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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 375, de 22/06/2018
cve: BOCG-12-D-375
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de junio de 2018

Núm. 375


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

PLENO

051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)

DIPUTACIÓN PERMANENTE

061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página4)

GRUPOS PARLAMENTARIOS

010/000011 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página4)

JUNTA DE PORTAVOCES

031/000011 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página5)

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

152/000002 Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos... (Página6)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas EBAU... (Página6)

162/000677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la representatividad democrática en el campo... (Página8)

162/000678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a organizaciones de afectados y afectadas por las clínicas Idental en distintos territorios de España... (Página10)

162/000679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de niños y niñas de cero a tres años... (Página13)


Página 2




162/000680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano... (Página15)

162/000681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con VIH... (Página17)

162/000682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado... (Página19)

162/000683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Plan de inversiones en materia de infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra... (Página21)

162/000684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres víctimas de violencia machista... (Página24)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

PLENO

051/000002

A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.

Bajas:

ÁBALOS MECO, José Luis 15-06-2018

BATET LAMAÑA, Meritxell 15-06-2018

GONZÁLEZ RAMOS, Manuel Gabriel 19-06-2018

RAJOY BREY, Mariano 15-06-2018

ROBLES FERNÁNDEZ, Margarita 15-06-2018

Altas:

CHAIB AKHDIM, Mohammed 19-06-2018

LÓPEZ SOMOZA, Gema 19-06-2018

MARTÍNEZ FERRO, María Valentina 19-06-2018

PIQUER SANCHO, Alicia 19-06-2018

B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.

Barcelona:

CHAIB AKHDIM, Mohammed PSOE

Madrid:

LÓPEZ SOMOZA, Gema PSOE

MARTÍNEZ FERRO, María Valentina PP

Valencia:

PIQUER SANCHO, Alicia PSOE

C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.

Nombre: PIQUER SANCHO, Alicia.

Circunscripción: Valencia.

Número: 377.

Fecha: 19 de junio de 2018.

Formación electoral: PSOE.

Nombre: LÓPEZ SOMOZA, Gema.

Circunscripción: Madrid.

Número: 378.

Fecha: 19 de junio de 2018

Formación electoral: PSOE.


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Nombre: CHAIB AKHDIM, Mohammed.

Circunscripción: Barcelona.

Número: 379.

Fecha: 19 de junio de 2018.

Formación electoral: PSOE.

Nombre: MARTÍNEZ FERRO, María Valentina.

Circunscripción: Madrid.

Número: 380.

Fecha: 19 de junio de 2018.

Formación electoral: PP.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

061/000008

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

(061/000006)

Vocales:

Baja:

RAJOY BREY, Mariano 15-06-2018

Grupo Parlamentario Socialista

(061/000005)

Vocales:

Bajas:

ÁBALOS MECO, José Luis 15-06-2018

BATET LAMAÑA, Meritxell 15-06-2018

GONZÁLEZ RAMOS, Manuel Gabriel 19-06-2018

ROBLES FERNÁNDEZ, Margarita 15-06-2018

GRUPOS PARLAMENTARIOS

010/000011

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

(010/000007)

Número de miembros a 19 de junio de 2018: 134.

Baja:

RAJOY BREY, Mariano 15-06-2018

Alta:

MARTÍNEZ FERRO, María Valentina 19-06-2018


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Grupo Parlamentario Socialista

(010/000002)

Número de miembros a 19 de junio de 2018: 82

Bajas:

ÁBALOS MECO, José Luis 15-06-2018

BATET LAMAÑA, Meritxell 15-06-2018

GONZÁLEZ RAMOS, Manuel Gabriel 19-06-2018

ROBLES FERNÁNDEZ, Margarita 15-06-2018

Altas:

LÓPEZ SOMOZA, Gema 19-06-2018

PIQUER SANCHO, Alicia 19-06-2018

JUNTA DE PORTAVOCES

031/000011

Grupo Parlamentario Socialista

(031/000002)

Portavoz:

Alta:

LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana 19-06-2018

Portavoces Adjuntos:

Bajas:

BATET LAMAÑA, Meritxell 15-06-2018

LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana 19-06-2018

Altas:

HERNANZ COSTA, Sofía 19-06-2018

ZARAGOZA ALONSO, José 19-06-2018

Portavoces sustitutos:

Bajas:

HERNANZ COSTA, Sofía 19-06-2018

PONS SAMPIETRO, Pere Joan 19-06-2018

Altas:

PEÑA CAMARERO, Esther 19-06-2018

SUMELZO JORDÁN, Susana 19-06-2018


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COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

152/000002

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(152) Comisión de Investigación (art. 52).

Autor: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

Ampliación de la motivación de su solicitud de nueva prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, hasta el 30 de noviembre de 2018.

Acuerdo:

Ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de dicha Comisión hasta el día 30 de noviembre de 2018, comunicando este acuerdo a la citada Comisión y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000676

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Martín Llaguno y Francisco lgea Arisqueta, Diputados del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, sobre la armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas EBAU, para su discusión en Pleno.


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Exposición de motivos

Ante los eventos ocurridos en Extremadura ayer en las pruebas de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU), en la que más de 3.000 alumnos van a tener que repetir parte de la prueba ante una posible filtración parcial de los exámenes, Cs reclama una vez más la integración de la EBAU entre las distintas CC.AA.

Este hecho representa el último de varios problemas que se han generado en torno a las existencia de 17 pruebas con contenidos, niveles de exigencia y de personal corrector distinto en cada una de ellas. Por mucho que se intente resaltar las particularidades de cada territorio, la realidad de los datos de algunas CC.AA. muestra que estas diferencias no parecen ser coherentes con los resultados de los estudiantes en esa comunidad a lo largo de su vida académica, sea en las evaluaciones continuas sea en pruebas externas estandarizadas. Tampoco con los resultados universitarios posteriores.

Uno de los ejemplos más claros es el caso de la Comunidad de Castilla y León (CyL), líder en rendimiento competencial en pruebas como PISA (520 puntos de media) y a la vez con una media de 6,2 en la EBAU, una de las notas más bajas. Para poner estos resultados en contexto, en España existen al menos siete CC.AA. que, de acuerdo con PISA, tienen un rendimiento significativamente más bajo en lectura, matemáticas y ciencia, un mayor porcentaje de alumnos con bajo rendimiento, peores índices de equidad y que,sin embargo, presentan medias en la EBAU superiores. Tanto es así que, a pesar de que CyL tiene con diferencia los mejores resultados PISA (ilustración más abajo, según fuentes de la propia OCDE), la media en el EBAU del conjunto del territorio es significativamente más alta que de CyL.

Average performance

The headline indicator for the three subject areas: science, mathematics and reading. Average performance refers to all 15-year-old students in a country/economy regardless of the school type and grade attended. Small differences between countries and over time may be statistically insignificant.

[**********página con cuadro**********]

Aún más sorprendente es el hecho de que, siendo CyL una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnos excelentes en PISA, solo un 9,5 % de alumnos obtiene un sobresaliente en la EBAU, por debajo de al menos catorce CC.AA. Como puede observarse en el siguiente gráfico, en competencia lectora la diferencia con el conjunto del territorio es muy significativa.

Share of top performers

Top-performing students in science can use abstract scientific ideas or concepts to explain unfamiliar and more complex phenomena and events. In mathematics, they are capable of advanced mathematical thinking and reasoning. In reading, top performers can retrieve information that requires the student to locate and organise several pieces of deeply embedded information from a text or graph.

[**********página con cuadro**********]


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Otro factor que genera desigualdades en el acceso son las tasas de pago por acceder a las pruebas. Según el desglose por comunidades recogido en el Observatorio del Sistema Universitario, La Rioja copa el primer puesto con 193 euros de desembolso, seguida de Aragón con 186 y de CyL con 183 euros. Por contra, se encuentran los 53 euros de Castilla-La Mancha, los 63,7 de Galicia o los 78,3 de Extremadura. En el resto de comunidades los precios varían dentro de este rango.

Estas diferencias tanto de resultados como de procedimientos y de tasas para el acceso a la prueba suponen un perjuicio para miles de estudiantes y señalan una vez más las enormes diferencias territoriales existentes como uno de los mayores condicionantes a la hora de acceder a la universidad y en las posibilidades de movilidad de los estudiantes.

