Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 321, de 20/03/2018
cve: BOCG-12-D-321
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de marzo de 2018

Núm. 321


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/003044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la defensa del autogobierno de Navarra y la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas que residen en Navarra... (Página6)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/003057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el uso militar y los ataques a las escuelas en conflictos armados... (Página8)

161/003061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el papel de la Comunidad Autónoma de Canarias en el III Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación... (Página9)

161/003073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la no participación de España en consorcios o acuerdos de asociación europeos en materia militar o de seguridad con Estados, organizaciones públicas o privadas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos... (Página11)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/003048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre regulación, tributación, comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain... (Página14)

161/003050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre regulación y actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias y su adecuación a lo contenido en la normativa comunitaria.... (Página16)

161/003062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la Función Pública... (Página19)

161/003063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la desigualdad salarial de empleados de la Administración General del Estado... (Página21)


Página 2




161/003067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público... (Página22)

Comisión de Fomento

161/003053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al tren de Cercanías o proximidad de A Coruña y As Mariñas... (Página23)

161/003059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las infraestructuras de movilidad del Camp de Tarragona... (Página25)

161/003072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ampliación de la línea de Cercanías C-2 de Málaga con un ramal al Parque Tecnológico, llegada hasta Antequera y paradas en El Chorro, Bobadilla y Fuente de Piedra... (Página26)

Comisión de Educación y Deporte

161/003065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un programa educativo para fomentar y desarrollar la lengua inglesa durante el periodo no lectivo de verano... (Página27)

161/003070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la retirada del Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos... (Página28)

161/003071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la universalización y ampliación del acceso de la etapa 0-3 años (primer ciclo de Infantil)... (Página29)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/003046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al aumento de la siniestralidad laboral en el año 2017... (Página31)

161/003047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas... (Página33)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/003064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una ambiciosa Agenda Digital para España... (Página37)

161/003069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y posterior gestión de los residuos radiactivos generados por las mismas... (Página41)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/003043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación del artículo cuarto del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común, en lo que afecta a la aplicación de purines y estiércoles sólidos en las superficies agrícolas... (Página45)


Página 3




161/003049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la defensa de la calidad de la producción de aceituna de mesa española... (Página47)

161/003051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los efectos del temporal de lluvia y viento en la Comunidad Autónoma de Andalucía... (Página49)

161/003052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los efectos del temporal de febrero de 2018 en las provincias de Toledo y Ciudad Real... (Página50)

161/003054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la licitación de las obras de restitución pendientes en el término municipal de Calatayud, derivadas de la construcción de la presa de Mularroya, en la provincia de Zaragoza... (Página50)

161/003058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños producidos por el temporal que azota la provincia de Granada... (Página52)

161/003066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la apertura de la Isla de Toralla (Vigo), dominio público marítimo terrestre, al tránsito público garantizando las servidumbres de tránsito, de protección y de acceso al mar contempladas en la Ley 2/2013, de 29 mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas... (Página52)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/003056 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la responsabilidad de las empresas españolas transnacionales en relación con el respeto a los derechos humanos y medioambientales... (Página54)

Comisión de Igualdad

161/003068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a asimilar las familias monoparentales a las familias numerosas... (Página56)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la instalación de un grupo semafórico en el municipio de Ordes... (Página58)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/000791 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero (GS), sobre situación del AVE a su paso por la provincia de Burgos... (Página59)

181/000792 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que Capitanía Marítima tomó la decisión de no conceder la autorización de fondeo en aguas españolas de las gabarras propiedad de la empresa Cargo Lanzarote, S.L., que se encontraban en el puerto de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura, pese a las previsiones climáticas de temporal... (Página59)

181/000798 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si se está realizando una gestión transparente y eficiente de la llegada de la alta velocidad a Murcia... (Página59)


Página 4




181/000799 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si los problemas de los servicios de Cercanías se deben a una mala estrategia de desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria... (Página60)

181/000800 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre medida en la que en las reuniones de los Comités de Coordinación Aeroportuaria se ha cumplido con las funciones que tienen encomendadas... (Página60)

181/000801 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca de si la existencia de un Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda sustituye a la obligación de elaborar una estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, exigida por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario... (Página60)

181/000802 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de integrar Renfe y Adif... (Página61)

181/000803 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre forma en la que se está preparando el proceso de liberalización del transporte ferroviario que tendrá lugar en el año 2020... (Página61)

181/000804 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), sobre fecha prevista para la finalización del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021... (Página61)

181/000805 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre puesta en marcha de una página web donde Adif y Adif Alta Velocidad aporten información actualizada sobre las obras en ejecución, sus posibles afecciones a la capacidad ferroviaria existente y su fecha prevista de puesta en servicio... (Página62)

181/000806 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre explicación de la disparidad de criterios entre el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno de inaugurar el tramo del AVE a Galicia Zamora-Pedralba de la Pradería (Zamora) en el año 2018 y la Declaración sobre la Red para 2018 de Adif sobre dicho tramo... (Página62)

181/000807 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de sustituir las barreras antirruido previstas en el Plan de Acción contra el Ruido por la colocación de un pavimento fonorreductor en la autopista AP-9 a su paso por el barrio de Mollavao, en el término municipal de Pontevedra... (Página63)

181/000808 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre puesta en marcha de una web donde se informe del desarrollo de las infraestructuras de transporte programadas o en ejecución... (Página63)

181/000809 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca del mantenimiento de los servicios de Talgo y Euromed que circulan por la estación de Tarragona ciudad con la puesta en marcha del Corredor del Mediterráneo... (Página63)

181/000810 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de ampliar el servicio de las líneas de trenes R14 y R15 desde Reus a Barcelona con la puesta en marcha del Corredor del Mediterráneo... (Página64)


Página 5




181/000811 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Baldoví Roda (GMx), sobre medidas previstas para paliar la discriminación que sufren los valencianos y las valencianas a través de la financiación y de las inversiones reales respecto a otras Comunidades Autónomas... (Página64)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000812 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para dar cumplimiento a la normativa europea, en relación con la revisión y actualización de los planes hidrológicos de las Islas Canarias, con la calidad, transparencia y celeridad que amerita el caso... (Página64)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/030098 Autor: Esteban Bravo, Aitor.

Atentado en el Bar Aldana de Alonsotegi (Bizkaia) el día 20/01/1980... (Página65)


Página 6




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/003044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y en su nombre la Diputada lone Belarra Urteaga y el Diputado Eduardo Santos Itoiz presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión Constitucional relativa a la defensa del autogobierno de Navarra y la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas que residen en Navarra.

Exposición de motivos

El Gobierno del Partido Popular ha desplegado en los últimos años una estrategia de "recentralización" que amenaza la autonomía de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y que estrecha los límites de lo recogido en la Constitución de 1978.

La aplicación del "techo de gasto" a las CC. AA. y de objetivos de déficit mucho más exigentes que los que se aplica a sí mismo el Gobierno Central, pasando por las "leyes Montoro" (la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña que supone un ataque sin precedentes a la autonomía de una Comunidad; deriva recentralizadora que no parece que vaya a detenerse si no hacemos algo por evitarla.

En el caso específico de Navarra, en los últimos años el Gobierno Central del Partido Popular ha interpuesto diecisiete recursos a leyes forales. Esta política recentralizadora que ataca directamente leyes navarras de marcado componente social va en la dirección contraria a la voluntad expresada por la mayoría social y política de Navarra, que, a través de su Parlamento, busca garantizar los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

El último episodio de esta estrategia del Partido Popular lo vivimos la pasada semana cuando el Tribunal Constitucional, cuya independencia se encuentra seriamente cuestionada en la actualidad, ha declarado la nulidad de la norma que reconoce la cobertura sanitaria universal en Navarra. De esta forma nos encontramos ante la paradoja de que la legislación navarra, que viene a dar cumplimiento a la normativa internacional de derechos humanos y al artículo 43 de la Constitución Española, en el que se reconoce el derecho a la protección a la salud de todas las personas, se declara inconstitucional.

El Tribunal Constitucional impone así el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus


Página 7




prestaciones, mediante el cual se destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en España. Un real decreto que, como se ha denunciado desde todas las instancias, vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.

Además, la aprobación de este real decreto generó un "efecto expulsión" del sistema sanitario que ha tenido gravísimas e incalculables consecuencias sobre la vida de miles de personas. No podemos dejar de recordar al ciudadano senegalés Alpha Pam que murió de tuberculosis en Palma de Mallorca después de que la sanidad balear se negara a atenderle en el año 2013, o a Soledad Torrico, ciudadana boliviana que falleció en Valencia o a Jeanneth Beltrán, fallecida en Toledo. Todas ellas víctimas de la exclusión del acceso normalizado a la atención sanitaria, que podrían haberse evitado con la norma foral ahora suspendida por el Tribunal Constitucional.

La sanidad pública navarra ha sido y es motivo de enorme orgullo para todas las personas que vivimos en Navarra. Más aún, en los últimos años el aumento de la inversión en sanidad del Gobierno del Cambio ha permitido mejorar la Atención Primaria, reducir las listas de espera y apostar por la investigación. Actualmente el presupuesto del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra alcanza los 1.059 millones de euros, con una inversión por habitante de 1.648 euros, casi 200 euros más que en 2015.

Por ese motivo la ciudadanía navarra y en su representación el Grupo Confederal de Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea en el Congreso, exige al Gobierno del Partido Popular que retire todos los recursos interpuestos a leyes forales y permita al Parlamento navarro legislar con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos humanos recogidos en la Constitución y en la normativa internacional que nos obliga a todos.

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cesar las políticas "recentralizadoras" que amenazan incluso el propio marco competencial recogido actualmente en la Constitución Española.

2. Retirar todos los recursos a leyes forales aprobadas por el Parlamento de Navarra y renunciar a la utilización del Tribunal Constitucional para inhabilitar el legítimo ejercicio legislador del Parlamento de Navarra, en cumplimiento de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía navarra.

3. Respetar la legislación aprobada por el Parlamento de Navarra que protege los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas, dando cumplimiento a la normativa internacional en derechos humanos que nos obliga a todos, como el derecho a la protección de la salud.

4. Derogar del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

5. Dar las correspondientes instrucciones al Instituto Nacional de Seguridad Social para que rectifique sus criterios de exclusión de la asistencia sanitaria pública a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, o que encontrándose en situación regular se les deniegue el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, como los y las ascendientes de ciudadanos españoles con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, reconociendo a todas las personas, con independencia de su situación administrativa, su aseguramiento de pleno derecho. Así como asegurar que las personas que han sido excluidas reciben la información de su reincorporación al Sistema Público de Salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 8




Comisión de Asuntos Exteriores

161/003057

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso militar y los ataques a las escuelas en conflictos armados, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Durante la última década, según el informe publicado por Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) Lessons in War 2015, grupos armados, ejércitos oficiales, fuerzas multinacionales e incluso fuerzas de paz han utilizado las escuelas y las universidades para fines militares como bases, cuarteles, centros logísticos, puestos de tiro, arsenales y centros de detención en al menos veintiséis países en conflicto. Se han ubicado francotiradores en las ventanas de las aulas, se han construido puestos de defensa en los techos de las escuelas, se han cercado patios de juego con alambre de púa, apilado bolsas de arena para impedir el ingreso a las escuelas, los patios se han utilizado para aparcar vehículos blindados y los soldados han usado aulas para dormir.

Durante un conflicto armado, el uso militar de las escuelas y universidades puede comprometer su estatus de bienes de carácter civil, transformando estos lugares de aprendizaje en objetivos militares legítimos, y exponiendo a estudiantes y docentes al riesgo de acciones de represalia. Esto pone en peligro la integridad física, el bienestar emocional y el derecho a la educación de los estudiantes.

En los peores casos, estudiantes han sido asesinados o han resultado heridos en ataques a establecimientos educativos debido a que habían sido usados por fuerzas militares. En otros casos, los estudiantes han sido agredidos sexualmente, hostigados y reclutados ilegalmente por parte de los soldados que ocupaban sus escuelas o universidades.

En épocas de conflicto armado, el acceso a establecimientos educativos seguros puede ofrecer a los estudiantes un importante resguardo y sensación de estabilidad. La seguridad en las escuelas y universidades puede transmitir a los alumnos información vital y mitigar las secuelas psicosociales de la guerra, y proteger a niños de la posibilidad de trata y reclutamiento por grupos armados. A largo plazo, una educación equitativa y de calidad fomenta la paz y la reconstrucción después de un conflicto, y ayuda a que los jóvenes adquieran las aptitudes y la formación necesarias para progresar en el plano personal y contribuir a la prosperidad de su comunidad.

En este contexto, las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados se han desarrollado bajo el liderazgo de la GCPEA. Son el resultado de varios años de consultas con gobiernos, fuerzas armadas, sociedad civil y organizaciones internacionales, sobre la base de evidencias de buenas prácticas que ya son aplicadas por algunas partes en conflictos armados.

Estas Directrices tienen el objetivo de reducir el uso de escuelas y universidades por parte de las partes en conflicto y de minimizar el impacto negativo que los conflictos armados tienen sobre la seguridad y la educación de los estudiantes. Las Directrices no tienen carácter jurídicamente vinculante y no afectan a las obligaciones existentes conforme al Derecho internacional. Su propósito es el de fomentar un cambio de conducta que redunde en una mayor protección para los niños, los jóvenes y la educación en situaciones de conflicto armado.

Los ataques a las escuelas siguen produciéndose a diario en lugares como Siria, como demuestra el hecho de que 45 escuelas fueron atacadas en Ghouta oriental desde comienzos de 2018, y 11 de ellas resultaron totalmente destruidas, mientras otras 30 escuelas tuvieron que cerrar por motivos de seguridad en Idlib en la última semana. En Colombia, a principios de febrero, 700 niños fueron obligados a interrumpir sus clases al encontrarse en medio del fuego cruzado entre grupos armados.

España estuvo muy activa en el proceso de redacción de la Declaración sobre Escuelas Seguras, el instrumento a través del cual los Estados se comprometen a proteger las escuelas en conflicto y a adoptar las Directrices, y fue uno de los primeros Estados en adherirse a ella, en la Conferencia de Oslo de junio de 2015. El Gobierno español ha incorporado además el tema de los ataques a las escuelas en su agenda en los últimos meses del mandato de España en el Consejo de Seguridad, dejando abierta una ventana


Página 9




de oportunidad para la adopción de una resolución al respecto, y está comprometido a seguir impulsando el tema a nivel internacional. En la Conferencia sobre Escuelas Seguras de Buenos Aires de marzo de 2017 España participó activamente, además de animar a firmar la Declaración a Estados de América Latina que aún no la han ratificado.

Todo lo expuesto demuestra la necesidad de que cada vez más Estados se comprometan con la protección de las escuelas y de los estudiantes en conflicto armado, para asegurar que el derecho a la educación sea una realidad para todos los niños y niñas que viven en estos contextos. Es necesario además un seguimiento adecuado de los compromisos asumidos por los Estados, a través de la celebración de reuniones periódicas con el fin de examinar la implementación de la Declaración y de uso de las Directrices.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Mantener su compromiso con la protección de la educación en conflicto armado, y en especial, con las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados, comprometiéndose a celebrar la próxima Conferencia sobre Escuelas Seguras en 2019.

- Animar, tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco de la SEGIB, a cada vez más Estados de América Latina a firmar la Declaración de Escuelas Seguras, comprometiéndose así a aplicar las Directrices."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2018.-María Soraya Rodríguez Ramos Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003061

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el papel de la Comunidad Autónoma de Canarias en el III Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

África es un continente clave para el desarrollo sostenible a nivel global. El Producto Interior Bruto (PIB) de la región creció de media un 2,2 % en 2016, ralentizado por la caída de los precios de los productos básicos y el bajo crecimiento económico global. África Oriental es la región que crece a mayor velocidad, con un 5,3 % de incremento del PIB real, seguida del Norte de África, con un 3 %. África Occidental y del Sur presentaron unas cifras menores debido a la ralentización del crecimiento de sus principales potencias sub-regionales, Nigeria y Sudáfrica, respectivamente. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento para África siguen siendo positivas, con las perspectivas del Banco de Desarrollo Africano, la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apuntando a un crecimiento del 4,3 % en 2018.

Pese a que los recursos naturales y las materias primas siguen siendo un importante motor del crecimiento en África, las economías del continente siguen diversificándose. En 2010, el peso del sector servicios en el crecimiento había aumentado hasta alcanzar el 47 % -desde el 44 % en el 2000- y el peso del sector industrial se disparó hasta el 23 % -desde el 17 % en el 2000-. Además, el consumo doméstico juega cada vez un papel más relevante en fortalecer la robustez de las economías africanas, así como la creciente importancia del emprendimiento y de las reformas institucionales para mejorar la calidad de gobierno y el clima empresarial. En 2014-2015, África fue el continente donde se pusieron en marcha el 30 % de todas las reformas regulatorias a nivel global, especialmente para favorecer el clima de negocios en Uganda, Kenia, Mauritania, Senegal y Benín. Además, el Informe Global de Competitividad


Página 10




del Foro Económico Mundial muestra que la mayoría de los países africanos también han mejorado entre 2011 y 2016, estando ahora por encima de otros polos de atracción de inversiones más conocidos como Camboya, Indonesia o Birmania.

Dada la posición geográfica de nuestro país, la estabilidad y el bienestar de los españoles dependen en gran medida de que África tenga un desarrollo sostenible y sostenido en el tiempo, que mejore las condiciones de vida a lo largo y ancho del continente y acabe con la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes. Según un informe de las Naciones Unidas sobre crecimiento demográfico, en 2050 África tendrá 1.300 millones de personas más, especialmente jóvenes. Hoy día, el 60 % de la población africana tiene menos de 25 años. Por ello, es importante situar a España como socio preferente en lo que concierne a afrontar los retos del desarrollo sostenible y la consecución de la Agenda 2030 en el continente africano.

Según datos facilitados por la Casa África en 2016, el comercio entre España y África se ha multiplicado por 2,5 durante los últimos diez años, situándose por encima de las cifras de comercio con América Latina. En 2017, El Ministerio de Economía reforzaba estos datos, presentando unas cifras de crecimiento de exportaciones del 11,5 %, llegando a suponer 19.000 millones, superando de nuevo las cifras con América Latina. Sin embargo, España aún está lejos de poder aprovechar el potencial de asociación e inversión que ofrece África, con únicamente 4.400 millones de euros invertidos en el continente frente a las cifras de China, que sólo en 2016 invirtió cerca de 30.000 millones, o de países como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos e Italia.

En un intento de aprovechar la oportunidad que supone África en términos de internacionalización de las empresas españolas y en materia de desarrollo sostenible, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redactó en 2006 el primer Plan de Acción para África 2006-2008 (o Plan África) para "la promoción de los Intercambios comerciales y de la inversión, en coherencia con el peso relativo de España en la economía mundial". Sin embargo, según una evaluación de este Plan que realizó la Fundación Alternativas en 2009, pese a que el comercio y la inversión mejoraron, el Plan África 2006-2008 no contribuyó a incrementar la importancia relativa del comercio y de las inversiones españolas, así como a la diversificación geográfica de estas actividades. Además, se señalaba la falta de innovación en materia de nuevos instrumentos para reforzar la presencia española en África, únicamente recurriendo a estructuras que ya se utilizaban tradicionalmente en la acción exterior de nuestro país respecto al continente africano. Además, el Plan carecía de una visión estratégica y de unos objetivos concretos a cumplir, limitándose a una enumeración de intereses e instrumentos a utilizar.

En 2009, el Gobierno de España presentó un nuevo Plan África 2009-2012 que continuara acompañando al incremento de intercambios comerciales e inversiones con el continente vecino. Un informe del Real Instituto Elcano de 2009 reconocía que se habían hecho avances respecto al anterior Plan, pero aún quedaba lejos de presentar una visión estratégica, con falta de coherencia entre instrumentos y objetivos, así como entre la política comercial y de inversiones y la de cooperación al desarrollo. Debido a la crisis económica y financiera global que afectó especialmente a nuestro país y a la decisión del Gobierno de España de reducir el peso de la acción exterior española en los Presupuestos Generales del Estado en la X Legislatura, el Plan África 2009-2012 tuvo una escasa incidencia.

En verano de 2017, el Ministro de Asuntos Exteriores D. Alfonso Dastis anunció que el Gobierno de España había decidido redactar un III Plan África para relanzar la estrategia española en el continente vecino una vez que nuestro país se recuperaba del impacto de la crisis económica. Para anunciar este Plan, el Ministro eligió una visita a Gran Canaria con motivo del décimo aniversario de Casa África en la que se encontraban presentes los embajadores de países africanos con representación diplomática en España. Sin duda, las Islas Canarias son la Comunidad Autónoma que presenta una mayor oportunidad para la presencia española en el dinamismo y el crecimiento de África. En marzo de 2017, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) publicó un análisis del comercio exterior de Canarias en el que se reflejaban los fuertes vínculos económicos y comerciales entre las Islas y el continente africano. Las principales exportaciones canarias fueron los combustibles (56,6 %), máquinas y aparatos mecánicos (12 %), el papel y cartón (6,3 %), y el vidrio sus manufacturas (5,3 %), que arrojaron un superávit comercial para Canarias de hasta 25,6 millones de euros. Sin embargo, no existen cifras que recojan el intercambio de servicios a nivel autonómico, pese a que el sector servicios está adquiriendo cada vez más importancia en los intercambios comerciales con África.


Página 11




Por ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Detallar el papel a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco del III Plan África para fomentar los intercambios económicos, comerciales y de inversiones entre España y el continente africano, con claros objetivos para los próximos cuatro años.

2. Expresar la relación de instrumentos financieros a nivel local, autonómico, nacional y europeo de los que el Gobierno de España tiene previsto hacer uso en la Comunidad Autónoma de Canarias para cumplir los objetivos del III Plan África.

3. Especificar qué papel tendrá la Comunidad Autónoma de Canarias dentro del III Plan África y cómo ayudará a contribuir a la consecución de los objetivos de los Acuerdos de Asociación Económica (EPA) que la Unión Europea ha firmado con países y regiones del continente africano, así como los objetivos globales de la Estrategia Conjunta África-UE y con los objetivos específicos de las estrategias regionales de la UE para el Golfo de Guinea y el Sahel.

