Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 409, de 12/09/2018
cve: BOCG-12-D-409
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de septiembre de 2018

Núm. 409


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los asesinatos por motivos medioambientales en Colombia ... (Página8)

161/003583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la evaluación y supresión del Alto Comisionado para la Marca España ... (Página10)

Comisión de Defensa

161/003617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo-Asturias) al Ayuntamiento de Oviedo ... (Página12)

Comisión de Hacienda

161/003371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Corrección de errores ... (Página14)

161/003606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, así como a la creación de un programa de reducción de la deuda de las Comunidades Autónomas ... (Página15)

161/003613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para compensar los intereses de demora correspondientes a los expedientes de reintegro a los afectados por el terremoto de Lorca ... (Página17)

Comisión de Interior

161/003605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las acciones que debe realizar el Gobierno para frenar el actual problema migratorio así como para reforzar los medios actuales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página18)

Comisión de Fomento

161/003551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización y reconversión de la ZAL de Valencia ... (Página19)


Página 2




161/003558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y memoria de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias ... (Página20)

161/003568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de actuaciones para la mejora de la ciudad de Talavera de la Reina ... (Página22)

161/003570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a suprimir el paso a nivel en Fregenal de la Sierra entre la línea ferroviaria Zafra-Huelva y la carretera EX-201 ... (Página23)

161/003592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a levantar las barreras existentes al servicio ferroviario entre España y Francia ... (Página24)

161/003595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión de la liberación de las vías ferroviarias entre San Gabriel y Agua Amarga en el proyecto de conexión del aeropuerto de Alicante-Elche con la red de Cercanías de Renfe ... (Página26)

161/003597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre refuerzo de la transparencia y seguridad en la planificación y puesta en servicio de líneas de Alta Velocidad, especialmente en la Comunidad Autónoma de Galicia ... (Página26)

161/003598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el análisis exhaustivo de las posibilidades de cambio de ancho de vía ... (Página28)

161/003607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento de la labor y carácter público de Salvamento Marítimo y a la adopción de medidas para su estabilidad en el empleo y dotación de medios materiales y personales suficientes ... (Página30)

161/003608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Variante de Camarillas y la línea ferroviaria Albacete-Hellín-Cieza ... (Página33)

161/003616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación económico-financiera del puerto de A Coruña ... (Página34)

161/003619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el puerto de A Coruña ... (Página36)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/003557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la consideración de los estudios de Filosofía en la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato ... (Página38)

161/003586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de la medicina de familia como área de conocimiento ... (Página39)

161/003590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para fortalecer las garantías y la transparencia en los concursos de oposición a plazas docentes ... (Página41)

161/003603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la paralización del proceso de habilitación como profesores de Secundaria a los de Primaria como consecuencia de las resoluciones aprobadas por el Director General de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat de Cataluña ... (Página41)


Página 3




161/003611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que la Real Sociedad Española de Física pueda participar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física ... (Página42)

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/003559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que los vales de comida no computen en la base de cotización a la Seguridad Social ... (Página43)

161/003615 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a mejorar el acceso a la jubilación en el caso de personas con discapacidad ... (Página44)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/003563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos ... (Página46)

161/003564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la investigación y valorización diferenciada de la leche procedente de pastos del Cantábrico ... (Página48)

161/003569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la producción nacional de arroz frente a la importación de terceros países ... (Página50)

161/003577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la plaga de conejos que está asolando las cosechas de miles de agricultores en toda España ... (Página51)

161/003591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo al sector andaluz de la aceituna de mesa ... (Página53)

161/003601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para reducir el desperdicio alimentario ... (Página54)

161/003602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la potenciación de los canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario ... (Página57)

161/003612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por el incendio forestal de Llutxent ... (Página58)

161/003618 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de conectar la desaladora de Torrevieja con el pantano de Crevillent ... (Página60)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/003547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia para iniciar el diálogo para la transferencia de competencias pendientes a Galicia ... (Página60)

Comisión de Transición Ecológica

161/003548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de disponer de un informe exhaustivo sobre la necesidad y la viabilidad económica del proyecto de interconexión submarina Gatika-Cubnezais ... (Página63)


Página 4




161/003555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización definitiva del proyecto de cementerio nuclear (ATC) en la provincia de Cuenca ... (Página65)

161/003578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la instalación de varios proyectos mineros de zinc en la zona central y occidental de Cantabria ... (Página67)

161/003588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección de las colonias de coral rojo y la declaración de las Illes Formigues como Área Marina Protegida ... (Página70)

161/003589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la descarbonización del transporte en España ... (Página71)

161/003593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre reforma de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas ... (Página73)

161/003614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a estudiar, elaborar y ejecutar un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela ... (Página74)

Comisión de Cultura y Deporte

161/003549 Proposición no de Ley presentada por los Diputados don Raimundo Viejo Viñas (GCUP-EC-EM), doña María del Mar García Puig (GCUP-EC-EM), don Joan Baldoví Roda (GMx), don Francesc Xavier Eritja Ciuró (GER), don Sergi Miquel i Valentí (GMx) y don Manuel Cruz Rodríguez (GS), relativa a la reciprocidad de los medios de comunicación radiofónicos y audiovisuales en catalán ... (Página75)

161/003571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la rehabilitación de la "Casa de Sinyent" (Valencia), tras los devastadores efectos de la tormenta del 01/07/2018 ... (Página77)

161/003580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración del latín y del griego como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y como Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial ... (Página78)

161/003584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la conmemoración del 150 aniversario de la nacionalización del Museo Nacional del Prado ... (Página80)

161/003587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un grupo de trabajo para elaborar un plan de renovación del Sistema Español de Archivos ... (Página82)

161/003609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ampliación y diversificación de la programación musical en las televisiones públicas ... (Página83)

Comisión de Economía y Empresa

161/003567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a promover la implantación de una estrategia digital en las empresas ... (Página85)

Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/003553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA ... (Página86)


Página 5




161/003560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar la vacunación y controlar las enfermedades prevenibles ... (Página88)

161/003561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a hacer frente al grave problema de salud pública que supone la resistencia a los antibióticos ... (Página89)

161/003562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (Fondo SAAD) ... (Página91)

161/003575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un calendario de vacunación común para adultos ... (Página92)

161/003579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los pacientes afectados por las clínicas iDental ... (Página93)

161/003594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a facilitar el proceso de implementación de la profilaxis pre-exposición (PrEP) en España ... (Página94)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/003566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a implementar una estrategia para desarrollar una Ley de Start Ups ... (Página95)

161/003585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la expedición del Suplemento Europeo al Título en las enseñanzas artísticas superiores ... (Página96)

161/003599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implantación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica ... (Página98)

161/003600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso a la inversión y la cooperación europea e internacional en materia de inteligencia artificial ... (Página99)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/003550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proceso de paz y la defensa de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia ... (Página100)

Comisión de Igualdad

161/003554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente con perspectiva interseccional en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) ... (Página102)

161/003604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la respuesta institucional contra la trata de personas ... (Página106)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/003552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA ... (Página108)


Página 6




161/003576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas ... (Página110)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la informatización del modelo de examen teórico de conducción ... (Página111)

161/003572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la seguridad vial de los usuarios de las autopistas españolas ... (Página112)

161/003573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción de los límites de velocidad en determinadas carreteras convencionales de la red viaria ... (Página112)

161/003574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar el compromiso de la tolerancia cero de alcohol en los conductores jóvenes ... (Página113)

161/003581 Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a analizar las posibles mejoras de seguridad de la carretera nacional 432 en la provincia de Badajoz entre Azuaga y Granja de Torrehermosa ... (Página115)

161/003596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la adaptación de las pruebas para la obtención del permiso de conducir a personas con dislexia ... (Página115)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/001201 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre última auditoría realizada en los túneles de Lilla, Camp Magré y Puig Cabrer de la línea de Alta Velocidad Tarragona-Madrid ... (Página116)

181/001202 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre viaductos similares al de Polcevera de Génova existentes en España y que tienen catalogados el Sistema de Gestión de Puentes (SGP) ... (Página117)

181/001203 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre última evaluación realizada sobre el estado del puente colgante de Amposta en Tarragona ... (Página117)

181/001204 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre puentes de carreteras inspeccionados en los años 2016 y 2017 ... (Página117)

181/001205 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre última auditoría realizada en los viaductos del Puente de la Constitución en Cádiz, de Rekalde en Bilbao y de Martorell en Barcelona ... (Página117)

181/001206 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre viaductos superiores a 500 metros de longitud existentes en España, así como que pasan por encima de líneas de ferrocarril y viviendas y tiempo que transcurre entre cada auditoría de los mismos ... (Página118)


Página 7




181/001207 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre periodicidad con la que se realizan auditorías por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en los túneles de la red ferroviaria convencional y de Alta Velocidad ... (Página118)

181/001208 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre estado en el que se encuentra la contrabóveda de cañón del túnel de Lilla ... (Página118)

181/001209 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre última auditoría realizada en los tramos de Pina de Ebro en los que en su día se produjeron socavones ... (Página119)

181/001210 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre tramos de limitación de velocidad existentes en la línea de Alta Velocidad Figueres-Madrid ... (Página119)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/035218 Autor: García Sempere, Eva

Documentación generada por los distintos ex Presidentes del Gobierno en el ejercicio de sus funciones que permanece en su ámbito privado, así como documentación clasificada que está custodiada por entidades de carácter privado, y previsiones para que la gestión y custodia de dicha documentación se realice de acuerdo al Sistema Español de Archivos ... (Página119)

184/035428 Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio

Motivo por el que no se ha aprobado aún el Real Decreto de transposición de la Directiva 2015/720/UE y, por tanto, para no empezar a cobrar desde el 01/03/2018 las bolsas de plástico de un solo uso. Retirada ... (Página120)

184/035573 Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio

Partidas de medio ambiente para el año 2017 ejecutadas y no ejecutadas, así como motivos por el que no aparecen reflejadas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Retirada... (Página121)


Página 8




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003582

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Juan López de Uralde, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a los asesinatos por motivos medioambientales en Colombia.

Exposición de motivos

En los últimos meses se está produciendo una sucesión muy grave de asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. En muchos casos se trata de personas que lideran a sus comunidades para evitar la devastación ambiental que suponen proyectos de deforestación, mineros o hidráulicos, en el territorio.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha manifestado recientemente su preocupación frente a la ola de violencia contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia registrada desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

La Defensoría del Pueblo colombiana, contabilizó entre el primero de enero de 2016 y el 30 de junio de este año el asesinato de 311 líderes y lideresas en el país. Solo en los últimos días fueron víctimas de homicidios Luis Barrios, en Atlántico, Santa Felicinda Santamaría, en Chocó, Margarita Estupiñán, en Mariño, Ana María Cortés, en Antioquía y se presumen José Fernando Jaramillo, en Ituango, y Ancízar Cifuentes, en Tolima.

Ante el panorama, la organización advirtió que "Colombia enfrenta una grave crisis de Derechos Humanos" y que "el conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del gobierno saliente y el silencio cómplice del gobierno electo".

Amnistía Internacional asegura que "la violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos. Es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección".

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG, expresó que "el silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar. Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos, se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país".


Página 9




Guevara enfatizó en lo que se vive en algunas localidades de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, donde, según ha sido detallado por otras organizaciones sociales, "los principales afectados son personas que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado".

Muchos de los casos por los que matan o amenazan a líderes y lideresas comunales tienen causas de fondo ecológicas. Les asesinan por promover la sustitución de cultivos ilícitos; por oponerse a que sigan devastando la Naturaleza con la minería ilegal; por pretender recuperar fincas que arrebataron a la fuerza a sus legítimos propietarios y propietarias; por denunciar corrupción de un político local que permite devastación ecológica.

Para Amnistía Internacional, la situación se ha recrudecido debido a "la lenta implementación del Acuerdo de Paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado". Esto sería, según el movimiento de Amnistía, "la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad".

La ONG viene pidiendo a las autoridades colombianas investigar los homicidios de líderes y lideresas comunitarios y tomar medidas urgentes para su protección desde meses atrás.

El viernes 13 de Julio, la misma ciudadanía colombiana alzó su voz en muchas ciudades e inundó de velas y mensajes las plazas públicas del país exigiendo justicia para quienes han sido asesinados y por la vida de quienes, a pesar de las amenazas e intimidaciones, se resisten a callar y aún luchan por defender los derechos de sus comunidades.

Por todo ello

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir en las relaciones bilaterales con el Gobierno de Colombia la protección y garantía de los derechos de líderes y lideresas sociales, indígenas, feministas y ecologistas en Colombia.

2. Apoyar la implementación de los Acuerdos de la Habana así como la continuidad de las conversaciones de paz con el ELN, instando al Gobierno colombiano recién elegido para que siga con las mismas.

3. Trabajar junto con las organizaciones ecologistas, feministas y de derechos humanos, tanto españolas como colombianas, para que se garanticen los plenos derechos políticos de todas las personas que defienden el medio ambiente en Colombia.

4. Evaluar la actividad de las empresas españolas que operan en Colombia (ie. mediante informes de impacto de medio ambiente y de género) para asegurar que no son partícipes mediante acción u omisión y de manera directa o indirecta en la violación de los derechos humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el país.

5. Trabajar para garantizar que en todos los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en Colombia, y especialmente en los que participen empresas españolas o hayan sido financiados con fondos públicos o privados españoles, se cumple con los estándares internacionales en sobre impacto ambiental, especialmente con el derecho a consulta recogido en el Convenio 169 de la OIT.

6. Promover la evaluación de los acuerdos comerciales establecidos entre España (ya sean bilaterales o través de la Unión Europea) y Colombia con el objetivo de asegurar que promueven un modelo de desarrollo justo, equitativo y sostenible y que no contribuye a generar situaciones de impunidad en la violación de los derechos humanos de los y las defensoras del medioambiente y las comunidades indígenas.

7. Llevar a cabo acciones de cooperación para el desarrollo en, entre otros, los siguientes ámbitos: 1) el fortalecimiento de la sociedad civil colombiana, especialmente de las organizaciones ecologistas, feministas y defensoras de los derechos humanos; 2) las políticas de desarrollo rural, especialmente las propuestas de reforma agraria, de acceso a la tierra y de recuperación de tierras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 10




161/003583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la evaluación y supresión del Alto Comisionado para la Marca España.

Exposición de motivos

El 28 de junio de 2012 se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" el Real Decreto 998/2012 mediante el cual se creaba el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. Los fines de este instrumento, tal y como recoge el decreto, son los siguientes:

a) Promover medidas para mejorar la imagen exterior de España y, a tal efecto, recibir, elaborar y transmitir cuantos datos e información resulten necesarios o convenientes.

b) Desarrollar una herramienta de información periódica para conocer y medir la percepción sobre España, y construir un sistema de indicadores objetivos, por datos de medición externa, que permitan su seguimiento.

c) Impulsar la planificación de la acción exterior de los órganos de las Administraciones Públicas y organismos de ellas dependientes, a través de los planes anuales de actuación exterior, y coordinar y hacer el seguimiento de su ejecución.

d) Promover la participación en la planificación y ejecución de la acción exterior de cuantos organismos públicos y entidades públicas y privadas gestionen actividades de promoción internacional, valorar y, en su caso, apoyar, sus iniciativas, e impulsar acciones conjuntas de colaboración público-privada en dicho ámbito.

e) Impulsar y coordinar las iniciativas de promoción del valor de la lengua española como lengua global y su puesta en valor como activo en cualquier ámbito y, especialmente, en los ámbitos económico, político, social, cultural o digital.

La justificación de la creación de este organismo residía en la implementación para España del modelo de política exterior "Marca-País", cuyos fundamentos plantean la necesidad de incorporar la lógica del "marketing" a la acción exterior del Estado, con el objetivo de aumentar el atractivo cultural y económico de un determinado país. La razón última que justificaba la creación de este organismo era el aumento de la competitividad de nuestra economía, basada en la premisa según la cual al aumentar el atractivo "intangible" de nuestro país aumentaban también las posibilidades de internacionalización de sus empresas y la atracción de capital internacional a España.

Este objetivo se enmarca en el estrecho paradigma que ha guiado la política exterior española en los últimos años, caracterizada por la subordinación general del amplio rango de opciones políticas disponibles al interés económico, comercial y empresarial de un número reducido de actores privados. El fomento de la actividad de las empresas españolas en el extranjero se ha asumido así como una de las primeras prioridades de la acción exterior del Estado, sin prestar atención a la dimensión ecológica de esa misma actividad, ni a la rentabilidad social o el impacto socioeconómico de sus resultados ni en el extranjero ni en nuestro propio país.

Tras seis años de evolución del trabajo del Alto Comisionado, queda claro que nos encontramos ante un modelo cuanto menos discutible para orientar la acción exterior del Estado, que justifica la necesaria evaluación y supresión de esta figura. Por un lado, desde el punto de vista conceptual y político este modelo ha implicado una focalización excesiva en las cuestiones empresariales y la consecuente mercantilización de aspectos como la cultura o la lengua española, reduciéndolos a la consideración de activos económicos para competir internacionalmente con el resto de países. Esa focalización ha implicado también el oscurecimiento o la relegación de otros objetivos y valores que deben regir nuestra acción exterior, como la cooperación para el desarrollo, la promoción de los derechos humanos, la paz o la sostenibilidad en el planeta.

Además, existen serias dudas de que el Alto Comisionado haya funcionado de manera correcta incluso ateniéndonos a sus propios fines. Según el Informe de Fiscalización sobre el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España (núm. exp. 251/259) del Tribunal de Cuentas, la situación general del


Página 11




funcionamiento de Marca España ha sido, cuanto menos, manifiestamente mejorable tanto en lo económico como en los aspectos jurídicos, políticos y administrativos de su gestión.

Según recoge el citado informe, Marca España es un ente sin precedentes comparables en el entorno de la Administración General del Estado. Su responsable, el Alto Comisionado, tampoco tiene figuras equivalentes en la Administración. Se produce así un vacío legal sobre sus funciones y el correcto cumplimiento de las mismas: por un lado algunas de sus funciones ya son asumidas por otros órganos de la Administración; por el otro, no existen documentos ni forma objetiva de evaluar los resultados de los programas o acciones puestas en marcha por este organismo, que no están recogidos en ninguna normativa.

Además, según señala el Tribunal de Cuentas, el Alto Comisionado no cumple con los requisitos básicos de la Ley de Transparencia: no se recoge listado de puestos de trabajo propio, ni los criterios de selección de la persona responsable del mismo, más allá de la publicación de su CV en la página web; tampoco existe constancia documental de parte las actividades realizadas por el mismo, ni la posibilidad de realizar un correcto seguimiento de los gastos e ingresos del organismo.

El informe vuelve a señalar la opacidad que rige las actividades relacionadas con las alianzas público-privadas, uno de los mecanismos con los que cuenta el Alto Comisionado para llevar a cabo su labor. Se ha comprobado que algunos de estos convenios se han realizado sin soporte documental y exclusivamente de forma verbal, sin que consten reuniones de las Comisiones de seguimiento y sin facturas ni contratos que permitan evaluar el sentido y desarrollo de los mismos.

El informe dota de especial relevancia a uno de estos convenios celebrado entre el ex-Alto Comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros, y una empresa textil, de la que es consejero, cuyo objeto era el "mantenimiento, desarrollo y mejora de la web" y cuyo coste recae en la empresa textil, por un aporte máximo de 100.000 euros y siguiendo un procedimiento de pago contrario a la normativa presupuestaria.

El 19 de junio, el Ministro de Asuntos Exteriores cesó al Sr. Espinosa de los Monteros de sus funciones, que en este momento están desiertas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:

1. Suprimir el Alto Comisionado de la Marca España mediante Real Decreto y paralizar las actividades acordadas mediante los convenios de colaboración pública-privada que el mismo haya establecido hasta el momento.

2. Realizar una evaluación de las actividades realizadas y los acuerdos económicos suscritos por el Alto Comisionado, incluyendo una investigación de las posibles irregularidades administrativas que cada uno de estos acuerdos pueda haber implicado, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Cuentas.

3. Realizar una investigación específica sobre el acuerdo establecido entre el Alto Comisionado de la Marca España y la empresa textil de la que él mismo es consejero, con el objeto de analizar las posibles irregularidades e incompatibilidades en que pueda haber incurrido el Alto Comisionado, incluyendo el análisis de posibles consecuencias penales.

4. Establecer un mecanismo adecuado de participación y coordinación de la acción exterior del Estado que permita a los diferentes agentes económicos, culturales y sociales españoles que realizan actividades en el exterior mejorar su coordinación y su coherencia con los principios de la acción exterior establecidos por el Gobierno de España.

5. Incluir entre las funciones del citado mecanismo la elaboración de indicadores de la percepción política, cultural, económica y social de España en el mundo, a través de la participación en el mismo de departamentos y grupos de investigación especializados de universidades e instituciones públicas españolas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2018.-Pablo Bustinduy Amador y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 12




Comisión de Defensa

161/003617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo-Asturias) al Excmo. Ayuntamiento de Oviedo.

Exposición de motivos

En enero de 2013, y después de 160 años de actividad industrial ininterrumpida, la Fábrica de Armas de La Vega -también conocida como Fábrica de armas de Oviedo- cesó definitivamente sus labores productivas. Desde entonces sus instalaciones, terrenos y talleres permanecen vacíos, sin utilidad práctica alguna ni para el Ministerio de Defensa ni para la ciudad en la que están ubicadas, y en evidente riesgo de deterioro.

Para entender como se ha llegado a esta situación es preciso hacer un breve recorrido por la centenaria historia de esta factoría:

En septiembre de 1854, el entonces Gobierno Provincial hizo entrega al Ayuntamiento de Oviedo del Convento de La Vega. Su cesión definitiva, en virtud de Real Orden, se registró el 10 de diciembre de 1855 añadiendo veinticinco mil reales para expropiaciones.

En 1855, el Ayuntamiento ofrece al entonces denominado Ministerio de Guerra el antiguo Convento Benedictino de la Vega junto con 552 áreas, trasladándose las religiosas al Convento de San Pelayo.

El 1 de marzo de 1856 se formalizó la escritura pública de cesión por parte del Ayuntamiento de Oviedo a favor del Estado para establecer una Fábrica de Armas. En la escritura dice literalmente: "[...] pero entendiéndose con la precisa condición de que esta cesión y traspaso sea para el establecimiento definitivo en él de la fábrica de fusiles y otras armas de la misma clase con todas las piezas de que se compone, y en tal concepto y no en otro alguno el Ayuntamiento se aparte y desiste por si propio y por los demás que le sucedan en el mismo cargo y atribuciones de todo derecho o acción que pueda corresponderle en virtud de la adjudicación que definitivamente se le ha hecho del edificio por la Real Orden de 10 de diciembre de 1855".

El 21 de abril de 1856 el Ayuntamiento de Oviedo tramita un expediente expropiatorio de los terrenos contiguos al convento al objeto de dar ensanche a la fábrica de armas: 9.708 varas cuadradas con un valor total de 29.198,53 reales, importe satisfecho por el Ayuntamiento.

Entre 1856-58 se instala la fábrica de fusiles en La Vega bajo la dirección del General Elorza, se centralizan los talleres, y ya en 1857 la fábrica da empleo a 700 armeros y 250 obreros.

A lo largo de todo el siglo XX La Vega desarrolló su actividad ininterrumpidamente siguiendo diversos modelos de gestión y produciendo distintas clases de material militar e, incluso, componentes de aviación.

En 1960 se incorpora a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares S.A., empresa que posteriormente se integra en la SEPI hasta que, en abril de 2000, la SEPI aprueba las adquisición de Santa Bárbara por "General Dynamics Corporation", operación que el 30 de marzo de 2001 es ratificada por el Consejo de Ministros, convirtiéndose la primera en una filial de la empresa americana con el nuevo nombre de Santa Bárbara Sistemas y estructurada en tres divisiones: vehículos, artillería y componentes, incorporándose la Fábrica de La Vega como centro de excelencia para mecanización.

En abril de 2012 Santa Bárbara Sistemas comunica el cierre de la fábrica de armas de La Vega y el traslado de la plantilla y la maquinaria a la fábrica de Trubia, proceso de integración que culminó con el cierre definitivo de la fábrica de La Vega.

Este proceso tuvo como lamentable consecuencia, en febrero de 2012, la presentación de un plan de reestructuración que significó una reducción del 40% de la plantilla conjunta de las Fabricas de La Vega-Trubia a través de un conflictivo ERE con 55 despidos directos de unos trabajadores que llevaban, en muchos casos, más de 30 años en la empresa, complementado con un ERTE que afectaba cada mes a más de 213 empleados hasta, al menos, diciembre de 2015.


Página 13




Es necesario destacar la lucha de los trabajadores despedidos de la Fábrica de Armas, conocidos como "Los 55 de Trubia", contra una decisión empresarial injusta cuyo resultado es el cierre de un centro industrial que disponía de instalaciones únicas en Europa, la perdida de la capacidad de fabricar diversos tipos de productos y un evidente desmantelamiento de la industria de defensa en Asturias, que hace apenas unos años suponía unos 2.500 empleos directos, y que ahora apenas llega a los 400.

Durante más de siglo y medio La Vega ha sido una parte relevante de la modernización de Oviedo y de toda Asturias. La fábrica contribuyó poderosamente a la creación de empleo, y a principios de los noventa esta tenía una plantilla de más de 4.000 trabajadores.

Con el cese definitivo de su actividad industrial los terrenos de La Vega han dejado de cumplir -en contra de la voluntad del Ayuntamiento de Oviedo- la finalidad para la cual fueron cedidos al Estado, Por ello entendemos que ha llegado el momento de que se cumpla la condición expresamente incluida en la escritura de cesión y se devuelva al Ayuntamiento de Oviedo el inmueble cedido y, con este objetivo, se presenta esta Proposición no de Ley.

Es preciso entender que el emplazamiento y la extensión de la parcela convierten La Vega en una pieza fundamental para el futuro desarrollo de la ciudad de Oviedo.

En este sentido se puede afirmar que la puesta en marcha inminente del proyecto "Conectando Oviedo" con una financiación global de casi 20 millones -el 50% aportados por la UE a través del programa EDUSI- para regenerar toda el área de La Vega, y el inicio del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, suponen la ocasión idónea para que el municipio recupere la titularidad legal de los terrenos de la fábrica, incluyéndolos en la nueva ordenación y planeamiento de la zona.

Al margen de la oportunidad social, urbana, cultural y económica que representa la reversión de los terrenos al Ayuntamiento de Oviedo, no es posible olvidar ni menospreciar el estrecho vínculo sentimental que la ciudadanía ovetense siente hacia la Fábrica. La Vega formó parte imprescindible del corazón de Oviedo durante más de 150 años y a la sombra de la fábrica creció una nueva ciudad industrial que moldeó lo que hoy es el Oviedo actual.

Durante más de siglo y medio Oviedo ha respetado el acuerdo alcanzado con el Estado para la cesión gratuita del uso de esos terrenos. Una vez extinguida la condición esencial de ese acuerdo la ciudad, y este Grupo Parlamentario, entienden que ha llegado el momento de que el Estado devuelva a Oviedo lo que, en realidad, nunca ha dejado de ser suyo.

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado una negociación con el Ministerio de Defensa con el objetivo de defender los derechos de la ciudad a través de un diálogo entre instituciones que evite procesos judiciales interminables con el convencimiento de que, a ambas Administraciones, les une el mismo interés público.

Este proceso comenzó con una administración regida bajo el signo político de un Partido Popular que había mostrado poca sensibilidad hacia las necesidades y anhelos de los y las ovetenses. Con el nuevo equipo ministerial creemos que se debería de abrir una nueva etapa en el gobierno de la nación, que ahora hay un nuevo gobierno que debiera ser mucho más receptivo a las reivindicaciones sociales y que ello debe necesariamente reflejarse en una mejor acogida de las legítimas aspiraciones municipales de recuperar este espacio emblemático para la ciudad de Oviedo, y en una mayor y completa sintonía con los planteamientos de su Ayuntamiento.

En estas negociaciones Oviedo solicitará, en cumplimiento de las condiciones establecidas en la escritura de cesión, la reversión de la propiedad de esos terrenos al Ayuntamiento. Que la anterior titular del Ministerio de Defensa haya planteado para acceder a iniciar las negociaciones que otra administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Oviedo, asuma el pagar los terrenos en cuestión a precio de mercado no parece lo más razonable y no observa el principio de colaboración entre administraciones públicas. Dicho principio debería presidir las relaciones entre las distintas administraciones de nuestro Estado y estamos convencidos que la nueva Ministra de Defensa debiera compartir nuestro punto de vista.

Existen antecedentes de casos similares al descrito. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa en 1990 renunció a vender comercialmente el antiguo cuartel de Viriato de Zamora, cedido en su momento con una cláusula que condicionaba la cesión al uso como cuartel idéntica a la expuesta al inicio de este escrito, y que actualmente es un centro universitario, o la cesión -también realizada por el Ministerio de Defensa- del edificio de la Real Fábrica de Artillería al Ayuntamiento de Sevilla, quien lo destinará a espacio cultural.

Finalmente el Ministerio de Defensa debe entender que ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía de Oviedo están dispuestos a permitir que se realicen operaciones con el único ánimo de hacer caja con un patrimonio que pertenece, en primera instancia, al pueblo de Oviedo.


Página 14




Esta Proposición no de Ley pretende impulsar un acuerdo entre ambas administraciones que permita eludir lo que probablemente sería un largo proceso legal, evitando no solo los costes económicos que conllevaría, sino también que las instalaciones y terrenos de la antigua Fábrica de armas de Oviedo siguieran sin ningún uso ni la adecuada conservación, lo que conllevaría el deterioro consiguiente durante la duración del litigio.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que el Ministerio de Defensa acuerde y firme un acuerdo de devolución y cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo a favor del Ayuntamiento de esta ciudad, por haberse extinguido la condición recogida en la escritura pública de cesión otorgada el 1 de marzo de 1856, y al haber finalizado el uso industrial de los mismos.

2. Dicha cesión no comportará el abono de contraprestación económica alguna por parte del Ayuntamiento de Oviedo, ni la permuta por otros terrenos de propiedad municipal, y comprenderá la totalidad de los terrenos e instalaciones ocupados actualmente por la Antigua Fábrica de Armas de Oviedo.

3. El acuerdo entre ambas administraciones deberá ser firmado en un plazo máximo de seis meses, a contar desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley, con el doble objetivo de evitar un mayor deterioro de las instalaciones y recuperarlas para el uso del consistorio, y por ende de la ciudadanía, lo antes posible.

4. Mientras se hace efectivo el acuerdo mencionado en los puntos anteriores de esta Proposición no de Ley solicitamos que el Ministerio de Defensa proceda a poner inmediatamente a disposición de la ciudadanía las instalaciones de la Fábrica de La Vega mediante una cesión temporal de usos en favor del Ayuntamiento de Oviedo que permita dar utilidad social real a un patrimonio que actualmente carece totalmente de actividad y se ésta deteriorando con el paso del tiempo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2018.-Segundo González García, Sofía Fernández Castañón y José David Carracedo Verde, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda

161/003371

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Corrección de su Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Hacienda, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 377, de 26 de junio de 2018.


Página 15




A la Mesa del Congreso de los Diputados

Rogamos que se modifique la Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema de financiación autonómica del pasado 14 de junio de 2018, con número 092348 por el Diputado Ignasi Candela Serna, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en los siguientes términos:

1. Se añade un apartado 7.º, que queda redactado como sigue:

"7. En tanto no se lleve a cabo la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), el Gobierno deberá prever en los PGE correspondientes a cada uno de los ejercicios, una compensación extraordinaria a favor de las Comunidades Autónomas que, contando con un PIB per cápita inferior a la media, son aportadoras al SFA en términos netos.

La compensación será igual al importe que, en términos netos, aporten las Comunidades Autónomas que cumplan el supuesto de hecho mencionado en el párrafo anterior, según la última liquidación disponible del sistema de financiación.

En su defecto, el Gobierno establecerá las modificaciones necesarias para repartir en favor de estas Comunidades los remanentes que pudieran existir en los distintos fondos que conforman el SFA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003606

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica así como la creación de un programa de reducción de la deuda de las Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

En la actualidad siguen siendo muy evidentes los déficits y la insuficiencia que padecen en términos de financiación tanto los entes locales, los ayuntamientos, como las comunidades autónomas. Durante los últimos años, la política del anterior gobierno con respecto a las comunidades autónomas se centró en la vulneración sistemática de la autonomía, en la invasión permanente de competencias y en el intento de limitación y control con el objetivo de convertir a los gobiernos de las comunidades autónomas y de las entidades locales en una especie de gobiernos administrativos sin capacidad de maniobra económica y sin autogobierno real. En lugar de contribuir al desarrollo de los autogobiernos de las comunidades autónomas y al desarrollo de los mecanismos de cooperación y colaboración, lo que ha venido aplicándose ha sido un proceso de infrafinanciación y consecuente recentralización.

El actual sistema de financiación, que debería haberse revisado hace ya cuatro años y que por tanto está caducado, es un modelo que no garantiza adecuadamente la equidad, la suficiencia financiera, la autonomía y la corresponsabilidad fiscal necesarias. A pesar del avance que supuso en su momento su aprobación, en este momento carece de eficacia y es por ello imprescindible impulsar la negociación de un nuevo modelo de financiación en el que las comunidades autónomas puedan participar de forma bilateral con el Gobierno del Estado.

Por otra parte, en estos años de políticas de austeridad, el reparto de los objetivos del déficit ha perjudicado a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos así como a los servicios públicos fundamentales que prestan. En este sentido, es necesario corregir esa erosión para volver a alcanzar los niveles de gasto en proporción al Producto Interior Bruto que teníamos en 2009 y, por tanto, flexibilizar los objetivos de reducción del déficit de las comunidades autónomas en general y de Catalunya en particular para garantizar las inversiones sociales.

Según el Programa de Estabilidad presentado en su momento por el Gobierno del Partido Popular, el déficit del conjunto de las administraciones públicas debería ser en 2019 del 1,3%; el del Estado del 0,3%, el de las comunidades autónomas del 0,1% y el de las corporaciones locales del 0,0%. Más recientemente, el nuevo Gobierno ha anunciado que los objetivos de déficit planteados en el Programa de Estabilidad no son realistas y deben revisarse, estableciendo nuevas cifras: 2,7% del PIB en 2018 (medio punto por encima del 2,2% pactado) y del 1,8% en 2019, igualmente cinco décimas más que el 1,3% fijado hasta la fecha).


Página 16




Durante estos años de políticas de austeridad el reparto de la reducción del déficit entre administraciones públicas ha perjudicado a las comunidades autónomas en beneficio de la administración central. Los objetivos para 2019 de déficit deberían permitir el incremento del gasto público e iniciar una senda de recuperación de derechos y prestaciones sociales.

En paralelo a la reforma del sistema de financiación, que debe resolver los problemas de infrafinanciación, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya deberían acordar un programa de reducción de la deuda de la Generalitat, mediante quitas de la deuda contraída a través de los mecanismos de liquidez extraordinarios. Actualmente, la deuda con el Estado supone la mayor parte de la deuda de la Generalitat, más de 67.000 millones de euros. Del mismo modo, el resto de comunidades autónomas que lo estimen oportuno también podrán acordar sendos programas de reducción de la deuda con el Estado.

La implementación del programa de reducción de la deuda de la Generalitat podría darse durante un periodo de tres años, en el que la Administración General del Estado tendría la posibilidad de refinanciar progresivamente la deuda de las comunidades autónomas adquirida a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez a un plazo de 75 años a tipo de interés cero. Estas refinanciaciones podrían continuar bajo las condiciones del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) durante este periodo de tres años, relajándose paulatinamente y desapareciendo una vez acabado el programa. Las refinanciaciones deben servir de señales para garantizar el retorno a los mercados financieros de las administraciones autonómicas, por lo que este retorno debería hacerse de forma paulatina y sincronizada con las refinanciaciones. El objetivo de este programa deber ser el de que en 2021 finalicen las condiciones de control de las finanzas ejercidas a través del FLA y, por tanto, del autogobierno de la Generalitat de Catalunya.

Los mecanismos de liquidez extraordinarios de las comunidades autónomas han servido en los últimos años para mantener el funcionamiento de sus finanzas, sustituyendo el recurso al endeudamiento bancario y procedente de los mercados de capitales del que disponían hasta 2012. Pero también han servido para aplicar una serie de condiciones que han limitado el margen de maniobra de las comunidades autónomas.

Es por ello que derogar toda regulación que limite la autonomía financiera de las comunidades autónomas debería ser un objetivo prioritario. Así, y en paralelo al proceso de refinanciación de la deuda de las CCAA, debería procederse a la derogación inmediata de la Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Catalunya la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar de forma inmediata la negociación de un nuevo modelo de financiación de las CCAA.

2. En el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales negociar la reforma del sistema de financiación con la Generalitat de Catalunya.

3. Acordar, en cooperación con el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, un programa de reducción de la deuda de la Generalitat que posibilite la refinanciación progresiva de la deuda adquirida a través de los mecanismos de liquidez extraordinarios y permita acabar con las condiciones de control de las finanzas ejercidas a través del Fondo de Liquidez Autonómica. La posibilidad de acordar un programa para la reducción de la deuda se hará extensiva a aquellas comunidades autónomas que lo deseen o estimen oportuno.

4. Derogar la Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Catalunya la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general.

5. Impulsar un acuerdo sobre la deuda del Estado con la Generalitat por incumplimiento en la liquidación de la Disposición Adicional Tercera del Estatut de Catalunya sobre inversiones del Estado en infraestructuras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 17




161/003613

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para compensar los intereses de demora correspondientes a los expedientes de reintegro a los afectados por el terremoto de Lorca, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El terremoto de Lorca ha sido el de mayor gravedad de nuestro país en su historia reciente. La situación por la que han pasado muchas miles de familias ha sido dramática y, aun hoy, siete años después, quedan fuertes secuelas en una población que aún está recuperándose del fuerte impacto sufrido.

Estas excepcionales condiciones económicas y sociales a las que condujo el terremoto de Lorca hacen necesaria una condonación de intereses de demora ya que, de no ser así, los ciudadanos de Lorca damnificados por el terremoto tendrían que añadir a los reintegros superiores a 13 millones de euros un sobrecoste de 456.000 euros.

El tiempo transcurrido desde que se obtuvo la ayuda por parte de los beneficiarios hasta el momento actual, en que se viene realizando la fase de justificación, ocasiona una enorme dificultad para que los interesados puedan acreditar con facturas y justificantes de pago las obras realizadas, ya que en algunos casos han extraviado los documentos y en otros las empresas que ejecutaron las obras han desaparecido, por lo que no es posible a día de hoy la aportación de los justificantes, con lo que en caso de incoarse expediente de reintegro la situación se agrava considerablemente con el recargo de intereses al haber sido abonada la subvención hace ya varios años.

Otro tanto ocurre con aquellos beneficiarios de subvención que posteriormente desistieron de la misma y con quienes han percibido la ayuda y posteriormente perciben la indemnización del consorcio.

La realidad es que la mayor parte de las ocasiones el devengo de los intereses no ha sido por la inacción de los beneficiarios, sino por la propia dilación de los diversos procedimientos incoados.

En total se han tramitado más de 16.000 expedientes y se han concedido 7.885 ayudas por todos los conceptos, alquiler, reparación, reconstrucción, elementos comunes y enseres, por una cuantía superior a los 80 millones de euros.

Hasta la fecha, son más de 2.000 los expedientes que, de forma total o parcial, pueden generar reintegros, con la correspondiente liquidación de intereses desde el momento en que se percibió la ayuda para la reparación de viviendas, y se han practicado un total de 742 autoliquidaciones (que también devengan intereses) igualmente en expedientes de reparación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que implemente, de manera urgente, medidas que compensen los intereses de demora a los que tienen que hacer frente los habitantes de Lorca que se acogieron a las ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 18




Comisión de Interior

161/003605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las acciones que debe realizar el Gobierno de forma a frenar el actual problema migratorio así como para reforzar los medios actuales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Ante la falta de medidas efectivas por parte del gobierno actual, España se enfrenta hoy a una explosión de inmigración irregular desde Marruecos que se prevé siga viéndose incrementada en los próximos meses. España se convierte así en el destino más buscado en el Mediterráneo por las mafias que trafican con seres humanos, las cuales aprovechan cualquier desliz de nuestro gobierno, para actuar.

Nos encontramos así ante la mayor crisis migratoria desde la Crisis de los Cayucos, ante lo cual el Gobierno sigue adoleciendo de una estrategia real y efectiva a pesar de la dimensión que está adoptando el problema y que, se prevé, va a alcanzar.

Las entradas son cada vez son más numerosas y difíciles de contener. A pesar de la dimensión de este problema migratorio, la única propuesta del Gobierno de Sánchez ha sido el anuncio de retirada de las concertinas situadas en la valla de Ceuta y Melilla, sin que haya planteado una propuesta alternativa, ni haya hecho referencia a la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí desplegados.

Según datos publicados por el Ministerio del Interior en su Informe quincenal sobre Inmigración Ilegal, a día 15 de julio de 2018, España había recibido ya la entrada de 19.997 inmigrantes ilegales; un 86% mal que en 2017 por esas mismas fechas. En esta comparativa, es importante resaltar el número de entradas por vía marítima, ya que se han registrado 17.000 entradas por vía marítima, casi 10.000 entradas más que en el año anterior.

Estas cifras además, no tienen en cuenta recientes entradas come la que se produjo el pasado 26 de julio por la valla de Celta; en la que 602 inmigrantes ilegales irrumpieron en territorio español con una alarmante brutalidad y sorprendente organización, jamás vista ahora: Medios como lanzallamas caseros, cizallas, radiales, mazos, piedras, o incluso cal viva, fueron utilizados contra los agentes de la Guardia Civil allí desplegados, para entrar en territorio español. Como resultado de esta entrada sin precedentes en grado de violencia y en número de inmigrantes, 22 agentes de la Guardia Civil tuvieron que ser atendidos por heridas de diversa consideración, cinco de ellos en el hospital por quemaduras químicas en piernas, brazos, y con la visión dañada.

A estos saltos a la valla, se están sumando además las oleadas sin control de llegada de inmigrantes a la provincia de Cádiz y al Campo de Gibraltar, donde las comisarías están desbordadas. Ante este desbordamiento, los ayuntamientos de la zona han tenido que habilitar pabellones y polideportivos para acoger a los inmigrantes ilegales que llegan desde Marruecos. Se han dado casos, incluso, en los que barcos de salvamento que realizaban su labor en el Estrecho y en Algeciras, han tenido que quedarse en puerto por no haber sitio en tierra para rescatar a más inmigrantes.

Resulta evidente que la falta de política migratoria de este Gobierno y sus medidas lanzadas en busca de titulares, están agravando el problema de la inmigración ilegal en lugar de solucionarlo. Según denuncian las diferentes asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil; la situación en Andalucía, Ceuta y Melilla, es ya insostenible e imparable. Y a esto se suma la brutalidad y organización con la que se están produciendo los saltos a la valla.

Además de por las condiciones meteorológicas favorables, es evidente que las mafias han aprovechado las reducidas plantillas desplegadas en las Vallas de Ceuta y Melilla que, lejos de recibir refuerzos materiales y personales ante la previsión del incremento de entradas, están mermadas por la falta de personal durante el periodo vacacional. Como única medida de refuerzo, el gobierno ha cometido la temeridad de enviar a los destinos más calientes, personal en periodo de formación sin experiencia.


Página 19




Haciendo caso omiso a las noticias diarias que informan sobre el colapso de CIEs, Comisarías y otras dependencias donde se está alojando a los inmigrantes ilegales, ni Gobierno considera que no hay colapso alguno, y tampoco se ha solidarizado con los guardias civiles recientemente heridos en Ceuta tras el salto a la valla.

