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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 311, de 06/03/2018
cve: BOCG-12-D-311
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de marzo de 2018

Núm. 311


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Interior

161/002981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la apertura de la unidad de madres planificada en el centro penitenciario de Fontcalent... (Página5)

Comisión de Defensa

161/002974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de democratizar los contenidos y explicaciones en Museos Militares, ajustándolos al periodo democrático... (Página6)

161/002985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el trigésimo aniversario de la aprobación del acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas... (Página7)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación del artículo 19, apartado 2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para que los guardias civiles puedan imputar como gasto deducible la cuota de las aportaciones a sus asociaciones profesionales... (Página11)

161/002996 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al establecimiento de una tributación efectiva mínima en España sobre los beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas... (Página12)

Comisión de Fomento

161/002980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la supresión del peaje del Huerna... (Página14)

161/002982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ejecución de obras en la autovía A-66 entre León y Zamora... (Página15)

161/002987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la segunda Circunvalación de Alicante AP7N... (Página17)


Página 2




161/002992 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ferrocarril de ancho métrico... (Página19)

Comisión de Educación y Deporte

161/002979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar los principios de normalización e inclusión tanto de los alumnos con necesidades especiales como de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva en las pruebas de acceso a la Universidad... (Página21)

161/002989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para el aumento de la eficiencia en la gestión de suscripciones a revistas científicas... (Página22)

161/002991 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de adecuar la normativa de comedores escolares a la situación socioeconómica actual... (Página23)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la emisión de una declaración de retribuciones para las personas empleadas de hogar... (Página26)

161/002983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al incremento de inspectores laborales fundamentalmente en aquellos sectores donde se están registrando un mayor número de accidentes graves... (Página27)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre eficiencia energética... (Página29)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Gobierno central negocie un convenio bilateral con Portugal donde las condiciones sean equiparables para ambos países y se tengan en cuenta la singularidad de las pesquerías del Norte y Sur de nuestro país... (Página30)

161/002988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a complementar incentivos debido al cierre temporal del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz... (Página32)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de contar con una estadística completa y actualizada sobre maltrato a las personas mayores... (Página33)

161/002973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia... (Página34)

161/002993 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento del Proyecto OHSCAR como Registro Español de Parada Cardiaca Extrahospitalaria... (Página36)

161/002994 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación de las vías de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica... (Página37)


Página 3




Comisión de Cultura

161/002986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la retirada de las ayudas públicas a la Fundación ARCO... (Página38)

161/002997 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el acceso a la financiación de las industrias culturales y creativas... (Página39)

161/002998 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fortalecimiento de la educación sobre Cultura e Historia de España en Estados Unidos... (Página40)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proyecto de "Rehabilitación superficial de firmes y mejora de la seguridad vial en la carretera N-651 entre los PP.KK. 0+000 al 30+615. Provincia de A Coruña"... (Página42)

161/002995 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la actuación urgente en un enlace de alta peligrosidad en el P.K. 326+000 T.M. de la Nacional 320 entre los municipios de Uceda y Talamanca del Jarama, en la provincia de Guadalajara... (Página44)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Justicia

181/000774 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), sobre ámbitos territoriales de gestión de medios de la Administración de Justicia en España... (Página45)

181/000775 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), sobre número de pagadores reales en la Justicia en España... (Página45)

181/000776 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), sobre medidas previstas ante la paralización de la Justicia en Galicia... (Página45)

181/000777 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), sobre número de miembros que acuden a la Conferencia Sectorial de Justicia... (Página46)

Comisión de Interior

181/000773 Pregunta formulada por los Diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz y don David Serrada Pariente (GS), sobre motivos por los que el CIS de Málaga es el más masificado de España, así como previsiones acerca de realizar traslados a corto o medio plazo y motivos por los que se están mezclando internos e internas dentro de la misma planta... (Página46)

181/000778 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), sobre opinión del Ministro del Interior acerca de si el déficit de plantillas en las unidades de Policía Judicial de las comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Algeciras en un 40 por ciento desde el año 2012 puede haber afectado a la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en dicha provincia... (Página46)

181/000779 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega (GS), sobre fecha prevista para aprobar los proyectos de construcción de las nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en El Puerto de Santa María y La Línea de la Concepción (Cádiz)... (Página47)


Página 4




181/000780 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), sobre previsiones acerca de reponer a Algeciras y Jerez el desmantelamiento en el año 2013 del GRECO (Grupo Respuesta Especial para el Crimen Organizado) para combatir más eficazmente la investigación dedicada a la lucha contra las mafias, el tráfico de drogas y narcotráfico en el Campo de Gibraltar y Jerez... (Página47)

Comisión de Fomento

181/000772 Pregunta formulada por el Diputado don José Juan Díaz Trillo (GS), sobre situación e inversiones previstas relativas a las líneas ferroviarias Huelva-Zafra, Sevilla-Huelva y de la futura línea de AVE Sevilla-Huelva... (Página47)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000766 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de la ampliación de la plantilla del Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), especialmente en los turnos de fin de semana... (Página48)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000770 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre motivos del recorte de la aportación del Ministerio al Instituto Nacional de Silicosis (INS)... (Página48)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000771 Pregunta formulada por la Diputada doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones realizadas para el reconocimiento del Instituto Nacional de Silicosis (INS) como centro de referencia de enfermedades respiratorias de origen laboral... (Página48)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/028758 Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian

Valoración de la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por trato inhumano y degradante a los jóvenes Igor Portu y Mattin Sarasola detenidos en enero del año 2008... (Página49)

184/029142 Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto Guijarro García, Txema

Situación de la prestación del servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida en los aeropuertos españoles... (Página50)

Secretaría General

292/000035 Resolución de 28 de febrero de 2018, del Secretario General del Congreso de los Diputados, sobre servicios mínimos para atender tareas esenciales en relación con la convocatoria de huelga para el día 8 de marzo de 2018 ... (Página51)

292/000036 Convocatoria de 1 de marzo de 2018 de concurso para la provisión, entre el personal laboral de la Cámara que ostente la condición de Analista, de diversas plazas en el Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados ... (Página55)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

161/002981

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la apertura de la unidad de madres planificada en el centro penitenciario de Fontcalent, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Según la estadística de la población reclusa en el ámbito de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios se contabiliza que el 92,37 % de la población reclusa en centros dependientes de la AGE, es masculina y solo un 7,63 % son mujeres.

Datos que pueden explicar el por qué hay muy pocos centros penitenciarios específicos de mujeres.

En el resto de centros hay módulos femeninos sin separación por clasificación penitenciaria alguna, lo que supone una desigualdad con respecto a los presos. Y las mujeres, y especialmente las madres, necesitan de servicios que todos los centros no disponen.

Alicante cuenta con dos centros penitenciarios, el de Fontcalent y el de Villena, así como un centro psiquiátrico penitenciario que alberga una importante población reclusa.

Parece razonable por tanto, que la provincia de Alicante, cuente también con una unidad de madres, especialmente, porque el artículo 38 de la ley orgánica general penitenciaria recoge el derecho de las madres a mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplan los tres años.

Para poder cubrir esta necesidad se planificó la creación de una unidad de madres en el interior del centro penitenciario de Fontcalent en el año 2009.

Pero, una vez finalizadas las obras y su equipamiento, esta unidad no ha sido abierta. En ningún otro centro de la provincia se ofrece esta posibilidad y la unidad especial y adaptada más cercana se encuentra en el centro penitenciario de Picassent en la provincia de Valencia, con el consiguiente trastorno que supone esta situación.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la apertura de la unidad de madres construida en el centro penitenciario de Fontcalent en la provincia de Alicante, dotándolo del material y personal necesario para su correcto funcionamiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Defensa

161/002974

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa, relativa a la necesidad de democratizar los contenidos y explicaciones en Museos Militares, ajustándolos al periodo democrático.

Exposición de motivos

Aunque se han superado las cuatro décadas de democracia en el estado español, todavía perviven tareas pendientes en el necesario avance de la democratización de instituciones, órganos, estamentos, calles, plazas, edificios, al que no es ajeno el departamento de Defensa. Por supuesto, queda todavía por delante la ingente labor en torno a la Memoria Histórica a la que este Gobierno es alérgico y que como tema transversal debería estar presente en diversos ámbitos como es el de Defensa, donde a estas alturas cohabitan resquicios del franquismo con una pretendida democratización.

En la presente Proposición no de Ley queremos abordar lo que podríamos denominar proceso de democratización de muchos de los Museos Militares situados en el estado español, en los cuales se observan exhibiciones de objetos, retratos, bustos o símbolos cuyas descripciones incurren en una clara apología del franquismo, explicaciones filo franquistas o que justifican directamente la dictadura y el golpe de estado perpetrado por los militares fascistas en 1936.

La exhibición de objetos o de simbología propia del régimen dictatorial franquista en los Museos Militares debiera hacerse como una oportunidad para explicar los hechos históricos con veracidad, objetividad y asumiendo la cultura democrática en su totalidad. Sin embargo, una visita por algunos de los Museos Militares nos ha permitido comprobar que queda por delante una ingente labor de reeducación democrática ya que muchas de las explicaciones que se ofrecen parecen propias de los tiempos de la Dictadura. Es sorprendente que con más de cuarenta años de andadura democrática en este estamento no se haya hecho una revisión en la línea de lo que fijan leyes importantes y vigentes como la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre).

Resulta pertinente aludir al artículo 1, apartado 2, de la Ley de la Memoria Histórica que indica: "Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos".

La Ley debe cumplirse, tal y como acostumbra a señalar insistentemente el actual Gobierno en sus múltiples pronunciamientos. En este capítulo y en lo concerniente a la Ley de la Memoria Histórica, no se cumple. Se incumple.

Quizás sirva de ejemplo detallar algunas de las explicaciones que se pueden observar, por ejemplo, en el Museo Histórico Militar de A Coruña, que posee fondos pictóricos, escultura y cerámica perteneciente distintos periodos. Es un Museo Militar que ocupa parte del que fue solar del antiguo Convento de San Francisco. Además de colecciones de armas, cañones de bronce o maquetas diversas, expone en uno de sus rincones un cuadro del monarca Alfonso XIII, otro del emérito Rey Juan Carlos I y a su lado un cuadro del dictador Franco.

Los paneles explicativos de dichos cuadros y de bustos son todo un ejemplo de adoctrinamiento con consideraciones históricas que incurren en enaltecimiento de la dictadura. El cuadro sobre el dictador incluye una serie de loas a su figura lo que constituye todo un ejercicio de anormalidad democrática en un estado de derecho. Se puede observar un adoctrinamiento filo franquista, rancio, antidemocrático que denota una total transigencia con una dictadura que fusiló, asesinó, represalió y atacó los más elementales derechos humanos.

A fin de ilustrar con datos lo que acontece, si vamos a la explicación del busto de Franco se pueden leer frases del tipo: "militar de gran prestigio...". Continúa por una absoluta justificación del golpe de estado al señalar: "En el contexto de los planteamientos autoritaristas y el pujante militarismo en boga en la Europa de los años treinta, propició un levantamiento militar contra la República. Convertido en Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos gobernó España durante más de treinta y cinco años".


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No fue un levantamiento militar contra la República, fue un golpe de estado contra un Gobierno elegido democráticamente. Franco fue un dictador, convendría recordarlo en las explicaciones de los Museos Militares y evitar el lenguaje ambiguo que enaltece a una figura que asesinó, fusiló y reprimió con crueldad. Después de cuarenta años de dictadura no cabe definirlo como "militar de gran prestigio".

Si nos vamos al Museo del Ejército de Toledo, también comprobamos como se justifica la dictadura a la que se denomina "Gobierno de Franco". O se exhibe en sus vitrinas la máscara mortuoria del dictador bajo el título de "Máscara mortuoria del Generalísimo don Francisco Franco Bahamonde", junto con el símbolo de la Laureada de San Fernando con el título de "Héroes de España".

En diciembre de 2016, el mismo Museo del Ejército de Toledo permitió que se fuese a presentar el libro fascista "Los Héroes del Alcázar" (Manuel Casteleiro de Villalba). Fue la fuerte presión política y social la que paralizó dicho acto. Finalmente fue cancelado.

Nos consta que otros Museo Militares situados en Cádiz y otras partes del estado, pertenecientes al Ministerio de Defensa, adolecen de un gran déficit democrático, adoctrinan en conceptos filo franquistas, justifican la dictadura, ensalzan valores pre constitucionales y ofrecen una imagen de la dictadura y del dictador en sentido positivo.

Creemos que cualquier democracia europea se avergonzaría de contenidos de este tipo. Superada con creces la dictadura, aprobada una ley de la Memoria Histórica, con miles de personas todavía desaparecidas en las cunetas y sin haberse hecho justicia, resulta inadmisible que los Museos Militares no se hayan adaptado a los tiempos democráticos. Queda patente que la asignatura de cultura democrática ha pasado de largo de muchos de estos Museos Minares.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa a:

- Realizar una revisión en profundidad de las explicaciones y descripciones que se realizan de los objetos, cuadros, bustos o artilugios que se exponen en los distintos Museos Militares a fin de democratizar dichos contenidos, eliminando los conceptos que incurren en apología de la dictadura franquista, consideraciones filo franquistas o lenguaje justificativo del régimen dictatorial y del golpe de estado perpetrado por los militares fascistas en 1936.

- Cumplir el artículo 1, apartado 2, así como el contenido íntegro de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, que recoge el mandato de fomentar los valores y principios democráticos, "facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura" en las dependencias de los Museos Militares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002985

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley sobre el trigésimo aniversario de la aprobación del acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendido que la presentación del estudio y del informe a que se refieren los puntos 1 y 3 de la misma se hará, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar


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traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley con motivo del trigésimo aniversario de la aprobación del acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

El 22 de febrero de 2018 celebraremos el trigésimo aniversario de un hecho sin duda histórico, la apertura de las Fuerzas Armadas a la mujer.

Pese a que el abuso del calificativo de histórico haga que pueda parecer devaluado, lo cierto es que la aprobación del Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas (BOE n.º 46, de 23 de febrero de 1988), y su entrada en vigor el mismo día de su publicación constituyó sin lugar a la menor duda un hito histórico para la sociedad española y, sobre todo para nuestras Fuerzas Armadas.

Pese a que el ámbito al que afectaba no haya sido, ni es, uno de los que más atención despierta en la ciudadanía, lo cierto e incuestionable es que con la aprobación del Real Decreto-ley 1/1988, no solo desapareció del último de los grandes ámbitos profesionales que aún permanecía vedado a la participación de las mujeres, sino que también supuso el pleno reconocimiento por las administraciones públicas del principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado en la Constitución y de su necesaria proyección pública. Pero es más, en un momento en el que un tercio de la población no apoyaba la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, tuvo una importancia simbólica esencial: reconocer a la mitad de la ciudadanía el ejercicio efectivo de su derecho a defender España y, con ello perfeccionar su estatus de ciudadanía al reconocer y afirmar que nada de lo que es propio al Estado, a la sociedad y a las instituciones de ésta les era ajeno a las mujeres ni les estaba vedado.

Cierto es que la apertura del acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas no fue total al principio, sino que estuvo limitada a ciertos cuerpos, escalas y categorías comunes y escalas auxiliares 1, así como la posibilidad de ingreso como Guardias Civiles de segunda.

Esto que pude ser visto hoy como una medida un tanto cicatera, no lo fue tanto si se observa con perspectiva y se tiene en cuenta que tan solo veintidós años antes (1966) se había abolido la prohibición a las mujeres para presentarse a las oposiciones de acceso a la carrera judicial o que hasta a la reforma del Código Civil operada 1975 existían importantes limitaciones a la capacidad de obrar de la mujer casada.

En 1988 se dio el primer paso de un camino que tendría su continuación en la Ley 17/1989, de 19 de julio, que ampliaba las posibilidades de alistarse en todos los cuerpos y escalas de los tres ejércitos, renovando la garantía de promoción en las mismas condiciones que los hombres; si bien mantenía la

1 Cuerpos y escalas a las que el artículo 2 Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que se regula el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas, prevé que puedan acceder las mujeres: Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra; Cuerpo Jurídico de la Armada; Cuerpo Jurídico del Ejercito del Aire; Cuerpo Militar de intervención de la Defensa; Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción; Escala de ingenieros Aeronáuticos; Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construcción; Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos; Cuerpo de Sanidad del Ejército de Tierra; Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina); Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire; Cuerpo de Veterinaria Militar; Cuerpo de Farmacia del Ejército de Tierra; Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Farmacia); Cuerpo de Farmacia del Ejercito del Aire; Escala de Directores Músicos del Ejercito de Tierra; Escala de Directores Músicos de la Armada; Escala de Directores Músicos del Ejército del Aire; Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Ejército de Tierra; Sección de Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada; Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire; Escala de Suboficiales Músicos del Ejercito de Tierra; Sección de Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada; Escala de Suboficiales Músicos del Ejército del Aire.


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posibilidad del establecimiento de diferencias en los destinos y mantenía vetado el acceso de las mujeres a puestos de tipo táctico u operativo en unidades como la Legión, operaciones especiales, paracaidistas y cazadores paracaidistas, así como tampoco se permitía que formaran parte de las fuerzas de desembarco, de las dotaciones de submarinos ni de buques menores -cuyas condiciones estructurales dificultaran su adecuado alojamiento-.

Tres años más tarde, el Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, estableció que, si bien el acceso corno militar de reemplazo quedaba reservado a los hombres, la condición de militares de empleo sería adquirida, sin discriminación por razón de sexo, por quienes ingresaran voluntariamente con carácter profesional en las Fuerzas Armadas.

Finalmente sería la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, la que levantaría cualquier limitación y restricción persistente respecto de todos los destinos dentro de las Fuerzas Armadas, momento desde el que las mujeres tienen formalmente acceso a todos los puestos, incluso los de tipo táctico u operativo. Cerrándose sí un proceso que en poco más de once arios habría pasado de impedir el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas a reconocer su plena integración a las funciones puestos y empleos de las mismas.

Treinta años después las mujeres suponen 14.904 efectivos, el 12.5 % de los integrantes de las Fuerzas Armadas. De las cuales 12.202 se integran en tropa y marinería (un 16.6 %), 1.358 se integran en la de suboficiales (un 4.9 %) y 1.344 en la escala de oficiales (un 3.6 %) 2, y su plena incorporación, incluyendo los destinos de combate, cuenta con el respaldo del 90 % de la población. Así como en 2015 representaron el 8.3 % 3 de los efectivos desplegados en misiones internacionales.

En este sentido conviene señalar que la consolidación de la presencia y activa participación de las mujeres en todas las facetas de las Fuerzas Armada, no solo ha supuesto incrementar la muestra sobre la que se realiza la elección de personal, sino que además ha permitido incrementar su diversidad incorporando aspectos fundamentales para el mejor desempeño de las tareas encomendadas a los ejércitos modernos. Muestra de ello es que la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones 1325 (2000), de 31 de octubre, insta la incorporación de la perspectiva de género en las situaciones de conflictos armados y reconstrucción de la paz, tanto por lo que respecta al personal desplegado como al local.

Como es obvio, este proceso de acceso e integración no ha consistido solo en el levantamiento de restricciones legales o formales al ingreso y desarrollo de la carrera profesional de las mujeres en las Fuerzas Armadas. También ha supuesto un importante proceso de transformación de las mismas en la búsqueda de que esa igualdad formal se tradujera en una igualdad efectiva o real en el desarrollo de sus cometidos y su vida dentro de los ejércitos y la Armada. Un proceso complejo y transversal que ha ido desde la necesidad de rediseñar la uniformidad o adecuar los establecimientos y las instalaciones, a la de dar respuesta a nuevas demandas y situaciones que, como la conciliación familiar o las bajas de maternidad-paternidad habían sido ajenas a la cultura militar hasta el momento; esto último, dicho sea de paso también se está produciendo en otros ámbitos laborales y sociales en los que, si bien la mujer se había incorporado con anterioridad, tampoco se han producido las necesarias adaptaciones normativas y sociales que permitan que dicha incorporación sea en efectivas condiciones de igualdad y compatible con un adecuado desarrollo personal, no solo de la mujer sino de los hombres también.

En esta línea hay que destacar, además de las constantes menciones a la necesidad de que el principio de igualdad de género estuviera presente de manera transversal (desde el acceso a la promoción, pasando por las etapas formativas, los destinos y el trato) en la vida de nuestras Fuerzas Armadas que desde 1988 se ha ido haciendo en toda la normativa destinada a las mismas, la existencia de iniciativas específicas para Fuerzas Armadas en relación con la promoción y facilitación de acceso de las mujeres a las mismas así como con la adopción de medidas tendentes a facilitar la conciliación laboral y familiar. Probablemente, de entre todas ellas, quepa destacar el paquete medidas para favorecer la igualdad género que el Consejo de Ministros acordó el 4 de marzo de en 2005 y que el marco de la Defensa, y al objeto de "favorecer la incorporación de e integración de la mujer a las Fuerzas Armadas" se concretaban en:

- Creación de un Observatorio de la Mujer (actual Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas) y de un Comité que coordine las medidas enfocadas a la promoción y seguimiento del acceso, integración y permanencia de la mujer en las Fuerzas Armadas.

2 Datos a fecha 1 de enero de 2018. Fte.: Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres, Datos sobre personal en el Ministerio de Defensa.

3 Vid. Escrivá Ortuño B., "Contribución de la mujer en misiones internacionales de fas Fuerzas Armadas", Sanidad mil, 2017, 73 (1), pp. 40-45.


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- Actuaciones orientadas al incremento de la calidad de vida de la mujer, a través de la necesaria adecuación de las instalaciones.

- Se garantiza la presencia de la mujer en los órganos de evaluación para el ascenso.

- Se promueve una adecuación del régimen disciplinario a la relimitación conceptual del acoso sexual que se está llevando a cabo en las decisiones comunitarias.

- Medidas de carácter conciliador de la vida familiar y profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas a través de un programa de creación de centros infantiles en establecimientos militares. La previsión es crear veinticinco guarderías en el período 2005- 2007, cuya relación figuraba en el documento aprobado.

Sin estas medidas, la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas no hubiera sido el éxito que ha sido para las Fuerzas Armadas y para la sociedad en su conjunto. Pero no es menos cierto que, de igual modo que ocurre en el resto de la sociedad, queda mucho trabajo por hacer, no solo para que dicha integración en condiciones de igualdad sea real, sino también para que el desarrollo de una carrera en las Fuerzas Armadas sea compatible con el desarrollo de otras facetas igualmente importantes para el desarrollo personal y para la sociedad.

Así, aunque el balance de estos treinta años es claramente positivo, es necesario retomar impulso para abordar cuestiones pendientes. La primera de ellas es el estancamiento en la última década del porcentaje de participación de mujeres en las Fuerzas Armadas en torno al 12.5 % de los efectivos. Desde que en 2008 se alcanzara el 12.3 % este porcentaje se ha movido entre el 12.1 % de 2011 y el 12.7 % de 2017. Parece pues conveniente analizar por qué la participación de las mujeres en nuestras Fuerzas Armadas se ha estancado en esa proporción, sin que el hecho de que sea superior a la media de participación femenina en las fuerzas armadas de los países de la OTAN sirva de consuelo o excusa; así como el desequilibrio existente especialmente en la escala de suboficiales, donde las mujeres son solo el 4.9 %.

Igualmente es necesario corregir el retroceso que han supuesto algunas instrucciones del Ministerio de Defensa en relación con las medidas de conciliación familiar tales como las reducciones de jornada y la exención de guardias y servicios, especialmente en lo que se refiere a la Orden ministerial de Defensa 235/2015, de 9 de febrero, que ha supuesto un importante retroceso en relación con el régimen que en su momento instauró la Orden ministerial de Defensa 121/2006, de 4 de octubre; así como estudiar cuál está siendo su aplicación por los mandos correspondientes, que en ocasiones llegan a importunarse cuando el Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombre, realizado su cometido, se interesa por alguna situación en concreto. Este retroceso se está evidenciando, entre otros aspecto, en relación con las reducciones de jornada de las madres o padres de hijos menores de doce años. Así como también se está viendo como el sistema establecido no es del todo adecuado para permitir la conciliación en los casos de personal militar que ejerce la custodia compartida de sus hijos e hijas tras un proceso de separación o divorcio.

La aprobación, tardía pero aprobación a fin y al cabo, por la Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, ha sido sin duda un paso muy importante a la hora de dotar a las Fuerzas Armadas y sus integrantes de instrumentos para prevenir y luchar contra el acoso sexual en su seno. Una conducta claramente minoritaria en el seno de nuestras Fuerzas Armadas pero muy lesiva para las víctimas (en su inmensa mayoría mujeres), para la moral y el espíritu de los miembros de las mismas y con un importante perjuicio para el prestigio de la Institución ante la sociedad. Por ello es fundamental realizar una constante evaluación de la adecuación de las medidas adoptadas en este campo para lograr los objetivos perseguidos. Es cierto que dos años podrían ser pocos para evaluar los efectos del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas y la eficacia de las medidas en el mismo previstas, pero no lo es menos que el estudio realizado por el Observatorio de la Vida Militar 4 sobre esta materia aporta elementos muy interesantes a la hora de reflexionar sobre la mejora de algunos de los aspectos inicialmente previstos en el Protocolo de actuación frente al ,acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

En conclusión, reiterando el convencimiento de que treinta años después de su inicio !la incorporación e integración de la mujer en las Fuerzas Armadas ha sido un logro irrenunciable ,para la Institución, en tanto ha constituido y constituye una importante aportación a las capacidades y eficacia de las mismas, a su modernidad y conexión con la realidad social, y para la sociedad española, el Grupo Parlamentario

4 Observatorio de la Vida Militar, Estudio específico sobre situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas, 2018.


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Socialista considera necesario continuar trabajando en la mejora y perfeccionamiento de esta integración al objeto de conseguir la igualdad real de género en el seno de las Fuerzas Armadas.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados quiere conmemorar el trigésimo aniversario del inicio de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, que valora como un importante logro en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Igualmente, desde el convencimiento de que como todo proceso, es necesario una constante revisión y trabajo de los logros alcanzados y de los objetivos por perseguir, insta al Gobierno a:

1. Realizar un estudio sobre las causas por las que no se incrementa la participación de la mujer en el las Fuerzas Armadas, el cual deberá ser presentado ante las Cortes Generales.

2. Elaborar un plan de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas que contemple entre otras medidas las siguientes:

a) La revisión de la legislación y normativa que afecta a la conciliación familiar y en especial la modificación del Orden ministerial de Defensa 235/2015, de 9 de febrero, al objeto de corregir los retrocesos que, respecto a la normativa anterior, ha significado en relación con la conciliación familiar; y

b) El refuerzo de la formación a todos los niveles en materia de igualdad y en especial respecto a la aplicación de las medidas de conciliación familiar, reforzando el conocimiento por los distintos estamentos del papel y funciones del Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

3. Realizar en el plazo de seis meses un informe de evaluación sobre los dos primeros años de aplicación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que se presentará ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, y en el que se incluirá una revisión de las medidas del mismo a la vista de las recomendaciones del estudio al respecto del Observatorio de la Vida Militar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Zaida Cantera de Castro, Miriam Alconchel Gonzaga, José María Barreda Fontes, Ana María Botella Gómez, Ciprià Císcar Casabán, Ricardo Cortés Lastra, Antonio Gutiérrez Limones, José Javier Lasarte Iribarren y Esther Peña Camarero, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002978

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la modificación del artículo 19, apartado 2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para que los guardias civiles pueden imputar como gasto deducible la cuota de las aportaciones a sus asociaciones profesionales.

Exposición de motivos

Cuando los miembros de la Guardia Civil presentan su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no se pueden deducir los gastos que realizan por las cuotas satisfechas en favor de las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil.

Por ello, lo que se intenta es brindar la posibilidad, que tienen otros ciudadanos y ciudadanas, de imputar como gasto deducible la cuota de las aportaciones, igual que si se tratase de una cuota sindical.


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La finalidad de esta enmienda es garantizar un trato igualitario ante la ley para los funcionarios que laboran en la Guardia Civil y una protección de sus derechos laborales.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar del artículo 19, apartado 2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que quedará redactado como sigue:

"2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:

a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios.

b) Las detracciones por derechos pasivos.

c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares.

d) Las cuotas satisfechas a sindicatos o asociaciones profesionales y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.

e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales.""

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002996

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de una tributación efectiva mínima en España sobre los beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Las grandes multinacionales tecnológicas llevan muchos años pagando muy pocos impuestos fuera de Estados Unidos. Sin embargo, estas multinacionales son las empresas que más dinero ganan en el mundo, soportando, o más bien, disfrutando unas bajísimas tasas de imposición sobre sus ingentes beneficios. Esto resulta de una enorme injusticia, puesto que supone infringir de forma radical el principio de capacidad económica, sobre el que se debería asentar cualquier sistema fiscal, incluyendo el español. Además, estas grandes multinacionales tecnológicas compiten deslealmente con las empresas españolas que sí tienen que pagar impuestos, que el bipartidismo del PP y el PSOE no ha hecho más que subir desde que empezó la crisis económica.

Las cifras de esta ausencia de tributación efectiva en toda Europa, y también en España, son simplemente escandalosas. Así, Apple desvió a Irlanda la práctica totalidad beneficios en toda Europa. En septiembre de 2016, la Comisión Europea exigió a Irlanda que recuperarse más de 13.000 millones de euros en ayudas de Estado ilegales concedidas a dicha empresa, la empresa con los mayores beneficios del mundo. Como señalaba la comisaria europea de competencia, la liberal Margaret Veestager, Apple se benefició de una tributación inferior al 0,1 % de sus beneficios en Europa, aunque el tipo nominal del impuesto de sociedades en Irlanda fuese del 12,5 %.

Ante esta situación, la Comisión Europea puso a disposición de las Administraciones Tributarias de los Estados Miembros información y documentación sobre los beneficios generados en España por Apple, sobre los que, en su caso, no se hubiese pagado el impuesto de sociedades. A la pregunta del grupo parlamentario Ciudadanos de si se había hecho uso de esta posibilidad, el Gobierno se limitó a responder, en su línea habitual de pasividad en esta cuestión que "el Gobierno mantiene contacto regular con las


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instituciones comunitarias a través de los diversos grupos de trabajo" y reuniones periódicas y espontáneas en las que participa la Agencia Tributaria. El Gobierno también señaló, asimismo, que "la normativa del impuesto de sociedades ya contenía normas antiabuso para evitar situaciones como la de la pregunta planteada".

La eficacia de estas normas antiabuso, respecto de las grandes multinacionales tecnológicas es más que dudosa, dado que el propio presidente del Gobierno ha manifestado recientemente que el Gobierno preparará una regulación que garantice que los negocios digitales tributen por la actividad y beneficios que obtengan en España aunque su domicilio fiscal esté en otro país. Después de muchos años de pasividad al respecto, sorprende que por fin el Gobierno del PP se haya consciente del problema. Aún así sorprende aún más que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro señalase hace escasos días que: "el Gobierno no tendría capacidad para implantar" un impuesto sobre las grandes tecnológicas.

El 21 de septiembre de 2017, la Comisión Europea presentó una propuesta, por exigencia de diez Estados miembros, para el establecimiento de una figura impositiva para gravar a grandes multinacionales de la denominada economía digital.

Es evidente que el sistema de imposición vigente en la UE continúa ofreciendo gaps o lagunas que siguen siendo utilizadas por las multinacionales digitales para reducir su tipo efectivo a unos niveles a los que el resto de las empresas del mercado no pueden aspirar, generando desigualdades y competencia desleal. Las multinacionales digitales están sometidas a un tipo efectivo medio que en ningún caso supera, sobre beneficios declarados el 9 %, el resto de las empresas con presencia física en un Estado miembro en Europa quedan sometidas a un tipo efectivo medio del 23,2 %, según datos de la Comisión Europea. Aunque en España el tipo efectivo de las muy grandes empresas, según datos de la Agencia Tributaria, es bastante inferior.

Según un estudio realizado por varios eurodiputados de diversos grupos, España dejó de ingresar en torno a 482 millones de euros entre 2013 y 2015. En concreto, La presión de la Agencia Tributaria Española sobre las cuatro grandes tecnológicas en los últimos años ha ido en aumento, lo que se ha reflejado en el pago de impuestos. Según datos oficiales, las principales filiales españolas de Apple, Amazon, Google y Facebook, han aumentado considerablemente su factura fiscal en 2016, frente a lo que destinaron en 2015, pasando la recaudación de 5,8 millones de euros a 20,38 millones, aunque sigue siendo una cifra ridícula respecto al beneficio generado en España por las grandes multinacionales tecnológicas que se estima en miles de millones de euros.

Finalmente, y por referirnos solo al caso de Apple, la reforma fiscal de Trump, que ha reducido sustancialmente los impuestos a la repatriación de beneficios exteriores a Estados Unidos ha dado lugar a que sólo esta empresa vaya a ingresar 31.000 millones de euros en la Hacienda Estadounidense, procedente de beneficios del resto del mundo, que han tenido una tributación ridícula donde se generaron. Esta "amnistía fiscal" del Gobierno estadounidense ha tenido un éxito muy superior a la que hizo el Gobierno del PP en la anterior Legislatura.

Frente a todo esto, destacan las buenas intenciones. Así, el Comisario Pierre Moscovici fue rotundo: "Queremos crear un campo de juego equilibrado para que todas las empresas y multinacionales que operan en la UE puedan competir en igualdad de condiciones, independientemente de que operen on-line o que tengan presencia física".

No obstante, deben continuar debatiéndose nuevas normas internacionales específicas para detectar dónde crean valor las empresas y cómo y dónde se deben pagar impuestos, pero no solamente en el seno de la UE, sino en un entorno global. Las grandes tecnológicas deben pagar sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios.

Lo anterior implicaría, entre otras acciones, modificar la normativa fiscal sobre establecimientos permanentes, precios de transferencia y atribución de beneficios y se deberían tener en cuenta factores "alternativos" para determinar si las empresas digitales tienen una presencia económica significativa en un Estado en particular.

Como se indica en los trabajos ya realizados por la OCDE, estos factores podrían basarse en el nivel de ingresos generados por las transacciones digitales, el número de usuarios de una plataforma digital, el volumen de datos recopilados por los usuarios a través de una plataforma digital o el uso de un dominio a nivel local.

Creemos que el Gobierno debe abandonar la pasividad absoluta, y la complacencia, ante la constante desviación de beneficios de la jurisdicción española hacia otros territorios por parte de las grandes multinacionales tecnológicas. Estos beneficios a menudo acaban tributando en paraísos fiscales. Ante


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esto, el Gobierno debería concentrar esfuerzos en el control de estas grandes empresas y no sólo en las pymes y autónomos, y no considerar de antemano, que no tiene capacidad para implantar, si quiera temporalmente, un impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Abandone la pasividad ante la desviación de beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas, y por el contrario, trabaje para hacer realidad que estas empresas, como todas, paguen en España por sus beneficios y actividades en España.

2. Lidere en todos los foros europeos e internacionales, los esfuerzos para crear un campo de juego equilibrado para que todas las empresas y multinacionales que operen puedan competir en igualdad de condiciones, independientemente de que operen on-line o que tengan presencia física.

3. Proceda inmediatamente al cumplimiento del punto 9 del acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos que señala que el Gobierno se compromete a: "Revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el Blanqueo de capitales. Se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios.

4. Conforme han señalado varios expertos en política fiscal, y respetando lo estipulado en los acuerdos de doble imposición, se adopten, mientras no se llega a una situación definitiva multilateral, alguna de las siguientes medidas, con la finalidad de que haya una tributación mínima efectiva en España de las grandes multinacionales tecnológicas: (a) Un impuesto "de compensación al impuesto sobre sociedades", aplicable sobre el volumen de negocios, de las multinacionales tecnológicas con empresas o consumidores españoles. Este tributo se exigirá también por las operaciones realizadas por empresas vinculadas a dichas multinacionales en otros Estados, siempre que se realicen con empresas o consumidores con sede en España. En ningún caso, la tributación de este impuesto y el impuesto de sociedades de las filiales en España sobrepasará el 25 % de los beneficios generados en España; (b) una retención final sobre determinados pagos hechos a proveedores no residentes en relación a bienes y servicios ordenados on-line. Para ello se recuperarán la observación y reserva que España había hecho en relación al Modelo de Convenio de la OCRE, y que retiró el anterior Gobierno socialista, adaptándolo a la situación actual o (c) un impuesto sobre los ingresos de publicidad u otros servicios prestados por las empresas digitales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-Francisco de la Torre Díaz, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Fomento

161/002980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, sobre la supresión del Peaje del Huerna.

Exposición de motivos

La AP-66 o autopista del Huerna es la autopista que une Asturias y León en un tramo de peaje de 78 kilómetros. Su construcción se inició en 1975 y se abrió parcialmente en agosto de 1983, siendo finalizada en su totalidad en 1997 con la apertura del túnel del Negrón.

La concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Campomanes-León se otorgó a la empresa Aucalsa por Decreto 2417/1975, de 22 de agosto, por un plazo de cuarenta y seis años contados a partir del 17 de octubre de 1975, día de su publicación en el BOE. Desde la


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apertura al tráfico de la AP-66, la sociedad Aucalsa, antes propiedad del SEPI y desde 2003 propiedad de ITINERE Infraestructuras, S.A., poseía la concesión administrativa para su explotación hasta el año 2021. Mediante el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, el Gobierno de José María Aznar modificó varios términos de la concesión, entre ellos el plazo, cuyo final se estableció el 17 de octubre de 2050, veintinueve años más. En la exposición de motivos del Real Decreto únicamente se hace referencia a la necesidad de "normalizar ahora el sistema de peajes existente [...], estableciendo, para ello, como valores contractuales de los mismos, aquellos que actualmente se están aplicando, también de cuantía netamente inferior a los respectivos valores de los peajes base de la concesión", no existiendo aparentemente una alusión al interés público que justifica la modificación del contrato de concesión ni justificación económica de la misma. Una vez prorrogado el peaje, la SEPI vendió Aucalsa en el año 2003 al consorcio de empresas liderado por el Grupo Sacyr Vallehermoso, ahora denominado Itinere Infraestructuras, S.A. Cabe recordar que Sacyr es una de las empresas que aparece como pagadora en los denominados "papeles de Bárcenas" en los años posteriores a esta concesión.

En el año 2004, el candidato a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a suprimir el peaje del Huerna. Una vez alcanzada la Presidencia del Gobierno impulsó un diálogo para su supresión que acabó en nada, manteniéndose el peaje obligatorio durante las dos Legislaturas de Gobierno del PSOE.

El 13 de febrero, durante el debate de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para recuperar el control público de las autopistas del peaje, el PP presentó una enmienda para que el Estado no prorrogue la concesión de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021.

Este cambio en el criterio del Gobierno podía haber afectado al peaje Huerna, cuya concesión finalizaba inicialmente en 2021, si no fuera porque el Gobierno de Aznar decidió ampliar la concesión hasta 2050 sin justificación aparente.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Publicar en el portal de transparencia el Expediente de contratación completo del proyecto de obra y de la obra de la AP-66 entre León y Campomanes y el expediente administrativo de la concesión de la explotación de dicha obra, sus correspondientes ampliaciones, y los estudios existentes de demanda de tráfico.

2. Derogar el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, por el que se modifican determinados términos de la concesión de la autopista León-Campomanes, de la que es concesionaria "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima".

3. Estudiar el coste de la rescisión y supresión inmediata de la concesión y el peaje de dicho tramo y, en todo caso, recuperar la gestión pública y suprimir el peaje del Huerna en el año 2021.

4. Establecer nuevas fórmulas para el mantenimiento de las vías rápidas que contemplen la eliminación de los peajes y su sustitución por un modelo más equitativo desde una perspectiva social, ambiental y territorial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2018.-Segundo González García, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002982

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la ejecución de obras en la autovía A-66 entre León y Zamora, para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

La Autovía de la Plata (A-66, Gijón-Sevilla), constituye el eje viario fundamental para la vertebración del occidente español al unir el oeste peninsular con los puertos del norte y el sur, siendo también la ruta principal para la comunicación entre el centro de la península ibérica y Asturias. Esta vía tiene una gran importancia social y económica derivada del importante tráfico privado y de transporte de mercancías (vehículos pesados y mercancías peligrosas) que soporta a diario, tal y como demuestran los mapas publicados por la Dirección General de Carreteras en el año 2016, que recogen el tráfico registrado en las estaciones de aforo ubicados en dicha vía.

El tramo de la A-66 entre la ciudad de León y Benavente, fue inaugurado a finales del año 2003. Desde sus inicios esta ha presentado problemas relativos al mal estado de su firme debiendo acometerse, desde poco después de su inauguración, constantes reparaciones y parcheados en el mismo, sin que ello haya supuesto una solución efectiva.

Es evidente y constantemente denunciado, que la Autovía de la Plata presenta un continuo deterioro, provocando la inseguridad de miles de viajeros y el desgaste acelerado de los vehículos como consecuencia del deficiente estado de conservación de la infraestructura que evidencia una mala gestión en su conservación.

Resulta especialmente peligroso para la seguridad del tráfico el estado del carril exterior de cada calzada en el tramo comprendido desde el punto kilométrico (p.k.) 174 a la altura de Villamañán, en la provincia de León, hasta el p.k. 204, cercano a la confluencia de las autovías A-66 y A-6, en el término municipal de Villabrázaro, en la provincia de Zamora.

Tal y como desde el propio Ministerio de Fomento se manifiesta, lo que se invierte en conservación y explotación de las vías afecta de manera directa e indirecta en seguridad vial. Sin embargo, durante los últimos años, el Estado ha rebajado los gastos de mantenimiento y conservación de la red de carreteras hasta niveles de los años ochenta y se siguen sin ejecutar las mejoras necesarias de acondicionamiento y reparación del firme de vías muy transitadas, como la A-66, donde las mejoras realizadas durante el año 2015 solo supusieron aplicar parches, lo cual fue claramente insuficiente. Así pues, el problema no solo persiste sino que se agrava con el paso del tiempo.

Aún se sigue a la espera de las anunciadas obras de mejora entre los puntos kilométricos 143-100 y 196-300, en la provincia de León, que por el momento no han sido adjudicadas a pesar de que el plazo para presentar las ofertas finalizó ya el 11 de septiembre del pasado año. Considerando que el plazo de ejecución de la obra es de 21 meses, es imprevisible que los constantes baches que ponen en peligro la circulación de la vía sean subsanados a corto plazo, en tanto que el lamentable estado de la carretera empeorará aún más debido tanto al tráfico pesado que soporta la citada ruta como a las condiciones meteorológicas.

No cesan las solicitudes demandando la reparación de la vía por parte de conductores de turismos, transportistas, incluso desde las propias instituciones, como por ejemplo desde el Ayuntamiento de Benavente que recientemente denunciaba la constante situación de peligro a la que se someten usuarios de esta vía ante la circulación por el carril izquierdo de los vehículos ligeros o la circulación de los vehículos pesados por el carril derecho invadiendo el arcén a fin de evitar la zona bacheada que presenta el firme. Aprobando a tal fin, Moción al respecto de la que se ha dado traslado al Gobierno.

Ese mal estado incluso ha sido denunciado públicamente desde hace años por la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en su página web, recogiendo de tal forma las denuncias de los conductores indicando en web lo siguiente: "muy mal estado en el firme de la A-66 entre los puntos kilométricos 156 a 205 que hace que sea necesaria la circulación por la calzada izquierda en muchos tramos. Muy alto riesgo de accidente por las condiciones del mismo. Urge subsanación. Especialmente en la dirección de Benavente a León".

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar, con carácter de urgencia las obras de acondicionamiento, mantenimiento y reparación del firme en la autovía A-66 en el tramo que transcurre entre las provincias de León y Zamora, tanto de las obras entre los puntos kilométricos 143 y 196 como en el resto de vía, con especial atención al tramo comprendido desde el punto kilométrico (p.k.) 174 a la altura de Villamañán (León), hasta el p.k. 204, cercano a la confluencia de las autovías A-66 y A-6, en el


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término municipal de Villabrázaro (Zamora). Todo ello en aras de la seguridad vial con el fin de minimizar el riesgo de accidentes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2018.-María del Mar Rominguera Salazar, y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002987

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la segunda Circunvalación de Alicante AP7N, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La ciudad de Alicante cuenta con dos circunvalaciones, una próxima al núcleo urbano que es la más antigua, inaugurada en 1990, la A70 E-15, con dos carriles por sentido y una intensidad media diaria IMD superior a 83.841 vehículos.

La segunda circunvalación se denomina Autopista de Circunvalación de Alicante y está abierta al tráfico desde el pasado 11 de diciembre de 2007, en conexión con la AP7 de Alicante (Peaje). Esta Circunvalación de Alicante tiene un trazado total de 33,2 kms, discurriendo entre las poblaciones de Monforte del Cid y El Campello, hasta llegar al enlace con el resto de la AP7 Alicante, sin necesidad de detenerse a realizar el pago del peaje en Alicante.

La Autopista de Circulación de Alicante estaba gestionada íntegramente por la empresa Ciralsa SACE, en aplicación del Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero.

Según se explica en la web de Ciralsa, la nueva Autopista de Peaje Alicante-El Campello, supone una alternativa cómoda, segura y eficaz para los continuos atascos y colapsos de la A7. Podrán hacerse recorridos Monforte del Cid-conexión con la Ap7 Alicante desde 2,50 euros.

Según los datos que ofrece el Ministerio de Fomento en su web sobre intensidad media diaria de tráfico, en esta vía en 2016 fue de 5.461 en su tramo inicial en la conexión con la AP7: en el tramo entre la salida de Mutxamel y la de San Vicent del Raspeig la IMD sube a 7.781, siendo un tramo gratuito entre ambas salidas y entradas; y la IMD en el tramo entre la salida de San Vicent del Raspeig (que es a su vez la conexión con la autovía gratuita A7 entre Alicante y Valencia) es de 5.357.

Si vemos datos de intensidad media diaria (IMD) de 2013, vemos que alcanzó los 5.298 vehículos, lo que supuso un descenso de un 7,3 % respecto a 2012. Asimismo el tráfico de camiones cayó un 9,9 %, hasta una IMD de 273. Desde 2008, la autopista registra un descenso acumulado del 47,0 %. De 2013 tenemos datos sobre la evolución en Julio y agosto, que son los meses con más tráfico, alcanzando una IMD de 10.448 en agosto de 2013. En cambio, en invierno se contabilizan las cifras más bajas: enero de 2013 tan sólo registró una IMD de 3.443 vehículos diarios. Si comparamos esos datos con los de 2016, vemos que apenas ha aumentado el uso de esta vía.

Se da la circunstancia que la provincia de Alicante tiene una configuración demográfica singular, ya que de los casi dos millones de habitantes, solo 329.988 viven en la capital de provincia, es decir, en la ciudad de Alicante. Elche ciudad cuenta con 228.675 habitantes y la carretera que las une es la A70.

La Comarca de la Marina Alta, que incluye a Denia cuanta con 160.731 habitantes. La comarca de la Marina Baixa, que incluye a La Vila Joiosa y a Benidorm, cuenta con 186.156 habitantes. La comarca de la Muntanya, que incluye Alcoi, cuenta con 141.347 habitantes. La Comarca del Alto y Medio Vinalopó, que incluye a Villena, EIda y Petrer, cuenta con 224.635 habitantes. La Comarca del Baix Vinalopó, incluido Elche cuenta con 287.804 habitantes, la comarca De la Vega Baja del Segura, incluidas Torrevieja y Orihuela, cuenta con 276.804 habitantes, y la comarca del Alacantí, incluida Alicante, cuenta con 478.417


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habitantes. Siendo la segunda circunvalación de Alicante una vía ideal para las conexiones norte-sur, y oeste norte y sur.

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Además hay que tener en cuenta que Benidorm es el principal destino turístico de la Provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, con más de 75.000 plazas de alojamiento turístico con un índice de ocupación casi completo todo el año, acaparando gran parte de los 13 millones de pasajeros del aeropuerto de Alicante. El aeropuerto Alicante-Elche no cuenta con un acceso directo desde la autopista de circunvalación de Alicante AP7N, y aunque podría ser usada por los autobuses, el coste del peaje y de hacer más kilómetros encarece mucho el traslado desde el aeropuerto a Benidorm.

Es decir, hay un importante movimiento diario de norte a sur de la provincia y desde el interior, tanto del Alto y Medio Vinalopó y Muntanya al norte de la provincia, pero no hacen uso de la autopista de circunvalación, como tampoco lo hacen la mayoría de turistas que se desplazan en coche desde toda España a Benidorm, y que en su mayoría acceden por la carretera de Madrid A31. Y no lo hacen pese a ser un trazado más corto.

La antigua (1.ª) circunvalación de Alicante, la AT0, fue concebida como su propio nombre dice como una circunvalación, ya que los vehículos que vienen del norte de la provincia con destino Alicante entran por la primera salida de esta circunvalación y que da acceso a la avenida de Denla; los que vienen de la Muntanya con destino Alicante ciudad entran por la prolongación de la A7 y A77 por la Avenida de la Universidad; y los que vienen del Alto y Medio Vinalopó y el sur de la provincia con destino la ciudad de Alicante entran por la prolongación de la A31 y posteriormente la Gran Vía o la Avenida de Elche. Era una vía que atravesaban vehículos que no tenían como destino Alicante, sino la conexión norte-sur, o norte y sur con la carretera de Madrid.

Pero ahora, además de seguir absorbiendo ese flujo de paso, hay miles de vehículos que utilizan la circunvalación como carretera de movilidad dentro de la ciudad de Alicante, ya que se ha triplicado las personas que viven entre San Joan D'Alacant y Alicante, superando los 50.000 habitantes y llegando a 50.000 en verano. Gran parte de esos 50.000 habitantes se desplazan diariamente para acudir a sus puestos de trabajo al otro lado de la ciudad.

Además, desde 2011, está operativa la AT que une Alicante con Valencia por el interior de la Comunitat, siendo gratuita y más corta que el trayecto por la APT, por lo que hay desplazamientos desde la propia ciudad de Alicante para conectar directamente con esta vía utilizando la antigua circunvalación de Alicante,


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a lo que hay que añadir vehículos del sur de la provincia que no usan la conexión desde Elche con la segunda circunvalación de Alicante, sino que usan la antigua circunvalación.

La AT0, tiene un trazado que va desde Elche a El Campello y cuenta en todo su recorrido con solo dos carriles por sentido. La IMD en el tramo entre Elche (una vez superado el desvío para la autovía que une la A7 con la autopista de circunvalación de Alicante APTN) y la entrada a la N338 que da acceso al aeropuerto y al recinto ferial de Alicante es de 55.517. En el tramo entre el acceso a la N338 y el acceso a la A31 (autovía que conecta la provincia con Madrid) la IMD es de 67.814. En el tramo entre el acceso a la A31 y el acceso a la A7 (que es la autovía gratuita entre Alicante y Valencia) la IMD es de 83.841 vehículos. En el tramo entre el acceso a la A7 y la entrada norte de Alicante la IMD es de 49.641, y el tramo entre la entrada norte a Alicante y el peaje de la AP7 dirección-origen Valencia y acceso a San Joan, N332 que conecta con Benidorm, y zona de expansión de Alicante por las playas, la IMD es de 74.844.

Con todo ello, se demuestra que la Autopista de circunvalación de Alicante no ha cumplido su finalidad, ni la cumplirá si se mantiene el actual formato de explotación y conservación. Además, el Ministerio de Fomento no tiene ninguna previsión de aumentar la capacidad de la A70 Circunvalación de Alicante, por lo que el colapso de esta vía seguiría.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las acciones necesarias para que la AP7N pueda hacer la función de circunvalación de Alicante libre de peajes, con el objetivo de descongestionar la A70 E-15, sin necesidad de hacer nuevas inversiones en esta última.

2. Realizar las actuaciones necesarias para restablecer el tráfico en el falso túnel de Brotons, que a día de hoy permanece cerrado dos carriles del sentido Valencia, exigiendo el coste de la obra a la anterior concesionaria.

3. Solucionar el colapso de la A70, especialmente el tramo conocido como circunvalación de Alicante, estableciendo medidas concretas e inmediatas para ello. Dentro de estas medidas, estarán las propuestas en los puntos anteriores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002992

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el ferrocarril de ancho métrico, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La información de ADIF dice que su red de ancho métrico (1.000 mm) se extiende a lo largo de más 1.200 km de línea férrea, presta servicios de transporte ferroviario de viajeros y mercancías, se caracteriza esencialmente por el ancho de vía (métrico).

Esta red facilita la comunicación entre las poblaciones y municipios del Norte de España, bordeando el Mar Cantábrico desde Ferrol hasta Bilbao, y desde allí hasta León. En resumen, pone en comunicación un total de ocho provincias españolas (A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Bizkaia, Burgos, Palencia y León), en la zona norte de España.


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En lo que respecta a la gestión de la circulación, la red ancho métrico dispone de Control de Tráfico Centralizado (CTC) en El Berrón (Asturias), Santander y Bilbao; Puestos de Mando en El Berrón, Santander y Bilbao.

Por número de kilómetros la Comunidad Autónoma con mayor extensión de red de ancho métrico es la del Principado de Asturias con 474 km, seguida de Castilla y León con 269,5 km. Cantabria con 195,6 km y Galicia 154 km.

La red de ancho métrico incorpora además para el transporte de mercancías algunas termínales intermodales como las ubicadas en: Ferrol (A Coruña), Xove (Lugo), La Maruca (Avilés), Gama (Santander), Lutxana y Ariz (Bilbao). Se trata de terminales de transporte de mercancías, dotadas de importantes medios técnicos para la manipulación de los diferentes sistemas de transporte de mercancías (contenedores, cisternas, jaulas y portabobinas), acarreo en origen y destino y tráficos combinados con otros medios de transporte, carretera, ferrocarril y marítimo.

En las comarcas gallegas de Ferrol, Ortegal y A Mariña están sufriendo un paulatino y progresivo abandono y deterioro de los servicios de transporte público por ferrocarril que trajo como consecuencia la suspensión de servicios previstos, incidencias en el transporte por sucesos accidentales y el correspondiente aislamiento de la población que reside en estas comarcas que en muchos casos depende del tren para poder acceder con normalidad a los servicios públicos básicos.

El servicio de transporte por ferrocarril en estas comarcas ha ido disminuyendo cada año en frecuencia de horarios, en personal, en maquinaria y en información, al tiempo que la distribución de horarios no se ajusta a las necesidades de los usuarios. A este deterioro también es preciso sumarle una política comercial por parte de RENFE que dificulta mucho la intermodalidad.

En el tramo gallego el trazado ferroviario es de vía única sin electrificar. No tiene ningún paso a nivel y la circulación se realiza por bloqueo telefónico (desaparecido en la mayor parte de la red de ADIF) ya que en la mayoría existe Bloqueo Automático con o sin Control de Tráfico Centralizado (CTC).

En el trayecto hay numerosas trincheras y túneles, así como zonas arboladas sobre todo de eucalipto, lo que hace que cuando hay temporales haya numerosos desprendimientos y caídas de árboles con el consiguiente riesgo para la circulación de trenes. Desde el otoño de 2013, en que hubo una serie de importantes temporales optaron por poner limitaciones de velocidad a 30 km/h en las trincheras con más índice de accidentabilidad, lo que repercute en los tiempos de viaje que se incrementó para el trayecto Ferrol-Ribadeo en unos veinte minutos. Se da la circunstancia de que ahora se tarda siete horas en realizar el viaje entre Ferrol y Gijón, cuando a finales de los años 70 se realizaba el viaje en seis horas.

Se han acometido reformas de refuerzo en algunas trincheras, especialmente en el tramo comprendido entre San Sadurniño y Ortigueira, así como talas de árboles próximos a la vía, pero estas actuaciones se ven limitadas por el presupuesto asignado, por lo que no se actúa en toda la red. Tampoco ha repercutido en los tiempos de viaje, porque a pesar de las actuaciones mencionadas no se eliminaron las limitaciones temporales de limitación de velocidad.

Se nota también la falta de inversión y mantenimiento en que hay muchas estaciones y apeaderos con importantes deficiencias de iluminación y mantenimiento general y para las labores de mantenimiento diario en Galicia es necesario que se desplace personal desde Asturias.

Los servicios de viajeros sufren continuas supresiones con transbordos por carretera por averías debido a que una parte de la flota de trenes tiene más de treinta años de antigüedad y tienen poco presupuesto para repuestos y reparaciones, también es muy escaso el personal de mantenimiento en talleres y es necesario hacer contratas externas que dependen de los presupuestos.

Es también insuficiente la dotación de maquinistas que en ocasiones conlleva la supresión de los trenes y que el trayecto se tenga que realizar en autobús y de comerciales a bordo (interventores) de forma que hay usuarios que no abonan el billete y no se contabilizan los viajeros. Sólo hay controles de acceso en las estaciones de Ferrol y Xuvia.

El tráfico de mercancías también sufre numerosas suspensiones notificadas con muy escaso tiempo con el correspondiente perjuicio para muchas empresas y la actividad económica de todas las comarcas por las que pasa.

En la provincia de León los retrasos de las obras de integración en la ciudad de León y las graves deficiencias en los servicios prestados provocaron la pérdida de casi 200.000 viajeros, aproximadamente un 60 %; esto supone el aislamiento de una población que supera los 30.000 habitantes repartidos en un centenar de poblaciones que jalonan el recorrido de la línea de vía estrecha en la provincia de León.


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La integración ferroviaria en León ha pasado de contar con un presupuesto anual de 28 millones de euros en 2011 a 4 millones en 2012; asimismo, de los más de 32 millones presupuestados durante la Legislatura 2011-2015 se ejecutaron menos de 6 millones.

La parálisis de las obras de integración cuesta 700 euros al día a los leoneses, el coste del transporte alternativo en autobús entre La Asunción y la estación de Matallana, además del rechazo que supone para los viajeros este trasiego que nació con carácter temporal pero se ha prolongado de forma indefinida.

Además del desmantelamiento oculto y progresivo de la línea, a pesar de las anunciadas promesas del Partido Popular durante los siete años de demora de la integración, no existe todavía fecha para la apertura de la línea, ni se dispone de la reglamentación para que los trenes tram entren en modo tranviario en la ciudad de León.

Respecto a su paso por Cantabria es necesario garantizar el mantenimiento del servicio en general y mejorar la conexión entre Santander y Cabezón de la Sal que en la actualidad es deficiente.

Los sistemas públicos de transporte son necesarios para cubrir las necesidades de movilidad de la ciudadanía y su derecho a acceder a los servicios públicos; esta necesidad es mayor con una población envejecida y dispersa y así lo recogen las normas autonómicas que consideran que las infraestructuras son un elemento estratégico y global para la configuración del modelo territorial, contribuyendo a la mejora de la competitividad de la economía, a la vertebración de los territorios, a favorecer el asentamiento de la población rural y lo que es más importante, garantizar la igualdad de derechos y el bienestar de la ciudadanía, con soluciones específicas para los espacios rurales que concilien las necesidades de movilidad de la población con la viabilidad de los servicios con el fomento de modos de transporte colectivos adaptados a las necesidades de espacios con baja densidad de población.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el estado óptimo de la infraestructura de ancho métrico.

2. Agilizar y finalizar los trabajos de integración en la ciudad de León permitiendo la recuperación del servicio ferroviario hasta la denominada "Estación de Matallana" aprobando la reglamentación necesaria para ello.

3. Realizar las gestiones oportunas con ADIF y RENFE para adoptar las actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento del trazado de ancho métrico en la cornisa Cantábrica y León con la dotación urgente de medios humanos y material rodante.

4. Realizar los estudios necesarios para conseguir las frecuencias necesarias para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, César Joaquín Ramos Esteban, Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira, Natalia González Peláez, Adriana Lastra Fernández, Ricardo Cortés Lastra, Patxi López Álvarez, María Aurora Flórez Rodríguez, Esther Peña Camarero y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y doña Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar los principios de normalización e inclusión tanto de los alumnos con necesidades especiales como de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, asegurando su no discriminación e igualdad


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efectiva en las pruebas de acceso a la Universidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa se pretendió que la escolarización del alumnado que presentase necesidades especiales, dificultades de aprendizaje o necesidades de apoyo educativo se basará en los principios de normalización e inclusión, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva, también que se fomentará la identificación, valoración e intervención de este alumnado de la forma más temprana posible y se establecieran medidas curriculares y organizativas y adaptaciones significativas de los elementos del currículo para alumnado, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de este alumnado. Sin embargo, a día de hoy no existe una norma clara que garantice todos estos elementos en la totalidad de la educación básica.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 20 % del alumnado tiene dificultades específicas de aprendizaje, de los cuales, el 10 % tiene dislexia, pero ahí un alto porcentaje de alumnos con necesidades de apoyo que ni tan siquiera han sido diagnosticados. Las necesidades específicas de aprendizaje y de evaluación de estos alumnos difieren de las necesidades de otros alumnos, precisando modelos adecuados a estas. Como en tantos otros ámbitos del sector educativo, los servicios ofrecidos difieren según la Comunidad Autónoma en la que los alumnos se presenten a las pruebas de evaluación.

Desde las asociaciones que defienden los intereses del alumnado ACNEE y ACNEAE, se han remitido peticiones a las administraciones educativas de cara a implantar elementos que faciliten las evaluaciones a estas personas y que están recogidos en la parte propositiva de esta Proposición no de Ley.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo todas las adaptaciones, modificaciones e implantación de las medidas oportunas a fin de garantizar los principios de normalización e inclusión tanto de los alumnos con necesidades especiales (ACNEEs) como de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAEs) asegurando su no discriminación e igualdad efectiva y en concreto, en la redacción del nuevo Real Decreto que regule las pruebas de acceso a la universidad. Entre las medidas a adoptarse deberán contemplar las siguientes:

a) Adaptación de los tiempos de las pruebas y la garantía de tiempos de descanso entre éstas.

b) Adaptación de los modelos de exámenes tanto en el tipo de cuestiones, como en el tamaño de la letra, interlineado o cualquier otra característica que pudiese suponer un impedimento para el normal desarrollo de las pruebas.

c) Adaptación de la evaluación, sobre todo en las pruebas de lenguas extranjeras, en los que pueda llevarse a cabo una prueba oral o adaptar las preguntas tipo test.

d) Así mismo también se garantizaran las herramientas y ayudas precisas a fin de asegurar la igualdad de oportunidades de estos alumnos, prestándoseles la ayuda precisa por parte de los profesores, posibilidad de realizar una lectura del examen en voz alta y habilitar salas separadas para la realización de las pruebas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002989

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para el aumento de la eficiencia en la gestión de suscripciones a revistas científicas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


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Exposición de motivos

Las revistas académicas son publicaciones científicas revisadas, emitidas con una determinada frecuencia por una institución, empresa o sociedad profesional o académica, en donde los investigadores publican artículos, cartas y comunicaciones, notas de investigación, noticias o informes relacionados con sus trabajos de investigación. Estas publicaciones presentan investigaciones originales, así como revisiones de trabajos anteriores, posibilitando la discusión crítica de teorías, hallazgos e ideas, y permitiendo el avance de las ciencias.

Estas publicaciones sirven como foros para la introducción y presentación de nuevos trabajos de investigación para su examen y la crítica de trabajos de investigación existentes. Su objetivo principal es distribuir el conocimiento de las investigaciones y los avances más recientes, contribuyendo en gran medida a la validación y a la difusión del conocimiento. Las teorías cambian con el tiempo, a medida que los investigadores siguen descubriendo nuevos conocimientos.

Recientemente, teníamos noticia de una estimación del gasto anual de España en suscripciones a revistas científicas: en total, las universidades, ministerios o centros de investigación llevan gastados desde hace cinco años 213,44 millones de euros en suscripciones.

El gasto en publicaciones de la mayor editora mundial del sector es de unos 25 millones de euros, cantidad que duplica o triplica el gasto de otros países europeos, muy superior a la que pagan otros países como Finlandia (9 millones al año) o Alemania (10 millones al año hasta 2017). En total, España gastó 98 millones de euros en suscripciones a las 2.500 revistas de esta editorial durante los últimos cuatro ejercicios (según se recoge en diferentes fuentes como el Boletín Oficial del Estado o el Portal de Transparencia).

Por otra parte, se tiene constancia de que, el pasado mes de enero, Finlandia firmó con esta editorial, a través de su Biblioteca Nacional, un acceso a sus revistas durante tres años a cambio de unos 27 millones de euros. Alemania ha agrupado a sus 200 instituciones académicas para "perseguir un modelo de "open access"".

Respecto a las universidades españolas, lo que estas suelen contratar, en realidad, son paquetes que garantizan a los científicos acceso ilimitado a casi todas las revistas. Según los datos ofrecidos por la noticia, los precios por año varían enormemente entre centros.

Según el artículo 28 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Consejo de Universidades es el órgano de coordinación académica, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria, al que corresponde, entre otros funciones, la de servir de cauce para la colaboración, la cooperación y la coordinación en el ámbito académico.

Por tanto, consideramos que, desde el Consejo de Universidades, el Gobierno debe impulsar las medidas necesarias para aprovechar las economías escala derivadas de una negociación en bloque de cantidades y condiciones en la gestión de suscripciones a revistas científicas.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, desde el Consejo de Universidades, impulsar las medidas necesarias para aprovechar las economías escala derivadas de una negociación más eficiente de cantidades y condiciones en la gestión de suscripciones a revistas científicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Marta Martín Llaguno y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de adecuar la normativa de comedores escolares a la situación socioeconómica actual, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


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Exposición de motivos

La crisis económica, así como las debilitadas políticas del Gobierno del PP acerca de la redistribución de la riqueza y de las ayudas a las familias socioeconómicamente más vulnerables, ha puesto de manifiesto una de las necesidades más importantes que debería tratar el Gobierno de España: los y las niñas en situación de malnutrición y/o subnutrición derivada de las condiciones socioeconómicas de las familias.

En el último informe (octubre de 2016), sobre pobreza infantil, Save The Children alerta de que en España ya hay más de 1,3 millones de niños y niñas, casi el 17 %, en situación de pobreza severa. Son menores que viven en hogares con ingresos medios de 9.000 euros anuales para toda la familia. Según señala esta organización, la pobreza en España se mide por el índice de privación material, que contempla los retrasos en el pago de recibos de la vivienda, la incapacidad de mantenerla a una temperatura adecuada durante los meses de frío, la posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos y poder garantizar una alimentación adecuada. En España, un 9,1 % de los menores viven en hogares que no cumplen, como mínimo, cuatro de estos indicadores y un 3,2 % de los hogares no pueden permitirse una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano tres veces a la semana. Así pues, el estudio concluye que unos 266.005 niños y niñas podrían estar sufriendo mal nutrición en el estado español. Además, cabe añadir que según un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) publicado en octubre de 2016,13 millones de españoles están en riesgo de exclusión social situando la pobreza relativa en el 22,1 % según el indicador europeo AROPE.

Esta situación solo se puede corregir con voluntad política y con una mayor inversión en la corrección de las desigualdades y el abastecimiento de las necesidades más básicas. Sin embargo, España solo invierte el 1,3 % de su PIB en protección social a las familias y a la infancia; lejos de la media europea que se sitúa en el 2,4 %. Un porcentaje insuficiente que se traduce en un sistema de protección débil para la infancia.

La alimentación adecuada es un derecho reconocido internacionalmente y su aplicación efectiva debe ser exigida a los Poderes Públicos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada, que los estados miembros tienen la obligación de respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo, comprende tanto la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, como también la accesibilidad física y económica a dichos alimentos. El derecho a la alimentación no solo comporta que los individuos dispongan de suficientes alimentos para nutrirse adecuadamente, sino también que puedan acceder a los recursos y los medios necesarios para asegurarse la propia subsistencia. En el caso de los y las niñas, básicamente, garantizar los ingresos mínimos-a las personas adultas que cuidan de ellos para hacer posible esta alimentación.

Según el informe "La alimentación escolar en España. Hacia un modelo más saludable y sostenible", elaborado por la organización Del Campo al Cole, unos 666.300 alumnos y alumnas de educación infantil (es decir, el 36,2 %) y casi 806.000 estudiantes de Primaria (es decir, el 27,7 %), comieron en el comedor del colegio durante el curso 2014-2015, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación y Deportes. Dicho sector ha experimentado en los últimos años una rápida expansión: pasó de facturar 1.400 millones de euros en 2000 a 3.255 millones en 2015. El 61 % de los centros educativos disponían en 2013 de un servicio de comedor subcontratado con una empresa externa, según el Ministerio de Sanidad (Estudio Aladino, 2013).

Como tantos sectores, el de la restauración colectiva ha experimentado un acelerado proceso de privatización y oligopolización, hasta quedar en manos de un grupo de empresas cada vez más reducido. Grandes corporaciones son las que copan estos servicios en los centros educativos, hospitales, geriátricos, muchas veces poniendo por encima la rentabilidad económica a la calidad nutricional y el servicio de las comidas. Otra tendencia del sector es que las empresas se convierten en facility Services ofreciendo un servicio integral que abarca la restauración, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento de los edificios o el servicio del monitoraje. Según concluye el citado informe de la organización Del Campo al Cole, "se ha consolidado un modelo de negocio óptimo para la maximización del lucro de las grandes corporaciones, en detrimento de la soberanía alimentaria, el desarrollo local y la buena alimentación".

Los diferentes estudios elaborados sobre este tema, también alertan sobre la composición de muchos de los menús que se sirven. Así, según la publicación Nutrición y Alimentación en el Ámbito Escolar, que incluye un estudio realizado sobre 50 menús escolares, el primer plato más común son las pastas y los arroces hervidos (22 %), seguidos de sopas y caldos (20 %), de legumbres guisadas (16 %) y de nuevo


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pastas y arroces pero guisados (10 %). En el caso de los segundos platos, un 39 % de los platos analizados eran de carne, mientras que los embutidos suponían el 16 % y los alimentos preparados un 10 %. Según el método de cocción, el 62 % de los primeros platos son hervidos o cocidos, pero en los segundos platos predominan en un 56 % de los casos los fritos. Además, según el Ministerio de Agricultura, en los centros de educación Primaria se desperdicia una media de entre 60 y 100 gramos por comensal y comida. Así, el volumen total de desperdicio en comedores escolares de la enseñanza primaria en España es superior a los 10 millones de kilos al año.

A esta situación hay que añadir el hecho de que la compleja normativa sobre comedores escolares en España dificulta la adaptación de alternativas ecológicas, sostenibles, gestionadas desde los propios centros y que pongan la calidad de la alimentación y de su servicio por encima del negocio económico. La obsoleta y anticuada Orden de 24 de noviembre de 1992, por la que se regulan los comedores escolares establece el marco regulatorio general para este tipo de equipamientos en los centros públicos de España y especifica los modelos de gestión posible, aunque luego cada Comunidad Autónoma, en el desempeño de sus competencias, tiene su propia legislación. Contraviniendo la normativa, no todas las Comunidades Autónomas contemplan en sus propias legislaciones los cinco tipos de gestión establecida por la orden estatal ni promueven de la misma manera la gestión directa del servicio. Mientras que algunas Comunidades Autónomas, como Catalunya, tradicionalmente han permitido la autonomía de los Consejos Escolares para decidir la concreción del servicio de comedor escolar, otras han reservado al Gobierno la exclusividad de decisión a través de adjudicaciones realizadas por lotes.

Así pues, la normativa del Estado español favorece a las grandes empresas de forma general fomentando la oligopolización del sector, pese a que estos procesos de adjudicación de contratos están regulados por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Servicio Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Los requisitos establecidos, en este aspecto, establecen como uno de los criterios de más peso el de la "oferta económica más ventajosa", lo que no sólo beneficia a las grandes empresas que tienen más margen de negociación con los proveedores y cuentan con economías de escala, sino que afecta también a la calidad de los menús. Las empresas que ofrecen este servicio a pequeña escala se encuentran con las siguientes complicaciones: volumen de los lotes del concurso (suelen ser destinados a varios centros), la garantía provisoria o definitiva, el origen de las materias primas (adquiridas en establecimientos con registro sanitario pertinente), precio máximo por menú y elaboración de menús por parte de expertos profesiones acreditados en las áreas de nutrición y dietética. Es cierto que dicho marco normativo, actualmente, será solo de aplicación a los contratos ya efectuados. Para los nuevos contratos, se aplicará la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, gracias a la cual se tendrá en cuenta la relación calidad-precio, siendo obligatorio valorar una pluralidad de criterios a la hora de adjudicar los mismos, y donde la definición del objeto se realizará teniendo en cuenta criterios económicos y sociales

Mención aparte requieren tanto la concepción del comedor escolar como un espacio educativo claramente pedagógico, como las condiciones laborales de los y las trabajadoras, especialmente mujeres en este sector. Respecto a las condiciones laborales del personal de comedores escolares, la precariedad y la rotación en los puestos de trabajo son abundantes, afectando no solamente a la vida de los y las trabajadoras de este sector, sino también al alumnado, ya que esta inestabilidad laboral también les acaba afectando. Los bajos sueldos, las pocas horas de trabajo semanal, la falta de formación pedagógica para interactuar con el alumnado, la rotación de empresas y la subcontratación de las mismas, los retrasos en los pagos de las nóminas y la falta de material y de los recursos para el normal desempeño del puesto de trabajo promueven que muchos de los y las trabajadoras acaben dejando el puesto de trabajo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación y Deportes a llevar a cabo las modificaciones necesarias en el marco regulatorio de carácter estatal sobre comedores escolares para que las diferentes administraciones educativas puedan:

a) Garantizar, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas competentes en este ámbito, los ayuntamientos y los organismos pertinentes, el servicio de comedor escolar en todos los centros, así como una partida abierta de becas de comedor para los y las alumnas que lo necesiten.


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b) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la alimentación a los y las alumnas en situación de vulnerabilidad socioeconómica durante todo el curso y también durante los periodos no lectivos (especialmente durante las vacaciones de verano, primavera e invierno).

c) Considerar a los comedores escolares como espacios educativos y pedagógicos y dotarlos de las herramientas y la formación inicial del personal a estos efectos.

d) Garantizar las adecuadas condiciones laborales de todo el personal del servicio de comedor escolar con el objetivo de eliminar las condiciones de precariedad laboral en este sector, especialmente en lo relativo a bajos salarios, abuso de la temporalidad, exceso de la rotación y la parcialidad no deseada, asegurando así unas condiciones de trabajo adecuadas para trabajar con el alumnado y sus necesidades.

e) Priorizar la gestión directa de los comedores escolares y, en todo caso, evitar la oligopolización promoviendo los comedores ecológicos, sostenibles y de productos de proximidad, así como primar la calidad nutricional y el servicio de las comidas por encima de la rentabilidad económica en la adjudicación de este tipo de servicios.

f) Trasponer las directivas europeas de nutrición en el ámbito escolar promoviendo la presencia de comida ecológica, frutas, hortalizas y leche, y la adecuación nutricional a cada alumno con necesidad alimentarias específicas por motivos de salud (diabetes, celiaquía, otras intolerancias, etc.) o culturales en los menús escolares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Joan Mena Arca, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002977

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la emisión de una declaración de retribuciones para las personas empleadas de hogar, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

El Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar está integrado dentro del Régimen General de la Seguridad y, con carácter general, son los empleadores quienes deben incluir en él a las personas empleadas y abonar las cotizaciones que les corresponden. No obstante, cuando los empleados trabajan menos de 60 horas por hogar, el trabajador puede acordar con su empleador ocuparse personalmente de los trámites de afiliación a la Seguridad Social, las altas, las bajas y las variaciones de datos, así como ingresar las cuotas. En estos casos, si se finiquita la relación laboral, el empleador tiene derecho a presentar la solicitud de baja de su empleado. En cualquier caso, la relación laboral debe formalizarse por escrito y el empleador es responsable de ello. Solo están exentos de formalizar el contrato por escrito los servicios esporádicos que duren menos de cuatro semanas seguidas.

Al Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar deben cotizar las personas que reciben una remuneración por hacer tareas domésticas en sentido amplio y sus normas se aplican independientemente del número de horas de servicio y del número de empleadores. Además, la persona empleada no puede ser retribuida por debajo de unos mínimos, que varían dependiendo de si el trabajo es por horas y la prestación del servicio en el domicilio del empleador se realiza durante menos de 120 días al año, o si la prestación del servicio se produce durante 120 o más días al año en el domicilio del empleador.

Los rendimientos obtenidos por la persona empleada de servicio doméstico son rendimientos del trabajo y, si el trabajador está obligado a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), deberá incluirlos en su declaración de la renta. Ahora bien, como quien abona


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esos rendimientos es una persona física que no desarrolla una actividad empresarial ni profesional, el pagador no está obligado a realizar retenciones a cuenta del IRPF, aunque sí a descontar la parte de la Seguridad Social que corresponde al empleado.

La ausencia de obligación de retener a cuenta del IRPF llevó a la Dirección General de Tributos a considerar que el empleador tampoco debe emitir un certificado de retenciones ni hacer declaraciones relacionadas con las retribuciones que abona al empleado de hogar.

Así las cosas, muchas personas empleadas de hogar integradas en el Régimen Especial de la Seguridad Social manifiestan tener problemas a la hora de hacer sus declaraciones de renta y necesitarían contar con una declaración de retribuciones por parte de su empleador para facilitar sus obligaciones fiscales o trámites de cualquier otro tipo. En este sentido, se debería regular la obligación del empleador de suministrar tanto el salario anual abonado al empleado del hogar como el importe ingresado en la Seguridad Social en su nombre, si el trabajador así lo solicita.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que las personas trabajadoras integradas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar que así lo soliciten reciban obligatoriamente de su empleador una declaración de retribuciones que contenga, al menos, el salario anual percibido y el importe que se ha ingresado en la Seguridad Social en su nombre."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-María Isabel Salud Areste y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002983

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento de inspectores laborales, fundamentalmente en aquellos sectores donde se están registrando un mayor número de accidentes graves, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Un total de 618 trabajadores fallecieron en accidente laboral en 2017, once más que el año anterior, lo que supone un aumento en términos relativos del 1,8 %, según datos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

De estos fallecimientos, 484 se produjeron durante la jornada de trabajo, ocho más que en 2016, lo que implica un repunte del 1,7 %. Los 134 accidentes mortales restantes registrados el año pasado fueron "in itinere", lo que representa un 2,3 % más.

En 2017 se contabilizaron 583.425 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 5 % respecto al número de siniestros de 2016, cuando se produjeron 555.722 accidentes.

Del conjunto de siniestros, 503.749 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 79.676 fueron siniestros "in itinere". Los primeros aumentaron un 4,9 %, mientras que los segundos se incrementaron un 5,3 %.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 499.469 en 2017, un 4,9 % más, y los graves alcanzaron los 3.796, un 7,1 % más. En el caso de los siniestros "in itinere", se registraron 78.501 accidentes de carácter leve (+5,3 %) y 1.041 de gravedad (+7,7 %).

Por actividades económicas, la industria manufacturera registró el mayor número de accidentes con baja en jornada de trabajo, al alcanzar 94.126 siniestros (+5,8 %), seguido del comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos a motor, con 71.934 accidentes (+4,1 %); la construcción, con 59.509 siniestros (+14,6 %), y la hostelería, con 50.927 siniestros (+5,8 %).


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Los mayores repuntes se dieron en la construcción, con un aumento del 14,6 % y un total de 59.509 accidentes, y actividades administrativas (+10,9 % y 30.207 siniestros).

Y la tendencia este año sigue siendo el aumento de la siniestralidad, el pasado mes de enero se registraron 7.204 accidentes frente a 6.413 en 2017, lo que supone un aumento de los accidentes totales del 12,33 %. En este mismo periodo aumentaron los accidentes graves un 8,11 % y los accidentes leves 12,27 %. Lo más grave es que los accidentes mortales han aumentado pasando de 2 a 8 en el pasado mes.

La mayoría de las muertes en jornada laboral se producen en pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores. Jornadas eternas sin descanso, viajes al amanecer o a última hora para llegar a casa muy tarde. Subcontratas abusivas, empresas que no forman a sus trabajadores, o que hacen trabajar con material caducado, o que no se corresponde con las características del riesgo que se pretende evitar.

Este incremento de los accidentes durante la jornada laboral se debe al incremento de la precariedad laboral provocado por la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. Se cumplen ahora 6 años. Se aprobó en Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2012. Aunque fueron introducidas con el argumento de que buscaban facilitar la creación de puestos de trabajo y promover la estabilidad en el empleo, la contratación indefinida y la reducción de las desigualdades, lo cierto es que, tal y como resultaba evidente a la vista de las medidas que contenían, solo han conseguido aumentar la desprotección de los trabajadores y las trabajadoras, extender la precariedad laboral e incrementar los riesgos para la integridad de los trabajadores y han llevado a una disminución de las denuncias en materia de prevención, ya que los trabajadores callan por miedo al despido o a la no renovación de sus contratos.

De 2000 a 2007, España vivió un periodo en el que convivían crecimiento económico y un fuerte descenso de la siniestralidad, pero las estadísticas oficiales actuales son concluyentes y demuestran que los accidentes de trabajo crecen de forma muy superior a la creación de empleo y de riqueza en nuestro país.

Actualmente hay 6 millones de trabajadores en nuestro país que cobran menos del salario mínimo y, además, el hecho de trabajar en España no es garantía de estar fuera de la exclusión social; de hecho, un 13 % de los trabajadores están en riesgo de exclusión social.

Camareras de hotel que cobran 2 euros por habitación; jóvenes que cobran 500 euros sirviendo mesas por 12 horas; 3.300.000 horas extraordinarias a la semana que no se pagan. Tener un empleo en nuestro país ya no es garantía de llegar a fin de mes.

A todo ello hay que sumar el negativo impacto de nuevas formas laborales, que generan condiciones de trabajo peores y aún más de espaldas a la protección de los trabajadores, como sucede con la actividad de las empresas de multiservicios, que están tirando a la baja las condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores, incluyendo el derecho a la seguridad y salud laboral, añadiéndose que han llevado a una disminución drástica de la capacidad de los trabajadores de elegir representantes sindicales y unitarios en la empresa y por lo tanto Delegados de Prevención, instrumentos que son claves en la lucha contra la siniestralidad laboral.

Y también merece especial atención en este sentido el impacto de los nuevos modelos de negocio basados en la llamada "economía de plataformas digitales", y las nuevas formas de organización empresarial que surgen al abrigo de la economía digital, que están contribuyendo a incrementar aún más el mencionado deterioro del mercado de trabajo, pues nadie asume las obligaciones de protección de los trabajadores que desarrollan su actividad en las mismas.

La inestabilidad e inseguridad en el empleo; la reducción de los salarios; la reducción de los derechos laborales; el empeoramiento de las condiciones de trabajo; la aparición de importantes carencias y lagunas en su protección social, o la imposibilidad para conciliar la vida laboral con la privada, son solo algunos de los resultados que se están produciendo como derivación perversa de las transformaciones tecnológicas, que ya están padeciendo cientos de miles de trabajadores en nuestro país, y que conlleva no solo una incidencia mayor de riesgos ya tradicionales, sino también de los llamados riesgos emergentes y psicosociales.

Junto a estas situaciones de riesgo "nuevas", siguen estando presentes las ya tradicionales, como la falta de formación en materia preventiva, la inadecuada gestión de la vigilancia de la salud, el cumplimiento formalista de las empresas de sus obligaciones preventivas, y la escasez de políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales por parte del Gobierno de Partido Popular, que ha demostrado un escaso interés por la prevención de riesgos laborales.


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Demostración de esta situación de desinterés es que el Gobierno no está cumpliendo la tasa de reposición de Inspectores de Trabajo.

España está "muy lejos" de las ratios de otros países europeos, con un inspector por cada 15.000 asalariados, mientras que en Europa hay un inspector por cada 7.300 trabajadores. Es absolutamente necesario llegar a ratios homologables con Europa.

Además el control del cumplimiento de las obligaciones preventivas de las empresas por parte de la Inspección debe volver a ser un elemento fundamental de las campañas que se desarrollen en el marco de las actuaciones anuales de la Inspección de Trabajo en coordinación con las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta en su planificación los distintos aspectos generadores de riesgo para la Seguridad y Salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incrementar, en coordinación con las CCAA, el número de inspecciones laborales, en materia de prevención de riesgos laborales, en todos los sectores, diseñando campañas específicas en aquellos donde se están registrando un mayor número de accidentes graves.

2. Aumentar con la mayor brevedad un 5 % el número de Inspectores de Trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002990

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre eficiencia energética, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El consumo energético presenta distintos problemas, entre los que podemos destacar el aumento de la demanda energética, la volatilidad de los precios, las perturbaciones del suministro y el impacto medioambiental del sector de la energía.

Para solucionar esos problemas es necesaria una estrategia energética clara a nivel de Europa y, por ello, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluye un Título XXI específicamente dedicado a la política energética, con una serie de objetivos básicos, como son el garantizar el funcionamiento del mercado de la energía y la seguridad del abastecimiento energético, fomentar la eficiencia y el ahorro energético, la interconexión de las redes energéticas y el desarrollo de energías nuevas y renovables.

Tal y como ya hemos apuntado, la eficiencia energética es un medio clave para superar estos problemas, y por ello la UE insiste en la necesidad de incrementar la eficiencia energética para alcanzar en 2020 el objetivo de ahorrar un 20 % en el consumo de energía de la Unión, es decir, aumentar en un 20 % la eficiencia energética.

Para alcanzar estos objetivos era necesario poner en marcha acciones encaminadas a la mejora de la eficiencia y en este contexto, la Directiva Europea 2012/27/UE, de eficiencia energética, establecía que el 1 de enero de 2017 los edificios con sistemas de calefacción central debían contar con dispositivos de medición individuales, contadores individuales de calefacción o repartidores de costes en los radiadores de calefacción; una directiva que lo que pretende es que el pago de la calefacción se pague en función del consumo en lugar de a través de los gastos de comunidad, en los que se incluye una cantidad que no


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varía a lo largo del año y que depende de los metros cuadrados que tenga la vivienda, realizándose por tanto una utilización más racional de la energía.

Sin embargo, en España, el Real Decreto 56/2016, traspuso parcialmente la mencionada Directiva en lo relativo a auditorías energéticas, promoción de eficiencia energética y acreditación de proveedores de servicios energéticos, dejando fuera la parte relativa a la contabilización individualizada de consumos de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración en instalaciones centralizadas, a pesar de estaba incluida en el borrador de Real Decreto que se había manejado hasta entonces.

Si además tenemos en cuenta, por un lado, que las necesidades de consumo energético han crecido de forma imparable durante los últimos años debido al aumento de consumo por persona y también por el propio crecimiento de la población, y por otro que según el estudio realizado por la Universidad de Alcalá, en el que se señala que el sector residencial es el responsable del 38 % de la demanda energética española, que el consumo de usos domésticos es del 18 % y de este último el 49,2 % corresponde al consumo energético de calefacción, resulta necesario, la adopción de las medidas o sistemas de eficiencia en el uso de la energía usada para suministrar calor en los edificios, entre las que se encuentra la instalación de contadores individuales y repartidores de costes de calefacción.

Además, la experiencia de otros países, y numerosos estudios independientes demuestran que la instalación de estos dispositivos son los más eficientes, ya que suponen un ahorro medio del 20 %-25 % por vivienda y representan un avance en la lucha contra el cambio climático, ya que permitirán evitar la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año.

Por el lado de los consumidores, estos sistemas son los más baratos, ya que tanto si se opta por comprar o alquilar los dispositivos, la inversión se amortiza en menos de dos años, un periodo más corto que otros sistemas de eficiencia energética en los hogares y aunque en el corto plazo se pudiese pensar que la implantación de estos sistemas supone un gasto, en el largo plazo se convierte en una inversión a que supone un ahorro importante para las familias.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Fomentar la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro, en el marco de las normas de la Unión Europea en esta materia.

2. Trasponer la normativa europea aplicable a la calefacción central sobre contabilización del consumo de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, en los que se especifiquen los detalles sobre contadores, facturación, así como el coste de acceso a la información sobre medición y facturación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002984

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno central negocie un convenio bilateral con Portugal, donde las condiciones sean equiparables para ambos países y se tengan en cuenta la singularidad de las pesquerías del Norte y Sur de nuestro país, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

Desde el año 1986 España y Portugal tienen un Acuerdo Bilateral que regula el acceso de las flotas de los dos Estados en las aguas continentales y en las de vecindad de las desembocaduras del río Miño y del río Guadiana. En estos momentos el Gobierno de España está negociando con Portugal la renovación del acuerdo pesquero que regulará el acceso de las flotas de los Estados a estas aguas.

Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se ha hecho llegar a las cofradías de pescadores una comunicación; en ella se comunica que está en vigor el anterior acuerdo hasta que se firme el nuevo acuerdo.

El acuerdo pesquero bilateral nuevo, que sea producto de la negociación de las autoridades de ambos países, debe implicar estabilidad en la actividad pesquera de ambos y una gestión sostenible de los recursos pesqueros.

Para ello, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debería contar con la opinión de los profesionales del mar de las costas gallegas y andaluzas, que son las que faenan en esas aguas, para acordar aquellos elementos que pueden aumentar la rentabilidad de la actividad pesquera española.

Estas modificaciones que el sector pesquero reclama al Ministerio se encuadran en los mecanismos del Reglamento base de la actual Política Pesquera Común, en vigor hasta el final de 2020.

El nuevo acuerdo debería mantener condiciones homogéneas de pesca para ambos países, quizá debería contener diferenciación entre las pesquerías del Norte y el Sur de ambos países, por la seguridad de los distintos territorios y pesquería; con ello estaríamos tratando y respetando la singularidad de los territorios y el equilibrio sostenible de la biomasa marina, a la misma vez que se garantizaría la estabilidad económica de las flotas. Cada zona pesquera tiene una singularidad propia, mostrando diferencias manifiestas y dinámicas de las distintas poblaciones y consecuentemente asesoramiento y gestión diferenciadas, entre lo que es el Norte y el Sur de España.

Una de las singularidades que contempla el convenio que rige actualmente es que un barco que elija faenar en aguas portuguesas tendrá la obligación de hacerlo y renunciar a faenar en aguas nacionales, y el sector pesquero manifiesta que sea cambiado ese precepto y pueden modificarlo conforme a la normativa pesquera, pues con ello se podría optar a las 30 licencias de arrastres de fondo que España tiene a su disposición y que en estos momentos solo se utilizan 10, ya que el convenio actual impone a los barcos a renunciar para siempre al caladero nacional, por ello deberían ser más flexibles estas condiciones que favorezcan la opción de trabajar en un país u otro, en los parámetros que marca la normativa.

Otra de las reivindicaciones del sector pesquero es la implementación de la autorización de descarga en Portugal del pescado y transporte terrestre hasta una primera venta en España, esto conllevaría un ahorro de grandes navegaciones hasta de 15 horas.

Ante el problema vivido en el país vecino de Portugal, el pasado 15 de enero, donde apresó la policía marítima portuguesa un buque español llamado "Lorenzo Abreu", por aplicársele una normativa portuguesa que no tenía efecto a los buques españoles, esto hizo perder la pesca del día, más una fianza de 12.000 euros para poder volver a España el pesquero; posteriormente, el Gobierno portugués reconoce su error, lo que llevará a devolver al dueño del buque la fianza depositada. Por ello el convenio debería aportar seguridad jurídica a la flota que faena en aguas portuguesas, con ello contribuirá al desarrollo y empleo del sector pesquero español.

El Reglamento 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, estableció la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura. Este Reglamento estableció que, a partir del 13 de diciembre de 2014, se debe utilizar la nomenclatura acordada por la FAO para denominar la zona de captura.

La traducción oficial que la Comisión Europea publicó de las denominaciones de la zonas, subzonas y divisiones de FAO, y con las que no está de acuerdo el sector pesquero español. Los casos más destacadles son:

- División Vlllc (Golfo de Vizcaya Sur).

- Subzona IX (llamadas Aguas Portuguesas) con sus divisiones a y b (Aguas Portuguesas Este y Aguas Portuguesas Oeste).


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Lo que hace que las relaciones del sector pesquero de Huelva con Portugal son importantes porque el reparto de cuotas afecta a nuestros buques que pescan en el Golfo de Cádiz, por la inclusión en la Zona IXa, nos hace partícipe a ambos del reparto de cuota.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista desea que se consulte al sector antes del cierre del Convenio bilateral pesquero con Portugal, porque hay que apostar porque el trabajo y el esfuerzo de nuestra flota pesquera repercuta de forma integral en los que en ellas trabajan y se tenga en cuenta la zona donde se realiza ese trabajo, teniendo en cuenta la singularidad de la flota y el territorio, por ello presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Negociar un convenio bilateral con Portugal donde las condiciones sean equiparables para ambos países y se tenga en cuenta la singularidad las pesquerías del Norte y Sur de nuestro país, para mantener las operaciones pesqueras en un nivel sostenible y al mismo tiempo que garantice la estabilidad del sector pesquero español.

- Tener en cuenta al sector pesquero en todas aquellas necesidades que plantean, como elegir la zona donde faenar cada trimestre, según la normativa pesquera, dándoles oportunidades de mantener la actividad y la creación de empleo.

- Dar seguridad jurídica a la flota que faena en aguas portuguesas, con ello contribuirá al desarrollo y empleo del sector pesquero español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2018.-Josefa Inmaculada González Bayo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002988

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, relativa a complementar incentivos debido al cierre temporal del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La marinería de la chirla está seriamente preocupada por la situación del caladero que en los últimos tres años ha sufrido cierres temporales. Ahora, desde mediados de enero, la situación se repite y el caladero de la chirla queda cerrado con carácter indefinido. Un cierre que afecta a casi 300 familias de localidades onubenses y gaditanas.

Desde el punto de vista científico, responsables del Instituto Español de Oceanografía del Centro Oceanográfico de Cádiz han advertido de la preocupante situación en la que está el caladero de la chirla, motivo por el que se ha cerrado, sin saber cuándo podrá reabrirse.

El IEO explica que chirla sí que hay, pero que no es de la talla óptima para su captura, que está fijada en 25 milímetros. La chirla es un molusco de tres años de vida que es necesario asegurar su reproducción en las mejores condiciones y que en todo esto influyen condiciones externas e internas, puedan ser condiciones ambientales, los temporales o la sobreexplotación de la zona.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ante las recomendaciones recogidas en los informes científicos de seguimiento que realiza el Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del Gobierno central, ha decretado el cierre del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz desde enero y hasta que la regeneración de la especie permita una pesca sostenible.

La Consejería ha acordado con el sector ayudas para los armadores y marineros por el cierre temporal del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, a los que apoyará con 500 y 400 euros al mes, respectivamente, mientras dure el paro.


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Será condición para dicho cobro haber ejercido la actividad pesquera durante un periodo mínimo de 60 días en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.

Tras el cese de la pesquería, esta línea de ayuda para la flota afectada (compuesta por 96 embarcaciones de draga hidráulica y 291 tripulantes de varios puertos gaditanos y onubenses, va a ser compatible con la contratación de los marineros por parte de los barcos de otras modalidades pesqueras o en otra actividad, así como con otras prestaciones sociales.

En la decisión de conceder ayudas a los afectados por el cierre de este caladero, la Consejería ha tenido en cuenta que la flota de draga hidráulica se dedica en exclusiva a la chirla. Por esta razón, las embarcaciones no pueden alternar o compatibilizar su actividad con otras artes o capturar otras especies marisqueras.

El cierre del caladero se mantendrá hasta que los informes científicos determinen que la población de chirla se ha restablecido totalmente y que es posible reanudar la actividad.

Para ello, se mantendrán encuentros periódicos con el sector en los que se analizará la evolución de la situación, permitiéndose las capturas en cuanto así lo indiquen los estudios técnicos.

El montante de los citados incentivos procede de la financiación autonómica y se otorgan según las condiciones de la legislación vigente, y según la Junta de Andalucía se prolongarán mientras dure el cierre del caladero, hasta que la regeneración de la chirla garantice la sostenibilidad de la actividad, pero sería necesario que el Gobierno central se sumase a la iniciativa y complemente estos incentivos, al igual que se ha hecho en otras ocasiones.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a complementar los incentivos que está pagando la Junta de Andalucía tanto a los armadores como a los tripulantes afectados por el cierre temporal del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, de igual manera que se ha hecho en otras ocasiones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Antonio Pradas Torres, Miguel Ángel Heredia Díaz, Josefa González Bayo, José Juan Díaz Trillo, Miriam Alconchel Gonzaga, Juan Carlos Campo Moreno y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de contar con una estadística completa y actualizada sobre maltrato a las personas mayores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La definición más aceptada sobre el maltrato a las personas mayores es la del INPEA (red internacional de prevención del abuso y maltrato en la vejez): "cualquier acto único o repetido, o la falta de medidas apropiadas, que se producen dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, y que causa daño o angustia a una persona mayor".

El Plan Internacional de Acción de las Naciones Unidas, adoptado por todos los países en Madrid en abril de 2002, reconoce claramente la importancia del fenómeno del maltrato a las personas mayores y lo pone en el contexto de los Derechos Humanos Universales.


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La OMS considera que este es un problema importante de salud pública, que incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia, y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto.

Conocer, describir y saber definir los malos tratos hacia la población de más edad es el mejor medio para prevenirlos y evitarlos. No se puede tratar aquello que se desconoce. Sin embargo, la OMS alerta de poca información y escasez de datos rigurosos sobre número de casos, tipos más frecuentes de maltrato, así como sobre el alcance del problema en establecimientos institucionales, como hospitales, hogares de ancianos y otros centros asistenciales de largo plazo.

Nuestro país es un buen ejemplo de ello, ya que no disponemos de datos fiables y actualizados sobre el alcance y los tipos de maltrató a las personas mayores en diferentes entornos, lo que supone un obstáculo para comprender la magnitud y naturaleza del problema.

Es necesario concienciar a la sociedad sobre este grave problema y tomar medidas para prevenirlo y abordarlo. Para planificar y llevar a cabo de la manera más adecuada estas políticas es imprescindible contar con una estadística actualizada y fiable que ofrezca información acerca del maltrato a las personas mayores, su alcance, tipos, desglosado por los diferentes entornos en los que sucede y teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a elaborar y mantener una estadística actualizada, completa y fiable que ofrezca información acerca de los casos de maltrato a las personas mayores, su alcance y tipos, desglosados por los diferentes entornos en que se produce y teniendo en cuenta el enfoque de género, así como las situaciones de discapacidad o dependencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En diciembre de 2006 se aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Fue el resultado de meses de trabajo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo.

En diciembre de 2016 se cumplieron, por tanto, 10 años de la aprobación de la Ley y el balance de los agentes sociales, el movimiento asociativo, las plataformas de usuarios y también las fuerzas políticas (a excepción de la que apoya al Gobierno), fue coincidente: el Gobierno del PP ha atacado y debilitado el Sistema, con sus reformas y recortes presupuestarios. Fue entonces cuando la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales promovió la firma del Pacto de Estado por la Dependencia que se suscribió, en el Congreso de los Diputados, por todos los grupos con representación parlamentaria, a excepción de PP y PNV.

El pacto incluía cinco puntos: revertir en los Presupuestos Generales de Estado para 2017 los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por los PGE, lo que supondría el incremento en un 13 % de la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del Sistema; recuperando los niveles que existían en 2011 y abordando la inclusión en la Seguridad Social a cuidadores familiares y no profesionales. Además,


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impulsar un pacto entre la Administración General el Estado y las CCAA para acabar con el limbo de la Dependencia; iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo modelo de financiación estable; que cualquier modificación de la Ley 39/2006 se tramite en el Parlamento y velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia.

En diciembre de 2017, coincidiendo con el XI Aniversario de la aprobación de la Ley, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia convocaron un encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para valorar los resultados del Pacto de Estado por la Dependencia, firmado un año antes. El balance fue claro, no se ha producido ningún avance, por lo que el Pacto mantiene plena vigencia.

Es lamentable que el Gobierno de España ignore por completo a los más vulnerables. Ignoran también al resto de grupos parlamentarios de la Cámara y a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años realizando una encomiable labor en defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia.

En el informe de la Comisión para el análisis del Sistema de la Dependencia, fruto del acuerdo de la Conferencia de Presidentas y Presidentes, se reconoce que la única vía de financiación del Sistema por parte del Estado (tras la supresión del nivel acordado) es el nivel mínimo de protección que corresponde a la AGE y que representa no más del 20 % del coste. Queda de manifiesto que las Comunidades Autónomas están soportando ya más del 80 % de la financiación, aun cuando la ley establecía que la aportación de ambas administraciones, Estado y Comunidades Autónomas, sería del 50/50.

Es necesario y urgente un cambio de rumbo que impulse el Sistema de Dependencia, financiándolo adecuadamente para permitir que cumpla con el fin para el que fue creado que, en definitiva, es garantizar los derechos de la ciudadanía.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones adecuados. Para lograrlo se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

1. Revertir los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por las leyes de PGE, habilitando de forma inmediata, por los mecanismos legales que procedan, los créditos necesarios para incrementar en un 13 % la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del Sistema; recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2011; y abordando la inclusión en la Seguridad Social de las y los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General el Estado.

2. Impulsar un pacto entre la Administración General el Estado y las CCAA para acabar con la desatención (limbo de la Dependencia) antes de dos años, con los compromisos de financiación necesarios para lograrlo.

3. Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo modelo de financiación estable del Sistema en el marco de la LOFCA, en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.

4. Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006 se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar, al menos, al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de Decreto.

5. Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a los agentes y entidades sociales, su seguimiento y control."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2018.-María Soledad Pérez Domínguez y Elvira Ramón Utrabo, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento del Proyecto OHSCAR como Registro Español de Parada Cardiaca Extrahospitalaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La parada cardiaca extrahospitalaria (PCR) es uno de los procesos con mayor impacto en la salud pública de Europa y desde hace años es la primera causa de muerte en el mundo occidental. En España, ocasiona la muerte de 25.000 pacientes al año, cerca de 400.000 muertes en la Unión Europea y una cifra muy similar en los Estados Unidos. No obstante, es difícil conocer su incidencia real. Las estimaciones generales sobre su incidencia se mueven siempre en una amplia horquilla difícil de precisar. Los cálculos dependen de las diferentes fuentes de información empleadas, de los diferentes criterios de inclusión.

Es un hecho reconocido el enorme impacto que tiene la PCR como problema de salud pública. Así lo reconoció el Parlamento Europeo en su declaración de junio de 2012, donde recoge la necesidad de una acción conjunta de todos los países miembros para potenciar un acceso equitativo a una reanimación eficiente. Además, Sociedades científicas. Instituciones sanitarias y, como se ha dicho, el propio Parlamento Europeo, han promovido informes y recomendaciones para mejorar la supervivencia general y garantizar un acceso equitativo a un tratamiento eficaz.

Entre los diferentes aspectos sobre los que se debe actuar, existe unanimidad científica e institucional en la necesidad de contar con registros de casos de parada cardiaca extrahospitalaria (PCR). Es el primer requisito real que se debe abordar si se quieren conocer los resultados en salud y establecer medidas concretas para mejorar dichos resultados. Los registros son la herramienta clave para conocer, evaluar y mejorar la asistencia prestada.

Todas las Comunidades Autónomas de España cuentan con Servicios Extrahospitalarios de Emergencias (SEM), pero, aunque hay algunos SEM que cuentan con registros y datos propios, no existe un registro común oficial para conocer el impacto real de este problema y de cuáles son los resultados finales en salud en nuestro país.

Durante los años 2011 y 2012, se establecieron acuerdos entre varios SEM para promover un proyecto de investigación conjunto sobre Parada Cardiorrespiratoria en nuestro país. Finalmente se consiguió el respaldo del Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria de 2012 para desarrollar un proyecto coordinado entre 11 SEM (2013-2016). Se trata del Proyecto OHSCAR (Out-of-Hospital Spanish Cardiac Arrest Registry).

En estos años de proyecto se han alcanzado los objetivos comprometidos y se ha conseguido incluir a los SEM de las 17 Comunidades Autónomas y a dos SEM de importantes ayuntamientos (Madrid y Zaragoza). Es la primera vez que los SEM españoles trabajan en un proyecto conjunto, transversal, sobre resultados en salud con los mismos objetivos y la misma metodología. Los resultados han sido comunicados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (resultados generales de toda España) y a las administraciones sanitarias implicadas (resultados generales de toda España y el propio de cada SEM).

También han sido comunicados a la comunidad científica internacional, la primera vez que sucede en nuestro país respecto de esta patología (Resuscitation 2017; 113:90-95 y Resuscitation 2018:122:87-91).

Esta colaboración ha permitido también la participación de España en la iniciativa europea EURECA, primer registro europeo de PCR extrahospitalaria.

Una vez concluido el proyecto científico OHSCAR, España se queda sin datos propios sobre este problema de salud pública, fuera de las recomendaciones científicas internacionales. Es importante además resaltar que no es posible usar otras fuentes alternativas, como el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) hospitalario.

Al igual que ocurre con otros registros de países europeos, OHSCAR debería consolidarse como el Registro Español de Parada Cardiaca Extrahospitalaria. Puede convertirse en una herramienta de calidad, conocimiento y cohesión para la atención extrahospitalaria, capaz de ofrecer información sobre la práctica clínica, las intervenciones y los resultados en salud de la atención a la PCR en España, posibilitando la


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evaluación y la mejora de los resultados finales. La propia Estrategia Nacional en Cardiopatía Isquémica (2017-2020), pendiente de publicación, en su apartado de Muerte Súbita recoge la necesidad de contar con registros de PCR como medida fundamental para mejorar la supervivencia y la recuperación neurológica de estos pacientes.

Siguiendo estas recomendaciones, el Servicio de Emergencias de cada administración sanitaria es el propietario de sus propios datos y utilizaría el registro como herramienta interna de calidad. El conjunto de todos ellos, de todos los SEM, debe servir para establecer los indicadores y las intervenciones adecuadas para mejorar los resultados finales en salud que afectan al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para consolidar y mantener, por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el proyecto OHSCAR como Registro de Parada Cardiaca Extrahospitalaria para el Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las Comunidades Autónomas, dotándolo de los recursos necesarios y garantizando un funcionamiento estrictamente científico al servicio de la ciudadanía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Juan Jiménez Tortosa y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002994

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la modificación de las vías de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica se creó en 1998 mediante el Real Decreto 2490/1998. Hasta esa fecha se habían incorporado al Sistema Nacional de Salud, en número difícil de determinar, psicólogos y psicólogas clínicas que, por razones obvias, no contaban con dicha titulación.

Cuatro años más tarde, en 2002, se dictó la Orden PRE 1107/2002, que regulaba las vías transitorias de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. En 2003 entró en vigor la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que reconocía como sanitarios únicamente a los psicólogos que poseyeran el título de Especialista en Psicología Clínica. Este requisito dejaba, de facto, sin respaldo legal a los/as psicólogos/as que desempeñaban labores asistenciales en los dispositivos sanitarios públicos sin tener reconocida la especialidad. En junio de 2005, el Gobierno aprobó el Real Decreto 655/2005, que ampliaba los plazos de méritos a valorar y abría un nuevo plazo de solicitud de acceso al título. Dada su complejidad y el gran número de solicitantes, el proceso de resolución de los expedientes se dilató mucho en el tiempo. El 29 de mayo de 2011 todos los grupos parlamentarios votaron en el Congreso de los Diputados a favor de una Proposición de Ley para regular un procedimiento excepcional de acceso al título de médico especialista y farmacéutico, y se añadió a la proposición el acceso al título de Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Pero, coincidiendo con el final de la Legislatura y el cambio de Gobierno, la iniciativa decayó.

A día de hoy, todos los psicólogos y psicólogas que accedieron de forma legal al Sistema Nacional de Salud siguen teniendo cerrada la posibilidad de acceder al título de especialista. Su situación, lejos de ser ilegal, impide en cambio que cuenten con algunas prerrogativas con las que sí cuentan los profesionales con titulación oficial. Entre ellas, la posibilidad de movilidad laboral o que puedan tener acceso a la carrera profesional, con el aminoramiento salarial que ello supone. La Asociación de Psicólogos Especialistas del


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Sistema Nacional de Salud Sin Titulación oficial (PESTOS) ha reclamado reiteradamente una solución a este problema. Una solución que sea definitiva, viable jurídicamente, lo más sencilla posible, de calidad y que no perjudique a otros colectivos.

Esta situación no perjudica solo a estos profesionales, por la inseguridad jurídica que genera, sino también a los propios pacientes, porque existe un riesgo cierto de que la sanidad pública pierda a estos profesionales.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la modificación de las normas de ordenación de las profesiones sanitarias para dar solución, de forma inmediata, a la situación de los Psicólogos Especialistas del Sistema Nacional de Salud sin titulación oficial de especialista en Psicología Clínica.

2. Esa modificación normativa incluirá, en todo caso, la supresión de los requisitos, para adquirir el título de especialista, de haber iniciado el desempeño de los puestos de trabajo, de ejercicio de las actividades profesionales o de realización de la actividad asistencial con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto.

3. El reglamento de desarrollo de la norma fijará el plazo máximo para reunir los requisitos, así como la forma y el procedimiento de solicitud.

4. En todo caso, las personas interesadas, que ya hubieran presentado expediente al amparo de los Reales Decretos 2490/1998, de 20 de noviembre, y 655/2005, de 6 de junio, podrán volver a presentar solicitud de expedición del título de especialista en Psicología Clínica, si con el nuevo plazo entienden que reúnen los requisitos de ejercicio y/o formación que con anterioridad no reunían."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Lídia Guinart Moreno y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/002986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada de las ayudas públicas a la Fundación ARCO, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, es una de las principales ferias de arte contemporáneo del circuito internacional. Es organizada por la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) y se celebra anualmente en el mes de febrero en Madrid.

ARCO nació con la intención de reunir una oferta artística que comprendiera las vanguardias históricas hasta el último arte emergente, sin olvidar el arte contemporáneo y moderno. La primera edición se celebró en 1982 y reunió un total de 264 artistas de 14 estados. Desde entonces, ARCO se ha convertido en uno de los epicentros del arte moderno contemporáneo, llegando, en la edición de 2017, a albergar la exposición de doscientos galeristas de 27 estados.

Sin embargo, en la edición de 2018, la dirección de IFEMA ha pedido a la galería Melga de Alvear la retirada de la obra "Presos políticos en la España contemporánea", de Santiago Sierra. La obra en cuestión se trata de veinticuatro retratos de personas como Oriol Junqueras, Junqueras Sánchez o los dos titiriteros detenidos en Madrid en 2016 por su montaje "La bruja y don Cristóbal", por el que fueron


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acusados de enaltecimiento del terrorismo. Todos aparecen con el rostro pixelado y una leyenda que explica quién es el personaje fotografiado.

El arte contemporáneo debería ser aquella expresión artística que se relacione directamente con la sociedad actual y que se replantee y cuestione determinados dogmas o pautas sociales y/o políticas.

Por este motivo, la decisión de IFEMA de censurar la obra de Santiago Sierra es impropia de un Estado que dice tener una democracia consolidada y más acorde con la de un Estado que censura el libre pensamiento.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Retirar la colaboración de los organismos, entidades o empresas públicas del Estado de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, mientras no respete la libertad de expresión.

2. No reconocer ningún tipo de subvención o beneficio fiscal a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, mientras no respete la libertad de expresión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/002997

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar el acceso a la financiación de las industrias culturales y creativas, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En España el sector cultural y creativo representa cerca del 3,5 % del PIB y engloba aproximadamente a 112.000 empresas, que generan más de 515.000 empleos.

En enero de 2017 se firmó un acuerdo, por importe de más de 150 millones de euros, entre el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), adscrita a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, para el período 2017-2018, con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas españolas de los sectores culturales y creativos.

Se trata de la primera línea que se firma en Europa de alcance para todo el sector, no solo cinematográfico, con un importante apoyo de fondos públicos, y se encuentra dentro del programa de garantías de Europa Creativa para el período 2014-2020.

Con ella se atiende a las necesidades específicas de financiación de las empresas culturales y creativas, que por desarrollar fundamentalmente activos de carácter intangible, como la propiedad intelectual, encuentran mayores dificultades para ofrecer garantías suficientes a las entidades de crédito.

Esta financiación se hace efectiva a través de las Sociedades de Garantía Recíproca, como CREA SGR (conformada, por un lado, por los socios protectores de EGEDA y el ICAA que aportan el 70 % del capital y, por otro, por los socios partícipes de las pymes) y el resto de las Sociedades de Garantía Recíproca de ámbito regional, con oficinas en toda España, que están especializadas en avalar a las industrias culturales y creativas.

Si queremos potenciar las industrias culturales y creativas mejorando su acceso a la financiación, incluidos los proyectos de riesgo, y poder diversificar sus beneficiarios para que repercuta en el crecimiento de las empresas y, por tanto, en la creación de empleo, en la mejora de su competitividad en un mercado global y en su repercusión en otros sectores, debe reforzarse y potenciarse la difusión a nivel nacional esta nueva línea de avales.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar el acceso a la financiación de las industrias culturales y creativas, incrementando el importe de la financiación mediante el aumento de los avales de las industrias culturales y creativas, y ampliando la difusión a nivel nacional del nuevo instrumento de garantía financiera del Programa Europa Creativa de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002998

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fortalecimiento de la educación sobre Cultura e Historia de España en Estados Unidos, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Los Estados Unidos de América son un país amigo y socio fundamental para España con el que nos une una excelente e histórica relación bilateral, que tiene un rico pasado y una gran proyección de futuro en el siglo XXI. Un aliado con el que pocos países en el mundo poseen unos vínculos históricos, culturales y lingüísticos tan sólidos.

La comunidad española residente en ese país también crece y supera ya las 150.000 personas, que asumen una posición destacada en los ámbitos empresarial, científico, tecnológico, educativo, cultural y deportivo de la sociedad estadounidense.

A su vez, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de su red de Consejerías de Educación en el Exterior, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, principal pero no exclusivamente a través del Instituto Cervantes, realiza una ingente labor para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior, así como de nuestro legado histórico en Estados Unidos. Más allá de nuestra lengua, que hablan en Estados Unidos 57 millones de hispanohablantes y estudian varios millones más con el inglés como lengua materna, muchos aspectos del legado español son poco conocidos por el gran público norteamericano, como la influencia aún visible hoy de nuestra arquitectura, ingeniería y agricultura o el diseño urbanístico original de algunas de sus grandes ciudades, como Los Ángeles, San Francisco, San Diego o San Antonio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación también apoya con determinación a la Fundación Consejo España-Estados Unidos, que tiene entre sus objetivos poner en valor el legado y la presencia histórica de España en el territorio actual de los EE.UU. y mejorar el conocimiento mutuo entre nuestros dos países.

En concreto, el impacto de los programas del Ministerio de Educación en Estados Unidos se resume en la gestión de 1.384 profesores españoles a través del programa de Profesores Visitantes, financiados íntegramente por las administraciones educativas norteamericanas contratantes. Asimismo, España está presente en 112 centros, denominados International Spanish Academias (ISA), que suman 45.000 alumnos en total. Envía profesores a 7 centros en la Sección Española de Miami-Dade (PEI) con aproximadamente 1.800 alumnos y a la Sección en Nueva York en UNIS con 514 alumnos. Por otro lado, financia 30 Auxiliares de Conversación (AACC) españoles en EE.UU. destinados en escuelas estadounidenses. En esta línea, contrata Auxiliares de Conversación (AACC) norteamericanos en España, 81 auxiliares financiados por el MECD y 2800 auxiliares financiados por las Comunidades Autónomas, lo que representa 1.000.000 de alumnos españoles beneficiados.

El pasado 26 de septiembre de 2017, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia de prensa conjunta con el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, con motivo de


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la visita de este último a Washington, afirmó: "Estados Unidos y España son grandes amigos y estrechos aliados. Nuestros lazos culturales y comerciales se remontan a muchos siglos. Nuestras escuelas enseñan a los niños americanos la historia de la exploración española".

Por su parte, el Presidente del Gobierno de España calificó dicho encuentro de "muy productivo" y manifestó que "España y Estados Unidos son dos democracias amigas y aliadas con innumerables intereses y valores comunes. Hemos acordado trabajar juntos en su defensa con una visión integral y cooperativa".

A pesar de todo esto, en los últimos meses voces minoritarias en Estados Unidos han realizado algunas acciones de ataque, denuncias, manifestaciones y protestas contra símbolos y personajes históricos representativos de la hispanidad y del legado español, a un nivel no visto anteriormente. Ataques tales como los realizados a las estatuas de fray Junípero Serra o Cristóbal Colón, queriendo con ello hacer alusión a que fueron culpables de la opresión colonial a la que sometieron a los pueblos indígenas y de su exterminio, e ignorando muchos otros acontecimientos históricos posteriores, es algo totalmente falso. Así como las ofensivas producidas en solicitud de la abolición el 12 de octubre del "Columbus Day" (día de Cristóbal Colón), el equivalente a nuestro Día de la Hispanidad, son buenos ejemplos de esta lamentable situación producida en Los Ángeles en 2017.

Paradójicamente, el origen de esta campaña hay que buscarlo en acontecimientos ajenos a España. Estos movimientos, a menudo promovidos por ciertas organizaciones no gubernamentales y algunos centros universitarios con finalidades e intereses políticos determinados, han degenerado en actuaciones de pequeños grupos aislados de activistas radicales, de ataques al legado histórico español, mostrando un lamentable desconocimiento histórico, tanto de España como de los orígenes españoles de su propio país, con el único fin de conseguir protagonismo y un titular fácil, mezclando reivindicaciones de derechos de afroamericanos, nativoamericanos, indígenas del resto del Continente, la Guerra Civil de Estados Unidos, la herencia española, otros pueblos que llegaron a Estados Unidos procedentes de Europa, etc.

Sin embargo, tal y como nos recuerda la Doctora en Historia de América María Saavedra, esas afirmaciones distan mucho de lo que fue la realidad: "se convocaron elecciones a Cortes en 1810, y en los pueblos de indios se realizaron votaciones y a las Cortes de Cádiz asistió un diputado llamado Dionisio Inca Yupanqui", quien añade que mientras los centros universitarios que se fundaron en las Trece Colonias fueron 9, España tenía en Hispanoamérica, cuando esta inició su proceso de independencia, 30 Universidades, junto a cientos de hospitales y colegios.

Hechos como el referido, que de ser más difundidos, podrían evitar malentendidos y campañas contra España que solo provocan un perjuicio moral a nuestro país y a las relaciones con Estados Unidos, hacen pensar que no estamos ante un fenómeno pasajero o marginal, sino ante una nueva versión de leyendas manipuladas y contrarias a la verdadera grandeza y generosidad históricas de España.

Además, parece asimismo aconsejable seguir promocionando la difusión continuada, nacional e internacional, del conocimiento de los descubrimientos y contribuciones hechas por España en la Norteamérica de los siglos XVI, XVII y XVIII. Especialmente de los grandes exploradores y de figuras como la de Bernardo de Gálvez, cuya contribución a la Independencia de los Estados Unidos resultó tan valiosa y en cuyo honor la Fundación Consejo España-EE.UU. concede el "Galardón Bernardo de Gálvez" a las personas o instituciones de Estados Unidos que fomentan la cooperación y que mejoran la comprensión mutua entre nuestros dos países.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un plan de fortalecimiento de la educación sobre la historia común de España y los Estados Unidos que comprenda entre otras medidas:

1. Reforzar el papel del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Estados Unidos, a través de la Consejería de Educación para Estados Unidos y Canadá y seguir desarrollando la colaboración a distintos niveles con instituciones educativas de Estados Unidos para incrementar el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura, según los fines propios otorgados por la normativa vigente a la red exterior.


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2. Reforzar el papel del Instituto Cervantes en Estados Unidos y desarrollar la colaboración a distintos niveles con instituciones educativas de Estados Unidos para incrementar el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura, tanto de la población estadounidense, como de la española.

3. Apoyar la publicación de nuevos libros, estudios históricos, foros, reportajes de televisión, producciones cinematográficas, seminarios y conferencias para un mejor conocimiento de los aspectos comunes de nuestra historia.

4. Difundir a través de la Marca España la verdadera Historia del descubrimiento y la gran labor de nuestro país a favor del desarrollo humano de los pueblos indígenas de Norteamérica.

5. Reforzar (o seguir apoyando con determinación) las actividades que realiza la Fundación Consejo España-EE.UU., como instrumento de colaboración público-privada y de diplomacia pública, en la puesta en valor de la presencia histórica y el legado español en los EE.UU. y en la mejora del conocimiento mutuo entre ambas sociedades.

6. Marca España, de acuerdo con su Real Decreto fundacional 998/2012, de 24 de junio, modificado por el Real Decreto 49/2018, de 1 de febrero, y especialmente en lo establecido en sus artículos 4.d) y 5.d), ejercerá una función de coordinación e impulsión de los objetivos de esta PNL, tanto con los organismos y entidades de carácter público, como aquellas de carácter privado que deseen sumarse a esta iniciativa. Especial atención se prestará por parte de Marca España, dentro de su cometido de proyectar una imagen positiva de nuestro país en el exterior, a la colaboración con la Real Academia de la Historia y Acción Cultural Española (ACE) para la elaboración de contenidos y preparación de eventos de diferente tipo y alcance para fortalecer la educación sobre cultura e historia de España en los EE.UU."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002976

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Bello, conforme recoge el artículo 193 del reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, relativa al proyecto de "Rehabilitación superficial de firmes y mejora de la seguridad vial en la carretera N-651 entre los PP.KK. 0+000 al 30+615. Provincia de A Coruña".

Exposición de motivos

La seguridad vial es uno de los temas que más preocupación ha generado en los últimos tiempos entre los poderes públicos, y prueba de ello son las campañas publicitarias de sensibilización promovidas desde las propias instituciones, así como las campañas emprendidas por los agentes destinados a la vigilancia y el control del tráfico que velan por el cumplimiento de las normas de circulación.

Actualmente, los accidentes de tráfico siguen siendo una de las mayores causas de mortalidad en nuestro país, considerándose por ello una de las "mayores enfermedades sociales" a tener en cuenta y, aunque uno de los principales factores causantes de estos accidentes es sin duda el factor humano, no podemos obviar otros como el vehículo, o la configuración estado y características de la vía. Este último, en concreto, es particularmente importante, teniendo en cuenta que se puede subsanar.

Es lo que sucede en la carretera N-651, cuya titularidad corresponde al Ministerio de Fomento y que discurre entre la localidad de Betanzos (A Coruña), en su intersección con la N-VI, y la intersección con la FE-14 en Ferrol (A Coruña) con una longitud total de 30.603 metros. En ella destaca el punto kilométrico 29 a su paso por el municipio de Fene (A Coruña), un tramo que podría considerarse, según los criterios que emplea la Dirección General de Tráfico, un "punto negro (P.N.)" o "tramo de concentración de accidentes (T.C.A.)", ya que son varios los accidentes graves que se han producido en este lugar en los últimos años.


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Esta catalogación exigiría del Ministerio de Fomento que dicho tramo fuera objeto de estudio como un peligro potencial para la seguridad vial, así como la consiguiente actuación de mejora de la infraestructura que conduzca a una reducción efectiva de la accidentalidad. Sin embargo, y a pesar de las peticiones para esta catalogación por parte de diversas administraciones, el Gobierno afirmó en respuesta a la Diputada Yolanda Díaz Pérez, en octubre de 2017, que el tramo de la carretera N-651 en el entorno del P.K. 29, Ayuntamiento de Fene (A Coruña), actualmente no está catalogado como Tramo de Concentración de Accidentes (TCA), y no ofrece información sobre si existe previsión de declararlo o de elaborar estudios o informe al respecto.

El Ayuntamiento de Fene (A Coruña) ha solicitado al Ministerio de Fomento una actuación urgente en el punto kilométrico 29 de la N-651 que conlleve la adopción de aquellas medidas que minimicen el riesgo de accidentes de circulación, ya que en los últimos cuatro años se han producido 38 siniestros, con un balance final de nueve personas heridas de distinta consideración y tres fallecidas, el último el pasado 18 de septiembre de 2017, petición que reiteramos a través de esta iniciativa parlamentaria.

Esta petición de actuaciones urgentes en la mencionada carretera ya habían sido comunicadas por el Ayuntamiento de Fene en el año 2014, sin que hasta el momento se produjeran cambios de importancia en las condiciones de la carretera, más allá de la colocación de señalización vertical advirtiendo, en ambos sentidos, del peligro del firme resbaladizo.

Un informe reciente de la Policía Local de Fene (25 de septiembre de 2017) afirmaba que el principal responsable de los accidentes que se han producido en esta carretera es el factor "vía" en su configuración, trazado y mantenimiento, e indicaba que se "consideraban insuficientes los actuales elementos de protección de la misma".

En febrero de 2018 el Ministerio de Fomento ha iniciado las obras de "Rehabilitación superficial de firmes y mejora de la seguridad vial en la carretera N-651 entre los PP.KK. 0+000 al 30+615. Provincia de A Coruña" sin embargo, son numerosas las quejas de la vecindad ante estas actuaciones. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Fene (A Coruña) ha trasladado al Ministerio de Fomento una declaración conjunta de todos los partidos políticos con representación en la Corporación Municipal en relación a las obras de acondicionamiento que se están desarrollando en la zona conocida como "curvas de Santa Ana" (P.K. 29), escrito en el que solicitan que estas actuaciones sean compatibles con la calidad de vida de la vecindad colindante.

En este escrito se denuncia que "no es aceptable que el acceso de los vecinos de la zona al centro urbano, a la N-VI en dirección A Coruña o a las propiedades colindantes, suponga incrementos en el trayecto a realizar que llegan a superar los 5 kilómetros. Tampoco es aceptable -indica el escrito- que la única empresa de la zona, de la que viven varias familias del entorno, vea amenazado su futuro por las limitaciones de accesos que imponen las reformas que se están realizando".

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Elaborar, en el menor espacio de tiempo posible, un estudio para analizar las posibilidades de mejora en los accesos a la calle Santa Ana y a las propiedades colindantes a la N-VI (del P.K. 29,210 al P.K. 29,555) a través de la señalización en la carretera de carriles, isletas de incorporación y otras medidas similares.

- Modificar el proyecto y llevar a cabo los cambios pertinentes para garantizar salidas desde la calle Santa Ana (N-651 P.K. 29,210), tanto en dirección a A Coruña como en dirección a Ferrol, así como mantener las opciones de acceso a las propiedades colindantes a la N-VI (del P.K. 29,210 al PK 29,555) que existían antes del inicio de los trabajos.

- Retranquear la mediana, en el extremo próximo a la conexión con la calle Santa Ana, con el objetivo de garantizar una apropiada visibilidad para la entrada y salida de vehículos en la misma (aproximadamente del P.K. 29,180 hasta el P.K. 29,100).

- Mejorar la seguridad vial en el tramo comprendido entre el inicio de la zona urbana (P.K. 29,280) y el cruce de la carretera N-651 con la calle Doctor Sixto Mouriz (P.K. 30,100) con la instalación de pasos de peatones.


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- Reducir el desnivel lateral entre la plataforma asfaltada y el arcén en el tramo comprendido entre el P.K. 29,210 y el P.K. 30,100, por ambos márgenes de la N-651 (entre el cruce de la N-651 y el camino de Santa Ana y el cruce de la N-651 con la avenida Doctor Sixto Mouriz).

- Implementar medidas complementarias para la seguridad vial de los ciclistas en el tramo comprendido entre el cruce de la N-651 y la Avenida Doctor Sixto Mouriz (P.K. 30,100) y el cruce de la N-651 con la carretera de San Marcos (P.K. 27,600), especialmente en la zona dotada de mediana de hormigón (desde el P.K. 29,210 hasta el P.K. 27,700), incorporando las soluciones técnicas que sean acordes con las características de la vía (carril bici, etc.)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la actuación urgente en un enlace de alta peligrosidad en el P.K. 326+000 T.M. de la Nacional 320 entre los municipios de Uceda y Talamanca del Jarama, en la provincia de Guadalajara, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Los vecinos de la Urbanización Caraquiz se enfrentan en el Km. 326 de la N-320 a un evidente peligro para acceder a sus domicilios, tanto por el volumen de vehículos que circulan, como por los siniestros que se han venido sucediendo en los últimos años y que hacen inaplazable la actuación del organismo titular de la vía, el Ministerio de Fomento, con el objetivo de evitar más siniestros.

El Ministerio de Fomento debe dar una solución inmediata y definitiva al problema de esta intersección, que permita mejorar el tráfico rodado, y que corrija de forma sustancial los problemas generados en este punto. Para ello, una glorieta, que regulase el tráfico rodado en esta vía, podría ser una buena solución. Al menos es la que demandan los vecinos y vecinas de Caraquiz, el Ayuntamiento de Uceda y la mayoría de los usuarios de la vía. Esta u otra medida que evite el riesgo debe realizarse en el menor tiempo posible, pues cada día que pasa el tráfico es mayor, con el consecuente riesgo que entraña.

El Ayuntamiento de Uceda se ha dirigido en repetidas ocasiones al Ministerio competente y, de momento, no ha obtenido respuesta satisfactoria a sus requerimientos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las acciones necesarias en este tramo, como la construcción de una glorieta u otras medidas, que eviten el riesgo objetivo para los usuarios de la vía en la N-320 en el P.K. 326+000, con el objetivo de mejorar la circulación del tráfico en el acceso a Caraquiz (Uceda), en la provincia de Guadalajara."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Pablo Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Justicia

181/000774

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez

Texto:

¿Cuántos y cuáles son los ámbitos territoriales de gestión de medios de la Administración de Justicia en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Pilar Cancela Rodríguez, Diputada.

181/000775

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez

Texto:

¿Cuántos son los pagadores reales en la Justicia en España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Pilar Cancela Rodríguez, Diputada.

181/000776

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez

Texto:

¿Qué va a hacer el Ministro de Justicia ante la paralización de la Justicia en Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Pilar Cancela Rodríguez, Diputada.


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181/000777

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputada doña Pilar Cancela Rodríguez

Texto:

¿Cuántos miembros acuden a la Conferencia Sectorial de Justicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Pilar Cancela Rodríguez, Diputada.

Comisión de Interior

181/000773

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputados don Miguel Ángel Heredia Díaz y don David Serrada Pariente

Texto:

¿Por qué motivos el CIS de Málaga es el más masificado de España?, ¿contempla realizar traslados a corto o medio plazo?, ¿por qué motivos está mezclando internos e internas dentro de la misma planta, cuando hasta ahora había separación y los funcionarios han mostrado su preocupación por lo que a seguridad se refiere?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y David Serrada Pariente, Diputados.

181/000778

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega

Texto:

¿Considera el Ministro del Interior que el déficit de plantillas en las unidades de Policía Judicial de las dos comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Algeciras en un 40 % desde 2012 a 2018 puede haber afectado la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en la provincia de Cádiz, al existir menos personal y, por tanto, menos capacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.


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181/000779

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega

Texto:

¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior aprobar los proyectos de construcción de las nuevas Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en El Puerto de Santa María y La Línea de la Concepción (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.

181/000780

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega

Texto:

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior reponer a Algeciras y Jerez el desmantelamiento en 2013 del GRECO (Grupo Respuesta Especial para el Crimen Organizado) para combatir más eficazmente la investigación dedicada a la lucha contra las mafias, el tráfico de drogas y narcotráfico en el Campo de Gibraltar y Jerez que han visto reducido sustancialmente los medios para combatirlos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000772

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don José Juan Díaz Trillo

Texto:

Cuál es la situación actual en la que se encuentran las siguientes líneas ferroviarias y cuáles son las inversiones previstas en:

- Línea Huelva-Zafra.

- Línea Sevilla-Huelva.

- Y la futura línea de AVE Sevilla-Huelva.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-José Juan Díaz Trillo, Diputado.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000766

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada, Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

¿Cuándo y con cuántas personas trabajadoras va a completar el Gobierno la plantilla del Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), sobre todo en los turnos de fin de semana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000770

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

Diputado don Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Cuáles son los motivos del recorte de la aportación del ministerio al Instituto Nacional de Silicosis (INS)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000771

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña María Isabel Salud Areste

Texto:

¿Qué pasos se han dado para el reconocimiento del Instituto Nacional de Silicosis (INS) como centro de referencia de enfermedades respiratorias de origen laboral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-María Isabel Salud Areste, Diputada.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/028758

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx).

Reformulación de su pregunta sobre valoración de la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por trato inhumano y degradante a los jóvenes Igor Portu y Mattin Sarasola detenidos en enero del año 2008.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada de EH BILDU, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con solicitud de respuesta por escrito.

Esta mañana hemos conocido la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por trato inhumano y degradante a los jóvenes Igor Portu y Mattin Sarasola detenidos en enero del 2008. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad, aunque tres de los magistrados han emitido además voto particular al considerar que además estamos ante un caso de "torturas", no de "trato inhumano".

Y con esta van nueve las condenas del Tribunal Europeo contra España en relación con diferentes denuncias de torturas.

Por ello, EH Bildu quiere preguntar:

1. ¿Cuál es la opinión del Gobierno en torno a dicha sentencia?

2. ¿Cómo y cuándo va a hacer frente el Gobierno a la pena que le impone el tribunal europeo?

3. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos responsabiliza al Gobierno de las lesiones que sufrieron Igor Portu y Mattin Sarasola durante su detención y considera que los tribunales españoles no han cumplido con su obligación. ¿Tomará alguna medida el Gobierno para corregir este proceder?

4. Con la de hoy son ya nueve las sentencias contra España del tribunal europeo, todas ellas relacionadas con denuncias de torturas que no han sido debidamente investigadas o negadas por parte de los tribunales españoles. ¿No es hora ya de que el Gobierno deje de negarse a ver la realidad y actúe para poner límites a la impunidad con la que se han practicado torturas durante décadas?

5. ¿Cuándo va a atender a las recomendaciones que le llegan desde Europa para dejar la incomunicación fuera del ordenamiento jurídico español, limitando la posibilidad de que produzcan casos de torturas en el futuro?


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6. ¿No le parece al Gobierno del todo inaceptable que las escasas actuaciones en la materia por su parte, se limiten a desmentir las denuncias de malos tratos y a indultar, ascender y proteger a los condenados por torturas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2018.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.

184/029142

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM). Guijarro García, Txema (GCUP-EC-EM).

Situación de la prestación del servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida en los aeropuertos españoles.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud del informe de evaluación del servicio de asistencia con movilidad reducida en aeropuertos contenida en el punto 1, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001253).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes preguntas relativas a la situación de la prestación del servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida en los Aeropuertos españoles.

La asistencia en Aeropuertos a Personas con Movilidad Reducida (PMR) es un derecho que el Estado español está obligado a garantizar en aplicación del artículo 7 del Reglamento (CE) N.º 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.

En España, el servicio se presta a través de empresas subcontratadas por AENA, que licita los contratos para la prestación del servicio. Desde hace un tiempo, las organizaciones de trabajadores que prestan estos servicios vienen manifestando quejas y reclamaciones sobre la precarización del mismo, la falta de personal y de medios para atender a los usuarios.

Por todo esto, se pregunta:

1. ¿Tiene el Gobierno algún informe de ámbito estatal de evaluación del servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida en Aeropuertos? [...]

2. ¿Existe alguna empresa o entidad externa a AENA que audite la calidad del servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida en los Aeropuertos españoles? Si la respuesta es positiva, ¿Qué empresas o entidades externas?


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3. Solicitamos que se requiera a AENA la presentación de los datos contables expresivos de la evolución del coste del servicio de asistencia a PMR desde el año 2008 hasta hoy, desglosado por empresas adjudicatarias y aeropuertos.

4. ¿Cuál es el destino de las cuantías derivadas de las sanciones impuestas a las empresas que prestan el servicio a consecuencia de incumplir las condiciones de los pliegos? ¿Cuántas sanciones se han impuesto a las empresas prestadoras del servicio por estos incumplimientos desde 2008 hasta hoy? Solicitamos el desglose de estos datos por aeropuertos y empresas.

5. Hemos observado que algunos de los pliegos de licitación contienen una cláusula por la que se declara expresamente que el Director del Expediente (de AENA) puede autorizar a la empresa prestadora del servicio para incumplir determinadas obligaciones derivadas del pliego en materia de personal necesario o necesidad de determinados equipos. ¿Cuál es la razón de que se faculte a determinadas personas para que autoricen a las concesionarias para incumplir las condiciones del servicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2018.-Alberto Rodríguez Rodríguez y Txema Guijarro García, Diputados.

292/000035

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 28 DE FEBRERO DE 2018 SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS PARA ATENDER TAREAS ESENCIALES EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE HUELGA DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2018

La Constitución española de 1978, al reconocer el derecho de huelga de los trabajadores, impone como límite a su ejercicio el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Tal consideración ha de merecer indudablemente la actividad parlamentaria que se realiza en representación directa del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional.

El legítimo derecho de huelga debe ejercitarse garantizando la celebración y desarrollo de las reuniones de los órganos del Congreso de los Diputados y el mantenimiento de los servicios esenciales de la Cámara.

En su virtud, ante la convocatoria de huelga anunciada para el próximo día 8 de marzo de 2018, y de conformidad con la delegación otorgada por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión del día 27 de febrero de 2018, he adoptado la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero.

El ejercicio del derecho de huelga por parte del personal que presta servicio en el Congreso de los Diputados ha de resultar compatible con el mantenimiento de los servicios esenciales de esta Cámara.

Segundo.

A los efectos previstos en el número anterior y en relación con la convocatoria de huelga anunciada para el próximo día 8 de marzo de 2018, se considerarán servicios esenciales los que a continuación se señalan, con indicación de los puestos concretos que han de cubrirse:

A) Por considerarse imprescindibles para la cobertura mínima del Registro General y la función de asistencia administrativa y asesoramiento a los órganos del Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento de la Cámara:

1. La Responsable de la Secretaría del Secretario General, como apoyo administrativo indispensable para el ejercicio de su función de dirección superior de la asistencia y asesoramiento jurídico-técnico y administrativo de los órganos de la Cámara.


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2. Para asegurar la asistencia y asesoramiento en materia de medios de comunicación social, así como para la atención a los medios de comunicación acreditados en la Cámara:

- El Director de Comunicación, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

- La Jefe del Departamento de Prensa.

- Como apoyo mínimo en el Departamento de Prensa deberán prestar servicios un Administrativo que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de tarde.

3. Para la atención del despacho de la Señora Presidenta, un Ujier que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de tarde.

4. La Directora de Asistencia Técnico-Parlamentaria, la Responsable de su Secretaría, para la realización de las tareas administrativas de apoyo indispensables, y un Asesor Jurídico-Parlamentario de la misma.

- Dentro de la citada Dirección se considera imprescindible, además, la cobertura mínima del Departamento de Registro y Distribución de Documentos, con el fin de posibilitar la presentación, dentro del plazo reglamentariamente establecido, de las iniciativas parlamentarias, así como para la preparación de la sesión plenaria de la semana siguiente.

A estos efectos se hace precisa la presencia de:

- La Jefe del Departamento de Registro y Distribución de Documentos.

- Un Administrativo que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de tarde, adscritos a dicho Departamento.

B) Por desconocerse en este momento el número de Comisiones que podrían convocarse y para garantizar la prestación del servicio necesaria para su buen funcionamiento:

1. La Directora de Comisiones, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

2. Un Administrativo de la Secretaría con horario ordinario para la realización de las tareas administrativas de apoyo indispensables.

3. Dentro del Departamento de Asistencia Administrativa de la Dirección de Comisiones:

- La Responsable del Área de Tratamiento Administrativo de la Base de Datos.

- Un Responsable de Área.

- Tres administrativos con horario ordinario y uno con horario continuado de tarde.

5. Con el fin de garantizar la toma en taquigrafía o estenotipia de las intervenciones que se produzcan dentro de las sesiones, así como la publicación del Diario de Sesiones:

- La Jefe del Departamento de Redacción del Diario de Sesiones.

- Tres Redactores de Comisión.

- Seis Taquígrafos y Estenotipistas.

6. Con el fin de asegurar la asistencia a las Comisiones, se determinarán los Letrados necesarios para la atención a los citados órganos que finalmente se convoquen.

C) Por considerarse imprescindibles para la cobertura mínima de las funciones ligadas a la Dirección de Relaciones Internacionales, deberán prestar servicios:

- El Director de Relaciones Internacionales, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

- Un funcionario del Cuerpo Administrativo.

D) Por considerarse imprescindibles para la cobertura mínima de las funciones ligadas a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, deberán prestar servicio:

- La Directora de Estudios, Análisis y Publicaciones, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.


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E) Por considerarse imprescindibles para la cobertura mínima de las funciones ligadas a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, deberán prestar servicio:

- El Director de Documentación, Biblioteca y Archivo, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

F) Por considerarse imprescindible para el funcionamiento de los servicios esenciales de informática, como el correcto funcionamiento de las aplicaciones, de la página web, la intranet, el registro electrónico, portafirmas, así como la atención a los usuarios y la integridad de las instalaciones:

- El Director del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

- La Jefe del Área de Desarrollo, un analista y un programador.

- Un programador del Área de Sistemas y un Auxiliar de Informática.

- Dos auxiliares de informática del Área de Atención a Usuarios, uno con turno de mañana y otro de tarde.

- En el Área de Explotación y Gestión un Auxiliar de Informática con turno de mañana.

G) Por considerarse esencial para la seguridad y mantenimiento de los edificios e instalaciones:

- El Director en funciones de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones y Director de Presupuestos y Contratación para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

- La Responsable de la Secretaría de la Dirección de Presupuestos y Contratación, para la realización de las tareas administrativas de apoyo indispensables.

- La Jefa del Departamento de Mantenimiento e Instalaciones.

- Un Encargado de Mantenimiento, un Subencargado con horario de tarde y un oficial de Mantenimiento con horario de mañana.

H) Para hacer frente a las incidencias y envíos urgentes que la Cámara pueda precisar, se consideran necesarios los servicios siguientes:

1. Incidencias y envíos fuera de la Cámara:

- Un conductor de incidencias con jornada de mañana y otro con jornada de tarde.

2. Envíos dentro de la Cámara:

- Un Ujier que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de tarde, para atender al porteo urgente de documentos.

I) Para garantizar el mantenimiento de las comunicaciones telefónicas y telegráficas de emergencia:

- Un telefonista que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de tarde.

- Un funcionario del Gabinete Telegráfico que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de tarde.

J) Para garantizar la atención médica de urgencia a los Diputados y al personal que presta servicios en la Cámara:

- Un Médico que cubra la jornada de mañana y otro de que cubra la jornada de tarde.

K) Para garantizar la efectividad del control de accesos a los edificios parlamentarios:

- Cinco Ujieres que presten servicio en puertas durante la jornada de mañana y cinco durante la de tarde, de modo que se atienda mínimamente la identificación de las personas que accedan a la Cámara, a fin de mantener los niveles mínimos de seguridad exigibles.

- Un Ujier que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de tarde, para el control del acceso entre el edificio de Ampliación II y los de las Ampliaciones III y IV, para mantener la seguridad en el paso entre dichos edificios.


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- Un Ujier de Servicio Nocturno para cada una de las noches que pueda resultar afectada por la huelga.

- El Encargado del Garaje, para hacer frente a la vigilancia y ordenación del mismo.

L) Por considerarse imprescindible la cobertura mínima de las funciones ligadas a la Dirección de Relaciones Institucionales por los actos previstos y para las visitas guiadas:

- La Directora de Relaciones Institucionales, para la coordinación de los servicios correspondientes, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

- La Responsable de la Secretaría, para la realización de las tareas administrativas de apoyo indispensables.

- La Jefe del Servicio de Recursos y Gestión para la prestación de medios audiovisuales y técnicos a las reuniones oficiales.

- La Responsable del Área de Organización de Actos del Departamento de Protocolo encargado de la gestión de las visitas protocolarias que reciben el Presidente y los miembros de la Mesa.

- Dos Guías de la Unidad de Guías del Departamento de Protocolo, para garantizar el funcionamiento de las visitas programadas para ese día.

M) Por considerarse necesarios para la dirección y coordinación del personal de servicios esenciales de las diferentes unidades de la Secretaría General:

- La Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

- El Jefe del Departamento de Gestión de Personal y Gobierno Interior.

- La Responsable de Área de Recursos Humanos.

- El Portero Mayor y un Portero Mayor Adjunto que cubra la jornada de tarde, ante la inexcusable necesidad de coordinar las funciones de los ujieres que presten servicios mínimos.

N) Para atender el Registro de la Junta Electoral Central y asegurar el apoyo administrativo indispensable a la misma:

- El Director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central, para garantizar la coordinación de los servicios indispensables.

- La Responsable del Área de Gestión Electoral para la realización de las tareas administrativas de apoyo indispensables.

Tercero.

La Secretaría General de la Cámara expedirá la notificación correspondiente a quienes ocupen los puestos de trabajo comprendidos en los servicios esenciales.

Los funcionarios y contratados designados para la realización de dichos servicios deberán prestar los mismos en el puesto que tuvieren asignado como consecuencia de esta resolución.

Los funcionarios y contratados designados para ocupar los puestos no singularizados comprendidos en el apartado anterior podrán, sin embargo, ejercer el derecho de huelga, una vez que se acredite su sustitución durante la jornada del día de la huelga por otros que ocupen puestos con idénticas funciones y horario.

Cuarto.

El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales generará responsabilidad en los términos previstos en el artículo 68 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, en relación con el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás legislación específica.


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Quinto.

Sin perjuicio de lo establecido en los números anteriores, los funcionarios y personal que ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo que hayan permanecido en tal situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción disciplinaria. La incidencia del ejercicio del derecho de huelga en el régimen de prestaciones sociales se determinará según la legislación específica de cada caso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

292/000036

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.º del Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, finalizado el proceso selectivo para cubrir ocho plazas de Analistas convocado el 18 de octubre de 2017 y habida cuenta del tiempo transcurrido desde el anterior concurso de traslados convocado el 13 de octubre de 2015, se convoca nuevo concurso de traslados entre el personal laboral de la Cámara perteneciente a dicho grupo y categoría profesional, para la provisión de los puestos básicos que a continuación se indican, dentro del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones:

SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

Área de Desarrollo:

- Seis plazas de Analista, en régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación normal y sin complemento de destino.

Área de Sistemas:

- Una plaza de Analista, en régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación normal y sin complemento de destino.

Área de Atención a Usuarios:

- Una plaza de Analista, en régimen de jornada completa, con horario ordinario, con dedicación normal y sin complemento de destino.

Quienes perteneciendo al mencionado grupo y categoría profesional estén interesados en acceder a alguna de dichas plazas deberán solicitarlo mediante escrito que se podrá presentar en el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados antes de las 14:00 horas del día 6 de marzo de 2018.

Para la resolución del concurso, en el supuesto de que el número de aspirantes sea superior al de plazas a cubrir, el único mérito que se tendrá en cuenta será la antigüedad como Analista dentro de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

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