4. Garantizar la seguridad jurídica de las actividades comerciales y económicas que desarrollen empresas y autónomos con residencia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el resto de España, especialmente en lo relativo al respeto de las sentencias judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la explotación de recursos naturales en el territorio del Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes.

5. Desarrollar una estrategia que aúne los instrumentos y objetivos de la política exterior española con los de la política de cooperación al desarrollo para garantizar que la acción exterior de España en África sea coherente y contribuya al desarrollo sostenible en el continente vecino y a la consecución de la Agenda 2030 tanto en España como en los países africanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003073

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Proposición no de Ley relativa a la no participación de España en consorcios o acuerdos de asociación europeos en materia militar o de seguridad con Estados, organizaciones públicas o privadas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos.

Acuerdo:

Admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores, excepto el punto 2, en la medida en que no cabe que por parte del Congreso de los Diputados se inste al Gobierno a realizar actuaciones que son competencia de la Cámara. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 12




A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la presente Proposición no de Ley relativa a la no participación de España en consorcios o acuerdos de asociación europeos en materia militar o de seguridad con Estados, organizaciones públicas o privadas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

España, como Estado Miembro de la Unión Europea participa en consorcios promovidos por los diferentes programas y proyectos impulsados por le UE en diversos ámbitos que van desde la salud hasta la cooperación en desarrollo de estrategias militares y de seguridad.

Un ejemplo de estos programas es el conocido como "Horizonte 2020", el programa de investigación e innovación más ambicioso puesto en marcha por la Unión Europea (UE) hasta la fecha y del que se espera que dé lugar a importantes avances, descubrimientos y patentes a nivel mundial, convirtiendo las grandes ideas surgidas de los laboratorios en productos de mercado. Este instrumento está dotado con 80.000 millones de euros que se repartirán durante un periodo de siete años (2014-2020).

Actualmente, Horizonte 2020 está siendo sometido a su evaluación intermedia y el nuevo programa marco que le reemplazará cuando termine está siendo diseñado. Durante los primeros 6 meses del 2018 la UE aprobará los principios, objetivos y normas que regularán el próximo programa marco de l+D durante los próximos 7 años (el programa FP9) y es por ello que debemos asegurar que las nuevas regulaciones respetan de manera escrupulosa tanto los valores que inspiran los programas de la UE de l+D, como los valores sobre los que se construye la UE, asegurando un riguroso cumplimiento de los derechos humanos y de la normativa comunitaria de manera transversal en todas y cada una de sus intervenciones.

Uno de los proyectos que se ha desarrollado en el marco del programa "Horizonte 2020" es el denominado proyecto Law-Train. Se trata de una iniciativa europea que tiene la finalidad de armonizar y compartir técnicas de interrogatorio entre los distintos países participantes y mejorar la colaboración entre los cuerpos policiales de los distintos Estados Miembros para permitirles afrontar nuevos retos relacionados con la delincuencia transfronteriza. El proyecto se encuentra bajo la coordinación de la Universidad Bar Ilan, de Israel con la participación del Ministerio de Seguridad Pública israelí, del Servicio Público Federal de Justicia belga, y de la Guardia Civil española.

Además, cuenta también con la participación de varios organismos privados: la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, la INESCID de Lisboa, Optimización Orientada a la Sostenibilidad SL de Sevilla y USECON Usability Consultants de Viena.

El período de vigencia del proyecto es del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018 y su coste total (cubierto 100 % por el programa Horizonte 2020) asciende a 5.095.687,50 EUR.

La participación del Ministerio de Seguridad de Israel en el proyecto Law Train puede violar varias convenciones internacionales, entre ellos artículos 1 y 4 de Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas (1984) que definen la tortura y la obligación de los Estados de perseguirla legalmente; el Estatuto de Roma en sus artículos 8, que define los crímenes de guerra, y el 71, que incluye la tortura entre los crímenes contra la humanidad; el artículo 4 de la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea sobre la tortura; el artículo 4, relativo a la protección de personas en tiempos de guerra; el 76 sobre la protección de civiles y el 147, sobre las responsabilidades en actos de tortura, de la Cuarta Convención de Ginebra.

La implicación directa en estas graves vulneraciones de derechos humanos como la tortura y detenciones arbitrarias, consideradas como crímenes contra la humanidad, ha sido objeto de duras críticas y ha llevado al Ministerio de Justicia portugués a retirarse de la iniciativa y a la Universidad de Lovaina en Bélgica a no renovar su participación en una posible segunda fase del proyecto, así como asumir un firme compromiso de adoptar regulaciones que prevengan la participación de la universidad en consorcios con organizaciones involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos.

El 13 de mayo de 2016 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó sus observaciones finales del examen periódico sobre Israel denunciando nuevamente a Israel por torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso de prácticas ilegales en el marco de los interrogatorios a cargo de los agentes de policía y funcionarios de prisiones israelíes como la denegación de acceso a asesoramiento jurídico durante un periodo de hasta sesenta días, y el uso de pruebas obtenidas por la fuerza.


Página 13




La tortura se ha practicado de manera habitual por parte de los servicios de seguridad israelíes en los territorios palestinos ocupados en 1967, como ha sido reconocido también por las autoridades israelíes, como ya confirmó en 1987 una comisión encabezada por el juez del Tribunal Supremo Moshe Landau, en la que se certificaron el uso de lo que las autoridades llamaban "moderadas medidas de presión física ejercidas en ciertos casos", definición que los Comités Internacionales contra la Tortura consideraron inaceptable en 1994.

El 6 de septiembre de 1999, el Tribunal Supremo israelí consideró inaceptable que en los interrogatorios se usaran de manera habitual prácticas consideradas como torturas, tratos inhumanos o degradantes. Pese a aceptar que su uso podía dejar de perseguirse jurídicamente en casos de necesidad, certificó que esto no era una autorización general. Estas prácticas se utilizan, en particular, contra personas palestinas y migrantes. La cooperación con la Policía israelí en la metodología de interrogatorios no sólo resulta política y éticamente inaceptable, sino que supone una seria vulneración de los compromisos internacionales de España en la salvaguarda de los derechos humanos.

España ratificó el 9 de noviembre de 1987 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Esta convención condena todo tipo de tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de cualquier persona, así como también establece las obligaciones de los Estados de promover políticas públicas respetuosas con estos principios.

"Artículo 2:

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción."

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 3.º establece la prohibición de la tortura en los siguientes términos:

"Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes."

En el mismo sentido se pronuncia la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en su artículo 4 establece que:

"Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes."

Por su parte la Constitución española establece en su artículo 15 que:

"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra."

Al amparo del Derecho Internacional y de los principios constitucionales, el Estado español está obligado a garantizar que ninguna de las políticas públicas o de los programas y proyectos que desarrollen las administraciones públicas infrinjan los principios de prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Concretamente, el Estado español y cualquiera de sus instituciones no pueden hacer uso de prácticas ilegales en el marco de los interrogatorios a personas investigadas por delitos o por actos de terrorismo, incluso cuando estos se relacionen con actividades de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.

España no puede desarrollar prácticas de lucha contra el crimen organizado y contra atentados terroristas basadas en interrogatorios ilegales que manejen prácticas de torturas, tratos crueles e inhumanos. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no pueden recibir una instrucción y entrenamiento que no sean estrictamente respetuosos con los principios de garantías y plena vigencia de los derechos humanos, que forman parte de nuestra democracia.

Con el fin garantizar el riguroso cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España y la Unión Europea en materia de derechos humanos, como los expresados en el artículo 2 del acuerdo de la Comisión de la UE e Israel en 1995, y con el objetivo de prevenir que instituciones públicas y/o privadas españolas participen en consorcios que incluyan como socias a organizaciones


Página 14




públicas y/o privadas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha las medidas legislativas y/o reglamentarias oportunas para impedir que las administraciones y los entes del sector público, incluidas las empresas públicas empresariales y las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de los entes del sector público sea superior al 50 %, formen parte de consorcios de proyectos financiados por la UE que incluyan como socias a organizaciones públicas y/o privadas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos y convenciones internacionales.

2. [...]

3. Exigir a la UE la exclusión de todos los programas marco, y en especial del nuevo programa FP9, de aquellas organizaciones denunciadas por las Naciones Unidas por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

4. Exigir al Gobierno de España un compromiso de no renovación del programa Law Train.

5. Modificar la política exterior de España en sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, con el objetivo de:

- Hacer cumplir la legislación internacional para poner fin a todos los programas de cooperación con las instituciones israelíes radicadas en los Territorios Palestinos ocupados, incluida la Policía Nacional israelí, que violan el derecho internacional.

- Siguiendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobadas por España, hacer cumplir la legislación internacional y poner medidas para acabar con la ocupación ilegal del Estado de Israel a los territorios del Estado Palestino por incumplir las obligaciones y principios generales del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y en especial los derechos de la población palestina.

- Condenar las prácticas de los cuerpos policiales, militares y de seguridad israelíes basadas en ejecuciones ilegales, detenciones arbitrarias, torturas efectuadas en forma metódica y rutinaria, demolición masiva de viviendas, destrucción de bienes y animales, confinamiento de la población palestina en ghettos y la expulsión de su territorios entre otras medidas punitivas.

- Hacer cumplir las condenas de organismos internacionales, como el Tribunal de la Haya, contra el muro israelí de Cisjordania, así como la construcción de asentamientos con colonos extremistas en la Ribera occidental, ya que constituyen actos de un sistema político y social basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales y religiosos, que pueden ser un crimen de apartheid, tal y como define la Convención contra el Apartheid (1973). El Estado de Israel mantiene un sistema de apartheid contra Palestina que ha convertido la Franja de Gaza en la prisión a cielo abierto más grande del mundo.

- Adoptar medidas diplomáticas para detener los crímenes de niños y jóvenes palestinos, la destrucción de cultivos, y exigir el retorno de millones de refugiados palestinos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Rafael Mayoral Perales, Diputado.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/003048

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación, tributación, comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Página 15




Exposición de motivos

Las denominadas criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son el producto de la tecnología de la cadena de bloques (comúnmente conocida como "blockchain") que permite, entre otras cosas, realizar servicios semejantes a los de pago, de forma descentralizada y sin someterse a ninguna autoridad, así como controlar su masa monetaria. Debido a esto, a menudo se las ha comparado con el oro digital o incluso con el dinero del futuro.

Respecto a su posible función como dinero digital de curso legal, es preciso señalar en primera instancia que las criptomonedas no cumplen del todo con los fines de la buena moneda. Tradicionalmente, se considera que una buena moneda es aquélla que sirve (1) de unidad de cuenta, (2) de medio de intercambio y (3) de reserva de valor. No nos cabe duda de que Bitcoin es una unidad de cuenta y de que, aunque de un modo limitado, puede ser utilizado como medio de intercambio; decimos "limitado" porque la inmensa mayoría de particulares, prestadores de servicios y, en definitiva, de operadores económicos no aceptan Bitcoin como contraprestación por bienes y servicios.

En cualquier caso, lo que sí es claro, es que las criptomonedas no son un producto seguro como reserva de valor, a la vista de la enorme volatilidad de su precio y, sobre todo, de su escasa liquidez, pues en cualquier momento pueden frenarse las compraventas de su específico mercado (ni oficial ni regulado), lo que irremediablemente significaría que el dinero invertido por los particulares en dichas criptomonedas quedaría atrapado en la red de forma indefinida.

Si intentamos poner cifras en euros, como muestra de ese elevado volumen de transacciones y volatilidad, advirtamos que durante 2017, la capitalización de todas las criptomonedas se ha disparado desde los 14.495 millones hasta los 463.825 millones de ?. Por tanto, han multiplicado por casi 32 veces su valor en el mercado mientras que el bitcoin, en dicho periodo de tiempo, se ha disparado desde los 949,3 dólares hasta los 13.411 dólares. Es decir, ha multiplicado por más de 14 veces su precio en sólo 12 meses.

Pero a pesar de que la regulación de las criptomonedas no es clara todavía, su tributación sí lo es y con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto de Sociedades (IS), un contribuyente deberá declarar las pérdidas y ganancias de patrimonio que se produzcan como consecuencia de la compraventa de éstas, por diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, tal y como se realiza de forma similar con los activos financieros.

Por poner un ejemplo, una persona física que tribute por IRPF, la ganancia patrimonial obtenida por la diferencia de los valores de adquisición y transmisión, descontando los gastos de tramitación o gestión, tributarán en el primer tramo, que va desde los 0,01 hasta los 6.000 euros, al tipo del 19 %; el segundo tramo, fijado entre 6.001 y 50.000 euros deberá tributar al 21 %; y el tercer y último tramo, para ganancias superiores a 50.001 euros al tipo del 23 %. Además de lo previamente expuesto, estas criptomonedas entrañan otros riesgos no desdeñables.

Por un lado, resulta paradójico que la tecnología Blockchain, que aporta total transparencia a las transacciones en tanto en cuanto es un libro de contabilidad inalterable, en el ámbito fiscal resulte tan opaco a causa de la falta de información y transparencia de las transacciones, por la ausencia de mecanismos de información periódica de las plataformas e intermediarios financieros que dan cobertura a estas transacciones. De hecho, además de aquellos que hacen uso de las criptomonedas con fines de inversión especulativa, y en tanto que se trata de un producto financiero que se encuentra todavía en sus inicios y funciona de un modo descentralizado y sirviéndose de la citada opacidad en sus operaciones, también hemos de destacar a aquellos individuos que las utilizan por sus garantías de anonimato y opacidad para financiar actividades delictivas como el blanqueo de capitales de cualquier actividad ilícita.

A causa de lo anterior y de que no existe ningún país en el mundo que haya regulado verdaderamente el uso de las criptomonedas, éstas aún generan una enorme incertidumbre. Por tanto, es urgente mejorar las obligaciones de información de los poderes públicos para prevenir la comisión de delitos y la evasión fiscal mediante el uso de criptomonedas, a fin de evitar perjuicios irremediables en el futuro de cuyos perjuicios pudiera verse especialmente afectado el pequeño consumidor. No es capricho recordar, a este respecto, que en España hemos sufrido diversos escándalos bancarios y financieros como resultado de una deficiente protección del consumidor e inversor financiero. Algunas instituciones españolas ya han tomado cartas en el asunto, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, que el 8 de febrero de 2018 emitieron conjuntamente un comunicado 1 a los efectos de advertir

1 https://www.cnmv.es/loultimo/NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf


Página 16




oportunamente al pequeño ahorrador. Procede recordar igualmente que Ciudadanos y el Partido Popular pactaron en el punto 15 del acuerdo de investidura la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero con propósitos similares.

Sin perjuicio de lo anterior, ello no debe obstar para que sea ciertamente oportuno fomentar la investigación en este campo, especialmente sobre la tecnología que lo sustenta, blockchain o cadena de bloques, como ocurre por ejemplo, en Reino Unido a través del llamado "sandbox", que pone en contacto a empresas e inversores cualificados para desarrollar las aplicaciones prácticas y tecnológicas de estos fenómenos. El término "sandbox" -literalmente, caja de arena- hace referencia a un espacio donde los niños pueden jugar y experimentar en un entorno controlado. En el mundo de las empresas innovadoras en el campo de las finanzas, un "sandbox" es un entorno de pruebas cerrado, diseñado para experimentar de forma segura con proyectos de desarrollo web o de "software".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es indudable que el Gobierno debe igualmente tomar partido en esta causa y proporcionar la mayor información respecto de esta cuestión y la mayor difusión posible a los riesgos que estas criptomonedas entrañan. Es urgente, en definitiva, desarrollar los mejores marcos regulatorios posibles para estos modelos emergentes, cuyo objetivo no debe ser sino el de acompasar el cumplimiento de las estrictas regulaciones financieras al crecimiento y los ritmos de las empresas más innovadoras, de tal forma que no se "estrangule" con normas al sector "fintech", pero tampoco se relaje la protección de los derechos de los consumidores.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros.

2. Regular las obligaciones de información a la Agencia Tributaria por parte de los intermediarios financieros en la compraventa de criptomonedas, al objeto de lograr una adecuada y efectiva tributación de los rendimientos obtenidos y un correcto traslado de datos a los contribuyentes de sus obligaciones tributarias.

3. Dar una difusión adecuada de la información sobre los riesgos, los derechos y las garantías que los inversores españoles asumen al invertir en criptomonedas para evitar perjuicios económicos de imposible reparación, dada la triste historia reciente en productos financieros complejos de alto riesgo.

4. Elaborar una regulación adecuada que favorezcan la innovación y la tecnología Blockchain, con la necesaria seguridad jurídica. Revisando para ello las diferentes normativas que puedan afectar al desarrollo y adopción de esta tecnología y favoreciendo su introducción en el mercado mediante entornos controlados de pruebas (sandbox)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003050

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa a la regulación y actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias y su adecuación a lo contenido en la normativa comunitaria.


Página 17




Antecedentes

La indemnización por residencia es un concepto salarial no retributivo que históricamente han percibido los empleados públicos estatales que prestan sus servicios en los territorios que, por causas geográficas o políticas, requieren un tipo de compensación. Dicha retribución por residencia, anteriormente denominada "asignación por residencia" ha sido reconocida a las y los funcionarios públicos desde 1971.

El Decreto 361/1971, de 18 de febrero, sobre indemnización por residencia, reza:

"Artículo primero: La indemnización por residencia se percibirá por los funcionarios civiles del Estado y Organismos autónomos y personal de las fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada y Eclesiástico del Estado que, percibiendo sueldos con cargo a presupuestos, residan permanentemente por razón de destino en aquellos lugares del territorio nacional que se indican."

Para el caso en cuestión, se indica que para Gran Canaria y Tenerife la indemnización será en un porcentaje del 30 %, La Palma y Lanzarote un 35 % y Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y el resto del archipiélago canario un 50 %. Si bien esta norma pertenece a la etapa preconstitucional y es anterior a la amplia reforma de la Función Pública, que en su día se produjo por la Ley 30/1984 de 2 de agosto. Esta ley instauró un nuevo régimen retributivo para los funcionarios públicos a través de su artículo 23, de carácter básico y por tanto de aplicación a todas las Administraciones públicas, en cuya estructura, para este caso, se habla de indemnización por razón del servicio, y actualmente regulado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Si bien las indemnizaciones por residencia no se reflejan en el nuevo marco retributivo establecido por la Ley 30/1984, éstas siguieron abonándose con carácter transitorio, al personal destinado principalmente de las islas.

Debido a este vacío jurídico, han sido varias las sentencias de los Tribunales de Justicia, donde reconocen el derecho de los y las funcionarías a cobrar dicha indemnización. Entre ellas podemos mencionar la sentencia del STSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 18-11-1997 [RJCA 1997/3031] y del TSJ de Canarias, Las Palmas, de 4-10-2000 [RJCA 2000/2777].

De igual manera, son relevantes los Reales Decretos 1170/2007 y 1171/2007 de 10 de septiembre, por el que se actualiza el complemento de destino para Gran Canaria y Tenerife para los miembros de las carreras Judicial, Fiscal y cuerpo de Secretarios Judiciales, en su exposición de motivos dice: el personal del sector público estatal destinado en las Islas Canarias ha venido percibiendo históricamente una indemnización por residencia. En el ámbito de la de la administración de justicia la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carrera judicial y fiscal establece que el concepto de indemnización pasa a considerase retribuciones y se integra en el complemento de destino. La finalidad de la modificación propuesta en estos reales Decretos es aumentar el complemento de destino a miembros de las carreras Judicial y Fiscal por circunstancias especiales en Gran Canaria y Tenerife, por su alto grado de rotación u ocupación en un 160 %, factores que se generalizan en el resto de colectivos empleados públicos estatales pero que no es efectivo a la hora de establecer la indemnización salarial para todos.

Por tanto, estas remuneraciones no han sido igualitarias para todo el personal público estatal. En el caso de las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, el incremento respecto al resto de islas y al monto que perciben los miembros de la carrera judicial ha generado una brecha considerable respecto a los Guardias Civiles y el personal de la Policía Nacional, pues en la actualidad está unificado para todos en una misma cantidad, lo que ha dado como resultado que en unas Islas se haya incrementado por encima de su cuantía en origen y otras mantienen alguna pérdida como es el caso de Gran Canaria y Tenerife para estos colectivos mencionados.

Ahora bien, cabe recordar que las Islas Canarias son reconocidas por el Tratado de Ámsterdam en su artículo 299.2 TCE como Región Ultraperiférica, para reforzar los lazos que mantienen a estos territorios en el mercado común, respetando así el estatus singular del que ha gozado históricamente este archipiélago atlántico. De este modo, la continuidad de las Islas y el resto de regiones reunidas bajo esta clasificación, todas ellas ubicadas más allá de los límites geográficos del Viejo Continente, se ha supeditado al cumplimiento de un compromiso en firme: acortar las diferencias sociales y económicas que las alejan de los principales indicadores de bienestar comunitarios, además de consentir ciertas excepciones a su ordenamiento normativo.

El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997, definió la base jurídica del concepto de Región Ultraperiférica (RUP) por primera vez. Mientras que el Tratado de Lisboa vino a fortificar esa base mediante


Página 18




el reconocimiento de las características especiales de este tipo de emplazamientos, todos ellos extracontinentales, así como la necesidad de tomar medidas específicas para impulsar su desarrollo. Además de esto, las propias Regiones Ultraperiféricas se han organizado para unificar criterios y cooperar a la hora de actuar políticamente, garantizando con ello el abordaje mancomunado de sus problemáticas fundamentales por parte de la Unión. Con esta designación, dicho tratado recomienda que se tomen medidas encaminadas al desarrollo, así como al perfeccionamiento de las condiciones de acceso a los fondos estructurales de la Unión.

Desde el programa operativo FEDER Canarias 2014-2020, se establece, en su Eje 15, la compensación de los costes adicionales de las RUP. Con una asignación presupuestaria de 484,1 millones de euros destinados a compensar los sobrecostes asociados a la condición de Canarias como región ultraperiférica. Por tanto, y según la circular de asignación adicional para RUP de la subdirección General de Gestión del FEDER, se indica que la parte del salario que tiene carácter compensatorio es financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de la asignación RUP del programa Operativo de Canarias 2014-2020 desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo que implica que la aportación, en relación a los PGE, sería de una cuantía mínima.