Así pues, ante un Gobierno ausente que no manifiesta de manera explícita su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que defienden nuestras fronteras y la seguridad de los españoles; y ante un gobierno que, lejos de plantear medidas reales y eficaces para luchar contra el acuciante problema de la inmigración ilegal que está afectando a nuestro país, está más preocupado de lanzar anuncios a golpe de titulares que de solucionar el problema-migratorio.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Destinar una mayor dotación de medios humanos y materiales a las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en las zonas fronterizas de nuestro país; y en especial a las desplegadas en Ceuta y Melilla.

2. Incrementar el grado de inversiones para la modernización de los sistemas de control y seguridad activa y pasiva del perímetro de la valla fronteriza.

3. Apoyar de manera explícita a los agentes de la Guardia Civil y Policía que día tras día defienden nuestras fronteras con una intachable profesionalidad.

4. Actuar de forma responsable evitando medidas o anuncios que puedan suponer un incremento no deseado de la inmigración ilegal así como de la actividad de las mafias que trafican con seres humanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Fomento

161/003551

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Rosana Pastor Muñoz, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la paralización y reconversión de la ZAL de Valencia.

Exposición de motivos

Las expropiaciones y actuaciones para la creación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, en la pedanía de La Punta, realizadas hace unos quince años en circunstancias cuestionables, causaron daños irreparables sobre la huerta y condujeron a una deportación traumática de vecinas y vecinos de La Punta. Ubicado sobre suelo declarado no urbanizable de especial protección, este proyecto ha supuesto amén de la expulsión violenta de sus vecinos, arrasar casas, tierra extremadamente fértil, patrimonio histórico-cultural, un empeoramiento de la calidad ambiental y social del territorio, muy especialmente del entorno de la ciudad de Valencia. Por todo ello se torna necesario estudiar alternativas que contribuyan a paliar el daño causado y apuesten por un futuro que incluya la sostenibilidad, el respeto al territorio y una ciudad más habitable al servicio de la gran mayoría social.

Desde su creación, la actual ZAL, cuenta con una superficie extremadamente reducida, lo que implica que su óptimo funcionamiento exigirá nuevas ampliaciones sobre la huerta adyacente y nuevas infraestructuras, incremento de la circulación viaria, deterioro de la calidad de vida de los vecinos de los poblados del Sur, perpetuando un modelo de ciudad que destruye playas y huertas desoyendo los consejos y preceptos de la propia legislación valenciana, perdiendo así la posibilidad de adaptarse a los efectos del cambio climático que sin duda llegará.


Página 20




El balance de esta ZAL a día de hoy es negativo, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Además conviene recordar que existe una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015, que declara el Plan Especial de La Punta, nulo y tiene efectos "ex tunc", lo que significa que la Administración debe iniciar de cero el nuevo planeamiento, como si nada de lo hecho lo hubiese ocurrido, eximiendo a la autoridad competente de seguir con el planeamiento anterior. Igualmente, otra sentencia del Tribunal, está de 2017, anula la subestación eléctrica que debería proporcionar el suministro de energía eléctrica a la ZAL. También han introducido cambios legales las recién aprobadas Ley de la Huerta, que entre otros objetivos tiene el de velar por la protección del patrimonio medioambiental y paisajístico de este espacio singular que es L'Horta de València, de la que La Punta forma parte indeleble.

Esta ZAL no es la mejor alternativa desde el punto de vista logístico según muchas personas expertas y según ha manifestado en más de una ocasión la propia autoridad portuaria. El espacio que ocupa la ZAL forma parte de un ecosistema tan valioso como frágil, que actúa como único eje natural entre el Parque Natural de la Albufera y el Parque Fluvial del Turia.

La realidad del cambio climático, hace necesario repensar proyectos que han permanecido varados desde hace más de 20 años como la ZAL y orientar las políticas públicas hacia planes estratégicos que puedan contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

Una alternativa a considerar, sería promover una infraestructura verde, que apueste por la regeneración de una zona altamente degradada, proporcione a la ciudad un espacio de drenaje natural ante el riesgo de lluvias tempestuosas, capaz de amortiguar el efecto "isla de calor" de la ciudad, que ahorre energía, fije carbono para mejorar la calidad del aire y que aporte beneficios a toda la ciudad y a toda su área metropolitana.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Declarar la ZAL de Valencia como inviable, atendiendo a las sentencias judiciales, a las demandas vecinales y a una correcta sensibilidad por el cuidado de nuestro patrimonio cultural, social y ecológico.

2. Impulsar la creación de un corredor verde en los terrenos de la ZAL de Valencia que permita la conexión entre el Parque Fluvial del Turia con el Parque Natural de la Albufera. Incorporando este corredor al sistema de infraestructura verde protegida del Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València.

3. Desarrollar, en coordinación con las administraciones, entes y agentes implicados, incluyendo a vecinos, vecinas y organizaciones sociales, un plan de participación pública que diseñe y permita la reconversión a infraestructura verde (huertas, bosques, parques...) esta zona de conexión.

4. Establecer un plan temporalizado que permita conocer al resto de la ciudadanía los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas con los legítimos y originarios habitantes de la zona y que incluya algún tipo de reparación para éstos.

5. Realizar y poner en marcha de forma inmediata una auditoría pública e independiente de cara a depurar responsabilidades políticas sobre las actuaciones llevadas a cabo y la legitimidad de todo coste."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003558

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas doña Carmen Valido y doña María del Carmen Pita, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y memoria de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias.


Página 21




Exposición de motivos

A partir de la Tragedia del Vuelo JK5022 de Spanair el 20.8.2008, la Asociación de Afectados de dicho Vuelo (AVJK5022), promovió mejoras y cambios en la normativa internacional de asistencia a víctimas y sus familias de accidentes aéreos, ante organismos europeos e internacionales como la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil-Agencia de la ONU encargada de la normativa de aviación civil a nivel mundial) logrando, en unión de otros Estados pertenecientes a la OACI y Asociaciones de Víctimas de Accidentes Aéreos de diversos países, que la revisión de la Circular 285 se convirtiera en el Documento 9978 de Política de OACI en Asistencia a Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias y en el Documento 9973 que contiene la Guía de dicha Asistencia.

En 2015 la AVJK5022 fundó en Madrid junto con las Asociaciones de Alemania -HIOP-447-Accidente Rio París y Pakistán - Ablue-2010, La Federación Internacional de Victimas de Accidentes Aéreos y Sus Familias (FIVAAF-ACVFFIL que en febrero de 2016 fue reconocida por el Consejo de la OACI como Organización Internacional invitada a todos sus eventos.

La FIVAAF llevó a la pasada 39 Asamblea General de la OACI celebrada en septiembre de 2016, la elaboración de 3 Notas de Estudio que se aprobaron por mayoría de los países que los votaron durante las sesiones de la Asamblea, que se referían a:

- Nota Estudio-WP- N.º: 270-Inclusión Doc. 9978 en el Anexo 9 de la OACI. Política de la OACI de asistencia a víctimas y sus familiares.

- Nota Estudio-WP-N.º:271- Comisiones de Investigación: Aseguramiento de su Independencia.

- Nota Estudio-WP-N.º:272: Base de Datos en OACI con Recomendaciones de Seguridad dirigidas o no a la OACI de Accidentes Aéreos.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento durante la etapa de Ana M. Pastor Julián como Ministra, apoyó -incluso con su presencia en la 38 Asamblea General de la OACI en septiembre de 2013- las actividades, primero de la AVJK5022 a nivel internacional como miembro de ACVFI (Asociación de Víctimas USA) y luego de la FIVAAF, respaldando el trabajo que a nivel internacional se venía realizando en los organismos internacionales desde el año 2010, convirtiendo a España a través de la AVJK5022 en un referente internacional por la lucha en la asistencia a víctimas de accidentes aéreos y sus familias.

En el Real Decreto 632/2013 de 3 de agosto de 2013, se recogieron algunos de los objetivos de ese Documento 9978, siguiendo además el Reglamento Europeo 996/2010 que por primera vez recogía 3 cuestiones fundamentales a petición de las Asociaciones de Víctimas de España -AVJK5022- y Francia -FENVAC-:

1) Que se entregara la lista de pasajeros a las familias 2 horas como máximo después del accidente aéreo y antes de hacerla pública.

2) Que todos los miembros de la UE tuvieran un Plan de Asistencia a Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, motivo por el que se creó el Real Decreto 632/2013 citado.

3) Que la información oficial de las causas del accidente aéreo se diera primero a las familias afectadas antes de hacerlo público.

La AVJK5022 creadora y fundadora de la FIVAAF, sentó un precedente con su constitución en Madrid en la historia de la aviación comercial mundial, al conseguir que el Consejo de la OACI la reconociera como Organización Internacional por primera vez en su historia desde que se fundó en Chicago en 1944, siendo así, que los 191 países que la forman, cuentan con las víctimas de las catástrofes aéreas a través de la Federación para mejorar sus asistencias, la seguridad, las investigaciones oficiales, los derechos de los pasajeros, etc...

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Apoyar la agenda internacional de FIVAAF en la que se incluye su próxima asistencia a la Conferencia Mundial de Seguridad Aérea que se celebrará en la sede de la OACI en Montreal del próximo 9 al 19 de octubre de 2018 y en concreto a la Jornada de Asistencia a Víctimas que se celebrará dentro de la misma el día 16 de octubre.


Página 22




2. Promover en el seno de la UE, la aprobación de la Carta Europea de Derechos de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias y a impulsar por nuestro país, que se armonicen los protocolos a seguir en los distintos países asegurando que todos los afectados por una tragedia/catástrofe aérea tengan y se vean amparados por los mismos derechos.

3. Trabajar en otros Organismos Internacionales para impulsar un Estatuto Internacional de Derechos de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, con apoyo de los intervinientes en el transporte aéreo.

4. Impulsar una mayor relevancia a la voz de las víctimas de accidentes aéreos a través de la Federación Internacional y/o de la creación de una Fundación de Seguridad en Vuelo en España como existen en otros Países del entorno, que vele por los derechos de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias.

5. Apoyar la asistencia de FIVAAF a la 40 Asamblea General de la OACI que se celebrará en septiembre de 2019, a la que ya está invitada, a través de las iniciativas que se presenten conjuntamente por ambos Organismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Carmen Valido Pérez y María del Carmen Pita Cárdenes, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de actuaciones para la mejora de la ciudad de Talavera de la Reina, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La conexión de Talavera de la Reina por AVE con Madrid y Extremadura se ha visto impulsada por la adjudicación de la redacción del Estudio Informativo, que analizará la conexión de la nueva plataforma con la red de alta velocidad, en el Tramo Madrid-Oropesa, cumpliendo con los plazos marcados por el Ministerio de Fomento en relación con el desarrollo y ejecución de la línea de Alta velocidad Madrid-Talavera de la Reina-Extremadura.

En relación a la infraestructura ferroviaria convencional, actualmente ADIF tiene en marcha en la provincia de Toledo una serie de actuaciones para la renovación y mejora de la línea Madrid-Extremadura, obras de instalación y protección automática, tratamiento y mejora de los terraplenes, renovación de vías y electrificación de tramos e instalación de Bloqueo Automático Banalizado (BAB) en varios tramos. En el Plan de conservación de estaciones de bajo tráfico de viajeros, en la provincia de Toledo se están llevando a cabo actuaciones en siete estaciones.

En la implantación de la Plataforma Logística en Talavera de la Reina se viene trabajando desde la firma del Protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el ) Ministerio de Fomento el 25 de noviembre de 2014, habiéndose realizando, desde esa fecha, una vez constituida la comisión de seguimiento por parte de las tres administraciones, los trabajos necesarios para determinar el encaje territorial de la terminal por parte del Ayuntamiento, el estudio de demanda de la misma por parte de la Junta y el estudio funcional por parte del Ministerio de Fomento, según lo previsto en el Protocolo.

El Ministerio de Fomento y Renfe, en la implantación de la Plataforma Logística atenderá, en su caso, las nuevas demandas de servicios ferroviarios para el transporte de mercancías e incrementará la cuota modal del ferrocarril que sean necesarios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en Congreso, presenta la siguiente


Página 23




Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Continuar y concluir las actuaciones para la renovación y mejora de la línea Madrid-Extremadura a su paso por la provincia de Toledo, así como la nueva línea de alta velocidad Madrid-Oropesa.

- Implantar un Puerto Seco y una Plataforma Logística en Talavera de la Reina."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a suprimir el paso a nivel en Fregenal de la Sierra entre la línea ferroviaria Zafra-Huelva y la carretera EX-201, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La línea ferroviaria de ancho convencional Zafra-Huelva a su paso por el municipio de Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz, cruza la carretera regional EX-201 en el punto kilométrico 47,168 de la línea Zafra-Huelva.

La calzada del paso a nivel por el que atraviesa dicha línea, titularidad de la Junta de Extremadura, se encuentra en muy malas condiciones de conservación, suponiendo un peligro para los numerosos automóviles y vehículos pesados que cruzan esa zona diariamente, ya que conecta Fregenal de la Sierra con tres polígonos industriales, por lo que requiere una intervención urgente.

El Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra solicitó a los servicios territoriales de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta en Badajoz, titular de esta carretera, un informe sobre la densidad de circulación por este punto. Estos, a su vez, enviaron un escrito a la Dirección de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional Sur de Adif, titular del paso a nivel, poniendo de manifiesto su mal estado y solicitando información acerca de un proyecto existente desde 2010 para la supresión del mismo.

Se trata de un antiguo proyecto (2010) que el Gobierno anterior del Partido Socialista se comprometió a realizar y que formaba parte del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel puesto en marcha por el Ministerio de Fomento, cuyo objetivo era priorizar las actuaciones en función del nivel de riesgo de cada paso, coordinando su ejecución con los diferentes titulares de los viales. En aquella ocasión Adif indicó que "al tratarse de un paso situado en una zona semiurbana, se han descartado los pasos superiores, por el mayor impacto visual que suponen y su menor integración en el entorno". Por tanto, señala Adif en su proyecto, "la solución a desarrollar consiste en la ejecución de un paso inferior".

Así mismo, ya en 2010, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif indicaba que "en la actualidad se está redactando un proyecto para realizar una variante de la EX-201, recogida dentro del proyecto de "Acondicionamiento de la carretera EX-201 de Santa Olalla de Cala a Fregenal de la Sierra en su tramo de Bodonal de la Sierra a Fregenal de la Sierra" y que en este proyecto está prevista la construcción de una nueva glorieta, situada en el punto kilométrico 6,950 de la nueva actuación, aproximadamente el 48,500 de la actual, a unos 300 metros del paso a nivel en sentido hacia el casco urbano de Fregenal de la Sierra, y a partir de la cual se plantea la nueva variante, que discurre entre esta y la glorieta partida existente que da acceso al Polígono Industrial Frexnense, situada igualmente a unos 300 metros en sentido opuesto. La distancia entre ambas glorietas permite un gálibo suficiente para un paso inferior con luz suficiente para el paso de camiones, en la ubicación del paso a nivel, manteniendo la traza de la actual EX-201".

El Gobierno del Partido Socialista de España nunca llegó a ejecutar este proyecto, incumpliendo el compromiso adquirido con los ciudadanos de Fregenal de la Sierra. No así el Gobierno del Partido Popular, que mostró siempre su atención a este problema y este mismo año ha llevado a cabo una reparación


Página 24




urgente salvando la gravedad de la situación, a expensas de una solución definitiva a plantear en los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Por todo ello, creemos llegado el momento de solucionar definitivamente esta situación de peligrosidad que se genera a diario para miles de personas, eliminando el citado paso a nivel.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suprimir el paso a nivel en Fregenal de la Sierra entre la línea ferroviaria Zafra-Huelva y la carretera EX-201."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a levantar las inaceptables barreras existentes al servicio ferroviario entre España y Francia.

Exposición de motivos

Recientemente, la SNCF acaba de publicar los horarios de la línea de ferrocarril (servicio TER) 2287/5000 Narbona-Perpiñán-Cerbére/Portbou. Los nuevos horarios que ha establecido la SNCF desde el 7 de julio son peores que los anteriores en cuanto a coordinación.

Si antes, en días laborables, sobre un total de 14 servicios que llegan a Portbou desde el lado español, había la posibilidad de coordinar el viaje desde Cerbére hacia Perpiñán en 7 ocasiones y de 5 sobre 12 en días festivos, en la actualidad las posibilidades de correspondencia se han reducido debido a este cambio de horarios efectuado por SNCF.

En los horarios publicados por la SNCF y Renfe no se hace referencia a la posibilidad de correspondencia, ni viniendo de Portbou al llegar a Cerbére, donde los trenes españoles finalizan su recorrido, para cambiar a un tren francés, ni, recíprocamente, lo mismo pero en dirección contraria, hacia Portbou, para trenes franceses que enlazan con servicios Renfe. Tampoco se hace mención de la posibilidad de consultar horarios del otro operador ferroviario a través de sistemas electrónicos.

Aunque cueste de creer, los actuales enlaces ferroviarios entre Cerbére y Portbou aún se rigen por acuerdos tomados entre las administraciones española y francesa en el siglo XIX, hace por tanto más de 130 años, por los cuales, en este punto de la frontera franco-española, los trenes franceses que llegan a Portbou no están autorizados a tomar pasaje en su viaje de vuelta hacia el norte y, recíprocamente, los trenes españoles que alcanzan Cerbére tampoco lo pueden hacer en su viaje de vuelta hacia el sur.

Por más rechazo que esta decimonónica norma genera, no hay forma de que este inverosímil esquema de funcionamiento ferroviario sea derogado, que atenta contra el principio de integración europea y de promoción del transporte sostenible. Veinte años más tarde del acuerdo de Schengen, los ciudadanos del norte y del sur de los Pirineos aún tienen dificultades para cruzar las fronteras sin un vehículo propio, en el transporte sostenible.

Lamentamos que los intentos por parte de las asociaciones de usuarios y usuarias de uno y otro lado de la frontera, en el sentido de conseguir la derogación de esta abominable regulación, no hayan dado aún sus frutos debido a la negligencia de las administraciones nacionales ferroviarias.

Analizados todos los enlaces ferroviarios entre los numerosos países miembros de la Unión Europea, en ninguno de ellos se dan las exclusiones de servicio que se dan en el enlace ferroviario Portbou-Cerbére.

La Alianza Transfronteriza, constituida por las asociaciones pro transporte público y movilidad sostenible de ambos lados de los Pirineos, propuso en 2014 las medidas siguientes:


Página 25




"A) A corto plazo:

- El incremento de los servicios de proximidad (regional y TER) y aplicación de una cadencia de una o dos horas que haga posible la utilización del transporte público ferroviario por los diversos motivos de desplazamiento dentro del Eurodistrito (Catalunya-Occitania).

- La optimización de las conexiones internacionales a Cervera/Portbou y La Tour de Carol/Puigcerdá;

- Programación de los horarios SNCF-Renfe en todo el Eurodistrito para facilitar el enlace de las líneas Vilafranca de Conflent-Perpiñán y Toulouse-Narbona-Montpellier con el Corredor Mediterráneo.

- La incorporación del tren amarillo de vía estrecha (métrica), entre Vilafranca de Conflent y La Tor de Querol, el proyecto de mejora de las comunicaciones transfronterizas, haciendo las inversiones necesarias, y contemplando la posibilidad de un cambio de operador (actualmente en manos de la SNCF) que tenga de verdad interés en potenciar este medio de transporte.

B) A medio plazo:

- La entrada en servicio de una red regional ferroviaria de Alta Velocidad (TERGV) entre Nimes y Barcelona, con el material existente (trenes AVE y TGV Sur-Este), para fomentar una dinámica eurorregional;

- La entrada en servicio de un tren transfronterizo Perpiñán-Girona, con extensiones a Montpellier y Barcelona, utilizando los trenes Talgo que dejan de prestar servicio de ancho variable, que circularían por la línea convencional para satisfacer las necesidades de las poblaciones litorales y hacer posible un modelo turístico más sostenible y menos estacional.

C) A largo plazo:

- La construcción de la conexión Perpiñán-Montpellier polivalente en alta velocidad, para superar la fragilidad y saturación del corredor actual, constituyendo un corredor fiable y para completar las relaciones de largo recorrido del Corredor Mediterráneo y de la línea Madrid-Barcelona-París íntegramente en líneas de altas prestaciones, ofreciendo al mismo tiempo por los trenes de mercancías un salto significativo en la oferta y unas ganancias de tiempo que atraerán a los cargadores y permitirán una transferencia de carga real de la carretera hacia el ferrocarril. Esto asegurará una mejor optimización de las nuevas líneas y, por tanto, un coste financiero menor para la colectividad y contribuiría, asimismo, a la disminución de las emisiones de gases invernadero imputables al transporte por carretera.

- La instalación de un tercer carril desde Cervére hasta Girona para facilitar y asegurar el tráfico internacional de viajeros y mercancías."

Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acordar con el Estado francés la inmediata derogación de la norma vigente desde el siglo XIX por la que los trenes españoles y franceses no pueden recoger pasaje en su viaje de vuelta después de alcanzar el extremo de la línea situado en el otro país.

2. Acordar con el gobierno francés un sistema horario coordinado de servicio ferroviario en la frontera pirenaica, sobre los ejes Irún-Hendaya, Puigcerdá-La Tor de Querol y Portbou-Cerbére, con el objetivo de maximizar el número de correspondencias entre los servicios de Renfe y SNCF, y aumentar la calidad de estas correspondencias para, en un plazo de cuatro años, acabar constituyendo un único servicio regional transfronterizo en las regiones de ambos lados de los Pirineos.

3. Acordar con el gobierno francés la creación de un servicio regional integrado en el área de Catalunya-Occitania, con ramales hacia Aragón y Comunidad Valenciana, aprovechando los ejes ferroviarios de alta velocidad y el convencional Portbou-Cerbére por la costa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 26




161/003595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de la liberación de las vías ferroviarias entre San Gabriel y Agua Amarga en el proyecto de conexión del aeropuerto de Alicante-Elche con la red de cercanías de Renfe, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Ministerio de Fomento ha incluido el proyecto de conexión de la red ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche dentro del plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, así como los estudios relativos a la unión con la estación de Alta Velocidad Dama de Elche, situada en la partida ilicitana de Matola.

Sin duda, el enlace ferroviario con el aeropuerto en el plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana es una necesidad estratégica para el desarrollo socioeconómico de la región. Al parecer, la conexión de la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia con el aeropuerto ubicado en Elche contará con un presupuesto de 85 millones de euros en su primera fase, mientras que la dotación presupuestaria relativa a los estudios para el enlace con la estación del AVE de Elche ascenderá a 34 millones de euros. La conexión con el aeropuerto tiene una longitud de actuación de 7 kilómetros y en el caso de la estación del AVE Dama de Elche será de 3,8 kilómetros.

Sin embargo, el proyecto no contempla retirar la plataforma de las vías de cercanías de la primera línea del mar en San Gabriel. Desestimada la variante de Torrellano, con un coste estimado de 170 millones de euros, finalmente se opta por la solución más sencilla y rápida: un ramal de poco más de 1 kilómetro cuando el tren de cercanías Alicante-Murcia circula a la altura de las Casas de Bonmatí, paralelo a la N-340, frente al aeropuerto.

No acometer las obras de la variante de Torrellano significa despreciar una actuación fundamental para la ciudad de Alicante y su zona sur, como es la liberación de las vías ferroviarias entre San Gabriel y Agua Amarga. Parece aceptarse una especie de miniconexión ferroviaria, abandonando de nuevo la variante de Torrellano e impidiendo una vez más que se retiren las vías del tren de la primera línea de costa de la ciudad de Alicante.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el proyecto de conexión del aeropuerto de Alicante-Elche con la red de cercanías de Renfe la liberación de las vías ferroviarias entre San Gabriel y Agua Amarga."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre refuerzo de la transparencia y seguridad en la planificación y puesta en servicio de líneas de Alta Velocidad, especialmente en la Comunidad Autónoma de Galicia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El 24 de julio de 2013 se produjo a las afueras de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois, el accidente del tren Alvia 04155 en el trayecto de la nueva línea 082 de Adif entre Orense y Santiago. Se trata, sin duda, del accidente más grave del sector ferroviario ocurrido en los últimos 40 años.


Página 27




Cinco años después de la tragedia, el Gobierno de España vuelve a tener un interés estratégico en el desarrollo del ferrocarril de alta velocidad en la comunidad de Galicia, tal y como ha manifestado el actual Ministro de Fomento en sus primeras comparecencias públicas como titular del Ministerio y como se ha reflejado en los medios tras la reciente reunión en el Palacio de la Moncloa del Presidente del Gobierno y el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tras este último encuentro, el Gobierno de España, a través de su Presidencia, ha manifestado su compromiso "a que el AVE llegue en los plazos establecidos a Galicia, manteniéndose el ramal Lugo-Orense y estando pendiente del informe medioambiental para el ramal Vigo-Orense", lo que significaría que el tramo Zamora-Orense estuviese finalizado en sus actividades de obras e instalaciones en el último trimestre de 2019, estableciendo una "funcionalidad en pruebas" para esta fecha.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que las conexiones ferroviarias de alta velocidad con Galicia resultan vitales y de interés para el conjunto del Estado. Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra inquietud con la posibilidad de que estos compromisos acelerados tengan una marcada motivación electoralista. Ante esta visión de la inversión en infraestructuras de transporte como reclamo electoral, se debe dar más importancia al servicio que prestan las mismas al conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta no solo su utilidad social o su contribución a la cohesión y la vertebración territorial, sino además sus niveles de servicio (como son la comodidad del viajero, la fiabilidad de los servicios, materiales e instalaciones o la puntualidad), pero, por encima de todo, la seguridad de los viajeros.

Con el objetivo de acabar con una política de infraestructuras orientada a colocar primeros hitos muy formales, pero sin lograr un auténtico servicio con garantías, consideramos que la transparencia es un valor esencial de cara al público. Por tanto, la planificación, la priorización y los criterios de selección de las actuaciones en cuanto a sus obras o las acciones sobre las instalaciones y los servicios deben estar al alcance de la ciudadanía de forma clara, transparente y permanentemente actualizada, tal y como realizan el resto de los países vecinos de la Unión Europea, y haciendo cumplir, de una vez por todas, el mandato legal existente exigido por el propio Gobierno anterior a través de la Ley y el Reglamento del Sector Ferroviario vigentes.

Además, consideramos que dichas obras e instalaciones en las líneas de alta velocidad no deben declararse completas ni producirse su paso a pruebas (ni mucho menos, su puesta en servicio) si no se desarrollan en su totalidad y a lo largo de su recorrido íntegro las actuaciones y verificaciones en cuanto a sus instalaciones de seguridad y control de tráfico previstas desde su diseño en su imagen final, con el fin de minimizar cualquier tipo de riesgo en la conducción o marcha de los servicios y la supervisión de su material rodante (incluidos los de factor humano), conclusión que resulta coincidente con las de la Subcomisión Técnica para la Seguridad del Sector formada al respecto del accidente de Santiago de Compostela por el propio Ministerio de Fomento.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Hacer pública, a la mayor brevedad, la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, incluyendo las de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. Establecer un portal y mapas de acceso público por parte del Ministerio de Fomento para la publicidad y seguimiento de los cronogramas de realización de las obras sobre los activos e instalaciones de la actual y la futura red ferroviaria integrada en la Red Ferroviaria de Interés General, incluyendo también los de los períodos de su puesta en servicio.

3. Garantizar que las líneas de alta velocidad ferroviarias que prevean en la imagen de su diseño final estar dotadas con instalaciones de sistemas de supervisión automática continua de tipo ERTMS lo estén a lo largo de todo su recorrido y no puedan darse por acabadas, entregadas a pruebas o realizarse cualquier tipo de puesta en servicio si no se ha producido su terminación completa, los ajustes y la verificación correspondientes a cada etapa de forma respectiva, de cara a minimizar riesgos de cualquier naturaleza y a mantener sus niveles de seguridad previstos de forma original con este sistema funcional desde el inicio de sus operaciones comerciales y sin previsión de interrupciones o modos degradados de funcionamiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 28




161/003598

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el análisis exhaustivo de las posibilidades de cambio de ancho de vía, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En 1855, el Gobierno de España, apoyado en un informe técnico del ingeniero Juan Subercase, decidió que todos los ferrocarriles interurbanos tendrían un ancho de vía de 1.668 mm, frente al estándar europeo o internacional de 1.435 mm que ya empezaba a imponerse en aquel momento. Fue una decisión controvertida, que con el tiempo ha contribuido a mantener muy aislado al ferrocarril ibérico (ya de por sí perjudicado por su propia situación geográfica periférica) respecto del resto de Europa, condenándolo a transbordar tráficos completos (no solo locomotoras o personal) en las fronteras del norte, lo que supone un importante contratiempo, así como a desarrollar internamente y fabricar trenes específicos para este ancho, en un mercado pequeño.

La decisión en 1988 de construir la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en ancho internacional y la decisión posterior de construir los principales ejes de la red de alta velocidad en este mismo ancho han agravado el problema: se han generado fronteras ferroviarias interiores entre las redes de ambos anchos. Además, se ha creado la falsa sensación en los ciudadanos españoles de que el ancho es un parámetro crítico para el desarrollo de la Alta Velocidad. Sin embargo, la realidad es que, aunque la red de Alta Velocidad en España se haya construido casi en su totalidad en ancho europeo, el ancho de vía no influye significativamente en el comportamiento dinámico de los trenes, y no es necesario el ancho estándar europeo para circular a Alta Velocidad. Entre Ourense y Santiago circulan trenes de Alta Velocidad en ancho ibérico a 250 km/h y la infraestructura permite que lo puedan hacer a 300 km/h.

En la actualidad, por tanto, tenemos dos redes prácticamente separadas: una de 2.800 km en ancho estándar y otra de 11.250 km en ancho ibérico. La diferencia de ancho se da, además de en la frontera con Francia, en muchos otros puntos. Las tecnologías de cambio de ancho y de ancho mixto permiten resolver determinadas problemáticas, pero están lejos de salvar los enormes condicionantes de explotación que impone la diferencia de anchos. Además, estas tecnologías son costosas, cautivas de unos pocos proveedores y tienen ciertos inconvenientes.

La lógica dice que realizar una estandarización del ancho de vía, cambiando toda la red a 1.435 mm, puede generar ventajas para el transporte por ferrocarril en España, suficientes al menos para que se considere su planificación. Sin embargo, además del coste, un cambio de ancho generalizado presentaría importantes inconvenientes que es necesario tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión. De hecho, en los foros de discusión de expertos en el transporte ferroviario se generan fuertes discusiones técnicas sobre la conveniencia o no de realizar esta operación o sobre la forma de abordarla para afectar lo mínimo posible a la explotación ferroviaria: tanto partidarios como detractores lamentan que no existan estudios que permitan evaluar en términos de coste y beneficio socioeconómico las ventajas e inconvenientes del cambio de ancho.

En este sentido, las obras de cambio de ancho de vía obligan a establecer restricciones de tráfico, e incluso a cerrar corredores completos desde el inicio hasta la finalización completa de los trabajos, puesto que no es posible compatibilizar los dos anchos en la misma línea. Además, debe acometerse al mismo tiempo el cambio de ancho de la infraestructura y el material móvil. En núcleos de cercanías, las afectaciones a los viajeros pueden ser muy importantes, y en otros tramos de la red no existe una ruta alternativa para los tráficos de mercancías durante las obras, por lo que estos pueden llegar a perderse y no recuperarse después.

Las ventajas del cambio de ancho, o más bien los costes de no realizarlo, residen sobre todo en las dificultades de mantener y operar dos redes casi totalmente separadas. La diferencia de anchos obliga a construir accesos separados en las grandes ciudades, incrementa los costes e impide aprovechar al máximo la capacidad de algunos tramos de la red de Alta Velocidad. Las vías en ancho estándar europeo que se utilizan para la Alta Velocidad no pueden ser utilizadas por los trenes de Cercanías ni viceversa, por lo que no se pueden compatibilizar servicios como se hace en otros países de Europa. También se dificulta la segregación de tráficos rápidos regionales y los de mercancías, además del ya citado problema


Página 29




del transbordo del tráfico de mercancías en la frontera francesa: los operadores españoles no pueden utilizar material rodante de otros países europeos en la red convencional, lo que limita su competitividad.

El cambio de ancho tiene un importante coste, porque exige renovar muchos activos en infraestructura y material móvil al mismo tiempo. Aun así, en la evaluación del coste hay que tener en cuenta que una parte importante de la infraestructura está ya amortizada, por lo que la necesidad de renovación puede ser una oportunidad de mejora. Por otro lado, el cambio de ancho no solucionaría por sí mismo muchos de los problemas del ferrocarril español, como la falta de capacidad y fiabilidad en los núcleos de cercanías, las carencias en terminales de mercancías, los problemas de mantenimiento, la falta de vías de apartado de 750 metros o incluso 1.500 metros, las fuertes pendientes..., aunque puede ser un aliciente para modernizar la red convencional si se toman las decisiones adecuadas.

En cualquier caso, se trata de un asunto complejo que no debe ser objeto de frivolidades ni de opiniones meramente políticas: el cambio de ancho debe ser estudiado convenientemente, huyendo de apriorismos y urgencias, e incluso de la necesidad de su generalización a absolutamente toda la red. Por tanto, se debe abordar este proceso con racionalidad técnica y transparencia, realizando una planificación concienzuda que no solo aborde este problema, sino todos los que lastran el transporte ferroviario.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar un estudio exhaustivo, dentro de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, de las ventajas e inconvenientes, tanto sociales como económicos, que conllevaría el cambio de ancho antes de tomar cualquier decisión a este respecto en cualquier tramo. Dicho estudio deberá ser realizado preferentemente por la Oficina Nacional de Evaluación y ser multidisciplinar, contando con la participación de Adif y Renfe y con la colaboración de los operadores ferroviarios y las principales empresas del sector.

2. Realizar un estudio de los problemas de capacidad y fiabilidad que también lastran al transporte ferroviario en España, con objeto de dar una solución global a este modo de transporte.

3. Si finalmente se tomase la decisión de cambiar el ancho de vía, este debe planificarse de manera integral (considerando la infraestructura, el material rodante, las instalaciones logísticas, etcétera), de tal modo que se minimicen las afecciones a los servicios. Por tanto, deberá introducirse en la planificación estratégica ferroviaria general de la que deba formar parte, detallándose todas las actuaciones:

a) Valoración de las ventajas para la explotación que generaría el cambio de ancho en cada tramo (posibles nuevas conexiones entre la red de ancho ibérico y la red de ancho normal, optimización de estaciones, continuidad de tráfico en ancho normal hasta la frontera, etcétera).

b) Costes que supondría tanto para la infraestructura como para el material móvil, incluyendo los costes de explotación durante el proceso de todos los operadores ferroviarios.

c) Plazo y planificación de las obras, incluyendo el plan de contingencia durante el periodo en que se compatibilizaran los dos anchos, con especial atención a las afecciones al tráfico de cercanías en los grandes núcleos.

d) Un estudio detallado sobre la potencial pérdida de tráfico de mercancías durante el proceso, períodos de afección y consecuencias, y una estimación de si se podría recuperar este tráfico y en qué grado, cuando se concluya.

e) Un estudio comparado de los beneficios (o del coste de no realizar el cambio) a obtener en los próximos 30 años respecto a la opción de no acometer el cambio.

4. En cualquier caso, en tanto en cuanto no se estudie y se decida qué hacer con el cambio de ancho, no realizar actuaciones locales que puedan perjudicar al ferrocarril en el futuro, como, por ejemplo, instalar un ancho que impida el uso por parte de los trenes de distinto ancho o realizar renovaciones de vía con soluciones que no permitan el cambio de ancho."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 30




161/003607

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión Fomento, relativa al reconocimiento de la labor y carácter público de Salvamento Marítimo y la adopción de medidas para su estabilidad en el empleo y dotación de medios materiales y personales suficientes.

Exposición de motivos

La misión principal de Salvamento Marítimo es velar por la seguridad de la vida humana en la mar, y para ello, Salvamento Marítimo atiende una media de 5.000 emergencias al año, lo que significa que cada año más de 3.000 buques y 15.000 personas utilizan los servicios de Salvamento Marítimo.

A raíz de la firma de España del convenio internacional de búsqueda y salvamento S.A.R 79, que entró en vigor en el año 1985, fue creada, tal y como recogía el citado convenio, una red de centros encargados de la coordinación de los distintos recursos humanos y materiales para la realización de misiones de salvamento, consistentes hasta ese momento en la Armada Española, la empresa estatal Remolques Marítimos S.A. para rescates en alta mar y la Cruz Roja.

Como resultado de la aplicación de este convenio nace SASEMAR en el año 1993 con la promulgación de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de Marina Mercante.

Los tipos de emergencias a los que se enfrenta son de diversa índole, siendo los más frecuentes: buques a la deriva, accidentes por actividad recreativa, caída de personas al agua desde tierra, accidentes durante la realización de actividades subacuáticas y, de forma creciente, llegadas de personas migrantes con embarcaciones de muy diversa índole, etc.

Obviamente, el grado de participación de Salvamento Marítimo depende del tipo de incidente que ocurra. Así, hay casos que se limitan a la intervención del Centro de Coordinación de Salvamento, otros en los que adicionalmente se movilizan aviones, helicópteros, remolcadores, etc., u otras que requieren personal y equipos especializados.

Este número y variedad de emergencias pueden atenderse gracias al esfuerzo inversor acometido en los últimos años, que ha permitido que España cuente con un servicio público dotado de medios materiales y humanos de primer nivel.

En la actualidad hay 20 Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) en la costa y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo (CNCS) en Madrid; 6 Bases Estratégicas de Salvamento y Lucha contra la Contaminación Marina y 2 bases subacuáticas. Contamos con 15 buques; 55 embarcaciones de intervención rápida, denominadas "Salvamares"; 4 patrulleras de salvamento "Guardamares"; 11 helicópteros y 3 aviones. En cuanto al personal, cuentan con más de 1.500 profesionales que están alerta las 24 horas del día, durante los 365 días del año, para velar por la seguridad de la gente del mar.

Salvamento Marítimo atiende a todo tipo de embarcaciones que requieran su asistencia en la mar, si bien son las embarcaciones de recreo las que más servicios requieren (más de un 50% del total), seguidas en menor medida por pesqueros (en torno al 17%) y mercantes (14%).

Los meses de mayor actividad para Salvamento Marítimo son los meses de julio y agosto, básicamente por el aumento de la náutica de recreo.

Pero sin duda en lo que viene destacando en los últimos años es la labor que viene realizando Salvamento Marítimo respecto a las llegadas marítimas de personas migrantes en nuestra Frontera Sur. La compleja y dura realidad de la inmigración ha desplazado la ruta del Mediterráneo Central a nuestro país. Sólo en Andalucía, Salvamento Marítimo ha asistido en el primer semestre de 2018 a 791 pateras con 16.359 personas atendidas, de las cuales 13.394 han sido personas rescatadas por Salvamento Marítimo, 144 fallecidos o desaparecidos y 2.821 personas rescatadas en operaciones coordinadas por Salvamento Marítimo y rescatados por las autoridades marroquíes.

En total, desde principios de este año ya han arribado a las costas españolas 14.953 migrantes y se han contabilizado 292 fallecidos; más del doble de los llegados en el mismo periodo de tiempo en 2017, cuando fueron auxiliadas 6.513 personas y murieron 69 en el viaje.


Página 31




En total, desde principios de este año ya han llegado a las costas españolas 14.953 migrantes, frente a las 6.513 personas rescatadas en 2017; sin embargo, lo que se ha multiplicado exponencialmente es el número de fallecidos, alcanzando la cifra de los 292 fallecidos, frente a las 69 fallecidos en el mismo periodo de 2017, y que dolorosamente van engrosando las vergonzosas cifras de ahogados o desaparecidos en la frontera más mortífera del mundo y que ha ido convirtiendo el Mare Nostrum en el Mare Mortum.

Las imágenes que cada día aparecen en los medios de comunicación, donde se aprecia la entrega, sacrificio y solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de un servicio público como el de Salvamento Marítimo que salva tantas y tantas vidas, nos llenan de orgullo.

Pero ello no es óbice para que obviemos la realidad, que apunta a la clara infradotación de las estructuras de salvamento. En los Buques y Guardamares de la flota de Salvamento Marítimo cuentan con las tripulaciones mínimas exigidas por ley "Tripulaciones Mínimas de Seguridad" según la Dirección General de Marina Mercante. Esta situación viene dada por la crisis iniciada en el 2007. Hasta la fecha estas unidades sí estuvieron con la dotación completa, las cuales permitían a las unidades navegar, cubriendo las guardias de mar las 24 horas (a turnos de 4 horas y 8 horas de descanso) del día, los 365 días del año.

Llegada la crisis y con argumentos de ahorro, se produjo en SASEMAR una reducción de estas tripulaciones eliminando al 2.º oficial de puente y parte de la marinería, con lo cual a día de hoy estas unidades están limitadas a un máximo de 16 horas en navegación, no pudiendo prestar el servicio integral de 24 horas durante los 365 días del año.

Aun así, los servicios se están realizando incumpliendo la normativa y con el perjuicio de los trabajadoras y trabajadores del servicio, teniendo que cubrir horas de los tripulantes que faltan, en perjuicio de su descanso, mermando la seguridad del buque.

En otras unidades más pequeñas (Salvamares), pasa algo similar, también están dotadas con tripulación mínima y además están dotadas de neumática auxiliar, su tripulación mínima de seguridad es de tres tripulantes, patrón, mecánico y marinero, teniendo que realizar numerosos servicios con la neumática, con lo cual se incumpliría el concepto de tripulación mínima tanto en la embarcación de Salvamento como en la neumática.

Además, estas unidades ubicadas en la Frontera Sur (entre Cartagena y Barbate y Canarias), haciendo frente a la recogida masiva de inmigrantes (situación que ha ido aumentando en estos últimos años y que este año pasado 2017 ha casi triplicado al año 2016) que llegan desde Marruecos en precarias embarcaciones sufren una carga de trabajo muy importante, con lo cual estas unidades también necesitan refuerzo en su tripulación para aumentar su seguridad. Estos refuerzos sería dotar permanentemente a todas las unidades más pequeñas "Salvamares" de 21 metros de al menos un cuarto tripulante, además de dar refuerzos a las zonas con unos retenes de tripulaciones que pudieran sustituir a las tripulaciones agotadas tras servicios prolongados de más de 12 horas de navegación, para darles descanso.

Las tripulaciones de salvamento marítimo y los y las controladores de la red componen un cuerpo de enorme capacitación que asume una tarea que exige enorme especialización. Es imprescindible dotar de estabilidad al cuerpo. Es inadmisible que las tripulaciones estén calificadas laboralmente como cuerpo "a extinguir", es inasumible que se aborden las exigentes tareas de salvamento de decenas de miles de vidas humanas con personal incorporado ad hoc para las jornadas estivales, personal que por más voluntad que pudiera tener no cuenta con la suficiente experiencia para una tarea del nivel de exigencia de esta.

Es imperativo contar además con bolsas de empleo suficientes, elaboradas conforme al mérito y la capacidad que exige el sector público y con las garantías de estabilidad para los trabajadores y trabajadoras de un sector en el que cada persona cualificada y experimentada se torna imprescindible para salvar vidas.

Por otro lado, hay que apuntar a las necesidades de reposición de material. Además de las unidades Salvamares de 21 m, tenemos otras de 15 con más de 20 años, cuyo tamaño no son apropiadas para las operaciones de rescate de personas migrantes, puesto que su capacidad de estiba y autonomía las limita en las operaciones, poniendo en peligro tanto a la propia unidad como a los migrantes, siendo necesaria su sustitución por otras de 21 m y de esta manera se conseguiría seguridad y se podría repartir la carga de trabajo de los rescates con ellas en la zona Sur de España, estas unidades están situadas en Melilla, Caleta de Vélez y Estepona.


Página 32




También a los buques es necesario dotarlos de las tripulaciones completas para poder llevar a cabo navegaciones superiores a 24 horas, cumpliendo la legislación vigente en Marina Mercante.

Las situaciones vividas este verano son dantescas. El hacinamiento de personas migrantes náufragos extenuados, sin acceso a letrinas, bajo el sol inclemente por horas esperando su desembarco en puerto, la imposibilidad de distinguir en el trato a menores o personas con especial necesidad de atención, configuran un cuadro degradante para nuestro país, un país que debiera ser un ejemplo de acogida y trato diferencial a quienes se juegan la vida intentando llegar a Europa.

Reconocemos que la situación ha mejorado en las últimas fechas, habiéndose acordado en el seno de la empresa mantener y dotar los cuartos tripulantes a todas las unidades situadas en zona migratoria desde Cartagena a Barbate y una unidad al Sur de Gran Canaria, y considerando que a las unidades de Almería, Motril, Málaga y Tarifa se les dotará de una tercera tripulación, para aumentar su tiempo de descanso y en buque "Luz de Mar" se incorporará un segundo oficial de máquina para poder cubrir las guardias de mar.

No obstante, aun habiendo tomado medidas de urgencia que celebramos, esta situación es una medida provisional con una duración de cuatro meses y con personal exiguamente formado.

Queremos resaltar además que esta mejoría se ha visto enturbiada no obstante por la demanda de desplazamiento de los buques a puertos distantes del lugar de salvamento -en concreto a Algeciras-, lo que complejiza las operaciones y obliga a transbordos en el mar de los náufragos, además de aumentar las jornadas de trabajo por mor de las largas travesías.

Esto sin contar con la precariedad en las contrataciones de nuevos empleados de la flota, con contratos de interinidad hasta cobertura de plaza definitiva, un 10% de la plantilla de Salvamento Marítimo, con un aumento anual de entre quince y veinte contrataciones nuevas. Es preciso regularizar las plantillas con procesos de concurso estabilizados y recurrentes.

Se requiere en definitiva un mayor análisis de las realidades y necesidades tanto humanas como materiales de cada centro o embarcación a los efectos de dotar de mayor estabilidad y capacidad a Salvamento Marítimo, a los efectos de abordar las nuevas y difíciles realidades que enfrenta y seguir siendo un ejemplo internacional de salvamento de vidas y asistencia a personas en una enorme realidad de vulnerabilidad.

Por todo lo anterior, manifestando nuestro más absoluto reconocimiento a la enorme labor del Servicio de Salvamento Marítimo, así como nuestro agradecimiento y orgullo, proponemos la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la precariedad e inestabilidad en el empleo de la plantilla de SASEMAR de manera acorde con los principios de contratación para el sector público y reconociendo la experiencia de la actual plantilla. En particular demandamos:

a) La elaboración, en el plazo de seis meses, de un plan de regularización que permita estabilizar toda la plantilla en situación de "fijo a extinguir".

b) La elaboración, en el plazo de seis meses, de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita celebrar un concurso público en el que se reconozca la labor del personal interino y permita la constitución de una bolsa de empleo con todas las garantías de respeto del acceso al empleo público en igualdad de mérito y capacidad.

c) El aumento de las plantillas de tierra y mar para garantizar una operación 24hx7 de todos los buques de la flota en condiciones de operatividad máxima durante todo el año. En particular, no se permitirá la navegación de las salvamares con una tripulación de menos de cuatro efectivos.

2. El aumento de las plantillas de tierra y mar para garantizar una operación 24hx7 de todos los buques de la flota en condiciones de operatividad máxima durante todo el año. En particular, no se permitirá la navegación de las salvamares con una tripulación de menos de cuatro efectivos. Con carácter inmediato se adoptarán las medidas necesarias para hacer permanentes las ampliaciones de plantilla decididas con carácter temporal.

3. Se renovará la flota con más de 20 años de antigüedad y se ampliarán los medios de manera permanente para enfrentar las nuevas realidades que enfrenta Salvamento Marítimo.

4. Se elaborará un plan de coordinación de salvamento marítimo que garantice el dimensionamiento suficiente de la plantilla e infraestructura de SASEMAR, al objeto de poder seguir ofreciendo este servicio de carácter público, con la profesionalidad y capacidad que requiere una labor de estas características,


Página 33




evitando especialmente escenarios-como a los que desgraciadamente nos han acostumbrado las imágenes de otros lugares del Mediterráneo en los que la sociedad civil a través de organizaciones sociales, con enormes esfuerzos, dificultades, riesgos e incluso persecución penal, se ha visto forzada a intervenir con medidas paliativas para sustituir a Estados incapaces de gestionar las emergencias en materia de salvamento marítimo.

5. Se cumplirá con el VII Convenio (2010) en lo que se refiere a las plantillas de los controladores en los centros de coordinación. Para ello, con carácter inmediato se cubrirán las plazas de los centros que tienen sus plantillas incompletas como es el caso del CNCS (18), Almería (16), Las Palmas (18) y Tenerife (18)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Sergio Pascual Peña, Aina Vidal Sáez y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003608

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Variante de Camarillas y la línea ferroviaria Albacete-Hellín-Cieza, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Una de las principales consecuencias del trazado definitivo de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Murcia será la supresión de los servicios de Larga Distancia que pasan por la estación de Hellín y que actualmente salen desde Cartagena hacia Madrid. Esto puede dejar totalmente incomunicado por ferrocarril el sureste de la provincia de Albacete, sobre todo a la Comarca de los Campos de Hellín (que incluye los municipios de Hellín, Fuente Álamo, Tobarra, Ontur y Albatana, agrupando un total de casi 45.000 habitantes).

Por ello, se ha pedido en numerosas ocasiones la creación de un servicio de Media Distancia en el sureste de la provincia de Albacete, para vertebrar y mejorar las comunicaciones existentes en esa zona. Sobre el propio enlace Madrid-Murcia-Cartagena estaban planificados proyectos de modernización para garantizar un transporte eficiente, tanto de personas como de mercancías, pero se ha corrido el riesgo de su abandono una vez que se tomó la decisión de la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia entre Albacete y Cuenca con objeto de enlazar todas las capitales de Castilla-La Mancha.

En este sentido, las obras de la variante de Camarillas, que consisten básicamente en un nuevo trazado de la línea Chinchilla-Cartagena entre los términos municipales de Hellín (Albacete) y Cieza (Murcia), tenían como objeto al ser promovidas dotar a este tramo de la infraestructura, del equipamiento y la capacidad necesarios para mejorar las prestaciones ferroviarias.

Debido al complicado trazado actual en este tramo, compuesto por sucesiones de alineaciones curvilíneas de reducido radio, no era posible aprovechar la traza actual ni acometer su mejora en tramos reducidos para hacer posible la reducción de los tiempos de viaje que supondría la introducción de un tren de altas prestaciones o de alta velocidad, lo que implica necesariamente la definición de una nueva variante de trazado de la actual línea ferroviaria de algo más de 27 kilómetros.

Se estima que, con la reducción de longitud de 18 kilómetros que se consigue en el tramo, junto a la mejora de los parámetros geométricos y de velocidades comerciales, se podrán obtener disminuciones en los tiempos de viaje respecto a los actuales, desde y hasta Albacete, de en torno a 15 minutos.

Las obras de este tramo fueron licitadas por la SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) el 11 de mayo de 2006 con un presupuesto de 113.930.773,54 euros y un plazo estimado para la ejecución de las obras de 36 meses. Fue adjudicado el 22 de septiembre de 2006 a la UTE Acciona Infraestructuras, S.A. y COMSA por un importe de 82.736.527,72 euros y plazo de ejecución de 34 meses.

Paradójicamente, pese a este fulgurante inicio, la Variante de Camarillas fue uno de los proyectos que se abandonó en 2006, postergándose eufemísticamente en un comunicado "para un próximo estudio". Posteriormente, se recuperó por decisión de la Autoridad Portuaria de Cartagena que, con buen criterio


Página 34




económico, y al constituir uno de los puertos de interés general incluidos en la Red Transeuropea de Transporte, incluido en el eje del Corredor Mediterráneo, pensó que era mejor invertir con estas posibilidades de cofinanciación, en un enlace directo y de bajo coste con Madrid.

La decisión política de no usar la vía directa para conectar Madrid y Murcia genera no sólo retrasos poco justificables, sino también, en la actualidad, desigualdades manifiestas a nivel de conexiones regionales: si miramos los servicios diarios por sentido con Madrid de las grandes ciudades de la línea, Albacete (con 172.000 habitantes) dispone de 20, Murcia (con 441.000 habitantes) dispone de 5 y Cartagena (con 214.759) habitantes dispone de 4. Por su parte, Cieza (con 35.000 habitantes) y Hellín (con 30.400) solo disponen de 2 enlaces diarios con Madrid.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Definir el calendario de finalización de las obras y enlace con la red actual, así como la puesta en servicio de la Variante de Camarillas.

2. Realizar el estudio de implantación de servicios de Media Distancia, utilizando la infraestructura existente y la Variante de Camarillas, de forma que se permita la conexión ferroviaria del sureste de la provincia de Albacete, especialmente de la Comarca de los Campos de Hellín, con Albacete, Murcia y Madrid."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la situación económico-financiera del Puerto de A Coruña.

Exposición de motivos

La Autoridad Portuaria de A Coruña mantiene en la actualidad una deuda de 200 millones de euros con Puertos del Estado por el préstamo otorgado en julio de 2011 para la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira, puerto de interés general del Estado.

Dicho préstamo pretendía amortizarse con la venta de terrenos portuarios, según una operación que desembocó en la firma de unos Convenios urbanísticos en 2004 entre el Concello da Coruña, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento, que abrían la puerta a la venta de terrenos de la fachada marítima coruñesa para la financiación de las obras del puerto exterior de Punta Langosteira y recogida en el Convenio de Normalización Financiera asociado a dicho préstamo y en los correspondientes planes estratégicos de la APAC.

Dichos Convenios obedecían a un momento económico y político que no se corresponde con el actual. Fueron aprobados en un escenario marcado por la burbuja inmobiliaria directamente asociada a la especulación. A día de hoy el escenario que trazan los Convenios en vigor es insostenible tanto desde el punto de vista de la ordenación territorial y urbanística como por el desajuste de sus estimaciones económicas y, por tanto, no pueden servir como argumento para dar cobertura al deterioro irreversible de bienes tan preciados para la ciudad de A Coruña como son su franja costera y su fachada portuaria.

En la actualidad existe un amplio consenso político, social y ciudadano en torno a la necesidad de someter a revisión dichos Convenios para garantizar la titularidad y el uso público de los terrenos y a evitar la especulación con los mismos, tal y como consta en sucesivos acuerdos plenarios de la Corporación


Página 35




Municipal de A Coruña y en los posicionamientos públicos de los distintos grupos municipales, partidos políticos y organizaciones y entidades sociales representativas.

La situación económico-financiera de la Autoridad Portuaria de A Coruña se caracteriza por la elevada deuda y la carga financiera derivada de ella y la incapacidad de generar recursos suficientes para hacer frente a los vencimientos en los próximos años y reequilibrar la situación. Esta situación se verá agravada a partir del 2021, cuando la Autoridad Portuaria empiece a amortizar los 200 millones de euros del préstamo de Puertos del Estado; una amortización que se acumularía a la correspondiente al préstamo concertado con el Banco Europeo de Inversiones.

Ante esta situación, la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado consideran que la obtención de recursos con los que hacer frente a la deuda pasa necesariamente por la venta de terrenos portuarios. Es necesario destacar que dichos terrenos proceden en muchos casos de rellenos ganados al mar y de la desaparición de playas urbanas.

Estas ventas suponen la privatización de suelo público: terrenos ganados al mar en un caso, antiguos bienes comunales de la ciudad, en otro. Además, pretenden alterar el bien más preciado de la ciudad de A Coruña: su fachada marítima y su borde litoral, puesto que el PGOM contempla una ordenación urbanística (conveniada en 2004) que proyecta la construcción de edificios de hasta nueve plantas de uso terciario, hotelero y de hasta 10 plantas de uso residencial en los muelles de Bateria/Calvo Sotelo y San Diego, a desafectar del actual dominio público portuario.

Por otro lado, estas ventas no servirían para solucionar la actual situación de endeudamiento del Puerto de A Coruña y reequilibrar sus cuentas. Dichas cuentas deberían reajustarse por la acción combinada de planes de ocupación del puerto exterior y del propio volumen de tráfico portuario y servicios portuarios anexos y complementarios, así como por la renegociación y refinanciación de la deuda.

El pasado mes de abril, la Xunta de Galicia, la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Ministerio de Fomento firmaron un Protocolo para un futuro convenio que revalida -con ciertas modificaciones- los términos de los Convenios de 2004.

Dicho Protocolo, que excluye al Concello da Coruña y a su ciudadanía, que reclama participar de una decisión transcendental para su futuro, es fruto de la improvisación, la opacidad y de una concepción patrimonial y partidista de las administraciones públicas. A dicho Protocolo se anexa un convenio que, a pesar de tener por objeto determinadas condiciones de gestión del espacio portuario a desafectar y, por tanto, ser un convenio de carácter urbanístico, no va a ser objeto de participación ni de información pública, evitando en todo momento que la ciudadanía, legítima propietaria de ese patrimonio material y simbólico de A Coruña, pueda opinar sobre su futuro. Dicho Protocolo no respeta los deseos mayoritarios de la ciudadanía de Coruña de eliminar los intereses especulativos e inmobiliarios de la definición y gestión de los terrenos y mantiene la previsión de privatización del espacio portuario para financiar la deuda de la Autoridad Portuaria, sin tener en cuenta otras alternativas que permite el nuevo marco europeo de financiación y gestión económico-financiera de los puertos.

En el contexto actual, la solución que se revela como idónea para la debida solución de la situación económico-financiera de la Autoridad Portuaria de A Coruña es la condonación de la deuda de 200 millones de euros por parte de Puertos del Estado.

La condonación de dicha deuda es una cuestión de mera voluntad política, como acaba de evidenciarse tras el reciente anuncio de condonación por parte del Gobierno, en el marco de las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la deuda del Consorcio Valencia 2007, por importe de unos 350 millones de euros, derivada de la organización de la Copa América, de la Fórmula 1 y de instalaciones para deportes náuticos, que fue formalizada en aquel momento a través de un préstamo ICO.

El Consorcio Valencia 2007 es una entidad de derecho público en la que participa el Estado, a quien está adscrito de acuerdo con sus Estatutos, y la Autoridad Portuaria de A Coruña es un organismo público dependiente de Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado; por tanto, ambas entidades son integrantes del sector público estatal y están sometidas al mismo régimen económico-financiero y presupuestario. En la medida en que el Gobierno ha manifestado su intención de condonar un préstamo al Consorcio Valencia 2007, negarse a hacerlo en el caso del préstamo en su día concedido a la Autoridad Portuaria de A Coruña supondría una arbitrariedad inadmisible, al dispensar un trato desigual, injustificado e injusto, en la medida en que el caso del préstamo cuya condonación se solicita ha tenido por objeto la construcción de una infraestructura portuaria de interés general del Estado, como es el puerto exterior de Punta Langosteira.


Página 36




Por todo lo expuesto, En Marea hace suyas las demandas del Ayuntamiento de Coruña y el GC UP-ECP-EM formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Adoptar todas las medidas necesarias para condonar el préstamo de 200 millones de euros otorgado por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de A Coruña para la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira.

2. Realizar las gestiones oportunas para dejar sin efecto el Protocolo firmado entre Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y Autoridad Portuaria de A Coruña el 18 de abril de 2018 y, en todo caso, no tramitar y perfeccionar el Convenio anexo a dicho Protocolo.

3. Volver a la propuesta de diálogo y cooperación realizada por el Concello da Coruña en octubre de 2017 para la constitución de un consorcio público para la gestión de los terrenos portuarios de A Coruña, junto con el Ministerio de Fomento-Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña y, en su caso, otras administraciones públicas, que, sobre la base de la revisión de los convenios de 2004, acuerde e impulse una nueva ordenación basada en equipamientos dotacionales espacios libres, públicos, así como en usos productivos portuarios y complementarios, asegurando la titularidad y la gestión públicas del conjunto del litoral portuario.

4. En el marco de ese proceso de diálogo concertado para asentar las bases de la nueva ordenación urbanística y de usos de los espacios portuarios, acordar con las otras partes la convocatoria en el menor plazo posible de la Comisión de Seguimiento de los convenios de 2004 para proceder a su imprescindible revisión y con ella al subsiguiente ajuste del Convenio de Normalización Financiera de la Autoridad Portuaria de A Coruña y de un nuevo escenario económico-financiero de la misma.

5. Incrementar los esfuerzos para garantizar la plena operatividad del puerto exterior de Punta Langosteira, su conectividad y promoción internacionales, en especial en lo referido al Corredor del Cantábrico y, en particular, impulsar y financiar su conexión ferroviaria incluyendo una partida presupuestaria concreta y suficiente en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019, así como en el Plan de inversiones de los Puertos del Estado y en los planes de empresa de la Autoridad Portuaria de A Coruña."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Puerto de A Coruña, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Durante los últimos años, tanto el GPP como el Gobierno del Partido Popular vienen apoyando de diversas maneras la construcción y desarrollo del Puerto de A Coruña, tanto en lo referente a la nueva Dársena Exterior de Punta Langosteira como en lo que se refiere a las actividades e infraestructuras de los puertos tradicionales.

En la actualidad, el Puerto Exterior de Punta Langosteira está ya finalizado y en pleno funcionamiento en las obras marítimas así como en los accesos por carretera.

Recientemente, el pasado 18 de abril de 2018 se firmó un protocolo entre el Ministro de Fomento, en aquel momento el Sr. De la Serna, y el Presidente de la Xunta, el Sr. Feijóo, para garantizar la financiación del acceso ferroviario por un montante de 140 millones de euros para culminar el proceso de construcción del tan necesario acceso ferroviario ya iniciado, al tener el proyecto y la tramitación ambiental ya terminados.


Página 37




Una vez en funcionamiento el Puerto exterior de Punta Langosteira, se irá trasladando progresivamente la actividad portuaria desde las dársenas interiores a las nuevas instalaciones exteriores. Con este traslado, en los próximos años, se modificará el uso y actividades que hoy se desenvuelven en los muelles de Batería y Calvo Sotelo, dándole un nuevo enfoque a los mismos con la finalidad de desarrollar nuevos espacios abiertos al disfrute de la totalidad de la ciudadanía de A Coruña.

Por otro lado, es sabido y conocido que permanecen vigentes los convenios que en el año 2004 se firmaron tanto por el Gobierno Central, regido en ese momento por el Partido Socialista, como por el Gobierno Municipal también regido por el PSOE.

Desde el Grupo Popular siempre defendimos que los convenios vigentes solo deben ser cambiados cuando hay acuerdos entre las partes firmantes y que obligan a ser cumplidos. En este sentido, y siguiendo esta línea, se firmó un protocolo entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento para garantizar el mantenimiento de la condición de públicos de los terrenos donde se asienta La Solana, así como los muelles de Batería y Calvo Sotelo, haciendo la Xunta una aportación económica de más de 20 millones de euros, invitando a las demás administraciones implicadas (Ayuntamiento de A Coruña y Diputación de A Coruña) a firmar un nuevo Convenio, siguiendo estas mismas premisas, que permitiese modificar los convenios vigentes en la actualidad para concretar este compromiso de compra por parte de la Xunta del 51% de los terrenos de los muelles de Batería y Calvo Sotelo para garantizar su titularidad pública, invitándose al resto de las Administraciones para comprar el 49% restante.

Este acuerdo se llevó a cabo dentro del marco de las reglas manifestadas por los distintos Gobiernos de España de que no se condonaría nunca la deuda a ningún puerto de interés general del Estado de España, condiciones que eran idénticas para todos ellos y, en base a este principio, se elaboraron los convenios del año 2004 y el protocolo de 2018.

Sin embargo, recientemente y de sobra es conocido que hubo un cambio en las reglas establecidas hasta este momento, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que asumirá la deuda financiera generada por la Copa América y Fórmula 1 en el Puerto de Valencia. Es por esto por lo que el Grupo Popular considera estos hechos como una afrenta y una discriminación respecto a todos los gallegos y a los coruñeses en relación al trato recibido por los valencianos, y nos consta que hay una demanda unánime por parte de toda la ciudadanía gallega, así como de las instituciones, para exigir el mismo trato para los gallegos como para los valencianos.

Por eso, y ante la incapacidad demostrada hasta este momento por el Alcalde de A Coruña para defender y apoyar los grandes temas de la ciudad, y, en concreto, el desarrollo del Puerto de A Coruña, y con la voluntad de seguir apoyando una infraestructura clave para la ciudad.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1.º Instar al Gobierno de España al cumplimiento del compromiso adquirido en el Protocolo firmado por el anterior Ministro de Fomento el pasado 18 de abril de 2018 para la financiación de las obras de la conexión ferroviaria con el puerto exterior de Punta Langosteira y su licitación en el primer semestre de 2019.

2.º Demandar al Gobierno de España un trato igualitario para los coruñeses del mismo modo que se ha comprometido con los valencianos y libere a la Autoridad Portuaria de A Coruña del pago de la deuda contraída con Puertos del Estado.

3.º Que se convoque una Mesa de trabajo entre Puertos del Estado, Autoridad Portuaria de A Coruña y de todas las administraciones implicadas (Ministerio, Xunta, Diputación, Ayuntamiento) para concretar la forma de cumplimiento del protocolo firmado, mantenimiento de los plazos de ejecución, así como la condonación de la deuda."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 38




Comisión de Educación y Formación Profesional

161/003557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Educación y Formación Profesional, relativa a la consideración de los estudios de Filosofía en la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato.

Exposición de motivos

La Filosofía ha sido unas de las grandes damnificadas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). En concreto, la LOMCE mantenía como troncal la materia de Filosofía de primero de Bachillerato, pero eliminaba el carácter troncal de la Historia de la Filosofía de segundo de Bachillerato y el carácter obligatorio de la Ética de cuarto de la ESO. Esta modificación significaba, por tanto, el mayor recorte de la materia en la historia de la educación no universitaria de España.

En este sentido, la Filosofía es la única materia de Bachillerato que se encuentra en una situación anómala, ya que es troncal en primero de Bachillerato y obligatoria para la prueba final de etapa, pero el alumnado puede no volver a verla en segundo de Bachillerato. En algunas Administraciones autonómicas se ha tenido en cuenta este problema y se ha intentado ofrecer una solución para que los estudiantes no tengan dificultades en la prueba final; pero, en otras, no. El resultado es una gran disparidad entre las distintas comunidades autónomas: al finalizar los dos cursos de Bachillerato habrá estudiantes que estarán mejor preparados, porque en su comunidad se habrá incorporado Historia de la Filosofía como materia obligatoria en segundo.

Sin embargo, existe un consenso internacional sobre las ventajas de una formación en Filosofía. Así, la UNESCO ha declarado la necesidad de la enseñanza de la Filosofía en su Declaración de París de 1995 y ha reiterado este apoyo en numerosas ocasiones, como en la publicación "La filosofía. Una escuela de la libertad (2005)", estableciendo que la enseñanza de la Filosofía debe mantenerse o ampliarse donde ya existe, implantarse donde aún no existe y ser denominada explícitamente con la palabra Filosofía.

En el campo de la pedagogía, numerosos estudios apuntan que la Filosofía en general, y la Historia de la Filosofía en particular, ayudan al desarrollo intelectual del alumno en el ejercicio del pensamiento abstracto y en el desarrollo de la función ejecutiva del cerebro. Su enseñanza permite al adolescente desarrollar cierto distanciamiento crítico con la realidad que le rodea para tomar una decisión argumentada sobre esta. De este modo, la enseñanza de la Filosofía y su historia hacen comprender al alumno que la realidad no se presenta de forma sencilla y evidente, sino que hay que desentrañarla a través de la utilización de la racionalidad y la argumentación.

Por otro lado, limitar los estudios en Filosofía pone en riesgo la gran riqueza cultural que supone la transmisión y conocimiento de esta materia, ya que una parte fundamental de la cultura occidental se desarrolla desde y por la Filosofía.

Finalmente, si entendemos que uno de los fines prioritarios de la educación consiste en formar a ciudadanos libres, la Filosofía es imprescindible para desarrollar el pensamiento autónomo y crítico en que se funda la democracia, ya que la historia de la Filosofía nos enseña a pensar de una manera crítica y autónoma. Crítica, porque el pensamiento se cuestiona permanentemente, y autónoma, porque el individuo toma el mando de su propia razón para exigirse a sí mismo el valor de usar su propio entendimiento. Así, la democracia es la forma social propia de la Filosofía y, por ello, reducir esta implica necesariamente reducir aquella, favoreciendo la desafección política y el estrechamiento de una ciudadanía crítica y reflexiva.

A raíz de ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Diseñar un currículum básico para todo el sistema educativo no universitario, que sea al mismo tiempo estable y flexible en los contenidos.


Página 39




2. Incluir, dentro de ese currículum básico, un ciclo formativo en Filosofía secuenciado durante los tres últimos cursos de la Enseñanza Secundaria -cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), primero y segundo de Bachillerato-, de forma análoga a lo que sucede en otras materias, como Lengua, Matemáticas e Historia.

3. Por consiguiente, el nuevo currículo de 4.º de la ESO incorporará la materia de Filosofía como materia común y obligatoria, reforzando sus contenidos éticos.

4. Asimismo, se reorganizará el currículo de 2.º de Bachillerato para incorporar la materia de Filosofía como materia común y obligatoria, y continuación de las materias filosóficas de 4.º de la ESO y 1.º de Bachiller."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la medicina de familia como área de conocimiento, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El sistema sanitario español tiene como eje central la Atención Primaria. Políticamente todos los partidos la consideran en sus programas estratégica para poder garantizar la mejor asistencia posible y son muchas las propuestas que se realizan continuamente para empoderarla, que pasa desde su correcta financiación, cambios en su modelo de gestión, potenciación de la investigación, etc.

Asimismo, hay una reivindicación histórica de los profesionales de la Atención Primaria que se basa en potenciar todos los aspectos relacionados con la docencia. En ese sentido se ha trabajado mucho y muy bien en toda la esfera docente de postgrado, que es la que se encarga de la formación especializada. Y también ha habido mejoras en los últimos años en la docencia de estudiantes, la antes denominada de pregrado, incorporando progresivamente profesores a las facultades de Medicina, en su mayoría como asociados o contratados para prácticas, consiguiendo que progresivamente se ofertarán asignaturas obligatorias de Medicina de Familia en las facultades de Medicina y consiguiendo que las prácticas de los alumnos se realizarán también en la Atención Primaria. Aunque esa fase todavía tiene evidentes puntos de mejora, está bastante avanzada y está casi presente en todas las facultades de Medicina de España.

Sin embargo, todavía queda un aspecto importante a mejorar, que es el de conseguir que los profesionales de la Atención Primaria se puedan integrar plenamente al cuerpo académico universitario. Para ello los profesionales que quieren realizar carrera académica deben acreditarse por la Agencia de Evaluación de ANECA, o sus homólogas territoriales, cumpliendo los requisitos estipulados para ello. En la actualidad, para realizar esa acreditación, los médicos de familia deben presentarse en un área de conocimiento que no es la suya propia, puesto que no hay área de conocimiento reconocida en España de Medicina de Familia, así que los profesores deben solicitarlo por áreas distintas a la suya, como puede ser en Medicina Interna, Fisiología u otras que claramente no le son propias. Eso provoca también que los baremos y los evaluadores no son expertos de esa área en la cual pretende el profesor ser acreditado.

Tal como ha publicado el profesor Pablo Bonal, uno de los primeros impulsores de la docencia en Medicina Familiar y Comunitaria, y tantos otros expertos docentes médicos de familia en diversas revistas científicas de impacto, en la mayoría de los países de Europa, fuera y dentro de la Unión Europea, existen departamentos universitarios de Medicina y las recomendaciones que emanan de los organismos e instituciones de ámbito internacional de prestigio apuntan en la misma dirección, y es que es necesario que los estudiantes de Ciencias de la Salud tomen contacto teórico y práctico con la Atención Primaria de Salud y con la Medicina de Familia, y que la enseñanza de esta se realice con un soporte organizativo suficiente dentro de la universidad. Es decir, que los médicos de familia enseñen en las facultades de Medicina conceptos que son propios de la especialidad.


Página 40




No parece que haya a estas alturas nadie que cuestione que la Medicina de Familia tiene carácter de especialidad, materia o disciplina con identidad propia a partir del momento en que los médicos de familia tienen consensuados y definidos, tanto por el Ministerio como por las distintas instituciones sanitarias y de formación, el conjunto total de los problemas de salud individuales o comunitarios que son propios de su ámbito de trabajo y que poseen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten resolverlos. Eso es así a nivel internacional y funcionalmente es lo que se está realizando en España la docencia reglada en sus múltiples vertientes. En el día a día los médicos de familia comparten las experiencias comunes respecto a los problemas clínicos más frecuentes de su competencia, y es sencillo delimitar los conocimientos científicos, las habilidades y las actitudes profesionales que el médico de familia implementa en su trabajo diario, de forma que también en la docencia se le identifica como otro especialista más, que además de su práctica asistencial, integra la investigación de calidad, la docencia y la gestión. En el eje investigador, los médicos de familia tienen metodologías propias y también compartidas con otras disciplinas, como puede ser Enfermería, Fisioterapia y tantas otras, que permiten su desarrollo en los entornos sociales y profesionales que le son propios.

A pesar de cumplir los requisitos anteriores, y el hecho de que la Medicina de Familia tenga asignada una titulación de especialidad propia y puestos de trabajos específicos para dicha denominación profesional, hasta el momento la Medicina de Familia no ha recibido el reconocimiento académico y universitario en todas sus dimensiones. Por ese motivo la estrategia básica como paso imprescindible para poder seguir incorporando la Medicina de Familia en la universidad de forma eficaz, y poder desarrollar así sus enseñanzas plenas, es conseguir que la Medicina de Familia se incluya en el catálogo de áreas de conocimiento de la universidad. Si las fuerzas políticas de forma transversal están defendiendo el empoderamiento de la Atención Primaria, en consecuencia, deberían apoyar que como tal, se le permita erigirse en disciplina propia para que pueda consolidarse también en la universidad. A medio plazo ha de ser habitual tener profesores titulares de la especialidad de Medicina familiar en las facultades de Medicina, y no una excepción como lo es ahora que la respuesta docente la dan los profesores asociados y colaboradores.

Técnicamente la especialidad de Medicina de Familia cumple sobradamente las dos características para ser incluida en el catálogo oficial de áreas de conocimiento, esto es la de incorporar disciplinas en función de los avances en el conocimiento científico y su repercusión y necesidad social en España, característica que evidentemente cumple dado que así se está defendiendo en el Congreso y en todas las comunidades autónomas por todos los partidos políticos, y así se realiza de facto en la actividad diaria. Además, dicha especialidad cumple también las características de un área de conocimiento que son la homogeneidad de su objeto de conocimiento, tener una tradición histórica común y que existan comunidades de investigadores nacionales o internacionales. Tampoco cabe duda de que las tres se cumplen, puesto que la tradición histórica de la Medicina de Familia en España es indudable como eje vertebrador de nuestro sistema sanitario público, tiene un corpus homogéneo y bien delimitado tanto con las competencias formativas de la especialidad como las que da respuesta al currículum formativo del Grado de Medicina y su catálogo de competencias, y por último, la investigación hoy en día está al mismo nivel, si no más, de otras disciplinas sanitarias medida con los indicadores científicos de calidad, como pueden ser el factor de impacto, las citas, la financiación competitiva, etc.

En definitiva, la existencia de un perfil profesional basado en los contenidos propios de la Medicina de Familia es capital, pues, con ese reconocimiento del área, sus profesionales podrán despegar en el desarrollo formativo de la misma forma que se realiza en muchos otros países de larga trayectoria de excelencia que son conscientes de la importancia de formar buenos médicos sin negarles la opción de conocer la Atención Primaria y todas las competencias que allí se trabajan.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reconocer la Medicina de Familia como área de conocimiento propia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 41




161/003590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto, y doña Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para fortalecer las garantías y la transparencia en los concursos de oposición a plazas docentes, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

Durante el último mes se han venido publicando en medios de comunicación de diferentes Comunidades Autónomas informaciones sobre los resultados de las oposiciones a plazas docentes de Primaria y Secundaria. Estos medios reflejan la desigualdad entre territorios y que los distintos procesos han provocado quejas y protestas, tanto formales como informales, en el seno de una parte de la comunidad educativa.

A pesar de que las condiciones generales de los concursos vienen establecidos en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, las diferencias entre CCAA e incluso dentro de las mismas muestran una clara necesidad de establecer mayores garantías.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, acciones para determinar si ha habido irregularidades en los concursos de oposición docentes.

2. Garantizar, mediante las modificaciones pertinentes, si fueran necesarias, en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, que se cumplan los derechos de los opositores presentados en los concursos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto, y doña Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la paralización del proceso de habilitación como profesores de Secundaria a los de Primaria como consecuencia de las resoluciones aprobadas por el Director general de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat de Cataluña, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El pasado mes de abril, el Director general de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat de Cataluña aprobaba la Resolución ENS/862/2018, de 25 de abril, por la que se dictaban las


Página 42




instrucciones sobre la adjudicación de destinos provisionales con efectos de 1 de septiembre de 2018 para el personal funcionario de carrera, en prácticas e interino de los cuerpos docentes y sobre los desplazamientos forzosos por modificación de las plantillas de los centros educativos públicos.

Dicha resolución habilitaba a las direcciones de los institutos para establecer, según su criterio, si procedía o no reconvertir plazas de Secundaria para maestros de Primaria. Así, las plazas reservadas a maestros de Primaria en los institutos de Secundaria se catalogarían como tales por parte de las direcciones, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto de direcciones, el de autonomía de centros y el de plantillas.

En las Resoluciones del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics del 7 y del 16 de mayo, para el desarrollo de la Resolución ENS/862/2018, de 25 de abril, se iba aún más allá, estableciendo que las direcciones de los institutos están "obligadas" a reservar dichas plazas. La supuesta causa que justifica el acceso a la docencia en Secundaria de miembros de un cuerpo docente no acreditado para ello es, según se aduce por parte de los responsables del Departament d'Ensenyament, la previsible carencia de profesores de Secundaria académicamente acreditados en las bolsas de trabajo de algunos servicios territoriales. Al margen de la veracidad o no de dicha consideración, el hecho es que, en Cataluña, los que vienen a suplir la falta de titulados acreditados pasan, sin estarlo, por delante de aquellos a quienes se supone que vienen a sustituir.

El hecho es que las resoluciones citadas habilitan de facto a más de 3.000 funcionarios del Cuerpo de Maestros para impartir las especialidades de Matemáticas, Lengua Catalana y Lengua Castellana en los dos primeros cursos de la ESO sin exigirles los requisitos mandatados para ello.

Además, estas resoluciones obligan a los directores de los centros de más de 10 grupos a reservar plaza en favor de los maestros habilitados y en perjuicio de más de un millar de profesores interinos y en prácticas.

Estas resoluciones ya han sido recurridas ante los juzgados contencioso-administrativo por el Sindicat de Professors de Secundária al considerar que suponen una grave vulneración de la legalidad, en particular, la básica del Estado.

La normativa básica de especialidades y las leyes de educación vigentes establecen titulaciones específicas para el ejercicio de la docencia en distintos ciclos y preservan el principio constitucional de mérito y capacidad, así como de igualdad.

Si no se impide, el proceso de habilitación regulado en las resoluciones comenzará el 1 de septiembre, vulnerando los principios anteriores y repercutiendo en la calidad de la enseñanza, así como en la garantía de la igualdad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. Enviar un requerimiento urgente al Gobierno de la Generalitat de Cataluña para paralizar inmediatamente el proceso derivado de la Resolución ENS/862/2018, de 25 de abril, y las resoluciones que la desarrollan.

2. Proceder a la inmediata impugnación ante la instancia judicial que corresponda, incluido el Tribunal Constitucional, con la petición de suspensión inmediata del proceso de habilitación, con infracción de la legislación básica del Estado y, por consiguiente, sus competencias en materia de educación.

3. Instar a que se elaboren nuevas instrucciones para la cobertura de vacantes de forma que se garantice el respeto a la legalidad y la preservación de los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como de igualdad en el acceso a las plazas y puestos de cualquier Administración pública."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar que la Real Sociedad Española de Física


Página 43




pueda participar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El fomento y la captación de talento en el ámbito de las ciencias en España, especialmente en etapas tempranas, es altamente deficiente según apuntan diferentes organismos internacionales. A esta falta de captación y promoción de talento, debemos unir la falta de apoyos que reciben aquellas personas que sí poseen este y desean seguir mejorando sus capacidades en el ámbito de las ciencias. Claro ejemplo de ello es la falta de apoyo por parte del Ministerio de Educación a la Real Sociedad Española de Física, que este año no podrá competir en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física por falta de fondos. Todo ello pese a que en las recientes Olimpiadas Internacionales de Física, un joven madrileño, de apenas 18 años, ha conseguido el oro.

Desde Ciudadanos consideramos que es esencial promover y apoyar el talento en edades tempranas, especialmente en áreas de alta capacitación como son las ciencias y no podemos permitir que nuestro país no esté presente en este tipo de competiciones, más aún cuando el capital humano de nuestros participantes bien merece ese apoyo institucional por sus logros anteriores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones precisas para garantizar que la Real Sociedad Española de Física y sus miembros puedan competir en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2018.-Marta Martín Llaguno y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/003559

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para que los vales de comida no computen en la base de cotización a la Seguridad Social.

Exposición de motivos

Los vales de comida, es decir, la prestación del servicio de comedor que el empresario lleva a cabo en el marco de una relación laboral, ya sea de forma directa o indirecta, es un sistema con 40 años de historia en España, e implantado en 20 países en Europa.

Las principales magnitudes en España, en relación con este sistema son las siguientes: 490 M? de volumen de emisión, más de 40.000 restaurantes afiliados, 464.000 beneficiarios de vales de comida, 22.093 empleos estables y 555M ? de recaudación neta para Estado.

Los vales de comida tienen un impacto directo de 619 M? en el sector de la restauración, generando más de 15.000 empleos directos.

Sin embargo, la penetración del vale comida en el ámbito laboral español es inferior a la media europea a pesar de la antigüedad de su implementación. España, junto con Reino Unido y Suecia, son los únicos tres países en los que el vale de comida cotiza a la Seguridad Social. Y el objetivo perseguido con esta iniciativa, en cambio, acercaría el Estado español a la realidad europea, donde existen ventajas fiscales para el empleado y el empleador.

La industria de vales de comida tiene un impacto positivo para todos los actores (Estado, sociedad, empresa y empleado). Propicia el aumento del empleo estable; el aumento del consumo; la aportación de


Página 44




recaudación neta para el Estado sin aumento de impuestos; el crecimiento de la economía en general; es una alternativa a la inversión en comedores de empresa, los cuales suponen un mayor coste que los vales de comida; contribuyen a minorar el absentismo laboral; es deducible en el cálculo de la base imponible del Impuesto de Sociedades; aumenta de poder adquisitivo gracias a su exención de IRPF hasta 11 ? al día, lo que puede suponer un ahorro de unos 50 euros al mes; ofrece trasparencia y reducción del fraude (menos economía sumergida en el campo de la hostelería, circuito fiscalizado y finalista, 100% consumido en restaurantes); y mejora la motivación del trabajador (conciliación, productividad).

Además, estimular la utilización del vale comida es un elemento adicional para avanzar en la racionalización horaria. Sin duda que un tratamiento fiscal adecuado al vale de comida contribuirá a que los convenios colectivos empujen hacia una racionalización de horarios al mediodía, en beneficio de la conciliación familiar.

Los vales de comida son considerados fiscalmente como retribución en especie, con carácter de exenta si cumple los requisitos reglamentarios. No obstante, desde un punto de vista laboral están obligados a cotizar a la Seguridad Social, a pesar de que su finalidad principal es la de indemnizar o compensar al empleado que no puede desplazarse a su domicilio a comer durante su jornada laboral. Por ello, no deberían considerarse incluidos en la base de cotización a la Seguridad Social, tal como sucede en la gran mayoría de países de nuestro entorno.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el apartado 2 del artículo 147 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de incluir entre los conceptos que no computan en la base de cotización la prestación del servicio de comedor que el empresario lleve a cabo en el marco de la relación laboral, tanto de forma directa como indirecta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para mejorar el acceso a la jubilación en el caso de personas con discapacidad.

Exposición de motivos

Conforme a lo establecido en la Ley general de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) y concretamente, en su artículo 206 (antes 161 bis de la LGSS), la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) de la misma (67 años o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización), podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. Y podrá asimismo ser reducida -la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación-, en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, en los términos contenidos en el correspondiente Real Decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45%, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida.


Página 45




El Real Decreto que establece los términos correspondientes para el acceso a la jubilación anticipada de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45% es el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, ahora en el Texto Refundido el 206. Dicha disposición determina en su artículo 1 relativo al ámbito de aplicación, que "Lo dispuesto en este Real Decreto se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social que acrediten que, a lo largo de su vida laboral, han trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, afectados por alguna de las discapacidades enumeradas en el artículo siguiente y que hayan determinado durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento".

La reducción de la edad de jubilación tal y como se recoge, entre otros, en el preámbulo del citado R.D, tiene su fundamento no sólo en el mayor esfuerzo y la penosidad que el desarrollo de una actividad profesional comporta para un trabajador con discapacidad, sino, además, en la exigencia de que en las personas con discapacidad con respecto a las que se establezca la anticipación de la edad de jubilación concurran evidencias de reducción de su esperanza de vida.

Sin embargo, en la práctica el marco normativo establecido, los requisitos exigidos, no parecen tener en cuenta este fundamento y dificultan en multitud de casos, el acceso de las personas que se hallan en estas circunstancias a la jubilación anticipada.

La situación de discapacidad no surge o no se inicia evidentemente con su reconocimiento legal, sino que este reconocimiento se limita a constatar su existencia y a dotarla en todo caso de determinados efectos jurídicos, entre los que se encuentra la posibilidad de acceder a la prestación solicitada.

El requisito de haber trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, y afectados todo este tiempo, por determinadas discapacidades en un grado igual o superior al 45%, acreditado mediante certificación del órgano correspondiente, no resulta fácil de cumplir a pesar de lo que pueda parecer.

El grado de discapacidad no se revisa sistemáticamente, no se actualiza salvo en los casos de agravación o mejoría, o en casos de error diagnóstico. No se actualiza automáticamente ni siquiera cuando se modifica el baremo establecido para su valoración, por lo que en muchos casos, a pesar de padecer un grado de discapacidad muy superior en el momento de la solicitud, no siempre se puede acreditar un porcentaje igual o superior al 45% durante, al menos, 15 años.

Por otra parte, tampoco parece razonable exigir el mismo período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación a personas afectadas por una discapacidad que reduce su esperanza de vida que a personas que no se hallan en estas circunstancias.

En esta misma línea, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, en su sesión celebrada el día 3 de mayo de 2017, aprobó una propuesta firmada por todos los Grupos Parlamentarios en la que se instaba a adoptar medidas para mejorar el acceso a la jubilación de las personas con discapacidad.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar la mejora del acceso a la jubilación de las personas con discapacidad y a implementar las modificaciones normativas que permitan:

- que el grado de discapacidad exigido para acceder anticipadamente a la jubilación deba ser acreditado en el momento de la solicitud de la prestación y no durante todo el periodo mínimo de cotización;

- la reducción del período mínimo de cotización de manera proporcional a la reducción de la esperanza de vida de los trabajadores afectados, y

- la actualización del listado de discapacidades en las que concurren evidencias que determinan, de forma generalizada y apreciable, una reducción de la esperanza de vida, que pueden dar lugar a la anticipación de la edad de jubilación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Página 46




161/003563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la regulación normativa sobre la identificación en el etiquetado del origen de la leche y los productos lácteos, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El Paquete Lácteo aprobado en el año 2015 para tratar de reaccionar a la grave situación que atraviesa el sector lácteo tras la desaparición del Régimen de cuotas, mantendrá su vigencia hasta el año 2020. El Plan, además de las ayudas directas al sector, prevé una serie de medidas ligadas a la mejora de la posición en el mercado de las producciones ganaderas de leche. En concreto, potenciar medidas enfocadas al apoyo a explotaciones en zonas con limitaciones geográficas, al manejo sostenible de explotaciones, y al desarrollo de productos de calidad. Estas medidas serán financiadas con cargo a los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las CCAA y en su caso al Nacional, cuando las estrategias afecten a más de una Comunidad Autónoma. Además, introduce otras medidas dirigidas a fomentar el consumo de productos lácteos entre la ciudadanía, a fortalecer el programa de leche escolar, y a impulsar la cooperativización en el sector.

El Paquete lácteo de 23 de septiembre 2015 incluye entre sus compromisos "Promover la identificación del origen de la leche y los productos lácteos, con objeto de mejorar la información que se facilita al consumidor sobre el país de origen de los productos lácteos, mediante la inclusión, por parte de las empresas, de forma claramente visible, de la información de dicho origen en folletos promocionales, publicidad, cartelería, así como en los propios lineales".

Esta medida es coherente con la normativa europea sobre información a las y los consumidores, y, en concreto, el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, que en su artículo 9 establece que entre las indicaciones obligatorias que deben figurar, ya sea en el mismo envase o en su etiqueta, se incluya la información sobre el país de origen o lugar de procedencia. Sin embargo, para hacerlo efectivo en cada caso o producto concreto, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo que, en este caso, se envió en el año 2015. No obstante, la propia Comisión recomendaba en su informe que, en este caso, la información fuera de carácter voluntaria y suministrada por los propios operadores lácteos. Este informe, a todas luces incomprensible dado el momento en el que se emitió, dejaba a las y los productores indefensos; sin embargo, el propio Reglamento 1169/2011 ofrecía una alternativa contemplada en el artículo 39. Habilitaba a que fueran los propios Estados miembros quienes adoptaran medidas nacionales sobre indicación obligatoria del país de origen e incluso del lugar (región) de procedencia, siempre que se cumplieran unos requisitos concretos: mostrarse la relación entre la cualidad del alimento y su origen o procedencia, debiendo existir pruebas que demuestren que la mayoría de los consumidores consideran importante que se les facilite dicha información (artículo 39.2). En segundo lugar, el proyecto de medidas nacionales en cuestión debe ser notificado a la Comisión Europea de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 45 del mismo Reglamento.

A esto se le une el hecho que las encuestas disponibles dirigidas a las y los consumidores revelan en un 80% su interés por disponer de información acerca del origen de la leche, vinculando su decisión tanto a la calidad como a la propia conciencia de la dificultad que atraviesa el sector.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaboró un proyecto de Real Decreto sobre este asunto, que fue remitido a las autoridades comunitarias para su información con arreglo a derecho. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) conoció del proyecto y emitió un informe el pasado 3 de mayo de 2018. Sin embargo, se produce una situación paradójica, y mientras que la Comisión Europea emite un informe positivo con arreglo a la normativa en vigor, la CNMC dictamina en su informe que: Desde el punto de vista de promoción de la competencia y regulación económica eficiente, debe tenerse en cuenta que la información sobre la procedencia geográfica de los productos puede constituir una restricción adicional a la libre circulación de mercancías y, por ende, a la competencia efectiva. Este tipo de medidas conllevan un coste y pueden tener un efecto


Página 47




proteccionista sobre la industria nacional, contribuyendo a compartimentar el mercado geográficamente. Además, señala que el interés de los consumidores y consumidoras al que el reglamento comunitario se refiere, no están avalados por análisis e indicadores que garanticen la calidad efectiva y la objetividad de la decisión. Por lo tanto, resuelve negativamente.

En el fondo de la resolución subyace el tratamiento que tradicionalmente ha dado la CNMC al sector agroalimentario, eludiendo el principio de que el "sector agrario es un sector excepcionado del derecho de competencia", tal y como recoge y valida el principio de preferencia comunitario de la propia Política Agraria Común (PAC). En concreto, el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) concede un estatuto especial al sector agrícola en lo relativo a la aplicación del Derecho de la competencia.

En este sentido, el informe de 12 de enero de 2017 sobre política de competencia de la Unión Europea 216/2100 (INI) reconocía que la última reforma de la PAC pretendía reforzar la posición de los agricultores en la cadena agroalimentaria disponiendo una serie de excepciones y exenciones del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que el Parlamento Europeo presentó propuestas innovadoras y ambiciosas para la reforma de la PAC que adaptaran mejor la legislación en materia de competencia a los mercados agrícolas.

El informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios destaca que la política de competencia defiende los intereses de las y los consumidores, y dice literalmente: ... pero no tiene en cuenta los de los productores agrícolas...; y destaca que la política de competencia debe conceder a la defensa de los intereses de las y los productores agrícolas la misma importancia que otorga a la defensa de los intereses de las y los consumidores, garantizando unas condiciones equitativas de competencia y acceso al mercado interior para fomentar la inversión, el empleo y la innovación, la viabilidad de las empresas agrícolas y un desarrollo equilibrado de las zonas rurales en la Unión Europea.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Continuar con la tramitación del Proyecto de Real Decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como materia prima de la leche y los productos lácteos, fortaleciendo la posición de los productores y productoras en la cadena alimentaria,

2. Vincular la información del etiquetado respecto al origen, a otras figuras que fortalezcan los criterios de información a las y los consumidores, posibilitando la inclusión del origen regional y comarcal y la referencia a cuestiones relativas a modos de producción como "ganadería extensiva" o "leche de pastos del cantábrico".

3. Instar a la Comisión Europea a que presente al Parlamento y al Consejo un registro del uso de las exenciones vigentes al derecho de competencia por agricultoras y agricultores de distintos Estados miembros, en aplicación del artículo 225 del Reglamento único para las OCM, y que aclare debidamente el alcance de estas exenciones y de las exenciones individuales de las normas de competencia conforme al artículo 101.3 del TFUE.

4. Instar a la Comisión Europea a que aclare en particular si los acuerdos de sostenibilidad establecidos en la cadena agroalimentaria para atender demandas sociales, como sería el etiquetado del origen y cuyas medidas rebasan las obligaciones legales, pueden quedar exentos de la legislación sobre competencia en caso de que contribuyan a mejorar la producción y a promover la innovación, beneficiando al mismo tiempo a las y los consumidores.

5. Instar a la Comisión Europea y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que, de acuerdo con el principio de que el sector agrario es un sector excepcionado del derecho de competencia, adopte un enfoque más amplio para definir "posición dominante" y el "abuso de una posición dominante" por parte de una o varias explotaciones agrícolas vinculadas por un acuerdo de carácter horizontal, tomando en consideración el grado de concentración y las restricciones derivadas del poder de negociación de los sectores de producción, transformación y comercialización."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 48




161/003564

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la investigación y valorización diferenciada de la leche procedente de pastos del Cantábrico, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Tras la desaparición del régimen de cuotas lácteas el 31 de marzo de 2015, el sector lácteo ha entrado en una crisis profunda derivada fundamentalmente de la caída de los precios del producto pagado a los ganaderos y ganaderas. A pesar de las medidas del conocido como "Paquete lácteo", aprobadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2015, no se ha logrado paralizar la destrucción del sector. Los informes mensuales elaborados por el Ministerio y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre declaraciones obligatorias del sector del vacuno de leche, son el mejor referente para conocer mes a mes su evolución. Los datos nos indican de forma alarmante la necesidad de intervenir.

En enero de 2017 eran 15.330 los ganaderos y ganaderas de leche que declaraban entregas, de los cuales, 8.476 se encontraban en Galicia, 1.970 en Asturias, y 1.324 en Cantabria. En noviembre de 2017 se ha descendido a 14.585 ganaderos y ganaderas con entregas de leche. Es decir, a lo largo del año 2017 han desaparecido 745 explotaciones lecheras, de las cuales, 424 son de Galicia, 90 son de Asturias y 48 de Cantabria.

Los precios de la leche están por debajo de los costes de producción y la oscilación es tremendamente brusca y muy dependiente de factores externos. Aunque los informes mensuales muestran como el precio medio de la leche a lo largo de todo el año se ha recuperado en 0,02 ?/I en todo el Estado. En Galicia o Cantabria mantienen un precio sigue estando por debajo de la media nacional. La alta variabilidad climática y el aumento de los precios del petróleo, determinan que el coste de producción de la leche ya no esté en 0,31 ?/I, sino que está en 0,35 ?/I. En este contexto, el MAPAMA, tiene identificadas 7.028 explotaciones que tienen muy comprometida su viabilidad al estar recibiendo precios anómalamente bajos. De estas explotaciones, 4.020 se sitúan en la Cornisa Cantábrica.

Mientras perduró el régimen de las cuotas lecheras institucionales, el reparto de la producción mantuvo un cierto equilibrio territorial que permitió a las pequeñas ganaderías del norte su persistencia a costa de un tremendo endeudamiento. La apertura que supone el fin de las cuotas lácteas, y la estructura de la propia cadena de la leche, permiten a las industrias lácteas traer leche más fácilmente de otros países, e influir en la estructura de producción dentro del territorio del propio Estado. En este momento, más del 70% de la leche consumida en España procede de otros países. Además, al comprar mayores volúmenes en regiones como la Comunidad Valenciana y Baleares, donde las producciones son más grandes e intensivas y los precios muy bajos, se fuerza la bajada de los precios en la Cornisa Cantábrica. El problema llega con el fin de las cuotas lecheras, que no significa el verdadero fin de éstas, sino el fin del control público de las mismas, ya que ahora la industria láctea de la que dependen se ha convertido en la administradora de un nuevo sistema de cuotas encubiertas. Así, se ha pasado de un sistema público a uno privado, de un sistema de reparto territorial y controlado de la producción a un sistema que única y exclusivamente busca beneficio económico a la industria láctea.

Una de las razones que influye en la variabilidad en el precio de la leche que cobran los y las ganaderas, depende de si la ganadería pertenece a una cooperativa de transformación o no. El precio fuera del paraguas de las industrias que transforman el producto de sus socios, está en 0,28 ? sobre la producción referente de un mes elegido por la industria compradora. Todos los litros que se pasen de ese referente de producción se pagan a 0,17 ?. El 80% de la leche consumida es UHT, es decir, el producto que menos valor deja al ganadero o ganadera. Por otra parte, sabemos que, en toda la Cornisa Cantábrica, las marcas de leche que venden su producto como leche gallega, asturiana o cántabra, no cuentan con ningún tipo de certificación que lo corrobore.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha preparado un texto borrador de un Real Decreto (RD) que trata de establecer como obligatoria la indicación geográfica del origen de la leche y que, sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha rechazado


Página 49




por considerar que atenta contra la libre circulación de mercancías, y, por ende, contra la competencia efectiva al generar de manera encubierta un mercado protegido. Al margen de la opinión sobre el informe, la CNMC recomienda enfocar el proyecto de RD justificando mejor la relación entre el origen de la leche y de los productos lácteos, y sus cualidades, en beneficio de las y los consumidores.

El Paquete Lácteo aprobado en el año 2015, y cuya vigencia se prorrogará probablemente hasta el año 2020, introduce una serie de medidas ligadas a la mejora de la posición en el mercado de las producciones ganaderas de leche. En concreto, potenciar las medidas enfocadas al apoyo a explotaciones en zonas con limitaciones geográficas al manejo sostenible de explotaciones, y al desarrollo de productos de calidad. Estas medidas serán financiadas con cargo a los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las CCAA, y, en su caso, al Nacional, cuando las estrategias afecten a más de una Comunidad Autónoma. Además, introduce otras medidas dirigidas a fomentar el consumo de productos lácteos entre la ciudadanía, a fortalecer el programa de leche escolar, y a impulsar la cooperativización en el sector.

En la Cornisa Cantábrica y Galicia, por el clima de altísima pluviosidad y temperaturas suaves, tenemos lo que se llaman "pastos permanentes de alto valor agrológico". Esto posibilita que muchos ganaderos alimenten a sus vacas a partir de estos pastos y de los forrajes que se producen con ellos. Con la iniciativa que presentamos pretendemos revalorizar esta producción. Desde hace ya varios años, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), con fondos que provienen del Ministerio de Economía y Competitividad, impulsa un proyecto que se coordina desde el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) de Cantabria; pero en él participan también el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) y el Centro de Investigaciones Agrarias de Galicia (CIAM). Este estudio sigue la línea abierta por otras investigaciones, que apuntan que las vacas que pastan en las zonas cantábricas producen una leche de mejor calidad nutricional en varios compuestos determinantes, que las que se alimentan con pienso o están estabuladas. Para ello se rastrearán marcadores y se testarán más de 40 moléculas distintas, ácidos grasos, como el Omega 3, o el Omega 6, el CLA (ácidos linoleicos conjugados, con efectos beneficiosos para la salud), y antioxidantes y marcadores genéticos -micro-ARN-. El proyecto examina una gran diversidad de explotaciones ganaderas con distintos sistemas de manejo y alimentación para comprobar el perfil de esos ácidos grasos, antioxidantes y micro-ARN de la leche. La financiación de este proyecto estratégico es escasa, y apenas cuenta con un aporte a través del INIA y procedente del Ministerio de Industria, sin que exista un compromiso estratégico del MAPAMA que le permitiría avanzar más rápidamente. La finalidad de esta investigación es doble: tipificar esa leche de vacas que comen pastos pero, ante todo, revalorizar ese producto genuino de la Cornisa Cantábrica.

Esta vía de explotación y de innovación aplicada se ha seguido ya en otros países de la Unión Europea. Así, por ejemplo, Holanda cuenta con un Label "leche producida en base a pasto" y Alemania ha introducido otro con la denominación de "Leche en base a pasto".

La identificación de marcadores servirá para autentificar esa leche y poder ofrecer a las y los consumidores información que dé valor añadido al producto. La promoción del consumo debe estar ligada a cuestiones sociales y ambientales. La leche procedente de pastos podría venderse de una forma diferenciada, con una indicación clara de "100% en base a pastos" que deberían corroborar con independencia de la marca comercial.

Sin embargo, y de forma paralela, algunas industrias lácteas de Galicia, Cantabria y País Vasco están promoviendo sellos propios que reconocen "leche de pasto" con indicadores y requisitos de producción similares. Si bien estas iniciativas pueden ser positivas, su desarrollo vincula cada sello a una marca comercial concreta, generando más confusión entre las y los consumidores, y provocando exclusión y división entre las y los productores que suministran leche a estas empresas, y los que produciendo de la misma forma, no son sus clientes. Además, rompe la unidad que está en la base del proyecto, que es el reconocimiento de la calidad excepcional de la leche de pasto del Cantábrico producida de acuerdo con ciertos estándares.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Apoyar desde el MAPAMA ,y con una partida presupuestaria específica, la investigación de la línea abierta con el estudio de "Leche procedente de pastos del Cantábrico" dentro de la actuación


Página 50




presupuestaria destinada a "Mejora de la alimentación del ganado", y que se oriente a garantizar el trabajo continuado de los tres Centros de Investigación Regionales involucrados.

2. Crear una marca protegida que certifique el origen de "Leche procedente de pastos del Cantábrico" y promover una figura de calidad general y accesible a todos los ganaderos y ganaderas de la Cornisa Cantábrica que produzcan leche con arreglo a los estándares definidos, y que permita identificar el origen concreto de la leche tanto a nivel nacional regional e incluso comarcal.

3. Desarrollar la flexibilización en la normativa del paquete higiénico-sanitario de manera que sea posible vender leche cruda directamente en finca, tal y como ya se permite en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en otros países de Europa.

4. Recuperar el "Programa del fomento del consumo de leche en las escuelas" previsto en la subsección 2 del Capítulo II del Reglamento 1308/2013, de 17 de diciembre de 2013, de Organización Común de Mercados, orientándolo al consumo de leche de proximidad y origen identificado como de pastos.

5. Instaurar el doble precio en el etiquetado de los productos lácteos donde se indica por una parte el precio pagado al productor, y por otro el precio vendido a las y los consumidores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Sofía Fernández Castañón y Rosa Ana Alonso Clusa, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la producción nacional de arroz frente a la importación de terceros países, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesa y Alimentación.

Exposición de motivos

El Reino de España es el segundo productor más importante de arroz, tras Italia, en la Unión Europea, con una superficie cultivada de 109.300 has y una producción anual de 847.000 toneladas.

La producción española es tanto de arroz Japónica (redondo), con 483.000 toneladas y 66.100 has, como de arroz Indica (largo), con 364.000 toneladas y 43.200 has.

El cultivo del arroz en España se sitúa mayoritariamente en espacios de gran valor ambiental, como son el Parque Natural del Delta del Ebro, el Parque Natural de la Albufera de Valencia y el Parque Nacional de Doñana.

En estos ecosistemas el cultivo del arroz es esencial para el mantenimiento y conservación de la biodiversidad de estos espacios, siendo prácticamente insustituible desde un punto de vista ambiental.

Tradicionalmente, Andalucía y Extremadura han sido mayoritariamente productoras de arroz Indica (largo) y Cataluña y Comunidad Valenciana de arroz Japónica (redondo), comercializándose prácticamente toda la producción en la Unión Europea, que es deficitaria en arroz.

Desde la entrada en vigor del Tratado EBA (Todo menos armas) a través del Reglamento Comunitario 978/2012, la Unión Europea dio acceso a las producciones de arroz de países pobres, como Laos, Camboya y Myanmar, del sudeste asiático, sin ningún tipo de tarifa arancelaria.

Durante los más de 4 años de vigencia del Tratado, las exportaciones de arroz de estos países a la Unión Europea han ido aumentando de manera continua, notable e injustificada.

Estas exportaciones, todas de arroz Indica, han ido afectando a la rentabilidad de la producción española de este arroz, provocando que una gran parte de la superficie española de producción de arroz Indica se haya reconvertido a arroz Japónica, afectando negativamente a la rentabilidad de este tipo de arroz.

Así pues, nos encontramos que unas exportaciones anormalmente altas de arroz del sudeste asiático, especialmente de Camboya, están desequilibrando claramente el mercado europeo del arroz. Por otra


Página 51




parte, tampoco se entiende que desde Myanmar, con parte de su población sufriendo hambrunas, exporten este alimento básico.

Dadas las actuales circunstancias, sabemos que el gobierno de la República de Italia ha solicitado a la Comisión Europea la cláusula de salvaguardia prevista en el Tratado cuando se dan las perturbaciones comerciales que actualmente se aprecian.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone, para su debate y votación, la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar a la Comisión Europea la aplicación inmediata de la cláusula de salvaguardia para las importaciones de arroz procedentes de los países del sudeste asiático beneficiarios del Tratado EBA (Todo menos armas), que se indica en el artículo 22 del Reglamento Comunitario 978/2012.

2. Solicitar a la Comisión Europea el mantenimiento de dicha cláusula hasta que se aprecie normalidad en el mercado de arroz europeo.

3. Solicitar a la Comisión Europea una investigación tendente a confirmar la procedencia del arroz exportado por los países beneficiarios del Tratado EBA (Todo menos armas), y que no procede en parte de otros países cercanos a estos que introducen su arroz sin arancel en la UE a través de los países beneficiarios del citado Tratado.

4. Solicitar a la Comisión Europea una normativa que obligue a etiquetar todo el arroz que se comercializa en la UE como origen UE o como origen el país tercero del que se trate.

5. Que se tenga en cuenta el extraordinario valor ambiental de este cultivo en Europa y su calificación de sensible ante cualquier tratado comercial futuro que adopte la UE con países terceros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la plaga de conejos que están asolando las cosechas de miles de agricultores en toda España y ante la que deben presentarse medidas con carácter de urgencia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Los conejos, en la Península Ibérica, juegan un papel importante en la estructura de los ecosistemas: son parte fundamental de la cadena trófica, siendo presa fundamental de una amplia variedad de predadores, y realizan una labor de modificación del entorno físico y de control de la vegetación. Además, históricamente ha tenido un interés socioeconómico para el ser humano, como fuente de alimento.

Algunos estudios, realizados en 2005, estimaban un descenso drástico de la población de conejo, con respecto a mediados del siglo XX. Como consecuencia, se realizaron repoblaciones de la especie, por considerarlo idóneo para preservar el desarrollo de los ecosistemas y la cadena alimentaria de otras especies en peligro de extinción, como el lince ibérico o el águila imperial. Algunas de estas repoblaciones, unida a la dispersión natural de la especie, han superado con creces las previsiones que se tenían, desbordando las necesidades y con consecuencias nefastas para agricultores y ganaderos de muchas regiones.

En la actualidad resulta una labor casi imposible contabilizar el número de conejos que tenemos en lugares concretos de España, donde se han convertido en una plaga. Por contraste, otras regiones siguen planteando la necesidad de incrementar su población.


Página 52




Aunque el conejo silvestre es un endemismo ibérico, no debemos olvidar que se trata de una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas en el resto del mundo. La ausencia de predadores, la resistencia a las enfermedades, un comportamiento menos previsible, con una mayor capacidad reproductiva y la expansión a zonas de llanura donde encuentran alimento con facilidad, o una gestión cinegética inadecuada, hace que la especie se comporte como invasora en su propio territorio.

Como ya le ocurrió en 1859 en Australia al colono inglés Thomas Austin, la situación se ha desbordado. En su caso, soltó 24 conejos salvajes para tener caza en abundancia. Seis años después, Austin había cazado unos 20.000 ejemplares, quedando otros tantos en su tierra. Cien años después, campaban a sus anchas en toda Australia unos 600 millones de ejemplares.

En nuestro caso, solo en Castilla-La Mancha, más de 300 pueblos de cuatro provincias de la región están sufriendo las consecuencias de este crecimiento exponencial en el número de conejos, que arrasan sus cosechas sin que existan medidas paliativas eficaces para combatirlo, dentro de las regulaciones autonómicas encargadas de la materia.

En Castilla y León, un total de 210 municipios están sufriendo, del mismo modo, estas mismas demoledoras consecuencias, llegando a contabilizarse 162 ejemplares por kilómetro cuadrado, siendo las líneas de alta velocidad y las autovías sus lugares de residencia favoritos.

Pero no solo este problema afecta a la zona central de la Península, sino que está presente en otros puntos como Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana o municipios de Madrid. Nos encontramos ante una dificultad de primer orden, que está provocando incalculables pérdidas en el sector primario, que solo en Castilla-La Mancha ha ocasionado pérdidas estimadas en 600 millones de euros.

Según las cifras que manejan los agricultores, sembrar una hectárea de cultivo leñoso tiene unos gastos iniciales para el agricultor que oscilan entre 6.000 y 12.000 euros y todo esto desaparece tras el paso de los conejos. En el último año, se han tenido que dar de baja más de 6.000 cepas.

Solo en las explotaciones de Getafe los conejos se han comido más de 500.000 kilos de cultivo de cebada, ocasionando el año pasado la pérdida de 180 hectáreas de 220 que había cultivadas.

La cobertura para daños de fauna silvestre en el seguro agrario de 2016 ha alcanzado el 90% del total asegurado. El Seguro Agrario ha demostrado su utilidad como herramienta para la compensación de los daños causados y para la reducción de la conflictividad entre la actividad agraria y la gestión de la biodiversidad pero, ante situaciones estructurales como la que está sucediendo con el conejo, debe ser precedido y complementado por medidas de prevención y mitigación.

Los únicos remedios que se han puesto sobre la mesa hasta el momento han llenado nuestros campos de plásticos con el objetivo de asustar a los conejos, olvidándonos de los efectos nocivos de un material tan altamente contaminante. Ha hecho que los agricultores inviertan en artilugios que han resultado inútiles y han dejado sin remedio este grave problema de nivel estatal.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar, en coordinación con las CCAA, un inventario más detallado de la población de conejo, que permita disponer de mejores datos, estableciendo indicadores de capacidad de carga, áreas de presión excesiva, indicadores de seguimiento de poblaciones y monitorización su abundancia.

2. Reconocer la situación de plaga en los territorios con presión poblacional de conejo excesiva, habilitando líneas de ayuda a los agricultores, ganaderos y sectores socioeconómicos afectados.

3. Revisar los criterios del Seguro Agrario en la contratación cobertura de fauna silvestre para las zonas afectadas por plaga de conejos y, en especial, profundizar en el control de parcelas con daños reiterados.

4. Consensuar una estrategia nacional, que implique a todas las administraciones, organismos y actores implicados, que coordine actuaciones conjuntas, que incluya un catálogo de medidas preventivas y compatibilice la existencia de la especie, para la función que desempeña en la naturaleza, y su control en zonas agrícolas, evitando impactos económicos severos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 53




161/003591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector andaluz de la aceituna de mesa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Por parte de la industria norteamericana se puso de manifiesto una queja a la Administración del Gobierno de EEUU, afirmando que la aceituna de mesa negra española, utilizada para condimento alimentario, se vende a menor precio, como consecuencia de las ayudas que recibe por parte de la UE a través de la PAC.

Esta injustificable queja fue avalada por el Departamento de Comercio de EEUU, imponiendo aranceles a varias empresas andaluzas que operan en el mercado estadounidense, aranceles que se han visto incrementados en los últimos meses.

Desde que surgió la amenaza contra el sector de la aceituna, que nos tememos pueda extenderse a cualquier otro producto acogido a la PAC, desde el GPS hemos ido adoptando una serie de iniciativas parlamentarias al respecto:

El 28 de septiembre de 2017 se suscribió por parte de todos los diputados andaluces del GPS una Proposición no de Ley rechazando la medida e instando al gobierno a realizar las gestiones diplomáticas necesarias ante las autoridades norteamericanas.

El pasado 8 de febrero del presente año los senadores y senadoras socialistas andaluces suscribieron una moción, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Economía del Senado, en la que mostraban el apoyo al Gobierno en cuantas gestiones se pudieran llevar a cabo contra esta injusta medida de imposición arancelaria. Además de preguntas orales y escritas formuladas en ambas cámaras.

El pasado 10 de julio, la Comisión de Comercio Internacional de los EEUU (ITC), decidió por 3 votos a 1 que las importaciones españolas de aceituna a este país "suponen una amenaza o daño importante para la industria californiana", consumando la imposición por parte del Gobierno de Estados Unidos de los aranceles provisionales a las exportaciones andaluzas de aceituna de mesa. Los aranceles empezaron a aplicarse desde el mes de noviembre de 2017, suponiendo en conjunto una media del 21,6%. El 13 de junio dichos aranceles se incrementaron un 60%, estableciéndose en una media inasumible del 34,7%.

Desde el GPS entendemos que las denuncias que sirven de base a la imposición de aranceles están carentes por completo de argumentación técnica y jurídica, como se pudo demostrar a través de las actuaciones y gestiones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Andalucía, del Gobierno de España y del sector, en respuesta a los requerimientos de información exigidos durante las investigaciones.

Durante el desarrollo de las mismas, el arduo proceso de recopilación de información, la revisión, estudio y análisis de casi 800 expedientes de ayuda y los miles de documentos relacionados, la cumplimentación de exhaustivos cuestionarios, la posterior fase de verificación de la información y la acción diplomática llevada a cabo al más alto nivel, demostró sin la más mínima duda, que:

Las ayudas que recibe el sector son absolutamente legítimas, y en ningún caso dañan a la industria de EEUU.

Dichas ayudas, además, cuentan con el amparo tanto de la Comisión Europea como de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La imposición de estas tasas implica pérdidas para el sector español de 70 millones de euros anuales en ventas. Unas ventas que están lideradas por Andalucía, ya que nuestra Comunidad Autónoma concentra el 77% de la producción nacional y un tercio del valor exportado.

De consumarse la decisión de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, supondrá la pérdida de 350 millones en los 5 años de vigencia inicial de los aranceles.

El sector de la aceituna de mesa en Andalucía genera unos 8.500 puestos de trabajo a través de más de 300 empresas envasadoras y entamadoras, de las que más de un 50% son empresas cooperativas. A ello habría que sumar entre 2 y 3 millones de jornales, dependiendo de la cosecha de verdeo.


Página 54




Un sector que está siendo víctima de la voracidad proteccionista y sin sentido que está mostrando la Administración Trump. Un proteccionismo salvaje del que se están aprovechando las empresas norteamericanas, incapaces de ganar en el mercado por medios legítimos y que ahora cuentan con una injusta ventaja competitiva. Ventaja oportunista que nada tiene que ver con la calidad, con el saber hacer, con el conocimiento de los mercados que sí poseen nuestras empresas y que ahora se ven privadas del 30% del mercado norteamericano, un mercado que se han ganado a pulso, gracias al papel que desempeñan, siendo auténticos referentes en innovación, calidad y en seguridad alimentaria.

Ante esta nueva y definitiva muestra de arbitrariedad, es absolutamente imperativo que la UE responda de la forma más contundente, defendiendo nuestra aceituna, como se han defendido otros productos como el acero.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mostrar su absoluto apoyo y respaldo al sector de la aceituna de mesa ante la adopción, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, de unas medidas que se consideran totalmente injustificadas.

2. Solicitar a las autoridades de la Unión Europa:

2.1 La puesta en marcha de todos los mecanismos que estén a su alcance para paliar el daño que estas medidas están ocasionando al sector. Sector que ya ha experimentado pérdidas económicas muy importantes, que ponen en claro peligro los puestos de trabajo que genera, así como la viabilidad de futuro del tejido empresarial y cooperativo que representan.

2.2 Que examine todas las posibles respuestas a la decisión de los EEUU, incluido llevar el caso ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, por entender que la Administración norteamericana no está respetando sus compromisos derivados de su pertenencia a dicha Organización."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2018.-Antonio Pradas Torres, Inmaculada Josefa González Bayo, Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Gutiérrez Limones, Elvira Ramón Utrabo, Antonio Hurtado Zurera, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Gregorio Cámara Villar, José Andrés Torres Mora, José Juan Díaz Trillo, Carmen Rocío Cuello Pérez, Juan Carlos Campo Moreno, Juan Jiménez Tortosa, María Jesús Serrano Jiménez, Micaela Navarro Garzón, Miguel Ángel Heredia Díaz, Miriam Alconchel Gonzaga, Sonia Ferrer Tesoro y Antonio Salvador de la Encina Ortega, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003601

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para reducir el desperdicio alimentario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Según las últimas estimaciones, un tercio de la producción mundial de alimentos, 1.300 millones de toneladas, se desperdicia. Esta situación tiene importantes repercusiones económicas, sociales y medioambientales, ya que las pérdidas y el desperdicio alimentarios representan un coste para la economía global de cerca de un billón de dólares al año y agravan la inseguridad alimentaria y la malnutrición. A este respecto, se estima que, con una cuarta parte de los alimentos que se pierden o desperdician, podría alimentarse a la población que pasa hambre en el mundo. De acuerdo con la FAO, 793 millones de personas sufren desnutrición en todo el mundo, y según Eurostat, aproximadamente el 9,6% de la población europea no puede permitirse comprar comida de calidad cada dos días. Estas cifras resultan


Página 55




preocupantes sobre todo cuando el 20% de los alimentos producidos en la UE se acaba echando a perder o se desperdicia.

Son numerosos los estudios sobre este tema, tanto en España (el "Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles" o el "Estudio sobre pérdidas y desperdicio de alimentos en la industria alimentaria") como en la Unión Europea ("Contabilizando el coste del desperdicio de alimentos: prevención del desperdicio de alimentos en la UE" de la Cámara de los Lores en 2014 o el "Pacto Nacional de lucha contra el desperdicio alimentario" del Gobierno de Francia en 2013), así como con una perspectiva internacional (especialmente de la FAO).

En el ámbito específico de la UE, los datos sobre las pérdidas y desperdicio alimentario más relevantes son los siguientes:

- 179 kilos por habitante de alimentos desperdiciados, sin contar los desperdicios de origen agrícola generados en el proceso de producción ni los descartes de pescado arrojados al mar.

- 170 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año.

- Entre un 30% y un 50% de los alimentos sanos y comestibles a lo largo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor que podrían ser aprovechables se convierten en residuos.

- En los hogares, el desperdicio alimentario alcanza el 42% del total, en la fase de fabricación el 39%, en la restauración el 14% y en la distribución el 5%.

Como se puede observar, las pérdidas y el desperdicio de alimentos se producen en todos los eslabones de la cadena alimentaria: en el campo, en las industrias de transformación, en la fase de distribución, en los comedores escolares y restaurantes y en las casas de los propios consumidores. Las causas no son siempre las mismas, y varían según el tipo de producto, según la producción, el almacenamiento, el transporte, el envasado y los hábitos o la concienciación de los consumidores.

En este sentido, España es el séptimo Estado miembro de la Unión Europea que más alimentos desperdicia en cifras absolutas: 7,7 millones de toneladas al año, que suponen un coste de 3.000 millones de euros anuales, lo que sitúa a nuestro país tras Reino Unido (14,4 millones de toneladas), Alemania (10,3 millones de toneladas), Holanda (9,4 millones de toneladas), Francia (9 millones de toneladas) Polonia (8,9 millones de toneladas) e Italia (8,8 millones de toneladas).

En el ámbito de los hogares, un estudio publicado en 2013 por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOP) y avalado por el Instituto Nacional de Consumo (INC), ha señalado entre otros datos que el desperdicio medio por hogar (de 2,7 personas de media) es de 1,3 kg/semana, o lo que es lo mismo, 76 kg/año, lo que equivale a más de medio kilogramo de alimentos por persona y semana.

Con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la situación en nuestro país, en el año 2012 se elaboró por el MAGRAMA la primera encuesta, en el marco del Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, que ha permitido empezar a conocer con un cierto detalle la actitud de los productores, la industria, la distribución y los consumidores respecto de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Sin embargo, la capacidad de obtener datos completos, fiables y armonizados sobre las cantidades actuales del desperdicio de alimentos, así como el hecho de que actualmente no exista en el marco de las instituciones internacionales y europeas que han abordado la problemática un consenso oficial sobre la definición del "desperdicio alimentario", utilizándose indistintamente diversos términos como pérdidas, desperdicio, despilfarro o residuo, complican la capacidad de tomar medidas efectivas.

Además, pese a que la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, establece, en su artículo 4.º, una jerarquía de residuos como orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión de los residuos, tal y como apunta el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe especial "La lucha contra el desperdicio de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario", de 2016, pese a que dicha jerarquía puede aplicarse al desperdicio de alimentos, debe modificarse ligeramente para tener en consideración las particularidades de estos productos.

En cualquier caso, esta institución señala que "en la actualidad no existe legislación ni directrices específicas de la UE sobre cómo aplicar su jerarquía de residuos a los alimentos" y se basa, por tanto, en las diversas jerarquías de residuos alimentarios existentes en la actualidad. De acuerdo con estas definiciones, el desperdicio de alimentos conformaría los niveles de "reciclado", "otros tipos de recuperación" y "eliminación", mientras que la labor de fiscalización se debería centrar en los niveles de


Página 56




"prevención", "donación" y "alimentación animal", que se componen de medidas que se pueden tomar antes de que se despilfarren los alimentos y se generen, por tanto, residuos.

Los costes relacionados con el desperdicio de alimentos son al menos de dos tipos: económicos y medioambientales. Los primeros no solo incluyen el gasto asociado al valor de los productos en sí mismos, sino también los gastos derivados de la producción, el transporte y el almacenamiento de los desperdicios, sin olvidar los costes de tratamiento. Desde el punto de vista medioambiental, el desperdicio de alimentos supone la pérdida de recursos durante todo el ciclo de vida de los productos como la tierra, el agua, la energía y otros insumos, con el incremento consiguiente de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según AECOC, Asociación de Fabricantes y Distribuidores, entre 2013 y 2016, la cantidad de alimentos destinados a la donación ha aumentado un 13% en España y el porcentaje de producto que no llega a venderse bajó del 2,4 al 1,7%. Actualmente, se encuentra en tramitación una Proposición de Ley para promover y facilitar la donación de alimentos. Sin embargo, existe toda una batería de medidas, no necesariamente legislativas, que se pueden y deben tomar para luchar contra el desperdicio alimentario.

El Parlamento Europeo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Comisión (en 2011, 2012, 2015 y 2016) que tome medidas para reducir el desperdicio de alimentos, los Estados miembros han comenzado a fijar objetivos para su reducción y el Consejo de la Unión Europea, el G20 y las Naciones Unidas han señalado la necesidad de evitarlo a lo largo de la cadena de suministro alimentario.

Así, por ejemplo, el 19 de enero de 2012, el Parlamento Europeo emitió una propuesta de resolución sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE [2011/2175(INI)]. En dicha Resolución se pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que elaboren estrategias y medidas concretas para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento de aquí a 2025, mejorar la eficiencia del sector y sensibilizar a la opinión pública sobre un tema que todavía se ignora en muchos aspectos.

Por otra parte, el 16 de mayo de 2017, el pleno del Parlamento Europeo adoptó en un informe sobre la iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria [2016/2223(INI)]. Este texto incluye propuestas como reducir los 88 millones de toneladas de alimentos desperdiciados cada año en la Unión Europea en un 30% para 2025 y 50% para 2030.

Sin embargo, las declaraciones políticas de alto nivel no se han traducido en medidas suficientes. La prevención y reducción del desperdicio alimentario es una prioridad, y requiere de un conjunto de medidas que presentan un elevado perfil de implicación multisectorial, multidisciplinar y multifactorial.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un Plan Nacional de Reducción de Desperdicios Alimentarios a lo largo de toda la cadena de valor que recoja el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030 y prevenir la generación de biorresiduos.

2. Mejorar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, el proceso de obtención de datos completos, fiables y armonizados sobre las cantidades actuales del desperdicio de alimentos, de manera que se pueda cuantificar en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

3. Establecer y aplicar una jerarquía de residuos alimentarios que sirva de orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión del desperdicio de alimentos.

4. Solicitar, ejecutar y/o aplicar, según proceda, los distintos instrumentos de la UE (fondos y disposiciones legales no ligadas a fondos) que tienen una repercusión en el comportamiento de los distintos intervinientes en la cadena de suministro alimentario en cuanto a la prevención del desperdicio de alimentos.

5. Apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación orientados a alargar la vida útil de los productos, a mejorar los sistemas de almacenaje y control, a maximizar el aprovechamiento del excedente producido a lo largo de las diferentes fases de la cadena de valor (redistribución, reutilización y reciclado), a adoptar métodos de producción agroganadera, gestión post-cosecha y procesos de almacenamiento, transformación y envasado de baja generación de desechos.

6. Impulsar una estrategia de sensibilización integral, dirigida al sector agroganadero, la industria, la distribución, la hostelería y los consumidores respecto de la problemática del desperdicio de alimentos, sobre su impacto y sus posibles soluciones, que incentive al establecimiento de prácticas de prevención


Página 57




y eficiencia a lo largo de toda la cadena alimentaria que maximicen el aprovechamiento de los recursos y que establezca directrices para luchar contra el desperdicio evitable de alimentos.

7. Llevar a cabo una evaluación rigurosa de los objetivos y las medidas de la estrategia "Más alimento, menos desperdicio", que sirva para actualizarla y complementarla.

8. Trabajar de forma multisectorial, multidisciplinar y multifactorial, incluyendo a los organismos y sectores de la agricultura, pesca, seguridad alimentaria, medio ambiente, asuntos sociales y fiscalidad, en el diseño de estrategias y mecanismos para reducir el desperdicio alimentario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y María Sandra Julià Julià, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003602

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la potenciación de los canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Los canales cortos de comercialización están presentes de forma muy variada en Europa y en el mundo (principalmente en EEUU y Japón). Si bien su grado de implantación difiere según el país y existen distintos tipos de iniciativas, con predominio de distintos productos y distintas formas de comercialización según países, se consideran un sector emergente en la economía alimentaria mundial, europea y nacional.

Tal y como expone la distinta documentación existente sobre el tema, no existe una clara y simple definición para un "canal corto de comercialización" que sea aplicable a la enorme diversidad de los sistemas de producción, fabricación, comercialización y distribución asociados con alimentos locales a lo largo de los 27 Estados miembros de la UE. De hecho, en la literatura se encuentran muy diversas definiciones de canales cortos, que van desde las concepciones más estrictas, que limitan el concepto a los canales directos entre el productor y el consumidor, hasta definiciones más amplias que admiten la intervención de otros agentes siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, se puede definir un canal corto de comercialización como "una cadena de suministro formada por un número limitado de agentes económicos, comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socio-económicas entre productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano" o como "aquel en el que el número de intermediarios es igual o inferior a uno".

Las formas de comercialización en este tipo de canales son variadas, abarcando desde mercados de productores, venta directa en la explotación, envíos a domicilio, tiendas de venta directa, grupos de consumo, distribución minorista de producto local, plataformas y venta on-line. En este sentido, la dispersión de productores y consumidores es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector. Por tanto, es necesario impulsar medidas que permitan concentrar la oferta y el consumo, fomentando el establecimiento de redes de productores y de consumidores que garanticen una producción comercializada suficiente para rentabilizar las operaciones logísticas, empleando, para ello, las potencialidades que nos brindan las nuevas tecnologías.

Existe abundante legislación y documentación comunitaria sobre sistemas de alimentos locales, protección del consumidor, información y transparencia, seguridad alimentaria e higiene, así como legislación específica en algunos países de la Unión Europea. La regulación en España se encuentra fragmentada, con algunas Comunidades Autónomas que poseen legislación específica, otras que han elaborado guías de higiene y otras tantas con regulación en fase de proyecto.

Sin embargo, en nuestro país existe un creciente interés por las cadenas cortas de suministro de alimentos, hasta el punto de que el Observatorio de Precios de los Alimentos realizó un estudio sobre el tema. El 17 de abril de 2013, el Pleno del Observatorio, a partir de este estudio, emitió una serie de


Página 58




recomendaciones que abarcaban áreas como la información estadística, la legislación y la normativa, la logística, el marketing, la promoción y las ayudas o el etiquetado específico.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar e impulsar campañas y estrategias de difusión que mejoren el conocimiento y la difusión de los canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario entre los consumidores, en el marco de una alimentación segura, saludable y sostenible, incidiendo en su potencial para la reducción de la huella de carbono de la cadena de valor alimentaria.

2. Analizar el problema de la dispersión de productores y consumidores, con el fin de impulsar medidas que permitan concentrar la oferta y el consumo, fomentando el establecimiento de redes de productores y de consumidores que garanticen una producción comercializada suficiente para rentabilizar las operaciones logísticas, así como incentivando la investigación, el desarrollo y la innovación en métodos de producción, distribución y venta.

3. Estudiar las distintas opciones y las fórmulas de etiquetado específico ya empleadas con éxito en otros países de este ámbito, evitando que supongan nuevas barreras para los operadores y garantizando el derecho de información a los consumidores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y María Sandra Julià Julià, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el incendio forestal de Llutxent, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El lunes 6 de agosto de 2018 se originó un incendio en el municipio de Lluxent, que permaneció activo con gran intensidad durante los días 7, 8 y 9 de agosto.

Las condiciones climatológicas de la ola de calor sufrida en los primeros días de agosto y la intensidad de los vientos y su carácter variable, hacen del fuego registrado uno de los más voraces del periodo estival. Se trata del siniestro más grave por razón de incendio del último quinquenio en la zona mediterránea, pudiendo ser calificado como Gran Incendio Forestal (GIF), categoría que incluye aquellos incendios que superan las 500 hectáreas forestales afectadas. En 2017, afortunadamente, no se produjo ningún incendio de estas características en la Comunidad Valenciana, mientras que en 2016 tuvieron lugar dos, pero afectando a menor extensión (Chella/Bolbaite, 15 de junio: 1.535,73 ha.; Carcaixent, 16 de junio: 2.210,67 ha.).

El incendio de Llutxent ha afectado aproximadamente unas 3.000 ha., provocando además unas consecuencias de gran calado sobre núcleos urbanos de población, dado que se extiende por los municipios de Gandia, Llutxent, Pinet, Ador, Barx, Quatretonda y Rótova, de la provincia de Valencia. En concreto, unas 2.500 personas tuvieron que ser desalojadas en la zona afectada. Esta cercanía a núcleos urbanos tiene incidencia sobre las explotaciones agrícolas, ganaderas, la industria asociada a estas y los recursos turísticos de la zona, junto con las viviendas de residencia de algunas familias que también se han visto afectadas por las llamas.

Las pérdidas materiales antedichas se suman al daño ecológico, especialmente grave en las zonas afectadas puesto que el incendio ha tenido incidencia sobre el alcornocal de "El Surar", en los términos municipales de Lluxent y Pinet, protegido debido a su alto valor ecológico, científico y paisajístico.


Página 59




Es evidente que se han producido daños materiales derivados del incendio que han perturbado gravemente las condiciones de vida de la población en el área geográfica afectada por el mismo.

Ante estas devastadoras consecuencias para la región, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil, contempla, en su artículo 23, el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Existen antecedentes de declaraciones similares, como demuestra la declaración que se hizo de las zonas afectadas por los incendios de otoño de 2017 en Asturias y Galicia, por acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2017.

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta ley, en efecto, se efectúa por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros con competencias en materia de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada.

Ante las consecuencias del incendio forestal descrito y la necesidad de ayudas para los afectados, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por el incendio forestal que se inicia en Lluxent el día 6 de agosto de 2018.

2. Declarar la zona afectada como zona gravemente por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por el incendio forestal y, en concreto:

- Aprobar las medidas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

- Realizar la compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

- Aprobar las correspondientes ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

- Analizar la posible apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

- Analizar las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

- Analizar la posible aplicación de medidas laborales y de seguridad social.

- Analizar la posible aplicación de medidas fiscales.

4. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 60




161/003618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignasi Candela Serna, Diputado de Compromís, del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los dispuesto en el artículo 193 del Reglamento del Congreso y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de conectar la desaladora de Torrevieja con el pantano de Crevillent, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Red Eléctrica anunció, el pasado 24 de agosto, que ya había terminado las actuaciones dirigidas a aumentar la potencia eléctrica para alimentar a la planta desaladora de Torrevieja; el incremento de la potencia era la condición necesaria para alcanzar el máximo rendimiento de la infraestructura, que actualmente se sitúa en los 80 hm3.

A pesar de haber salvado el obstáculo energético, unos 22.000 agricultores alicantinos no pueden acceder al agua desalada, ya que la planta no cuenta con una tubería de conexión con el embalse de Crevillent, como ha sido publicado en el Diario Información.

La falta de esta conexión de enlace impide la utilización del agua tratada por parte de la Comunidad de Riegos de Levante, donde se integran, entre otros, los comuneros de Elche, Santa Pola o Crevillent.

La desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa y con un coste de más de 300 millones de euros, ha estado durante tres años a medio rendimiento a falta del suministro eléctrico que le permitiera alcanzar toda su capacidad de producción. Ahora que se encuentra en disposición de aprovechar al máximo su potencial se deja fuera al 80% del sector agrícola alicantino.

En 2016 culminó la conexión de la desalinizadora de Alicante con el embalse de Crevillent, que a principios de este año, por ejemplo, recibía el excedente de agua desalada de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, pero la macroplanta de Torrevieja no cuenta con la conducción que reclaman los agricultores.

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Acometer las obras de conexión necesarias que permitan enlazar la planta desatadora de Torrevieja con el pantano de Crevillent.

2. Garantizar una partida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 destinada a la ejecución de la citada conexión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2018.-Ignasi Candela Serra, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/003547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública, relativa a la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia para iniciar el diálogo para la transferencia de competencias pendientes a Galicia.


Página 61




Exposición de motivos

El modelo territorial tal y como estaba concebido es un modelo agotado y que necesita una urgente modernización. Es imprescindible establecer el compromiso con un modelo territorial que comprenda al Estado de forma plural y compleja, que avance en el desarrollo del Estado autonómico favoreciendo transferencias de competencias que haga efectivo el principio de subsidiariedad. Así, cualquier cambio en el modelo territorial ha de garantizar el reconocimiento de Galicia como nacionalidad histórica, tal y como establece la Constitución y favorecer el desarrollo de su autogobierno.

Hace más de diez años que el Gobierno central no transfiere ninguna nueva competencia a Galicia, los últimos Gobiernos del Partido Popular y del PSOE han dado la espalda a las demandas urgentes e históricas de la sociedad gallega como son, por ejemplo, la transferencia de la autopista AP-9, la competencia en materia de tráfico o en salvamento marítimo, entre otras.

Hay que recordar que el artículo 150.2 de la Constitución posibilita que el Estado transfiera o delegue en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que sean, por su propia naturaleza, susceptibles de transferencia o delegación. El Estatuto de autonomía de Galicia, por su parte, contempla esta posibilidad en su artículo 36.1, otorgando el Parlamento, en su artículo 36.2, la competencia para formular estas solicitudes y determinar el organismo de la Comunidad Autónoma al que se atribuya la competencia transferida o delegada.

Ambas Administraciones tienen un cauce político de diálogo y negociación recíproco, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, creada en el año 1987 y que se debe configurar como el instrumento efectivo para realizar el intercambio continuado de información, negociaciones y acuerdos, para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía gallega y al contenido del Estatuto de Galicia. Sin embargo, en la actualidad, esta Comisión tan sólo se reúne cuando surge un conflicto o problema, en la mayoría de casos, por la aprobación de legislación que invade competencias de una u otra administración.

Así, consideramos que es necesaria la convocatoria de esta Comisión, y que la misma se fije un plan de trabajo para que ambas Administraciones establezcan las prioridades y recojan las demandas de la sociedad gallega, que en estos momentos se centran, como hemos indicado, en la urgente transferencia de varias competencias a la Comunidad Autónoma, y que deben ser ampliadas a nuevas necesidades que caminen por la senda del avance del autogobierno de Galicia como nación.

En estos momentos está pendiente en el Congreso la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para la transferencia de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia, una demanda histórica de la sociedad gallega, que lleva años denunciando los elevados peajes y reclamando su titularidad pública ante la nefasta situación de la principal vía de comunicación de Galicia. Se hace necesario el traspaso de la titularidad y la transferencia de las funciones y servicios sobre dicha infraestructura a la Comunidad Autónoma de Galicia para que el Gobierno gallego gestione directamente la principal vía de comunicación tanto desde el punto de vista económico como del social. Esta demanda también había llegado a través del Parlamento de Galicia, donde la solicitud de transferencia se aprobó por unanimidad, una Proposición de Ley que el Gobierno del Partido Popular ha conseguido bloquear en la Cámara Baja, vetando la iniciativa e impidiendo su debate y votación.

Otra de las transferencias solicitadas por unanimidad en el Parlamento de Galicia fue la competencia en materia de Tráfico y Seguridad Vial, iniciativa también frenada en el Congreso de los Diputados, y que tienen asumidas Comunidades como el País Vasco y Cataluña. Se hace imprescindible en Galicia el traspaso de la gestión del tráfico y la seguridad vial para reducir los elevados índices de siniestralidad y mortalidad en la comunidad, que superan ampliamente la media estatal. Esta transferencia contribuiría, de manera notable, una mejor y más adecuada atención a una realidad específica gallega, basada en la dispersión de núcleos de población, las características singulares de su red viaria y las propias condiciones orográficas y climáticas, que sin duda muestran una mayor especificidad y diferenciación del conjunto español.

Y justo por la especial orografía de Galicia y las peculiaridades que presenta el litoral gallego, se hace también necesario organizar desde y para Galicia un dispositivo propio de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación Marina, ya que estamos ante la principal potencia pesquera de la Unión Europea, con una costa por la cual transita gran parte del tráfico mundial de embarcaciones con materiales peligrosos. Además, la transferencia de competencias en esta materia evitaría problemas de coordinación


Página 62




como los originados entre las diferentes administraciones en graves accidentes marítimos ocurridos frente a las costas gallegas, por lo que se convierte en una necesidad este traspaso que, además, haría más eficaz, profesional y operativo el servicio, y sería más factible diseñar una política adaptada a la realidad peculiar de la costa gallega.

Otra de las peticiones realizadas de forma unánime en el Parlamento de Galicia fue la aprobada el pasado mes de abril de 2018 exigiendo al Gobierno central el traspaso de las competencias de los centros del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que hay en la Comunidad. El objetivo es que tanto el centro oceanográfico de A Coruña como el de Vigo pasen a formar parte de la estructura propia de la Xunta de Galicia y que su gestión económico-administrativa dependa del Ejecutivo autonómico. La proposición también insta al Ejecutivo central a atender las demandas del personal de los centros del 1E0, como la creación de una bolsa de empleo, el aumento de la inversión en investigación e innovación, la agilización de la aprobación de los proyectos y el diseño de un modelo actualizado, para lo que considera necesaria la modernización en el sistema de gestión y en la estructura del organismo.

Otra demanda histórica de la administración gallega es el traspaso a la Xunta de Galicia de la sanidad penitenciaria, petición que también han hecho otras Comunidades Autónomas y que se había empezado a negociar en el año 2004. En este sentido, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado han aprobado sendas iniciativas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para que el Grupo de Trabajo Interministerial constituido al efecto hace 14 años culmine el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria de manera inmediata, transferencia que debe venir acompañada de la correspondiente asignación financiera.

Estos son algunas de las principales demandas de la sociedad gallega pero no las únicas. Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, también queremos que el Gobierno gallego tenga la capacidad para dictar normas sobre las relaciones de trabajo y que asuma todas las funciones que ejercen el Instituto Nacional de Seguridad y Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Inspección de Trabajo y el Fondo de Garantía Salarial, con el oportuno traspaso de estos organismos.

El Ejecutivo gallego es la Institución autorizada para concretar y gestionar las solicitudes de transferencia, si bien dando curso al conjunto de las demandas de las instituciones y de la ciudadanía gallega. La Comisión debe asumir también como objetivo la eliminación de los obstáculos al desarrollo de nuestro autogobierno, incluidos los numerosos recursos ante el Tribunal Constitucional interpuestos por gobierno central. Dichas normas autonómicas implican el reconocimiento y ampliación de derechos dentro de las competencias autonómicas así como la salvaguarda y desarrollo de un espacio competencia) propio.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a activar la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, con la finalidad de que funcione como un instrumento de intercambio de informaciones, negociaciones y acuerdos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía gallega y del contenido del Estatuto de Galicia, de manera que se constituya en una auténtica comisión de cooperación institucional permanente que desarrolle un plan de trabajo que dé curso al traspaso de competencias de las materias pendientes así como al conjunto de asuntos de la agenda pública gallega."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 63




Comisión de Transición Ecológica

161/003548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Rosa Martínez Rodríguez, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la necesidad de disponer de un informe exhaustivo sobre la necesidad y la viabilidad económica del proyecto de interconexión submarina Gatika-Cubnezais.

Exposición de motivos

La Unión de la Energía puesta en marcha por parte de la Comisión Europea sustenta sus bases en el ideal de garantizar que la Unión Europea, y en consecuencia sus empresas y ciudadanos, disponga de un suministro energético seguro, asequible y respetuoso con el clima.

Con el fin de eliminar sistemas aislados, facilitar el apoyo mutuo y promover el mercado único de electricidad, la Unión Europea recomendó a los Estados Miembros una ratio mínima de interconexión de un 10% en 2020, que se convirtió posteriormente en un 15%. Sin embargo, si el objetivo de las interconexiones es la seguridad del suministro, el objetivo de interconexión debería estar ligado con la cobertura sobre la demanda de potencia. En el caso de España, el parque de generación está sobredimensionado, por lo que hay una gran diferencia entre hablar de un 15% de potencia instalada o del consumo incluyendo márgenes de seguridad. Es decir, a España se le piden 10 GW de interconexiones para una punta de demanda de 40,5 GW, lo que genera una distorsión respecto a la capacidad de interconexión de otros países en relación a su consumo: por ejemplo a Francia se le exigen 13 GW de interconexiones para una punta de demanda de 89 GW.

Desde la Declaración de Madrid de 2015, se viene vinculando la seguridad energética española, a las interconexiones, ya que se considera que la diversificación, reduciría la dependencia de suministros de zonas con alta inestabilidad geopolítica. En esta estrategia para lograr avanzar en la mencionada Unión de la Energía sobre cuatro puntos principales. En primer lugar, lograr reducir la dependencia de proveedores únicos. En segundo lugar, la libre circulación de energía a través de las fronteras incorporando en mayor medida las energías renovables. En tercer lugar, la puesta en valor de la eficiencia energética como una prioridad. Finalmente, la transición hacia una sociedad hipocarbónica, impulsando el desarrollo de la próxima generación de tecnologías de energía renovable.

Por ello, se estudiaba la financiación de estas a través de fondos europeos, más específicamente el denominado Plan Juncker de Inversiones, estableciendo los denominados "proyectos de interés común". En la lista de proyectos prioritarios para completar la Unión de la Energía, aprobada en primavera de 2018 está incluida la interconexión submarina España-Francia, este proyecto conectaría Euskadi con la zona sur de Francia, más concretamente por el Golfo de Bizkaia, de 370 km de longitud, de los cuáles 280 km serán de cable submarino.

La interconexión proyectada entre la subestación de Gatika y la subestación de Cubnezais, dispondría de un doble enlace submarino y subterráneo con una capacidad de transporte de 2x1.000 MW. Sería una línea de corriente continua por lo que serán necesarias estaciones conversoras en cada extremo de la línea para enlazar con las líneas de corriente alterna de la red española. Esta estación conversora de la parte española estará radicada en Gatika a más de cinco kilómetros de la línea de costa, atravesando igualmente los términos municipales de Lemoiz y Maruri-Jatabe.

La afectación de la superficie marina del proyecto corresponderá como poco al Golfo de Bizkaia en su conjunto. Esto es, desde el cabo de Matxitxako a lo largo de toda la costa vasca hasta la mediana marítima francesa. La entrada de la interconexión afectaría de especial manera desde el frente costero de Armintza hasta el de Bakio. La mayor afectación y complejidad del proyecto estará según las personas expertas en el tramo que requerirá cruzar el Cañón de Capbretón por una zona de profundidad máxima de 1.500 m.

La megainfraestructura que se pretende construir ha suscitado la oposición de parte de la sociedad vasca que observa con preocupación la posibilidad de que un proyecto de esta envergadura dañe de forma irreversible su territorio e incremente la factura de la electricidad por el alto coste de ejecución. La movilización ciudadana de los municipios afectados es ya una realidad y se han presentado más de 6.800


Página 64




alegaciones al proyecto de Red Eléctrica Española en las que se cuestiona la necesidad de aumentar las interconexiones.

Por otra parte, asociada a la construcción de la interconexión submarina, el proyecto de construcción de una línea de alta tensión, conocida como la Güeñes-Itxaso existe y que cuenta con una gran oposición social y ciudadana por el impacto ambiental, social y paisajístico que tiene en los diecisiete municipios vascos que atraviesa. La justificación de construcción de la línea de alta tensión está vinculada a dar apoyo a la red solo si estuviera en funcionamiento la interconexión.

Más allá de las afirmaciones y de los beneficios generales de las interconexiones, repetidos como un manera por la Unión Europea y el anterior Gobierno, las características del mercado eléctrico español, así como el coste y diseño del proyecto arrojan ciertas dudas y suscitan muchas preguntas que a día de hoy están sin responder.

En primer lugar, y a pesar de las reiteradas solicitudes de información tanto al Ministerio de Energía como a Red Eléctrica no se ha hecho público ningún informe o estudio que demuestre con evidencias y cálculos rigurosos la contribución del proyecto a la seguridad energética, a la bajada de los precios de. la electricidad ni tampoco en lo relativo a la penetración de las energías renovables.

El reciente informe del Comité de Expertos sobre la Transición Energética revela muchas dudas sobre las interconexiones eléctricas en cuanto a su contribución a la reducción de emisiones, penetración de renovables, dejando incluso abierta la posibilidad de que supongan un aumento del precio de la electricidad. Bien es cierto, que estos cálculos parten del escenario base de 5.000 MW de interconexión con Francia (actualmente existen 2.500 MW, por lo que los cálculos se realizan teniendo en cuenta la futura la interconexión del Golfo de Bizkaia) para medir el impacto sobre el sistema energético de un incremento de las interconexiones hasta 8.000 MW.

Sin embargo, hay datos que señalan la necesidad de que se hagan el mismo tipo de cálculos para conocer los impactos del aumento de 2.500 a 5.000 MW de interconexión que supondrá la línea de Gatika-Cubnezais el sistema eléctrico:

1. En lo que se refiere a la seguridad de suministro, esta depende mucho más del desarrollo de la red eléctrica interior, que de las interconexiones con los países del entorno. De hecho, el análisis del "Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020" se destaca por un lado la gran calidad del suministro eléctrico, y se comenta que los desarrollos previstos están más relacionados con la resolución de restricciones locales en zonas concretas muy saturadas, que con problemas de falta de suministro generales. Si además tenemos en cuenta que España posee una gran capacidad de generación, más del doble de lo que consume, y está por encima de la media en kilómetros de red por habitante, habría que argumentar muy bien su necesidad para mejorar la calidad de la red. Y la Decisión Conjunta de las Autoridades Reguladoras Nacionales sobre la asignación transfronteriza de costes de citado proyecto señala precisamente que la metodología utilizada en los proyectos de inversión de REE y RTE respecto a la seguridad de suministro es inadecuada. Por último, cabe recordar que los análisis de seguridad de suministro (por ejemplo, la estimación de la necesidad de potencia de respaldo en eventos críticos) asumen que las interconexiones no aporta potencia firme (véase, por ejemplo, los análisis en el informe de la Comisión de Expertos). Esto se traduce en que mayores niveles de interconexión no reducen en absoluto la necesidad de potencia de respaldo, desde el punto de vista de la seguridad de suministro.

2. La bajada del precio de la electricidad es de otro de los argumentos esgrimiendo que esto contribuirá a reducir la diferencia de precios entre el mercado eléctrico español y el francés. Si analizamos los precios de ambos mercados en los últimos años, la entrada en funcionamiento de la interconexión por Cataluña, que supuso duplicar la capacidad de intercambio, apenas supuso una mejora real en la diferencia de precios. Ni siquiera si analizamos los precios de Francia y Alemania, que tienen un grado de interconexión mayor, se aprecia una equiparación de precios del nivel que se anuncia. Esto puede explicarse por el escaso peso que tiene cada una de estas interconexiones sobre el total de energía que se usa, no llegando ni al 5%.

3. Si atendemos al sentido de la electricidad en los últimos años ha sido importador desde Francia, es decir, la interconexión está sirviendo para traer electricidad de origen nuclear de Francia, y no para exportar renovables desde España. Es decir, existen dudas de que la interconexión vaya a servir para una mayor penetración de las renovables. De hecho, con la entrada de la interconexión por Cataluña en 2016, se multiplicaron por 6 las restricciones a los parques eólicos.


Página 65




La necesidad de probar con evidencias los impactos de la interconexión submarina para el sistema eléctrico, es aún más perentoria dado el coste del proyecto (1.870 millones de euros) y los riesgos tecnológicos que entraña su ejecución (supone la perforación marina subterránea en el cañón-de Cap Breton sin precedentes en el mundo).

Además de las dudas sobre la metodología de cálculo de la seguridad, la CNMC y la "Commission Nationale de l'Energie", en su decisión conjunta anteriormente señalada, señala dos cuestiones de importancia tras valorar los proyectos de inversión presentados por Red Eléctrica Española y "Réseau du Transport d'Electricité":

- Por un lado advierte del alto riesgo de sobrecostes debido al desafío técnico y el acuerdo de reparto de costes establece que los potenciales sobrecostes serán soportados por REE hasta 875 millones de euros, y a partir de ahí por 62,5% por REE y 37,5% por RTE. Es decir, serán las personas y empresas consumidoras de electricidad las que soporten mayoritariamente los sobrecostes del proyecto.

- Y por otro, que los resultados de análisis de costes y beneficios del proyecto son muy dependientes del desarrollo de la generación de fuentes de energía renovables, siendo el proyecto muy positivo en el escenario V4 conocido como "Revolución Verde Europea" (algo absolutamente lejano en el horizonte en vista de los objetivos de descabornización y renovables que se están pactando en la Unión Europea en estos momentos).

Es decir, existe una alta posibilidad de que el proyecto sea fallido, lo que dejaría un agujero económico, que sumaría el cable submarino de Bizkaia a la lista de infraestructuras energéticas innecesarias y en desuso, junto al proyecto Castor o la regasificadora de El Musel, sufragados en su totalidad por los consumidores de electricidad en España.

Ante este estado de la cuestión, parece razonable en aras del principio de precaución suspender el proyecto de interconexión submarina Gatika-Cubnezais y la línea de alta tensión Güeñes-ltxaso, hasta que haya estudios que demuestren su necesidad para el sistema energético, su contribución a los objetivos climáticos y de renovables adoptados por España, así como su viabilidad económica en términos de relación costes-beneficios para el sistema eléctrico español y la factura de la electricidad.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Disponer de un informe independiente sobre el impacto de la interconexión submarina con Francia a través del Golfo de Bizkaia, que incorpore un estudio detallado en lo tocante a contribución a la seguridad energética, reducción de emisiones, penetración de energías renovables e impacto en el precio de la electricidad; así como una valoración económica de los mismos en relación a los costes y riesgos del proyecto.

2. A suspender el proyecto Gatika-Cubnezais de interconexión eléctrica submarina con Francia y la línea de alta tensión Güeñes-Itxaso hasta que esté acreditada la necesidad de la misma para la transición energética, sus beneficios para el sistema eléctrico y su viabilidad económica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2018.-Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la paralización definitiva del proyecto de cementerio nuclear (ATC) en la provincia de Cuenca, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.


Página 66




Exposición de motivos

Hace ocho años que el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) se postuló como posible sede del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) que el Gobierno español tenía previsto construir para albergar los residuos que la energía nuclear genera.

Tras varias manifestaciones y muestras de protesta de diversos grupos y asociaciones de la provincia agrupadas la mayoría de ellas en la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas, integrada por 49 entidades, se han ido conociendo informes de diversa índole que dejan clara la no idoneidad de los terrenos elegidos, por lo que la sociedad conquense y la castellano manchega han seguido pidiendo que se estudiaran a fondo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estas cuestiones. Se ha pretendido seguir adelante sin todas las pruebas necesarias para ello y sin pensar en la seguridad y el coste de la instalación.

Ante las múltiples irregularidades, incertidumbres y riesgos asociados al proyecto del ATC en Villar de Cañas, teniendo en cuenta que las consecuencias derivadas de ello afectarán a muchas generaciones posteriores y con el propósito de alcanzar la mayor seguridad en la gestión y tratamiento de los residuos radiactivos para proteger a las personas, las y los trabajadores y el medio ambiente, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear presentó una petición de moratoria para el proyecto hasta que se hayan actualizado todos los planes de gestión de los residuos radiactivos, hayan concluido todas las evaluaciones de peticiones de información técnica, y se hayan elaborado las recomendaciones y alternativas desde el punto de vista técnico y económico necesarias para que la población en su conjunto pueda participar de manera real en la toma de decisiones para este proyecto.

Hoy por hoy, la sociedad conquense trabaja para la cancelación definitiva del proyecto de cementerio nuclear en base a diversos motivos.

En primer lugar, si la solución que se ofrece es temporal tal y como indica su denominación, hay que tener en cuenta que todas las centrales nucleares del país ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI) donde ir almacenando provisionalmente los residuos que producen o están en diferentes fases de cara a su construcción. De manera que construir el ATC sería duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria a día de hoy, con lo que nos podríamos ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y desmantelamiento del ATC. Tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012.

Para caminar hacia la solución menos mala sobre estos residuos, tras establecer el calendario de cierre de las centrales nucleares, se debería redactar un nuevo plan de gestión de residuos nucleares, puesto que el actual del año 2006 está obsoleto, y que cuente con un amplio consenso mediante un proceso participativo.

Como hemos visto en otros casos, este tipo de instalaciones solo sirven para crear pobreza en los núcleos en que se instalan y en sus alrededores, y no se encuentran aspectos positivos en su instalación. La peligrosidad de este tipo de basureros nucleares es tal que los Estados necesitan "premiar" con grandes cantidades de dinero a los municipios que acogen instalaciones de este tipo. Así, como hemos podido comprobar recientemente también en la provincia de Cuenca, Enresa ha visitado varios municipios ofreciendo compensaciones económicas.

En segundo lugar, esta decisión tampoco traerá ningún beneficio, más bien al contrario, a las diversas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas con las que la agricultura y la ganadería cuentan en la provincia de Cuenca. El campo y sus agricultores y agricultoras, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que puede ser definitivo para sus economías y para las de la zona.

En definitiva, se convertiría una zona como la provincia de Cuenca en el estercolero del país, en un lugar que ya no será conocido por sus ajos, sus vinos, sus carnes, sus bosques, sus lagunas o sus fiestas, sino por ser el basurero de la energía nuclear de España. La sostenibilidad choca con la instalación de un cementerio nuclear en Villar de Cañas, y el esfuerzo por lograr un turismo sostenible y de calidad puede verse enormemente perjudicado debido al rechazo que este tipo de instalaciones siempre acarrea. Es preciso apostar por proyectos de energías renovables y no por esta clase de construcciones.

Por todos estos motivos, el actual proyecto de ATC está absolutamente desfasado y fuera de lugar, siendo precisa su inmediata suspensión. Una vez terminado este proyecto, sería sensato articular un plan de cierre de centrales nucleares ya que existe potencia eléctrica instalada suficiente para su sustitución


Página 67




por otro tipo de energía más limpia y segura. Así dejaremos de producir residuos nucleares y podremos empezar a analizar las mejores soluciones para su almacenamiento.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Paralizar definitivamente el proyecto de Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en la provincia de Cuenca.

2. Elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado que debemos gestionar, a través de un procedimiento abierto y participado por la ciudadanía atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003578

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica relativa a la instalación de varios proyectos mineros de Zinc en la zona central y occidental de Cantabria.

Exposición de motivos

Con fecha 5 de diciembre ("BOE" núm. 295, pág. 8912312 y siguientes) y 11 de diciembre ("BOE" núm. 300, págs. 89874 a 89875) ambos de 2017, se publica los anuncios CVE-2017-10a1a y CVE-20217-10820 de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria con la admisión definitiva de la solicitud de "Permiso de Investigación" en la zona central y occidental de Cantabria de los dos primeros permisos de investigación conocidos como "Buenahora y Salia", que afectan a una decena de municipios con el fin de investigar la presencia de zinc y plomo, para su posterior explotación.

El permiso conocido como "Buenahora" de la empresa australiana "Slipstream Resources Spain, S.L.", que ocupa 188 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Lloredo y el permiso conocido como "Salia" de la empresa canadiense Cantábrica del Zinc, S.L., que ocupa 120 cuadrículas mineras de los Ayuntamientos de Reocín, Mazcuerras, Cartes, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances.

El permiso SALIA tiene previsto realizar 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad y el permiso "Buenahora" tiene prevista en una primera fase 40 sondeos de una profundidad aproximada de 200 metros y en una segunda fase los sondeos con mayor riqueza minera, más allá de 500 metros. Todas estas actuaciones tramitadas como permiso de investigación constituyen la Fase I del proyecto.

A estas actuaciones, en ambos casos les seguiría una Fase II en la que las empresas plantean la elaboración de un estudio de impacto ambiental completo para evaluar entonces las actuaciones más invasivas que no define, pero si señala en este momento. Entre ellas, por ejemplo, se indica la realización de 15 sondeos que representan "unos" 2.000 m. de perforación y posteriormente 25 sondeos con un total de 5.000 m. de los que al menos 5 quedarán sin sellarse y otros 7.000 m. en la fase III del proyecto.

Ambos proyectos mineros han iniciado su tramitación como permisos de investigación, adolecen de información sobre la localización y el emplazamiento de los sondeos para los que se necesitan construir accesos y, por lo tanto, no se puede realizar una evaluación de las afecciones al medio de los sondeos si no se describe y valora previamente el territorio sobre el que se van a realizar. Al desconocer los puntos


Página 68




donde se realizarán los 185 sondeos que definen la parte de la investigación más invasiva, no se ha podido analizar el medio en el que se van a desarrollan para determinar con qué medidas correctoras el impacto que se genere será nulo o mínimo.

Además de la ausencia de localización de los ensayos y de la ejecución de accesos para su realización, el promotor tampoco señala los lugares en los que se va a realizar investigación por prospección geofísica, por lo que se desconoce si será necesario articular accesos para su ejecución, por lo que no existe información de los impactos que ésta pudiera generar en la zona y por lo tanto no puede evaluarse si afectarán o no a la zona del permiso dependiendo del lugar en el que se realicen.

Dentro de la zona de investigación se hallan los hábitats de interés comunitario (6243, 7970, 7384, 7809, 8781, 10847, 10974, 11008, 10969, 12480, 12569, 12834, 13157, 13488, 13588) constatados en el Atlas de los Hábitats naturales y seminaturales de España del año 2005. Recuérdese que la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE establecen un sistema de protección global y estricta de especies y hábitats incluso cuando estos se encuentran fuera de los lugares de la Red Natura 2000. Conviene señalar que el área más karstificada de Alfoz de Lloredo, Udias y Ruiloba -donde presumiblemente se efectúen los sondeos- es abundante en la presencia de quirópteros cavernícolas, siendo una de las zonas clave para su conservación en Cantabria.

Además, dentro del perímetro del Permiso de Investigación Salia, se encuentra una zona amplia del entorno preventivo de la Cueva de Altamira, y los límites del permiso de Investigación Salía, se encuentran a pocos metros de la zona de protección de las propias Cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Los valores excepcionales y universales reconocidos por la UNESCO en 1985 para la cueva de Alta mira se extienden a otros 17 sitios con arte rupestre paleolítico de la región cantábrica, que fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en 2008 como ampliación de Altamira.

La apuesta económica en el territorio, debe ser de forma prevalente la conservación del patrimonio natural y cultural que existe, evitando el impacto en el territorio, la acumulación y gestión de residuos derivados de una potencial actividad extractiva. Poniendo en valor el mantenimiento de los puestos de trabajo de la población de la zona y el fomento de la actividad cooperativa y empresarial ligada al territorio.

Las empresas promotoras sostienen que los lodos de perforación que se utilizarán para los sondeos son inocuos y biodegradables, pero a la vista de la falta de especificaciones, tanto en el caso del permiso "Buenahora" como de "Salia", del tipo de sustancias que van a emplear en la composición de los lodos, sobre todo, del tipo de polímeros sintéticos de alto peso molecular que entrarían a formar parte de su composición, nos generan muchas dudas acerca de su inocuidad y no afección a los acuíferos.

Las zonas afectadas por los permisos de investigación ocupan amplias zonas con un subsuelo kárstico, con cavidades internas. La presencia de metales pesados en las áreas de investigación puede generar su arrastre y comunicación con el sistema de acuíferos de la zona Santillana-San Vicente de la Barquera, por lo tanto, las afecciones se pueden producir tanto al medio natural como a los recursos de consumo de agua en localidades como Queveda, Santillana del Mar, Navales o Comillas.

La norma comunitaria establece que Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas; de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos en el medio ambiente (artículo 2.1 de la Directiva 2011/92/UE). La aplicación de los criterios para determinar la sujeción de un proyecto a evaluación de impacto ambiental (Anexo III de la Directiva 2011/92/UE y de la Ley 21/2013), evidencian en este caso la necesidad someterlo a un informe de impacto ambiental que abarque la totalidad de ambos proyectos.

Por un lado, los dos proyectos están claramente vinculados entre sí y se extiende a una porción de territorio extraordinariamente amplia al ser los dos contiguos en el territorio. Pretende una extracción masiva de recursos naturales (Anexo III.1.c), comporta una importante generación de residuos (Anexo III.1.d), produce importantísimas perturbaciones y contaminación potencial. En las condiciones de la ubicación destaca que los recursos que se pretenden extraer no son renovables por lo que se agotaría su disponibilidad y transformaría definitivamente el entorno (Anexo III.2.a y b); afecta hábitats de interés comunitario, masas de aguas subterráneas y superficiales, paisajes y lugares patrimonialmente relevantes, lugares de indudable interés turístico (Anexo III.2.c).

Cantabria accedió a la Autonomía a través de la vía establecida en el artículo 143 de la Constitución y en su Estatuto de Autonomía no se recogió en su versión original la competencia en materia de minas (artículo 22 de Ley Orgánica 8/1981). Sería en la segunda modificación de su Estatuto de Autonomía


Página 69




producida por la Ley Orgánica 2/1994 cuando se introduciría dicha competencia en el proceso de la ampliación competencia) de las Comunidades constituidas por la vía del artículo 143 de la Constitución conforme a los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992. La transferencia de dicha competencia producida por la modificación estatuaria dio lugar a que se realizara el traspaso de funciones y servicios en materia de industria, energía y minas (Real Decreto 1903/1996).

Asumida la competencia y producido el traspaso de funciones y servicios, la Comunidad Autónoma podía desarrollar las obsoletas bases del régimen minero estatal, pero no lo hizo por lo que resulta de aplicación la Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas.

La Ley establece que "El Ministerio de Industria realizará, con la colaboración, en su caso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los estudios necesarios para adecuar a las previsiones de los Planes de Desarrollo Económico y Social el Programa Nacional de Investigación Minera y el de Revalorización de la Minería, al objeto de lograr su permanente actualización, ajustándose a dichos programas la acción estatal en cuanto al aprovechamiento de los recursos objeto de esta Ley." (artículo 5.1 de la Ley 22/1973). Pero las normas y, especialmente las preconstitucionales, han de ser interpretadas conforme a nuestro acervo constitucional y el derecho de la Unión Europea lo que determina un cambio radical de dicha planificación.

En el marco del Estado de las Autonomías, se ha de hablar del Programa de Investigación Minera de Cantabria, que es el ámbito territorial al que debe reconducirse la planificación minera. Pero, además, el objetivo de este Programa de Investigación Minera de Cantabria, debería ser el encomendado constitucionalmente conforme a lo que establece el artículo 45.2 de la Constitución. "Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".

La Comunidad Autónoma de Cantabria mantiene actualmente un conjunto de derechos mineros caducados y que se extienden a amplios ámbitos territoriales. En este contexto, y de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior, la Administración autonómica tiene que decidir y optar sobre si procede continuar investigando los recursos mineros en todo o en parte de dicho territorio, o, por el contrario, procede establecer reservas en orden a los distintos intereses públicos a considerar (art. 7 de la Ley, 22/1973 de Minas).

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Suspender a través de la delegación provincial de Industria de forma provisional los trabajos al peligrar la protección del medio ambiente, de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio.

2. Garantizar para su adecuada tramitación y de acuerdo a derecho, la existencia de sendos estudios de impacto ambiental del ciclo completo de los proyectos presentados, empezando por una adecuada y correcta identificación de los puntos de sondeo previstos en la fase I que permitan la correcta evaluación del impacto ambiental en esta fase.

3. Bajo el alcance que tengan sus competencias, proteger activamente los intereses medioambientales y los intereses de los vecinos de los Ayuntamientos de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal, Alfoz de Lloredo, Reocín, Mazcuerras, Cartes, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances, y que a través del Ministerio para la Transición Ecológica se realice un Plan Especial para la puesta en valor del patrimonio natural de la zona apostando por su desarrollo y sostenibilidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 70




161/003588

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de las colonias de coral rojo y la declaración de las Illes Formigues como Área Marina Protegida, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

En el año 2017, un informe elaborado por catorce científicos del CSIC alertó de la degradación de las colonias de coral rojo "Corallium rubrum" en la costa catalana. Este informe destacaba la dificultad para mitigar el grave peligro de su supervivencia y la presión a la que están expuestas. Aunque la actividad extractiva del coral podría ser compatible con los objetivos de preservación si se desarrollara dentro de los límites de la sostenibilidad y de acuerdo a las evidencias científicas existentes en cada momento, los permisos continúan concediéndose sin una evaluación, delimitación y control adecuados y en un contexto de recesión de las colonias, por lo que cada vez será más difícil también su aprovechamiento sostenible. Dicho informe de expertos del CSIC determina que, en este momento, la actividad de aprovechamiento está fragmentado todavía más las colonias por lo que en algunas zonas empieza a atisbarse el "riesgo de extinción local".

La publicación del informe no supuso la paralización de la extracción de coral rojo y el anterior Gobierno del PP concedió doce licencias para la extracción entre Arenys de Mar y Begur en aguas exteriores bajo la jurisdicción de la administración central. Sin embargo, los propios pescadores que habitualmente se dedican de manera habitual a la actividad y a los que se les han concedido los permisos, han denunciado la presencia constante de furtivos a los que nadie controla y que actúan en las mismas zonas de concesión.

Según datos científicos, solo entre un 4% y un 10% de las poblaciones situadas entre los 0 y los 50 metros de profundidad presentan un buen estado de conservación. La especie se encuentra ya incorporada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización internacional que califica esa disminución de "especialmente dramática", teniendo en cuenta la pérdida de colonias grandes y centenarias, que son las que tienen el mayor potencial reproductivo y sobre las cuales debería apoyarse una estrategia de reversión. La recuperación del coral rojo es lenta, pero posible a medio plazo.

Las artes utilizadas en la pesca de coral han ido cambiando a lo largo de los siglos. Las artes insostenibles como las mallas o la barra italiana fueron prohibidas en todo el mediterráneo a mediados del siglo XX. Desde el año 1950 la pesca se desarrolla con escafandra autónoma. Esta pesca mediante buceo extrae las colonias más grandes y valiosas comercialmente, especialmente en hábitats de aguas profundas de 50 a 120 metros de profundidad. Y quedan las colonias más pequeñas e inaccesibles, menos capaces de garantizar la persistencia de las poblaciones. Pero además la última vuelta de tuerca se ha dado con el uso de pequeños robots submarinos que permiten explorar la existencia de coral en aguas profundas por debajo de los 120 metros.

Actualmente, las colonias mejor conservadas se encuentran en áreas marinas protegidas donde las actividades humanas están prohibidas, aunque estas reservas representan menos del 0,1% del Mediterráneo. En las áreas con niveles bajos de buceo o donde esta actividad está vetada "Scandola", al oeste de Córcega; o en "Banyuls y Carry-le-Rouet", en Francia, los diámetros de las colonias en las bases son mucho más grandes que en las Islas Medes. En esta zona catalana, una de las que sufre mayor presión del buceo (60.000 inmersiones por año en un área pequeña de diez hectáreas), el insuficiente nivel de recuperación de las poblaciones parece deberse al elevado número de inmersiones recreativas.

Actualmente la Generalitat de Catalunya ha presentado un recurso de alzada contra la referida decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de conceder licencias para la extracción de coral en aguas exteriores situadas frente al litoral de Catalunya, en concreto en la zona comprendida entre Arenys de Mar y el cabo de Begur, y al mismo tiempo ha resuelto establecer una moratoria y suspender las licencias de extracción en aguas interiores hasta el 2027. Esta veda se extiende desde el Cap de Begur hasta el Cap de Creus. En la misma línea, el Fiscal de Medio Ambiente de Barcelona, Antoni Pelegrín, en un reciente auto de archivo de diligencias procesales y tras constatar que el 90% de estas poblaciones presentan un estado de conservación "deficiente" y que su talla es inferior a la reglamentaria, ha urgido


Página 71




al Ministerio de Medio Ambiente que prohíba extraer coral rojo en la costa catalana durante un período de veinte años renovables. Este propio Grupo Parlamentario, el pasado 11 de julio recibió la respuesta escrita a unas preguntas realizadas al Gobierno sobra el particular en la que se reiteraba la intención de mantener la concesión de las licencias para la extracción y venta de coral rojo. Frente a ello, nuestra preocupación y la del territorio sigue creciendo, puesto el argumento esgrimido de la compatibilización de la sostenibilidad del recurso con el legítimo derecho de los pescadores a ejercer su actividad deviene insuficiente para la preservación y la recuperación efectiva de las colonias de coral rojo. De esta manera, numerosos colectivos del territorio y representantes de la comunidad científica, convocados por la asociación "Amics de les Illes Formigues" se han manifestado por segundo año consecutivo y han publicado un manifiesto con el objetivo de hacer evidente la necesidad de preservar les Illes Formigues, un espacio de gran interés natural, paisajístico y para la biodiversidad, amenazado por una fuerte presión humana y un manifiesto desorden e incluso desinterés entre las administraciones competentes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Suspender las doce licencias de extracción de coral rojo que ha autorizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 2018 en la costa catalana.

2. Aprobar el protocolo de inspección y control de la pesca del coral, incorporando la prohibición de hacerlo en aguas de menos de 50 metros, tal y como se recomienda por FAO y se establece por parte de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo, y estableciendo un censo de embarcaciones, lista de puertos autorizados para su desembarque y refuerzo del control de los libros de registro y capturas.

3. Desarrollar planes y destinar recursos para el control y reforestación con el objetivo de acelerar la recuperación del coral rojo en aguas exteriores.

4. Impulsar la declaración de las Illes Formigues como Área Marina Protegida de forma urgente.

5. Impulsar un Plan de protección de las colonias de coral rojo en colaboración con la Generalitat de Catalunya, los municipios de la costa catalana y las entidades de conservación del litoral y el medio marino, situando la compatibilización de la sostenibilidad de la recuperación del coral rojo y la protección de la biodiversidad marina como un bien común del conjunto de la población."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Jaume Moya Matas y Josep Vendrell Gardeñes, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la descarbonización del transporte en España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Las emisiones del transporte son responsables en España de 95 millones de toneladas de CO2 anuales, el 28% de todas las emisiones. En 2017 las emisiones en alcanzaron las 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un aumento de un 4,4% respecto al año 2016. Se trata del mayor aumento interanual desde 2002.

Según los últimos datos de la DGT, en España hay treinta y dos millones de vehículos a motor (veintitrés millones de turismos, cinco millones de camiones y furgonetas, tres millones de motocicletas y un millón de otros). En 2017 se ha recuperado los niveles de matriculación precrisis, en torno a 1,6 millones al año, de ellos 1,2 de turismos. Del 1,4 millones de turismos, furgonetas y motos matriculados, apenas 10.000 han sido eléctricos en 2017. Al mismo tiempo salen del parque automovilístico hacia el desguace algo menos de un millón de unidades.


Página 72




Esto significa que si hoy mismo todos los coches nuevos que se vendiesen fuesen eléctricos aún tardaríamos treinta años en sustituir todo nuestro parque automovilístico. Solo en un escenario así de radical e irrealista llegaríamos a cumplir con el objetivo de la UE para 2050: reducción de emisiones del 80-95%.

Además un cambio tan radical tendría efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España. España es la 8.ª productora de vehículos del mundo con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. El sector de la automoción da trabajo a unas 330.000 personas de forma directa y hasta casi dos millones de personas de forma indirecta. En la actualidad, en España se fabrican cinco modelos de vehículos eléctricos, cuatro de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades.

Al margen de esto, tenemos el transporte de mercancías que podría reducir sus emisiones si se impulsase el ferrocarril eléctrico para el transporte pesado y los camiones eléctricos para el transporte ligero. Pero la situación actual de partida no es muy favorable ya que en España el 95% del transporte de mercancías se realiza por carretera y que el coste del transporte por ferrocarril puede ser entre un 20% y un 50% más caro.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Se insta al Gobierno a:

Presentar, en un plazo no superior a seis meses, una estrategia nacional para la descarbonización del transporte en España y su respectiva memoria económica que dé una respuesta coherente a los retos: medioambiental, de salud, de movilidad e industrial que tenemos por delante para cumplir con los objetivos de emisiones cero en 2050.

Esta estrategia nacional se regirá por los siguientes principios:

1. Liderazgo, el sector público debe contar con todos, escuchar a todos, y dar ejemplo.

2. Rigor científico y neutralidad tecnológica para lograr los objetivos fijados mediante indicadores, transparencia, evaluación y seguimiento de políticas por técnicos independientes.

3. Planificación y previsibilidad, hay que evitar la improvisación y ofrecer claridad y seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas.

4. Simplificación legislativa y fiscal, garantizando la coordinación entre administraciones.

5. Compensación entre ganadores y perdedores para lograr una transición lo más suave, colaborativa y eficiente posible.

La estrategia nacional incluirá las siguientes acciones:

1. Eliminar el impuesto de matriculación para favorecer la renovación del parque móvil y revisar el impuesto de circulación y de hidrocarburos con criterios medioambientales más rigurosos.

2. Eliminar toda subvención e incentivo a la compra de vehículos de combustión interna y establecer un calendario de implantación de niveles de emisión máximos cada vez más ambiciosos para los vehículos nuevos y en circulación.

3. Aumentar los incentivos -sobre todo fiscales- a la producción y compra de vehículos de cero emisiones e industrias auxiliares (ejemplo baterías).

4. Impulsar la renovación de la flota automovilística, en el que el parque móvil público de todas las administraciones debe liderar con el ejemplo.

5. Establecer zonas urbanas de bajas emisiones en todas las ciudades españolas en función de su densidad de población a través de medidas que compatibilicen el cierre gradual de los centros de las ciudades a la circulación de vehículos convencionales con el refuerzo del transporte público, parkings disuasorios, carriles bici, car pooling, etc.

6. Desarrollar una red de puntos de recarga con facilidades para las instalaciones privadas de particulares, puntos suficientes en vía pública y electrolineras rápidas y semirrápidas (en centros de trabajo, centros de ocio, estaciones de servicio, garajes públicos y autopistas)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Francisco de la Torre Díaz, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 73




161/003593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre de los Diputados y Diputadas de Compromís, del Grupo Parlamentario Mixto, tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para presentar, al amparo del artículo 124 y siguientes el Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Exposición de motivos

La Directiva 2000/60 del Parlamento y del Consejo Europeo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de agua considera: "El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal".

La Constitución Española, aunque no hace mención expresa al agua, señala en su artículo 132.2 que son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. De esta afirmación se desprende la titularidad de "bien público" del agua, también la subterránea en tanto que recurso natural de la zona económica y la plataforma continental.

A pesar de estos dos marcos legislativos, la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas establece en el artículo 25 que el Estado concederá el derecho preferente al aprovechamiento de las aguas minerales a quien fuere propietario de las mismas en el momento de la declaración de su condición mineral o, en caso de tratarse de terrenos de dominio público, a la persona que hubiere instado el expediente para obtener la declaración de la condición minera de las aguas.

Preceptos estos que se mantuvieron en el Real Decreto 1798/2010 de 30 de diciembre por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano y que deja claro en su preámbulo que la anteriormente citada Ley de Minas "permanece vigente y resulta de aplicación para las aguas minerales y termales, independientemente del uso al que se destinen".

La presente Proposición no de Ley pretende, por tanto, regular en consonancia con la Constitución la titularidad de las aguas termales y minerales, ya que actualmente existe una diferencia de propiedad y derechos de explotación de los recursos hidráulicos. Pese a que todos los recursos geológicos e hidrológicos se consideran de dominio público, las aguas termales y minerales mantienen un régimen de propiedad privada, sin que exista un argumento de peso para determinar esta diferencia de tratamiento y constituyendo por tanto una cesión gratuita de recursos naturales a las grandes empresas que obtienen importantes beneficios -cifrados en unos mil millones de euros- por la venta de un bien público sin que exista contraprestación económica alguna ni al Estado ni al ayuntamiento del término municipal en el que se encuentran los manantiales de agua mineral.

En 2016 la extracción y comercialización de agua mineral al año en España se situó en torno a los 5.500 millones de litros, según la secretaria general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua Envasadas (Aneabe) y el consumo ha subido por encima del 5%. Del total de manantiales explotados Valencia ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Girona, de manera que supone el 8,8% del total estatal.

En España existen 166 manantiales de agua mineral reconocidos por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) dependiente del Ministerio de Sanidad. Del total, más del 95% son gestionados y explotados por empresas privadas, en muchos casos multinacionales, sin contraprestación alguna para la localidad, solo en el caso de Bejís y de Benasal -ambos en Castellón- el derecho de extracción y comercialización del agua del manantial Los Cloticos y D'en Segures, respectivamente, es de propiedad municipal. Los beneficios se destinan a la reinversión en la plata embotelladora y/o a sufragar algunas necesidades del pueblo. En el caso del Agua de Cortes, el ayuntamiento del Cortes de Arenoso (Castellón) también tiene una participación del 20%.

Por ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Declarar de dominio público -demanialización- todas las aguas minerales y termales, al igual que ocurre con el resto de los recursos geológicos e hidráulicos del país.


Página 74




2. Reformar la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas para establecer un Régimen Común de los aprovechamientos y adaptar la legislación a las competencias de las Comunidades y Ciudades Autónomas y a sus respectivos Estatutos de Autonomía.

3. Incluir el pago de un canon de aprovechamiento a la Administración local (Ayuntamientos), por parte de las empresas o particulares concesionarias del derecho de uso del dominio público.

4. Mantener la concesión de la explotación por un periodo suficiente con el fin de compensar de forma adecuada a los propietarios de las aguas demanializadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003614

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a estudiar, elaborar y ejecutar un Proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene entre sus objetivos la mejora medioambiental y conservación de la costa para su uso y disfrute públicos, de acuerdo con las previsiones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y del Reglamento General de misma, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

Actualmente la playa de La Carihuela, presenta una significativa pérdida de áridos, especialmente en su zona de Levante, que ha desembocado en una considerable disminución de su anchura, lo que ha obligado en los últimos años a una constante aportación de arena por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del anterior Gobierno. Tales aportaciones han paliado el problema y permitido la funcionalidad de la playa de cara a la temporada estival pero no están evitando la permanente erosión de la misma, especialmente agudizada con los temporales estacionales, lo que hace necesario algún tipo de actuación tendente a dotar de más estabilidad a las mismas.

La última aportación de arena se realizó a primeros de mayo de este año, dado lo dañada que se encontraba la playa de La Carihuela tras los últimos temporales de Levante. Por lo que entendemos que sería necesario que el Gobierno de España lleve a cabo un estudio de los efectos de la dinámica litoral en esta zona y contemple las alternativas viables y sostenibles que garantice una razonable estabilidad del tramo de playa existente entre el Arroyo Saltillo, que es el límite con Benalmádena y la zona conocida como la punta de Torremolinos, que separa la playa de La Carihuela de la vecina de El Bajondillo, lo cual redundaría en beneficios para la población y para una de las principales actividades económicas de la comarca: el turismo de sol y playa.

Urge que el Ministerio elabore un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, incluyendo el estudio de impacto ambiental correspondiente, significando que los artículos 82 y 83 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y los artículos 179 y 180 del Reglamento General de Costas, aprobados por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, establecen que las obras de competencia del Estado se financiarán con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y, en su caso, con las aportaciones de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Organismos Internacionales y particulares.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en el ámbito de sus competencias, tiene previsto promover las inversiones necesarias para mejorar el turismo y desarrollo de los municipios que la integran así como los servicios que desde los mismos se puedan prestar a sus ciudadanos y visitantes, de acuerdo con la legislación vigente, por lo que cofinanciaría, dentro de sus posibilidades presupuestarias, el proyecto que en su caso elabora el Ministerio.

Significar que ya se ha estado trabajando en un borrador de convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, la Asociación de empresarios de Playas


Página 75




de la Costa del Sol y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del anterior Gobierno, existiendo por tanto un compromiso previo de todas las partes para redactar un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio para la Transición Ecológica continúe con los trámites necesarios, puesto que ya existe un compromiso previo, y lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un estudio de los efectos de la dinámica litoral en la playa de La Carihuela y contemple las alternativas viables y sostenibles que garanticen una razonable estabilidad de este tramo de playa. Una vez concluido dicho estudio, se propone la elaboración y ejecución de un Proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, incluyendo el estudio de impacto ambiental correspondiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cultura y Deporte

161/003549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados y Diputadas abajo firmantes, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a reciprocidad de los medios de comunicación radiofónicos y audiovisuales en catalán, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

La nula reciprocidad o la reciprocidad parcial de las emisiones de radio y de televisión en catalán entre los diversos territorios del dominio lingüístico catalanoparlante, suponen un ataque frontal a los derechos lingüísticos de más de 10 millones de personas que viven en Europa. Esta restricción injustificada en la recepción de los medios de comunicación audiovisuales en catalán implica el incumplimiento de la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias (CELROM) a pesar de haber sido firmada por España, Francia e Italia y ratificada por España, y de la Directiva 2010/13/CE, reguladora de la libertad de circulación de los productos audiovisuales.

Concretamente, el artículo 3.1 de la Directiva 2010/13/CE determina que los Estados Miembros garantizarán la libertad de recepción y no obstaculizarán las retransmisiones en su territorio de los servicios de comunicación audiovisual procedentes de otros Estados Miembros por motivos inherentes a los ámbitos coordinados por la presente directiva.

De acuerdo con este artículo, en el año 2012 se firmó un acuerdo entre el Estado español y el francés que debía permitir que la televisión de Catalunya emitiera a la Catalunya Nord mediante el canal 37. Actualmente, sin embargo, las emisiones solamente lo son parciales y no llegan a todo el territorio, Tampoco se permite la recepción de otros canales en lengua catalana de la misma CCMA o de otras corporaciones o territorios como es el caso de IB3 de las Islas Baleares, que no puede emitir ninguna señal.

La situación de la recepción recíproca en los territorios de lengua catalana administrativamente españoles y franceses, de emisiones de radio en catalán, no es mejor. Hasta hoy, no se ha hecho ninguna gestión desde España para garantizar las emisiones de canales de radio y televisión en lengua catalana en Alguer (Cerdeña, Italia).

Así mismo, el artículo 7.2 de la Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias (CELROM) establece que las partes se comprometen a eliminar, si aún no lo han hecho, toda distinción; exclusión, restricción o preferencia injustificadas que afecten el uso de una lengua regional o minoritaria y tengan como objetivo desanimar o poner en peligro su mantenimiento o su desarrollo. La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de


Página 76




estas lenguas y el resto de la población o encaminadas a tener en cuenta sus situaciones particulares, no es considerada como un acto de discriminación ante los hablantes de las lenguas más extendidas.

El artículo 11.2 de la misma Carta determina que las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua usada en una forma idéntica o próxima de una lengua regional o minoritaria, ya no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en esta lengua.

Se comprometen, además, a garantizar que no sea impuesta a la prensa ninguna restricción de la libertad de expresión y a la libre circulación de la información en una lengua usada en una forma idéntica o próxima de una lengua regional o minoritaria. El ejercicio de las libertades citadas más arriba, que comporta deberes y responsabilidades, puede someterse a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, para la integridad territorial o para la seguridad pública, para la defensa del orden y para la prevención de la delincuencia, para la protección de la salud o de la moral, para la protección de la reputación o de los derechos de otros, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales, o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Estos artículos, ponen de manifiesto que la situación que se vive en el mismo Estado español, en cuanto a la reciprocidad de los medios de comunicación en lengua catalana entre CC. AA. no es mucho mejor. Hemos de recordar que en febrero de 2011 Acció Cultural del País Valencià se vio obligada a clausurar sus repetidores de las televisiones públicas catalanas en el País Valencià a causa de la persecución del Govern Valencià que, en contra de lo que se establece en la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, había impuesto multas muy cuantiosas contra esa entidad por el hecho de facilitar a los valencianos la recepción de estas emisiones. Así mismo, en septiembre del mismo año Acció Cultural del País Valencià presentó en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa popular "Televisió sense fronteres", que pretendía garantizar la recepción directa de las emisiones de las radios y de las televisiones autonómicas realizadas en lenguas incluidas en el ámbito de protección de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias en todas las comunidades autónomas que comparten una misma lengua. La iniciativa no prosperó. Finalmente, en diciembre de 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que avalaba que la emisión de TV3 en el País Valencià era una actividad lícita, pero que requería una reforma del marco jurídico vigente para tener cobertura normativa (tal como pretendía la ILP "Televisió sense fronteres".

A finales del pasado año, la Plataforma per la Llengua, la ONG de la lengua catalana, puso en marcha una campaña "el catalán sin fronteras" para reivindicar la reciprocidad total de los medios de comunicación radiofónicos y audiovisuales en una espacio radiotelevisivo catalán sin obstáculos ni restricciones. Esta campaña ha recogido más de 30.000 firmas.

A consecuencia de esta campaña de la Plataforma por la Lengua, el 1 de diciembre de 2016 el Parlament de Catalunya aprobó por una amplia mayoría la Moció 741X1, sobre l'espai català de comunicació audiovisual, que instaba a las autoridades competentes a resolver el actual incumplimiento de la Directiva 2010/13/CE y la CELROM.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Instar al Gobierno a:

1. Cumplir y hacer cumplir íntegra y efectivamente la Directiva 2010/13/CE, que en el artículo 3.1 establece que "los Estados Miembros garantizará la libertad de recepción y no obstaculizarán las retransmisiones en su territorio de servicios de comunicación audiovisuales procedentes de otros Estados Miembros".

2. Hacer las gestiones oportunas antes de las autoridades de los Estados; francés e italiano destinadas a cumplir y hacer cumplir íntegra y efectivamente, también en sus territorios de lengua catalana la Directiva 2010/13/CE y establecer los mecanismos necesarios de colaboración técnica y política entre los tres estados a tal efecto.

3. Cumplir y hacer cumplir íntegra y efectivamente la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias (CELROM, que en su artículo 11.2 establece que "las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua usada en una forma idéntica o próxima de una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de programas de radio y de televisión de los países vecinos en esta lengua".


Página 77




4. Llevar a cabo durante los próximos 12 meses la reforma del marco jurídico vigente para disponer de la cobertura normativa necesaria para garantizar la reciprocidad total de los medios de radiotelevisión en catalán entre los territorios de lengua catalana del Estado Español, atendiendo a las previsiones de la STS 7823/2012.

5. En un plazo de 8 meses, y de forma coordinada con los mecanismos competentes y los gobiernos de todos los territorios del dominio lingüístico catalán (CCAA de Aragón, Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares), así como las autoridades de los Estados de Francia, Italia y Andorra, y presentar un plan que incluya calendario y presupuesto de aplicación, desarrollo y promoción de la reciprocidad total de los medios de radiotelevisión en lengua catalana del conjunto del dominio lingüístico.

6. Promover la coordinación con los gobiernos y organismos competentes de los respectivos territorios para que la programación y las emisiones de productos audiovisuales y radiofónicos de los medios públicos se puedan compartir en todo el dominio lingüístico, con el fin de optimizar los recursos sin dejar de atender los derechos de propiedad y explotación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2018.-Raimundo Viejo Viñas, María del Mar García Puig, Joan Baldoví Roda, Francesc Xavier Eritja Ciuró, Sergi Miquel i Valentí y Manuel Cruz Rodríguez, Diputados.

161/003571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Rehabilitación de la "Casa de Sinyent" (Valencia), tras los devastadores efectos de la tormenta del 1 de julio, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) nació en 1977 al amparo de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación Sindical que, en plena transición a la democracia, abrió las puertas al desarrollo de la sociedad civil y a la constitución de las primeras organizaciones profesionales independientes. Desde ese momento, AVA se consolidó rápidamente como representante del sector agrario valenciano.

El pasado 16 de febrero, AVA celebró su 40.º Aniversario con la presencia de la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y lo más granado de la sociedad civil valenciana. En dicho Acto, el presidente de dicha Asociación puso en valor el proyecto de la Finca Sinyent. Un proyecto de experimentación agraria que AVA-ASAJA está desarrollando con la finalidad de realizar ensayos y transferir los resultados obtenidos de la investigación de forma rápida, útil y eficaz. Esta iniciativa, sin apenas antecedente conocido en el ámbito de las organizaciones agrarias europeas, pretende de este modo complementar el trabajo que vienen realizando las administraciones y dar cumplida respuesta a las necesidades del sector agrario en un capítulo tan decisivo, en términos de futuro, corno es la investigación y la innovación.

El centro ocupa una extensión total de 25 hectáreas en el término de Polinyà del Xúquer, en un entorno agrícola y paisajístico de gran valor junto al cauce del río Júcar, y goza de una climatología y edafología que se adapta a la mayoría de los cultivos mediterráneos. Desde su puesta en marcha en 2011, más del 95% de la superficie disponible para ensayos agronómicos se encuentra ya plantada, tanto con cultivos históricamente implantados en la Comunidad Valenciana como con nuevas alternativas que pueden abrir interesantes nichos de mercado.

La Finca Sinyent también dispone de una serie de edificaciones con múltiples usos que están llamados a desempeñar un destacado papel de cara a proyectar al conjunto de la sociedad los valores de la agricultura y el mundo rural. Además de la casa motor, el centro de riego, el almacén agrícola y el aula de formación, la Finca Sinyent alberga una casa señorial de estilo gótico del siglo XIV en la que se pretende ubicar un Centro de referencia del mundo rural, para acoger salas de exposiciones, cursos de formación, charlas, congresos, etc,


Página 78




El pasado 1 de julio una tormenta de viento y pedrisco arrasó más de 11.000 hectáreas de superficie agrícola en la Comarca de La Ribera, afectando también a esta Finca Experimental. Además de afectar a los cultivos dedicados a la experimentación e investifgación por parte de AVA-ASAJA, ha causado cuantiosos daños en el patrimonio e infraestructuras de la Finca. En concreto, la cubierta de protección que coronaba el edificio referente del gótico civil valenciano. La fuerza del aire y del pedrisco no solo ha destrozado buena parte de los cultivos con los que la organización agraria efectúa sus experiencias, sino que ha causado daños muy cuantiosos en el patrimonio e infraestructuras del centro investigador. Concretamente, la cubierta de protección que coronaba el edificio referente del gótico civil valenciano en la zona, financiada en parte por la Fundación Pere Compte, ha saltado por los aires segando todos los árboles que ha encontrado a su paso. Daños estructurales de un edificio referente de la arquitectura agrícola y que hacen peligrar el monumento en su conjunto.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la conservación y restauración del conjunto arquitectónico de la Casa de Sinyent, situado en la partida del Gual, en el término municipal de Polinyà de Xúquer, en colaboración con la Generalitat Valenciana y AVA-ASAJA.

2. Colaborar mediante asesoramiento técnico en lo que pueda afectar a la conservación y/o restauración de los bienes del conjunto arquitectónico de la Finca Sinyent."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración del latín y del griego como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y como Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

El valor universal del latín y del griego es absolutamente conocido. Sin estas dos lenguas, llamadas "clásicas" por antonomasia, el mundo no sería ahora el mismo ni desde el ámbito de la comunicación humana y de la creación literario-artística ni desde el pensamiento social que ha permitido a la humanidad vivir en democracia y libertad.

El latín no sólo es el origen de la mayor parte de nuestras lenguas peninsulares y tiene una gran influencia en el euskera, sino que es también la madre de todas las lenguas romances. Añádase a ello, la gran expansión que han tenido estas lenguas en todo el mundo y, en especial, en el continente americano: es sabido que el español, el francés, el italiano o el portugués se han expandido por todo el planeta.

Es un hecho incontrovertible que todos los millones de usuarios de esas lenguas no hablan otra cosa que un "latín transformado". Pero esta realidad pasa tan desapercibida que por desgracia la inmensa mayoría de ellos no son conscientes del lazo de parentesco lingüístico que tiene su propia lengua con todas las demás "lenguas hermanas".

Así pues, la primera gran razón para solicitar que el latín sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad radica en ser "madre" del castellano, del catalán, del gallego, y de su influencia en el euskera, además de serlo también de tantas y tan variadas lenguas romances y en haber impregnado, por no decir modelado, otras muchas lenguas del mundo.

Pero, siendo esa razón la primera, no es la única ni mucho menos. La Cultura Clásica es el origen de la nuestra, y no sólo la de la Roma Clásica durante siglos, sino que durante miles de años, el Latín


Página 79




Medieval y el Latín Humanístico fueron una fuente imprescindible para la historia y la cultura de Europa y de otras muchas partes del planeta desde el final del Imperio Romano hasta mediados del siglo XIX.

El valor de los documentos en latín en todas las épocas es inconmensurable, aunque es una realidad que los de este último largo período, aunque mucho menos conocidos, son también de capital importancia por arrojar, por ejemplo, datos sobre el proceso de conformación de nuestra civilización. Consideremos, por ejemplo, las obras en latín de Lorenzo Valla, Erasmo, Descartes, Newton o Linneo. Y tengamos presente, además, que son miles los manuscritos e impresos desde la Edad Media a nuestros días, la mayoría aún sin estudiar, que conservan en latín información de inestimable valor para la cultura europea y para su posterior irradiación al resto del mundo.

El segundo y no menos importante pilar de esa misma fragua fue Grecia y el griego. En efecto, Roma fue la heredera del gran legado cultural que le dejó Grecia y su lengua en enormes áreas de las ciencias y de las letras: en Filosofía, Astronomía, Física, Matemáticas, Geografía, Navegación, Medicina, en Ciencias Naturales, en la catalogación botánica y en el estudio de los animales, terrestres, acuáticos y volátiles, así como en todas las facetas de la Literatura (en poesía y sus géneros, incluido el canto, en historia, en narrativa de ficción, como la novela, en el drama y en la comedia, en el género epistolar, o en la mitología), en la oratoria y principios de la retórica, en filosofía, en las normas y lógica del discurso, la reflexión política, las leyes de la polis y la convivencia, los principios de la ética personal y social, el arte, en sus distintas manifestaciones: escultura, pintura, música, arquitectura, de la que quedan tantos monumentos, y, por si fuera poco, hasta la reflexión de la propia lengua, la filología y la crítica literaria.

En todos estos saberes dejó Grecia la huella de su propia lengua, fijando siempre un léxico que aún hoy sobrevive en nuestras lenguas tras tantos siglos.

Es notorio, por otra parte, el influjo de la cultura griega en la nuestra. Difícil, por ejemplo, lo tuvo la Historia hasta encontrar médicos de la talla de Hipócrates, o seguidores de Hiparco hasta llegar Copérnico, o un Newton que reemplazara a Arquímedes.

Igualmente habría que decir de la lengua griega, que junto a la latina han configurado gran parte del léxico de las lenguas modernas, no solo en medicina, botánica, tecnología, arte, arquitectura, etc.

En las primeras Universidades la lectura de los filósofos griegos, Platón y especialmente Aristóteles, traducidos al latín, formaron el pensamiento de tantos jóvenes que durante los siglos siguientes hasta el Renacimiento. Ningún filósofo conocido en la historia de la humanidad ha tenido tanto influjo como los griegos, conocidos con frecuencia gracias al latín.

Sin las lenguas latina y griega habría sido impensable el Renacimiento europeo, que tanto influyó no solo en Europa, sino en el resto del mundo, sin olvidar el Mundo Nuevo. El Renacimiento que transformó, ennobleciéndolo, hasta el paisaje urbano, colocó a la persona en el centro de mira, y a partir del cual se configuró una nueva sociedad, orgullosa de retomar las fuentes clásicas adoptando sus modelos de reflexión y hasta sus mismos cánones estéticos que engrandecieron el amplio abanico de las letras y las artes.

Pero, si todas estas ideas son claves para la defensa del griego en esta proposición, tanto más lo son estas otras con las que por su importancia colocamos al final de este segundo gran pilar de la forja de Europa.

Recuérdese, en efecto, que el término polis, del que proviene nuestro término política y sus derivados, no se refieren simplemente a la ciudad material, sino que tiene connotaciones antropológicas y sociales, en cuyo centro sobresalía la idea de "libertad". Es más esa idea pasará a Roma, donde el sustantivo libertas y el verbo deliberare nos hacen ver una implicación que generalmente pasa desapercibida: sin "libertad" no es posible "deliberar".

Todo los hasta aquí expuesto nos hace ver que el latín y el griego se complementan y se explican mutuamente. El latín y el griego son dos lenguas que han caminado juntas por mucho tiempo, hasta convertirse en gemelas y de ahí la necesidad de presentarlas ambas a la vez en esta iniciativa parlamentaria. Las lenguas clásicas son la fragua de Europa, la fragua donde se han fundido y enriquecido el pensamiento de Grecia y Roma como los grandes pilares de nuestra civilización.

Es más, el valor del latín y del griego va incluso más lejos de ser la fragua de Europa: son estas dos clásicas las que han dado lugar al rico crisol de la Cultura Occidental. Es mucho, en definitiva, lo que nuestro planeta debe a las antiguas lenguas y culturas de los griegos y de los romanos. A pesar de estos indudables valores, la realidad es que al día de hoy incomprensiblemente el latín y el griego no forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se trata de garantizar que el Gobierno, y el conjunto de la sociedad, sean garantes de este gran activo cultural y se comprometan a defender la


Página 80




presencia de cultura grecolatina no sólo en los planes de estudios, asegurando así la permanente existencia de una formación humanística tan necesaria para la formación integral de la persona, sino en las distintas manifestaciones culturales de nuestra sociedad. Y a tal efecto, merece la protección, promoción y reconocimiento conforme a lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural inmaterial de 2003.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Promover y defender la inscripción de la candidatura de la declaración del latín y del griego, en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

2. Promover la declaración del latín y del griego como Manifestación Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial conforme al procedimiento previsto en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

3. Trasladar al resto de países donde están presentes las lenguas romances, en particular en Europa, América y África, esta propuesta y pedir el apoyo a la misma.

4. Comprometerse a defender el latín y el griego no sólo en los planes de estudio sino en las políticas culturales, científicas y divulgativas que lleve a cabo el Gobierno de la Nación, así como promover su divulgación en los medios de comunicación públicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003584

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte, relativa a la conmemoración del 150 aniversario de la nacionalización del Museo Nacional del Prado.

Exposición de motivos

El Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía son los dos museos de ámbito estatal más relevantes. Su importancia, por tanto, va más allá de Madrid, la ciudad donde tienen sede: todo lo que atañe a estas dos grandes instituciones tiene la escala de política de Estado. En lo que al Prado se refiere, se puede afirmar que su importancia no solo arraiga en la extraordinaria riqueza de sus colecciones. También radica en que su imagen está fuertemente instalada en la identidad colectiva de nuestro país.

A grandes rasgos, el patrimonio actual el Museo del Prado se basa en la integración progresiva de la Colección Real, los fondos del Museo de la Trinidad, desaparecido en 1872, procedentes de instituciones religiosas desamortizadas y, finalmente, obras del siglo XIX segregadas del también desaparecido Museo de Arte Moderno, cuyas colecciones fueron divididas en 1971: los fondos del siglo XIX pasaron al Prado, mientras que los del siglo XX fueron destinados, en un primer momento, al Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), y años después al Museo Reina Sofía.

El Museo Real de Pinturas, que abrió sus puertas por vez primera el 19 de noviembre de 1819, bajo la fundación de Fernando VII, es la institución embrionaria del Museo del Prado. El museo seguía el ejemplo revolucionario de la apertura pública de las grandes colecciones históricas europeas y, para su instalación, Fernando VII decidió ubicarlo en un edificio inacabado del Paseo del Prado, inicialmente pensado para cumplir las funciones de Real Museo de Ciencias Naturales y con la finalidad de formar un conjunto científico junto con el Jardín Botánico. La Guerra de la Independencia impidió que ese proyecto


Página 81




fuera completado, de tal manera que, tras la contienda, el arquitecto Antonio López Aguado se encargó de rehabilitar el edificio para convertirlo en el lugar donde el Museo del Prado tiene su sede a día de hoy.

La nacionalización de la colección ubicada en este edificio coincide con la Revolución Gloriosa de 1868, que destronó y provocó el exilio de la reina Isabel II, iniciando así el llamado Sexenio Democrático. Habiendo sido abolido el patrimonio de la corona, el nuevo Gobierno avanzó en la modificación de la titularidad de la colección del Museo, que pasó a formar parte de los entonces llamados "bienes de la Nación" (actualmente "bienes del Estado"). En ese momento se produce un punto de inflexión que transforma la naturaleza del Prado, que a partir de entonces podemos considerar patrimonio del conjunto de los pueblos de España.

La historia del Museo del Prado a lo largo de estos 150 años no está exenta de vaivenes y conflictos. De entre todos los momentos críticos que ha atravesado, hay un periodo en el que se constata de la manera más profunda la identificación popular con el Prado: la Guerra Civil Española. Las obras pictóricas que contiene son desde entonces indisociables de las imágenes y testimonios de los esfuerzos invertidos en la defensa del Museo del Prado, para protegerlo de los fuertes bombardeos que asolaron la ciudad de Madrid. En ese contexto bélico, el papel que desempeñó la ciudadanía en la protección del Prado fue extraordinario.

Esta defensa ciudadana del Museo del Prado indica que la nacionalización produjo una importante identificación social con el patrimonio artístico de esta institución. Se construyó con ello un consenso alrededor de la importancia de proteger el edificio y sus colecciones como bienes públicos. De hecho, para conmemorar esta participación existe una placa honorífica que fue colocada en 2003, retirada en 2007 por motivo de las obras de restauración del Museo y repuesta recientemente.

En la historia de la identificación entre el patrimonio del Museo del Prado y los pueblos de España no constituyen un elemento menor las imágenes de las reproducciones a tamaño natural de muchos de sus cuadros más importantes, difundidas por las escuelas públicas de todo el país de la mano de las Misiones Pedagógicas; tampoco la evacuación del Museo en 1939, siendo este "salvamento del Prado" una decisión de Estado que, no exenta de tropiezos en los últimos compases de la Guerra Civil, podemos considerar una contribución decisiva nada menos que a la supervivencia de una parte importantísima de su colección.

En las últimas décadas se ha avanzado de manera decidida en el reconocimiento de la cultura y del patrimonio cultural como un elemento fundamental de nuestras identidades colectivas. De igual manera, resulta fundamental resaltar también aquellos momentos en los que bienes culturales antes remotos para la mayoría, en este caso por su origen monárquico y aristocrático, han sido resignificados mediante su reivindicación ciudadana. Se trata, precisamente, de que la cultura, en su conjunto y en su diversidad, sea reivindicada como parte de un bien común. El Estado, las administraciones y las políticas públicas deben desempeñar un papel fundamental en el fomento de este tipo de identificaciones colectivas y protección de los bienes culturales como bienes comunes del conjunto de la ciudadanía.

En consecuencia, nuestra iniciativa tiene la intención de conmemorar el 150 aniversario de la nacionalización del Museo del Prado como un éxito de toda la ciudadanía y como un caso histórico de política cultural exitosa, de acuerdo con criterios de accesibilidad y de garantía institucional del derecho al acceso colectivo a la cultura como un bien común.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a difundir la celebración del 150 aniversario de la nacionalización del Museo del Prado y a contribuir con políticas públicas a la divulgación de la importancia de su accesibilidad y disfrute por parte de la ciudadanía, durante y después de dicha celebración."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Marcelo Expósito Prieto y Eduardo Javier Maura Zorita, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 82




161/003587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la creación de un grupo de trabajo para elaborar un plan de renovación del Sistema Español de Archivos, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

Actualmente, según el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural integra como una de sus funciones "la gestión de los archivos de titularidad y gestión estatal, adscritos al Departamento, y el asesoramiento respecto de los archivos de titularidad estatal dependientes de otros Ministerios".

Esta estructura organizativa implica que todos los archivos de la Administración General del Estado, tanto los ministeriales como el Archivo General de la Administración (AGA) y el Histórico Nacional (AHN), realizan su gestión desde el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en los últimos años el Ministerio ha gestionado uno de los presupuestos más bajos en la materia, lo cual ha puesto de manifiesto algunos déficits y desarreglos estructurales. Sería interesante plantearse si la estructura de gestión archivística podría organizarse de otra manera, a saber, centralizándose en Función Pública la documentación ministerial del AGA, que después del periodo de tiempo correspondiente pasaría al AHN, gestionado desde el Ministerio de Cultura.

La gestión documental tanto física como digital de los documentos que forman parte del patrimonio público desde hace siglos, hasta el día de hoy, requiere de importantes recursos tanto humanos como en materia de infraestructuras. La purga, expedientado y depósito de la documentación son partes imprescindibles del buen funcionamiento del Sistema Español de Archivos y garantía de la permanencia de la documentación de toda la ciudadanía. La suficiencia de estos recursos está en entredicho si tenemos en cuenta el estado en el que se encuentran tanto los edificios como los protocolos y puestos de trabajo asociados.

En España existen dos grandes archivos: el AHN que custodia unos 40 kilómetros de documentación, y el AGA, el tercero más grande del mundo, que acumula unos 160 kilómetros lineales de documentos, La delicadeza y el conocimiento que requiere el tratamiento documental a distintos niveles (tanto en el tratamiento adecuado de un documento antiguo, que requiere del archivero la familiaridad con idiomas como el latín y de disciplinas como la paleografía, al mismo tiempo que con herramientas digitales para establecer protocolos de almacenamiento y gestión de documentos digitales) es muy notable. Estas características exigen ser atendidas por personal debidamente cualificado y la Administración debe proporcionar las herramientas de actualización del personal contratado para optimizar todo el proceso, independientemente del soporte documental que vaya a ser gestionado.

Otro de los grandes problemas es la falta de espacio de almacenaje documental, físico y digital, Tanto el AHN como el AGA se encuentran colapsados. Los documentos que llegan desde los distintos ministerios hasta el AGA pierden su validez administrativa después de 25 años. En ese momento deben ser depositados en el AHN. Sin embargo, estando ambos colapsados, esta transferencia de documentos no se está realizando convenientemente. Se está externalizando el servicio de almacenamiento, lo cual supone un coste público adicional.

Asimismo, el 15 de octubre de 2010, por orden ministerial, el entonces ministro Miguel Ángel Moratinos, declaró "secreto" el grueso de los fondos de los archivos pertenecientes a su ministerio, en un caso sin precedentes de conflicto entre secreto estatal y transparencia, que afecta muy especialmente a la información sobre la política exterior, de seguridad y de defensa. Todos estos documentos sin clasificar fueron depositados en el AGA, suponiendo el colapso del espacio. Ni los propios archiveros podían acceder a esta documentación, al estar clasificada. Esto generó muchos problemas con la comunidad científica, que vio paralizadas sus investigaciones. Ya en 2014, la situación empezó a desbloquearse y ya está disponible alguna documentación para investigadores. Sin embargo, sigue sin ser accesible para la ciudadanía. Por esta razón se hace urgente buscar una solución competente para ampliar los espacios de depósito y reactivar la transacción normalizada de documentación pública.


Página 83




A estas situaciones se suma un problema general y de fondo: no existe la titulación específica de "archivero". Normalmente son personas procedentes de titulaciones humanísticas las que se dedican a la gestión documental. Independientemente de sus méritos, que son muchos, esto repercute en la buena regulación de la profesión. Por ejemplo, el funcionariado de archivos obtiene una de las remuneraciones más bajas del ente público profesional. Esto significa que muchas personas dejen sus puestos de trabajo cuando surgen oportunidades de promoción en otros lugares de la Administración.

Por otro lado, la escasez de convocatorias para Archivos hace que muchas personas ni siquiera se planteen presentarse y desarrollar sus carreras en este ámbito. Por ello, los últimos años han quedado vacantes numerosas plazas. La paradoja es que, al mismo tiempo, los Archivos Estatales han perdido hasta el 40% de la plantilla en los últimos diez años, por lo que es urgente también estudiar cómo crear una solución a este problema.

Sin embargo, los archiveros desempeñan una función primordial. Deben realizar un estudio de valoración para determinar si se elimina o se conserva la documentación. Deben supervisar, organizar, conservar, analizar y difundir la información pública, garantizando que el papel llegue desde las oficinas hasta el archivo histórico. La tipificación de puestos de trabajo y de los cuerpos facultativos no ha sido revisada desde la década de los noventa, algo que revierte directamente en la aplicación de protocolos de gestión de documentos online y que puede provocar situaciones de vacío documental por falta de regulación.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un grupo de trabajo, compuesto por todos los agentes implicados en el trabajo archivístico, para realizar una reforma integral del Sistema Español de Archivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la ampliación y diversificación de la programación musical en las televisiones públicas, para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

La accesibilidad y la diversidad son dos principios fundamentales de cualquier política cultural, motivo por el cual las políticas culturales y las de comunicación guardan una estrecha relación. En virtud de ambos, es necesario apoyar proyectos diversos, no solo aquellos que parten de una posición ventajosa porque cuentan por el apoyo financiero de grandes empresas y grupos mediáticos, y que visibilicen la diversidad de lenguas y manifestaciones sociales y culturales que se dan en España.

En las condiciones actuales, la existencia de una política de ayudas, inversiones y programación cultural que promueva la diversidad y la igualdad de oportunidades es estratégica en todos los campos culturales, con particular énfasis en el ámbito de la música.

A lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, la música fue protagonista de la programación cultural en medios públicos estatales, autonómicos y locales. Tanto en radio como en televisión, la ciudadanía encontró un espacio donde conocer las propuestas más actuales en todos los géneros y manifestaciones sociales y culturales, con consecuencias muy positivas para la generación de nuevos públicos y para nuestra diversidad cultural.

Los medios públicos fueron capaces de proponer y hacer accesibles proyectos musicales muy diversos y algunos todavía lo hacen. Sin embargo, en los últimos años el papel de la música en la televisión, particularmente en Televisión Española, ha ido decreciendo o escorándose hacia formatos


Página 84




mixtos que, pese a su carácter en ocasiones masivo, prescinden de la programación activa por parte de los medios públicos implicados. Todos los formatos son aprovechables desde el punto de vista del interés público y de los principios de accesibilidad y diversidad, pero la pérdida de centralidad de la música es cada vez más evidente en cantidad, diversidad e intensidad.

En ese sentido, para garantizar la igualdad de oportunidades, y hacerlo en clave de diversidad y accesibilidad, es necesario implementar un sistema de cuotas análogo al de países avanzados en materia de políticas culturales cuyas experiencias pueden ser muy provechosas (Portugal, Canadá, México, Australia, Argentina, Francia, etc.) Todos ellos han puesto en marcha políticas de promoción del tejido cultural local y de visibilización y fortalecimiento de la diversidad de sus manifestaciones culturales, tanto en el nivel sectorial (haciéndose eco de proyectos interdisciplinares que rara vez encajan en los cajones de las ayudas públicas) como en el lingüístico (con las políticas de diversidad canadienses como principal modelo).

Este sistema, cuando se aplica a la música en general, "consiste en un porcentaje obligatorio de música nacional dentro de la programación de las radioemisoras. En algunos casos las cuotas se establecen mediante leyes y en otros se trata de metas voluntarias determinadas por el Estado en acuerdo con las radios", de acuerdo con el Informe sobre sistemas de cuotas de música nacional en radios, OPC, 2015.

Los tipos de cuota más habituales y contrastados son, según el Informe:

- Idioma, sin considerar el origen: pueden usarse como criterio la música, la letra o ambas. Por ejemplo, existen posibilidades de música en euskera hecha en el sur de Francia, en catalán en Andorra o en gallego en Portugal.

- Música de origen nacional: considera la autoría y el lugar de procedencia de las y los autores.

- Contenidos locales: puesta en marcha de normativas más amplias que se aplican no solo a la producción musical, sino también a los programas y a la producción audiovisual.

Valgan algunos ejemplos concretos, de acuerdo con el mencionado Informe, en Portugal, "el 60% de la música en lengua portuguesa debe estar compuesta o interpretada por ciudadanos de la Unión Europea. El 35% de la música portuguesa debe ser nueva". Por su parte, en Canadá "existen varias excepciones según el estilo musical y la antigüedad de las composiciones, y para las radios universitarias y comunitarias. Sistema flexible. Algunos estilos tienen horarios definidos". En Sudáfrica, "el 25% de la música emitida entre las 5 a.m. y las 11 p.m. debe ser de Sudáfrica".

A partir de estos referentes, y por los motivos señalados, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a tomar las medidas necesarias para:

1. Recuperar la programación musical activa para el prime time de Televisión Española.

2. Establecer cuotas de música total o parcialmente producida, escrita, interpretada o con contribución por parte de personas con origen o residencia en España en la programación de todas las televisiones públicas (RTVE, FORTA), de acuerdo con el modelo canadiense conocido como MAPL u otro análogo.

3. Garantizar que todos los programas en televisiones públicas, específicamente musicales o no, usen al menos un 40% de música total o parcialmente producida, escrita, interpretada o con contribución por parte de personas con origen o residencia en España para sus entradas, sintonías, transiciones entre bloques, etc.

4. Establecer para Televisión Española cuotas de programación cultural en las diferentes lenguas del Estado. La tendencia social siempre es a privilegiar la lengua más hablada, el castellano. Las políticas públicas deben garantizar que todas las lenguas cooficiales, y aquellas que, no siéndolo, son vehículo de expresión cultural dentro de nuestras fronteras, tienen presencia en la programación cultural de TVE."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 85




Comisión de Economía y Empresa

161/003567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a promover la implantación de una estrategia digital en las empresas, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.

Exposición de motivos

Hemos comenzado el año 2018 con datos que ratifican la intensa creación de empleo en nuestro país desde todas las perspectivas. El empleo ha llegado para quedarse.

- Los últimos datos de paro registrado (SEPE) y afiliación a la Seguridad Social publicados, correspondientes a enero de 2018 establecen que en los últimos doce meses se han creado 607.856 nuevos empleos. Durante 2017 se han creado 1.700 empleos diarios, suponiendo un incremento del 13% con respecto al año anterior.

- Las últimas estadísticas publicadas por Eurostat en enero de 2018, certifican que España encadena cincuenta meses consecutivos como líder de la bajada de paro de toda la zona euro.

- España lidera hoy la creación de empleo en la zona euro, lidera la creación de empleo joven, la creación de empleo femenino, la creación de empleo autónomo y la creación de empleo a tiempo completo.

- Asimismo, los datos de la última EPA publicada correspondiente al cuarto trimestre de 2017 confirman que España crea empleo con intensidad y que en los últimos cuatro años se están creando 500.000 empleos anuales de media.

Si bien los datos son esperanzadores, no debemos ser conformistas. Debemos de continuar trabajando con fuerza por una recuperación inclusiva que no deje a nadie atrás.

Es responsabilidad de todos proyectar un mundo de trabajo bien estructurado que alcance su máximo potencial de crecimiento económico y de empleo. Nuestras políticas deben ser elementos fundamentales para ganar competitividad, en la calidad, en la tecnología, en la innovación, en el talento y en la capacidad de adaptarse a una realidad cambiante.

Para lograr cumplir nuestros compromisos, debemos seguir mejorando la competitividad de nuestras empresas, debemos dar respuesta a las nuevas realidades y a los nuevos desafíos y retos que el empleo y las empresas se están encontrando a lo largo de estos años.

Aunque todas las empresas españolas tienen acceso a internet y las tres cuartas partes tienen su propia página web, sólo el 38% de las empresas tiene una estrategia digital, así lo establece el estudio elaborado por Siemens denominado España 4.0, el reto de la transformación digital de la economía.

La evolución de la tecnología digital a nivel mundial es imparable y la capacidad de competir tecnológicamente será esencial para garantizar la sostenibilidad futura de las empresas.

La planificación estratégica es imprescindible para el desarrollo y crecimiento de la empresa. El medio on line permite a cualquier negocio promocionarse con gran efectividad y a un coste menor. Las nuevas tecnologías permiten transformar este momento de cambio en una oportunidad para las empresas que se sepan adaptar y reinventar sus modelos de negocio. Pero esta presencia en Internet debe estar definida por una planificación estratégica clara, para así lograr alcanzar los mejores resultados.

En definitiva, para que la digitalización tenga éxito es necesario tener una hoja de ruta, una estrategia digital. Es importante analizar las oportunidades que tiene cada negocio en el mundo digital. Con una óptima estrategia una empresa puede llegar a ser más competente, mejorar en sus áreas de trabajo, aumentar su productividad y eficacia, crecer y crear empleo.

Recientemente el Presidente de la Comisión de la Sociedad Digital de CEOE ha manifestado que la digitalización podrá llegar a crear 250.000 nuevos empleos al año. Para ello, España debe subirse al carro. La transformación digital es inevitable y para estar a la vanguardia, debemos apoyar a nuestras empresas, apostar por una digitalización inclusiva, promover que la transformación digital sea una prioridad estratégica de la compañía.


Página 86




Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a promover la implantación de una estrategia digital en las empresas, a fin de favorecer una digitalización inclusiva en aras a optimizar la competitividad, el crecimiento, el liderazgo y la creación de empleo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/003553

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Según los últimos datos oficiales publicados por el IMSERSO en relación al número de personas discapacidad, en España existen más de 3.378.000 personas con discapacidad. El camino para conseguir su plena y total inclusión ha andado mucho camino y atravesado muchas barreras, pero es cierto que aunque la normativa va hacia esa senda de la igualdad, la realidad práctica, en ocasiones, nos demuestra que aún queda recorrido. En esa interactuación diaria, en ocasiones, existen barreras que impiden o dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad, y poder gozar de los distintos servicios y derechos en igualdad de condiciones con los demás.

El marco normativo para que las personas con discapacidad gocen de su plena inclusión e igualdad de derechos en el ámbito sanitario se encuentra regulado entre otras en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En el capítulo I del Título l se recogen los Derechos de los ciudadanos y entre otros en su artículo 4, se establece el derecho a recibir información sobre los derechos que les otorga esta ley, así como sobre las vías para ejercitar tales derechos y a recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a las mismas. En el citado artículo se recoge además que toda la información se facilitará para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con discapacidad de cualquier tipo.

Así mismo, en dicha norma se articula también el derecho a la igualdad, preceptuando que todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de su discapacidad.

Por otro lado la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, garantiza que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española, y su acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva, debiendo de superar las políticas de salud, cualquier tipo de desequilibrios. Así, en el artículo 10 de la citada normativa se recoge que todos tienen derecho a que en las distintas administraciones públicas sanitarias se respete su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que nadie pueda ser discriminado por razón de su discapacidad. En este sentido, deben en consecuencia, todas las administraciones públicas sanitarias, tal y como recoge la citada normativa, dar la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder, debiendo de efectuarse dicha información en formatos adecuados, de manera que resulten accesibles y comprensibles para las personas con cualquier tipo de discapacidad.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dentro de su ámbito de aplicación,


Página 87




establece como objeto de la misma, garantizar la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. En dicha normativa en su Disposición adicional cuarta, que regula las necesidades asociadas a la discapacidad, establece que el Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o usuarios con necesidades especiales, asociadas a la discapacidad, los derechos en materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en esta Ley.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 23 garantiza la accesibilidad, manifestando que todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva.

En el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, regula entre otros, el derecho a la protección de la salud. En su Artículo 10, se establece que las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

En dicho decreto recoge también el derecho de vida independiente y en consecuencia a la accesibilidad de estas, por lo que todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente. Por ello, los poderes públicos, en este caso, deben de adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, tanto en los entornos, productos y servicios, en información y en las comunicaciones, incluyendo los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en los medios de comunicación social, como en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

Por su parte el art. 23.2.c este Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre las Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben incluirse en las disposiciones o normativa, indica como medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o situaciones para las personas con discapacidad, los "apoyos complementarios", como medidas directamente relacionadas con la información y comunicación. Se incluye en los apoyos complementarios, según este articulado, las ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

En la Administración General del Estado encontramos hasta el año 2016 un Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad, que tenía la accesibilidad universal como uno de los objetivos generales. Un objetivo, que a la luz de los resultados que han obtenido las políticas del anterior ejecutivo en materia de accesibilidad, no se ha cumplido en las fechas estipuladas. Una accesibilidad que todavía tiene tareas pendientes, especialmente en lo que al acceso a servicios sanitarios se refiere.

En el caso de la Administración General del Estado, el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad a los centros sanitarios adscritos a diferentes departamentos ministeriales, como por ejemplo los relativos al Ministerio de Defensa, así como a los centros sanitarios de Ceuta y Melilla, especialmente a sus respectivos hospitales.

En consecuencia, el marco normativo para la atención sanitaria a las personas con discapacidad es amplio, pero su vigencia y aplicación práctica, nos lleva en la vida diaria de las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, a que en demasiadas ocasiones no se materialice dicha regulación en la citada atención o comunicación sanitaria, haciéndose en consecuencia necesario, además de la prolífera regulación una aplicación práctica y concreta de la misma, que nos lleve en definitiva a una eliminación total de discriminación o barrera de cualquier tipo, ante cualquier tipo de discapacidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, en un plazo no superior a dos meses, un registro de los centros hospitalarios y de salud bajo su responsabilidad directa o responsabilidad del INGESA donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras.


Página 88




2. Elaborar un informe en el que se recoja:

- Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reunir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, y en particular la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los servicios de interpretación y de video interpretación en lengua de signos para personas sordas en los centros sanitarios; así como las condiciones básicas de los servicios realizados a través de uso de dispositivos tecnológicos como son las plataformas de información y servicios sanitarios, etc.

- El calendario de la implementación de las condiciones en materia de información y comunicación accesibles, con la incorporación inicial y escalada de los recursos y medidas en la red del sistema sanitario andaluz.

3. Llevar a cabo, tras la elaboración de dicho registro que se describe en el punto 1 y el informe del punto 2, en un plazo no superior a seis meses, todas las actuaciones necesarias para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de salud de bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA un sistema adaptado que permita la información, comunicación y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, en especial auditiva o visual.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, una Proposición no de Ley para impulsar la vacunación y controlar las enfermedades prevenibles.

Exposición de motivos

Las vacunas suponen una gran contribución a la prevención y control de enfermedades infecciosas, son consideradas como uno de los éxitos más relevantes en medicina y una piedra angular de la salud pública. Han contribuido de forma muy importante, a salvar vidas, a reducir las enfermedades y la discapacidad y a mejorar la salud y la esperanza de vida de las personas. La prevención de las enfermedades infecciosas es un tema prioritario de salud pública en todos los países del mundo y la vacunación es una de las medidas con mejores índices de coste-efectividad en la mejora de la salud.

Las vacunas han conseguido la erradicación de algunas enfermedades y nos están acercando a la eliminación de muchas otras. Existe un plan mundial (Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020) aprobado por la OMS, que, entre otros objetivos tiene el de conseguir altas coberturas de vacunación en los programas estatales. Este plan fue adaptado en la UE (Plan de Acción Europeo de Vacunas 2015-2020). Sin embargo, a pesar de estos logros y estos objetivos, los programas de vacunación en Europa se enfrentan a numerosos desafíos, entre los que cabe destacar el hecho de que algunos grupos de población en la UE, dudan sobre su utilidad o incluso las rechazan. Ello ha llevado a una disminución en la cobertura y a brotes continuos de enfermedades prevenibles, con casos de propagación de un país a otros, causando enfermedad y muertes.

Es inaceptable hoy en día que haya personas muriendo de enfermedades que son prevenibles y que podían haberse evitado gracias a las vacunas. Muertes evitables que sufren mayoritariamente las personas no vacunadas, que podían haber sido protegidas. En 2017, hasta el 80% de adolescentes y adultos que contrajeron sarampión no habían sido vacunados, aunque la vacuna contra el sarampión está disponible de forma gratuita en todos los países de la UE.

La confianza pública en las vacunas es un tema crucial. Cualquier erosión de esta confianza tiene un efecto negativo muy importante en la salud, y son numerosos los factores que pueden reducirla: por ejemplo, la falta de información, el cuestionamiento de la necesidad real de vacunas específicas y/o las preocupaciones sobre su seguridad y efectos no deseados.


Página 89




Para las administraciones o autoridades de salud pública y para el conjunto de la sociedad es primordial que se mantenga la confianza del público en las vacunas, así como controlar y contrastar su seguridad. Dado que las enfermedades infecciosas prevenibles con vacunas no se circunscriben ni se limitan a las fronteras de los estados, es imprescindible e indiscutible actuar juntos a nivel de la UE, e incluso a nivel global.

El 26 de abril de 2018, tras un período de consulta pública y discusiones con las partes interesadas, La Comisión Europea presentó una propuesta de Recomendación del Consejo para una cooperación reforzada contra las enfermedades prevenibles por vacunación, junto con una Comunicación al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo Comité y el Comité de las Regiones. Esta propuesta es una llamada a la cooperación para emprender acciones con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunación y para reducir las desigualdades y las brechas en la inmunización, asegurando que todos en la UE tengan acceso a las vacunas.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender, en colaboración con las comunidades autónomas, medidas concretas para:

- Abordar las causas de la reticencia a la vacunación y mejorar la aceptación de la vacunación tanto a nivel estatal como a nivel de la UE, con mayor formación, transparencia y control e información de los efectos adversos potenciales de las vacunas, a través si cabe de un portal europeo de información sobre los beneficios y la seguridad de las vacunas.

- Revisar y modificar el modelo actual de toma de decisiones sobre la introducción o no de una vacuna en el calendario sistemático, y por ello de su financiación con fondos públicos, en España, tomando como ejemplo el sistema británico, y dotándolo de mayor transparencia y rigor técnico.

- Mejorar la cobertura vacunal en población adulta (>50-60 años) en relación con el neumococo y la gripe, que evitarían ingresos por complicaciones de estas dos enfermedades y favorecerían el envejecimiento saludable (estrategia de la OMS y de la UE).

- Incluir las actividades preventivas relacionadas con los viajes internacionales (consejos y vacunación a viajeros) dentro del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, entre otros, para favorecer que los viajeros y otros colectivos que se desplazan tengan acceso a esta prestación, hecho que mejoraría la equidad y reduciría el riesgo de contraer enfermedades y de introducir algunas de ellas al regreso.

- Impulsar y cooperar para el establecimiento de un sistema europeo de intercambio de información en materia de vacunación y de una tarjeta europea de vacunación compartida electrónicamente.

- Mejorar el suministro de vacunas, mitigar los riesgos de la escasez, y establecer políticas de colaboración entre los diversos actores con el objetivo de definir las prioridades de investigación en vacunas y diseñar sistemas que recompensen la innovación en este ámbito.

- Fortalecer las alianzas y la colaboración en materia de vacunación con socios internacionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, una Proposición no de Ley para hacer frente al grave problema de salud pública que supone la resistencia a los antibióticos.

Exposición de motivos

El desarrollo y diseminación de las bacterias multirresistentes (BMR) es una amenaza real para la salud pública mundial, reconocida por la OMS, las Naciones Unidas y la Unión Europea entre otras muchas instituciones, porque las infecciones graves causadas por BMR, al disponer de menos opciones de tratamiento efectivo, tienen peor pronóstico que las que producen las mismas bacterias cuando son sensibles a los antibióticos.


Página 90




En 2007, el European Center for Diseases Prevention and Control (ECDC) estimó en 25.000 el número de muertes al año en Europa por BMR. Más recientemente, se estima que en 2050 alcanzarán el millón al año, superando al cáncer como primera causa de muerte.

En este preocupante escenario global, España ocupa uno de los primeros lugares del mundo en consumo de antibióticos per capita sin ninguna razón epidemiológica que lo justifique, y uno de los primeros de Europa en infecciones producidas por BMR.

Algunos estudios recientes efectuados con el objetivo de conocer el impacto clínico real de las infecciones por BMR en España, apuntan entre otros, datos como los siguientes: la mortalidad de los pacientes con infecciones por BMR es 30 veces superior a la de los accidentes de carretera, el 26% del total de estancias hospitalarias se corresponden con infecciones por BMR, el porcentaje de pacientes con infección por BMR que fallecen durante el primer mes de seguimiento es del 20%, es decir, uno de cada cinco afectados acaba muriendo en los 30 días que siguen al diagnóstico de estas infecciones.

El uso excesivo o inadecuado de los antibióticos es un factor determinante para que las bacterias se vuelvan resistentes. Esto representa un riesgo muy importante para [a salud, no sólo para la persona que ha tomado los antibióticos de forma inadecuada, sino para cualquier otra persona que pudiera contraer la bacteria resistente más adelante.

Los antibióticos están perdiendo eficacia a un ritmo que era impensable hace sólo cinco años por su uso inadecuado. Si seguimos consumiendo antibióticos al ritmo actual, Europa podría sufrir un retroceso a la era anterior a los antibióticos, cuando una infección bacteriana habitual, como una neumonía, podía suponer una sentencia de muerte.

España puso en marcha en 2014 un plan para luchar contra las BMR, el Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN). Un plan cuyo objetivo era dar una respuesta integral, desde una perspectiva multisectorial, al importante problema de salud pública que supone la resistencia a los antibióticos, y que fue auspiciado y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que cuenta con la colaboración activa de seis ministerios (Sanidad, Agricultura, Economía, Interior, Defensa y Educación), todas las comunidades autónomas y más de 190 profesionales de la salud humana y veterinaria, pertenecientes a un total de 60 sociedades científicas, organizaciones colegiales, universidades y asociaciones profesionales. Sin embargo, tras cuatro años, los resultados de esta iniciativa no son los esperados, y no se ha atendido esta problemática como resulta necesario.

Así, la primera conclusión del informe el informe JIACRA España, publicado en mayo de 2018, señala: "El consumo total de antibióticos en salud humana en España ha permanecido relativamente constante durante los últimos tres años, aunque comparativamente, según EARS-Net, se sitúa entre los más elevados de Europa. Sin embargo, en el ámbito hospitalario se ha observado un aumento del consumo de antibióticos del 10% desde el año 2012". Mejor es el balance relativo al consumo de antibióticos en veterinaria (14% de reducción en el período 2014-2016), sin embargo todo indica que será preciso impulsar cambios en las políticas sanitarias para reducir el consumo de antibióticos, tanto el consumo humano como en veterinaria.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a destinar las dotaciones económicas necesarias, a:

- Incrementar los recursos técnicos y humanos que permitan hacer frente al grave problema de salud pública que supone la resistencia a los antibióticos, tanto en los hospitales como en la atención primaria.

- Potenciar y promover acciones dirigidas a la educación de los ciudadanos en materia de uso de antibióticos y prevención de infecciones, así como acciones similares sobre la salud animal.

- Promover y facilitar la investigación en el ámbito del diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las infecciones por BMR.

- Impulsar la formación y establecer entre otros, una especialidad de Enfermedades Infecciosas y un periodo formativo suficiente en la especialidad de Microbiología."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Página 91




161/003562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, una Proposición no de Ley relativa al Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia (FSAAD).

Exposición de motivos

El Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (FSAAD), dotado con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene por objeto prestar apoyo financiero a iniciativas empresariales que promuevan y desarrollen proyectos de infraestructuras y/o servicios del citado Sistema.

El Fondo, dotado anualmente desde el año 2009, alcanza en 2018 la cuantía de 86 millones de euros, estando disponibles, según manifiesta el propio Ministerio, 15 millones de euros para la convocatoria de este mismo año.

El 10 de julio se ha abierto el plazo para la presentación de proyectos de infraestructuras y/o servicios del SAAD susceptibles de poder recibir apoyo financiero con cargo al citado Fondo. Y los beneficiarios de esta convocatoria podrán ser empresas y sociedades que presenten proyectos de creación, ampliación y/o adaptación de infraestructuras y/o servicios relacionados con el desarrollo e implantación del SAAD. Su ámbito de aplicación incluye los proyectos de infraestructuras y servicios en los sectores: residencial, centros de día, atención en el domicilio, teleasistencia, accesibilidad y nuevas tecnologías aplicadas a la autonomía personal y a la atención a la dependencia.

El procedimiento y condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los criterios y procedimientos de selección, concesión y control de la financiación a otorgar por el mismo, parecen ser los establecidos en el Convenio de Colaboración firmado en el año 2009 entre los entonces denominados Ministerios de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y los criterios de priorización de proyectos serán, entre otros, la viabilidad económica y técnica y la solvencia del proyecto y de sus promotores, el impacto en el empleo, la concertación de plazas y servicios con las Administraciones Públicas, el efecto multiplicador de la financiación a conceder y la inmediatez de ejecución del proyecto.

Entre 2009 y 2017, la Comisión de Inversiones y Seguimiento del Fondo SAAD ha aprobado la concesión de financiación por importe de 57,6 millones de euros para promover 30 proyectos de inversión y/o financiación de servicios del SAAD. Sin embargo, la información relativa a todos estos proyectos, a las razones por las que fueron seleccionados, a los importes concedidos para su financiación, al impacto y al balance general de casi 10 años de funcionamiento del Fondo, parece a todas luces mejorable. Cabe informar sobre los beneficiarios entre 2009 y 2017 como aparece en la página web del Ministerio, pero parece del todo conveniente incrementar la transparencia y facilitar también información relativa sobre los criterios utilizados para la selección de los proyectos cada año, la financiación concreta de los mismos, el impacto previsto y el real, así como llevar a cabo un balance general del funcionamiento y resultado del Fondo.

Por todo lo expuesto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las medidas oportunas para incrementar la transparencia respecto a la labor y el funcionamiento del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (FSAAD), facilitando sistemáticamente información sobre: los criterios utilizados para seleccionar los proyectos; las evaluaciones realizadas respecto a las solicitudes recibidas, los proyectos y servicios financiados y los importes y tipos de financiación correspondientes a cada uno de ellos, y sobre el seguimiento de los proyectos financiados.


Página 92




2. Elaborar y presentar ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, antes de finalizar el siguiente periodo de sesiones, un informe de balance del funcionamiento del FSAAD y del impacto que han tenido los proyectos financiados por el mismo.

3. Establecer mecanismos para la participación de las CCAA en el funcionamiento y labor del FSAAD."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/003575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un calendario de vacunación común para adultos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La vacunación es una de las estrategias coste-efectividad más importantes en la prevención primaria de las enfermedades infecciosas con que cuenta la salud pública en la actualidad. Las vacunas son un acto de solidaridad que beneficia tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles de infecciones que viven en su entorno.

Mediante el suministro de vacunas se ha conseguido erradicar la viruela; se está finalizando la erradicación de la poliomielitis en el mundo; el sarampión ha dejado de ser un problema frecuente en nuestro medio, y los casos de difteria y otras enfermedades como la tosferina, el tétanos, la hepatitis B o las meningitis meningocócicas B, son excepcionales.

La cobertura de vacunación en la población infantil en España alcanza el 95%, mientras que en adultos es significativamente menor. Entre las vacunas de adultos, la que tiene mayor cobertura es la vacuna frente a la gripe, que se sitúa en torno al 57%, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la campaña de vacunación 2016-2017.

Estas bajas tasas de vacunación del adulto pueden traer consigo consecuencias de gran transcendencia en el ámbito de la salud pública, pudiendo llegar a desplazar enfermedades propias de la infancia a la edad adulta, y provocando mayores complicaciones. Además, no debe olvidarse que los adultos son una fuente de infección para colectivos sin protección, como es el caso de los lactantes, y que se pueden dar brotes en colectivos de adultos no inmunizados o con bajas coberturas de vacunación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y con la implicación de los profesionales sanitarios y pacientes, un calendario vacunal común para adultos, con el objeto de elevar la tasa de cobertura y prevenir enfermedades entre esta población."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 93




161/003579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los pacientes afectados por las clínicas iDental, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

La empresa iDental ha cerrado las 24 clínicas odontológicas que tenía abiertas en toda España, perteneciendo la mayor parte a la Comunidad Valenciana. Unas clínicas que se caracterizaban por los bajos precios, descuentos y facilidades en la financiación de tratamientos.

Los problemas de iDental comienzan en 2017, cuando los trabajadores se ponen en huelga por la falta de pago en sus nóminas y se suceden multitud de reclamaciones por malas praxis por parte de los pacientes. Posteriormente, el fondo de inversión Weston Hill compró la cadena de clínicas dentales iDental por un valor de 25 millones de euros, incluyendo la amortización de la deuda acumulada con su principal proveedor y el pago de las nóminas de sus trabajadores.

Sin embargo, las demandas de pacientes afectados seguían multiplicándose y los empleados seguían sufriendo retrasos en sus nóminas. Muchos pacientes se han quedado sin un tratamiento bucodental, o con un tratamiento a medias, a pesar de haber desembolsado una cantidad de dinero directamente o previamente a través de una financiera. Estas clínicas han cometido numerosas irregularidades, mala praxis, defectuosa prestación de los servicios, falta de atención adecuada y, en algunos casos, aplazamientos y anulaciones de citas.

El Consejo General de Dentistas denunció que las clínicas franquiciadas o de marca, que entre 2013 y 2015 representaban el 6% del total, acumularon el 53% de las reclamaciones. Eso significa que estas clínicas recibieron 25 veces más quejas que las clínicas privadas tradicionales y, además, sus reclamaciones subieron un 48%, mientras que las de las clínicas tradicionales bajaron un 11%.

En muchas de estas franquicias, el control en la toma de decisiones de las clínicas dentales no está en manos de los dentistas, y los tratamientos que precisa el paciente no los decide un odontólogo profesional, sino que se deja en manos de recién graduados y profesionales sin experiencia previa.

Es por ello que FACUA ha creado una plataforma de afectados para asesorar y defender a los pacientes damnificados. En la actualidad están registradas 1.500 personas, y el Consejo General de Dentistas se ha puesto a disposición de los pacientes, recordándoles que pueden contactar "con los Colegios de Dentistas competentes en su zona y con las asociaciones de consumidores y usuarios de su demarcación territorial, donde les informarán sobre sus derechos y las acciones legales que deben emprender".

Asimismo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), ha emitido una información dirigida a los afectados para que conozcan sus derechos, cómo deben actuar, qué documentación tienen derecho a solicitar y cómo reclamar. Los últimos datos de la AECOSAN, que data de finales del 2017, cifran en 1.500 las reclamaciones de afectados por iDental.

El Grupo Parlamentario Popular, preocupado por esta problemática y por la publicidad que se hacía por parte de este tipo de establecimientos, presentó en 2016 una Proposición no de Ley relativa a mejorar y actualizar la regulación de la publicidad de los centros, establecimientos y servicios sanitarios, que fue aprobada por unanimidad. A ello hay que añadir que actualmente se encuentra en fase de consulta pública el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Asimismo, el pasado 26 de abril de 2018 se aprobó una Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad y el funcionamiento de las clínicas dentales en España presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a través de una enmienda transaccional.

Por todo ello, consideramos que el nuevo Gobierno socialista debe implementar las medidas aprobadas y pendientes de desarrollo, así como trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud esta problemática con el fin de acordar medidas para resarcir a los pacientes damnificados por iDental.


Página 94




Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cumplir el mandato de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales el 27 de abril de 2016, en los términos siguientes, a fin de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que:

- Con la colaboración de las asociaciones de consumidores, se refuercen o implanten sistemas de prevención y garantía que eviten o reduzcan los perjuicios a los consumidores ante estas situaciones.

- Se establezcan los protocolos de actuación, en los que participen las asociaciones de consumidores, para canalizar tanto la información como las posibles reclamaciones que afecten a los consumidores y usuarios.

- De común acuerdo con las Comunidades Autónomas, se establezcan medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria. En todo caso, no se podrán incluir ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro tipo de atractivo económico.

- Se impida la demanda al cliente de la financiación o del pago anticipado de tratamientos no realizados.

- Se obligue a que sean transparentes y accesibles al público el nombre y número de colegiado de los especialistas de odontología, especificando también el nombre y el número de colegiado de aquel que ejerza la dirección técnica del centro.

- Se dicten instrucciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que revise la existencia de "falsos autónomos" al servicio de las clínicas.

- Se establezca un portal de transparencia para los prestadores de servicios sanitarios, en el que figuren el tipo, número y porcentaje de tratamientos.

- Se establezca la obligatoriedad por parte de los colegios de Odontólogos, dentro del ámbito de sus competencias, de llevar un registro de resoluciones sobre las reclamaciones realizadas, accesible al público general.

2. Reunir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el objeto de acordar medidas para resarcir a los pacientes damnificados por iDental."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para facilitar el proceso de implementación de la profilaxis pre-exposición (PrEP) en España.

Exposición de motivos

La profilaxis pre-exposición (PrEP), basada en el uso de fármacos antirretrovirales para prevenir la infección del VIH, ha mostrado, en distintos grupos de población de riesgo, su eficacia, seguridad y coste-efectividad.

A pesar de estar aprobada y autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y recomendada por el "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC), "European Centre for Disease Prevention and Control" (ECDC), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) y GeSIDA (Grupo de Estudio del Sida-SEIMC), no está disponible en el sistema sanitario público en España.


Página 95




En el año 2016, en España, se diagnosticaron cerca de 3.400 nuevas infecciones de VIH, algo más de la mitad en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), colectivo en el que el número de casos de infección no ha bajado en la última década.

El Comité de Bioética de España, en su informe sobre la financiación pública del medicamento Profilaxis Pre-Exposición en la prevención de VIH, hace referencia al derecho a la protección de la salud, que a la vez, aparece proclamado en los Tratados y Acuerdos Internacionales, entre los cuales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25.1 manifiesta "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure,(...) la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".

La PrEP debe considerarse como una modalidad de prevención global, dando un enfoque general a la salud sexual y a la salud pública. No debe ofrecerse como una medida de intervención exclusiva con el objetivo de prevenir la infección por el VIH, sino que debe estar prescrita dentro de un plan de prevención global, incluyendo el consejo asistido y la formación.

Actualmente, la PrEP en España se puede comprar privadamente en farmacias hospitalarias de hospitales privados e ilegalmente por internet, hecho que genera inequidad entre las personas que pueden acceder a ella y las que no.

Se debe tener en cuenta qué personas con riesgo de infección son candidatas a incluirse en el programa PrEP, la adherencia a la PrEP es un pilar fundamental en la eficacia de la misma, así como la detección de la población diana basada en la recomendación a las personas que tienen un riesgo elevado de infectarse, y se debe considerar a las personas que puedan tener un riesgo elevado o en los que hay cierta evidencia de beneficio.

Es importante destacar el trabajo planteado por el Instituto de Salud Carlos III, así como BCN Checkpoint y otros de características similares, en la atención y participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales.

El acceso a la Profilaxis Pre-Exposición debe garantirarse en el marco de la sanidad pública española, ya que responde a un método eficaz para evitar la transmisión de la infección por VIH.

Por ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las CCAA:

Facilitar el proceso de implementación de la PrEP y, para ello, avanzar en la actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mediante la inclusión de la PrEP en España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/003566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al gobierno a implementar una estrategia para desarrollar una Ley de Start Ups, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

Hay muchas definiciones de Start Ups, pero sin duda la que nos acerca más a su realidad es que una startup puede ser considerada una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, la startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales.


Página 96




No estamos hablando de una empresa al uso, de una empresa que nuestro código civil regula y que se encuadra en las categorías que están reguladas. Se trata de una estructura diferente, caracterizada por un gran riesgo en sus fases iniciales, por un componente muy fuerte de la I+D+i en sus productos, servicios y procedimientos y con un crecimiento muy rápido.

Estas características diferenciales hace que las start ups que nacen en nuestro país tengan difícil encuadrarse en alguno de las categorías mercantiles que regulan nuestro Código Civil y nuestras leyes. Muchas veces estas start ups nacen de proyectos de investigación de las universidades o centros de investigación a lo largo y ancho de nuestro país, y no dejan de ser proyectos en un estado de maduración más desarrollado, pero proyectos al fin y al cabo.

La ley actual española no discrimina entre lo que es un proyecto y una empresa, no está adecuada a una realidad de miles de empresas de nuestro país que están centradas en la innovación y que, en fases tempranas, usan el ensayo-error y no necesitan convertirse en sociedad de cualquier modalidad si no es para facturar y contratar.

Para poder solucionar esta brecha entre por dónde va el ecosistema innovador en España y sus start ups, y por dónde va el Código Civil se impone crear una mesa de trabajo destinada a proponer soluciones a esta brecha, destinada a proponer soluciones a los principales problemas que se encuentran los investigadores, universitarios o emprendedores que tienen una idea, un proyecto, pero que no saben si tras la I+D+i pertinente eso dará lugar a un modelo de negocio rentable y comercializable.

La nueva realidad del ecosistema emprendedor en nuestro país requiere de nuevas soluciones, de nuevas tipologías societarias que en la práctica se están dando, que requieren una regulación clara pero también una regulación viva que sepa adaptarse a los cambios de estos ecosistemas.

Conseguir que estas grandes empresas potenciales, que en fase embrionaria no son más que una idea o un proyecto, lleguen a convertirse en esas grandes empresas que pueden llegar a ser, supone un gran reto que hay que afrontar facilitando ese tránsito. Eso requiere estudiar una nueva regulación específica para este tipo de entidades que aborde también problemas específicos como la financiación y el crecimiento, ayudando a que cada vez más Start ups se conviertan en ScaleUp de forma exitosa.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar de forma urgente una Ley de Start Ups para facilitar la creación, desarrollo y crecimiento de las mismas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y doña Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la expedición del Suplemento Europeo al Título en las Enseñanzas Artísticas Superiores, para su debate en la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación.

Exposición de motivos

El SET o Suplemento Europeo al Título es un documento actualmente imprescindible en la vida de cualquier estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores. Este suplemento abre las puertas a que la formación que han recibido en España sea validada de la misma manera en cualquier otro país de Europa. De esta forma, cualquier estudiante que tuviera acceso a este documento tendría más facilidades a la hora de obtener una beca ERASMUS+, a la hora de realizar las inscripciones para cualquier Máster o programa de Bachelor europeo y por supuesto para conseguir trabajo.


Página 97




Según dicta el artículo 8 del Real Decreto 197/2015: "Una vez superados los estudios conducentes a los títulos superiores de enseñanzas artísticas y los títulos de máster en enseñanzas artísticas, la Administración educativa expedirá el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo IV de este real decreto. [...] El Suplemento Europeo al Título se expedirá en la lengua cooficial, en su caso, y además en lengua inglesa. La expedición de dicho documento tendrá carácter gratuito". En el Real Decreto 197/2015 se modifican el anterior Real Decreto 1614/2009 y Real Decreto 1850/2009, añadiendo el artículo 8 en el cual se habla de la expedición del Suplemento Europeo al Título realizada por parte de las Administraciones educativas. Este cambio surgió tras una premisa que el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas "sugirió" allá en el año 2010, y así, después de 5 años, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte decidió emitir este Real Decreto 197/2015 en el que no solo se ofrecía la posibilidad, sino que se establecía la obligación de expedir este título.

Tras la emisión del Real Decreto 197/2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte redactó dos guías diferenciadas para los títulos de Grado y Máster en las que se reflejaban detalladamente las instrucciones que deben seguir las Administraciones Educativas para la expedición de los títulos, incluyendo además, de forma específica, el caso de las Enseñanzas Artísticas Superiores. En estas dos guías facilitaba a las administraciones y universidades dos formas de expedición y solicitud del título, de forma electrónica (creando el llamado e-SET) y en papel. Lo único que debían hacer era darse de alta en una de las plataformas indicadas en las guías y ofrecer al alumnado la posibilidad de solicitud.

A pesar de encontrarse dentro de la ley, este precepto no se está cumpliendo: todavía no ha sido expedido ningún SET de Enseñanzas Artísticas Superiores dentro de España. Mientras en la Universidad, los estudiantes tienen derecho a que su título sea expedido sin ningún coste junto al título oficial de graduado cuando terminan su titulación, los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores están recurriendo a los gabinetes de traducción jurada, en los que se gastan cifras impensables para conseguir que los documentos que acreditan sus estudios sean traducidos de forma oficial y válida en toda la Unión Europea.

A diferencia de las titulaciones universitarias de grado, en las cuales las encargadas de expedir los títulos son las universidades, en las Enseñanzas Artísticas Superiores esta tarea es competencia autonómica. De hecho, en prácticamente todos los boletines oficiales autonómicos aparece un número u orden que refleja la obligación de expedir el SET: BOJA n.º 216 de 05/11/2012 (Andalucía), Orden ECD/1779/2016 (Aragón), BOIB Decreto 4/2017 (Islas Baleares), BOC 2017/036 (Canarias), DOCM 2012/2230 Decreto 280/2011 (Castilla-La Mancha), BOCYL 2006/2017 Orden EDU/466/2017 (Castilla y León), CVE-DOGC-B-14161145-2014 Decreto 85/2014 (Catalunya), DOG Núm. 235 Decreto 171/2016 (Galicia), Boletín N.º 91 - 15 de mayo de 2013 (Navarra), DOCV N.º 7805/2016 Orden 23/2016 (Comunidad Valenciana).

La gravedad real de este problema es el evidente incumplimiento de la ley. Para los estudiantes de las enseñanzas artísticas superiores, es de vital importancia la expedición de dicho documento para favorecer y facilitar el derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea.

Por todo ello el grupo Ciudadanos insta al Gobierno a en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Exigir a las comunidades autónomas que expidan este suplemento dando así cumplimento de la ley.

2. Solicitar que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, promuevan una campaña informativa sobre el valor del Suplemento Europeo al Título en los centros de formación de Enseñanzas Artísticas Superiores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 98




161/003599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implantación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

La idea de crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, una red de institutos tecnológicos para investigación aplicada, ha sido recogida en los programas electorales de Ciudadanos para las últimas elecciones generales. Esta iniciativa constituye una apuesta decidida por la implementación de medidas novedosas que estimulen la transferencia de tecnología desde el sector público al sector privado y que fomenten, en última instancia, la innovación empresarial. Se trata de una iniciativa que pone el foco en la transferencia de tecnología desde los centros de investigación a las empresas, con el objetivo de impulsar la competitividad de nuestra economía a partir de una decidida apuesta por el conocimiento. En este sentido, la Red Cervera intenta trasladar a nuestro país las experiencias exitosas de otros países, como la de los institutos Fraunhofer en Alemania o los Carnot en Francia.

La voluntad de implementar esta iniciativa ha quedado patente en numerosas ocasiones: sirva como ejemplo su traslado al acuerdo para la formación de Gobierno suscrito por Ciudadanos y el Partido Popular en agosto de 2016, y posteriormente, a la negociación y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; sin embargo, en este caso, el Gobierno del Partido Popular fue incapaz de poner en marcha la iniciativa y no ejecutó los fondos consignados para ello. Posteriormente, en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 se volvió a incluir una dotación de más de 500 millones de euros para la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, en el programa 467C - Investigación y desarrollo tecnológico-industrial:

- 20 millones de euros de transferencias de capital al CDTI para actuaciones relacionadas con la Red Cervera.

- 400 millones de euros de aportaciones patrimoniales al CDTI para un Fondo de Innovación para Implantación de la Red Cervera.

- 80 millones de euros de aportaciones patrimoniales al CDTI para capitalización de un Fondo de Provisiones Técnicas asociado a los proyectos de la Red Cervera.

- 30 millones de euros de transferencias de capital a la Agencia Estatal de Investigación para actuaciones relacionadas con la Red Cervera.

Sin embargo, cuando parecía que la Red Cervera iba a ser, por fin, una realidad, se produjo el cambio de Gobierno. Pese a que el actual Gobierno ha asumido los Presupuestos Generales del Estado tal y como han sido aprobados, no está garantizado que los fondos destinados a la Red Cervera vayan a ser implementados y ejecutados.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar y ejecutar, a la mayor brevedad, los fondos destinados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 a la creación y puesta en marcha de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, con las siguientes características:

1. La Red Cervera será una iniciativa nacional y coordinada, liderada por Centros Tecnológicos cooperando en red (entre ellos y con otras entidades), para realizar proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en colaboración con empresas.

2. La Red Cervera se formará a partir de capacidades existentes: para ello, se formarán agrupaciones, formadas por Centros Tecnológicos y otros agentes del sistema (universidades, centros de I+D, etc.), según áreas tecnológicas; cada agrupación deberá presentar un plan tecnológico y de negocio que detalle los recursos, actividades, servicios y previsión de clientes que van a tener, que debe ser evaluado, previa la concesión de los fondos para el desarrollo de la agrupación.


Página 99




3. Los presupuestos de la Red Cervera se instrumentarán de la siguiente forma:

a) Por el lado de la oferta tecnológica: ayudas en forma de subvención dirigidas a las agrupaciones tecnológicas con una financiación plurianual, que tendrá una parte estable y una parte variable en función de cumplimiento de objetivos; al finalizar el período, se evaluará el alcance de los objetivos logrados y la conveniencia de prorrogar la financiación.

b) Por el lado de la demanda tecnológica: ayudas en forma de préstamo (sin garantías) dirigidas a empresas, fundamentalmente pymes, para la realización de proyectos de I+D+i con las agrupaciones tecnológicas (y en su caso para la adquisición de servicios tecnológicos).

4. La iniciativa debe tener un sistema de evaluación externa riguroso, tanto del programa como de la concesión y de la evolución de cada una de las agrupaciones, y de carácter internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Irene Rivera Andrés y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003600

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a la inversión y la cooperación europea e internacional en materia de inteligencia artificial, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

Los cambios tecnológicos han sido constantes a lo largo de la historia. No obstante, estos cambios no llegan a través de una evolución lineal ni homogénea en el tiempo. Las mejoras tecnológicas sufren largos ciclos, alternándose períodos de escasez de avances con momentos de intenso crecimiento: a estos momentos de intenso crecimiento se les suele llamar "revoluciones industriales". Estas olas tecnológicas se caracterizan por la aparición y puesta en práctica de tecnologías que provocan rápidos avances transversales y generalizados en diferentes sectores productivos.

En estos últimos años estamos experimentando una nueva revolución industrial basada en la red, el uso intensivo de la computación y el desarrollo de tecnologías como son la inteligencia artificial y los sensores (el internet de las cosas). Sin embargo, conviene recordar que los cambios tecnológicos necesitan de una fuerte inversión, pública y privada.

En este sentido, el pasado mes de mayo, la Comisión Europea presentó un enfoque europeo para impulsar la inversión en materia de inteligencia artificial. El vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, declaró lo siguiente: "Al igual que hicieron la máquina de vapor y la electricidad en el pasado, la lA está transformando el mundo. Plantea nuevos retos que Europa debe afrontar unida a fin de que la lA pueda tener éxito y beneficiar a todos. Debemos invertir al menos 20 000 millones de euros de aquí a finales de 2020. La Comisión está cumpliendo su parte: hoy, damos un impulso a los investigadores para que puedan desarrollar la próxima generación de tecnologías y aplicaciones de la lA, así como a las empresas, para que puedan adoptarlas e integrarlas".

Europa, al igual que nuestro país, cuenta en el ámbito de la inteligencia artificial con investigadores, laboratorios y empresas emergentes de primera categoría. Sin embargo, la feroz competencia internacional (fundamentalmente, de Estados Unidos y de China) exige una actuación coordinada para que nos podamos situar a la vanguardia del desarrollo de este campo.

Algunos países ya han tomado la iniciativa, de forma individual o coordinada. Por ejemplo, el pasado mes de marzo conocíamos que el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, está apostando decididamente por poner a Francia a la cabeza en inteligencia artificial: para ello, hasta 2022, destinará 1.500 millones de euros de fondos públicos al Plan de Inteligencia Artificial para promover investigación y proyectos en la materia; además, aseguró que este será el primer campo de aplicación del Fondo para la Innovación y la Industria que lanzó a principios de 2018, dotado con 10.000 millones de euros.


Página 100




Por otra parte, el acuerdo de Gobierno al que llegaron la CDU y el SPD en Alemania incluía la voluntad de cooperar con Francia en materia de inteligencia artificial. Recientemente, conocíamos que lo harán mediante el establecimiento de redes a nivel nacional en ambos países y conectándolas posteriormente. Por ello, España no solo no puede perder el tren de la inteligencia artificial, sino que debe ser una de sus locomotoras.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar decididamente la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la inteligencia artificial.

2. Favorecer, impulsar y apoyar iniciativas que mejoren la capacitación de los recursos humanos en estas tecnologías.

3. Solicitar y ejecutar los distintos instrumentos de la Unión Europea (fondos y ayudas) que permitan financiar la investigación, el desarrollo y la innovación en este ámbito.

4. Sumarse a los proyectos de cooperación bilateral o multilateral en materia de inteligencia artificial que se pongan en marcha a nivel europeo e internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Marta Martín Llaguno, Irene Rivera Andrés y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/003550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Noelia Vera y Ana Terrón, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa al proceso de Paz y la defensa de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia.

Exposición de motivos

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016; un acuerdo histórico que tenía como objetivo poner fin a décadas de violencia e impunidad. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los diversos actores de "post-conflicto" la información que llega sobre el desarrollo del Proceso de Paz en Colombia resulta preocupante. La violencia continúa en el país de una forma alarmante y representando riesgos para la población civil, líderes y lideresas sociales, sindicalistas y defensores/as de derechos humanos. Tanto es así que Colombia registra el asesinato de un/a líder/esa social cada tres días desde la firma de la paz con las FARC.

La ausencia del Estado en las zonas de las que se ha retirado la guerrilla, está dando lugar a una presencia cada vez más acusada y peligrosa de grupos armados, y del narcotráfico, que están cometiendo asesinatos de líderes/as locales y defensores/as de derechos humanos; algo que ocurre no solo en zonas que anteriormente controlaban las FARC sino también en territorios fronterizos de los países vecinos, siendo la frontera norte de Ecuador uno de los puntos en donde más se ha incrementado. La ausencia de estado lleva a una reconfiguración de diferentes actores, entre los que destacan disidentes de las FARC o nuevas narco-guerrillas relacionadas con el narcotráfico internacional, por el control de los recursos naturales, incluido la producción y tránsito de drogas, que amenazan a la paz, especialmente en las áreas rurales. Además, hoy, en al menos un tercio de la geografía nacional, hay personas que siguen teniendo grandes necesidades humanitarias.


Página 101




Las FARC estén cumpliendo con lo acordado, han abandonado definitivamente las armas y se han convertido en un partido político que busca participar plenamente del proceso democrático. Tal como ha certificado la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, las armas y los depósitos de explosivos se han entregado y Naciones Unidas está inhabilitando las primeras y el gobierno colombiano está destruyendo los segundos. Los ex guerrilleros están avanzando en su proceso de re-integración a la vida civil.

Pese a que el sistema legal y constitucional de Colombia esté acogiendo las reformas precisas para que los compromisos del Acuerdo se implementen y el futuro del país se construya sobre ellos, existen importantes retrasos en la puesta en marcha de la implementación legislativa y las modificaciones introducidas en el ámbito jurídico acordado, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz. En este sentido, como ya manifestó el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al Consejo de Seguridad del pasado día 10 de enero de 2018, la lentitud en la elaboración del nuevo marco que permita la plena participación política, y en general en la puesta en marcha de la totalidad de medidas de reincorporación es preocupante. Igualmente, es preocupante la falta de recursos económicos para la compensación y reparación a las víctimas del conflicto. Por ello, hay un número creciente de comunidades que se sienten frustradas por la falta de garantía para que sus derechos sean respetados y es urgente que los complejos mecanismos de justicia transicional funcionen a plenitud y no dejen lugar a dudas en su implementación.

A su vez, Colombia ocupa un puesto importante en la acción española en materia de cooperación internacional. La cooperación española hacia Colombia cuenta con dos frentes principales. Por un lado, España es uno de los más importantes contribuyentes al fondo fiduciario de la Unión Europea para Colombia con el fin de respaldar el proceso de paz que tiene por objeto, entre otros, de prestar asistencia técnica en materia de derechos humanos. Por otro lado, y en el plano bilateral, desde la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, España está comprometida a contribuir con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la construcción de una paz estable y duradera y la prevención de conflictos en Colombia, dando especial importancia a la consolidación de los procesos democráticos y del Estado Social de Derecho donde una de sus principales líneas de acción era la "Cultura de paz y Derechos Humanos". Además, Colombia cuenta con un acuerdo de libre comercio con la UE a través del cual operan diferentes empresas transnacionales de origen europeo. Todo ello, hace que la responsabilidad de España para con el proceso de paz de Colombia sea un asunto de primer orden.

En este contexto, y teniendo en cuenta la situación actual de Colombia, es necesario que el Gobierno de España refuerce su contribución a que los actores colombianos continúen con su compromiso de construcción de una paz estable y duradera, fruto de la negociación y la concertación, pues de no atenderse de manera apropiada y urgente la situación de los asesinatos de líderes y lideresas y las amenazas a organizaciones sociales, será imposible que podamos hablar de paz en Colombia.

Por ello y porque el apoyo de la comunidad internacional es fundamental para que la paz se consolide y no se vea comprometida, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, proponemos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Seguir el ejemplo de NNUU y de los Gobiernos de Noruega y Holanda, y reforzar el apoyo de España al Proceso de Paz abierto en Colombia, con el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, así como respaldar las negociaciones que tienen lugar en La Habana entre el ELN y el Gobierno Colombiano.

2. Promover que la Unión Europea renueve y refuerce igualmente su apoyo al proceso de Paz, alentando el cumplimiento de los acuerdos de La Habana y respaldando las negociaciones, así como contribuir a asegurar que el fondo fiduciario de la UE para la paz en Colombia se convierta en un elemento efectivo para respaldar este objetivo.

3. Condenar públicamente los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente, líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras y excombatientes, alentando al Gobierno de Colombia a poner en marcha planes de prevención y protección, con un enfoque diferencial y concertado con las comunidades, así como a promover investigaciones rápidas e imparciales que permitan identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.


Página 102




4. Reforzar el compromiso de España con el Proceso de Paz, mediante la financiación, desde AECID, de proyectos que se vinculen, por un lado, con los acuerdos firmados en La Habana y con los que se puedan firmar en un futuro, y por otro lado, con la protección de las comunidades, líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DDHH, especialmente en los territorios más amenazados.

5. Que en la atribución de España al Fondo Fiduciario de la UE para Colombia, que es ayuda oficial al desarrollo, se financien actividades de desarrollo local y estén alineadas con los objetivos de la política de cooperación española recogidos en la Ley 23/1998, de 7 de julio, y que en su implementación se observen los principios de eficacia del desarrollo internacionalmente acordados.

6. Que en el seno de la UE, promueva la adopción de cláusulas vinculantes en materia de derechos humanos que cuenten con mecanismos sancionadores que aseguren que ninguna empresa transnacional que opera bajo el paraguas del acuerdo comercial Unión Europea-Colombia se aprovecha de la situación de impunidad para incrementar su lucro a costa de cometer abusos de derechos humanos en el territorio colombiano."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2018.-Noelia Vera Ruíz-Herrera, Ana Belén Terrón Berbel y Aina Vidal Sáez, Diputadas.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Igualdad

161/003554

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad relativa al reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente con perspectiva interseccional en el marco del Decenio Internacional para los afrodescendientes (2015-2024).

Exposición de motivos

En cumplimiento de las obligaciones jurídicas del Estado español y del marco internacional de Derechos Humanos desde una óptica integral e interseccional, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ve la necesidad de señalar que la erradicación y denuncia del racismo, la xenofobia, el sexismo y las formas conexas de intolerancia, es tarea de todas y todos, especialmente de las autoridades públicas y políticas a todos los niveles.

Creemos firmemente que la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político son los cimientos de un Estado social y democrático tal y como señala la Constitución Española. Por tanto, compete a los poderes públicos la responsabilidad de garantizarlas de manera efectiva tanto a nivel individual como colectivo. Para ello, entendemos fundamental fomentar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social. Esto sería imposible sin la garantía de que todas las personas somos iguales ante la ley y, por consiguiente, todas debemos tener el derecho a igual protección contra las discriminaciones que vulneren los derechos adquiridos tras la ratificación la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 7) y Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 26).

Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) compromete a cada uno de los Estados Parte a garantizar los derechos reconocidos en ambos marcos internacionales sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (ICCPR art. 2 e ICESCR art. 2.1). El reconocimiento de estos derechos garantiza la participación de todas las personas en los asuntos públicos, el derecho a votar y ser elegido y al acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas del Estado (ICCPR art.2). En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también encontramos la obligación del Estado de no negar a las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas el derecho a tener su propia vida cultural, a


Página 103




profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma (ICCPR art. 27). Por otra parte, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos señala que el sentido de la dignidad y el desarrollo pleno de la personalidad humana son dos de los ejes principales por los cuales se debe proteger el derecho de toda persona a la educación con el fin último de fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (ICESCR art. 13).

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Programa de Acción de Durban y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer subrayan la fundamental tarea de luchar contra el racismo y todo tipo de discriminación en aras de defender el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todas las personas. En este sentido, las normas internacionales señaladas son complementadas por la Directiva 200/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, estableciéndose una serie de obligaciones concretas y específicas para respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones independientemente de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, diversidad funcional, edad u orientación sexual.

Por otra parte, las Naciones Unidas a través de la resolución 68/237 establecieron el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) bajo el lema "Reconocimiento, Justicia y Desarrollo". El objetivo fundamental de este marco es que los Estados implementen medidas en beneficio de las comunidades afrodescendientes.

De esta forma, reconoce las contribuciones que han realizado a nuestras sociedades y asume que la implementación del Decenio es un punto fundamental en la consolidación de la promoción de la igualdad y la lucha contra todo tipo de discriminación. La puesta en marcha de este programa forma parte integral de la aplicación plena y efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y se atiene a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En referencia a España, la Recomendación n.º 38 del último informe para España del CERD recomienda que se preparen e implementen medidas y políticas públicas enmarcadas en el Decenio y se lleve a cabo un documento que informe sobre las medidas concretas adoptadas en este marco.

Así mismo, consideramos que toda política pública debe realizarse desde la perspectiva interseccional para entender y responder a las maneras en las que el racismo utiliza el género en relación con la "raza", cultura, etnia, edad, orientación sexual, identidad de género o la clase social entre otras categorías, como justificación del acceso desigual de las mujeres a sus derechos, desde un enfoque integral.

En este sentido, la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2001) señala en su punto 69 lo siguiente:

"Estamos convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos."

Por su parte, también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, en su Recomendación General XXV, Dimensiones de la Discriminación Racial Relacionadas con el Género (2000), señala en el punto 1:

"El Comité observa que la discriminación racial no siempre afecta por igual a las mujeres y a los hombres, ni de la misma forma. Hay circunstancias en que la discriminación racial afecta única o principalmente a las mujeres, o las puede afectar de manera diferente, o en un grado distinto, que a los hombres. Estos tipos de discriminación racial pueden pasar desapercibidos si no se reconocen y reivindican explícitamente las diversas experiencias de la vida de mujeres y de hombres, en los ámbitos público y privado de la vida colectiva."

Por ello, el análisis interseccional de nuestra Proposición no de Ley nos permite comprender el complejo entramado que opera en las violencias contra las mujeres de la comunidad africana y afrodescendiente. Un sistema donde diferentes ejes de opresión se entrelazan y retroalimentan entre sí para dar lugar a vulneraciones de derechos que son enfrentadas sistemáticamente por las mujeres africanas y afrodescendientes. De manera concreta, los derechos de las mujeres africanas y afrodescendientes colisionan con la Ley de extranjería, los mecanismos de control migratorio, la restricción de derechos, el (no) acceso a la ciudadanía, la heteronormatividad, la falta o insuficiencia de redes sociales de apoyo, la percepción de los recursos públicos más como amenaza que como fuente de


Página 104




protección, la negación de su agencia, sus saberes y capacidades generando o reproduciendo distintas formas de violencia que trascienden el ámbito de la pareja o la ex pareja.

Por otra parte, la lucha contra la discriminación racial en base al reconocimiento de la diversidad social y cultural es algo que señala la recomendación n.º 6 del último informe para España del CERD:

"Teniendo en cuenta su recomendación general n.º 8 (1990) relativa a la interpretación y la aplicación del artículo 1 de la Convención, reflexione sobre cómo perfeccionar herramientas para poder recabar y publicar datas demográficos sobre la composición de la población desglosados por comunidades territoriales y adoptar, con ese fin, métodos adecuados, garantizando la auto adscripción identitaria, y el anonimato."

La población africana y afrodescendiente de España está fuertemente invisibilizada por siglos de políticas que promueven un proyecto de país eurocéntrico y ajeno a su verdadera diversidad cultural y poblacional. A pesar de las iniciativas parlamentarias previas, siguen sin implementarse leyes específicas de reconocimiento y reparación por los crímenes esclavistas y coloniales con perspectiva interseccional en los que España ha sido parte activa. El concepto de memoria histórica relevante en lo social, cultural y económico no se aplica, aunque continúa siendo determinante en la historia del país. Por ello, entendemos que reflejar la diversidad social y cultural a través de estudios, es una de las tareas imprescindibles para acabar con la invisibilización derivada de asumir falazmente que las comunidades diversas son muy minoritarias en España. Entendemos que este es un relato que contradice la historia de la Península Ibérica que ha mantenido una relación constante, intensa y profunda durante milenios con África, Abya Yala (hoy América) y Asia.

El relato histórico oficial que se traduce en los programas educativos, así como las políticas culturales y científicas, insiste en negar la importancia de las comunidades no europeas en la historia de España, generando un estereotipo de comunidades ajenas y "recién llegadas". De esta manera, se construyen esquemas interpretativos rígidos que impiden romper lógicas de invisibilización e impiden el reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente cuyas contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas son constitutivas de nuestra sociedad.

Así mismo, consideramos que la recogida de datos demográficos sobre la composición de la población de las comunidades africanas y afrodescendientes es una herramienta para la justicia social utilizada ya en Abya Yala o Reino Unido, pero que España se niega a implementar por una interpretación errónea del concepto de datos de carácter sensible. Como resultado no es posible hacer un diagnóstico adecuado del tipo de discriminaciones, directas e indirectas, que afrontan las personas en atención a la diversidad social y cultural con perspectiva interseccional.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos jurídicos señalados, el racismo, la xenofobia y el sexismo siguen manteniendo una relación directa con la desigualdad y las desventajas políticas, sociales y económicas que sufren las comunidades afrodescendientes. Tanto las personas descendientes de las víctimas del crimen de la trata atlántica de personas esclavizadas, como las personas con experiencias migratorias más recientes, motivadas por las relaciones Norte-Sur asimétricas, patriarcales y neocoloniales, constituyen algunos de los grupos sociales más desempoderados.

Diferentes estudios realizados por organismos internacionales y nacionales demuestran que las comunidades afrodescendientes desde una óptica interseccional, todavía tienen un acceso limitado a servicios de educación y salud de calidad, a la vivienda y la seguridad social. Con frecuencia son objeto de discriminación en la administración de justicia y se enfrentan a tasas alarmantes de violencia policial, estereotipos sobre la maternidad, retiradas de custodias, así como a la aplicación de perfiles delictivos en función del género, la "raza" y la edad. Además, es fundamental señalar los bajos niveles de participación política, tanto a la hora de ejercer el voto como en el ejercicio de cargos políticos.

Por otra parte, se hace imprescindible reconocer las iniciativas de las comunidades afrodescendientes, que han luchado contra la esclavitud, contra el colonialismo en el pasado y que en la actualidad siguen combatiendo las vulneraciones de derechos y el desempoderamiento social, económico y político. Fruto de su trabajo incansable son las siguientes iniciativas:

- Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la comunidad negra española y sobre memoria de la esclavitud, reconocimiento (2010).

- Proposición no de Ley relativa al apoyo a la comunidad negra, africana, afrodescendiente en España (2010).

- Proposición no de Ley relativa a la mejora de la convivencia y promoción del desarrollo, justicia y reconocimiento de una sociedad diversa, con especial apoyo a la población afrodescendiente (2014).


Página 105




- Modificaciones a la Proposición no de Ley relativa a la memoria de la esclavitud, reconocimiento y apoyo a la comunidad negra, africana y afrodescendientes en España (2014).

- Celebración de Afromadrid 2015, conferencia que dio lugar a la Carta y la Declaración de Afromadrid.

- Declaración DIASPORAS de la I Semana internacional de la Afrodescendencia del año 2011 en el marco del Año internacional de los Afrodescendientes proclamado por la ONU.

- La Declaración de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno (Cádiz, 2012 comunicación especial sobre los afrodescendientes).

- Declaración Institucional del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por unanimidad, en la cual se asumió apoyar el Decenio Internacional para los Afrodescendientes y el desarrollo de medidas en favor de la comunidad africana y afrodescendiente.

Además de la comunidad afrodescendiente, cabe mencionar a las comunidades originarias del norte de África y países árabes y las comunidades con origen en Abya Yala (América). Son estos grupos, desempoderados mediante categorías discriminatorias ficticias y socialmente construidas, quienes han liderado las exigencias a diferentes gobiernos, instituciones y entes sociales en referencia al reconocimiento de la diversidad existente en nuestra sociedad y quienes han llevado los conceptos de justicia social y equidad hasta sus últimas consecuencias.

Derivado de lo anteriormente expuesto, entendemos que el Gobierno de España debe abordar la lucha contra el racismo desde un enfoque interseccional que incluya el reconocimiento de la diversidad social y cultural existente en nuestro país. Así mismo, sabemos que el diálogo con las organizaciones y personas expertas en la materia pertenecientes a la comunidad africana y afrodescendiente debe ser directo. Por supuesto, somos conscientes de la necesidad de incluir a las organizaciones y expertas feministas de manera paritaria para elaborar e implementar políticas públicas efectivas que aborden las discriminaciones múltiples.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Impulsar por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad:

- La elaboración de una Estrategia que asuma el contenido íntegro del programa de acción contenido en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).

- La realización de estudios demográficos, a partir de datos desagregados, sobre la situación económica, política y social de la comunidad africana y afrodescendiente desglosados por comunidades territoriales.

- La elaboración e implementación de un plan que aborde la discriminación racial contra las mujeres de la comunidad africana y afrodescendiente, así como las desventajas, obstáculos y dificultades que no permiten el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como consecuencia del racismo y las formas conexas de intolerancia.

2. Crear, en el seno de la Secretaria de Estado de Igualdad, un grupo de seguimiento, formado por asociaciones africanas y afrodescendientes y personas africanas y afrodescendientes con formación en diferentes ámbitos, para proponer y analizar políticas públicas dirigidas a la comunidad africana y afrodescendiente.

3. Erigir un monumento a las víctimas de la esclavitud hispánica y otro a las víctimas del colonialismo en Guinea Ecuatorial.

4. Implementar un sistema exprés de cambio de nombre y apellidos como medida reparatoria y de memoria histórica que permita a las personas de ascendencia africana renunciar, si así lo desean, a los nombres impuestos en contexto esclavista, colonial o neocolonial, y adoptar unos nuevos de su elección.

5. Crear un Instituto de Cultura Afrodescendiente en España que deberá estar regido por personalidades e instituciones africanas y afrodescendientes no tuteladas en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte en el plazo de dos años.

6. Impulsar, por parte de la Secretaría de Igualdad y la Secretaría de Estado de Migraciones, medidas que desarrollen todas las observaciones finales sobre el informe vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero, realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en su último examen a España.


Página 106




7. Poner en marcha los mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de discriminación por motivos raciales o de origen ante los diferentes operadores jurídicos y ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el fin de erradicar los controles de identidad en los que se tenga en cuenta el perfil étnico.

8. Impulsar, por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad, una nueva Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, estableciendo un plazo para ello y garantizando la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales no tuteladas y el Parlamento.

9. Impulsar un Plan Estatal Integral de Convivencia en el que se otorgue la máxima prioridad a medidas comunitarias, educativas y sociales que prevengan el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación. Este plan debe promover la recuperación de la memoria, la reparación de las víctimas de las fronteras y el avance en el proceso de descolonización simbólica y material, contemplándose en dicho proceso:

- Realización de un acto oficial de reconocimiento de la participación española en los crímenes esclavistas y colonialistas y una petición de perdón por parte de las instituciones del Estado a las víctimas y sus descendientes.

- Redacción, por parte de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de contenidos educativos específicos sobre la relación histórica de España, con África, América y Asia para ser incluidos en los currículos de las asignaturas de la educación pública primaria y secundaria en el plazo de doce meses.

- La eliminación de símbolos esclavistas y coloniales de las calles, así como los nombres de calles, plazas, avenidas e instituciones relativos a personas implicadas en crímenes coloniales y esclavistas en las ciudades españolas, sustituyendo esta simbología esclavista y colonial por nombres de personajes y momentos históricos ligados a las diferentes resistencias que se dieron contra la esclavitud, el colonialismo y el racismo.

10. Monitorear, por parte de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la diversidad en las grandes empresas para implementar políticas de acción afirmativa.

11. Redactar, en el plazo de 6 meses, un informe, que se remitirá a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en el cual se presenten los avances realizados en la implementación del contenido de esta Proposición no de Ley.

12. Todas las medidas anteriormente propuestas deberán contemplar una perspectiva interseccional y contarán con la participación directa de la sociedad civil africana y afrodescendiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Confederal Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la respuesta institucional contra la Trata de Personas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Grupo Parlamentario Ciudadanos quiere mostrar su firme compromiso en la lucha contra esta lacra que supone un gravísimo atentado a la dignidad de miles de personas que san captadas en sus lugares de origen con fines de explotación sexual.

Entre fas más de 600.000 personas que, se calcula, cruzan las fronteras internacionales víctimas de la trata, aproximadamente el 80% son mujeres y la mitad son menores. Por desgracia, España es uno de


Página 107




los principales destinos de esas personas víctimas de explotación sexual. La mayoría son mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años que provienen de Nigeria, Rumania, China, Brasil y Bolivia.

Aunque no hay datos exactos, la Unidad de Extranjería de fa Fiscalía General del Estado identificó a 386 mujeres víctimas de trata en 2016 (33 menores de edad): 365 captadas para fines de explotación sexual, 15 para explotación laboral, 3 para matrimonios forzados, 2 para mendicidad y una relacionada con actividades delictivas. La trata de personas, corno cada una de las formas de violencia machista, ha de ser objeto de un tratamiento integral que dé respuesta adaptada a las características especiales de esta criminalidad en lo relativo al ámbito penal así corno apoyo especializado a las víctimas.

Se trata, por tanto, de un problema que requiere de medidas urgentes y eficaces: no podemos esperar más.

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario impulsó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en octubre de 2017, que requirió al Legislativo a presentar una Ley que dé respuesta integral a esta problemática y recogió una serie de disposiciones lamentando "[...] el auge de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la esclavitud de nuestro tiempo y una realidad en Europa y en nuestro país. La misma supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de fa persona, y constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios, basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación.

Asimismo, en el Pacto se afirmaba que "La lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, ha pasado a ser prioritaria en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por ser un crimen que no es neutral en términos de género" y quedó evidenciada a lo largo de las comparecencias de la Subcomisión la necesidad de avanzar en una respuesta integral y transnacional, con compromisos de cooperación con los países de origen que ya quedan recogidos en el presente Pacto.

Concretamente, se incluyeron las siguientes medidas:

31. Promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en campos de refugiados y refugiadas (trata, agresiones sexuales...).

196. Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas las viviendas.

194. Reforzar la persecución de oficio del delito de trata, y poner en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas.

195. Evaluar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, para que se protejan los derechos humanos básicos de las víctimas de trata a pesar de la estancia irregular.

196. Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas las viviendas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dar cumplimiento, en el plazo de seis meses, a los acuerdos recogidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género relativos a la lucha contra la Trata de Personas, involucrando al conjunto de las administraciones públicas y tejido asociativo y, en particular, a presentar una Ley que dé una respuesta integral a esta problemática.

2. Dotar de los medios necesarios a las Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicadas a la lucha contra la Trata de Personas, para que puedan seguir realizando su extraordinaria labor en la erradicación de esta práctica criminal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2018.-Patricia Reyes Rivera, Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, María Virginia Millán Salmerón y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 108




Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/003552

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Según los últimos datos oficiales publicados por el IMSERSO en relación al número de personas discapacidad, en España existen más de 3.378.000 personas con discapacidad. El camino para conseguir su plena y total inclusión ha andado mucho camino y atravesado muchas barreras, pero es cierto que aunque la normativa va hacia esa senda de la igualdad, la realidad práctica, en ocasiones, nos demuestra que aún queda recorrido. En esa interactuación diaria, en ocasiones, existen barreras que impiden o dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad, y poder gozar de los distintos servicios y derechos en igualdad de condiciones con los demás.

El marco normativo para que las personas con discapacidad gocen de su plena inclusión e igualdad de derechos en el ámbito sanitario se encuentra regulado entre otras en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En el capítulo I del Título I se recogen los Derechos de los ciudadanos y entre otros en su artículo 4, se establece el derecho a recibir información sobre los derechos que les otorga esta ley, así como sobre las vías para ejercitar tales derechos y a recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a las mismas. En el citado artículo se recoge además que toda la información se facilitará para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con discapacidad de cualquier tipo.

Así mismo, en dicha norma se articula también el derecho a la igualdad, preceptuando que todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de su discapacidad.

Por otro lado la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, garantiza que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española, y su acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva, debiendo de superar las políticas de salud, cualquier tipo de desequilibrios. Así, en el artículo 10 de la citada normativa se recoge que todos tienen derecho a que en las distintas administraciones públicas sanitarias se respete su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que nadie pueda ser discriminado por razón de su discapacidad. En este sentido, deben en consecuencia, todas las administraciones públicas sanitarias, tal y como recoge la citada normativa, dar la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder, debiendo de efectuarse dicha información en formatos adecuados, de manera que resulten accesibles y comprensibles para las personas con cualquier tipo de discapacidad.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dentro de su ámbito de aplicación, establece como objeto de la misma, garantizar la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. En dicha normativa en su Disposición adicional cuarta, que regula las necesidades asociadas a la discapacidad, establece que el Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o usuarios con necesidades especiales, asociadas a la discapacidad, los derechos en materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en esta Ley.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 23 garantiza la accesibilidad, manifestando que todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley en condiciones de igualdad efectiva.


Página 109




En el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, regula entre otros, el derecho a la protección de la salud. En su Artículo 10, se establece que las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

En dicho decreto recoge también el derecho de vida independiente y en consecuencia a la accesibilidad de estas, por lo que todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente. Por ello, los poderes públicos, en este caso, deben de adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, tanto en los entornos, productos y servicios, en información y en las comunicaciones, incluyendo los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en los medios de comunicación social, como en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

Por su parte el artículo 23.2.c) este Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben incluirse en las disposiciones o normativa, indica como medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o situaciones para las personas con discapacidad, los "apoyos complementarios", como medidas directamente relacionadas con la información y comunicación. Se incluye en los apoyos complementarios, según este articulado, las ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

En la Administración General del Estado encontramos hasta el año 2016 un Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad, que tenía la accesibilidad universal como uno de los objetivos generales. Un objetivo, que a la luz de los resultados que han obtenido las políticas del anterior ejecutivo en materia de accesibilidad, no se ha cumplido en las fechas estipuladas. Una accesibilidad que todavía tiene tareas pendientes, especialmente en lo que al acceso a servicios sanitarios se refiere.

En el caso de la Administración General del Estado, el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad a los centros sanitarios adscritos a diferentes departamentos ministeriales, como por ejemplo los relativos al Ministerio de Defensa, así como a los centros sanitarios de Ceuta y Melilla, especialmente a sus respectivos hospitales.

En consecuencia, el marco normativo para la atención sanitaria a las personas con discapacidad es amplio, pero su vigencia y aplicación práctica, nos lleva en la vida diaria de las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, a que en demasiadas ocasiones no se materialice dicha regulación en la citada atención o comunicación sanitaria, haciéndose en consecuencia necesario, además de la prolifera regulación una aplicación práctica y concreta de la misma, que nos lleve en definitiva a una eliminación total de discriminación o barrera de cualquier tipo, ante cualquier tipo de discapacidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, en un plazo no superior a dos meses, un registro de los centros hospitalarios y de salud bajo su responsabilidad directa o responsabilidad del INGESA donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial (visual, auditiva o ambas) y las personas con discapacidad intelectual, entre otras.

2. Elaborar un informe en el que se recoja:

- Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reunir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, y en particular la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los servicios de interpretación y de video interpretación en


Página 110




lengua de signos para personas sordas en los centros sanitarios; así como las condiciones básicas de los servicios realizados a través de uso de dispositivos tecnológicos como son las plataformas de información y servicios sanitarios, etc.

- El calendario de la implementación de las condiciones en materia de información y comunicación accesibles, con la incorporación inicial y escalada de los recursos y medidas en la red del sistema sanitario andaluz.

3. Llevar a cabo, tras la elaboración de dicho registro que se describe en el punto 1 y el informe del punto 2, en un plazo no superior a seis meses, todas las actuaciones necesarias para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de salud de bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA un sistema adaptado que permita la información, comunicación y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, en especial auditiva o visual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003576

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, puesta en marcha en 2016, define las enfermedades neurodegenerativas como aquellas patologías, hereditarias o adquiridas, en las que se produce una disfunción progresiva del sistema nervioso central.

Además establece, de acuerdo con el "National Institute of Neurological Disorder and Stroke Study", que hay más de 600 enfermedades neurodegenerativas, entre las que destacan, por su alta prevalencia y gravedad, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Esta misma estrategia reconoce que estas enfermedades crónicas tienden a generar una gran discapacidad física y social y, por lo tanto, dependencia y disminución de la calidad de vida, conllevando un importante padecimiento individual de la persona afectada y de sus familias, además de la aparición de su correspondiente repercusión laboral, económica y sociosanitaria.

La rápida progresión de estas enfermedades compromete cada vez más la autonomía personal, lo que, en muchas ocasiones, requiere la actuación de las Administraciones Públicas para poder combatir las situaciones de dependencia que se originan en la persona e impactan irremediablemente en su entorno.

En la actualidad, la normativa que reconoce a las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% no contempla específicamente este tipo de enfermedades como coadyuvantes para obtener el grado de discapacidad que les podría corresponder ante las situaciones inhabilitantes que producen.

Ese motivo, unido a la realidad y a las necesidades diarias que generan los cursos de estas enfermedades, concretamente la ELA, rápidamente progresivas, hacen necesario continuar impulsando medidas a favor de las personas con enfermedades neurodegenerativas y de sus familias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a adoptar unos criterios comunes


Página 111




para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad y/o del reconocimiento de la situación de dependencia de las personas con enfermedades neurodegenerativas, concretamente de aquellas con ELA, siendo necesario que puedan obtener los mismos en el plazo de 15 días desde su solicitud y que estos se puedan iniciar desde el momento del diagnóstico médico confirmado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la informatización del modelo de examen teórico de conducción, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

El proceso de modernización de la administración electrónica es un paso más de mejora y de servicio de calidad que la Dirección General de Tráfico ha de ofrecer al ciudadano. La formación de los conductores no puede estar exenta de esta evolución.

El caso de las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducción constituye un problema que es necesario abordar para lograr una efectiva igualdad de oportunidades en la realización de estos exámenes.

Uno de los retos a corto plazo debe ser que todos los exámenes teóricos sean iguales, estén informatizados y dejen de existir en el formato papel. Es necesario que en el proceso de formación el ciudadano asimile los conocimientos, comportamientos y conductas para lograr formar a un conductor responsable, seguro y que sepa reaccionar ante cualquier situación.

Para ello, es esencial buscar medidas dirigidas a alcanzar criterios de uniformidad nacional a la hora del proceso de examen para evitar que se produzcan desigualdades en función del territorio consiguiendo de este modo que los exámenes sean los mismos con independencia de la provincia de que se trate Para ello, el "papel cero" debe llegar también a la Dirección General de Tráfico.

Entre las indudables ventajas que supone la implantación de este sistema informatizado caben citar: la realización de exámenes individualizados, la corrección automática y segura realizada mecánicamente por el propio sistema informático instalado en el ordenador y la publicación de los resultados al día siguiente en la página web de la DGT a efectos de consulta del propio interesado.

Con la eliminación de los exámenes de papel y la implementación de los exámenes teóricos informatizados para todos los aspirantes a obtener el permiso de conducción reforzamos la seguridad y evitamos posibles actividades fraudulentas que son una importante amenaza para el futuro de la seguridad vial.

Por último, no hay que olvidar que en muchas Jefaturas de tráfico ya se realizan los exámenes con este nuevo modelo. Se han examinado 864.377 candidatos desde que, en diciembre de 2010, se informatizó la primera aula. Hay que destacar que este sistema de examen ha recibido el accésit de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública convocados por la Agencia Estatal de Evaluación de Calidad, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar impulsando la puesta en marcha de la informatización del modelo de examen teórico para la obtención del permiso de conducir en todas las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico para lograr en el año 2018 una igualdad de todos los


Página 112




examinandos en la que se garantice la calidad y seguridad jurídica del proceso de examen teórico en todo el territorio nacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la seguridad vial de los usuarios de las autopistas españolas, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La Red de Carreteras del Estado está gestionada bien directamente por el Ministerio de Fomento o indirectamente a través de contratos de concesión. En la red gestionada indirectamente mediante contrato de concesión, el concesionario debe en todo momento mantener la vialidad sobre la base de su contrato. Si bien el Ministerio de Fomento tiene la competencia de la gestión y de la explotación de la red que gestiona directamente, en el caso de los tramos concesionarios son las sociedades concesionarias las que además de explotar directamente la vía, tienen la capacidad formal y material de adoptar las medidas necesarias en materia de gestión del tráfico siendo responsables de la explotación.

El expediente de penalización contractual, abierto a la empresa concesionaria de la AP-6, la AP-61 y la AP-51, con motivo del colapso ocasionado los días 6 y 7 de enero de 2018, que ocasionó que miles de usuarios quedaron atrapadas en las tres vías anteriormente señaladas, ha concluido con la imposición de una multa de 1.200 euros tras concluir que la empresa concesionaria había incumplido su contrato en lo referente a la obligación de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización.

La sanción impuesta que es la máxima permitida al amparo de la Ley de Autopistas, ha causado una indignación general en la ciudadanía, especialmente en las miles de personas que se quedaron atrapadas en primer fin de semana del año.

En aras a proteger la seguridad vial de todos los usuarios de la red viaria de peaje de España mediante la garantía que existirá siempre por parte de los concesionarios de las infraestructuras la máxima cautela en el mantenimiento, conservación y vigilancia de las infraestructuras que gestionan.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un endurecimiento de la sanciones a las empresas concesionarias de infraestructuras viarias en aras a garantizar la vialidad en perfectas condiciones de las autopistas y la seguridad vial de sus usuarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción de los limites de velocidad en determinadas carreteras convencionales de la red viaria, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.


Página 113




Exposición de motivos

La velocidad, ya sea excesiva o inadecuada, es un problema de seguridad vial en muchos países según establece la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) y la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (ECMT). Según ambos organismos la mitad de los conductores circulan a velocidad inadecuada y un veinte por ciento supera en 10 km/h el límite establecido.

Cada año, más de un millón de conductores circulan a velocidades superiores a la permitida. En España la velocidad inadecuada estuvo presente en el 21% de los accidentes con víctimas mortales ocurridos en 2016, dando como resultado 350 fallecidos en la red viaria.

Durante la campaña de vigilancia y control de velocidad puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico en abril de este año, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron la velocidad a 456.327 vehículos resultando 20.823 conductores infractores por exceso de velocidad en la conducción lo que corresponde al 4,6% de los vehículos controlados en carreteras convencionales y al 5,8% de los controlados en vías de alta capacidad.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de la Circulación, fijan la normativa aplicable a los límites genéricos y específicos de velocidad, velocidad en adelantamiento y distancias entre vehículos.

No respetar los límites de velocidad es un elemento fundamental que determina científicamente la mayor o menor incidencia en la siniestralidad vial, la gravedad y el grado de lesión de las víctimas en caso de accidente de tráfico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Concienciar mediante una campaña especifica de comunicación en los accesos de las autopistas y autovías, en colaboración con las concesionarias de las autopistas en su caso, para que sus usuarios respeten los límites de velocidad establecidos.

2. Incrementar las campañas de vigilancia de velocidad en la red viaria por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

3. Implementar en la normativa y legislación viaria una reducción de los límites de velocidad en aquellas carreteras convencionales de calzada única e intersecciones al mismo nivel y siempre atendiendo a la conservación y trazado de la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a reforzar el compromiso de la tolerancia cero de alcohol en los conductores jóvenes, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La relación entre el consumo de alcohol y la probabilidad de accidente de tráfico es significativa y tiene una importantísima prevalencia en el contexto de la Seguridad Vial. El consumo de alcohol produce en los conductores una importante merma en las capacidades perceptivas y el incremento de la conducción temeraria.

Gran parte de los implicados en los accidentes de tráfico, en los que se encuentra el alcohol como factor del resultado, son jóvenes. En los últimos años el consumo de alcohol se ha generalizado entre los más jóvenes.


Página 114




En los jóvenes los efectos del alcohol sobre la conducción son más relevantes si cabe. Las características asociadas a la propia juventud hacen que este colectivo de edad sea particularmente vulnerable.

Las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre "Una estrategia de la UE para la reducción de los daños relacionados con el alcohol" (2015/C 418/03) invita a los Estados Miembros a reforzar la cooperación en la búsqueda de medidas eficaces y buenas prácticas encaminadas a minimizar los impactos sanitario y social, así como las desigualdades en materia de salud derivadas del consumo nocivo de alcohol, centrándose en particular en la prevención de las conductas arriesgadas de consumo entre los jóvenes, en las personas que consumen alcohol en cantidades nocivas o en función de patrones nocivos de consumo, en el consumo de alcohol durante el embarazo y en la conducción bajo los efectos del alcohol.

Con fecha 24 de abril de 2018 fue aprobada en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de las Drogas la Ponencia "Menores sin Alcohol". Una Ponencia que nació ante la preocupación de la sociedad por el consumo de alcohol de nuestros menores.

La principal recomendación de la Ponencia fue elaborar una ley, dotada de una financiación clara, pública, suficiente y finalista, de prevención del consumo de alcohol para menores de edad que contemple, como objetivo primordial, retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.

La Ponencia señala que las acciones y programas que desarrollen las Administraciones Públicas comprenderán actuaciones en diferentes ámbitos, entre ellos, en materia de la seguridad vial.

En este ámbito sería conveniente que la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados haga propias las recomendaciones de la Ponencia y refuerce el compromiso de la tolerancia cero en el binomio alcohol y conducción.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a:

1. Desarrollar, en los materiales y currículo educativo obligatorio de las autoescuelas y en especial en aquellos que estén destinados a la obtención de autorizaciones administrativas para la conducción de vehículos de las que puedan ser titulares los menores de edad, contenidos que aborden los riesgos y efectos del consumo de drogas en general, así como los relacionados con la prevención del consumo de alcohol y en la educación vial.

2. Desarrollar acciones y campañas de sensibilización y de concienciación dirigidas específicamente a la prevención de accidentes de tráfico derivados del consumo de bebidas alcohólicas, en el marco de las acciones preventivas generales que se desarrollen para la prevención de la siniestralidad vial, haciendo hincapié ante la pronta incorporación de los menores a la conducción.

3. Establecer una tasa de alcohol "0" en conductores menores de edad.

4. Valorar la prohibición de cualquier publicidad, patrocinio o promoción de bebidas alcohólicas en cualquier medio de transporte público, por el bien de la reducción de la siniestralidad de nuestros conductores.

5. Promover campañas conjuntas para menores con la DGT en temas de adicciones.

6. Valorar en la nueva Ley de Seguridad Vial, basándose en las políticas que han apoyado y conducido a una mayor concienciación de los conductores en lo que respecta al consumo de alcohol al volante, las modificaciones relativas al descenso de la tasa de alcohol permitida en alcohol expirado y en sangre generalizado para todos los grupos etarios con especial incidencia en los conductores menores de edad y jóvenes así como al aumento de las sanciones asociadas a las tasas de alcohol permitidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 115




161/003581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a analizar las posibles mejoras de seguridad de la Nacional 432 en la provincia de Badajoz entre Azuaga y Granja de Torrehermosa, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Durante los últimos años son muchos los diferentes estudios tanto de centros nacionales como el RACE o le propia DGT y algunos internacionales como EuroRap que coinciden en que varios de los tramos con mayor peligrosidad de toda la red de carreteras nacionales está focalizada en la Nacional 432 que une Badajoz con Córdoba y Granada y especialmente en los tramos que unen las variantes de las localidades de Azuaga y Granja de Torrehermosa.

Dentro de esta carretera Nacional destaca el tramo de 10,7 kilómetros que une las localidades antes citadas, y concretamente en algunos cruces sin desvíos en esta carretera nacional.

Se trata de una carretera nacional en buen estado de conservación con un IMD de 2500 vehículos diarios, en tramos sin dificultades orográficas y sin, a priori, obstáculos naturales que predijeran esta accidentalidad que supone una media de un accidente anual en ese tramo de carretera.

Durante estos años se están realizando mejoras e inversiones importantes en esta vía, como la anunciada recientemente a su paso por zafra, creando una variante con más de 30 millones de euros de presupuesto y que se suma a las inversiones constantes en el mantenimiento y mejora de la vía.

Asimismo se han reforzado las marcas viales y las protecciones laterales, adaptando en muchos tramos protecciones especiales para motos, ya que san muchos los motoristas que al transitan por esta vía a diario.

Todo esto no ha derivado en poder mejorar la calificación de Alto Riesgo de estos tramos específicos de la N432 ente los kilómetros 142 y 153, y se impone la necesidad de realizar un análisis más profundo de esas causas y elaborar un catálogo de posibles mejoras a aplicar en estos tramos y por ende en otros similares en otras vías de otras zonas para reducir esta accidentabilidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar las posibles mejoras de seguridad de la Nacional 432 en la Provincia de Badajoz entre Azuaga y Granja de Torrehermosa, principalmente en algunos cruces peligrosos, para así reducir la siniestralidad de la vía y poder reducir su riesgo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adaptación de las pruebas para la obtención del permiso de conducir a personas con dislexia, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizada, entre otros síntomas, por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y por un déficit en las habilidades de decodificación lectora. Estas dificultades son consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada, ya que otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora es adecuada. Por lo tanto,


Página 116




existe una alteración que afecta a la funcionalidad de la conducta lectora que impide al sujeto extraer correcta y eficazmente la información escrita y que afecta a su adaptación académica, personal y social.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 20% del alumnado tiene dificultades específicas de aprendizaje y el 10% tiene dislexia. De acuerdo con los datos disponibles, se estima que la dislexia tiene una incidencia del 15% entre los españoles, y conlleva dificultades en áreas relacionadas con la ortografía, la escritura, la pronunciación de palabras y la expresión oral, entre otras. Se requiere, por tanto, la implementación de una serie de actuaciones fundamentales para que este colectivo desarrolle sus capacidades educativas, emocionales y sociales con todos sus derechos y garantías, por ejemplo, la adaptación de las pruebas para la obtención del permiso de conducir.

Las necesidades específicas de aprendizaje y de evaluación de este tipo de alumnado difieren de las necesidades de otros alumnos, precisando modelos adaptados a sus características. Desde la Federación Española de Dislexia (Fedis) se han remitido peticiones a las administraciones públicas de cara a implantar elementos que faciliten las evaluaciones a estas personas. Por ejemplo, solicitan que se adapten los tiempos a las necesidades de este alumnado, que se adapten los modelos de examen, que se adapten las pruebas de evaluación o que se utilicen técnicas específicas que mejoren la comprensión de las pruebas, tanto teóricas como prácticas.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y, en su caso, llevar a cabo, las modificaciones necesarias que permitan adaptar de forma efectiva las pruebas teóricas y prácticas para la obtención del permiso de conducir a las circunstancias específicas de las personas con dislexia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2018.-Irene Rivera Andrés y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Antonio Roldan Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Fomento

181/001201

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné.

Texto:

¿Cuál ha sido la última auditoría que se ha realizado en el túnel de Lilla, Camp Magré y Puig Cabrer de la línea de Alta Velocidad Tarragona-Madrid? ¿Con qué resultado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.


Página 117




181/001202

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿Qué viaductos similares al viaducto Polcevera de Génova existen en España y tienen catalogados el Sistema de Gestión de Puentes (SGP)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001203

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

En Tarragona, el puente colgante de Amposta ¿Cuándo pasó la última evaluación sobre el estado de la infraestructura? ¿Con qué resultado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001204

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿Cuántos puentes de carreteras se han inspeccionado en España los años 2016 y 2017? ¿Cuáles y de qué provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001205

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné


Página 118




Texto:

¿Cuándo se realizó la última auditoría en los viaductos del Puente de la Constitución en Cádiz, el de Rekalde en Bilbao, y el de Martorell en Barcelona? ¿Cuál fue el resultado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001206

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿Qué viaductos superiores a 500 metros de longitud existen en España y dónde se encuentran? ¿Cuántos de ellos pasan por encima de líneas de ferrocarril y viviendas en España, detalles de los mismos ordenados por provincias? ¿Cada cuánto tiempo se realiza una auditoría sobre los mismos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001207

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿Con qué periodicidad se realizan auditorías por parte de Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en los túneles de la red ferroviaria convencional y de Alta Velocidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001208

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿En qué estado se encuentra contrabóveda de cañón en el túnel de Lilla? ¿En estos años se ha producido algún tipo de desplazamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.


Página 119




181/001209

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿Cuál ha sido la última auditoría que se ha realizado en los tramos de Pina de Ebro en los que en su día se produjeron socavones? ¿Cuál fue el resultado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/001210

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Texto:

¿En la línea Figueres-Madrid de Alta Velocidad existen tramos de limitación de velocidad? ¿Cuáles y por qué motivos? ¿Coincide alguno con los tramos donde en su día se detectó la existencia de materiales expansivos formados por argilitas y lutitas yesíferas con altos contenidos en anhidritas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/035218

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre documentación generada por los distintos ex Presidentes del Gobierno en el ejercicio de sus funciones que permanece en su ámbito privado, así como documentación clasificada que está custodiada por entidades de carácter privado, y previsiones para que la gestión y custodia de dicha documentación se realice de acuerdo al Sistema Español de Archivos.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 120




A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

La Fundación Felipe González gestiona el archivo del expresidente del Gobierno, un archivo de singular importancia sobre un periodo fundamental de la historia de España.

En la página web de dicha fundación se asegura que "en España, la documentación que afecta a la Presidencia del Gobierno, al carecer de carácter administrativo, ha quedado al margen de las normas y las prácticas que rigen la conservación de la Administración General del Estado. Por ello, buena parte de la documentación generada por los distintos presidentes del gobierno de la democracia en España, al no ser archivos públicos, permanecen en su ámbito privado".

Sin embargo, atendiendo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no parece que eso deba ser así. En el apartado 2 del artículo cuarenta y nueve de dicha Ley se establece que "forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios." Además, el apartado 1 del artículo cincuenta y cuatro deja claro que "quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda".

En cualquier caso, en el archivo presidencial de la Fundación Felipe González existirán seguramente documentos y materiales de carácter privado, pero también documentación pública y otra probablemente clasificada conforme a la Ley de Secretos Oficiales.

¿Cuál es el criterio del Gobierno para la gestión y custodia de la documentación generada por un expresidente en el ejercicio de su función?

¿Qué conocimiento tiene el Gobierno sobre el tipo de documentación generada por los distintos expresidentes españoles en el ejercicio de sus funciones y que permanece en su ámbito privado?

¿Qué datos tiene el Gobierno sobre documentación clasificada que esté custodiada por entidades de carácter privado? ¿De qué entidades privadas se trata?

¿Se va a tomar alguna medida para que la documentación generada por expresidentes del gobierno se gestione y custodie de acuerdo al Sistema Español de Archivos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.

184/035428

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM).

Retirada de su pregunta sobre motivo por el que no se ha aprobado aún el Real Decreto de transposición de la Directiva 2015/720/UE y, por tanto, para no empezar a cobrar desde el 01/03/2018 las bolsas de plástico de un solo uso.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Página 121




En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/035573

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM).

Retirada de su pregunta sobre partidas de medio ambiente para el año 2017 ejecutadas y no ejecutadas, así como motivos por el que no aparecen reflejadas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal