sigue estando en la sobre-asignación y sobreexplotación. A nivel local, de los 213 municipios con más de 20.000 habitantes, que deberían tener planes de emergencia, tan solo un 18 % dispone de ellos.

4. En cuanto a la gestión económica del agua, siguen prevaleciendo viejas inercias. El régimen de 1.985 está hecho para recuperar las inversiones en nuevas infraestructuras pero no para lograr los objetivos de la Directiva. Se sigue sin pagar por los costes inducidos en aguas subterráneas; se subestiman gravemente cánones y tarifas; no se aplica con rigor el principio de "quien contamina paga"; en sequía se exime el pago de canon y tarifa de forma indiscriminada...

5. El reto es en gran medida sociopolítico y no solo técnico. Hay mucho por mejorar en transparencia, participación y seguimiento de las políticas públicas, así como en promover una buena información que desmonte mitos que desorientan a la sociedad.

COMPARECENCIAS DEL 17 DE MAYO DE 2018

D. Francisco Javier Cabezas, Dtor. Gral. Fund. Instituto Euro-mediterráneo del Agua y autor del Libro Blanco del Agua.

Ya en el Libro Blanco del Agua, hace 20 años, se plantea el tema del cambio climático. El CEDEX ha ido elaborando trabajos e informes al respecto -2010, 2011, 2013 y 2017-. De los distintos estudios, y aunque las previsiones han evolucionado con el tiempo y se hacen con elevados grados de incertidumbre, puede establecerse que las reducciones de escorrentía de forma notable, especialmente en el periodo


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estival, y dependiendo de las cuencas. También se puede concluir que en el sur de Europa lloverá menos, al tiempo que se incrementará la variabilidad pluviométrica, agravando las crecidas y fenómenos extremos en general. En todo caso, siguiendo el estudio del CEDEX del 2017, la escorrentía se reducirá de forma importante; al igual que la recarga de acuíferos.

Al producirse precipitaciones más bruscas, aumentará la erosión y por tanto se acelerará la colmatación de los embalses, reduciendo sus capacidades. Por otro lado, al incrementarse los riesgos de crecidas, habrá que dejar mayores reservas de laminación de avenidas. Ambas cuestiones, por tanto, nos deben llevar a prever una reducción de volumen útil para almacenar caudales en los embalses. Por otro lado, la evaporación en los embalses, aumentará con la temperatura de forma notable, especialmente en verano.

Respecto a posibles impactos del cambio climático sobre la calidad de las aguas, la reducción de caudales y el incremento de la erosión y de arrastre de contaminantes en eventos de tormenta, constituyen factores de empeoramiento de la calidad de las aguas. Ahora bien, el compareciente subraya que el cambio climático es un elemento más, que se superpone a otros que tienen una incertidumbre comparable: el mercado (aumento de la demanda), la variabilidad de los cultivos. Hay que considerar conjuntamente todos estos factores para una gestión del agua actual y futura.

En este contexto es necesario desarrollar estrategias de adaptación con medidas normativas y medidas técnicas:

- Mejorar la eficiencia, con buenas prácticas y evitar pérdidas con un adecuado mantenimiento y reparación de infraestructuras.

- Mejorar la resiliencia de los sistemas, desarrollando almacenamientos y conexiones.

- Desarrollo de recursos convencionales y no convencionales.

- Mejorar la gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas.

- Centralizar, validar y homogeneizar datos, información e indicadores que sean accesibles en la red para todo el mundo, con el adecuado seguimiento y actualización.

- Homogeneizar criterios entre los diversos planes de cuenca.

- Dotar y desarrollar un Plan de I+D+I en agua y cambio climático.

- Promover una reforma institucional que promueva la colaboración interterritorial.

- Afrontar una revisión concesional que tenga en cuenta la reducción de caudales.

- En lugar de los contratos de cesión y centros de intercambio (Bancos de Aguas) por cuencas, un Centro de Intercambio único para todo el país.

- Promover la figura de contratos de opciones.

- Pasar a gestionar grandes sistemas integrados, incluidos sistemas integrados a nivel estatal, por encima de las cuencas, en lugar de piezas de regulación o transporte asignados a usuarios concretos, con su canon y tarifa.

- Reforzar la Administración del agua en su creciente complejidad.

- Clarificar los principios y criterios de racionalidad y responsabilidad económica.

D.ª M.ª Soledad Gallego, Jurista experta en legislación ambiental europea y C. Climático.

La compareciente centra su exposición en los caudales ecológicos y su adaptación al cambio climático. Dos referencias básicas de la comparecencia: los ecosistemas acuáticos continentales sufren la mayor crisis de biodiversidad (1/3 de las especies están en peligro de extinción y más de 200 se han extinguido, los peces y moluscos de agua dulce y los anfibios, son los grupos de especies más amenazados de Europa); fortalecer la resiliencia de los ecosistemas acuáticos continentales, sobre la base de recuperar su buen estado ecológico, desde la planificación hidrológica, es la base de cualquier estrategia eficaz de adaptación al cambio climático.

La recuperación y conservación del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, exigida por la Directiva Marco del Agua, exige garantizar adecuados caudales ecológicos. Pero hablar de caudales ecológicos no equivale a fijar solo caudales mínimos, sino que se deben garantizar regímenes ambientales que incluyan una variación estacional adecuada al régimen natural del río, caudales generadores, y caudales máximos y tasas de cambio aguas debajo de las presas. La legislación española define adecuadamente estos conceptos, vinculándolos principalmente a la fauna piscícola y la vegetación de ribera, pero también a la función y estructura de los ríos como ecosistemas y no meras corrientes de agua: con sus componentes físicos (agua, sedimentos, cauces-...) y biológicos (peces, aves, anfibios,


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etc.) y con las complejas relaciones ecosistémicas y la conectividad transversal y longitudinal con sus entornos.

El desarrollo económico -sin duda beneficioso- ha creado unos impactos y alteraciones en los sistemas fluviales, se han modificado los cursos y el régimen de caudales de los ríos. Actualmente dejamos en los cauces solo entre el 15 y el 20 % de los caudales. Desde el marco legal vigente se deben fijar los regímenes de caudales ecológicos. No simplemente caudales mínimos, sino como caudales medioambientalmente adecuados, en función de la época de que se trate, porque el ecosistema está adaptado a los distintos caudales en verano y en invierno. Los Planes Hidrológicos contemplan:

- Estudios técnicos para determinar los caudales.

- Concertación, para acoplar los usos a las restricciones del régimen ecológico (dentro de la participación pública del Plan).

- Fijación por la Administración del régimen de caudales ecológicos.

- Implantación y seguimiento adaptativo.

En el 2.º ciclo de la Planificación (2015-2021) los planes hidrológicos han fijado los caudales ecológicos mínimos en las diversas cuencas, salvo en el Tajo, Ebro y Júcar, donde solo se han fijado en el 5 %, 10 % y 68 % de sus respectivas masas de agua. Sin embargo, aún donde se han fijado dichos regímenes, se han usado los valores más bajos del rango recomendable (entre el 7 % y el 15 %), despreciando el principio de precaución; y se han aplicado los factores que menos variación estacional producen, con lo que se han obtenidos regímenes planos y muy bajos, a fin de favorecer, de facto, en contra de la Directiva Marco, los compromisos y expectativas de usos productivos por encima de garantizar regímenes ecológicos efectivos. El resto de componentes del régimen de caudales ecológicos, incluido el caudal generador, se han fijado en una proporción muy baja en todos los planes, con carácter general.

Este deficiente cumplimiento de la legislación vigente nos hace más vulnerables ante el cambio climático, al degradar la resiliencia de nuestros ecosistemas. Una política fundamental para la adaptación de los ecosistemas y ríos al cambio climático es trabajar con la naturaleza, proteger las fuentes, las fábricas naturales de agua. En la perspectiva de desarrollar estrategias de adaptación será necesario respetar mayores caudales ecológicos y regímenes que simulen mejor la estacionalidad propia de cada río. Seguir priorizando los usos productivos aún a costa del buen estado de las masas de agua, más allá de incumplir la ley, nos debilitará en los eventos extremos por venir. Por ello:

- Será necesario establecer mayores caudales ecológicos en los ríos, que integren también la gestión de flujos sólidos y la sostenibilidad de deltas y litorales.

- Los caudales de riego, como uso que más consume (80 %), son los más factibles de reducirse.

- Los tiempos de concesión deberían reducirse en algunos planes hidrológicos para adaptar los usos de forma flexible al seguimiento de los caudales ecológicos y los impactos e incertidumbre del cambio climático. El plazo legal de 75 años es un plazo máximo, caben concesiones por menos años (15 o 20).

- El concepto de "concertación" de los caudales ecológicos ha sido acotado por el Tribunal Supremo como un método de participación. No es por tanto un resultado necesario y normativamente impuesto, por lo que no merma la capacidad decisoria final de la administración. Por lo que prima la responsabilidad de la Administración de fijar caudales que garanticen los objetivos ambientales por encima de que se produzca o no el deseable acuerdo con los usuarios.

D. Eduardo Rojas, Portavoz de la Plataforma Juntos por los Bosques.

El compareciente centra su intervención desde la perspectiva de los bosques y espacios forestales, en su relación con los recursos hídricos y el cambio climático. La influencia de los bosques en la pluviometría, especialmente en el interior de los continentes, es muy importante, por la enorme masa de agua que evapotranspiran. Son decisivos, junto a otras coberturas vegetales, en la preservación del suelo fértil, frente a la erosión, en territorios pendientes. La intercepción de la lluvia (sobre todo precipitaciones fuertes) reduce la escorrentía y facilita la infiltración del agua en el terreno, alimentando los acuíferos y frenando las crecidas. Estas funciones combinadas hacen que se hable de los bosques como "Water Towers" (depósitos de agua). En torno al 75 % de las aguas dulces disponibles proceden de los macizos montañosos forestados.

En cualquier caso estos fenómenos combinados pueden dar resultados diferentes. Por ejemplo, la despoblación de comarcas de montaña y el abandono de los prados está llevando al crecimiento de


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masas forestales densas que consumen más agua que la pradera, por lo que se producen descensos significativos en los caudales fluviales. Pero el nivel de evapotranspiración depende de la densidad y de la madurez; bosques maduros y menos densos tienen una evapotranspiración muy limitada.

La erosión, como clave de la desertización, es uno de los fenómenos a combatir en las estrategias de adaptación al cambio climático. En la Península, las zonas forestadas, que ocupan un 55 % del país, quedan fuera de riesgo de erosión, esta se produce básicamente en las zonas agrícolas del centro-sudeste. En España los bosques han crecido desde 1.970 en un 61 %: ese aumento de stocks de bosques nos está permitiendo compensar el 20 % de las emisiones de CO2 gratis. Es un proceso común a todo el sur de Europa.

Otra función clave de las masas forestales, en las estrategias de adaptación, es la intercepción e infiltración de las precipitaciones, especialmente cuando son intensas, al reducir la escorrentía y los riesgos de crecida, al tiempo que se recargan los acuíferos y se frena la colmatación de los embalses. Si queremos evitar grandes avenidas en zonas críticas, debemos tener una muy buena masa forestal; pero cuidando la excesiva densidad, para evitar la pérdida inútil de agua.

El riesgo de incendios es otro factor fundamental en este tipo de estrategias. Para reducir ese riesgo es fundamental evitar el minifundio y favorecer la biodiversidad y la complejidad forestal. Hay que evitar masas forestales excesivamente densas y con árboles finos, no biodiversos, que generan una biomasa brutal.

Favorecer una gestión forestal en la que la población se implique, desarrollando actividades económicas vinculadas a la explotación forestal, y combinada con la ganadería extensiva, permite combatir la despoblación rural, como clave de adaptación al cambio climático, especialmente en territorios montañosos.

El compareciente subraya algunas ideas y propuestas:

- Las políticas forestales y la planificación hidrológicas deben integrarse en la complejidad cada territorio, a nivel de cuenca. Hay que tomar medidas legislativas para acabar con el minifundismo forestal.

- Los servicios ecosistémicos vinculados al agua (regulación, infiltración, protección de suelos, freno de la colmatación de embalses, depuración y mejora de la calidad de aguas ...) deben proyectarse en fiscalidad verde y pago por servicios.

- La función de frenado de avenidas y de filtro verde de los bosques de ribera debe integrarse en la planificación, clarificando deslindes e incentivando la explotación de choperas en zonas inundables.

- Promover una adecuada gestión forestal mediante un Plan de Actuación Forestal como el propuesto por Juntos por los Bosques al Ministerio, que ha asumido muchos de sus planteamientos.

D. Jorge Olcina, Catedrático Univ. de Alicante y Pte. de la Asoc. de Geógrafos Españoles y Director de Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante.

El compareciente inicia su exposición centrándola en la gestión de los "extremos del agua", es decir, las inundaciones y las sequías.

Frente al Cambio Climático por la emisión de gases de efecto invernadero, hay dos posibles enfoques a la hora de analizar los riesgos: o se culpa a la naturaleza; o bien, conociendo a la naturaleza, se trata de corregir nuestro comportamiento. En eso consisten fundamentalmente las estrategias de adaptación. Las leyes y normas que llegan de Europa, como la Directiva de Inundaciones, priorizan reducir los riesgos, desde una adecuada ordenación territorial. La Ley del Suelo de 2015 califica como suelo rural el que tiene riesgos, sobre la base de una cartografía riesgos.

Por otro lado, frente a las medidas de emergencia, que tratan de dar respuestas urgentes a problemas imputados a la naturaleza (como presas, diques, trasvases), que han tendido a dominar la estrategias de ingeniería "curativa" dominante a lo largo del siglo XX, hoy se imponen nuevos enfoques de tipo preventivo.

- Se prioriza la ordenación racional del territorio, para evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir los problemas.

- Planificación racional del territorio como instrumento preventivo de inundaciones y sequías, activando la Comisión de Coordinación de Políticas Territoriales, que apenas se ha reunido.

- Los embalses que pueden laminar de forma efectiva y eficiente avenidas están ya hechos; lo que hay es que gestionarlos bien.


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- La Directiva de Inundaciones recomienda recuperar el territorio fluvial, ampliando y gestionando espacios de inundación natural, negociando acuerdos con los propietarios; mientras en espacios urbanos se promueven parques inundables y depósitos pluviales (esto corresponde a los municipios).

- La Planificación hidrológica debe trabajar con datos reales sobre el consumo de agua, no tanto incrementando la oferta, como gestionando bien la demanda. Hay que gestionar la demanda, y dimensionarla a la realidad de los escenarios previsibles., en lugar seguir aplicado estrategias "de oferta. Regenerar y reutilizar se perfila como una nueva fuente significativa.

- En el sureste, pueden aplicarse opciones de oferta como incremento de desalación o trasvases, de forma consensuada.

Cuatro conclusiones básicas:

1. La legislación de aguas en materia de riesgos debe acortar los periodos de retorno para adaptarse a la realidad mediterránea, en la que estos son mucho más cortos.

2. Todos los municipios de más de 2000 habitantes deben tener planes de gestión de sequía.

3. El seguimiento de la nueva ley del suelo frente a riesgos debe ser estricto.

4. La planificación del agua como recurso normal o como recurso extremo debe hacerse sobre datos reales planificando sobre todo desde la demanda, en particular, mejorando los sistemas de depuración del agua.

D. Jonathan Gómez Cantero, Climatólogo-Geógrafo especializado en Cambio Climático y riesgos naturales.

Es fundamental partir del conocimiento de los escenarios que se derivan del cambio climático: subida de temperaturas, menos lluvia, reducción de caudales, creciente variabilidad, aumento de la demanda de riego por hectárea (entre el 10 y 15 %), aumento en la evaporación de los embalses que llegará a duplicarse...

Si se quiere promover un Pacto Nacional del Agua es preciso hacerlo sobre bases reales. El Tajo nos ofrece un ejemplo negativo al respecto: El Alto Tajo está exhausto por la sequía y por las detracciones del Trasvase. Actualmente baja más agua del Tajo por el Trasvase que por el propio Tajo; en Toledo el agua está estancada y huele mal... Como es sabido, los municipios de la cabecera del Tajo se ven obligados a abastecerse en verano con camiones cisterna. Pero además, la falta de caudales que bajan del Alto Tajo, junto con la contaminación de las aguas que llegan por el Jarama, generan una situación insostenible. Como consecuencia de ello, por ejemplo, en Cabañas de la Sagra, los agricultores han tenido que dejar de cultivar sus famosos tomates porque aparecían contaminados por las aguas de riego.

La tendencia recesiva de lluvias en el Alto Tajo, desde 1950, se sitúa de hecho en torno al 25 %. Pero lo más grave es que las previsiones derivadas del cambio climático apuntan en la misma dirección, evidenciando la inviabilidad del Trasvase Tajo/Segura... No es solo insostenible social y políticamente; el Trasvase lo cerrará el cambio climático, tarde o temprano; quizás en un plazo de 10 o 15 años.

Más allá de la reducción de la pluviometría media prevista en las diversas cuencas -entre el 30 y el 35 % para el horizonte 2050 en Andalucía; 15 % en el Ebro; 15-20 % en el Tajo...- el cambio climático impone fuertes contrastes pluviométricos, combinando periodos de intensa sequía con fuertes lluvias concentradas en el tiempo.

Respecto a posibles medidas viables, el compareciente propone considerar las tecnologías que incrementan artificialmente las precipitaciones, por ejemplo, lanzando sobre las nubes ioduro de plata.

Concluye señalando que el Pacto Nacional del Agua debe ser promovido de abajo a arriba y con la vista puesta en afrontar los retos ambientales que plantea el cambio climático, preservando y respetando los caudales ecológicos.

COMPARECENCIAS DEL 21 DE MAYO DE 2018

D.ª Liana Ardiles López, Directora Gral. del Agua del MAPAMA.

La evolución histórica de la gestión de aguas en España se puede seguir a través de hitos como: la Ley de Aguas (1985) que pone en el puesto de mando la Planificación; los Planes de Cuenca en 1998; la Directiva Marco de Aguas (2000), que prioriza objetivos ambientales, y la correspondiente Reforma de la Ley de Aguas (2001); el PHN (2001); 1.er Ciclo de la Planificación (2013); 2.º Ciclo de Planificación (2016).


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Estamos en un ciclo de mejora continua de la planificación, establecido por la Directiva Marco del Agua, que debe integrar los escenarios de cambio climático. En esta mejora continua, para el 3.er ciclo, los documentos preparatorios deben estar en 2018, temas importante en 2019; actualización de Planes en 2020 y aprobación en 2021.

En los Planes se evalúan en 100.000 hm3/año los recursos disponibles en régimen natural; se valora el estado de las 6000 masas de agua - 5162 superficiales y 761 subterráneas; 31.000 hm3 de usos y demandas (80 % agrícola), con una previsión de aumento para 2021 del 3,1 %; y por primera vez se concretan caudales ecológicos para el 80 % de las masas de agua. Estos datos se actualizan de forma continuada, a medida que se dispone de nueva información.

En suma, en este 2.º ciclo de planificación se establecen las asignaciones y reservas para cada uno de los usos hídricos y se identifican las presiones e impactos y definen los planes de medidas en esas 6000 masas, con 4 grandes cuestiones:

- cumplir los objeticos ambientales (el 60 % de las medidas);

- garantizar las demandas;

- prevenir sequías y crecidas;

- gobernanza del agua.

En la segunda parte de su exposición, se refiere a cómo se incorpora el cambio climático en estas actuaciones, y cuál es su previsión de futuro.

El cambio climático se integra en los Planes Hidrológicos en tres planos: recursos disponibles en el futuro, planes especiales de sequía y planes de gestión de riesgos. Sobre los estudios sobre recursos en escenarios de cambio climático -Libro Blanco (2000), estudios del CEDEX y del IPCC en 2010, 2012 y 2013; y el informe del CEDEX de 2017 sobre escorrentías previstas- generamos escenarios regionalizados para 2039. El estudio del IPCC se basa en doce proyecciones sobre seis modelos climáticos, y es el soporte de la planificación que sigue vigente hasta 2021.

En relación con los caudales ecológicos, tras reformar en 2017 el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se han calculado los caudales ecológicos en 3.250 puntos, a los que hay que dar seguimiento y evaluación, con contratos externos por valor de 100 M?; y se han identificado 2600 km de reservas fluviales, estableciendo observatorios en esos espacios, considerados de referencia. Todo ello con vistas a los planes del tercer ciclo (2022-2027).

Respecto a los vertidos urbanos está cubierto el saneamiento del 90 % de municipios con más de 2000 hab. equivalentes, priorizándose en la planificación el cumplimiento de la Directiva 271 de saneamiento y depuración y auditando las actuaciones de la Comunidades Autónomas.

En materia de atención a las demandas, la planificación busca:

- favorecer el ahorro y la eficiencia, especialmente con la modernización de regadíos y controlando mejor el consumo;

- reforzar la oferta con infraestructuras, como pilar fundamental: nuevas presas e interconexiones de cuencas, reguladas por el PHN;

- mejorar recursos no convencionales -hoy hay 400 hm3 en desalación, 350 en reutilización- interconectando desaladoras y embalses, mezclando caudales.

En materia de sequías, disponemos de los Planes Especiales de Sequía desde 2007, que se actualizan, diferenciando los conceptos de sequía y escasez estructural. Esta actualización debe estar aprobada en el presente año.

Respecto a riesgos de inundación, los planes de gestión, siguiendo la Directiva de Inundaciones, priorizan medidas de ordenación territorial, evitando construir en espacios inundables, y sometiendo las medidas a análisis coste/beneficio, al tiempo que se han elaborado guías en materia de edificaciones, agricultura e infraestructuras.

Estamos en un buen momento para mirar al futuro con buenas herramientas y soluciones de Estado que deben ser avaladas con un adecuado consenso: infraestructuras de adaptación, actualización de los sistemas de información, y concienciación de la ciudadanía.


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D.ª Josefina Maestu, Directora Gral. de GAN-NIK

La compareciente avanza el objeto de su exposición, dedicada al agua y el cambio climático desde la perspectiva de la gobernanza.

Dando por conocidas las consecuencias del cambio climático en materia de aguas, a través de las comparecencias anteriores, lo que plantea es una gobernanza para la gestión del riesgo y para la gestión de la incertidumbre. Debemos anticiparnos, mediante escenarios, asegurar flexibilidad frente a la incertidumbre, reducir el grado de exposición y por tanto la vulnerabilidad de la población, evitando, por ejemplo promover regadíos donde no hay agua o construcciones en zonas de inundación. Lo contrario supondría aumentar la exposición y la vulnerabilidad.

Respecto al tipo de gobernanza a desarrollar, UNESCO recomienda apoyarse en una buena planificación descentralizada:

- que dialogue con lo local, promoviendo la participación de personas y colectivos, más allá de las instituciones; hay que contar con los usuarios y con las organizaciones ciudadanas;

- que reconozca los conflictos (que, inevitablemente se producirán al desubicar actividades, inundar terrenos, o incidir en los regadíos) y promueva procesos de diálogo y mediación social;

- que tenga en cuenta las culturas territoriales;

- que establezca incentivos ciudadanos para reforzar la resiliencia frente a los riesgos, como los de Holanda frente a las crecidas, que incentivan la inundación de jardines y parques (con subvenciones y medidas fiscales).

Hay que pasar, de la tradicional pretensión de evitar los problemas (la escasez, las sequías, las inundaciones), a otro modelo basado en vivir con incertidumbre, con buena información, fuerte participación ciudadana, flexibilidad institucional, descentralización de soluciones y buena coordinación con sistemas de bases de datos e información compartidos, en forma de decisiones a varios niveles.

Respecto a los problemas a afrontar y enfoques a promover:

- Partimos de un régimen concesional que flexible, al ofrecer derechos contingentes (está prevista la revisión de las concesiones) que se adaptan a la disponibilidad; pero hay sobre-asignación de derechos. Hay que dotar a las Confederaciones Hidrográficas de más recursos para hacer un seguimiento y control de ese exceso de recursos concedidos.

- El sistema concesional público es bueno pero debe adaptarse a la multiplicidad de fuentes de oferta.

- Los sistemas cada vez más complejos e interconectados, con abastecimientos mixtos, aumentan la resiliencia, pero exigen una gestión compleja.

- Nuestro modelo de gestión es endeble en el control y seguimiento de las medidas.

- La institucionalidad ecosistémica de cuenca de las Confederaciones debe fortalecerse, diversificando interdisciplinariamente sus plantillas.

- Hay que desarrollar el principio de recuperación de costes para mejorar la eficiencia, incluyendo la fiscalidad ambiental y tarifas volumétricas.

- Reforzar la recuperación de costes en las Confederaciones Hidrográficas, que ingresan tan sólo 391 M?, de los 7.700 M? pagados en servicios de agua; cifra que contrasta con los 400 M? que ingresa la Agencia Catalana del Agua.

- Aunque en sequía hay mayores gastos, se cobra menos al haber una menor facturación y eximirse cánones y tarifas; salvo casos, como el recargo por sequía en Sevilla.

- Se requieren impuestos ambientales, como el canon del agua en el País Vasco, que incentiva con exenciones las buenas prácticas agro-ganaderas no contaminantes.

- Debemos seguir las nuevas estrategias frente crecidas desarrolladas en Navarra.

- Hay que desarrollar la participación ciudadana en las estrategias de adaptación al cambio climático, así como la mediación social en la resolución de los conflictos.


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D.ª Julia Martínez, Directora de la FNCA en representación de los movimientos sociales firmante del Acuerdo Social del Agua.

Los impactos del cambio climático, en materia de aguas, y los escenarios a prever en toda la Península cuentan con amplio consenso científico-técnico, y sin duda esta subcomisión ha recibido elementos sobrados al respecto.

Ante las perspectivas que impone el cambio climático y los contenidos del llamado Pacto Nacional del Agua, que promueve el Gobierno, las organizaciones sociales abrieron un proceso colaborativo que arrancó con un llamamiento de 100 firmantes, para presentar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en este Congreso, el Acuerdo Social del Agua, que hoy suscriben 77 organizaciones sociales, movimientos y sindicatos. Es un documento que se titula "Ante el Cambio Climático, acuerdo social por el agua en defensa de nuestros ríos y por el agua pública".

El crecimiento insostenible de demandas está en la base de la crisis de insostenibilidad que hoy nos hace tan vulnerables frente el cambio climático. Pero además, las estrategias "de oferta" que el llamado Pacto Nacional del Agua, lejos de resolver los llamados déficits, auspicia expectativas que disparan nuevas demandas y acrecientan esos déficits, como ocurrió con el trasvase Tajo-Segura, que duplicó los déficits en la Cuenca del Segura.

Aunque los vertidos urbanos se van controlando, la creciente contaminación difusa y el desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas, con acuíferos sobreexplotados y cientos de miles de pozos ilegales en zonas sensibles, disparan nuestra vulnerabilidad.

Por otro lado, la presión privatizadora sobre la gestión del agua urbana e incluso del regadío, junto a la mercantilización de derechos concesionales, degradan la lógica del interés general y fragilizan los derechos de pequeños y medianos regantes, ganaderos y de la ciudadanía en general.

El Acuerdo Social del Agua incluye un breve diagnóstico sobre el momento decisivo en que nos encontramos respecto al cambio climático. Y cinco ejes:

Eje 1: Hay que detener construcción de nuevos embalses y trasvases y revisar los existentes para reorientar la estrategia de cara al futuro. Tenemos la red de presas (1200) más poderosa del mundo por habitante y kilómetro cuadrado, lo que hace de España un país hidráulicamente maduro, en el que no tiene sentido seguir creciendo, pues las nuevas infraestructuras, cada vez más ineficientes, generan más costes que beneficios, además de impactos ambientales y sociales inaceptables.

Eje 2: Hay que detener el crecimiento de las demandas y redimensionarlas, tanto en el regadío como en usos urbano-industriales, adecuándolas, mediante nuevas estrategias de gestión de la demanda, a los menores caudales disponibles previstos en los escenarios de cambio climático. En la medida que la agricultura supone entre el 75 y el 80 % del total de demandas, esa estrategia de gestión de la demanda exige, no sólo modernizar el regadío, sino redimensionar la superficie regada. En todo caso, el reto debe asumirse en todos los sectores, desarrollando la economía circular en los usos no consuntivos.

Eje 3: Detener el deterioro y la apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos. La mitad de las masas de agua están en mal estado, incumpliendo la Directiva Marco del Agua. En las políticas de adaptación al cambio climático es esencial recuperar los acuíferos como reservas estratégicas para gestionar los ciclos de sequía, lo que exige acabar con los cientos de miles de pozos ilegales, además de revisar concesiones, para resolver los problemas de sobre-asignación, y controlar la contaminación difusa.

Eje 4: Incorporar en nuestra legislación el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, en línea con lo aprobado por NNUU. Desde esta coherencia, se deben detener y revertir los procesos de privatización, tanto en los servicios urbanos como en el regadío, para apostar por una gestión pública transparente y participativa; además de atajar la mercantilización del agua, por desregulación de los contratos de cesión, en favor de quienes tienen más capacidad de pago. Acabar con los cánones concesionales y derogar la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Eje 5: Acabar con la corrupción, en torno al agua, bajo el incentivo de la lógica del lucro que abonan las políticas de privatización de servicios y de mercantilización del agua, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana; y promover una reforma institucional que acabe, en los Consejos de Cuenca y en el Consejo Nacional del Agua, con la presencia mayoritaria de representantes de la Administración y de los beneficiarios privilegiados (regantes e hidroeléctricas), marginando y minimizando a los demás sectores sociales.


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V.2 Documentación aportada por los comparecientes.

Sesión del día 13 de marzo de 2018

- De D. Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (núm. expte. 219/001084):

? Impacts of climate change on water resources in Spain. T. Estrela, M.A. Pérez-Martín y E. Vargas. Hydrological Sciences Journal. 2012.

? El cambio climático: impactos sobre el agua y medidas. Teodoro Estrela. Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Presentación powerpoint.

- De D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física, Universidad de Barcelona; Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; primer Presidente de la Asociación Española de Climatología; Presidente del Comité Español del World Climate Research Programme 2010-2015 (núm. expte. 219/001085):

? Agua y cambio climático en España. Javier Martín Vide. Presentación powerpoint.

- De D.ª Yolanda Luna, Jefa del Departamento de Climatología y Desarrollo. AEMET (núm. expte. 219/001086):

? Presentación powerpoint.

- De D. Fidel González Rouco, miembro IPCC (núm. expte. 219/001087).

Sesión del día 20 de marzo de 2018

- De D. José Ramón Aragón Cavaller, Ingeniero Agrónomo y experto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (núm. expte. 219/001104).

? Presentación powerpoint.

- De D. Fernando López Vera, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua. (núm. expte. 219/001105).

- De D. Javier Sanromán, Hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Portavoz de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (núm. expte. 219/001106).

? Presentación powerpoint.

11 de abril de 2018

- De D. Federico Estrada Lorenzo, Director del Centro de Estudios Hidrográficos (núm. expte. 212/001200).

- De D.ª Montserrat Cortiñas González, Vicesecretaria general de UPA (Unión de Pequeños agricultores y ganaderos) (núm. expte. 212/001125).

- De D.ª Sonia Roig Gómez, Presidenta Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (núm. expte. 219/001126).

- De D. Joan Corominas Masip, Ex Director Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía (núm. expte. 219/001127).

18 de abril de 2018

- De D. Ángel González Quintanilla, Presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna (núm. expte. 219/001206).

? Presentación PDF.


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- De D. Herminio Molina, Presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (núm. expte. 219/001207).

- De D.ª Marta Rivera, Doctora en Veterinaria. Sistemas ganaderos. Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas. División Agricultura y Ganadería. Directora de la Cátedra de Agroecología de la Universidad de Vic (núm. expte. 219/001208).

25 de abril de 2018

- De D. Luis Babiano Amilibia, Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) (núm. expte. 219/001210).

- De D. Tomás Ángel Sancho Marco, Director General FYSEG (núm. expte. 219/001211).

? Presentación powerpoint.

- De D.ª Imma Mayol Beltrán, Gerente EMAYA (núm. expte. 219/001212).

? Políticas urbanas en gestión de aguas. Presentación powerpoint.

16 de mayo de 2018

- De D. Francisco Javier Sánchez, consejero técnico en la Dirección General del Agua, Ministerio de Agricultura (núm. expte. 212/001623).

- De D.ª Nuria Hernández Mora, experta en estrategias de adaptación y gobernanza (núm. expte. 219/001238).

El reto de la adaptación al cambio climático en la gestión de os recursos hídricos (presentación powerpoint).

17 de mayo de 2018

- De D.ª María Soledad Gallego, jurista experta en legislación ambiental europea y cambio climático (núm. expte. 219/001234).

? Los caudales ecológicos en ríos y la adaptación al cambio climático (presentación powerpoint).

- De D. Eduardo Rojas Briales, portavoz de la plataforma Juntos por los bosques (núm. expte. 219/001235).

? Bosques, agua y cambio climático (presentación powerpoint).

- De D. Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo especializado en cambio climático y riesgos naturales. Revisor del Quinto Informe del IPCC de Naciones Unidas sobre cambio climático. Asesor internacional. Presentador de El Tiempo en Castilla-La Mancha Media (núm. expte. 219/001237).

? El cambio climático en Europa: percepción e impactos. 1950-2050 (libro en formato digital).

? El cambio climático y el problema hídrico (presentación powerpoint).

21 de mayo de 2018

- De D.ª Liana Sandra Ardiles López, directora general del Agua, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm. expte. 212/001634).

- De D.ª Josefina Maestu Unturbe, directora gerente de GAN-NIK. (núm. expte. 212/001239).

- De D.ª Julia Martínez Fernández, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (núm. expte. 219/001240).


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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Tras recoger y debatir las aportaciones de 27 expertos y expertas que han comparecido ante la subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, resumimos en los siguientes puntos las conclusiones que nos permiten perfilar el diagnóstico sobre los escenarios y problemas que se derivan del cambio climático, en materia de aguas.

Sobre la base del diagnóstico, que se resume en los puntos siguientes, la Subcomisión acuerda presentar a la Cámara las correspondientes recomendaciones.

VI.1 Conclusiones.

1. En relación con los escenarios previsibles de cambio climático y sus impactos sobre los recursos de agua en España se constata un generalizado consenso científico en torno a la vigencia del cambio climático en curso, como un fenómeno cuya causalidad, de carácter antrópico, tiene su base en un proceso de calentamiento global generado por la emisión de gases de efecto invernadero. Estos escenarios de cambio climático agravan seriamente problemas que ya existían, aún sin cambio climático, haciendo más necesario y urgente que nunca afrontarlos de forma decidida.

2. La principal referencia sobre las previsiones de pluviometría, escorrentía superficial e infiltración a los acuíferos, la ofrecen los estudios del CEDEX, cuyos resultados se pueden resumir como sigue:

- Todas las simulaciones y previsiones apuntan, de forma consistente, a notables incrementos de la temperatura media, que dependen del nivel de emisiones que se produzca en el futuro.

- Fruto de ese aumento de temperaturas, especialmente en primavera-verano, crecerá fuertemente la evapotranspiración de las masas vegetales, generando una recesión de escorrentías y un aumento en requerimientos de riego por hectárea.

- Respecto a las precipitaciones, aunque los diversos modelos de simulación ofrecen mayor incertidumbre, las expectativas en espacios mediterráneos prevén una importante tendencia recesiva, que se acentúa en horizontes de finales de siglo y en escenarios pesimistas, en los que se incumplen los acuerdos de París.

- Los caudales fluviales y los niveles de infiltración en los acuíferos, por aumento de evapotranspiración de las masas vegetales y menor precipitación, nos obligan a asumir escenarios con menos recursos disponibles: en concreto, en sus últimos informes, el CEDEX prevé una reducción de caudales medios, desde 2010 a finales de siglo, si se producen los escenarios de incumplimiento de los acuerdos de París, del orden del 24 %, que puede llegar a situarse entre el 30 y el 40 % en las zonas más sensibles; mientras que la infiltración que alimenta los acuíferos disminuirá en proporciones similares.

- Por otro lado, todos los estudios prevén un aumento de la variabilidad climática y pluviométrica mediterránea, con una alteración importante de los patrones temporales y espaciales de lluvia, lo que supondrá un fuerte incremento de riesgos de sequía, que serán más frecuentes, largas e intensas, y de inundaciones, con crecidas más frecuentes y caudales máximos más fuertes.

Aunque los estudios del CEDEX, desde los diversos modelos usados, ofrecen, tal y como se refleja en los puntos anteriores, diversos niveles de incertidumbre, el principio de precaución, establecido por la legislación europea, exige gestionar los riesgos desde la prudencia, asumiendo escenarios plausibles pesimistas, que en este caso se vinculan al incumplimiento de los acuerdos de Paris.

3. El incremento de variabilidad pluviométrica y el correspondiente aumento de la torrencialidad aumentarán la erosión y la colmatación de embalses, con la consiguiente reducción de su capacidad, que se verá acentuada al tenerse que reservar mayores capacidades de resguardo para laminar avenidas. Por otro lado, las mayores temperaturas, especialmente en verano, aumentarán notablemente las pérdidas por evaporación en los embalses que hoy están entre el 6 y el 10 % de las capacidades de embalse, según cuencas, valores que podrían duplicarse en pocas décadas. Teniendo en cuenta que el colapso de sedimentos en los embalses, más allá de colmatarlos, corta los flujos sólidos que, de forma natural, compensan la subsidencia (hundimiento) de los deltas y alimentan de arena las playas, se hace necesario gestionar esos flujos sólidos, y más teniendo en cuenta la subida del nivel de los mares que se deriva de la fusión de masas polares.

4. Se han constatado diferentes tipos de impactos del cambio climático sobre el medio rural, y la agricultura de secano y regadío.


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- Aunque el cambio climático afecta a toda la sociedad, sus impactos serán especialmente graves sobre territorios y sectores más vulnerables, como los espacios rurales más empobrecidos, en proceso de despoblación, y los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Aunque los sistemas productivos más resilientes y con mejores condiciones para adaptarse al cambio climático suelen ser sistemas complejos, integrados en el territorio, con actividades productivas como pequeña agricultura, ganadería extensiva, silvicultura, gestión forestal, servicios,... suelen corresponder a zonas empobrecidas. Sin embargo, los sistemas más productivos y rentables, que cuentan con más recursos y más inversión, son más simples y vulnerables ante el cambio climático. Todo ello nos marca retos de protección a desarrollar y enseñanzas que son de interés general.

- Respecto a la agricultura, fuertemente vinculada a la vertebración del medio rural, los impactos de las sequías son directos, sobre todo en el secano, que supone el 80 % de la superficie cultivada. Por ello, más allá de su valor socio-económico, el secano tiene una importancia decisiva sobre la gestión del territorio. Prever estrategias de protección para determinados secanos, como riegos de apoyo, puede ser clave en las estrategias de adaptación.

- El regadío genera en torno al 60 % de la producción y del empleo agrario, lo que explica su continuo crecimiento (un 10 % desde 2005). Un crecimiento que, en ocasiones, se ha hecho al margen de la ley, reduciendo la garantía para los usos existentes e incrementando la vulnerabilidad de las zonas más sensibles al cambio climático. Por otro lado, en la medida que el agua de riego depende más de la gestión y menos de la climatología, el regadío queda, hoy por hoy, fuera de la cobertura del actual sistema de seguros de sequía, que cubre al secano. De esta forma, nos encontramos con la paradoja de que el regadío, que por su naturaleza debería ser el sector agrario más seguro en sequía, puede ser el más afectado económicamente en sequía.

- Esta vulnerabilidad del regadío se acrecienta con el cambio climático, por recesión de caudales, incremento de demanda por hectárea y crecientes riesgos de sequía.

5. La ganadería que usa, directa o indirectamente, el 30 % de la superficie agraria y el 8 % del agua, principalmente en cultivos para piensos, emite el 25 % de los gases de efecto invernadero; siendo la ganadería intensiva la principal responsable, en términos absolutos y relativos, mientas la extensiva, integrada en el territorio, además de generar menos emisiones, genera importantes servicios ecosistémicos.

6. Uno de los fenómenos más preocupantes, que el cambio climático agrava, es el de la erosión de suelos, que conduce a la desertización. La adecuada gestión de masas forestales -incluidas las coberturas arbustivas y de pradera- especialmente en terrenos inclinados, son clave para conservar los suelos. Por otro lado, la intercepción de la lluvia por la cobertura vegetal, permite aumentar la percolación que alimenta los acuíferos, reduce la escorrentía y modera las crecidas. Además, los bosques alimentan la pluviometría, especialmente en regiones de interior. El 55 % de la superficie del país que está forestada queda, en principio, fuera de las zonas en riesgo de desertización. Sin embargo, el desarrollo de malas prácticas agrarias en terrenos pendientes, el deterioro de bancales y el cultivo y abandono posterior de terrenos salinizados, hacen crecer la superficie en riesgo de erosión y desertización. Por otro lado, los crecientes riesgos de incendio, en sequía y con altas temperaturas, que se agudizan con la despoblación rural y la falta de una adecuada gestión forestal, incrementan los riesgos de desertización.

7. En lo que se refiere a los retos derivados del nivel de exposición al cambio climático y a los factores de vulnerabilidad de nuestro sistema de gestión del agua, es particularmente relevante, tanto en el presente, como sobre todo de cara al futuro, el papel que juegan y pueden jugar las masas de agua subterránea en los ciclos de sequía, tanto en lo que se refiere a la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos como de la sociedad y de las actividades económicas.

- Los acuíferos constituyen los mayores sistemas de regulación y reserva de caudales de que disponemos. Las 761 masas de aguas subterráneas identificadas, regulan unos 30.000 hm3 renovables anuales, con una reserva de unos 48.000 hm3.

- Los acuíferos aportan, como caudal base, el 30 % de los caudales fluviales. Además bombeamos de ellos unos 6.500 hm3: en torno al 20 % para abastecimiento; 74 % para regadío; y 6 % para usos industriales (no conectados a redes urbanas).

- Desgraciadamente el 25 % de las masas de agua subterránea están en mal estado cuantitativo, por sobreexplotación; y el 35 % en mal estado cualitativo, por contaminación difusa, sobre todo por purines,


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abonado excesivo y agro-tóxicos. Es de notar que los acuíferos se concentran en zonas sensibles a la sequía, incrementando gravemente su vulnerabilidad.

- La sobreexplotación de los acuíferos se debe en gran medida a cientos de miles de pozos ilegales (se estima en torno a 1 millón), vinculados a regadíos igualmente ilegales, así como al uso abusivo del art. 54.2 de la Ley de Aguas, para pozos de menos de 7000 m3/año. El hecho de que no haya datos oficiales al respecto es expresión de la falta de voluntad política para acabar con esta realidad, ya que existen medios, por teledetección, para controlar eficazmente las superficies regadas. Por otro lado, un ejemplo práctico de información transparente a través de la red, sobre ubicación y condiciones de concesión de cada pozo, la ofrece actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro.

8. Respecto al nivel de exposición a impactos del cambio climático que sufre nuestro regadío, debemos hacer las siguientes consideraciones:

- Los diversos planes de cuenca vigentes incorporan previsiones, en total, de más de 711.000 nuevas hectáreas de regadío (horizonte 2033, especialmente el Plan de la Demarcación del Ebro, con 463.860 nuevas hectáreas), más allá de las que se hayan transformado o se puedan crear de forma ilegal. Por otro lado, durante los últimos 15 años se han modernizado en torno a 1,5 millones de hectáreas, quedando por modernizar otras 700.000. Aunque el INE estima que con esos procesos se ahorró un 15 % de agua, al no condicionarse la modernización a una revisión concesional que recupere ese ahorro, este suele usarse en extender o intensificar el regadío, con lo cual no hay ahorro y se incrementa la vulnerabilidad ante futuras sequías.

- El regadío queda fuera de la cobertura del actual sistema de seguros de sequía, que cubre al secano y que garantizaría las rentas de los agricultores, aunque no las pérdidas de producción y empleo, directo e indirecto. Esta vulnerabilidad se dispara de cara al futuro, con la recesión de caudales, el incremento de demanda por hectárea y los crecientes riesgos de sequía derivados del cambio climático.

- En regadíos de aguas subterráneas, a diferencia de los de aguas superficiales, no hay tradición de gestión colectiva desde comunidades de regantes, sino que predomina una gestión individualista, combinada con una actitud permisiva por parte de las Administraciones, que facilitan la existencia y proliferación de pozos y regadíos ilegales. Sin embargo, empieza a haber ejemplos positivos, en los que los regantes se implican, con la Administración, en las labores de evaluar, asignar y controlar (incluyendo el sistema de penalizaciones), para asegurar una gestión sostenible de los acuíferos, la recuperación del control sobre las fuentes de agua y el desarrollo de acuerdos para regularizar y ajustar a la baja los niveles de uso que puedan ser necesarios con el cambio climático.

9. Por otro lado, en lo que se refiere a la vulnerabilidad urbana en materia de abastecimiento, saneamiento y drenaje pluvial:

- La prioridad del uso urbano frente a los demás usos, en ciclos de sequía, puede complementarse, especialmente en zonas litorales, con la flexibilidad y eficacia que ofrecen las nuevas tecnologías de desalación, regeneración y reutilización, sin perder de vista la evaluación del balance energético de las diferentes opciones y las limitaciones al uso de tecnologías intensivas en energía, en coherencia con una política de mitigación del cambio climático;

- Los servicios urbanos de agua y saneamiento, junto a los usos industriales (que en muchos casos se abastecen desde ríos y acuíferos, sin pasar por las redes urbanas), generan entre el 20 y el 25 % del total de demandas. Aunque en grandes y medianos municipios se ha mejorado mucho la eficiencia de las redes y el saneamiento de los retornos, hay mucho por hacer en municipios rurales, por falta de medios y de financiación.

- La falta de recursos financieros de los Ayuntamientos, ante la necesidad de fuertes inversiones para mejorar las redes y construir depuradoras, les empuja en muchos casos a procesos de privatización en los que las tarifas, que deberían dedicarse a esas inversiones, acaban destinándose, en buena parte, a otras cuestiones, a través del llamado canon concesional, o al beneficio empresarial, en cantidades a menudo poco transparentes.

- Crecen los problemas en torno al drenaje pluvial, especialmente en grandes ciudades, en las que la impermeabilización urbana y los drenajes unitarios fuerzan vertidos directos cada vez que hay tormentas. Ello nos coloca ante el reto de desarrollar nuevas estrategias de drenaje urbano sostenible (redes separativas y permeabilización del suelo urbano) más que tanques de tormenta.


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- En lo que se refiere a la gobernanza de los servicios de agua y saneamiento, sigue pendiente la integración en la legislación española de la declaración del acceso a los servicios básicos de agua potable y al saneamiento como un derecho humano, reconocido como tal por NNUU, con sus correspondientes implicaciones en lo referente a los modelos de tarifación y de gestión de estos servicios. Dicho reto se une a la necesidad de desarrollar la transparencia, la participación ciudadana, la autosuficiencia y la minimización de la huella hídrica urbana.

10. En relación con la gestión de riesgos de inundación, a lo largo de las últimas décadas, y a pesar de la construcción de embalses, diques y motas de ribera, y del dragado de cauces, se constata una vulnerabilidad creciente de poblaciones, bienes y actividades económicas, frente a las crecidas. El estrechamiento del espacio fluvial, con motas y diques, junto con el talado de bosques de ribera e incluso la eliminación de meandros, vienen incrementando la energía cinética y el nivel de las crecidas. Por otro lado, el deficiente control sobre el dominio público hidráulico ha llevado a que, en la actualidad, 3 millones de personas vivan en zonas inundables, considerando un periodo de retorno de 500 años (aunque el cambio climático puede reducir sustancialmente estos periodos). En este contexto, al igual que en otros países avanzados en esta materia, la Directiva de Inundaciones, promueve nuevas estrategias basadas en la reordenación de territorios inundables, la recuperación de riberas y meandros y la ampliación de espacios fluviales para expandir y ablandar las crecidas extraordinarias.

11. España es un país maduro hidráulicamente, gracias a las muchas obras construidas, sobre todo a lo largo del siglo XX, lo que nos coloca como líderes mundiales en presas por habitante y km2; por ello, en la medida que en las ubicaciones más adecuadas ya se construyeron las obras correspondientes, los nuevos proyectos hidráulicos tienden a tener una eficiencia decreciente y costes crecientes.

12. Respecto a los ciclos de sequía, que se prevén cada vez más intensos, largos y frecuentes, se constata un fuerte debate sobre la eficacia y la eficiencia de las tradicionales políticas "de oferta", basadas en la construcción de más presas y trasvases. Quienes defienden seguir desarrollando este tipo de infraestructuras, argumentan la necesidad almacenar más agua, cuando haya crecidas, para laminarlas mejor y disponer de más recursos en sequía; al tiempo que insisten en la necesidad de interconectar las cuencas para llevar agua de las que son "excedentarias" a las que son "deficitarias". Sin embargo, buena parte de las comparecencias consideraron, desde la coherencia de la Directiva Marco de Aguas, y por el agotamiento y limitado potencial de las alternativas convencionales de oferta, que es preciso priorizar las estrategias de "gestión de la demanda" y de "conservación" de los ecosistemas. Así mismo argumentan que los trasvases no son eficaces frente a las sequías, en la medida que estas no son locales sino regionales, por lo que, al afectar a las cuencas receptoras y cedentes al tiempo, inactivan las transferencias en sequía. Por otro lado, dicen, construir más presas, con menos caudales disponibles en el futuro, nos llevará a inversiones ineficientes y a tener más embalses vacíos en la siguiente sequía.

13. Ante la envergadura de los retos a afrontar se hace necesario promover un nuevo modelo de gobernanza basada en la participación pública, la transparencia y el diálogo social, en coherencia con la Convención de Aarhus. Un nuevo modelo de gobernanza más flexible y colaborativa que promueva la co-responsabilidad ciudadana.

VI.2 Recomendaciones.

Aunque el cambio climático comporta fenómenos y consecuencias sometidos a distintos niveles de incertidumbre, dicha incertidumbre no disculpa una acción decidida, que debe basarse, con arreglo a la legislación europea vigente, en el principio de precaución, minimizando la exposición y la vulnerabilidad y aumentando la capacidad de adaptación con el fin de reducir los impactos sobre la población, el medio ambiente y los bienes y actividades económicas en riesgo.

1. Es necesario anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático.

1.1 Entendemos necesario realizar una auditoría sobre el estado y capacidades efectivas de regulación, transporte y distribución de las infraestructuras hidráulicas existentes, así como sobre el estado y capacidades de las infraestructuras naturales que nos ofrecen nuestros ecosistemas -acuíferos, ríos, humedales y lagos-, a fin de poder evaluar esas capacidades en las perspectivas que el cambio climático en curso nos impone. Esta auditoría también debe incluir un análisis de los usos actuales, de la recuperación de costes en los diferentes servicios del agua y de las presiones que ejercen en cantidad y


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calidad sobre las aguas superficiales y subterráneas; así como de su situación concesional, a fin de identificar sobreasignación de concesiones más allá de la disponibilidad actual o esperada.

1.2 En materia de nuevas obras hidráulicas:

- Las evaluaciones de impacto ambiental deben integrar los escenarios de cambio climático, asumiendo con rigor el principio de precaución;

- Las decisiones de priorización de actuaciones se deben tomar de manera trasparente en base al obligado análisis coste/eficacia, que debe incluir posibles soluciones no estructurales que a menudo, siendo eficaces, son las más económicas y conllevan co-beneficios.

- Es preciso condicionar los proyectos al compromiso previo de pago de los beneficiarios, desde una información pública transparente sobre dichos costes y sus impactos sobre las tarifas; y re-incorporar estos aspectos a los informes de viabilidad ex ante exigidos por ley.

- Los análisis económicos deben considerar la reducción de caudales medios y la creciente variabilidad pluviométrica, para determinar el coste del metro cúbico que se espera realmente servir; al tiempo que se deben considerar el valor de la seguridad (o garantía) y los costes ambientales.

- En aplicación del principio de "no deterioro" establecido por la Directiva Marco de Aguas, deberían detenerse aquellas actuaciones que supongan deterioro adicional de los ecosistemas acuáticos, mientras no se justifique, de acuerdo con el Artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua, el interés económico y social superior, la ausencia de alternativas más sostenibles y que se toman las medidas necesarias para conseguir el buen potencial.

1.3 Es preciso combatir la despoblación del medio rural, desde adecuadas políticas de desarrollo rural, como uno de los ejes centrales de las políticas de adaptación al cambio climático, no solo por razones de justicia social y ambiental, sino por el interés del conjunto de la sociedad. Al respecto se recomienda:

- Poner en valor productivo los suelos más fértiles de huertas y vegas, defendiéndolos del abandono y de la depredación urbanística, y promoviendo mercados de cercanía que garantizan una alimentación de calidad.

- Reactivar con adecuados presupuestos la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, especialmente en las comarcas rurales más vulnerables, promoviendo un desarrollo basado en la diversificación productiva, una fiscalidad ventajosa, buenos servicios y apoyo efectivo a la mujer y la juventud.

- Poner en valor, con recursos de la PAC, sellos de origen y adecuadas políticas de comercialización, actividades productivas agro-pecuarias y de silvicultura, hoy devaluadas, pero con una alta capacidad de adaptación a los escenarios que perfila el cambio climático, con cultivos de secano y uso de semillas tradicionales, promoviendo la ganadería extensiva, con especies adaptadas y prácticas integradas en el territorio, de forma que se hagan rentables sistemas productivos que son eficientes, resilientes y adaptables al cambio climático.

2. Disminuir la exposición para minimizar los impactos del cambio climático.

2.1 Los Planes de Cuenca no solo deben frenar las expectativas de nuevos usos y demandas, tanto en el crecimiento incontrolado del regadío como en la especulación urbanística, sino que deben redimensionar las concesiones para evitar las expectativas que genera la sobre-asignación concesional, transitando de las tradicionales estrategias "de oferta", basadas en nuevas grandes obras hidráulicas, a nuevas estrategias de "gestión de las demandas", con adecuadas tarifas incentivadoras de un uso eficiente del agua, reordenación de usos y nuevas estrategias productivas, que permitan hacer una transición ordenada en las próximas décadas, ajustando dichas demandas a la recesión esperada de caudales en el futuro, al tiempo que se respetan los caudales ecológicos y las restricciones de sostenibilidad de los acuíferos.

2.2 Según los expertos, hay que considerar que en rigor, no existen cuencas "excedentarias" o cuencas "deficitarias", sino cuencas que están sometidas a unas presiones antrópicas por encima de sus disponibilidades de recursos. Pero además, las previsiones vigentes del impacto del cambio climático reducen esta disponibilidad, por lo que, más allá de imprudente y controvertido, contar con pretendidos caudales "excedentarios" en otras cuencas, es ineficaz de cara a gestionar los ciclos de sequía, al tiempo que se alienta el crecimiento de demandas, el déficit y la vulnerabilidad en las cuencas receptoras. En lo


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que respecta a los trasvases en servicio es necesario tomar en consideración la expectativa de menores caudales, por cambio climático, reajustar las necesidades y promover las fuentes complementarias que sean viables en las cuencas receptoras.

2.3 Para reducir la exposición de las poblaciones a los riesgos de inundación es necesario coordinar los instrumentos de ordenación del territorio y de urbanismo con los de gestión del dominio público hidráulico, de manera que, de acuerdo con la Directiva de Inundaciones, se reordenen los territorios inundables, no se ocupen las llanuras de inundación por actividades sensibles de carácter permanente ni se autorice la construcción de viviendas en zonas de riesgo.

2.4 En lo referente a la lucha contra la desertización, que acelera el cambio climático, recomendamos:

- Cuidar las coberturas vegetales que evitan la erosión del suelo, promoviendo políticas forestales activas que beneficien a las poblaciones del territorio, incluyendo el pago por los servicios ambientales que generan esos territorios.

- Gestionar las masas forestales con densidades y especies adaptadas al cambio climático, en combinación con la ganadería extensiva y mosaicos productivos, con cultivos como la vid, para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de incendios.

- Evitar prácticas agrarias inadecuadas, como el cultivo de leñosos en terrenos en pendiente, que favorecen la erosión masiva, y proteger como patrimonios productivos los terrenos agrarios aterrazados, evitando su degradación que va seguida de agresivos procesos de erosión.

2.5 En coherencia con la Directiva Marco de Aguas, la Planificación de las diversas Cuencas Hidrográficas debe prever regímenes de caudales ecológicos en las diferentes masas de agua superficiales, incluyendo las desembocaduras, que permitan garantizar la sostenibilidad de deltas, estuarios y ecosistemas costeros, como se viene reclamando en el Delta del Ebro.

3. Disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia en la gestión del agua.

3.1 Es conveniente diseñar estrategias de regulación plurianual en los embalses, siempre que los costes de esa regulación no superen los beneficios que se puedan generar; pero sobre todo es necesario recuperar los acuíferos como reservas estratégicas para gestionar los ciclos de sequía.

3.2 Además, en los territorios insulares y costeros, las tecnologías de desalación, regeneración y reutilización, con energía eólica y solar, posibilitan estrategias flexibles y eficaces para afrontar periodos de sequía, permitiendo incluso abrir perspectivas de autosuficiencia en territorios que han desbordado su disponibilidad sostenible de recursos.

3.3 Se recomienda avanzar en la optimización de la oferta mediante una gestión integrada de recursos disponibles, tanto superficiales, como subterráneos y fuentes no convencionales, gestionando cantidad y calidad con energías renovables, desde la coherencia de la economía circular. Esto reduce la vulnerabilidad e incrementa la resiliencia, favoreciendo una mejor adaptación a los crecientes riesgos de sequía que impone el cambio climático.

3.4 Deben estudiarse los flujos sólidos fluviales, de sedimentos, y su colapso en los embalses, con el fin de promover planes de gestión de sedimentos, en la planificación de cuenca, mitigando ese colapso y asegurando flujos sedimentarios hasta las líneas de costa que permitan ofrecer perspectivas de sostenibilidad a deltas y playas.

3.5 En materia de abastecimiento y drenaje pluvial recomendamos:

- Diversificar y flexibilizar las fuentes de calidad, blindando los abastecimientos urbanos, aún en las previsiones más duras de sequía, aplicando, de manera efectiva, la prioridad del uso urbano y la protección de las áreas de captación que la ley exige, incluyendo el coste de la garantía en las tarifas del agua.

- En zonas particularmente sensibles, estudiar el desarrollo de doble red para generalizar la reutilización de caudales de menor calidad, con aguas regeneradas, en usos que no requieren agua de excelencia, lo que permite ahorrar y garantizar importantes caudales suplementarios, aún en sequía.

- Desarrollar redes separativas, para drenar el agua de lluvia al margen de los retornos domésticos, en nuevas urbanizaciones, y promover planes que extiendan estas redes a medio-largo plazo en toda la ciudad.

- Aprovechar humedales naturales o artificiales en los entornos urbanos para gestionar el drenaje pluvial de grandes tormentas.


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- En toda nueva urbanización y en los planes de reforma urbana de medio/largo promover estrategias para permeabilizar la ciudad, con incentivos a la captación de agua de lluvia (para utilizarla o inyectarla al subsuelo), alimentando los acuíferos y reduciendo la escorrentía que colapsa el saneamiento y genera vertidos directos, sin depurar, cuando hay tormentas.

- Promover, en el marco del modelo general de financiación en base a la recuperación de costes, una línea de apoyo financiero, en colaboración con Comarcas, Diputaciones Provinciales y Gobiernos Autónomos, dirigida a municipios rurales, ante el reto que supone para ellos la renovación de redes, el saneamiento (con adecuadas tecnologías extensivas) y la elaboración de planes que prevengan riesgos de sequía e inundación.

- Promover una línea de cofinanciación que incentive el seguimiento de las recomendaciones del CEDEX en materia de saneamiento para pequeños núcleos rurales en territorios con población dispersa, como ocurre en buena parte de las comarcas de interior en todo el país, así como en comunidades costeras como Galicia, Asturias o Cantabria, en base a estrategias de saneamiento extensivo, con el pertinente apoyo de Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y/o comarcas.

3.6 Dado que existen múltiples técnicas que permiten incrementar la alimentación de los acuíferos, bien favoreciendo la infiltración natural en zonas adecuadas o mediante pozos que permitan la recarga de los acuíferos con caudales superficiales cuando la escorrentía es abundante, recomendamos estudiar su aplicación, especialmente en acuíferos en mal estado cuantitativo (sobreexplotados).

3.7 La financiación pública de proyectos de modernización, tanto en el regadío como en otros usos, debe estar condicionada a la reducción de las dotaciones, reflejada en las concesiones, de manera que el ahorro generado por esos proyectos pueda ser dedicado a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, a mejorar su estado y con ello a reducir la vulnerabilidad del regadío y del resto de usos frente a futuras sequías.

3.8 Recomendamos promover y dotar líneas de I+D+i en el amplio espacio de las tecnologías métodos y estrategias de adaptación al cambio climático en materia de planificación y gestión de aguas. Así como Proyectos de investigación aplicada que desarrollen las nuevas tecnologías de recirculación, regeneración y reutilización, desalación y desalobración, con el uso de energía solar y eólica; proyectos que permitan la penetración en el mix eléctrico de energías renovables no gestionables apoyándose en la hidroeléctrica; o estrategias de economía circular basadas en el ciclo hídrico y en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos (incluyendo las relacionadas con la producción y consumo sostenibles).

4. Abordar los fenómenos extremos desde una perspectiva de gestión del riesgo considerando la probabilidad de su ocurrencia, su intensidad y el impacto esperado de los mismos.

4.1 Los Planes Especiales de Sequía suponen un avance importante en la identificación de riesgos, en sus diversas fases, y en la previsión de medidas; sin embargo, como ya se ha explicado, se siguen sin afrontar las claves de la vulnerabilidad que a menudo radican en la sobre-asignación y sobreexplotación de recursos, así como en las expectativas de aumento de consumos. Los Planes de Sequía deben de pasar a integrarse como un núcleo esencial de la planificación hidrológica de las Demarcaciones y no como piezas complementarias de dicha Planificación. En esta línea, es urgente acabar, desde la planificación, con la sobre-asignación de concesiones, y recuperar el control efectivo de las aguas subterráneas. Por otro lado, es urgente dotar al regadío de un sistema de seguros o compensaciones, en el que el Estado complemente el esfuerzo previsor de los propios regantes apoyando a los más vulnerables, en lugar de eximir canon y tarifa de los caudales disponibles, cuando el agua es más escasa.

4.2 En materia de gestión de crecidas, en coherencia con la Directiva de Inundaciones, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación deben priorizar la reordenación del dominio público y de los espacios bajo riesgo de inundación, evitando su urbanización y la construcción de granjas e instalaciones industriales; ampliar los espacios fluviales en crecida, retranqueando o eliminando motas y diques y creando cauces de alivio; instalar compuertas en las motas que permitan, en crecidas extraordinarias, por un lado, expandir inundaciones blandas, previo acuerdo indemnizatorio con los propietarios, y por otro, evacuar el agua de los campos cuando el nivel del río baje (hoy las inundaciones, que se producen por debajo de las motas, por vasos comunicantes, se mantienen durante semanas, al evitar las propias motas el drenaje hacia el rio). En la medida que estas nuevas estrategias están demostrando su eficacia, la recomendación no puede ser otra que avanzar de forma decidida en esta dirección, multiplicando al


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mismo tiempo los esfuerzos de información y de explicación a la sociedad, que sigue bajo las inercias de las antiguas estrategias de infraestructuras y dragados.

5. Avanzar en el desarrollo efectivo de la Directiva Marco de Aguas, desde un modelo de Gobernanza flexible, colaborativa y de adaptación al cambio climático.

5.1 Ante todo es imperativo y urgente aplicar, de manera efectiva, las directivas y la normativa europea relacionada con la contaminación por nitratos, sustancias prioritarias, así como prevenir los contaminantes emergentes; es urgente atender las recomendaciones y críticas de la Comisión Europea sobre nuestra planificación, tanto en lo referente a definir adecuados regímenes de caudal ecológico en todas las masas de agua, como al control de la contaminación difusa y la aplicación de los principios de racionalidad económica, tanto en el fomento de obras como en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

5.2 Se recomienda la reforma de la Ley de Aguas y del reglamento del Dominio Público Hidráulico:

- Que mejore la transposición de la DMA y el desarrollo de sus principios y objetivos, presididos por la recuperación y conservación del buen estado y buen potencial ecológico de las masas de agua.

- Que se integre consecuentemente el principio de precaución en la planificación (asumiendo previsiones pesimistas, dentro del abanico de incertidumbre) a fin de asegurar medidas prudentes que minimicen nuestra vulnerabilidad ante los riesgos de sequías y crecidas que agrava el cambio climático.

- Que permita superar problemas vigentes, como el desgobierno en la gestión de aguas subterráneas, la contaminación difusa, la sobreasignación de recursos o la falta de racionalidad económica en la planificación y gestión de aguas.

- Que asuma el acceso a los servicios básicos de agua potable y de saneamiento como un derecho humano, en coherencia con la declaración al respecto de Naciones Unidas; garantice el desarrollo del principio de participación ciudadana proactiva, establecido por la Convención de Aarhus; y ajuste el tradicional concepto de "interés general del Estado" al de "interés público superior" que define la DMA.

- Que modifique el régimen económico financiero y que se lleven a cabo de manera efectiva los análisis económicos de los planes de cuenca para que se cumplan los principios de racionalidad económica establecidos por la Directiva Marco del Agua teniendo en cuenta la distribución de competencias municipales, autonómicas y estatales en la gestión de los ecosistemas acuáticos y de los diversos servicios de aguas.

- Que fortalezca la aplicación efectiva del régimen concesional, mediante una gestión integrada de las diferentes tipos de recursos hídricos, mejorando la flexibilidad para gestionar la mayor variabilidad e incertidumbre, simplificando procedimientos y reforzando la contingencia de los derechos en función de la disponibilidad de agua a fin de reforzar, en suma, el dominio público desde una gobernanza transparente y participativa.

- Que promueva la revisión de las normas técnicas de seguridad de las infraestructuras hidráulicas, dotándolas de rango normativo preciso, de cara, no solo a garantizar su adecuado mantenimiento y la eficiencia en sus funciones, sino sobre todo, de cara a garantizar la seguridad, especialmente en grandes presas, teniendo en cuenta los escenarios previsibles de cambio climático.

5.3 Para acabar con el desgobierno en la gestión de aguas subterráneas, con la sobreexplotación de acuíferos y con los pozos y regadíos ilegales, así como controlar la contaminación difusa:

- La reforma de la Ley de Aguas debe garantizar que se declaren como masas de agua en mal estado cuantitativo, sin dilación, los acuíferos que estén sobreexplotados, asumiéndose desde la Administración que sea competente en esas masas de agua la responsabilidad de ordenar extracciones, cargando los costes de esa gestión sostenible sobre los usuarios beneficiarios.

- Igualmente debe cambiarse el artículo 54.2 para impedir los abusos que están posibilitando agravar la sobreexplotación de los acuíferos.

- La ordenación de extracciones en acuíferos de zonas sensibles debe garantizar una explotación sostenible que integre la previsión de que esos acuíferos puedan operar como reserva estratégica en ciclos de sequía.

- Se debe incentivar la creación Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas que se corresponsabilicen en la gestión sostenible de sus acuíferos.


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- Recomendamos ampliar perímetros de seguridad y reforzar medidas eficaces en torno a las captaciones para usos domésticos en zonas vulnerables y promover, de forma general, el control de la contaminación difusa, por purines y por uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, aplicando normas que permitan desarrollar el principio de quien contamina paga, para incentivar prácticas agrarias responsables.

- Sobre la base de los principios de precaución y de transparencia, relativos a la calidad de las masas de agua subterráneas, resultan inaceptables los riesgos sobre los acuíferos que se derivan de las técnicas de fractura hidráulica o fracking, ya sea a nivel exploratorio o de explotación.

5.4 Ante los retos en la planificación y gestión de aguas que se derivan de aplicar la DMA en perspectivas de cambio climático, es necesario reformar y fortalecer institucionalmente los Organismos de Cuenca, desde la coherencia de una gobernanza pública participativa, colaborativa y transparente del agua y de los ecosistemas acuáticos. Por ello recomendamos:

- Reorganizar y fortalecer, desde una perspectiva estratégica, los Organismos de Cuenca, tanto en su interdisciplinariedad, como en su auto-suficiencia financiera y en su capacidad de mediación y resolución de conflictos, prestando especial atención a reforzar las Comisarías de Aguas, cuyas funciones y responsabilidades crecen, la plantilla de especialistas en derecho y economía, en hidrogeología y muy especialmente el personal de guardería.

- Reforzar la capacidad de las Confederaciones Hidrográficas para aplicar de forma efectiva los artículos 55, 60, 65 y 66 de la Ley de Aguas, asegurando que los recursos concesionados se ajustan a los considerados por la planificación, y rescatando aquellas concesiones que no sean efectivas.

- Mejorar la capacidad de generación de información, análisis, y actuación a escala local, especialmente en su capacidad de anticipación, autogestión y respuesta ante fenómenos extremos, mejorando la coordinación entre Administraciones, e incluso actores no públicos, en el ámbito de las Cuencas Hidrográficas.

- Reforzar y completar de manera urgente la digitalización del registro de aguas en todas las Demarcaciones, garantizando el acceso público a dicho registro a través de internet, para posibilitar un conocimiento completo de los derechos otorgados a cualquier usuario, sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de forma que se pueda coordinar esa información entre todas las cuencas bajo competencia del Estado, como prevé la Ley de Aguas.

- Asegurar la coordinación del Registro de Aguas con el Catastro para que los títulos de concesión de derechos privativos de aguas queden vinculados a la parcela en cuestión, en el Catastro. De esta manera en cualquier transacción mercantil que afecte a la parcela, quedarán claro los derechos de agua que tenga asociados y los gravámenes que se deriven de ellos.

- Activar los centros de intercambio a nivel de cuenca, especialmente en aquellas con mayores índices de explotación y mayor riesgo de sequías prolongadas, garantizando una gestión pública y transparente de los mismos: Se trata en suma de prever con antelación la gestión de dichas sequías, evitando, de manera efectiva, beneficios especulativos a través de los contratos de cesión de derechos concesionales.

- Abordar de forma participativa, a través del dialogo social, una reforma institucional de los Consejos de Cuenca y del Consejo Nacional del Agua, ampliando la participación municipal y social -organizaciones agrarias, vecinales, de consumidores, sindicatos, ecologistas, organizaciones de defensa de los ríos o vinculadas a actividades recreativas y de turismo fluvial, organizaciones empresariales, operadores...-, mejorando su papel para la coordinación de políticas y actuaciones sectoriales y racionalizando la actual representación dominante gubernamental y de grandes usuarios (regantes e hidroeléctricas).

- Incorporar a los órganos de gestión de la CCHH (explotación, desembalses,...) a organizaciones ciudadanas, hoy ausentes.

- Establecer un observatorio permanente, de carácter independiente, que, en colaboración con la Administración desarrolle auditorías regulares sobre los recursos disponibles y su situación, así como sobre la planificación y gestión del agua, incluyendo el cumplimiento de los compromisos europeos en la planificación y los establecidos en las condiciones ex ante de los fondos estructurales, de manera que se avance hacia la aplicación efectiva, entre otros, del principio de recuperación de costes en los servicios del agua.

5.5 La asfixia financiera de los Ayuntamientos, que les empuja a menudo a privatizar la prestación de los servicios, debe afrontarse reformando en profundidad la Ley de Bases de Régimen Local y derogando la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Se trata en suma de garantizar la


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autonomía municipal desde una financiación suficiente y razonable que permita desarrollar una gestión pública, eficaz, transparente y participativa de los servicios de agua y saneamiento para toda la población.

5.6 Desde la perspectiva inminente de la nueva Directiva de Agua Potable, necesitamos una Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento que reconozca el acceso a los servicios básicos de agua potable y de saneamiento como un derecho humano, desde el máximo nivel normativo, con prohibición del corte de suministro de agua por impago a personas o familias en precariedad económica, asegurando un mínimo vital para todo el mundo. Una Ley que fortalezca las capacidades municipales ante los retos que implica la gestión de estos servicios en perspectivas de cambio climático, fortaleciendo la coherencia del "interés general" y asegurando que las tarifas reviertan al 100 % en cubrir costes del servicio y sostener las inversiones precisas en redes y saneamiento. Por ello esta Ley debería:

- Regular el canon concesional, tanto en la exigencia de transparencia, como en su destino obligado a inversiones y obras del servicio de agua y saneamiento.

- Apoyar el marco regulador, incluyendo las comisiones de precios de las Comunidades Autónomas, para asegurar una prestación eficaz y eficiente armonizada de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento urbano en todos los territorios.

- Asegurar concurso público para adjudicar compras y contrataciones y velar para que se cumplan los procedimientos de manera que no se pueda producir la adjudicación directa a empresas asociadas, vinculadas al concesionario;

- Limitar el tiempo de los contratos de concesión de forma que los Ayuntamientos puedan ejercer un control efectivo sobre el servicio y revertir la concesión, sin costes abusivos, para remunicipalizar el servicio.

5.7 Por último, recomendamos tomar en consideración y desarrollar el Acuerdo Social por el Agua, en Defensa de nuestros Ríos y por el Agua Pública, promovido y suscrito, desde una dinámica participativa en todas las Demarcaciones Hidrográficas y Comunidades Autónomas, por más de 70 organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y sindicatos, frente a los retos en materia de aguas que impone el cambio climático en curso.

VOTOS PARTICULARES

Voto particular núm. 1

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta el siguiente voto particular a las conclusiones y recomendaciones en relación a los trabajos desarrollados por la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de Política de Aguas en coherencia con los retos del cambio climático.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El Plan Hidrológico Nacional vigente en España es del año 2001 y solo ha sido reformado en 2005 para eliminar un trasvase planificado del Ebro a cuencas del Sur. Ahora, el reto del cambio climático hace inaplazable actualizar nuestro PHN para adaptarlo a los escenarios de un horizonte 2030-2050 y esto precisa que todos los partidos políticos sellen un consenso que permita una reforma ambiciosa y duradera.

En 2001 la conciencia del cambio climático estaba en España comenzando a despertarse; es en ese año cuando, mediante el Real Decreto 376/2001, se crea la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar políticas relacionadas con cambio climático.

El protocolo de Kioto sobre el cambio climático, que ya contemplaba el objetivo de reducir las emisiones de los principales gases de efecto invernadero aprobado en 1998 no entraría en vigor hasta 2004 y un año más tarde, en 2005, la UE ponía en marcha el mecanismo de comercio de derechos de emisión de CO2.


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El Acuerdo de París de 2015 fijó el objetivo de "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático". Siendo de aplicación a partir del año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto.

En la actualidad un tercio del país se encuentra en déficit hídrico y los expertos coinciden en señalar a España como uno de los países donde habrá más problemas de suministro de agua potable como consecuencia del cambio climático. El estrés hídrico en España podría llegar al 65 % a partir de 2030, casi el doble que en la actualidad. Hasta hoy la demanda de agua se ha satisfecho con una pésima gestión de los recursos, consecuencia directa de lo cual las 761 masas de agua subterráneas en España: 255 (33 %) están sobreexplotadas y 321 (42 %) en mal estado por contaminación.

Hemos llegado a una situación límite porque los sucesivos gobiernos de España han hecho una dejación de funciones alarmante en el tema del Agua. Esto es porque PP y PSOE han preferido no actuar, como era exigible por competencias y por responsabilidad, para no tener que pronunciarse ante intereses autonómicos contrapuestos. Esto ha llevado a que el agua sea una arma arrojadiza entre distintas CC.AA. y que el Gobierno de España haya estado desaparecido del debate.

La necesidad de adaptar nuestro Plan Hidrológico Nacional a los escenarios de cambio climático es de vital urgencia y solo podrá abordarse con un consenso político y social amplio.

Lamentablemente, el PSOE y Podemos han optado por concluir en falso los trabajos de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de Política de Aguas en coherencia con los retos del cambio climático, planteando un texto en común y rechazando de plano las enmiendas presentadas por el resto de grupos.

Para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos esto es volver a cometer los mismos errores que en el pasado de no buscar el consenso y de usar el agua para buscar réditos políticos a corto plazo en lugar del bien común de manera duradera.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos estamos convencidos de que un informe de conclusiones y recomendaciones de consenso es posible porque hay muchos puntos importantes en los que todos los partidos podemos estar de acuerdo. Sin embargo, el texto propuesto por el Grupo Socialista y el de Unidos Podemos adolece de importantes omisiones, como la de la necesidad de actualizar el Plan Hidrológico Nacional, y también incluye algunos planteamientos perjudiciales, como negar la situación de déficit hídrico de algunas regiones de España, o abandonar la neutralidad tecnológica, que no favorecen ni a la sociedad y ni al medioambiente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta como voto particular las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES:

Conclusión 1: Urge actuar con determinación y ambición en la adaptación y mitigación del cambio climático.

A nivel global, en 112 años la temperatura media ha subido 0,89 ºC. En España, series fiables de temperatura evidencian un incremento medio de 1,7 ºC en los últimos 100 años.

Aunque ha habido cambios climáticos previamente en la historia del planeta, la novedad del cambio climático en curso es que tiene como motor la acción del hombre. La cuestión que está avalada por un consenso científico generalizado y tiene una importancia práctica crucial ya que las previsiones de los modelos científicos dependen precisamente del grado de éxito que tengamos en reducir las emisiones de efecto invernadero.

Conclusión 2: La política de aguas sigue incumpliendo la Directiva Marco de Aguas que centra el reto de las políticas públicas de aguas en recuperar el buen estado de nuestros ecosistemas.

Si no recuperamos y conservamos la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, no habrá recursos con los que atender a la demanda de agua. Hay que poner la recuperación del buen estado de nuestros ecosistemas en el centro de un Pacto Nacional del Agua.

Nuestro marco normativo precisa una puesta al día. El Plan Hidrológico Nacional de 2001 no está adaptado a los escenarios de cambio climático. La Ley de Aguas de 1985 no hace ninguna mención a la sostenibilidad o al principio de precaución. Los Planes Hidrológicos de Cuenca fijan los regímenes de


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caudales ecológicos como caudales mínimos, entre el 15 y el 20 %, en la práctica un 3 % en el caso de Guadalquivir. El sistema concesional permite asignar derechos de agua por encima de los caudales disponibles y los plazos de distintas concesiones públicas resultan excesivamente amplios e inadecuados para la necesaria adaptación y mitigación al cambio climático.

Conclusión 3: Más que un descenso de las precipitaciones medias, con el aumento de las temperaturas se prevé que las lluvias se concentren en episodios menos frecuentes y más intensos, de forma que las sequías y las inundaciones serán más comunes.

Los distintos modelos coinciden respecto al aumento de las temperaturas. En pluviometría las previsiones están menos ajustadas, aunque la tendencia recesiva se hace más consistente en el escenario pesimista de emisiones y cuando se consideran plazos más largos, llegando (en el escenario más desfavorable) a una expectativa de recesión media del 24 %, que se agrava en las cuencas mediterráneas más sensibles. Se reduce en niveles similares la infiltración a los acuíferos.

Por tanto, debemos esperar lluvias menos frecuentes pero más violentas. Aunque la precipitación media puede no variar, los veranos serían más cálidos y las precipitaciones en otoño y primavera se reducirían.

Conclusión 4: Las situaciones de estrés hídrico tienen causas climatológicas y meteorológicas, pero también se deben de manera decisiva a la mala gestión, la pobre planificación y la corrupción. Las políticas del Agua son responsables de una implantación incompleta de la legislación nacional y europea. Además, el agua sigue siendo un motivo de conflicto entre partidos políticos y regiones de España.

La dejación de responsabilidades públicas ahora nos cuesta a todos los españoles millones de euros en inversiones fallidas y multas de la UE. Por ejemplo, la Comisión Europea pide más de 50 millones por el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de aguas residuales de 1991, que todavía se incumple en 17 aglomeraciones urbanas y otros 50 millones de euros por la devolución de ayudas europeas para la construcción de dos desaladoras en Alicante que nunca se han puesto en funcionamiento.

Las incoherentes políticas de agua seguidas por gobiernos de distinto color son responsables de que el rendimiento de las plantas desalinizadoras sea actualmente muy inferior a su potencial (entre el 16-30 %).

Aunque es común escuchar llamamientos a un gran Pacto de Estado por el Agua, la mayoría de partidos políticos siguen oponiéndose a él con distintas excusas.

Ciudadanos es el único partido que ha reclamado durante la presente legislatura un nuevo Pacto Nacional del Agua, a través de la siguiente moción:

"Convocar una Mesa Nacional del Agua en la que estén representados los partidos políticos, las administraciones públicas con competencias de gestión de recursos hídricos y los representantes del sector para alcanzar un Pacto Nacional del Agua que se materialice en un nuevo Plan Hidrológico Nacional."

Pues bien, la moción fue rechazada, con la abstención del PSOE y el voto en contra del resto de grupos: PP, Podemos y nacionalistas.

Resultado: votos emitidos, 338; a favor, 31; en contra, 224; abstenciones, 83.

Conclusión 5: Ha faltado voluntad política para gestionar la unidad del ciclo hidrológico, lo que ha tenido nefastas consecuencias, como la sobreexplotación y contaminación de acuíferos y la proliferación de pozos y regadíos ilegales.

No ha sido hasta la Ley de Aguas de 1985 que las aguas subterráneas han pasado a dominio público. Las disposiciones transitorias y la falta de voluntad para asumir el coste político de controlar y cerrar extracciones ilegales de aguas subterráneas han llevado a nuestros acuíferos a una situación de emergencia.

El conocimiento del estado de nuestras masas de agua subterráneas es bueno, gracias a la red de 3.200 piezómetros y 2.800 puntos de observación y control de calidad de las aguas. Sin embargo, eso no ha impedido que sean explotadas de forma abusiva.


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En España hay identificadas 761 masas de agua subterránea en las que circulan o se almacenan 35.000 hm3 de recursos renovables anualmente y de los que se extraen unos 6.290 hm3 al año. De esas 761 masas de agua subterráneas, 255 (33 %) están sobreexplotadas y 321 (42 %) en mal estado por contaminación. Además, en España se estima que hay entre medio millón y 1 millón de pozos ilegales que se utilizan sobre todo para regadíos ilegales.

Esto ha de cambiar radicalmente, ya que el aumento de las temperaturas y, por tanto, de la evotranspiración hace necesario la recuperación de nuestros acuíferos para la supervivencia de nuestro ecosistema.

Conclusión 6: Es necesario asegurar la financiación de las inversiones hídricas con un amplio acuerdo político, sin el cual se pone en riesgo los esfuerzos en adaptación, planificación y la ejecución de las inversiones que España precisa.

Las inversiones españolas en infraestructuras hídricas son las más bajas de Europa (0,11 % del PIB frente al 0,27 % de media), solo por encima de Suecia. De 2007 a 2016, los PGE han recortado en un 90 %, hasta 346 millones de euros, el presupuesto para licitar obras hidráulicas nuevas, mientras que el dinero público dedicado al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas existentes ha caído otro 42 %, hasta 611 millones. Los operadores de agua urbana destinan un 22 % de la facturación a renovación e inversión de infraestructuras, unos 1.376 millones de euros, cifra cercana a la inversión realizada en materia de agua por el sector público. Algunos informes calculan que España tiene que invertir 12.013 millones de euros hasta 2021 para acometer un total de 510 actuaciones urgentes en infraestructuras del agua.

El abandono de dichas infraestructuras repercute negativamente sobre la eficiencia en el uso del agua, a través de pérdidas en su distribución. Las redes de distribución de agua tienen un grave problema de envejecimiento (solo el 29 % tiene menos de 15 años). Se ha comprobado que la bajada en la inversión en la red de distribución (en un 19 % entre 2007 y 2010) tiene como consecuencia directa el aumento de las pérdidas de agua, pasando del 24 % de pérdidas al 26 % en ese mismo periodo de tiempo. Los datos revelan que su porcentaje de renovación es del 0,9 %.

Conclusión 7: Es necesario reforzar la coordinación entre las distintas administraciones, así como la transparencia y participación de todas las partes afectadas en la administración de las políticas de agua.

El Estado tiene competencia en materia de Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. Las Confederaciones Hidrográficas tienen asignada la administración del agua en las cuencas intercomunitarias. Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de protección del medio ambiente y sobre los regadíos. Los ayuntamientos tienen competencias en materia de abastecimiento y tratamiento de aguas urbanas.

Por otra parte, hay un importante vacío en el control y gestión de las aguas subterráneas. Es fundamental impulsar comunidades de usuarios de aguas subterráneas que empiezan a crearse, aún con dificultades, y deberían empoderarse colaborando con la Administración en el control colectivo de los acuíferos que usan.

Todas estas funciones y competencias requieren una planificación y una coordinación que en la actualidad es manifiestamente mejorable. Por poner un ejemplo, la Comisión de Coordinación de Políticas Territoriales, creada por la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial, apenas se reúne.

RECOMENDACIONES:

I. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL:

1) El instrumento básico necesario es alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua, y la actualización del Plan Hidrológico Nacional, adaptado al reto del cambio climático y escenarios 2030-2040.

2) Los caudales ecológicos deben quedar claramente definidos como caudales medioambientalmente adecuados bajo el principio de precaución.

3) Gestionar la unidad del ciclo hidrológico, protegiendo las aguas subterráneas. El control y la recuperación de nuestros acuíferos es una de las grandes claves para la supervivencia de nuestro ecosistema. En España hay 761 masas de agua subterráneas identificadas: 255 (33 %) están sobreexplotadas y 321 (42 %) en mal estado por contaminación.


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4) Más técnicos cualificados en las Confederaciones Hidrográficas (hidrogeólogos).

5) Gestionar la recarga de los acuíferos, en todas sus formas.

6) Actualmente hay aguas depuradas que se están vertiendo al mar en lugar de reutilizarse en el ciclo urbano o para la recarga de acuíferos. En ocasiones las estrategias de recarga se encuentran con problemas legales y normativos al considerarse esas recargas como vertidos, cuestión que hay que cambiar urgentemente.

7) Hacer cambios legales que permitan desarrollar opciones de regeneración/reutilización de caudales mediante dobles redes, abasteciendo usos como la evacuación de inodoros y otros con aguas regeneradas y reutilizadas, especialmente en línea de costa.

8) Combatir la contaminación difusa y falta de control de CC.AA. de purines y abonos. Ampliar perímetros de seguridad en zonas vulnerables y de abastecimientos de aguas subterráneas para evitar la contaminación por nitratos y purines.

9) Aclarar la problemática de las aguas subterráneas temporalmente privadas (hasta 2035) y el Catálogo de Aguas Privadas (indefinidos). Revisar el artículo 54.2 de la Ley de Aguas (pozos < 7.000 m3) que ha sido usado abusivamente.

10) Mejorar el drenaje urbano existente y reducir el potencial de contaminación por sedimentos, metales pesados, sustancias químicas o aceites de los cursos naturales de agua, proveniente de las escorrentías urbanas y superficies duras.

11) Incrementar la depuración y reutilización del agua, dentro del marco general de impulso de la economía circular con una gestión integral del ciclo urbano del agua, el aprovechamiento máximo de las sinergias con la producción de energía y revisar los incentivos de tal forma que debe asegurarse que sea más barato depurar que pagar las multas o cánones de vertido.

12) Fomentar la recogida de aguas pluviales mediante superficies de captación para satisfacer las necesidades de baldeo o limpieza, riego y descarga de sanitarios en las edificaciones, en función de la zona pluviométrica.

13) Hay que incentivar los proyectos público-privados y las tecnologías que logren una huella de carbono e hídrica neutra en todas las actividades.

II. EL DERECHO AL AGUA:

14) Realizar una auditoría del agua disponible y de los diversos usos, y en particular del regadío.

15) Hay que terminar con los pozos y regadíos ilegales y los desarrollos urbanísticos descontrolados.

16) Hay que impulsar las comunidades de usuarios de aguas subterráneas.

17) Promover el cambio de patrones de cultivos en riego, de las herbáceas continentales a cultivos mediterráneos, con menor demanda de agua y mayor rentabilidad y explotaciones de ganadería extensiva frente a intensiva.

18) Modernizar los regadíos e incentivar las ganancias en eficiencia sin que eso se traduzcan en una expansión de la actividad que tenga como resultado final una mayor demanda de agua.

19) Incorporar el desarrollo de fuentes no convencionales (regeneración, desalación...) con energías renovables.

20) Revisar la Ley de Aguas bajo el prisma de la economía circular. Esta reforma debe estar guiada, evaluada y asesorada por el rigor científico-técnico.

21) Pasar de las tradicionales estrategias de masiva subvención pública a nuevos enfoques de gestión de la demanda, aplicando el principio de "recuperación de costes" y de "quien contamina paga".

22) La neutralidad tecnológica es clave para optar por las soluciones más eficientes y sostenibles a los distintos problemas que se plantean en cada cuenca y en Comunidad Autónoma, dentro del marco irrenunciable de solidaridad entre españoles. Cualquier actuación hidráulica debe ser compatible con el mantenimiento de los caudales ecológicos que garanticen la calidad de las aguas y una conservación óptima del medioambiente.

23) Las desaladoras son instalaciones que demandan un coste anual importante, por lo que hay que interconectar desaladoras y embalses, mezclando caudales, para amortizar mejor una mayor producción de agua desalada.

24) Realizar informes de viabilidad para aprovechar al máximo las infraestructuras construidas y depurar responsabilidades por la corrupción detrás de los enormes sobrecostes, como, por ejemplo, a través de una Comisión de Investigación en el Parlamento de Murcia en 2016.


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25) Desarrollar el l+D+i en agua, particularmente en el desarrollo de la economía circular del agua, tecnologías de ahorro y eficiencia de agua, y en el desarrollo de sinergias entre el sector del agua, energía y alimentación.

26) Garantizar un nivel adecuado de inversión pública y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas con especial atención a las obras de regulación de cuencas (aterramiento de sedimentos, eutrofización y seguridad de las presas) y a los sistemas de distribución (control de agua no registrada, "pérdidas").

27) Elaborar y desarrollar, en paralelo a la revisión del Plan Hidrológico Nacional, una Estrategia Nacional contra la Despoblación, y sobre la base de la citada Estrategia, una Ley de Reversión de la Despoblación que delimite las zonas más afectadas por este fenómeno y que fije un conjunto de medidas y actuaciones concretas para revertir este proceso en nuestro país.

28) Fortalecer el sistema concesional adaptando las concesiones al caudal disponible, reduciendo los plazos, exigir que el canon concesional vaya a inversiones en el servicio de aguas. Hay que dotar a las Confederaciones Hidrográficas de más recursos para hacer un seguimiento y control de ese exceso de recursos concedidos.

29) Los tiempos de concesión deberían reducirse en algunos planes hidrológicos para adaptar los usos de forma flexible al seguimiento de los caudales ecológicos y los impactos e incertidumbre del cambio climático. El plazo legal de 75 años es un plazo máximo, caben concesiones por menos años (15 o 20).

30) En lugar de los contratos de cesión y centros de intercambio por cuencas, es preferible la creación de un Centro de Intercambio único para todo el país, Bancos Público Nacional de Aguas.

parte 1      parte 2     


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