No solo supone una profunda injusticia la aparente inequidad en la evaluación, sino que además los resultados adolecen de transparencia al no ser estos publicados por centro educativo en un gran número de CC.AA. como Baleares, Cataluña o Andalucía. Los estudiantes y familias no pueden conocer con anterioridad a la elección de centro cuál ha sido el histórico de resultados y del porcentaje de aprobados en cada centro educativo de esa comunidad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Abrir un proceso de negociación, en el seno de la Conferencia Sectorial, para desarrollar un sistema de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad homogéneo que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación y corrija los desajustes territoriales que existen tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la universidad.

2. Instar a las Comunidades Autónomas a que desarrollen mecanismos de publicidad para las notas medias agregada por centro educativo de la Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad en los boletines oficiales de cada Comunidad Autónoma y a habilitar un portal web donde esta información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos.

3. Abrir el debate en el seno de la Mesa Sectorial para armonizar las tasas de pago por acceder a las pruebas de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) por CC.AA, estableciendo unas horquillas en base al coste operativo de las mismas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2018.-Marta Martín Llaguno y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000677

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la representatividad democrática en el campo, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Tradicionalmente la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se ha determinado de forma indirecta, mediante las elecciones a las Cámaras Agrarias que convocaban las comunidades autónomas al amparo de la legislación básica del Estado, constituida por la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras Agrarias, actualmente derogada. De acuerdo con esta ley se consideraban más representativas las organizaciones profesionales que obtenían el 10 por ciento de los votos a nivel nacional y el 20 por ciento a nivel de comunidades autónomas. La supresión de la legislación básica de Cámaras Agrarias en 2005, está en el origen de los actuales problemas para medir la representatividad.

La Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, también derogada, pretendía establecer un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito nacional, y medir la


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representatividad en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado. La condición de funcionamiento de dicha ley era que las comunidades autónomas convocaran elecciones a Cámaras Agrarias o sus órganos representativos agrarios, a fin de poder determinar qué organizaciones alcanzaban el porcentaje mínimo exigido para ser considerada más representativa en el ámbito nacional. Sin embargo, como la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, había derogado la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecían las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, las comunidades autónomas disponían desde 2005 de varias posibilidades para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su territorio y todas ellas igualmente válidas. La existencia de varios criterios hacía difícil determinar la representatividad estatal, ya que es imposible considerar simultáneamente resultados electorales y resultados de otros procedimientos.

En este contexto se presenta a tramitación y se aprueba la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que trató de ordenar esta situación y arbitrar un nuevo procedimiento a nivel estatal. La Ley entre otras cuestiones prevé la creación de un Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en cuestiones de interés general agrario y rural.

Sin embargo, esta ley no nace con el consenso suficiente entre todas las organizaciones profesionales agrarias y desde su primer momento fue contestada.

En primer lugar, las organizaciones agrarias consideran imprescindible determinar el objeto y alcance de la representatividad. No se trata solo de impulsar procesos electorales, se trata de otorgar al sector un espacio definido y real de participación y concertación en todos organismos y consejos de la Administración General del Estado en los cuales se debatan e informen asuntos que les afectan.

En segundo lugar, la misma Ley 12/2014 estipula que la representatividad de las organizaciones agrarias se determinará mediante consulta entre los electores definidos en el artículo 4 de la norma, de acuerdo a un censo construido con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 6. Precisamente la construcción del mismo "censo de electores" es una de las cuestiones más criticadas. El artículo 6.4 y 6.5 de la Ley establece los supuestos de inclusión en el censo, de los cuales, dos de ellos son muy contestados.

La ley establece como primer requisito para la inclusión en el censo, el estar afiliados y afiliadas a la Seguridad Social como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin embargo, el segundo de los supuestos para tener acceso a participar en el censo se reduce simplemente al hecho de percibir pagos directos de la Política Agrícola Común superiores a 5000 euros al año. Siendo que en España no se ha producido una clarificación de las personas que tienen derecho a recibir ayudas directas de la PAC, y el número de perceptores de las ayudas triplica el de agricultores y agricultoras profesionales, y siendo que, por otra parte, el 42 % de los perceptores de PAC reciben menos de 5000 euros al año, parece que este segundo criterio establecido por la Ley impulsada por el Ministro Arias Cañete, pretendía dar cabida en el proceso electoral en el campo a personas que nada tenían que ver con el ejercicio profesional de la actividad. Pero, además, la misma ley permitía la inclusión en el censo electoral de personas cuyos ingresos de la agricultura, fueran exclusivamente aquellos procedentes de la PAC, en cuyo caso, estos deberían ser superiores a los 5.000 euros. Este criterio es a todas luces contrario a una orientación profesional del proceso de representatividad.

La Ley 12/2014, de 9 de julio, establece, asimismo, el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor del reglamento de desarrollo para la convocatoria de la primera consulta, pero condicionada a que en el plazo de tres meses el Gobierno presente un Reglamento que permita su convocatoria. Con el mismo objetivo, se limita también a tres meses el plazo para la convocatoria de la misma una vez se hayan dictado las disposiciones reglamentarias preceptivas. El problema es que este reglamento nunca llegó a publicarse.

Mientras tanto, la disposición transitoria única de la Ley 12/2014 mantiene la existencia, composición y funcionalidad del Comité Asesor Agrario y la condición de más representativas para las organizaciones que ya la tuvieran reconocida, de acuerdo con la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.

Transcurridos casi cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2014, no se ha elaborado el reglamento de desarrollo, lo que ha dilatado en exceso la provisionalidad de la situación prevista por la


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Disposición transitoria única, impidiendo la convocatoria de la consulta para determinar la cuestión de la representatividad de las organizaciones agrarias.

Los cambios relevantes que se producen en el sector agrario hacen necesaria la continuidad de una interlocución eficaz e imparcial con las organizaciones agrarias, por lo que es necesario no demorar más la situación de provisionalidad y garantizar la participación de las personas agricultoras en los asuntos públicos y mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias. La inacción con respecto a la aplicación de esta ley también ha traído como consecuencia directa que ciertas organizaciones agrarias hayan visto vulnerado su posibilidad de participar en igualdad de condiciones ante la falta de claridad en la representación.

Desde la entrada en vigor de la Ley 12/2014, de 9 de julio, se han celebrado procesos electorales en diversas comunidades autónomas, en concreto, en Cataluña, Castilla y León, Madrid y Extremadura. Estos procesos han permitido ir actualizando la representatividad del sector ante sus respectivos gobiernos autonómicos, y precisamente en este punto surge el tercer motivo fundamental de discrepancia puesto que la Ley no clarifica de manera adecuada qué sucede con los resultados de los procesos electorales autonómicos que se hayan celebrado cuando se convoque el proceso a nivel estatal.

A pesar de todas estas circunstancias, en este momento, la pluralidad organizativa en el sector agrario y ganadero, la necesidad de fortalecer la representatividad y participación en la definición de las políticas que les afectan, la obligación da otorgar la visibilidad a las mujeres agricultoras y ganaderas que la Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, expresa, o incluso el interés que pudiera tener un mayor protagonismo de la juventud agraria, exige clarificar toda esta situación, siempre con el consenso adecuado del conjunto de organizaciones agrarias.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Abrir de manera urgente un espacio de trabajo con el conjunto de las organizaciones agrarias para determinar con el máximo consenso posible las reformas necesarias en la Ley 12/2014, de 9 de julio, para llegar en el plazo de un año a un acuerdo que permita determinar de manera justa la representatividad sectorial de la forma más amplia e integradora posible.

2. Culminar el proceso de consenso en torno a la Ley 12/2014 con la convocatoria de la consulta y la posterior conformación del Consejo Agrario, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley.

3. Garantizar la representatividad adecuada de las mujeres agricultoras y ganaderas, titulares o cotitulares de las explotaciones agrarias de acuerdo con los objetivos de la Ley 35/2011 de titularidad compartida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2018.-Jaume Moya Matas y Rosana Pastor Muñoz, Diputados.-Txema Guijarro García y Lucía Martín González, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a organizaciones de afectados y afectadas por las clínicas Idental en distintos territorios de España, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En 2016, el Observatorio Sectorial de la consultora DBK presentó un estudio sobre los sectores relativos a centros especializados, entre los que se encuentran las cadenas de marcas y franquicias dentales. Estas empresas presentaron un incremento interanual del 13,4 % respecto al 2015, convirtiéndose en el principal motor de crecimiento del sector de los centros médicos especializados por


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delante de las clínicas de estética o las oftalmológicas. Este crecimiento se prevé que continúe durante los próximos años al estar potenciado por los planes de crecimiento de algunas de estas cadenas, según nos señala el citado estudio.

Las cifras acerca del crecimiento de este tipo de negocio esconden una realidad que debería preocuparnos, tanto a la clase política como a la sociedad en general, puesto que, varias de estas cadenas de clínicas de odontología corporativa han cerrado en los últimos años dejando a miles de pacientes sin tratamiento, con crédito bancarios y a empleados y proveedores con deudas pendientes.

La proliferación de este tipo de clínicas dentales se ha amparado en una defectuosa regulación que ha permitido la creación de una burbuja que proporciona dinero fácil y rápido, y el incremento en un 30 % de las denuncias por mala praxis en los últimos cinco años. Los especialistas también señalan que el carácter de franquicia de muchos de estos establecimientos dificulta los litigios a la hora de reclamar responsabilidades por parte del paciente.

La entrada de este modelo empresarial en las clínicas de asistencia dental ha abierto el sector a propietarios no pertenecientes a la profesión odontológica. Muchas de estas empresas buscan abaratar costes y conseguir una mayor rentabilidad en el menor plazo de tiempo posible, potencian la contratación de profesionales en régimen de prestación de servicios (autónomos) en detrimento de las contrataciones por cuenta ajena (régimen de laboralidad).

Las lógicas mercantilistas que imperan en este sector provocan que las situaciones de precariedad, de abuso y fraudulentas se conviertan en una realidad ampliamente establecida. Una mayoría de los profesionales ven reducidos al mínimo sus derechos laborales, en muchas ocasiones, sin poder acogerse al convenio colectivo de la empresa o del sector. La desprotección profesional llega a la situación de despedidos sin que el empresario tenga que presentar justificación alguna ni pagar finiquito. El sindicato CC.OO. denunció hace unos meses, que tras las protestas por el impago de los salarios correspondientes a cuatro mensualidades, empleados de la empresa Idental se han visto perseguidos por los nuevos propietarios de la empresa.

Otra problemática que afecta a los profesionales de las clínicas dentales es el intrusismo. En el año 2015, el Colegio de Odontólogos de Madrid informó que en diciembre que se habían registrado 15 denuncias por intrusismo, una cifra que crece si añadimos las denuncias presentadas por otros Colegios de España.

Es necesario realizar una revisión de la legislación que protege a los profesionales del sector para velar por el respeto de sus derechos laborales y por su autonomía en la información y decisión de los tratamientos a realizar a los pacientes.

El actual modelo empresarial no solo precariza la situación de los y las profesionales sino que además pone en riesgo la salud de miles de pacientes al utilizar en los tratamientos materiales de muy baja calidad.

Son decenas las organizaciones que se han creado en los últimos años para defender los intereses de los miles de afectados por este tipo de clínicas. Zaragoza, Madrid, León, Alicante y diversas ciudades de Andalucía, son territorios donde están teniendo una importante demanda estas organizaciones de defensa de los pacientes afectados. Asimismo, advierten de la desprotección de las personas afectadas por parte de la Administración Pública.

Las asociaciones como "Actora Consumo" y "Adafi" son organizaciones que, a nivel estatal, trabajan en la defensa de los derechos de un gran número de pacientes afectados por la mala praxis de estas clínicas dentales. Las múltiples querellas presentadas están relacionadas con casos de intervenciones médicas llevadas a cabo por empleados en prácticas sin previo aviso a los pacientes, el uso de materiales de muy baja calidad y diagnósticos erróneos o por secuelas debidas a la no esterilización del instrumental clínico, llegando al ingreso de pacientes con graves infecciones derivadas de intervenciones. También por la falsificación de documentos para conseguir que las financieras concedieran créditos a los pacientes.

Los afectados y afectadas por Idental proceden de las diferentes comunidades autónomas, teniendo en cuenta que tras su fundación, la empresa se expandió abriendo veintiséis centros repartidos por la geografía española. El crecimiento ha sido posible gracias a su política de precios bajos.

En las ciudades de Alicante y Elche el número de reclamaciones asciende a más de 400 casos recogidos entre enero de 2017 y enero de 2018, según datos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). En total se han interpuesto alrededor de 1427 querellas contra la empresa en toda España.

Gran parte la población afectada por la atención recibida en este tipo de clínicas pertenecen a la parte de la sociedad que ha sido más castigada por la crisis, lo que ha propiciado la aparición de dos problemáticas:


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- La precariedad económica de los afectados y afectadas les impide afrontar en la mayoría de los casos el peritaje forense que se necesita para iniciar una demanda, encontrándose sumidos en una situación de desprotección jurídica.

- La financiación de los tratamientos ha llevado a estas personas al endeudamiento, viéndose, en muchos casos, pagando tratamientos que no han recibido.

Uno de los principales mecanismos que utilizan las clínicas dentales para "atraer clientes" es la publicidad presuntamente engañosa, que suele ser más insidiosa cuando se vincula a ayudas sociales. Inicialmente, algunas de estas clínicas, hacen un presupuesto muy elevado a sus posibles clientes y luego les informan que les otorgan una ayuda que puede cubrir hasta el 80 % del coste del tratamiento. Los clientes pagan a través de una financiera y después comienzan los problemas de retrasos e incumplimientos.

El Real Decreto 1907/1996 regula la publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, este se queda circunscrito a ser una normativa de mínimos que constantemente es incumplida por las prácticas generadas en torno a la mercantilización de la salud que realizan estas clínicas.

Por ello, es necesario revisar la normativa actual en materia de publicidad e implementar las medidas que impidan que estas empresas hagan uso de una publicidad engañosa, en muchos casos, incentivadora del consumo en otros y, la inmensa mayoría de las veces, alejada de los principios de ética y profesionalidad que han de regir en cuestiones vinculadas a la salud.

La conciliación de la normativa publicitaria a los principios de veracidad y ética se puede llevar a cabo por medio del Consejo Interterritorial asumiendo las funciones de regulación de los anuncios que se distribuyen en todo el país, como aconsejó hace unos meses el Senado.

En países de nuestro entorno como son Bélgica, Alemania o Francia ya han desarrollado legislaciones que regulan la publicidad sanitaria quedando fuertemente limitada o incluso prohibida. Se ha llevado a cabo con la participación de diferentes agentes ligados al sector -empresarios, consumidores y representantes de los profesionales-.

Es prioritario armonizar las leyes y textos existentes teniendo en cuenta que la salud es un derecho protegido constitucionalmente y, por tanto, debe prevalecer y ser salvaguardado como derecho y debemos estudiar la conveniencia de que la salud buco-dental pase a formar parte de la sanidad pública. Países vecinos como Francia y Portugal hacen un reembolso directo, llegando a cubrir hasta el 80 % de los tratamientos dentales.

La sociedad nos exige la apertura de un marco de colaboración donde representantes de pacientes, profesionales y de las empresas dialoguen para acometer la labor de defender el derecho a universalizar la atención dental. Urge adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y la salud de la población.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Llevar a cabo las medidas legales necesarias para que los profesionales que trabajan en las clínicas dentales puedan llevar a cabo su ejercicio profesional en unas condiciones laborales adecuadas, respetando en todo momento sus derechos, mediante inspecciones y controles sanitarios.

- Velar por el cumplimiento de la legislación que dicta que las autoridades sanitarias deben disponer de la debida autonomía en el diagnóstico y el plan de tratamiento de los pacientes con el fin de proteger el derecho fundamental de la salud.

- Revisar el Real Decreto 1907/1996 que regula la publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria para evitar la publicidad de carácter mercantil en materia de prestación de servicios sanitarios.

- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Sociedades Profesionales, para que la mayoría del capital social y del número de socios pertenezca a profesionales del sector y no a empresarios ajenos al mismo, impidiendo la existencia de sociedades de intermediación, si entre sus fines se encuentran la prestación de servicios sanitarios.

- Desarrollar las medidas necesarias para proteger a los pacientes que financien sus tratamientos de salud por anticipado.


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- Hacer cumplir la armonización de la normativa publicitaria a los principios de veracidad y ética que debe llevar a cabo el Consejo Interterritorial con el fin de regular los anuncios que se distribuyen en nuestro país.

- Llevar a cabo las medidas legales necesarias para la inclusión de la salud bucodental en la sanidad pública."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori y Amparo Botejara Sanz, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa a la toma de medidas que permitan dar respuesta de acceso gratuito y público a la atención educativa de niños y niñas de 0 a 3 años.

Exposición de motivos

La primera infancia es una etapa determinante para el desarrollo integral de los niños y las niñas, ya que de ella dependen numerosos procesos posteriores de aprendizaje, de adaptación y de integración. Concretamente entre los cero y los tres años se sientan las bases de aprendizaje que configurará nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas, determinando en gran medida el desarrollo intelectual, afectivo y físico. Además entre los cero y los tres años es una etapa clave para la detección e intervención precoz ante trastornos del desarrollo y otras dificultades relacionadas con la diversidad funcional.

El desarrollo social y emocional, así como la adquisición de conocimientos y la habilidad para asociarlos y relacionarlos se llevarán a cabo dependiendo enormemente de la calidad de los afectos y del vínculo que las niñas y niños establecen con las personas adultas cercanas. Así mismo influyen los espacios, el acceso a estímulos sensoriales y la interacción con sus iguales. Por todo eso, resulta fundamental que se dote de los recursos necesarios, especialmente humanos y que las ratios en esta etapa se ajusten también a las necesidades que corresponden.

Esta primera etapa de la vida es clave a la hora de profundizar en las diferencias sociales, y puede resultar esencial para alcanzar mayores niveles de igualdad. Esto se debe a que no todas las familias se encuentran en igualdad de oportunidades a la hora de dedicar medios y tiempo a sus niños y niñas de entre cero y tres años. Además, la tarea educativa requiere de unas habilidades educativas específicas que no todo el mundo posee.

Por otra parte, las escuelas públicas y gratuitas para niñas y niños de cero a tres años son también un elemento de lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres. Por un lado puede favorecer que se iguale la situación de hombres y mujeres en cuanto a su salario y al tiempo que disponen para su desarrollo personal. Por otro, puede ser significativo en cuanto al valor que damos a los cuidados, generalmente no visibilizados y en la mayoría de los casos realizados por las mujeres. Un buen sistema de educación pública y gratuita de cero a tres años fomentaría por lo tanto una maternidad y paternidad en igualdad y corresponsabilidad, y liberaría a muchos abuelos y abuelas a hacerse cargo de forma obligada de una crianza que no les corresponde.

Desde diversas disciplinas académica (Psicología, Sociología, Ciencias de la Educación, Pedagogía) encontramos cómo se han obtenido evidencias de la importancia de tener una educación para niñas y niños de cero a tres años de calidad, universal, gratuita, pública y voluntaria, tanto para el pleno desarrollo cognitivo, afectivo y social de las niñas y niños, para fomentar el desarrollo de una sociedad igualitaria y para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.


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También señalar como en la Convención Derechos del/la Niño/a (CDN) se establece el derecho a la educación en la primera infancia, que comienza en el nacimiento y que está estrechamente vinculada al derecho del niño y de la niña al máximo desarrollo posible.

La CDN reconoce el derecho a la educación, y obliga a la Administración a velar para que todas las personas tengan acceso a esa educación desde el momento de su nacimiento. También, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la Administración coordinará sus políticas con otras instituciones y entidades para asegurar la oferta educativa en un ciclo tan importante como es el de cero a tres años.

A pesar de lo expuesto, en nuestro Estado la red de escuelas infantiles, públicas y privadas, solo cubre al 31 % de los niños y niñas de cero a tres años y la carestía de sus precios (540 ?/mes de media en el caso de las privadas) se vuelve demasiadas veces incompatible con el trabajo o con una jornada laboral a tiempo completo. Nos encontramos ante una situación en la que sólo las criaturas de familias que cuentan con recursos económicos suficientes pueden ser escolarizadas y lo hacen principalmente en centros privados ante la escasa oferta pública de las administraciones educativas. No es admisible que, frente a algunas excepciones, miles de familias no tengan acceso a una plaza para sus niñas y niños de cero a tres años, y que tengan que recurrir a familiares, bien sean hermanos y hermanas mayores, abuelos y abuelas, e incluso al vecindario para atender a los bebés y a las niñas y niños más pequeños.

Desde nuestro Grupo Parlamentario consideramos que es deber de las instituciones públicas facilitar los recursos necesarios para que las familias que lo requieran puedan optan por incorporar a sus hijas e hijos de entre cero y tres años en centros de educación infantil públicos y gratuitos, Estos además no pueden ser guarderías con una función únicamente asistencial, sino que debemos garantizar espacios educativos con una serie de características que aporten a las niñas y niños la mejor calidad fomentando todos los ámbitos de su desarrollo y su educación integral desde el primer momento.

En este sentido, en nuestro país algunos territorios han conseguido, a pesar de los constantes recortes en las transferencias a las autonomías, un modelo de atención y educación de los niños y niñas más pequeños que podrían servir de ejemplo. Pero no se trata de que en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma consigan desarrollar una red de escuelas infantiles de calidad que atienda a toda la población que requiera este servicio, gracias a la buena gestión de los recursos que reciben, o una priorización del uso que se hace de los mismos en beneficio de las familias y la infancia.

El porvenir de una niña o niño y sus expectativas vitales no pueden depender del lugar en el que haya nacido. Los derechos básicos de la ciudadanía, y este lo es, deberían garantizarse en todo el Estado, y ser bandera de un país de la que todos y todas nosotras podríamos sentir orgullo. Un país que debería caminar hacia la excelencia educativa y social, empezando por la atención a nuestros niños y niñas más pequeños. El enorme valor igualador de la atención, cuidados y educación en la primera etapa de la vida merece el esfuerzo de las Administraciones Públicas. La etapa de cero a tres años no es un lujo de un país rico, sino una garantía de sociedad igualitaria de un país democrático.

Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas que permitan el acceso a la educación de cero a tres años a todas las familias que así lo deseen y para ello:

1. Solicita de las CC.AA. una evaluación previa para establecer las necesidades existentes en cada una de ellas, cuantificando los recursos necesarios para cubrir las plazas cero a tres años en su territorio con una red de centros públicos.

2. Solicita a la Conferencia de Presidentes que impulse una comisión técnica de trabajo que elabore un documento marco sobre la atención educativa y asistencial a los niños y niñas menores de tres años, que tenga como principal eje vertebrador la red de escuelas infantiles públicas.

Este documento marco incluirá, entre otros aspectos los siguientes:

a) Diagnóstico y análisis de la realidad en la atención educativa a los niños y niñas menores de tres años.

b) Orientaciones básicas para todas las administraciones.

c) Catálogo de propuestas y servicios.

d) Propuesta de criterios de dotación de los servicios de atención temprana.


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3. Realizar las transferencias finalistas a las Administraciones autonómicas y locales, que garanticen el acceso gratuito a la educación infantil pública desde los cero a los tres años para todos los niños y niñas del territorio español, destinando como mínimo 1000 millones de euros anuales dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

4. Establecer una hoja de ruta y un calendario que fije y asegure que la educación de cero a tres años pase a ser una etapa educativa, y no solo asistencial, y se convierta en una oferta universal, pública y gratuita.

5. Asegurar que los/las profesionales de la educación de cero a tres años pasen a depender exclusivamente de las Administraciones educativas.

6. Garantizar que la educación de cero a tres años tenga aprobado un currículo regulado por normativa estatal, de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y necesidades de los niños y niñas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2018.-María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño y Rosa Ana Alonso Clusa, Diputadas.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del diputado Sergio Pascual Peña, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano.

Exposición de motivos

El vehículo privado es responsable de la mayor parte de las emisiones contaminantes de las ciudades. España comparte los objetivos de reducción de gases efecto invernadero, compromisos en el marco del Acuerdo de París. Marco del Plan Nacional de la Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II).

El transporte colectivo urbano constituye la única alternativa real y eficaz para el cumplimiento de estos compromisos.

El actual marco de financiación del transporte colectivo urbano es inestable, inequitativo, arbitrario y no se encuentra encuadrado en planificación estratégica alguna. Esta situación imposibilita apuestas estratégicas a medio-largo plazo por parte de los operadores e instituciones responsables del transporte urbano, lo que redunda en su incapacidad para incorporar mejoras competitivas y optimizar el servicio a los ciudadanos en un marco tecnológico permanentemente cambiante.

Es preciso por tanto concitarse para avanzar legislativamente en la reversión de esta situación construyendo un marco jurídico que:

a) Disponga un marco de referencia único para la fijación de tarifas y unos niveles de servicios que garanticen igual acceso de todos los ciudadanos con independencia del municipio de residencia.

b) Dote de estabilidad económica y presupuestaria a los ayuntamientos y a los operadores, permitiendo la planificación del transporte urbano a medio plazo.

c) Establezca un reparto más equilibrado de los costes del servicio entre usuarios, municipios, comunidades autónomas y Administración General del Estado.

d) Fomente la construcción de instrumentos que garanticen la coordinación interadministrativa de los sistemas de transporte público urbano revirtiendo en una mayor integración e intermodalidad.

e) Permita optimizar tarifas, maximizando la capacidad recaudatoria sin menoscabo de los objetivos sociales y de promoción del uso del transporte público.

f) Incrementar la capacidad de los operadores para generar otros ingresos complementarios.

g) incremente la financiación procedente de aquellos agentes que se benefician del transporte urbano colectivo y/o que generan perjuicios en términos de congestión y contaminación.


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Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Establecer una mesa de trabajo con los Ayuntamientos, agentes sociales y administraciones autonómicas con el propósito de presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta ley de financiación del transporte público que considere al menos los siguientes puntos:

1. Objeto de la Ley:

- Regular y garantizar un monto mínimo para los sistemas de financiación del transporte público urbano, con el objetivo de integrar la planificación financiera de los distintos sistemas de transporte colectivo como autobuses, cercanías, metros y metros ligeros que operan en los distintos núcleos urbanos o áreas metropolitanas, mejorar la calidad de los servicios y convertir al transporte público urbano en una alternativa real de decisión de los ciudadanos frente a modos de transporte más contaminantes.

- Determinar requerimientos de las distintas administraciones con competencias en materias de medioambiente, fiscalidad y transporte público en relación a la financiación estatal del sistema.

- Facilitar la coordinación interadministrativa en aras a garantizar la accesibilidad e intermodalidad entre los servicios de transporte público y otras alternativas de transporte sostenible capaces de contribuir a desincentivar de forma eficaz el uso del vehículo privado y con ello reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

- Disuadir de forma efectiva el uso del vehículo privado en los núcleos urbanos por su relevante contribución al actual nivel de emisiones contaminantes.

- Priorización de los sistemas de propulsión eléctrica, las fuentes de energías renovables y los combustibles fósiles de bajas emisiones contaminantes en cumplimiento de la normativa.

2. Herramientas de planificación:

- Autoridades de Gestión de Transporte y Contratos-programa:

? Se constituirán Autoridades de Gestión de Transporte Urbano (AGTU) para áreas urbanas a partir de 300.000 habitantes.

? La constitución de estas AGTU será condición sine qua non para la inclusión en los programas estables de financiación que proponemos para la ley.

- Planes de transporte público urbano y movilidad:

? Los municipios o autoridades de gestión de transporte con intención de acceder a las aportaciones básicas del Estado y de su comunidad autónoma de referencia deberán presentar un Plan de Transporte Público Urbano y Movilidad.

- Serán indicadores para construir las condiciones para recibir aportaciones ampliadas:

? Ganancias de eficiencia (por ejemplo, coste operativo por viajero).

? Mejora en la calidad de los servicios (por ejemplo, incremento del número de viajeros desde la aprobación del plan municipal, o aumento de abonados).

? Mejora de los servicios en las emisiones medioambientales (reducción de coches circulando en el recorrido urbano, no superación de determinados límites a las emisiones de distintas partículas, etc.).

3. Serán ingresos del sistema de transporte público:

- Los procedentes de las tarifas de los servicios, en sus distintas modalidades. Se especificará la cobertura mínima de transporte público urbano a través de tarifa. Como máximo el 50 % del coste operativo del sistema de transporte mediante autobuses podrá estar financiado por la aportación de las tarifas.


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- Una aportación estatal, condicionada a la presentación de planes de movilidad y canalizada por las comunidades autónomas, que se calculará con arreglo a una fórmula estable y objetiva, con arreglo a requerimientos demográficos, orográficos, urbanísticos y de proyección.

- Las aportaciones generales de las administraciones públicas consignadas en sus respectivos presupuestos.

- Los impuestos, tasas, participaciones y recargos tributarios que se establezcan específicamente por la Entidad Local para contribuir a la financiación del sistema de transporte público.

- Las aportaciones específicas, procedentes de los presupuestos de los organismos o entidades públicas o privadas responsables de la aplicación de políticas sectoriales o territoriales mediante los pertinentes convenios con las administraciones competentes en esta materia.

- Los ingresos comerciales y otros ingresos atípicos generados por la gestión del sistema de transporte público.

- Los ingresos procedentes de la imposición de sanciones administrativas en materia de transporte de personas.

- Ingresos procedentes de contribuciones adicionales instituidas para compensar las especiales necesidades de transporte que generan nuevos usos comerciales/industriales.

4. Los contratos programa vigentes en el momento de aprobación de norma (Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Autoridad Metropolitana de Barcelona y Canarias) mantendrán su modelo vigente en tanto no opten voluntariamente por migrar al mismo.

5. Se evaluará la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales para financiar el transporte colectivo. La afectación parcial del rendimiento del Impuesto sobre Hidrocarburos (tanto el estatal como autonómico) se destinaría a la financiación de los Programas regionales de transporte público urbano. Se explorará la posibilidad de acotar esta modificación mediante la elevación de la tarifa general del gasóleo para eliminar la actual diferencial gasolina-gasoil, manteniendo los parámetros actuales del procedimiento de devolución parcial del gasóleo profesional con objeto de excluirles de la subida. Esta afectación sería compartida Estado-CC.AA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Sergio Pascual Peña y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la igualdad de oportunidades de las personas con VIH, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El VIH tuvo una importante presencia en el debate público en la última década de siglo XX y primeros años del siglo XXI. Sin embargo, desde entonces, las administraciones y la agenda política parecen pasar de puntillas por un asunto que, pese a estar silenciado por el conjunto de la sociedad, sigue estando de plena vigencia.

El estigma social que en la década de los ochenta, noventa, e incluso en la primera década del siglo XXI, se cernió sobre las personas infectadas por VIH ha ido diluyéndose, siendo menos patente que entonces, pero quedando resquicios que limitan la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por VIH. Todavía quedan numerosas barreras que las personas infectadas deben superar, pese a que los avances médicos y los tratamientos han avanzado hasta niveles en que los infectados llegan a poseer cargas virales serológicas no detectables.

Si bien es cierto que una cantidad importante de los ciudadanos que están infectados por VIH no son conscientes de ello, cerca del 50 %, el resto de ciudadanos, conocedores de su infección poseen todavía


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barreras de acceso a puestos laborales de la administración pese a que no exista ley alguna que límite su desarrollo profesional. Según CESIDA, FSC-CC.OO., FELGTB y Trabajando en Positivo todavía existe discriminación, en las instituciones públicas, para acceder a puestos por estar infectado con el VIH. En concreto, las asociaciones señalan que han recibido casos relativos al acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional. En concreto, señalan que existen determinadas exclusiones médicas que se reflejan en las bases de oposiciones y que, de forma indirecta, sirven en muchas ocasiones como excusa para excluir a las personas con VIH.

En este sentido, cabe recordar la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la OIT, como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH, establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH.

Este Grupo Parlamentario ya presentó diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados, que se aprobarían posteriormente, en las que se solicitaba al Gobierno a eliminar todo aquel requisito en el acceso a un puesto de trabajador público que pueda suponer la eliminación directa de candidatos infectados por VIH.

A raíz de nuestra insistencia sobre la materia, el pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó un informe titulado "Criterios médicos para el acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas" con el objetivo de revisar los criterios médicos utilizados en las convocatorias de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, e identificar aquellos relacionados con la infección por el VIH. En este documento, el Ministerio propone, con la participación de representantes médicos de los reconocimientos para el acceso a la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, revisar los cuadros de exclusión para el acceso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, adaptándolos a la evidencia científica actual, valorándose siempre la situación clínica del aspirante y no solo el diagnóstico inicial.

En el ámbito de la seguridad privada también existen discriminaciones. El Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada señala que no se admite como apta, para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con VIH, independientemente del desarrollo de la enfermedad.

Sin embargo, el ámbito de la seguridad no es el único donde las personas con VIH poseen limitaciones en el acceso y desempeño del empleo. El ámbito sanitario es otro de los ámbitos donde las personas con VIH tienen limitada su capacidad de desempeño. Los últimos informes oficiales sobre la posibilidad de que exista iatrogenia por VIH, contagio a través de la atención médica, datan del año 2001. En dichos documentos, se señala que todas las técnicas sanitarias ejercidas por personas con VIH son seguras a excepción de los Procedimientos Invasivos Predisponentes a Exposición (PIPES). Sin embargo, los estudios posteriores elaborados por la Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) y el Deparment of Healt de Reino Unido, justifican la necesidad de una reforma normativa en España sobre esta materia, de forma que se tenga en cuenta la carga viral de cada persona para limitar el desempeño profesional en este ámbito. Además, las diferentes guías señalan que siguiéndose medidas de precaución universal se minimiza el riesgo de transmisión iatrogénica, siendo nula cuando la carga viral en plasma contiene menos de 200 copias por mililitro. Los profesionales con carga superior, deberán usar las medidas generales de prevención primaria. Es preciso que el Gobierno elabore la guía de recomendaciones para la Prevención y Control de la infección por VIH, VHB y VHC en profesionales sanitarios incluida en el Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección por VIH y otras ITS.

También se dan discriminaciones en ámbitos profesionales del transporte. Por ejemplo, existen ordenanzas o reglamentos de servicios de transportes públicos urbanos que prohíben que personas con VIH sean, por ejemplo, taxistas. Ciudadanos ha presentado iniciativas en diferentes ayuntamientos a fin de erradicar este tipo de actitud discriminatoria, pero pueden seguir dándose en otros ayuntamientos en los que no tengamos constancia.

Por último, existen vulneraciones a la privacidad de las personas infectadas por VIH cuando se debe acreditar su situación de discapacidad en diferentes oficinas o servicios de orientación laboral. En estas oficinas, se exige a las personas infectadas la presentación del Dictamen Técnico Facultativo (DTF), a fin de acreditar su condición de persona con discapacidad, estando obligado por tanto a mostrarlo. Debemos recordar que este documento, el DTF, es un informe que se solicita en las pruebas previas a la certificación


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de la discapacidad, y que en ningún caso se señala que se deba compartir posteriormente. A raíz de esta vulneración de la privacidad de las personas con VIH, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, emitió la Orden SSI/1474/2014 para que los equipos de valoración y orientación de Ceuta y Melilla, sobre los que posee competencias, elaboren un informe de aptitudes (certificado de capacidades) que sea una alternativa al DTF. En el año 2015, la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad, en el que está presente la AGE y las CCAA, se abordó esta cuestión, acordándose evitar progresivamente la inclusión de los diagnósticos clínicos en el DTF. Esta sustitución debe continuar para salvaguardar la privacidad de las personas con discapacidad infectadas por VIH a fin de poder evitar cualquier tipo de discriminación por este motivo.

El Gobierno debe liderar la inclusión en el mundo laboral de las personas infectadas con VIH impidiendo su estigmatización y discriminación garantizando una igualdad de oportunidades con el resto de ciudadanos a fin de que sean ciudadanos de plenos derechos y se erradique el estigma que ha padecido este colectivo, de una vez por todas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Eliminar los requisitos de las bases de convocatorias para la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas que supongan la eliminación directa de las personas infectadas por VIH.

2. Modificar el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada a fin de que personas con VIH puedan desempeñar la labor de seguridad privada.

3. Reelaborar la ''Guía de recomendaciones para la Prevención y Control de la infección por VIH, VHB y VHC en profesionales sanitarios''.

4. Trabajar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a fin de detectar códigos o reglamentos de servicios de transportes municipales que puedan discriminar a las personas con VIH para el ejercicio de profesiones relacionadas con el transporte de pasajeros y promover su modificación. Así mismo, se eliminará de las convocatorias de empleo público cualquier traba que suponga la eliminación directa de las personas con VIH de las ofertas de empleo público municipales incluyendo Policía Municipal y Cuerpos de Bomberos.

5. Llevar a cabo las medidas oportunas a fin de que se modifique la solicitud del Dictamen Técnico Facultativo (DTF) para demostrar su condición de personas con discapacidad a fin de evitar que se vulnere la confidencialidad necesaria en estos casos y acordar, con las CC.AA., la utilización del mismo modelo de resolución o certificado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En fecha 16 de mayo de 2018 se ha hecho efectivo el nombramiento del nuevo President de la Generalitat de Catalunya y el 2 de junio ha tomado posesión el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Así mismo en fecha 7 de junio ha tomado posesión el nuevo Gobierno del Estado, surgido de la moción de censura votada favorablemente en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de junio.

Con el nombramiento del Govern de la Generalitat han decaído las medidas acordadas por el Senado, a propuesta del Gobierno central, relativas al artículo 155 de la Constitución, aprobadas mediante Resolución de 27 de octubre de 2017.


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La recuperación de la normalidad institucional en el ejercicio del autogobierno de la Generalitat de Catalunya debe ser total, y por ello resulta necesario restablecer las relaciones entre el Estado y la Generalitat de Catalunya.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge en su articulado diversos órganos para el impulso de las relaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat de Cataluña: la Comisión Bilateral Generalitat-Estado (artículo 183), la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (artículo 210), la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat (disposición transitoria segunda) y la Comisión sobre inversiones estatales en infraestructuras (disposición adicional tercera).

De acuerdo al artículo 183 del Estatuto, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado a los siguientes efectos: 1. La participación y la colaboración de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales que afecten a la autonomía de Cataluña. 2. El intercambio de información y el establecimiento, cuando proceda, de mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común.

Respecto a las funciones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado pasan estas por deliberar, hacer propuestas y, si procede, adoptar acuerdos en los casos establecidos por el Estatuto y, en general, con relación a los ámbitos que recoge el Estatuto como: 1. Los proyectos de ley que inciden sobre la distribución de competencias entre el Estado y la Generalitat. 2. La programación de la política económica general del Gobierno del Estado en lo que afecte a los intereses y las competencias de la Generalitat. 3. El impulso de las medidas para mejorar la colaboración entre el Estado y la Generalitat y asegurar un ejercicio más eficaz de las competencias respectivas en los ámbitos de interés común. 4. Los conflictos competenciales planteados entre las dos partes y la propuesta, si procede, de medidas para su resolución. 5. La evaluación del funcionamiento de los mecanismos de colaboración establecidos. 6. La propuesta de la relación de organismos económicos, instituciones financieras y empresas públicas del Estado en los que la Generalitat puede designar representantes, y las modalidades y las formas de esta representación. 7. El seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea. 8. El seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte a las competencias propias de la Generalitat. 9. Las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen las partes.

El reconocimiento estatutario de la Comisión Bilateral implica su vocación de permanencia y continuidad, al configurarla como el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y del Estado. En este sentido, el artículo 183.4 EAC establece que "la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se reúne en sesión plenaria al menos dos veces al año y siempre que lo solicite una de las dos partes". Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha celebrado ocho reuniones. Sin embargo, desde el año 2011, la relación bilateral entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado prácticamente ha desaparecido, quedando reducida a reuniones de coordinación de carácter meramente técnico o a reuniones para intentar -y en algunos casos resolver- conflictos competenciales.

El Gobierno rechazó cualquier diálogo político para abordar la crisis constitucional producida a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

En los últimos años se ha producido una notable conflictividad competencial entre la Generalitat y el Estado. El Gobierno del Estado ha presentado decenas de recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Parlamento de Catalunya que, en algunos casos, han contado con el apoyo unánime de esta Cámara. La presentación del recurso ha supuesto la suspensión cautelar de leyes que desarrollan derechos sociales y que tienen una gran incidencia en las condiciones de vida de la ciudadanía y en el desarrollo social y económico de Catalunya.

Así mismo a partir de 2011 no se ha producido ningún traspaso de funciones y servicios que derivan del Estatuto de Autonomía de Catalunya. La propuesta de negociación de traspasos formulada por el Govern de la Generalitat en julio de 2011 no fue atendida por el Gobierno del Estado, sin que se produjera ninguna negociación.

En la actual situación de conflicto político es más necesario que nunca utilizar los órganos constitucionales y estatutarios disponibles para el impulso de las relaciones bilaterales entre ambas. Por ello, es imprescindible proceder a la activación de la Comisión Bilateral y aprovechar este marco general de relación para que ambas administraciones se reúnan y dialoguen para tratar, por la urgencia que requiere, las siguientes cuestiones: a) La resolución y, en su caso, retirada de los conflictos de


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competencias planteados, y algunos aun actualmente en trámite, ante el Tribunal Constitucional en prácticamente todos los ámbitos competenciales de la Generalitat. b) Determinar las inversiones del Estado en Catalunya en materia de infraestructuras. c) Establecer las competencias de la Generalitat que han de ser objeto de transferencia.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 183.4 del Estatuto de Autonomía, en el plazo de un mes, impulse la convocatoria, de acuerdo con el Govern de la Generalitat, de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado al efecto de impulsar los trabajos relativos a:

a) La resolución y, en su caso, retirada de los conflictos de competencias planteados ante el Tribunal Constitucional.

b) Determinar las transferencias pendientes de realizar, en atención al Estatuto de Autonomía de Catalunya, impulsando los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat.

c) Las inversiones del Estado en Catalunya en materia de infraestructuras.

d) Todas aquellas cuestiones que ambos Gobiernos consideren oportuno tratar, especialmente en los ámbitos sociales en los que concurren competencias de ambas administraciones.

e) El proceso de revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

2. Desarrollar, en el marco de la Comisión Bilateral, un diálogo político abierto que permita establecer las bases para afrontar el conflicto político de Catalunya."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada navarra lone Belarra Urteaga y el Diputado navarro Eduardo Santos Itoiz, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa al Plan de inversiones en materia de infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra.

Exposición de motivos

Navarra tiene importantes debilidades en materia de infraestructuras a pesar de las millonarias inversiones que se han hecho en los últimos años, ya que estas no han tenido en cuenta las necesidades reales de movilidad y empleabilidad de la ciudadanía navarra. Una apuesta por infraestructuras que garanticen una respuesta adecuada a estas necesidades debe basarse en los siguientes principios:

1. Cohesión territorial. Las infraestructuras navarras de transportes deben priorizar la cohesión territorial y la vertebración de nuestra tierra para reducir las desigualdades históricas que existen entre el ámbito rural y el urbano, así como entre el norte y la Comarca de Pamplona, y el resto de nuestra comunidad.

2. Sostenibilidad y seguridad. En un mundo en el que el cambio climático tiene un impacto creciente y está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida y del medio ambiente, debemos apostar por infraestructuras sostenibles que reduzcan, en la medida de lo posible, nuestras emisiones y minimicen nuestra contaminación. Además, las infraestructuras deben garantizar la seguridad de la ciudadanía navarra.

3. Derecho a la movilidad y diversificación de conexiones. Las infraestructuras deben dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía navarra, a sus traslados cotidianos a sus puestos de


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trabajo o centros de estudio, así como a las necesidades de prestación de servicios como el sanitario, fundamental en el día a día de muchas personas. Para ello, los servicios públicos de transporte deben encontrarse en buenas condiciones, bien cadenciados y coordinados con otros servicios, y debe apostarse por la intermodalidad.

Si un sector de la población resulta especialmente perjudicado por los déficits en este principio es sin duda el de aquellos, y sobre todo aquellas, que se dedican a los cuidados. La coordinación entre servicios esenciales como el educativo y el sanitario y la red de movilidad debe constituirse en objetivo prioritario. Por tanto, se torna necesario asegurar que las inversiones en infraestructuras navarras ponen en el centro las necesidades de la ciudadanía y garantizan su derecho a la movilidad.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que en el plazo de dos meses se reúnan los responsables competentes en materia de infraestructuras del Gobierno, la Comunidad Foral de Navarra y municipios de más de 6.000 habitantes de Navarra y constituyan la Comisión para un Plan Especial de infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra.

2. Que en el plazo de seis meses dicha Comisión, o en su defecto el Gobierno, aprueben un Plan Especial de Infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra que en cualquier caso atenderá:

A) La apuesta por un tren público, social y eficiente.

Navarra necesita un tren público y social que cubra las necesidades reales de desplazamiento de su ciudadanía y de transporte de su economía. Por ello, teniendo en cuenta que un nuevo trazado de alta velocidad no permitiría el transporte de mercancías por ese medio, son muchos los agentes sociales y políticos que desaconsejan continuar con ese proyecto. Es necesario impulsar una red que garantice el derecho a la movilidad y al transporte como un derecho democrático fundamental de la ciudadanía.

El Plan de Infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra debe mejorar la vía del actual trazado, ampliándolo a una segunda vía que permita duplicar el tráfico (algo que ya está previsto y para lo que las diferentes Infraestructuras ferroviarias están preparadas), e incluir un tercer carril que permita que tanto trenes con ancho de vía ibérico, como trenes de ancho de vía internacional, puedan circular por ambas vías. Esto permitiría conectar la salida de mercancías a través de Irún, conectándonos con toda Europa. Además, se deben realizar mejoras en las vías y vallar parte del recorrido del trayecto Pamplona-Madrid lo que permitiría aumentar la velocidad media y reducir el tiempo de viaje en 18 minutos, dejándolo en dos horas y media, situando al tren en una posición muy competitiva frente al avión y reduciendo el tráfico en carretera.

Mantener el actual trazado permitiría además favorecer, por otra parte, la vertebración de nuestro territorio puesto que las paradas de Alsasua, Tafalla y Tudela no se cerrarían. Más aún, una mejora de la vía convencional actual repercute directamente en los servicios de Media Distancia que unen Pamplona con Vitoria, Irún y Zaragoza, con numerosas paradas por toda Navarra. Una mejora de la vía actual que contemple velocidades máximas de hasta 160 km/h permitiría reducir tiempos de viaje en trayectos frecuentes o incluso diarios de muchos navarros y navarras, sirviendo como modo troncal de nuestra red de transporte público. Una mayor cuota modal del ferrocarril en los desplazamientos cotidianos permitiría reducir los impactos económicos, sociales y ambientales del actual modelo de transporte, mediante la sustitución fundamentalmente de vehículos de carretera. Esta mejora del transporte de Media Distancia es básica para una mejor vertebración de nuestro territorio y una mayor permeabilidad del acceso a equipamientos y servicios para la ciudadanía navarra. Por su parte, es interesante también recuperar trazados de corta y media distancia que han sido abandonados, como el de Castejón con Soria (y que sirve además para tener otra forma conexión con Madrid, más directa y con menor tiempo de viaje).


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B) La apuesta por la movilidad sostenible.

El Plan de Infraestructuras para la Comunidad Foral de Navarra debe priorizar la facilitación de medios de transportes sostenibles y no contaminantes, como la bicicleta en el caso del transporte urbano.

B.1 Ejes Sostenibles en la Comarca de Pamplona. Este Plan contempla la conversión de "autopistas urbanas" en Ejes Sostenibles en la Comarca de Pamplona con segregación de modos: carril bici segregado, carril bus rápido (BRT o Rapid Transit Bus), medidas de calmado de tráfico, mejora de los cruces peatonales y mejora de zonas de especial concentración de atropellos a peatones. A las reformas que ya está acometiendo el Ayuntamiento de Pamplona se añadirían las siguientes:

- Eje Barañáin-Burlada. 6,4 km de BRT (carril bus central con plataforma de acceso propia, estilo ''tranvía''), carril bici unidireccional situado en los laterales de la vía. Disposición de aparcamientos en línea y protegiendo al carril bici. 6 mill ?.

? C/ Mayor (Burlada).

? Avd. Baja Navarra.

? Avd. del Ejército.

? Avd. de Baiona.

? Avd. de Barañáin.

- Eje Berriozar-UPNA. 5,5 km. Carril bus segregado (no BRT), carril bici segregado, reducción amplitud de las intersecciones para mejorar la movilidad peatonal. 5 mill ?.

? Avd. de Guipúzcoa.

? C/ Taconera.

? Navas de Tolosa.

? Yanguas y Miranda.

? Avd. de Zaragoza.

? C/ Antoñana.

? Avd. de Catalunya.

Estas conexiones que se señalan conectan los pueblos de la Comarca de Pamplona entre sí. El ámbito de actuación es aproximadamente el mismo que el del transporte público comarcal. Las intervenciones apuntan a mejorar el transporte público, en velocidad y en frecuencias, la movilidad peatonal y la movilidad ciclista. El plan, además, apunta a la reducción del uso del vehículo privado y la promoción de medios de transporte sostenible.

B.2 Continuación carril bici de Alsasua. Actualmente existe un carril bici pero sin continuidad a dos espacios muy importantes en Alsasua. Uno de estos espacios lo constituyen dos centros educativos que son el Instituto Público de Educación Secundaria y Bachillerato y la Ikastola Iñigo Aritza. El otro espacio son las piscinas municipales y la zona deportiva denominada Dantzaleku.

Ambos espacios se encuentran a unos 3 kilómetros de Alsasua y en un paraje boscoso y muy singular.

Para minimizar el impacto medioambiental, evitar el peligro para los peatones, fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la movilidad se propone conectar mediante carril bici Alsasua con los centros educativos mencionados y los equipamientos deportivos públicos.

C) Mejora, conservación y mantenimiento de la red navarra de carreteras.

La red navarra de carreteras requiere de una adecuada conservación, mejora y mantenimiento. En concreto existen algunos proyectos históricos que deben acometerse a la mayor brevedad puesto que generan importantes desigualdades respecto a otros territorios del conjunto del Estado y dificultan nuestra comunicación con las Comunidades Autónomas vecinas:

C.1 Conexión Pamplona-Madrid por autovía (vía Soria). La conexión por autovía (vía Soria) entre Pamplona y Madrid, el trayecto más corto entre ambas capitales, es un proyecto que lleva encima de la mesa más de veinticinco años. En 2015, en pleno período pre-electoral, la entonces ministra de Fomento Ana Pastor inauguró 11 km del tramo que falta por completar entre Ágreda (Soria) y Tudela (Navarra). No obstante, aún quedan 40 km que no se han construido. Nuestro Plan de Infraestructuras para la comunidad


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Foral de Navarra propone finalizar con carácter inmediato el tramo comprendido entre el km 69 y el km 25 de la autopista Los Rábanos-Ágreda (Ágreda-Navarra), que tan necesario es para el desplazamiento por carretera de los navarros y las navarras.

C.2 Mejora de accesos y conexiones de la red navarra de carreteras:

- Ejecución del enlace en la AP-68 a la altura de Lodosa (Navarra) con dirección Bilbao (n.º 14). Es una ''anormalidad histórica'' que el enlace número 14 en el término municipal de Lodosa sea unidireccional, faltando el acceso y salida en dirección Logroño-Vitoria-Bilbao. Es necesario revertir esta situación y proporcionar una salida bidireccional.

- Accesos sur a Barañáin y enlace N-111 y enlace A-15 en el término municipal de Zizur. Debido al incremento poblacional de los municipios localizados en los alrededores de Pamplona (tal es el caso de Zizur Mayor y Barañáin), así como de los localizados en Tierra Estella, el tránsito de vehículos a lo largo de la N-111 y A-15 supera cada vez en mayor medida la capacidad de absorción que tienen los nudos de acceso a ambas infraestructuras viarias. Se han creado multitud de situaciones de riesgo, como demuestra el aumento de la siniestralidad en la zona. Además, se trata de un proyecto ya recogido en el III Plan Director de Carreteras de Navarra 2010-2018, donde esta actuación aparece reflejada como: 219-Accesos sur a Barañáin y enlace N-111 y enlace A-15.

C.3 Mejora de la seguridad y de la calidad de la red de carreteras de Navarra:

- Paso elevado para la Variante de Huarte. El pueblo de Huarte se encuentra dividido en dos partes por una variante. No existe ningún paso peatonal para cruzar de una parte a otra, lo que ha provocado varios accidentes y situaciones de gran riesgo en el pasado. Se trata de una reivindicación histórica que urge atender.

- Conservación, mejora y mantenimiento de la red secundaria de carreteras.

En concreto es urgente acometer las siguientes mejoras y mantenimiento de carreteras comarcales:

? Mejora y mantenimiento de las carreteras comarcales NA-666, Sesma-Allo y NA-129, Lodosa- Sesma.

? Mejora y ampliación de la carretera NA-6100 Tafalla-Peralta.

? Mejora y ampliación de carretera NA-132 Estella-Tafalla.

D) Estudio de evaluación de situación y riesgos de obras de ladera de Pantano de Yesa:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Ministerio de Fomento sostienen que la ampliación de la presa del pantano de Yesa es totalmente segura. Sin embargo, la ciudadanía navarra se encuentra continuamente con corrimientos en las laderas que ponen en entredicho las afirmaciones de ambas administraciones. Por ello, el Gobierno de Navarra y nuestro grupo parlamentario solicitan una evaluación de un agente externo, independiente y fiable que permita garantizar la seguridad de toda la población afectada por un posible desastre o accidente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2018.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la exención de las tasas de exámenes de oposición para las mujeres víctimas de violencia machista, para su debate y aprobación en Pleno.


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Exposición de motivos

Actualmente, las diferentes disposiciones fiscales del tratamiento de las tasas para exámenes de oposición que regulan los casos de exención, ya sea parcial o total, se centran en diversos colectivos que, por diversos, motivos, se consideran necesitados de una protección social adicional, dentro de la cual se enmarca esta exención. Se suele tratar de:

- Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos referida a la fecha de publicación de las respectivas convocatorias.

- Las personas con discapacidad acreditada de grado igual o superior al 33 % o una incapacidad permanente en grado total para una profesión distinta a la docente.

- Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos corno consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme, o, en virtud de una resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación afectiva, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos o fallecidos de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que añade una nueva letra al apartado 5 del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Por otro lado, algunas ordenanzas fiscales como la del Ayuntamiento de Madrid establecen otro tipo de casuística atendiendo a otro tipo de situaciones merecedoras de protección administrativa como es el referido a las víctimas de violencia machista.

Con carácter casi general, en las distintas normativas se establece como requisito la declaración de esta condición mediante resolución judicial firme.

En la actualidad, se debe considerar que tal exigencia formal, en el caso de que hablemos de mujeres que han sufrido violencia machista, supone un impedimento para el acceso a esta exención, más que una razón de seguridad jurídica. En ese sentido la nueva regulación en la materia debe tender a un nuevo concepto de "víctima de violencia machista" según lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Así, recientemente, los grupos parlamentarios de las Cortes Generales han entendido que constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que comprende todos los actos de violencia basados en el género. Por tanto se incluyen la violencia física, psicológica y sexual -incluida la violación- la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Asimismo debe extenderse a los familiares en el sentido abordado por el texto del pacto de Estado.

Teniendo en cuenta todos estos motivos, nuestro Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Primero. Llevar a cabo una modificación legislativa tendente a establecer con carácter general la exención del pago de tasas para exámenes y/u oposiciones de acceso a la Función Pública Estatal a las víctimas de violencia machista, de manera que se recoja en todas convocatorias correspondientes.

Segundo. Ampliar, de conformidad con las definiciones recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, los supuestos que permiten el reconocimiento de la condición de víctima de violencia machista, más allá de la existencia de una sentencia judicial firme, para que aquellas puedan beneficiarse de la exención del pago de tasas mencionadas en el punto anterior.

Tercero. Establecer una agenda pública de reuniones con los organismos de las Comunidades Autónomas a fin de que adapten sus normativas propias de manera urgente a este nuevo criterio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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