De manera que, en atención a estos objetivos se podría empezar a hablar de la consolidación, en el seno de los Estados europeos, de una nueva tipología de servicios: los Servicios Ultraperiféricos. Una catalogación que ha permitido que se dé cobertura a programas específicos en regiones extracontinentales como Canarias, cuya ubicación y condiciones socioeconómicas particulares han legitimado su aplicación a lo largo de los años, aunque nunca lo hayan hecho aún bajo la denominación que aquí proponemos en arreglo a la normativa comunitaria vigente.

Atendiendo a esta situación singular, a una parte de la plantilla funcionarial del Estado en Canarias, concretamente el gremio formado por jueces, fiscales y secretarios judiciales, se les implementó una significativa subida salarial durante el año 2008 en concepto de indemnización por residencia. Pero esta realidad no ha logrado extenderse al resto del personal dependiente de la Administración General que desempeña su actividad profesional, generándose una situación de inequidad entre profesionales que no responde a condiciones objetivas de ningún tipo. De hecho, esta realidad desigual ha posibilitado que, en algunos casos, una parte del cuerpo funcionarial haya tenido que salvar la situación recurriendo al sistema de justicia, lo que ha provocado que el montante total a percibir como indemnización por residencia haya variado según el caso, forzando incluso al Consejo de Ministros a actualizar y modificar de manera sobrevenida algunas de estas cantidades. Y ello a pesar del compromiso tácito que han contraído los poderes públicos de aplicar esta medida a la totalidad de la plantilla funcionarial del Estado que desempeña su actividad profesional actualmente en la Región Ultraperiférica de Canarias.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Igualar las condiciones en las que perciben la indemnización por residencia en el archipiélago canario a la totalidad de la plantilla funcionarial de la Administración General del Estado.

2. Revisar y actualizar la aplicación de la indemnización por residencia que deben percibir el cuerpo funcionarial de la Administración General del Estado en las islas no capitalinas del archipiélago canario según lo establecido en el Decreto 361/1971, de 18 de febrero.

3. Modificar la denominación de la actividad profesional que prestan los empleados públicos de la Administración General del Estado en el archipiélago para que pasen a denominarse como Servicios Ultraperiféricos del Estado en Canarias, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa comunitaria. "

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes, Carmen Valido Pérez y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.- Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 19




161/003062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley en favor del rescate integral de la Función Pública, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

La función pública se enfrenta a graves dificultades desde 2009. Los principales problemas presupuestarios que afectan a las administraciones públicas, tanto al nivel del Estado central como a otros niveles territoriales, se concentran principalmente en la precaria situación que atraviesa su personal. Entre otros asuntos, pueden destacarse:

- Una reducción drástica de las plantillas, debido a la imposición de unas tasas de reposición raquíticas o inexistentes dentro del sector público.

- Un envejecimiento generalizado de las plantillas: durante 7 años, por cada 10 funcionarios o funcionarias jubiladas, solo se ha cubierto una plaza.

- Una devaluación de las condiciones laborales del personal de las administraciones y servicios públicos.

- El fomento del empleo temporal o de las externalizaciones para cubrir servicios que antes podían asumir las propias administraciones de manera directa.

En relación con la reducción de las plantillas de las administraciones, éstas registran un déficit de 170.000 empleos desde que en julio de 2011 se tocara techo a nivel de empleo público y se empezaran a destruir puestos de trabajo en este ámbito. Además, 119.174 personas en la Administración General del Estado tienen más de 50 años (un 63 %), con lo cual el problema se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.

Como cifran los sindicatos mayoritarios, el número de personal funcionario que falta para poder prestar servicios de calidad asciende a 356.000. De estos, 24.000 corresponden a la Administración General del Estado, 40.000 a la administración autonómica, 91.000 a la administración local, 107.000 al sistema educativo y 94.000 al sistema nacional de salud.

Por otro lado, en el capítulo de la devaluación de las condiciones laborales, en los últimos años, todas las empleadas y empleados públicos han sufrido recortes en sus retribuciones. Recortes directos con una bajada salarial en 2010 y con las sucesivas congelaciones salariales producidas; pero también recortes indirectos, como la desaparición de ayudas de acción social, la reducción de las prestaciones por incapacidad temporal, la reducción de vacaciones y permisos, entre otras. Ello les ha provocado una importante pérdida de poder adquisitivo al mismo tiempo que sufrían un incremento de la carga de trabajo por la pérdida de efectivos en las plantillas.

En otro orden de cosas, la capacidad de negociación de las administraciones públicas para fijar las condiciones de desempeño de los puestos de trabajo se ha visto también mermada en los últimos años. A título de ejemplo, el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las administraciones fijarán la jornada general de sus funcionarios públicos. Sin embargo, La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 estableció una jornada mínima de 37,5 horas semanales en el conjunto del sector público, suspendiendo los acuerdos y convenios que tuvieran establecida una jornada inferior. Dicha norma fue justificada en su día por la necesidad de proceder a un rápido ajuste presupuestario como consecuencia de la crisis; habiendo hoy desaparecido sustancialmente las causas que motivaron dicha medida, procede enervar la fijación de jornada mínima, dentro del proceso paulatino de recuperación de los derechos de empleadas y empleados públicos recortados durante la crisis. Es decir, es momento de levantar la suspensión -que no anulación- que opera sobre los pactos, acuerdos y convenios que establezcan jornadas inferiores, pues la citada suspensión solo puede tener efectos mientras subsisten las causas que la motivaron. Desaparecidas éstas, desaparece su objeto de modo que, de mantenerse, la suspensión temporal por circunstancias


Página 20




excepcionales se convertiría, como establece el artículo 38.10 del EBEP, en un verdadero incumplimiento de los pactos y acuerdos alcanzados.

Por último, durante la crisis no sólo se ha destruido empleo público, sino que se ha precarizado el existente. Las altas tasas de temporalidad en el empleo público no están justificadas, y su estabilización no supone un aumento del gasto público.

Después de años sin dialogar, el Gobierno se avino en marzo de 2017 a pactar con las organizaciones sindicales de la Mesa General de las Administraciones Públicas un acuerdo con objeto de reducir la temporalidad poniendo en marcha un proceso de estabilización, de consolidación de puestos de trabajo desempeñados de forma interina o temporal.

Esta "voluntad" de enmienda venía provocada por las múltiples llamadas de atención que desde Europa llegaban, como ocurría por ejemplo con la sentencia 2016/148258 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la que consideraba discriminatoria la legislación española con las empleadas y empleados públicos temporales, pues no les reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral. El mero hecho de que un trabajador preste sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no justifica, a ojos de este Tribunal, la negativa de su derecho a la mencionada indemnización. El Tribunal, cuya sentencia evidencia que la Administración española hace un uso recurrente de las contrataciones temporales, simboliza una llamada a que el legislador incluya más elementos disuasorios para evitar la temporalidad.

El mencionado acuerdo de consolidación se incluyó en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Concretamente en el artículo 19.Uno epígrafe 6, en el que se establece que los sectores en los cuales se podrá llevar a cabo este proceso de consolidación, a lo largo de tres años, serán los de: educación, sanidad, justicia, servicios sociales, prestaciones y políticas activas en materia de empleo, Policía Local, el personal docente e investigador, la gestión tributaria y la recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en materia de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formación para el empleo, y el personal de la Escala de Médicos-Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

No obstante, si bien algunos de los sectores reflejados en el acuerdo presentan una alta tasa de temporalidad, esta misma se da en muchos otros ámbitos del empleo público, sin que tenga justificación alguna permitir la estabilización de dicho empleo en unos sectores, mientras se deja fuera a otros. Especialmente gravoso es el caso de las Administraciones Locales, que presentan una alta temporalidad, sin que exista justificación alguna para que no se contemplen en el proceso de estabilización del empleo temporal, máxime teniendo en cuenta que la necesidad de reducir la tasa de temporalidad debe interpelar a todas las Administraciones Públicas, muy especialmente teniendo en cuenta el objetivo fijado en el mismo artículo 19.Uno.6, a saber, terminar el proceso de consolidación con una tasa inferior al 8 %.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Primero. Eliminar la tasa de reposición, de manera que las diferentes Administraciones Públicas puedan atender sus necesidades de personal conforme a sus disponibilidades presupuestarias.

Segundo. Recuperar el poder adquisitivo perdido por el personal de las Administraciones Públicas, estableciendo un calendario con las Organizaciones Sindicales de manera que en primer lugar se garantice el mantenimiento del actual poder adquisitivo en cada ejercicio presupuestario, y por otro lado se incorpore un porcentaje anual que inicie la recuperación del porcentaje perdido.

Tercero. Recuperar la integridad de la prestación por incapacidad temporal.

Cuarto. Restablecer en la capacidad de negociación de la jornada laboral a cada Administración Pública, pudiendo instaurarse jornadas de 35 horas.

Quinto. Consignar en los próximos Presupuestos Generales del Estado que en todos los ámbitos y para todas las Administraciones Públicas se disponga de una tasa adicional de reposición para la estabilización de empleo temporal que incluya hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a la fecha de publicación del presupuesto.


Página 21




Sexto. Aprobar una Oferta Púbica de Empleo extraordinaria en el ámbito de la Administración General del Estado que reponga el empleo destruido desde el 2009 y haga frente al envejecimiento de la plantilla, prioritariamente en los ámbitos de Seguridad Social, Investigación, Ministerio del Interior o Instituciones Penitenciarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003063

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la desigualdad salarial de empleados de la Administración General del Estado, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Con la excusa de cumplir con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Estado en aras de hacer frente a los estragos de la crisis y la disminución consiguiente de ingresos de las Administraciones Públicas, el Gobierno español encadena ya ocho años de recortes en las Administraciones Públicas. Estos recortes han afectado dramáticamente la prestación óptima de los servicios públicos, así como al poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos mermados drásticamente en estos años.

Muy especialmente en lo concerniente al personal adscrito a la Administración General del Estado esta situación es especialmente complicada, ya que sus retribuciones cuentan con la ratio de ingresos más bajos dentro del conjunto de Administraciones Públicas.

En los últimos años, todas las empleadas y empleados públicos han sufrido recortes directos en sus retribuciones, con una bajada salarial en 2010 y con las sucesivas congelaciones salariales producidas, o indirectas, como la desaparición de ayudas de acción social, la reducción de las prestaciones por incapacidad temporal, reducción de vacaciones y permisos, entre otras, que han provocado una importante pérdida de poder adquisitivo. Además, la carga de trabajo se ha incrementado de manera notable por la pérdida de efectivos en las plantillas.

Además de inservible -la deuda pública sigue en niveles cercanos al 100 % del PIB a la vez que se recorta gasto público y llevamos dos años de crecimiento del mismo en torno al 3 %-, las políticas de ajuste se han demostrado injustas.

A esta drástica reducción de poder adquisitivo desde el 2010 sufrida por todo el personal de las AAPP, hay que añadir, que a lo largo de los años, se ha generado un agravio comparativo en perjuicio del personal de la Administración General del Estado (Ministerios, Organismos, Entes, Entidades Gestoras e Instituciones Penitenciarias), que tiene hoy unas retribuciones en torno al 25 por ciento inferiores respecto a la media del personal de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales. Esto ha hecho que la pérdida de poder adquisitivo dentro de la AGE proporcionalmente haya sido más gravosa.

Analizando los datos, la Administración General del Estado paga entre 1.000 y 21.000 euros menos que las CC.AA. por el mismo puesto, lo que es más sorprendente si nos fijamos en cómo desde 2010 se ha producido una pérdida de masa salarial acumulada en la Administración General del Estado de 1.657,7 millones de euros que podría invertirse en una subida salarial. El agravio es tanto más lacerante por cuanto que afecta a una masa salarial ingente: a día de hoy, en la Administración General del Estado, incluida la Administración de justicia no transferida, el número de trabajadores se sitúa en torno a los 230.000. Todos ellos esperan, legítimamente, una subida salarial.

Es sencillo entender que la subida de los salarios de las empleadas y empleados públicos de la AGE, que desarrollan su trabajo tanto en los Servicios Centrales, como en los servicios periféricos de toda España coincidiendo en muchos casos con los empleados de las Comunidades Autónomas en los mismos locales u oficinas -pero con unas retribuciones muy inferiores-, es una reivindicación justa y ponderada.


Página 22




Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Primero. Consignar en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida de fondos adicionales destinados en exclusiva a incrementar las retribuciones del personal al servicio de la Administración General del Estado.

Segundo. Establecer una agenda pública de reuniones con las organizaciones sindicales durante 2018 orientada a la materialización de esta subida a lo largo del próximo ejercicio, en la que se puedan identificar aquellos puestos en los que es urgente y necesaria la misma.

Tercero. En ningún caso, el incremento salarial a que se refiere el punto Primero supondrá una merma de las competencias y capacidad negociadora que el Estatuto Básico del Empleado Público y los diferentes Estatutos de Autonomía reconocen a las diferentes Administraciones Públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/003067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Pertenecer a la Unión Europea tiene muchas ventajas, y de hecho, estar en Europa ha proporcionado a España los mejores años de su historia, tanto en democracia como en crecimiento económico. También comporta aceptar sus reglas, entre otras las fiscales. La regla de gasto fue introducida en la UE en 2011 en el paquete de reformas del gobierno económico y fiscal denominado "Six Pack". Esta reforma, en medio de una crisis económica y financiera internacional de primer orden, contribuyó de forma clave a salvar el Euro y fortalecer el proyecto de integración europea.

Es preciso recordar que la ausencia de reglas fiscales, la indisciplina fiscal, al final lleva siempre a subidas imprevistas de impuestos y a recortes indiscriminados de gasto público. La principal amenaza del Estado del bienestar es siempre el gasto sin control.

La Administración local ha cumplido durante cinco años consecutivos los tres criterios de estabilidad: superávit, deuda y techo de gasto por lo que ha sido la que mejor ha cumplido con los requisitos de Europa.

Los ayuntamientos y las diputaciones a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclaman un sistema que permita ejecutar el ahorro de presupuestos en ejercicios anteriores, que actualmente supone unos 5.000 millones de euros, el 0,45 % del PIB español.

Como no puede ser de otro modo, corresponde a los Ayuntamientos y las Diputaciones ser quienes gestionen y gasten su propio superávit. En este sentido la aplicación de la regla del techo de gasto entre 2012 y 2017 ha supuesto en cierto modo una transferencia por la vía del hecho a Comunidades Autónomas, de Seguridad Social o el Gobierno de España, cubriendo sus incumplimientos de los objetivos de déficit y permitiéndoles gastar más.

En 2014 ya se modificó la regla de gasto (disposición adicional sexta de la LOEPSF) para introducir la posibilidad de que las entidades saneadas ejecuten gasto en inversiones financieramente sostenibles (IFS), sin embargo las Corporaciones Locales están utilizando poco esta opción.

En 2015 realizaron inversiones financieramente sostenibles por importe de 660,1 millones de euros, un 34,3 % del superávit disponible para financiar aquellas inversiones. En 2016 el importe total en inversiones financieramente sostenibles aprobado se elevó a 696,31 millones, de los 2.687,44 que podrían


Página 23




haber destinado, lo que supone un retroceso en porcentaje al 25,91 %. Sería deseable revisar la definición de IFS y su aplicación para que se aproveche mejor su potencial.

Recientemente el Ministro de Hacienda se ha comprometido a traer una norma urgente que permita a los ayuntamientos disponer de los 5.000 millones de euros de superávit de 2017 durante este año y el próximo.

Las reformas normativas que se planteen deben proteger nuestra credibilidad fiscal y la estabilidad presupuestaria alcanzada con mucho esfuerzo. Igualmente es deseable introducir los incentivos políticos adecuados para favorecer que las inversiones a campos que permitan ganancias de eficiencia y una mayor sostenibilidad de las cuentas públicas, como por ejemplo la digitalización de la administración y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la gestión de infraestructuras y de las ciudades, que frecuentemente se denomina como el desarrollo de smart cities.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer un grupo de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para aumentar la utilización de las inversiones financieramente sostenibles, que incluya:

a) Una simplificación de la burocracia, especialmente para los ayuntamientos de menor población.

b) Un listado de inversiones financieramente sostenibles de especial interés, en función de las debilidades detectadas por los distintos ministerios y el tribunal de Cuentas, en las que puedan invertir su superávit presupuestario.

c) Un impulso de la administración digital y de medidas las smart cities.

2. Elaborar un informe para la reestructuración de entidades integrantes del sector público con el objetivo de eliminar gasto público superfluo mediante:

a) La evaluación de posibles duplicidades e ineficiencias en la prestación de servicios.

b) La extinción de entidades sin actividad o con actividad muy reducida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Vicente Ten Oliver y Francisco de la Torre Díaz, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Fomento

161/003053

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputado don Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al tren de cercanías o proximidad de Coruña y As Mariñas.

Exposición de motivos

Una parte de la ciudadanía, sobre todo la que se halla en situación laboral y estudiantil, se ve obligada a realizar, cada día laborable, uno o dos desplazamientos de ida y retorno desde sus lugares de residencia a sus centros de trabajo o escolares. Ante la deficiente oferta de servicios de transporte público, en algunas grandes ciudades como A Coruña o Vigo, esta necesidad se resuelve por la mayoría de la ciudadanía mediante el uso de vehículos particulares. La coincidencia, en cortos periodos de tiempo y en determinadas rutas, de volúmenes considerables de población que realiza sus desplazamientos laborales y académicos genera fenómenos cada vez crecientes de congestión en los viales, con el consiguiente gasto de tiempo, que no es productivo ni de ocio, que además conlleva aparejados problemas de congestión en las carreteras, lo que contribuye a la contaminación atmosférica y a la generación suplementaria de accidentes.


Página 24




Todas las grandes ciudades, por encima de los 100.000 habitantes, aunque también en otras de menor tamaño, trabajan por resolver esta problemática y han llegado a la conclusión de que, a partir de unos determinados volúmenes de tráfico, los meros servicios de autobús no son suficientes, dada su limitada capacidad, a lo que hay que añadir el hecho de que incrementan la congestión vial y generan contaminación que se añade a la de los automóviles.

Para ello, en dichas ciudades se emprende la construcción de costosas infraestructuras, para duplicar viales, pero cuando su coste económico o social se vuelve inviable, se acude a las líneas ferroviarias suburbanas o de cercanías, que resuelven con eficacia el transporte de grandes volúmenes de personas, introduciéndolas en tiempos razonables en los mismos centros urbanos, con niveles de seguridad óptimos.

Frente a estas costosas inversiones, algunas ciudades como A Coruña o Vigo, cuentan con algunas de estas infraestructuras, pero se da la paradoja de su escasa o nula utilización para colaborar en la resolución de los problemas de transporte cotidiano de los periodos punta.

Solo en A Coruña, una ciudad que mide 38 km cuadrados, entran cada día cerca de 150 mil vehículos, provocando una invasión de coches que ocupan aceras, plazas y otras zonas peatonales. Los atascos son continuos en las principales vías de la comarca y los niveles de contaminación aumentan como consecuencia del aumento del número de vehículos.

El modelo de movilidad basado únicamente en el vehículo privado es totalmente insostenible. Desde nuestro grupo apostamos por el fomento del transporte público colectivo, ya que es la única forma de reducir el número de vehículos que entran en la ciudad de A Coruña o que circulan por la comarca. El tren de proximidad no solo es la mejor alternativa para la reducción de vehículos privados, es que además cuenta ya con una parte importante de las infraestructuras hechas y una red que podría llegar hasta Ferrol, Ribadeo y Lugo, comunicando todas las localidades que se encuentran en el camino.

Por otra parte, el transporte por ferrocarril de las mercancías ahora transportadas por carretera, allí donde sea posible, no solo supondría un ahorro sino que permitiría el desbloqueo del colapso físico y permitiría la reducción del consumo energético y la degradación ambiental que provoca el transporte de mercancías por carretera.

Por todo lo expuesto, En Marea hace suyas las demandas de la Plataforma pola Defensa do Tren a Coruña e As Mariñas y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Crear un servicio público de tren de cercanías entre A Coruña y Ferrol, que amplíe los horarios y las frecuencias para hacerlo social y económicamente rentable, como única forma de consolidar una línea actualmente amenazada y que debería dar un servicio de calidad a zonas densamente pobladas como son O Burgo, Cambre, Betanzos, Pontedeume, etc.

2. Rescatar el ferrocarril convencional de su prolongado abandono, realizando las inversiones necesarias para mejorar las líneas, mediante su electrificación, la duplicación de vías, la mejora de trazados, la construcción de nuevos apeaderos y la modernización de los sistemas de seguridad y señalización y recuperar los servicios e infraestructuras.

3. Acometer mejoras en el servicio A Coruña-Lugo de modo que conecte las ciudades con las localidades interiores para conseguir la máxima vertebración posible y rentabilidad económica y social para localidades como Oza, Cesuras, Baamonde, Rábade, Parga, Guitiriz, etc., no limitándose únicamente a la conexión entre las ciudades.

4. Anular las medidas adoptadas en relación con esas líneas en el Plan de Racionalización de servicios ferroviarios de media distancia de junio de 2013 que condujeron a la eliminación total de servicios en algunas estaciones como por ejemplo, Franza y Begonte o su drástica reducción en otras, hasta el punto de suponer prácticamente su inutilidad en Las Líneas A Coruña-Ferrol y A Coruña-Lugo, donde en la mayor parte de las estaciones sólo para un tren por sentido al día."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Yolanda Díaz Pérez y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 25




161/003059

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura y del Diputado don Jordi Salvador i Duch al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las infraestructuras de movilidad del Camp de Tarragona, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Área Metropolitana de Reus-Tarragona comprende una población de cerca de 623.000 habitantes, siendo la segunda área metropolitana de Catalunya. Y como tal, debe disponer de unas infraestructuras adecuadas para el desarrollo económico y para facilitar la movilidad de la ciudadanía.

En este sentido, el Aeropuerto de Reus tiene un gran potencial de crecimiento, como así trasladan las compañías aéreas, el sector turístico y los agentes económicos. No obstante, los incumplimientos presupuestarios y de inversión por parte de AENA, y por extensión del Gobierno español, llevan años acumulándose.

También es necesario mencionar el conjunto de infracciones que acumula el Gobierno del Estado en relación al plan de autoprotección de la infraestructura, poniendo en serio peligro a los trabajadores, pasajeros y a la seguridad integral de la instalación; así como la alarmante falta de personal que ya ha sido denunciada reiteradas veces por los sindicatos. Denuncias a las que el Gobierno ha hecho oídos sordos continuamente.

Así mismo, la Estación Intermodal Central Tarragona-Reus es un proyecto estratégico para el territorio, que debería dar servicio a unas 350.000 personas y que a su vez garantizaría la intermodalidad del Aeropuerto de Reus. El Ministerio de Fomento adjudicó en enero de 2010 a Ferrovial Agromán las obras de la nueva Estación Intermodal Central Tarragona-Reus, también llamada estación de Tarragona-Reus, por 54.733.765,96 euros, situada sobre el Corredor Mediterráneo.

La estación estaba prevista en el término municipal de Reus, junto al cruce de la autopista AP-7 y la carretera T-11 (antigua N-420), al sur del aeropuerto de dicha localidad, y entre las ciudades de Tarragona y Reus, a unos seis kilómetros de ambas ciudades. Sin embargo, en 2013 Fomento decidió "posponer" su construcción y a tenor de los hechos, no parece que el Gobierno tenga intención de retomar las obras.

Es necesario que el Gobierno, y especialmente el Ministerio de Fomento, cumplan con sus compromisos y con el potencial de desarrollo económico y turístico del Camp de Tarragona.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Iniciar las medidas oportunas para proceder, en un plazo no superior a seis meses, a la actualización y puesta en funcionamiento del plan de autoprotección del Aeropuerto de Reus.

2. Iniciar las medidas oportunas para proceder, en un plazo no superior a seis meses, a la contratación de efectivos suficientes para hacer frente a la falta de personal del Aeropuerto de Reus.

3. Incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado las inversiones necesarias con tal de hacer efectiva la inversión en el Aeropuerto de Reus incluida en su plan director del año 2006.

4. Presentar, en un plazo no superior a tres meses, un calendario de ejecución de las obras de la Estación Intermodal Central Tarragona-Reus.

5. Incluir, en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida para la ejecución de la Estación Intermodal Central Tarragona-Reus.

6. Incluir al Aeropuerto de Reus en el Plan Director del Aeropuerto de Barcelona-EI Prat, a fin y efecto de considerar a los aeropuertos catalanes (Girona Costa-Brava, Reus y Barcelona-EI Prat) como una sola unidad de funcionamiento aéreo y constituir un único Centro de Control de Tráfico Aéreo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Teresa Jordà i Roura y Jordi Salvador i Duch, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Página 26




161/003072

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, sobre la ampliación de la línea de Cercanías C-2 de Málaga con un ramal al Parque Tecnológico, llegada hasta Antequera y paradas en El Chorro, Bobadilla y Fuente de Piedra.

Exposición de motivos

El Cercanías es el medio de transporte ferroviario que mejor consigue sus objetivos: acercar distancia y mover personas. En la provincia de Málaga, la línea de Cercanías C-2 es la línea del interior que ofrece servicios de desplazamiento para las vecinas y vecinos del valle del Guadalhorce y la capital. El éxito y futuro de este servicio público depende de la responsabilidad política por mejorar y realizar las inversiones necesarias que permitan ampliar tanto la calidad como la extensión de la línea.

El tren es el transporte más eficiente y con menor impacto ambiental, por lo que se torna necesaria su expansión y mejora, con nuevas conexiones, reducción de los tiempos de paso, ampliación de los horarios, eliminando barreras arquitectónicas y económicas, ofreciendo precios sociales para un transporte público y colectivo realmente social, que permita vertebrar el interior de la provincia de Málaga y se convierta en una alternativa al transporte en coche.

Hoy día no se entiende que la Comarca del Valle del Guadalhorce no cuente con una conexión ferroviaria de Cercanías que amplíe desde Álora hasta Antequera la línea existente, completando un verdadero corredor ferroviario del interior de Málaga que sirva de forma pública y social a mejorar la movilidad.

El potencial de conectar por Cercanías Antequera con Málaga no es sólo para las personas residentes en el entorno de la línea y del Valle del Guadalhorce, sino que se ofrece un servicio ferroviario a las miles de personas que visitan diariamente estas dos ciudades, abriéndole la oportunidad de conocer y llegar al interior de la provincia de la mano de un tren sostenible y público.

El futuro del tren no puede depender única y exclusivamente de la reducción de los tiempos de la alta velocidad. Éste pasa por ofrecer conectividad, frecuencia y puntualidad. Por lo que la ampliación de la línea hasta el Parque Tecnológico de Andalucía sería una inversión estratégica ineludible, sirviendo de alternativa a las personas trabajadoras que diariamente se desplazan desde el interior o desde la capital a sus puestos de trabajo, descongestionando tráfico, rentabilizando las Cercanías, reduciendo la contaminación.

Las ventajas potenciales de la ampliación de la línea C-2 de Cercanías son varias y claras:

- Vertebrar el interior de la provincia, mejorando la conexión del Valle del Guadalhorce con Málaga y con Antequera.

- Dotar de un transporte ferroviario público, social, de calidad y de futuro a la provincia de Málaga.

- Mejorar la potencialidad del turismo entre Antequera y Málaga, y entre ambas ciudades con el Valle del Guadalhorce, ofreciendo conexiones con El Chorro.

- Favorecer la intermodalidad y la conectividad con otros servicios ferroviarios.

- Dotar al Parque Tecnológico de Andalucía de conexión ferroviaria y servicio de Cercanías con conexión desde Antequera hasta Málaga.

- Reducir la contaminación provocada por la reducción del uso del coche.

- Reduciría el tráfico de vehículos, mejorando la reducción de niveles de contaminación, coste de mantenimiento de carreteras y accidentes.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desdoblar las vías en su trazado actual por completo, permitiendo reducir la cadencia y frecuencia de paso de la línea de Cercanías C-2 de Málaga ganando competitividad frente al vehículo privado y


Página 27




convirtiéndose en el transporte público colectivo y ecológico de referencia en el interior de la provincia de Málaga.

2. Ampliar desde Álora hasta Antequera-Centro los servicios con parada de la línea de Cercanías C-2, estudiando la necesidad de nuevas paradas intermedias como serían el Chorro y Bobadilla.

3. Electrificación del tramo Bobadilla-Antequera.

4. Estudiar que la ampliación de la línea de Cercanías C-2 de Málaga hasta Antequera incluya en la planificación de servicios conexiones al municipio de Fuente de Piedra.

5. Ampliar la línea de Cercanías C-2 de Málaga al Parque Tecnológico de Andalucía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Eva García Sempere, Alberto Montero Soler y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Educación y Deporte

161/003065

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un programa educativo para fomentar y desarrollar la lengua inglesa durante el período no lectivo de verano, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Según el Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL), de 2012, el nivel de inglés de los alumnos españoles era muy pobre, como puede observarse a través de los siguientes datos:

- El 63 % del alumnado español no comprende el inglés oral al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

- En expresión escrita, el 14 % no sabe usar un lenguaje muy sencillo (PreA1); el 31 % puede usarlo, pero siempre con ayuda (A1); el 26 % escribe utilizando un lenguaje sencillo para manejarse sobre temas cotidianos (A2); el 20 % ya lo hace sobre asuntos que para él tienen un interés o le resultan familiares (B1); y sólo el 9 % escribe de forma clara (B2).

- Se encuentra en el número 72 de 195 países donde el inglés no es lengua oficial (incluyendo muchos subdesarrollados) en la escala de conocimiento de inglés de Melitz and Toubal (2014).

- Business English Index (BEI), el órgano que evalúa el nivel de inglés que se habla entre los no nativos, España no llega al aprobado con un 4,43 sobre 10. Las empresas con un nivel más alto en inglés según el BEI las encontramos en países vecinos del norte: Bélgica, con un 6,45; Holanda con un 7,03 y Noruega con un 7,06 reciben las puntuaciones más altas. Internet: el 55,8 % de los contenidos de internet están en inglés.

Otros datos ofrecidos por distintas fuentes parecen indicar que la realidad del nivel de los docentes tampoco es muy halagüeña:

- La mayoría de las comunidades autónomas tienen como requisito para obtener la certificación de bilingüismo en inglés demostrar un Nivel B2, equivalente al First Certificate of English, un nivel muy bajo.

- La Associació Catalana de Filólegs i Traductors Docents, una entidad formada por profesores titulados en inglés, denuncia que se permita dar clases de esta lengua a personas "sin la preparación adecuada" y que tienen "un nivel apenas por encima de un B1, que es el nivel que se les exige a los alumnos al acabar secundaria".

Si tenemos en cuenta que, en la actualidad, casi el 30 % de las ofertas de empleo requieren algún conocimiento de inglés y el 86 % de las ofertas de empleo cualificado requieren un conocimiento que


Página 28




permita comprender y expresarse con claridad, podemos concluir que el fracaso en las políticas de aprendizaje del inglés están lastrando las posibilidades de encontrar trabajo de cientos de miles de españoles.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar un Programa de Cooperación Territorial que financie, en cooperación con las CCAA, programas de desarrollo del inglés para los alumnos de EPO y Primer Curso de ESO durante el mes de julio que sirva para mejorar su fluidez en inglés y su comprensión y expresión tanto oral como escrita. Los programas deberán ofrecer a las familias una alternativa accesible a todos los alumnos y alumnas, sin coste, que permita la conciliación familiar y laboral en el período estival durante el mes de julio.

a) Los programas podrán ser de desarrollo lingüístico y competencial del inglés o de refuerzo educativo en inglés para todo el público.

b) Los programas seleccionados deberán estar dirigidos a todo el público, sin restricciones de nivel ni en inglés ni en otras asignaturas y ser programas gratuitos o con una cuota simbólica que no restrinja su accesibilidad.

c) El mantenimiento o la posible renovación en años posteriores de la financiación estará sujeta a la mejora del desempeño en inglés y/o la mejora en el rendimiento general de los alumnos, la cual será evaluada por el MECD en cooperación con las CCAA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003070

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Joan Olòriz Serra al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada del Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El 9 de diciembre de 2015, a pocos días de las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015, los Ministerios de Defensa y Educación, ratificaron un convenio de colaboración con la intención de "mejorar el conocimiento que tienen los alumnos sobre seguridad y defensa".

El acuerdo, con una vigencia de cinco años, se edifica en el desarrollo conjunto, entre el Ministerio de Defensa y el de Educación, de medidas para que los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria "se familiaricen con los símbolos nacionales: escudo, bandera e himno; así como con el deber de defender a España y con el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas para garantizar el ejercicio de las libertades cívicas", tal como recoge el documento del acuerdo.

La materialización de este acuerdo ha derivado en la elaboración y publicación del Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos. Se trata de un documento en el que se plantean y describen actividades destinadas al alumnado de educación primaria tales como aprender el Himno del Ejército del Aire u otras marchas militares como Ganando Barlovento.

Otra actividad, destinada a niños de primero y segundo de primaria tiene como objetivo dar a conocer los ejércitos de Tierra, Aire y Armada mediante la proyección de láminas. Por si no fuese suficiente, la misma actividad menciona que "Finalmente, el docente hará hincapié en que sus armas (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Transmisiones) tienen una gran importancia porque son depositarias de valores tradicionales y constituyen la expresión del modo de ser, sentir y vivir la continuación de sus componentes".


Página 29




Otras actividades incluidas en el Proyecto es que los niños reproduzcan con plastilina un desfile militar previo visionado de un desfile militar celebrado en Guadalajara en 2017 con motivo de la celebración del día de las Fuerzas Armadas o que los docentes expliquen a niños de primero y segundo de primaria las distintas vías por las que se puede acceder a formar parte de las Fuerzas Armadas, en una actividad llamada "Queremos ser militares".

El Proyecto viene acompañado con recortes y extractos de la Revista Española de Defensa, editada por el Ministerio de Defensa en la que se narran las "heroicidades" de las Fuerzas Armadas Españolas así como las diferentes compras de material bélico que realiza el Ministerio o se publican reportajes de la vida castrense.

En definitiva, se trata de un proyecto educativo (sic) que pretende inculcar valores de patriotismo y democracia poniendo como ejemplo un cuerpo de disciplina castrense como es el ejército. Ya de por si supone un elemento de extrema preocupación que un Gobierno pretenda educar a niños en valores de democracia y tolerancia usando al ejército como estandarte de esos valores.

Se pretende querer usar a las Fuerzas Armadas como correa de transmisión de unos valores que les son ajenos, supone una suerte de Formación del Espíritu Nacional 2.0, centrada en la adquisición de valores universales, como la democracia, la tolerancia y el respeto, querida y deliberadamente identificados con el Ejército y el Estado español.

Además de ser un despropósito educativo, se trata de un atropello competencial y una extralimitación de las competencias del Estado en materia educativa. Es necesario recordar que las competencias de educación son exclusivas de las Comunidades Autónomas, puesto que la Constitución Española solo se reserva la "regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia" (149.1.30 CE).

Ya que como ha apuntado el mismo Tribunal Constitucional en diversas sentencias "si la Constitución Española hubiese querido reservar al Estado la determinación completa del contenido curricular de las asignaturas troncales, el artículo 149.1.30 CE no se hubiera limitado a enunciar la competencia estatal para la regulación de las condiciones para la obtención de los títulos académicos, sino que hubiese redactado este precepto de manera que atribuyera al Estado todo el contenido del currículo de enseñanzas del sistema educativa en las diferentes etapas no universitarias".

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Proceder a la retirada inmediata del Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos ya que se trata de un proyecto carente de contenido educativo de calidad para el alumnado de educación primaria además de una vulneración competencial por lo que respecta a la elaboración de contenido curricular de asignaturas troncales del sistema educativo no universitario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/003071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y doña Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte la siguiente Proposición no de Ley sobre la universalización y ampliación del acceso de la etapa 0-3 años (primer ciclo de Infantil).


Página 30




Exposición de motivos

En el conjunto del país, de acuerdo con el último informe sobre infancia de Save the Children, la tasa de escolarización en la etapa de 0 a 3 años pasa de un 56 % para el quintil con la renta más alta a tan solo un 31 % para el quintil más bajo. La media general se sitúa, según distintas estimaciones, entre el 33 y el 38 %, lo que nos sitúa por debajo de otros países como Dinamarca, Suecia, Francia o Portugal (65, 46, 52 y 47 %).

Si analizamos la situación desde el punto de vistas de las CCAA las desigualdades son aún más significativas con un rango que varía desde el 7 al 52 %. Si tenemos en cuenta que el factor que más influye tanto en los resultados académicos como en las tasas de abandono escolar temprano son la renta y la educación de la familias, podemos ver atendiendo a los datos del primer párrafo que esas diferencias de aprendizaje se generan desde la primera etapa.

Unido a este hecho se encuentran las continuamente decrecientes tasas de natalidad y el aumento de la edad de maternidad y paternidad, que demuestran no solo las dificultades de la conciliación familiar y profesional sino que ponen en jaque la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Ciudadanos ya contempló, dentro de sus 150 puntos del acuerdo de Gobierno, en el número 80, "Desarrollar un nuevo Plan CONCILIA3 de Educación Infantil de 0 a 3 años que aumente el número de plazas en escuelas infantiles para avanzar hacia la universalización, estableciendo ayudas dirigidas a las familias con menos recursos para garantizar su acceso, en colaboración con las Comunidades Autónomas."

Asimismo, en el seno de la subcomisión se aprobaron dos puntos en el bloque I, diagnóstico del sistema, que afirmaban la necesidad de 1) "incrementar el porcentaje de escolarización de 0 a 3 años, lo cual supone un instrumento para la igualdad de oportunidades y para hacer efectivas políticas de integración y socialización" y 2) perseguir "la universalización progresiva de 0-3 años".

Teniendo todo ello presente, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que ha llegado el momento de avanzar hacia un nuevo modelo de educación infantil de 0-3 años, que reconozca plenamente el carácter educativo de esta etapa, que garantice además el derecho a una educación de calidad a toda la población en condiciones de accesibilidad, y que posea un tratamiento en términos de infraestructuras, dotaciones de personal y medios materiales, equitativo en relación al del resto de etapas y ciclos educativos. Un modelo, además, que apueste decididamente por la calidad y la innovación por medio de la consolidación de metodologías como la pareja educativa o codocencia, que han demostrado con éxito sus resultados en todos estos años.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas que fuesen precisas para promover la educación infantil de 0 a 3 años en el cual se aborden, entre otras, las siguientes líneas de actuación:

1. Desarrollar una legislación que regule el reconocimiento del primer ciclo de educación infantil como una etapa educativa universal y voluntaria que progresivamente incremente el porcentaje de escolarización de 0-3 años.

2. A dotar una financiación estable que, en cooperación con las Comunidades Autónomas, permita la creación de nuevas plazas y la ampliación de la cobertura de este ciclo educativo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 31




Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/003046

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y de su Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez, y a través de su Portavoz don Miguel Anxo Fernández Vello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al aumento de la siniestralidad laboral en 2017.

Exposición de motivos

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha hecho pública la Estadística de Accidentes de Trabajo relativa al año 2017, en la que se señala que durante este año se han producido un total de 583.425 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 503.749 ocurrieron durante la jornada laboral y 79.676 fueron accidentes in itinere, según los datos de avance de los que se dispone. Asimismo, se notificaron 738.584 accidente de trabajo sin baja.

Comparando estas cifras con las de enero-diciembre del año anterior, se observa un aumento del 5,0 % en el total de accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un ascenso del 4,9 % y los in itinere aumentaron un 5,3 %. Los accidentes sin baja notificados subieron un 0,7 %.

Pero, sin duda, el dato más grave y sorprendente es que durante el año 2017 fallecieron 618 personas mientras trabajaban o acudían o regresaban de su centro de trabajo. Una media de 1,7 muertos al día. El índice de mortandad ha crecido en un 1,8 %, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Del total de estas muertes, prácticamente un tercio (208), fueron causadas por un "infarto o un derrame cerebral". Se trata, de hecho, de la principal causa de muerte en el trabajo. Los sindicatos alertan de que el estrés y la presión laboral influyen, y mucho, en este tipo de muerte. Y, sin embargo, la prevención ante este tipo de muertes sigue siendo la gran olvidada de los planes de prevención. Las patologías provocadas por el estrés o por el acoso laboral ni tan siquiera están reconocidas como una enfermedad profesional por el Estado.

Las estadísticas ponen de manifiesto que el número de accidentes aumenta año tras año desde las reformas laborales de PSOE y PP en 2010 y 2012, a causa, sobre todo del aumento de la precariedad laboral, lo que se traduce en contratos temporales, en más horas extra, más carga de trabajo, en trabajar en dos empleos diferentes, más traslados, empleos de peor calidad y falta de formación adecuada, lo cual a su vez tiene como consecuencia más estrés y más ansiedad.

Además de la enorme precariedad, también el abuso de la cadena de subcontrataciones, la economía sumergida y la externalización de la prevención de riesgos laborales constituyen el telón de fondo de la inseguridad en las condiciones laborales, tanto las que se refieren a los salarios como las que atienden a la seguridad y prevención de riesgos.

Si algo está fallando en la prevención de riesgos laborales es la excesiva externalización. A las empresas les resulta más barato contratar un servicio de prevención ajeno que dotarse de uno propio. Tres de cada cuatro empresas optan por este sistema, que en puridad pervierte y esteriliza la Directiva Marco europea 89/391/CEE y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La posibilidad de que la investigación concluya con una sanción administrativa apenas es nada en relación con la pérdida de una vida por vivir, como las 618 muertes del año 2017. Estas muertes, evitables, tienen que servir para modificar la realidad contractual, la de la precariedad, la de la cadena casi infinita de las subcontrataciones y de los empleos temporales, la de los servicios de prevención externalizados en la gran mayoría de las empresas, que configuran una realidad hostil y peligrosa para los derechos y la vida de las clases trabajadoras.

Y los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son definitorios en relación a la consolidación de una tendencia al aumento de la siniestralidad laboral y, particularmente, los accidentes mortales.

Esta alta siniestralidad encuentra sus causas en una multiplicidad de factores, pero sin lugar a dudas hay tres que no pueden pasar desapercibidos; de una parte, el recorte de recursos por parte de las


Página 32




Administraciones Públicas dedicados a la prevención de riesgos laborales; de otra, la falta de recursos dedicados a la formación de trabajadoras y trabajadores que eviten los siniestros y, finalmente, la profunda precariedad en la que prestan sus funciones los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, como hemos indicado.

¿Cómo es posible que el hecho de que mueran 618 personas trabajadoras en el periodo de 12 meses no cause escándalo, cuando estas muertes se producen en ejercicio de las funciones propias de su trabajo? Lejos de atacar esta dinámica, las Administraciones Públicas descuidan esta problemática que no deja de crecer desde el inicio de esta crisis-estafa. Los recortes presupuestarios revelan la posición de clase del PP, caracterizada por bonificaciones al empresariado y recortando en recursos necesarios para la prevención de riesgos laborales, todo ello en el marco de supresión de derechos laborales decretados en la contrarreforma laboral de 2012.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar todos los trámites necesarios para promover la reforma de la legislación vigente para garantizar que ningún trabajador o trabajadora realice su trabajo sin protección efectiva.

2. Realizar todos los trámites necesarios para iniciar la reforma legislativa con la finalidad de garantizar el desempeño profesional de los técnicos, la independencia de los servicios de protección y el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus prestaciones.

3. Incrementar las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales.

4. Incrementar sostenidamente el número de inspectores e inspectoras de trabajo para aproximarlo a la media de la UE, eximiendo a dichos cuerpos de funcionarios del principio de reposición cero y reposición mínima, para lo que incrementará mediante las correspondientes ofertas públicas de empleo sus efectivos de forma suficiente para que puedan razonablemente desarrollar las tareas de control de las condiciones de seguridad laboral que su Ley de ordenación les encomienda.

5. Convocar la Mesa de Diálogo Social al objeto de acordar las modificaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los servicios de prevención, para potenciar los servicios y medios propios del empresario frente a los servicios de prevención ajenos.

6. Dar cumplimiento a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

7. Territorializar en todo caso y con la mayor celeridad posible, los fondos destinados a prevención de riesgos laborales entre las administraciones autonómicas que tienen asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de Seguridad Social e Higiene en el trabajo, tal y como está previsto en la Disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para que puedan gestionarlos, dando cumplimiento así, entre otras, a las sentencias que fallan a favor de las autonomías por invasión de competencias en esta materia. Y a poner fin a la reiterada intromisión competencial que supone la imposición de trabas y obstáculos a la lucha que estas administraciones llevan a cabo a favor de la prevención de riesgos laborales y en contra de la siniestralidad laboral.

8. Modificar el Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro para añadir como enfermedades profesionales el estrés y el acoso laboral."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-Yolanda Díaz Pérez y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 33




161/003047

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados doña Yolanda Díaz Pérez y don Antón Gómez-Reino Varela y a través de su Portavoz don Miguel Anxo Fernández Vello, presenta, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, sobre la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas.

Exposición de motivos

Las autoridades nacionales que llevan a cabo funciones de guardacostas son responsables de una variedad de tareas que incluyen la seguridad, la protección, la búsqueda y el salvamento marítimos, el control fronterizo, el control de la pesca, el control aduanero, las funciones de policía y seguridad en general y la protección del medio ambiente.

En el ámbito comunitario hay diversas Agencias que asumen dichas funciones: la Agencia comunitaria de control de la pesca, creada por el Reglamento 768/2005, modificado por el Reglamento 2016/1626 de 14 de septiembre, la Agencia comunitaria de guardia de fronteras y costas que se crea por el Reglamento 2016/624 y la Agencia comunitaria de Seguridad marítima que se crea por el Reglamento 1406/2002.

En España son varios órganos, incluyendo Seguridad y Sociedad de Salvamento Marítimo, el Servicio marítimo de la Guardia Civil, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el reciente Servicio de Guardacostas de Galicia los que se encargan de las tareas de vigilancia marítima y pesquera. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) es responsable de realizar las tareas asignadas a la Guardia Civil en misiones marítimas, incluida la judicial, gubernamental, administrativo, fiscal y militar. El SEMAR incluye cerca de 1.100 agentes, cuenta con más de 100 patrulleras (ligeras, medias, de altura y oceánicas), además de lanchas rápidas y otras embarcaciones menores. El Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER), es la unidad que gestiona y opera los medios aéreos la Guardia Civil y que suele servir como apoyo aéreo para el resto de unidades del cuerpo, entre ellas al SEMAR. Además, también existe el Servicio Aéreo de Rescate (SAR) que es responsable de las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo en el Ejército del Aire español. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) o Salvamento Marítimo es una organización que tiene la responsabilidad del control del tráfico marítimo, la seguridad de la navegación y las operaciones de búsqueda y rescate, aunque no dispone de competencias de la autoridad policial. El SASEMAR es dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento de España.

En 2004 se creó el Servicio de Guardacostas de Galicia (Servizo de Gardacostas de Galicia), cuya función es similar a la de SASEMAR, pero en aguas gallegas. Cuenta con unas 150 personas empleadas y un total de 26 buques principales; un buque de remolcador, un buque de salvamento e inspección marítima, y 24 embarcaciones de patrullaje. Las unidades aéreas se componen por dos helicópteros Sikorsky S-76, más un tercer helicóptero Eurocopter Dauphin para cubrir las paradas de mantenimiento.

Este servicio se creó sobre la base de que las Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, y de desarrollo y ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del sector pesquero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27.1.5.º y 28.5.º, respectivamente, del Estatuto de autonomía de Galicia; inherentes a esas competencias están las de inspección y sanción, a tenor de lo dispuesto en su artículo 37.3.º

En base a esas competencias, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley 5/1985, de 11 de junio, de sanciones en materia pesquera, marisquera y de cultivos marinos, derogada por la Ley 6/1991, de 15 de mayo, de infracciones en materia de protección de recursos marítimo-pesqueros, ambas desarrolladas reglamentariamente a través del Decreto 61/1998, de 10 de marzo, por el que se regulan las funciones de vigilancia e inspección pesqueras, y de los Decretos 407/1991 y 43/1992 sobre aspectos sancionadores.

De otro lado, la Ley 6/1993, de 18 de mayo, de pesca de Galicia, creó el Servicio de Protección de Recursos para asegurar el cumplimiento de la legislación sobre la materia y asignó la dependencia funcional de sus miembros a la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura: para el cumplimiento de sus servicios, podrán inspeccionar buques, vehículos y todo tipo de establecimientos que realicen actividades pesqueras, marisqueras y de cultivos marinos.


Página 34




Según lo dispuesto en la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, parcialmente modificada por la Ley 4/1991, de 8 de marzo, y en especial sus artículos 19 y 20, que prevén la forma de Ley para la creación de Escalas, y la disposición adicional primera, el Parlamento de Galicia, de conformidad con el artículo 13.º2 del Estatuto de Galicia, y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, aprobó la Ley 12/1992 de 9 de noviembre de creación de determinadas Escalas de personal funcionario al servicio de la Xunta de Galicia. Y en su artículo 4.2 creó la escala técnica de vigilancia pesquera, a la que corresponden las funciones de dirección y ejecución de las acciones que permitan el control del cumplimiento de la legalidad vigente en las actividades extractivas y de comercialización en materia pesquera y marisquera, preferentemente en el mar, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Para el acceso a dicha Escala será necesario estar en posesión de la titulación de Piloto de primera de la Marina Mercante o de Capitán de Pesca. En tal servicio se contemplaban además las siguientes escalas: inspección pesquera, técnica de vigilancia pesquera, subinspección pesquera, escala de titulados náutico-pesqueros de vigilancia pesquera y sus especialidades y escala básica de vigilancia pesquera.

Su régimen actualmente vigente se contiene en la Ley 2/2004, de 21 de abril, por la que se crea el Servicio de Guardacostas de Galicia. El Servicio de Guardacostas de Galicia, pasa a tener encomendadas las funciones que venía realizando anteriormente el Servicio de Protección de Recursos creado por la Ley 6/1993, de 11 de mayo, de regulación y ordenación de la pesca marítima de Galicia, esto es, las funciones de inspección, prevención y de corrección en materia de pesca, marisqueo y acuicultura, desde su primera fase de producción y explotación hasta la fase de comercialización en sus diversas formas, realizando las actuaciones necesarias para la protección de los recursos marítimo-pesqueros y acuícolas con el fin de garantizar una explotación racional de los mismos.

Pero al crearse el nuevo Servicio de guardacostas se amplían las funciones del Servicio de Recursos, pues los integrantes de este nuevo colectivo no circunscribirán sus funciones única y exclusivamente a labores de inspección y vigilancia. Se trata con la creación de esta nueva escala de conseguir un personal especializado y cualificado en las labores que tradicionalmente venían desarrollando, ampliando las mismas al control del medio marino, la prevención y lucha contra la contaminación marina y las labores de salvamento marítimo, y a aquellas otras que se le puedan encomendar, atendiendo de este modo, de una forma eficaz, a las demandas del sector pesquero y marisquero en esta materia.

Los miembros de dicho servicio dependerán funcionalmente de la consellería competente en materia de pesca. Según el artículo 3 los miembros del Servicio de Guardacostas de Galicia tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones. Este personal irá perfectamente identificado, provisto del correspondiente carné o placa y con el uniforme que reglamentariamente se determinen, excepto en aquellas actuaciones en que sea preciso garantizar el secreto de la operación. En el ejercicio de su función inspectora, y acreditando su identidad, el personal del Servicio de Guardacostas de Galicia podrá acceder a las industrias y establecimientos que desarrollen actividades descritas en este artículo, así como a las embarcaciones y viveros flotantes y a los vehículos de transporte de los productos pesqueros.

La función inspectora consistirá básicamente en la realización de todas aquellas actuaciones dirigidas al control de los establecimientos y actividades de explotación de los recursos marinos desde su producción hasta su comercialización y transporte hasta su consumo final. Igualmente, todas aquellas actuaciones dirigidas al control de los establecimientos y actividades que puedan afectar, en su desarrollo, al medio marino, velando por el cumplimiento de las normas vigentes en la materia, así como las actuaciones que contribuyan al cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad marítima a desarrollar en la explotación de los recursos marinos, realizando los correspondientes informes.

El personal del Servicio de Guardacostas de Galicia desarrollará, además de las funciones contempladas en el artículo anterior, las siguientes (art. 4). En primer lugar, preventivas, esto es, todas aquellas actuaciones dirigidas a adoptar medidas de preservación del medio marino y sus recursos, evitando las agresiones al mismo y en segundo lugar, paliativas, es decir, todas aquellas actuaciones de salvamento y lucha contra la contaminación marina, dirigidas a auxiliar y proteger a las personas, lo s bienes y el medio marino y asegurar la conservación del medio marino en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En el marco de las funciones que desarrolle el Servicio de Guardacostas de Galicia, se contará con la participación de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las funciones que con carácter general tienen atribuidas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.


Página 35




Y en el ejercido de sus funciones, el personal del Servicio de Guardacostas de Galicia podrá solicitar el apoyo o auxilio de otras administraciones, y principalmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local, así como de las Fuerzas Armadas.

La Consellería competente en materia de pesca podrá habilitar, además, como personal de apoyo, personal contratado para tripular las embarcaciones o pilotar los medios aéreos de que disponga para que pueda proceder al levantamiento de actas y a la evacuación de informes sobre las acciones que desarrollen, teniendo, única y exclusivamente a estos efectos, la consideración de auxiliar de la autoridad pública.

La disposición transitoria 1.ª procedió a la extinción del Servicio de Protección de Recursos y la integración de los pertenecientes al mismo en las escalas contempladas en esta ley.

El Decreto 157/2005, de 26 de mayo, sobre ordenación y funcionamiento del Servicio de Guardacostas de Galicia procedió a desarrollar la ley de 2004.

La Ley 10/2010, de 11 de noviembre, ha modificado la Ley 2/2004, de 21 de abril y ha creado una nueva escala, la escala operativa, con la finalidad de delimitar más claramente las funciones a desempeñar por el distinto personal integrante del Servicio de Guardacostas, máxime cuando dentro de estas funciones se encuentran las relativas al desempeño del mando de las embarcaciones pertenecientes a la Consellería del Mar, complemento indispensable para realizar las tareas de inspección y vigilancia pesqueras, así como las de salvamento marítimo, prevención y lucha contra la contaminación marina. Junto a ello, con esta modificación se adaptan las titulaciones profesionales que se precisan para ejercer el mando en determinados buques adscritos o pertenecientes a la consejería a la normativa establecida por el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante.

Tras la creación por Ley 12/1992, de 9 de noviembre, este personal quedó excluido del REMAR para como funcionarios de la Comunidad Autónoma pasar a estar incluidos en el Régimen General. Según la Circular del ISM 4/2017, de 28 de julio, no están dentro del campo de aplicación de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero y por tanto de las edades propias de jubilación que al amparo del artículo 30.2 de la citada ley estableció el RD 2390/2004, de 30 de diciembre, sobre reducción de la edad mínima para causar pensión de jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y actualmente el RD 1311/2007 de 5 de octubre por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Según la citada resolución quedan excluidos de este régimen especial los trabajos realizados como personal de seguridad tanto en relación con la Marina mercante como en relación con la pesca marítima y también en este segundo caso como observadores de pesca. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es a efectos de esta ley Marina Mercante: la ordenación y el control de la flota civil española, la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar, la seguridad marítima, incluyendo la habilitación para el ejercicio del servicio de practicaje y la determinación de los servicios necesarios de remolque portuario, así como la disponibilidad de ambos en caso de emergencia, el salvamento marítimo, en los términos previstos en el artículo 264, la prevención de la contaminación producida desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y la protección del medio ambiente marino, la inspección técnica y operativa de buques, tripulaciones y mercancías, la ordenación del tráfico y las comunicaciones marítimas, el control de situación, abanderamiento y registro de buques civiles, así como su despacho, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que correspondan a otras autoridades, la garantía del cumplimiento de las obligaciones en materia de defensa nacional y protección civil en la mar.

Esta regulación no parece justificada si se tiene en cuenta que como indica la normativa de creación de este Cuerpo especial de guardia costera llevan a cabo funciones de inspección, prevención y de corrección en materia de pesca, marisqueo y acuicultura, desde su primera fase de producción y explotación hasta la fase de comercialización en sus diversas formas, realizando las actuaciones necesarias para la protección de los recursos marítimo-pesqueros y acuícolas con el fin de garantizar una explotación racional de los mismos. Pero además, este servicio tiene encomendadas funciones o atribuciones en materia de salvamento marítimo, velando por el cumplimiento de las normas de seguridad y actuando en caso de accidentes, siniestros o emergencias de cualquier tipo que se producen en el ámbito marítimo, y excepcionalmente en otros ámbitos que requieren su colaboración y participación,


Página 36




siendo durante muchos años la única comunidad autónoma que prestaba y sigue prestando en la actualidad, este servicio a la sociedad gallega y a los demás ciudadanos que precisen de su intervención.

Junto a las tareas o funciones anteriores, y no menos importantes, este servicio tiene encomendada en virtud de su Ley de creación 2/2004, de 21 de abril, la realización de las actuaciones necesarias en materia de lucha contra la contaminación marina accidental, a través de la prevención, detección, minoración y eliminación de los vertidos al mar empleando todos los medios apropiados en estas actuaciones.

Las particularidades de las actuaciones a llevar a cabo por parte de los miembros de este servicio exigen que en el desarrollo de su trabajo y en cumplimiento de las funciones que tienen asignadas, estos tengan un tratamiento específico en cuanto a su régimen de trabajo, de disponibilidad, de nocturnidad, de turnicidad, de peligrosidad y penosidad, de celeridad en sus actuaciones, de identificación y de compensaciones económicas que modaliza el régimen general de los trabajadores y trabajadoras de la función pública gallega.

El artículo 206 del TRLGSS establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.

A tales efectos, se establecerá reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, que incluirá la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.

El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación solo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo y conllevará los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero.

No obstante, en el presente caso se trata de un colectivo que ya estuvo integrado en su momento en el Régimen especial de trabajadores del mar respecto del que ya se contemplaron coeficientes reductores antes de que se creara el Servicio de protección de Recursos y la escala técnica de vigilancia pesquera por la Ley 12/1992, de 9 de noviembre, en su artículo 4.2, por lo que no es necesario aplicar el procedimiento a que se refiere el citado artículo 206.3 del TRLGSS y desarrollado por RD 1698/2011, de 18 de noviembre, para recuperar la aplicación de coeficientes reductores para rebajar la edad ordinaria de jubilación, sino que se procede a modificar el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La presente Proposición no de Ley, sin modificar el actual encuadramiento del personal del servicio de guardacostas de Galicia en materia de Seguridad Social, contempla respecto de este colectivo el establecimiento de coeficientes reductores a efectos de determinar la edad ordinaria de jubilación y tal efecto persigue la introducción de una nueva disposición adicional en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social actualmente vigente.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y actualmente vigente, con la introducción de una nueva disposición adicional, 27.ª, en los siguientes términos:

"Disposición adicional 27.ª Coeficientes reductores de la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas de Galicia.

1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,15 a los años


Página 37




completos efectivamente trabajados como personal del Servicio de Guardacostas de Galicia o como integrantes de los colectivos que quedaron incluidos en el mismo.

La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años en los supuestos en que se acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva y cotización como personal del Servicio de Guardacostas de Galicia o en los colectivos que quedaron incluidos en el mismo, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.

2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.

Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquella, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación al personal del Servicio de Guardacostas de Galicia que hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación.

Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad como miembro de dicho cuerpo pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de esta queden encuadrados.""

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-Yolanda Díaz Pérez y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/003064

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por una ambiciosa Agenda Digital para España, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

La actual agenda digital está en vigor desde el 15 de febrero de 2013 y se planteó a partir de un informe de expertos y un análisis de la situación realizado en 2012 con unos objetivos marcados hasta 2015. El seguimiento de la agenda se hizo de manera exhaustiva por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital hasta el año 2015 inclusive, contando con el último informe completo relativo a 2015 publicado en julio de 2016. Desde 2015 España, el décimo país por producto interior bruto total de la OCDE, carece de un rumbo claro para su digitalización y modernización tecnológica.

En 2017 la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital inició los procedimientos para redactar una nueva agenda digital, con el ánimo de alinearnos con las exigencias de la Unión Europea y acercarnos a la postura de otras potencias europeas que ya cuentan con una agenda de transformación digital con objetivos estratégicos hasta más allá de 2020. Teniendo en cuenta los plazos ejecutados en anteriores procedimientos de redacción, y solo si se aceleraran los plazos, para junio de 2018 se podría contar con un nuevo plan de digitalización para España, lo que nos dejaría "solo" dos años y medio sin unos objetivos concretos y un rumbo marcado para las políticas sectoriales tan importantes como las marcadas por la agenda digital. Sin un rumbo claro no se puede transformar un país.

En paralelo, la Unión Europea aprobó en mayo de 2015 su programa de agenda digital, conocido como Digital Single Market Strategy (DSMS), realizando una revisión del mismo en mayo de 2017.


Página 38




Conviene recordar que hay 360 millones de europeos, de los cuales 23 millones son españoles, que se conectan a Internet cada día para estudiar, trabajar, comprar o vender.

Entre los países de nuestro entorno, Francia actualizó su agenda digital en junio de 2015, en paralelo con la comisión; Alemania la actualizó en abril de 2016, mientras que el Reino Unido lo hizo en marzo de 2017 con su ambiciosa agenda hasta 2020, que incluye las mayores inversiones conocidas hasta la fecha por un Estado miembro para abordar la revolución que supone la transición hacia la 5G.

España, lejos de aprovechar el impulso que pudiera darnos la DSMS, se ha quedado rezagada en sus políticas, no ha dado un impulso a su estrategia digital y parece reticente a aprobar una nueva agenda digital en 2018.

El documento de trabajo preparado por la Secretaría de Estado para su consulta pública dista mucho de contar con el rigor que se le exige a un asunto de tal importancia estratégica para el sector. El análisis de la situación actual que se plantea es ingenuo, poco detallado e ignora aspectos muy importantes que nos permitan saber con más exactitud el punto de partida.

Además, la propuesta realizada es una mera traslación de los pilares y objetivos fijados por el DSMS, sin hacer el esfuerzo necesario para atender a las necesidades específicas y capacidades potenciales de nuestro país, ni abordar hechos diferenciales respecto a Europa que permitan posicionarnos en una situación de mejora competitiva respecto a la Europa de los 27 en 2020.

Pero, sin duda, lo más preocupante no es lo que dice la propuesta del Gobierno, que dice más bien poco o nada, con palabras huecas, faltas de significado y concreción, el problema es lo que no se dice o aborda con suficiente profundidad. No se habla de Industria, no se habla de contenidos digitales, no se habla de ciencia y no se habla de igualdad en oportunidades y acceso a la tecnología.

El concepto de Industria 4.0 solo se menciona en el análisis de estado actual, pero no se plantea como un objetivo ni una línea de prioridad en el resto del documento. El concepto de Industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial. Después de su primera revolución con la máquina de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo XVIII), el uso posterior de la electricidad (fin del siglo XIX) y la tercera revolución marcada por la automatización (siglo XX), la esperada cuarta revolución industrial se refiere a la creación de la fábrica inteligente, caracterizada por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio emplazamiento de producción, y también caracterizada por un fluido intercambio de información con el exterior (con el nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas inteligentes, etc.). No debemos desaprovechar las sinergias de la agenda digital para construir una economía productiva y alcanzar el objetivo de que la industria represente al menos el 20 % del PIB en el año 2020, desde el 16 % actual, y revertir la destrucción de nuestro tejido industrial.

Respecto a los contenidos digitales, sabiendo que España tiene vínculos tan importantes con América, con quien conforma una de las comunidades lingüísticas más importantes del mundo, la Estrategia digital no puede pasar por alto la industria de creación de contenidos, apoyándose y brindando nuevas oportunidades a nuestra industria cinematográfica y a los creadores de extraordinaria creatividad para producir contenidos de nueva generación.

Adicionalmente a la producción de contenido, debemos adaptar los medios audiovisuales para mejorar el acceso a la cultura online y asegurar remuneración a autores cuando se accede a contenido, música o libros online, es importante establecer nuevos modelos para acceder a la información y nuevas vías online para acercar la cultura al ciudadano.

La convergencia entre los medios tradicionales e Internet, así como el cambio de hábitos de consumo y dispositivo de acceso al contenido, ha traído tanto grandes transformaciones como oportunidades interesantes.

Las grandes tendencias en los medios y sector audiovisual son: una mayor interacción, experiencia omnicanal, televisión a la carta, contenidos móviles o producciones audiovisuales en tiempo real (streaming).

Hay sectores en los que España tiene grandes profesionales en sus diferentes áreas de tecnología de reconocimiento mundial cuyo talento se debería retener como creación de contenidos, animación, videojuegos, desarrollo de sistemas IT o programación, entre otros.

Los cambios en los hábitos de consumo marcarán los modelos de negocio y hacen que sea necesaria que los profesionales de este sector se adapten a las nuevas necesidades y demandas de acceso al contenido audiovisual. Se necesitará un reciclaje continuo que permita adaptarse a este entorno dinámico y de cambio continuo.


Página 39




Este nuevo cambio de paradigma va a abrir una oportunidad para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad, incluida la deslocalización del trabajo.

Respecto a la ciencia, el estado de la inversión en l+D+i está muy por debajo de los valores medios de la Unión Europea, y casi a la cola de nuestros países vecinos. Se debería de invertir en tecnología, investigación y creación de nuevas tecnologías, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo (Robótica-País Vasco, Automoción (2,5 % del mercado mundial), eHealth (España líder en calidad de los Servicios médicos), Big Data (Cataluña a la cabeza de Europa en empresas del sector), 5G (varios proyectos H2020 liderados por organismos españoles), Smart cities (España a la cabeza con algunas ciudades pioneras, como Santander o Málaga).

Por último, Ciudadanos cree en la necesidad de que el Gobierno actúe proactivamente para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos españoles, independientemente de su ubicación geográfica, el tamaño de su municipio y sus capacidades económicas. Según varios estudios, entre un 20 y un 25 % de los de los ciudadanos españoles no puede acceder a Internet. Esta llamada "brecha digital" se concentra en municipios de pocos habitantes y resulta especialmente grave entre el colectivo de mujeres. Así, nos encontramos con una presencia principalmente masculina entre los tecnólogos de nuestro país.

En resumen, España se merece mucho más que la propuesta que ha circulado la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. España se merece un plan más ambicioso, unas ideas más claras y mayor seguridad en nuestras capacidades y cualidades. No podemos resignarnos en ser un país en el pelotón de cola, debemos ser líderes y para ello hay que primero aspirar a serlo. El conformismo nos está dejando atrás y no nos conformamos con la mediocridad de la propuesta presentada, sino que animamos al Gobierno, y trabajaremos con él, para hacer una propuesta para España que realmente genere riqueza, bienestar y prosperidad.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a darle la máxima prioridad a la aprobación de una nueva estrategia digital para España, que permita a nuestro país:

1. Desarrollar dentro de la agenda digital un objetivo concreto de Industria 4.0 y que se dote a su desarrollo de medios económicos para garantizar la modernización de nuestro tejido industrial. Esto requerirá:

a) La introducción en áreas estratégicas de nuestro sector industrial de nuevas tecnologías como: el internet de las cosas (loT), la computación en la nube, el tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial. Para lo cual es necesario que la administración se centre en tener un diagnóstico claro de las barreras (fragmentación de plataformas, datos y sensores, privacidad y seguridad, interoperabilidad, etc.).

b) El desarrollo de las redes móviles de baja potencia, que ya son una realidad en España sobre espectro no licenciado (e.g. Sigfox), pero es igual de importante apoyar a los proveedores de Telecomunicaciones también para que encuentren los casos de uso que les permitan invertir en nuevas redes de Internet de las Cosas Móvil (M-loT) sobre espectro licenciado.

c) Tecnologías como LTE-M (4G para Máquinas) o Narrow Band-IOT (NB-IOT) que permitirán superar la cifra de 10 millones a corto plazo y alcanzar cientos de millones de potenciales nuevas conexiones entre máquinas que se esperan en los próximos 10 años. Estas tecnologías permitirán la masificación de sensores en movimiento (LTM-E) o estáticos (NB- IOT) que costarán menos de 1 euro y su batería durará 10 años.

2. Establecer incentivos para recompensar el proceso de transferencia de tecnología entre organismos académicos e industria nacional, así como la atracción de financiación internacional y procedente de la colaboración con el ámbito privado, mediante:

a) La creación de un fondo de prueba de concepto a nivel nacional para probar la viabilidad de mercado de tecnologías disruptivas, que incluirían muchas de las tecnologías TICs. De manera similar al programa Collider, pero a nivel nacional, abierto a empresas, centros de investigación y universidades que cuenten con resultados de investigación que quieran trasladar al mercado.


Página 40




b) Reforma del sexenio tecnológico: Hay que reconocer en el CV investigador la movilidad de los investigadores entre el sector público y privado y premiaremos sus actividades de transferencia.

c) Reformas legislativas que eliminen la burocracia y faciliten la permeabilidad de los investigadores entre el sector público y el privado.

d) Favorecer el emprendimiento en tecnologías digitales, poniendo en marcha el fondo de capital riesgo, como el fondo EmprendEspaña, incluido en el preacuerdo de presupuestos generales en 2018 y dotado con 480 M ?.

3. Incrementar los recursos no financieros destinados a l+D+i en los PGE a una tasa anual acumulativa media por encima del incremento del PIB, hasta recuperar niveles de inversión previos a la crisis para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB. En este sentido, se considera urgente la puesta en marcha de la Red Cervera de transferencia de tecnología, entendida como un mecanismo de cooperación en investigación aplicada entre Centros Tecnológicos, Universidades y otros agentes del sistema de l+D con empresas. Esta iniciativa cuenta con presupuesto no ejecutado en 2017 (20 millones de euros en subvenciones y 480 millones en préstamos) y podría ser decisiva para la adopción de algunas de las tecnologías facilitadoras claves para el desarrollo de una Agenda Digital verdaderamente transformadora.

4. Avanzar en la ciencia digital, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo, como, por ejemplo, la robótica, eHealth, Big Data, Smart cities o 5G mediante:

a) El desarrollo, la atracción y consolidación de Digital Hubs, en coordinación con la iniciativa de la comisión europea y con la participación de todos los agentes del sistema.

b) La dotación de doctorados industriales a dichos clústeres que permitan la colaboración industria-centros de investigación sería una excelente manera de dar impulso real a dichos polos tecnológicos.

5. Desarrollar medidas para la atracción y retención de talento tecnológico en nuestro país, con especial énfasis en la incorporación de la mujer a dicho colectivo. En esta dirección, se debería fortalecer e impulsar los estudios relativos a las TICs y aumentar las campañas orientadas a su mejor aceptación social. De manera más concreta, se propone desarrollar medidas para la difusión temprana de los estudios TICs entre los estudiantes de Educación Secundaria, así como aumentar la dotación asignada a programas como el Ramón y Cajal o Juan de la Cierva en las áreas relativas a las TICs.

6. Impulsar el trabajo conjunto de los diferentes sectores y todas las administraciones (e incluso otros países) en un entorno de economía colaborativa para convertir nuestro país en un referente europeo (incluido en 5G o ciberseguridad), mediante:

a) Promover la inversión y la construcción de redes de alta velocidad de tal manera que en 2025 haya 5G en cualquier rincón de Europa.

b) Priorizar la ciberseguridad.

c) Plan para el desarrollo de redes 5G en España que incluya una mesa Sectorial donde no solo estén las administraciones regionales y locales que ya están trabajando en Tecnología, sino también representantes de Centros de Investigación que trabajen en cooperación.

d) Uso y desarrollo de avances tecnológicos de código abierto (Open source).

e) La compartición, si no se limita a nuestro territorio, permitiría un avance exponencial en los desarrollos permitiendo el intercambio de conocimiento no solo entre comunidades, sino con otros países europeos, enriqueciendo el resultado final y garantizando la interoperabilidad con otras soluciones de otros países.

7. Eliminar definitivamente la brecha digital en España. Para ello se propone:

a) La creación de un plan nacional de cobertura wifi a dos años y una mayor coordinación de la administración central con los Ayuntamientos para acceder a los fondos europeos que se liberaron a finales del 2017 para el fomento de la Digitalización. En el plan de la Comisión Europea wifi4EU se incluye una partida de 120 millones de euros a desembolsar hasta 2019 para ayudar a las administraciones locales a ofrecer wifi gratis.

b) Medidas para la universalización del acceso a internet como: una estrategia de acceso wifi público, más la extensión del abono social a desempleados de larga duración y parados de más de 45 años.


Página 41




c) Incluir planes para dotar a individuos y empresas de formación digital para manejarse en el nuevo entorno, impulsar la FP Dual, adaptando los itinerarios formativos de la enseñanza reglada y el desarrollo de planes de capacitación de recursos humanos para que adquieran competencias avanzadas en el ámbito digital, sobre todo para mayores de 45, jóvenes y mujeres.

8. Completar la conexión a alta velocidad de los municipios que aún no pueden conseguirlo y que afecta a más del 20 % de los ciudadanos españoles. Establecer un foro de discusión público-privado que estudie las dificultades y oportunidades de mejorar las conexiones de alta velocidad en todo el territorio. Siendo consciente que en algunos casos el sector privado no encuentra viabilidad en cubrir todo el territorio, se podrían buscar alternativas para que la brecha disminuyese. Algunas alternativas a explorar es la sustitución de alta velocidad fija por alta velocidad móvil, utilización de infraestructura pública para coubicación de antenas de telefonía (en edificios públicos, alumbrado, señalización, etc), compartición de infraestructura entre diferentes entidades privadas, etc.

9. Reforzar la incorporación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de científicos y tecnólogos especialistas en aspectos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), para así dotarse de una masa científica estable en este ámbito de actuación tan relevante.

10. Favorecer nuevos modelos de acceso a la cultura que afronte las nuevas realidades del sector, evite el uso indebido de las tecnologías y desarrolle el potencial de los profesionales abriendo nuevas oportunidades de integración laboral a personas discapacitadas.

11. Impulsar la producción de contenidos multimedia, aprovechando el vínculo tan importante que podríamos tener en la difusión de estos contenidos en países de lengua española, desarrollando una ambiciosa estrategia nacional para a su internacionalización y promoción en plataformas digitales.

12. Desarrollar un plan de comunicación de éxitos y logros en nuestro país y en el extranjero, mediante:

a) La presencia activa en los numerosos eventos, ferias y foros internacionales fuera de nuestras fronteras para presentar resultados que posicionen a nuestro país a la cabeza de la transferencia tecnológica.

b) Promover la Digitalización entre las PYMEs estableciendo un canal abierto y participativo que permita a estas empresas beneficiarse de esta transferencia tecnológica. Se debería incentivar e incluso proporcionando beneficios a aquellas empresas que tengan expertos tecnológicos, y establecer con ellos sesiones de capacitación y formación continua.

13. Acelerar la implantación de la administración electrónica, especialmente en el ámbito sanitario, con la adopción definitiva de la historia clínica digital y la interoperabilidad de sistemas.

14. Crear un observatorio de la innovación y disrupción que permita a las diversas Administraciones tener un instrumento eficaz de consulta para identificar y asumir nuevas actividades que impacten en sus competencias y en los mercados que regulen. Un modelo similar al Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea o Nesta en Reino Unido, organismos de referencia a nivel europeo en la labor de prever cambios económicos e industriales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/003069

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Juantxo López de Uralde y del Diputado Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y posterior gestión de los residuos radiactivos generados por éstas.


Página 42




Exposición de motivos

España cuenta con un parque nuclear envejecido. En la actualidad, hay siete reactores en funcionamiento con una vida útil media de 33 años. A estos hay que sumarle la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, que lleva cerca de cinco años parada tras 42 en funcionamiento, y sobre la cual se cierne la duda actualmente de si acabará convirtiéndose en un cementerio nuclear. Entre 2020 y 2024 caducarán todas las licencias de explotación, la última la de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, en el año 2024. Las centrales alcanzarían por tanto una vida útil media de 38 años.

Ante este escenario, el cierre progresivo de las centrales nucleares en España debe ser abordado cuanto antes de forma responsable. Un cierre definitivo y permanente que atienda a criterios de seguridad de los trabajadores y trabajadoras, y de la ciudadanía de las comarcas adyacentes, así como de seguridad jurídica.

En primer lugar, cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética. Principalmente, por una apuesta que elimine cualquier riesgo a la seguridad contra el medio ambiente y las personas, dado los efectos nocivos que produce la generación nuclear y el tratamiento de los residuos. Además, el Acuerdo de París o los compromisos en materia energética como miembros de la UE también nos obligan a buscar un escenario basado en las energías renovables. Dado que la potencia de las centrales nucleares es de difícil regulación, suponen hoy un freno para la expansión renovable en España.

Y en segundo lugar, hay que ser conscientes de que el cierre de las centrales no es el fin de la gestión de la energía nuclear en España, la sociedad tendrá que seguir afrontando durante décadas el desmantelamiento, y durante cientos de años la gestión de los residuos radiactivos. Al final de su funcionamiento, las centrales nucleares tienen que ser descontaminadas de sustancias radiactivas, y desmanteladas de forma que el emplazamiento original pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente. En este escenario se deben contemplar todas las actividades que, tras la declaración de cese de explotación de la central y de la autorización de desmantelamiento, se llevan a cabo por parte de la Administración hasta la restauración del emplazamiento original de la planta, incluyendo el proceso físico de desmantelamiento de las instalaciones.

En relación a la gestión de los residuos radiactivos, cabe tener en cuenta que la actividad de las centrales nucleares hasta el final de su vida útil y su desmantelamiento dará lugar a un importante volumen de residuos radiactivos de muy baja, baja, media y alta actividad, que deberán ser almacenados. Si se consideran 40 años la vida útil de las centrales, el volumen de residuos de alta actividad que habrá que almacenar de forma definitiva asciende, según los cálculos del VI Plan General de Residuos Radiactivos, a 11.966 metros cúbicos, de los cuales, la mayor parte (10.164 metros cúbicos) son elementos de combustible gastado.

El desmantelamiento de las centrales nucleares deberá igualmente considerar la gestión de sus costes, y estos deberán ser asumidos por las propietarias de dichas centrales. Según las últimas estimaciones, referidas a julio de 2015, el coste de desmantelar las centrales nucleares y gestionar los residuos radiactivos en España, atendiendo a la planificación que está en vigor en el todavía vigente VI Plan General de Residuos Radiactivos, ascenderá a un total de 20.200 millones de euros. Esta estimación tiene en cuenta una vida útil de las centrales de 40 años y contempla todas las actuaciones relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos a realizar hasta el año 2085.

Para asegurar el principio de justicia intergeneracional y que, además, no se traslade ahora el coste a la ciudadanía, es fundamental provisionar los fondos necesarios para el desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares. Desde el año 1984 se viene dotando de una provisión específica para el fondo destinado a este fin que gestiona la empresa pública Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA). Este fondo se ha ido nutriendo de las cantidades recaudadas en tarifas, peajes y de los propios rendimientos financieros generados por el mismo. Conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, concretamente en su disposición adicional sexta, se trasladó la financiación de estos costes a los consumidores finales bajo la consideración de que dichas actividades tenían la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. Esta consideración se mantuvo hasta la modificación de dicha disposición adicional acometida el año 2005 en el artículo 8 de la Ley 24/2015, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, en la que volvieron a ser internalizados dichos costes por las empresas


Página 43




titulares de las centrales nucleares. Tras la modificación de la Ley 25/1964, sobre Energía Nuclear, por el apartado 1 de la D.F. novena de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares se configuró como un servicio público esencial reservado a la titularidad del Estado, encomendándose a ENRESA la gestión de este servicio público, atribuyéndose a la Sociedad la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración bajo la tutela del Ministerio competente, actualmente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Conforme a la última modificación, las aportaciones del fondo pasaron a proceder de la recaudación de cuatro tasas. El importe de mayor cuantía recae sobre los titulares de las centrales nucleares, el resto recae sobre las instalaciones de fabricación de combustible y las instalaciones radiactivas.

Según un informe de la Comisión Europea de 2016, que compara la disponibilidad de fondos específicos para el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos en distintos Estados miembros, en España la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30 % de la financiación total que se va a requerir. Además, un informe del Tribunal de Cuentas publicado en 2015 sobre fiscalización de la gestión realizada por ENRESA del fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, señala que la naturaleza del fondo no garantiza el principio de justicia intergeneracional de obligado cumplimiento y alerta sobre una infradotación del fondo superior a los 1.500 millones de euros, ya que, desde el año 2010, no se han actualizado las tasas que se aplican a las centrales nucleares. A día de hoy la infradotación estimada para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales tras los 40 años de vida útil que recomiendan los técnicos para las centrales atómicas, se cifra en 3.000 millones de euros.

El coste del desmantelamiento de las centrales nucleares es un coste fijo, independiente de los años de vida que esté operando la central. Sin embargo, el coste total de gestionar los residuos depende de los años que estén en funcionamiento. Según estimaciones de la propia ENRESA realizadas en 2012, presentadas en el anteriormente citado informe del Tribunal de Cuentas, si en lugar de los 40 años contemplados en el 6.o Plan General de Residuos Radiactivos se prolongara la vida hasta los 48 años, el coste total de gestionar los residuos se elevaría en unos 769 millones de euros. Es por ello que intentar alargar el funcionamiento de las centrales nucleares con el objetivo de aumentar las provisiones del Fondo para el desmantelamiento no es una opción válida, ya que este aumento en ningún caso compensaría el coste de gestionar los residuos derivados de esa prolongación de la vida útil.

La financiación es un tema clave en el desmantelamiento de las centrales y requiere del desarrollo de un marco legal adecuado y, sobre todo, de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento, como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes que se efectúen a lo largo del propio proceso. La necesidad de mejorar la correspondencia entre la dotación al Fondo y el coste del desmantelamiento y gestión de los residuos nucleares originados tiene que abordarse con urgencia en el caso del parque nuclear español.

Del mismo modo que la financiación es una de las claves de bóveda para acometer el cierre seguro del parque nuclear en España, la otra sería las obligaciones derivadas del desmantelamiento de las centrales nucleares. En este sentido, ENRESA es la responsable de llevar a cabo la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento. La anunciada intención por parte del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, de transferir a las titulares la obligación de llevar a cabo estas funciones, introduciría, al prescindir de la gestión pública, unos incentivos perversos a la hora de aminorar costes con los consiguientes riesgos sobre una actividad de extrema peligrosidad. Por otra parte, se perderían las garantías que conllevan la gestión pública y el control parlamentario que se efectúa hoy sobre ENRESA. Además, la disposición del fondo de ENRESA por manos privadas otorgaría a las eléctricas acumular un enorme poder financiero, además de que les permitiría invertir dichos fondos en productos de riesgo, actualmente fuera del marco normativo. Se debe impugnar por tanto, cualquier argumentación tendente a justificar dichas transferencias por motivos de conocimiento específico de la actividad o criterios de optimización de costes, dado que existen diferentes vías para garantizar una dotación acorde a las necesidades del Fondo, o de eficiencia, dado que ninguna propietaria ha llevado a cabo desmantelamiento en España. Recordemos que ENRESA, sí que dispone de dicho conocimiento y capacidad técnica, véanse los trabajos entre los años 1998 y 2003, en el primer desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós I que fue desmantelada, retirando todos los edificios, sistemas y equipos externos al cajón del reactor. Siendo sellado el reactor con objeto de afrontar un periodo de espera, denominado fase de latencia, para


Página 44




que el decaimiento de la radiactividad de las estructuras internas haga más factible el desmantelamiento total de la instalación en el año 2028. O las recientes actividades de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, en el año 2016, en el que ENRESA aprovechó estos trabajos para tomar muestras y medidas para determinar con precisión niveles y profundidades de activación, así como la afección física de los hormigones debido al flujo neutrónico al que han estado sometidos, entre otras cuestiones. Los planes de ENRESA son dejar expeditos y listos para otros usos los terrenos de la central José Cabrera.

Estos antecedentes tienen una importancia vital, ya que como los propios informes relataron, se ha ampliado el conocimiento en esta materia y para optimizar la gestión de residuos radiactivos. Ante esta realidad y experiencia acumulada, constituye un dislate cualquier tentación de derivar la responsabilidad del desmantelamiento a las propietarias, que no tienen similar experiencia a la que atesora ENRESA. En relación a los efectos del cierre gradual de las centrales nucleares cabe apuntar que este va a repercutir de forma positiva en la seguridad y el medio ambiente, y también puede ser una oportunidad para la creación de empleo. Si bien el cierre de las centrales podría suponer un puente entre la actividad desempeñada por algunos empleos directos e indirectos de sus sectores proveedores, el proceso de desmantelamiento generará empleo durante más de una década, y la diversificación económica que pueden experimentar las localidades en las que se asentaban las instalaciones conllevará la generación de empleo asociado al cierre del parque nuclear, como se ha demostrado en las experiencias citadas anteriormente. Así, es fundamental que el desarrollo económico de las zonas en las que hay centrales nucleares no quede abandonado y se lleve a cabo un plan de transición justa para la reactivación de estas regiones afectadas por el desmantelamiento que deberá ser detallado y específico y que cuente con el visto bueno de todos los agentes afectados, que en todo caso debería primar el mantenimiento de empleo en las comarcas en unas condiciones contractuales cuanto menos iguales a las existentes. Los fondos de ENRESA que se reciben en la zona en concepto de indemnización por la gestión de los residuos radiactivos deben ser invertidos con este fin. La forma más recomendable para realizar esa inversión es realizar concursos de proyectos que han de generar riqueza localmente.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. No conceder ninguna nueva licencia de explotación a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya el periodo de validez para el que en estos momentos están en vigor.

2. Actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos para garantizar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radioactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado.

3. Garantizar que ENRESA siga siendo la responsable de llevar a cabo tanto la gestión de los residuos radiactivos como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible. Con esto se consigue el fin de que se mantenga la experiencia acumulada en los desmantelamientos realizados hasta la fecha en España, primando la seguridad y el interés público sobre intereses empresariales.

4. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales nucleares que contemple, entre otras medidas:

a) Una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes que se efectúen a lo largo del propio proceso.

b) Garantizar el principio de justicia intergeneracional, tal y como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medio ambiente, de forma que el Fondo de ENRESA tenga que ser actualizado anualmente.

c) Mantener el Fondo del que dispone ENRESA y garantizar una provisión suficiente para que realice la actividad de desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares.

d) Garantizar que el cese de actividad del operador, por motivo económico o por cualquier otro motivo, no le exime de consignar las tasas necesarias para cubrir la totalidad de los costes de desmantelamiento y gestión de los residuos radiactivos producidos hasta la fecha.


Página 45




5. Modificar los artículos correspondientes de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, una vez se haya evaluado y cuantificado el impacto económico de la gestión de residuos radiactivos para que sean los titulares de las centrales nucleares quienes asuman en su totalidad estos costes.

6. Planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por el cierre de las centrales nucleares, garantizando el número de empleos ligados a la actividad de las centrales.

7. Destinar los fondos de ENRESA que se otorgan a los municipios cercanos a las centrales e instalaciones nucleares a proyectos que posibiliten el desarrollo local sostenible en las zonas donde se clausuren instalaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/003043

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la derogación del artículo cuarto del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común, en lo que afecta a la aplicación de purines y estiércoles sólidos en las superficies agrícolas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Reglamento 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, incluye en el artículo 93 normas de condicionalidad:

1. Las normas de condicionalidad serán los requisitos legales de gestión, previstos por la legislación de la Unión, y las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, establecidas a nivel nacional, que figuran en el anexo II, relativas a los siguientes ámbitos:

a) medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrarias de la tierra;

b) salud pública y sanidad animal y vegetal;

c) bienestar animal.

En el anexo II respecto al suelo y reserva de carbono en el apartado BCAM 6 dice: "Mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo mediante prácticas adecuadas, incluida la prohibición de quemar rastrojos, excepto por razones fitosanitarias".

En desarrollo de dicho Reglamento se publicó el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola.

Y en su anexo II:

Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra.

Área de medio ambiente, cambio climático y buena condición agrícola de la tierra.


Página 46




2. Aspecto principal: suelo y reserva de carbono.

BCAM 6. Mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo mediante prácticas adecuadas, incluida la prohibición de quemar los rastrojos, excepto por razones fitosanitarias No podrán quemarse rastrojos en todo el ámbito nacional, salvo que, por razones fitosanitarias, la quema esté autorizada por la autoridad competente, en cuyo caso estará condicionada al cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevención de incendios, y en particular, las relativas a la anchura mínima de una franja perimetral cuando los terrenos colinden con terrenos forestales.

Cuando se eliminen restos de cosecha de cultivos herbáceos y de los de poda de cultivos leñosos deberá realizarse, en su caso, con arreglo a la normativa establecida.

La Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, fija una reducción de emisiones de amoníaco (NH3) para cada año entre 2020 y 2029 en relación a las de 2005 del 6 % para la UE 28 y de un 3 % para España.

El Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, para la aplicación en España de la Política Agrícola Común, modifica las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, y añade dos párrafos al final de la BCAM 6 del apartado 2 del anexo II del Real Decreto 1078/2014:

"La aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones, pudiendo las comunidades autónomas establecer excepciones, atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas, u otros motivos, debiendo las mismas quedar debidamente justificadas.

Los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su aplicación en el menor plazo de tiempo posible. No obstante, se podrán exceptuar de esta obligación, si la comunidad autónoma así lo establece, los tipos de cultivo mediante siembra directa o mínimo laboreo, los pastos y cultivos permanentes, y cuando la aportación del estiércol sólido se realice en cobertera con el cultivo ya instalado."

Según un informe de la Comisión Europea de 2017 sobre las emisiones procedentes de la agricultura y en concreto respecto al amoníaco, en la UE28 la agricultura es responsable del 93,6 % y en España del 96,3 %.

El Plan Nacional de Calidad del Aire de España 2017-2019 dice que las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería constituyen en torno al 95,23 % del origen de las emisiones de NH3, debido a la utilización de abonos y de piensos y cebos para la alimentación de los animales, que son transformados en compuestos nitrogenados (entre ellos el amoníaco), pero de ese 95,23 % el 68,01 % se debe a cultivos con fertilizantes (excepto estiércol animal) y el 31,03 % a gestión de estiércol.

Y un informe de la Comisión Europea sobre emisiones procedentes de la agricultura 2014-2020, dice que en España el 19,7 % de las emisiones de amoníaco procede de fertilizantes de síntesis, el 4,4 % de vacuno lechero, el 9,3 % de vacuno no lechero y el 17,5 % de porcino.

El Gobierno, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, establece una condición vinculada a la asignación de derechos de pago básico, parte de los cuales los recibe el sector vacuno cuando todos los datos indican que está lejos de ser el principal responsable de dichas emisiones.

Además entre los motivos de condicionalidad definidos por el Reglamento 1306/2013 del Parlamento Europeo no se encuentra la calidad del aire por lo que no es correcto que el Ministerio de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medio Ambiente establezca esa relación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A la derogación del artículo cuarto del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común, relativo, concretamente, a la modificación del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas


Página 47




primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, y que afecta a la aplicación de purines y estiércoles sólidos en las superficies agrícolas, por considerarse falto de equidad en los términos en los que se haya redactado.

2. A adoptar, con carácter de urgencia y en coordinación con todas las administraciones públicas afectadas, medidas precisas y efectivas para que nuestro país proceda a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a aquellas actividades y sectores económicos más altamente contaminantes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018-Margarita Pérez Herráiz, Gonzalo Palacín Guarné y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003049

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la calidad de la producción de aceituna de mesa española, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Real Decreto 679/2016, de 16 de diciembre, por el que se establece la norma de calidad de las aceitunas de mesa pretendía, según el Gobierno, mejorar la competitividad del sector, garantizar la competencia leal entre los operadores y promover las mismas condiciones a todos los productores. Para ello, se actualizó la normativa nacional en materia de calidad alimentaria en el sector considerando la legislación nacional e internacional, los intereses del sector y la normativa sobre información alimentaria facilitada al consumidor.

El objetivo declarado de la norma fue fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico del sector, la recolección mecanizada, los nuevos productos y las nuevas formas de elaboración, así como la indicación voluntaria de la variedad en el etiquetado.

Respecto al último punto, las organizaciones agrarias representativas (ASAJA, COAG y UPA) mostraron su malestar porque finalmente la norma no obliga a incluir la variedad de la aceituna en el etiquetado. Una cuestión pedida unánimemente por los productores que entendían que España, como líder mundial del sector de aceituna de mesa, debía ir por delante de sus competidores indicando la variedad en el etiquetado, para que esto se armonizara también como una normativa común dentro de la Unión Europea (UE). Se ganaría transparencia e información a los consumidores y se fomentaría la calidad y valoración del producto, facilitando un mejor conocimiento del mismo y consiguiendo mayor prestigio para la aceituna de mesa española.

En realidad, lo que prosperó en la norma del Gobierno fueron los argumentos de la industria representada por la Asociación Española de Industriales y Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa), que siempre se opuso al etiquetado de la variedad envasada por entender que supondría una competencia desleal con otros países productores de la UE y al considerar que determinados sectores de la distribución preferían no incluirlo. En otras palabras, la industria solo es favorable si la indicación es voluntaria para no limitar el abanico de clientes y poder adaptarse a sus necesidades.

Sin embargo, incluir la variedad del producto envasado es también una forma de combatir el incremento de las importaciones de aceituna similar a la española y que se aprovechan de su imagen y prestigio jugando a la confusión, además de provocar potenciales bajadas de precios. Además, podría impedir que la industria que envasa las variedades españolas las mezcle con otras de inferior calidad.

Como se ha dicho, España es líder mundial en este sector y no deberían rebajarse las exigencias de las distintas categorías de calidad porque iría en contra de la defensa de un producto excelente. Además, es necesario adoptar medidas para salvaguardar los intereses del sector español de la aceituna de mesa.


Página 48




En este sentido, el pasado 21 de junio, el Departamento de Comercio y la Comisión Internacional de EE.UU. pusieron en marcha una investigación contra los productores y exportadores españoles de aceituna de mesa, con el objetivo de determinar si las exportaciones han sido subvencionadas y realizadas a un precio inferior al del mercado. Una investigación que tiene su origen en una demanda presentada por un grupo de empresas del sector radicadas fundamentalmente en California. La demanda fundamenta su argumentación en la existencia de dumping porque se supone que existe un precio injusto o más bajo de lo normal, dado que las subvenciones que se reciben permiten comercializar a precios más reducidos. La finalidad de dicha demanda no es otra que la imposición de aranceles aduaneros. Curiosamente, la denuncia está dirigida exclusivamente a los productores españoles y no al resto de los Estados miembros de la UE.

Los antecedentes alertan de la difícil y dramática situación en la que quedarían todos los productores y empresas del sector en España y muy especialmente en Andalucía, donde la actividad de la aceituna de mesa es fundamental en su economía. Si finalmente la administración Trump, defensora a ultranza del proteccionismo comercial, aceptara y adoptara medidas arancelarias contra la aceituna de mesa, la diferencia de precios con la aceituna californiana sería difícilmente combatible por la citada carga arancelaria, aunque la calidad de la española sea superior. En cualquier caso, dicha circunstancia tendría un impacto muy negativo en el sector. Basta considerar que las exportaciones de aceituna de mesa en 2016 a EE.UU. supusieron unos ingresos de aproximadamente 70 millones de dólares a las empresas exportadoras.

Es necesario destacar que las subvenciones que otorgan las autoridades europeas se realizan dentro de los acuerdos de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) y son compatibles con los criterios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que nunca ha puesto obstáculo a la PAC. Igualmente, la formulación de la demanda se efectúa mediante la errónea consideración de que cualquier tipo de ayuda es una subvención encubierta. Pone en duda toda la política de subvenciones de la UE, incluyendo las ayudas agroalimentarias, las ayudas a cooperativas, a ganaderos y agricultores e incluso la de los seguros agrarios, lo cual evidencia lo ilegítimo de la reclamación y el intento de mezclar conceptos claramente diferenciados solo con la única idea de generar un debate que pueda tener el apoyo de las políticas proteccionistas de la administración Trump.

En todo caso, lo que parece incuestionable es la calidad del producto español, la elevada competitividad de los precios de mercado y la inexistencia de subvenciones encubiertas al tratarse de esquemas comunitarios englobados en la PAC.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar las medidas oportunas para que el etiquetado de las aceitunas de mesa incluya obligatoriamente la variedad, al objeto de fomentar la transparencia e información a los consumidores y potenciar la calidad y valoración del producto.

2. Promover en las instancias comunitarias la armonización de la inclusión de la variedad en el etiquetado de las aceitunas de mesa como una normativa común dentro de la UE.

3. Apoyar a las empresas españolas productoras de aceituna de mesa ante las actuaciones de EE.UU. por supuesta competencia desleal y adoptar las acciones necesarias para salvaguardar los intereses del sector español de la aceituna de mesa.

4. Coordinar con la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Comisión Europea y los representantes del sector las actuaciones precisas para defender la producción de aceituna de mesa española."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Página 49




161/003051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los efectos del temporal de lluvia y viento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Los frentes lluviosos, que desde finales de febrero han ido atravesando la península aportando las esperadas precipitaciones, han venido acompañados de fuertes vientos y oleaje intenso que han provocado graves daños en las zonas costeras de toda Andalucía; siendo especialmente graves en las provincias de Huelva y Cádiz, también se han visto afectadas otras zonas costeras e interiores del resto de las provincias andaluzas, registrándose en pocas horas más de 500 incidencias en toda la región.

Las lluvias persistentes e intensas han originado inundaciones en viviendas, garajes y locales comerciales de varias localidades. También han incidido en la red de carreteras, en unos casos por inundaciones y en otros por desprendimientos de piedras y árboles, provocando el corte de la circulación. Las crecidas de los cauces de ríos, como el Guadalfeo en Granada, han dejado incomunicadas varias localidades.

El fuerte viento ha provocado el desprendimiento de cables de tendido eléctrico y de arbolado. En el interior, las fuertes rachas de hasta 100 km/h, han causado daños en las estructuras de invernadero de fresón y otros frutos rojos, especialmente en la provincia de Huelva. Por otra parte, el temporal ha mantenido amarrada a toda la flota del Golfo de Cádiz. Málaga o Granada han registrado más de cien incidencias asociadas al fuerte viento.

La fuerza de las olas ha devorado parte de la arena de las playas destrozando además el mobiliario de playa. El agua ha llegado hasta los paseos marítimos y ha alcanzado algunos de los establecimientos de restauración y de infraestructuras de acceso público. Pero también ha dañado infraestructuras de alcantarillado y colectores de aguas residuales o conducciones de agua potable.

Cuando todo parecía calmado y se empezaban a valorar los daños causados por el temporal, varios tornados, originados inicialmente como manga de agua, han tomado tierra en varios puntos de ambas provincias, generando nuevos desperfectos.

En resumen, los destrozos tanto en el litoral como en algunas zonas interiores son importantes, lo que puede afectar al turismo como motor económico de la zona. Pero también se ha visto perturbado el funcionamiento cotidiano de muchas ciudades y otras actividades económicas que son estratégicas para la región, como la agricultura o la pesca.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar los daños originados por los tornados y los temporales que han afectado, durante la última semana de febrero y el inicio de marzo de 2018, tanto al litoral de la costa andaluza como a algunas zonas interiores, cuantificando el valor de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio.

3. Analizar las posibles ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 50




161/003052

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los efectos del temporal de febrero de 2018 en las provincias de Toledo y Ciudad Real, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El temporal de agua y viento que ha azotado la península, desde los últimos días del mes de febrero de 2018, ha dejado numerosos desperfectos a su paso. En esta ocasión, el viento asociado a las borrascas ha generado gran número de problemas en las regiones interiores.

La borrasca se ha dejado notar a su paso por Castilla-La Mancha. Las fuertes rachas de viento han provocado la continua intervención de los Servicios de Emergencias durante varios días consecutivos.

En la localidad toledana de Consuegra diez molinos de viento, de los doce que se conservan en el conjunto de Bien de Interés Cultural del Cerro Calderillo, han sufrido el desprendimiento de la techumbre, en algunos casos, y la rotura de las aspas, en otros.

En la localidad de Almagro, en los últimos días del temporal, volaba parte del techo del escenario del edificio de la Antigua Universidad, donde se representan obras teatrales durante el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Otras consecuencias han sido el derribo de los depósitos de la cooperativa oleovinícola "El Progreso", en Villarrubia de los Ojos, o el desprendimiento de casi un kilómetro de tendido eléctrico en Ciudad Real.

Estos son solo algunos ejemplos del efecto del fuerte viento que ha arrancado de cuajo árboles, mobiliario urbano, tejados, muros y gran número de daños materiales en las provincias de Toledo y de Ciudad Real.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar los daños originados por los tornados que han afectado, durante la última semana de febrero y el inicio de marzo de 2018, a las provincias de Toledo y Ciudad Real, cuantificando el valor de los mismos.

2. Analizar la posibilidad de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio.

3. Analizar las posibles ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/003054

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la licitación de las obras de restitución pendientes en el término municipal de Calatayud, derivadas de la construcción de la presa de Mularroya, en la provincia de Zaragoza, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Página 51




Exposición de motivos

El 3 de diciembre de 2003 se aprobaba por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas el Anteproyecto de Construcción de la Presa de Mularroya, ubicada en el término municipal de La Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza. Un año después, la Mesa de Contratación proponía la adjudicación del concurso de proyecto y obra a la U.T.E. NECSO-SACYR (UTE MULARROYA) por un importe líquido de 128.967.820,10 ?.

Las obras tienen por objeto la construcción del sistema de regulación del Bajo Jalón, que estará integrado por la presa de Mularroya en el río Grío, un azud de derivación en el río Jalón y un túnel de trasvase que conectará el vaso creado por el azud con el vaso del embalse de Mularroya. Además, incluye variantes de carreteras y medidas correctoras y compensatorias de impacto ambiental. El sistema permitirá el riego de terrenos situados en el Bajo Jalón, además de garantizar el abastecimiento a las poblaciones, la demanda industrial y el caudal ecológico en los ríos Jalón y Grío.

La construcción del referido embalse va a tener indudables consecuencias en el término municipal de Calatayud, con especial significación en la pedanía de Embid de la Ribera, ya que el azud de derivación de aguas proyectado se ubica en terrenos del término de Calatayud y de Embid de la Ribera.

Estas afecciones deberían verse compensadas con las oportunas obras de restitución, que han de redundar en beneficio de Embid de la Ribera y de Calatayud. El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 130.4 establece que, "cuando la realización de un obra hidráulica de interés general afecte de forma singular el equilibrio económico del término municipal en que se ubique, se elaborará y ejecutará un proyecto de restitución territorial (PRT) para compensar tal afección".

En este sentido, en el término municipal de Calatayud, pedanía de Embid de la Ribera (Zaragoza), con cargo a los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y pendientes de ejecución en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, están redactados y aprobados los siguientes proyectos:

- Proyecto de pavimentación y renovación de servicios (saneamiento y agua potable) en la calle Ermita, calle del Molino, calle San Miguel, acondicionamiento de la zona reunión en calle de la Iglesia y actuación muro calle del Val. Por un importe de 588.792,40 euros.

- Proyecto de pavimentación y renovación de servicios (saneamiento y agua potable) en la calle del Aguilar Muja, calle Nueva y calle del Val. Por un importe de 584.331,82 euros.

- Proyecto 12/11 y Adenda 09/12 de pavimentación de calles, adecuación de plaza y revestimiento de muro en Embid de la Ribera. Por un importe 393.677,75 euros.

Al respecto, el Gobierno, en diferentes ocasiones, ha manifestado que "las distintas obras cuyos proyectos se van redactando se ejecutarán conforme a las disponibilidades presupuestarias de cada momento".

El tiempo ya transcurrido, la exigible reclamación de estas obras de restitución y la importancia de las mismas para Embid de la Ribera y para Calatayud hacen necesario el impulso definitivo a estos proyectos en cuestión.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Licitar las oportunas obras de restitución en el término municipal de Calatayud (Zaragoza), derivadas de las afecciones relativas a la construcción de la presa de Mularroya. Concretamente, las recogidas en los tres proyectos que al respecto se encuentran ya redactados y aprobados, relativos a:

a) La pavimentación y renovación de servicios (saneamiento y agua potable) en la calle Ermita, calle del Molino, calle San Miguel, acondicionamiento de la zona reunión en calle de la Iglesia y actuación muro calle del Val.

b) La pavimentación y renovación de servicios (saneamiento y agua potable) en la calle del Aguilar Muja, calle Nueva y calle del Val.

c) La pavimentación de calles, adecuación de plaza y revestimiento de muro en Embid de la Ribera.


Página 52




2. Incluir, en el próximo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno remita a las Cortes Generales, las partidas presupuestarias precisas que permitan la licitación de los citados proyectos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018-Gonzalo Palacín Guarné, Susana Sumelzo Jordán y Óscar Galeano Gracia, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños producidos por el temporal que azota la provincia de Granada, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El temporal de viento y lluvia que desde el pasado 28 de febrero azota la provincia de Granada ha provocado serios destrozos en varios municipios, sobre todo en la zona de la costa. Una situación que se repite todos los inviernos y que cada año va a más y produce más destrozos.

Además, hay que tener en cuenta que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología son que las lluvias continuarán durante varios días.

El temporal de viento y lluvia que azota la provincia de Granada desgrana sus consecuencias en la franja litoral, así como en la capital, donde los bomberos atienden desde primera hora de la mañana constantes avisos de inundaciones en locales comerciales y garajes.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por el temporal de viento y lluvia que desde el pasado 28 de febrero azota la provincia de Granada, especialmente su litoral, que contemple al menos las ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2018-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/003066

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para abrir la Isla de Toralla (Vigo), dominio público marítimo terrestre, al tránsito público garantizando las servidumbres de tránsito, de protección y de acceso al mar contempladas en la Ley 2/2013, de 29 mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.


Página 53




Exposición de motivos

La isla de Toralla puede avistarse desde distintos puntos de Vigo, de dimensiones reducidas, está situada en la Ría de Vigo y separada de tierra firme a una distancia de algo más de 500 metros. Posee una extensión de 45.000 m2 de propiedad privada y 24.400 m2 de terreno de dominio público cedidos en concesión a la Universidad de Vigo.

En ella se ubica la sede de la Estación de Ciencias Maridas (ECIMAT), perteneciente a la Universidad de Vigo, y una Estación de Salvamento Marítimo, perteneciente a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, organismo dependiente del Ministerio de Fomento (a través de la Dirección General de la Marina Mercante).

Diez años después de que el Ministerio de Medio Ambiente aprobase el proyecto de "Recuperación del DPMT y apertura al tránsito en la isla de Toralla", sus preceptos no se cumplen.

Una barrera y un vigilante impiden el acceso de vehículos y peatones al interior. La decisión parte de los propietarios que residen en la isla y que no superan los 170 vecinos y vecinas. La prohibición no tiene sustento legal. Además, las ampliaciones realizadas por algunos de sus habitantes en sus terrenos y propiedades, ocupando parte del borde litoral, impide el paso de personas. Pueden atravesar la barrera los investigadores de Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat) y los trabajadores de Salvamento Marítimo. Incluso las visitas o los pedidos a domicilio deben ser notificados con anterioridad al conserje para que permita el paso, si no se está en la lista no se puede acceder. La situación llega al punto de que una cámara junto a la caseta lee las matrículas de los automóviles registrados y se levanta de manera automática.

La isla fue objeto de una absoluta especulación urbanística en los años 60 en base a intereses empresariales privados. Es un claro ejemplo de la cultura del pelotazo. A comienzos de los 60 se empieza a urbanizar la Isla. Se hace el puente y al inicio del puente se pone una valla y un vigilante que solo permite su paso a propietarios o personas autorizadas. Continúa la urbanización de la isla destacando el horrible edificio de 20 pisos que se ve desde cualquier punto de la Ría. La Ley de Costas 22/1988, de 26 de julio, establece límites que nunca se cumplieron. Después vendría la modificación: Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, que sigue sin cumplirse y la Isla de Toralla permanece restringida al paso público.

La legislación vigente recoge que cualquier persona puede llegar hasta la ribera del mar a pie. Pero la realidad es que a los visitantes solo se les permite acceder a los arenales situados a ambos lados del puente. La norma contempla restricciones a las fincas limítrofes con el dominio público marítimo-terrestre para garantizar el libre paso de los ciudadanos y vehículos de vigilancia y salvamento.

Sin olvidar que además de la zona que pertenece al dominio público, la legislación indica que el terreno inmediato a la ribera del mar que no es parte de dominio público está afectado por una serie de servidumbres. En la ley se establecen obligaciones respecto a las servidumbres de protección, cuya función es proporcionar protección a la costa y que en general recae sobre una franja de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. Una extensión puede ser ampliada en determinados casos hasta los 200 metros y se reduce a 20 metros en los terrenos ya clasificados como suelo urbano. Con la modificación realizada en 2013 de la ley, la servidumbre de protección pasa a ser de manera general de 20 metros.

Después está la servidumbre de tránsito. Su objetivo es permitir la libre circulación de los ciudadanos a lo largo de la costa. Recae sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, aunque en lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros. La ley señala claramente que esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.

La servidumbre de tránsito no se cumple en la Isla de Toralla. Tampoco la servidumbre de acceso al mar que se establece en varios puntos a lo largo de la costa para garantizar el acceso público y gratuito al mar. Su tamaño debe ser el necesario para garantizar su función, y no se permite interrumpir el acceso al mar si no se proporciona un acceso alternativo con la misma eficacia.

Existen varios pronunciamientos por parte de la Justicia sobre el cierre de la Isla de Toralla. En octubre de 1997, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por los residentes particulares de la isla que pedían la exclusividad del uso y disfrute del puente y sus playas. La Justicia respaldaba el uso público de la isla. Entonces quedó claro que el puente era para uso público de todo el mundo.


Página 54




La sentencia dejaba claro que en base a la Ley de Costas los propietarios deberían ceder para dominio público seis metros de terreno a partir de la máxima pleamar registrada.

En definitiva, estamos ante un largo problema de incumplimiento legal en relación a dominio público marítimo terrestre al que debe ponérsele fin. Es un espacio público pero que en la práctica se utiliza como reserva privada de forma ilegal.

Desde En Marea creemos que el Ministerio de Medio Ambiente debería abordar la situación y hacer cumplir la Ley vigente.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley 2/2013, de 29 mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas, en la Isla de Toralla (Vigo) a fin de abrirla al tránsito público. A tal efecto, se emplaza al Ministerio a hacer efectivas las obligaciones estipuladas en la ley, procediendo a:

- Efectivizar el cumplimiento de lo establecido en la ley en relación a la zona de servidumbre de protección.

- Efectivizar el cumplimiento legal de lo contemplado respecto a las zonas de servidumbre de tránsito, permitiendo de facto la libre circulación de personas a lo largo de la costa.

- Efectivizar el cumplimiento normativo de lo establecido en relación a las zonas de servidumbre de acceso al mar, garantizando el acceso público a la línea de mar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/003056

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la responsabilidad de las empresas españolas transnacionales en relación con el respeto a los derechos humanos y medioambientales, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

El impacto de la actividad empresarial en una comunidad se tiende a medir en términos de creación de empleo y generación de riqueza, aunque hay otras variables positivas y no tan positivas que también deben tenerse en cuenta y que, en la mayoría de las ocasiones, suelen ser diferentes caras de un mismo poliedro.

La actividad empresarial puede crear empleo y riqueza, pero no tiene por qué tratarse de un empleo de calidad o de una riqueza distribuida generadora de igualdad de oportunidades.

Del mismo modo se puede contribuir a la protección del medio ambiente a través de actividades empresariales, como también al deterioro del entorno y de los recursos que lo conforman.

La historia de los países de América Latina y Caribe, África o Asia da cuenta de no pocos episodios de conflictos con empresas transnacionales por sus negativos impactos en las comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.

Son muchas las empresas españolas de diferentes sectores que desarrollan buena parte de su actividad o de su cadena de producción fuera de España y esta circunstancia ha alimentado el debate


Página 55




respecto a la necesidad de disponer de algún instrumento que regule los posibles impactos negativos de estas empresas en los derechos humanos de las comunidades en esos terceros países.

Casos como el del proyecto de construcción de la hidroeléctrica RENACE en el río Cahabón promovido por la empresa española ACS, que ha sido denunciado por las consecuencias que está teniendo en la región por parte de diversas ONG, ponen de manifiesto la necesidad de disponer de instrumentos globales para resolver problemas globales aunque el impacto directo sea local.

Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones ambientalistas, sindicatos, organizaciones de derechos humanos han denunciado sistemáticamente prácticas que han puesto en riesgo los ecosistemas, los derechos laborales y hasta la vida de las personas que trabajan en estos proyectos, o que han denunciado posibles violaciones de derechos.

Al albur de estas situaciones de abuso, que van en detrimento no solo de las comunidades afectadas sino también del propio sector empresarial que no es sujeto de estos conflictos, han sido varias las iniciativas, principalmente internacionales, que han establecido marcos referenciales respecto a la actividad empresarial y los derechos humanos.

El más reconocido es seguramente el documento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" adoptados como propios por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 2.

Sin embargo, muchas voces y desde ámbitos diferentes han señalado que los principios rectores dejan vacíos importantes sobre todo en el caso de las empresas transnacionales, con un insuficiente acceso a la justicia por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Otro referente relacionado con la acción de las empresas y los derechos humanos es el Pacto Mundial de Naciones Unidas cuya misión es trabajar con las empresas en la alineación de sus estrategias y actividades con los principios universales de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y contra la corrupción. Actualmente constituye la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa.

Los Estados son los que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la legislación así como de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. No obstante, el mundo globalizado e interdependiente pone de manifiesto la necesidad de disponer de instrumentos que atiendan los efectos de esta globalización e interdependencia también en materia de derechos humanos.

En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos aprobó en junio de 2014 la resolución 26/9, sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos 3.

Dicha resolución "Decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos".

Este grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta ha celebrado tres sesiones, la última de ellas en noviembre de 2017 siendo aún bastantes las cuestiones que dificultan la aprobación de este instrumento vinculante. Se da la coincidencia de que el debate decisivo se va a producir formando España parte del Comité de Derechos Humanos que auspicia dicho debate.

Son varios los países que han avanzado en la responsabilidad extraterritorial de las empresas, por ejemplo Francia que aprobó en marzo de 2017 obligando a las empresas de más de 5.000 empleados en Francia, o 10.000 si la sede social está en el extranjero a publicar y poner en marcha un plan de vigilancia para prevenir las violaciones graves de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente.

En el caso de España, el Gobierno aprobó el 28 de julio de 2017 el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa, uno de los mandatos recogidos en los Principios Rectores del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

2 1Resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos, 16 de junio de 2011, relativa a los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/RES/17/4).

3 2Resolución 26/9, de 14 de julio de 2014, relativa a la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (A/HRC/RES/26/9).


Página 56




Este Plan compila fundamentalmente acciones de información, sensibilización y formación y tiene una vigencia de tres años y se distancia del carácter vinculante de iniciativas como la francesa, aunque puede dar espacio a avanzar en algunas iniciativas orientadas a acciones más concretas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Al inmediato cumplimiento de la Proposición no de Ley 161/2371, aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores en su sesión de 25 de octubre de 2017, especialmente en lo que se refiere a la puesta en marcha de las acciones de sensibilización y formación sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a las compañías españolas que operan en Iberoamérica, y al refuerzo del sistema de supervisión y seguimiento por las empresas españolas de estos principios [apartados 3.a) y 3.b) respectivamente] tal y como se recoge en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos aprobado en julio de 2017.

2. La puesta en marcha con carácter urgente de las medidas previstas en el plan de acción nacional de empresas y derechos humanos y especialmente las contempladas para los principios 25, 26, 27, 28 y 31 que tienen un impacto directo en la reparación de las posibles vulneraciones de derechos humanos consecuencias de la acción de empresas.

3. El impulso y apoyo al proceso de elaboración de un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos en el marco de la participación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

4. La revisión de la política de apoyo a la internacionalización de la empresa, tal y como se recoge en el plan de acción nacional de empresas y derechos humanos, y la política de contratación pública para que se incluyan expresamente incentivos y requisitos para las empresas españolas, con independencia de que sean inversoras, contratistas o subcontratas, con la obligación de respetar los Derechos Humanos, incluido el convenio 169 de la OIT, de 26 de junio de 1989, sobre los pueblos indígenas y tribales, en sus inversiones y trabajos internacionales.

5. La adopción de un protocolo de relación de las autoridades diplomáticas españolas con los defensores de los derechos humanos y medioambientales en aquellos Estados donde estén operando empresas españolas que por su actividad sean susceptibles de poder verse incursas en conflictos de esta índole.

6. La puesta en marcha de un programa de protección de defensores de los derechos humanos y al incremento de la partidas presupuestarias destinadas a dicha protección a través de la AECID."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018-Carlota Merchán Mesón y Marc Lamuà Estañol, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Igualdad

161/003068

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para asimilar las familias monoparentales a las familias numerosas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El número de hogares en España continúa aumentando (un 0,3 % más de hogares), según la última Encuesta Continua de Hogares del INE publicada en abril de 2017 y las familias monoparentales están


Página 57




entre las que más aumentan. En un año, los hogares formados por madre y uno o más hijos crecieron un 3,2 %. Se trata de un tipo de familia en aumento, estos hogares han crecido más de 24 % desde 2006.

El último informe de la Fundación Adecco sobre "Monomarentalidad y Empleo", publicado en octubre de 2017, señala que por primera vez los hogares monoparentales españoles rozan los 2 millones (concretamente 1.964.900). Esta cifra representa el 11 % de los hogares españoles, un 3,6 % más que en 2016.

Estas familias deberían llamarse en realidad monomarentales, ya que el 82,7 % de estos hogares están encabezados por una mujer.

El IV Informe "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del Indicador de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social en España" de European Anti Poverty NetWork (EAPN), señala que más de la mitad de estas familias (50,1 º%) están en riesgo de pobreza, cifra que contrasta con el 28,6 % general.

Según el ya referido informe de Adecco, el 51 % de las mujeres al frente de una familia monoparental está desempleada o trabaja en la economía sumergida. Y solo un tercio de estas mujeres desempleadas e inscritas como demandantes de empleo percibe algún tipo de prestación. Además, el desempleo tiende a cronificarse en el caso de las mujeres "monomarentales". Un 53 % supera los dos años de búsqueda de empleo.

Concretamente, reivindican más protección social y beneficios fiscales. Es necesario que la monoparentalidad deje de asimilarse a pobreza y exclusión y para ello es imprescindible el impulso de una legislación unitaria de carácter estatal a este respecto. En el año 2009, siendo President de la Generalitat de Catalunya el socialista José Montilla, se aprobó el Decreto 151/2009, de 29 de septiembre, de despliegue parcial de la Ley de Apoyo a las Familias. Entre otras cuestiones, este decreto desarrolló la regulación de las familias monoparentales y las equiparó en derechos a las familias numerosas. Estos beneficios deben extenderse al resto del territorio español. Se da la circunstancia que actualmente una madre monomarental catalana puede beneficiarse de reducciones tarifarias en Renfe siempre que no salga de territorio catalán, pero no así cuando viaja desde Catalunya al resto de España.

De la misma manera, en otras CCAA gobernadas por el PSOE, como en Andalucía, se han impulsado de manera pionera beneficios fiscales y de acceso a servicios para las familias monomarentales. Igualmente, en la Comunidad Valenciana el gobierno equiparó, ya en 2016, las familias monoparentales con las numerosas, tanto por lo que se refiere a beneficios de tasas, como para la elección de centro educativo o descuentos en los ferrocarriles, y posteriormente ha impulsado rebajas en el tramo autonómico del IRPF.

En Madrid, el Grupo Socialista en la Asamblea presentó una Proposición no de Ley en la que instaba a la Autonomía madrileña para que estipulase diferentes beneficios y deducciones para estas familias, a la vez que instaba al Gobierno a poner en marcha la modificación legislativa para su equiparación con las familias numerosas. Esta iniciativa se debatió en 2017 pero fue rechazada.

Las asociaciones que agrupan a familias monoparentales españolas hace tiempo que están solicitando un trato que las asimile a las familias numerosas.

En el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 aprobado por el Gobierno en mayo de 2015 ya prevé la revisión de la normativa reguladora de protección a las familias numerosas e incluye como uno de los colectivos familiares de atención prioritaria a las familias monoparentales, especialmente a aquellas que presentan situaciones de dificultad social o vulnerabilidad. En este sentido, contiene previsiones en el área de protección social y económica, conciliación, apoyo a la maternidad y al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales, educación, vivienda y otros. Pero estamos en 2018 y todo sigue igual.

En todo caso, es importante tener en cuenta criterios de renta a la hora de valorar el acceso de las familias a determinados bienes y servicios, para garantizar una distribución justa de la riqueza y con el fin de optimizar la protección de las familias. También debe ser así en el caso de las familias numerosas o las monoparentales.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar las modificaciones legales necesarias para extender el reconocimiento del derecho de familia numerosa a las familias monoparentales.


Página 58




2. Tener en cuenta criterios de renta per cápita tanto para las familias monoparentales como para las que en la actualidad ya se encuentran contempladas en la legislación vigente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018-Lídia Guinart Moreno y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/003055

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la instalación de un grupo semafórico en el municipio de Ordes, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

En la calle Alfonso Senra, carretera nacional N-550, en el municipio de Ordes, a la altura del antiguo aserradero de Mirás y del edificio con n.º 163 de la citada calle, existe un paso de peatones que entendemos no cumple las condiciones requeridas de seguridad para los peatones que lo cruzan.

Los vehículos que circulan por dicha carretera en ese punto entran a una velocidad excesiva en la ciudad, en su zona urbana, y no se percatan de dicho paso que queda a pocos metros de un transitado cruce de carreteras.

Ya no es la primera vez que las personas que lo cruzan han estado cerca de sufrir riesgo de atropello, de ahí que se considere necesario adoptar medidas preventivas que incrementen la seguridad vial en la zona.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se adopten las medidas pertinentes que incrementen la seguridad vial en dicho paso de peatones mediante la instalación de un grupo semafórico, iluminación nocturna y otros elementos que los técnicos puedan estimar necesarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018-Guillermo Antonio Meijón Couselo, María Dolores Galovart Carrera, Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira, María del Rocío de Frutos Madrazo y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 59




Comisión de Fomento

181/000791

Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputada doña Esther Peña Camarero.

Texto:

¿Cuál es la situación del AVE a su paso por la provincia de Burgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018.-Esther Peña Camarero, Diputada.

181/000792

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes.

Texto:

¿Por qué Capitanía Marítima tomó la decisión de no conceder la autorización de fondeo en aguas españolas de las gabarras propiedad de la empresa Cargo Lanzarote S.L. que se encontraban en el puerto de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura, pese a las previsiones climáticas de temporal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.

181/000798

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

Texto:

¿Considera el Gobierno que se está realizando una gestión transparente y eficiente de la llegada de la alta velocidad a Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.


Página 60




181/000799

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

Texto:

¿Considera el Gobierno que los problemas de los servicios de Cercanías se deben a una mala estrategia de desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.

181/000800

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

Texto:

¿En qué medida considera el Gobierno que en las reuniones de los Comités de Coordinación Aeroportuaria se ha cumplido con las funciones que estos tienen encomendadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.

181/000801

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

Texto:

¿Piensa el Gobierno que la existencia de un Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda sustituye a la obligación de elaborar una estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, exigida por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.


Página 61




181/000802

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

Texto:

¿Piensa el Gobierno integrar Renfe y Adif?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.

181/000803

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

Texto:

¿Cómo está preparando el Gobierno el proceso de liberalización del transporte ferroviario que tendrá lugar en 2020?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.

181/000804

Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez.

Texto:

¿Cuándo estará listo el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.


Página 62




181/000805

Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo.

Texto:

El 25 de enero de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitía el Acuerdo por el que se emite informe relativo a las declaraciones sobre la Red 2018 de ADIF y ADIF Alta Velocidad.

En él, la CNMC señalaba que "es necesario recordar que esta Sala consideró necesario, en el Acuerdo de 26 de enero de 2017 [...] que la Declaración sobre la Red se remitiera a "una página web donde Adif y ADIF AV aporten información actualizada sobre las obras en ejecución, sus posibles afecciones a la capacidad ferroviaria existente y su fecha prevista de puesta en servicio". Este instrumento facilitaría actualizar el estado de las actuaciones sobre la red dadas las incertidumbres inherentes a los plazos de finalización de las actuaciones sobre la RFIG". ¿Piensa el Gobierno poner los medios necesarios para dar cumplimiento a lo solicitado por la CNMC e implementar una página web con las características solicitadas? En caso afirmativo indicar motivos del retraso, las características de la página web y el plazo previsto para su puesta en marcha. De no ser así, indicar razones del incumplimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

181/000806

Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo.

Texto:

El 29 de diciembre de 2017, el Presidente del Gobierno anunciaba que en 2018 se inauguraría el tramo de la red de ferrocarril de alta velocidad Zamora-Pedralba de la Pradería (Zamora). El 22 de diciembre de 2017 entraron en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las propuestas de actualización de las Declaraciones sobre la Red para el ejercicio 2018 de ADIF y ADIF Alta Velocidad, sin embargo, como bien señala la CNMC, en dicha Declaración no figura la puesta en servicio de dicho tramo, cuestión que extraña a la propia CNMC y motiva su reproche a esta forma de actuar, señalando que "sorprende que los borradores remitidos no incluyan información concreta sobre puestas en servicio que, aparentemente y de acuerdo con información pública, entrarán en funcionamiento en un horizonte temporal cercano". ¿Cómo explica el Gobierno la disparidad de criterios entre el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno y la Declaración sobre la Red para 2018 de ADIF sobre el tramo del AVE a Galicia Zamora-Pedralba de la Pradería (Zamora)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


Página 63




181/000807

Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo.

Texto:

¿Piensa el Gobierno tomar en consideración la petición de los vecinos afectados por el ruido ocasionado por el intenso tráfico diario de la Autopista AP-9 a su paso por el barrio de Mollavao, en el término municipal de Pontevedra, y substituir las barreras antirruido previstas en el Plan de Acción contra el Ruido por la colocación de un pavimento fonorreductor? De ser así, señalar el calendario de inicio y finalización prevista para las obras. De no ser así, indicar las razones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

181/000808

Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo.

Texto:

¿Considera el Gobierno que se ha implementado ya una página web que cumpla con las características exigidas en la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de Diputados el pasado 15/02/2017 y en la cual se instaba al Gobierno a poner en marcha, en el plazo máximo de un año, "una web donde se informe, de forma amigable y accesible a todos los ciudadanos, del desarrollo de las infraestructuras de transporte en España actualmente programadas o en ejecución, que permita conocer a todos los ciudadanos, de forma fácil, toda la información sobre el desarrollo de las infraestructuras, además de poner a disposición de toda la sociedad los datos en abierto para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones que mejoren el acceso a esta información"? De ser así, indique la ubicación y las características de la misma que den cuenta de su grado de cumplimiento. De no ser así, indique las razones que considere que justifican el incumplimiento de lo aprobado por el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

181/000809

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Félix Alonso Cantorné.

Texto:

¿Con la puesta en marcha del Corredor del Mediterrani se mantendrán los servicios de Talgo y Euromed que en la actualidad circulan por la estación de Tarragona ciudad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.


Página 64




181/000810

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Félix Alonso Cantorné.

Texto:

¿Con la puesta en marcha del Corredor del Mediterrani tiene previsto el Gobierno ampliar el servicio de las líneas de trenes R14 y R15 desde Reus a Barcelona, que pasan por la estación de Tarragona ciudad, con paradas en las estaciones Altafulla, Torredembarra y Sant Vivenç de Calders?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

181/000811

Grupo Parlamentario Mixto (Compromís).

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.

Diputado don Joan Baldoví Roda.

Texto:

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para paliar la -al menos- doble discriminación que sufrimos los valencianos y las valencianas a través de la financiación y de las inversiones reales respecto a otras CCAA; ya que mientras la licitación de la AGE ha subido un 22 % en todo el Estado, en la Comunitat Valenciana ha bajado un 12 % respecto a 2016?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000812

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes.

Texto:

El Gobierno español ha incumplido la normativa europea, en relación a la revisión y actualización de los planes hidrológicos de las Islas Canarias (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife).

Pregunta:

¿Qué medidas tiene previstas para dar cumplimiento a este requerimiento con la calidad, transparencia y celeridad que amerita el caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.


Página 65




PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/030098

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Esteban Bravo, Aitor (GV-EAJ-PNV).

Atentado en el Bar Aldana de Alonsotegi (Bizkaia) el día 20/01/1980.

Acuerdo:

1. En cuanto a la copia del expediente policial y de todos los datos existentes, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001337).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Aitor Esteban Bravo, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados formula al Gobierno las siguientes preguntas de las cuales desea obtener respuesta por escrito.

El 20 de enero de 1980 una bomba hacía explosión en el Bar Aldana de Alonsotegi (Bizkaia), siendo reivindicada por unos autodenominados Grupos Armados Españoles (GAE).

Como resultado de dicho atentado fueron asesinadas cuatro personas: Liborio Arana, Manuel Santacoloma, Mari Paz Ariño y Pacífico Fica. Diez personas más resultaron heridas de distinta consideración.

Transcurridos 38 años no se ha producido el esclarecimiento de la autoría del atentado. Y ello a pesar de que el Gobierno Civil de Bizkaia y el entonces director general de la Policía, José Saiz, afirmaron en nota pública "asumir la responsabilidad de adoptar cuantas medidas policiales y de actuación antiterrorista sean necesarias para apoyar las instituciones democráticas y aislar a los asesinos, que no dudan en emplear su violencia deliberada contra personas inocentes". Al tiempo que el mencionado director general de la Policía llegaba a Bilbao para hacerse cargo directamente de las investigaciones, también se afirmaba que atentados como los de aquel domingo "están destinados a impedir el normal desarrollo constitucional y la realización pacífica de las elecciones al Parlamento Vasco".

En aquel momento todavía no se habían celebrado las primeras elecciones al Parlamento Vasco, acababa de ser aprobado en referéndum el Estatuto de Autonomía de Gernika y deberían pasar casi dos años hasta que la Ertzaintza comenzará su andadura a principios de 1982.

Era a las fuerzas policiales españolas y al Gobierno español a quien correspondía en exclusiva investigar el atentado. Sin embargo, después de las declaraciones iniciales más arriba señaladas, nunca se comunicó a las víctimas ni a ninguna autoridad qué había pasado y qué se había hecho para esclarecerlo. Absoluto silencio.

Garbiñe Zarate Camino, propietaria del Bar Aldana, después del atentado y durante años, siguió recibiendo amenazas de la extrema derecha.


Página 66




Meses después del atentado, desde fuentes cercanas a ámbitos judiciales se conoció una pista que apuntaba a mandos intermedios de la Comisaría de Policía de Barakaldo como autores materiales de la colocación de aquel artefacto en el que se habrían utilizado unos seis kilos de explosivo goma 2. Varios años después, en el marco de los intentos de esclarecimiento de los atentados del GAL, fuentes policiales confidenciales y anónimas volvieron a situar en esa misma comisaría de Barakaldo a los autores del atentado de Alonsotegi.

Es hora de que se esclarezca lo sucedido y se dé una explicación clara y contundente desde las instituciones del Estado.

Por todo lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

¿Qué datos constan en el expediente policial abierto sobre el caso del atentado en el Bar Aldana? ¿Qué sabe el Ministerio del Interior sobre lo ocurrido? ¿Qué pasos dio la policía para esclarecer lo sucedido? ¿Qué piensa hacer el Gobierno para esclarecer el atentado? [...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Diputado.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal