Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 443, de 31/10/2018
cve: BOCG-12-D-443
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de octubre de 2018

Núm. 443


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

PERSONAL

299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios.

Ceses... (Página5)

Nombramientos... (Página5)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Defensa

161/001152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Presidente Mariano Rajoy al inmediato cese de don Federico Trillo-Figueroa como Embajador de España en el Reino Unido. Retirada... (Página6)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/001588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página6)

161/003215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aumentar el control de las fronteras. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página8)

161/003417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página9)

161/003526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al fomento de una alimentación sana y equilibrada. Desestimación... (Página11)

161/003545 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana y Mixto, relativa a defender la flexibilización de la obligación de desembarque total de descartes. Aprobación... (Página12)


Página 2




161/003563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página12)

161/003577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la plaga de conejos que está asolando las cosechas de miles de agricultores en toda España. Aprobación... (Página16)

161/003620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página16)

161/003634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el traspaso a las Comunidades Autónomas de los fondos de los Planes de Desarrollo Rural. Desestimación... (Página19)

Comisión de Transición Ecológica

161/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página20)

161/000960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página22)

161/001380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la eficiencia y el ahorro energético. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página25)

161/002600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página28)

161/003084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página29)

161/003203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la subestación eléctrica de Patraix. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página31)

161/003369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página33)

161/003415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles (Jaén). Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página35)

161/003614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a estudiar, elaborar y ejecutar un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página36)


Página 3




161/003638 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz. Desestimación así como enmienda formulada... (Página38)

Comisión de Cultura y Deporte

161/003695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en el año 2021. Retirada... (Página38)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página39)

161/003027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página40)

161/003189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE. Desestimación... (Página41)

161/003236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al abordaje integral de la tartamudez. Aprobación con modificaciones... (Página40)

161/003333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página42)

161/003410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página42)

161/003484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página44)

161/003552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página45)

161/003576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página46)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a prevenir los ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos. Retirada... (Página47)


Página 4




Otros textos

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000012 Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático. Informe de la Subcomisión así como votos particulares presentados... (Página48)


Página 5




COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

PERSONAL

299/000003

Ceses

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de octubre de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 11 de octubre de 2018, de D.ª Ainhoa Usoz Cazenave, como personal eventual en el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de octubre de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 14 de octubre de 2018, de D. David Delgado Ramos, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de octubre de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 11 de octubre de 2018, de D.ª Marta Mellado Mora, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nombramientos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 17 de octubre de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Ismael Sirio López Martín, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 17 de octubre de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 6




Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 18 de octubre de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Francisco Javier Aunión Robles, a propuesta del Excmo. Sr. D. Rafael Simancas Simancas, con efectos de 18 de octubre de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Defensa

161/001152

Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2018 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley por la que se insta al Presidente Mariano Rajoy al inmediato cese de don Federico Trillo-Figueroa como Embajador de España en el Reino Unido, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 87, de 17 de enero de 2017.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/001588

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las adaptaciones necesarias a nivel nacional, instando a que también se produzcan en la Unión Europea, para impulsar los cambios necesarios que favorezcan la internacionalización del sector pesquero español en su conjunto. En este contexto, se deberá fomentar la creación de empresas en países terceros que, cumpliendo con los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria, generen efectos beneficiosos desde el punto de vista de la gestión de los


Página 7




recursos pesqueros, el abastecimiento de los mercados, la creación de empleo en zonas dependientes de la pesca, la creación de valor añadido, la cooperación y el intercambio internacional."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras.

Enmienda

De modificación.

El texto quedaría redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Demandar de la Unión Europea un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras en el seno del Reglamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Política Pesquera Común, en su apartado de Política exterior, y así mejorar la articulación y coherencia de la PPCC con la política comunitaria de cooperación para el desarrollo.

2. Promover mecanismos de financiación para la construcción, renovación y mejora de la eficiencia de la flota pesquera de sociedades mixtas en astilleros españoles."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la demanda a la Unión Europea del establecimiento de un marco jurídico y reglamentario que dé amparo a las empresas mixtas pesqueras, del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda

De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las adaptaciones necesarias a nivel nacional, instando a que también se produzcan en la Unión Europea, para impulsar los cambios necesarios que favorezcan la internacionalización del sector pesquero español en su conjunto. En este contexto, se deberá fomentar la creación de empresas en países terceros que, cumpliendo con los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria, generen efectos beneficiosos desde el punto de vista de la gestión de los


Página 8




recursos pesqueros, el abastecimiento de los mercados, la creación de empleo en zonas dependientes de la pesca, la creación de valor añadido, la cooperación y el intercambio internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003215

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a aumentar el control de las fronteras, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 345, de 3 de mayo de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Incrementar las políticas de control en las fronteras españolas, con herramientas que controlen la entrada de frutas y hortalizas de terceros países en nuestro país, que no cumplan las normas sanitarias y fitosanitarias.

- Instar a la Unión Europea a fortalecer el control en las fronteras europeas, para que todas las producciones que proceden de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal, al igual que se exige a las producciones europeas, y que venga reflejado en el etiquetado el origen del producto.

- Instar al Gobierno a que defienda en el proceso de negociación de los siguientes acuerdos comerciales, y en la reforma de la PAC, la necesidad de incorporar en los Tratados de Comercio el principio de reciprocidad, entre las normas y estándares de calidad, sanidad, sociales y ambientales."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda parcial a la Proposición no de Ley para aumentar el control de las fronteras, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Enmienda

De adición.

Se añade un tercer punto a la PNL:

"- Instar al Gobierno a que defienda en el proceso de negociación de los siguientes acuerdos comerciales, y en la reforma de la PAC, la necesidad de incorporar en los Tratados de Comercio el principio de reciprocidad, entre las normas y estándares de calidad, sanidad, sociales y ambientales."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 9




A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a aumentar el control de las fronteras, del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda

De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar con las políticas de control de las fronteras españolas, con herramientas que controlen la entrada de frutas y hortalizas de terceros países en nuestro país, que no cumplan las normas sanitarias y fitosanitarias.

2. Perseverar ante la Unión Europea a fortalecer el control de las fronteras europeas, para que todas las producciones que proceden de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal, al igual que se exige a las producciones europeas, y que venga reflejado en el etiquetado el origen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003417

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Fomentar el uso de nuevas tecnologías y la digitalización, en el mundo rural, ayudando a los agricultores a aprovechar mejor las oportunidades de financiación, o la implementación de mejores infraestructuras y servicios, así como el fomento de la capacitación y formación.

2. Colaborar en la implementación y difusión de buenas prácticas a través de soluciones tecnológicas y de la promoción de la innovación en el campo agroalimentario.

3. Superar la brecha digital existente en el mundo rural, impulsando el acceso a la banda ancha de Internet y las nuevas tecnologías inalámbricas móviles que permitirán adelantar el acceso a redes ultrarrápidas desde las zonas rurales.

4. Establecer un Sistema de Vigilancia Tecnológica para detectar las tecnologías maduras aplicables a cada tipo de producción agrícola y ganadera y un servicio de asesoramiento tecnológico.

5. Impulsar y mejorar la implantación de aplicaciones móviles, como ALERTCOPS, que aumenten la protección y seguridad del agricultor facilitando el intercambio de datos con las FCSE.

6. Impulsar la agricultura inteligente o "smart agriculture" integrando sistemas tecnológicos de riego, gestión de la explotación y recolección."

A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 10




A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmienda

De adición.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo punto a la sección propositiva de la Proposición no de Ley, con la siguiente redacción:

"Solicitar y hacer uso de todos aquellos fondos de la UE destinados a la transformación digital en la agricultura y en las zonas rurales."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura y Alimentación

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda parcial a la Proposición no de Ley para el fomento de las nuevas tecnologías y de la revolución digital en el medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmienda

De adición.

Se añade un punto 7 con el siguiente texto:

"7. Impulsar las reformas necesarias en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, para eliminar las restricciones que impiden a las administraciones o a empresas públicas cumplir con su función de dinamización acorde con los objetivos de la ley."

Justificación.

Mejora técnica.

Enmienda

De adición.

Se añade un punto 8 con el siguiente texto:

"8. Impulsar las reformas necesarias para que Red.es actúe como operador de comunicaciones de titularidad pública al amparo de lo establecido en el artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones, y encargarse de ejecutar y operar en condiciones que se determinen conforme a la legislación vigente."


Página 11




Justificación.

Garantizar la accesibilidad a las oportunidades de la digitalización, en especial a los sectores productivos con mayor dificultad en la brecha digital.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Eva García Sempere y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el fomento de las nuevas tecnologías y la revolución digital en el medio rural, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmienda

De adición.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Fomentar el uso de nuevas tecnologías y la digitalización, en el mundo rural, ayudando a los agricultores a aprovechar mejor las oportunidades de financiación, o la implementación de mejores infraestructuras y servicios, así como el fomento de la capacitación y formación.

2. Colaborar en la implementación y difusión de buenas prácticas a través de soluciones tecnológicas y de la promoción de la innovación en el campo agroalimentario.

3. Superar la brecha digital existente en el mundo rural, impulsando el acceso a la banda ancha de internet y las nuevas tecnologías inalámbricas móviles que permitirán adelantar el acceso a redes ultrarrápidas desde las zonas rurales.

4. Establecer un Sistema de Vigilancia Tecnológica para detectar las tecnologías maduras aplicables a cada tipo de producción agrícola y ganadera y un servicio de asesoramiento tecnológico.

5. Impulsar y mejorar la implantación de aplicaciones móviles, como ALERTCOPS, que aumenten la protección y seguridad del agricultor facilitando el intercambio de datos con las FCSE.

6. Impulsar la agricultura inteligente o "Smart agricultura" integrando sistemas tecnológicos de riego, gestión de la explotación y recolección."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003526

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de una alimentación sana y equilibrada, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 398, de 25 de julio de 2018.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 12




161/003545

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, aprobó la Proposición no de Ley relativa a defender la flexibilización de la obligación de desembarque total de descartes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 398, de 25 de julio de 2018, en sus propios términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a solicitar de la UE la búsqueda de soluciones para la aplicación real y efectiva de la norma de obligación total de descartes partiendo de un diagnóstico real del estado de las pesquerías, el origen de los descartes y su influencia en la práctica pesquera y en los ecosistemas afectados teniendo en cuenta el componente social como un pilar más de la sostenibilidad en la que tiene su fundamento la Política Pesquera Común."

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

161/003563

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 409, de 12 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Vincular la información del etiquetado respecto al origen, a otras figuras que fortalezcan los criterios de información a las y los consumidores, posibilitando la inclusión del origen regional y comarcal y la referencia a cuestiones relativas a modos de producción como "ganadería extensiva" o "leche de pastos del cantábrico".

2. Instar a la Comisión Europea a que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes al derecho de competencia por agricultoras y agricultores de distintos Estados miembros, en aplicación del artículo 225 del Reglamento único para las OCM, y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101.3 del TFUE.

3. Instar a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que, de acuerdo con el principio de que el sector agrario es un sector excepcionado del derecho de competencia, adopte un enfoque más amplio para definir "posición dominante" y el "abuso de una posición dominante" por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización."

A dicha Proposición no de Ley se formularon siete enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 13




A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Enmienda

De modificación.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar con la tramitación del Proyecto de Real Decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como materia prima de la leche y los productos lácteos, fortaleciendo la posición de los productores y productoras en la cadena alimentaria.

2. Fomentar la información del etiquetado respecto al origen, a otras figuras que fortalezcan los criterios de información a las y los consumidores, posibilitando la inclusión del origen regional y comarcal y la referencia a cuestiones relativas a modos de producción, de acuerdo con la reglamentación comunitaria.

3. Instar a la Comisión Europea a que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes al derecho de competencia por agricultoras y agricultores de distintos Estados miembros, en aplicación del artículo 225 del Reglamento único para las OCM, y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101.3 del TFUE.

4. Instar a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que, de acuerdo con el principio de que el sector agrario es un sector excepcionado del derecho de competencia, adopte un enfoque más amplio para definir "posición dominante" y el "abuso de una posición dominante" por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda parcial a la Proposición no de Ley relativa la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos, presentada por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Enmienda

De supresión.

Se suprime el punto número 1.

Justificación.

El Decreto fue aprobado el viernes 21 de septiembre, por el Consejo de Ministros y fue publicado.


Página 14




Enmienda

De modificación.

Se modifica el punto 2:

"2. Introducir la modificación oportuna en el RD 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos, para incluir el origen regional y comarcal y la referencia a cuestiones relativas a modos de producción de acuerdo con la reglamentación comunitaria."

Modificación.

Introducir modificaciones en el RD 1181/2018 recientemente aprobado, que se correspondan con las demandas del sector.

Enmienda

De adición.

Se añade un nuevo punto 2 bis:

"2 bis. Introducir la modificación oportuna en el RD 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos, para que se establezca la información clara respecto al país, región y comarca de ordeño y transformación de la leche, pudiendo sustituir en caso de que no sea de España, por "Unión Europea", o "fuera de la Unión Europea"."

Justificación.

Mejora de la información y trazabilidad de la cadena de la leche, a la que se refiere el Decreto.

Enmienda

De adición.

Se añade un nuevo punto 2 ter:

"2 ter. Introducir la modificación oportuna en el RD 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos, para establecer los mecanismos de evaluación de su aplicación, su vocación de permanencia, los controles establecidos y las sanciones en caso de incumplimiento."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos.


Página 15




Enmienda

De modificación.

El texto quedaría redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aplicar el Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos, consensuado con el sector lácteo y tramitado desde febrero de 2017 por el Gobierno de España del Partido Popular y aprobado definitivamente por el Gobierno del Partido Socialista, con la finalidad de ser una herramienta útil y eficaz para ayudar al sector lácteo a disponer de un contexto propicio para su adecuado y fructífero desarrollo."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Enmienda

De modificación.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Fomentar que la información del etiquetado respecto al origen pueda incluir otras figuras que fortalezcan los criterios de información a las consumidoras y los consumidores, posibilitando la inclusión del origen regional y comarcal y la referencia a cuestiones relativas a modos de producción de acuerdo con la reglamentación comunitaria.

2. Instar a la Comisión Europea a que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes al derecho de competencia por agricultoras y agricultores de distintos Estados miembros, en aplicación del artículo 225 del Reglamento único para la OCM, y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101.3 del TFUE.

3. Instar a la Comisión Europea a que la Directiva Europea sobre prácticas abusivas incorpore la venta a pérdidas como una práctica abusiva, contribuyendo con dicha prohibición a mejorar la producción y a promover la innovación beneficiando al mismo tiempo a las y los consumidores.

4. Instar a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que, de acuerdo con el principio de que el sector agrario es un sector excepcionado del derecho de competencia, adopte un enfoque más amplio para definir "posición dominante" y el "abuso de una posición dominante" por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 16




161/003577

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la plaga de conejos que está asolando las cosechas de miles de agricultores en toda España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 409, de 12 de septiembre de 2018, en sus propios términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar, en coordinación con las CCAA, un inventario más detallado de la población de conejo, que permita disponer de mejores datos, estableciendo indicadores de capacidad de carga, áreas de presión excesiva, indicadores de seguimiento de poblaciones y monitorización de su abundancia.

2. Reconocer la situación de plaga en los territorios con presión poblacional de conejo excesiva, habilitando líneas de ayuda a los agricultores, ganaderos y sectores socioeconómicos afectados.

3. Revisar los criterios del Seguro Agrario en la contratación de cobertura de fauna silvestre para las zonas afectadas por plaga de conejos y, en especial, profundizar en el control de parcelas con daños reiterados.

4. Consensuar una estrategia nacional, que implique a todas las administraciones, organismos y actores implicados, que coordine actuaciones conjuntas, que incluya un catálogo de medidas preventivas y compatibilice la existencia de la especie, para la función que desempeña en la naturaleza, y su control en zonas agrícolas, evitando impactos económicos severos."

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

161/003620

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 413, de 18 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, en colaboración con los Servicios de Control de la Calidad y Defensa contra Fraudes de las comunidades autónomas el aumento de los controles sobre el fraude alimentario, mejoras en las medidas de supervisión de la calidad de los productos alimentarios y la elaboración de protocolos y recomendaciones en los procesos internos y externos de garantía y supervisión de la calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad de los productos alimentarios, en el seno de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, en el marco de una alimentación segura, saludable y sostenible.

2. Estudiar, a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), mejoras en la trazabilidad de los productos alimentarios a través de las distintas opciones, fórmulas y mecanismos ya empleados con éxito en otros países en este ámbito (tales como la emisión de certificados digitales o los controles independientes), evitando que supongan una barrera excesiva para los operadores y garantizando el derecho de información a los consumidores.

3. Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad adicional en el etiquetaje de los productos de calidad diferenciada (Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida y Especialidades Tradicionales Garantizadas) antes de su comercialización, con el fin de luchar contra la competencia desleal y el fraude en estos sectores.

4. Reforzar las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad competentes, en materia de prevención y persecución del fraude alimentario, así como fomentar las acciones de cooperación que esta


Página 17




lleva a cabo con las industrias alimentarias, reconociendo la actuación del SEPRONA dentro de la Red Europea de Fraude Alimentario.

5. Evaluar y actualizar el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (2016-2020), mejorando la transparencia y fomentando la cooperación entre las distintas Autoridades competentes, reduciendo los riesgos presentes en los alimentos de manera que se certifique adecuadamente que los alimentos que llegan a los ciudadanos son seguros y de calidad."

A dicha Proposición no de Ley se formularon cinco enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda parcial a la Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Enmienda

Al punto 1

De modificación.

"1. Solicitar a los Servicios de Control de la Calidad y Defensa contra Fraudes de las comunidades autónomas que aumenten los controles sobre el fraude alimentario, así como impulsar la elaboración de protocolos y recomendaciones en los procesos internos y externos de garantía y supervisión de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad del producto alimentario en el seno de la Mesa de Coordinación Alimentaria, en el marco de una alimentación segura, saludable y sostenible."

Motivación.

La prevención y lucha contra el fraude alimentario ha de tener como protagonista no un sistema fiscalizador y punitivo, al que viene a dar protagonismo la PNL de Cs, sino las ayudas y la confianza en el productor y en el elaborador. Es por ello que se considera conveniente facilitar protocolos y recomendaciones que permitan homologar procesos que garanticen el cumplimento de las medidas anti-fraude.

Enmienda

De adición.

De un punto al final del texto actual:

"6. (nuevo). Revisar la normativa relativa al etiquetaje nutricional de los productos alimentarios procesados imponiendo la exigencia que éste sea claramente identificable y fácilmente visible en el frontal de los envases, especialmente en las referencias a los productos insanos (altos en azúcares, grasas y sales)."

Motivación.

También se defrauda a la ciudadanía con una publicidad que fomenta la alimentación insana, por lo tanto es imprescindible que el etiquetado nutricional sea claro y visible.


Página 18




Enmienda

De adición.

Nuevo punto al final del texto actual:

"7. Establecer en el etiquetaje de productos protegidos con D.O.P., I.G.P. o E.T.G. un distintivo que permita identificar que su elaboración coincide con el ámbito de la protección indicado y, en sentido contrario, diferenciarlos claramente de plagios."

Motivación.

Las indicaciones geográficas (o denominaciones de origen protegidas) garantizan a los consumidores que el producto que están comprando ha sido desarrollado de acuerdo a unos criterios estrictos en una zona geográfica limitada y, por ende, permiten a los productores vender su producto a un precio justo. Ello viene puesto en peligro por los acuerdos internacionales que han desprotegido buena parte de los productos garantizados frente a plagios de terceros Estados, por lo que conviene reforzar su identificación en el etiquetado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2018.-Jaume Moya i Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario.

Enmienda

De modificación.

El texto quedaría redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y de sus Servicios de Control de la Calidad y Defensa contra Fraudes, el aumento de los controles sobre el fraude alimentario, y a la aprobación en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de mejoras en las medidas de supervisión de la calidad de los productos alimentarios previamente acordados por la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, en el marco de una alimentación segura, saludable y sostenible.

2. Estudiar, a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, la mejora de la trazabilidad de los productos alimentarios, en el marco de la Reglamentación Europea, con las distintas opciones, fórmulas y mecanismos ya empleadas con éxito en otros países en este ámbito (tales como la emisión de certificados digitales o los controles independientes), evitando que supongan una barrera excesiva para los operadores y garantizando el derecho de información a los consumidores.

3. Seguir garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad adicional de los productos de calidad diferenciada, sobre incumplimientos, irregularidades e infracciones (Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida y Especialidades Tradicionales Garantizadas) antes de su comercialización, con el fin de luchar contra la competencia desleal y el fraude en estos sectores.

4. Reforzar las actuaciones de la Guardia Civil (en colaboración con otros cuerpos policiales de la Unión Europea, si procede) en materia de prevención y persecución del fraude alimentario, así como fomentar las acciones de cooperación que esta lleva a cabo con las industrias alimentarias.

5. Continuar con la realización de un Informe anual de resultados de control oficial e iniciar la evaluación quinquenal del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (2016-2020), que el propio plan contempla."


Página 19




Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude alimentario, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Enmienda

De modificación.

"1. Solicitar a los Servicios de Control de la Calidad y Defensa contra Fraudes de las comunidades autónomas que aumenten los controles sobre el fraude alimentario, así como impulsar mejoras en las medidas de supervisión de la calidad de los productos alimentarios en el seno de la mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, en el marco de una alimentación segura, saludable y sostenible.

2. Mejorar la trazabilidad de los productos alimentarios, estudiando las distintas opciones, fórmulas y mecanismos ya empleados con éxito en otros países en este ámbito (tales como la emisión de certificados digitales o los controles independientes), evitando que supongan una barrera excesiva para los operadores y garantizando el derecho de información a los consumidores.

3. Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad adicional de los productos de calidad diferenciada (Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica Protegida y Especialidades Tradicionales Garantizadas) antes de su comercialización, con el fin de luchar contra la competencia desleal y el fraude en estos sectores.

4. Reforzar las actuaciones de la Guardia Civil, en especial, del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en materia de prevención y persecución del fraude alimentario, así como fomentar las acciones de cooperación que esta lleva a cabo con las industrias alimentarias.

5. Reconocer la actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil dentro de la Red Europea de Fraude Alimentario, que ha sido considerada como ejemplo de una coordinación eficaz entre autoridades competentes y cuerpos policiales.

6. Evaluar y actualizar el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (2016-2020), mejorando la transparencia y fomentando la cooperación entre las distintas Autoridades competentes, reduciendo los riesgos presentes en los alimentos de manera que se certifique adecuadamente que los alimentos que llegan a los ciudadanos son seguros y de calidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003634

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sesión del día 9 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre el traspaso a las Comunidades Autónomas de los fondos de los Planes de Desarrollo Rural, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 413, de 18 de septiembre de 2018.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 20




Comisión de Transición Ecológica

161/000783

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 50, de 15 de noviembre de 2016, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la elaboración de un plan de promoción de transiciones hacia estilos de vida más sostenibles con impacto en la educación, la economía y el sistema social, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, dotándolas proporcional y suficientemente de fondos para aplicar esas políticas en sus respectivos territorios, y respetando sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, que incluya:

a) Un diálogo entre innovadores, investigadores y otros actores sociales, principalmente grupos de interés en materia de medio ambiente y economía, que permita situar en contexto el significado y el impacto de diferentes modelos económicos basados en economía verde y otros modelos de crecimiento sostenible.

b) Una consulta a las iniciativas de estilos de vida sostenibles y de innovación social que actualmente contribuyen a una reducción de impacto ambiental en áreas de relevancia (nutrición, movilidad, consumo,...).

c) Un programa de apoyo e incentivación económica de estas iniciativas empresariales de economía verde, en especial aquellas más innovadoras que tengan un mayor impacto social, y que facilite el conocimiento y la implementación a nivel comunitario de las alternativas de estilos de vida sostenibles consistentes con las recomendaciones de los acuerdos de París sobre cambio climático.

d) Un sistema de información pública fácilmente accesible que incluya recomendaciones y orientaciones sobre políticas y programas con destino a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que estimule la participación y la corresponsabilidad en línea con los acuerdos de París sobre cambio climático.

e) Una campaña de educación y concienciación ambiental sobre la necesidad de implicarse en estilos de vida sostenibles, que permita adquirir información veraz sobre el impacto negativo del comportamiento actual sobre el cambio climático y refuerce la necesidad de mudar de estilo de vida para responder al reto de la sostenibilidad.

f) Un programa de incentivos a la utilización de transporte público, y a la creación de infraestructuras verdes que permitan el diseño de corredores verdes en las zonas urbanas que permitan aislar a peatones y ciclistas del tráfico rodado, generando así pulmones de absorción de la contaminación.

g) Un programa de estímulo al reciclado de productos, con un sistema de información y etiquetado que permita identificar con claridad los productos locales y producidos de modo sostenible.

2. Presentar, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático y Transición Energética, a remitir a la Unión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y a aprobar la Estrategia Española de Economía Circular, incorporando en ellos medidas dirigidas al fomento de una "administración sostenible", que entre otras medidas, contemplará: la renovación del parque móvil público por vehículos de emisiones nulas o reducidas; el aumento de la compra pública inteligente y sostenible; la adaptación de los edificios públicos al estándar de consumo energético casi nulo, la reducción de los residuos generados y aumentar el reciclado y el aumento de la reutilización de agua y la reducción del consumo de neto de agua."

A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 21




A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde.

Enmienda

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto h) que queda redactado en los siguientes términos:

"h) En colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas competentes en la materia, dotándolas proporcional y suficientemente de fondos para aplicar estas políticas en sus respectivos territorios con respeto a la actual distribución competencial."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde.

Enmienda

De adición.

Texto que se propone:

"Se proponen los siguientes puntos adicionales:

- Presentar, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático y Transición Energética.

- Presentar en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de Economía Circular.

- Implantar un programa en la Administración General del Estado y organismos dependientes de "administración sostenible" con medidas como:

? renovar el parque móvil público por vehículos de emisiones nulas o reducidas;

? aumentar la compra pública inteligente y sostenible hasta un 60 % del total;

? adaptar los edificios públicos al estándar de consumo energético casi nulo;

? reducir los residuos generados y aumentar el reciclado, y

? aumentar la reutilización de agua y reducir el consumo de neto de agua."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 22




A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Mixto a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde.

Enmienda

De adición.

Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para llevar a cabo la elaboración de un plan de promoción de transiciones hacia estilos de vida más sostenibles con impacto en la educación, la economía y el sistema social, de común acuerdo con las comunidades autónomas y respetando sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, que incluya:

[...]"

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000960

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 72, de 20 de diciembre de 2016, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:

- Impulsar una Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética.

- Participar activa y constructivamente, en coordinación con esta Hoja de Ruta, en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la UE en 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones en Naciones Unidas.

- Presentar, en un plazo no superior a seis meses, una Estrategia Nacional para la Descarbonización del Transporte en España y su respectiva memoria económica que dé una respuesta coherente a los retos: medioambiental, de salud, de movilidad e industrial que tenemos por delante para cumplir con los objetivos de emisiones cero en 2050.

- Impulsar la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética, empezando por un modelo de edificación de "0 emisiones" en las instituciones públicas y nuevas construcciones.

- Promover el cambio de patrones de cultivos en riego, de las herbáceas continentales a cultivos mediterráneos, con menor demanda de agua y mayor rentabilidad y explotaciones de ganadería extensiva frente a intensiva."

A dicha Proposición no de Ley se formularon cinco enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 23




A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

Enmienda

De sustitución.

Se propone sustituir el texto por el siguiente:

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:

- Revisar al alza los objetivos de reducción de emisiones de los sectores difusos en España, y elaborar una nueva hoja de ruta más ambiciosa en sus objetivos de reducción, acorde con el último y grave llamamiento del IPCC."

Justificación.

Las conclusiones de un nuevo informe emitido por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) advierte sobre la necesidad de endurecer las medidas para luchar contra el calentamiento global para evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados centígrados. En este sentido alerta el IPCC de que el Acuerdo de París es insuficiente para evitar ese calentamiento y alerta de que hay que tomar medidas más ambiciosas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular para impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

Enmienda

De adición.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:

- Impulsar una Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética.

- Participar activa y constructivamente, en coordinación con esta Hoja de Ruta, en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la UE en 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones en Naciones Unidas.

- Presentar, en un plazo no superior a seis meses, una Estrategia Nacional para la Descarbonización del Transporte en España y su respectiva memoria económica que dé una respuesta coherente a los retos: medioambiental, de salud, de movilidad e industrial que tenemos por delante para cumplir con los objetivos de emisiones cero en 2050.


Página 24




- Impulsar la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética, empezando por un modelo de edificación de "0 emisiones" en las instituciones públicas y nuevas construcciones.

- Promover el cambio de patrones de cultivos en riego, de las herbáceas continentales a cultivos mediterráneos, con menor demanda de agua y mayor rentabilidad y explotaciones de ganadería extensiva frente a intensiva."

Texto que se modifica:

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:

- Impulsar una Hoja de Ruta horizonte 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética.

- Participar activa y constructivamente, en coordinación con esta Hoja de Ruta, en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la UE en 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones en Naciones Unidas."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Mixto a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular para impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

Enmienda

De adición.

Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

[...]

- Desistir del recurso de inconstitucionalidad contra la Llei 16/2017, d'1 d'agost, de Canvi Climàtic.

- Destinar la totalidad de los fondos obtenidos con las subastas de derechos de emisión que pagan las grandes empresas productoras de CO2 para la reducción de gases de efecto invernadero de los sectores difusos.

- Territorializar los fondos obtenidos con las subastas de derechos de emisión que pagan las grandes empresas productoras de CO2 a las comunidades autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Página 25




A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Mixto a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular para impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

Enmienda

De adición.

Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados a:

[...]

3. Modificar la normativa para dotar a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de la potestad para establecer la estructura y las condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmienda

De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a culminar, de acuerdo a los plazos fijados por la UE, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2023, donde se establecerán los objetivos, medidas e instrumentos para definir la trayectoria que nos permita alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, así como cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, El Plan también integrará las acciones necesarias en materia de mercado interior, seguridad de suministro, investigación, innovación y competitividad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001380

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el impulso de la eficiencia y el ahorro energético, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 107, de 21 de febrero de 2017, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dotar al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) de los recursos necesarios para aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, con la participación de Comunidades Autónomas y municipios, que se sitúe entre las prioridades de nuestra política energética.

2. Desarrollar el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, a través de una reforma del Código


Página 26




Técnico de la Edificación, para fijar los términos que deberán cumplir los "edificios de consumo de energía casi nulo".

3. Renovar a través del Plan Estatal de Rehabilitación de Vivienda el parque de viviendas para incrementar la eficiencia energética de las mismas. Con este fin, el Gobierno aprobará un plan estratégico que incluirá actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética y fomentará de forma eficiente incorporación de energías renovables que puedan reducir el consumo y la dependencia energética de dichas viviendas.

4. Implementar las medidas necesarias para impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda. Revisar las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

5. Evaluar la eficiencia energética de los edificios más sensibles como colegios, residencias de ancianos y hospitales garantizando el nivel de confort óptimo y priorizar las actuaciones de renovación y conversión de estos edificios en unos de consumo de energía casi nulo.

6. Incentivar cambios sustanciales en nuestros patrones de movilidad, basados actualmente en un uso intensivo del automóvil privado, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental.

7. Reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas que impiden el desarrollo del mismo y transitar hacia un modelo energético que ponga a la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad.

8. Apostar decididamente por las energías renovables y el ahorro eficiente y la eficiencia energética, procediendo a revisar toda aquella normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias o a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española.

9. Fomentar la reducción del consumo energético en el ámbito de las Administraciones Públicas. Dentro del Plan Nacional integrado de Energía y Clima que ha de remitirse a la UE, se recogerán medidas para aumentar por encima del 3 % anual la renovación de edificios públicos para cumplir con el papel ejemplarizante que los edificios de los organismos públicos y aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo.

10. En colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas competentes en la materia, dotándolas proporcional y suficientemente de fondos para aplicar estas políticas en sus respectivos territorios con respecto a la actual distribución competencial."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el impulso de la eficiencia y el ahorro energético.

Enmienda

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto 8 que queda redactado en los siguientes términos:

"8. En colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas competentes en la materia, dotándolas proporcional y suficientemente de fondos para aplicar estas políticas en sus respectivos territorios con respeto a la actual distribución competencial."


Página 27




Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para el impulso de la eficiencia y el ahorro energético.

Enmienda

De modificación.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputado insta al Gobierno a:

1. Dotar al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) de los recursos necesarios para aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, con la participación de Comunidades Autónomas y municipios, que se sitúe entre las prioridades de nuestra política energética.

2. Desarrollar el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, a través de una reforma del Código Técnico de la Edificación, para fijar los términos que deberán cumplir los edificios de consumo de energía casi nulo.

3. Renovar el parque de viviendas para incrementar la eficiencia energética de las mismas. Con este fin, el Gobierno aprobará un plan estratégico que incluirá actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética y fomentará la incorporación de energías renovables que puedan reducir el consumo y la dependencia energética de dichas viviendas.

4. Implementar las medidas necesarias para impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda. Revisar las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

5. Evaluar la eficiencia energética de los edificios más sensibles como colegios, residencias de ancianos y hospitales garantizando el nivel de confort óptimo y priorizar las actuaciones de renovación y conversión de estos edificios en unos de consumo de energía casi nulo.

6. Incentivar cambios sustanciales en nuestros patrones de movilidad, basados actualmente en un uso intensivo del automóvil privado, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental.

7. Reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas que impiden el desarrollo del mismo y transitar hacia un modelo energético que ponga a la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad.

8. Apostar decididamente por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, procediendo a revisar toda aquella normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias o a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española.

9. Fomentar la reducción del consumo energético en el ámbito de los edificios de las Administraciones Públicas. Se elaborará un plan nacional para aumentar al menos un 3 % anual la renovación de edificios públicos para cumplir con el papel ejemplarizante que los edificios de los organismos públicos y aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo."

Texto que se modifica:

"El Congreso de los Diputado insta al Gobierno a:

1. Dotar al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) de los recursos necesarios para aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, con la participación de Comunidades Autónomas y municipios, que se sitúe entre las prioridades de nuestra política energética.


Página 28




2. Renovar el parque de viviendas para incrementar la eficiencia energética de las mismas. Con este fin, el Gobierno aprobará un plan estratégico que incluirá actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética y fomentará la incorporación de energías renovables que puedan reducir el consumo y la dependencia energética de dichas viviendas.

3. Implementar las medidas necesarias para impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda. Revisar las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

4. Incentivar cambios sustanciales en nuestros patrones de movilidad, basados actualmente en un uso intensivo del automóvil privado, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental.

5. Reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas que impiden el desarrollo del mismo y transitar hacia un modelo energético que ponga a la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad.

6. Apostar decididamente por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, procediendo a revisar toda aquella normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias o a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española.

7. Fomentar la reducción del consumo energético en el ámbito de los edificios de las Administraciones Públicas."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002600

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a impulsar las medidas necesarias para garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sistema energético, de forma que se garantice la libre competencia y la protección de las personas consumidoras y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector energético nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad, de acuerdo a las recomendaciones que emanen de la CNMC en su condición de órgano supervisor."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la separación real y efectiva de los grupos


Página 29




verticalmente integrados del sector eléctrico, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Enmienda

De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la CNMC en su condición de órgano supervisor, a que adopte cuantas medidas sean precisas para garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003084

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 326, de 27 de marzo de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de común acuerdo con las comunidades autónomas y respetando sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, a:

1. Elaborar en el plazo máximo de un año un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, con el objetivo de prevenir al máximo los efectos perjudiciales de la degradación ambiental en la salud humana.

2. Actualizar, en su caso, el informe base redactado en 2007 y adaptar los objetivos del Plan a las estrategias del Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020.

3. Crear un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes, que cuente con la participación de los departamentos implicados en la protección del ambiente atmosférico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como otros ministerios implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y entes locales, científicos expertos y agentes sociales.

4. Dotar a este organismo de seguimiento de la partida presupuestaria adecuada y suficiente para implementar, evaluar y actualizar este Plan."

A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Enmienda

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituyen los puntos 3 y 4 del texto propositivo por la siguiente redacción:

"3. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y el Ministerio de Transición Ecológica elaborarán un informe anual de seguimiento y evaluación de las actividades y objetivos de dicho Plan,


Página 30




remitiendo este a las respectivas comisiones de Las Cortes Generales y comparecerán en las mismas a fin de dar debidas cuentas de los avances del Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente."

Texto que se sustituye:

"3. Crear un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes, que cuente con la participación de los departamentos implicados en la protección del ambiente atmosférico del MAPAMA y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, así como otros ministerios implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y entes locales, científicos expertos y agentes sociales.

4. Dotar a este organismo de seguimiento de la partida presupuestaria adecuada y suficiente para implementar, evaluar y actualizar este Plan."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Mixto a instancias del Diputados del Partit Demòcrata Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta:

Enmienda

De adición.

Redacción que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de común acuerdo con las comunidades autónomas y respetando sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, a:

[...]."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Enmienda

De modificación.

El texto quedaría redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética la obligación de elaborar un Plan Sectorial de adaptación sobre Salud, Medio Ambiente y Cambio Climático, coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, que aportará datos específicos sobre los escenarios climáticos y las tendencias más relevantes en factores con incidencia en la salud, cuyo


Página 31




seguimiento y evaluación será realizado por el Observatorio de Cambio Climático y Transición Energético que valorará las medidas relacionadas con la Ley."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003203

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la subestación eléctrica de Patraix, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 345, de 3 de mayo de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. A la vista del Acuerdo del Consejo de ministros del 27 de julio de 2018, en el que se acuerda la "Modificación de aspectos puntales de la Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020", que fije el Gobierno una fecha, a la mayor brevedad, para el desmantelamiento y cierre de la subestación de Patraix.

2. Colaborar activamente, junto a todos los actores implicados (Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, Red Eléctrica de España S.A.U., Iberdrola S.A.U.) para la pronta consecución de los objetivos enunciados en el párrafo anterior.

3. Incluir, en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y siguientes, una partida presupuestaria suficiente que contemple la construcción de la nueva subestación de Nuevo Cauce, en Valencia."

A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís Enric Bataller, formula las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley sobre la subestación eléctrica de Patraix, presentada por este mismo Grupo Parlamentario.

Enmienda

De sustitución.

Sustituir el punto de la Proposición no de Ley por:

"El Congreso insta al Gobierno a fijar una fecha, a la mayor brevedad, para el desmantelamiento y cierre de la subestación de Patraix, tal y como recoge la modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020."


Página 32




Enmienda

De adición.

Añadir un punto 2:

"El Congreso insta al Gobierno a incluir, en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y siguientes, una partida presupuestaria suficiente que contemple la construcción de la nueva subestación eléctrica de Nuevo Cauce, en València."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre la subestación eléctrica de Patraix.

Enmienda

De adición.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. El Congreso insta al Gobierno a modificar el documento de planificación energética, el llamado Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre (BOE núm. 254, de 23 de octubre), para que contemple la construcción de la subestación eléctrica Nuevo Cauce, incorporándola a la planificación nacional de energía eléctrica para Valencia, al objeto de sustituir progresivamente la funcionalidad de la subestación eléctrica de Patraix, que inicialmente quedará en situación de reserva hasta que técnicamente sea posible el traslado de sus instalaciones y su cierre definitivo. La tipología de la subestación de la ST Nuevo Cauce será subterránea, excepto que por medio del correspondiente instrumento de paisaje pudiera justificarse de forma razonable y suficiente otro tipo de solución.

2. Constituir una comisión de trabajo con participación de representantes del Ayuntamiento de València, de la Generalitat Valenciana, de Red Eléctrica de España S.A.U. y de lberdrola S.A.U., que tendrá como objeto el estudio de las acciones a realizar para facilitar la construcción y puesta en funcionamiento tan rápidamente como sea posible de la Subestación eléctrica Nou Llit, así como el traslado progresivo a sus instalaciones de la Subestación eléctrica Patraix."

Texto que se modifica:

"El Congreso insta al Gobierno a modificar el documento de planificación energética, el llamado Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre (BOE núm. 254, de 23 de octubre), para que contemple la construcción de la subestación eléctrica Nuevo Cauce, incorporándola a la planificación nacional de energía eléctrica para Valencia, al objeto de sustituir progresivamente la funcionalidad de la subestación eléctrica de Patraix, que inicialmente quedará en situación de reserva hasta que técnicamente sea posible el traslado de sus instalaciones y su cierre definitivo. La tipología de la subestación de la ST Nuevo Cauce será subterránea, excepto que por medio del correspondiente instrumento de paisaje pudiera justificarse de forma razonable y suficiente otro tipo de solución."


Página 33




Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la subestación eléctrica de Patraix, del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda

De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el documento de planificación energética, el llamado Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, para que contemple la construcción de la subestación eléctrica Nuevo Cauce, incorporándola a la planificación nacional de energía eléctrica para Valencia, al objeto de sustituir progresivamente la funcionalidad de la subestación eléctrica de Patraix, que inicialmente quedará en situación de reserva hasta que técnicamente sea posible el traslado de sus instalaciones y su cierre definitivo. La tipología de la subestación de la ST Nuevo Cauce será subterránea, excepto que por medio del correspondiente instrumento de paisaje pudiera justificarse de forma razonable y suficiente otro tipo de solución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003369

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, tal como planteará el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, de manera que:

a) Se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida, por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento lo utiliza ni por tanto se hace uso de la red eléctrica, con el objetivo de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética.

b) Se habilite la posibilidad de que la instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito empresarial.

c) Las instalaciones de autoconsumo pequeñas, en todo caso inferiores a 15 kW, o las que no inyecten a la red eléctrica con independencia de su tamaño, sean legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes y estén exentas de todo trámite administrativo a excepción de una notificación previa a la conexión.

d) Se valoren los excedentes de energía inyectados a la red con criterios objetivos que necesariamente tendrán en cuenta el diferente valor de la energía en cada momento de acuerdo con lo establecido en la nueva Directiva de Renovables en tramitación, y su compensación directa en la factura.


Página 34




e) Se adapte el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo en función del verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico.

f) Se defina una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo, como marcan las directivas comunitarias.

2. Asegurar que en la próxima elaboración de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio 2019 se incluyan las partidas necesarias para su financiación.

3. Se reconozcan las especificidades y el potencial del sector en materia energética en su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático de cara a su inclusión en la actual negociación de la Política Agraria Común."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Enmienda

De sustitución.

"1. Facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, tal como plantea el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, de manera que:

a) Se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía autoconsumida, por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento lo utiliza ni por tanto se hace uso de la red eléctrica, con el objetivo de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética.

b) Se habilite la posibilidad de que la instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito empresarial.

c) Las instalaciones de autoconsumo pequeñas, en todo caso inferiores a 15 kW, o las que no inyecten a la red eléctrica con independencia de su tamaño, sean legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes y estén exentas de todo trámite administrativo a excepción de una notificación previa a la conexión.

d) Se valoren los excedentes de energía inyectados a la red con criterios objetivos que necesariamente tendrán en cuenta el diferente valor de la energía en cada momento de acuerdo con lo establecido en la nueva Directiva de Renovables en tramitación, y su compensación directa en la factura.

e) Se adapte el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo en función del verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico.

f) Se defina una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo, como marcan las directivas comunitarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 35




161/003415

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles (Jaén), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Instar a la Junta de Andalucía a la delimitación con carácter urgente de las zonas regables para la presa de Siles.

2. Instar a la Junta de Andalucía para que solicite a la Administración General del Estado la declaración de interés general de la conducción de la presa de Siles a la zona de riego.

3. Trabajar coordinadamente junto con los responsables de la Administración Autonómica de Andalucía para establecer los mecanismos de colaboración que aseguren la ejecución de las actuaciones de abastecimiento y regadío vinculadas con la presa de Siles, en el periodo más breve posible.

4. Una vez delimitada la zona regable se inste a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que abra un periodo de información pública y clara sobre los cánones y tarifas a cubrir por los futuros usuarios a fin de que se establezcan los compromisos de pago."

A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda parcial a la Proposición no de Ley para impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles (Jaén), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmienda

De sustitución.

Sustituir el punto 1 de la PNL, quedando redactado como sigue:

"1. Instar al Gobierno de España a declarar de Interés General del Estado las conducciones y canalizaciones de la presa de Siles (Jaén) y, en su caso, a ejecutar las infraestructuras necesarias para su puesta en funcionamiento para los fines para los que fue proyectado."

Justificación.

Distribuir las responsabilidades de manera adecuada.

Enmienda

De modificación.

Modificar el punto 3 de la PNL, quedando redactado como sigue:

"3. Trabajar coordinadamente con la Administración Autonómica de Andalucía para establecer los mecanismos de colaboración que aseguren la ejecución de las actuaciones de abastecimiento y regadío vinculadas con la presa de Siles, en el periodo más breve posible."


Página 36




Justificación.

Distribuir las responsabilidades de manera adecuada.

Enmienda

De adición.

Añadir un punto 4 de la PNL, quedando redactado como sigue:

"4. Que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en colaboración con la Junta de Andalucía, clarifique los costes a cubrir por los futuro regantes, en concepto de canon y tarifa, para amortizar las obras realizadas y previstas de cara al futuro, con el fin de que los futuros regantes certifiquen sus correspondientes compromisos de pago, de forma clara, transparente y responsable."

Justificación.

Adecuación del principio de recuperación de costes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003614

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a estudiar, elaborar y ejecutar un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 409, de 12 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio para la Transición Ecológica continúe con los trámites necesarios, puesto que ya existe un compromiso previo, y lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un estudio de los efectos de la dinámica litoral en la playa de La Carihuela y contemple las alternativas viables y sostenibles que garanticen una razonable estabilidad de este tramo de playa. Una vez concluido dicho estudio, se propone la elaboración y ejecución de un Proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, incluyendo el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Asimismo, insta al Gobierno a elaborar, en coordinación con las administraciones implicadas, una estrategia nacional para el mantenimiento de las playas españolas que permita detectar las necesidades de las mismas y proponer medidas de resolución de sus potenciales problemas."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno a estudiar, elaborar y ejecutar un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela.


Página 37




Enmienda

De adición.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio para la Transición Ecológica continúe con los trámites necesarios, puesto que ya existe un compromiso previo, y lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un estudio de los efectos de la dinámica litoral en la playa de La Carihuela y contemple las alternativas viables y sostenibles que garanticen una razonable estabilidad de este tramo de playa. Una vez concluido dicho estudio, se propone la elaboración y ejecución de un Proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, incluyendo el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Asimismo, insta al Gobierno a elaborar, en coordinación con las administraciones implicadas, una estrategia nacional para el mantenimiento de las playas españolas que permita detectar las necesidades de las mismas y proponer medidas de resolución de sus potenciales problemas."

Texto que se modifica:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio para la Transición Ecológica continúe con los trámites necesarios, puesto que ya existe un compromiso previo, y lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un estudio de los efectos de la dinámica litoral en la playa de La Carihuela y contemple las alternativas viables y sostenibles que garanticen una razonable estabilidad de este tramo de playa. Una vez concluido dicho estudio, se propone la elaboración y ejecución de un Proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, incluyendo el estudio de impacto ambiental correspondiente."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a estudiar, elaborar y ejecutar un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmienda

De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trabajos para redactar la Estrategia para la Protección de la costa de Málaga, en la que se analizará la totalidad del litoral en cuestión, así como a adoptar todas las medidas que correspondan derivadas del citado estudio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 38




161/003638

La Comisión de Transición Ecológica, en su sesión del día 16 de octubre de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 418, de 25 de septiembre de 2018.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Enmienda

De sustitución.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en línea con las medidas contenidas en el recientemente aprobado Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, y en el horizonte de las modificaciones estructurales que nuestro modelo energético precisa, entre ellas, una reforma fiscal coherente, a llevar a cabo, a través de un grupo de trabajo especializado e impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, un análisis en profundidad de la fijación del precio en el sector eléctrico para proceder, en su caso, a una reforma del modelo que lo mejore garantizando la seguridad de suministro, criterios de protección medioambiental y la sostenibilidad financiera del sistema, así como para impulsar cuantas medidas adicionales a las adoptadas sean necesarias, de manera transitoria, para moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad, con el objetivo final de asegurar la certidumbre, la estabilidad de los precios y una atención preferente hacia los sectores más vulnerables frente a la pobreza energética."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura y Deporte

161/003695

Mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2018 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en el año 2021, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 428, de 9 de octubre de 2018.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 39




Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000244

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 13, de 14 de septiembre de 2016, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo con la FEMP, la ONCE y el CERMI, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que los semáforos cuenten con avisadores sonoros, contemplando para ello una dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado, actualizando, si fuera necesario, el informe de 2011 del Observatorio de la Accesibilidad Universal."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual.

Enmienda

De modificación.

Texto que se propone:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI, un nuevo informe sobre las principales barreras de movilidad en las ciudades, donde se recojan una lista de recomendaciones de actuación pormenorizadas en los municipios de España.

2. Elaborar un plan de actuación de apoyo a la movilidad urbana para personas con discapacidad en la que junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI, se desarrollen actividades concretas para instalar avisadores sonoros en los semáforos, mejoras en el pavimento que faciliten la señalización de los pasos y reducciones de los bordillos para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en las ciudades de España."

Texto que se modifica:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que los semáforos cuenten con avisadores sonoros."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 40




A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, desde el Real Patronato sobre Discapacidad, un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que los semáforos cuenten con avisadores sonoros, contemplando, para ello, una dotación económica suficiente en los Presupuestos Generales del Estado."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003027 y 161/003236

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente

- Proposición no de Ley sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez (núm. expte. 161/003027), presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 316, de 13 de marzo de 2018.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda cuyo texto se inserta a continuación.

- Proposición no de Ley relativa al abordaje integral de la tartamudez (núm. expte. 161/003236), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 349, de 9 de mayo de 2018,

con el siguiente texto:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las administraciones públicas competentes, a:

1. Avanzar en el abordaje integral de la tartamudez, mejorando el acceso de los pacientes a los servicios de pediatría, psicología y logopedia incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, e impulsando la detección precoz, la atención temprana y la coordinación de la asistencia sanitaria con los servicios sociales y el sistema educativo.

2. Mejorar la formación de los profesionales de los servicios sanitarios y de la educación para profundizar en el conocimiento y abordaje de la tartamudez.

3. Que el nuevo baremo de discapacidad, en el que está trabajando el Gobierno y de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), desarrollada por la OMS, se tenga en cuenta la disfemia como causa de discapacidad, en la medida que suponga una dificultad en el desarrollo o realización de actividades e interrelación con los demás.

4. Desarrollar planes específicos a favor de la inserción laboral de las personas con tartamudez.


Página 41




5. Elaborar un censo de personas con tartamudez."

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez (núm. expte. 161/003027).

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las administraciones públicas competentes, a:

1. Avanzar en el abordaje integral de la tartamudez, mejorando el acceso de los pacientes a los servicios de pediatría, psicología y logopedia incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, e impulsando la detección precoz, la atención temprana y la coordinación de la asistencia sanitaria con los servicios sociales y el sistema educativo.

2. Mejorar la formación de los profesionales de los servicios sanitarios y de la educación para profundizar en el conocimiento y abordaje de la tartamudez.

3. Que el nuevo baremo de discapacidad, en el que está trabajando el Gobierno y de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), desarrollada por la OMS, se tenga en cuenta la disfemia como causa de discapacidad, en la medida que suponga una dificultad en el desarrollo o realización de actividades e interrelación con los demás.

4. Desarrollar planes específicos a favor de la inserción laboral de las personas con tartamudez.

5. Elaborar un censo de personas con tartamudez."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003189

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 341, de 24 de abril de 2018.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 42




161/003333

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, aprobó la Proposición no de Ley sobre el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 368, de 13 de junio de 2018, en sus propios términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de tres meses, el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad y, a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 un Fondo Estatal para la consecución efectiva y real de la Accesibilidad Universal que garantice la ejecución del desarrollo reglamentario anterior."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Teresa Arévalo Caraballo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

Enmienda

De adición.

Se propone la adición del texto siguiente:

"y a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 un Fondo Estatal para la consecución efectiva y real de la Accesibilidad Universal que garantice la ejecución del desarrollo reglamentario anterior."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-María Teresa Arévalo Caraballo, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003410

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales y los distintos medios de comunicación, a:

- Garantizar el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su


Página 43




inclusión social y la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en relación a las garantías previstas en estas normas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y de trato para las personas con discapacidad en los medios de comunicación, independientemente de su naturaleza pública o privada.

- Fomentar el uso de herramientas de trabajo como la "Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación", elaborada por el Real Patronato de la Discapacidad en 2006.

- Fomentar la inclusión de contenidos vinculados a la discapacidad en los espacios relacionados con los medios de comunicación.

- Promover planes de formación específicos en materia de discapacidad para los profesionales de los medios de comunicación, con el fin de que promocionen una verdadera sociedad inclusiva.

- Impulsar la creación de espacios y programas específicos donde se normalice la discapacidad, promoviendo para ello que las personas con discapacidad tengan una mayor presencia en los medios de comunicación."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Teresa Arévalo Caraballo y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación.

Enmienda

De modificación.

Se propone modificar la redacción de la Proposición no de Ley mediante el siguiente texto:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, a:

- Garantizar el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 7/2010, de 31 de marzo ,General de la Comunicación Audiovisual, en relación a las garantías previstas en estas normas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y de trato para las personas con discapacidad en los medios de comunicación, independientemente de su naturaleza pública o privada.

- Promover planes de formación específicos en materia de discapacidad para los profesionales de los medios de comunicación de naturaleza pública.

- Fomentar en todos los medios de comunicación, públicos y privados, el uso de la "Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación" elaborada por el Real Patronato de la Discapacidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-María Teresa Arévalo Caraballo, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 44




161/003484

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 393, de 18 de julio de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Desarrollar un Plan Nacional Educativo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en coordinación de todas las Comunidades Autónomas, en colaboración de expertos e instituciones concernidas, asegurando la participación de los padres para decidir la modalidad educativa de escolarización para lograr la calidad educativa en función de las necesidades educativas especiales de los alumnos."

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado como sigue:

"La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad insta al Gobierno de España a desarrollar un Plan Nacional Educativo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en coordinación con las Comunidades Autónomas, todo ello teniendo en cuenta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y asegurando la libertad de los padres para decidir la modalidad educativa de escolarización y el centro educativo, en aras a lograr la mayor calidad educativa en función de las necesidades especiales de los alumnos con discapacidad."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España, del Grupo Parlamentario Mixto.


Página 45




Enmienda

De modificación.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un informe de estudio de la realidad actual de las políticas de inclusión de las personas con necesidades educativas especiales, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con la colaboración de expertos e instituciones concernidas, al amparo del reciente informe de investigación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003552

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 409, de 12 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un registro de los centros hospitalarios y de salud bajo responsabilidad del INGESA donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras.

2. Elaborar un informe en el que se recoja las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reunir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, y en particular la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los servicios de interpretación y de videointerpretación en lengua de signos para personas sordas en los centros sanitarios; así como las condiciones básicas de los servicios realizados a través de uso de dispositivos tecnológicos como son las plataformas de información y servicios sanitarios, etc.

3. Llevar a cabo las medidas propuestas en los informes referidos en los puntos 1 y 2 y dar cuenta en esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el plazo de un año."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 46




Enmienda

De modificación.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un registro de los centros hospitalarios y de salud bajo responsabilidad del INGESA donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras.

2. Elaborar un informe en el que se recoja las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reunir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, y en particular la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los servicios de interpretación y de videointerpretación en lengua de signos para personas sordas en los centros sanitarios; así como las condiciones básicas de los servicios realizados a través de uso de dispositivos tecnológicos como son las plataformas de información y servicios sanitarios, etc.

3. Dar cuenta del cumplimiento de la proposición no de ley en el plazo de un año."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003576

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 409, de 12 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:

1. Concluir, la implantación de la adecuación de los nuevos baremos de discapacidad, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

2. Adoptar las medidas oportunas para atender las peticiones de las asociaciones de enfermos de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, referentes a la creación de un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología propia de estas enfermedades.

3. Desarrollar la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, dotándola de los medios que sean necesarios de acuerdo con el actual marco competencial y el conjunto de actuaciones y protocolos ya puestos en marcha por las diferentes CC.AA., estableciendo un calendario de revisión de cumplimento de objetivos.

4. Adoptar en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del grado de Discapacidad el reconocimiento en el plazo de 30 días tras el diagnóstico médico confirmado, de enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, especialmente la ELA, un porcentaje mínimo provisional de discapacidad del 33 %, con plenos efectos hasta la obtención del porcentaje de discapacidad definitivo."

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 47




A la Mesa de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmienda

De modificación.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Concluir a la mayor brevedad posible la implantación de la adecuación de los nuevos baremos de discapacidad, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

2. Adoptar las medidas oportunas para atender las peticiones de las asociaciones de enfermos de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, referentes a la creación de un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología propia de estas enfermedades.

3. Desarrollar definitivamente la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, dotándola de los medios que sean necesarios, de acuerdo con el actual marco competencial y el conjunto de actuaciones y protocolos ya puestos en marcha por las diferentes Comunidades Autónomas, estableciendo un calendario de revisión de cumplimiento de objetivos.

4. Impulsar en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del grado de Discapacidad:

a) Un informe acerca de la aplicación del nuevo baremo en curso, a las personas con enfermedades neurodegenerativas.

b) El estudio del reconocimiento tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, especialmente el ELA, un porcentaje mínimo de discapacidad del 33 %, a fin de compensar la especificidad, la realidad y las necesidades diarias que generan los cursos de estas enfermedades."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002688

Mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2018 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la Proposición no de Ley relativa a prevenir los ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 268, de 15 de diciembre de 2017.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 48




OTROS TEXTOS

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000012

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Informe aprobado por la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, constituida en el seno de la Comisión de Transición Ecológica, así como de los votos particulares presentados al mismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICA DE AGUAS EN COHERENCIA CON LOS RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN... (Página48)

II. ANTECEDENTES... (Página49)

II.1 Solicitud de creación de la Subcomisión... (Página49)

II.2 Creación por el Pleno... (Página50)

II.3 Aprobación del Informe... (Página50)

III. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN... (Página50)

IV. SESIONES CELEBRADAS Y OBJETO DE LAS MISMAS... (Página51)

V. COMPARECENCIAS ANTE LA SUBCOMISIÓN... (Página55)

V.1 Resumen de las comparecencias celebradas... (Página55)

V.2 Documentación de los comparecientes... (Página76)

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... (Página78)

VI.1 Conclusiones ... (Página78)

VI.2 Recomendaciones... (Página82)

I. INTRODUCCIÓN.

La Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (núm. expte. 154/000012) se creó en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados adoptado el 7 de noviembre de 2017. Por acuerdo de la Mesa de la Cámara del día 26 de junio de 2018, se trasladó su tramitación a la Comisión de Transición Ecológica.

La Subcomisión ha llevado a cabo su actividad de estudio y análisis a lo largo del 2018, con la composición, objeto, método de trabajo y calendario contenidos en la solicitud inicial formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La Subcomisión se ha reunido formalmente en 15 sesiones. En ocho de esas reuniones se han celebrado comparecencias, habiendo comparecido hasta 27 personalidades. Las restantes han sido de trabajo interno, ordenación de los trabajos y elaboración del Informe.

En su última reunión, de 17 de octubre de 2018, el Informe fue aprobado por mayoría en aplicación del voto ponderado.


Página 49




II. ANTECEDENTES.

II.1 Solicitud de creación de la Subcomisión.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su sesión del día 10 de octubre de 2017, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (núm. expte. 158/000045), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:

I. OBJETO DE LA SUBCOMISIÓN.

La Subcomisión estudiará la situación actual de los ecosistemas hídricos en España, el impacto de las políticas impulsadas y aplicadas hasta la fecha y los retos a los que nos enfrentamos en la perspectiva del cambio climático. Todo ello con el objetivo de promover un diálogo ciudadano bien informado, a nivel estatal, sobre las políticas de las aguas en las perspectivas vigentes de cambio climático, sobre la base de una información científica rigurosa sobre la situación de nuestros acuíferos y sobre la expectativa realista de caudales disponibles de cara a las próximas décadas, en el marco que establece la Directiva Marco del Agua sobre los caudales a respetar en todas las cuencas para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales, incluidos deltas, estuarios y plataformas litorales marinas.

Entre otras labores, esta Subcomisión analizará y estudiará:

1. Las críticas y recomendaciones hechas por la Comisión Europea sobre la Planificación Hidrológica vigente en España;

2. El contraste entre el estado de nuestros ecosistemas y las demandas y expectativas existentes, contando con la recesión de caudales prevista por la comunidad científica;

3. Las recomendaciones y exigencias legales de la UE respecto al desarrollo del principio de precaución, ante los riesgos de sequía y de crecidas derivados del cambio climático;

4. Experiencias y estrategias de prevención y gestión de los riesgos de sequía y de inundación en países avanzados en este campo, a nivel internacional;

5. El estado de nuestros acuíferos, especialmente en las zonas más sensibles, el nivel de aplicación de la ley en este campo y las medidas a tomar frente a la masiva existencia de pozos ilegales y acuíferos sobreexplotados;

6. Las exigencias que hace la UE en materia de caudales ecológicos, con base en la Directiva Marco del Agua, para estimar los caudales a respetar al respecto de cara al futuro;

7. Los diversos derechos e intereses en juego, y a menudo en conflicto, a la luz de las prioridades, criterios de gestión y objetivos que marca la Directiva Marco del Agua y el resto de Directivas concomitantes;

8. El nivel de racionalidad económica de nuestras inversiones en materia hidráulica y el nivel de aplicación efectiva del principio coste/eficacia exigido por la legislación europea;

9. El impacto de las estrategias desarrolladas hasta hoy en cuestiones clave como: resolución del déficit hídrico, gestión de riesgos de sequía e inundación, sobreexplotación de acuíferos, recuperación del buen estado de ríos, humedales y acuíferos...;

10. El funcionamiento, transparencia y nivel de participación ciudadana efectiva en las instituciones de planificación, gestión y control del agua, en contraste con otros países avanzados, a fin de proponer estrategias de modernización que mejoren la transparencia, la participación ciudadana y la sostenibilidad que exige la Directiva Marco del Agua;

11. Las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías ante los retos del cambio climático;

12. Cambios legislativos que permitirían reducir la vulnerabilidad de nuestra sociedad ante los crecientes riesgos de sequía y crecidas, en el contexto de cambio climático vigente.


Página 50




Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión recabará:

- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.

- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas, así como de personas expertas e investigadores de reconocida solvencia, autoridades, funcionarios públicos, asociaciones y organizaciones interesadas en la materia, que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles medidas a platear en el informe final.

II. REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

A) Composición.

La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 50 diputados en la Cámara y 2 representantes de cada uno de los Grupos restantes.

B) Adopción de acuerdos.

En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.

C) Plazo.

La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio una vez aprobado por la Comisión de Estudio junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.

Las comparecencias deberán substanciarse en los tres primeros meses desde la constitución de la Subcomisión.

II.2 Creación por el Pleno.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 7 de noviembre de 2017, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el punto segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de una Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 249, de 16 de noviembre de 2017.

II.3 Aprobación del Informe.

La Subcomisión ha aprobado el Informe, dentro del plazo establecido, el 17 de octubre de 2018, por mayoría de los miembros presentes.

III. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN.

La Subcomisión ha realizado su trabajo bajo la coordinación, hasta el 26 de junio de 2018, del Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. José Ignacio Llorens Torres (GP); y desde el 18 de septiembre de 2018, bajo la coordinación del Presidente de la Comisión de Transición Ecológica, D. José Juan Díaz Trillo; y con los siguientes miembros, designados por los respectivos Grupos Parlamentarios:

D.ª María Teresa Lara Carbó (GP).

D.ª María Luz Bajo Prieto (GP).

D.ª María Ascensión Carreño Fernández (GP).

D. Gonzalo Palacín Guarné (GS) (Baja: 19.09.18).

D. Manuel González Ramos (GS) (Baja: 16.06.18).

D. Javier Antón Cacho (GS).

D. Marc Lamuà Estañol (GS) (Alta: 19.09.18).

D. Ricardo Antonio García Mira (GS) (Alta: 19.09.18).

D.ª Eva García Sempere (GCUP-EC-EM).

D. Pedro Arrojo Agudo (GCUP-EC-EM).


Página 51




D.ª Rosana Pastor (GCUM-EC-EM).

D. José Luis Martínez González (GCs).

D. Antonio Cantó García del Moral (GCs).

D. Francesc Xavier Eritja Ciuró (GER).

D. Joan Olòriz Serra (GER).

D. Joseba Agirretxea Urresti (GV-EAJ-PNV).

D. Enric Bataller i Ruiz (GMx).

D. Antoni Postius Terrado (GMx).

La Subcomisión ha actuado asistida por los Letrados de las Cortes Generales D. José Manuel Sala Arquer y D.ª Bárbara Cosculluela Martínez.

IV. SESIONES CELEBRADAS Y OBJETO DE LAS MISMAS.

La Subcomisión ha celebrado un total de quince sesiones, realizadas en el orden y con el objeto siguiente:

20 de febrero de 2018

- Sesión de constitución de la Subcomisión.

Constitución de la Subcomisión.

Se acuerda que las solicitudes de comparecencia se formulen por los Grupos Parlamentarios de acuerdo con el siguiente cupo, establecido en base a los criterios de proporcionalidad calculados sobre la composición de la Comisión:

- Grupo Parlamentario Popular: 23.

- Grupo Parlamentario Socialista: 14.

- Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: 11.

- Grupo Parlamentario Ciudadanos: 5.

- Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana: 2.

- Grupo Parlamentario Vasco: 2.

- Grupo Parlamentario Mixto: 3.

Se acuerda abrir un plazo para solicitar comparecencias. El Coordinador de la Subcomisión propone un calendario de 8 sesiones de comparecencias a lo largo de tres meses. Esto daría, si se celebran cuatro al día, 32 comparecientes. El Sr. Arrojo Agudo propone un esquema de materias por las que deberían ordenarse las comparecencias. El Sr. Llorens Torres manifiesta que se distribuya a los grupos y éstos decidan.

Se acuerda la grabación de las comparecencias y su posterior distribución a los miembros de la Subcomisión.

Se acuerda celebrar la próxima reunión de la Subcomisión el próximo día 22 de febrero, al finalizar el Pleno, para decidir sobre las comparecencias a celebrar en marzo.

22 de febrero de 2018

- Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.

- Se acuerda celebrar las primeras comparecencias de la Subcomisión el día 13 de marzo de 2018 y previsiblemente el día 20 del mismo mes o al día siguiente, ambas a las 10:00 horas.

- Se fijan cuatro comparecencias para el día 13 de marzo de 2018:

? D. Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. D. Javier Martín Vide (Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y especialista en climatología).

? D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física -Universidad de Barcelona; Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; primer Presidente de la Asociación Española de


Página 52




Climatología; Presidente del Comité Español del World Climate Research Programme 2010-2015- Un representante de la AEMET.

? D.ª Yolanda Luna. Jefa del Departamento de Climatología y Desarrollo. AEMET.

? D. Fidel González Rouco, Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del IPCC.

- Se habilita al coordinador para realizar las gestiones oportunas.

13 de marzo de 2018

Celebradas las comparecencias de:

- De D. Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (núm. expte. 219/001084).

- De D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física, Universidad de Barcelona; Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; primer Presidente de la Asociación Española de Climatología; Presidente del Comité Español del World Climate Research Programme 2010-2015 (núm. expte. 219/001085).

- De D.ª Yolanda Luna, Jefa del Departamento de Climatología y Desarrollo. AEMET (núm. expte. 219/001086).

- De D. Fidel González Rouco, Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del IPCC (núm. expte. 219/001087).

20 de marzo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D. José Ramón Aragón Cavaller, Ingeniero Agrónomo y experto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (núm. expte. 219/001104).

- De D. Fernando López Vera, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua (núm. expte. 219/001105).

- De D. Javier Sanromán, Hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Portavoz de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (núm. expte. 219/001106).

*** También se había convocado a D. Emilio Custodio, Catedrático Hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero por motivos de salud no pudo asistir.

11 de abril de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- D. Federico Estrada Lorenzo, Director del Centro de Estudios Hidrográficos (núm. expte. 212/001200).

- D.ª Montserrat Cortiñas González, Vicesecretaria general de UPA (Unión de Pequeños agricultores y ganaderos) (núm. expte. 219/001125).

- D.ª Sonia Roig Gómez, Presidenta Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (núm. expte. 219/001126).

- D. Joan Corominas Masip, Ex Director Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía (núm. expte. 219/001127).

18 de abril de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- D. Ángel González Quintanilla, Presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna. (núm. expte. 219/001206).


Página 53




- D. Herminio Molina, Presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (núm. expte. 219/001207).

- D.ª Marta Rivera, Doctora en Veterinaria. Sistemas ganaderos. Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas. División Agricultura y Ganadería. Directora de la Cátedra de Agroecología de la Universidad de Vic (núm. expte. 219/001208).

25 de abril de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- D. Luis Babiano Amilibia, Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) (núm. expte. 219/001210).

- D. Tomás Ángel Sancho Marco, Director General FYSEG (núm. expte. 219/001211).

- D.ª Imma Mayol Beltrán, Gerente EMAYA (núm. expte. 219/001212).

26 de abril de 2018

Ordenación de los trabajos de la Comisión.

- Se acuerda utilizar las tres sesiones de la subcomisión que quedan distribuyendo el número de comparecientes conforme al cupo de miembros de cada grupo: 4, 4, 2, 2, 2, lo que hace un total de 14 comparecencias.

- Se abre un plazo para que los Grupos presenten sus nombres de comparecientes hasta el lunes 30 de abril, que se pondrán en común ese día. A partir de ahí, se convocará una nueva reunión para cerrar la relación definitiva.

- Hay una propuesta del Grupo Popular sobre ampliación de la fase de comparecencias en la subcomisión. Solicitada la opinión del letrado, este informa de que no es posible modificar el plazo previsto para las comparecencias, ya que dicho plazo se encuentra fijado en el acuerdo de creación, que ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara. Existen algunos precedentes en que, no habiéndose fijado el plazo de comparecencias por el Pleno, este se ha autorregulado por la subcomisión, pero esta circunstancia no se da en el presente caso. Es posible -porque existen precedentes de otras subcomisiones- computar el plazo descontando los meses inhábiles -enero y julio-, pero esta situación no afecta el plazo que nos ocupa, que es de febrero a mayo.

9 de mayo de 2018

Se fijan los días 16, 17 y 21 de mayo para la celebración de las comparecencias que presentaron los Grupos Parlamentarios dentro del plazo que se abrió al efecto.

Sesión del 16 de mayo: de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Sesión del 17 de mayo: de 11 a 14 horas y de 16 a 18 horas.

Sesión del 21 de mayo: de 9 a 12 horas.

Comparecencias a celebrar:

- D. Francisco Javier Sánchez, consejero técnico en la Dirección General del Agua, Ministerio de Agricultura (a propuesta del GP).

- D. Joaquín Rodríguez Chaparro, presidente ejecutivo de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) (a propuesta del GP).

- D. Pascual Fernández, presidente del Colegio de Economistas de Madrid (a propuesta del GP).

- D.ª Liana Sandra Ardiles López, directora general del Agua. Ministerio de Agricultura (a propuesta del GP).

- D. Eduardo Rojas Briales, Juntos por los bosques (a propuesta del GP).

- D. Jonathan Gómez Cantero, climatólogo (a propuesta del GS).

- D.ª Josefina Maestu Unturbe, directora gerente de GAN-NIK (a propuesta del GS).

- D. Domingo Jiménez Beltrán, Fundación Renovables (a propuesta del GS).


Página 54




- D.ª Nuria Hernández Mora, Economía de los Recursos Naturales. Experta en estrategias de adaptación y gobernanza (a propuesta del GCUP-EC-EM).

- D.ª Maria Soledad Gallego, jurista experta en legislación ambiental europea y cambio climático (a propuesta del GCUP-EC-EM).

- D.ª Julia Martínez Fernández, Acuerdo Social del AGUA. Fundación Nueva Cultura del Agua (a propuesta del GCUP-EC-EM).

- D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director General de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua. Autor del libro blanco del agua (a propuesta del GCs).

- D. Francisco López Bermúdez, profesor emérito del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia (a propuesta del GCs).

- D. Carles Ibáñez, doctor en Biología e Investigador de Ecosistemas Acuáticos de IRTA (a propuesta del GER).

- D. Jorge Olcina, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catedrático de Análisis Geográfico, director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante (a propuesta del GMx-Compromís).

16 de mayo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D. Francisco Javier Sánchez, consejero técnico en la Dirección General del Agua, Ministerio de Agricultura (núm. expte. 212/001623).

- De D.ª Nuria Hernández Mora, experta en estrategias de adaptación y gobernanza (núm. expte. 219/001238).

17 de mayo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua y autor del libro blanco del agua (núm. expte. 219/001233).

- De D.ª Maria Soledad Gallego, jurista experta en legislación ambiental europea y cambio climático (núm. expte. 219/001234).

- De D. Eduardo Rojas Briales, portavoz de la plataforma Juntos por los bosques (núm. expte. 219/001235).

- De D. Jorge Olcina Cantos, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, catedrático de Análisis Geográfico, director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante (núm. expte. 219/001236).

- De D. Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo especializado en cambio climático y riesgos naturales. Revisor del Quinto Informe del IPCC de Naciones Unidas sobre cambio climático. Asesor internacional. Presentador de El Tiempo en Castilla-La Mancha Media (núm. expte. 219/001237).

21 de mayo de 2018

Celebradas las siguientes comparecencias:

- De D.ª Liana Sandra Ardiles López, directora general del Agua, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm. expte 212/001634).

- De D.ª Josefina Maestu Unturbe, directora gerente de GAN-NIK (núm. expte 212/001239).

- De D.ª Julia Martínez Fernández, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (núm. expte. 219/001240).


Página 55




18 de septiembre de 2018

Se acuerda:

1. Nombrar coordinador de la Subcomisión al Presidente de la Comisión de Transición Ecológica, D. José Juan Díaz Trillo.

2. Aprobar el documento resumen de las comparecencias celebradas ante la Subcomisión según la propuesta elaborada por el Letrado D. José Manuel Sala Arquer.

3. Abrir un plazo para que los grupos parlamentarios presenten un borrador de conclusiones hasta el día 1 de octubre.

10 de octubre de 2018

Debate sobre la elaboración del informe de la Subcomisión. Se acuerda:

1. Tomar como borrador del Informe el texto presentado por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y abrir un nuevo plazo para presentar enmiendas a dicho texto, que finaliza el lunes 15 de octubre, a las 20:00 horas, y que deben presentarse en el Registro de la Secretaría de la Dirección de Comisiones.

2. Celebrar la próxima reunión el miércoles 17 de octubre, a las 18:00 horas, para la elaboración del Informe.

17 de octubre de 2018

Aprobación del informe en Subcomisión.

V. COMPARECENCIAS ANTE LA SUBCOMISIÓN.

V.1. Resumen de las comparecencias celebradas.

COMPARECENCIAS DEL 13 DE MARZO DE 2018

D. Teodoro Estrela, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del Júcar.

Centra su comparecencia en el Informe del CEDEX de 2017 sobre los impactos del Cambio Climático en las escorrentías fluviales, en el Plan Nacional de Adaptación al C. Climático elaborado también por el CEDEX y en proyecto Copernicus-clima, de la UE, en el que viene trabajando la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En todos los escenarios de emisiones usados por el panel intergubernamental de cambio climático, se prevén, de forma consistente, incrementos de temperatura en todo el mundo, con diferencias por regiones. En materia de precipitaciones hay más incertidumbre, y las previsiones son diversas, según las regiones del mundo y según el modelo empleado, aunque en el área mediterránea los diversos modelos tienden a ofrecer una expectativa de recesión pluviométrica, especialmente marcada en escenarios pesimistas de emisión de gases de efecto invernadero y en horizontes a largo plazo. Esta tendencia recesiva en las precipitaciones se acentúa en las cuencas y regiones de menor pluviometría, en el área mediterránea. Por otro lado, es consistente la expectativa de incremento de la variabilidad pluviométrica con sequías y crecidas más intensas y frecuentes.

Por último, se concluye una expectativa de recesión de escorrentía fruto, no sólo de la menor precipitación, sino sobre todo del incremento de temperaturas y el consiguiente aumento de evapotranspiración en las masas vegetales, lo que lleva en los últimos estudios del CEDEX a expectativas de recesión de caudal en los ríos entre el 30 y el 40 % en cuencas mediterráneas, confirmando las previsiones que ya en 2005, publicaba el CEDEX en su informe Evaluación preliminar de los impactos en España por efectos del cambio climático. En las conclusiones de aquel informe se preveía una reducciones de escorrentías de hasta el 50 %, en las regiones más áridas del país; con expectativas del 30-40 % en el Segura, cabecera del Guadiana y Ebro.


Página 56




D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona.

Estructura su comparecencia en tres partes: consideraciones generales sobre el cambio climático; singularidades pluviométricas en España; y política de aguas.

A los 5 componentes clave que influyen en el clima -atmósfera, océanos, continentes, biosfera y criosfera (zonas heladas)- añade otra: nosotros, con nuestro sistema socio-económico. En 2009, -dice- un artículo publicado en Ecology and Society, firmado por 31 científicos de primera línea, reseñaba, entre los 9 grandes problemas de la humanidad el del cambio climático, resaltando especialmente el tema del agua dulce que el IPCC subraya con especial énfasis. Hubo cambios climáticos profundos en la historia del planeta, pero la novedad es que en esta ocasión la clave es antrópica.

En lo que llevamos experimentado de aumento de temperaturas en las últimas décadas, de tan sólo 0,8 ºC, dos son los efectos visibles más notables: la reducción drástica del hielo en los polos y el consiguiente aumento del nivel marino de unos 3 mm/año. Respecto a que la causa principal es antrópica no quedan dudas significativas. En 2001, el IPCC usaba el término probable; en 2007, muy probable; en 2015, sumamente probable, que en términos científicos equivale a un nivel de confianza igual o superior al 95 %...

En España, disponemos de series largas y fiables de temperatura que evidencian un incremento medio de 1,7 ºC en 100 años. Respecto a la lluvia, la pluviometría media apenas ha variado, excepto en el sur, donde sí ha disminuido; aunque en las dos últimas décadas emerge una tendencia recesiva.

Respecto al futuro, el IPCC viene ofreciendo previsiones cada vez más consistentes: con temperaturas crecientes, que refuerzan el ciclo del agua; lo que implica un incremento global de precipitaciones, pero con una redistribución en el planeta en la que nos toca una clara tendencia recesiva en el Mediterráneo, mientras en el centro y norte de Europa crecerán las precipitaciones.

En la Península ibérica, este cambio climático opera sobre una diversidad y variabilidad climáticas muy notables, que tenderán a agudizarse. En particular la variabilidad pluviométrica, propia del clima mediterráneo, que se acentuará hace que planificar en base a medias induzca graves errores. La variabilidad pluviométrica y climática no sólo se acentúa sino que el calentamiento global supondrá un desplazamiento en latitud: Londres iría al centro de Francia, París a Toulouse, y Madrid a Melilla, para finales de siglo.

En este contexto, el crecimiento de la superficie regada, un cuarto de millón más de hectáreas entre 2002 y 2014, no es razonable. Afortunadamente el proceso de modernización del regadío, con un notable incremento de eficiencia, ha permitido compensar en buena medida ese crecimiento. De cara al futuro, habrá menos agua disponible, por reducción de precipitaciones, que para colmo se producirán más concentradas, en grandes tormentas, y sobre todo mayor evapotranspiración vegetal, por aumento de la temperatura. Por tanto:

- No parece aconsejable aumentar la superficie regada, y más teniendo en cuenta que aumentará la demanda por hectárea, con mayores temperaturas.

- No tiene sentido construir más grandes presas (ya tenemos 56.000 hm3) pues ello supondrá más embalses vacíos o semivacíos en la siguiente sequía.

- Los trasvases entre cuencas serán cada vez menos útiles.

- Centrar esfuerzos en adaptación al cambio climático, sostenibilidad y eficiencia.

- Priorizar el abastecimiento, el drenaje pluvial, la regeneración y la reutilización.

- Planificar desde el principio de precaución asumiendo escenarios pesimistas.

D.ª Yolanda Luna, Jefa del Dpto. de Climatología, Desarrollo y Aplicaciones de la AEMET.

La compareciente aborda, entre otros, los siguientes temas. La AEMET dispone y ofrece no sólo una base larga y fiable de datos climáticos desde 1985, sino los datos sobre los que se basan todos los estudios climáticos en España. El gradiente de pluviometría media es fuerte, desde el orden de 1000 litros/año en Galicia a los 300 en Almería. Pero más allá de las medias damos seguimiento en tiempo real (800 estaciones automatizadas) a la evolución de los periodos de sequía, con índice SPI (Standarized Precipitation Index), aplicado por periodos (mensual, trimestral, anual...) y se publica en la WEB. Actualmente desarrollamos un nuevo índice en colaboración con el Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC que integra evaporación y precipitación.


Página 57




La especificidad del cambio climático en curso es su motor antropogénico, cuestión que ya está avalada por un consenso científico generalizado. A nivel global, en 112 años la temperatura media ha subido 0,89 ºC.

Respecto a la pluviometría en nuestra país, a lo largo del último siglo, con ciclos secos y húmedos, la precipitación media no ha variado apenas; pero si hacemos una análisis estacional si se comprueba que el rigor de los veranos en temperatura y sequía crece.

Respecto al futuro, el IPCC prevé un incremento de la variabilidad climática en el Mediterráneo con olas de calor y sequías más intensas frecuentes y largas.

La AEMET elabora previsiones partiendo de diversos escenarios -muy optimista (irreal y pesimista)- En ambos la precipitación media tiende a disminuir mucho más en el segundo escenario); pero lo más relevante es el crecimiento en frecuencia, intensidad y duración de los periodos secos. Estacionalmente, los veranos serán más secos aún, pero además se reducen las precipitaciones de otoño y primavera. Estos cambios se agudizan en las cuencas mediterráneas, y especialmente en el sureste.

Todo ello conllevará una menor disponibilidad de agua, especialmente en las zonas semiáridas. En el estudio del CEDEX Evaluación de impacto de cambio climático en los recursos hídricos se prevé, no sólo una fuerte reducción de caudales en los ríos, sino cambios en el régimen pluviométrico estacional, pasando de llover en otoño y primavera a concentrarse en torno a febrero, lo que sin duda tendrá impactos en la agricultura.

D. Fidel González Rouco, Catedrático del Dpto. de Astrofísica y CC. de la Atmósfera de la Universidad Complutense, miembro del IPCC.

Las cuestiones más relevantes planteadas por el compareciente se refieren a los siguientes puntos:

- La historia climática del planeta nos ofrece, en las pinturas rupestres, ejemplos de cambios climáticos que reflejan, por ejemplo, un Sahara verde hace unos 8000 o 9000 años. Cambios, por causas naturales, que han generado ciclos glaciares y fuertes variaciones del nivel de los mares y de CO2, perfectamente acopladas en el tiempo. Incluso ejemplos mucho más recientes sobre las poblaciones, en los siglos VIII, IX y X con enormes impactos históricos, tanto sociales, como económicos y poblacionales.

- Pero el cambio climático que nos ocupa, por su génesis, no es uno más, sino que debe estudiarse como diferente. A principios del XIX, Fourier habla del "efecto invernadero"; y a finales del XIX, Arrhenius prevé que, si se duplicara el nivel de CO2 aumentaría la temperatura entre 5 y 6 ºC.

- Sobre la base de un video que reproduce, con diversos colores, la evolución de la temperatura en las diversas zonas del planeta destaca que, desde 1896, se observa cómo se acelera el calentamiento al fundirse los polos y reducirse la radiación reflejada por el blanco de las masas polares.

- Respecto a la pluviometría media en el planeta, las observaciones desde 1950 revelan que llueve más en el Europa central y nórdica, así como en Norteamérica, y menos en el Mediterráneo, constatándose que la tendencia es a llover más donde más llovía y menos donde menos llovía.

- Si completamos las observaciones con la temperatura de los océanos, comprobamos una evolución coherente termodinámica del sistema tierra, que se explica en lo fundamental, de forma muy consistente, por la evolución de la concentración de CO2 derivada de la actividad humana. A finales del XIX la concentración era de 280 ppm; hoy rebasamos los 400, con una evolución perfectamente medida desde 1958.

- De cara al futuro, se calcula la energía que entrará y quedará en el sistema, en función del nivel de emisiones que hagamos. Si todo sigue como hasta ahora, la energía integrada por el sistema será de 8,5 vatios/m2; si modulamos esas emisiones con arreglo a los acuerdos de París (que se están incumpliendo) la energía captada llegará a 2,6 vatios/m2; en tal caso se calcula que el aumento de la temperatura media será de 2 ºC. La evolución prevista en los diversos escenarios no es muy distinta hasta mediados de siglo, pero en la segunda mitad se disparan los impactos, generándose un aumento de la temperatura media en el escenario pesimista de entre 4 y 5 ºC (muy cerca de previsto por Arrhenius a finales del XIX).


Página 58




COMPARECENCIAS DEL 20 DE MARZO DE 2018

D. José Ramón Aragón Cavaller. Ingeniero Agrónomo, experto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Aunque se suele hablar de escasez de recursos hídricos, más propiamente debería decirse que disponemos de cantidades limitadas y renovables suficientes para vertebrar la vida de islas y continentes; y desde luego más que suficientes para satisfacer las necesidades propias de una vida digna para la humanidad. Sin embargo, desde nuestras actuales capacidades tecnológicas y nuestra ambición no solo estamos haciendo escasa el agua dulce, sino todos los recursos naturales. El ciclo hídrico continental (o insular) se vertebra: en las cuencas hidrográficas -ríos, humedales y lagos- en lo que se refiere a las aguas superficiales; y en los acuíferos, en lo que se refiere a aguas subterráneas. La Planificación Hidrológica, tal y como establece la Directiva Marco de Aguas, debe integrar, no sólo aguas superficiales y subterráneas, sino también aguas de transición -deltas, estuarios, acuíferos costeros, humedales- e incluso ecosistemas costeros bajo influencia fluvial (1 milla marina...).

La elaboración y gestión de los Planes de Demarcación, en cuencas intercomunitarias corresponde a las Confederaciones. Esa Planificación es clave para prevenir y gestionar los impactos del cambio climático, aplicando el principio de precaución.

Respecto a las aguas subterráneas, en los 70 se disparó la perforación de pozos, en particular en la Mancha. Pozos cada vez más profundos, al bajar el freático, y bombeos más potentes, que afectaron gravemente al Guadiana y a las Tablas de Daimiel. La Ley de Aguas (de 1879) establecía el dominio público sólo sobre las aguas superficiales, mientras la gestión de aguas subterráneas era de domino privado, como una actividad minera. La nueva Ley de 1985 estableció la unidad del ciclo hidrológico y el dominio público sobre aguas superficiales y subterráneas. Desgraciadamente las disposiciones transitorias dificultaron la asunción efectiva del dominio público sobre las aguas subterráneas, especialmente las alumbradas antes de 1985. La mayoría de ellas permanecieron como aguas privadas y tan sólo algunas se inscribieron en el Registro de Aguas. En todo caso, nunca ha habido suficiente voluntad política para hacer cumplir la Ley, por la impopularidad que supone cerrar pozos ilegales. En España se estiman hay entre medio millón y un millón de pozos ilegales. Sin embargo, mucha gente argumenta que sus pozos no son ilegales, porque disponen de un permiso (minero) de prospección (aunque ese permiso no permite hacer luego las extracciones que se realizan). Aunque dificultades para identificar los pozos ilegales y controlarlos, por falta de medios y de personal, existen medios técnicos efectivos (por control aéreo de zonas verdes en verano) para identificar pozos y regadíos ilegales.

El PEAG (Plan Especial del Alto Guadiana), durante el Gobierno del Sr. Zapatero, ha sido el único proyecto serio con el que se ha intentado afrontar el problema, sobre la base de compensar económicamente la recuperación de derechos para combatir la sobreexplotación. Sin embargo, el PEAG, por un lado, no abordaba el problema de las decenas de miles de pozos ilegales, y por otro lado, acabó reasignando buena parte de esos derechos a regadíos ilegales, bajo criterios poco claros. El estallido de la crisis económica y el cambio de Gobierno, hizo retirar presupuestos y el PEAG se cerró.

D. Fernando López Vera, Catedrático de la Univ. Autónoma de Madrid y Presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua.

Desgraciadamente en España estamos más centrados en la gestión ordinaria y en la gestión de las crisis de sequía, más que en su prevención. Las sequías se consideran accidentes, que nos cogen "a contrapié"... Se suele argumentar que no disponemos de una bola de cristal para adivinar el futuro, cuando en realidad no se trata de eso, sino de gestionar el riesgo, bajo incertidumbre.

Para gestionar riesgos de sequía es muy importante hacer una gestión integrada de recursos superficiales y subterráneos. Madrid, por ejemplo, tiene 15 embalses y 120 pozos. Los acuíferos pueden y deben dar garantía a los abastecimientos, como piezas de regulación estratégicas para las sequías. Aunque la Ley de Aguas de 1985 consagró la unidad del ciclo hidrológico, ha habido muchas dificultades para desarrollar una planificación y gestión integrada.

En la España musulmana las acequias y bancales en las laderas de Sierra Nevada reforzaban, en el deshielo, la recarga de los acuíferos, que a su vez alimentaban luego, en estiaje, fuentes y ríos... Incluso los romanos complementaron su tecnología de presas y canales, con la infiltración para obtener aguas filtradas de mejor calidad (caso del embalse de Proserpina).


Página 59




Las aguas subterráneas tienen características especiales de gran interés. Abarcan extensos territorios, a diferencia de las superficiales confinadas en los cauces. Su lento discurrir ofrece una potente regulación natural de caudales. Por último la percolación de las aguas hasta los acuíferos mejora, en general, la calidad de las aguas.

En España hay identificadas 761 masas de agua subterránea, en las que circulan o se almacenan unos 35.000 hm3 de "recursos" renovables anualmente, de los que se extraen unos 6,290 hm3. De ese total unos 1.300 hm3 son para abastecimiento urbano (30 % de usos urbanos); 4.500 hm3 son para regar; y otros 500 para usos industriales.

De esas 761 masas de aguas subterráneas, 255 están en mal estado cuantitativo, por explotación abusiva; y otras 321 además en mal estado cualitativo, al añadirse graves procesos de contaminación. Un balance muy negativo y preocupante.

Más allá de los llamados "recursos", que son las aguas almacenadas por encima del nivel de descarga de los acuíferos (en fuentes, manantiales humedales...), están las llamadas "reservas", que son las aguas que están por debajo de ese nivel de descarga, que se estiman en unos 48.000 hm3, utilizables en situaciones de emergencia.

En suma, usamos una cantidad importante de aguas subterráneas pero no gestionamos adecuadamente los acuíferos. Para hacerlo sería importante gestionar la recarga de los mismos, bien por recarga superficial o por inyección. Según sean las características del territorio se pueden aplicar hasta 26 sistemas tipificados. Sin embargo las estrategias de recarga se encuentran con problemas legales y normativos, al considerarse esas recargas como "vertidos", cuestión que hay que cambiar urgentemente.

Madrid, aún con muchas dificultades burocráticas, administrativas e incluso legales, basa en buena medida su estrategia de sequía en la recarga por inyección profunda a los acuíferos. De los 120 pozos de que dispone el Canal de Isabel II, 64 son pozos profundos (500-600 metros,) usados de forma "dual": en años normales se inyectan "excedentes" y en años de sequía se bombean.

Por último es fundamental impulsar comunidades de usuarios de aguas subterráneas. El cáncer que sufrimos en la gestión de aguas subterráneas son los pozos ilegales. Por cada uno que se cierra se perforan diez más. Esas Comunidades de Usuarios, que empiezan a crearse, aún con dificultades, deberían empoderarse colaborando con la Administración en el control colectivo de los acuíferos que usan.

D. Javier Sanromán, Hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y Portavoz de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos

Hay identificadas 761 masas de aguas subterráneas, en nomenclatura de la Directiva Marco de Aguas (DMA) (sistemas acuíferos o unidades hidrogeológicas), que reciben una aportación media anual de entre 25.000 y 35.000 hm3. La aportación de estos acuíferos a los ríos representa el 30 % de sus caudales. En cuanto a los usos que hacemos de estos sistemas, mediante pozos, se estima en 6.900 hm3. De ellos 1.400 son para abastecimiento urbano, 5.200 para regadío y 300 para usos industriales no conectados a las redes urbanas.

El conocimiento del estado de nuestras masas de aguas subterráneas es bueno, gracias a la red de 3.200 piezómetros y 2.800 puntos de observación y control de calidad de las aguas. Sin embargo, eso no ha impedido que un 30 % de esas masas sean explotadas de forma abusiva, por lo que un 25 % está en mal estado cuantitativo (sobreexplotadas). Respecto a parámetros de calidad, un 54 % de las masas está afectado por contaminación difusa, sobre todo por nitratos (purines y abonado excesivo), lo que conlleva un 35 % en mal estado cualitativo, haciéndolas inadecuadas para uso urbano.

Hay cuatro tipos de legalización para explotaciones y pozos:

- Sección A : bajo concesión pública.

- Sección B: son pozos pequeños, (7.000 m3/año máximo) sólo para la parcela propia.

- Sección C: pozos anteriores a 1985, con aguas temporalmente privadas, por 50 años, que quedarán luego bajo concesión (no se pueden modificar los pozos).

- Sección D: pozos anteriores a 1985 del Catálogo de Aguas Privadas, por tiempo indefinido, como una explotación minera (no pueden modificarse).

En la Cuenca del Ebro, las principales explotaciones son de sección A, con un total de 6.843; unos 18.000 pequeños pozos corresponden a la sección B; 5.300 están en la sección C; y 1.600 en la D. Pero


Página 60




lo más interesante en el Ebro es que la información sobre todos los pozos es pública y está actualizada en la web de la Confederación, con lo cual cualquiera puede hacer clic sobre cada pozo y tener toda la información del mismo. La transparencia es la mejor estrategia de control.

La envergadura de los acuíferos, número de pozos y nivel de control sobre los mismos varía por cuencas, siendo significativo cuantos hidrogeólogos trabajan en cada caso en la Administración. En el Duero, con 64 masas de agua, 1000 hm3 bombeados y unos 70.000 pozos, hay 2 hidrogeólogos; en el Tajo, con 24 masas, 150 hm3 bombeados y unos 27.000 pozos, 2 hidrogeólogos; en el Guadalquivir, con 60 masas, 1.000 hm3 y unos 60.000, ninguno; en el Segura, con 63 masas, unos 500 hm3 y en torno a 30.000 pozos, 2 hidrogeólogos; en el Guadiana con 20 masas, 990 hm3 y unos 49.000 pozos, ninguno; en el Júcar, con 90 masas, 1.400 hm3 y unos 70.000 pozos, uno; en el Ebro, con 105 masas, 550 hm3 y unos 32.000 pozos 6 hidrogeólogos...

Respecto al Cambio Climático, el último estudio del CEDEX estima reducciones de escorrentía superficial que se correlacionan con una recesión en la alimentación de los acuíferos por infiltración. Se manejan distintos escenarios, pero todos hablan de una reducción de la precipitación (entre el 8 o más del 20 %).

Sintetizando, destacan tres grandes problemas y retos a abordar, a saber:

- Falta de técnicos cualificados gestores en las Confederaciones Hidrográficas.

- Hay que combatir la contaminación difusa, derivada del desarrollo abusivo de la ganadería intensiva y la falta de control por parte de las CC.AA. de los purines y del excesivo abonado de los cultivos.

- Preservar los abastecimientos de aguas subterráneas, en un perímetro de protección o zona de salvaguardia.

Como cuestiones adicionales, señala:

- Algunos ajustes en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público en aguas subterráneas.

- Revertir las situaciones de sobreexplotación de acuíferos, sobre la base de bombear menos de lo que se recarga.

- Aclarar la problemática de la Sección C (aguas temporalmente privadas) y el Catálogo de Aguas Privadas.

- Es importante implicar a los propios usuarios promoviendo Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas que asuman colaborar con la Administración, para controlar y combatir los pozos ilegales y garantizar una explotación sostenible.

COMPARECENCIAS DEL 11 DE ABRIL DE 2018

D. Federico Estrada, Director del CEDEX.

Centró su comparecencia en el contenido del estudio del CEDEX (2017) sobre la escorrentía esperada en la perspectiva vigente de C. Climático, sobre la base de un escenario pesimista de emisión y otro intermedio; con modelos climáticos de seis países distintos; y usando un método indirecto de estimación de escorrentía sobre la base de datos de precipitación y temperatura. Los resultados se pueden resumir así:

- Los distintos modelos ofrecen resultados ajustados en temperaturas, de modo que existe un acuerdo considerable en las proyecciones.

- En pluviometría las previsiones están mucho menos ajustadas y tienen fuertes asimetrías territoriales.

- En escorrentías hay también diversidad de previsiones, dependiendo del modelo, aunque la tendencia recesiva se hace más consistente en el escenario pesimista de emisiones y cuando se consideran plazos largos, llegando (en el escenario más desfavorable) a una expectativa de recesión media del 24 %, que se agrava en las cuencas mediterráneas más sensibles. Se reduce en niveles similares la infiltración a los acuíferos.

- En cuanto a los ciclos de sequía, aunque depende de los modelos, en general se reduce el periodo de retorno, es decir que las sequías se hacen más frecuentes según avanzamos en el presente siglo.


Página 61




En definitiva, todo apunta a que se puede producir una reducción importante de recursos a lo largo de todo este siglo, más severa a medida que se avanza en el tiempo, y especialmente si se confirmara el escenario de emisiones más desfavorable, lo que conllevaría una mayor frecuencia de sequías.

D.ª Montserrat Cortiñas González, Vicesecretaria General de UPA.

Centró su intervención en la situación y expectativas en la agricultura (especialmente el regadío) y la ganadería. Parte de un análisis de la situación caracterizada por un aumento del regadío, una disminución de recursos hídricos y un aumento muy fuerte de costes eléctricos que ponen en riesgo las explotaciones.

Sobre la base del aumento de productividad que aporta el regadío y su capacidad para sostener la población en el medio rural insiste en la necesidad de:

- el regadío, desde 2005 ha crecido un 10 %, mientras el agua de riego utilizada muestra una clara tendencia a la baja. Los regadíos deben seguir creciendo por ser clave para aumentar la productividad, promover el desarrollo rural y por ser un sumidero de CO2;

- promover un nuevo Plan Hidrológico Nacional que redistribuya recursos entre las diversas cuencas mediante trasvases que fortalezcan la cohesión territorial;

- la modernización del regadío, que desde el 2000 se ha extendido a 500.000 ha, nos permitirá ahorrar agua;

- promover la regeneración y la reutilización de caudales para el regadío;

- promover la desalación subvencionada del agua desalada a 0,3 ?/m3;

- eximir al regadío del principio de recuperación de costes;

- reformar el sistema concesional adaptando las concesiones al caudal disponible, reduciendo los plazos etc.;

- se debe acabar con los contratos de cesión que promueven el mercadeo del agua pero promover bancos públicos de agua;

- reforzar la gestión pública y democratizar las Confederaciones;

- promover una auditoría del agua disponible y de los diversos usos, y en particular del regadío;

- incrementar los presupuestos en seguros agrarios;

- apoyar la articulación de una nueva política del agua a través de un Pacto Nacional del Agua.

D.ª Sonia Roig, Presidenta de la Asociación Nacional de Pastos.

Centró su comparecencia en los riesgos para el conjunto del medio rural y los necesarios cambios en los usos del suelo, desde las perspectivas de la mejor adaptación al cambio climático en curso.

En su análisis contrasta los sistemas potentes, es decir aquellos que tienen una alta productividad, aunque requieren elevados niveles de inversión, en zonas en principio más ricas, que han simplificado su sistema vegetal y animal; frente a la mejor adaptación que ofrecen los llamados sistemas eficientes, en zonas más pobres, necesariamente más complejos y adaptados a la escasez de recursos, como el agua en muchos casos,, sistemas que son multifuncionales, basados en espacios biodiversos y con una fuerte integración territorial que fortalece su resiliencia; sirva de ejemplo, al respecto, en estos espacios más pobres pero más resilientes. La ganadería extensiva, desde la diversidad de razas adaptadas a cada territorio, las vías pecuarias, como corredores ecológicos de biodiversidad...

En suma, la adaptación al endurecimiento de condiciones ambientales que genera el cambio climático (especialmente en lo que se refiere al agua), es más fácil en sistema eficientes -diversos, complejos, adaptados y resilientes-; mientras que los sistemas potentes, más productivos en términos económicos de mercado son más frágiles frente al cambio climático. En España contamos con un patrimonio heredado de ecosistemas terrestres, que ya están adaptados a las dificultades del cambio climático.

Desgraciadamente, en la medida que es necesario compaginar la sostenibilidad ambiental con la social y económica, los procesos de despoblación por falta de recursos económicos debilita el futuro de esos sistemas eficientes. Los mayores riesgos, en zonas más pobres económicamente, emergen cuando se combina el cambio climático con la despoblación y los crecientes riesgos de incendio.


Página 62




En lo que se debería caracterizar como un contexto socio-ambiental de cambio global, más allá del cambio climático, es necesario desarrollar estrategias de gestión territorial de integración social, ganadera, agraria, forestal y ambiental, conserven los ecosistemas en su complejidad:

- Con formaciones vegetales diversas, de adecuada espesura o estructuras en mosaico (combinando masas forestales con cultivos aclimatados como la vid), protección de la biodiversidad y de especies ganaderas, adaptadas al territorio, promoviendo sistemas eficientes extensivos, con fuerte resiliencia.

- Trabajar de forma integrada agua y carbono, en lo que se conoce como "agua verde", a través de la importancia de los suelos fértiles y masas vegetales -en niveles de humedad, precipitaciones, intercepción y percolación de la lluvia- a través de servicios ambientales.

- Valorar esos servicios ambientales, promoviendo pagos en favor de la población rural que sustenta estas economías eficientes, aunque pobres.

- Desarrollo de nuevas estrategias territorializadas de economía circular.

- Favorecer la ganadería extensiva integrada en el territorio, cuyas emisiones de efecto invernadero son muy inferiores a los de la ganadería intensiva, ampliamente compensadas por los ciclos de fertilización y fijación de carbono.

Pero para ello es fundamental garantizar la rentabilidad de estos sistemas de producción extensiva integrada, en beneficio de la población en el territorio, basados en la producción de alimentos de calidad, el bienestar animal, los servicios ambientales, la biodiversidad (Red Natura 2000) y los servicios en el medio rural.

D. Joan Corominas, Ing. Agrónomo y ex-Director de la Agencia Andaluza del Agua.

La política de aguas sigue priorizando las demandas, bajo la presión de los grandes usuarios (el regadío es la parte quizá más importante sin olvidar la construcción y los aprovechamientos hidroeléctricos), incumpliendo la Directiva Marco de Aguas que centra el reto de las políticas públicas de aguas en recuperar el buen estado de nuestros ecosistemas. Bajo esa presión de intereses productivos, la asignación de recursos (derechos concesionales) desborda en muchas cuencas la disponibilidad real de caudales; cuestión a la que hay que añadir los usos ilegales. En el Guadalquivir, el 41 % de los años, es decir en años relativamente secos, dejamos llegar al mar tan sólo el 3 % del régimen natural. Ese 3 % es lo que los planes hidrológicos han determinado como caudal ecológico; a juicio del compareciente es muy poco para mantener la vida de los ecosistemas.

El regadío es, sin duda, de un enorme valor, ocupando el 34 % de la superficie cultivada y generando el 75 % de la renta y del empleo. Pero hay muchos tipos de regadío y su valoración debe ser diferenciada. Por otro lado, lo hemos mitificado y subvencionado de forma indiscriminada, llevando su desarrollo más allá de los límites de la sostenibilidad. En Andalucía, el crecimiento ha sido descontrolado, más allá de la planificación (Plan Nacional de Regadíos, Planes Hidrológicos, Plan de Regadíos de Andalucía), lo que nos lleva hoy a un 15 % más de superficie de la que puede atenderse con dotaciones adecuadas. Pero lo más grave es que, desde la previsión de cambio climático vigente para 2027, con un aumento de temperaturas de 0,8 ºC, una recesión pluviométrica del 0,9 %, una reducción de escorrentía del 10 % y un aumento de necesidad de agua de los cultivos del 10 %, la superficie atendible se reducirá en un 13 %; y en un 26 % en el escenario del 2050.

Entre 1998 y 2008 la superficie regada creció en Andalucía en 260.000 ha, con regadíos, en muchos casos ilegales, con aguas subterráneas, y en otros con aguas superficiales muy subvencionadas, incumpliendo el principio de recuperación de costes. Con ello se han puesto en riesgo las explotaciones que existían, sobre todo en ciclos de sequía. De hecho, los regadíos, que bajo la planificación hidrológica deberían estar a salvo de quiebras productivas en las sequías meteorológicas, las sufren cada vez más. En este contexto, se atribuye a las sequías lo que es fruto de la mala gestión; y se habla de "déficits" cuando lo que tenemos es sobreexplotación de los recursos disponibles. Hay que ajustar las demandas a niveles sostenibles, incorporando las previsiones derivadas del cambio climático, tal y como plantea la Directiva Marco cuando exige priorizar estrategias de "gestión de la demanda". No cree que el Pacto Nacional por el Agua, que pretende consensos ligados a valores tradicionales, vaya a tener mucho fruto.


Página 63




En conclusión:

- Debe reducirse la superficie regada y/o reconvertirla en parte a riego deficitario o secano, con riegos de socorro en sequía, evitando impactos socioeconómicos y territoriales mediante un nuevo enfoque de la PAC.

- Cambiar el patrón de cultivos en riego, de las herbáceas continentales a cultivos mediterráneos, con menor demanda de agua y mayor rentabilidad.

- Reducir la presión sobre ríos y acuíferos, entre un 15 y un 25 %, coordinando mejor las políticas ambientales, de aguas y agrarias (PAC), a fin de garantizar su buen estado y sostenibilidad.

- Pasar de las tradicionales estrategias "de oferta", bajo masiva subvención pública, a nuevos enfoques de "gestión de la demanda", aplicando el principio de "recuperación de costes" y de "quien contamina paga".

- Incorporar el desarrollo de fuentes no convencionales (regeneración, desalación...) con energías renovables.

- Fortalecer el sistema concesional y revertir el proceso de mercantilización y privatización de la gestión y del recurso en sí.

- Recuperar el control efectivo de la extracción de recursos, especialmente subterráneos, acabando con ese 15 o 20 % de riegos ilegales que existen.

- Desarrollar políticas de adaptación y prevención de los riesgos de sequía e inundación que el cambio climático agudiza.

- Promover políticas de comunicación y educación, en materia de aguas, frente al cambio climático, fomentando una gestión pública transparente y participativa.

- Establecer hojas de ruta hacia la sostenibilidad en las demarcaciones que sufren o se benefician de trasvases, y en los territorios bajo la expectativa de grandes obras hidráulicas inviables, por razones ambientales, sociales y económicas.

COMPARECENCIAS DEL 18 DE ABRIL DE 2018

D. Ángel González Quintanilla, Pte. Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna.

Desde la experiencia de la Cuenca del Duero y más en concreto de la zona regable del embalse de los Barrios de Luna, sobre el río Órbigo, con 53.000 ha de regadío, el compareciente expone los resultados obtenidos, que plantea como propuestas en materia de gobernanza del agua:

- Construir más infraestructuras de regulación, que podrían ser balsas laterales, como las que promovemos en nuestro sistema, con 33 hm3 de capacidad, como reservas para ciclos de sequía y para laminar las avenidas.

- Tras haber modernizado un 33 % de la superficie, se debe seguir el esfuerzo de modernización con acuerdos tripartitos -comunidades de regantes, SEIASA y Junta de Castilla y León-, lo que permite ahorrar agua y abonos, evitando contaminación por nitratos.

- La gobernanza la basamos en tarifas binómicas, en la parte modernizada, y controlando el consumo, una vez definido el consumo máximo necesario para cada tipo de cultivo, en la zona no modernizada.

- En las sueltas del embalse se alimentan los caudales ecológicos, como restricciones al uso productivo, el pago de los costes de almacenamiento de esos caudales regulados recae en un 70 u 80 % sobre los regantes. Lo que solicitan es que se agilicen los trámites de las declaraciones de impacto ambiental, para poder hacer las obras necesarias previstas en los planes hidrológicos de cuenca.

- Respecto a los riesgos de crecidas, es preciso construir más presas que laminen esas crecidas y dragar los cauces con limpiezas para evitar desbordamientos, que se producen cada vez con más facilidad.

- Las pequeñas comunidades de regantes tradicionales deben eliminarse y crear grandes comunidades de usuarios que permitan desarrollar una gestión moderna y compleja que sea más eficiente

D. Herminio Molina, Presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

La Junta nace en 1994, tras la crisis provocada por la sequía de principios de los 90, que puso en evidencia la insostenibilidad de la sobreexplotación de los acuíferos que llevó a 80.000 ha de riego (maíz), con pozos en muchos casos ilegales. El territorio, con 113 municipios, está drenado por el Júcar y el


Página 64




Cabriel y afecta a 7 masas de agua. Se constituye como Comunidad de Usuarios para la vigilancia, la evaluación y asignación de caudales en colaboración con la Confederación Hidrográfica. Son 10.000 regantes en 57 comunidades de riego; 58 abastecimientos urbanos Los recursos principales vienen del Acuífero Mancha Oriental, con más de 4.000 pozos, del que depende el Júcar; también tomas del río y aguas residuales reutilizadas. La herramienta de control del acuífero en tiempo real o a mes vista, para identificar y reconducir situaciones irregulares, es la teledetección, aceptada por el usuario, por la administración y por los tribunales. Es eficaz y permite inventariar las unidades de gestión, haciendo la "foto de familia" de cada regante.

Las explotaciones se distinguen entre: anteriores a 1986 (aguas privadas legales) con asignación de 6.000 m3/ha; pozos entre 1986-97 con 4.000 m3/ha regularizados; a partir de 1997, con la firma de un acuerdo de "PUNTO FINAL", no se dan nuevas concesiones de riego, con lo cual cualquier parcela que tenga un pozo en esta condiciones tendrá una dotación de 0 m3/ha. Sin embargo, apoyándose de forma abusiva en el artículo 54.2 de la Ley de Aguas, que permite aprovechar aguas subterráneas en pozos de los que no se extraigan más de 7.000 m3/año, vienen proliferando nuevos pozos para riego de leñoso (almendro, vid, etc.), con bombeos de muy difícil control, que desbordan las previsiones hechas y la sostenibilidad.

Cuestiones clave:

1. Acuerdo de "punto final", con acuerdo social y respaldo político en Castilla-La Mancha, para no permitir incremento de la superficie regable a partir de 1997.

2. Transparencia y confianza Usuarios/Confederación sobre la base de datos comunes, gracias al sistema de teledetección y a una comunicación sistemática entre la Confederación Hidrográfica y la Junta Central de Regantes.

3. Plan de Explotación Individual, con asignación teórica por cultivo o por contador (con declaración de cultivos para testar el posible trucaje de contadores), y asignación anual desde la Confederación en función del estado del acuífero.

4. Sistema de control y sanciones, con un sistema doble: jurado de riego + Confederación; lo pequeño lo sanciona el jurado (se devuelve el agua al año siguiente); para reincidentes y casos graves, actúa confederación con multas importantes; lo que ha llevado a una tendencia fuerte de incumplimientos a la baja.

El compareciente subraya la necesidad de revisar el artículo 54.2 ya que permite -a pesar del "acuerdo de punto final"- el aprovechamiento de aguas subterráneas en el interior de un predio, siempre que no sobrepase los 7.000 m3. Esto ha dado lugar a una proliferación de pozos difícil de controlar.

D.ª Marta Rivera, Directora Cátedra Agroecología de la Univ. de Vic-UCC.

La exposición de la compareciente se centra en la ganadería y su relación con el cambio climático y el uso del agua.

No se puede hablar de ganadería en general. Hay que distinguir ganadería extensiva e intensiva, tipo de ganado y especies. Los impactos ambientales, la vulnerabilidad frente al cambio climático y las estrategias de adaptación son muy distintos.

A nivel global la ganadería intensiva se ha disparado, principalmente con pollos y cerdos; mientras la extensiva se mantiene basada en vacuno, oveja y cabra.

La ganadería en su conjunto usa en torno al 30 % de la superficie agraria, principalmente por los cultivos, en regadío, para fabricar piensos, usando en esos riegos el 8 % del agua utilizada. Los prados y pastizales ocupan el 26 %. La emisión de gases de efecto invernadero se estima entre el 9 % y el 25 % del total, siendo especialmente importante la contribución en metano y óxido nitroso (80 %).

Otros impactos: Los antibióticos en el ganado (el 80 % de lo producido) contaminan el agua; también los pesticidas de regadíos para piensos; mientras los fertilizantes emiten oxido nitroso; el enorme impacto de vertido o sobre-aplicación de purines (los nutrientes en heces animales equivale a lo que se consume de fertilizantes sintéticos); por otro lado, degradación de tierras por sobre-pastoreo, compactación, deforestación para pastos con graves impactos directos e indirectos. Pero ello ofrece también un colchón para mejorar esos suelos e integrar carbono con prácticas ganaderas adecuadas.

La ganadería intensiva ofrece balances de emisión muy superiores al extensivo, que además genera servicios ecosistémicos muy importantes. El intensivo demanda del orden de 5 veces más de agua (por el


Página 65




riego para fabricar piensos). El extensivo ofrece por otro lado, balances proteicos positivos, de hasta 16 unidades por unidad usada, mientras el intensivo es deficitario, es decir consume más proteína de la que genera.

La capacidad de adaptación al cambio climático es mayor en la ganadería extensiva que en la intensiva, ya que el productor puede diversificar su modo de producción.

Por último el IPCC baraja medidas vinculadas a reducir la demanda de carne vinculando sostenibilidad frente al cambio climático y mejora de la dieta y de la salud humana...

En conclusión:

- Se debe favorecer la ganadería extensiva frente a la intensiva, con especies autóctonas adaptadas, fortaleciendo el agro-ambiental de la PAC e internalizando costes ambientales, especialmente fuertes en la intensiva que no se pagan.

- Europa debe transitar de la sobre-producción barata al doble objetivo vinculado de sostenibilidad frente al cambio climático y mejora de la salud.

- En esa línea se debe promover la educación alimentaria hacia dietas sanas, con menos carne, como la dieta mediterránea.

- La disminución de producción, vinculada a dietas sanas, se puede compensar económicamente, con producciones de mayor calidad alimentaria desde prácticas extensivas e incluso producción ecológica.

COMPARECENCIAS DEL 25 DE ABRIL DE 2018

D. Luis Babiano, Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.

Comienza su intervención con una exposición sobre la situación hidrológica en que nos vamos a mover: destrucción de ecosistemas, sequías, especies en extinción, aumentos del nivel del mar, posible aumento de enfermedades.

En un mosaico climático muy diverso el Cambio Climático nos fuerza desarrollar políticas de "gestión de la demanda", especialmente en el regadío, que hoy sigue creciendo bajo el incentivo de los negocios agro-exportadores. El gran desarrollo histórico de infraestructuras hidráulicas nos ha llevado a una enorme huella hídrica y a una economía madura que impone una eficiencia de regulación cada vez más baja de cara a nuevos proyectos de regulación. Por otro lado, disponemos de una enorme y rica red Natura 2000 que restringe mucho la viabilidad ambiental de nuevas grandes presas y trasvases. Además, nuestros acuíferos, en zonas sensibles, están sobreexplotados. En este contexto, los principales retos financieros para afrontar los riesgos derivados del cambio climático se centran en pueblos y ciudades de menos de 50.000 habitantes, por los problemas cuantitativos y cualitativos, especialmente en estiaje, con la población de 2.ª residencia, y en ciclos de sequía. Al respecto las diputaciones provinciales pueden y deben ayudar mucho.

En todo caso, en general, hemos mejorado mucho en reducir el agua no contabilizada, aunque se constata que crecen las fugas por desinversión en reposición y conservación de redes. Hoy estamos en una media de 122 l/hab/día de uso doméstico, acercándonos a los 100 l/pers/día que recomienda la ONU.

Ante los riesgos crecientes de sequía y de inundación por cambio climático, eludir el cumplimiento de los acuerdos de París es suicida. No vale entrar en alarma cada vez que llegan estos eventos (sequía-inundación) y olvidarnos cuando pasan... La legislación vigente prevé elaborar planes de sequía en municipios con más de 20.000 habitantes pero eso no se cumple. En el Júcar de 72 municipios y consorcios existentes sólo 15 lo hicieron y la Confederación ni siquiera les respondió en su función de control. Tenemos leyes pero no seguimiento de su cumplimiento.

El modelo público es el mayoritario en el 90 % de las 400 ciudades más grandes del mundo. Pero en nuestro país crecen las presiones privatizadoras, como forma simplemente de alimentar las arcas municipales. Ello está derivando en una reducción de la inversión en el ciclo urbano del agua al desviarse los llamados cánones concesionales a usos que no son del ciclo del agua. Se ha pasado de la financiación municipal desde el ladrillo a intentarlo a través de la privatización de los servicios públicos. Un Ayuntamiento, cuando entra en quiebra, lo que hace es subir las tarifas.

La nueva ley de Contratos del Sector Público y la específica de agua, transportes y energía, ofrecen una oportunidad: hay que exigir que el canon concesional vaya a inversiones en el servicio de aguas; reducir el plazo de los contratos, hasta 40 años; que eviten beneficios impropios de los concesionarios


Página 66




privados. Hay que exigir un canon específico de infraestructura. Y si se suben las tarifas, que se garanticen las inversiones en las redes.

Hay que dotar a las Confederaciones de medios y de cuadros técnicos capacitados para gestionar estas nuevas perspectivas de gestión, que ya no se centran tanto en el fomento de obras hidráulicas.

Hay que modificar y actualizar, por ley, la financiación municipal que requieren, especialmente los de menos de 50.000 habitantes, ante el Cambio Climático, tanto en la renovación de redes como ante el reto del saneamiento y del drenaje urbano.

Hacer cambios legales que permitan desarrollar opciones de regeneración/reutilización de caudales mediante dobles redes, abasteciendo usos como la evacuación de inodoros y otros con aguas regeneradas y reutilizadas, especialmente en línea de costa.

Promover nuevos modelos de gestión pública participativa, desde la transparencia y la participación ciudadana que la gestión pública ofrece, al menos potencialmente, garantizando las inversiones necesarias bajo la lógica del interés general, y no desde la prioridad de generar beneficios para las empresas (que preside lógicamente la gestión privada) ni la compensación del déficit financiero que se impone a los Ayuntamientos.

D. Tomás Sancho, Director General de FYSEG.

Desarrolla su comparecencia en torno a unas reflexiones y unas propuestas sobre políticas del agua en coherencia con los retos del cambio climático. Resalta como cuestiones muy positivas: la seguridad jurídica, las Confederaciones de cuenca; las comunidades de usuarios; y la planificación sobre la base de un gran patrimonio de obras hidráulicas. Como puntos débiles: tener un rango bajo de atención en las políticas gubernamentales; déficits estructurales; falta de financiación para los planes de cuenca; falta de colaboración interterritorial; alta vulnerabilidad ante el cambio climático; y falta de conciencia social.

En este contexto los objetivos deben ser: la seguridad hídrica; garantizar el regadío; promover un ciclo urbano virtuoso; desarrollar el I+D en agua; coordinar las políticas de agua, energía y alimentación; mejorar las cuentas del agua indicadores con indicadores que distingan uso, consumo y retornos; mejorar la cooperación interinstitucional y asociativa; tener cuidado en cuanto a nuevas demandas; promover una gestión adaptativa al cambio climático, promoviendo la transición a cultivos rentables menos consumidores de agua; aumentar la financiación pública desde las sociedades estatales; promover la inversión y la gestión público-privada; aumentar las tarifas; fomentar la participación, especialmente de los grandes usuarios.

En el turno de respuestas, concluye respecto al "ciclo virtuoso del agua urbanas":

- hay que planificar a 20 años, tener financiación estable para una ingeniería del abastecimiento y saneamiento;

- coordinar planificación territorial y urbana, con cuidado a las zonas inundables;

- los seguros no deben cubrir las faltas de imprudencia;

- los pequeños municipios deben tener el apoyo de las CC.AA. en saneamiento;

- sectorizar redes para minimizar fugas y promover la gestión de la demanda;

- debe haber un regulador público, subirse las tarifas urbanas y asegurar que sea más barato depurar que pagar las multas o cánones de vertido;

- debe almacenarse el agua desalada en embalses para amortizar mejor una mayor producción de agua desalada;

- los embalses y acuíferos son la clave para garantizar abastecimiento en verano.

D.ª Imma Mayol, EMAYA gerente de EMAYA.

EMAYA es la empresa pública 100 % municipal, que gestiona el ciclo integral del agua, la limpieza y la gestión de residuos en Palma de Mallorca. En lo que se refiere al servicio de agua y saneamiento expone lo que a su juicio son los principales retos para Mallorca, extensibles al Mediterráneo:

- garantizar la gestión integral del ciclo del agua (en alta, en baja y saneamiento);

- promover una estrategia de autosuficiencia hídrica cerrando el ciclo del agua;

- fomentar la transparencia, la participación y la responsabilidad ciudadana;

- minimizar la huella hídrica y garantizar la sostenibilidad en el medio insular;

- promover estrategias de adaptación al cambio climático.


Página 67




Para ello, considera varios criterios, que ya están aplicando, y que considera generalizables:

1. se promueve la educación en el uso responsable, desde las experiencias de ciclos de sequía y escasez, consolidando los esfuerzos de cambio en esos momentos;

2. promover tarifas progresivas, con apoyo social, que encarecen consumos suntuarios;

3. renovación de la red de contadores que garantiza financiación transparente y detección de averías;

4. financiación sistemática en la renovación de redes ;

5. garantizar una prelación de usos del agua basada no solo en criterios económicos, sino también ambientales;

6. una estrategia de abastecimiento basada en:

- fuentes renovables, con producción variable (dependiendo del año), incluyendo manantiales, embalses y acuíferos;

- estrategias de intercambio con otros usuarios (especialmente agrarios);

- instalaciones de desalación, que demandan un coste anual importante (3 M?);

- estrategia de saneamiento/reutilización vinculada a humedales del entorno (caso del Pla de St. Jordi);

- promover doble red con aguas regeneradas para usos no de boca.

En suma la desalación, usada de forma continua, permite abaratar la amortización de las desaladoras y evitar la sobreexplotación de recursos renovables en años normales o húmedos. Por otro lado, se trata de promover estrategias de drenaje separativo y permeabilización urbana que eviten vertidos directos, en eventos de tormenta, al tiempo aprovechando humedales cercanos (albufera) para completar el saneamiento y disponer de nuevos recursos reutilizados. La compareciente insiste en el proyecto estratégico de aprovechamiento de las aguas freáticas del humedal combinado con las aguas depuradas convenientemente tratadas, que en una gran parte (40 %) ahora se van al mar, como vertidos. Estas aguas se pueden reutilizar por la ciudad, convenientemente tratadas.

COMPARECENCIAS DEL 16 DE MAYO DE 2018

D. Francisco Javier Sánchez, Consejero Técnico Dirección Gral. del Agua.

Basa su comparecencia en explicar la implantación de la Directiva de Inundaciones en España y en explicar las actuaciones que se vienen desarrollando en esta materia.

A pesar de las masivas inversiones de obras hidráulicas de regulación y diques de ribera, se constata que los daños por inundaciones en el mundo no para de crecer. En Europa seguimos esa tendencia y la Agencia Europea de Medioambiente prevé un incremento de los daños que multiplicaría los daños actuales, por efecto del Cambio Climático. Por un lado, se sufren crecidas relámpago sin precedentes, por núcleos convectivos, como los sufridos por Francia y Alemania en 2016 (3.000 M? de daños entre ambos países), o crecidas por deshielo acelerado en primavera.

En España la tendencia es también creciente. El 60 % de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros corresponden a daños por inundación, con una media de 200 millones y 8 o 9 vidas humanas cada año. En la actualidad, 3 millones de personas en nuestro país viven en zonas inundables, considerando un periodo de retorno de 500 años; y si consideramos un periodo de 100 años, 2 millones.

Todos los estudios, tanto a nivel europeo como en España, coinciden en que, aunque la pluviometría media tienda a reducirse en el área mediterránea, los caudales máximos en crecidas crecerán de forma notable.

Varios factores, en algunos casos vinculados al cambio climático, tienden a incrementar la intensidad y frecuencia de las crecidas:

- Los incendios y la desprotección vegetal del territorio incrementa la erosión, dispara la desertización, reduce la percolación y multiplica la escorrentía. Las cuencas, la forma de las cuencas y de los ríos está cambiando.

- La impermeabilización urbana acelera el drenaje a los ríos en tormenta.


Página 68




Desde la coherencia de la Directiva de Inundaciones, traspuesta en 2010, y de la Directiva Marco de Aguas, se viene trabajando en el Ministerio por adaptarnos al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad de nuestra sociedad frente a estos riesgos de inundación, sobre la base de mejorar el estado y la funcionalidad de nuestros ríos, en coherencia con la citada Directiva Marco. Se han aprobado los planes de gestión del riesgo de inundación (sobre la base de la información de los mapas de riesgo y zonas inundables) a través de distintos Reales Decretos. En la gestión del riesgo de inundación se actúa en cuatro fases:

- Prevención, desde un mejor conocimiento de nuestros ecosistemas y de la previsiones y escenarios derivados del cambio climático; promoviendo una adecuada ordenación del territorio en los entornos inundables; promover la información pública; y sobre todo mejorando el estado y funcionalidad de nuestros ríos de los ecosistemas ribereños.

- Protección, diseñando y promoviendo obras de recuperación ambiental para mejorar el río, proyectos estructurales, mejorando la estrategias de drenaje urbano y los efectos barrera de vías de comunicación...

- Preparación, diseñando e implementando estrategias de prealerta, alerta y emergencia, que permitan pautar los correspondientes planes.

- Recuperación, de los daños que, a pesar de todo, se producirán, estableciendo adecuados seguros y evaluando resultados para no repetir errores...

Entre las estrategias en desarrollo, con buenos resultados, sirvan de ejemplo:

- Ampliar el espacio fluvial de expansión de las crecidas, con el fin de ablandarlas, retranqueando o incluso suprimiendo determinadas motas y diques de ribera.

- Control y gestión el dominio público y reordenación territorial de los entornos fluviales bajo riesgo de inundación, limitando los usos del suelo en zonas inundables, como se hizo con la reforma del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 2016.

- Recuperar meandros y bosques de ribera que frenen la energía de las crecidas.

- Crear cauces suplementarios de alivio, en caso de crecida.

- Dotar de compuertas a motas y diques de ribera, para gestionar inundaciones blandas, de expansión de crecidas extraordinarias, y drenar los campos cuando el nivel de río baje, con indemnización preacordada de afecciones.

- Priorizar la defensa de los núcleos urbanos.

- Prevenir la inundación de carreteras, depuradoras, edificaciones o granjas que queden en espacio inundable, con adecuadas elevaciones...

- Combatir la contaminación con nitrógeno y nutrientes de las aguas que facilitan el crecimiento vegetal en los cauces.

Las distintas medidas de los planes de gestión deben ser avaladas por análisis coste /beneficio, tal y como exige la Directiva de Inundaciones. Está a punto de comenzar un estudio de todas las obras de los Planes Hidrológicos de cuenca para incluir un balance de coste-beneficio que tienen. Aclara que aunque la Directiva habla del coste-beneficio, también se tiene en cuenta el coste-eficacia.

D.ª Nuria Hernández Mora, experta en estrategias de adaptación y gobernanza.

España, siendo un país hidráulicamente maduro, con una de las redes de regulación (56.000 hm3) más importante del mundo (por habitante y km2), debe adaptarse a escenarios de Cambio Climático caracterizados por temperaturas crecientes (sobre todo en primavera y verano), menos lluvia (más concentrada en invierno), reducción de escorrentía y recarga de acuíferos y polarización de los extremos (fuertes sequías y crecidas). En suma, escenarios en los que las medias cuentan poco y la prioridad se centra en gestionar sequías, que no serán locales sino regionales, y crecidas más intensas y frecuentes; con una fuerte reducción de caudales medios: Segura 40 %; cabecera del Tajo 48 %; Júcar 27 %; Guadalquivir 23 %; Guadiana 22 %; Duero 19 %...

En este contexto, las políticas de adaptación al cambio climático nos exigen superar las estrategias "de oferta" del siglo XX que, junto a innegables beneficios, han llevado a nuestros ecosistemas al borde del colapso. Según la compareciente, hay que superar el discurso dominante de seguir incrementando las obras hidráulicas para atender la creciente demanda y satisfacer a las cuencas con déficit estructural. Ello


Página 69




supone asumir y desarrollar el objetivo central de la Directiva Marco: recuperar el buen estado de las masas de agua, desde nuevas estrategias de conservación y de gestión de la demanda.

El 42 % de nuestras masas de agua subterránea están en mal estado (sobre todo en las zonas más sensibles), por contaminación y sobreexplotación. Menos del 50 % de las masas de aguas superficiales están en buen estado. Las principales presiones son: sobreasignación de concesiones, contaminación difusa agraria, deficiente depuración urbana e industrial e impactos de infraestructuras hidráulicas.

En esta situación la Comisión Europea nos recomienda reducir estas presiones, tanto cualitativas como cuantitativas, priorizando la recuperación del buen estado de masas superficiales y subterráneas, al tiempo que nos critica la "bicefalia" de la planificación en la que las estrategias "de oferta" siguen ocupando una posición prevalente.

Respecto al Pacto Nacional del Agua, que propone el Gobierno, de sus cuatro apartados, tres recogen en rigor obligaciones legales, definidas por la Directiva Marco de Aguas y su transposición. Tan sólo el segundo apartado, relativo a la satisfacción de déficits hídricos, requeriría un acuerdo político, es decir, un Pacto Nacional del Agua. Sin embargo, los enfoques "de oferta" propuestos, basados en grandes infraestructuras hidráulicas -presas y trasvases- generarían importantes impactos ambientales, dudosamente compatibles con la legislación vigente, al tiempo que, por otro lado, pueden resultar ineficientes e incluso ineficaces, para resolver los problemas derivados del cambio climático, especialmente en lo que se refiere a las sequías. Por un lado, construir nuevos embalses con la fuerte reducción de caudales fluviales prevista, nos llevaría en futuras sequías a más embalses vacíos -si alguien tiene poco dinero, abrir cuentas corrientes no le resuelve el problema-. Respecto a los trasvases, en general no son eficaces para gestionar las sequías que el cambio climático agravará, en la medida que éstas no son locales, sino regionales, y suelen afectar simultáneamente a las cuencas interconectadas o por interconectar. La inactividad del trasvase Tajo-Segura en la pasada sequía, ofrece un buen ejemplo al respecto.

Las estrategias de adaptación que debemos implementar se deben basar en medidas de gestión de recursos hídricos y de adaptación al cambio climático apoyadas en procesos naturales:

1. Reforzar la resiliencia de ríos, acuíferos, humedales y lagos, cumpliendo la legislación vigente; al tiempo que hay que proteger las fuentes (especialmente acuíferos), con especial rigor en las abastecen usos domésticos.

2. Adaptar la demanda a las expectativas de disponibilidad, acabando con el vigente crecimiento del regadío en cuencas sensibles y con el crecimiento planificado de 700.000 nuevas hectáreas; y garantizar la prioridad de los abastecimientos, especialmente en pequeños municipios, diversificando fuentes.

3. Planificar la gestión de riesgos, y no sólo actuar en emergencia. En riesgos de inundación se va por el buen camino, pero no tanto en sequías. Los planes especiales de sequía han supuesto un avance, pero el reto sigue estando en la sobre-asignación y sobreexplotación. A nivel local, de los 213 municipios con más de 20.000 habitantes, que deberían tener planes de emergencia, tan sólo un 18 % dispone de ellos.

4. En cuanto a la gestión económica del agua, siguen prevaleciendo viejas inercias. El régimen de 1.985 está hecho para recuperar las inversiones en nuevas infraestructuras pero no para lograr los objetivos de la Directiva. Se sigue sin pagar por los costes inducidos en aguas subterráneas; se subestiman gravemente cánones y tarifas; no se aplica con rigor el principio de "quien contamina paga"; en sequía se exime el pago de canon y tarifa de forma indiscriminada...

5. El reto es en gran medida sociopolítico y no sólo técnico. Hay mucho por mejorar en transparencia, participación y seguimiento de las políticas públicas, así como en promover una buena información que desmonte mitos que desorientan a la sociedad.

COMPARECENCIAS DEL 17 DE MAYO DE 2018

D. Francisco Javier Cabezas, Dtor. Gral. Fund. Instituto Euro-mediterráneo del Agua y autor del Libro Blanco del Agua.

Ya en el Libro Blanco del Agua, hace 20 años, se plantea el tema del cambio climático. El CEDEX ha ido elaborando trabajos e informes al respecto -2010, 2011, 2013 y 2017-. De los distintos estudios, y aunque las previsiones han evolucionado con el tiempo y se hacen con elevados grados de incertidumbre, puede establecerse que las reducciones de escorrentía de forma notable, especialmente en el periodo


Página 70




estival, y dependiendo de las cuencas. También se puede concluir que en el sur de Europa lloverá menos, al tiempo que se incrementará la variabilidad pluviométrica, agravando las crecidas y fenómenos extremos en general. En todo caso, siguiendo el estudio del CEDEX del 2017, la escorrentía se reducirá de forma importante; al igual que la recarga de acuíferos.

Al producirse precipitaciones más bruscas, aumentará la erosión y por tanto se acelerará la colmatación de los embalses, reduciendo sus capacidades. Por otro lado, al incrementarse los riesgos de crecidas, habrá que dejar mayores reservas de laminación de avenidas. Ambas cuestiones, por tanto, nos deben llevar a prever una reducción de volumen útil para almacenar caudales en los embalses. Por otro lado, la evaporación en los embalses, aumentará con la temperatura de forma notable, especialmente en verano.

Respecto a posibles impactos del cambio climático sobre la calidad de las aguas, la reducción de caudales y el incremento de la erosión y de arrastre de contaminantes en eventos de tormenta, constituyen factores de empeoramiento de la calidad de las aguas. Ahora bien, el compareciente subraya que el cambio climático es un elemento más, que se superpone a otros que tienen una incertidumbre comparable: el mercado (aumento de la demanda), la variabilidad de los cultivos. Hay que considerar conjuntamente todos estos factores para una gestión del agua actual y futura.

En este contexto es necesario desarrollar estrategias de adaptación con medidas normativas y medidas técnicas:

- Mejorar la eficiencia, con buenas prácticas y evitar pérdidas con un adecuado mantenimiento y reparación de infraestructuras.

- Mejorar la resiliencia de los sistemas, desarrollando almacenamientos y conexiones.

- Desarrollo de recursos convencionales y no convencionales.

- Mejorar la gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas.

- Centralizar, validar y homogeneizar datos, información e indicadores que sean accesibles en la red para todo el mundo, con el adecuado seguimiento y actualización.

- Homogeneizar criterios entre los diversos planes de cuenca.

- Dotar y desarrollar un Plan de I+D+I en agua y cambio climático.

- Promover una reforma institucional que promueva la colaboración interterritorial.

- Afrontar una revisión concesional que tenga en cuenta la reducción de caudales.

- En lugar de los contratos de cesión y centros de intercambio (Bancos de Aguas) por cuencas, un Centro de Intercambio único para todo el país.

- Promover la figura de contratos de opciones.

- Pasar a gestionar grandes sistemas integrados, incluidos sistemas integrados a nivel estatal, por encima de las cuencas, en lugar de piezas de regulación o transporte asignados a usuarios concretos, con su canon y tarifa.

- Reforzar la Administración del agua en su creciente complejidad.

- Clarificar los principios y criterios de racionalidad y responsabilidad económica.

D.ª M.ª Soledad Gallego, jurista experta en legislación ambiental europea y C. Climático.

La compareciente centra su exposición en los caudales ecológicos y su adaptación al cambio climático. Dos referencias básicas de la comparecencia: los ecosistemas acuáticos continentales sufren la mayor crisis de biodiversidad (1/3 de las especies están en peligro de extinción y más de 200 se han extinguido, los peces y moluscos de agua dulce y los anfibios, son los grupos de especies más amenazados de Europa); fortalecer la resiliencia de los ecosistemas acuáticos continentales, sobre la base de recuperar su buen estado ecológico, desde la planificación hidrológica, es la base de cualquier estrategia eficaz de adaptación al cambio climático.

La recuperación y conservación del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, exigida por la Directiva Marco del Agua, exige garantizar adecuados caudales ecológicos. Pero hablar de caudales ecológicos no equivale a fijar solo caudales mínimos, sino que se deben garantizar regímenes ambientales que incluyan una variación estacional adecuada al régimen natural del río, caudales generadores, y caudales máximos y tasas de cambio aguas debajo de las presas. La legislación española define adecuadamente estos conceptos, vinculándolos principalmente a la fauna piscícola y la vegetación de ribera, pero también a la función y estructura de los ríos como ecosistemas y no meras corrientes de agua: con sus componentes físicos (agua, sedimentos, cauces...) y biológicos (peces, aves, anfibios, etc.) y con las complejas relaciones ecosistémicas y la conectividad transversal y longitudinal con sus entornos.


Página 71




El desarrollo económico -sin duda beneficioso- ha creado unos impactos y alteraciones en los sistemas fluviales, se han modificado los cursos y el régimen de caudales de los ríos. Actualmente dejamos en los cauces sólo entre el 15 y el 20 % de los caudales. Desde el marco legal vigente se deben fijar los regímenes de caudales ecológicos. No simplemente caudales mínimos, sino como caudales medioambientalmente adecuados, en función de la época de que se trate, porque el ecosistema está adaptado a los distintos caudales en verano y en invierno. Los Planes Hidrológicos contemplan:

- Estudios técnicos para determinar los caudales.

- Concertación, para acoplar los usos a las restricciones del régimen ecológico (dentro de la participación pública del Plan).

- Fijación por la Administración del régimen de caudales ecológicos.

- Implantación y seguimiento adaptativo.

En el 2.º ciclo de la Planificación (2015-2021) los planes hidrológicos han fijado los caudales ecológicos mínimos en las diversas cuencas, salvo en el Tajo, Ebro y Júcar, donde sólo se han fijado en el 5 %, 10 % y 68 % de sus respectivas masas de agua. Sin embargo, aún donde se han fijado dichos regímenes, se han usado los valores más bajos del rango recomendable (entre el 7 % y el 15 %), despreciando el principio de precaución; y se han aplicado los factores que menos variación estacional producen, con lo que se han obtenidos regímenes planos y muy bajos, a fin de favorecer, de facto, en contra de la Directiva Marco, los compromisos y expectativas de usos productivos por encima de garantizar regímenes ecológicos efectivos. El resto de componentes del régimen de caudales ecológicos, incluido el caudal generador, se han fijado en una proporción muy baja en todos los planes, con carácter general.

Este deficiente cumplimiento de la legislación vigente nos hace más vulnerables ante el cambio climático, al degradar la resiliencia de nuestros ecosistemas. Una política fundamental para la adaptación de los ecosistemas y ríos al cambio climático es trabajar con la naturaleza, proteger las fuentes, las fábricas naturales de agua. En la perspectiva de desarrollar estrategias de adaptación será necesario respetar mayores caudales ecológicos y regímenes que simulen mejor la estacionalidad propia de cada río. Seguir priorizando los usos productivos aún a costa del buen estado de las masas de agua, más allá de incumplir la ley, nos debilitará en los eventos extremos por venir. Por ello:

- Será necesario establecer mayores caudales ecológicos en los ríos, que integren también la gestión de flujos sólidos y la sostenibilidad de deltas y litorales.

- Los caudales de riego, como uso que más consume (80 %), son los más factibles de reducirse.

- Los tiempos de concesión deberían reducirse en algunos planes hidrológicos para adaptar los usos de forma flexible al seguimiento de los caudales ecológicos y los impactos e incertidumbre del cambio climático. El plazo legal de 75 años es un plazo máximo, caben concesiones por menos años (15 o 20).

- El concepto de "concertación" de los caudales ecológicos ha sido acotado por el Tribunal Supremo como un método de participación. No es por tanto un resultado necesario y normativamente impuesto, por lo que no merma la capacidad decisoria final de la administración. Por lo que prima la responsabilidad de la Administración de fijar caudales que garanticen los objetivos ambientales por encima de que se produzca o no el deseable acuerdo con los usuarios.

D. Eduardo Rojas, portavoz de la Plataforma Juntos por los Bosques.

El compareciente centra su intervención desde la perspectiva de los bosques y espacios forestales, en su relación con los recursos hídricos y el cambio climático. La influencia de los bosques en la pluviometría, especialmente en el interior de los continentes, es muy importante, por la enorme masa de agua que evapotranspiran. Son decisivos, junto a otras coberturas vegetales, en la preservación del suelo fértil, frente a la erosión, en territorios pendientes. La intercepción de la lluvia (sobre todo precipitaciones fuertes) reduce la escorrentía y facilita la infiltración del agua en el terreno, alimentando los acuíferos y frenando las crecidas. Estas funciones combinadas hacen que se hable de los bosques como "Water Towers" (depósitos de agua). En torno al 75 % de las aguas dulces disponibles proceden de los macizos montañosos forestados.

En cualquier caso estos fenómenos combinados pueden dar resultados diferentes. Por ejemplo, la despoblación de comarcas de montaña y el abandono de los prados está llevando al crecimiento de masas forestales densas que consumen más agua que la pradera, por lo que se producen descensos


Página 72




significativos en los caudales fluviales. Pero el nivel de evapotranspiración depende de la densidad y de la madurez; bosques maduros y menos densos tienen una evapotranspiración muy limitada.

La erosión, como clave de la desertización, es uno de los fenómenos a combatir en las estrategias de adaptación al cambio climático. En la Península, las zonas forestadas, que ocupan un 55 % del país, quedan fuera de riesgo de erosión, ésta se produce básicamente en las zonas agrícolas del centro-sudeste. En España los bosques han crecido desde 1970 en un 61 %: ese aumento de stocks de bosques nos está permitiendo compensar el 20 % de las emisiones de CO2 gratis. Es un proceso común a todo el sur de Europa.

Otra función clave de las masas forestales, en las estrategias de adaptación, es la intercepción e infiltración de las precipitaciones, especialmente cuando son intensas, al reducir la escorrentía y los riesgos de crecida, al tiempo que se recargan los acuíferos y se frena la colmatación de los embalses. Si queremos evitar grandes avenidas en zonas críticas, debemos tener una muy buena masa forestal; pero cuidando la excesiva densidad, para evitar la pérdida inútil de agua.

El riesgo de incendios es otro factor fundamental en este tipo de estrategias. Para reducir ese riesgo es fundamental evitar el minifundio y favorecer la biodiversidad y la complejidad forestal. Hay que evitar masas forestales excesivamente densas y con árboles finos, no biodiversos, que generan una biomasa brutal.

Favorecer una gestión forestal en la que la población se implique, desarrollando actividades económicas vinculadas a la explotación forestal, y combinada con la ganadería extensiva, permite combatir la despoblación rural, como clave de adaptación al cambio climático, especialmente en territorios montañosos.

El compareciente subraya algunas ideas y propuestas:

- Las políticas forestales y la planificación hidrológicas deben integrarse en la complejidad cada territorio, a nivel de cuenca. Hay que tomar medidas legislativas para acabar con el minifundismo forestal.

- Los servicios ecosistémicos vinculados al agua (regulación, infiltración, protección de suelos, freno de la colmatación de embalses, depuración y mejora de la calidad de aguas...) deben proyectarse en fiscalidad verde y pago por servicios.

- La función de frenado de avenidas y de filtro verde de los bosques de ribera debe integrarse en la planificación, clarificando deslindes e incentivando la explotación de choperas en zonas inundables.

- Promover una adecuada gestión forestal mediante un Plan de Actuación Forestal como el propuesto por Juntos por los Bosques al Ministerio, que ha asumido muchos de sus planteamientos.

D. Jorge Olcina, Catedrático Univ. de Alicante y Pte. de la Asoc. de Geógrafos Españoles y Director de Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante.

El compareciente inicia su exposición centrándola en la gestión de los "extremos del agua", es decir, las inundaciones y las sequías.

Frente al Cambio Climático por la emisión de gases de efecto invernadero, hay dos posibles enfoques a la hora de analizar los riesgos: o se culpa a la naturaleza; o bien, conociendo a la naturaleza, se trata de corregir nuestro comportamiento. En eso consisten fundamentalmente las estrategias de adaptación. Las leyes y normas que llegan de Europa, como la Directiva de Inundaciones, priorizan reducir los riesgos, desde una adecuada ordenación territorial. La Ley del Suelo de 2015 califica como suelo rural el que tiene riesgos, sobre la base de una cartografía riesgos.

Por otro lado, frente a las medidas de emergencia, que tratan de dar respuestas urgentes a problemas imputados a la naturaleza (como presas, diques, trasvases), que han tendido a dominar la estrategias de ingeniería "curativa" dominante a lo largo del siglo XX, hoy se imponen nuevos enfoques de tipo preventivo.

- Se prioriza la ordenación racional del territorio, para evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir los problemas.

- Planificación racional del territorio como instrumento preventivo de inundaciones y sequías, activando la Comisión de Coordinación de Políticas Territoriales, que apenas se ha reunido.

- Los embalses que pueden laminar de forma efectiva y eficiente avenidas están ya hechos; lo que hay es que gestionarlos bien.


Página 73




- La Directiva de Inundaciones recomienda recuperar el territorio fluvial, ampliando y gestionando espacios de inundación natural, negociando acuerdos con los propietarios; mientras en espacios urbanos se promueven parques inundables y depósitos pluviales (esto corresponde a los municipios).

- La Planificación hidrológica debe trabajar con datos reales sobre el consumo de agua, no tanto incrementando la oferta, como gestionando bien la demanda. Hay que gestionar la demanda, y dimensionarla a la realidad de los escenarios previsibles., en lugar seguir aplicado estrategias "de oferta. Regenerar y reutilizar se perfila como una nueva fuente significativa.

- En el sureste, pueden aplicarse opciones de oferta como incremento de desalación o trasvases, de forma consensuada.

Cuatro conclusiones básicas:

1. La legislación de aguas en materia de riesgos debe acortar los periodos de retorno para adaptarse a la realidad mediterránea, en la que éstos son mucho más cortos.

2. Todos los municipios de más de 2000 habitantes deben tener planes de gestión de sequía.

3. El seguimiento de la nueva ley del suelo frente a riesgos debe ser estricto.

4. La planificación del agua como recurso normal o como recurso extremo debe hacerse sobre datos reales planificando sobre todo desde la demanda, en particular, mejorando los sistemas de depuración del agua.

Jonathan Gómez Cantero, Climatólogo-Geógrafo especializado en Cambio Climático y riesgos naturales.

Es fundamental partir del conocimiento de los escenarios que se derivan del cambio climático: subida de temperaturas, menos lluvia, reducción de caudales, creciente variabilidad, aumento de la demanda de riego por hectárea (entre el 10 y 15 %), aumento en la evaporación de los embalses que llegará a duplicarse...

Si se quiere promover un Pacto Nacional del Agua es preciso hacerlo sobre bases reales. El Tajo nos ofrece un ejemplo negativo al respecto: El Alto Tajo está exhausto por la sequía y por las detracciones del Trasvase. Actualmente baja más agua del Tajo por el Trasvase que por el propio Tajo; en Toledo el agua está estancada y huele mal... Como es sabido, los municipios de la cabecera del Tajo se ven obligados a abastecerse en verano con camiones cisterna. Pero además, la falta de caudales que bajan del Alto Tajo, junto con la contaminación de las aguas que llegan por el Jarama, generan una situación insostenible. Como consecuencia de ello, por ejemplo, en Cabañas de la Sagra, los agricultores han tenido que dejar de cultivar sus famosos tomates porque aparecían contaminados por las aguas de riego.

La tendencia recesiva de lluvias en el Alto Tajo, desde 1950, se sitúa de hecho en torno al 25 %. Pero lo más grave es que las previsiones derivadas del cambio climático apuntan en la misma dirección, evidenciando la inviabilidad del trasvase Tajo/Segura... No es sólo insostenible social y políticamente; el Trasvase lo cerrará el cambio climático, tarde o temprano; quizás en un plazo de 10 o 15 años.

Más allá de la reducción de la pluviometría media prevista en las diversas cuencas -entre el 30 y el 35 % para el horizonte 2050 en Andalucía; 15 % en el Ebro; 15-20 % en el Tajo...- el cambio climático impone fuertes contrastes pluviométricos, combinando periodos de intensa sequía con fuertes lluvias concentradas en el tiempo.

Respecto a posibles medidas viables, el compareciente propone considerar las tecnologías que incrementan artificialmente las precipitaciones, por ejemplo, lanzando sobre las nubes ioduro de plata.

Concluye señalando que el Pacto Nacional del Agua debe ser promovido de abajo a arriba y con la vista puesta en afrontar los retos ambientales que plantea el cambio climático, preservando y respetando los caudales ecológicos.

COMPARECENCIAS DEL 21 DE MAYO DE 2018

D.ª Liana Ardiles López, Directora Gral. del Agua del MAPAMA.

La evolución histórica de la gestión de aguas en España se puede seguir a través de hitos como: la Ley de Aguas (1985) que pone en el puesto de mando la Planificación; los Planes de Cuenca en 1998; la Directiva Marco de Aguas (2000), que prioriza objetivos ambientales, y la correspondiente Reforma de la Ley de Aguas (2001); el PHN (2001); 1.er Ciclo de la Planificación (2013); 2.º Ciclo de Planificación (2016). Estamos en un ciclo de mejora continua de la planificación, establecido por la Directiva Marco del Agua,


Página 74




que debe integrar los escenarios de cambio climático. En esta mejora continua, para el 3.er ciclo, los documentos preparatorios deben estar en 2018, temas importante en 2019; actualización de Planes en 2020 y aprobación en 2021.

En los Planes se evalúan en 100.000 hm3/año los recursos disponibles en régimen natural; se valora el estado de las 6.000 masas de agua -5.162 superficiales y 761 subterráneas-; 31.000 hm3 de usos y demandas (80 % agrícola), con una previsión de aumento para 2021 del 3,1 %; y por primera vez se concretan caudales ecológicos para el 80 % de las masas de agua. Estos datos se actualizan de forma continuada, a medida que se dispone de nueva información.

En suma, en este 2.º ciclo de planificación se establecen las asignaciones y reservas para cada uno de los usos hídricos y se identifican las presiones e impactos y definen los planes de medidas en esas 6.000 masas, con 4 grandes cuestiones:

- cumplir los objetivos ambientales (el 60 % de las medidas);

- garantizar las demandas;

- prevenir sequías y crecidas;

- gobernanza del agua.

En la segunda parte de su exposición, se refiere a cómo se incorpora el cambio climático en estas actuaciones, y cuál es su previsión de futuro.

El cambio climático se integra en los Planes Hidrológicos en tres planos: recursos disponibles en el futuro, planes especiales de sequía y planes de gestión de riesgos. Sobre los estudios sobre recursos en escenarios de cambio climático -Libro Blanco (2000), estudios del CEDEX y del IPCC en 2010, 2012 y 2013; y el informe del CEDEX de 2017 sobre escorrentías previstas- generamos escenarios regionalizados para 2039. El estudio del IPCC se basa en doce proyecciones sobre seis modelos climáticos, y es el soporte de la planificación que sigue vigente hasta 2021.

En relación con los caudales ecológicos, tras reformar en 2017 el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se han calculado los caudales ecológicos en 3.250 puntos, a los que hay que dar seguimiento y evaluación, con contratos externos por valor de 100 M?; y se han identificado 2.600 km de reservas fluviales, estableciendo observatorios en esos espacios, considerados de referencia. Todo ello con vistas a los planes del tercer ciclo (2022-2027).

Respecto a los vertidos urbanos está cubierto el saneamiento del 90 % de municipios con más de 2.000 hab. equivalentes, priorizándose en la planificación el cumplimiento de la Directiva 271 de saneamiento y depuración y auditando las actuaciones de la Comunidades Autónomas.

En materia de atención a las demandas, la planificación busca:

- favorecer el ahorro y la eficiencia, especialmente con la modernización de regadíos y controlando mejor el consumo;

- reforzar la oferta con infraestructuras, como pilar fundamental: nuevas presas e interconexiones de cuencas, reguladas por el PHN;

- mejorar recursos no convencionales -hoy hay 400 hm3 en desalación, 350 en reutilización- interconectando desaladoras y embalses, mezclando caudales.

En materia de sequías, disponemos de los Planes Especiales de Sequía desde 2007, que se actualizan, diferenciando los conceptos de sequía y escasez estructural. Esta actualización debe estar aprobada en el presente año.

Respecto a riesgos de inundación, los planes de gestión, siguiendo la Directiva de Inundaciones, priorizan medidas de ordenación territorial, evitando construir en espacios inundables, y sometiendo las medidas a análisis coste/beneficio, al tiempo que se han elaborado guías en materia de edificaciones, agricultura e infraestructuras.

Estamos en un buen momento para mirar al futuro con buenas herramientas y soluciones de Estado que deben ser avaladas con un adecuado consenso: infraestructuras de adaptación, actualización de los sistemas de información, y concienciación de la ciudadanía.

D.ª Josefina Maestu, Directora Gral. de GAN-NIK.

La compareciente avanza el objeto de su exposición, dedicada al agua y el cambio climático desde la perspectiva de la gobernanza.


Página 75




Dando por conocidas las consecuencias del cambio climático en materia de aguas, a través de las comparecencias anteriores, lo que plantea es una gobernanza para la gestión del riesgo y para la gestión de la incertidumbre. Debemos anticiparnos, mediante escenarios, asegurar flexibilidad frente a la incertidumbre, reducir el grado de exposición y por tanto la vulnerabilidad de la población, evitando, por ejemplo promover regadíos donde no hay agua o construcciones en zonas de inundación. Lo contrario supondría aumentar la exposición y la vulnerabilidad.

Respecto al tipo de gobernanza a desarrollar, UNESCO recomienda apoyarse en una buena planificación descentralizada:

- que dialogue con lo local, promoviendo la participación de personas y colectivos, más allá de las instituciones; hay que contar con los usuarios y con las organizaciones ciudadanas;

- que reconozca los conflictos (que, inevitablemente se producirán al desubicar actividades, inundar terrenos, o incidir en los regadíos) y promueva procesos de diálogo y mediación social;

- que tenga en cuenta las culturas territoriales;

- que establezca incentivos ciudadanos para reforzar la resiliencia frente a los riesgos, como los de Holanda frente a las crecidas, que incentivan la inundación de jardines y parques (con subvenciones y medidas fiscales);

Hay que pasar, de la tradicional pretensión de evitar los problemas (la escasez, las sequías, las inundaciones), a otro modelo basado en vivir con incertidumbre, con buena información, fuerte participación ciudadana, flexibilidad institucional, descentralización de soluciones y buena coordinación con sistemas de bases de datos e información compartidos, en forma de decisiones a varios niveles.

Respecto a los problemas a afrontar y enfoques a promover:

- Partimos de un régimen concesional que flexible, al ofrecer derechos contingentes (está prevista la revisión de las concesiones) que se adaptan a la disponibilidad; pero hay sobre-asignación de derechos. Hay que dotar a las Confederaciones Hidrográficas de más recursos para hacer un seguimiento y control de ese exceso de recursos concedidos.

- El sistema concesional público es bueno pero debe adaptarse a la multiplicidad de fuentes de oferta.

- Los sistemas cada vez más complejos e interconectados, con abastecimientos mixtos, aumentan la resiliencia, pero exigen una gestión compleja.

- Nuestro modelo de gestión es endeble en el control y seguimiento de las medidas.

- La institucionalidad ecosistémica de cuenca de las Confederaciones debe fortalecerse, diversificando interdisciplinariamente sus plantillas.

- Hay que desarrollar el principio de recuperación de costes para mejorar la eficiencia, incluyendo la fiscalidad ambiental y tarifas volumétricas.

- Reforzar la recuperación de costes en las Confederaciones Hidrográficas, que ingresan tan sólo 391 M?, de los 7.700 M? pagados en servicios de agua; cifra que contrasta con los 400 M? que ingresa la Agencia Catalana del Agua.

- Aunque en sequía hay mayores gastos, se cobra menos al haber una menor facturación y eximirse cánones y tarifas; salvo casos, como el recargo por sequía en Sevilla.

- Se requieren impuestos ambientales, como el canon del agua en el País Vasco, que incentiva con exenciones las buenas prácticas agro-ganaderas no contaminantes.

- Debemos seguir las nuevas estrategias frente crecidas desarrolladas en Navarra.

- Hay que desarrollar la participación ciudadana en las estrategias de adaptación al cambio climático, así como la mediación social en la resolución de los conflictos.

D.ª Julia Martínez, Directora de la FNCA en representación de los movimientos sociales firmante del Acuerdo Social del Agua.

Los impactos del cambio climático, en materia de aguas, y los escenarios a prever en toda la Península cuentan con amplio consenso científico-técnico, y sin duda esta subcomisión ha recibido elementos sobrados al respecto.

Ante las perspectivas que impone el cambio climático y los contenidos del llamado Pacto Nacional del Agua, que promueve el Gobierno, las organizaciones sociales abrieron un proceso colaborativo que arrancó con un llamamiento de 100 firmantes, para presentar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en este Congreso, el Acuerdo Social del Agua, que hoy suscriben 77 organizaciones sociales, movimientos y


Página 76




sindicatos. Es un documento que se titula "Ante el Cambio Climático, acuerdo social por el agua en defensa de nuestros ríos y por el agua pública".

El crecimiento insostenible de demandas está en la base de la crisis de insostenibilidad que hoy nos hace tan vulnerables frente el cambio climático. Pero además, las estrategias "de oferta" que el llamado Pacto Nacional del Agua, lejos de resolver los llamados déficits, auspicia expectativas que disparan nuevas demandas y acrecientan esos déficits, como ocurrió con el trasvase Tajo-Segura, que duplicó los déficits en la Cuenca del Segura.

Aunque los vertidos urbanos se van controlando, la creciente contaminación difusa y el desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas, con acuíferos sobreexplotados y cientos de miles de pozos ilegales en zonas sensibles, disparan nuestra vulnerabilidad.

Por otro lado, la presión privatizadora sobre la gestión del agua urbana e incluso del regadío, junto a la mercantilización de derechos concesionales, degradan la lógica del interés general y fragilizan los derechos de pequeños y medianos regantes, ganaderos y de la ciudadanía en general.

El Acuerdo Social del Agua incluye un breve diagnóstico sobre el momento decisivo en que nos encontramos respecto al cambio climático. Y cinco ejes:

Eje 1: Hay que detener construcción de nuevos embalses y trasvases y revisar los existentes para reorientar la estrategia de cara al futuro. Tenemos la red de presas (1.200) más poderosa del mundo por habitante y kilómetro cuadrado, lo que hace de España un país hidráulicamente maduro, en el que no tiene sentido seguir creciendo, pues las nuevas infraestructuras, cada vez más ineficientes, generan más costes que beneficios, además de impactos ambientales y sociales inaceptables.

Eje 2: Hay que detener el crecimiento de las demandas y redimensionarlas, tanto en el regadío como en usos urbano-industriales, adecuándolas, mediante nuevas estrategias de gestión de la demanda, a los menores caudales disponibles previstos en los escenarios de cambio climático. En la medida que la agricultura supone entre el 75 y el 80 % del total de demandas, esa estrategia de gestión de la demanda exige, no sólo modernizar el regadío, sino redimensionar la superficie regada. En todo caso, el reto debe asumirse en todos los sectores, desarrollando la economía circular en los usos no consuntivos.

Eje 3: Detener el deterioro y la apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos. La mitad de las masas de agua están en mal estado, incumpliendo la Directiva Marco del Agua. En las políticas de adaptación al cambio climático es esencial recuperar los acuíferos como reservas estratégicas para gestionar los ciclos de sequía, lo que exige acabar con los cientos de miles de pozos ilegales, además de revisar concesiones, para resolver los problemas de sobre-asignación, y controlar la contaminación difusa.

Eje 4: Incorporar en nuestra legislación el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, en línea con lo aprobado por NN.UU. Desde esta coherencia, se deben detener y revertir los procesos de privatización, tanto en los servicios urbanos como en el regadío, para apostar por una gestión pública transparente y participativa; además de atajar la mercantilización del agua, por desregulación de los contratos de cesión, en favor de quienes tienen más capacidad de pago. Acabar con los cánones concesionales y derogar la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Eje 5: Acabar con la corrupción, en torno al agua, bajo el incentivo de la lógica del lucro que abonan las políticas de privatización de servicios y de mercantilización del agua, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana; y promover una reforma institucional que acabe, en los Consejos de Cuenca y en el Consejo Nacional del Agua, con la presencia mayoritaria de representantes de la Administración y de los beneficiarios privilegiados (regantes e hidroeléctricas), marginando y minimizando a los demás sectores sociales.

V.2. Documentación aportada por los comparecientes.

Sesión del día 13 de marzo de 2018

- De D. Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (núm. expte. 219/001084):

? Impacts of climate change on water resources in Spain. T. Estrela, M.A. Pérez-Martín y E. Vargas. Hydrological Sciences Journal. 2012.


Página 77




? El cambio climático: imparctos sobre el agua y medidas. Teodoro Estrela. Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Presentación powerpoint.

- De D. Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física, Universidad de Barcelona; Académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; primer Presidente de la Asociación Española de Climatología; Presidente del Comité Español del World Climate Research Programme 2010-2015 (núm. expte. 219/001085):

? Agua y cambio climático en España. Javier Martín Vide. Presentación powerpoint.

- De D.ª Yolanda Luna, Jefa del Departamento de Climatología y Desarrollo. AEMET (núm. expte. 219/001086):

? Presentación powerpoint.

- De D. Fidel González Rouco, miembro IPCC (núm. expte. 219/001087).

Sesión del día 20 de marzo de 2018

- De D. José Ramón Aragón Cavaller, Ingeniero Agrónomo y experto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (núm. expte. 219/001104).

? Presentación powerpoint.

- De D. Fernando López Vera, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua. (núm. expte. 219/001105).

- De D. Javier Sanromán, Hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Portavoz de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (núm. expte. 219/001106).

? Presentación powerpoint.

11 de abril de 2018

- De D. Federico Estrada Lorenzo, Director del Centro de Estudios Hidrográficos (núm. expte. 212/001200).

- De D.ª Montserrat Cortiñas González, Vicesecretaria general de UPA (Unión de Pequeños agricultores y ganaderos) (núm. expte. 212/001125).

- De D.ª Sonia Roig Gómez, Presidenta Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (núm. expte. 219/001126).

- De D. Joan Corominas Masip, ex Director Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía (núm. expte. 219/001127).

18 de abril de 2018

- De D. Ángel González Quintanilla, Presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna (núm. expte. 219/001206).

? Presentación PDF.

- De D. Herminio Molina, Presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (núm. expte. 219/001207).

- De D.ª Marta Rivera, Doctora en Veterinaria. Sistemas ganaderos. Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas. División Agricultura y Ganadería. Directora de la Cátedra de Agroecología de la Universidad de Vic (núm. expte. 219/001208).

25 de abril de 2018

- De D. Luis Babiano Amilibia, Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) (núm. expte. 219/001210).


Página 78




- De D. Tomás Ángel Sancho Marco, Director General FYSEG (núm. expte. 219/001211).

? Presentación powerpoint.

- De D.ª Imma Mayol Beltrán, Gerente EMAYA (núm. expte. 219/001212).

? Políticas urbanas en gestión de aguas. Presentación powerpoint.

16 de mayo de 2018

- De D. Francisco Javier Sánchez, consejero técnico en la Dirección General del Agua, Ministerio de Agricultura (núm. expte. 212/001623).

- De D.ª Nuria Hernández Mora, experta en estrategias de adaptación y gobernanza (núm. expte. 219/001238).

? El reto de la adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos hídricos (presentación powerpoint).

17 de mayo de 2018

- De D.ª María Soledad Gallego, jurista experta en legislación ambiental europea y cambio climático (núm. expte. 219/001234).

? Los caudales ecológicos en ríos y la adaptación al cambio climático (presentación powerpoint).

- De D. Eduardo Rojas Briales, portavoz de la plataforma Juntos por los Bosques (núm. expte. 219/001235).

? Bosques, agua y cambio climático (presentación powerpoint).

- De D. Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo especializado en cambio climático y riesgos naturales. Revisor del Quinto Informe del IPCC de Naciones Unidas sobre cambio climático. Asesor internacional. Presentador de El Tiempo en Castilla-La Mancha Media (núm. expte. 219/001237).

? El cambio climático en Europa: percepción e impactos. 1950-2050 (libro en formato digital).

? El cambio climático y el problema hídrico (presentación powerpoint).

21 de mayo de 2018

- De D.ª Liana Sandra Ardiles López, directora general del Agua, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm. expte. 212/001634).

- De D.ª Josefina Maestu Unturbe, directora gerente de GAN-NIK. (núm. expte. 212/001239).

- De D.ª Julia Martínez Fernández, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (núm. expte. 219/001240).

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Tras recoger y debatir las aportaciones de 27 expertos y expertas que han comparecido ante la subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, resumimos en los siguientes puntos las conclusiones que nos permiten perfilar el diagnóstico sobre los escenarios y problemas que se derivan del cambio climático, en materia de aguas.

Sobre la base del diagnóstico, que se resume en los puntos siguientes, la Subcomisión acuerda presentar a la Cámara las correspondientes recomendaciones.

VI.1 Conclusiones.

1. En relación con los escenarios previsibles de cambio climático y sus impactos sobre los recursos de agua en España se constata un generalizado consenso científico en torno a la vigencia del cambio climático en curso, como un fenómeno cuya causalidad, de carácter antrópico, tiene su base en un


Página 79




proceso de calentamiento global generado por la emisión de gases de efecto invernadero. Estos escenarios de cambio climático agravan seriamente problemas que ya existían, aún sin cambio climático, haciendo más necesario y urgente que nunca afrontarlos de forma decidida.

2. La principal referencia sobre las previsiones de pluviometría, escorrentía superficial e infiltración a los acuíferos, la ofrecen los estudios del CEDEX, cuyos resultados se pueden resumir como sigue:

- Todas las simulaciones y previsiones apuntan, de forma consistente, a notables incrementos de la temperatura media, que dependen del nivel de emisiones que se produzca en el futuro.

- Fruto de ese aumento de temperaturas, especialmente en primavera-verano, crecerá fuertemente la evapotranspiración de las masas vegetales, generando una recesión de escorrentías y un aumento en requerimientos de riego por hectárea.

- Respecto a las precipitaciones, aunque los diversos modelos de simulación ofrecen mayor incertidumbre, las expectativas en espacios mediterráneos prevén una importante tendencia recesiva, que se acentúa en horizontes de finales de siglo y en escenarios pesimistas, en los que se incumplen los acuerdos de Paris.

- Los caudales fluviales y los niveles de infiltración en los acuíferos, por aumento de evapotranspiración de las masas vegetales y menor precipitación, nos obligan a asumir escenarios con menos recursos disponibles: en concreto, en sus últimos informes, el CEDEX prevé una reducción de caudales medios, desde 2010 a finales de siglo, si se producen los escenarios de incumplimiento de los acuerdos de París, del orden del 24 %, que puede llegar a situarse entre el 30 y el 40 % en las zonas más sensibles; mientras que la infiltración que alimenta los acuíferos disminuirá en proporciones similares.

- Por otro lado, todos los estudios prevén un aumento de la variabilidad climática y pluviométrica mediterránea, con una alteración importante de los patrones temporales y espaciales de lluvia, lo que supondrá un fuerte incremento de riesgos de sequía, que serán más frecuentes, largas e intensas, y de inundaciones, con crecidas más frecuentes y caudales máximos más fuertes.

Aunque los estudios del CEDEX, desde los diversos modelos usados, ofrecen, tal y como se refleja en los puntos anteriores, diversos niveles de incertidumbre, el principio de precaución, establecido por la legislación europea, exige gestionar los riesgos desde la prudencia, asumiendo escenarios plausibles pesimistas, que en este caso se vinculan al incumplimiento de los acuerdos de París.

3. El incremento de variabilidad pluviométrica y el correspondiente aumento de la torrencialidad aumentarán la erosión y la colmatación de embalses, con la consiguiente reducción de su capacidad, que se verá acentuada al tenerse que reservar mayores capacidades de resguardo para laminar avenidas. Por otro lado, las mayores temperaturas, especialmente en verano, aumentarán notablemente las pérdidas por evaporación en los embalses que hoy están entre el 6 y el 10 % de las capacidades de embalse, según cuencas, valores que podrían duplicarse en pocas décadas. Teniendo en cuenta que el colapso de sedimentos en los embalses, más allá de colmatarlos, corta los flujos sólidos que, de forma natural, compensan la subsidencia (hundimiento) de los deltas y alimentan de arena las playas, se hace necesario gestionar esos flujos sólidos, y más teniendo en cuenta la subida del nivel de los mares que se deriva de la fusión de masas polares.

4. Se han constatado diferentes tipos de impactos del cambio climático sobre el medio rural, y la agricultura de secano y regadío.

- Aunque el cambio climático afecta a toda la sociedad, sus impactos serán especialmente graves sobre territorios y sectores más vulnerables, como los espacios rurales más empobrecidos, en proceso de despoblación, y los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Aunque los sistemas productivos más resilientes y con mejores condiciones para adaptarse al cambio climático suelen ser sistemas complejos, integrados en el territorio, con actividades productivas como pequeña agricultura, ganadería extensiva, silvicultura, gestión forestal, servicios,... suelen corresponder a zonas empobrecidas. Sin embargo, los sistemas más productivos y rentables, que cuentan con más recursos y más inversión, son más simples y vulnerables ante el cambio climático. Todo ello nos marca retos de protección a desarrollar y enseñanzas que son de interés general.

- Respecto a la agricultura, fuertemente vinculada a la vertebración del medio rural, los impactos de las sequías son directos, sobre todo en el secano, que supone el 80 % de la superficie cultivada. Por ello, más allá de su valor socio-económico, el secano tiene una importancia decisiva sobre la gestión del


Página 80




territorio. Prever estrategias de protección para determinados secanos, como riegos de apoyo, puede ser clave en las estrategias de adaptación.

- El regadío genera en torno al 60 % de la producción y del empleo agrario, lo que explica su continuo crecimiento (un 10 % desde 2005). Un crecimiento que, en ocasiones, se ha hecho al margen de la ley, reduciendo la garantía para los usos existentes e incrementando la vulnerabilidad de las zonas más sensibles al cambio climático. Por otro lado, en la medida que el agua de riego depende más de la gestión y menos de la climatología, el regadío queda, hoy por hoy, fuera de la cobertura del actual sistema de seguros de sequía, que cubre al secano. De esta forma, nos encontramos con la paradoja de que el regadío, que por su naturaleza debería ser el sector agrario más seguro en sequía, puede ser el más afectado económicamente en sequía.

- Esta vulnerabilidad del regadío se acrecienta con el cambio climático, por recesión de caudales, incremento de demanda por hectárea y crecientes riesgos de sequía. Sirvan de ejemplo Andalucía y Murcia. En Andalucía, en donde el regadío ha crecido un 15 % más de lo que hoy se puede atender con adecuadas dotaciones, el porcentaje pasará a ser del 28 % en escenarios del 2027 y del 40 % en 2050 (transcripciones 11 de abril). En Murcia, donde el regadío ha crecido un 23 % por encima de los caudales disponibles (en años medios), aun contando con el Trasvase Tajo/Segura, con los escenarios previstos de cambio climático, y aun suponiendo unas dotaciones medias estables, éstas excederán en un 36 % las disponibilidades en 2050.

5. La ganadería que usa, directa o indirectamente, el 30 % de la superficie agraria y el 8 % del agua, principalmente en cultivos para piensos, emite el 25 % de los gases de efecto invernadero; siendo la ganadería intensiva la principal responsable, en términos absolutos y relativos, mientas la extensiva, integrada en el territorio, además de generar menos emisiones, genera importantes servicios ecosistémicos.

6. Uno de los fenómenos más preocupantes, que el cambio climático agrava, es el de la erosión de suelos, que conduce a la desertización. La adecuada gestión de masas forestales -incluidas las coberturas arbustivas y de pradera- especialmente en terrenos inclinados, son clave para conservar los suelos. Por otro lado, la intercepción de la lluvia por la cobertura vegetal, permite aumentar la percolación que alimenta los acuíferos, reduce la escorrentía y modera las crecidas. Además, los bosques alimentan la pluviometría, especialmente en regiones de interior. El 55 % de la superficie del país que está forestada queda, en principio, fuera de las zonas en riesgo de desertización. Sin embargo, el desarrollo de malas prácticas agrarias en terrenos pendientes, el deterioro de bancales y el cultivo y abandono posterior de terrenos salinizados, hacen crecer la superficie en riesgo de erosión y desertización. Por otro lado, los crecientes riesgos de incendio, en sequía y con altas temperaturas, que se agudizan con la despoblación rural y la falta de una adecuada gestión forestal, incrementan los riesgos de desertización.

7. En lo que se refiere a los retos derivados del nivel de exposición al cambio climático y a los factores de vulnerabilidad de nuestro sistema de gestión del agua, es particularmente relevante, tanto en el presente, como sobre todo de cara al futuro, el papel que juegan y pueden jugar las masas de agua subterránea en los ciclos de sequía, tanto en lo que se refiere a la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos como de la sociedad y de las actividades económicas.

- Los acuíferos constituyen los mayores sistemas de regulación y reserva de caudales de que disponemos. Las 761 masas de aguas subterráneas identificadas, regulan unos 30.000 hm3 renovables anuales, con una reserva de unos 48.000 hm3.

- Los acuíferos aportan, como caudal base, el 30 % de los caudales fluviales. Además bombeamos de ellos unos 6.500 hm3: en torno al 20 % para abastecimiento; 74 % para regadío; y 6 % para usos industriales (no conectados a redes urbanas).

- Desgraciadamente el 25 % de las masas de agua subterránea están en mal estado cuantitativo, por sobreexplotación; y el 35 % en mal estado cualitativo, por contaminación difusa, sobre todo por purines, abonado excesivo y agro-tóxicos. Es de notar que los acuíferos se concentran en zonas sensibles a la sequía, incrementando gravemente su vulnerabilidad.

- La sobreexplotación de los acuíferos se debe en gran medida a cientos de miles de pozos ilegales (se estima en torno a 1 millón), vinculados a regadíos igualmente ilegales, así como al uso abusivo del artículo 54.2 de la Ley de Aguas, para pozos de menos de 7.000 m3/año. El hecho de que no haya datos oficiales al respecto es expresión de la falta de voluntad política para acabar con esta realidad, ya que existen medios, por teledetección, para controlar eficazmente las superficies regadas, como argumentan


Página 81




las Comunidades de Usuarios de la Mancha Oriental. Por otro lado, un ejemplo práctico de información transparente a través de la red, sobre ubicación y condiciones de concesión de cada pozo, la ofrece actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro.

8. Respecto al nivel de exposición a impactos del cambio climático que sufre nuestro regadío, debemos hacer las siguientes consideraciones:

- Los diversos planes de cuenca vigentes incorporan previsiones, en total, de más de 711.000 nuevas hectáreas de regadío (horizonte 2033, especialmente el Plan de la Demarcación del Ebro, con 463.860 nuevas hectáreas), más allá de las que se hayan transformado o se puedan crear de forma ilegal. Por otro lado, durante los últimos 15 años se han modernizado en torno a 1,5 millones de hectáreas, quedando por modernizar otras 700.000. Aunque el INE estima que con esos procesos se ahorró un 15 % de agua, al no condicionarse la modernización a una revisión concesional que recupere ese ahorro, éste suele usarse en extender o intensificar el regadío, con lo cual no hay ahorro y se incrementa la vulnerabilidad ante futuras sequías.

- El regadío queda fuera de la cobertura del actual sistema de seguros de sequía, que cubre al secano y que garantizaría las rentas de los agricultores, aunque no las pérdidas de producción y empleo, directo e indirecto. Esta vulnerabilidad se dispara de cara al futuro, con la recesión de caudales, el incremento de demanda por hectárea y los crecientes riesgos de sequía derivados del cambio climático.

- En regadíos de aguas subterráneas, a diferencia de los de aguas superficiales, no hay tradición de gestión colectiva desde comunidades de regantes, sino que predomina una gestión individualista, combinada con una actitud permisiva por parte de las Administraciones, que facilitan la existencia y proliferación de pozos y regadíos ilegales. Sin embargo, empieza a haber ejemplos positivos, como el de la Comunidad de Regantes de la Mancha Oriental, en los que los regantes se implican, con la Administración, en las labores de evaluar, asignar y controlar (incluyendo el sistema de penalizaciones), para asegurar una gestión sostenible de los acuíferos, la recuperación del control sobre las fuentes de agua y el desarrollo de acuerdos para regularizar y ajustar a la baja los niveles de uso que puedan ser necesarios con el cambio climático.

9. Por otro lado, en lo que se refiere a la vulnerabilidad urbana en materia de abastecimiento, saneamiento y drenaje pluvial:

- La prioridad del uso urbano frente a los demás usos, en ciclos de sequía, puede complementarse, especialmente en zonas litorales, con la flexibilidad y eficacia que ofrecen las nuevas tecnologías de desalación, regeneración y reutilización, sin perder de vista la evaluación del balance energético de las diferentes opciones y las limitaciones al uso de tecnologías intensivas en energía, en coherencia con una política de mitigación del cambio climático.

- Los servicios urbanos de agua y saneamiento, junto a los usos industriales (que en muchos casos se abastecen desde ríos y acuíferos, sin pasar por las redes urbanas), generan entre el 20 y el 25 % del total de demandas. Aunque en grandes y medianos municipios se ha mejorado mucho la eficiencia de las redes y el saneamiento de los retornos, hay mucho por hacer en municipios rurales, por falta de medios y de financiación.

- La falta de recursos financieros de los Ayuntamientos, ante la necesidad de fuertes inversiones para mejorar las redes y construir depuradoras, les empuja en muchos casos a procesos de privatización en los que las tarifas, que deberían dedicarse a esas inversiones, acaban destinándose, en buena parte, a otras cuestiones, a través del llamado canon concesional, o al beneficio empresarial, en cantidades a menudo poco transparentes.

- Crecen los problemas en torno al drenaje pluvial, especialmente en grandes ciudades, en las que la impermeabilización urbana y los drenajes unitarios fuerzan vertidos directos cada vez que hay tormentas. Ello nos coloca ante el reto de desarrollar nuevas estrategias de drenaje urbano sostenible (redes separativas y permeabilización del suelo urbano) más que tanques de tormenta.

- En lo que se refiere a la gobernanza de los servicios de agua y saneamiento, sigue pendiente la integración en la legislación española de la declaración del acceso a los servicios básicos de agua potable y al saneamiento como un derecho humano, reconocido como tal por NN.UU, con sus correspondientes implicaciones en lo referente a los modelos de tarifación y de gestión de estos servicios. Dicho reto se une a la necesidad de desarrollar la transparencia, la participación ciudadana, la autosuficiencia y la minimización de la huella hídrica urbana.


Página 82




10. En relación con la gestión de riesgos de inundación, a lo largo de las últimas décadas, y a pesar de la construcción de embalses, diques y motas de ribera, y del dragado de cauces, se constata una vulnerabilidad creciente de poblaciones, bienes y actividades económicas, frente a las crecidas. El estrechamiento del espacio fluvial, con motas y diques, junto con el talado de bosques de ribera e incluso la eliminación de meandros, vienen incrementando la energía cinética y el nivel de las crecidas. Por otro lado, el deficiente control sobre el dominio público hidráulico ha llevado a que, en la actualidad, 3 millones de personas vivan en zonas inundables, considerando un periodo de retorno de 500 años (aunque el cambio climático puede reducir sustancialmente estos periodos). En este contexto, al igual que en otros países avanzados en esta materia, la Directiva de Inundaciones, promueve nuevas estrategias basadas en la reordenación de territorios inundables, la recuperación de riberas y meandros y la ampliación de espacios fluviales para expandir y ablandar las crecidas extraordinarias.

11. España es un país maduro hidráulicamente, gracias a las muchas obras construidas, sobre todo a lo largo del siglo XX, lo que nos coloca como líderes mundiales en presas por habitante y km2; por ello, en la medida que en las ubicaciones más adecuadas ya se construyeron las obras correspondientes, los nuevos proyectos hidráulicos tienden a tener una eficiencia decreciente y costes crecientes.

12. Respecto a los ciclos de sequía, que se prevén cada vez más intensos, largos y frecuentes, se constata un fuerte debate sobre la eficacia y la eficiencia de las tradicionales políticas "de oferta", basadas en la construcción de más presas y trasvases. Quienes defienden seguir desarrollando este tipo de infraestructuras, argumentan la necesidad almacenar más agua, cuando haya crecidas, para laminarlas mejor y disponer de más recursos en sequía; al tiempo que insisten en la necesidad de interconectar las cuencas para llevar agua de las que son "excedentarias" a las que son "deficitarias". Sin embargo, buena parte de las comparecencias consideraron, desde la coherencia de la Directiva Marco de Aguas, y por el agotamiento y limitado potencial de las alternativas convencionales de oferta, que es preciso priorizar las estrategias de "gestión de la demanda" y de "conservación" de los ecosistemas. Así mismo argumentan que los trasvases no son eficaces frente a las sequías, en la medida que éstas no son locales sino regionales, por lo que, al afectar a las cuencas receptoras y cedentes al tiempo, inactivan las transferencias en sequía (como ha ocurrido en la última sequía con el trasvase Tajo/Segura). Por otro lado, dicen, construir más presas, con menos caudales disponibles en el futuro, nos llevará a inversiones ineficientes y a tener más embalses vacíos en la siguiente sequía.

13. Ante la envergadura de los retos a afrontar se hace necesario promover un nuevo modelo de gobernanza basada en la participación pública, la transparencia y el diálogo social, en coherencia con la Convención de Aarhus. Un nuevo modelo de gobernanza más flexible y colaborativa que promueva la coresponsabilidad ciudadana.

VI.2 Recomendaciones.

Aunque el cambio climático comporta fenómenos y consecuencias sometidos a distintos niveles de incertidumbre, dicha incertidumbre no disculpa una acción decidida, que debe basarse, con arreglo a la legislación europea vigente, en el principio de precaución, minimizando la exposición y la vulnerabilidad y aumentando la capacidad de adaptación con el fin de reducir los impactos sobre la población, el medio ambiente y los bienes y actividades económicas en riesgo.

1. Es necesario anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático.

1.1 Entendemos necesario realizar una auditoría sobre el estado y capacidades efectivas de regulación, transporte y distribución de las infraestructuras hidráulicas existentes, así como sobre el estado y capacidades de las infraestructuras naturales que nos ofrecen nuestros ecosistemas -acuíferos, ríos, humedales y lagos-, a fin de poder evaluar esas capacidades en las perspectivas que el cambio climático en curso nos impone. Esta auditoría también debe incluir un análisis de los usos actuales, de la recuperación de costes en los diferentes servicios del agua y de las presiones que ejercen en cantidad y calidad sobre las aguas superficiales y subterráneas; así como de su situación concesional, a fin de identificar sobreasignación de concesiones más allá de la disponibilidad actual o esperada.

1.2 En materia de nuevas obras hidráulicas:

- Las evaluaciones de impacto ambiental deben integrar los escenarios de cambio climático, asumiendo con rigor el principio de precaución.


Página 83




- Las decisiones de priorización de actuaciones se deben tomar de manera trasparente en base al obligado análisis coste/eficacia, que debe incluir posibles soluciones no estructurales que a menudo, siendo eficaces, son las más económicas y conllevan cobeneficios.

- Es preciso condicionar los proyectos al compromiso previo de pago de los beneficiarios, desde una información pública transparente sobre dichos costes y sus impactos sobre las tarifas; y re-incorporar estos aspectos a los informes de viabilidad ex ante exigidos por ley.

- Los análisis económicos deben considerar la reducción de caudales medios y la creciente variabilidad pluviométrica, para determinar el coste del metro cúbico que se espera realmente servir; al tiempo que se deben considerar el valor de la seguridad (o garantía) y los costes ambientales.

- En aplicación del principio de "no deterioro" establecido por la Directiva Marco de Aguas, deberían detenerse aquellas actuaciones que supongan deterioro adicional de los ecosistemas acuáticos, mientras no se justifique, de acuerdo con el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua, el interés económico y social superior, la ausencia de alternativas más sostenibles y que se toman las medidas necesarias para conseguir el buen potencial.

1.3 Es preciso combatir la despoblación del medio rural, desde adecuadas políticas de desarrollo rural, como uno de los ejes centrales de las políticas de adaptación al cambio climático, no sólo por razones de justicia social y ambiental, sino por el interés del conjunto de la sociedad. Al respecto se recomienda:

- Poner en valor productivo los suelos más fértiles de huertas y vegas, defendiéndolos del abandono y de la depredación urbanística, y promoviendo mercados de cercanía que garantizan una alimentación de calidad.

- Reactivar con adecuados presupuestos la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, especialmente en las comarcas rurales más vulnerables, promoviendo un desarrollo basado en la diversificación productiva, una fiscalidad ventajosa, buenos servicios y apoyo efectivo a la mujer y la juventud.

- Poner en valor, con recursos de la PAC, sellos de origen y adecuadas políticas de comercialización, actividades productivas agro-pecuarias y de silvicultura, hoy devaluadas, pero con una alta capacidad de adaptación a los escenarios que perfila el cambio climático, con cultivos de secano y uso de semillas tradicionales, promoviendo la ganadería extensiva, con especies adaptadas y prácticas integradas en el territorio, de forma que se hagan rentables sistemas productivos que son eficientes, resilientes y adaptables al cambio climático.

2. Disminuir la exposición para minimizar los impactos del cambio climático.

2.1 Los Planes de Cuenca no sólo deben frenar las expectativas de nuevos usos y demandas, tanto en el crecimiento incontrolado del regadío como en la especulación urbanística, sino que deben redimensionar las concesiones para evitar las expectativas que genera la sobre-asignación concesional, transitando de las tradicionales estrategias "de oferta", basadas en nuevas grandes obras hidráulicas, a nuevas estrategias de "gestión de las demandas", con adecuadas tarifas incentivadoras de un uso eficiente del agua, reordenación de usos y nuevas estrategias productivas, que permitan hacer una transición ordenada en las próximas décadas, ajustando dichas demandas a la recesión esperada de caudales en el futuro, al tiempo que se respetan los caudales ecológicos y las restricciones de sostenibilidad de los acuíferos.

2.2 Hay que considerar que en rigor, no existen cuencas "excedentarias" o cuencas "deficitarias", sino cuencas que están sometidas a unas presiones antrópicas por encima de sus disponibilidades de recursos. Pero además, las previsiones vigentes del impacto del cambio climático reducen esta disponibilidad, por lo que, más allá de imprudente y controvertido, contar con pretendidos caudales "excedentarios" en otras cuencas, es ineficaz de cara a gestionar los ciclos de sequía, al tiempo que se alienta el crecimiento de demandas, el déficit y la vulnerabilidad en las cuencas receptoras. En lo que respecta a los trasvases en servicio es necesario redimensionar el servicio que podrán ofrecer, desde la expectativa de menores caudales, por cambio climático, reajustar las necesidades y promover las fuentes complementarias que sean viables en las cuencas receptoras.

2.3 Para reducir la exposición de las poblaciones a los riesgos de inundación es necesario coordinar los instrumentos de ordenación del territorio y de urbanismo con los de gestión del dominio público


Página 84




hidráulico, de manera que, de acuerdo con la Directiva de Inundaciones, se reordenen los territorios inundables, no se ocupen las llanuras de inundación por actividades sensibles de carácter permanente ni se autorice la construcción de viviendas en zonas de riesgo.

2.4 En lo referente a la lucha contra la desertización, que acelera el cambio climático, recomendamos:

- Cuidar las coberturas vegetales que evitan la erosión del suelo, promoviendo políticas forestales activas que beneficien a las poblaciones del territorio, incluyendo el pago por los servicios ambientales que generan esos territorios.

- Gestionar las masas forestales con densidades y especies adaptadas al cambio climático, en combinación con la ganadería extensiva y mosaicos productivos, con cultivos como la vid, para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de incendios.

- Evitar prácticas agrarias inadecuadas, como el cultivo de leñosos en terrenos en pendiente, que favorecen la erosión masiva, y proteger como patrimonios productivos los terrenos agrarios aterrazados, evitando su degradación que va seguida de agresivos procesos de erosión.

2.5 En coherencia con la Directiva Marco de Aguas, la Planificación de las diversas Cuencas Hidrográficas debe prever regímenes de caudales ecológicos en las diferentes masas de agua superficiales, incluyendo las desembocaduras, que permitan garantizar la sostenibilidad de deltas, estuarios y ecosistemas costeros, como se viene reclamando en el Delta del Ebro.

3. Disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia en la gestión del agua.

3.1 Es conveniente diseñar estrategias de regulación plurianual en los embalses, siempre que los costes de esa regulación no superen los beneficios que se puedan generar; pero sobre todo es necesario recuperar los acuíferos como reservas estratégicas para gestionar los ciclos de sequía.

3.2 Además, en los territorios insulares y costeros, las tecnologías de desalación, regeneración y reutilización, con energía eólica y solar, posibilitan estrategias flexibles y eficaces para afrontar periodos de sequía, permitiendo incluso abrir perspectivas de autosuficiencia en territorios que han desbordado su disponibilidad sostenible de recursos.

3.3 Se recomienda avanzar en la optimización de la oferta mediante una gestión integrada de recursos disponibles, tanto superficiales, como subterráneos y fuentes no convencionales, gestionando cantidad y calidad con energías renovables, desde la coherencia de la economía circular. Esto reduce la vulnerabilidad e incrementa la resiliencia, favoreciendo una mejor adaptación a los crecientes riesgos de sequía que impone el cambio climático.

3.4 Deben estudiarse los flujos sólidos fluviales, de sedimentos, y su colapso en los embalses, con el fin de promover planes de gestión de sedimentos, en la planificación de cuenca, mitigando ese colapso y asegurando flujos sedimentarios hasta las líneas de costa que permitan ofrecer perspectivas de sostenibilidad a deltas y playas.

3.5 En materia de abastecimiento y drenaje pluvial recomendamos:

- Diversificar y flexibilizar las fuentes de calidad, blindando los abastecimientos urbanos, aún en las previsiones más duras de sequía, aplicando, de manera efectiva, la prioridad del uso urbano y la protección de las áreas de captación que la ley exige, incluyendo el coste de la garantía en las tarifas del agua.

- En zonas particularmente sensibles, estudiar el desarrollo de doble red para generalizar la reutilización de caudales de menor calidad, con aguas regeneradas, en usos que no requieren agua de excelencia, lo que permite ahorrar y garantizar importantes caudales suplementarios, aún en sequía.

- Desarrollar redes separativas, para drenar el agua de lluvia al margen de los retornos domésticos, en nuevas urbanizaciones, y promover planes que extiendan estas redes a medio-largo plazo en toda la ciudad.

- Aprovechar humedales naturales o artificiales en los entornos urbanos para gestionar el drenaje pluvial de grandes tormentas.

- En toda nueva urbanización y en los planes de reforma urbana de medio/largo promover estrategias para permeabilizar la ciudad, con incentivos a la captación de agua de lluvia (para utilizarla o inyectarla al subsuelo), alimentando los acuíferos y reduciendo la escorrentía que colapsa el saneamiento y genera vertidos directos, sin depurar, cuando hay tormentas.

- Promover, en el marco del modelo general de financiación en base a la recuperación de costes, una línea de apoyo financiero, en colaboración con comarcas, Diputaciones Provinciales y Gobiernos


Página 85




Autónomos, dirigida a municipios rurales, ante el reto que supone para ellos la renovación de redes, el saneamiento (con adecuadas tecnologías extensivas) y la elaboración de planes que prevengan riesgos de sequía e inundación.

- Promover una línea de cofinanciación que incentive el seguimiento de las recomendaciones del CEDEX en materia de saneamiento para pequeños núcleos rurales en territorios con población dispersa, como ocurre en buena parte de las comarcas de interior en todo el país, así como en comunidades costeras como Galicia, Asturias o Cantabria, en base a estrategias de saneamiento extensivo, con el pertinente apoyo de Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y/o comarcas.

3.6 Dado que existen múltiples técnicas que permiten incrementar la alimentación de los acuíferos, bien favoreciendo la infiltración natural en zonas adecuadas o mediante pozos que permitan la recarga de los acuíferos con caudales superficiales cuando la escorrentía es abundante, recomendamos estudiar su aplicación, especialmente en acuíferos en mal estado cuantitativo (sobreexplotados).

3.7 La financiación pública de proyectos de modernización, tanto en el regadío como en otros usos, debe estar condicionada a la reducción de las dotaciones, reflejada en las concesiones, de manera que el ahorro generado por esos proyectos pueda ser dedicado a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas, a mejorar su estado y con ello a reducir la vulnerabilidad del regadío y del resto de usos frente a futuras sequías.

3.8 Recomendamos promover y dotar líneas de I+D+i en el amplio espacio de las tecnologías métodos y estrategias de adaptación al cambio climático en materia de planificación y gestión de aguas. Así como Proyectos de investigación aplicada que desarrollen las nuevas tecnologías de recirculación, regeneración y reutilización, desalación y desalobración, con el uso de energía solar y eólica; proyectos que permitan la penetración en el mix eléctrico de energías renovables no gestionables apoyándose en la hidroeléctrica; o estrategias de economía circular basadas en el ciclo hídrico y en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos (incluyendo las relacionadas con la producción y consumo sostenibles).

4. Abordar los fenómenos extremos desde una perspectiva de gestión del riesgo considerando la probabilidad de su ocurrencia, su intensidad y el impacto esperado de los mismos.

4.1 Los Planes Especiales de Sequía suponen un avance importante en la identificación de riesgos, en sus diversas fases, y en la previsión de medidas; sin embargo, como ya se ha explicado, se siguen sin afrontar las claves de la vulnerabilidad que a menudo radican en la sobre-asignación y sobreexplotación de recursos, así como en las expectativas de aumento de consumos. Los Planes de Sequía deben de pasar a integrarse como un núcleo esencial de la planificación hidrológica de las Demarcaciones y no como piezas complementarias de dicha Planificación. En esta línea, es urgente acabar, desde la planificación, con la sobre-asignación de concesiones, y recuperar el control efectivo de las aguas subterráneas. Por otro lado, es urgente dotar al regadío de un sistema de seguros o compensaciones, en el que el Estado complemente el esfuerzo previsor de los propios regantes apoyando a los más vulnerables, en lugar de eximir canon y tarifa de los caudales disponibles, cuando el agua es más escasa.

4.2 En materia de gestión de crecidas, en coherencia con la Directiva de Inundaciones, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación deben priorizar la reordenación del dominio público y de los espacios bajo riesgo de inundación, evitando su urbanización y la construcción de granjas e instalaciones industriales; ampliar los espacios fluviales en crecida, retranqueando o eliminando motas y diques y creando cauces de alivio; instalar compuertas en las motas que permitan, en crecidas extraordinarias, por un lado, expandir inundaciones blandas, previo acuerdo indemnizatorio con los propietarios, y por otro, evacuar el agua de los campos cuando el nivel del río baje (hoy las inundaciones, que se producen por debajo de las motas, por vasos comunicantes, se mantienen durante semanas, al evitar las propias motas el drenaje hacia el río). En la medida que estas nuevas estrategias están demostrando su eficacia, la recomendación no puede ser otra que avanzar de forma decidida en esta dirección, multiplicando al mismo tiempo los esfuerzos de información y de explicación a la sociedad, que sigue bajo las inercias de las antiguas estrategias de infraestructuras y dragados.

5. Avanzar en el desarrollo efectivo de la Directiva Marco de Aguas, desde un modelo de Gobernanza flexible, colaborativa y de adaptación al cambio climático.

5.1 Ante todo es imperativo y urgente aplicar, de manera efectiva, las directivas y la normativa europea relacionada con la contaminación por nitratos, sustancias prioritarias, así como prevenir los


Página 86




contaminantes emergentes; es urgente atender las recomendaciones y críticas de la Comisión Europea sobre nuestra planificación, tanto en lo referente a definir adecuados regímenes de caudal ecológico en todas las masas de agua, como al control de la contaminación difusa y la aplicación de los principios de racionalidad económica, tanto en el fomento de obras como en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

5.2 Se recomienda la reforma de la Ley de Aguas y del reglamento del Dominio Público Hidráulico:

- Que mejore la transposición de la DMA y el desarrollo de sus principios y objetivos, presididos por la recuperación y conservación del buen estado y buen potencial ecológico de las masas de agua.

- Que se integre consecuentemente el principio de precaución en la planificación (asumiendo previsiones pesimistas, dentro del abanico de incertidumbre) a fin de asegurar medidas prudentes que minimicen nuestra vulnerabilidad ante los riesgos de sequías y crecidas que agrava el cambio climático.

- Que permita superar problemas vigentes, como el desgobierno en la gestión de aguas subterráneas, la contaminación difusa, la sobreasignación de recursos o la falta de racionalidad económica en la planificación y gestión de aguas.

- Que asuma el acceso a los servicios básicos de agua potable y de saneamiento como un derecho humano, en coherencia con la declaración al respecto de Naciones Unidas; garantice el desarrollo del principio de participación ciudadana proactiva, establecido por la Convención de Aarhus; y ajuste el tradicional concepto de "interés general del Estado" al de "interés público superior" que define la DMA.

- Que modifique el régimen económico financiero y que se lleven a cabo de manera efectiva los análisis económicos de los planes de cuenca para que se cumplan los principios de racionalidad económica establecidos por la Directiva Marco del Agua teniendo en cuenta la distribución de competencias municipales, autonómicas y estatales en la gestión de los ecosistemas acuáticos y de los diversos servicios de aguas.

- Que fortalezca la aplicación efectiva del régimen concesional, mediante una gestión integrada de las diferentes tipos de recursos hídricos, mejorando la flexibilidad para gestionar la mayor variabilidad e incertidumbre, simplificando procedimientos y reforzando la contingencia de los derechos en función de la disponibilidad de agua a fin de reforzar, en suma, el dominio público desde una gobernanza transparente y participativa.

- Que promueva la revisión de las normas técnicas de seguridad de las infraestructuras hidráulicas, dotándolas de rango normativo preciso, de cara, no sólo a garantizar su adecuado mantenimiento y la eficiencia en sus funciones, sino sobre todo, de cara a garantizar la seguridad, especialmente en grandes presas, teniendo en cuenta los escenarios previsibles de cambio climático.

5.3 Para acabar con el desgobierno en la gestión de aguas subterráneas, con la sobreexplotación de acuíferos y con los pozos y regadíos ilegales, así como controlar la contaminación difusa:

- La reforma de la Ley de Aguas debe garantizar que se declaren como masas de agua en mal estado cuantitativo, sin dilación, los acuíferos que estén sobreexplotados, asumiéndose desde la Administración que sea competente en esas masas de agua la responsabilidad de ordenar extracciones, cargando los costes de esa gestión sostenible sobre los usuarios beneficiarios.

- Igualmente debe cambiarse el artículo 54.2 para impedir los abusos que están posibilitando agravar la sobreexplotación de los acuíferos.

- La ordenación de extracciones en acuíferos de zonas sensibles debe garantizar una explotación sostenible que integre la previsión de que esos acuíferos puedan operar como reserva estratégica en ciclos de sequía.

- Se debe incentivar la creación Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas que se corresponsabilicen en la gestión sostenible de sus acuíferos.

- Recomendamos ampliar perímetros de seguridad y reforzar medidas eficaces en torno a las captaciones para usos domésticos en zonas vulnerables y promover, de forma general, el control de la contaminación difusa, por purines y por uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, aplicando normas que permitan desarrollar el principio de quien contamina paga, para incentivar prácticas agrarias responsables.

- Sobre la base de los principios de precaución y de transparencia, relativos a la calidad de las masas de agua subterráneas, resultan inaceptables los riesgos sobre los acuíferos que se derivan de las técnicas de fractura hidráulica o fracking, ya sea a nivel exploratorio o de explotación.


Página 87




5.4 Ante los retos en la planificación y gestión de aguas que se derivan de aplicar la DMA en perspectivas de cambio climático, es necesario reformar y fortalecer institucionalmente los Organismos de Cuenca, desde la coherencia de una gobernanza pública participativa, colaborativa y transparente del agua y de los ecosistemas acuáticos. Por ello recomendamos:

- Reorganizar y fortalecer, desde una perspectiva estratégica, los Organismos de Cuenca, tanto en su interdisciplinariedad, como en su auto-suficiencia financiera y en su capacidad de mediación y resolución de conflictos, prestando especial atención a reforzar las Comisarías de Aguas, cuyas funciones y responsabilidades crecen, la plantilla de especialistas en derecho y economía, en hidrogeología y muy especialmente el personal de guardería.

- Reforzar la capacidad de las Confederaciones Hidrográficas para aplicar de forma efectiva los artículos 55, 60, 65 y 66 de la Ley de Aguas, asegurando que los recursos concesionados se ajustan a los considerados por la planificación, y rescatando aquellas concesiones que no sean efectivas.

- Mejorar la capacidad de generación de información, análisis, y actuación a escala local, especialmente en su capacidad de anticipación, autogestión y respuesta ante fenómenos extremos, mejorando la coordinación entre Administraciones, e incluso actores no públicos, en el ámbito de las Cuencas Hidrográficas.

- Reforzar y completar de manera urgente la digitalización del registro de aguas en todas las Demarcaciones, garantizando el acceso público a dicho registro a través de internet, para posibilitar un conocimiento completo de los derechos otorgados a cualquier usuario, sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de forma que se pueda coordinar esa información entre todas las cuencas bajo competencia del Estado, como prevé la Ley de Aguas.

- Asegurar la coordinación del Registro de Aguas con el Catastro para que los títulos de concesión de derechos privativos de aguas queden vinculados a la parcela en cuestión, en el Catastro. De esta manera en cualquier transacción mercantil que afecte a la parcela, quedarán claro los derechos de agua que tenga asociados y los gravámenes que se deriven de ellos.

- Activar los centros de intercambio a nivel de cuenca, especialmente en aquellas con mayores índices de explotación y mayor riesgo de sequías prolongadas, garantizando una gestión pública y transparente de los mismos: Se trata en suma de prever con antelación la gestión de dichas sequías, evitando, de manera efectiva, beneficios especulativos a través de los contratos de cesión de derechos concesionales.

- Abordar de forma participativa, a través del dialogo social, una reforma institucional de los Consejos de Cuenca y del Consejo Nacional del Agua, ampliando la participación municipal y social -organizaciones agrarias, vecinales, de consumidores, sindicatos, ecologistas, organizaciones de defensa de los ríos o vinculadas a actividades recreativas y de turismo fluvial, organizaciones empresariales, operadores...-, mejorando su papel para la coordinación de políticas y actuaciones sectoriales y racionalizando la actual representación dominante gubernamental y de grandes usuarios (regantes e hidroeléctricas).

- Incorporar a los órganos de gestión de la CC.HH. (explotación, desembalses,...) a organizaciones ciudadanas, hoy ausentes.

- Establecer un observatorio permanente, de carácter independiente, que, en colaboración con la Administración desarrolle auditorías regulares sobre los recursos disponibles y su situación, así como sobre la planificación y gestión del agua, incluyendo el cumplimiento de los compromisos europeos en la planificación y los establecidos en las condiciones ex ante de los fondos estructurales, de manera que se avance hacia la aplicación efectiva, entre otros, del principio de recuperación de costes en los servicios del agua.

5.5 La asfixia financiera de los Ayuntamientos, que les empuja a menudo a privatizar la prestación de los servicios, debe afrontarse reformando en profundidad la Ley de Bases de Régimen Local y derogando la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Se trata en suma de garantizar la autonomía municipal desde una financiación suficiente y razonable que permita desarrollar una gestión pública, eficaz, transparente y participativa de los servicios de agua y saneamiento para toda la población.

5.6 Desde la perspectiva inminente de la nueva Directiva de Agua Potable, necesitamos una Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento que reconozca el acceso a los servicios básicos de agua potable y de saneamiento como un derecho humano, desde el máximo nivel normativo, con prohibición del corte de suministro de agua por impago a personas o familias en precariedad


Página 88




económica, asegurando un mínimo vital para todo el mundo. Una Ley que fortalezca las capacidades municipales ante los retos que implica la gestión de estos servicios en perspectivas de cambio climático, fortaleciendo la coherencia del "interés general" y asegurando que las tarifas reviertan al 100 % en cubrir costes del servicio y sostener las inversiones precisas en redes y saneamiento. Por ello esta Ley debería:

- Regular el canon concesional, tanto en la exigencia de transparencia, como en su destino obligado a inversiones y obras del servicio de agua y saneamiento.

- Apoyar el marco regulador, incluyendo las comisiones de precios de las Comunidades Autónomas, para asegurar una prestación eficaz y eficiente armonizada de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento urbano en todos los territorios.

- Asegurar concurso público para adjudicar compras y contrataciones y velar para que se cumplan los procedimientos de manera que no se pueda producir la adjudicación directa a empresas asociadas, vinculadas al concesionario.

- Limitar el tiempo de los contratos de concesión de forma que los Ayuntamientos puedan ejercer un control efectivo sobre el servicio y revertir la concesión, sin costes abusivos, para remunicipalizar el servicio.

5.7 Por último, recomendamos tomar en consideración y desarrollar el Acuerdo Social por el Agua, en Defensa de nuestros Ríos y por el Agua Pública, promovido y suscrito, desde una dinámica participativa en todas las Demarcaciones Hidrográficas y Comunidades Autónomas, por más de 70 organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y sindicatos, frente a los retos en materia de aguas que impone el cambio climático en curso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2018.

VOTOS PARTICULARES

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta el siguiente voto particular a las conclusiones y recomendaciones en relación a los trabajos desarrollados por la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de Política de Aguas en coherencia con los retos del cambio climático.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Voto particular núm. 1

El Plan Hidrológico Nacional vigente en España es del año 2001 y sólo ha sido reformado en 2005 para eliminar un trasvase planificado del Ebro a cuencas del Sur. Ahora, el reto del cambio climático hace inaplazable actualizar nuestro PHN para adaptarlo a los escenarios de un horizonte 2030-2050 y esto precisa que todos los partidos políticos sellen un consenso que permita una reforma ambiciosa y duradera.

En 2001 la conciencia del cambio climático estaba en España comenzando a despertarse, es en ese año cuando, mediante el Real Decreto 376/2001, se crea la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente para desarrollar políticas relacionadas con cambio climático.

El protocolo de Kioto sobre el cambio climático, que ya contemplaba el objetivo de reducir las emisiones de los principales gases de efecto invernadero aprobado en 1998 no entraría en vigor hasta 2004 y un año más tarde, en 2005 la UE ponía en marcha el mecanismo de comercio de derechos de emisión de CO2.

El Acuerdo de París de 2015 fijó el objetivo de "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello


Página 89




reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático". Siendo de aplicación a partir del año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto.

En la actualidad un tercio del país se encuentra en déficit hídrico y los expertos coinciden en señalar a España como uno de los países donde habrá más problemas de suministro de agua potable como consecuencia del cambio climático. El estrés hídrico en España podría llegar al 65 % a partir de 2030, casi el doble que en la actualidad. Hasta hoy la demanda de agua se ha satisfecho con una pésima gestión de los recursos, consecuencia directa de lo cual las 761 masas de agua subterráneas en España: 255 (33 %) están sobreexplotadas y 321 (42 %) en mal estado por contaminación.

Hemos llegado a una situación límite porque los sucesivos gobiernos de España han hecho una dejación de funciones alarmante en el tema del Agua. Esto es porque PP y PSOE han preferido no actuar, como era exigible por competencias y por responsabilidad, para no tener que pronunciarse ante intereses autonómicos contrapuestos. Esto ha llevado a que el agua sea una arma arrojadiza entre distintas CC.AA. y que el Gobierno de España haya estado desaparecido del debate.

La necesidad de adaptar nuestro Plan Hidrológico Nacional a los escenarios de cambio climático es de vital urgencia y sólo podrá abordarse con un consenso político y social amplio.

Lamentablemente, el PSOE y Podemos han optado por concluir en falso los trabajo de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de Política de Aguas en coherencia con los retos del cambio climático, planteando un texto en común y rechazando de plano las enmiendas presentadas por el resto de grupos.

Para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos esto es volver a cometer los mismos errores que en el pasado de no buscar el consenso y de usar el agua para buscar réditos políticos a corto plazo en lugar del bien común de manera duradera.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos estamos convencidos de que un informe de conclusiones y recomendaciones de consenso es posible porque hay muchos puntos importantes en los que todos los partidos podemos estar de acuerdo. Sin embargo el texto propuesto por el Grupo Socialista y el de Unidos-Podemos adolece de importantes omisiones, como la de la necesidad de actualizar el Plan Hidrológico Nacional, y también incluye algunos planteamientos perjudiciales, como negar la situación de déficit hídrico de algunas regiones de España, o abandonar la neutralidad tecnológica, que en no favorecen ni a la sociedad y ni al medioambiente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta como voto particular las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES:

Conclusión 1: Urge actuar con determinación y ambición en la adaptación y mitigación del cambio climático.

A nivel global, en 112 años la temperatura media ha subido 0,89 ºC. En España, series fiables de temperatura evidencian un incremento medio de 1,7 ºC en los últimos 100 años.

Aunque ha habido cambios climáticos previamente en la historia del planeta, la novedad del cambio climático en curso es que tiene como motor la acción del hombre. La cuestión que está avalada por un consenso científico generalizado y tiene una importancia práctica crucial ya que las previsiones de los modelos científicos dependen precisamente del grado de éxito que tengamos en reducir las emisiones de efecto invernadero.

Conclusión 2: La política de aguas siguen incumpliendo la Directiva Marco de Aguas que centra el reto de las políticas públicas de aguas en recuperar el buen estado de nuestros ecosistemas.

Si no recuperamos y conservamos la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, no habrá recursos con los que atender a la demanda de agua. Hay que poner la recuperación del buen estado de nuestros ecosistemas en el centro de un Pacto Nacional del Agua.

Nuestro marco normativo precisa una puesta al día. El Plan Hidrológico Nacional de 2001 no está adaptado a los escenarios de cambio climático. La Ley de Aguas de 1985 no hace ninguna mención a la sostenibilidad o al principio de precaución. Los Planes Hidrológicos de Cuenca fijan los regímenes de caudales ecológicos como caudales mínimos, entre el 15 y el 20 %, en la práctica un 3 % en el caso de Guadalquivir. El sistema concesional permite asignar derechos de agua por encima de los caudales


Página 90




disponibles y los plazos de distintas concesiones públicas resultan excesivamente amplios e inadecuados para la necesaria adaptación y mitigación al cambio climático.

Conclusión 3: Más que un descenso de las precipitaciones medias, con el aumento de las temperaturas se prevé que las lluvias se concentren en episodios menos frecuentes y más intensos, de forma que las sequías y las inundaciones, serán más comunes.

Los distintos modelos coinciden respecto al aumento de las temperaturas. En pluviometría las previsiones están menos ajustadas, aunque la tendencia recesiva se hace más consistente en el escenario pesimista de emisiones y cuando se consideran plazos más largos, llegando (en el escenario más desfavorable) a una expectativa de recesión media del 24 %, que se agrava en las cuencas mediterráneas más sensibles. Se reduce en niveles similares la infiltración a los acuíferos.

Por tanto, debemos esperar lluvias menos frecuentes pero más violentas. Aunque la precipitación media puede no variar, los veranos serían más cálidos y las precipitaciones en otoño y primavera se reducirían.

Conclusión 4: Las situaciones de estrés hídrico tienen causas climatológicas y meteorológicas pero también se deben de manera decisiva a la mala gestión, la pobre planificación y la corrupción. Las políticas del Agua son responsables de una implantación incompleta de la legislación nacional y europea. Además, el agua sigue siendo un motivo de conflicto entre partidos políticos y regiones de España.

La dejación de responsabilidades públicas ahora nos cuesta a todos los españoles millones de euros en inversiones fallidas y multas de la UE. Por ejemplo, la Comisión Europea pide más de 50 millones por el incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de aguas residuales de 1991, que todavía se incumple en 17 aglomeraciones urbanas y otros 50 millones de euros por la devolución de ayudas europeas para la construcción de dos desaladoras en Alicante que nunca se han puesto en funcionamiento.

Las incoherentes políticas de agua seguidas por gobiernos de distinto color es responsable de que el rendimiento de las plantas desalinizadoras sea actualmente muy inferior a su potencial (entre el 16-30 %).

Aunque es común escuchar llamamientos a un gran Pacto de Estado por el Agua la mayoría de partidos políticos siguen oponiéndose a él con distintas excusas.

Ciudadanos es el único partido que ha reclamado durante la presente legislatura un nuevo Pacto Nacional del Agua, a través de la siguiente moción:

"Convocar una Mesa Nacional del Agua en la que estén representados los partidos políticos, las administraciones públicas con competencias de gestión de recursos hídricos y los representantes del sector para alcanzar un Pacto Nacional del Agua que se materialice en un nuevo Plan Hidrológico Nacional."

Pues bien, la moción fue rechazada, con la abstención del PSOE y el voto en contra del resto de grupos: PP, Podemos y nacionalistas.

Resultado: votos emitidos, 338; a favor, 31; en contra, 224; abstenciones, 83.

Conclusión 5: Ha faltado voluntad política para gestionar la unidad del ciclo hidrológico, lo que ha tenido nefastas consecuencias como la sobreexplotación y contaminación de acuíferos y la proliferación de pozos y regadíos ilegales.

No ha sido hasta la Ley de Aguas de 1985 que las aguas subterráneas han pasado a dominio público. Las disposiciones transitorias y la falta de voluntad para asumir el coste político de controlar y cerrar extracciones ilegales de aguas subterráneas han llevado a nuestros acuíferos a una situación de emergencia.

El conocimiento del estado de nuestras masas de aguas subterráneas es bueno, gracias a la red de 3.200 piezómetros y 2.800 puntos de observación y control de calidad de las aguas. Sin embargo, eso no ha impedido que sean explotadas de forma abusiva.

En España hay identificados 761 masas de agua subterránea en las que circulan o se almacenan 35.000 hm3 de recursos renovables anualmente y de los que se extraen unos 6.290 hm3 al año. De esas 761 masas de agua Subterráneas 255 (33 %) están sobreexplotadas y 321 (42 %) en mal


Página 91




estado por contaminación. Además, en España se estima que hay entre medio millón y 1 millón de pozos ilegales que se utilizan sobre todo para regadíos ilegales.

Esto ha de cambiar radicalmente, ya que el aumento de las temperaturas y por tanto de la evotranspiración hace necesario la recuperación de nuestros acuíferos para la supervivencia de nuestro ecosistema.

Conclusión 6: Es necesario asegurar la financiación de las inversiones hídricas con un amplio acuerdo político, sin el cual se pone en riesgo los esfuerzos en adaptación, planificación y la ejecución de las inversiones que España precisa.

Las inversiones españolas en infraestructuras hídricas son las más bajas de Europa, (0,11 % del PIB frente al 0,27 % de media), solo por encima de Suecia. De 2007 a 2016, los PGE han recortado en un 90 %, hasta 346 millones de euros, el presupuesto para licitar obras hidráulicas nuevas, mientras que el dinero público dedicado al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas existentes ha caído otro 42 %, hasta 611 millones. Los operadores de agua urbana destinan un 22 % de la facturación a renovación e inversión de infraestructuras, unos 1.376 millones de euros, cifra cercana a la inversión realizada en materia de agua por el sector público. Algunos informes calculan que España tiene que invertir 12.013 millones de euros hasta 2021 para acometer un total de 510 actuaciones urgentes en infraestructuras del agua.

El abandono de dichas infraestructuras repercute negativamente sobre la eficiencia en el uso del agua, a través de pérdidas en su distribución. Las redes de distribución de agua, tienen un grave problema de envejecimiento (solo el 29 % tiene menos de 15 años) Se ha comprobado que la bajada en la inversión en la red de distribución (en un 19 % entre 2007 y 2010) tiene como consecuencia directa el aumento de las pérdidas de agua, pasando del 24 % de pérdidas al 26 % en ese mismo periodo de tiempo. Los datos revelan que su porcentaje de renovación es del 0,9 %.

Conclusión 7: Es necesario reforzar la coordinación entre las distintas administraciones, así como la transparencia y participación de todas las partes afectadas en la administración de las políticas de agua.

El Estado tiene competencia en materia de Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. Las Confederaciones Hidrográficas tienen asignada la administración del agua en las cuencas intercomunitarias. Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de protección del medio ambiente y sobre los regadíos. Los ayuntamientos tienen competencias en materia de abastecimiento y tratamiento de aguas urbanas.

Por otra parte hay un importante vacío en el control y gestión de las aguas subterráneas. Es fundamental impulsar comunidades de usuarios de aguas subterráneas que empiezan a crearse, aún con dificultades, y deberían empoderarse colaborando con la Administración en el control colectivo de los acuíferos que usan.

Todas estas funciones y competencias requieren una planificación y una coordinación que en la actualidad es manifiestamente mejorable. Por poner un ejemplo, la Comisión de Coordinación de Políticas Territoriales, creada por la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial, apenas se reúne.

RECOMENDACIONES:

I. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL:

1. El instrumento básico necesario es alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua, y la actualización del Plan Hidrológico Nacional, adaptado al reto del cambio climático y escenarios 2030-2040.

2. Lo caudales ecológicos deben quedar claramente definidos como caudales medioambientalmente adecuados bajo el principio de precaución.

3. Gestionar la unidad del ciclo hidrológico, protegiendo las aguas subterráneas. El control y la recuperación de nuestros acuíferos es una de las grandes claves para la supervivencia de nuestro ecosistema. En España hay 761 masas de agua subterráneas identificadas: 255 (33 %) están sobreexplotadas y 321 (42 %) en mal estado por contaminación.

4. Más técnicos cualificados en las Confederaciones Hidrográficas (hidrogeólogos).

5. Gestionar la recarga de los acuíferos, en todas sus formas.


Página 92




6. Actualmente hay aguas depuradas que se están vertiendo al mar en lugar de reutilizarse en el ciclo urbano o para la recarga de acuíferos. En ocasiones las estrategias de recarga se encuentran con problemas legales y normativos al considerarse esas recargas como vertidos, cuestión que hay que cambiar urgentemente.

7. Hacer cambios legales que permitan desarrollar opciones de regeneración/reutilización de caudales mediante dobles redes, abasteciendo usos como la evacuación de inodoros y otros con aguas regeneradas y reutilizadas, especialmente en línea de costa.

8. Combatir la contaminación difusa y falta de control de CC.AA. de purines y abonos. Ampliar perímetros de seguridad en zonas vulnerables y de abastecimientos de aguas subterráneas para evitar la contaminación por nitratos y purines.

9. Aclarar la problemática de las aguas subterráneas temporalmente privadas (hasta 2035) y el Catálogo de Aguas Privadas (indefinidos). Revisar el artículo 54.2 de la Ley de Aguas (pozos < 7.000 m3) que ha sido usado abusivamente.

10. Mejorar el drenaje urbano existente y reducir el potencial de contaminación por sedimentos, metales pesados, sustancias químicas o aceites de los cursos naturales de agua, proveniente de las escorrentías urbanas y superficies duras.

11. Incrementar la depuración y reutilización del agua, dentro del marco general de impulso de la economía circular con una gestión integral del ciclo urbano del agua, el aprovechamiento máximo de las sinergias con la producción de energía y revisar los incentivos de tal forma que debe asegurarse que sea más barato depurar que pagar las multas o cánones de vertido.

12. Fomentar la recogida de aguas pluviales mediante superficies de captación para satisfacer las necesidades de baldeo o limpieza, riego y descarga de sanitarios en las edificaciones, en función de la zona pluviométrica.

13. Hay que incentivar los proyectos público-privados y las tecnologías que logren una huella de carbono e hídrica neutra en todas las actividades.

II. EL DERECHO AL AGUA:

14. Realizar una auditoría del agua disponible y de los diversos usos, y en particular del regadío.

15. Hay que terminar con los pozos y regadíos ilegales y los desarrollos urbanísticos descontrolados.

16. Hay que impulsar las comunidades de usuarios de aguas subterráneas.

17. Promover el cambio de patrones de cultivos en riego, de las herbáceas continentales a cultivos mediterráneos, con menor demanda de agua y mayor rentabilidad y explotaciones de ganadería extensiva frente a intensiva.

18. Modernizar los regadíos e incentivar las ganancias en eficiencia sin que eso se traduzcan en una expansión de la actividad que tenga como resultado final una mayor demanda de agua.

19. Incorporar el desarrollo de fuentes no convencionales (regeneración, desalación...) con energías renovables.

20. Revisar la Ley de Aguas bajo el prisma de la economía circular. Esta reforma debe estar guiada, evaluada y asesorada por el rigor científico-técnico.

21. Pasar de las tradicionales estrategias de masiva subvención pública, a nuevos enfoques de gestión de la demanda, aplicando el principio de "recuperación de costes" y de "quien contamina paga".

22. La neutralidad tecnológica es clave para optar por las soluciones más eficientes y sostenibles a los distintos problemas que se plantean en cada cuenca y en Comunidad Autónoma, dentro del marco irrenunciable de solidaridad entre españoles. Cualquier actuación hidráulica debe ser compatible con el mantenimiento de los caudales ecológicos que garanticen la calidad de las aguas y una conservación óptima del medioambiente.

23. Las desaladoras son instalaciones que demandan un coste anual importante por lo que hay que interconectar desaladoras y embalses, mezclando caudales, para amortizar mejor una mayor producción de agua desalada.

24. Realizar informes de viabilidad para aprovechar al máximo las infraestructuras construidas y depurar responsabilidades por la corrupción detrás de los enormes sobrecostes, como por ejemplo a través de una Comisión de Investigación en el Parlamento de Murcia en 2016.

25. Desarrollar el I + D + i en agua, particularmente en el desarrollo de la economía circular del agua, tecnologías de ahorro y eficiencia de agua, y en el desarrollo de sinergias entre el sector del agua energía y alimentación.


Página 93




26. Garantizar un nivel adecuado de inversión pública y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas con especial atención a las obras de regulación de cuencas (aterramiento de sedimentos, eutrofización y seguridad de las presas) y a los sistemas de distribución (control de agua no registrada "pérdidas").

27. Elaborar y desarrollar, en paralelo a la revisión del Plan Hidrológico Nacional, una Estrategia Nacional contra la Despoblación, y sobre la base de la citada Estrategia, una Ley de Reversión de la Despoblación que delimite las zonas más afectadas por este fenómeno y que fije un conjunto de medidas y actuaciones concretas para revertir este proceso en nuestro país.

28. Fortalecer el sistema concesional adaptando las concesiones al caudal disponible, reduciendo los plazos, exigir que el canon concesional vaya a inversiones en el servicio de aguas. Hay que dotar a las Confederaciones Hidrográficas de más recursos para hacer un seguimiento y control de ese exceso de recursos concedidos.

29. Los tiempos de concesión deberían reducirse en algunos planes hidrológicos para adaptar los usos de forma flexible al seguimiento de los caudales ecológicos y los impactos e incertidumbre del cambio climático. El plazo legal de 75 años es un plazo máximo, caben concesiones por menos años (15 o 20).

30. En lugar de los contratos de cesión y centros de intercambio por cuencas, es preferible la creación un Centro de Intercambio único para todo el país, Bancos Público Nacional de Aguas.

III. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEQUÍAS E INUNDACIONES:

31. Dotar de medios y desarrollar los planes de sequía en municipios con más de 20.000 habitantes previsto por la legislación, pero que no se cumple. En el Júcar de 72 municipios y consorcios existentes sólo 15 lo hicieron y la Confederación ni siquiera les respondió en su función de control.

32. Elaborar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, en consonancia con la Directiva marco del agua y la Directiva de evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

33. Gestión de bosques: precisamos masas forestales maduras y poco densas. En España los bosques han crecido desde 1970 en un 61 %, lo que nos ha permitido compensar un 20 % de las emisiones de CO2 gratis. Los bosques además Facilitan la infiltración de la lluvia a los acuíferos, evitan erosión, colmatación de embalses y los riesgos de crecida.

34. Hay que tomar medidas legislativas para acabar con el minifundismo forestal.

35. Los servicios ecosistémicos vinculados al agua (regulación, infiltración, protección de suelos, freno de la colmatación de embalses, depuración y mejora de la calidad de aguas...) deben proyectarse en fiscalidad verde y pago por servicios.

36. La función de frenado de avenidas y de filtro verde de los bosques de ribera debe integrarse en la planificación, clarificando deslindes e incentivando la explotación de choperas en zonas inundables.

37. Promover una adecuada gestión forestal mediante un Plan de Actuación Forestal.

38. Limpieza de montes y gestión de la biomasa para evitar incendios y la desprotección vegetal del territorio, que incrementan la erosión, disparan la desertización, reducen la percolación y multiplican la escorrentía.

39. Llevar un inventario nacional de sumideros de CO2, interconectado con la información en las CC.AA.

IV. REFORMA DE LA GOBERNANZA DEL AGUA:

40. Acortar los plazos de transposición y cumplimiento de las Directivas europeas y de las recomendaciones dirigidas a España por la Comisión Europea.

41. Hay que reforzar la independencia de los informes técnicos en la toma de decisiones políticas.

42. Promover una reforma institucional que promueva la colaboración interterritorial e interministerial, coordinando por ejemplo las políticas de fomento, medioambiente, agua, energía y alimentación.

43. Promover la transparencia y educación, en materia de aguas, frente al cambio climático, fomentando una gestión pública transparente y participativa.

44. Garantizar la financiación de las inversiones con una planificación a largo plazo, y un sólido análisis técnico de coste-eficiencia y coste-eficacia.


Página 94




45. Destinar los ingresos por el agua (cánones y tasas) a inversiones y protección de los cauces de los ríos, como prescribe la Ley de Aguas. Actualmente de los 194 millones obtenidos por el canon hidroeléctrico, sólo se destina a calidad de las aguas 64 millones.

46. La privatización de una determinada gestión no puede tener un mero afán recaudatorio, ni suponer una merma de los objetivos ambientales, ni una reducción de la inversión en el ciclo urbano del agua al desviarse los llamados cánones concesionales a usos que no son del ciclo del agua.

47. Hay que desarrollar el principio de recuperación de costes para mejorar la eficiencia. Las Confederaciones Hidrográficas ingresan sólo 391 M?, de los 7.700 M? pagados en servicios de agua.

48. La política tarifaria debe recuperar costes financieros, ambientales y del propio recurso, incentivando el buen uso. Por otra parte las subidas de tarifas no pueden tener afán recaudatorio ni generar desequilibrios sociales entre distintas regiones de España.

49. Hay que hacer una auditoría de los todos los impuestos y tasas con una finalidad extra fiscal medioambiental para evaluar y mejorar su eficacia como incentivos de las buenas prácticas no contaminantes.

50. La próxima reforma del sistema de financiación autonómica y local deberá tener en garantizar recursos suficientes para afrontar los retos en residuos, agua y cambio climático de acuerdo con el marco de competencias.

51. Dotar de los medios personales y materiales necesarios a las Confederaciones Hidrográficas.

52. Mejorar la resolución de conflictos para atender a la complejidad que representan estas obras y el enfrentamiento social que pueden generar debemos reflejar en la mayor medida posible los intereses existentes propiciando la participación de todas las partes interesadas: afectados (municipios, ecologistas,...), beneficiados (hidroeléctricos, regadíos, abastecimientos) y las administraciones (local, estatal y autonómica). Además, es necesario alcanzar un acuerdo previo a la construcción para la repercusión de costes por beneficiario en cuanto a la manera de sufragar los costes, un desarrollo reglamentario de los cánones y las tarifas incluyendo el beneficio del estado y el beneficio de los ayuntamientos por evitar el riesgo de inundación.

53. Las Confederaciones Hidrográficas son importantes herramientas supraautonómicas que integran a todos los grupos de interés de la cuenca, pero acumulan importantes deficiencias en la gestión señaladas reiteradamente por los informes del Tribunal de Cuentas. Es preciso revisar el régimen de concesiones de uso de agua, para definir con exactitud las necesidades reales del recurso. Así mismo debe revisarse el procedimiento de nombramiento de cargos de libre designación para reducir la politización de estos organismos y favorecer su independencia y profesionalización. Mejorar la resolución de conflictos y alcanzar un acuerdo previo a la construcción para la repercusión de costes por beneficiario.

54. Hay que establecer con precisión jurídico-administrativa determinante el marco competencial de Confederaciones y servicios autonómicos, teniendo como principio la ordenación jerárquica, unidad de decisión y coordinación de la gestión en los niveles correspondientes.

55. Promover la creación de grandes comunidades de usuarios que permitan desarrollar una gestión moderna y compleja que sea más eficiente, en lugar de las pequeñas comunidades de regantes tradicionales, y es fundamental que también se impulsen las comunidades de usuarios de aguas subterráneas.

56. La obligación del Banco de España de publicar anualmente un informe sobre los riesgos financieros vinculados al cambio climático que se incorporará como memoria en los Presupuestos Generales de Estado, con las advertencias y sugerencias del Banco de España.

57. Fomentar la construcción en zonas con bajo riesgo de inundaciones o la adopción de medidas encaminadas a reducir el impacto de las inundaciones sobre los edificios situados en zonas con alto riesgo de inundaciones evitando así la alteración de escorrentías naturales.

58. Revisar la documentación de obligado cumplimiento en la construcción para incluir la minimización del consumo de agua potable para instalaciones sanitarias como prioridad, reduciendo su demanda fomentando el uso de aparatos sanitarios eficientes de bajo consumo con limitadores de caudal.

59. Garantizar el control, seguimiento y gestión del consumo mediante la instalación de contadores inteligentes en las redes de suministro, tanto en las principales como en las de derivación, con salida por impulsos conectados a Sistemas de Gestión que monitoricen y optimicen los patrones de demanda, pudiendo indicar presencia de fugas en las redes.


Página 95




60. Reducir el consumo de agua potable en el uso para riego de vegetación ornamental o jardines, mediante el uso de especies adaptadas hídricamente al clima, el uso de sistemas de retención hídrica y de nutrientes de los suelos y el empleo de agua recuperada por goteo.

A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por el presente escrito, formula un Voto Particular al Informe de la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Voto particular núm. 2

En el transcurso de los meses de marzo, abril y mayo de 2018 han comparecido, en la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de agua, en coherencia con los retos de cambio climático, representantes de distintos sectores, previsiblemente afectados por la disminución de recursos, y han aportado su punto de vista sobre la incidencia del Cambio Climático en los recursos hídricos en España hasta finales del siglo XXI.

En conjunto, nos han ofrecido su visión, sus preocupaciones y las soluciones que, a su juicio, deberían adaptarse ante la anunciada disminución de los recursos. Ha sido un proceso enriquecedor que ha aportado una visión global del problema.

La detección de los efectos del Cambio Climático en los caudales de los ríos, en los recursos hídricos, no es fácil. La propia variabilidad natural hidrológica, las alteraciones antrópicas, y los usos del agua producidos desde la segunda mitad del siglo XX, hasta nuestros días, dificultan establecer tendencias de cambios debidos al clima. Por ello se recurre a modelos de circulación atmosférica, que generan escenarios climáticos, a modelos hidrológicos o a modelos de impacto sobre el agua, que simulan el ciclo hidrológico y permiten analizar, en distintos escenarios climáticos, lo que ocurriría con los caudales de los ríos, con la recarga de los acuíferos, con la humedad del suelo, etc.

El Informe del CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, sobre el impacto del Cambio Climático en los recursos hídricos y en la sequía, de 2017, es la principal referencia en España sobre las previsiones de pluviometría, escorrentía superficial, infiltración a los acuíferos, etc.

El citado informe contempla dos escenarios de emisiones, denominados Sendas Representativas de Concentración (RCP); el RCP 4,5, un escenario moderado acorde con el cumplimiento de los acuerdos de París, y el escenario más pesimista, el RCP 8,5, que supone el fracaso e incumplimiento de esos acuerdos, y considera tres períodos de evolución: 2011-2040, 2040-2070 y 2070-2100.

Por su interés conviene reproducir textualmente algunas de las conclusiones del citado Informe:

- Respecto a las precipitaciones: "Se estiman mayoritariamente descensos de precipitación, siendo mayores estos descensos en el cuadrante SO de la Península y en los archipiélagos. Para el conjunto de España, la media de los cambios para los RCP 4,5 y 8,5 son, respectivamente, del -2 % y -4 % para 2010- 2040, -6 % y -8 % para 2040-2070 y -7 % y 44 % para 2070-2100".

- Respecto a los recursos hídricos: "En general se pronostica una reducción de recursos hídricos que se irá acentuando conforme avance el siglo XXI, por lo que será más acusada en el último período de impacto (2070-2100)".

"La reducción de recursos hídricos es más notable en el RCP 8,5 que en el RCP 4,5, haciéndose más marcada esta diferencia conforme avanza el siglo XXI."

"Hay una tendencia a aumentar los recursos hídricos en los meses alrededor de febrero, en detrimento de los meses de verano. Se prevé variabilidad estacional."

- Respecto a la escorrentía: "Los cambios estimados en /a escorrentía muestran en primer lugar grandes discrepancias según las proyecciones. Promediando los resultados de las proyecciones para España, se estiman siempre descensos de escorrentía; los cambios para los RCP 4,5 y 8,5 son respectivamente del -3 % y -7 % para 2010-2040, -11 % y -14 % para 2040-2070 y -13 % y -24 %


Página 96




para 2070-2100. En general hay una reducción de recursos hídricos más intensa hacia e/ sur peninsular y en los archipiélagos, y menor reducción, o incluso aumento en algunas zonas del este peninsular".

- Respecto a la recarga de acuíferos: "Los cambios en la recarga de acuíferos responden en gran medida a los cambios de precipitación, pero agudizándolos. De ese modo, se estiman descensos generalizados en la recarga para el siglo XXI, si bien hay grandes discrepancias entre las estimaciones según la proyección climática. Las disminuciones son más acusadas hacia el sur y sobre todo en los archipiélagos. Son menos acusadas, incluso con aumentos, en el Norte y NE de la Península. Para el conjunto de España, la media de los cambios para los RCP 4,5 y 8,5 son respectivamente del -3 % y -7 % para 2010- 2040, -11 % y -14 % para 2040-2070 y -13 % y -24 % para 2070-2100".

- Respecto a las temperaturas: Existe coincidencia en la evaluación de la Temperatura, entre los datos observados y los obtenidos aplicando distintos modelos. Tendencia a la subida de temperaturas. Ese incremento provocará un aumento de la evapotranspiración, que originará un descenso en los caudales de los ríos, en la recarga de los acuíferos y en las escorrentías. También los cambios en el uso del suelo pueden afectar a las escorrentías.

- Respecto a la evapotranspiración: "Los cambios en la ETP (evapotranspiración potencial) responden a los cambios de temperatura. Se estiman aumentos de ETP en todos los ámbitos y estaciones climáticas, según todas las proyecciones, con muy contadas excepciones. Los aumentos serán menores en las zonas de costa que en las de interior. Los cambios en la ETR (evapotranspiración real) responden a los cambios de ETP, pero sobre todo a los de precipitación, que determina el agua disponible para ser evaporada. Por ello, se estiman aumentos de ETR en el norte húmedo y zonas montañosas de las divisorias de aguas y descensos generalizados en el resto de España. Para el conjunto de España, la media de los cambios para los RCP 4,5 y 8,5 son respectivamente del -1 % y -3 % para 2010-2040, -3 % y -4 % para 2040-2070 y -3 % y -6 % para 2070-2100".

- Respecto a las sequías: Buena parte de los modelos apuntan a que se va a producir un aumento de la frecuencia de sequías, y una reducción de los períodos de retorno. No coinciden los resultados de los distintos modelos. En el régimen de sequías no parece que haya una influencia importante en función del escenario de emisiones que se elija. Hay importantes incertidumbres. La severidad de las sequías ha aumentado en las últimas cinco décadas.

Por tanto, si se actúa a nivel internacional en el cumplimiento de los acuerdos de París, la reducción de recursos hídricos para nuestros ríos sería de -3 % hasta 2040, de -11 % hasta 2070, y de -13 % hasta 2070. El efecto apreciable no se daría en las décadas próximas, sería progresivo y en ningún caso tan acusado como algunos pronostican.

Una vez analizados los escenarios climáticos, la Subcomisión estudió la repercusión, directa o indirecta, sobre la vulnerabilidad de nuestro sistema de gestión del agua, destacando la incidencia sobre infraestructuras, aguas subterráneas, saneamiento y depuración, riego en agricultura, etc.

Sobre los retos que se presentan frente al cambio climático y la posible vulnerabilidad de nuestro sistema de gestión del agua, hay que destacar la importante función de las masas de agua subterránea en los ciclos de sequía. Tras los embalses, los acuíferos son un importante sistema de regulación y reserva de caudales de los que disponemos. Las 761 masas de aguas subterráneas identificadas, regulan 28.000 Hm3 renovables anuales, con una reserva de unos 48.000 hm3, Estos 28.000 hm3 están conectados con los cursos fluviales. La aportación de estos acuíferos a los ríos representa el 30 % de sus caudales. En cuanto al uso que hacemos de estos sistemas mediante pozos, se estima en 6.900 hm3. De ellos 1.400 son para abastecimiento urbano, 5.200 para regadío y 300 para usos industriales no conectados a las redes urbanas.

El conocimiento del estado de nuestras masas de agua subterránea es bueno, gracias a la red de 3.200 piezómetros y 2.800 puntos de observación y control de la calidad de las aguas. De las 761 masas de agua, 255 están en mal estado cuantitativo, por sobreexplotación, y otras 321 además en mal estado cualitativo, afectadas por contaminación difusa, sobre todo por nitratos, lo que las hace inadecuadas para el uso urbano. Es un problema que urge resolver.

La previsible disminución de los recursos hídricos, de especial incidencia en los regadíos, hace necesario promover un uso eficiente del agua y fomentar el ahorro y la eficiencia. La modernización de regadíos será un elemento clave en la mejora de la gestión del agua. Conseguirá una menor extracción de agua de los ríos y de los acuíferos, una menor contaminación difusa, una mayor eficiencia y una


Página 97




tendencia a implantar cultivos de menor consumo y más rentabilidad. Actualmente se estima en 800.000 ha la superficie de actuación pendiente.

No olvidemos que los regadíos son un elemento clave para la fijación de la población en el territorio, y la creación de riqueza y bienestar. El regadío eficiente reduce la erosión y la desertificación.

Es evidente que va a producirse una disminución de los recursos hídricos, disminución que varía según los escenarios de emisiones contemplados: un escenario moderado, acorde con el cumplimiento de los acuerdos de París y un escenario más pesimista, que supone el fracaso e incumplimiento de esos acuerdos. Sobre en cuál de ellos se basa la toma de decisiones, es una cuestión trascendental. Es importante saber la evolución prevista hacia final de siglo, pero no hay que perder de vista que poner restricciones al desarrollo socioeconómico en períodos de 30 o 50 años, antes de que se sustancie una escasez de recursos, es un contrasentido económico y social en un país, como España, con un reto de despoblación importante, y más, obviando el futuro desarrollo tecnológico y la eficiencia en el uso del agua.

Creemos necesario aplicar el principio de precaución, anticiparse a las consecuencias de la previsión de irregularidades en las precipitaciones, a la mayor frecuencia de sequías y de inundaciones. La adaptación se convierte en la estrategia fundamental para hacer frente a estas situaciones futuras. Adaptación ante situaciones de riesgo por inundaciones, incorporando nuevos criterios en la planificación hidrológica y potenciando medidas de autoprotección; adaptación ante la previsible disminución de recursos, potenciando las infraestructuras necesarias, las herramientas tecnológicas, la actualización de los sistemas de información y la concienciación ciudadana.

RECOMENDACIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

A. Atención de los déficits hídricos.

No debe ignorarse la situación actual de nuestro país, donde el equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos ambientales y la adecuada atención a las demandas, resulta fundamental para nuestro desarrollo futuro y para nuestro bienestar. Resulta por tanto especialmente relevante realizar una rigurosa planificación. Así lo recoge la Ley de Aguas en el artículo 40.1 del TRLA: "La Planificación hidrológica tendrá como objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta Ley; la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales".

El Gobierno del PP aprobó dos ciclos de planificación, con un altísimo apoyo en el seno del Consejo Nacional del Agua, más del 80 %, el más alto de la historia, evitando las sanciones derivadas de los incumplimientos anteriores, y dotando a nuestros ríos de la debida planificación y protección. El segundo ciclo de planificación ya contempla la variable del cambio climático y medidas para llevar al buen estado las 6.900 hm3 que utilizamos.

El cambio estacional de precipitaciones previsto en los modelos climáticos, puede tener su repercusión en la regulación. En la medida que sea más acusada la estacionalidad de los recursos> será más difícil aprovecharlos, y se necesitará mayor capacidad de reserva para acompasarla al ritmo en que se producen los consumos a lo largo del año.

Por ello consideramos prioritarias todas las medidas que supongan ahorro y uso eficiente del agua e incrementar la regulación para poder satisfacer esas demandas, ante las previsiones de disminución de los recursos.

Por ello, proponemos:

1. Poner en marcha un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas existentes, que dan soporte a los servicios del agua y que tienen un carácter estratégico, para garantizar la seguridad hídrica, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el uso del agua, además de reforzar la capacidad de nuestro sistema para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático.

2. Ejecutar en cada una de las demarcaciones hidrográficas aquellas inversiones en infraestructuras convencionales y no convencionales contenidas en la planificación hidrológica que aumenten las garantías de satisfacción de las demandas de agua en un escenario de cambio climático.


Página 98




3. Impulsar el uso de sistemas no convencionales como la desalación o la adecuada reutilización. En materia de desalación, se trata no sólo de impulsar nuevas infraestructuras para las que exista acuerdo, sino de promover mejoras en materia de eficiencia energética en las instalaciones ya existentes, de acuerdo con las políticas de mitigación del cambio climático.

4. Elaborar un Plan Nacional de reutilización, como fuente alternativa de recursos hídricos, que genere agua para determinadas actividades y libere agua de fuentes convencionales. La Directiva Marco de Agua contempla la reutilización de agua como medida complementaria. En ese sentido, proponemos avanzar en un Plan Nacional de Reutilización, en línea con los principios de una economía verde y circular.

5. Avanzar en una gestión integrada de todos los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos y fuentes no convencionales.

6. Promover un uso eficiente del agua y fomentar el ahorro y la eficiencia en todos los sectores económicos y en el uso doméstico. Complementariamente, los Ayuntamientos deberán involucrarse activamente en la operación y mantenimiento de sus redes de agua, para mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos hídricos que gestionan, y promover el ahorro.

7. Promover un uso eficiente del agua y fomentar el ahorro y la eficiencia en la agricultura, como principal consumidor del agua, adaptando los regadíos a la previsión de menores recursos, para garantizar la sostenibilidad del sector. Finalizar la modernización de regadíos que será un elemento clave en la mejora de la gestión del agua y estará orientada, fundamentalmente, a impulsar aquellas nuevas actuaciones necesarias. A ello se sumarían las actuaciones de mejora de los canales principales gestionados por los Organismos de cuenca.

8. Desarrollar nuevas infraestructuras que nos permitan reforzar la adaptación al cambio climático, para atender las demandas previstas en los planes hidrológicos de cuenca, y en especial, aquellas encaminadas a corregir los déficits hídricos. Impulsar las interconexiones para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca. El objetivo es disponer de una red de infraestructuras interconectadas para poder suministrar el recurso más eficientemente desde cualquier punto al sistema, materializando también las transferencias que sean necesarias entre demarcaciones, siempre que exista acuerdo, y se garanticen las necesidades ambientales y la prioridad de uso de la cuenca cedente, así como la garantía de las necesidades presente y futura de la misma. Las interconexiones de las desaladoras existentes son de especial importancia, así como aquellas que permiten interconectar recursos convencionales y no convencionales.

9. Transferencias existentes entre distintos ámbitos de planificación para mejorar las garantías de suministro.

- Elaborar un Catálogo de transferencias de agua actualmente existentes en España, en cumplimiento de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, con el objetivo de disponer de las condiciones de cada una de ellas, los condicionantes funcionales y la norma jurídica que los habilita.

- Avanzar en la creación de la comisión de gestión para cada transferencia, al objeto de disponer así de un órgano que de mayor transparencia a su gestión e incluso, si se acordara, podría completarse con la definición de una regulación específica de cada transferencia (como p.e. con el ATS o el trasvase del Negratín Almanzora).

10. Impulsar las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas para que colaboren con la administración en el control de los pozos ilegales y, así, garantizar una explotación sostenible.

B. Cumplimiento de los objetivos ambientales.

La vinculación de los objetivos ambientales con los efectos del cambio climático es evidente. La calidad de las aguas no sólo incide directamente en el bienestar de los ciudadanos, sino que es vital para el buen estado de nuestros ecosistemas.

El saneamiento y la depuración se constituyen como una herramienta fundamental en el cumplimiento de esos objetivos. El Gobierno del Partido Popular puso en marcha en 2014 el Plan CRECE, Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficacia, con una dotación de 1.100 millones de euros para apoyar a las administraciones competentes en materia de saneamiento y depuración, en aquellas actuaciones que pongan fin a los expedientes sancionadores abiertos por Bruselas.


Página 99




Los bosques son los grandes reguladores del ciclo del agua. Los bosques proporcionan una serie de servicios ecosistémicos de gran importancia, relacionados directamente con el cumplimiento de los objetivos ambientales y con los impactos del cambio climático. La función protectora de las masas forestales frente a la erosión del suelo, la capacidad de regulación natural frente a avenidas, el potencial de depuración y mejora de la calidad de las aguas, la influencia de los bosques en la pluviometría y la evapotranspiración, etc., son aspectos que deben tenerse en cuenta en la planificación y gestión hidrológica frente a los posibles impactos que se avecinan.

Por ello proponemos:

1. Saneamiento y depuración:

- Acometer prioritariamente las actuaciones en saneamiento y depuración que actualmente se encuentran incursas en procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

- Impulsar una auditoría continua para verificar el cumplimiento efectivo de nuestras obligaciones con la UE en el marco de la Directiva 91/271.

- Complementariamente, resolver el déficit de inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración afectas a los servicios urbanos, incluyendo la renovación del importante parque de infraestructuras e instalaciones existentes.

2. Avanzar en la mejora de la concertación de los caudales ecológicos para la preservación de nuestros ecosistemas y para mejorar la salud de nuestros ríos.

3. Impulsar el drenaje urbano sostenible:

- Fomentar las buenas prácticas en materia de drenaje urbano sostenible, elaborando una Guía de buenas prácticas sobre drenaje urbano sostenible que preste especial atención a los aspectos de mejora de calidad de las aguas y al mantenimiento de los sistemas de drenaje de las ciudades.

- Incorporar estas técnicas en todos Planes hidrológicos del tercer ciclo.

- Elaborar una Ordenanza tipo de gestión de aguas pluviales.

4. Promover una adecuada gestión forestal mediante un Plan de Actuación Forestal, que incluya las medidas de restauración hidrológico forestal y mejorando la gestión de los recursos vinculados con el ciclo hidrológico (tipología de bosques, gestión de bosques de ribera, etc.).

C. Puesta en marcha de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones.

Los Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones son el principal instrumento para reducir el daño que provocan las inundaciones. En enero de 2016, el Consejo de Ministros aprobó los 16 Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones para el período 2016-2021, en cumplimiento de la Directiva Europea de Inundaciones.

Es la primera vez que se aprueban planes de este tipo, en coordinación con los Planes Hidrológicos de Cuenca. Ambos compartieron una tramitación ambiental conjunta y han sido elaborados considerando la variable del Cambio Climático.

Las medidas incluidas en el Plan abarcan todas las fases de gestión del riesgo: prevención, protección, preparación y recuperación. Se trata de más de 1.000 medidas a ejecutar, con una inversión de 800 millones de euros.

Conviene destacar la importancia de las obras de regulación para laminación de las avenidas.

Por ello proponemos:

1. Proyectos de adaptación al cambio climático:

- Actualización de la evaluación del impacto del cambio climático en relación con las inundaciones.

- Coordinación entre proyectos con objetivos ambientales y disminución de los riesgos de inundación mediante la ejecución de obras en cauces de dominio público hidráulico para la adaptación al cambio climático, incluyendo obras de restauración fluvial.

- Creación de una red de seguimiento del impacto climático en las reservas naturales Fluviales para poder valorar los impactos causados por el cambio climático en los ecosistemas hídricos y definir así las correspondientes estrategias de adaptación.


Página 100




2. Implantación efectiva de las medidas de los planes de gestión de riesgos ante inundaciones:

- Elaboración de una guía para el desarrollo de las medidas de los PGR1. La puesta en marcha de estas infraestructuras estratégicas se realizará teniendo en cuenta que, tanto la Directiva de Inundaciones como el Real Decreto que la traspone al ordenamiento jurídico español, establecen que las obras estructurales de defensa de inundaciones deben llevar un estudio de coste beneficio que las avale.

- Definición de las infraestructuras estratégicas de protección frente a inundaciones. Se trata de desarrollar las medidas previstas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, de forma ordenada y sostenible. Aplicando criterios comunes que permitan priorizar su ejecución conforme a su análisis coste-beneficio y a su viabilidad ambiental. Una estrategia común de aplicación es la clave.

D. Mejora de la gobernanza de la gestión del agua.

El sistema español de gobernanza del agua ha sido un referente internacional y nuestras confederaciones hidrográficas el modelo adoptado por la Directiva Marco de Agua. Los nuevos retos que se plantean con el cambio climático, menor disponibilidad de recursos, y otros requerimientos socioeconómicos, mayor demanda o aumento de los estándares de calidad, obligan a plantear opciones de mejora del sistema.

Los elementos que han permitido un buen sistema de gobernanza del agua en España han sido una adecuada planificación hidrológica, la gestión sostenible del recurso, la eficacia en el servicio y seguridad para los ciudadanos, apoyados por una buena aplicación de las tecnologías disponibles.

Todavía hay margen para la mejora de la gobernanza del agua, para seguir mejorando la gestión de nuestro sistema del agua, con criterios de racionalidad que tenga en cuenta la incidencia del cambio climático, eficacia, transparencia, garantizando el cumplimiento de nuestros compromisos con fa sociedad para la atención sostenible de las demandas de modo compatible con la protección medioambiental de nuestras aguas, y dotando al sistema de gobierno del agua de la estabilidad económico-financiera.

Por ello proponemos:

1. Dotar de medios humanos y económicos a los organismos de cuenca, especialmente a las Comisarías de Agua, para mejorar la labor de control de todos los usos, en el ámbito de sus demarcaciones.

2. En materia económica-financiera. Promover el principio de recuperación de costes para todos los usuarios:

- Establecer La obligatoriedad de la implantación de las tarifas binómicas en todas las comunidades de regantes, estimulando el ahorro a través de bonificaciones por un menor consumo.

- Fomentar las agrupaciones de regantes en comunidades, tal como está previsto en la Ley de Aguas. Adaptar la legislación actual para posibilitar, cuando resulte necesario, el otorgamiento de concesiones a otras estructuras de mayor tamaño (que agrupen a varias Comunidades de Regantes) para que puedan cumplir más fácilmente los cometidos que tienen asignados y se racionalice la utilización del agua.

3. Racionalidad regulatoria y mejora de la eficacia de los procedimientos administrativos:

- Incrementar la coordinación entre Administraciones Públicas en lo que se refiere a la evaluación socioeconómica de los nuevos proyectos de desarrollo para asegurar su compatibilidad con las exigencias de la Directiva Marco del agua.

- Impulsar las redes de seguimiento del estado de las masas de agua para monitorizar el progreso en el cumplimiento de los objetivos ambientales y actualizar la evaluación del estado de las masas de agua de cara al tercer ciclo de planificación hidrológica.

- Avanzar en la instalación de contadores de agua inteligentes que permita hacer un seguimiento continuo y un control efectivo del agua empleada para los sectores económicos y uso doméstico y, en particular para el sector del regadío, contribuyendo a incentivar un uso eficiente del recurso que redunde en una mejora del conjunto de usuarios y en la seguridad jurídica de que dispondrán de los caudales reconocidos en sus concesiones.

- En la línea anterior, profundizar en el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, tal como establece el artículo 55.4 de la Ley de Aguas y la Orden ARM/1312/2009, en lo referente al control efectivo de los caudales en las comunidades de usuarios.


Página 101




- Mejorar la gestión de acuíferos compartidos. Establecer las reglas comunes de gestión para un aprovechamiento sostenible de dichos recursos. Reforzar la institucionalidad de las Comunidades de usuarios para potenciar su capacidad de gestión, control del empleo de los recursos hídricos y su correspondiente tarificación. Finalizar la constitución de todas las Comunidades de Usuarios de aguas subterráneas y avanzar en la definición de sus correspondientes planes de explotación.

- Conseguir la plena implantación del Registro de Aguas en toda España para posibilitar un conocimiento completo de los distintos derechos otorgados y facilitar al ciudadano una información rápida y veraz sobre sus derechos de uso del agua. Esta información se podrá acreditar mediante los correspondientes certificados administrativos para reforzar la seguridad jurídica de los usuarios.

- Mejorar la coordinación del Registro de Aguas con el Catastro para que todos los títulos que reconozcan el derecho privativo al uso del agua estén vinculados a una parcela concreta y queden inscritos en el Catastro, reforzando la seguridad del tráfico jurídico mercantil y la identificación de los potenciales sujetos tributarios a los que pudiera gravarse por el uso del recurso hídrico.

- Revisar las normas técnicas de seguridad de las infraestructuras, tal como establece la legislación de aguas, dotándolas del rango normativo preciso, en aras de reforzar su funcionalidad, de determinar los estudios y comprobaciones que periódicamente ha de realizar el titular de la infraestructura y asegurar la eficacia en la prestación de los servicios del ciclo del agua.

4. Organización y fortalecimiento institucional:

- Impulsar la Administración Electrónica y el uso de las nuevas tecnologías en los servicios del ciclo del agua para mejorar la transparencia y comunicación entre Administraciones Públicas, y entre éstas y los ciudadanos, dotando a los procedimientos administrativos de mayor transparencia.

- Desarrollar protocolos de comunicación para agilizar el intercambio de información entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de agua.

5. Mejora de la relación con el ciudadano:

- Revisar los procedimientos administrativos buscando su simplificación, claridad y reducción significativa de los plazos de resolución.

- Potenciar las campañas de concienciación y educación ambiental destinadas a fomentar un uso más sostenible del agua, visibilizar los valores del agua como recurso natural, escaso e imprescindible para la vida en cualquiera de sus manifestaciones y para cualquier actividad que se pretenda desarrollar, incentivar el ahorro y el uso eficiente del agua y promover la adecuada protección y conservación de nuestros recursos hídricos.

6. Fomentar la innovación y la investigación en el ámbito del agua como instrumento para promover nuevas soluciones tecnológicas y de gestión para mejorar el ahorro del agua, reducir el consumo energético, reforzar la capacidad de adaptación al cambio climático y desarrollar nuevas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales o la producción de recursos no convencionales.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal